El Partido Popular y Ciudadanos, que gobiernan el ayuntamiento de Málaga, siguen rechazando recuperar los terrenos públicos de Arraijanal cedidos a una fundación presidida por Abdullah Al Thani. Este jueves, los dos partidos volvieron a rechazar una moción de Adelante Andalucía. La oposición defiende que la licencia de obras ha caducado y que hay base legal para recuperar los terrenos, cedidos gratuitamente a la Fundación Málaga CF por 75 años; por contra, el equipo de gobierno se ampara ahora en el nombramiento para el club de un administrador judicial, que se produjo la semana pasada, y para el que pide tiempo.

Las obras para construir la Academia del Málaga CF en Arraijanal, un paraje costero con valores naturales y arqueológicos, están abandonadas desde noviembre de 2018. Arrancaron con fuerza en marzo de 2018 pero pararon apenas poco después debido a los impagos a Bilba, la empresa encargada de la construcción.

Para la oposición, esta parálisis justifica la recuperación del terreno. El portavoz de Adelante Andalucía, Eduardo Zorrilla, ha sido muy crítico desde hace años con el trato preferente dispensado por el alcalde Francisco de la Torre a Al Thani y, en particular, con la cesión de los terrenos municipales de Arraijanal. Este jueves volvió a acusar a De la Torre de comportarse con Al Thani “como en aquella película de López Vázquez: un amigo, un admirador, un siervo, un esclavo”. Zorrilla afeó a De la Torre haber hecho “un regalo que se ha convertido en un auténtico Algarrobico”.

Para Salvador Trujillo, edil del PSOE, la Fundación que debía construir la Academia (de carácter privado y presidida por Al Thani) “solo perseguía ser un escaparate de los Al Thani para la descapitalización que persigue con la desviación de fondos para su pecunio personal”. “Un artilugio contable”, según dijo.

Adelante Andalucía y el PSOE, que presentaron una moción parecida en octubre de 2019, esgrimen que la paralización de la obra por más de seis meses debe implicar la caducidad de la licencia, porque así lo dispone el acuerdo con Al Thani y la propia ordenanza urbanística. Y que después de la licencia, debería recuperarse la parcela para incorporarlo al gran parque de Arraijanal que se proyecta desde hace años.

El PP pide tiempo para el administrador judicial

Ciudadanos y PP siguen negándose. Noelia Losada (Ciudadanos) aseguró que los técnicos de urbanismo recomiendan no activar el proceso de recuperación de la concesión, aunque no explicó los argumentos ni mostró ningún informe.

Por su parte, Raúl López (PP) rehuyó la cuestión de la caducidad y se centró en el “nuevo rumbo” que, según dijo, ya está tomando el Málaga. La semana pasada, el juzgado de instrucción 14 acordó apartar a Al Thani de la presidencia y nombrar un administrador judicial, ante las sospechas de que el club se ha descapitalizado fraudulentamente en beneficio de los Al Thani. “Hay un administrador que ha empezado a poner un poco de orden. ¿Ahora le vamos a decir que le quitamos la academia?”.

López también apeló al sentimiento malaguista, que parece que esté vinculado de alguna forma a la licencia y a la obra en el paraje. “Si de verdad quisieran al club no hubieran permitido que a unos parásitos como los Al Thani se les pusiera alfombra roja para apropiarse de terrenos de la ciudad para un negocio de ellos”, replicó Zorrilla.

La Fundación, presuntamente utilizada en beneficio de los Al Thani

Arraijanal es un terreno costero en el que existen hábitats protegidos, un espacio dunar vinculado a la desembocadura del Gudalhorce (paraje natural protegido por ser de paso para aves migratorias) y una villa romana. También un acuífero que fue pinchado ilegalmente por la constructora. Desde el comienzo, la obra contó con una fuerte oposición de grupos ecologistas y activistas, que llegaron a acampar en el paraje en protesta.

Para conseguir todo el terreno, el ayuntamiento realizó expropiaciones durante años, con la pretensión de darle un uso público. Gran parte de la superficie está reservada para un gran parque, que debe acometer la Junta de Andalucía, pero 108.000 metros cuadrados fueron cedidos gratuitamente a la Fundación del Málaga CF para construir la Academia. El ayuntamiento modificó la ordenanza municipal de fundaciones para que la entidad recién constituida por los Al Thani pudiese recibir los terrenos. 

Aún no se sabe si la intervención judicial del Málaga afectará o no a las obras de Arraijanal. La jueza del juzgado de instrucción 14, que investiga una querella de los pequeños accionistas por presunto blanqueo de capitales, administración desleal y apropiación indebida, apartó a la familia Al Thani de la dirección del club. Sin embargo, no dice nada de la presidencia de la Fundación, participada al 100% por el club pero presidida nominalmente por Al Thani.

En el auto, la jueza sí apunta que hay indicios de que la familia usó también la Fundación en su beneficio personal. En concreto, señala que la Fundación concedió un préstamo de 1.020.556 euros a la familia Al Thani 11 de enero de 2019. Es decir, después de que se abandonaran los trabajos para construir la academia por la supuesta falta de fondos.

Igual que ha ocurrido con otros préstamos, no hay constancia de que se estén abonando los plazos de amortización. La sospecha es que los Al Thani se autoconcedieron estos préstamos sin ninguna intención de devolverlos. El juzgado investiga si se desviaron unos nueve millones de euros en total.

El club atraviesa una complejísima situación procesal: a la querella de los pequeños accionistas se suma un proceso civil por la propiedad de las acciones en el que Al Thani ya fue condenado, aunque ha recurrido. Si se confirma la sentencia, Al Thani debería entregar el 49% de las acciones del club a la empresa hotelera Blue Bay. La situación financiera no es más sencilla. El club está tan escaso de liquidez que tiene que vender a sus mejores jugadores si no quiere sufrir un descenso administrativo.

Todo esto arroja aún más dudas sobre el futuro de la obra en Arraijanal, al que la oposición ya llama el “Algarrobico malagueño”.

La jueza del juzgado de instrucción 14 de Málaga envió a la Policía y a la secretaria judicial a las oficinas del Málaga CF este miércoles por la mañana. Allí, los agentes buscaron documentación sobre cómo se ha gestionado el Málaga en los últimos años. Trata de determinar si el catarí Abdullah Al Thani (el accionista mayoritario del club) ha menoscabado la solvencia económica del club en su propio beneficio. Se trata de saber si Al Thani y tres de sus hijos han cometido un delito de administración desleal del club, tal y como sostiene la asociación de pequeños accionistas (APA).

El juzgado abrió diligencias a comienzos de diciembre y, según apunta Antonio Aguilera, presidente de APA, la jueza ha hecho todo lo posible para conseguir información sin necesidad de enviar a la Policía. Sin embargo, las notificaciones y requerimientos se han topado sistemáticamente con el desdén de los responsables del club, según Aguilera: “La jueza ha hecho infinidad de gestiones para entregar citaciones, reclamar información y documentación en el único domicilio reconocido en España, que es La Rosaleda, y nadie nunca ha querido recoger nada”.

El último episodio tuvo lugar el martes, cuando el servicio de notificaciones intentó entregar las citaciones para que Al Thani y sus hijos comparezcan como investigados ante el juzgado el próximo 18 de febrero. Nadie las recogió. “Están haciendo todo lo posible para entorpecer la Justicia”, zanja Aguilera.

“La jueza ha llegado un punto que ha dicho ”hasta aquí hemos llegado“ y ha mandado a la Policía”, señala el representante de los querellantes.

Fuentes judiciales explican a eldiario.es/Andalucía que los agentes pretendían recabar “datos económicos” de utilidad para la investigación judicial, que de momento se acota a posibles delitos de administración desleal y apropiación indebida. No obstante, las mismas fuentes no descartan que, según se desarrollen las pesquisas, quepa también imputar un delito de blanqueo de capitales.

Un posible desvío de nueve millones de euros

El juzgado investiga desde diciembre si los Al Thani han incurrido en los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida o imposición de acuerdos abusivos, tal y como recoge la querella, que cifra el perjuicio económico al Málaga CF (una sociedad anónima deportiva) en unos nueve millones de euros, a priori.

De ellos, según la querella, una parte se habría desviado mediante la concesión de 4,3 millones de euros de préstamos y créditos a entidades vinculadas a Al Thani o a sus propios familiares, cuyos vencimientos no estarían siendo cumplidos.

Otra parte correspondería a retribuciones irregulares percibidas por Al Thani y sus tres hijos, y que sumarían 4,3 millones de euros en tres temporadas. Según APA, los Estatutos del club no permiten el establecimiento de sueldos. “Sí pueden cobrar dietas por asistencia al Consejo de Administración, que en 2019 se reunió una sola vez”, apunta Aguilera.

Para comprobar el presunto desvío, la jueza necesita acceder a los contratos de los préstamos, los a estatutos oa los supuestos acuerdos que recogerían sus sueldos.

La inactividad del club alimenta las sospechas. El Málaga aún no ha presentado sus cuentas, aunque debían estar cerradas antes del 30 de junio y aprobadas en Junta de Accionistas antes del 31 de diciembre. La última cuenta fue cerrada a 30 de junio de 2018 y desde entonces pueden haber ocurrido muchas cosas, advierte Aguilera.

“Si los hijos destrozan un hotel, tendrán que pagarlo ellos”

A estas cantidades podrían añadirse, si llegara a demostrarse, otros gastos ajenos a la gestión del club. “Calculamos que en total pueden ser hasta 15 millones. Si los hijos se van a un hotel y lo destrozan, los 200.000 euros tendrán que pagarlos ellos y no el Málaga, ¿no?”, apunta Aguilera, haciendo referencia a un episodio que ha sido comidilla en las oficinas del Málaga CF, según confirma una fuente que colaboró profesionalmente con el Málaga CF.

La jueza investiga si los préstamos se han devuelto o no y si sirvieron para recoger cantidades dispuestas irregularmente. Podrían haber servido para incluir gastos como el alquiler de la casa de Al Thani en Benalmádena, el transporte de sus coches desde Cátar o viajes de amigos de sus hijos para ver partidos de fútbol. “Es como lo de las tarjetas black, pero a lo bestia”, apunta esta fuente.

Esta fuente, conocedora de los entresijos del club, apunta que el equipo de fútbol era un hobby para Al Thani y que, llegado un punto, empezó a tratarlo como quien se aburre de una afición: con “dejadez”.

El catarí se hizo con la propiedad de la mayoría de las acciones del Málaga CF en 2010. En sus primeros dos años el equipo incorporó estrellas rutilantes y disputó la Liga de Campeones, pero pronto perdió a sus mejores jugadores, sufrió un inexorable declive y acabó descendiendo a Segunda División, donde ahora pelea por no descender de categoría.

Rotas las relaciones de confianza con sus colaboradores, Al Thani fue prescindiendo sucesivamente de todos ellos y reforzando los poderes de su familia, situando a varios hijos en el Consejo de Administración. El último en llegar al club es Richard Shaheen, director general desde octubre, y a quienes los pequeños accionistas ven como una nueva herramienta para “defender sus intereses, no los del Málaga”.

De la rotonda en su honor a la querella en contra

En paralelo, la situación económica se ha agravado, hasta el punto de que sobre el club planea la posibilidad de sufrir un descenso administrativo y, al final del camino, la desaparición.

Mientras, Al Thani sigue batallando en los tribunales con Blue Bay para no perder el control del club. Perdió en primera instancia el pleito por la titularidad de casi la mitad de las acciones, pero ha decidido recurrir. Además, ha salvado con éxito la petición de medidas cautelares incorporada en la querella. Los pequeños accionistas pedían la intervención judicial del club, lo que le hubiese arrebatado el control.

No ha pasado tanto tiempo desde que el alcalde descubriera la placa de una rotonda en honor a Al Thani, ni de que el ayuntamiento cediera gratuitamente los terrenos públicos de Arraijanal a la Fundación del Málaga CF, presidida por él. El catarí, a quien en su día se tendió alfombra roja, es ahora poco menos que un proscrito que no pisa la ciudad. El propio consistorio se ha personado en la querella en su contra y trabaja para que abandone el club.

Contra viento y marea, aguantando la presión judicial y también la política, Al Thani sigue al frente, a miles de kilómetros de distancia. “No es tan fácil echarlos”, concluyen las fuentes. “Si los condenan penalmente no pisarán España, pero las acciones seguirán siendo suyas”.

En la playa de Arraijanal, muy cerca del parador y el campo de golf de Málaga, hay seis cubos que surgen de la arena como fantasmas de hormigón. Parecen bunkers dispuestos para repeler alguna invasión marítima, pero es una infraestructura civil que ha ido saliendo a la superficie a medida que el mar iba tragándose la arena que los cubría.

En realidad, los bunkers son colectores de aguas fecales, unidos por una tubería que discurre por la orilla. Esta infraestructura, que recoge las aguas residuales de unas 25.000 personas, está hoy expuesta al oleaje. Una rotura provocaría una catástrofe en esta playa, la última virgen en Málaga capital.

“Hay grandísimo peligro, medioambiental y para las personas, de que un temporal reviente y destroce los colectores y la tubería de fecales activa que los une a la estación de bombeo”, denuncia Mari Cruz Torres, portavoz de la Asociación Ciriana, un colectivo ecologista del barrio de Churriana, al que pertenece la playa.

Este verano la asociación grabó cómo la tubería había quedado al descubierto, merced a las olas, como se puede comprobar en el vídeo que acompaña esta información. El colector más cercano al campo de golf se rompió y hubo filtraciones. Para solucionar el problema EMASA, la empresa municipal de aguas, colocó unas piedras y selló la rotura. Ciriana denunció la situación ante Demarcación de Costas.

Vídeo: Ignacio Arnedo

Ahora, el aporte de arena ha vuelto a tapar la canalización, que sigue muy cerca de la superficie. Pero no es sólo la tubería. Toda la infraestructura está al descubierto por efecto de la transgresión marina. Son seis colectores, la tubería y una estación de bombeo que empuja las aguas residuales hacia la depuradora del Guadalhorce. La estación ha quedado tan a merced del mar que está prácticamente en voladizo sobre la escollera que la protege. Además, uno de los dos colectores del paraje sufrió una rotura en septiembre, provocando vertidos en una zona de dunas algo más alejada de la ribera.

El sistema da servicio al barrio de Churriana y la urbanización Guadalamar, recogiendo también las aguas residuales de tres grandes centros comerciales (Ikea, Bahía Málaga y Plaza Mayor, ampliado recientemente), los efluentes de la fábrica de cerveza San Miguel y la barriada de San Julián. En total, las aguas residuales generadas por al menos 25.000 personas, que llegan aquí sin ningún tratamiento. “Tal y como salen cuando se tira de la cisterna”, explica Torres.

El fuerte oleaje suele provocar graves daños en Málaga. Casi cada año hay un temporal que azota la fachada litoral y destroza lo que encuentra a su paso: chiringuitos, estructuras o el propio paseo marítimo. La última vez fue el pasado marzo. Torres denuncia que la exposición de la red de saneamiento al oleaje implica un alto de riesgo de que ocurra un desastre. La semana pasada el ayuntamiento anunció que cerraría la playa para realizar nuevos aportes de arena.

Incumplimiento de la ley

La ley obliga a que estas instalaciones estén alejadas de la ribera marina. “Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre de protección”, señala el artículo 44.6 de la Ley de Costas, que prohíbe expresamente los colectores paralelos en la orilla marina.

Cuando se instaló, hace más de 30 años, es probable que el sistema cumpliera la norma. “Inicialmente desde aquí había cien metros hasta el mar”, asegura Torres. Sin embargo, la subida del nivel del mar ha llevado la orilla hasta las instalaciones de depuración, y los espigones artificiales para proteger el paseo marítimo de Guadalmar han potenciado este efecto.

Un anexo al Plan Especial de Arraijanal, de 2012, reconoce además que la red de saneamiento está obsoleta y que cuando llueve demasiado la estación de bombeo ni siquiera da abasto, por lo que se mezclan las aguas fecales con las pluviales y se vierten a un canal del Guadalhorce. El propio documento prevé la solución: una nueva red para eliminar las infraestructuras “situadas en el frente litoral”. Contempla una nueva estación de bombeo y hasta el ancho de las tuberías.

La solución se hizo más acuciante en 2015, cuando el ayuntamiento concedió a la Fundación Málaga CF, gratis y por 75 años, 100.000 metros cuadrados de suelo público en Arraijanal para construir la academia. El pliego de condiciones señala que es “necesario” ejecutar las obras de la red de saneamiento previstas en el plan especial, por exigencia de Demarcación de Costas. Además, un informe emitido el 12 de mayo de 2017 por el Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística señala que debe recabarse una certificación de EMASA que acredite que se han corregido las deficiencias de saneamiento.

Ciriana alega que estos incumplimientos han hecho decaer la autorización de Costas y comportan la nulidad de la licencia, por lo que ha denunciado estos hechos en los juzgados. Actualmente la obra de la academia está parada, debido a los impagos de la fundación. El ayuntamiento no ha respondido a las preguntas de este medio, si bien la semana pasada anunció una modificación presupuestaria que incluye una cuantía para la instalación de una nueva red de saneamiento.

Apenas a un centenar de metros hacia el oeste de las canalizaciones de aguas residuales que discurren por la orilla está la desembocadura del Río Guadalhorce, un paraje natural protegido, especialmente por ser estación de paso de aves migratorias. Torres denuncia que en la playa de Arraijanal el problema salta a la vista, que la solución está escrita y que, sin embargo, nadie hace lo suficiente para evitar una posible catástrofe natural.

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Málaga -Ciudadanos y el PP- han rechazado este martes declarar expresamente que la licencia para levantar la Academia del Málaga Club de Fútbol en Arraijanal ha caducado. La obra arrancó con mucho ímpetu en marzo de 2018, pero está parada desde hace casi un año, debido a los impagos a la empresa constructora. La licencia establece que una paralización de más de seis meses supone la caducidad. Sin embargo, los dos partidos que integran la coalición de gobierno en Málaga han votado en contra de la propuesta para instar el inicio de los trámites para que Urbanismo la declare expresamente. También han rechazado revocar la concesión de los terrenos a la fundación que preside el jeque.

Tanto Adelante Andalucía como el PSOE habían presentado sendas mociones sobre Arraijanal al Pleno del ayuntamiento de Málaga, celebrado este martes. El PSOE pedía iniciar los trámites para revocar y extinguir la concesión del terreno a la Fundación Málaga CF, presidida por el jeque Al-Thani. El terreno, de 108.000 metros cuadrados que son propiedad del municipio, fue cedido gratis en julio de 2017 por 75 años a la Fundación Málaga CF, presidida por el jeque Abdullah Al-Thani y de carácter privado, con la finalidad de construir una academia de fútbol.

Por su parte, Adelante Andalucía había pedido al Pleno declarar expresamente la caducidad de la licencia. El acuerdo de concesión de licencia, de junio de 2017, establecía un plazo máximo de ejecución de 36 meses y que la obra no podía estar parada más de seis meses, salvo prórroga previa solicitud expresa. En realidad, la propia ordenanza urbanística ya dispone que la interrupción por seis meses motiva la caducidad de una licencia de obra mayor.

Ninguna de las dos mociones ha salido adelante, porque el PP y Ciudadanos votaron en contra. Y eso, pese a que la relación del alcalde con Abdullah Al-Thani, propietario y presidente del Málaga (al menos mientras la sentencia del caso Blue Bay no sea firme) es aparentemente más tirante que nunca. Después de años de desinversión y de progresivo descuido del club, el Málaga corre hoy un riesgo real de desaparición por el incumplimiento de las reglas de control financiero de La Liga. Sobre el horizonte planea ya un posible concurso de acreedores, que podría implicar un ERE sobre una parte importante de los 278 trabajadores del club.

“Deje de ponerle la alfombra roja. No sea más su amiguito, porque al final lo paga la ciudad de Málaga”, reprochó Daniel Pérez, portavoz del PSOE, al alcalde Francisco De la Torre, que se revolvió contra el comentario. Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga, acusó al regidor de “connivencia” con la “actuación depredadora” de Al-Thani, y le reprochó que haya tenido con el jeque una actitud propia de “alcalde de Bienvenido Mr. Marshall”. Por su parte, Noelia Losada, concejal de Deportes, alegó la imposibilidad de acortar los plazos del procedimiento de revocación, aunque no consta que este se haya siquiera iniciado.

Ciudadanos y PP sí votaron a favor de retirar el nombre de Al-Thani de la glorieta que este mismo descubrió con el alcalde en 2014. Una retirada que ya fue aprobada por el Pleno en 2015, y que no se ha cumplido.

Un informe municipal advirtió del “alto riesgo”

Desde antes de que comenzaran las obras, Zorrilla advirtió del riesgo que suponía entregar estos terrenos a la fundación presidida por el catarí. Aunque se alegara el interés público de la academia, la concesión preveía la posibilidad de que los terrenos se alquilaran a otros equipos, en lo que veía interés especulativo. También porque la capacidad financiera para realizar la obra era muy dudosa. El propio ayuntamiento dispone desde 2017 de un informe de Urbanismo que calificaba el riesgo económico de la operación como “muy alto”. En realidad, la alta probabilidad de que las obras quedaran a medias era un secreto a voces que confirmaban incluso fuentes cercanas al Málaga CF.

Por su parte, el PSOE cree que un futuro concurso de acreedores podría provocar que la cesión del terreno acabase en manos de algún acreedor privado. Aunque en su momento apoyó la cesión, defiende ahora la incorporación al parque de Arraijanal que viene anunciando, desde hace años, la Junta de Andalucía.

Múltiples irregularidades

Tanto el PSOE como Adelante Málaga pedían en sus mociones lo que vienen solicitando desde mayo algunas asociaciones vecinales y ecologistas: que se declare que la licencia ha caducado porque la obra está parada y sin viso alguno de reactivarse. Esta solicitud ni siquiera ha sido contestada por el ayuntamiento, según explica Mari Cruz Torres, de la asociación Ciriana.

Además de los plazos, Ciriana denuncia otros incumplimientos de la licencia y el acuerdo de concesión. Por ejemplo, que se incumplió la obligación de solucionar el saneamiento de la futura academia antes de empezar la obra y de aportar certificado de las compañías de aguas y electricidad. Tampoco se ha construido la depuradora que aparecía en el proyecto, y se llegó a construir un aljibe sin permiso de la Junta de Andalucía y a perforar varios pozos para extraer agua de un acuífero, lo que motivó la apertura de una investigación por Fiscalía. De la misma forma, no se han presentado cuentas anuales (como obliga el acuerdo de concesión), ni hay constancia de que se reúna la comisión de seguimiento una vez al año. De hecho, la primera está prevista para este miércoles.

Por estos motivos, Ciriana, Torre Vigía, Ecologistas en Acción o Almar han remitido varias cartas solicitando la caducidad de la licencia y el rescate de la concesión por interés público. La última, el 25 de septiembre. Como los activistas que acamparon y se subieron a los árboles en los primeros meses de obras, estas asociaciones vienen oponiéndose a la obra desde que comenzó, alegando la existencia de hábitats protegidos, de zonas de interés arqueológico y el valor intrínseco de Arraijanal, un paraje natural cerca de la desembocadura del río Guadalhorce junto a la última playa virgen de Málaga.

Hoy, la futura academia del Málaga es un graderío de hormigón y la estructura básica de un edificio, que Eduardo Zorrilla ya llama el “Algarrobico” malagueño.

Hace aproximadamente un año, las obras de la academia de la Fundación del Málaga CF en el paraje malagueño de Arraijanal avanzaban a buen ritmo. Los obreros trabajaban pese a las denuncias de grupos ecologistas y asociaciones vecinales, y de la labor de desgaste de los activistas, acampados junto a la obra pese a los desalojos policiales. Un año después, la situación ha cambiado: uno de esos activistas acaba de ser absuelto por los daños que, según la constructora, había causado en su material. La denuncia no tenía pruebas. Mientras, la obra acumula meses de parón sin visos de reactivarse.

Helí Ordóñez fue absuelto esta semana porque la denunciante ni siquiera acudió al juicio. La constructora Bilba había empezado denunciando amenazas a un trabajador y daños valorados en miles de euros. Después, el caso se transformó en un supuesto delito leve por daños a una manguera, valorados en 380 euros. Finalmente, la representante de Bilba ni siquiera compareció, de modo que la jueza declaró la absolución de Ordóñez.

La denuncia se había construido sin pruebas contra Ordóñez. Ana María Borrego, la representante de Bilba, denunció en junio de 2018 que alguien había cortado una manguera durante un altercado con un vigilante de la obra, al que también habría amenazado. Sin embargo, no lo identificó. Fue la propia Policía quien aportó el nombre de Helí Ordóñez. “A juicio de esta instrucción, la persona denunciada por Ana María Borrego es Helí Ordóñez”, dice un informe policial, que eldiario.es/Andalucía ha podido consultar.

El informe no explica por qué concluye que él era el autor del corte, y las fotos incorporadas al sumario muestran una persona indistinguible por dentro de la valla, pero no cortando la manguera. Otras fotos están completamente en negro.

Al poner la denuncia, la constructora aportó varias facturas para cuantificar el daño, alguna por 69.000 euros, y reclamó el supuesto coste de incrementar la vigilancia. Ante la indefinición de los supuestos daños, Antonio Pachón, abogado de Ordóñez, presentó un informe que cifraba el coste de la manguera en 380 euros. La constructora no rebatió la cifra y finalmente abandonó su denuncia, que de haber prosperado podría haber acabado en una condena a prisión. El 19 de julio, más de un mes después del supuesto incidente, la Policía llegó a detener al activista, que pasó unas cuantas horas en los calabozos.

Por aquel tiempo, la Fiscalía investigó a la constructora por la perforación ilegal de un acuífero. “Quien había hecho algo era Bilba perforando un acuífero, que es mucho más grave que cortar dos mangueritas”, recuerda hoy Mari Cruz Torres, de la asociación Ciriana, que puso la denuncia ante el fiscal.

En aquellas fechas los activistas sufrían el incremento de la presión para conseguir que abandonasen el campamento. Radicales del Málaga merodearon por la zona, la Policía Local desplegó patrullas de vigilancia, y Fali Doblas y Leti González fueron acusados de lesionar a varios agentes durante un desalojo. Ambos aceptaron una condena tras llegar a un acuerdo con el fiscal que evitara a Doblas entrar en prisión, como informó eldiario.es/Andalucía. Se trata de dos activistas malagueños a quienes no se les conocen incidentes violentos. En el vídeo de la detención se observa cómo los policías detienen a Doblas por apoyarse en una valla.

Obras paradas, licencia caducada

La Fundación Málaga CF, una entidad privada presidida por el jeque Al-Thani, empezó la obra en marzo de 2018, y retiró sus máquinas y operarios en octubre. La academia está en un suelo público, expropiado en su día por el Ayuntamiento, que luego lo cedió gratuitamente a la fundación para que esta construyera la academia. La Junta de Andalucía promete desde hace años un gran parte en los terrenos adyacentes.

Los activistas siempre defendieron que se trata de un lugar con un importante valor ambiental y también arqueológico, pero ni sus denuncias ni las investigaciones de la Fiscalía pararon la obra. Fue la falta de dinero.

Hace unas semanas, el Ministerio para la Transición Ecológica respondió a una denuncia de varias asociaciones vecinales. El Ministerio advirtió de que la zona sufre una “regresión importante” por la “urbanización indebida” del delta del Guadalhorce y su encauzamiento, por lo que va a ser estudiada específicamente en un programa financiado por la Unión Europea. También advierte a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de que en la playa hay una estación de bombeo, tuberías y arquetas ilegales, y que podrían estar realizándose vertidos de aguas fecales.

Su retirada y su sustitución por una nueva instalación entre la obra y la autovía es una exigencia de la Dirección General de Costas desde el Plan Especial de 2012. La Fundación del Málaga debía acreditar que cumplía esos criterios, como requisito para la concesión de la licencia definitiva de obra. Sin embargo, los colectores y la arqueta siguen donde estaban, cada vez más expuestos al oleaje por efecto de la regresión marina.

Además, la licencia, el pliego de condiciones y el convenio recogen que la obra sólo podrá parar un máximo de seis meses por causas de fuerza mayor. Ese plazo ya se ha superado, por lo que las asociaciones han pedido al Ayuntamiento la revocación de la cesión del terreno a la Fundación Málaga CF. No han recibido respuesta. El jeque Al-Thani ha perdido en los tribunales su primera batalla por la propiedad de las acciones del club, y mientras se dilucida la cuestión, la obra seguirá en el alero.

“El Ayuntamiento, tendría que haber cancelado ya la cesión, y recuperado la zona para los ciudadanos, con sus valores ambientales y arqueológicos”, señala Mari Cruz Torres. Sin financiación, y objeto de varias denuncias por parte de ecologistas y de Izquierda Unida, el proyecto podría quedar encallado. La obra es hoy una estructura abandonada y algunos empiezan a alertar de que pueda convertirse en el “Algarrobico malagueño”.

Los dos activistas acusados de agredir y lesionar a un policía en una concentración contra la construcción de una academia de fútbol en el paraje de Arraijanal (Málaga) han sido condenados después de firmar un acuerdo con la Fiscalía. Basándose en el relato de los agentes, inicialmente el fiscal pedía penas que acabarían con uno de los activistas en prisión. Tras el pacto, la jueza del juzgado de lo penal 2 de Málaga condenó a Rafael Doblas a 21 meses y un día de cárcel, y acto seguido suspendió la pena durante tres años. Si delinque nuevamente en este tiempo irá a prisión. Leticia González fue condenada a seis meses. Además, ambos deberán pagar una multa.

Pero más allá del proceso judicial, lo que ocurrió en el juzgado aún tiene desconcertados a Doblas y González, o Fali y Leti, dos activistas muy conocidos en los movimientos sociales de Málaga, donde participan en casi todas las protestas contra desahucios, acampadas y concentraciones. “Yo todavía no sé si hemos hecho bien en firmar eso”, dice por teléfono Doblas. El acuerdo tampoco ha sentado bien a otros activistas por la conservación de Arraijanal, un paraje que incluye la última playa virgen de Málaga, situado en terreno público, y donde está previsto que un día esté la academia de Málaga CF. La obra está actualmente parada.

Doblas y González fueron acusados de agredir a los policías que les detuvieron la tarde del 24 de mayo de 2018. Varios vídeos reflejan lo que ocurrió en el momento de la detención. Se observa a los activistas junto a una valla en Arraijanal, en silencio y con pancartas. Los agentes piden que se retiren las pancartas, se les ignora, y dos de ellos se dirigen directamente a Doblas, que no se resiste, para detenerlo y llevarlo al coche. En otro vídeo grabado inmediatamente después, González intenta colocarse en la puerta del coche mientras grita “¡A él no se lo llevan!”, hasta que un policía la tira al suelo y la inmoviliza con su rodilla.

Los policías denunciaron que en el traslado a comisaría ambos golpearon el coche y profirieron insultos, por lo que tuvieron que parar, y que al abrir la puerta un agente recibió mordiscos y patadas, lo que le provocó una lesión en el dedo que le supuso un mes de baja. Doblas y González siempre lo han negado. Cuando fue detenido, Doblas llevaba un pasamontañas y una pancarta en cada mano, en las que se leía “paz” y “amor”. También gritaba reiteradamente “no violencia” mientras lo esposaban.

Los dos activistas estuvieron detenidos desde las seis de la tarde del 24 de mayo hasta pasadas las tres de la tarde del día siguiente. Al salir, Leticia se tomó una fotografía en la que se aprecia un intenso moratón en el cuello de ella, que interpuso una querella por supuestas torturas. Esta querella sigue su curso.

“Hemos firmado eso porque lo otro era peor”

La firma del acuerdo implica no sólo la condena de estos activistas, sino la aceptación jurídica de unos hechos que ni Leticia González ni Rafael Doblas reconocen. “Me vi entre la espada y la pared”, señala Doblas, para explicar por qué firmó el acuerdo, y añade: “Hemos firmado eso porque lo otro era peor, no porque fuera la verdad”. Según Oliver Roales, su abogado, la sentencia supone el reconocimiento de la lesión del agente, pero no de las circunstancias en que se produjo. Los activistas insisten en que son resultado del forcejeo, mientras ellos eran agredidos por los agentes. Esto es precisamente lo que se dilucida en la querella, que no se ha retirado.

Doblas y González se encontraron con un ofrecimiento del fiscal que no esperaban, y que suponía una solución al problema que le angustia desde hace meses: la posibilidad real de entrar en la cárcel. Ella era partidaria de no firmar y Doblas dudó hasta el último segundo, según cuenta.

Una condena tras juicio hubiese supuesto su inmediata entrada en prisión, porque tiene una pena de seis meses suspendida desde 2017. En aquella ocasión, la sentencia también fue dictada tras un acuerdo con el fiscal, que Doblas aceptó a regañadientes. Él y otros tres activistas fueron condenados por desórdenes públicos, cometidos en 2011 durante las protestas contra la deportación de un inmigrante argelino.

En esta ocasión, la condena a Doblas es por 21 meses, que añadidos a los seis de la anterior, suman 27 meses de prisión. Con el acuerdo, ambas penas quedarán suspendidas durante tres años. El fiscal propuso un pacto que sorprendió al abogado de González y Doblas: recurrió a un artículo del Código Penal que permite suspender una segunda pena en circunstancias excepcionales.  

La posibilidad de acabar entre rejas coloca a Doblas en una disyuntiva que puede acabar con su forma de entender el activismo. “Si cometo un error y me detienen, me pueden meter 27 meses preso del tirón. Mi situación es muy delicada”, dice. En Málaga, muchos agentes de la policía lo conocen: no hay acampada o desalojo en el que no esté. Ahora se pensará seguir acudiendo a las protestas. Este viernes tenía previsto acudir a un desahucio, y aunque empieza diciendo que irá, luego duda. “No quiero morir socialmente, quitarme de todo lo que hago. Pero voy a adoptar un papel discreto”.

Dos activistas contra la construcción de una academia de fútbol en Arraijanal, un paraje en el que se encuentra la última playa virgen de la ciudad de Málaga, se exponen a una condena de dos años y seis meses de prisión por un supuesto atentado contra la autoridad y lesiones leves. El fiscal les acusa de haber agredido a los policías que los detuvieron cuando se negaron a retirar unas pancartas. Los activistas también se querellaron contra los agentes, acusándoles de agresión. El juicio contra los activistas se celebrará el próximo 8 de enero.

Según el escrito de acusación del fiscal, basado en el relato de la Policía, Leticia González y Rafael Doblas insultaron y lanzaron puñetazos y patadas a los agentes, después de negarse a retirar unas pancartas que habían apoyado contra una valla. Según esa versión, ambos habrían seguido pegando patadas mientras los llevaban a comisaría, por lo que el coche policial paró. Con el vehículo detenido, un agente abrió la puerta y recibió varias patadas e intentos de mordiscos, lo que se habría repetido en comisaría. Cuatro agentes declararon haber sufrido algún dolor o contusiones en dedos, aunque inicialmente ninguno necesitó tratamiento médico.

Leticia González y Rafael Doblas son Leti y Fali, dos activistas muy conocidos en Málaga. Están presentes en muchas de las reivindicaciones sociales en la ciudad, y desde el principio se involucraron a fondo en la lucha contra la obra de Arraijanal. La versión que dan es muy distinta, hasta el punto de que en su día interpusieron una querella contra los policías.

“Nosotros no le pegamos ni amenazamos absolutamente a nadie”, asegura Doblas, a quien la policía también acusa de haber proferido insultos y amenazas. “Me atribuyen una forma de hablar que yo no uso. No hablo así a nadie, nunca, y menos a la policía armada que me lleva detenido. El problema es que ellos tienen presunción de veracidad…”, explica Doblas. González también lo niega: “Yo estaba nerviosa pero no se me ocurre tocar a un policía. Nunca me he peleado físicamente con nadie, en mi vida”.

Los insultos no encajan en la forma habitual de protestar de estos dos activistas, casi siempre presentes en manifestaciones o desalojos. Del momento de la detención quedaron varios vídeos, donde no se escuchan insultos ni se ven agresiones. En uno de ellos se observa a los activistas junto a la valla, en silencio y con pancartas, y dos agentes se dirigen a Doblas, que no se resiste, para llevarlo al coche.

En el otro, grabado inmediatamente después, se escucha al activista gritar reiteradamente “no violencia”, mientras lo esposan y otros increpan a los policías. Ella intenta colocarse en la puerta del coche mientras grita “¡A él no se lo llevan!”, hasta que un policía la tira al suelo y la inmoviliza con su rodilla.

Detenidos toda la noche

Los dos fueron llevados a comisaría, y el relato que hacen del trayecto es muy distinto al de los agentes. “Yo les estuve hablando, hablando, hablando, hablando sin parar. Dándoles el mitin, pero con argumentos, denunciando las actuaciones policiales, cómo nos tratan a quienes defendemos la naturaleza...”, recuerda Leticia González. “Sólo les dije que me daría vergüenza, y que allá ellos con su moral”.

Al llegar a comisaría, el copiloto estaba muy cansado de la charla de la activista. “Cuando llegamos al parking, me sacó de los pelos y me tiró al suelo. Caí de rodillas y me mantuvo con la frente en el suelo. Cuando fui a incorporarme me estranguló. Fue un gesto buscado. De repente no podía gritar ni respirar. Supongo que fueron segundos, pero para mí fue muy largo”, asegura Leticia.

Los dos estuvieron detenidos desde las seis de la tarde del 24 de mayo hasta pasadas las tres de la tarde del día siguiente. No se les tomó declaración hasta la mañana del 25. En una fotografía tomada a su salida de comisaría se aprecia un intenso moratón en el cuello de ella. La misma semana en que fueron detenidos, Rafael y Leticia interpusieron una querella contra los policías. Este procedimiento está aún en fase de instrucción. Su abogado pidió las grabaciones del aparcamiento, pero cuando el juez las requirió, pasados varios meses, ya habían sido borradas. También han pedido el bruto de las grabaciones de Canal Sur en el momento de la detención.

Una eventual condena podría suponer que Doblas entrara en prisión, porque tiene actualmente suspendida una condena por desórdenes causados cuando trataba de impedir, en agosto de 2011, la deportación de Sid Hamed Bouzian, un argelino que había solicitado asilo. Los activistas acamparon durante quince días frente al CIE de Capuchinos, que acumulaba un sórdido historial y que ya fue cerrado. Bouzian, que se casó en el CIE, logró quedarse en España, pero cuatro activistas fueron condenados siete años más tarde, después de un acuerdo en el que la Fiscalía rebajó la pena que pedía inicialmente y eliminó de sus conclusiones las supuestas patadas, puñetazos y lesiones.

“¿Me vas a detener estando Canal Sur?”

Desde el día siguiente a que comenzara la obra de Arraijanal, el 12 de marzo, grupos ecologistas y otros activistas complementaron la vía administrativa y judicial con la protesta in situ. El juicio contra los dos activistas llega con la obra parada y el campamento desmantelado desde mediados de septiembre.

La mañana de los hechos varias patrullas de la Policía Local y los servicios de limpieza se habían personado en el campamento (el número seis) para desalojar a los activistas. No era la primera vez que ocurría. Desde un par de meses antes, un grupo de unas veinte personas acampaba por turnos y realizaban acciones de sabotaje para dificultar el avance de las obras. La acción más recurrente era encaramarse a los árboles para evitar su tala, y varios activistas pasaron varias noches durmiendo sobre las ramas. Varias veces les desalojó la Policía, y las mismas veces ellos volvieron a acampar, a veces resituando su campamento y dándole nuevo nombre.

La mañana del 24 de mayo, a las 7:35 de la mañana, los activistas se avisaron por Whatsapp de la llegada de varias patrullas de la Policía Local, agentes de paisano y Policía Nacional, y llamaron a algunos periodistas, asociaciones ecologistas y concejales de la oposición. Según denunciaron de inmediato, los agentes confiscaron los móviles a los acampados. Resignados, pero determinados a volver a instalarse, apenas les dio tiempo de guardar algunas cosas antes de que los servicios de limpieza arrojaran el resto a un camión. En aquel momento no se produjeron incidentes.

El panorama cambió por la tarde. Los activistas convocaron una asamblea y una concentración en Arraijanal. La Policía Local se presentó nuevamente y algunos agentes les requirieron para que retirasen los carteles apoyados en la valla de la obra. Doblas se negó. “”¿Me vas a detener de Canal Sur?“ Es lo único que dije. Eso le molestó”, asegura él. Lo que ocurrió después deberán determinarlo los jueces que se pronuncien. Primero, en el juicio a los dos activistas; después, en el juicio a los policías.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha vuelto a abrir diligencias de investigación que afectan a la obra de la ciudad deportiva del Málaga CF, que se desarrollan en el paraje de Arraijanal. El fiscal pide ahora que se investigue la perforación de un acuífero, denunciada por los ecologistas, y reclama que se aclaren sus posibles efectos sobre el medio ambiente y la salud.

Se trata de la segunda investigación que abre la Fiscalía en torno a las obras de Arraijanal, un paraje pegado a la última playa virgen de la ciudad donde la Fundación del Málaga CF está construyendo una ciudad deportiva, aprovechando una cesión gratuita del suelo por parte del ayuntamiento de la ciudad. En esta ocasión, el fiscal quiere saber si la constructora ha perforado un acuífero y cuáles son las consecuencias. El Decreto de apertura de las diligencias está fechado el 3 de julio.

De lo primero hay pocas dudas. Del subsuelo de Arraijanal mana desde hace semanas abundante agua. Los activistas que acampan desde hace meses han realizado acciones de protesta como bañarse allí, porque hay tanta agua que se forma una auténtica piscina cuando las bombas no están achicando a pleno funcionamiento.

El agua mana al menos desde el 2 de junio. Brota de una hondonada que las máquinas hicieron para que sirva de aljibe para la futura ciudad deportiva. El 15 de junio, las asociaciones Ciriana, Arcusves, Torre Vigía y Almar registraron la denuncia, advirtiendo de que el Plan Especial para Arraijanal ni siquiera contiene un Estudio de Impacto Medioambiental que tenga en cuenta las afectaciones para el acuífero de la obra y su posible sobreexplotación. Ese lugar ya está encementado, por lo que los ecologistas creen que el daño podría ser irreparable.

Los ecologistas denuncian que la constructora Bilba está usando el agua para la obra y desperdiciando la restante. El Plan Especial, publicado en el BOJA, recoge que la ciudad deportiva, que cuenta con varios campos de césped, se abastecerá con una toma a la red general y con pozos. Para abrir estos pozos del acuífero se necesitaría de la intervención de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico y de la Dirección General de Minas, que no consta. Sin embargo, sorprendentemente el proyecto de urbanización tramitado en la Gerencia de Urbanismo sólo prevé que se abastezca de la toma de agua de la red. No prevé que se perfore un acuífero ni el abastecimiento procedente de pozos.

Mari Cruz Torres, portavoz de Ciriana, asegura que se ha reunido con el delegado de Medio Ambiente. “No entendemos cómo no paran la obra, que no se ajusta al plan especial ni a su propio proyecto de urbanización. Nos han dicho que ellos no han podido acceder al proyecto”. Ese proyecto está disponible para cualquier ciudadano en la Gerencia de Urbanismo.

La posible salinización del acuífero

La posible salinización del acuíferoEl acuífero apareció apenas a cuatro metros de la superficie. Las sucesivas fases del proyecto prevén incluso aparcamientos subterráneos, para cuya ejecución haría falta bombear agua durante todo el día. Cruz explica que se trata de un acuífero a mucha altura porque es aluvial, y añade que independientemente de su protección, es una zona de arenal húmedo. Existe el riesgo de que su sobreexplotación provoque la salinización del acuífero, lo que lo inhabilitaría para el consumo humano. “Hay una especie de barrera que lo separa del agua del mar; si sacas litros estás desequilibrando la masa de agua subterránea. Esa membrana que separa las aguas pierde estabilidad y se produce intrusión marina para rellenar lo que se va perdiendo”, explica.

Los ecologistas recuerdan también el caso del acuífero del Valle de Abdalajís; en 2005, una tuneladora del AVE pinchó su acuífero. Desde entonces, el pueblo no tiene agua asegurada y recurre con frecuencia a los cortes de agua y al suministro con cubas.

El fiscal archivó en mayo la primera investigación, por entender que las respuestas del ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Seprona acreditaban que la tramitación del proyecto se ajustaba a la legalidad. En aquella primera ocasión, las asociaciones Arcusves, Ciriana y Torre Vigía habían denunciado que las obras vulneraban la protección ambiental y arqueológica que merece el paraje. Decenas de aves migratorias morían cada día y la obra se realizaba sobre una antigua villa romana. Luego ampliaron su denuncia al riesgo de inundabilidad, pero tampoco sirvió para que el fiscal fuese más allá de instruir unas diligencias preprocesales.

Agentes de la Policía Local han desalojado este jueves por la mañana el campamento de los activistas que protestaban por la construcción de la ciudad deportiva del Málaga CF junto a la última playa virgen de la ciudad. Antes de las ocho de la mañana, alrededor de una veintena de policías, incluyendo policías de paisano y miembros del GOA (equivalente a los antidisturbios) han intervenido en el campamento, identificando a las ocho personas que allí había, e instándoles a recoger sus objetos personales y tirando el resto a los camiones del servicio de limpieza. Según denuncian los activistas, también les requisaron el teléfono durante algo más de media hora. El desalojo ha sido pacífico y no ha habido detenciones.

Ana Payá era una de las activistas y dormía, según explica, en su furgoneta. “Me ha despertado una agente y nos ha dicho: ”Documentación y móviles“”. Ana ha podido ver y fotografiar la denuncia que hay contra ella “por acampada” y firmada a las 7.40 de la mañana. “Se encuentra durmiendo en colchoneta en furgoneta junto a campamento ilegal”, se dice en esa denuncia. Alegará que dormir en la furgoneta no está prohibido.

“Al abrir los ojos he visto tíos tochísimos con gafas. Han rodeado el campamento y nos han pedido documentación y que nos lleváramos los objetos importantes. También los teléfonos. No sé por qué se lo he dado. Se lo he pedido tres veces y nos han dicho: ”Cuando acabemos“”, relata Andrea Jiménez. Esta información, que exponen los activistas, no ha podido ser contrastada con la Policía Local porque los agentes sobre el terreno se niegan sistemáticamente a comentar cualquier actuación y la oficina de Prensa no respondía este mediodía a las llamadas.

Rafael Doblas, otro de los activistas, explica que los agentes han ido directos al árbol donde estaba subida una de las activistas y le han pedido que bajara. En total ha identificado a ocho personas, a las que no habría entregado la denuncia, según aseguran estas. “Ya esperábamos esto, bastante han tardado…”, comenta Doblas. Samuel también se lo esperaba. “Han buscado la mejor hora. Lo que no pueden hacer es quitarnos los móviles”. Los activistas insisten en que el desalojo ha sido pacífico y que, como les han desmantelado este campamento, instalarán uno nuevo con más sombra.

Los activistas llevan dos meses acampados junto a las obras de la futura ciudad deportiva del Málaga, protestando por el daño ambiental y patrimonial que pueden producir. Este lugar, junto a la desembocadura del Río Guadalhorce, es zona de paso de aves migratorias y es el último rincón virgen del litoral de la ciudad. Ayer se produjo un conato de enfrentamiento entre una de las activistas y el conductor de una hormigonera. La activista intentó pintar el tambor del camión y el trabajador se bajó y, según dice ella, le retorció el brazo y la amenazó. Los activistas decidirán en una asamblea si presentan denuncia por estos hechos.

Tanto los activistas como las asociaciones Arcusves, Ciriana y Torre Vigía creen que se han producido irregularidades que han desembocado en que el entorno no tenga la protección suficiente. La Fundación del Málaga CF (que obtuvo la cesión gratuita de 108.000 metros cuadrados de espacio público por 75 años) y el Ayuntamiento alegan que la obra tiene todos los permisos.

Durante las últimas semanas, el movimiento de tierras ha aflorado restos cerámicos y de una antigua villa romana. La presencia de los arqueólogos ha sido irregular, y muchas veces han sido los activistas quienes han documentado estos hallazgos. Finalmente, los restos han sido tapados y esta semana se han presentado las primeras hormigoneras.

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional detuvieron el jueves a dos de los activistas que acampan desde hace varias semanas junto a las obras de la futura ciudad deportiva del Málaga, en el paraje de El Arraijanal. Pablo fue detenido por la mañana cuando estaba dentro del perímetro vallado por la constructora Bilba. Por la tarde, agentes de la Policía Nacional acudieron por la tarde al campamento y se llevaron a Hely para que prestara declaración. Los activistas aseguran que no se le informó de los motivos de la detención. Finalmente ha pasado la noche en los calabozos del juzgado, mientras que Pablo fue puesto en libertad a medianoche.

No hay vídeos del momento en que la pareja de agentes de la Policía Local se dirige a Pablo para que salga del interior de la parcela vallada ni del forcejeo que se produjo. Sara, que estaba en el campamento, sólo pudo grabar una vez que ya había sido retenido y estaba en el exterior. Es el vídeo que acompaña esta información. Sara asegura que Pablo intentó explicarles qué hacía dentro del vallado, y que estaba “sorprendido y asustado”. “Pablo es bastante fuerte y no le podían poner las esposas”. En el forcejeo hubo algún golpe de los policías hacia el muchacho, según Sara. “Yo es la primera vez que hago activismo de acción directa, y me asusté. No me esperaba que hicieran estas cosas. Tengo muchos amigos policías y opositores y me sorprendió”.

El atestado relata que los policías acudieron al lugar después de recibir la llamada del encargado de la obra porque alguien había entrado en la parcela rompiendo el vallado. Cuando estaba ante los policías, el activista se habría negado a identificarse y les empujó, cayendo uno de ellos al suelo, según los agentes. En la versión de los policías, el segundo habría esquivado otra acometida, y al final entre los dos redujeron al activista.

La versión del detenido es otra. Según Oliver Roales, el abogado de los dos activistas, los policías emplearon una fuerza excesiva y en ese forcejeo, uno de los agentes habría caído al suelo. “Mi cliente sostiene que no hacía falta todo esto cuando él había ido voluntariamente”, argumenta Roales. Para el abogado, “la acción policial y la fuerza empleada fue exagerada y forma parte de una maniobra de acoso a los activistas”. “Ante el empleo desproporcionado de la fuerza, cada persona reacciona diferente, pero Pablo acudió voluntariamente a la llamada de la policía y les dijo en todo momento que no se resistía a acompañarlos”, añade.

Una vez en el exterior llegó Manuela Martín, que es la mujer a la que se observa en el vídeo. Ella no vio patadas, puñetazos o cabezazos de Pablo hacia los policías, ni tampoco agresión de estos hacia el detenido, sino un forcejeo en el que él se resistía a que le pusieran las esposas cruzando los brazos en el pecho. Manuela relata que pidió a su compañero que se relajase: “El chico aflojó cuando yo le hablé, e inmediatamente le echaron el brazo atrás y le pusieron las esposas. Los guardias no querían un final feliz. Querían ponerle las esposas y llevárselo”. Fue puesto en libertad en la medianoche del jueves al viernes.

El segundo de los activistas fue llevado a declarar por un incidente previo con uno de los obreros de la constructora, según Roales. Fue puesto en libertad al mediodía del viernes, después de pasar la noche en los calabozos de la Ciudad de la Justicia.

Restos arqueológicos en la ciudad deportiva

Restos arqueológicos en la ciudad deportivaLos activistas creen que las detenciones se han llevado a cabo contra personas especialmente activas en la documentación de los vestigios arqueológicos que la obra está sacando a la luz. El PGOU recoge la existencia de una villa romana y una necrópolis en esos terrenos, y los movimientos de tierra para la cimentación de la futura ciudad deportiva están dejando al descubierto restos cerámicos, insuficientes de momento para paralizar la obra.

“Todos los días tenemos una mesa llena con restos de vasijas. Sabemos que la constructora está muy molesta e inquieta por esta labor. Cuando la arqueóloga se va a hacer un descanso hay gente allí recordando que tienen que parar las máquinas”, explica Leticia González, una de las activistas. La aparición de estos restos ha obligado a la constructora a contar con los servicios de dos arqueólogos, y no de una como hasta hace una semana.

Los activistas protestan por la construcción de una ciudad deportiva de 108.000 metros cuadrados en este paraje natural junto a la última playa virgen de Málaga. Se trata de suelo público, cedido gratuitamente a la Fundación del Málaga CF, de tipo privado, durante 75 años. Los activistas piden que se paralice la obra alegando el valor natural y arqueológico de los terrenos, muy cercano a la desembocadura del Guadalhorce. La Fiscalía ha pedido a las administraciones información sobre el grado de protección del lugar, pero no ha solicitado la paralización cautelar de los trabajos.

La Fiscalía de Málaga ha iniciado una investigación sobre las obras de la ciudad deportiva del Málaga CF en la playa de Arraijanal. El fiscal ha pedido información a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y al Seprona de la Guardia Civil y ha advertido de que si se constata que la parcela cuenta con protección ambiental o arqueológica, “deberán adoptarse cuantas medidas sean necesarias para preservar los valores puestos en peligro por las obras”.

El fiscal de Medio Ambiente abre diligencias preprocesales para esclarecer si las obras iniciadas en Arraijanal constituyen algún delito por atentar contra bienes protegidos. En un Decreto del pasado 2 de abril al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, el fiscal pide a la Gerencia de Urbanismo que emita un informe técnico que dé respuesta a si las obras tienen licencia, que explique cuál es la calificación y clasificación del suelo, y que explique si la parcela cuenta “con algún tipo de protección ambiental (por constar la existencia de especies de flora y fauna protegida) o arqueológica (por existir en la zona yacimientos arqueológicos catalogados o conocidos)”. La Fiscalía advierte de que, en caso de respuesta positiva, “deberán adoptarse cuantas medidas sean necesarias para preservar los valores puestos en peligro por las obras”.

No es la única institución a quien el fiscal pide explicaciones. El Decreto se remite también a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente para que “a la mayor brevedad” emita un informe similar sobre la posible protección ambiental o arqueológica de la parcela. Por último, pide al Seprona de la Guardia Civil que remita el atestado o informe que elaboró cuando visitó el lugar.

Cerca de la desembocadura del Guadalhorce

Este es el primer paso de la Justicia para verificar que las obras que se desarrollan en Arraijanal, una de las últimas playas vírgenes de la provincia de Málaga, son legales. Desde hace más de dos semanas los activistas y parte de la oposición cuestionan la legalidad y la legitimidad de las obras, que prevén la tala de 178 árboles y remover la tierra de una parcela en la que existen al menos dos villas romanas. Las obras se desarrollan en un entorno dunar muy cercano al paraje protegido de la desembocadura del Río Guadalhorce.

Según un informe de Federico Casimiro-Soriguer, biólogo del Departamento de Biología Vegetal de la UMA, en la zona existen una serie de hábitats de interés comunitario, tres de ellos “prioritarios para Andalucía”, y una flora que, aunque no esté protegida por la ley, “es realmente rara en el litoral malagueño”. El informe constata que la falta de información sobre la existencia de estos hábitats protegidos se debe a que la zona no está cartografiada en los instrumentos andaluces de protección (la Red de Información de Andalucía, que elabora la Junta de Andalucía), y que esto habría motivado que no se hubiese considerado correctamente el valor ambiental de la parcela. El biólogo explica que esta “falta de información” se debe a que la zona quedó fuera de la Cartografía de Vegetación a escala 1:10000 de la masa forestal de Andalucía 1996-2006.

Este informe, así como otro arqueológico, fue presentado al fiscal por las asociaciones que interpusieron la denuncia. “¿Si no estaba cartografiado el terreno y no se había recogido información de los HICs que contienen hasta diciembre de 2017, en base a qué datos se han realizado los informes medioambientales aceptados por las administraciones públicas que han hecho posible la modificación del PGOU en todos estos años y conceder la licencia de obras?”, se cuestiona la asociación en la denuncia ante la Fiscalía.

La Consejería de Medio Ambiente aprobó el plan especial para Arraijanal el 22 de enero de 2015. El Ayuntamiento emitió la licencia para la primera fase de las obras de la futura ciudad deportiva del Málaga el 14 de junio de 2017. La licencia se condiciona, entre otros requisitos, a que se deposite fianza de 157.166,67 euros, que es el valor económico que se da a los 178 árboles (de 236 censados) cuya tala está prevista.

El Decreto de la Fiscalía no ordena que pare la obra, pero pide a las administraciones que emitan sus informes con celeridad para adoptar las medidas que en su caso sean necesarias.

Además de la oposición sobre el terreno de los activistas, la batalla contra la edificación de la ciudad deportiva del Málaga CF en la playa de Arraijanal tiene otro escenario. Tres asociaciones han presentado varias denuncias ante el ayuntamiento, el Seprona, la Consejería de Medio Ambiente y la Fiscalía de Medio Ambiente, por entender que la zona merece una protección especial por albergar fauna, flora y restos arqueológicos de interés público. Todas las denuncias persiguen el mismo objetivo: paralizar las obras que vienen desarrollándose en El Arraijanal. De momento, ninguna ha recibido respuesta.

La primera de las denuncias la interpuso la asociación Ciriana ante el Seprona el pasado 7 de marzo, un par de semanas después de que las autoridades colocaran la primera piedra de la futura ciudad deportiva del Málaga. Junto con la denuncia, Ciriana presentó dos informes de profesores de la Universidad de Málaga, en los que se destaca que en Arraijanal existen tres hábitats de interés comunitario para Andalucía, así como dos villas romanas en el subsuelo. Simultáneamente, la asociación presentó los informes a la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento y a las consejerías de Medio Ambiente y de Cultura.

El 20 de marzo, días después de los primeros movimientos de tierra y las primeras talas, la asociación Ciriana volvió a pedir la suspensión cautelar de las obras, alegando que la zona no ha sido correctamente cartografiada en los instrumentos de planificación autonómica. Esa es también la tesis de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Medio Ambiente el pasado 28 de marzo. Según ese documento, la Administración ha ignorado datos esenciales sobre el “alto valor ambiental y arqueológico” de la parcela al no cartografiar los hábitats de interés comunitario [HICs], por lo que se pide la paralización de los “daños irrevocables” que se estarían produciendo.

“¿Si no estaba cartografiado el terreno y no se había recogido información de los HICs que contienen hasta diciembre de 2017, en base a qué datos se han realizado los informes medioambientales aceptados por las administraciones públicas que han hecho posible la modificación del PGOU en todos estos años y conceder la licencia de obras?”, se cuestiona la asociación en la denuncia ante la Fiscalía. El documento también llama la atención sobre las dificultades de evacuación que presenta el lugar, en zona declarada inundable por la Confederación Hidrográfica.

“Hemos trabajado meticulosamente”

De momento, la asociación no ha recibido respuesta. El Málaga y su Fundación creen contar con el respaldo de todas las administraciones, presentes el día que se puso la primera piedra. Según un portavoz, la obra cuenta con todos los permisos. El plan especial fue aprobado por la Consejería de Medio Ambiente el 22 de enero de 2015, mientras que el 14 de junio de 2017 se emitió la licencia de la primera fase de la ciudad deportiva, condicionada a que se deposite fianza de 157.166,67 euros, que es el valor económico que se da a los 178 árboles (de 236 censados) cuya tala está prevista.

El portavoz asegura que esa fianza se ha depositado, aunque no aporta el documento. “Desde que ha comenzado la polémica hemos reiterado que tenemos los permisos en regla. Me sorprende que digan que no tenemos la licencia. ¿Cómo no nos paralizan la obra? Hemos trabajado meticulosamente este asunto”, asegura. Según el portavoz, un arqueólogo supervisará los movimientos de tierra cuando comiencen. “Una obra tan mediática, si no cumpliera con los permisos no podríamos realizarla”. El portavoz asevera que, aunque conoce la existencia de las denuncias, ni la Fundación ni el club han recibido requerimiento alguno.

La parcela tiene 108.000 metros cuadrados, es suelo público y fue cedida por el ayuntamiento a la Fundación Málaga CF, privada y presidida por Abdullah Al Thani, propietario y presidente del club. La Fundación fue declarada de “utilidad pública municipal” el 7 de abril de 2017, un mes antes de formalizarse la concesión, gratuita y por 75 años. Para encajar a la Fundación entre aquellas que podían recibir una concesión de este tipo, la mayoría del Pleno (integrada por PP y Ciudadanos) modificó la norma.

Pese a que se trata de un proyecto largamente anunciado (y demorado), la oposición ha crecido en las últimas semanas, coincidiendo con el inicio de las obras. El grupo municipal Málaga para la Gente teme que bajo la fachada de un uso deportivo se esconda un disfrute privado, que iría acompañado del alquiler del espacio a equipos extranjeros. La concesión recoge el derecho de la Fundación a explotar la concesión y “recibir los rendimientos de la explotación económica de las actividades y usos complementarios recogidos en el pliego de condiciones”. También se establece la obligación de preservar “los valores ecológicos y ambientales” vinculados al lugar.

Un grupo de ecologistas resiste al intento por levantar la ciudad deportiva del Málaga CF en la última playa virgen del litoral malagueño. Han plantado sus tiendas junto a la valla que delimita la obra, y tres de ellos se han opuesto a la tala encaramándose a los árboles e instalando allí su tumbona. Si alguien quiere talarlos, antes tendrá que bajarlos a ellos. El miércoles pasado los bomberos desistieron de intentarlo. En el otro frente, el de los despachos, tres asociaciones vecinales siguen esperando una respuesta a las denuncias que han interpuesto contra la obra.

Han pasado ya dos semanas desde que se presentaron las primeras máquinas en el lugar. A partir de ese momento, se organizó un movimiento de resistencia en varios frentes: el legal, el mediático y el que los activistas denominan “piketero”, que incluye trepar a los árboles para impedir su tala. El lunes por la mañana había tres jóvenes subidos cada uno a un árbol, a los que ponen nombre para facilitar la identificación.

De los tres, es Jaravi quien más tiempo lleva: cinco días subido a “járbol”. Ha instalado una hamaca, y está sujeto con cuerdas y arnés. Aprovechando que el domingo había poca policía y que realizaron una jornada festiva y de limpieza, Jaravi bajó a tierra. “He conocido a mucha gente del campamento sólo desde el árbol y ayer pude tenerlos cerca y darles un abrazo por primera vez”, explica.

Una valla delimita el perímetro del terreno en el que la Fundación Málaga CF pretende levantar la futura Academia. Está previsto que ocupe una extensión de 108.000 metros cuadrados y que aloje varios terrenos de juego, vestuarios, edificios de oficinas y un aparcamiento para 300 coches. El proyecto ocupa una parcela pegada al mar, una de las pocas playas vírgenes sin urbanizar en la Costa del Sol, que aloja un ecosistema dunar vinculado a la desembocadura del Río Guadalhorce y dos villas romanas bajo la superficie. Los activistas han colgado de la valla carteles que aluden a las especies a las que amenaza la obra: erizo común, azucena de mar… Hay muchos lemas para la defensa del enclave: “Salvar Arraijanal”, “Arraijanal no se vende, Arraijanal se defiende”...

“Tenemos claro que si nos fuéramos de aquí en dos días se lo habrían cargado”, explica Fernando Lara. “Lo que queremos es ganar tiempo para que alguien, en la Junta de Andalucía o la Fiscalía, responda”, explica Cani, el sobrenombre que ha elegido otro de los jóvenes de los árboles. Cuando nos atiende está instalando una hamaca que le dé más seguridad. “Yo ya venía hace 25 años con mi padre. Jamás pensé que tendría que luchar por esto”, comenta el joven, que se ha traído los apuntes de Bioquímica para aprovechar la guardia, aunque lamenta que no es cómodo estudiar en las ramas. “No somos unos parias. A mí me gustaría estar estudiando en casa y ahora no puedo ni sacar la calculadora porque me caigo, pero siento que tengo que defender esto”.

Una parcela pública cedida gratuitamente

Durante los días festivos, las obras y las talas han cesado. La Policía Local frecuenta la zona, observa y a veces ordena retirar las tiendas de campaña, que vuelven a aparecer tan pronto se dan la vuelta. Pero el pasado miércoles, los agentes llamaron a los bomberos para pedir que bajasen a Jaravi. Los bomberos se presentaron en el lugar, hablaron con el chico, escucharon la arenga de una activista y se marcharon. “La policía me había preguntado hasta tres veces si quería que llamaran a los bomberos y me cargaran 3.000 euros. Vinieron y lo único que hicieron fue preguntarme cómo estaba”, recuerda el joven desde el árbol: “Como no bajé no pudieron identificarme. El árbol es donde más seguro estoy”.

Los ecologistas interpretaron el episodio como una victoria y la prueba de que cuentan con aliados en muchas capas de la sociedad malagueña. Han ganado eco mediático con el paso de los días y este domingo realizaron una actividad de limpieza y de concienciación sobre el valor ecológico de la zona, lo que obligó a intervenir al alcalde Francisco de la Torre, que hasta ahora había guardado silencio. Según declaró el regidor a Europa Press este lunes, la oposición a la obra no está justificada porque cuenta con los “estudios, análisis, permisos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía”. Según los activistas, los operarios nunca han mostrado esos permisos.

De la Torre insistió en que la ocupación para edificar sólo alcanzará el 20% de la superficie y que está previsto que también se ejecute un parque con fondos europeos. El terreno, que fue adquirido o expropiado a particulares, se entregó gratuitamente por el Ayuntamiento a la Fundación Málaga CF durante 75 años. Como la norma impedía que una fundación privada recibiese los terrenos, el Ayuntamiento cambió la norma. Los portavoces de PP y Ciudadanos admitieron entonces que esta modificación se hacía para poder traspasar los terrenos a la Fundación, presidida por el jeque.

En el PGOU de Málaga prevé la construcción de la ciudad deportiva en el Puerto de la Torre, pero algo cambió para que empezase a señalarse Arraijanal. La ambición de construir en este paraje no es nueva y siempre ha sido discutida por los ecologistas. Se proyectaron viviendas, hoteles y hasta un puerto deportivo, siempre con oposición. Ahora, los activistas sospechan que la operación puede encubrir una maniobra especulativa bajo la fachada del uso deportivo. Se trataría, aventuran, de levantar un complejo que pueda alojar a equipos extranjeros en invierno y cobrar por ello. La Fundación dispone de 4,5 millones de euros de la venta de unas parcelas, pero no se sabe cómo acometerá el pago de los 7 millones en los que se ha presupuestado la obra. Por eso, algunos intentaron convencer al presidente del Málaga para que reajustara el presupuesto, en vano.

A todo ello se suman las dudas respecto la continuidad de Abdullah Al Thani, en entredicho por un procedimiento judicial en el que se cuestiona la titularidad de la mitad de las acciones del club. Al jeque se le cuestiona ya incluso desde las instancias políticas que hasta ahora le habían apoyado. De la Torre y Elías Bendodo (presidente de la Diputación Provincial) le instaron a que “dé la cara” ahora que el equipo va directo a Segunda División. “Ahora mismo no hay nadie al frente de este barco. Hay un dueño pero no viene por aquí”, dijo Bendodo en Cope. Desde el árbol, Cani dice algo parecido: “Al jeque ni siquiera le gusta el fútbol. No ha invertido y ha venido a hacer caja”. Pocos se fían ya de sus promesas.

Las máquinas volvieron este miércoles a la parcela de Arraijanal, donde los operarios vallaron el perímetro con vistas a continuar la tala de árboles que empezaron e interrumpieron el pasado lunes. Los activistas, expulsados del interior, no pudieron ver cuántos árboles se talaron, y convocaron una protesta para última hora de la tarde. La tala es parte de los trabajos de preparación del terreno para levantar en ese lugar, la última playa virgen de la ciudad de Málaga (una de las últimas por urbanizar en toda la Costa del Sol), la futura ciudad deportiva del Málaga CF.

Ya el jueves por la mañana, las sierras volvieron al lugar. Los operarios talaron varios árboles, mientras algún activista logró encaramarse a un eucalipto. La Policía intervino para identificar, al menos, a quienes entraron en la parcela. La constructora Bilba continuó de esta forma los trabajos que algunos ecologistas habían interrumpido el pasado lunes, cuando se talaron los primeros árboles, de los 166 que había en la parcela. Ayer habría continuado la tala, pero con pocos árboles, según activistas que permanecieron todo el día en el lugar. Los ecologistas, agrupados en torno a tres asociaciones vecinales, alegan que existen denuncias ante el Seprona que deben resolverse antes de continuar con los trabajos, y que la empresa no les ha mostrado las licencias municipal y autonómica para mover tierras y llevar a cabo la tala.

Elisa Martínez es arquitecta, y una de las activistas que se ha movilizado para paralizar la obra. “Al haber puesto la denuncia las obras tienen que pararse. El Seprona debe estudiarla con un tiempo suficiente”, explica. Los activistas han puesto tres denuncias: una en octubre, otra ampliatoria el 12 de marzo, y una tercera el martes, ampliando la información ambiental y arqueológica.

Las asociaciones Ciriana, Arcusves y Torre Vigía justifican en esas denuncias el interés medioambiental de la parcela y alegan que la propia Consejería de Medio Ambiente considera el lugar como “zona especial de conservación”, donde existen hábitats catalogados “de interés comunitario prioritario para Andalucía”, como vegetación de salicornia, “dunas móviles embrionarias”, dunas con céspedes del malcomietalia, y dunas fijas. Esta denuncia pide que se “revoque la desprotección” de los terrenos destinados a la ciudad deportiva del Málaga“ y aún no se ha resuelto.

Una petición con más de 60.000 firmas

Arraijanal es una parcela junto a la playa de Guadalmar, muy cercana a la desembocadura del Río Guadalhorce, que es un hábitat protegido por albergar diversas especies de aves migratorias. Arraijanal es también la última playa sin urbanizar en la ciudad, y una de las últimas de la provincia. Además, el PGOU reconoce que bajo la superficie hay restos de una villa y una necrópolis romana y la zona está incluida en el catálogo de protección arqueológica de la ciudad. La Agenda 21, el documento estratégico para el desarrollo y crecimiento de Málaga, recoge en varias ocasiones la necesidad de proteger el lugar.

En esos terrenos está proyectada, desde hace siete años, la construcción de la ciudad deportiva del Málaga CF. Para hacer realidad este proyecto, el Ayuntamiento, que había adquirido los terrenos a los particulares, los cedió gratuitamente por 75 años a la Fundación del club, de tipo privado y presidida también por el jeque Abdullah Al Thani. Como la norma impedía que la fundación tuviese la consideración de fundación de interés público, el Ayuntamiento cambió la norma.

Desde que formalizó la cesión del suelo, el pasado mes de julio, se ha anunciado en varias ocasiones el comienzo inminente de las obras. No empezaron cuando se colocó simbólicamente la primera piedra, el 15 de febrero, en lo que se interpretó como un acto destinado a evitar que se caducasen las licencias. Sin embargo, las primeras máquinas llegaron la semana pasada. Algunos activistas se movilizaron para dificultar su trabajo, y el pasado lunes llegaron a encaramarse a los árboles para evitar su tala. La Policía Local paralizó los trabajos, hasta este miércoles.

Mientras, una petición en change.org “por un gran Parque Natural en la desembocadura del Guadalhorce” pide “convertir el minúsculo paraje natural en todo un gran parque, que conecte la desembocadura del Guadalhorce con la sierra de Churriana, atravesando el campamento Benítez y pasando por los últimos tramos de costa sin edificar, como son Arraijanal y la Cizaña”. La petición acumulaba este miércoles por la tarde más de 60.000 firmas y se entregará este viernes a la delegación territorial de Medio Ambiente.

Ecologistas y asociaciones vecinales pararon este lunes la tala de árboles en la parcela donde está previsto levantar la futura Academia del Málaga Club de Fútbol. Las máquinas se presentaron a primera hora y encontraron con un activista haciendo guardia. Talaron varios eucaliptos, pero tuvieron que parar por orden de la Policía Local. “Hay permiso pero no en formato”, dijo el jefe policial. Los terrenos para la futura ciudad deportiva están en Arraijanal, una de las últimas zonas costeras sin urbanizar en la provincia. Los ecologistas advierten de que han interpuesto una denuncia ante Seprona por una tala sin autorizar hace una semana, mientras que el jefe de obra insistía este lunes en que cuentan con todos los permisos necesarios.

A las 12 del mediodía las máquinas habían parado y Rafael Doblas, el activista que ha trepado a los árboles para dificultar la tala, repone fuerzas. Lleva en este lugar una semana y hoy le han despertado advirtiéndole: “Vamos a talar todo esto. Yo cumplo órdenes”. Él les ha comentado que hay una denuncia a la que Seprona debe dar curso, interpuesta la semana pasada, y ha avisado a una decena de activistas, que han ido llegando al lugar. Entre otras, cargos electos como Isabel Jiménez, concejala de Málaga Ahora y Carmen Molina, militante de Equo y diputada de Podemos en el Parlamento de Andalucía, además de activistas de Ecologistas en Acción y miembros de asociaciones vecinales.

Arraijanal es una franja de terreno pegada a la playa donde está previsto construir un gran parque y de la ciudad deportiva del Málaga CF. Para hacer realidad este proyecto, la ciudad cedió gratuitamente durante 75 años más de 108.000 metros cuadrados, adquiridos a pequeños propietarios, a la Fundación del Málaga, presidida, igual que el club, por el jeque Al-Thani. Para hacerlo, el Ayuntamiento tuvo que sortear otro escollo: como la fundación no podía ser de utilidad pública, se modificó la norma que especificaba qué es una fundación de utilidad públicase modificó la norma que especificaba qué es una fundación de utilidad pública. Los portavoces de PP y Ciudadanos admitieron entonces que esta modificación legislativa se hacía para poder traspasar los terrenos a la Fundación que preside el jeque.

Superado ese obstáculo, y obtenida la autorización de la Junta de Andalucía, el ayuntamiento concedió al club la licencia de obras en junio de 2017. El proyecto contempla en una primera fase la instalación de cuatro terrenos de juego, aparcamientos para 300 coches, un edificio principal, grada, vestuarios y una nave.

Uno de los últimos tramos de la Costa del Sol sin urbanizar

Uno de los últimos tramos de la Costa del Sol sin urbanizarLa importancia medioambiental del lugar está en la singularidad de que es el último tramo de costa sin urbanizar en Málaga ciudad, y uno de los últimos en todo el litoral malagueño, a pocos metros de la desembocadura del río Guadalhorce, un entorno con un hábitat protegido de especies migratorias. A esto se suma el hecho de que se ha cedido, gratis, a unas personas privadas, por más que gestionen el club de fútbol más representativo de la ciudad. 

La Agenda 21, el documento estratégico de la ciudad, recoge en varias ocasiones la necesidad de proteger Arraijanal. Además, el PGOU recoge que es un “Sistema General de Interés Territorial” sometido a especial protección, y documenta que debajo hay una villa y una necrópolis romana. Por eso, los ecologistas proponen que se recupere la idea original de construir la Academia del Málaga en los terrenos que el PGOU reserva para ello, en Puerto de la Torre. “Lo que pasa es que al jeque esto no le gusta”, lamenta Elisa Martínez, una arquitecta que hace años planteó una intervención respetuosa con el entorno de Arraijanal.

Martínez cree que debería cancelarse al menos la construcción de 3.000 metros cuadrados de oficinas, que necesitan cimentación. Sin embargo, Raúl Santos, jefe de obra de Bilba (la empresa encargada de las obras por ahora en marcha) explicó a este medio que contaban con todos los permisos exigibles, y que lo que pide la norma es que haya un arqueólogo cuando se actúe sobre una zona arqueológica, lo que, según él, no era el caso este lunes.  Carmen Molina, bióloga de formación, cree que la urbanización del lugar supondrá una barrera al aporte de sedimentos y quedará expuesta a los temporales: “El aparcamiento y las oficinas es la punta de lanza para encementarlo todo. Estamos otra vez en lo mismo que en la burbuja”.

Un proyecto anunciado en 2011

Un proyecto anunciado en 2011Fue el propio Al Thani quien, al llegar al club en 2011, anunció que levantaría una academia para el fútbol base malagueño. En 2011, cuando el jeque parecía tener dinero para todo, el club pagó por que Unesco luciera en su camiseta, y la directora general del organismo, Irina Bokova, se presentó en Arraijanal para plantar un olivo.

Desde entonces, este ha sido otro de los proyectos frustrados del jeque, que acumula al fiasco de la ampliación del puerto de la Bajadilla (Marbella) una situación deportiva e institucional muy delicada. El Málaga es el último clasificado, está prácticamente condenado a Segunda División y el público exige cada vez con más fuerza que el propietario y sus hijos (consejeros con sueldo millonario en el club) se marchen. El problema es que ni siquiera pueden, porque un juzgado bloquea la venta de acciones del club en tanto que se aclare su propiedad. Una empresa reclama casi la mitad de las acciones, supuestamente vendidas por un apoderado del jeque.

Ahora, un proyecto de Al Thani parece avanzar, por primera vez en muchos años. El 15 de febrero se colocó simbólicamente la primera piedra y este lunes fueron las máquinas a talar, aunque se encontraron con la resistencia de los ecologistas. Una vez parada la tala, la constructora empezó a vallar el lugar.