La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, ha comunicado que propondrá al Gobierno la confirmación de Emilio Manuel Fernández García como Fiscal Superior de Castilla-La Mancha. Asimismo, ha propuesto a José Ernesto Fernández Pinós como Jefe de la Fiscalía provincial de Cuenca, en sustitución de María Isabel Gómez López, tras el paso de esta a la sección penal del Supremo.

Las propuestas llegan junto a otras 20 sugerencias realizadas por Peramato, tras la preceptiva audiencia al Consejo Fiscal, para plazas que estaban vacantes y a las que se han presentado a concurso 60 candidatos, según ha informado el Ministerio Fiscal por nota de prensa.

Más de 40 años de trayectoria como fiscal

Emilio Manuel Fernández García ingresó en la carrera fiscal en 1983, en la Fiscalía Provincial de Albacete. Entre 1987 y 2004 estuvo al frente de la Delegación de Menores para pasar al Servicio de Violencia sobre la Mujer durante los años 2004 a 2008, cuando compaginó estas funciones con las de Fiscal Delegado de Extranjería y el Servicio de Criminalidad Informática.

En 2006 accedió a la Tenencia de la Fiscalía de Castilla La Mancha. En el año 2008 pasó a desempeñar la Jefatura de la Fiscalía Provincial de Albacete, que ejerció hasta el 2013 en que fue ascendido a la Jefatura de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, cargo en el que sigue hasta hoy.

Peramato ha destacado su trayectoria y voluntad de mejora de la institución, así como un plan de actuación que busca adaptar la institución al siglo XXI reforzando las nuevas tecnologías, la formación de las y los fiscales y la colaboración con instituciones y organismos.

Por su parte, José Ernesto Fernández Pinós ingresó en la carrera fiscal en 1990 y su primer destino fue en la Fiscalía Provincial de Barcelona, donde permaneció hasta 2010.

Allí desempeñó el cargo de Delegado de Criminalidad Informática. Es un experto en ciberdelincuencia a nivel europeo e imparte conferencias en diferentes países, además de su actividad docente en España. En 2010 se trasladó a la Fiscalía Provincial de Cuenca y asumió su Jefatura hasta 2015.

Posteriormente, ha sido el Delegado de Criminalidad Informática en esta provincia, asumiendo el servicio especial de la jurisdicción social. Teresa Peramato ha valorado su gran experiencia en esta Fiscalía y su plan de actuación.

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha ha celebrado este sábado en Albacete el acto oficial de traspaso de poderes, en el marco de las III Jornadas de la Profesión Médica que durante dos días ha reunido a representantes institucionales, expertos y profesionales de toda la región.

Tras dos años al frente de la institución, Blas González Montero, presidente del Colegio de Médicos de Albacete, ha cedido la presidencia a Carlos Molina Ortega, actual presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, que asume desde el 25 de abril la representación autonómica de la profesión médica, ha informado el Colegio en nota de prensa.

Durante su intervención de despedida, Blas González ha realizado un balance de su mandato, marcado, según ha dicho, por el compromiso con la deontología, la defensa de la profesión y la atención integral a los médicos.

Ha recordado hitos como la presentación del Código Deontológico renovado, el impulso al PAIME, la participación activa en los debates sanitarios regionales y la representación de Castilla-La Mancha en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Ha subrayado que estos dos años “han estado guiados por la responsabilidad, la ética y el cuidado de quienes cuidan”, y agradeció el trabajo de los colegios provinciales y de todos los miembros del Consejo.

“Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico”, ha indicado.

Nueva etapa “con gratitud y humildad”

Por su parte, el nuevo presidente, Carlos Molina, ha expresado su reconocimiento a los anteriores responsables autonómicos y destacó que inicia esta etapa “con gratitud, humildad y la convicción de que la profesión médica es la mejor del mundo”.

En su discurso, ha señalado que su mandato estará centrado en cuestiones clave como el Estatuto propio del médico, la LOPS y la coordinación institucional entre los colegios provinciales.

Ha subrayado que cada colegio desarrolla una labor esencial en formación, deontología e intrusismo, pero que el papel del Consejo Autonómico debe ser “unir, coordinar y representar la voz común de la profesión en Castilla-La Mancha”.

Molina ha dedicado una parte de su intervención al PAIME, anunciando la necesidad de avanzar hacia un modelo autonómico reforzado y solicitando el apoyo de todos los colegios para garantizar su sostenibilidad.

Ha concluido poniéndose “a disposición de todos los compañeros” y reafirmando su compromiso con una profesión que definió como “un acto de humanidad basado en ayudar a los demás”.

El acto de traspaso se ha celebrado en presencia de los representantes de los cinco colegios provinciales y de los miembros del Consejo Autonómico, en el marco de unas jornadas que han reunido a profesionales de toda la región para analizar los retos actuales de la profesión médica.

Es para mí un honor escribir periódicamente, desde hace ya casi tres años, cada dos semanas, en elDiario.es de Castilla-La Mancha. En todo este tiempo, en esta columna, he hablado de todo, de lo cercano y de lo más lejano, de mi ámbito profesional, como ingeniero agrónomo y ex consejero de Agricultura en nuestra región, y de la política nacional e internacional. Con total libertad, dando mi opinión y animando a la reflexión a los lectores. Y hoy me voy a permitir una nueva licencia: hablar de un amigo y darle la enhorabuena.

José Manuel Martín Aparicio es, ante todo, un amigo que, desde hace unos días ejerce -además de seguir siendo alcalde de Mazarambroz, en Toledo, donde su trabajo y esfuerzo, compartido con sus compañeros del PSOE local, se dejan sentir desde hace ya más de diez años- como viceconsejero en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Se trata de un magnífico profesional, con conocimiento técnico y capacidad política, aptitudes ambas muy importantes para ejercer de viceconsejero.

Me siento muy feliz por su nombramiento, también, porque es un reconocimiento a su labor previa, como delegado de Agricultura en la provincia de Toledo, director general de Desarrollo Rural, jefe de gabinete y director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, entre 2015 y 2023, siempre a mi lado, dispuesto a asumir las responsabilidades más complejas y los retos más apasionantes que afrontamos juntos en los ocho años en los que fui consejero de agricultura, medio ambiente y desarrollo rural. 

Esa lealtad que solo se ejerce desde la amistad que trabamos

Y siempre, desde la lealtad más absoluta, que ejerció desde el primer día hasta el último, en el que asumió un final de etapa, marchándose cuando me cesó el presidente. Esa lealtad que solo se ejerce desde la amistad que trabamos, y el conocimiento y la responsabilidad de alguien, muy poco frecuente, lamentablemente, en la política, capaz de decir al jefe lo que está mal, llevar la contraria y debatir y decidir juntos las soluciones.

Con su nombramiento seguro que gana el campo de Castilla-La Mancha, los agricultores y ganaderos de nuestra tierra. Ellos lo conocen bien, tras años de trabajo, como servidor público y responsable político, y han recibido con alegría su nombramiento.

Para mí, que me duele el campo de mi tierra y que se lo importante que es la gestión de la consejería para los intereses del medio rural, su nombramiento es una extraordinaria alegría.

¡Enhorabuena, amigo!

El Gobierno de España ha nombrado a Inés Sandoval Tormo nueva directora general de Vivienda y Suelo y a María Isabel Vergara Sánchez directora general de Planificación y Evaluación, según se desprende de las referencias del Consejo de Ministros celebrado este martes.

Sandoval Tormo es licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con formación en Trabajo Social (UNED) y másteres en Asesoría Jurídico-Laboral (UDIMA) y Formación del Profesorado (UNIR). Ha desarrollado su trayectoria en la gestión pública y de vivienda en la Administración estatal, autonómica y local.

En la actualidad, es directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Previamente, fue directora de Promoción y Colaboración en Casa47 impulsando proyectos de colaboración público-privada de vivienda.

Además, fue directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha y presidenta de Gicaman, donde gestionó el patrimonio público de vivienda y suelo. Entre 2015 y 2019 fue concejala en el Ayuntamiento de Toledo, con responsabilidades en empleo e igualdad, y cuenta con experiencia jurídica.

María Isabel Vergara Sánchez

Respecto a Vergara Sánchez, es ingeniera de Materiales y arquitecta técnica por la Universidad de Extremadura y funcionaria de carrera del grupo A1 y A2 de la Diputación de Badajoz.

Asimismo, cuenta con un máster universitario en Dirección Pública y Liderazgo Institucional por el Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Vigo, y un máster en Prevención de Riesgos Laborables y un máster en Diseño Asistido por Ordenador.

Cuenta también con formación complementaria en evaluación de políticas públicas, contratación administrativa, gestión de proyectos, accesibilidad, urbanismo, rehabilitación, código técnico de la edificación y seguridad y salud.

Hasta su nombramiento ha ejercido de directora de la Oficina Técnica del PERTE de la Industrialización de la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Ha desempeñado los puestos de jefa de Sección de Obras del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz, directora general de Vivienda de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, donde coordinó la política pública de vivienda (2019-2023).

La elección del director general de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), cargo vacante desde principios de año, ha abierto un nuevo frente entre los socios de gobierno, PSOE e IU, y ha suscitado críticas por parte del resto de grupos parlamentarios por las formas en las que se está planteando.

Tras filtrarse que el Grupo Socialista tiene previsto proponer como candidato a Daniel Forcada, periodista navarro de 42 años que ha trabajado en TeleMadrid y Televisión Española, entre otros medios, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha trasladado su malestar.

Una filtración

“El grupo socialista no ha contado con nosotros para este candidato. Esperamos que en los próximos días haya una negociación seria, pero es una lástima que el proceso se inicie con una filtración y sin una negociación previa”, ha señalado Vegas tras reunirse la junta de portavoces del parlamento autonómico.

Ha añadido que el perfil propuesto por los socialistas “no es el que más gracia” les hace porque no tiene experiencia de gestión y no es asturiano, y que, en cualquier caso, antes de hablar de personas para ocupar el puesto, hay que hablar de qué modelo se pretende aplicar en la RTPA.

El PP: “Es un escándalo”

Para el portavoz del PP, Luis Venta, el modo en el que se está llevando la designación de este cargo “es un escándalo en el fondo y en las formas” y refleja que el PSOE y el presidente Adrián Barbón “han vuelto a perder la oportunidad de buscar un mínimo consenso con los grupos parlamentarios.

En su opinión, es una “tomadura de pelo” y una falta de respeto institucional que se haya filtrado el nombre del candidato socialista antes de que se aprobasen las normas para proceder a la elección.

El “oscurantismo”

“El PSOE claramente quiere colonizar la RTPA”, ha señalado Venta antes de incidir en que este ente no es del Gobierno, sino de los asturianos y que debe tener garantizada la “neutralidad, pluralidad, independencia y el servicio público”.

Según Venta, “hay dudas razonables sobre la imparcialidad del candidato”, así como “oscurantismo y falta de transparencia” por parte de los socialistas.

Reacciones

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha cuestionado el modelo que se sigue para la elección del director de este ente público y ha abogado por un proceso “abierto y público” que permita designar a profesionales “intachables periodísticamente” porque la RTPA “no puede ser un ente político en manos de unos y otros”.

Para el diputado de Foro Adrián Pumares, “las formas dejan muchísimo que desear”, pero en cualquier caso, el director de la RTPA debe ser una persona con vínculos con Asturias y que tenga sensibilidad hacia el asturianismo.

Por otro lado, Iniciativa pol Asturianu ha exigido, a través de un comunicado, que la nueva dirección de la RTPA cuente con una persona de reconocida sensibilidad con la lengua asturiana.

Aprobación en la Junta

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado ha acordado este miércoles el calendario y las normas para cubrir el puesto de director de la RTPA, vacante desde principios de año tras presentar su renuncia Francisco Orejas, para acogerse a la jubilación.

Los grupos tendrán de plazo hasta el 22 de abril para presentar a sus candidatos y estos comparecerán ante el parlamento el 4 de mayo, mientras que el pleno de la Junta en el que tendrá lugar la votación para su designación se llevará a cabo el 12 de mayo y, en caso de no contar con la mayoría suficiente de apoyos, se llevará a cabo una nueva votación al día siguiente.

El nombramiento del director de la RTPA debe aprobarse por mayoría cualificada de la Junta General -30 de los 45 diputados- y, si no se alcanza ese respaldo, por mayoría absoluta (23 diputados).

Los sindicatos UGT, CSIF y SIEP han denunciado este lunes “el preocupante incremento de la elección de personal a dedo o designaciones discrecionales” en la Administración del Gobierno de Cantabria, una práctica que, consideran, “vulnera los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

En un comunicado, los tres sindicatos señalan que llevan meses pidiendo que se eliminen las denominadas comisiones de servicio excepcionales porque, alegan, “es un mecanismo que, bajo el pretexto de la urgente necesidad, están siendo utilizados de forma sistemática para cubrir puestos mediante designaciones a dedo en las consejerías”.

“Lo que según la norma debiera ser una solución extraordinaria se ha convertido en una práctica habitual, generando un grave perjuicio al personal funcionario y un aumento de la conflictividad laboral, tal y como ya se trasladó a la Administración en la reunión mantenida la pasada semana”, afirman UGT, CSIF y SIEP.

También explican que, mientras se espera la resolución del concurso de méritos convocado hace casi un año, “surgen necesidades inaplazables que se cubren sin ningún procedimiento público ni garantías de transparencia; y en los últimos cuatro meses, estas designaciones han crecido hasta 89”.

“A ello se suma una situación especialmente preocupante: funcionarios que han obtenido sus puestos mediante procedimiento público no se les deja salir de sus puestos de origen, permitiendo que dichos puestos sean ocupados por candidatos con menor puntuación y vulnerando el principio de mérito”, critican las tres organizaciones sindicales.

UGT, CSIF y SIEP añaden que “estas comisiones extraordinarias, que por normativa están limitadas a tres meses, se prolongan en la práctica sin control apoyadas en informes cuya justificación resulta, en muchos casos, cuestionable”, tras reiterar su oposición a que “un sistema que es excepcional, se haya generalizado en todas las consejerías”.

Procesos de selección

Los sindicatos denuncian también la futura convocatoria de plazas de conductor de consejero como personal laboral mediante oposición libre, una decisión que, aseguran, “vulnera el derecho del personal fijo de acceder a estos puestos mediante concurso de méritos y de promoción interna incluso cumpliendo los requisitos para poder desempeñar la categoría profesional”

“Esta circunstancia evidencia, una vez más, que los procesos de selección se están viendo condicionados por criterios políticos”, y critican que, pese al rechazo unánime de las organizaciones sindicales, “la Administración no ha ofrecido explicación alguna a pesar de haber insistido en que se justificara de forma motivada esta decisión que afecta a la carrera profesional del personal laboral”.

Las tres organizaciones sindicales consideran que esta forma de gestión de personal “no es propia de una Administración pública que respete los derechos de sus empleados ni los principios constitucionales que deben regir el acceso al empleo público”.

Por todo ello, UGT, CSIF y SIEP exigen “la suspensión inmediata de las comisiones de servicio excepcionales, la modificación urgente de la normativa para garantizar procedimientos ágiles, transparentes y ajustados a los principios de igualdad, mérito y capacidad, además de solicitar la apertura de un proceso real de negociación con las organizaciones sindicales”.

“La falta de respuesta por parte de la Administración ha derivado en una judicialización permanente de los conflictos durante toda la legislatura, una situación que evidencia el deterioro del diálogo social”, concluyen los sindicatos.

El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado en sesión extraordinaria de Pleno el nombramiento del periodista y escritor, Raúl del Pozo, como Hijo Adoptivo de la ciudad. Se lo han concedido a título póstumo tras su fallecimiento a los 89 años a principios de marzo de 2026, por su destacada labor profesional y por el amor que “siempre profesó a Cuenca”, según dejó patente en entrevistas y libros, tal y como ha destacado la concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, que el autor calificó como “la ciudad más bella del mundo”.

El condecorado

Raúl del Pozo nació en Mariana en 1936, estudió en Madrid la carrera de Periodismo, profesión a la que dedicó toda su vida, comenzando a trabajar en El Diario de Cuenca; además de que escribió más de una quincena de libros.

Ejerció como reportero, corresponsal y enviado especial en el extranjero. Fue director adjunto de El Independiente y corresponsal de Pueblo en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires. Fue también columnista de Mundo Obrero, La Calle, Interviú y Diario 16, así como en El Mundo hasta el final de su vida; dirigió el programa ‘Entre dos luces’ de TVE y participó en debates y tertulias televisivas.

En 2017 recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha y durante su trayectoria obtuvo varios premios por su labor periodística, como el Pedro Rodríguez, el González-Ruano y el Mariano de Cavia, entre otros, y su obra literaria, compuesta por novelas y ensayos, cuenta con un gran éxito de público y crítica, destacando que es el autor de los textos del libro ‘Cuenca. La primera Manhattan’, con ilustraciones de Miki Leal, editado por TintaBlanca.

El director del Museo de Santa Cruz de Toledo, Antonio Dávila, será nuevo Académico correspondiente por la provincia toledana en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La Junta General de esta institución, con sede en Madrid, ha tomado esta decisión por unanimidad, según ha trasladado el Museo de Santa Cruz, apuntando que responde a la trayectoria académica y profesional de Dávila, así como por “la calidad de los méritos que concurren en el nuevo académico”.

El nuevo académico

Antonio Dávila, es director del Museo de Santa Cruz y sus filiales desde el 31 de marzo de 2022, hace ahora cuatro años. Es licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Prehistoria, por la Universidad Complutense de Madrid, tiene también el Máster en Informática del Centro Superior de Estudios de Informática y de Investigaciones Económicas y Sociales, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde 1997, ha ejercido sus funciones en el Palacio Real de Madrid, Museo Arqueológico y Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y Delegación Provincial en Guadalajara, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En este tiempo ha llevado a cabo trabajos relacionados con la gestión de colecciones de museos y con la conservación y protección del Patrimonio Cultural, pudiéndose destacar la elaboración y dirección técnica del proyecto museológico y museográfico de la exposición permanente del Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, la ordenación y gestión de las colecciones museográficas, documentales y bibliográficas de ese museo, la coordinación de los inventarios de bienes muebles de Patrimonio Nacional, etc.

Tiene decenas de publicaciones de artículos y ha presentado ponencias y comunicaciones sobre temas de Arqueología, en especial sobre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro en la Meseta, Museología, así como otras cuestiones relacionadas con el Patrimonio Cultural.

Igualmente, ha impartido docencia en el Máster en restauración arquitectónica de la ETS de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y en el Máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad, de las universidades Autónoma y Complutense de Madrid, habiendo participado en diferentes proyectos de investigación internacionales en España y Francia.

El 28 de mayo de 2024 defendió su tesis doctoral, 'La edad del bronce y del hierro en el bajo Valle del Henares; la tierra, sus gentes, sus hábitats', que tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.

Compartirá con Jesús Carrobles Santos, Ramón Sánchez González y Santiago Serrano Rueda la corresponsalía académica por la provincia de Toledo.

La XIII Asamblea Ordinaria de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, celebrada el sábado 21 de marzo en Toledo, ha elegido a Erick Figueroa como nuevo presidente de la organización en la región, en sustitución de Mar Pozuelo Castillo, quien había asumido esta responsabilidad durante un año.

Erick Figueroa es licenciado en Administración de Empresas, activista y portavoz de Amnistía Internacional España. Según destacan desde la organización, su trayectoria se define “por un compromiso firme y sostenido con los derechos humanos, desde una mirada interseccional, feminista y antirracista”. En España, ha centrado su labor en la promoción y defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+ a través de políticas y prácticas orientadas a garantizar la igualdad, la no discriminación y el reconocimiento efectivo de la diversidad en los ámbitos social, institucional y comunitario. Asimismo, participa “activamente” en organizaciones y redes internacionales de derechos humanos.

“En esta nueva etapa -explicaba Erick- asumo la presidencia con una convicción profunda: esta tierra diversa, urbana, rural, amplia y profundamente digna, no puede ni debe dar espacio a la deshumanización. Mi compromiso claro e irrenunciable es situarnos, siempre, del lado de los derechos humanos, de la justicia y de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Un liderazgo que no solo represente, sino que movilice, interpele y construya”.

Además, se ha renovado el puesto de secretario de la Junta Directiva, que ahora ocupa Gabriel Moreno, profesor de Secundaria y activista en el Grupo de Acción de Cuenca.

Hoja de ruta en 2026

El nuevo presidente de la entidad y su junta directiva afrontan una serie de retos en materia de derechos humanos que la asamblea autonómica ha definido. Entre ellos, seguirá siendo “prioritario” la lucha contra el genocidio en Gaza, “el apartheid y la ocupación ilegal en Territorio Palestino Ocupado, la actuación contra graves violaciones del derecho internacional humanitario en otros conflictos como el de Sudán o Irán”.

La organización seguirá trabajando “contra las prácticas autoritarias en todo el mundo y contra el impacto de las políticas de Donald Trump”, tanto dentro como fuera de Estados Unidos “con una mirada fuerte” en el trato cruel a las personas migrantes. Los derechos de las mujeres seguirán siendo central a lo largo del año, con acciones específicas sobre violencia sexual o derecho al aborto. La organización abordará el racismo institucional en España y abogará por los derechos de las personas migrantes y el derecho a la vivienda.

Durante la Asamblea se celebró un coloquio con la presencia de miembros de la plataforma Toledo por Palestina, en el que se denunció el crimen de genocidio que se lleva cometiendo desde hace casi dos años y medio en Gaza, y las continuas violaciones de los derechos humanos que sufre la población palestina en Cisjordania.

Amnistía Internacional cuenta con más de 2600 personas socias en Castilla-La Mancha y decenas de activistas en grupos locales y de acción en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Valdepeñas y Toledo, donde además existe un grupo de jóvenes. Además, tiene equipos autonómicos de comunicación, relaciones institucionales, campañas, activismo y educación en derechos humanos.

La Asamblea coincidió con la celebración del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora bajo el lema 'Parad el racismo y no a las personas'. Por ello, los participantes a la Asamblea llevaron a cabo un acto de calle contra el racismo para reclamar medidas urgentes y concretas para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales.

El acto tuvo lugar en la Plaza de Zocodover, fue dinamizado por el grupo de jóvenes de Amnistía Internacional en Toledo, y contó con la participación de miembros de El Dorado Activismo Cultural, que recitaron poemas contra el racismo, la Unión Popular de Estudiantes y Toledo con Palestina.

El doctor Pedro Guillén García ha ingresado este jueves en la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha como Académico de Honor en una sesión celebrada el 12 de marzo en el Museo Municipal de Albacete.

Especialista en Traumatología y referente internacional en cirugía ortopédica y medicina deportiva, Guillén García ha ofrecido una lección titulada ‘La célula como medicamento: el cultivo de condrocitos rejuvenece la articulación’, a la cual ha seguido la Laudatio de recepción, pronunciada por Francisco González-Posada, Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Durante su intervención, González-Posada ha destacado la trayectoria profesional y científica de Pedro Guillén, así como su contribución al avance de la traumatología y la medicina regenerativa.

La ceremonia reunió a destacadas personalidades del ámbito sanitario, académico e institucional. Entre ellas se encontraban el presidente de la institución, Pedro Juan Tárraga López, y representantes de las administraciones públicas de la región, entre ellos, el diputado provincial de Sanidad, Francisco García, y el teniente de alcalde de Albacete, Francisco Navarro, quienes felicitaron al nuevo académico y subrayaron la relevancia de su incorporación a la institución..

La Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, es una institución científica dedicada a la promoción del conocimiento médico, la investigación y la divulgación científica. Además, actúa como foro de debate y reflexión sobre los avances en salud y medicina.

Durant els estius d'Eivissa, quan la festa deixa de distingir entre nit i dia i els iots omplen el port esportiu, una part de la delinqüència europea també aterra a l'illa. Bandes itinerants que viatgen seguint el calendari de l'oci nocturn -la Costa Azul, Mónaco, Saint-Tropez...- observen durant hores turistes adinerats i esperen el moment precís per actuar: una estrebada de rellotge a la sortida d'una discoteca, un assalt ràpid a la terrassa d'un restaurant de luxe, un cotxe preparat per abandonar l'illa abans que albiri el dia. Perseguir aquests grups va ser durant anys part de la feina quotidiana de la Policia Nacional a l'illa. I el comandament que coordinava aquests operatius era el comissari José Luis Santafé, a qui el Ministeri de l'Interior ha recorregut per substituir José Ángel González, denunciat per agressió sexual per part d'una subordinada, com a nou director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional.

Allunyat de les grans unitats centrals i curtit als carrers, Santafé Arnedo (Madrid, 1965) va néixer i va créixer al barri de Malasaña, un escenari on, als anys vuitanta, la droga i la conflictivitat formaven part del paisatge quotidià. D'aquest context va emergir una vocació primerenca que el situaria a l'escola clàssica de la seguretat ciutadana i a una generació de comandaments que van accedir al cos per la via acadèmica. El 1990 va ingressar a l'escala executiva de la Policia Nacional i va començar la seva carrera a la Divisió de Formació i Perfeccionament. Molt aviat va fer el salt al terreny operatiu. El 2005 va ascendir a inspector cap, el 2012 a comissari i el 2020 va assolir el rang de comissari principal, la categoria més alta dins l'escalafó policial.

La seva carrera s'ha desenvolupat sobretot en destinacions territorials. Des dels anys noranta ha alternat llocs a Madrid, Canàries i Balears. Va ser en aquest últim arxipèlag, marcat per la pressió turística, la delinqüència vinculada a l'oci nocturn i la necessitat de coordinar grans dispositius de seguretat durant la temporada alta, on va començar a especialitzar-se en seguretat ciutadana i policia judicial. Abans de ser nomenat cap superior, va dirigir la Comissaria d'Eivissa, un dels territoris més exigents i complexos per a la Policia Nacional, travessat per la presència de milers de turistes cada estiu i la delinqüència itinerant.

Durant aquesta etapa, Santafé va coordinar diversos operatius contra grups criminals que es desplaçaven a la major de les Pitiüses per robar a turistes d'alt poder adquisitiu. Un dels més coneguts va ser la desarticulació de l'anomenada banda del Rolex, dedicada a assaltar visitants a la sortida de discoteques i restaurants de luxe. A l'estiu del 2014, les investigacions van permetre detenir diversos membres de grups itinerants -alguns procedents d'Itàlia i del nord d'Àfrica— i recuperar rellotges valorats en centenars de milers d'euros. Aquest tipus de delinqüència era habitual a la Ibiza dels grans clubs i els iots: robatoris ràpids, víctimes amb objectes de luxe i delinqüents que intentaven abandonar l'illa abans de ser identificats. L'operació es va convertir en un dels cops policials més visibles d'aquella etapa.

Un altre dels fronts oberts durant el seu pas per Eivissa van ser les bandes especialitzades en robatoris amb força, perpetrats per grups que entraven a botigues i joieries perforant parets des de locals contigus. Sota el comandament de Santafé, la Policia Nacional va desarticular dos grups organitzats que operaven a l'illa i que actuaven de forma molt planificada: estudiaven els locals durant setmanes, llogaven pisos o magatzems propers i executaven el cop de matinada. Les investigacions van culminar amb diverses detencions i amb la recuperació de part del material robat. En un territori amb una economia molt dependent del turisme i del comerç de luxe, aquests cops tenien un considerable impacte mediàtic i econòmic.

Un fosc magnat i una infanta al banc dels acusats

Des d'Eivissa, Santafé va recalar el 2016 a la Prefectura de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana a Palma. Des d'allí va participar en la coordinació d'un dels dispositius de seguretat més sensibles que s'han desplegat a les illes: el del judici del cas Nóos, que per primera vegada va asseure al banc dels acusats un membre de la família reial, la infanta Cristina. La seva presència va acaparar una enorme atenció internacional i va requerir el desplegament d'un ampli dispositiu policial: calia garantir la seguretat al voltant de les dependències on durant sis mesos es va celebrar la vista oral, controlar l'accés dels mitjans de comunicació i coordinar l'arribada dels principals acusats.

El seu nom també va quedar associat a una altra de les grans causes judicials instruïdes a les illes: el cas Cursach, les investigacions del qual van situar el magnat Bartolomé Cursach a l'epicentre d'una trama politico-policial dirigida a perpetuar la seva autoritat a la nit mallorquina. Durant mesos, la instrucció va avançar entre detencions, registres i un degoteig constant de policies locals imputats i empresonats de forma preventiva en el marc d'unes perquisicions que van arribar a sacsejar bona part de la Policia Local de Palma.

En aquell context, Santafé va mantenir una posició molt crítica amb l'actuació del jutge instructor del cas, Manuel Penalva, i del fiscal, Miguel Ángel Subirán, als quals va retreure haver-se excedit en la conducció de la instrucció. Anys després, la causa acabaria dinamitada i Cursach seria absolt per falta de proves. Per la seva banda, Penalva i Subirán acabarien condemnats a nou anys de presó per delictes d'obstrucció a la Justícia, coaccions i omissió del deure de perseguir filtracions mentre la causa es trobava sota secret de sumari.

Quan el 2022 va ser nomenat cap superior de Policia a Balears, Santafé va passar a dirigir tot el dispositiu policial de l'arxipèlag, amb prop de 1.700 agents repartits entre Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera. El principal desafiament era l'estacionalitat extrema: cada estiu la població efectiva de les illes es multiplica i, amb ella, els reptes en matèria de seguretat: la delinqüència vinculada al turisme i a l'oci nocturn, les xarxes de narcotràfic marítim i els grans dispositius per a esdeveniments i temporada alta. També la pressió migratòria a les costes, l'increment de la qual, en paraules de Santafé, s'ha convertit en un dels reptes creixents per a la policia a les illes. Gestionar aquest escenari implica desplegar cada temporada macrooperatius de reforç policial, coordinació amb Guàrdia Civil i Policia Local i dispositius específics en aeroports, ports i zones d'oci.

Al final del 2025, en una trobada amb periodistes per explicar el balanç de l'any, Santafé va advertir dels canvis produïts en la delinqüència lligats a l'augment de població i al rècord de visitants a Balears, i va manifestar que alguns delinqüents “han tornat al passat” amb pràctiques com els robatoris a l'interior de vehicles, un delicte que “pràcticament havia desaparegut” a les illes. En molts de casos, va afegir, ni tan sols aconsegueixen emportar-se res perquè els cotxes no contenen objectes de valor, però, així i tot, obliguen la policia a redoblar esforços per combatre'ls.

Amb més de tres dècades de carrera a les esquenes, Santafé aterra ara al cor operatiu de la Policia Nacional, des del qual s'encarregarà de coordinar les principals comissaries generals així com de supervisar les operacions i la planificació estratègica del cos. Interior ha optat per un perfil tècnic i relativament aliè a les lluites internes que històricament han marcat la cúpula policial. El repte que té al davant no és menor: refer la moral del cos després de l'escàndol que va provocar la caiguda del seu antecessor i retornar estabilitat a una de les institucions clau del sistema de seguretat de l'Estat.

Durante los veranos de Eivissa, cuando la fiesta deja de distinguir entre noche y día y los yates llenan el puerto deportivo, una parte de la delincuencia europea también aterriza en la isla. Bandas itinerantes que viajan siguiendo el calendario del ocio nocturno -la Costa Azul, Mónaco, Saint-Tropez...- observan durante horas a turistas adinerados y esperan el momento preciso para actuar: un tirón de reloj a la salida de una discoteca, un asalto rápido en la terraza de un restaurante de lujo, un coche preparado para abandonar la isla antes de que amanezca. Perseguir a esos grupos fue durante años parte del trabajo cotidiano de la Policía Nacional en la isla. Y el mando que coordinaba esos operativos era el comisario José Luis Santafé, a quien el Ministerio del Interior ha recurrido para sustituir a José Ángel González, denunciado por agresión sexual por parte de una subordinada, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Alejado de las grandes unidades centrales y curtido en las calles, Santafé Arnedo (Madrid, 1965) nació y creció en el barrio de Malasaña, un escenario donde, en los años ochenta, la droga y la conflictividad formaban parte del paisaje cotidiano. De ese contexto emergió una vocación temprana que le situaría en la escuela clásica de la seguridad ciudadana y a una generación de mandos que accedieron al cuerpo por la vía académica. En 1990 ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional y comenzó su carrera en la División de Formación y Perfeccionamiento. Muy pronto dio el salto al terreno operativo. En 2005 ascendió a inspector jefe, en 2012 a comisario y en 2020 alcanzó el rango de comisario principal, la categoría más alta dentro del escalafón policial.

Su carrera se ha desarrollado sobre todo en destinos territoriales. Desde los años noventa ha alternado puestos en Madrid, Canarias y Balears. Fue en este último archipiélago, marcado por la presión turística, la delincuencia vinculada al ocio nocturno y la necesidad de coordinar grandes dispositivos de seguridad durante la temporada alta, donde empezó a especializarse en seguridad ciudadana y policía judicial. Antes de ser nombrado jefe superior, dirigió la Comisaría de Eivissa, uno de los territorios más exigentes y complejos para la Policía Nacional, atravesado por la presencia de hordas de turistas cada verano y la delincuencia itinerante.

Durante esta etapa, Santafé coordinó varios operativos contra grupos criminales que se desplazaban a la mayor de las Pitiüses para robar a turistas de alto poder adquisitivo. Uno de los más conocidos fue la desarticulación de la llamada 'banda del Rolex', dedicada a asaltar a visitantes a la salida de discotecas y restaurantes de lujo. En el verano de 2014, las investigaciones permitieron detener a varios miembros de grupos itinerantes -algunos procedentes de Italia y del norte de África- y recuperar relojes valorados en cientos de miles de euros. Ese tipo de delincuencia era habitual en la Ibiza de los grandes clubs y los yates: robos rápidos, víctimas con objetos de lujo y delincuentes que intentaban abandonar la isla antes de ser identificados. La operación se convirtió en uno de los golpes policiales más visibles de aquella etapa.

Otro de los frentes abiertos durante su paso por Eivissa fueron las bandas especializadas en robos con butrón, perpetrados por grupos que entraban en tiendas y joyerías perforando paredes desde locales contiguos. Bajo el mando de Santafé, la Policía Nacional desarticuló dos grupos organizados que operaban en la isla y que actuaban de forma muy planificada: estudiaban los locales durante semanas, alquilaban pisos o almacenes cercanos y ejecutaban el golpe de madrugada. Las investigaciones culminaron con varias detenciones y con la recuperación de parte del material robado. En un territorio con una economía muy dependiente del turismo y del comercio de lujo, esos golpes tenían un considerable impacto mediático y económico.

Un oscuro magnate y una infanta en el banquillo

Desde Eivissa, Santafé recaló en 2016 en la Jefatura de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana en Palma. Desde ahí participó en la coordinación de uno de los dispositivos de seguridad más sensibles que se han desplegado en las islas, el del juicio del caso Nóos, que por primera vez sentó en el banquillo a un miembro de la familia real, la infanta Cristina, cuya presencia acaparó una enorme atención internacional y requirió el despliegue de un amplio dispositivo policial: había que garantizar la seguridad en torno a las dependencias donde durante seis meses se celebró la vista oral, controlar el acceso de los medios de comunicación y coordinar la llegada de los principales acusados.

Su nombre también quedó asociado a otra de las grandes causas judiciales instruidas en las islas, el caso Cursach, cuyas investigaciones situaron al magnate Bartolomé Cursach en el epicentro de una trama político-policial dirigida a perpetuar su autoridad en la noche. Durante meses, la instrucción avanzó entre detenciones, registros y un goteo constante de policías locales imputados y encarcelados de forma preventiva en el marco de unas pesquisas que llegó a sacudir a buena parte de la Policía Local de Palma.

En aquel contexto, Santafé mantuvo una posición muy crítica con la actuación del juez instructor del caso, Manuel Penalva, y del fiscal, Miguel Ángel Subirán, a quienes reprochó haberse excedido en la conducción de la instrucción. Años después, la causa acabaría dinamitada y Cursach, absuelto por falta de pruebas. Por su parte, Penalva y Subirán acabarían condenados a nueve años de prisión por delitos de obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones mientras la causa se encontraba bajo secreto sumarial.

Cuando en 2022 fue nombrado jefe superior de Policía en Balears, Santafé pasó a dirigir todo el dispositivo policial del archipiélago, con cerca de 1.700 agentes repartidos entre Mallorca, Eivissa, Menorca y Formentera. El principal desafío era la estacionalidad extrema: cada verano, la población efectiva de las islas se multiplica y, con ella, los retos en materia de seguridad: la delincuencia vinculada al turismo y al ocio nocturno, las redes de narcotráfico marítimo y los grandes dispositivos para eventos y temporada alta. También la presión migratoria en las costas, cuyo incremento, en palabras de Santafé, se ha convertido en uno de los retos crecientes para la policía en las islas. Gestionar ese escenario implica desplegar cada temporada macrooperativos de refuerzo policial, coordinación con Guardia Civil y Policía Local y dispositivos específicos en aeropuertos, puertos y zonas de ocio.

Al término de 2025, en un encuentro con los periodistas para dar cuenta del año, Santafé advirtió de los cambios producidos en la delincuencia ligados al aumento de población y al récord de visitantes en Balears, y manifestó que algunos delincuentes “han vuelto al pasado” con prácticas como los robos en el interior de vehículos, un delito que “prácticamente había desaparecido” en las islas. En muchos casos, añadió, ni siquiera logran llevarse nada porque los coches no contienen objetos de valor, pero, aun así, obligan a la policía a redoblar esfuerzos para combatirlos.

Con más de tres décadas de carrera a sus espaldas, Santafé aterriza ahora en el corazón operativo de la Policía Nacional, desde el que se encargará de coordinar las principales comisarías generales así como supervisar las operaciones y la planificación estratégica del cuerpo. Interior ha optado por un perfil técnico y relativamente ajeno a las luchas internas que históricamente han marcado la cúpula policial. El reto que tiene por delante no es menor: recomponer la moral del cuerpo tras el escándalo que provocó la caída de su antecesor y devolver estabilidad a una de las instituciones clave del sistema de seguridad del Estado.

La nueva fiscal general del Estado ha afrontado este viernes su primer gran pulso ante la cúpula fiscal con una batería de 17 nombramientos. Teresa Peramato, que llegó a la institución afirmando que contaría con “todos” para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a Álvaro García Ortiz, ha optado por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también ha nombrado a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

Tras oír al Consejo Fiscal, uno de los tres puestos de fiscal de Sala jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha sido para Ana García León, que fue fiscal jefa de la Secretaría Técnica con García Ortiz y una de las personas de máxima confianza del ex fiscal general. Otro lo ocupará la actual fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, que no está asociada aunque tiene un perfil progresista, de acuerdo a las fuentes fiscales consultadas por elDiario.es. 

Además, Peramato ha optado por mantener en la tercera de esas jefaturas a Javier Huete, que fue uno de fiscales de la máxima categoría que firmó un escrito que pedía formalmente la dimisión de García Ortiz tras su declaración como investigado en la causa abierta contra él por revelación de secretos tras la querella del comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Esa misiva, entre otras, llevaba también las firmas de los cuatro fiscales del procés, que mantuvieron un enfrentamiento abierto con García Ortiz prácticamente desde su llegada a la cúpula de la Fiscalía. Dos de ellos —Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado con Mariano Rajoy (PP)— optaban a una de esas jefaturas, pero Peramato ha optado por otros perfiles. 

Del Consejo Fiscal de este viernes también han salido tres nuevos fiscales del Supremo, en este caso sin categoría de jefe. Uno de esos puestos es para Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica con García Ortiz y a quien Peramato mantuvo en ese puesto. Villafañe, que estuvo imputado en la causa abierta tras la querella de la pareja de Ayuso y que declaró como testigo en el juicio, ha sido uno de los más estrechos colaboradores del ex fiscal general.

También ascienden al Supremo la actual fiscal jefa de Cuenca, Isabel Gómez, que desde junio de 2022 era vocal del Consejo Fiscal por parte de la conservadora Asociación de Fiscales. Y Antonio Colmenarejo, que estuvo en la Secretaría Técnica con García Ortiz y que está especializado en materias como el medio ambiente y urbanismo. A uno de esos puestos optaba la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada a García Ortiz, que no ha resultado elegida.

Al frente de la Fiscalía de Sala de Discapacidad seguirá la ex fiscal general María José Segarra, que era la única aspirante al puesto. Segarra, que fue la primera fiscal general nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, también firmó la carta en la que se pedía la dimisión de García Ortiz tras su declaración en el Supremo en enero del año pasado.

La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente pasará a manos de Javier Rufino, que actualmente es teniente fiscal de la Inspección Fiscal, donde ha asumido la redacción de las actas de medio ambiente. Rufino no está asociado, aunque se le atribuye una sensibilidad conservadora, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Peramato también ha hecho dos nombramientos en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Una de las propuestas ha sido Raquel Muñoz, que también formó parte de la Secretaría Técnica con el ex fiscal general. El otro es Ignacio Rodríguez, que en la actualidad era letrado del tribunal de garantías y que formó parte del grupo de expertos que hizo un proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal durante el mandato del ministro Juan Carlos Campo (PSOE).

Además, en la Audiencia Nacional recalará Beatriz López Pesquera, que también formó parte del equipo de García Ortiz en la Secretaría Técnica y que está asociada a la Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió Peramato en el pasado. Por otro lado, logra una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción Virna Alonso, que era decana de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid.

Elena Guijarro, ha sido nombrada como nueva tesorera del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

La arquitecta guadalajareña, que también es decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, ha tomado posesión de su cargo junto con el resto del nuevo equipo de Gobierno del CSCAE para el mandato 2026-2029.

La candidatura, que se alzó con la mayoría absoluta en las elecciones celebradas el pasado 28 de noviembre, está formado, aparte de por Guijarro, por Marta Vall-llossera Ferran, al frente de la institución, como presidenta; Laureano Matas, como vicepresidente primero; la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, Susana Moreno, como vicepresidenta segunda; el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Salvador Lara, como vicepresidente tercero; la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, y, como secretaria general, María José Peñalver.

Durante el acto institucional de toma de posesión, que ha contado con la intervención de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y al que han asistido decanos/as de Colegios Provinciales e importantes nombres del mundo de la Arquitectura, el equipo de Gobierno se ha comprometido a “avanzar en la profesión que demanda la sociedad”, según informa el CSCAE en un comunicado.

Prioridades del nuevo mandato

En su intervención, Guijarro, vecina regional de la ministra Rodríguez que se congratulaba de tener a una castellano-manchega en la Junta Directiva, ha expresado su “agradecimiento a todos los que dan servicio a la sociedad y defienden la profesión. Con todos ellos tenemos el compromiso de seguir trabajando en equipo”.

Tanto para responder a los “problemas reales” de la ciudadanía como en la defensa de la profesión, puesto que están vinculadas, una de las prioridades del equipo de Gobierno en este nuevo mandato será “la negociación con las Administraciones Públicas para lograr procesos de contratación ejemplares; concursos públicos y privados que prioricen la calidad de la arquitectura como sinónimo de bien común y unos honorarios justos que resultan esenciales para que la población disfrute de entornos construidos de calidad”.

Otras líneas de actuación prioritarias estarán relacionadas con la formación continua de los/as arquitectos/as, con ofrecer cursos y herramientas que permitan su especialización y abran nuevas oportunidades para el ejercicio profesional y con la protección de los/as colegiados/as también después de la jubilación, con una reforma de las mutualidades que evite situaciones discriminatorias. Para todo ello, se trabajará con el conjunto de los Colegios y Consejos Autonómicos, mejorando la coordinación y primando los acuerdos desde el reconocimiento de una diversidad territorial que enriquece la acción global del CSCAE.

Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Marratxí (Mallorca), PSIB-PSOE i Més, han reclamat responsabilitats a l'equip de govern, encapçalat pel PP, després que una auditoria externa hagi posat en dubte la contractació d'un afiliat de Vox en una de les empreses públiques del municipi, Marratxí XXI, dedicada a la gestió de residus i serveis. Tal com va informar aquest diari, la inspecció, realitzada a instàncies del Consistori, detecta mancances documentals significatives a l'expedient: el procés es va dur a terme sense cap informe que justifiqués l'elecció d'aquest candidat o la necessitat de crear la plaça de supervisor per a la qual va ser designat, com tampoc va ser acompanyat d'una entrevista a l'aspirant finalment seleccionat. 

Els socialistes han exigit explicacions “immediates i urgents” per part de l'Ajuntament davant les “greus irregularitats” que envolten la contractació, alhora que ha reclamat la dimissió dels responsables polítics implicats. En un comunicat, el PSIB retreu, tal com assenyala l'auditoria, que es modifiquessin els requisits de la plaça “per afavorir clarament un candidat que és militant de Vox”. El treballador va figurar a les llistes electorals de la formació d'extrema dreta en els comicis de 2023.

En la seva nota, els socialistes recorden que ja a l'abril de 2024 van sol·licitar formalment, mitjançant correu electrònic, la certificació dels cursos i titulacions al·legades pel candidat “sense que a dia d'avui encara s'hagi facilitat cap documentació”. “Aquesta falta de resposta només pot interpretar-se com una falta greu de transparència per part dels responsables polítics de l'empresa pública i de l'equip de govern municipal”, al·leguen. En aquesta línia, adverteixen que si es confirma que el candidat “va falsejar el seu currículum” es trobarien davant un possible cas de “falsedat documental”, una situació “absolutament incompatible amb la seva permanència en una empresa pública”.

El PSIB exigeix així el cessament immediat del treballador i que es torni a iniciar el procés de contractació “amb totes les garanties de legalitat, igualtat, mèrit i capacitat”.

Amb tot, asseveren que la responsabilitat “no pot recaure únicament en el treballador”, ja que, a parer seu, si els responsables polítics de PP i Vox “van permetre la contractació d'un afiliat seu sense comprovar ni validar la seva formació i experiència”, es tractaria d'un cas “molt greu d'ús partidista d'una empresa pública”.

“Cal recordar, a més, que existien candidats amb una preparació i experiència molt superiors a qui se'ls va negar l'oportunitat de cobrir aquesta plaça”, abunden els socialistes, qui subratllen que, a diferència d'altres processos selectius de Marratxí XXI, “ni tan sols es van realitzar entrevistes”, un fet que “reforça el sospita d'un procediment fet a mida i sense garanties”.

En la seva opinió, és “inacceptable” que l'empresa pública del municipi es converteixi en una “agència de col·locació al servei d'interessos partidistes”, mostrant els socialistes el seu “compromís amb la transparència, la legalitat i l'assumpció de responsabilitats fins al final”.

Per la seva banda, la portaveu de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, considera que l'auditoria revela “un manera de governar opaca i clientelista”, per la qual cosa ha reclamat al batle de Marratxí, Jaume Llompart (PP), i al primer tinent de batle, Pedro Bestard (Vox), que compareguin al ple per donar compte de la contractació, expliquin per què es van descartar aspirants amb experiència més vinculada al sector i facin públics els expedients complets del procés amb les seves bases, criteris, baremació, actes i informes.

Amengual incideix en què la persona contractada és militant de Vox, la qual cosa, al seu judici, intensifica la “sospita evident” que els requisits es van dissenyar “a mida” per afavorir-lo i que, en definitiva, “a Marratxí XXI entra abans el carnet que el mèrit”.

A més d'exigir explicacions i accés a l'expedient complet, Més sol·licita revisar el procés, obrir una nova convocatòria amb criteris objectius i abordar un canvi en la governança de Marratxí XXI perquè funcions centrals com la secretaria del Consell d'Administració recaiguin en perfils tècnics i professionals, desvinculant així rols polítics dels processos de garanties i control intern.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Marratxí (Mallorca), PSIB-PSOE y Més, han reclamado responsabilidades al equipo de gobierno, encabezado por el PP, después de que una auditoría externa haya puesto en duda la contratación de un afiliado de Vox en una de las empresas públicas del municipio, Marratxí XXI, dedicada a la gestión de residuos y servicios. Tal como informó este periódico, la inspección, realizada a instancias del Consistorio, detecta carencias documentales significativas en el expediente: el proceso se llevó a cabo sin informe alguno que justificara la elección de este candidato o la necesidad de crear la plaza de supervisor para la que fue designado, como tampoco fue acompañado de una entrevista al aspirante finalmente seleccionado. 

Los socialistas han exigido explicaciones “inmediatas y urgentes” por parte del Ayuntamiento ante las “graves irregularidades” que envuelven la contratación, al tiempo que ha reclamado la dimisión de los responsables políticos implicados. En un comunicado, el PSIB recrimina, tal como señala la auditoría, que se modificasen los requisitos de la plaza “para favorecer claramente a un candidato que es militante de Vox”. El trabajador figuró en las listas electorales de la formación de extrema derecha en los comicios de 2023.

En su nota, los socialistas recuerdan que ya en abril de 2024 solicitaron formalmente, mediante correo electrónico, la certificación de los cursos y titulaciones alegadas por el candidato “sin que a día de hoy todavía se haya facilitado ninguna documentación”. “Esta falta de respuesta solo puede interpretarse como una falta grave de transparencia por parte de los responsables políticos de la empresa pública y del equipo de gobierno municipal”, alegan. En esta línea, advierten de que si se confirma que el candidato “falseó su currículum” se encontrarían ante un posible caso de “falsedad documental”, una situación “absolutamente incompatible con su permanencia en una empresa pública”.

El PSIB exige así el cese inmediato del trabajador y que vuelva a iniciarse el proceso de contratación “con todas las garantías de legalidad, igualdad, mérito y capacidad”.

Con todo, aseveran que la responsabilidad “no puede recaer únicamente en el trabajador”, ya que, a su manera de ver, si los responsables políticos de PP y Vox “permitieron la contratación de un afiliado suyo sin comprobar ni validar su formación y experiencia”, se trataría de un caso “muy grave de uso partidista de una empresa pública”.

“Hay que recordar, además, que existían candidatos con una preparación y experiencia muy superiores a quienes se les negó la oportunidad de cubrir esta plaza”, abundan los socialistas, quienes subrayan que, a diferencia de otros procesos selectivos de Marratxí XXI, “ni siquiera se realizaron entrevistas”, un hecho que “refuerza la sospecha de un procedimiento hecho a medida y sin garantías”.

En su opinión, es “inaceptable” que la empresa pública del municipio se convierta en una “agencia de colocación al servicio de intereses partidistas”, mostrando los socialistas su “compromiso con ”la transparencia, la legalidad y la asunción de responsabilidades hasta el final“.

Por su parte, la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, considera que la auditoría revela “una manera de gobernar opaca y clientelista”, por lo que ha reclamado al alcalde de Marratxí, Jaume Llompart (PP), y al primer teniente de alcaldía, Pedro Bestard (Vox), que comparezcan en el pleno para dar cuenta de la contratación, expliquen por qué se descartaron aspirantes con experiencia más vinculada al sector y hagan públicos los expedientes completos del proceso con sus bases, criterios, baremación, actas e informes.

Amengual incide en que la persona contratada es militante de Vox, lo que, a su juicio, intensifica la “sospecha evidente” de que los requisitos se diseñaron “a medida” para favorecerle y que, en definitiva, “en Marratxí XXI entra antes el carné que el mérito”.

Además de exigir explicaciones y acceso al expediente completo, Més solicita revisar el proceso, abrir una nueva convocatoria con criterios objetivos y abordar un cambio en la gobernanza de Marratxí XXI para que funciones centrales como la secretaría del Consejo de Administración recaigan en perfiles técnicos y profesionales, desvinculando así roles políticos de los procesos de garantías y control interno.

Una auditoría externa realizada a instancias del del Ayuntamiento de Marratxí (Mallorca) ha puesto en duda la contratación de un afiliado de Vox por parte del Consistorio gobernado por el PP al detectar que el proceso se llevó a cabo sin ir acompañado de documentación clave: no consta ningún informe que justificara la elección de este candidato ni la necesidad de crear la plaza de supervisor para la que fue designado en la empresa pública Marratxí XXI, dedicada a la gestión de residuos y servicios municipales, como tampoco la entrevista al aspirante finalmente seleccionado. El trabajador, quien figuró como número 6 en las listas electorales de la formación de extrema derecha en 2023, es, además, el único de los contratados que cobra por encima de las tablas salariales de la empresa. La incorporación se habría producido en detrimento de aspirantes con mayor formación y experiencia.

En concreto, la contratación se formalizó para cubrir una plaza de supervisor-encargado de servicios, un puesto de mando intermedio encargado de coordinar y controlar la operativa diaria de la empresa pública. Según las bases de la convocatoria, entre sus funciones figuran la supervisión de los distintos servicios que presta Marratxí XXI, la gestión de incidencias -entre ellas, las recibidas a través de la ‘línia verda’-, la relación con las empresas adjudicatarias, la organización de servicios extraordinarios vinculados a fiestas u otros eventos, y la asignación y seguimiento de tareas del personal de brigada.

A partir de los requisitos formativos incluidos en la convocatoria, los autores de la auditoría, cuyo contenido ha sido avanzado por el diario Última Hora y a la que ha tenido acceso elDiario.es, realizaron una comparación con ofertas similares en otras empresas y constataron que, para puestos equivalentes, lo habitual es exigir perfiles vinculados al ámbito ambiental: desde FP de química o salud ambiental hasta grados en ciencias ambientales o ingenierías, además de formación específica en normativa y seguridad. En cambio, la auditoría subraya que los requisitos de formación y experiencia planteados para la plaza de supervisor-encargado en Marratxí XXI se alejan de los que se piden de forma generalizada en este tipo de empleos.

De acuerdo con los requisitos de formación solicitados para obtener esta plaza, los firmantes de la auditoría llevaron a cabo una investigación de los requisitos exigidos por parte de otras empresas para acceder al mismo puesto de trabajo, haciendo hincapié en que las titulaciones más demandadas son el FP de química ambiental o el de salud ambiental, el grado en ciencias ambientales y la ingeniería ambiental, además de contar con formación y conocimientos de las regulaciones ambientales y de seguridad. Sin embargo, el documento asevera que los requisitos de formación y experiencia solicitados para la plaza de supervisor encargado de servicios de Marratxí XXI nada tienen que ver con los de otras plazas similares.

No solo eso. La auditoría subraya que, al analizar el anuncio de la plaza, comprobaron que las bases incluyeron un apartado relacionado con funciones de comunicación audiovisual y periodismo -para que el futuro cargo pudiera encargarse de las redes sociales y de la comunicación en radio, prensa, etc.-, pese a que Marratxí XXI es una empresa dedicada a la gestión de residuos.

Una combinación que, como puso de manifiesto el PSIB-PSOE en una nota difundida en agosto de 2024, se interpretaría como un intento de orientar el proceso hacia un perfil concreto. Los socialistas, que llevan reclamando documentación sobre la contratación desde al menos marzo de 2024, cuando solicitaron formalmente los currículum recibidos para cubrir la plaza y los motivos por los que no se constituyó una bolsa de trabajo con el resto de aspirantes, denunciaron que se estaban introduciendo “funciones periodísticas y de comunicación” que no formaban parte de la ficha real del puesto y que, a su juicio, se habían añadido deliberadamente para beneficiar al candidato finalmente contratado.

La auditoría también analiza las retribuciones y destaca un elemento que afecta específicamente al supervisor-encargado: de acuerdo a los documentos remitidos por la gerencia y las comprobaciones llevadas a cabo, es el único puesto de Marratxí XXI que incluyó como concepto salarial una “mejora voluntaria” de 161,21 euros mensuales, una diferencia que no se reproduce en el resto de puestos analizados, por lo que el trabajador cobra más de lo indicado por las tablas retributivas de la empresa municipal.

El Ayuntamiento niega un trato de favor

elDiario.es se ha puesto en contacto con el regidor responsable de Marratxí XXI, Juan Antonio Estarellas, para recabar su versión sobre lo arrojado por la auditoría. En este sentido, rechaza que la contratación respondiera a un criterio político, aseverando -a pesar de que el consejo de administración de la empresa está integrado por miembros de PP y Vox- que el Ayuntamiento no podía conocer que el cantidado fuese afiliado del partido de Santiago Abascal. “Nosotros, cuando nos entregan los currículum, no lo podemos saber”, incide, recriminando un uso partidista del caso. A pesar de que otros aspirantes contaban con más formación y experiencia, el regidor enmarca la decisión de contratar a este empleado en el funcionamiento interno de la empresa: según alega, la selección corresponde en primer término a la gerencia y, después el nombramiento, pasa por un consejo de administración que decide respaldar o no la propuesta.

Asimismo, justifica que la inclusión de un perfil de comunicación en la convocatoria responde a que la plaza debía cubrirse con urgencia al tratarse de una sustitución por excedencia de otro trabajador y, en ese sentido, el Ayuntamiento apostó por un perfil que pudiera reforzar la comunicación institucional de la empresa municipal y facilitar el traslado de información al área de comunicación del consistorio. Al respecto, Estarellas señala que Marratxí XXI “no tiene ni redes ni web propia”, por lo que la comunicación se canaliza a través del Ayuntamiento y el trabajador contratado actúa como enlace para que la información llegue correctamente a los canales municipales. Asimismo, matiza el enfoque que sitúa a Marratxí XXI como una empresa dedicada exclusivamente a la recogida de residuos, al aseverar que se trata de una empresa de servicios con un ámbito “muy amplio” que incluye desde la gestión de centros de día hasta los parques y jardines, parques infantiles y otros servicios municipales, además de la propia recogida de residuos.

Respecto a otra de las críticas principales del informe -la falta de justificación sobre la necesidad de la plaza-, el regidor responde que la plaza no se creó ad hoc, sino que el organigrama de Marratxí XXI “existe desde hace veintipico de años” y que se trataba de puestos ya previstos pero no cubiertos. Según explica, al llegar al gobierno municipal, decidieron “dotar la estructura de personal necesario” dado que se encontraron una empresa “infradotada”. Desde esa óptica, defiende que no era necesaria una justificación específica de creación de plaza, porque se trataba de cubrir puestos que “ya existían”.

El concejal insiste en que la empresa ha actuado con “transparencia y total colaboración”. De hecho, destaca que la auditoría se ha hecho pública y se remitió al siguiente pleno municipal habilitado: “No la guardamos en un cajón, ni un mes, ni dos meses, ni un año. La llevamos a pleno al mes siguiente”.

El catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Emilio Gómez Lázaro, ha sido nombrado nuevo director del Departamento de Energía del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El ingeniero Emilio Gómez Lázaro

Ingeniero industrial y catedrático de Ingeniería Eléctrica, Gómez Lázaro ha desarrollado su labor docente e investigadora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete desde su incorporación en 2005 a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Ese mismo año asumió la dirección del Instituto de Energías Renovables de la universidad, cargo que desempeñó hasta abril de 2025.

Durante su etapa al frente del Instituto, Gómez Lázaro impulsó la coordinación de los distintos grupos de investigación y contribuyó “de forma decisiva a su consolidación como centro de referencia en líneas estratégicas relacionadas con la energía solar fotovoltaica y termoeléctrica, eólica, almacenamiento de energía, biomasa, pilas de combustible y tecnologías del hidrógeno, la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética”, explican desde la Universidad de Castilla-La Mancha.

Con este nombramiento, Emilio Gómez Lázaro inicia una nueva etapa profesional en el CIEMAT, donde dirigirá el Departamento de Energía, “uno de los pilares científicos del organismo, con el objetivo de reforzar la investigación, la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento en el ámbito energético, en un contexto marcado por la transición ecológica y la descarbonización del sistema energético”, según fuentes de la UCLM.

El Departamento de Energía es uno de los cinco departamentos técnicos en los que se estructura este Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, a través de la Secretaría General de Investigación, focalizado principalmente en los ámbitos de la energía y el medio ambiente y los campos tecnológicos relacionados con ambos y en el que trabajan más de 250 personas.

Las actividades de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la energía se centran esencialmente en las energías renovables y su integración en la red, el almacenamiento, el hidrógeno verde, las pilas de combustible y la valorización sostenible de los residuos.

La hasta ahora teniente de alcalde de Horche (Guadalajara), Laura Barbas Calvo, ha sido nombrada nueva directora general del Instituto Geográfico Nacional (IGN) tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado miércoles, 7 de enero. En un acto presidido este jueves, 8 de enero, por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la concejala horchana se convierte en la primera mujer que dirige este organismo público dependiente del Ministerio en sus 155 años de historia.

En su discurso de posesión, Laura Barbas ha destacado el papel fundamental que el Instituto Geográfico Nacional desempeña en la difusión del conocimiento científico en nuestro país, y se ha comprometido a ejercer un liderazgo cercano, participativo y que fomente el talento de todas y todos. “Creo firmemente en el trabajo en equipo, en la escucha activa y en la construcción colectiva. Solo así alcanzaremos nuestros objetivos” ha manifestado.

Con este nombramiento, Barbas Calvo sucede en el cargo a Lorenzo García Asensio, y asume la dirección de este organismo estratégico nacional que cartografía el territorio español, una responsabilidad que conlleva dedicación exclusiva y que le obliga a dejar su acta como concejala en el Ayuntamiento de Horche tras 18 años de trayectoria en la política local.

Dilatada trayectoria

Barbas es ingeniera de telecomunicaciones, pertenece al cuerpo de Astrónomos y es miembro del grupo de coordinación de la Red de Infraestructuras de Astronomía. Durante su carrera, ha destacado por su trabajo en el Observatorio de Yebes (Guadalajara), donde participó activamente en el diseño y desarrollo de software del sistema de control de los radiotelescopios de 40 metros y 13,2 metros. Su experiencia técnica se complementa con su participación en diversos proyectos de investigación en instrumentación y radioastronomía. Al respecto, el ministro ha recalcado que es “una de las grandes artífices de que en la actualidad Yebes sea el observatorio más eficiente del mundo en el descubrimiento de moléculas interestelares, los ladrillos primarios que componen el edificio de la vida”.

Hasta su nombramiento, Barbas Calvo ocupaba la administración y gestión de los fondos europeos y nacionales del Observatorio de Yebes, actuando como coordinadora de la Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) del centro y como miembro del grupo de coordinación de la Red de Infraestructuras de Astronomía (RIA).

“Un honor” para Horche

Su renuncia al cargo de teniente de alcalde en Horche cierra una etapa de 18 años al servicio de los horchanos, “donde ha sido una figura fundamental para el desarrollo local y el bienestar de los vecinos y vecinas”, según señala el ayuntamiento de la localidad en un comunicado, el cual añade que “Laura Barbas deja una huella de solvencia técnica y sensibilidad social, habiendo compaginado su brillante carrera profesional con su vocación de servicio público”.

“Para Horche es un honor ver cómo el talento y la capacidad de gestión que Laura ha demostrado en nuestro pueblo son ahora reconocidos a nivel nacional para liderar un organismo tan vital como el Instituto Geográfico Nacional”, ha expresado el alcalde de Horche, Manuel Salvador.

La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha prometido su cargo ante el rey Felipe VI y junto a Elma Saiz, la nueva portavoz del Gobierno de España.

Tras conocerse las noticias, las reacciones no han dejado de producirse. Primero con felicitaciones desde su propio partido, el PSOE y dl presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha señalado a través de su perfil en la red social X que “dos grandes mujeres que asumen nuevas responsabilidades en esta legislatura” en relación a Milagros Tolón y Elma Saiz, ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo nacional, respectivamente.

El exministra de Educación, Pilar Alegría, ha dado su enhorabuena a Tolón como sucesora en el cargo, destacando que va a afrontar “un reto apasionante en una cartera fundamental para el desarrollo de nuestro país”. Por otro lado le ha deseado “muchos éxitos y todo el acierto en esta nueva etapa. Y ya sabes que aquí estoy para lo que necesites”, le escribía a través de las redes sociales.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha felicitado a Milagros Tolón como “paisana” y “sucesora en la Alcaldía de Toledo”, en un mensaje no sin cierta retranca.

Por otro lado, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Amengol ha señalado que tanto Tolón como Saiz son “dos mujeres que dan un paso adelante y asumen nuevos retos” las que desea “mucho acierto en esta nueva etapa”.

El PP ve en el nombramiento la “sucesión” para Page

Mientras, el Partido Popular a nivel nacional ha deslizado la idea de que Pedro Sánchez está ya trabajando en la “sucesión” de Emiliano García-Page al frente del PSOE de Castilla-La Mancha, al nombrar a Milagros Tolón como ministra de Educación, según declaraciones en fuentes recogidas por Europa Press. Claro que eso también se dijo de Isabel Rodríguez, la actual ministra de Vivienda.

Y desde el PP de Castilla-La Mancha, su secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha deseado “aciertos” a Tolón al frente de la cartera que le ha asignado Pedro Sánchez, pero para decir después que “España no necesita nuevas ministras, sino un adelanto electoral para que los ciudadanos puedan mostrar lo que opinan del ejecutivo socialista de Sánchez”.

Carolina Agudo cree que Tolón que se incorpora a un Consejo de Ministros “nefasto” con un presidente del Gobierno “cercado por la corrupción”, y que “sigue en Moncloa gracias al apoyo de Emiliano García-Page, que con sus ocho votos en el Congreso, facilita que Pedro Sánchez sea presidente de todos los españoles”.

Otras valoraciones

Desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha (CCOO) han valorado positivamente que Tolón no tenga que compaginar con ninguna otra responsabilidad en el Gobierno el cargo de un “ministerio tan fundamental”. Ana Delgado, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en la región, ha considerado que puede ser “una señal inequívoca de una dedicación plena para unos avances que son imprescindibles y urgentes”. Sin embargo, ha explicado que la ministra “tiene por delante mucho trabajo pendiente empezando por la necesidad de abordar la negociación del tan esperado estatuto docente”.

Ha finalizado señalando que necesitan que “la nueva ministra se tome muy en serio la profesión docente, que es un reto mayúsculo el que debe asumir Milagros Tolón”, para apostillar que CCOO “estará como siempre colaborando en todo lo que suponga una mejora del sistema educativo y organizando las calles en todo lo que sea parálisis o retroceso”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha felicitado a Milagros Tolón por su nombramiento y le ha deseado “el mayor de los éxitos para hacer frente a los múltiples desafíos que requiere la cartera ministerial”. Señalan además que se ponen a “total disposición de la nueva ministra para colaborar en aquellos avances que supongan una mejora real de las condiciones laborales del profesorado y, en consecuencia, de la calidad del sistema educativo español”.

CSIF ha aprovechado para reclamar que “se retome de manera inmediata la negociación de la Ley del Profesorado y el Estatuto Docente”, apuntando que este último es “más necesario que nunca”. Han “exigido” que la nueva ministra inicie su mandato con la tramitación “urgente” del anteproyecto negociado en la Mesa Sectorial para la reducción del horario lectivo y de las ratios, así como con la convocatoria “inmediata” de la Mesa de negociación para abordar los asuntos pendientes y comprometidos.

En definitiva, CSIF reclama un Estatuto Docente “que regule la profesión desde el acceso hasta la jubilación y que mejore las condiciones laborales y retributivas, como requisito imprescindible para dignificar la labor docente y mejorar la educación pública”.

La Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha también ha querido felicitar a Tolón por su nueva responsabilidad. A través de su perfil en la red social X destacaban que la nueva ministra “fue estudiante de tercer ciclo de la facultad en la segunda mitad de los años noventa” y le han deseado “mucha suerte y acierto”.