Aunque pueda parecerlo, este “no es un libro anticlerical”. El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia (Akal, 2026) acaba de llegar a las librerías como una profunda investigación sobre la inscripción de miles bienes sin garantías de propiedad a nombre de la institución católica entre 1946 y 2015. Un estudio que no pretende “quitarle nada” a la Iglesia, sino “defender la legalidad democrática y el patrimonio público” frente a lo que definen sin rodeos como un “expolio” que ha originado “una descapitalización sin precedentes” en plena etapa democrática. Los autores, Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, tratan de delimitar la verdadera dimensión del fenómeno, comparándolo con capítulos tan relevantes para el patrimonio español como la desamortización de Mendizábal. Como si se tratase de un reverso histórico, aquella operación llevada a cabo a principios del siglo XIX supuso la expropiación y subasta de multitud de bienes en manos de la Iglesia católica —monasterios, conventos, tierras— para financiar las arcas del Estado. Sin embargo, la maniobra se revelaría infructuosa, poco eficiente, y acabaría causando daños irreparables al propio patrimonio.

En un momento actual en el que numerosos colectivos y propietarios de todo el país exigen al Gobierno que actúe con urgencia contra lo que consideran un escándalo mayúsculo, este nuevo trabajo se presenta como un manual de “pasado, presente y futuro”. Explica Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, que la investigación viaja hasta el origen del problema: la “simbiosis” entre Iglesia y Estado desde el Antiguo Régimen. A partir de ahí, examina “un expolio que no se comete en el siglo XV, sino a finales del XX”, en periodo democrático y, finalmente, se presenta como “un manual de futuro” para “cuando el Gobierno se atreva a acometer la tarea titánica de separar Iglesia y Estado de forma definitiva”. Actualmente, se lamentan los autores, “son como hermanas siamesas que comparten el bolsillo”. Cabe recordar algunos datos que aclaran la magnitud del problema: la práctica de las inmatriculaciones ha convertido a la Iglesia en el principal propietario inmobiliario del país, con un 80% del patrimonio histórico en sus manos, y más de cien mil bienes inscritos sin pruebas, según los cálculos de la plataforma estatal Recuperando.

“Lo más grave no es que los obispos actuasen como fedatarios públicos, sino que únicamente lo hicieran para autocertificarse el dominio de aquello que no podían probar que les pertenecía”

Fruto del respaldo que otorga esa extensísima nómina de bienes registrados —que todavía no se conoce, ni mucho menos, al detalle— la Iglesia “se sienta a negociar con el Estado de tú a tú”, porque “esto no se ha hecho por dinero, sino por el afán de poder”. Antonio Manuel Rodríguez revela algunas de las conclusiones de las que se nutren las páginas del libro, al tiempo que examina con severidad las diferentes responsabilidades. Desde el papel del Estado —que derogó en 2015 una ley hipotecaria anticonstitucional, “pero no declaró nulas las inmatriculaciones”— a la connivencia de los registradores o incluso la pasividad social. Pero, sobre todo, apunta al uso indebido que los obispos han venido haciendo de los privilegios otorgados en 1946. “Lo más grave no es que los obispos actuasen como fedatarios públicos, sino que únicamente lo hicieran para autocertificarse el dominio de aquello que no podían probar que les pertenecía”. Una potestad, inciden los autores, de la que ni siquiera los notarios gozaban.

La Mezquita de Córdoba, el paradigma

El trabajo “El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia” habla de 16 casos especialmente relevantes en el panorama español, pero sitúa uno en particular por encima del resto: la Mezquita de Córdoba. Precisamente, el germen del libro está en la implicación personal de Antonio Manuel Rodríguez y de Aristóteles Moreno en el rechazo social que produjo el registro por la Iglesia católica del templo islámico, origen de la plataforma que se creó en Córdoba para defender la titularidad pública del templo islámico. “Te duelen los ojos al comprobar que estamos ante un bien que incuestionablemente no ha construido la Iglesia; cuando la jerarquía católica llega a la Mezquita, ya estaba construida”, exponen los investigadores. En su opinión, en el monumento emblema de Córdoba se encuentra la clave que permite desmontar cualquier argumento a favor de la inmatriculación. “¿La Mezquita se puede vender? ¿Se puede hipotecar? La respuesta es que no, y los únicos bienes que están en esta situación son los de dominio público, porque son de todos”, argumenta Antonio Manuel Rodríguez, quien se pregunta por qué no existe una norma y un listado oficial que aclaren qué edificios se encuentran en esta situación en nuestro país, como sí existe en Francia, Reino Unido, Alemania o Portugal.

En el caso de la Mezquita, además, el volumen recopila datos históricos y aporta nueva documentación que permite explorar con mayor claridad el origen del templo. “Fue construida en el año 785 por el Estado Omeya para ofrecer un servicio público a los ciudadanos, en el sentido en que el culto islámico era oficial y para ello fueron utilizados recursos de todos los contribuyentes”, explica Aristóteles Moreno. De ahí, damos un salto hasta el siglo XX, cuando la Iglesia “era una especie de brazo administrativo del Estado que incluso cobraba impuestos”. Sin embargo, el catolicismo dejó de ser la religión oficial del Estado con la llegada de la democracia. “A partir de la Constitución, en 1978, la Iglesia se quedó con todo ese patrimonio histórico que se había construido, no con su dinero, sino con fondos de toda la comunidad”, precisa el periodista. “Es como si los médicos se quedaran con el hospital o los maestros con el colegio”, compara Moreno, que se ha encargado de profundizar en el dilatado recorrido temporal del edificio.

En este sentido, el coautor del libro ha buceado en diferentes archivos para construir una sólida argumentación que aleje cualquier sombra de duda. Moreno se remite, por ejemplo, a la declaración de monumento nacional, que data de 1882. “El Estado nombra a un arquitecto conservador, Ricardo Velázquez, un funcionario público que asume el control y el dominio del edificio; en este asunto, la Iglesia no participa en nada”, precisa. Es más, lo primero que hace Blázquez es “desmantelar multitud de pegotes barrocos que los obispos habían ido metiendo en la Mezquita”, añade. Pero hay más. En 1910, tuvo lugar un suceso que desafortunadamente recuerda a lo ocurrido el pasado verano: un grave incendio, en este caso, originado por una tormenta, ante la falta de un pararrayos. “Con motivo de aquel suceso, dos periodistas entrevistaron al obispo, quien negó que el pararrayos fuera su responsabilidad porque, según él, la Mezquita era incumbencia del Estado”, recoge Aristóteles Moreno. Un último dato: en 1972, el director de Vivienda en el Gobierno franquista, Rafael de la Hoz, propuso un proyecto para “extraer la catedral de la mezquita”, es decir, quitar cualquier elemento no original. “El Ayuntamiento de Córdoba se declara dispuesto a colaborar para llevar a cabo el proyecto, asumiendo que ha sido una institución fundamental en la defensa y la tutela de la Mezquita a lo largo de la historia”, recoge el periodista. 

Del Prerrománico asturiano a los payeses catalanes

Quizá el otro conjunto patrimonial que más polémica ha generado junto a la Mezquita de Córdoba en el aspecto de las inmatriculaciones sea el Prerrománico asturiano, una quincena de edificios promovidos por monarcas asturianos entre los siglos VIII y X, con Santa María del Naranco a la cabeza. En este caso, la Iglesia acometió la inmatriculación de los templos religiosos, inscribiendo las fincas en las que se encontraban. Lo paradójico fue que, pese a cobrar entrada por acceder a Santa María del Naranco, el palacio impulsado por Ramiro I no llegó a ser registrado. “Actualmente, se mantiene en un limbo jurídico porque inmatricular la sede monárquica en la que se proclamaban los reyes habría sido ya demasiado burdo”, analiza Antonio Manuel Rodríguez. Ante ese vacío en la titularidad, el profesor de Derecho Civil cuestiona el papel del Gobierno asturiano: “¿A qué está esperando el Principado para declarar Santa María del Naranco bien de dominio público e inscribirlo en el registro con esa naturaleza?”.

Los autores del trabajo van elevando la crítica al examinar casos “realmente esperpénticos”, como el de los payeses catalanes, que han tenido que enfrentarse a una situación en la que la Iglesia pretendía arrebatarles construcciones como ermitas que los agricultores habían levantado y mantenido en sus territorios particulares. “Cuando un día van a arreglar la ermita o a celebrar cualquier acto, los payeses se encuentran con que se las han quitado”, exponen los investigadores. Es decir, “ya no se trata de quedarte con la finca donde está la ermita”, apunta Antonio Manuel Rodríguez refiriéndose a casos como el de las propiedades comunales en Navarra, sino que la Iglesia “se está quedando con ermitas dentro de fincas que no les pertenecen”.

El escándalo de las inmatriculaciones —del que todavía no se conoce su verdadera dimensión, denuncian particulares y colectivos que luchan para revertir la situación— ha venido abonado por su complejidad, pero también por la “falta de conciencia social”, que los investigadores echan de menos. Y porque, a veces, la explicación del problema acaba envenenándose entre juegos de palabras. Como, por ejemplo, al preguntarse de quiénes son los templos religiosos en España o, por precisar un poco más, si las iglesias (en minúscula) pueden ser de la Iglesia. “Claro que pueden serlo”, responde Antonio Manuel Rodríguez, quien se explica: “Pueden pertenecerle cuando se han construido en su terreno, han sido ellos quienes las han construido o cuando se le han donado, las han heredado o las han comprado; es decir, cuando son bienes privados”. Pero nunca cuando son de dominio público.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, valora presentar una primera demanda contra el Arzobispado para recuperar 21 bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia entre 1900 y 2021. Se trata de casos en los que se ha podido acreditar su titularidad pública tras haber recabado pruebas en los archivos municipales. La idea inicial del Ejecutivo era buscar un acuerdo con la Iglesia para que los devolviera sin necesidad de acudir a los tribunales, pero hace unos meses el arzobispo de Pamplona, Lorenzo Roselló, declaró que solo los devolvería si un juez así lo dictaminaba.

Estos son solo una pequeña parte del total de 2.952 bienes con los que la Iglesia engrosó su patrimonio en la comunidad foral, según un informe elaborado por el Ejecutivo navarro en 2021, el más detallado realizado hasta la fecha en España, y serán los primeros que la Administración navarra tratará de recuperar. “No vamos a esperar a tener toda la información disponible para plantear una demanda, sino que tenemos que valorar a partir de ahora aquellos elementos que nos permitan plantear una demanda en el corto plazo, independientemente de que sigamos avanzando a través del convenio y de los convenios que podamos reeditar en el futuro”, ha explicado el consejero de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi.

De los casi 3.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, apenas un 33% son edificios religiosos. El grueso de las propiedades son terrenos comunales –fincas y tierras de cultivo– que originariamente pertenecían al común de los vecinos de una localidad, quienes se encargaban de explotarlos y repartirse las ganancias. El Gobierno navarro inició en 2021 el proceso para tratar de recuperarlos pero fue paralizado por un dictamen de la Intervención Delegada del Departamento de Hacienda. En él, este organismo declaró incompetente al Gobierno de Navarra para investigar esta cuestión, argumentando que “la competencia administrativa de defensa y recuperación de los bienes comunales no corresponde al Gobierno de Navarra, sino a las entidades locales”.

Tras ello, El Ejecutivo foral alcanzó un acuerdo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), que ha sido renovado este miércoles hasta el 2026, para tener así la potestad para investigar la forma en la que la Iglesia se había apropiado de cada bien y si lo había hecho de forma regular o no. De momento se han adherido ya 139 entidades locales.

Por el momento la investigación ha analizado 174 bienes de 26 entidades locales, un 18% del total de bienes de las entidades adheridas al convenio. De ellos se ha podido identificar 79 fincas concretas -ermitas, casas parroquiales, bordas, huertos o terrenos, entre otra naturaleza- que el Gobierno navarro entiende que podrían ser susceptibles de justificar y reclamar su titularidad comunal o pública. 21 son casos en los que “se han recabado pruebas para acreditar su titularidad pública, mientras que en los 58 restantes se han encontrado indicios históricos”.

“Desde hace años, muchos ayuntamientos y concejos nos venís trasladando dudas sobre la titularidad de ermitas, casas parroquiales, bordas, huertos y terrenos que siempre habíais entendido como públicos y que, sin embargo, constan inscritos a nombre de la Iglesia. Esa inquietud, muy ligada a la defensa del comunal y a la identidad de nuestros pueblos, es la que nos ha llevado a impulsar una investigación técnica, rigurosa y bien fundamentada”, ha destacado el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Xabier Alcuaz. “Se trata de la primera acción política efectiva que emprende el Gobierno de Navarra en vía administrativa para intentar recuperar bienes que históricamente las entidades locales han ido perdiendo de una manera subterfugia, sobre todo a partir de la puerta que abrió la reforma legal del Gobierno Aznar en 1998, y es una iniciativa que está íntimamente ligada con el desarrollo rural, la defensa del comunal o la memoria colectiva de nuestros pueblos”, ha finalizado Aierdi.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra quiere plantear al Arzobispado de Pamplona una negociación “prejudicial” para la devolución de aquellos bienes comunales inmatriculados por la Iglesia. Según los cálculos del Ejecutivo navarro son unos 272, que representan solo una pequeña parte del total de 2.952 bienes con los que la Iglesia engrosó su patrimonio en la comunidad foral, según un informe elaborado por el Ejecutivo navarro en 2021.

El Gobierno navarro está realizando, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), una investigación en los archivos municipales para reunir documentación que acredite que esos bienes eran en efecto propiedad de los vecinos y que la Iglesia se los inmatriculó. Para ello se ha contratado a una persona que está llevando a cabo este trabajo.

Es importante realizar una exhaustiva y rigurosa labor previa de acopio documental y acreditación para poder armar jurídicamente con solvencia la futura reclamación de bienes comunales inmatriculados y garantizar, por tanto, la viabilidad de esa futura demanda judicial“, ha señalado el consejero José María Aierdi en el Parlamento navarro en respuesta a una pregunta formulada por el parlamentario de Contigo/Zurekin Carlos Guzmán.

Una vez obtenida toda la documentación, el Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente buscará una negociación “prejudicial” con el Arzobispado para no tener que recurrir a la vía judicial. Confían en la disposición de la Iglesia a explorar esta vía tras unas declaraciones del arzobispo de Pamplona, Lorenzo Roselló, en las que mostró su voluntad de devolver estos bienes.

De no ser así, el consejero José María Aierdi ha avanzado que el Gobierno navarro se ofrecerá a los ayuntamientos a personarse en una causa judicial. Se da la circunstancia de que muchos de los municipios afectados son pequeños y con poca población y no cuentan con los recursos suficientes para pleitear contra la Iglesia. “Esta es una cuestión de competencia municipal, nosotros completaremos los informes y dejaremos la documentación en manos de los municipios para que desarrollen la demanda. En caso de que no tuvieran medios para actuar y nos delegasen, actuaríamos en su lugar”, ha explicado.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra ha activado el procedimiento para tratar de recuperar 272 terrenos que tras una investigación han podido ser identificados como comunales y que fueron inmatriculados por la Iglesia entre 1900 y 2021. Estos son solo una pequeña parte del total de 2.952 bienes con los que la Iglesia engrosó su patrimonio en la comunidad foral, según un informe elaborado por el Ejecutivo navarro en 2021, el más detallado realizado hasta la fecha en España.

De esos casi 3.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, apenas un 33% son edificios religiosos. El grueso de las propiedades son terrenos comunales –fincas y tierras de cultivo– que originariamente pertenecían al común de los vecinos de una localidad, quienes se encargaban de explotarlos y repartirse las ganancias. La Iglesia se los apropió y ahora el Gobierno navarro trabaja para que las entidades locales puedan recuperarlos.

En realidad, el Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente ya inició este proceso hace unos años, pero fue paralizado por un dictamen de la Intervención Delegada del Departamento de Hacienda. En él, este organismo declaró incompetente al Gobierno de Navarra para investigar esta cuestión, argumentando que “la competencia administrativa de defensa y recuperación de los bienes comunales no corresponde al Gobierno de Navarra, sino a las entidades locales”. Tras ello, El Gobierno foral alcanzó un acuerdo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para tener así la potestad para investigar la forma en la que la Iglesia se había apropiado de cada bien y si lo había hecho de forma regular o no. De momento 118 entidades locales navarras se han adherido a este convenio.

Fruto de esa investigación, que se ha llevado a cabo en colaboración con la sociedad pública Tracasa, la que tiene información sobre los catastros, se ha logrado localizar unos 600 bienes en suelo rústico que fueron inmatriculados. De ellos, casi la mitad, 272, se han identificado como bienes comunales. Según explican fuentes del Departamento a este periódico el trabajo se centra ahora en lograr toda la información posible que exista en los archivos municipales que sirva para probar que efectivamente esos bienes fueron inmatriculados por la Iglesia para reclamarle su devolución.

Así, se espera que para después de verano, “en otoño”, apuntan estas mismas fuentes, se pueda tener pruebas documentales suficientes sobre un pequeño número de bienes para tratar de que el Arzobispado los devuelva sin necesidad de recurrir a la Justicia. De no ser así, se intentará la vía judicial.

“Hemos coincidido con el Gobierno de Navarra en que los comunales podrían ser los bienes más adecuados para intentar una reversión. Los comunales son por definición unos bienes que no se pueden vender o transferir, por ello es claro que no podían ser inmatriculados”, explica Andrés Valentín, vicepresidente de la Plataforma de defensa del patrimonio navarro. De lograr que la Iglesia devolviese los comunales, tratarían de recuperar el resto de bienes. “Es una maratón”, añade.

Valentín apuesta por la vía extrajudicial para tratar de recuperar los bienes, dada la complejidad y el coste que supone tener que acudir a los tribunales. Hace unas semanas el arzobispo de Pamplona, Lorenzó Roselló, se mostró dispuesto a devolver los bienes inmatriculados por la Iglesia si se acreditaba que no les pertenecían.

Los vecinos de Monterde, en Zaragoza, mantienen una disputa con el alcalde de la localidad debido a las casi 200 inmatriculaciones “ilegales” que este ha realizado en parcelas de habitantes del municipio. Ahora, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha confirmado que en 2021 se opuso a la inscripción de las parcelas que no pertenecían a los Montes de Utilidad Pública del municipio y que el Consistorio no le remitió la documentación relativa a las inmatriculaciones que pretendía realizar que se le requirió.

Las inmatriculaciones aparecieron publicadas en el Boletín Oficial del Estado, tal y como descubrieron los afectados en 2023 tras el fallecimiento de una vecina. Unos años antes, en 2020, se solicitó al Departamento de Medioambiente que emitiera informe acerca de la solicitud del Ayuntamiento de Monterde de inmatricular a su favor 185 parcelas catastrales rústicas, y cuatro parcelas catastrales urbanas. 

En respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, el Gobierno de Aragón ha comunicado que solicitó al Ayuntamiento de Monterde la documentación sobre las inmatriculaciones que se reclamaban, ya que solo se permitiría las que formaban parte de los dos montes de utilidad pública (MUP). “En el informe se indicaba de manera precisa qué superficie de cada parcela catastral podía inmatricularse como parte de los MUP, y cuál no. Para aquellas parcelas que invadían terrenos de otros montes de utilidad pública y vías pecuarias se manifestaba la expresa oposición del Servicio Provincial a su inmatriculación”.

El Departamento de Medioambiente asegura que no ha tenido constancia de que se haya producido ningún cambio en la naturaleza jurídica de los terrenos: “La única manera de que los terrenos de un MUP pasen a ser considerados como bienes patrimoniales es que sean excluidos del Catálogo de Montes de Utilidad Pública mediante cualquiera de los mecanismos que prevé la legislación de montes, lo que no se ha producido en este caso”. Según explica Miguel Ramo, uno de los afectados por estas inmatriculaciones, “para el alcalde hasta el Casco urbano es monte. Ha inmatriculado cosas alegando que es monte y no es monte”.

Expone también que el Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza “no ha sido informado” de las inmatriculaciones practicadas, por lo que no ha tenido “conocimiento oficial acreditado de la situación jurídica”, afirman en respuesta a la pregunta de Sanz sobre las acciones realizadas por el Gobierno de Aragón “en defensa del estatus de catalogación de numerosas fincas en los Montes de utilidad Pública afectados por este proceso”. El Ejecutivo reitera que, “sea cual fuera la inscripción realizada, ello no supone ningún cambio en la naturaleza de los terrenos pertenecientes a los montes catalogados”.

Juicios y protestas vecinales

Por el momento, se han interpuesto en torno a 15 denuncias individuales. El número es bajo en comparación con las inmatriculaciones que denuncian, 189, debido al elevado coste del procedimiento. El pasado mes de febrero tuvo lugar la primera victoria judicial de los vecinos, el juicio no llegó a celebrarse porque el Ayuntamiento reconoció que registró de manera irregular unas fincas privadas como municipales.

Los habitantes de esta localidad zaragozana han exigido en diferentes ocasiones la dimisión inmediata del alcalde y la expulsión del partido, así como la intervención de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón para auditar las cuentas y la gestión del Consistorio. Reclaman “que no nos quiten lo que era de nuestros antepasados y ahora es nuestro”. 

El 2 de abril acudieron a la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos para informar sobre “la inmatriculación irregular de propiedades privadas” por parte de la corporación, denunciando que la actitud antidemocrática del regidor, el popular José Gracia, “está amargando a las personas mayores de nuestro pueblo”.

La Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos ha recibido este miércoles a las representantes de la Asociación de perjudicados por el alcalde del municipio zaragozano de Monterde para informar sobre “la inmatriculación irregular de propiedades privadas” por parte de la corporación, denunciando que la actitud antidemocrática del regidor, el popular José Gracia, “está amargando a las personas mayores de nuestro pueblo”.

“Nos hemos constituido para defender a los vecinos de Monterde ante el atropello que están sufriendo, especialmente las personas mayores, quienes enfrentan un gran sufrimiento debido a esta situación”, ha sentenciado el portavoz de la entidad, Arturo Pardos, al inicio de su comparecencia.

En el 2023, ha explicado que, tras el fallecimiento de una vecina, Marcelina Ramón, “su familia descubrió que su casa había sido inmatriculada a nombre del Ayuntamiento sin su conocimiento, y al investigar, se reveló que no solo ella, sino también otras familias, estaban en la misma situación”, haciendo hincapié en que “ni los afectados ni los concejales del propio partido del alcalde estaban informados”.

Por consiguiente, ha relatado que “descubrimos que se solicitó la inscripción de propiedades privadas como si fueran parcelas de monte público en Monterde, viviendas que eran habitadas por familias y con documentos que acreditan su propiedad, fueron registradas sin su consentimiento”.

Respecto a la responsabilidad de los concejales, el portavoz ha explicado que “desconocían esta maniobra” y que, a pesar de ello, “se modificaron las referencias catastrales para hacerlas municipales”. En este sentido, ha denunciado que el alcalde “continúa bloqueando cualquier intento de los vecinos de regularizar” la situación en el Registro de la Propiedad.

Pardos ha continuado pidiendo a los miembros parlamentarios que “las instituciones deben fiscalizar este abuso de poder, y no solo el del Ayuntamiento, sino también las personas físicas que han colaborado en este atropello”. “Deberían asumir la responsabilidad económica y penal del sufrimiento causado, especialmente a las personas mayores, muchas de ellas de 80 años”, ha insistido en el último turno de palabra.

Intervenciones de los grupos parlamentarios

La parlamentaria María Navarro (PP) ha señalado que “los pleitos que demuestran la titularidad de una finca son muy complicados”. Además, ha recalcado que “en este proceso ha habido muchas partes como es el secretario general, un catastro y un registrador de la propiedad”. No obstante, ha indicado que “están en su derecho de pedir lo que creen que les corresponden”.

En representación de la bancada socialista, Sergio Ortiz ha explicado que, en la última sesión plenaria celebra en Monterde, “el alcalde no aclaró el coste que está pagando el ayuntamiento ante una veintena de demandas de los ciudadanos”, añadiendo que “parece ser que un concejal del equipo de gobierno se sumó a la iniciativa ante la falta de transparencia trasladada por los vecinos”.

Isabel Lasobras, de CHA, ha mostrado su apoyo ante “la grave situación” que están viviendo debido a “la inseguridad y ruina de quedarse sin sus propiedades, tal y como intenta el alcalde con la inmatriculación de casas, bodegas y tierras que son de los vecinos”. Por otro lado, ha criticado que el Cabildo “lo que está intentando es bloquear para provocar litigios, sin intención de avisar a ningún vecino”.

Desde Aragón Teruel Existe, Pilar Buj ha trasladado que “decir intolerable es poco”. La diputada ha señalado que “los afectados han perdido su propiedad en los tribunales, con un doble daño, el moral y el económico”, afirmando que “esta situación no era innecesaria, sobre todo cuando el alcalde debe tener la deferencia de avisar a sus ciudadanos de la situación”. Buj ha finalizado categorizando esta anomalía como “nula transparencia y que debe ser revertida”.

En última instancia, Alberto Izquierdo (PAR) ha afirmado que los concejales y los secretarios del Ayuntamiento “lo sabían y no me creo que ni del gobierno de la localidad y ni la oposición no tuvieran conocimiento de esta situación”.

A este respecto, ha añadido que “cualquiera que vea esta situación pensará que el alcalde pueda hacer cualquier cosa sin justificación, porque para pagar todo esto que indican necesitan pasar por el Pleno, y estamos seguros de que todos son cómplices porque el alcalde está ahí porque los concejales quieren”.

Una sencilla búsqueda en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia facilitado por el Gobierno permite comprobar que una gran parte de las propiedades inscritas entre 1998 y 2015 tienen una naturaleza distinta a los fines propios de la institución católica. Las plataformas que reclaman la total transparencia de esas operaciones –y su anulación, en casos ilegales– señalan que aproximadamente la mitad podrían ser bienes comunales, una denominación jurídica que abarca una enorme diversidad de espacios: huertos, cementerios, montes o terrenos de pastos, pero también otras áreas de evidente naturaleza pública, como plazas, parques infantiles o frontones. Si su estimación es que los bienes inmatriculados por la iglesia superan ampliamente en España los 100.000, y se calcula que entre el 30 y el 50% de ellos son rústicos, la sospecha de que su uso y disfrute corresponda a los vecinos alcanzaría a 50.000 de esas propiedades registradas.

El cálculo, no obstante, puede variar de manera sensible en cada autonomía. Es el caso de Navarra, donde la transparencia con la que está abordando este asunto su Gobierno ha permitido identificar ya 3.000 bienes inmatriculados por la Iglesia. “Aquí en Navarra, la mayoría de los bienes son comunales, abarcan casi el 80%”, sostiene Cristina Contreras, presidenta de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, quien afirma que la comunidad foral se comprometió a realizar un estudio de estas propiedades para detectar, entre otros detalles, cuántas de ellas son de naturaleza comunal. “Un bien comunal no es un bien público: solo puede ser aprovechado por los vecinos de ese pueblo”, precisa Contreras, y recurre a ejemplos como huertas, helechales (terrenos con abundancia de helechos, muy comunes en Navarra, que pueden utilizarse para pastos) o zonas donde la madera, la leña o los pastos pueden ser aprovechados exclusivamente por las personas censadas en el municipio.

La posibilidad de acceder en Navarra a las notas simples de las propiedades registradas por la Iglesia —una información de la que los colectivos exigen disponer en todo el país— permitió que afloraran las sospechas sobre un tipo de bienes que, por su condición de propiedad colectiva, son difíciles de justificar dentro del ámbito de la institución católica. “A través de las notas simples, hay muchas cosas que no cuadran; aparece una iglesia o una casa parroquial junto a multitud de huertas, o también pueblos donde la Iglesia ha inmatriculado 20 o 30 parcelas de monte”, señala Cristina Contreras.

La plataforma navarra limita los bienes que podrían pertenecer a la Iglesia (templos, casas parroquiales) únicamente al 20% de las inmatriculaciones. El resto "son jardines, huertas, frontones o cementerios, pero, sobre todo, tierras

El cálculo de la plataforma navarra limita los bienes que podrían ser susceptibles de pertenecer a la Iglesia (templos, casas parroquiales) únicamente al 20% de las inmatriculaciones, dado que el resto “son jardines, huertas, frontones o cementerios, pero, sobre todo, tierras”, añade. A diferencia del resto del país, comprobar esta realidad en Navarra es factible y, de hecho, hay un proceso público en marcha. Una investigación que ayudará a dar sentido a por qué la Iglesia cuenta con numerosas propiedades rústicas: 34 parcelas en el pueblo de Eslava, 23 en Gallipienzo o 22 en Gallués son solo algunos ejemplos de una larga lista.

“Se han vendido muchos”

Los obispos aprovecharon la categoría de notarios que les otorgaba el régimen franquista para extender las inmatriculaciones mucho más allá de los bienes de su dominio. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de la práctica que ahora se exige revertir? “El primer perjuicio es la vulneración da la privacidad”, apunta la presidenta de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que expone el otro efecto importante: “La Iglesia ha vendido muchos de estos bienes porque, si tienes un título de propiedad, puedes hacer lo que quieras”. Una realidad que lleva aparejada una consecuencia más, tan evidente como llamativa. “Vecinos, concejos y ayuntamientos se han visto obligados a recomprar terrenos que eran suyos; si ha habido una reclamación judicial, la han perdido, dado que una escritura del registro prima sobre el derecho de los vecinos, que no suelen disponer de esa documentación”, desvela Contreras.

La carencia de papeles se explica porque, en la práctica, concejos y ayuntamientos no inscribían estos terrenos. “Muchos municipios no han cumplido con su obligación de salvaguarda de esos bienes: no los registraban y ni siquiera hacían inventarios”, denuncia José María Rosell, presidente de la plataforma Recuperando, que agrupa a colectivos de todo el país contra las inmatriculaciones de la Iglesia. Una situación que ahora se quiere corregir mediante un cambio legislativo que obliga a las instituciones municipales al registro para garantizar la información sobre esos bienes comunales e impedir maniobras como las efectuadas por la Iglesia, que “ha aprovechado su condición de fedatario público para hacer negocio”, esgrime Cristina Contreras, por su parte.

Muchos municipios no han cumplido con su obligación de salvaguarda de esos bienes: no los registraban y ni siquiera hacían inventarios

José María Rosell — presidente de la plataforma Recuperando

Precisamente, el conocimiento de nuevos datos en los últimos años ha dado pie a las primeras reclamaciones. Uno de los casos que se han popularizado es el del pueblo navarro de Galar, cuyo concejo ha decidido denunciar la apropiación de una plaza pública por parte de la Iglesia. En octubre de 1980, la diócesis de Pamplona inscribió un espacio de uso público junto al templo y la casa parroquial, bajo la denominación de “huerto parroquial adosado”. “Huerto parroquial no ha sido nunca; siempre fue una zona para juegos, luego un frontón y actualmente, un parque infantil”, desmiente Luis Biurrun, vecino y concejal de Galar implicado en la reclamación legal. Tras localizar la documentación del registro de los bienes comunales realizada en los años treinta del pasado siglo, el concejo exige la anulación de la escritura que la diócesis de Pamplona presentaría cuatro décadas más tarde. “Queremos que la plaza vuelva a ser del pueblo”, proclama Biurrun, quien también pone en cuestión que el resto de bienes pertenezcan realmente a la institución religiosa, basándose en la colaboración vecinal llevada a cabo para su mantenimiento: “Hace 13 años, el ayuntamiento se hizo cargo de una inversión superior a los 100.000 euros para la reparación de la iglesia”, pone como ejemplo. 

¿Qué pasa con las plazas públicas?

Así, en la plataforma estatal Recuperando estiman que la mitad de los 100.000 bienes inmatriculados por la iglesia desde 1945 hasta 2015 son de carácter rústico, lo que los hace susceptibles de ser comunales. Siendo esto así, ¿por qué no se han disparado las reclamaciones? Precisamente, la respuesta puede estar en su naturaleza colectiva. Si fueran particulares, la detección del problema habría sido más rápida y la reacción, instantánea. “El problema es que se trata de bienes rústicos sin identificar, no sabemos lo que son”, explica José María Rosell, responsable de la plataforma. “Probablemente sean comunales, pero no se puede afirmar con rotundidad porque no existe el dato fehaciente”, añade. En todo caso, la lectura de los colectivos que luchan por revertir las inmatriculaciones no cambia: “La Iglesia se ha comportado con un afán acaparador, se ha estado privatizando el campo y los bosques”, señala Rosell.

Pero más allá de esos terrenos definidos como “rústicos” en el listado facilitado por el Gobierno, también hay otros espacios de uso compartido cuya clasificación dentro de los bienes comunales está sujeta a interpretación. El caso más evidente es el de las plazas públicas, que “también pueden aparecer como bienes de dominio público, pero nunca como bienes patrimoniales”, aclara Rosell. De cualquier modo, estos espacios han sido objeto de numerosas y llamativas reclamaciones en todo el país. En la provincia de Zamora, la localidad de Almaraz reclamó judicialmente (y con éxito) la propiedad de la plaza mayor del pueblo, que había sido inmatriculada por la diócesis. Y también es objeto de disputa la titularidad de la plaza del Vicari Josep Llinas, en un barrio de Palma de Mallorca, o la madrileña de los Santos Niños, en Alcalá de Henares. 

También existen otras operaciones, estas relativas a solares urbanos, que añaden un componente rocambolesco. En Siero (Asturias), el arzobispado de Oviedo inscribió una finca en 2015, fuera de plazo (la llamada Ley Aznar de 1998 que permitía inscribir templos de culto ya había sido revocada), para vendérsela al ayuntamiento año y medio después por 20.000 euros. La mayor transparencia que exigen y esperan las asociaciones de lucha contra las inmatriculaciones eclesiásticas permitirá desvelar qué hay detrás de esos 50.000 terrenos rústicos en manos de la iglesia, muchos de ellos susceptibles de ser propiedad de los vecinos.

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, se ha mostrado dispuesto a devolver bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia en Navarra. Según un informe elaborado por el Gobierno navarro la pasada legislatura el número de inmuebles adquiridos por la Iglesia mediante inmatriculaciones en la comunidad foral asciende a 2.952.

“Si un juez nos dice que esto no está bien y que no nos pertenece, yo pues gustosamente lo devolvería porque no quiero nada que no sea nuestro”, ha asegurado el arzobispo. Además, ha resaltado que “estaría dispuesto a pedir perdón si no se hizo correctamente”.

“La postura del Arzobispado es que si hay un recurso y si se nos pide o se nos manda que devolvamos, devolveríamos”, ha resumido. “No hay nada que impida la devolución si un juez nos lo dice”, ha insistido Roselló, que ha destacado que en la Iglesia navarra “no estaríamos aquí peleando hasta llegar a Bruselas, sino a devolver cuando tocase”.

Roselló, que llegó al arzobispado hace poco más de un año, ha indicado que cuando llegó a la Diócesis en Navarra se encontró esta realidad “ya estable, cerrada en parte, pero abierta en cuanto a voluntad del Arzobispado”. Ha destacado que las inmatriculaciones se hicieron “conforme a la ley” y ha señalado que “hay algún recurso en el juzgado”.

No es el único cambio de postura que el nuevo arzobispo de Pamplona ha tenido respecto a su predecesor, Francisco Pérez. Hace unas semanas Roselló mostró su voluntad de “iniciar ya” la “reparación” de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en Navarra, contemplando indemnizaciones económicas.

Cuatro años después de la publicación de la lista de casi 35.000 inmatriculaciones llevada a cabo por la Iglesia entre 1998 y 2015, las asociaciones y plataformas siguen exigiendo al Gobierno saber qué bienes han sido registrados durante el último siglo, y se quejan de la falta de avances ante una situación que parece estar casi como al principio. “No hay manera de saber cuáles son los bienes inmatriculados con la firma de un obispo”, resume José María Rosell, presidente de la plataforma Recuperando, que aglutina a diferentes colectivos que reclaman toda la información disponible sobre los más de 100.000 bienes que, calculan, fueron inscritos por la institución eclesiástica entre 1946 y 2015.

Sin esos datos es imposible efectuar reclamaciones en caso de apropiaciones irregulares. Y son miles los inmuebles y fincas sobre los que no se facilita información, o sobre los que se ofrecen descripciones demasiado genéricas que impiden saber a qué se refieren, o inscripciones de una propiedad que en realidad aglutinan múltiples elementos. Y no es algo que achacar solo a la Iglesia. Recuperando apunta también a los registradores de la propiedad.

“El actual listado solo contiene un cuarto o un tercio del total de la información, y ni siquiera permite identificar los bienes”, se queja Rosell. Los únicos documentos que aparcarían las dudas son las notas simples de los inmuebles, pero el camino para poder obtenerlas está siendo poco menos que imposible. “Es un problema que compete al Ministerio de Justicia y a los registradores: uno tiene que exigirlo y los otros, ofrecer esa información”, sostiene el portavoz de la plataforma. Recuperando señala a los registros del país como “aliados” de la Iglesia. “Han inmatriculado cosas que taxativamente estaban prohibidas, como los lugares de culto”, ejemplifica Rosell. Y algunos son edificios tan reconocibles como la catedral de Sevilla o la basílica barcelonesa de Santa María del Mar.

“Es una iglesia”

Durante sus investigaciones, la plataforma catalana Recuperant se encontró con una respuesta insólita. El colectivo quería abordar un caso muy conocido, popularizado por la novela de éxito literario de Ildefonso Falcones La catedral del mar. El libro, que tuvo su réplica en televisión en forma de serie, incide en un aspecto clave en la relación entre monumentos y titularidad: ¿a quién pertenece un templo construido a través del esfuerzo de todos los ciudadanos?

La plataforma tenía noticias de que la basílica de Santa María del Mar de Barcelona había sido inscrita por la Iglesia de forma reciente. Es más, el acceso había dejado de ser libre y, desde hace varios años, es necesario pagar una entrada para ver el interior. “Sabíamos que Santa María del Mar se había inmatriculado, pero queríamos conocer los detalles”, introduce Dino di Nella, portavoz de Recuperant. Con los datos de la referencia catastral, solicitaron una nota simple marcando como motivo la casilla “Investigación jurídica y consulta”, una de las cuatro opciones disponibles.

La respuesta del Colegio de Registradores los dejó boquiabiertos: “Nos negaron la información diciendo que no correspondía dar esa información porque se trataba de una iglesia; nada más”, relata Di Nella.

Dino di Nella — portavoz de Recuperant

La respuesta del Colegio de Registradores los dejó boquiabiertos: “Nos negaron la información diciendo que no correspondía dar esa información por el motivo que habíamos indicado, porque se trataba de una iglesia; nada más”, relata Di Nella. “Al margen de que Santa María del Mar sea un bien comunal, de todos, nos parece que con esta respuesta se cae el principal argumento del Gobierno cuando dice que cualquier ciudadano puede acudir a un registro para pedir la información que quiera, pues a nosotros se nos negó”, afirma. Solo en Catalunya, la plataforma calcula que los bienes afectados por las inmatriculaciones eclesiásticas superan los 10.000. En la lista elaborada por el Gobierno figuran 4.192.

Solar de cementerio con iglesia en su interior

“Más del 80% del listado de bienes está afectado por falta de información”, asegura la Coordinadora para la Recuperación del Patrimonio. Señala que los datos facilitados en el listado público de bienes inmatriculados por la Iglesia impiden, en la mayoría de los casos, saber de qué propiedades concretas estamos hablando. “Hacen referencia a casas, ermitas, viviendas o fincas que no se sabe cuáles son”, censura su presidente, José María Rosell. El caso más evidente en esta situación hace referencia a uno de los templos más populares de Asturias. Se trata de la iglesia de Santa Cristina de Lena, que está incluida en la declaración de patrimonio mundial del arte prerrománico asturiano.

Pese a su popularidad entre los vecinos y amantes del patrimonio, el templo aparecía consignado como “capilla en Felgueras”, expresión difícilmente asociable al edificio de Lena. En el caso asturiano, no obstante, el inventario facilitado se acompaña excepcionalmente de una columna en la que aparece un “número de registro” que, consultado en el registro de la propiedad pertinente, permitió identificar la iglesia. Para localizar el resto de inmuebles habría que repetir el proceso, referencia a referencia.

Las diferentes asociaciones y plataformas que reclaman información sobre los bienes inmatriculados se han encontrado con decenas, cientos de casos similares. Cómo saber a qué nos referimos cuando aparecen denominaciones tan genéricas como “rústicas”, “inmuebles”, “suelos”, “parcelas”, “solares” o, simplemente, “fincas”, donde el único dato diferencial es el nombre del municipio en el que se encuentran. De ahí que los hallazgos que se van produciendo sean tan esporádicos como sorprendentes. Al investigar a qué se refería una de las casillas del listado público con la información “solar del antiguo cementerio”, la realidad es que se acompañaba un dato mucho más esclarecedor: “...dentro de la cual se halla enclavada la iglesia parroquial de San Julián de los Prados”. Es decir, el más antiguo de los templos prerrománicos de Asturias, que se encuentra en la ciudad de Oviedo.

La catedral de Sevilla, el pack “todo en uno”

Otro de los principales problemas que afectan al listado público ofrecido por el Gobierno tiene que ver con la organización de su contenido: aparece información sobre inmatriculaciones, pero no sobre bienes inmatriculados. Es precisamente esta circunstancia la que lleva a los diferentes colectivos que luchan por la transparencia de los datos a calcular que las 34.961 referencias consignadas deberían triplicarse al menos, para conocer el número aproximado de bienes afectados. Este cálculo, que tiene como base la experiencia documental realizada en Navarra (de la que resulta una media de 3,4 bienes por cada inmatriculación), arroja ya una cifra total que supera fácilmente los 100.000 bienes.

Pero, si sorprendente es la cifra, lo son aún más los abundantes ejemplos de inmatriculaciones que encierran todo un conjunto de bienes mucho más amplio que el original, en el que las propiedades se multiplican. Particularmente llamativo es el caso de la catedral de Sevilla, donde se incluyen “dependencias anexas” junto con el edificio, una anotación que se refiere a algo tan poco voluminoso como la propia torre campanario del templo —la Giralda— o un espacio que tampoco pasa desapercibido, como el patio de los Naranjos.

Aquí, los ejemplos se disparan. En la catedral de Valencia se llama “dependencias complementarias” a la torre del Micalet (siglo XIV), mientras que la inmatriculación de la parroquia de San Salvador de Artá en Mallorca incluyó, de paso, las murallas históricas de Artá y los jardines interiores, recuperados por el Ayuntamiento tras acudir al Tribunal Supremo, según informa la plataforma Recuperando.

Asimismo, a la catedral de Jerez se le añadieron un par de “reductos” que, en realidad, son espacios abiertos con circulación habitual de personas y de vehículos. Y en Getafe se inscribió la iglesia de Santa María Magdalena y la propina, en este caso, fue todo el espacio del Cerro de los Ángeles. Sin olvidar uno de los clásicos de las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia: las plazas públicas. Esto ha sucedido, por ejemplo, en Alcalá de Henares (plaza de los Niños), Córdoba (plaza del Pocito) o Fuerteventura (plaza de la iglesia del Puerto), entre decenas de ejemplos. Es lo que Rosell, presidente de la plataforma Recuperando, denomina “pack todo en uno”, una de las realidades que dificultan la tan exigida transparencia al Gobierno en este asunto y, por lo tanto, permitir identificar la realidad afectada por las inscripciones.

El primer juicio por las inmatriculaciones de fincas privadas en Monterde, Zaragoza, no ha llegado a celebrarse ya que el Ayuntamiento ha reconocido que registró de manera irregular unas fincas privadas como municipales. Es el caso de una propiedad registrada a nombre de la madre de la demandante, fallecida en 2022, cuya titularidad se ha confirmado hoy.

Desde el Consistorio han alegado que han descubierto un nuevo documento que le daba la razón a la denunciante, aunque dicho documento ya había sido aportado por la demandante hace un año. De esta manera, ha reconocido los hechos y el juez ha establecido que las costas judicales se dividen. El alcalde no se encontraba en la sala y la admisión de este caso es el priemer paso para el resto de inmatriculaciones que denuncian los vecinos de la localidad, en más de 200 propiedades.

Tras aceptar los hechos en este primer caso, el Ayuntamiento se enfrenta a una veintena de vecinos que estarían dispuestos a denunciar casos simulares, según la Asociación de perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde. Instan al Consistorio a revertirlas sin necesidad de llegar a los tribunales, tras haber admitido este primer caso. 

Los habitantes de esta localidad zaragozana han exigido en diferentes ocasiones la dimisión inmediata del alcalde y la expulsión del partido, así como la intervención de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón para auditar las cuentas y la gestión del Consistorio. Reclaman “que no nos quiten lo que era de nuestros antepasados y ahora es nuestro”. El próximo 5 de marzo, llevarán su denuncia hasta el Congreso de los Diputados, donde se reunirán con el vicepresidente de la Comisión de Peticiones y el diputado, Víctor Ruiz de Diego

Las inmatriculaciones aparecieron publicadas en el Boletín Oficial del Estado, tal y como descubrieron los afectados. Estas personas se han organizado a través de la Asociación de perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde y han llevado a cabo concentraciones frente al Edificio Pignatelli (sede del Gobierno de Aragón), la Diputación Provincial de Zaragoza y en la plaza del Pilar. Esta asociación considera que esto ha sido una “miserable maniobra cargada de una evidente mala intención que se ha llevado a cabo mediante un malabarismo burocrático favorecido por acción u omisión de algunos funcionarios de la administración”. Acusan en su manifiesto al Ayuntamiento de haber destinado el equivalente al 51% de los ingresos corrientes de 2023 en “estudios, proyectos, gastos jurídicos, profesionales y empresas, es decir, en asesores, abogados e ingenieros dedicados a perpetrar este atropello”.

Un centenar de vecinos se manifestaron este miércoles 29 de enero en Calatayud exigiendo soluciones para las supuestas inmatriculaciones que ha llevado a cabo el alcalde de la localidad, el popular José Gracia, en más de 200 propiedades. Los habitantes de esta localidad zaragozana exigen la dimisión inmediata del alcalde y la expulsión del partido, así como la intervención de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón para auditar las cuentas y la gestión del Consistorio. Reclaman “que no nos quiten lo que era de nuestros antepasados y ahora es nuestro”.

El Ayuntamiento figura como demandado en un juicio civil por la inmatriculación presuntamente irregular de fincas particulares a nombre del Consistorio. Esta demanda fue interpuesta por dos personas que alegaban que dos fincas de su propiedad habían sido inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del Consistorio. Ambos demandantes, como propietarios de los terrenos, solicitan que se declare la nulidad de las inscripciones registrales y el reconocimiento de ambas fincas como su propiedad. Por su parte, el alcalde sostiene que los terrenos son “bienes públicos” o esa es la versión que, según los vecinos, está tratando de “expandir” en el Gobierno de Aragón.

Hay que recordar que el alcalde mantiene una agria disputa con un grupo de vecinos que le acusan precisamente de haber inmatriculado a nombre del Ayuntamiento casi 200 fincas de todo el término municipal, entre las que se incluyen viviendas particulares, almacenes y bodegas propiedad de diversos vecinos. En la protesta, los vecinos leyeron un manifiesto en el que aseguran que “los verdaderos propietarios tienen documentación que demuestra que esos inmuebles son suyos” y aseguran que el alcalde “no ha utilizado la figura de la expropiación porque no hay ningún proyecto de interés público que lo justifique”.

Las inmatriculaciones aparecieron publicadas en el Boletín Oficial del Estado, tal y como descubrieron los afectados. Estas personas se han organizado a través de la Asociación de perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde y han llevado a cabo concentraciones frente al Edificio Pignatelli (sede del Gobierno de Aragón), la Diputación Provincial de Zaragoza y en la plaza del Pilar. Esta asociación considera que esto ha sido una “miserable maniobra cargada de una evidente mala intención que se ha llevado a cabo mediante un malabarismo burocrático favorecido por acción u omisión de algunos funcionarios de la administración”. Acusan en su manifiesto al Ayuntamiento de haber destinado el equivalente al 51% de los ingresos corrientes de 2023 en “estudios, proyectos, gastos jurídicos, profesionales y empresas, es decir, en asesores, abogados e ingenieros dedicados a perpetrar este atropello”.

Los vecinos han pedido a José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud y senador por Zaragoza, que haga de “mediador” entre ellos y Gracia para “transmitir” a la DGA toda la información y documentación, lo mismo que solicitan al presidente de la Comarca Comunidad de Calatayud, Ignacio Marcuello: “No quieren saber la verdad para no ser responsables”, aseguran. En una entrevista en el programa 'Buenos Días Alto Jalón', de Alto Jalón Radio, Aranda exponía que “este es un tema de índole municipal y relacionado con registros y herencias” y aseguraba que se ha “reunido en una ocasión con ellos y les orienté hacia el registro de la propiedad para resolver sus dudas, pero poco más puedo hacer”.

Este caso llega a los juzgados el próximo 19 de febrero,  con la única inmatriculación denunciada oficialmente, aunque los perjudicados señalan más de 200 propiedades implicadas. Aranda insiste en que los afectados presenten las pruebas y en que confía en el trabajo de la justicia para aclarar la situación.

Posible delito electoral

Por otro lado, el pasado mes de noviembre se abrió un procedimiento de diligencias previas ante la posible comisión de un delito electoral por parte de Gracia cometido dentro del proceso de elecciones a Cortes Generales -el 23 de julio de 2023- y las elecciones al Parlamento Europeo -el 9 de junio de 2024-. Este diario ya informó de que, según la Guardia Civil, el alcalde del PP estaba siendo investigado por esta circunstancia. El juez, Álvaro Sáez, ha citado a declarar como investigados a seis vecinos, al parecer, empadronados en la mencionada localidad. Estos seis investigados deberán comparecer el 31 de enero en el juzgado. Está previsto que otros seis vecinos más de Monterde acudan al juzgado el próximo lunes, día 3 de febrero, para declarar ante el juez en calidad de investigados en el mismo procedimiento.

Los hechos objeto de investigación datan del pasado 28 de mayo de 2023. En el auto dictado, el instructor solicita al Ministerio Fiscal que recabe información sobre la posible participación de otras catorce personas más (empadronadas, al parecer, de forma irregular) por su posible relación con los hechos objeto de la investigación judicial. Gracia, que lleva en el cargo desde 1995, habría llevado a cabo un empadronamiento fraudulento de personas en la localidad en los meses previos a las elecciones, que acabó ganando.

Quan el mossèn va despenjar el telèfon, ningú no podia imaginar que aquella cridada els deixaria amb la paraula de Déu a la boca. Sense missa de Matines. Era el migdia del 24 de desembre. L’església era plena de persones sense recursos i de benefactors. Tothom, al voltant de la imatge del Nen Jesús. El sacerdot va penjar el telèfon i va explicar públicament el que li acabaven de dir: prohibida l’Eucaristia. Les indicacions del bisbe no les pot desobeir el clergue.

“M'han cridat dient-me que aquesta església no està oberta al culte i que no puc celebrar la missa. Em correspon callar i pregar perquè la Justícia es manifesti. De totes maneres, vull felicitar-vos a tots, donar-vos les gràcies i desitjar-vos un Nadal agradable. Creiem en la bondat que Jesús va expressar amb el seu naixement... Ell vol que ens humanitzem i feim el bé”. No hi va haver Missa del Gall, però un nin va recitar el Sermó de la Calenda, es va cantar la Sibil·la, i el Cor del Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears va entonar Adeste Fideles, i, després, rics i pobres es van asseure a dinar a la mateixa taula.

L'escena hauria estimulat la imaginació de Luis García Berlanga; encaixaria en diverses pel·lícules de la carrera del cineasta valencià. Entre d’altres coses, perquè passa, a la riba de la Mediterrània, dins d'una de les grans joies arquitectòniques del casc antic de Palma: el Convent de Santa Elisabet. Els fets, tot i que pareguin berlanguians, no daten dels anys cinquanta, seixanta o setanta. Són del passat Nadal i tenen un rerefons clar. Fa deu anys que l'ordre de monges jerònimes i el Bisbat de Mallorca mantenen una disputa per la propietat de gairebé una hectàrea de territori monacal (església, amb les seves capelles i cors, cel·les, refectori, sala capitular, jardins, horta, magatzems...) en sòl urbà. Si sortís al mercat immobiliari, el complex podria assolir un valor milionari. El metre quadrat a sa Calatrava es paga a més de 6 mil euros; fa només trenta anys l’Ajuntament de Palma subvencionava els joves perquè llogassin pisos i revitalitzassin aquest barri medieval assetjat per la venda de drogues.

Avui, sa Calatrava és un dels focus que irradien gentrificació a la capital balear. I, potser per això, el camp de batalla judicial entre dues institucions de l’Església Catòlica.

Des de fa deu anys, l'ordre de germanes jerònimes i el Bisbat de Mallorca mantenen una disputa per la propietat de gairebé una hectàrea de territori monacal en sòl urbà. De sortir al mercat immobiliari, el complex podria aconseguir un valor milionari

Una lluita judicial

28 de novembre de 2014. El Bisbat de Mallorca introdueix diversos documents al Registre de la Propietat per a immatricular el Convent de Santa Elisabet. Cinc mesos abans, al juny, les vuit jerònimes que vivien allà s'han traslladat a Inca. Acabava una estada ininterrompuda de més de cinc segles. Es van establir a Palma el 1485 (hi ha més de cinc-centes monges enterrades sota la terra de la sala capitular, gairebé una germana per any d’estada), però decidien marxar per reunir-se amb les religioses de Sant Bartomeu, l'altre monestir que les jerònimes tenen a Mallorca. Quina va ser la raó? Tot i que el monestir d'Inca també és molt antic, del Barroc, es va reformar el 1999. Aquestes instal·lacions eren més còmodes i modernes. Una llar.

Entre maletes, objectes religiosos i quadres, la mudança també va incloure un bon nombre de papers que, segons les jerònimes, cobejava el bisbat. L'arxiu, molt ben conservat i ordenat, documentava els últims cinc segles del Convent de Santa Elisabet. La relació de les monges amb un lloc que, malgrat els consells de Josep Miralles i Sbert, bisbe de Mallorca entre 1930 i 1947, no van voler immatricular durant la II República. Aquest tràmit, a les portes de la Guerra Civil, hauria evitat, probablement, el litigi actual.

El 2014, quan l'arquebisbe Salinas va reclamar-los l'arxiu, i abans de saber que el Bisbat de Mallorca immatriculava el monestir, les germanes van buscar assessorament jurídic. Intuïen, expliquen, que seria un error desfer-se del munter de documents que, durant dècades, va compilar Pere Estelrich i Costa (un sacerdot i historiador que va arribar a escriure una obra completa sobre el Convent de Santa Elisabet). Les monges no van deixar anar els papers. No en tenien cap obligació de fer-ho. L'Ordre de Sant Jeroni (OSH, les seves sigles en llatí) està considerada com una institució de dret pontifici; és una societat de vida apostòlica des que es va fundar a Betlem (on va morir Sant Jeroni, on va néixer Jesús de Natzaret). Segons reivindiquen les jerònimes, han de deure d’obediència directa al Vaticà, no a la Diòcesi on es trobin.

El 2019, cinc anys després de la immatriculació realitzada pel Bisbat de Mallorca, les monges van demandar aquell registre davant el jutjat de primera instància. Les claus de la mitja dotzena de portes per les quals es pot entrar al Convent de Santa Elisabet –des de tres carrers diferents i una plaça– seguien a mans de les monges.

En 2014, el Bisbat de Mallorca va introduir diversos documents en el Registre de la Propietat per a inmatricular el Convent de Santa Elisabet. Cinc mesos abans, les vuit jerònimes que vivien allí es van mudar a Inca. Segons reivindiquen elles, deuen obediència directa al Vaticà, no a la Diòcesi en la qual es trobin

El cronograma es podria resumir així: el 24 de setembre de 2019 comença el procés, amb la petició de que es cancel·li la immatriculació del monestir a nom del bisbat, que decideix anar a judici, tot i saber que la petició bloqueja el seu tràmit d’immatriculació; el 30 de juny de 2022, el jutjat número 9 de Palma falla a favor de les jerònimes (atenent, en gran part, als 143 documents de l’arxiu que es presenten per demostrar que, de facto, el monestir pertanyia a les germanes des del segle XV); el bisbat recorre la sentència, i fa falta esperar fins al 6 de maig de 2024 perquè l'Audiència Provincial ratifiqui la primera sentència.

No hi ha matisos, diuen les jerònimes, en aquesta segona sentència. El jutjat entén que el Convent de Santa Elisabet no es va desamortitzar a través de la llei aprovada pel liberal Pascual Madoz quan va ser ministre d'Hisenda durant els primers sis mesos de 1855. Cal retrocedir a mitjans del segle XIX per entendre l'origen del trull. A diferència de l'argument que defensa el Bisbat de Mallorca per sol·licitar la propietat del monestir, el lloc mai va deixar de pertànyer a aquest grup de religioses, una comunitat molt independent tot i estar federada amb altres comunitats de jerònimes repartides per la resta d'Espanya.

Per què no es va desamortitzar el Convent de Santa Elisabet? Els edificis estaven habitats i en bon estat, la comunitat superava la dotzena de monges i les jerònimes no tenien cap altre monestir a Palma. Acomplien amb totes les excepcions incloses a la Desamortització de Madoz. Tot i haver de pagar el peatge de no admetre novícies durant gairebé dues dècades (renunciant al dot i a les donacions que aportaven les famílies), mai es va firmar una Reial Ordre per expropiar el monestir. Si això hagués passat, aquesta hectàrea al cor de sa Calatrava tindria avui un aspecte ben diferent. Fins fa menys de dos-cents anys, el Mercat de l’Olivar o la seu del Parlament de les Illes Balears també van ser convents.

Tornam al 2024. El procés judicial continua: el Bisbat de Mallorca no es rendeix i intenta elevar la causa al Tribunal Suprem. Actualment, ambdues parts esperen notícies de Madrid. Encara no saben si el segon recurs episcopal s’admetrà a tràmit. Si supera el filtre, les jerònimes sol·licitaran la seva impugnació. Si no passa el filtre, la guerra judicial haurà acabat. Aquest moviment, clau en la partida, podria conèixer-se durant els mesos de fred; com a màxim, a la primavera. Des del bisbat, es neguen a explicar el seu punt de vista sobre el embolic legal. Les jerònimes expliquen que, tot i començar a veure un desenllaç, aquesta pròrroga allarga una pesadilla difícil de digerir. Sobretot, pel que fa a la salut del monestir. Sobretot, pel darrer episodi. Cinc anys, dues sentències, amb els seus dos recursos, i una prohibició de celebrar l'Eucaristia que, paradoxalment, podria afavorir el desig de les jerònimes: que torni la vida al Convent de Santa Elisabet.

El Convent de Santa Elisabet mai es va desamortitzar. El Suprem ha de pronunciar-se sobre una sentència de l'Audiència Provincial de Palma que ratifica que el monestir pertany a les germanes des del segle XV

El monestir està en stand by, però la seva memòria és una caixa negra: allà, l'ordre va fer tractes comercials amb Felip II; allà, Antoni Gaudí volia brodar uns tapissos que il·lustressin motius eucarístics; allà, van caure diverses bombes llançades per l'aviació republicana durant la Guerra Civil (danyant el claustre i matant diverses germanes); allà, a finals del segle XVII, ja es va lliurar una escomesa legal entre Pere d'Alagó, bisbe de Mallorca, i l'ordre jerònima, que es resistia a plegar-se a la regla que tractava d’imposar-li la diòcesi. Van guanyar, amb molta paciència, les germanes, capitanejades per la priora: sor Anna Maria Sureda, una dona de Valldemossa que llegia Ramon Llull i es comportava amb la determinació de Santa Teresa de Jesús.

Els benefactors

Ángel Jaudenes Gual de Torrella obre el WhatsApp i busca un àudio al xat que manté amb la seva germana Teresa. Play. Veu masculina i madura, que demana, amb proximitat però amb molta educació, el número d'Ángel. Es intueix la confiança que atorga conèixer-se des de fa molts anys. Es intueixen els exquisits modals d'una altra època, ser de casa benestant. L'àudio és curt, però dura el temps suficient per connectar el passat proper amb el passat remot. És un túnel a la infància. La veu, masculina i madura, ha vist publicat a la premsa local el que va succeir al Convent de Santa Elisabet la passada Nit de Nadal i està indignada.

De petit, explica la veu masculina i madura, acompanyava la seva mare fins al monestir, es ficava al torn i les monges (saltant-se, idò, un poc la clausura) li entregaven en mà una capsa de madritxos. Pasta de rovell, sucre, farina. Rectangle dolç. Una magdalena de Flaubert a la mallorquina. L'ancoratge a un temps perdut, la raó que du la veu masculina i madura a preguntar, tants anys després, què s’ha de fer per convertir-se en un Amic de Sant Jeroni.

“No estem constituïts com a associació, però si ho veiem necessari, mirarem com i a on registrar-nos”, explica Jaudenes Gual de Torrella, ja amb el mòbil a la butxaca del seu pantaló clar. Porta unes bambes còmodes i una jaqueta de tons marins que talla el vent, igual d’útil per embarcar-se en un veler, sortir a fer un passeig pel camp o inspeccionar un monestir que, per a ell, té un gran valor sentimental. Com la persona que li ha fet arribar, a través de la seva germana, aquell missatge sonor, aquest home, que va treballar reformant cases i ara està jubilat, també es va criar a sa Calatrava.

La casa dels Torrella apareix a qualsevol llibre d'Història balear. Aquesta família de nobles empordanesos va assistir Jaume I per conquerir Mallorca, Eivissa i Formentera, i per sotmetre Menorca. Més tard, la nissaga produiria polítics o artistes. Però un dels primers avantpassats mallorquins de Jaudenes Gual de Torrella va ser, de fet, el primer benefactor que van tenir les monges de Santa Elisabet. “Aquesta és una de les raons”, explica, “que em porta a col·laborar, voluntàriament, amb elles, a més de ser catòlic i practicant. Entre els Amics de Sant Jeroni –el nom informal que ens hem donat– tots tenim algun vincle amb el monestir. Per exemple, hi ha persones que van tenir una tieta jerònima. Molts són o han estat veïns d'aquest barri”.

A què es dediquen?  “A mantenir presentable el monestir”, resumeix Jaudenes Gual de Torrella. Els membres més actius són uns trenta. Aporten doblers per ajudar a l’economia d’una ordre que no s’escapa de la davallada de vocacions religioses a Espanya. A més, a causa de la situació judicial, les jerònimes no poden sol·licitar subvencions al departament de patrimoni del Consell de Mallorca. I l’edifici reclama atenció: només en els últims temps s’ha hagut de reparar una paret (10.000 euros) o arreglar una part de l’immens sostre (només les teules van costar uns altres 20.000 euros). Però el suport d’aquest grup de laics a les religioses no és exclusivament econòmic.

Tot i ser a Inca, diu Jaudenes Gual de Torrella, les germanes volen que el monestir palmesà tingui vida “seguint el carisma jerònim”. El tarannà de l'ordre. D’aquí neixen propostes com els concerts de música sacra, on vibra un orgue fabricat entre els segles XVI i XVIII i que segueix sonant net i clar a través del tub de la corneta, que tornaran a celebrar per Pasqua. O exposicions, aprofitant el fons artístic i religiós del monestir, traslladat en part a Inca. El destí del Convent de Santa Elisabet, diuen les jerònimes, és convertir-se, total o parcialment, en un museu que no perdi la seva vocació evangèlica. D’aquí, que vulguin seguir organitzant jornades de caritat com el dinar –sense Missa de Matines– que van servir el 24 de desembre, una iniciativa que Amics de Sant Jeroni va dur a terme amb Creu Roja i l’Ajuntament de Palma.

La polèmica celebració de la missa

“Durant els últims anys s’han celebrat diverses misses al monestir, sense cap problema. Al setembre es va oficiar el funeral de la meva mare i, després, sí sé que el sacerdot que la va presidir va rebre una reprimenda. De totes maneres, no m’esperava que ens prohibissin l’Eucaristia perquè l’església, tot i que fa molt de temps que no té missa diària, no s’ha desacralitzat”, explica Jaudenes Gual de Torrella.

Durant els últims anys s’han celebrat diverses misses al monestir, sense cap problema. Al setembre es va oficiar el funeral de la meva mare i, després, sí sé que el sacerdot que la va presidir va rebre una reprimenda. De totes maneres, no m’esperava que ens prohibissin l’Eucaristia perquè l’església, tot i que fa molt de temps que no té missa diària, no s’ha desacralitzat

Jaudenes Gual de Torrella — Benefactor de les monges

Els fets del 24 de desembre han aixecat polseguera. L'advocat Carlos Portalo, que era al temple aquell migdia, entre cites a Joan Manuel Serrat i Oscar Wilde, va qualificar d’hipòcrita el bisbe en una columna d'opinió publicada a Diario de Mallorca el 8 de gener. Sis dies abans, Jaudenes Gual de Torrella, ja havia enviat una carta, com a portaveu ofició d’Amics de Sant Jeroni, a monsenyor Taltavull: “La prohibició episcopal –que no arribam a entendre– és una cosa tan grossa que ens porta a sol·licitar-li, en nom propi i en el dels nostres voluntaris de la família jerònima, una audiència amb la seva Excel·lència, a fi que una comissió integrada per mi i una representació dels mateixos, puguem tractar aquest assumpte personalment amb vostè”.

El menorquí Sebastià Taltavull i Anglada era bisbe auxiliar de Barcelona quan el van posar al capdavant de la diòcesi de Mallorca després de la caiguda en desgràcia del valencià Xavier Salinas i Vinyals, denunciat per mantenir una suposada relació sentimental amb la seva secretària. El relleu bisbal va tenir lloc l'any 2017. El monestir ja estava immatriculat pel bisbat, i la demanda de les monges encara no s'havia interposat. Segons les jerònimes, a instàncies de Sor Natividad (nom religiós d'Ángela Sanz, la mare federal de l'ordre a Espanya), hi va haver diverses trobades amb el bisbe per resoldre el litigi sense passar pels tribunals. Cap d'elles va prosperar i, des de 2019, la comunicació es va tallar. 

Al maig de 2024, quan es va conèixer la sentència de l'Audiència Provincial i la mare federal va viatjar des de Guadalajara, on viu la seva vida contemplativa, fins a Palma per atendre els mitjans de comunicació, gairebé es podien escoltar les paraules de Sor Natividad des del despatx de monsenyor Taltavull: entre el monestir i la seu del Bisbat de Mallorca hi ha només vuitanta metres, l'amplada de la Plaça de Sant Jeroni; menys d'un minut caminant:

–Ara es persegueix que el monestir es convertesqui en alguna cosa social, que la societat hi participi, per crear el que es decidesqui, però que no sigui una altra cosa, perquè el que ens ofereixen és fer hotels, i és un lloc consagrat.

Un futur hotel?

La tarda declina, allargant les ombres i projectant una llum taronja sobre les almenes de la muralla àrab, una muralla mil·lenària que tanca el monestir per llevant. En forma de u, els tres edificis del complex envolten jardins i horts, un dels últims horts que resisteixen al casc antic de la ciutat, avui sense treballar i habitat per quatre gallines, que picotegen entre els fruiters.

Mirant cap avall, el gran pati del monestir pareix un fotograma italià. Una mescla, a parts iguals, de bellesa i decadència. Mirant cap amunt, però, no es veu el cel. Les terrasses estan cobertes per un porxo: aquestes galeries, típiques de l'arquitectura mallorquina, permetien que passàs l'aire i, alhora, aïllaven de la calor i el fred els pisos inferiors. Com que l'altura és considerable, mirant al davant, per una finestra oberta a la paret del porxo i sobre els carrers que baixen cap al passeig marítim, sí que es pot veure la mar. La línia de l'horitzó és nítida i dibuixada en blau intens pel sol de gener.

És fàcil imaginar-se la terrassa descoberta i rebatejada com a rooftop. És fàcil imaginar-se l'hort convertit en una piscina. És fàcil imaginar-se un dels portals, verd i metàl·lic, convertit en una porta corredissa i transparent. Sobre el vidre, les cinc estrelles de l’hotel al qual les jerònimes tanta por li tenen.

Cuando el cura descolgó el teléfono nadie podía imaginarse que aquella llamada les dejaría con la palabra de Dios en la boca. Sin –tempranera– misa de Maitines. Era el mediodía del 24 de diciembre. La iglesia estaba llena de personas sin recursos y de benefactores. Todos, alrededor de la imagen de un Niño Jesús. El sacerdote colgó el teléfono y explicó en público lo que acababan de decirle: prohibida la Eucaristía. Donde manda obispo no manda sacerdote.

“Me han llamado diciéndome que esta iglesia no está abierta al culto y que no puedo celebrar la misa. Me corresponde callar y rezar para que la Justicia se manifieste. De todas maneras quiero felicitaros a todos, daros las gracias y desearos una Navidad agradable. Creamos en la bondad que Jesús expresó con su nacimiento… Él quiere que nos humanicemos y hagamos el bien”. No hubo Misa del Gallo, pero una niña recitó el Sermó de la Calenda, se cantó la Sibil·la, y el Coro del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears entonó Adeste Fideles, y, luego, ricos y pobres se sentaron a comer en la misma mesa.

La escena habría estimulado la imaginación de Luis García Berlanga. Encajaría en varias películas de la carrera del cineasta valenciano. Entre otras cosas porque ocurre junto al Mediterráneo dentro de una de las grandes joyas arquitectónicas del casco antiguo: el Convent de Santa Elisabet. Los hechos, aunque parezcan berlanguianos, no datan de los años cincuenta, sesenta o setenta. Son de la pasada Navidad y tienen un trasfondo claro. Desde hace diez años, la orden de hermanas jerónimas y el Bisbat de Mallorca mantienen una disputa por la propiedad de casi una hectárea de territorio monacal (iglesia, con sus capillas y coros, celdas, refectorio, sala capitular, jardines, huerta, almacenes…) en suelo urbano. De salir al mercado inmobiliario, el complejo podría alcanzar un valor millonario. El metro cuadrado en sa Calatrava, el barrio de Palma donde está en convento, se paga a más de 6 mil euros; hace apenas treinta años el Ajuntament subvencionaba a los jóvenes para que alquilasen pisos y revitalizasen este barrio medieval asediado por la venta de droga. 

Hoy, sa Calatrava es uno de los focos que irradian gentrificación en la capital balear. Y, quizás por ello, el campo de batalla judicial entre dos instituciones de la Iglesia Católica.

Desde hace diez años, la orden de hermanas jerónimas y el Bisbat de Mallorca mantienen una disputa por la propiedad de casi una hectárea de territorio monacal en suelo urbano. De salir al mercado inmobiliario, el complejo podría alcanzar un valor millonario

Una lucha judicial

28 de noviembre de 2014. El Bisbat de Mallorca introduce varios documentos en el Registro de la Propiedad para inmatricular el Convent de Santa Elisabet. Cinco meses antes, en junio, las ocho jerónimas que vivían allí se han mudado a Inca. Terminaba una estancia ininterrumpida de más de cinco siglos. Se establecieron en Palma en 1485 (hay más de quinientas monjas enterradas bajo la tierra del claustro, casi una hermana por año de estancia), pero decidían marchar para reagruparse con las hermanas de Sant Bartomeu, el otro monasterio que las jerónimas poseen en Mallorca. ¿La razón? Aunque el monasterio de Inca también es muy antiguo, del Barroco, se reformó en 1999. Esas instalaciones eran más cómodas y modernas. Un hogar. 

Entre maletas, enseres religiosos y cuadros, la mudanza también incluyó un buen número de papeles que, según las jerónimas, codiciaba el Obispado. El archivo, muy bien conservado y ordenado, documentaba los últimos cinco siglos del Convent de Santa Elisabet. La relación de las monjas con un lugar que, pese a los consejos de Josep Miralles, obispo de Mallorca entre 1930 y 1947, no quisieron inmatricular durante la II República. Ese trámite en vísperas de la Guerra Civil habría evitado, probablemente, el pleito actual. 

En 2014, cuando el obispo Salinas les reclamó el archivo, y antes de saber que el Bisbat de Mallorca inmatriculaba el monasterio, las hermanas buscaron asesoramiento jurídico. Intuían, cuentan, que sería un error deshacerse de la pila de documentos que, durante décadas, compiló Josep Estelrich i Costa (un sacerdote e historiador que llegó a escribir una completa obra sobre el Convent de Santa Elisabet). Las monjas no soltaron los papeles. No tenían por qué hacerlo. La Orden de San Jerónimo (OSH son sus siglas latinas) está considerada como una institución de derecho pontificio es una sociedad de vida apostólica desde que se fundó en Belén (donde murió San Jerónimo, donde nació Jesús de Nazaret). Según reivindican las jerónimas, deben obediencia directa al Vaticano, no a la Diócesis en la que se encuentren.

En 2019, cinco años después de la inmatriculación realizada por el Bisbat de Mallorca, las monjas demandaron aquel registro ante el juzgado de primera instancia. Las llaves de la media docena de puertas por las que se puede entrar al Convent de Santa Elisabet –desde tres calles distintas y una plaza– seguían en manos de las monjas. 

En 2014, el Bisbat de Mallorca introdujo varios documentos en el Registro de la Propiedad para inmatricular el Convent de Santa Elisabet. Cinco meses antes, las ocho jerónimas que vivían allí se mudaron a Inca. Según reivindican ellas, deben obediencia directa al Vaticano, no a la Diócesis en la que se encuentren

El cronograma podría resumirse así: el 24 de septiembre de 2019 empieza el proceso, con la petición de que se cancele la inmatriculación del monasterio a nombre del Obispado, que decide ir a juicio, aun a sabiendas de que la petición bloquea su trámite de inmatriculación; el 30 de junio de 2022, el juzgado número 9 de Palma falla a favor de las jerónimas (atendiendo, en gran medida, a los 143 documentos, del archivo, que se presentan para demostrar que, de facto, el monasterio pertenecía a las hermanas desde el siglo XV); el Obispado recurre la sentencia, y hay que esperar al 6 de mayo de 2024 para que la Audiencia Provincial ratifique el primer fallo.

No hay matices, dicen las jerónimas, en la segunda sentencia. El juzgado entiende que el Convent de Santa Elisabet no se desamortizó a través de la ley aprobada por el liberal Pascual Madoz cuando fue ministro de Hacienda los primeros seis meses de 1855. Hay que retroceder a mediados del siglo XIX para entender el principio del embrollo. A diferencia del argumento que defiende el Bisbat de Mallorca para solicitar la propiedad del monasterio, el lugar nunca dejó de pertenecer a este grupo de religiosas, una comunidad muy independiente aunque esté federada a otras comunidades de jerónimas repartidas por el resto de España. 

¿Por qué no se desamortizó el Convent de Santa Elisabet? Los edificios estaban habitados y en buen estado, la comunidad superaba la docena de monjas y las jerónimas no poseían otro monasterio en Palma. Cumplían con todas las exenciones que se habían incluido en la Desamortización Madoz. Aunque tuvieron que pagar el peaje de no admitir novicias durante casi dos décadas (renunciando a la dote y a las donaciones que aportaban las familias), nunca se firmó una Real Orden para expropiar el monasterio. Si hubiera ocurrido lo contrario, esta hectárea en el corazón de sa Calatrava tendría un aspecto muy diferente hoy en día. Hasta hace menos de doscientos años, el Mercat de l’Olivar o la sede del Parlament de les Illes Balears también fueron conventos.

Regreso a 2024. El proceso judicial continúa: el Bisbat de Mallorca no se rinde y trata de elevar la causa al Tribunal Supremo. Actualmente, las dos partes esperan noticias de Madrid. Todavía no saben si el segundo recurso episcopal se admitirá a trámite. Si pasa el filtro, las jerónimas solicitarán su impugnación. Si no lo pasa, la guerra judicial habrá terminado. Este movimiento, clave en la partida, podría conocerse durante los meses de frío; máximo, en primavera. Desde el obispado, se niegan a explicar su punto de vista sobre el embrollo legal. Las jerónimas explican que, aunque empiezan a vislumbrar un desenlace, esta prórroga alarga una pesadilla difícil de digerir. Sobre todo, por la salud del monasterio. Sobre todo, por el último episodio. Cinco años, dos sentencias, con sus dos recursos, y una prohibición de celebrar la Eucaristía que, paradójicamente, podría favorecer el deseo de las jerónimas: que vuelva la vida al Convent de Santa Elisabet. 

El Convent de Santa Elisabet nunca se desamortizó, gracias a que cumplían con los requisitos para librarse de la expropiación. El Supremo tiene que pronunciarse sobre una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma que ratifica que el monasterio pertenece a las hermanas desde el siglo XV

El monasterio está en stand by, pero su memoria es una caja negra: allí, la orden hizo tratos comerciales con Felipe II; allí, Antoni Gaudí quiso bordar unos tapices que ilustrasen motivos eucarísticos; allí, cayeron varias bombas lanzadas por la aviación republicana durante la Guerra Civil (dañando el claustro y matando a varias hermanas); allí, a finales del siglo XVII ya se libró un pulso legal entre Pere d'Alagó, obispo de Mallorca, y la orden jerónima, que se resistía a plegarse a la regla que trataba de imponerle la diócesis. Ganaron, con mucha paciencia, las hermanas, capitaneadas por la priora: sor Anna Maria Sureda, una mujer de Valldemossa que leía a Ramon Llull y se comportaba con la determinación de Santa Teresa de Jesús.

Los benefactores

Ángel Jaudenes Gual de Torrella abre el WhatsApp y busca un audio en el hilo de chat de su hermana Teresa. Play. Voz masculina y madura, que pide, con cercanía, pero con mucha educación, el número de Ángel. Se intuye la confianza que da conocerse desde hace muchos años. Se intuyen los exquisitos modales de otra época, la buena cuna. El audio es corto, pero dura el tiempo suficiente para conectar el pasado cercano con el pasado remoto. Es un túnel a la niñez. La voz, masculina y madura, ha visto publicado en la prensa local lo que ocurrió en el Convent de Santa Elisabet la última Nochebuena y está indignada. 

De niño, cuenta la voz masculina y madura, acompañaba a su madre hasta el monasterio, se metía en el torno y las monjas (que se saltaban un poquito la clausura) le entregaban en mano una caja de madritxos. Pasta de yema, azúcar, harina. Rectángulo dulce. Una magdalena de Proust a la mallorquina. El anclaje a un tiempo perdido, la razón que lleva a la voz masculina y madura a preguntar, tantos años después, qué hay que hacer para convertirse en un Amic de Sant Jeroni.

“No estamos constituidos como asociación, pero si lo vemos necesario, miraremos cómo y dónde registrarnos”, explica Jaudenes Gual de Torrella, ya con el móvil en el bolsillo de su pantalón claro. Calza zapatillas cómodas y una chaqueta de tono marino que corta el viento, igual de útil para embarcarse en un velero, salir a dar un paseo por el campo o inspeccionar un monasterio que, para él, tiene un gran valor sentimental. Como la persona que le ha hecho llegar, a través de su hermana, ese mensaje sonoro, este hombre, que trabajó reformando casas y ahora está jubilado, también se crió en sa Calatrava. 

La casa de los Torrella aparece en cualquier libro de Historia balear. Esta familia de nobles empordanesos asistió a Jaume I para conquistar Mallorca, Eivissa y Formentera, y para someter a Menorca. Más tarde, la saga produciría políticos o artistas. Pero uno de los primeros antepasados mallorquines de Jaudenes Gual de Torrella fue, de hecho, el primer benefactor que tuvieron las monjas de Santa Elisabet. “Esa es una de las razones”, explica, “que me llevan a colaborar, voluntariamente, con ellas, además de ser católico y practicante. Entre los Amics de Sant Jeroni, el nombre informal que nos hemos dado, todos tenemos algún vínculo con el monasterio. Por ejemplo, hay personas que tuvieron una tía jerónima. Muchos son o han sido vecinos de este barrio”.

¿A qué se dedican? “A mantener presentable el monasterio”, resume Jaudenes Gual de Torrella. Los miembros más activos son unos treinta. Aportan dinero para ayudar a la economía de una orden que no se libra de la bajada de vocaciones religiosas en España. Además, debido a la situación judicial, las jerónimas no pueden solicitar subvenciones al departamento de patrimonio del Consell de Mallorca. Y el edificio reclama atención: sólo en los últimos tiempos se ha tenido que reparar una tapia (10 mil euros) o arreglar una parte del inmenso tejado (sólo las tejas costaron otros 20 mil euros). Pero el apoyo de este grupo de laicos a las religiosas no es exclusivamente económico. 

Aunque estén en Inca, dice Jaudenes Gual de Torrella, las hermanas quieren que el monasterio palmesano tenga vida “siguiendo el carisma jerónimo”. La idiosincrasia de la orden. De ahí nacen propuestas como los conciertos de música sacra, donde vibra un órgano fabricado entre los siglos XVI y XVIII y que sigue sacándole un sonido limpio y claro al tubo de la corneta, que volverán a celebrar en Pascua. O exposiciones, aprovechando el fondo artístico y religioso del monasterio, trasladado en parte a Inca. El destino del Convent de Santa Elisabet, dicen las jerónimas, es convertirse, total o parcialmente, en un museo que no pierda su vocación evangélica. De ahí, que quieran seguir organizando jornadas de caridad como la comida –sin Misa del Gallo– que sirvieron en Nochebuena, una iniciativa que Amics de Sant Jeroni llevó a cabo con Cruz Roja y el Ajuntament de Palma. 

La polémica celebración de la misa

“Durante los últimos años se han celebrado varias misas en el monasterio, sin problema. En septiembre se ofició el funeral de mi madre y, después, sí sé que el sacerdote que la presidió recibió una reprimenda. De todas maneras, no me esperaba que nos prohibieran la Eucaristía porque la iglesia, aunque haga mucho tiempo que no tenga misa diaria, no se ha desacralizado”, explica Jaudenes Gual de Torrella. 

Durante los últimos años se han celebrado varias misas en el monasterio, sin problema. En septiembre se ofició el funeral de mi madre y, después, sí sé que el sacerdote que la presidió recibió una reprimenda. De todas maneras, no me esperaba que nos prohibieran la Eucaristía porque la iglesia, aunque haga mucho tiempo que no tenga misa diaria, no se ha desacralizado

Jaudenes Gual de Torrella — Benefactor de las monjas

Los hechos del 24 de diciembre han levantado polvareda. El abogado Carlos Portalo, que estaba en el templo aquel mediodía, entre citas a Joan Manuel Serrat y Oscar Wilde, llamó hipócrita al obispo en una columna de opinión publicada en Diario de Mallorca el 8 de enero. Seis días antes, Jaudenes Gual de Torrella ya había enviado una carta, como portavoz oficioso de Amics de Sant Jeroni, a monseñor Sebastià Taltavull: “La envergadura de la prohibición episcopal –que no alcanzamos entender– nos lleva a solicitarle, en nombre propio y en el de nuestros voluntarios de la familia jerónima, una audiencia con Su Excelentísima, a fin de que una comisión integrada por mí y una representación de los mismos, podamos tratar este asunto personalmente con usted”.

El menorquín Sebastià Taltavull i Anglada era obispo auxiliar de Barcelona cuando lo pusieron al frente de la diócesis de Mallorca tras la caída en desgracia del valenciano Xavier Salinas i Vinyals, denunciado por mantener una supuesta relación sentimental con su secretaria. El relevo fue en 2017. El monasterio ya estaba inmatriculado por parte del obispado, la demanda de las monjas todavía no se había interpuesto. Según las jerónimas, a instancias de Sor Natividad (el nombre religioso de Ángela Sanz, la madre federal de la orden en España), hubo varios encuentros con el obispo para resolver el pleito sin pasar por los tribunales. Ninguno prosperó y, desde 2019, la comunicación se cortó. Consultados para obtener su punto de vista para escribir este reportaje, los responsables de prensa de la diócesis mallorquina respondió que preferían no hacer declaraciones.

En mayo de 2024, cuando se conoció el fallo de la Audiencia Provincial y la madre federal viajó desde Guadalajara, donde vive su vida contemplativa, hasta Palma para atender a los medios de comunicación, las palabras de Sor Natividad casi podían oírse en el despacho de monseñor Taltavull: entre el monasterio y la sede del Bisbat de Mallorca hay apenas ochenta metros, la anchura de la Plaça de Sant Jeroni; menos de un minuto caminando: 

–Ahora se persigue que el monasterio se convierta en algo social, que lo participe la sociedad, para crear lo que se decida, pero que no sea otra cosa, porque lo que nos ofrecen es hacer hoteles y es un sitio consagrado.

¿Un futuro hotel?

La tarde declina, alargando las sombras y proyectando una luz anaranjada sobre las almenas de la muralla árabe, una muralla milenaria, que cierra el monasterio por levante. En forma de u, los tres edificios del complejo rodean jardines y huertas, una de las últimas huertas que resisten en el casco antiguo de la ciudad, hoy sin trabajar y habitada por cuatro gallinas, que picotean entre los frutales. 

Mirando hacia abajo, el gran patio del monasterio, parece un fotograma italiano. Una mezcla, a partes iguales, de belleza y decadencia. Mirando hacia arriba no se ve el cielo, sin embargo. Las azoteas están cubiertas por un porche: esas galerías, típicas de la arquitectura mallorquina, permitían que corriera el aire y, a la vez, aislaban del calor y del frío a los pisos inferiores. Como la altura es considerable, mirando al frente, por una ventana abierta en la pared del porche y sobre las calles que bajan hacia el paseo marítimo, sí puede verse el mar. La línea del horizonte es nítida y dibujada en azul añil por el sol de enero. 

Es fácil imaginarse la azotea descubierta y rebautizada (rooftop). Es fácil imaginarse la huerta convertida en una piscina. Es fácil imaginarse la cancela, verde y metálica, una trasera, convertida en una puerta, corredera y transparente. Sobre el vidrio, las cinco estrellas del hotel al que tanto le temen las jerónimas.

Segons avancen les indagacions sobre la immatriculació de 8.000 metres quadrats de terra als voltants de l'ermita de Sant Josep de Xàtiva per part de l´Església catòlica més en evidència queda que l´operació va ser un robatori als ciutadans de la capital de la Costera. Segons les fotos històriques a què ha tingut accés elDiario.es, l'Ajuntament de Xàtiva va realitzar constants obres de manteniment i condicionament de la zona que ara es lloga a un restaurant i per la qual la Seu -Església local- cobra un lloguer. A més, el 1986, el municipi va comprar a la Seu part dels terrenys per poder realitzar uns treballs arqueològics, ja que en aquesta zona es troba la muralla romana. L'any 2004, l'exbad de Xàtiva Arturo Climent Bonafé es va apropiar de tots els terrenys gràcies a una llei del Govern de José María Aznar.

La primeres obres de condicionament de la zona ara propietat de l’Església van ser el 1980 i les va fer l’Ajuntament amb una subvenció de 90.000 pessetes del Govern Civil. Un any després i davant el gran ús que es donava a l’ermita de Sant Josep, el consistori va considerar fer obres de pavimentació i arranjament dels murs de contenció. El 1982, l’Ajuntament va arribar a pagar fins i tot la restauració de la creu gremial de Sant Josep que presideix la zona i que va dur a terme una empresa especialitzada.

El 1984 es va fer una actuació clau. L’Ajuntament de Xàtiva es va proposar condicionar tota la zona al voltant del Bellveret, el mirador més espectacular del municipi, però no podia actuar-hi amb fons públics perquè part dels terrenys eren propietat de la Seu, que va taxar les parcel·les i les va vendre a preu de mercat. El consistori va pactar amb l’abat comprar-los i procedir així el 1986 a les faenes que va iniciar amb els sondatges arqueològics finançats amb fons de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.

El 1990 es va cobrir el jaciment arqueològic, també pagat amb fons de la Conselleria de Cultura. Aquest any mateix es va confirmar la venda dels terrenys al municipi i, segons ha pogut saber aquest diari, n’hi ha escriptura de la qual l’Arquebisbat de València tindria coneixement total. Els anys següents, 1992 i 1994, l’Ajuntament va continuar invertint fons de la Generalitat, en aquest cas de Turisme, per a la il·luminació de la zona o sistematització del Bellveret. Finalment, el 1995, es va instal·lar l’escultura de Manuel Boix que corona aquesta emblemàtica zona per als socarrats.

Tal com ha explicat elDiario.es, l'Ajuntament de Xàtiva ha iniciat els contactes amb la Seu per a la recuperació del terra i està preparant una demanda contra l'Església en cas que la institució catòlica no atenguera a raons. Des de l'any 2011, la Seu té un restaurant llogat a un restaurant annex a l'ermita. Aquest local aprofita totes les terrasses confrontants per a la celebració de grans banquets i casaments. Els propietaris del restaurant, van explicar a Levante-EMV que sempre han pensat que el terra que ocupen i pel qual paguen un lloguer és propietat de l'Església. També s'ocupen del manteniment de l'ermita per al culte, aquesta sí de propietat legítima de la confessió.

Según avanzan las pesquisas sobre la inmatriculación de 8.000 metros cuadrados de suelo en los alrededores de la ermita de Sant Josep de Xàtiva por parte de la Iglesia católica más en evidencia queda que la operación fue un robo a los ciudadanos de la capital de la Costera. Según la fotos históricas a las que ha tenido acceso elDiario.es, el Ayuntamiento de Xàtiva realizó constantes obras de mantenimiento y acondicionamiento de la zona que ahora se alquila a un restaurante y por la que la Seu -Iglesia local- cobra un alquiler. Además, en 1986, el municipio compró a la Seu parte de los terrenos para poder realizar unas catas arqueológicas, puesto que en esa zona se encuentra la muralla romana. En 2004, el exbad de Xàtiva Arturo Climent Bonafé se apropió de todos los terrenos gracias a una ley del Gobierno de José María Aznar.

La primeras obras de acondicionamiento de la zona ahora propiedad de la Iglesia fueron en 1980 y las realizó el ayuntamiento con una subvención de 90.000 pesetas del Gobierno Civil. Un año después y ante el gran uso que se daba a la ermita de Sant Josep, el consistorio consideró hacer obras de pavimentación y arreglo de los muros de contención. En el 1982, el ayuntamiento llegó pagar hasta la restauración de la cruz gremial de Sant Josep que preside la zona y que realizó una empresa especializada.

En 1984 se realizó una actuación clave. El Ayuntamiento de Xàtiva se propuso acondicionar toda la zona alrededor del Bellveret, el mirador más espectacular del municipio, pero no podía actuar con fondos públicos porque parte de los terrenos eran propiedad de la Seu, que tasó las parcelas y las vendió a precio de mercado. El consistorio pactó con el abad comprarlos y así proceder en 1986 a los trabajos que inició con las catas arqueológicas financiadas con fondos de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.

En 1990 se procedió al cubrimiento del yacimiento arqueológico también pagados con fondos de la Conselleria de Cultura. Ese mismo año se confirmó la venta de los terrenos al municipio y, según ha podido saber este periódico, existe escritura de la que el Arzobispado de Valencia tendría total conocimiento. Los años siguientes, 1992 y 1994, el ayuntamiento siguió invirtiendo fondos de la Generalitat, en este caso de Turismo, para la iluminación de la zona o sistematización del Bellveret. Finalmente, en 1995, se instaló la escultura de Manuel Boix que remata esta emblemática zona para los 'socarrats'.

Tal y como ha venido contando elDiario.es, el Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los contactos con la Seu para la recuperación del suelo y está preparando una demanda contra la Iglesia en caso que la institución católica no se atuviera a razones. Desde el año 2011, la Seu tiene alquilado a un restaurante un local anejo a la ermita. Este local aprovecha todas las terrazas colindantes para la celebración de grandes banquetes y bodas. Los propietarios del restaurante, explicaron a Levante-EMV que siempre han pensado que el suelo que ocupan y por el que pagan un alquiler es propiedad de la Iglesia. También se ocupan del mantenimiento de la ermita para el culto, esta sí de propiedad legítima de la confesión.

L'Ajuntament de Xàtiva ha iniciat els tràmits per demanar a l'Església i recuperar els 8.000 metres quadrats de sòl públic als voltants de l'ermita de Sant Josep i del conegut mirador Bellveret. Segons han confirmat fonts del consistori a elDiario.es, la intenció és arribar a un acord “amistós” amb l'església local i l'arquebisbat “dins de les bones relacions que mantenim”, tot i que s'ha activat el protocol per començar a redactar la demanda de rescat del sòl, que també ocupa vials públics. Es considera que l'actuació de l'abat de Xàtiva el 2004, Arturo Climent Bonafé, no va anar d'acord amb la legalitat i els terrenys eren del poble i no de la congregació.

Tal com va revelar en exclusiva elDiario.es, l'any 2004 l'exabat de Xàtiva va posar a nom de l'Arquebisbat els terrenys públics aprofitant un privilegi que prové del franquisme i que equiparava l'Església catòlica amb l'administració i els bisbes amb notaris. Una llei del Govern de José María Aznar va validar aquesta prerrogativa en democràcia. Gràcies a aquesta usurpació de la propietat del sòl, l'església ha tingut més fàcil comercialitzar un local annex a l'ermita de Sant Josep que ara a un gran restaurant. Part de la terrassa del mateix ocupa ara sòl que hauria de ser públic, però que lloga la Seu de Xàtiva. Una font d'ingressos important per a l'església local.

En cas que no hi haguera acord inicial entre l'Església i l'Ajuntament, la demanda ha de seguir el curs amb una reclamació inicial de propietat del consistori. El municipi haurà de demostrar la propietat del sòl amb un saberut argumentari. En aquest sentit, i segons ha pogut saber elDiario.es, des dels anys 80 del segle passat, els pressupostos de Xàtiva han sufragat el condicionament de la zona. Des dels vials a altres actuacions per arreglar el sòl rústic. Cal recordar, que l'ermita de Sant Josep és a una de les zones més emblemàtiques de la ciutat, al costat del mirador Bellveret, per la qual cosa s'ha convertit en un dels llocs més visitats per visitants i veïns.

La propietat de l´església d´aquestos 8.000 metres quadrats era totalment desconeguda per a l´Ajuntament. De fet, el canvi de nom es va realitzar el 2004 d'amagat. L'abat hauria anat al registre i posat la finca al nom de l'església. El registre no va posar cap pega al·legant el poder de l'Arquebisbat per fer estar immatriculacions gràcies a la llei d'Aznar. Xàtiva no és l'únic ajuntament que s'enfronta a l'església per la propietat de béns i terrenys que haurien de ser de gaudi de tots els ciutadans i en què l'administració ha invertit centenars de milions d'euros.

L'Església va reconèixer el 2022 que va posar al seu nom prop d'un miler de béns que no li corresponen. Amb l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el Govern va fer públic el llistat de béns immobles que la Conferència Episcopal va matricular gràcies a la llei de José María Aznar que li va permetre fer-ho amb tan sols una certificació eclesiàstica.A partir de la publicació dels 34.961 béns(20.014 destinats al culte i 14.947 a diferents usos) es va posar en marxa una negociació entre les dues institucions per analitzar el llistat i, després de diversos mesos de converses, l'Església va assumir que 965 d'aquestos béns no li corresponen, segons les dades de l'Executiu.

L'acord pel qual la Conferència Episcopal reconeix que no és la legítima propietària d'aquestos béns immobles que va posar al seu nom entre el 1998 i el 2015 es va segellar al màxim nivell en una trobada que van mantindre Pedro Sánchez i el president dels bisbes , Juan José Omella.

El cas dels 8.000 metres de terreny dels voltants de l'ermita de Sant Josep no entra en aquest gran acord. De fet, era desconegut per les institucions fins fa uns quants mesos. És evident que l'exabat de Xàtiva també es va valer de la llei d'Aznar i el privilegi franquista per inscriure a nom de l'església uns béns del poble. La demanda pot ser linici duna sèrie de tribunals o acabar ràpidament amb lacord amistós de lesglésia.

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los trámites para demandar a la Iglesia y recuperar los 8.000 metros cuadrados de suelo público en los alrededores de la ermita de Sant Josep y el conocido mirador Bellveret. Según han confirmado fuentes del Consistorio a elDiario.es, la intención es llegar a un acuerdo “amistoso” con la iglesia local y el Arzobispado “dentro de las buenas relaciones que mantenemos”, aunque se ha activado el protocolo para empezar a redactar la demanda de rescate del suelo, que también ocupa viales públicos. Se considera que la actuación del abad de Xàtiva en 2004, Arturo Climent Bonafé, no fue acorde a la legalidad y los terrenos eran del pueblo y no de la congregación.

Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, en el año 2004 el exabad de Xàtiva puso a nombre del Arzobispado los terrenos públicos aprovechando un privilegio que proviene del franquismo y que equiparaba a la Iglesia católica con la administración, y a los obispos con notarios. Una ley del Gobierno de José María Aznar validó esta prerrogativa en democracia. Gracias a esa usurpación de la propiedad del suelo, la iglesia ha tenido más fácil comercializar un local anejo a la ermita de Sant Josep que ahora es un gran restaurante. Parte de la terraza del mismo ocupa ahora suelo que debería ser público, pero que alquila la Seu de Xàtiva. Una importante fuente de ingresos para la iglesia local.

En caso de que no hubiera acuerdo inicial entre la Iglesia y el Ayuntamiento, la demanda debe seguir su curso con una reclamación inicial de propiedad del Consistorio. El municipio deberá demostrar la propiedad del suelo con un sesudo argumentario. En ese sentido, y según ha podido saber elDiario.es, desde los años 80 del siglo pasado, los presupuestos de Xàtiva han sufragado el acondicionamiento de la zona. Desde los viales a otras actuaciones para adecentar el suelo rústico. Cabe recordar, que la ermita de Sant Josep está en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, junto al mirador Bellveret, por lo que se ha convertido en uno de los lugares más visitados por visitantes y vecinos.

La propiedad de la iglesia de estos 8.000 metros cuadrados era totalmente desconocida para el Ayuntamiento. De hecho, el cambio de nombre se realizó en 2004 de tapadillo. El abad habría ido al registro y puesto la finca al nombre de la iglesia. El registro no puso ninguna pega alegando el poder del Arzobispado para realizar estar inmatriculaciones gracias a la ley de Aznar. Xàtiva no es el único ayuntamiento que se enfrenta a la iglesia por la propiedad de bienes y terrenos que deberían ser de disfrute de todos los ciudadanos y en los que la administración ha invertido cientos de millones de euros.

La Iglesia reconoció en 2022 que puso a su nombre cerca de un millar de bienes que no le corresponden. Con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el Gobierno hizo público el listado de bienes inmuebles que la Conferencia Episcopal inmatriculó gracias a la ley de José María Aznar que le permitió hacerlo con tan solo una certificación eclesiástica. A partir de la publicación de los 34.961 bienes (20.014 destinados al culto y 14.947 a distintos usos) se puso en marcha una negociación entre ambas instituciones para analizar el listado y, tras varios meses de conversaciones, la Iglesia asumió que 965 de esos bienes no le corresponden, según los datos del Ejecutivo.

El acuerdo por el que la Conferencia Episcopal reconoce que no es la legítima propietaria de esos bienes inmuebles que puso a su nombre entre 1998 y 2015 se selló al máximo nivel en un encuentro que han mantenido Pedro Sánchez y el presidente de los obispos, Juan José Omella. 

El caso de los 8.000 metros de suelo de los alrededores de la ermita de Sant Josep no entra en este gran acuerdo. De hecho, era desconocido por las instituciones hasta hace unos meses. Queda evidente que el exabad de Xàtiva también se valió de la ley de Aznar y el privilegio franquista para inscribir a nombre de la iglesia unos bienes del pueblo. La demanda puede ser el inicio de una serie de tribunales o acabar rápidamente con el acuerdo amistoso de la iglesia.

El vecino o visitante que llega a la ermita de Sant Josep de Xàtiva puede disfrutar de un entorno envidiable, de lo mejor que ofrece la ciudad. El Bellveret (bella vista), un mirador natural que ofrece espectaculares vistas de la ciudad y de gran parte de la Costera, una estatua de Manuel Boix sobre la pilota valenciana y parte de la antigua muralla romana. En una dependencia aneja a la ermita, se instaló desde hace años un conocido restaurante que ha ocupado también parte del entorno que fuera público en su día. Pero lo que los ciudadanos setabenses creían suyo es desde 2004 propiedad de la Iglesia católica que, además, bien ha sabido comercializar el espacio. Según ha podido confirmar elDiario.es, el abad de Xàtiva de la época, Arturo Climent Bonafé, inmatriculó a nombre del Arzobispado de Valencia 8.000 metros cuadrados que siempre fueron considerados como públicos. Es más, ocupa también viales públicos.

Según fuentes que han conocido el proceso de inmatriculación y que ha confirmado el Ayuntamiento de Xàtiva, el otrora abad Climent Bonafé puso a nombre del Arzobispado los terrenos públicos aprovechando un privilegio que proviene del franquismo y que equiparaba a la Iglesia católica con la administración, y a los obispos con notarios.

En ese sentido y, como los terrenos que también tocan el conocido mirador Bellveret no figuraban a nombre del municipio o un particular, se inscribieron en el Registro de la Propiedad a nombre de la Iglesia.

Las mismas fuentes explican que en la operación hubo “una mala fe clarísima” porque en el año 1995 el ayuntamiento compró a la Seu (la iglesia de Xàtiva) los campos que había alrededor del Bellveret. Incluso se han inmatriculado la vía pública que pasa junto a la ermita y que conecta con el castillo de Xàtiva.

La ermita, solo el edificio, que perteneció en el Medievo al gremio de carpinteros, se cedió en los años 40 del siglo pasado a la Seu. En la actualidad, el lugar de culto se utiliza una vez al año para que las comisiones falleras de la ciudad ofrenden a su patrón San José el día grande de las fiestas. Lo que sí que funciona a pleno rendimiento y todo el año es el restaurante, que la iglesia tiene alquilado en una vivienda aneja a la ermita. Es más, su servicio ha crecido tanto que ocupa parte de los terrenos que fueron públicos para ubicar su terraza y organizar grandes convites.

El Ayuntamiento nunca dejó abandonados los terrenos junto a la ermita o el Bellveret. Es más, se dignificó la zona con recursos públicos para el disfrute de los vecinos en los años 80 y y desde ese momento se ha tenido en cuenta su mantenimiento con fondos públicos. “Hasta hubo excavaciones en las ruinas romanas”, explica una persona que conoce de primera mano la inmatriculación.

Tras le ermita, se encuentra la Porta de l'Aljama, que es la puerta, según el Llibre dels Fets, por la que entró Jaume I cuando llegó a Xàtiva. Cada año, su simbolismo hace que se celebre el acto institucional del 9 d'Octubre. El edificio fue una antigua mezquita después cristianizada. La ermita es uno de los lugares más antiguos de la ciudad y los terrenos colindantes tienen un valor incalculable para Xàtiva porque allí se encuentran vestigios de la época íbera y romana, los primeros pobladores de la ciudad. Las propias murallas han sido consideradas Bien de Interés Cultural y el Bellveret es el mirador por excelencia de Xàtiva. Es un terreno de un alto contenido sentimental para los socarrats.

El Gobierno de Navarra, una coalición de PSN, Geroa Bai (PNV y Socialverdes) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) va a dar comienzo en los próximos meses al proceso para reclamar a la Iglesia los bienes que se inmatriculó en la comunidad foral, que ascienden a 2.952 bienes desde el año 1900, según un informe elaborado por el Ejecutivo foral la pasada legislatura, el más detallado realizado hasta la fecha en España.

Según ha detallado el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno navarro, Manuel Aierdi, se ha incluido en el anteproyecto de presupuestos aprobado este pasado miércoles en sesión de Gobierno una enmienda propuesta por EH Bildu para encargar una investigación para certificar qué bienes comunales fueron privatizados de manera irregular por la Iglesia.

Y es que de los casi 3.000 bienes inmatriculados en Navarra entre 1900 y 20221, apenas un 33% son edificios religiosos. El grueso de las propiedades son terrenos comunales -fincas y tierras de cultivo- que originariamente pertenecía al común de los vecinos de la localidad, quienes se encargaban de explotarlos y se repartían las ganancias. El plan del Ejecutivo, por tanto, es corroborar el número exacto de este tipo de bienes que la Iglesia se apropió merced a las inmatriculaciones para que las entidades locales puedan reclamar que le sean devueltas.

Para ello, la pasada legislatura el Ejecutivo foral inició el proceso para que esos bienes pudiesen ser recuperados dedicando una partida presupuestaria para la creación de un grupo de expertos que se dedicase a analizar la forma en la que la Iglesia se había apropiado de cada bien y si lo había hecho de forma regular o no.

Pero el procedimiento fue paralizado por la Intervención Delegada del Departamento de Hacienda, según informan fuentes del Ejecutivo a elDiario.es/Navarra. En el dictamen, este organismo declaró incompetente al Gobierno de Navarra para investigar esta cuestión, argumentando que “la competencia administrativa de defensa y recuperación de los bienes comunales no corresponde al Gobierno de Navarra, sino a las entidades locales”.

Así, el proceso quedó paralizado hasta la fecha. Este jueves, en el Parlamento de Navarra, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno navarro ha anunciado, en respuesta a una pregunta del parlamentario de Contigo/Zurekin Carlos Guzmán, mantiene “la voluntad política” de continuar con la investigación sobre las posibles inmatriculaciones de manera irregular. “Vamos a buscar la fórmula de culminar la investigación que iniciamos el pasado año”, ha aseverado.

La suma del total de bienes inmatriculados por la Iglesia que el Gobierno de Navarra documentó en un inventario pionero en España supera los 650.000 metros cuadrados, la extensión equivalente a la de unos 675 campos de fútbol.

Habitualmente, tras las escapadas veraniegas, traemos un bagaje de disfrute del patrimonio cultural y natural, así como de ejemplos soberbios y buenas prácticas para ser imitadas y aplicadas por estos lares. Esta vez ha sido lo contrario. En nuestro viaje a Navarra hemos podido apreciar los buenos discursos museográficos del museo provincial o de los eclesiásticos de la catedral pamplonica y de Roncesvalles. Pero, también, hemos constatado cómo en un extensísimo mundo rural se deteriora y, desgraciadamente, se destruye un inmenso patrimonio mueble e inmueble. 

Sí. Por una vez vamos a preocuparnos también por el patrimonio cultural que existe más allá de nuestras fronteras regionales. Y, nos imaginamos que, como lo que ocurre en la zona norte navarra, ocurrirá también en otros lugares despoblados o vaciados de nuestro país. En el Pirineo navarro hemos visto como pequeñas localidades y lugares con 20 o 10 vecinos, con tres o una familia, mantienen templos en situación ruinosa. A la desamortización de bienes de la iglesia en el siglo XIX se sumó, en los años sesenta, la despoblación migratoria, dejando a los templos sin rentas ni fieles que se preocupasen por su mantenimiento, encontrándose el Arzobispado con centenares de templos y casas parroquiales sin actividad u ocupación. 

El asunto de las inmatriculaciones eclesiásticas no ha hecho sino agravar la situación, ya que en muchos lugares las familias consideraban los templos como capillas privadas (de hecho, cuando eran señoríos, lo eran), y la tensión aumenta entre vecinos y el titular del edificio, el Arzobispado de Pamplona-Tudela en la persona de Carlos Esteban Ayerra Sola, vicario de asuntos económicos y patrimonio del arzobispado, todo ello ante la indiferencia del organismo tutelar de estos bienes, el Gobierno navarro, en este caso el responsable del área es Ignacio Apezteguia Morentin, director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Departamento de Cultura y Deporte. 

Y no sólo los bienes inmuebles. Hemos contemplado en una docena de templos como retablos, imágenes y objeto de culto se deterioran -en algunos casos ya bordeando su irreparable pérdida y definitiva destrucción- bajo el polvo, los xilófagos, mamíferos -los murciélagos se adueñan de los templos- y la humedad. Evidentemente, se han retirado las piezas más valiosas y musealizables, pero centenares, miles de piezas, siguen en el más absoluto abandono práctico e institucional, ya que nos imaginamos, ni siquiera han sido inventariadas en un necesario catálogo de bienes muebles del patrimonio cultural navarro.

Contrasta con la atención que los medios especializados prestan a dos jóvenes, Pilar Martínez Arce y María Odériz que, a través de una asociación 'Patrimonio para jóvenes' intentan atraer a los jóvenes al conocimiento y disfrute del patrimonio a través de la publicación en redes (Instagram o Tiktok), el tratamiento del mensaje -mediante el diseño gráfico y la imagen- el patrimonio, especialmente el ligado al mundo rural. Ojalá tenga éxito el proyecto que, por ahora, sólo ha servido para realizar acciones puntuales o ser merecedores de titulares de prensa. 

Nos preocupa gravemente el estado de conservación de este patrimonio inmueble y mueble, sin dejar de aplaudir estos ilusionantes proyectos que, esperemos, no se queden en una simple campaña de marketing de aquello que pueda dar réditos turísticos y que también puede convertirse en una llamada crítica al alarmante estado de parte del patrimonio navarro.