El Grupo Socialista del Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma) ha rechazado que Vox exija el control de la dirección de informativos de la televisión pública autonómica como parte de las “garantías” para respaldar a la candidata del PP, María Guardiola.

“La credibilidad de medios públicos como Canal Extremadura no puede, ni debe ser, moneda de cambio política”, ha indicado el PSOE, que defenderá “con firmeza la autonomía de los contenidos y la profesionalidad de quienes trabajan en la radio y la televisión públicas, porque la calidad democrática de Extremadura depende también de la integridad de sus medios de comunicación”.

Los socialistas han transmitido su “más firme y absoluto” rechazo a las recientes demandas del partido de extrema derecHA en el marco de las negociaciones para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, según han publicado algunos medios. “Estas exigencias constituyen una injerencia intolerable en un medio de comunicación público e independiente, y suponen un intento de manipular informativamente una herramienta que debería servir exclusivamente al interés general de la ciudadanía extremeña”, ha aseverado el PSOE en el Consejo de Administración de la Cexma.

Los medios públicos, ha agregado, tienen la responsabilidad de servir a la sociedad “con imparcialidad, objetividad y respeto a la pluralidad”, elementos que “deben mantenerse a salvo de intereses partidistas o de cualquier formación política”.

Los socialistas han remarcado que la petición de Vox “no solo pone en riesgo este principio fundamental, sino que, además, vulnera valores democráticos esenciales que sustentan cualquier sistema de medios en un estado de derecho”.

El PSOE de Extremadura ha reiterado su compromiso con una radiotelevisión pública que refleje “la diversidad de la sociedad extremeña, que dé voz a todas las sensibilidades sin discriminación y que cumpla con las normas deontológicas y profesionales que rigen la práctica informativa, tal como corresponde a un servicio público financiado por la ciudadanía”.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los responsables políticos implicados en las negociaciones para que respeten la independencia de los medios públicos y eviten cualquier intento de utilización de estos espacios con fines exclusivamente partidistas.

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, afirma que la línea de actuación el Gobierno regional es la de potenciar los medios de comunicación “que de verdad informen” a los ciudadanos “aunque no sean benignos” con el Ejecutivo “porque eso es lo bueno, que se haga crítica constructiva”. 

González, que ha comparecido este lunes en la Asamblea de Extremadura tras su nombramiento como consejero portavoz [anteriormente lo era del PSOE regional], sostiene que en un momento como el actual donde circulan demasiados bulos y “fake news”, lo que deben hacer las instituciones es apostar por medios “serios, transparentes y críticos”, porque “no se trata de que nos doren la píldora” sino de que haya medios responsables que ayuden a fortalecer la democracia. 

Ha alabado la labor en Extremadura de los medios de comunicación en los casi 40 años de autonomía, que han contribuido a su desarrollo, y añadido que en el momento presente, de revolución tecnológica, hay que aprovechar los instrumentos existentes para incentivar la relación y participación entre la administración regional y los ciudadanos. 

Por ello, ha defendido que la Junta seguirá avanzando en la comunicación digital y la identificación de los canales abiertos, para lo que en los próximos meses llevará a cabo una reordenación de sus plataformas y cambios en su web institucional. 

Canal Extremadura

También se ha referido el portavoz de la Junta a la situación de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma, Canal Extremadura), sobre la que también se han pronunciado desde Unidas por Extremadura y Ciudadanos, y ha señalado que la Junta de Extremadura mantiene su apuesta “firme y decidida” por una radio y televisión pública “independiente, plural y autónomo”. 

Sin entrar de lleno sobre la petición del diputado de Unidas por Extremadura, Alvaro Jaén, de la necesidad de internalizar los servicios informativos e integrar a los trabajadores de las productoras, como se ha hecho en otras CCAA, ya que el próximo mes está prevista la comparecencia del nuevo director del ente Juan Antonio González ha dicho que la cuestión no es si la externalización es mala o si la internaliación es “la panacea” sino que lo importantes que es necesario que exista un control del dinero público y de que sea garantía de que se cumplen unas determinadas condiciones, tanto en el servicio, como en las condiciones de los trabajadores. 

Como responsable de la relaciones de la Junta con la Asamblea, Juan Antonio González también ha apelado a seguir trabajando desde el consenso de todos los grupos, ya que, según ha dicho, la estabilidad en la región es una de las cuestiones que más llama la atención “desde fuera”, aunque el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, le ha reclamado mayor cortesía y que cuando desde la oposición se solicita una comparecencia de un miembro del Gobierno, este impulse una a petición propia para cerrar el debate, pese a que “eso entre dentro del juego político”. 

El portavoz del PP, Juan Luis Rodríguez, ha lamentado “la oportunidad perdida” por parte de la Junta para haber recortado en el número de consejeros aprovechando los cambios “que responden más a una cuestión de partido que a una demanda de la sociedad”, una crítica que ha sido rechazada tanto desde el PSOE, que le ha recordado que durante su mandato “tuvieron a un asesor que era consejero”, como del propio portavoz, que le ha pedido al PP que sea consecuente porque en CCAA donde gobierna “se montan oficinas como la del Español”.

Beatriz Maesso, directora general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA), ha llegado a un acuerdo este viernes con el presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, para una salida pactada de su cargo como máxima responsable de Canal Extremadura TV y Radio.

Maesso tenía una cita con Vara en la Presidencia de la Junta, encuentro que apenas ha durado apenas 20 minutos.

Posteriormente, el Gobierno regional ha publicado una nota según la cual “ambas partes han alcanzado un acuerdo para la salida pactada de la directora general que se llevará a cabo antes del inicio de la próxima temporada que comienza en septiembre”.

“El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recordado que la elección del próximo director general de la Corporación se llevará a cabo por concurso público”, añade el comunicado.

Le quedaba un año

Maesso fue nombrada en septiembre de 2011, al poco de entrar el PP en el poder de la región, y tenía un mandato por cinco años, hasta septiembre de 2016, según la ley reguladora de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.

Por tanto no podía ser destituida, a menos que se reformara la ley, o que desde el consejo de administración se promoviera una censura contra ella.

Su gestión en estos cuatro cursos ha estado llena de polémicas, como la no retransmisión de la moción de censura presentada por Vara contra Monago en la primavera del año pasado. Además, ha vivido las acusaciones de falta de pluralidad en las tertulias e informativos, la privatización de parte de estos últimos, o la reciente adjudicación de un gran contrato de producción de programas a empresas de fuera de la región, y que hipoteca al Ente audiovisual extremeño por tres años.

El todavía presidente de Extremadura, José Antonio Monago, agota sus últimos días en el cargo tras perder las elecciones autonómicas, que han dejado a su partido, el PP, como segunda fuerza de la región, por detrás del PSOE. Pero Monago quiere dejar atada la programación de la televisión pública extremeña en manos de empresarios afines.

El Gobierno en funciones tiene pendiente la adjudicación, a través del ente público regional, de un contrato para la prestación del servicio de realización y suministro de contenidos audiovisuales destinados a la programación de Canal Extremadura. Está valorado, sin contar el IVA, en 4,105 millones de euros, para un periodo de dos años, y en hasta 6,157 millones, en caso de que se prorrogara hasta los tres años.

El contrato supone más de la mitad del presupuesto de la televisión extremeña para producción ajena, lo que, según los críticos con el proceso, supone “hipotecar” su futuro para un mínimo de dos años. Y, si se compara con el presupuesto total de la tele autonómica extremeña, la cifra también es importante. Equivale a algo más de dos millones de euros por anualidad, que representan más del 8% del presupuesto anual de toda la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), en la que está integrada la televisión pública extremeña y cuyo todavía presidente es Joaquín Paredes, de IU, que se ha quedado sin representación en el Parlamento regional tras el 24-M.

El presupuesto del ente público asciende a 24,7 millones, de los que el 96% procede de ayudas de la Junta y sólo el 4%, de ingresos propios. La televisión concentra el 65,5% del total; la radio, el 38%, y el 6% restante es para el funcionamiento general de la Corporación.

El concurso, que comprende la producción de cinco programas (un magacín diario, tres programas semanales en 'prime time' y otro semanal de información agrícola y ganadera), se convocó a finales de febrero y todavía está pendiente de adjudicarse. Fuentes oficiales de la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña explican que la decisión “se ha demorado por razones obvias (los comicios de mayo)” y que “ahora mismo se está pendiente de la valoración técnica”, que se espera que esté lista esta misma semana. “Posteriormente”, se procederá a la apertura del sobre 3 con las proposiciones económicas.

La intención, por tanto, es adjudicar el contrato antes del cambio de Gobierno. Está previsto que Monago abandone la presidencia antes del mes de julio.

La empresa favorita para llevarse este concurso es, según fuentes del sector, Factoría Plural, la productora audiovisual del Grupo Heraldo (propietaria del diario Heraldo de Aragón), que actualmente ya se encarga de buena parte de esos programas en virtud de otro concurso que se adjudicó en abril de 2013 por más de 1,88 millones y que por ahora sigue vigente, aunque con el plazo vencido desde hace más de un mes.

Factoría Plural, que es una de las productoras más relevantes del mercado de las televisiones autonómicas, tiene contratadas a dos personas muy cercanas al bipartito formado por PP e IU que ha gobernado Extremadura en la última legislatura.

Una es Ana García, la esposa del secretario general de Comunicación del Gobierno de Extremadura, Juan Rodríguez, mano derecha de Iván Redondo, el todopoderoso director de gabinete de Monago. García trabaja como redactora del programa 'Mujeres.son'.

También trabaja para Factoría Plural el hijo de Alejandro Nogales, histórico de IU en la región. Nogales, que renunció a concurrir en las listas de IU en las pasadas elecciones, en las que su formación se ha pegado un sonoro batacazo, fue uno de los grandes valedores del pacto de esa formación con el PP para desbancar a los socialistas y permitir gobernar a Monago los últimos cuatro años. Su hijo, también llamado Alejandro Nogales, es el realizador del programa semanal 'Trastos y tesoros'.

Además, se da la circunstancia de que Factoría Plural, esto es, el grupo Heraldo, participa en la productora de ficción Isla Audiovisual, que a su vez, está participada por el empresario Juan Baena, socio en la productora One Films de la periodista Beatriz Maesso, directora general de la televisión extremeña desde octubre de 2011.

Distintos nombres, mismos empresarios

La otra maniobra de Canal Extremadura para beneficiar a empresarios afines ha consistido, según fuentes del sector, en prorrogar un contrato que también vencía el pasado 30 de abril, aunque en este caso sin mediar concurso. Para ello, se han cambiado los nombres de los programas manteniendo los mismos equipos (directores, presentadores, trabajadores) y obligando a los empleados a cambiar de empresas, aunque sus propietarios son casi siempre los mismos que hasta ahora.

La emisora pública extremeña mantiene los programas que adjudicó en 2013 mediante un lote (el 'B') del mismo concurso citado anteriormente, en este caso valorado en algo menos de 1,2 millones de euros (sin incluir IVA). El lote fue encomendado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por tres sociedades, Exit, Cometa y Trímboli, todas ellas vinculadas al empresario audiovisual Joaquín García Garrido y a su hijo, Aitor García Merino.

Aunque el concurso ha expirado, las cosas se han quedado prácticamente igual aunque con distintos ropajes. El magacín diario de actualidad Conexión Extremadura ha pasado a llamarse Extremadura en Abierto y ahora lo produce Canal 30 (Producciones C-30, SL), de la que Aitor García es administrador solidario. Esta misma productora se encarga también del semanal en 'prime time' Reporterox, ahora rebautizado como Reporteros de Extremadura.

Por su parte, el programa semanal de actualidad taurina Extremadura Tierra de Toros ahora se llama Tierra de Toros y sí ha cambiado de manos. Lo produce Aire de Toros Producciones SL, cuyo administrador único es Juan Bazaga, hombre muy afín al PP e íntimo amigo de Juan Parejo, coordinador general de la Presidencia y Relaciones Institucionales de la Presidencia del Gobierno de Extremadura. El núcleo duro de Monago.

Preguntada por este asunto, Canal Extremadura señala, en un correo electrónico, que “no existe ninguna obligación legal de sacar los contenidos a concurso” y que, en ocasiones, “se opta por esta fórmula por considerarla más ventajosa para las productoras por ofrecer mayor oportunidades (concurrencia, abaratamiento de costes, etc)”. Sin embargo, “en esta ocasión se ha optado por reducir el tamaño del mismo eliminando el lote B”.

“La manipulación es que el partido que está gobernando levante el teléfono y ordene que una información tenga un determinado enfoque. Vamos, que te impongan cómo tienes que informar”.

Este es el resumen que hacía este jueves una periodista de Canal Extremadura a un señor durante la recogida de firmas que han iniciado en las calles de Mérida. El Comité de Empresa, junto a parte de la plantilla de trabajadores, ha retomado la lucha en las calles.

Lo hacen porque la privatización de los servicios informativos continúa, con la entrada de personal externo que elabora piezas periodísticas y graba imágenes. Al mismo tiempo denuncian una manipulación informativa en su trabajo. “Y lo peor de todo, que nos niegan la mayor, y dicen que no hay manipulación”, según han transmitido a este diario.

La recogida de firmas en las calles ha comenzado este jueves en Mérida, aunque continuará en Cáceres el viernes 17 de abril, en Badajoz el sábado 18, y en Plasencia el viernes 24 de abril.

“Llegan las elecciones, y esto huele a chamusquina”

El Comité de Empresa pone de manifiesto que el control editorial no afecta a la radio, donde los redactores trabajan con más autonomía, y centra sus miradas en la televisión. Es en los pasillos de Canal Extremadura TV donde se habla sin tabúes del filtro que marca la dirección a las piezas de televisión. También la presencia de llamadas de atención desde la Plaza del Rastro, desde donde el gobierno de Monago se mantiene en contacto directo con la dirección del canal.

Esto hace pensar a los trabajadores que la manipulación puede incrementarse, teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones. Como ejemplo, se refieren al caso de las dos entrevistas en la tele pública a los líderes regionales del PSOE y Podemos, Guillermo Fernández Vara y Álvaro Jaén, donde a juicio de los miembros del comité se sobrepasó la línea de la objetividad para hacer afirmaciones ideológicas favorables al PP.

La redacción paralela

El segundo punto que denuncian es que el PP una redacción paralela. Al igual que en otras radiotelevisiones públicas, la plantilla propia cada vez tiene menos carga de trabajo, hay una redacción paralela que ya realiza gran parte de los informativos, ni siquiera se cubren las bajas, y la falta de personal en algunos departamentos impide que muchos compañeros puedan realizar sus tareas diarias.

Cada vez hay más partidas del presupuesto comprometidas a medio plazo en concursos de servicios externos, mientras que la dirección general continúa con la “contratación a dedo” de numeroso personal al que además se hace contrato indefinido en contra de la propia ley de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma).

El grupo de consejeros socialistas en el órgano de administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), ha criticado al presidente del mismo, Joaquín Paredes (IU), por no haber trasladado todavía al comité de empresa una propuesta para disminuir la presencia de empresas externas contratadas en los informativos de Canal Extremadura TV.

El comité ha protestado por esa ‘externalización’ de trabajos que Canal Extremadura ha contratado con una empresa privada por dos años, mientras hay vacantes de plantilla sin cubrir, y con la consecuencia según el comité de que así es más fácil la manipulación informativa a favor del partido que gobierna, el PP; los trabajadores han sido convocados en las últimas semanas a dos huelgas.

Por eso el comité ha hecho al consejo de administración una propuesta de ampliación de plantilla propia, que a juicio del consejo es excesiva por lo que el pasado 2 de diciembre aprobó trasladar al comité que la ‘suavizase’ en el sentido de que pongan por orden de prioridad qué vacantes habría que cubrir.

Sin embargo mes y medio después, a fecha del pasado martes, el presidente del consejo, Joaquín Paredes, no había trasladado todavía el acuerdo al comité de empresa, por lo que recibió las críticas en la sesión del consejo celebrada ese mismo martes.

Según fuentes de IU, Paredes ha preferido esperar a que estén aprobados los Presupuestos de la Junta para 2015, ya que en esta legislación hay disposiciones que pueden afectar a la contratación de personal público, y ahora remitirá el acuerdo.

La sugerencia del órgano de control a los trabajadores es que defina sus prioridades de ampliación de plantilla, luego los técnicos del Canal la examinarán desde el punto de vista económico “e intentaremos llegar lo más lejos posible en el plazo de dos años”, explica la consejera socialista de la Cexma Pilar Blanco-Morales, que está de acuerdo con el comité de empresa en que la ‘externalización’ excesiva de los programas informativos hace más fácil la manipulación partidista de sus contenidos.

Los sindicatos y el comité de empresa de Canal Extremadura TV y Radio, han convocado para este jueves la primera huelga de 24 horas en la historia del ente autonómico, después de otro paro parcial de dos horas la semana pasada. El comité cree que la programación se verá afectada con la eliminación de programas en directo, la reducción de los informativos y con la plantilla en servicios mínimos.

Los trabajadores se concentrarán además en Mérida a las 11.30 junto a la rotonda del Puente Lusitania, y no a las puertas de Asamblea de Extremadura como querían, ya que así lo ha ordenado la Delegación del Gobierno acogiéndose a la legislación sobre acontecimientos que puedan producir “alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes”; la concentración está convocada por CC OO, la federación de servicios de UGT, y CSI-F y respaldada por el comité de empresa.

El comité subraya que es la misma Delegación del Gobierno que autorizó una marcha de la extrema derecha en Badajoz el pasado 1 de noviembre, y que se saldó con graves altercados, por lo que se ha pedido la comparecencia del delegado en la Asamblea por unanimidad de todos los grupos; “lo que pretende es silenciar nuestra propuesta, confundiendo el interés público con el interés de la empresa que dirige Beatriz Maesso bajo la autoridad del consejo de administración, que preside Joaquín Paredes, nombrado por Izquierda Unida”.

Situaciones violentas

Mientras se preparaba la huelga, en Canal Extremadura continúa según el comité laboral la “manipulación” informativa con llamadas de atención tanto a editores como a redactores, “encerronas” en despachos y “gritos” en pleno control de realización. Y los informativos siguen llenos de piezas elaboradas “por una redacción paralela”.

El comité tenía incluso noticia de que en la noche de este miércoles un “selecto grupo” de jefes, coordinadores y puestos de libre designación iban a celebrar, en la víspera de huelga, una cena de Navidad en una marisquería de Mérida. “Son los mismos que ilegalmente sustituyeron a los trabajadores en huelga el pasado viernes”.

PSOE y PREX-CREx han presentado por todo ello una propuesta de modificación de la ley de Canal Extremadura, para crear órganos internos de participación de los trabajadores a fin de velar por la independencia, la veracidad, la objetividad y la imparcialidad de las informaciones, “lo que ahora no sucede” según la socialista María Murillo. Un consejo de informativos, por ejemplo, que protegería la gestión pública impidiendo la cesión a terceros de la producción y edición de los informativos. Además los representantes de los trabajadores tendrían voz y voto en el consejo de administración.

El 90% del personal de servicio habría parado

La huelga ha ido “muy bien”, concluyen los representantes de los trabajadores de Canal Extremadura, radio y televisión, que este viernes estaban convocados a un paro, desde la una del mediodía hasta las tres. Según sus datos, nueve de cada diez trabajadores de servicio secundaron la huelga, en la sede de Mérida apenas había 10 personas de plantilla (otra cosa son las empresas externas) en sus puestos, y “la programación salió más o menos normal pero porque los jefes sustituyeron a los huelguistas, algo que tenemos que ver si es legal”.

La huelga era contra la privatización, fundamentalmente de los servicios informativos, y contra la “manipulación” partidista de los mismos.

En la radio “han tenido que poner música en lugar de alguna intervención en directo”, y el informativo de la televisión “ha salido adelante, aunque algo más corto, con los jefes en lugar de los trabajadores habituales”; en cualquier caso el informativo era el menos arriesgado porque precisamente es donde hay más trabajadores de productoras externas. Las delegaciones de Canal Extremadura en Cáceres y Badajoz “han cerrado”, asegura también el comité de empresa.

En la víspera se celebró una asamblea a la que asistieron para animarles representantes laborales de Telemadrid, TV3 y Castilla-La Mancha Televisión.

El próximo paro convocado, ya de 24 horas, es el próximo jueves 18.

Las reivindicaciones se concretan en que cesen los episodios de “manipulación informativa” en Canal Extremadura TV, y se garantice una información plural, veraz y objetiva en los medios públicos regionales; cese la privatización de los servicios informativos, y se concrete un plan de adecuación de la plantilla que garantice que los contenidos informativos se gestionan con recursos internos de la casa.

Continúan con el calendario de protestas decidido en asamblea, que puso el 1 de diciembre como fecha límite para obtener garantías de ver satisfechas sus reivindicaciones.

El próximo viernes a las 13 horas se iniciaría el primero de los paros convocados, y la plantilla de la radiotelevisión pública extremeña se concentrará a las puertas de la sede de Canal Extremadura en Mérida.

Las elecciones autonómicas y locales se acercan, y los trabajadores de Canal Extremadura quieren que se garantice la neutralidad informativa del medio público. Su idea es que se cree un consejo de informativos como existe en otras partes, que se pueda pronunciar de modo oficial si hay sesgo partidista en los programas, y que ellos como trabajadores también tengan un asiento en el consejo de administración.

Todos los lunes y jueves han empezado a exteriorizar la reclamación en pequeñas concentraciones a las puertas del Ente de la radio y televisión públicas.

La reclamación del comité de empresa necesita un cambio en la ley de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA), y por eso ayer fueron recibidos en Mérida por los cuatro grupos parlamentarios que tienen en sus manos las leyes de la Comunidad: PP, PSOE, IU y CREX-PREX.

La reforma permitiría crear un consejo de informativos, un órgano formal, oficialmente establecido, y por lo tanto con entidad para pronunciarse sobre la calidad y, sobre todo, la neutralidad de las noticias que emite Canal Extremadura. El modelo sería el de RTVE, y ese comité podría opinar públicamente, desde un punto de vista profesional periodístico, sobre las decisiones de la Dirección General de la CEXMA.

En segundo lugar quieren que los sindicatos dispongan de asientos en el consejo de administración de la Corporación.

Siguen con la “privatización”

La tercera de las cuestiones, en este caso queja, que llevaron ayer a los representantes de los 65 diputados autonómicos, fue el reproche a la “privatización” de los servicios informativos ya que en la actualidad el mayor número de equipos de periodista y cámara que salen a cubrir las noticias son de una productora privada contratada por Canal TV.

El nivel de privatización que “soportamos es inaguantable. Hemos visto delegaciones de la televisión pública cerradas este pasado fin de semana, compañeros y compañeras que no han podido hacer su trabajo con normalidad, en lo que es un absoluto desprecio por parte de la empresa a su dignidad profesional”.

En principio recibieron de los tres grupos parlamentarios de la oposición buenas palabras para ese cambio en la ley, referido al consejo de informativos y la presencia en el consejo de administración, explica Javier Caño, del comité de empresa, y sólo encontraron alguna diferencia de criterio en el grupo parlamentario popular.

'No' del PP

Miguel Cantero, portavoz de ese grupo político, explica que el modelo de Ente público que tiene el comité es muy diferente al del PP, que está bastante satisfecho con el trabajo y los resultados de la actual dirección del Canal. De la “privatización” de informativos “cada parte tenemos nuestra opinión”, y en cuanto a la solicitud de tener voz y voto los sindicatos en el consejo de administración, “sería en cierto modo suplantar a los órganos de dirección, algo que no comparto”.

En una comunidad gobernada por el PP, apunta el comité de empresa, se recoge sin embargo en la ley del Ente público la prohibición de que haya equipos externos de informativos.

El comité de empresa de Canal Extremadura sospecha que la privatización parcial de los equipos informativos, cuya mayoría son ahora de una empresa externa contratada, pueda perjudicar a la neutralidad profesional de los programas cuando se avecinan las elecciones autonómicas y municipales del año que viene. En una nota los trabajadores de la casa protestan porque en este momento para cubrir las noticias hay 18 cámaras externas frente a sólo 8 de los periodistas de plantilla del Canal.

Desde que comenzó a ejecutarse el contrato de coberturas informativas el pasado lunes, Canal Extremadura está “relegando” a periodistas de la televisión pública, de sobrada experiencia, a la edición del material procedente del personal externo. Los periodistas de la casa forman parte de la imagen pública de la cadena y aportan a juicio del comité un valor añadido a la información, aspectos que “se están impidiendo por parte de la empresa”. Al mismo tiempo, son trabajadores externos los que están prestando, en las noticias, su voz y su cara a las informaciones.

Actualmente en torno a 18 cámaras y 18 redactores externos trabajan a diario para los nueve programas informativos de la televisión pública; mientras, el número de cámaras propios es de tan sólo 8 y el de periodistas 22.

Más fácil manipular

Avisa el comité de empresa de Canal Extremadura que se está produciendo un perjuicio al servicio público, y que coincide con el arranque del período preelectoral, ya que este avance hacia la privatización crea redacciones paralelas, y pone más fácil ejercer un control sobre la información y por tanto la hace más manipulable.

Se pone de manifiesto, además de por otros detalles, que los objetivos de este concurso “no eran los de disponer de un servicio de apoyo, sino una manera de privatización encubierta”.

Por otro lado las condiciones laborales de los cámaras y periodistas de la empresa externa (se ha adjudicado el contrato a una sola), no son las mejores ya que según asegura el comité laboral, la adjudicataria está ofreciendo a los trabajadores jornadas de hasta 66 horas semanales sin descanso, unas condiciones “que podemos calificar de semiesclavitud”.

Proponen que se cubran de manera rápida los puestos de trabajo necesarios para dotar a la empresa de la estructura de recursos propios para la elaboración de los contenidos informativos, mediante una oferta pública de empleo, y que el ‘Concurso de coberturas informativas’ se ejecute “como lo que debe ser” y no como una manera de “privatización” de los informativos de la televisión pública.

El gabinete de prensa de Canal TV asegura por su parte que lo único que han hecho es unificar dos contratos anteriores para ahorrar dinero, subraya que por tanto la externalización de esos trabajos viene de antiguo, y descarta que esta nueva contrata reduzca la calidad ya que se exige un número mínimo de noticias “imprescindibles” y el precio anual está cerrado, mientras que antes dependía del número de coberturas.