Las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Centro Residencial El Cuartillo, dependiente del SEPAD en Cáceres, han hecho pública su situación para denunciar la falta de personal que, aseguran, arrastran desde hace tiempo y que se agrava durante los periodos vacacionales y cuando no se sustituyen las bajas.

La portavoz del colectivo, Edita Bajo, sostiene que la plantilla trabaja “bajo mínimos” y que esa situación obliga a las profesionales que permanecen en el centro a asumir una carga asistencial cada vez mayor. “Trabajar al límite no puede convertirse en la norma”, resume el comunicado difundido por las trabajadoras.

Según explican, el problema no afecta únicamente a las condiciones laborales de la plantilla, sino también a la calidad de la atención que reciben las personas residentes. Recuerdan que El Cuartillo trabaja con un modelo de cuidados libre de sujeciones, tanto físicas como químicas, que requiere una vigilancia permanente y un acompañamiento continuo. A su juicio, sin el personal suficiente resulta imposible prestar esa atención en las condiciones que exige el propio modelo asistencial.

Las profesionales también denuncian que, para garantizar el funcionamiento del servicio, en ocasiones se ven obligadas a renunciar a días de asuntos propios y a otros permisos laborales, con el consiguiente desgaste físico y emocional. Insisten en que no se trata de un problema individual, sino de una situación que repercute tanto en quienes trabajan en el centro como en las personas usuarias.

Junto a la denuncia pública, las trabajadoras han comenzado una recogida de firmas dirigida a la Dirección del centro residencial y a la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

En el escrito recuerdan que las restricciones generales de permisos comunicadas por la dirección no pueden sustituir las resoluciones individualizadas previstas en la legislación administrativa. En concreto, solicitan que todas las peticiones de permisos sean resueltas de forma expresa y motivada, que las denegaciones se justifiquen por escrito cuando respondan a necesidades del servicio y que se informe a la representación legal de los trabajadores sobre las medidas organizativas adoptadas para hacer frente a la falta de personal y sobre los criterios empleados para conceder o denegar permisos.

Las TCAE reclaman, además, que se cubran las vacaciones y las bajas con la dotación de personal necesaria para garantizar tanto la seguridad de las personas residentes como unas condiciones de trabajo que, según defienden, respeten los derechos laborales de la plantilla.

Respuesta del SES

La Junta de Extremadura, en respuesta a la petición de información de elDiario.es, señala que los centros de atención 24 horas de gestión directa del SEPAD comunican de forma continuada, a lo largo de todo el año, las necesidades de cobertura de puestos en las distintas categorías profesionales. Añade que la coordinación entre el departamento de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y la Dirección General de Función Pública es permanente, con intercambio diario de información para garantizar una respuesta ágil a dichas necesidades. Asimismo, sostiene que desde la llegada del actual Gobierno se ha avanzado en soluciones estructurales, con el reconocimiento de las horas extraordinarias, la puesta en marcha de contratos de refuerzo de larga duración que aportan estabilidad y la equiparación salarial. En este contexto, afirma que se continúa trabajando de manera intensiva para asegurar la cobertura de todos los puestos en los centros de la región.

La causa abierta al fundador de Glovo, Oscar Pierre, por los falsos autónomos encara una fase decisiva. El juez instructor tiene que decidir si envía el caso a juicio, tal y como ha pedido la acusación que ejerce el sindicato CGT, o si accede a la solicitud de la defensa del empresario y lo archiva.

El escrito del abogado de Pierre, al que ha tenido acceso elDiario.es, admite que Glovo trató de “desvirtuar” la Ley Rider al intentar mantener como autónomos a los repartidores, pero niega que ello suponga un delito contra los derechos de los trabajadores y pide dar carpetazo a la causa.

La petición de la defensa se ha encontrado con el rechazo de la CGT, que ejerce la acusación popular. El abogado del sindicato, Raúl Maíllo, ha solicitado en un escrito que el juez siente el banquillo a Pierre para que pueda ser acusado por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener su modelo de falsos autónomos.

La central sindical argumenta que hay suficientes indicios de que Pierre impuso “condiciones ilegales” a sus trabajadores mediante su contratación “con fórmulas ajenas al contrato de trabajo”, y que después los mantuvo como falsos autónomos “en contra de requerimiento” de la Inspección de Trabajo.

La causa abierta a Pierre en Barcelona es la única que investiga penalmente si Glovo cometió un delito al mantener como falsos autónomos a sus repartidores tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y a la denominada Ley Rider de 2021, que obligaban a la compañía a contratarles como empleados.

El caso nació a partir de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona, que en los próximos días tendrá que pronunciarse sobre si apoya llevar a juicio a Pierre o si, por contra, considera que no hay suficientes indicios y se debe archivar.

La denuncia fiscal fue la puntilla a una serie de actuaciones de la Inspección de Trabajo para lograr que, de una vez por todas, Glovo se atendiera a la legalidad tras su batalla con el Ministerio que encabeza Yolanda Díaz por los falsos autónomos. Después de más de un lustro de pleitos, la compañía anunció en 2025 que contrataría a sus repartidores.

El ahorro en los costes laborales que esta figura suponía se ha constatado con el ERE que Glovo ha presentado este año, que se ha cerrado con el despido de 436 repartidores, 300 menos de lo previsto inicialmente. Pierre vendió la mayoría de la empresa que había fundado a la multinacional alemana Delivery Hero a finales de 2021, si bien se mantuvo como consejero delegado.

La empresa intentó solventar su crisis de imagen producida por la causa judicial a través del fichaje de expolíticos de PSC, PP, ERC y Junts para su consejo asesor y con una foto con el president de la Generalitat, Salvador Illa, y dirigentes sindicales en el acto por los 10 años que Glovo cumplió el año pasado.

La instrucción ha contado con testigos de varios repartidores, abogados y responsables de Glovo así como diversos inspectores de Trabajo que indagaron en el funcionamiento de la compañía. Los funcionarios ratificaron que Glovo no contrató como empleados a repartidores que estaban reconocidos por los tribunales como falsos autónomos.

La defensa de Pierre, que ejercen los penalistas Cristóbal Martell y Pau Ferrer, argumenta en su petición de archivo que Glovo “implementó cambios para tratar de desvirtuar la presunción de laboralidad” que le imponía la Ley Rider, pero que de toda la instrucción de la causa “no se ha evidenciado la conducta desobediente” que determina el delito contra los derechos de los trabajadores investigado.

La defensa resalta que la causa está construida a partir de resoluciones judiciales y requerimientos de Inspección de Trabajo desfasadas, porque son anteriores al nuevo modelo que rigió las relaciones laborales con los repartidores desde agosto de 2021. Mantener como autónomos a los repartidores, alega la petición de archivo, era “perfectamente válido” y legal en España.

El escrito aprovecha para poner en duda la actuación de la Inspección de Trabajo. Menciona la defensa resoluciones de la Audiencia Nacional favorables a la empresa en su conflicto con los riders que han criticado el “sesgo y afán recaudatorio” de la Inspección, lo que, a juicio del abogado de Pierre, “apunta a la existencia de posibles motivaciones secundarias ajenas a una aproximación imparcial y neutras hacia las relaciones entre Glovo y sus repartidores”.

Hace tres años, el departamento de comunicación de la fundación AISGE, que gestiona los derechos de actores, bailarines, dobladores y directores de escena, publicó un informe bastante representativo de lo que sucede en todo el ámbito de la creación cultural, incluido el más importante en términos económicos y de influencia internacional, el del libro. Entre otras cosas, afirmaba que sólo el 23% de los profesionales gana más de 1.000 euros brutos al mes, que el 44% está por debajo de la línea de la pobreza y que, en consecuencia, más del 50% se ve obligado a ejercer empleos no relacionados con su profesión, con lo que eso implica (Estudio sociolaboral, 2023). El objetivo de “vivir dignamente de su trabajo se halla más cuestionado que nunca” —se decía en ese momento— y, por si eso fuera poco, la “degradación de las condiciones laborales” y la derivada “sobreoferta de productos” conducían a una “pérdida de valor de los mismos” que haría “insostenible” gran parte del sector.

Esta semana, ACE Traductores ha puesto en marcha la encuesta de su nuevo Libro blanco de la traducción editorial en España, que cuando esté concluido será el tercero de los que haya elaborado. Quien no esté informado al respecto, puede pensar que, hasta entonces, no hay forma de saber en qué situación se encuentra ese grupo de trabajadores de la cultura, que también son autónomos en su mayoría; pero, teniendo en cuenta que la precarización no ha dejado de aumentar desde la publicación del texto anterior (del año 2010), es difícil que sus conclusiones se alejen positivamente de lo que sabemos hoy: “tarifas estancadas o a la baja”, “trivialización y devaluación de la producción social”, indefensión generalizada, imposibilidad de verificar las ventas de libros (de las que dependen las liquidaciones de derechos) y lo que se definía en suma, quizá con excesiva suavidad, como “alto grado de incumplimiento de la ley de propiedad intelectual por parte de los editores”. Como resultado, más del 70% no se podía dedicar en exclusiva a su oficio cuando se publicó el Informe de valor económico de la traducción editorial (2017).

Por si les parece que los ejemplos anteriores son excepciones a la norma, añadiré algunas de las afirmaciones de la Encuesta de análisis del sector profesional de la ilustración (2025), que será la base de otro tercer libro blanco, el correspondiente a las circunstancias actuales de los ilustradores e ilustradoras de nuestro país: “ocho de cada diez” trabajadores “han visto congelados o reducidos sus ingresos desde 2019”, un 70% tiene problemas de “demora o impago por sus servicios” y una “amplia mayoría ingresa menos de 1.000 euros al mes”, lo cual explica que en el año 2005 ya se diera el caso de que el 17% de los encuestados ni siquiera ganaran lo suficiente “para cubrir los gastos de la Seguridad Social”.

Como se ve, es el mismo brete, y prácticamente en la misma gama de cifras; con dos agravantes que quizá habrán imaginado: la brecha histórica de género, imposible de cerrar con sueldos cada vez más bajos y la aparición de la IA, que está expulsando a miles de profesionales y dañando la calidad de las obras sin más utilidad real que la de aumentar los beneficios de las grandes empresas y de cuatro multinacionales.

Algunos de los que pertenecemos a dichos sectores —no cito más por falta de espacio— somos muy conscientes de que nada de lo planteado aquí tiene solución si no rompemos el silencio, nos movilizamos y desvelamos la imagen de la cultura en España, que desde luego no es la de un puñado de famosos televisivos; y al tratarse de ocupaciones tan diversas, tampoco se puede avanzar mucho si los actores, traductores, escritores, ilustradores, músicos y demás seguimos luchando estrictamente en nuestro campo, por la sencilla razón de que la propia disgregación nos resta fuerza y, de paso, impide un más que necesario intercambio de experiencias, algo particularmente grave cuando se trabaja en el mismo sitio, como sucede a menudo en el teatro. Pero, por supuesto, falta un factor esencial, el motivo de que se haya llegado a semejante situación: el desinterés de las administraciones públicas españolas, que a diferencia de casi todos los países de nuestro entorno, ni siquiera han sentado las bases de una verdadera política cultural, que pasa por conceder un tratamiento específico a los creadores y creadoras.

El grandísimo Peter Brook declaró en Between two silences que él nunca había tenido problemas de dinero a la hora de dirigir, y no porque fuera rico —que no lo era—, sino porque puenteaba la cuestión por el procedimiento de limitarse a “usar los medios disponibles”, es decir, lo que hubiera, por poco que fuese; de hecho, es lo normal cuando la creación es una forma de vida. Lamentablemente, el mundo donde dijo eso no es el mundo en el que estamos: aunque la UNESCO insista en recordar que la cultura es la clave del futuro de la humanidad (Informe mundial sobre políticas culturales), los hechos dicen que la creación ya no da ni para pagar medio alquiler en una ciudad media. Estoy seguro de que, al final, se caerá en la cuenta del tremendo error que se está cometiendo. Esperemos que no sea demasiado tarde.

El mes de juliol va començar a Casa Lola amb la denúncia d'una agressió sexual. El presumpte agressor també va ruixar una altra persona amb gasolina, li va calar foc i li va provocar diverses cremades, segons el testimoni d'una testimoni. La Policia Local de Sant Josep de sa Talaia va enviar una patrulla dimecres passat a la nit per posar ordre i aclarir què havia passat en una propietat prou coneguda per qualsevol eivissenc. Casa Lola és un neotopònim que fa temps que apareix als mitjans de comunicació, també als d'àmbit nacional i internacional. Durant una època alternava les pàgines de societat amb les que informaven sobre la política local. La mansió on se celebraven les festes que reunien famosos i l'alta societat que estiuejava a Eivissa era il·legal. Ningú no va demanar llicència per construir-la.

Sobre aquells 9.326 metres quadrats –bungalous, piscines i terrasses– hi pesava una ordre municipal d'enderrocament que va tardar dotze anys a executar-se. Quan, finalment, hi van entrar les màquines –el 9 d'agost de 2022–, la parcel·la va entrar en una mena de letargia. Fins a la primavera passada. A l'abril, després de dos desallotjaments de campaments de barraques a la perifèria de la capital de l'illa, Periódico de Ibiza va publicar unes fotografies que evidenciaven una realitat: Casa Lola era plena de barraques. Havia estat una vil·la de luxe. Ara és una villa miseria.

L'Ajuntament de Sant Josep lamenta que la propietària de la finca no n'hagi denunciat l'ocupació davant la justícia. Sense aquest tràmit, no es podria iniciar un nou desallotjament d'infrahabitatges a Eivissa. En els darrers dos anys se n'han produït més de mitja dotzena. El pròxim ja té data i lloc: el 24 de juliol, a l'hotel en ruïnes de Punta d'en Xinxó, també al municipi de Sant Josep. Però la propietària de Casa Lola sembla jugar a un altre joc: Francisca Sánchez Ordóñez ja ha patit aquest mateix problema i, en diverses ocasions, ha contractat els serveis de D&S Desokupa per buidar les seues propietats.

Una promotora habitual als tribunals

“Tenc okupes a gairebé totes les meues propietats! A veure, tu veus com tenc ca meua, m'agraden les coses polides. Ara, quan vaig a Casa Lola, que hi vaig molt poc perquè em provoca ansietat, perquè ho han destrossat tot, s'ho han enduit tot, em van robar de tot quan hi van entrar les màquines. Aquella casa era una meravella. I ara què? Una decadència total. Això és el que ha fet l'Administració. Decadència, perquè és el que vol l'Administració. Perquè l'ésser humà és vanitós: vull el millor cotxe, la millor casa. Però gràcies també a aquestes vanitats l'Administració viu de naltros. Perquè som naltros qui mantenim l'Administració. Si no hi hagués il·lusió, estaria tot mort, com passa a Veneçuela”.

La cita correspon a una entrevista –doble– que Paquita Marsan –el malnom amb què es coneix aquesta dona, malaguenya nascuda el 1949 i promotora immobiliària durant els anys més salvatges de Marbella sota l'alcaldia de Jesús Gil y Gil– va concedir a Periódico de Ibiza. Era l'agost de 2025 i no es va estar de res. Tot i presumir de tenir amistat amb els expresidents González i Aznar, va carregar contra les institucions democràtiques: “Hem de viure de la gent que ve a Eivissa (...) Que deixin ja tanta ploma i que deixin obrir els locals aviat i de pressa, que això porta diners, i no fan res més que posar impediments!” Va atribuir tots els seus problemes judicials a un advocat que, segons ella, la va enganyar: “Em va treure un milió d'euros, però no l'he denunciat. L'he perdonat perquè no et pots quedar a la vida amb el ressentiment”. I, tal com ja havia fet en altres ocasions en el mateix mitjà de comunicació, es va justificar:

–No som una mafiosa.

Un currículum judicial interminable

L'historial judicial de Paquita Marsan és interminable i no para de créixer. Fa menys d'un mes, el 18 de juny, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) va anul·lar, per un defecte de forma, una multa de 200.000 euros per una festa celebrada a Casa Lola el juliol de 2020, en plena pandèmia. L'empresària, però, no sempre ha tengut tanta sort. Va tenir un gran ressò mediàtic el seu ingrés a presó per haver defraudat Hisenda en 867.469 euros. La Policia Nacional i l'Agència Tributària la van anar a cercar a Pacha una nit d'agost de 2013. Va passar uns mesos entre reixes fins que va obtenir el tercer grau el juny de 2014.

La majoria dels problemes judicials de Francisca Sánchez Ordóñez, tanmateix, van començar com a infraccions urbanístiques. El passat 6 de març, el TSJIB va confirmar la condemna imposada a l'empresària per no haver complit l'ordre d'enderrocar les construccions il·legals de Casa Lola. Aquell 9 d'agost de 2022, l'equip de govern –llavors una coalició entre el PSOE i forces d'esquerra– va iniciar l'enderroc pel seu compte, però ajustant-se a la llei. Dins el termini i en la forma escaient, segons decretà un tribunal que desestimà els recursos presentats. La condemna obliga la promotora a retornar el mig milió d'euros de diners públics que va costar l'enderroc. L'escena va agafar per sorpresa la seixantena d'hostes que hi havien dormit la nit anterior. Era l'última nit de Casa Lola com a agroturisme sense llicència. Així es posava punt final a una història que venia de lluny.

Des del 2011, l'empresària va ignorar els expedients sancionadors oberts per l'Ajuntament de Sant Josep. Entremig –el novembre de 2018–, l'Audiència Provincial de Palma havia condemnat Paquita Marsan i Rocío Martín –la seua filla i sòcia– a una multa de només 2.920 euros. El delicte? Haver ocupat treballadors que no estaven donats d'alta a la Seguretat Social. La Fiscalia havia demanat, sense èxit, dos anys de presó. Un altre procés llarg. La inspecció que va destapar els fets s'havia dut a terme cinc anys i mig abans, el febrer de 2013. L'octubre de 2025, totes dos dones van tornar a declarar davant l'Audiència Provincial acusades de la mateixa pràctica, amb l'agreujant que els treballadors no tenien permís de residència. La Fiscalia va tornar a sol·licitar dos anys de presó. De moment, encara no hi ha sentència.

Paquita Marsan sí que va col·laborar, en canvi, en l'enderroc de Casa Paola, un altre hotel encobert. El febrer de 2025, ja amb el PP al capdavant de l'Ajuntament de Sant Josep, va complir una ordre de demolició dictada el setembre de 2022, quan encara governaven les forces progressistes. Aquesta vil·la de luxe no podia acollir-se a cap amnistia urbanística perquè s'havia construït en sòl protegit. Fou enderrocada. Mesos més tard, amb l'arribada de l'estiu, les festes van tornar a aquella finca. Vicent Roig Tur, alcalde d'un municipi lliurat al creixement sense límits, va reconèixer que la superfície enderrocada de Casa Paola havia estat reconstruïda.

Per comentar totes aquestes qüestions, elDiario.es va intentar contactar telefònicament amb l'empresària malaguenya. També amb la seua empresa –Inversiones Hoteleras Faro SL– a través del correu electrònic. No va obtenir cap resposta.

La vida s'obre pas entre les barraques

La villa miseria no és gaire diferent d'altres que han sorgit abans a Eivissa. Tendes de campanya devora caravanes; quatre fustes i un parell de planxes per aixecar alguna cosa semblant a una caseta; cotxes i furgonetes aparcats; bombones de butà, manuelles, testos, materials de construcció, fems, roba estesa; cotxets de nadó i joguines infantils; taules i cadires de plàstic; barbacoes i fogons fumejant; respostes esquives però amables –“Lo siento corazón, pero no te puedo decir nada”–; històries d'immigrants que no tenen papers tot i tenir feina. Però, en estar construïda sobre la quadrícula d'una antiga vil·la de luxe i no damunt un descampat, l'escena és completament diferent.

És com si un fotograma de Mad Max s'hagués tenyit de verd juràssic. Davant el silenci de la propietària, a Casa Lola la vida s'obre pas. Hi ha camins pavimentats, un tancat que proporciona intimitat, arbres que fan ombra, palmeres que volen créixer, matolls exuberants i una certa lògica perquè els habitants que hi han anat arribant trobin el seu lloc, com en aquells càmpings on les velles caravanes –amb matrícules holandeses, alemanyes o franceses– devien viure els seus dies de glòria a començaments dels noranta. Fins i tot hi ha algun habitatge de formigó que va sobreviure a l'enderroc –o que es va reconstruir sense permís després– i que ara té nous inquilins. També hi ha tarifes de lloguer, o almenys això asseguren alguns dels residents. Així passa a Casa Lola, com també a Can Rova, potser el quilòmetre zero del barraquisme eivissenc.

Algú s'està lucrant a Casa Lola?

“Una parella viu en aquesta casa. Sembla que paguen 700 euros; d'allà i d'aquí, totes dues juntes”, explica na Júlia. “Allà” és una tenda de campanya que s'entreveu entre la vegetació. “Aquí”, una construcció rectangular d'uns quaranta o cinquanta metres quadrats. Plaques de guix laminat, llistons de fusta i el sostre reforçat amb una malla verda. En molts pobles d'Espanya seria un galliner. A dins, però, hi viuen tres persones. Entre elles, aquesta dona d'aspecte madur que acaba d'arribar a Eivissa.

–A mi només m'hi allotgen. Potser més amunt hi ha qui sap com funciona tot això, però jo no en sé res perquè acab d'arribar del Paraguai, no et puc dir res.

–I a qui li paguen el lloguer?

–Allà dalt hi ha l'encarregat. He sentit dir que és colombià.

Una resident assegura que una parella paga 700 euros per una “casa” més semblant a un galliner que no pas a un habitatge

Els primers okupes dormen sota sostre

Baudi i Renato conversen en portuguès. Són de Goiás, al cor de l'interior del Brasil, la zona de transició entre les riques valls de Minas Gerais i el Mato Grosso, la porta d'entrada a l'Amazònia. “És un estat sense faveles perquè, a diferència d'altres indrets del Brasil, potser més rics, allà els governants no permeten la delinqüència”, diu en Baudi. “Per mor d’això les nostres famílies no es creuen que aquesta finca estigui així, plena de gent que no té cap altre lloc on viure. És clar, la televisió només explica la part bona d'Eivissa. I saben que a nosaltres ens va bé la feina. Perquè aquí, a l'illa, hi ha feina per a qui vol treballar. I s'hi poden fer sous”, continua en Renato. Una furgoneta aparcada a pocs metres confirma que als dos brasilers no els falta feina. És plena d'eines i galledes de pintura. Ells, “sobretot a l'hivern”, es dediquen a “posar a punt vil·les”, explica en Baudi: des d'emblanquinar una paret fins a col·locar rajoles o reconstruir estructures. “Feim manteniment general”, resumeix en Renato.

Les nostres famílies no es creuen que aquesta finca estigui així, plena de gent que no té cap altre lloc on viure. És clar, la televisió només explica la part bona d'Eivissa. I saben que a naltros ens va bé la feina. Perquè aquí, a l'illa, hi ha feina per a qui vol treballar. I s'hi poden fer sous

Renato — Resident a Casa Lola

–Valtros pagau lloguer per viure a Casa Lola?

–No, naltros no –respon en Baudi.

–I viviu a la casa que tenim aquí darrere?

–Sí, tenim unes habitacions. En aquesta part hi viu gent des de fa molt de temps –contesta el seu company.

–I com hi vau poder entrar?

–El portal era obert –continua en Baudi– i, veient els preus que hi havia a l'illa, vam decidir quedar-nos aquí. S'hi estava molt bé i ja fa tres anys que hi vivim. Mai no hem tengut cap problema. Som bona gent, treballadors; hem demanat la regularització i estem esperant els papers. Des d'aleshores no hem tornat a casa. Però des que va arribar aquesta gent [assenyala la part alta de Casa Lola, on hi ha moltes de les barraques]... hi ha molts problemes. Naltros no paguem res, però allà dalt sí. Hi ha algú que hi està fent negoci. Hi ha una porta a la part del darrere de la finca per on els deixen entrar i sortir.

–I qui és que cobra allà dalt?

–No ho sé, però ens acabaran creant un problema.

El portal era obert i, veient els preus que hi havia a l'illa, vam decidir quedar-nos aquí. S'hi estava molt bé i ja fa tres anys que hi vivim. Mai no hem tengut cap problema. Som bona gent, treballadors, hem demanat la regularització i estem esperant els papers. Però des que va arribar aquesta gent [assenyala la zona alta de Casa Lola, on hi ha moltes de les barraques] hi ha molts problemes

Baudi — Resident a Casa Lola

Sense llum

El nom de la zona no enganya: Davall sa Serra. Casa Lola es va construir al vessant d'una fondalada delimitada per muntanyes baixes cobertes de pins –la Serra d'en Calaveres– i diversos pujols: el Pujolet d'en Puvil, el Puig Redó i el Puig d'en Camarles. Diversos torrents –el des Jondal i el de Can Berris– travessen un petit territori que en altres temps devia ser molt fèrtil (a la Mediterrània, allà on hi havia aigua, hi havia prosperitat). Avui, els noms de les antigues finques agrícoles –Can Cantó, Can Forn, Ca na Pepa d'en Xic, Can Miquel Francesc– es mesclen amb grans xalets equipats amb piscines de la mida d'un apartament. És un veïnat dispers que, les darreres setmanes, ha alçat la veu pel que està passant a la finca de Paquita Marsan. Des de l'anonimat, una persona denunciava a Periódico de Ibiza “l'okupació d'un habitatge” per subministrar electricitat a la vila misèria “mitjançant una connexió elèctrica il·legal”.

Al barracó d'en Daniel no hi arriba la llum. Per això fregeix amb gas uns trossos de pollastre arrebossat. Quan els tregui de la paella i els eixugui amb paper de cuina, els portarà a la seua mare i a la seua germana petita, una garrida que corr per davant de la caravana on dorm aquest paraguaià –“d'Asunción”– que fa un any que és a l'illa: “Vaig venir perquè elles ja hi eren. La meva mare i la nena van poder trobar un lloguer en un altre lloc, però jo no el vaig trobar”. En Daniel fa feina “en vil·les”. “Obra i reparacions”. Per alleujar la calor, beu tereré. El mate fred dels guaranís. Compartir-lo mentre es conversa i es divaga és tot un ritual social.

El mes de julio empezó en Casa Lola con la denuncia de una agresión sexual. El presunto agresor también roció con gasolina a otra persona, le prendió fuego y le causó varias quemaduras, según el testimonio de una testigo. La Policía Local de Sant Josep de sa Talaia envió una patrulla el pasado miércoles por la noche para poner orden y aclarar qué había sucedido en una propiedad más que conocida para cualquier ibicenco. Casa Lola es un neotopónimo que lleva mucho tiempo apareciendo en la prensa, también en la nacional e internacional. Durante una época alternó las páginas de sociedad con las que informaban sobre la política local. La mansión donde se celebraban las fiestas que reunían al famoseo y a la alta sociedad que veraneaba en Eivissa era ilegal. Nadie pidió una licencia para construirla.

Sobre aquellos 9.326 metros cuadrados –bungalows, piscinas, terrazas– pendía una orden de demolición municipal que tardó doce años en cumplirse. Cuando, al fin, entraron las máquinas –9 de agosto de 2022–, la parcela entró en una especie de letargo. Hasta la última primavera. En abril, tras dos desahucios de campamentos chabolistas en la periferia de la capital de la isla, Periódico de Ibiza publicó unas fotos que evidenciaban una realidad: Casa Lola estaba llena de barracas. Fue una villa de lujo. Ahora es una villa miseria.

El Ajuntament de Sant Josep lamenta que la propietaria de la finca no haya denunciado su okupación a la Justicia. Sin ese trámite, no se podría iniciar el enésimo desahucio de infraviviendas en Eivissa. En los últimos dos años, se han producido más de media docena. El próximo ya tiene fecha y lugar: 24 de julio, hotel en ruinas de Punta d’en Xinxó, también en el municipio de Sant Josep. Pero la dueña de Casa Lola parece practicar otro juego: Francisca Sánchez Ordóñez ya ha sufrido el mismo problema y, varias veces, ha contratado los servicios de D&S Desokupa para vaciar sus posesiones.

Una promotora asidua a los tribunales

“¡Tengo okupas en casi todas mis propiedades! Vamos a ver, tú ves como tengo la casa, me gustan las cosas bellas. Yo ahora cuando voy a Casa Lola, que voy muy poco porque me provoca ansiedad, porque se lo han cargado todo, se han llevado todo, me robaron de todo cuando entraron las máquinas. Esa casa era una belleza ¿Ahora qué? Decadencia total. Eso es lo que ha hecho la Administración. Decadencia, porque es lo que quiere la Administración. Porque el ser humano es vanidoso, tengo el mejor coche, la mejor casa. Pero gracias también a esas vanidades la Administración vive de nosotros. Porque nosotros mantenemos a la Administración. Si no hubiera ilusión estaría todo muerto, como pasa en Venezuela”.

La cita corresponde a una entrevista –doble– que Paquita Marsan –el apodo por el que conocen a esta mujer, malagueña del 49, promotora inmobiliaria en los años salvajes de Marbella durante la alcaldía de Jesús Gil y Gil– concedió a Periódico de Ibiza. Era agosto de 2025 y se quedó a gusto. Pese a presumir de amigos como los ex presidentes González y Aznar, cargó contra las instituciones democráticas: “Tenemos que vivir de la gente que viene a Ibiza (...) ¡Que se dejen ya de tanta pluma y que dejen a los sitios abrir pronto y rápido, que eso trae dinero y no hacen nada más que poner impedimentos!”. Responsabilizó de todos sus problemas judiciales a un abogado que la engañó: “Me sacó un millón de euros, pero no lo he denunciado. Yo le he perdonado porque no te puedes quedar en la vida con el resentimiento”. Y como ya había hecho en otras ocasiones en el mismo medio de comunicación, se excusó:

–No soy una mafiosa.

Un currículo judicial interminable

El currículo judicial de Paquita Marsan es interminable y no deja de crecer. Hace menos de un mes, el 18 de junio, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB) anuló por un defecto de forma una multa de 200.000 euros por una fiesta que se celebró en Casa Lola en julio de 2020, plena pandemia. La empresaria, sin embargo, no siempre ha tenido tanta suerte. Resultó mediática su entrada en prisión por defraudar al fisco 867.469 euros. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria fueron a buscarla a Pacha una noche ibicenca de agosto de 2013. Vivió entre rejas unos meses hasta que obtuvo el tercer grado en junio de 2014.

La mayoría de los problemas judiciales de Francisca Sánchez Ordóñez empezaron siendo, sin embargo, infracciones urbanísticas. El pasado 6 de marzo, el TSJB confirmó la condena que se le impuso a la empresaria por no cumplir la orden de derribar las construcciones ilegales de Casa Lola. Aquel 9 de agosto de 2022, el equipo de gobierno –entonces, una coalición entre PSOE y fuerzas de izquierda– inició el derrumbe por su cuenta, pero ajustándose a la ley. En tiempo y en forma, según un tribunal que desestimó las apelaciones. La condena obliga a la promotora a pagar el medio millón de euros que salió de las arcas públicas para costear la demolición. La escena pilló por sorpresa a los sesenta inquilinos que habían dormido allí la noche anterior. La última de Casa Lola como agroturismo sin papeles. Terminaba una historia que venía de lejos.

Desde 2011, la empresaria ignoró los expedientes disciplinarios que se le abrieron en el Ajuntament de Sant Josep. Entre medias –noviembre de 2018–, la Audiencia Provincial de Palma había condenado a Paquita Marsan y Rocío Martín –su hija y socia– a una multa de apenas 2.920 euros. ¿El delito? Emplear a obreros que no estaban dados de alta en la Seguridad Social. La Fiscalía pidió sin éxito dos años de cárcel. Otro proceso lento. La inspección que destapó el pastel se había realizado cinco años y medio antes, en febrero de 2013. En octubre de 2025, las dos mujeres volvieron a declarar en la Audiencia Provincial acusadas por la misma práctica. Con el matiz de que los trabajadores no tenían permiso de residencia. La Fiscalía volvió a solicitar dos años de prisión. No hay sentencia de momento.

Paquita Marsan sí colaboró en el derribo de Casa Paola, otro hotel encubierto. En febrero de 2025, ya con el PP al frente del Ajuntament de Sant Josep, cumplió una orden de demolición dictada en septiembre de 2022, todavía con las fuerzas progresistas al frente del Consistorio. Esta villa de lujo no se podía acoger a ninguna amnistía al levantarse sobre suelo protegido. Cayó. Meses después, en cuanto llegó el verano, regresaron los saraos a aquella finca. Vicent Roig Tur, el alcalde de un municipio entregado al crecimiento sin límite, reconoció que se había reconstruido la superficie demolida de Casa Paola.

Para comentar todas estas cuestiones, elDiario.es intentó contactar con la empresaria malagueña por teléfono. También con su empresa –Inversiones Hoteleras Faro SL– a través de correo electrónico. No obtuvo respuesta.

La vida se abre camino en las barracas

La villa miseria no es muy diferente a otras que surgieron antes en Eivissa. Tiendas de campaña unidas a roulottes; ocho maderos y un par de chapas para poner firme algo que se parezca a una caseta; coches y furgonetas aparcados; bombonas de butano, mancuernas, macetas, materiales de construcción, basura, ropa tendida; carritos de bebé y juguetes infantiles; mesas y sillas de plástico; barbacoas y fogones humeantes, respuestas esquivas, pero dulces –“lo siento, corazón, pero no te puedo decir nada”–; historias de inmigrantes que no tienen papeles aunque tengan trabajo. Pero, al levantarse sobre la cuadrícula de una antigua villa de lujo en vez de sobre un descampado, no tiene nada que ver.

Es como si el fotograma de Mad Max se hubiera pintado de verde jurásico. Ante el silencio de la dueña, en Casa Lola la vida se abre camino. Hay caminos pavimentados, un vallado que otorga intimidad, árboles que dan sombra, palmeras que quieren crecer, matorrales selváticos y una cierta lógica para que los habitantes que han ido llegando encuentren su lugar, como en los campings donde aquellas viejas caravanas –matrículas holandesas, alemanas, francesas– debieron pasar sus días de gloria, a inicios de los noventa. Hay, incluso, alguna vivienda de hormigón y cemento que sobrevivió al derrumbe –o que se reconstruyó sin permiso después– y tiene nuevos inquilinos. Hay tarifas de alquiler, o, al menos eso dicen alguno de los moradores. Así en Casa Lola como en Can Rova, quizás, el kilómetro 0 del chabolismo ibicenco.

¿Alguien se está lucrando en Casa Lola?

“Una pareja vive en esta casa. Parece que pagan 700 euros, de ahí y de acá, las dos juntas”, explica Julia. “Ahí” es una tienda de campaña que se entrevé en la maleza. “Acá”, una casa rectangular de unos cuarenta o cincuenta metros cuadrados. Pladur, listones, el techo reforzado por una malla verde. En muchos pueblos de España sería un corral para las gallinas. Dentro, sin embargo, se alojan tres personas. Entre ellas, esta mujer de aspecto maduro que acaba de llegar a Eivissa.

–A mí me están hospedando, no más. Puede que sea más allá quien entiende la cosa de aquí, yo ni idea porque recién llegué de Paraguay, no te puedo decir nada.

–¿Y a quién le pagan el alquiler?

–Ahí de arriba está el encargado. Escuché que es colombiano.

Una residente asegura que una pareja paga 700 euros por una 'casa' más similar a un corral para gallinas que a una vivienda

Los primeros okupas duermen bajo techo

Baudi y Renato charlan en portugués. Son de Goiás, puro interior brasileño, la transición entre los ricos valles de Minas Gerais y el Mato Grosso, la entrada a la Amazonia. “Un estado sin favelas porque a diferencia de otros lugares de Brasil, quizás más ricos, allí los gobernantes no permiten la delincuencia”, dice Bai. “Por eso nuestras familias no se creen que esta finca esté así, llena de gente que no tiene otro lugar donde vivir. Claro, la televisión sólo cuenta lo bueno de Ibiza. Y saben que a nosotros nos va bien en el trabajo. Porque aquí en la isla hay trabajo para quien quiere trabajar. Y se puede ganar dinero”, continúa Renato. Una furgoneta aparcada a pocos metros de distancia confirma que trabajo no les falta a los brasileños. Está llena de herramientas y cubos de pintura. Ellos, “sobre todo en invierno”, “ponen a punto villas”, dice Bai. Desde encalar una pared a colocar unas baldosas a reconstruir estructuras. “Mantenimiento general”, resume Renato.

Nuestras familias no se creen que esta finca esté así, llena de gente que no tiene otro lugar donde vivir. Claro, la televisión sólo cuenta lo bueno de Ibiza. Y saben que a nosotros nos va bien en el trabajo. Porque aquí en la isla hay trabajo para quien quiere trabajar. Y se puede ganar dinero

Renato — Residente en Casa Lola

–¿Vosotros pagáis alquiler por vivir en Casa Lola?

–No, nosotros no –responde Baudi.

–¿Pero vivís en la casa que tenemos detrás?

–Sí, tenemos unas habitaciones. En esta parte vive gente desde hace mucho tiempo –contesta su compañero.

–¿Y cómo pudisteis entrar?

–El portón estaba abierto –sigue Baudi– y, viendo los precios que había en la isla, decidimos quedarnos aquí. Se estaba muy bien y llevamos tres años. Nunca hemos tenido ningún problema. Somos personas buenas, trabajadoras, hemos pedido la regularización, estamos esperando los papeles. Desde entonces no hemos vuelto a casa. Pero desde que vino esta gente [señala la zona alta de Casa Lola, donde están muchas de las barracas]... muchos problemas. Nosotros no pagamos nada, pero allí arriba sí. Hay alguien que está haciendo negocio. Hay una puerta en la parte de atrás de la finca por donde les dejan entrar y salir.

–¿Quién está cobrando allí arriba?

–No lo sé, pero nos van a crear un problema.

El portón estaba abierto y, viendo los precios que había en la isla, decidimos quedarnos aquí. Se estaba muy bien y llevamos tres años. Nunca hemos tenido ningún problema. Somos personas buenas, trabajadoras, hemos pedido la regularización, estamos esperando los papeles. Pero desde que vino esta gente [señala la zona alta de Casa Lola, donde están muchas de las barracas] hay muchos problemas

Baudi — Residente en Casa Lola

Sin luz

El nombre de la zona no engaña: Davall sa Serra, debajo de la sierra. Casa Lola se construyó en la falda de un agujero delimitado por montañas bajas a la que le han brotado los pinos –la Serra d’en Calaveres– y varios cerros: Pujol d’en Puvil, Puig Redó, Puig d’en Camarles. Varios torrentes –des Jondal, de Can Berris– atraviesan un pequeño territorio que debió ser muy fértil en el pasado (en el Mediterráneo, donde hubo agua, hubo alegría). Hoy, los nombres de las antiguas fincas agrícolas –Can Cantó, Can Forn, Ca na Pepa d’en Xic, Can Miquel Francesc– se mezclan con casoplones dotados de piscinas del tamaño de un apartamento. Un vecindario diseminado que ha levantado la voz en las últimas semanas por lo que está sucediendo en la finca de Paquita Marsan. Desde el anonimato, una persona denunciaba en Periódico de Ibiza “la okupación de una vivienda” para abastecer de electricidad a la villa miseria “con un tendido eléctrico ilegal”.

Al chamizo de Daniel no llega la luz. Por eso, fríe a gas unos trozos de pollo rebozado. Cuando los saque de la sartén y los seque en papel de cocina, se los llevará a su madre y a su hermana pequeña, una niña que corretea frente a la roulotte donde duerme este paraguayo –“de Asunción”– que lleva un año en la isla: “Vine porque ellas ya estaban acá. Mi madre y la niña pudieron encontrar un alquiler en otro lado, lo que pasa es que yo no lo encontré”. Daniel trabaja “en villas”. “Albañilería y reparaciones”. Para aliviarse del calor, bebe tereré. El mate en frío de los guaraníes. Compartirlo para divagar es todo un rito social.

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha avalat l'acomiadament d'un cambrer d'un hotel d'Eivissa que va publicar un vídeo a TikTok en què criticava el marge de beneficis de l'empresa -assegurava que un cafè amb un cost de 20 cèntims es venia per cinc euros- i denunciava que els treballadors estaven “mal pagats”.

La resolució, que confirma íntegrament la sentència que en primera instància va declarar procedent l'acomiadament disciplinari, assevera que les manifestacions de l'extreballador suposen un “important dany reputacional” per a l'empresa, Fiesta Hotels & Resorts SL, propietat dels Matutes i un dels conglomerats turístics més grans de les Balears.

La mateixa empresa ja va protagonitzar un altre episodi rellevant el 2023, quan va haver d'abonar 38,9 milions d'euros a Hisenda després d'una inspecció de l'Agència Tributària relativa a l'Impost sobre Societats corresponent als exercicis 2016 a 2019.

En el cas del cambrer acomiadat, els magistrats consideren acreditat que el llavors empleat va gravar el vídeo des del seu lloc de treball i durant el seu horari laboral utilitzant el seu telèfon mòbil personal. A les imatges apareixia el sistema intern de gestió i cobrament (TPV Room Service) de l'empresa, cosa que, a parer del tribunal, permetia identificar l'establiment, un extrem que negava l'extreballador. El cambrer denunciava que el cost d'un cafè era d'amb prou feines 20 cèntims mentre es venia per cinc euros, mentre que els empleats cobraven únicament 1.400 euros.

El demandant al·legava que l'acomiadament era desproporcionat i improcedent, ja que al vídeo no s'identificava l'empresa ni es va causar un dany real a la mateixa. Sostenia a més que, fins i tot d'existir una conducta reprovable, la mercantil va obviar la graduació de les faltes en imposar la sanció més gravosa sense atendre les circumstàncies. Per la seva banda, la companyia va assenyalar que, encara que no hi hagués un dany econòmic directe quantificat, la difusió de tals missatges suposava un important dany a la seva reputació, prestigi i credibilitat exterior.

Un dels aspectes més rellevants de la sentència és que la Sala considera que no és necessari demostrar un dany econòmic efectiu per justificar un acomiadament disciplinari quan la conducta del treballador compromet la confiança i la reputació de l'empresa.

Segons el tribunal, la difusió a TikTok d'informació sobre el funcionament intern de l'empresa i les crítiques públiques a la seva política de preus i salaris constitueixen “un atac directe a la reputació i crèdit professional” de la mercantil. Els magistrats afegeixen que n'hi ha prou que la conducta sigui objectivament apta per trencar la bona fe contractual i la lleialtat deguda a l'empleador.

La resolució també rebutja que la sanció fos desproporcionada malgrat que el treballador va al·legar mancar d'antecedents disciplinaris i portar gairebé cinc anys a l'empresa. Per a la Sala, el fet de difondre a les xarxes socials, durant la jornada laboral, un vídeo que exhibia sistemes interns de la companyia i contenia manifestacions despectives constitueix una infracció prou greu com per justificar la màxima sanció prevista per la normativa laboral.

Així mateix, el TSJIB descarta les al·legacions de l'empleat sobre suposats defectes formals en la comunicació del comiat. La sentència conclou que l'empresa va lliurar correctament la carta de comiat i que aquesta circumstància va quedar acreditada durant el procediment, per la qual cosa no aprecia vulneració de les garanties legals. Contra la resolució cap interposar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. Sostenia, a més, que, fins i tot si existís una conducta reprotxable, la mercantil havia omès la graduació de les faltes en imposar la sanció més greu sense tenir en compte les circumstàncies.

Per la seva banda, la companyia va assenyalar que, encara que no existís un perjudici econòmic directe quantificat, la difusió d'aquests missatges suposava un important perjudici per a la seva reputació, prestigi i credibilitat exterior.

Un dels aspectes més rellevants de la resolució és que la Sala considera que no és necessari demostrar un perjudici econòmic efectiu per justificar un acomiadament disciplinari quan la conducta del treballador compromet la confiança i la reputació de l'empresa.

Segons el tribunal, la difusió a TikTok d'informació sobre el funcionament intern de l'empresa i les crítiques públiques a la seva política de preus i salaris constitueixen “un atac directe a la reputació i al crèdit professional” de la mercantil. Els magistrats afegeixen que n'hi ha prou que la conducta sigui objectivament idònia per trencar la bona fe contractual i la lleialtat deguda a l'ocupador.

La resolució també rebutja que la sanció fos desproporcionada malgrat que el treballador al·legava no tenir antecedents disciplinaris i portar gairebé cinc anys a l'empresa. Per a la Sala, el fet de difondre a les xarxes socials, durant la jornada laboral, un vídeo que mostrava sistemes interns de la companyia i contenia manifestacions despectives constitueix una infracció prou greu per justificar la sanció màxima prevista per la normativa laboral.

Així mateix, el TSJIB descarta les al·legacions de l'empleat sobre suposats defectes formals en la comunicació de l'acomiadament. La sentència conclou que l'empresa va lliurar correctament la carta d'acomiadament i que aquesta circumstància va quedar acreditada durant el procediment, de manera que no aprecia cap vulneració de les garanties legals. Contra la resolució es pot interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha avalado el despido de un camarero de un hotel de Eivissa que publicó un vídeo en TikTok en el que criticaba el margen de beneficios de la empresa -aseguraba que un café cuyo coste era de 20 céntimos se vendía por cinco euros- y denunciaba que los trabajadores estaban “mal pagados”.

La resolución, que confirma íntegramente la sentencia que en primera instancia declaró procedente el despido disciplinario, asevera que las manifestaciones del extrabajador suponen un “importante daño reputacional” para la empresa, Fiesta Hotels & Resorts SL, propiedad de los Matutes y uno de los mayores conglomerados turísticos de Balears.

La misma empresa ya protagonizó otro episodio relevante en 2023, cuando tuvo que abonar 38,9 millones de euros a Hacienda tras una inspección de la Agencia Tributaria relativa al Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2016 a 2019.

En el caso del camarero despedido, los magistrados consideran acreditado que el entonces empleado grabó el vídeo desde su puesto de trabajo y durante su horario laboral utilizando su teléfono móvil personal. En las imágenes aparecía el sistema interno de gestión y cobro (TPV Room Service) de la empresa, lo que, a juicio del tribunal, permitía identificar al establecimiento, un extremo que negaba el extrabajador. El camarero denunciaba que el coste de un café era de apenas 20 céntimos mientras se vendía por cinco euros, mientras que los empleados cobraban únicamente 1.400 euros.

El demandante alegaba que el despido era desproporcionado e improcedente, ya que en el video no se identificaba a la empresa ni se causó un daño real a la empresa. Sostenía además que, aun de existir una conducta reprochable, la mercantil obvió la graduación de las faltas al imponer la sanción más gravosa sin atender a las circunstancias. Por su parte, la compañía señaló que, aunque no hubiera un daño económico directo cuantificado, la difusión de tales mensajes suponía un importante daño a su reputación, prestigio y credibilidad exterior.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que la Sala considera que no es necesario demostrar un daño económico efectivo para justificar un despido disciplinario cuando la conducta del trabajador compromete la confianza y la reputación de la empresa.

Según el tribunal, la difusión en TikTok de información sobre el funcionamiento interno de la empresa y las críticas públicas a su política de precios y salarios constituyen “un ataque directo a la reputación y crédito profesional” de la mercantil. Los magistrados añaden que basta con que la conducta sea objetivamente apta para quebrar la buena fe contractual y la lealtad debida al empleador.

La resolución también rechaza que la sanción fuera desproporcionada pese a que el trabajador alegó carecer de antecedentes disciplinarios y llevar casi cinco años en la empresa. Para la Sala, el hecho de difundir en redes sociales, durante la jornada laboral, un vídeo que exhibía sistemas internos de la compañía y contenía manifestaciones despectivas constituye una infracción suficientemente grave como para justificar la máxima sanción prevista por la normativa laboral.

Asimismo, el TSJIB descarta las alegaciones del empleado sobre supuestos defectos formales en la comunicación del despido. La sentencia concluye que la empresa entregó correctamente la carta de despido y que esa circunstancia quedó acreditada durante el procedimiento, por lo que no aprecia vulneración alguna de las garantías legales. Contra la resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En el mundo científico raro es el investigador que no ha tenido que poner dinero de su bolsillo para un viaje de trabajo. O que se ha visto obligado a compartir habitación con un compañero durante un desplazamiento. También los hay que, para evitarse esas situaciones, han dejado de viajar o lo hacen mucho menos. Y eso es un problema en un sector en el que, buena parte de la labor de estos profesionales pasa, precisamente, por ir a congresos, bajar al terreno a tomar muestras de campo o realizar colaboraciones con otros colegas.

Las dietas que paga la Administración para estos desplazamientos se fijaron en 2002 y, desde entonces, no se han actualizado, denuncian los científicos. Un cuarto de siglo después, los 65 euros por noche y los 37 euros para tres comidas diarias que contempla el Real Decreto que lo regula se han quedado escasísimos, sostienen los investigadores. Y suponen, dicen, un obstáculo para desarrollar su trabajo.

“Es un tema conocido por todos”, sostiene César González-Pérez, investigador científico en el Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Santiago de Compostela. “Es fantasioso alojarse por 65 euros la noche en ciudades como Madrid o Barcelona; acabas teniendo que poner dinero de tu bolsillo. Un año perdí 4.500 euros, así que decidí minimizar los viajes de trabajo”, lamenta. “Es relativamente habitual poner dinero propio”, coincide María Luz, profesora en la Universidad de Granada (UGR).

El precio medio de una habitación de hotel en España fue de 166,1 euros por noche en 2025, un 4% más que el año anterior, según la consultora Cushman & Wakefield. En Madrid, esa media sube ligeramente, hasta los 168 euros por noche. Es más del doble de lo que paga la Administración, aunque buscando en plataformas online sí es posible encontrar habitaciones que rondan los 60-70 euros para días concretos.

“Pero encuentra tú una habituación por ese dinero para un congreso en València en junio”, cuenta María Luz. “Porque, además, cuando vas a un congreso te interesa quedarte en el mismo hotel en el que se celebra. Suelen durar 8-10 horas cada día y así te ahorras el desplazamiento. Así que te ves compartiendo habitación con tu compañero, te caiga bien o no”. Ella lo ha sufrido y conoce a varios colegas que han pasado por lo mismo. “En un viaje de trabajo no es de recibo, qué menos que un poco de intimidad”, opina. Y eso que, como sucede en su caso, algunos organismos han elevado motu proprio esa cifra. Pero los 80 euros de que disponen en la UGR para pernoctaciones nacionales tampoco dan para mucho.

Realmente, el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio aplica a todos los funcionarios. Los divide en tres categorías y estipula unos gastos en dietas en función del grupo en el que se encuadra el trabajador. Los científicos quedan en el 2, el intermedio. Los altos cargos disponen de 102 euros para dormir y 53 para comer y el tercer escalón, grupo 3, apenas 48 euros para la habitación y 28 para tres comidas.

Que todos los empleados públicos se acojan a las mismas reglas es justamente parte de la disfunción de la normativa, explica Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. “Entre el funcionariado hay una inmensa mayoría de trabajadores que hace como mucho un viaje al año, pero los científicos hacemos muchos más. Por eso, siempre hemos querido salirnos de esa norma. Tenemos una vida que el resto de funcionarios no entiende bien porque no es de fichar, hacer un horario regular... Nuestra labor depende mucho de hacer viajes para hacer trabajo de campo, congresos, etc. Es un problema que afecta a una minoría del colectivo de funcionarios, por eso cuando le llega al secretario de Estado de Administraciones Públicas de turno, no le da prioridad, no acaba de entenderlo. Para nosotros es un poco dramático, pero para el gestor no es un problema”, argumenta el sociólogo.

Este periódico ha preguntado al Ministerio de Hacienda si tiene intención de actualizar las dietas o hacer algún cambio en la normativa, pero no ha obtenido respuesta.

“Una tormenta perfecta”

La cantidad no es el único problema. “Además, [en la administración pública] todo va por compra centralizada”, explica Miller. “Si no quieres adelantar dinero de tu bolsillo, tienes que ir a través de ellos. Pero prácticamente ya nunca tienen ofertas. Durante estos años pasados nos hemos buscado la vida como podíamos, pero ya es imposible”, relata. La salida de la pandemia fue un punto de inflexión, coinciden los investigadores: “Ha habido una tormenta perfecta de crecimiento económico, millones de turistas y precios disparados”.

¿El resultado? “Tenemos ese dilema: están desde los que deciden no viajar hasta los que adelantan el dinero”, cuenta el sociólogo. O los que, como González-Pérez, lo ponían de su bolsillo. O quienes juntan dos dietas para coger una habituación doble, como explicaba la profesora María Luz.

Pero viajar es imprescindible para su trabajo, recuerdan los científicos. “Como investigadores, uno de los deberes que tenemos es difundir conocimiento. Eso implica ir a congresos, a charlas... Hay que hacer esa labor evangelizante, digamos, de presentar tus resultados a la sociedad”, explica González-Pérez. “Lo más insustituible es el trabajo de campo”, añade Miller. “Recogidas de muestras, entrevistas, reuniones de equipo en directo, visitas a grandes laboratorios, que están en determinados sitios... No es solo el estereotipo del congreso”.

A la vez, alguno admite que desde que el confinamiento global mostró que ciertas actividades, especialmente los congresos, se pueden hacer a distancia hay un cierto debate sobre la necesidad de determinados desplazamientos.

Pero también hay quien defiende la necesidad de acudir, que no es ni remotamente parecido atender un congreso online que presencial porque la ciencia es una labor comunitaria, de intercambio. “Nunca es lo mismo [presencial que virtual]. Si voy a Ámsterdam estoy ocho o nueve horas en el congreso hablando con gente, conociendo personas que a lo mejor un día me pueden ser útiles para hacer una estancia o cualquier cosa. Para mí el networking [las relaciones que se establecen en un evento profesional] es fundamental. Es casi más importante quién voy a conocer que el contenido del congreso”, reflexiona González-Pérez.

Es cierto que algunos organismos, como el CSIC, tienen una normativa propia que contempla excepciones que permiten elevar el gasto. Pero es engorrosa, para unos supuestos muy concretos, con determinadas partidas de dinero y circunstancias, y de facto casi nadie la usa, cuentan los investigadores consultados.

La Fundación ONCE del Perro Guía, que se dedica a criar y adiestrar perros guía para personas con ceguera o deficiencia visual grave, ha tenido que hacer indefinidos a seis trabajadores con contratos temporales irregulares por mandato de la Inspección de Trabajo. Además, ha exigido también que elabore un plan de igualdad, confirman fuentes de la propia fundación, medida que ya debería tener desde hace varios años al superar el umbral de 50 empleados.

La Fundación, creada por la ONCE en 1990, entrega cada año más de 120 perros guía de manera gratuita a personas afiliadas a esta entidad. Recibe la gran mayoría de sus fondos de ONCE (5,1 millones de los 5,2 millones de euros de ingresos fruto de su actividad en 2024), más 30.000 euros en una subvención de la Comunidad de Madrid y casi 148.000 euros en donaciones de empresas privadas y particulares, según sus últimas cuentas.

Fuentes de la Fundación ONCE del Perro Guía destacan que la Inspección de Trabajo ha emitido un requerimiento y “no un acta de infracción” contra la entidad, que supone la imposición de una sanción económica. En los requerimientos, los inspectores detectan ciertas irregularidades e instan a las empresas a que las solventen en un determinado plazo, pero sin imponer una multa de partida.

La fundación retrasa la estabilización de otros empleados

Tras una visita a las instalaciones de la fundación en Boadilla del Monte (Madrid), la Inspección de Trabajo consideró que los contratos de seis empleados temporales no se ajustaban a la legalidad vigente y obligó a convertirlos en indefinidos. La medida ha generado “un lío importante” dentro de la fundación, especialmente en las perreras en las que trabaja el personal al cuidado de los animales, explica Benedicto Cubillo, miembro del comité de empresa por el sindicato CCOO.

La regularización ha supuesto saltarse el sistema de mejora de turnos que la fundación tiene establecido por convenio colectivo, que funciona según la antigüedad y del que dependen muchas personas para mejorar sus condiciones. “Por ejemplo, hay gente que lleva cinco años en fin de semana, esperando que salga plaza entre semana y de repente hay contratos tres meses que se les ha hecho indefinidos” en este turno, explica Cubillo.

Fuentes de la plantilla que piden no ser identificadas confirman esta situación de malestar, que la propia directora gerente de la fundación reconoció en un correo electrónico a los trabajadores. En este, apuntaba que, “con carácter previo a esta inspección, desde la dirección ya se estaba trabajando en un plan para ir subsanando ciertas situaciones de temporalidad en los contratos”, pero alega que ahora tendrán que retrasarse.

“Ahora esta actuación supone un imprevisto más que nos obliga a modificar parte de la planificación inicial para regularizar y mejorar la estabilidad de los puestos”, informó la directora gerente a los trabajadores, como ha podido comprobar elDiario.es.

CCOO denuncia “un abuso brutal” de horas complementarias

Desde el comité de empresa, Benedicto Cubillo denuncia las “malas condiciones” de los contratos de los trabajadores en perreras, especialmente. “De los 22 trabajadores que hay hoy trabajando solo tres” tienen contrato indefinido para el turno de lunes a viernes, explica el representante de CCOO.

“El resto son trabajadores con contrato a tiempo parcial”, el contrato que se firma en la fundación para el fin de semana, “realizando horas complementarias, las cuales casi todos han superado”, o son “interinos, con contratos de sustitución en algunos casos”.

Cubillo denuncia “un abuso brutal” de las horas complementarias de los trabajadores a tiempo parcial, una medida que da flexibilidad a las empresas en detrimento de la estabilidad de horas de trabajo de los empleados, así como un convenio colectivo negociándose desde hace varios años, sin avances, y tras pasar una década de congelación salarial.

“Abusan porque trabajar con perros en España es muy difícil. O eres policía o guardia civil en la unidad canina, o entrar en una entidad grande para trabajar con perros es muy difícil. Así que hay mucha gente que, aunque cobre poco y sus condiciones laborales sean pocas, aguanta con el afán de poder trabajar en algo que les gusta y les motiva. Este es un trabajo muy vocacional”, explica el representante de CCOO.

Fuentes de la Fundación ONCE del Perro Guía sostienen que “no existe ninguna actuación que pueda considerarse precarización” del personal. Además, indican que la fundación ya ha dado los primeros pasos para elaborar el plan de igualdad, con el proceso de contratación de una consultora para ello.

Tras un verano catastrófico para los incendios en España como fue el de 2025, el peor del siglo XXI, los bomberos forestales esperaban más prevención y preparación de los equipos que pelean cara a cara contra el fuego. Pero no ha sido así, ha denunciado este martes CCOO, donde han señalado la falta de personal en varias Comunidades. Sobre todo, paradójicamente, la más castigada el año pasado, Castilla y León.

“Estamos a 23 de junio y no sabemos qué operativos tiene esta Comunidad”, ha denunciado Rubén Pinel, de la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral del sindicato, que ha apuntado que les consta que se están buscando incluso empleados en el SEPE, personas de las listas del paro y sin formación, con la temporada de incendios formalmente iniciada desde el pasado 1 de junio.

Carlos Martín, bombero forestal BRIF MITECO de Madrid, ha alertado sobre Castilla y León como la comunidad autónoma en la que perciben más falta de personal, seguida de Castilla-La Mancha. Gloria Sánchez, bombera forestal de GEACAM (Castilla-La Mancha) ha afirmado que “con incendios bastante grandes a fecha de 1 de junio, tenemos medios de extinción escasos, con retenes al 50%”, ha sostenido.

Los bomberos forestales también ha señalado la falta de efectivos en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, donde sus compañeros advierten de un déficit de “unos 250 efectivos”.

Carlos Martín ha advertido que la falta de planificación de las Comunidades lleva a recurrir a última hora a personal sin experiencia. “A día de hoy, con cinco horas de formación teórica, incluso online, se está considerando a personal operativo para intervenir en incendios forestales. Es jugársela demasiado”, ha denunciado.

Además ha denunciado la conflictividad laboral en varias regiones, como la Comunidad de Madrid, con los bomberos forestales que cumplen más de un año de huelga indefinida para reclamar mejoras salariales y más meses de trabajo, entre otras medidas.

“En Murcia, tras un año de continuas reclamaciones, piden al menos 60 efectivos más”, ha apuntado Martín, que ha recordado que también piden mejoras salariales, con remuneraciones que rozan los 1.2000 euros, casi el salario mínimo.

Jornadas abusivas, sin zonas de descanso, ni baños

El bombero del BRIF ha denunciado “tiempos de trabajo abusivos”, que superan con normalidad las 12 horas de trabajo y que llevan “incluso a las 18 horas y en ocasiones a las 24 horas”. También ha advertido de la falta de descansos entre jornadas, no solo respecto al tiempo sino a las condiciones en las que se dan estos, lo que supone en la práctica “días de cansancio acumulado” y un riesgo para la seguridad de los bomberos.

“Los centros de trabajo tiene que ser apropiados también para nuestras guardias. Hay centros de trabajo sin agua, sin electricidad, sin baños, y lo más importante sin vestuarios”, ha denunciado Gloria Sánchez, lo que supone en la práctica que no pueden cambiarse la ropa y llevan a sus casas el material de trabajo contaminado con sustancias tóxicas con sus familiares, convivientes e hijos.

La bombera ha denunciado también la falta incluso de EPIS (Equipos de Protección Individual), con denuncias en Extremadura incluso de recibir “material caducado”. “Trabajamos en primera linea, un buen EPI y un material de trabajo correcto es muy importante”, ha recordado Gloria Sánchez.

Manifestación el 29 de junio frente al Ministerio de Trabajo

Debido a esta precariedad que afecta varias cuestiones clave para la seguridad de los profesionales, CCOO ha urgido al Ministerio de Trabajo a que apruebe ya los decretos comprometidos en la Ley Básica de Bomberos Forestales sobre prevención de riesgos laborales y las jornadas especiales de trabajo, que “debería haber entrado en vigor en noviembre del año pasado”. El sindicato se movilizará el próximo 29 de junio en el Paseo de la Castellana, frente al Ministerio de Yolanda Díaz.

Entre las cuestiones prioritarias, reclaman que se regulen jornadas máximas de hasta 12 horas (ocho de intervención directa), buenas condiciones de descanso, la necesidad de proporcionar EPI y la limpieza de los equipos.

CCOO ha subrayado que, pese a tener constancia de borradores ambiciosos de Trabajo desde hace meses, pero los textos no han salido adelante y denuncian trabas por parte de las Comunidades Autónomas y del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (del Ministerio de Transición Ecológica), en el que los representantes de los trabajadores no tienen representación.

El sindicato ha pedido “valentía” al departamento de Yolanda Díaz para sacar adelante el real decreto, que puede aprobar el Gobierno en solitario, sin pasar por el Parlamento.

La salut mental de milers de pacients d’Eivissa i Formentera depèn aquests dies d’una plantilla reduïda al límit. La baixa de set facultatius ha posat contra les cordes el servei de psiquiatria de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (ASEF), que ja arrossegava anys de sobrecàrrega assistencial i dificultats per cobrir places a causa de la greu crisi d’habitatge de l’illa. El nombre de baixes suposa la inoperativitat de mitja plantilla, amb les deficiències que això comporta, com ara les complicacions a l’hora d’atendre intents autolítics —conductes dirigides contra un mateix amb la intenció de causar-se dany.

La setmana passada, al centre sanitari des Viver —un dels centres de salut de la capital eivissenca— només quedava un psiquiatre operatiu per assumir una activitat que habitualment requereix almenys quatre especialistes, tal com han denunciat a elDiario.es facultatius de Can Misses —l’hospital de referència i l’únic públic de l’illa—. La situació s’agreuja per la combinació de manca de personal, esgotament i problemes organitzatius, que ha acabat esclatant en una de les unitats més sensibles del sistema sanitari pitiús. “Hem de fer filigranes per atendre”, han criticat les mateixes fonts sanitàries.

El servei, format per psiquiatres, psicòlegs clínics, infermers i auxiliars d’infermeria, engloba tant l’hospital públic de Can Misses com els centres de salut des Viver i l’infantojuvenil del centre de salut de Vila. Des de l’Àrea de Salut pitiüsa han reconegut que l’àmbit de la salut mental a Eivissa i Formentera afronta, “des de fa temps”, una elevada pressió assistencial i organitzativa que exigeix una adaptació contínua dels recursos —sobretot de personal— per garantir una atenció adequada als pacients. Fonts de SIMEBAL (el sindicat mèdic balear) precisen a aquest diari que aquest assumpte “està en vies de resolució”, per la qual cosa prefereixen no fer valoracions de moment.

Set psiquiatres de baixa

Aquest escenari crític, però, ha empitjorat considerablement a causa de la baixa laboral de set dels professionals, fet que va conduir una desena d’ells a signar un escrit de denúncia davant la Direcció General de Salut Mental, la Direcció Mèdica, el Servei de Prevenció de Riscs Laborals, la Unitat de Seguretat del Pacient i els sindicats corresponents, tal com va avançar Diario de Ibiza. En el document traslladen la seva “creixent preocupació” per la situació que travessa la unitat. Els facultatius també atribueixen diverses complicacions a una comunicació deficient amb l’actual cap de servei, que “no facilita les gestions per millorar una atenció que ja de per si és difícil de prestar”.

La Direcció explica a elDiario.es que és coneixedora de les “inquietuds” dels professionals de la Unitat de Salut Mental en relació amb l’organització i el funcionament del servei. Per això —asseguren des de la gerència— mantenen el contacte amb els sanitaris implicats i treballen en l’anàlisi de les diferents qüestions plantejades. “Volem afavorir el funcionament adequat del servei, preservar la qualitat assistencial i mantenir un entorn de treball adequat per als equips”, afirmen. També han activat mesures de suport organitzatiu i de coordinació assistencial amb altres dispositius sanitaris per “garantir la cobertura i la continuïtat de l’atenció”, tot i que no han especificat quines.

Un problema “endèmic”

Es tracta, denuncien els facultatius, d’un problema “endèmic” de l’Àrea de Salut pitiüsa. “La demanda és molt més alta que el nombre de professionals. Hi ha manca de metges i cal fer una lectura sobre per què passa això. Fonamentalment, pel cost de la vida i pels lloguers”, expressa amb contundència una de les treballadores: “Passa el mateix que a la resta de serveis: falta personal”.

Pel que fa a la possibilitat de declarar places de “difícil cobertura” —fet que va associat a un complement econòmic, com es va fer a la unitat d’Oncologia—, aquesta professional explica que es tracta d’un “greuge comparatiu”. “Hi ha professionals que fan la mateixa feina i no cobren aquest complement”, lamenta la metgessa. És un problema —expressa— molt difícil de gestionar.

Psiquiatria és un servei que ha col·lapsat perquè el nombre de professionals no és suficient per atendre la demanda existent. A més, a l’hospital els corresponen unes funcions i als ambulatoris —ara anomenats centres de salut— unes altres. Tot i això, lamenten que s’han desmantellat unitats dins de Psiquiatria que eren necessàries. Entre aquestes, la que atenia persones amb problemes d’addiccions.

Un dels especialistes que actualment està de baixa va patir, abans d’agafar-la, una crisi d’ansietat durant un torn. Aquest metge ja havia lamentat que la situació del servei era “insostenible”. I un altre especialista que tenia previst marxar a Mallorca finalment hi va renunciar per cobrir-lo. D’altra banda, a aquesta combinació de factors de càrrega laboral i estrès cal afegir-hi que els psiquiatres també s’han de desplaçar a l’Hospital de Formentera per atendre els més de 6.000 usuaris que hi ha a l’illa.

La situació de càrrega laboral també afecta altres serveis, com l’Atenció Primària, on els cupos per metge de família arriben als 1.900 pacients, tot i que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que no superin els 1.500. “Hem de fer filigranes” per oferir la millor atenció, destaca aquesta professional. La sanitària fa més de tres dècades que treballa a l’Àrea de Salut i assegura que “mai” havia vist l’hospital en una situació semblant. La població, recorda, s’ha duplicat des de llavors.

El municipi on treballa —Santa Eulària— ha experimentat el mateix creixement poblacional desmesurat. “Allà, a més, tenim el problema que no hi ha espai”. L’Ajuntament ha cedit un terreny per construir un altre centre però “jo em jubilaré i ja no treballaré en aquest centre”, diu. “Per població i necessitat hauríem de disposar de molts més recursos dels que tenim”. “Per exemple, per atendre els desplaçats també hem de fer Tetris i ens hem quedat sense unitat d’Atenció a la Dona —que a Sant Antoni sí que funciona— per manca d’espai”, assegura. A més, pel mateix motiu, també s’han quedat sense l’equip de raigs X.

Nova fornada de sanitaris residents

L’hospital Can Misses és, d’altra banda, centre docent des de 1991. Els sanitaris lamenten que en altres comunitats autònomes els residents que es formen en un territori determinat s’hi queden després. Segons consideren, això no passa a les Illes Balears, i encara menys a les Pitiüses. “No es volen quedar, i aquí es formen en medicina interna, UCI, pediatria, psiquiatria...”, lamenten. Al principi, l’hospital públic només formava metges de família, però l’oferta d’especialitats ha anat creixent amb el temps.

Aquesta setmana, precisament, s’han incorporat 24 nous residents de la nova promoció: 14 metges interns residents (MIR), nou infermeres internes residents (EIR) i una farmacèutica interna resident (FIR). Entre les especialitats —detallen des de Salut— hi ha vuit places de Medicina Familiar i Comunitària, dues de Medicina Interna, una de Psiquiatria, una de Pediatria, una de Ginecologia i Obstetrícia i una de Medicina Intensiva.

Pel que fa a l’àrea d’Infermeria, s’hi han incorporat cinc residents d’Atenció Familiar i Comunitària, tres comares i una especialista en Pediatria i Neonatologia. Les incorporacions cobreixen 24 de les 26 places ofertes per a formació especialitzada. Sumant les promocions actualment en formació, l’Àrea de Salut comptarà amb 60 especialistes residents durant el 2026, detallen les mateixes fonts.

Tanmateix, l’àrea de Salut Mental continua desabastida i no hi ha expectatives de millora a l’horitzó. Els residents que romanen a Eivissa són casos particulars amb vincles familiars a l’illa o persones originàries que en el seu moment van marxar i que ara, per motius personals, tenen interès a tornar, valoren les fonts sanitàries consultades per aquest diari. “Però en la resta de casos és molt difícil atreure personal sanitari. No se’ls fan ofertes interessants; aquest any ha estat el primer que s’han ofert contractes de tres anys a professionals”, lamenten.

La salud mental de miles de pacientes de Eivissa y Formentera depende estos días de una plantilla reducida al límite. La baja de siete facultativos ha puesto contra las cuerdas al servicio de psiquiatría del área de Salud de Eivissa y Formentera (ASEF), que ya arrastraba años de sobrecarga asistencial y dificultades para cubrir plazas por la grave crisis de vivienda de la isla. El número de bajas supone la inoperatividad de media plantilla, con las deficiencias que ello conlleva, como las complicaciones a la hora de atender intentos autolíticos –conductas dirigidas contra uno mismo con intención de causarse daño–.

La semana pasada, en el centro sanitario de es Viver –uno de los centros de salud de la capital ibicenca– solo quedaba un psiquiatra operativo para asumir una actividad que habitualmente requiere al menos cuatro especialistas, como han denunciado a elDiario.es facultativos de Can Misses –el hospital de referencia y único público de la isla–. La situación se agrava por la combinación de falta de personal, agotamiento y problemas organizativos que ha acabado estallando en una de las unidades más sensibles del sistema sanitario pitiuso. “Tenemos que hacer filigranas para atender”, han criticado las mismas fuentes sanitarias.

El servicio, compuesto por psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros y auxiliares de enfermería, engloba tanto el hospital público de Can Misses como los centros de salud de es Viver y el infanto juvenil del centro de salud de Vila. Desde el Área de Salud pitiusa han reconocido que el ámbito de la salud mental en Eivissa y Formentera afronta, “desde hace tiempo”, una elevada presión asistencial y organizativa que exige una continua adaptación de los recursos -sobre todo de personal- para garantizar una atención adecuada a los pacientes. Fuentes de SIMEBAL (el sindicato médico balear) precisan a este diario que este asunto “está en vías de resolución”, por lo que prefieren no hacer valoraciones por el momento.

Siete psiquiatras de baja

Este escenario crítico, sin embargo, ha empeorado considerablemente debido a la baja laboral de siete de los profesionales, lo que condujo a que una decena de ellos firmara un escrito de denuncia ante la Dirección General de Salud Mental, la Dirección Médica, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Unidad de Seguridad del Paciente y los sindicatos correspondientes, como adelantó Diario de Ibiza. En el documento trasladan su “creciente preocupación” por la situación que atraviesa la unidad. Los facultativos también atribuyen varias complicaciones a una comunicación deficiente con la actual jefa de servicio que “no facilita las gestiones para mejorar una atención ya de por sí difícil de brindar”.

La Dirección explica a elDiario.es que es conocedora de las “inquietudes” de los profesionales de la Unidad de Salud Mental en relación con la organización y funcionamiento del servicio. Por ello –aseguran desde la gerencia– mantienen el contacto con los sanitarios implicados y trabajan en el análisis de las distintas cuestiones planteadas. “Queremos favorecer el adecuado funcionamiento del servicio, preservar la calidad asistencial y mantener un entorno de trabajo adecuado para los equipos”, afirman. También han activado medidas de apoyo organizativo y coordinación asistencial con otros dispositivos sanitarios para “garantizar la cobertura y continuidad de la atención”, aunque no han especificado cuáles.

Un problema “endémico”

Se trata, denuncian los facultativos, de un problema “endémico” del área de Salud pitiusa. “La demanda es muchísimo más alta que el número de profesionales. Hay carencia de médicos y es necesario hacer una lectura respecto a porqué sucede esto. Fundamentalmente, por la carestía de vida y por los alquileres”, expresa rotunda una de las trabajadoras: “Pasa lo mismo que en el resto de servicios: falta personal”.

En cuanto a la posibilidad de declarar plazas como de “difícil cobertura” –lo que va asociado a un plus económico, como se hizo en la unidad de Oncología–, esta profesional explica que se trata de un “agravio comparativo”. “Hay profesionales haciendo el mismo trabajo y que no cobran ese plus”, lamenta la médica. Es un problema –expresa– de muy difícil manejo.

Psiquiatría es un servicio que ha petado porque el número de profesionales no es suficiente para atender la demanda que hay. Además, en el hospital les corresponden unas funciones y en los ambulatorios –ahora llamados centros de salud– otras. Pese a ello, lamentan que se han cargado unidades dentro de Psiquiatría necesarias. Entre ellas, la que atendía a personas con problemas de adicciones. 

Uno de los especialistas que ahora mismo está de baja, sufrió, antes de darse de baja, una crisis de ansiedad durante un turno. Este médico ya lamentó que la situación en la que estaba el servicio era “insostenible”. Y otro especialista que tenía previsto marcharse a Mallorca, finalmente renunció para cubrirlo. Por otro lado, a esta combinación de factores de carga laboral y estrés hay que añadir que los psiquiatras también se tienen que desplazar al Hospital de Formentera, para atender a los más de 6.000 usuarios que hay en la isla.

La situación de carga laboral afecta también a otros servicios, como Atención Primaria, donde los cupos por médico de familia llegan a 1.900 pacientes, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no excedan los 1.500 pacientes. “Tenemos que hacer filigranas” para dar la mejor atención, destaca esta profesional. La sanitaria lleva trabajando en el área de Salud desde hace más de tres décadas y asegura que “nunca” había visto el hospital en una situación similar. La población, recuerda, se ha duplicado desde entonces.

El municipio en el que trabaja –Santa Eulària– ha experimentado el mismo crecimiento poblacional desmesurado. “Allí además tenemos el problema de que no hay espacio”. El Ayuntamiento ha cedido un terreno para construir otro centro pero “yo me jubilaré y ya no trabajaré en ese centro”, dice. “Por población y necesidad tendríamos que disponer de muchos más recursos de los que tenemos”. “Por ejemplo, para atender a los desplazados también tenemos que hacer tetris y nos hemos quedado también sin unidad de Atención a la Mujer –que en Sant Antoni funciona–, por falta de espacio”, asegura. Además, por el mismo motivo, se han quedado sin el equipo de rayos.

Nueva hornada de sanitarios residentes

El hospital Can Misses es, por otro lado, docente desde 1991. Los sanitarios lamentan que en otras comunidades autónomas los residentes que se forman en un territorio determinado se quedan en el mismo. Algo que, según consideran, no sucede en Balears, menos en las Pitiüses. “No se quieren quedar, y aquí se forman en medicina interna, UCI, Pediatría, Psiquiatría…”, lamentan. Al principio, el hospital público solo formaba a médicos de familia, pero el abanico de especialidades ha ido creciendo con el tiempo.

Esta semana, precisamente, se han incorporado 24 nuevos residentes de la nueva promoción: 14 médicos internos (MIR), nueve enfermeras internas (EIR) y una farmacéutica interna (FIR). Entre las especialidades –detallan desde Salud– figuran ocho plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, dos de Medicina Interna, una de Psiquiatría, una de Pediatría, una de Ginecología y Obstetricia y una de Medicina Intensiva.

En cuanto al área de Enfermería se han incorporado cinco residentes de Atención Familiar y Comunitaria, tres matronas y una especialista en Pediatría y Neonatología. Las incorporaciones cubren 24 de las 26 plazas ofertadas para formación especializada. Sumando las promociones actualmente en formación, el Área de Salud contará con 60 especialistas residentes durante 2026, detallan las mismas fuentes.

Sin embargo, el área de Salud Mental continúa estando desabastecida y no hay expectativas de mejora en el horizonte. Los residentes que permanecen en Eivissa son casos particulares con vínculos familiares en la isla o personas oriundas que en su momento se marcharon y ahora, por motivos personales, les interesa volver, valoran las fuentes sanitarias consultadas por este diario. “Pero en el resto [de casos] es muy difícil atraer personal sanitario. ”No se les hacen ofertas interesantes, este año ha sido el primero que han ofertado contratos de tres años a profesionales“, lamentan.

L'horitzó de M. són les moles blanques de dos hotels, les terrasses ombrejades d'uns restaurants, la platja atapeïda de gandules. Un quadre on cada element es deforma víctima de la perspectiva; turistes diminuts caminant per una passarel·la de fusta que segueix el perfil de la costa. M. observa el paisatge des d'una quarta planta, tant si en té ganes com si no. Cada matinada –quan es desperta– i cada migdia –quan torna de la feina–, la mateixa postal inevitable. És el peatge de viure sense cortines ni persianes. Aquesta anomalia –si més no, a la Mediterrània– no va ser el caprici d'un arquitecte calvinista, d'una societat que aposta perquè allò que passa dins de la llar es pugui veure des del carrer. El pis de M. no té finestres perquè –senzillament– no és un pis.

Aquest home –cabells grisos, una quarantena d'anys, apàtrida del Sàhara Occidental– és un okupa. Almenys, segons la llei. Dorm en una tenda de campanya. Cuina amb un fogonet de gas. Amb la malla d'una obra es protegeix del sol, del vent, d'una ensopegada que podria ser fatal. Com cantaven Los Delinqüentes i Kiko Veneno, les parets són d'aire: M. viu a l'esquelet d'un hotel de luxe que va quedar a mig construir quan va esclatar la bombolla immobiliària. El motiu? Aquest ajudant de cuina no troba un lloguer “digne” que no devori el sou que guanya treballant en un altre hotel que sí que funciona: 1.800 euros al mes, liquidació a banda quan la temporada tanqui a l'octubre.

–A Eivissa no es pot llogar, ho saps? Jo he d'enviar diners al meu país perquè als campaments d'Esmara, on viuen els meus pares i les meues filles, ningú no té feina.

–No és estrany trobar a internet habitacions per més de mil euros. Així és impossible estalviar amb un sou com el teu.

–El més barat que he vist: 350 euros per un llit... però en una casa on viuen trenta persones. No pot ser! Com pots dormir allà! Per això preferesc viure aquí. Aquest és el meu cinquè any. Sempre, al mateix hotel, però no em donen allotjament. Em diuen que potser l'estiu que ve... però jo crec que serà l'últim. Ja no aguant més aquí.

El més barat que he vist: 350 euros per un llit... però en una casa on viuen trenta persones. No pot ser! Com pots dormir allà! Per això preferesc viure aquí. Aquest és el meu cinquè any. Sempre al mateix hotel, però no em donen allotjament. Em diuen que potser l'estiu que ve... però jo crec que serà l'últim. Ja no aguant més aquí

M. — Residint a l'esquelet d'un hotel

L'alcalde: “És un despropòsit i un abocador”

La intenció de l'alcalde de Sant Josep de sa Talaia –el municipi eivissenc on es troba l'esquelet de formigó i ferralla que M. i desenes, potser centenars de persones més, han convertit en ca seua– és treure'ls d'allà com més aviat millor. “L'assentament és un despropòsit i s'ha convertit en un abocador. (...) Els okupes no es preocupen mica per fer net. No fan servir els contenidors de la zona i viuen allà d'una manera difícil d'entendre”, va dir l'alcalde Roig al Periódico de Ibiza. Malgrat les peticions que va fer elDiario.es al llarg de les darreres setmanes, l'Ajuntament de Sant Josep no ha concedit declaracions per a aquest reportatge.

Com li ha passat a Jaime Martínez amb l'antiga presó de Palma, els residents d'aquest edifici fantasma s'han convertit en una pedra a la sabata per a l'alcalde Roig, un dels pròcers del PP balear. A més del seu càrrec institucional, aquest antic empleat d'agències de viatge és un dels hòmens més poderosos d'un partit que suma 20.000 afiliats a l'arxipèlag. També, un dels seus timoners a escala orgànica. Tres anys després d'agafar la vara de comandament, els habitatges infrahumans són l'assignatura pendent d'un polític que presideix un ajuntament cèlebre per acumular casos de corrupció urbanística.

L'alcalde Roig ha eliminat del mapa diversos campaments de barraques, però li neixen noves construccions precàries sota els nàutics. L'Algarrobico on es refugien M. i –com es pot apreciar a simple vista– desenes de persones més és un exemple majúscul. L'Ajuntament de Sant Josep té les mans lligades, no el pot buidar malgrat les pressions que està rebent de lobbies com l'Associació Britànica d'Eivissa. La Policia Local no pot traspassar la tanca que envolta els 16.733 metres quadrats on va quedar encallada aquesta balena de formigó i ferralla. Els propietaris i l'equip de govern no s'entenen. L'assumpte ha acabat als tribunals.

L'alcalde de Sant Josep de sa Talaia creu que “l'assentament és un despropòsit i s'ha convertit en un abocador”, però no hi pot fer res: els propietaris i l'equip de govern no s'entenen

De Cala de Bou a “Cala de Bronx”

A principis de maig, l'edifici fantasma –on ja vivia gent, com M.– va rebre de colp desenes de persones que s'havien quedat sense sostre. Arribaven els desnonats –també sahrauís– de sa Joveria; la villa miseria situada a la perifèria de la capital insular es traslladava a Punta d'en Xinxó. Així s'anomena el lloc on s'alça l'estructura abandonada, un sortint que s'endinsa a la Badia de Portmany, el port pel qual fa gairebé un segle va desembarcar el turisme a Eivissa.

En la darrera dècada, ha set l'escenari de reconversions, reformes i revestiments per elevar la categoria de desenes d'hotels que es mesclen amb pubs, licoreries, xalets familiars, blocs d'apartaments, un auditori i alguns minigolfs rovellats. Una zona turística coneguda com a Cala de Bou a la qual l'enginy popular –a les xarxes socials, als grups de WhatsApp– ha posat un malnom molt gràfic: “Cala de Bronx”. L'alcalde Roig va arribar a pronunciar aquest neotopònim per carregar contra Cala Xinxó SL, la promotora que fa dos dècades volia construir un allotjament de quatre altures i cinc estrelles.

Les xarxes socials han batejat la zona com a 'Cala de Bronx'

“No s'entén que algú vulgui vendre un immoble per un valor de 55 milions d'euros quan, el que està fent amb l'abandonament de l'estructura, és precisament demostrar molt poc amor per la zona”, va dir l'alcalde Roig a Periódico de Ibiza. Uns dies més tard, el popular va anar més enllà a Diario de Ibiza: “La propietat de l'estructura de Cala de Bou està deixant entrar la gent a viure-hi per pressionar l'Ajuntament”. Amb quin objectiu? Evitar que s'acabàs fent miquetes un somni empresarial que cada tarda es banyaria amb la llum del crepuscle i per al qual s'havia escollit un nom pompós i descriptiu: Bahía del Mediterráneo. Havia de ser una cosa grandiosa. Quatre-centes suites i una discoteca a l'aire lliure amb capacitat per a quatre mil persones. Un presagi del rumb que prendria poc després una planta hotelera que encara no s'havia lliurat al turista VIP i a la música electrònica. No encara.

La batalla legal de la promotora

L'alcalde Roig defensa ara amb insistència que l'única alternativa possible és enderrocar la ruïna i netejar el solar. Així ho va votar la junta de govern de Sant Josep el maig de 2025. Els tres alcaldes anteriors –dos socialistes i una popular– no havien arribat tan lluny des que les obres es van aturar el 2010. Quan va esclatar la bombolla immobiliària, el grup empresarial on s'integra Cala Xinxó SL –Acintur, una referència del sector immobiliari de Benidorm– va fer marxa enrere. El projecte es va frenar només quatre anys després que José Ramón Escandell –l'alcalde del PP que va voler omplir de ciment el parc natural de ses Salines– atorgués la llicència per construir un macrocomplex més enfocat a l'oci que al descans a primera línia d'una badia saturada pels impactes del turisme. Aquell gegant de formigó va quedar a mercè de la humitat i del salnitre. I així fins avui.

Els promotors volien construir quatre-centes suites i una discoteca a l'aire lliure amb capacitat per a quatre mil persones. Les obres es van paralitzar el 2010, en plena crisi immobiliària

Els responsables de Cala Xinxó SL van rebutjar donar el seu punt de vista per a aquest reportatge i no van voler explicar els darrers moviments que han dut a terme. Fa tres mesos, aquesta societat limitada va registrar a l'Ajuntament de Sant Josep una sol·licitud per reprendre les obres setze anys després. L'abril de 2025, els gestors de la promotora ja havien denunciat l'ocupació del terreny al Jutjat d'Instrucció número 4 d'Eivissa. L'11 de maig passat –tretze mesos després de la denúncia–, els propietaris de la parcel·la es van tornar a comunicar amb els tribunals.

A la resolució judicial a la qual ha tengut accés elDiario.es, el magistrat ordenava a la Guàrdia Civil presentar-se a l'edifici fantasma abans del 22 de maig per “identificar tots els residents adults”, “informar-los que poden aportar qualsevol document que permeti valorar si tenen contracte legal d'arrendament amb el propietari legal” i “citar-los com a denunciats per delicte d'usurpació d'habitatge a un judici que se celebrarà el 23 de juny a les 12 h”.

Abans d'arribar a les conclusions, el document s'entreté en els detalls –la tardança del Col·legi d'Advocats per designar un lletrat d'ofici, la impugnació de l'advocat denunciant per incompatibilitat, la incompareixença de “diversos agents” que havien de practicar les notificacions, la manca de resposta de la Benemèrita per dur a terme noves identificacions– que han encallat el procés. Les conseqüències? Quatre ajornaments o suspensions del judici en només dotze mesos. Així ho afirma la resolució judicial. Ni el servei de premsa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ni el de la Guàrdia Civil han confirmat si s'han dut a terme les diligències perquè el judici pugui començar d'aquí a dues setmanes.

Por al'autoritat

I, tanmateix, la por d'alguns dels habitants d'aquests pisos on les parets són d'aire és trobar-se cara a cara amb un agent de l'ordre.

–Però per què tantes preguntes? Sou policies, guàrdies civils?

Pregunta un jove que no vol donar detalls sobre la seva vida.

–No, som periodistes. Estem fent un reportatge sobre la història de les persones que viviu aquí.

–Segur que no sou policies? Han vengut moltes vegades aquestes darreres setmanes. Ens diuen que hem de marxar.

La conversa tensa l'ambient al replà entre la tercera i la quarta planta. És llavors quan M. entra en escena: la motxilla a l'esquena, el rostre cansat després d'atendre el torn d'esmorzars, un somriure amable. Són les dotze en punt. L'ajudant de cuina acaba de recórrer, sota una calor de vint-i-escaig graus, el llarg quart d'hora que separa l'hotel de luxe a mig construir de l'hotel de quatre estrelles on fa feina.

–Si voleu saber com es viu aquí –diu M., abans d'endinsar-se per una obertura que va reobrir una escala que algú havia tapat amb totxos–, veniu amb jo.

Aquest home –cabells grisos, una quarantena d'anys, apàtrida del Sàhara Occidental– no deixarà de parlar mentre puja per l'escala i avança per una plataforma de la qual surten braços a esquerra i dreta. Durant el recorregut, M. explicarà que s'ha acostumat a les tempestes que marquen el final de l'estiu i al vent de ponent que bufa quan s'acaba el dia. Que damunt la seua tenda de campanya hi ha una lona perquè els terres de l'esquelet de formigó i ferralla són plens de petits forats per on s'escola l'aigua. Que renta la roba a l'hotel on treballa, que es dutxa a l'hotel on treballa, que acostuma a menjar calent a l'hotel on treballa. Que altres compatriotes no són tan afortunats perquè es dediquen a altres oficis, com dos paletes que es fan bromes per oblidar que traslladar-se de Menorca a Eivissa a la recerca d'un sou millor ha resultat ser un mal negoci. Que ell no ha vist remors, baralles ni disputes allà dins; tampoc quan el nombre de vesins va augmentar a principis de maig. Que cadascú neteja la seva part, encara que no tots la netegin igual; que les males olors són difícils d'evitar i un problema amb el qual conviure. Que als pisos alts dormen ells, els sahrauís, i a la planta baixa “els senegalesos”. Que qui pot aconsegueix alguns testos, una mica de terra i hi planta herbes aromàtiques. Que hi ha boixos al veïnat. Que li agradaria convidar a un te, però que no troba cap encenedor per encendre la flama del fogonet de gas: “És que no fum”.

Després d'aquesta disculpa gairebé ingènua, M. vessarà una llàgrima i, sense eixugar-se la galta esquerra, dirà:

–Em fa vergonya, però crec que s'ha d'explicar com estam vivint. Som treballadors.

La frase de M. deixa una aura incòmoda al racó que ocupa la seva haima. A baix i a la llunyania, els banyistes xipollegen dins la mar.

El horizonte de M. son las moles blancas de dos hoteles, las terrazas sombreadas de unos restaurantes, la playa atiborrada de hamacas. Un cuadro donde cada elemento se deforma víctima de la perspectiva; turistas pequeños caminando sobre una pasarela de madera que sigue el perfil de la costa. M. observa el paisaje desde una cuarta planta, tenga ganas de otearlo o no. Cada madrugada –cuando se despierta– y cada mediodía –cuando vuelve del trabajo–, la misma postal inevitable. Es el peaje de vivir sin cortinas ni persianas. Esta anomalía –al menos, en el Mediterráneo– no fue el capricho de un arquitecto calvinista, una sociedad que apuesta porque lo que ocurre dentro del hogar pueda verse desde la calle. El piso de M. no tiene ventanas porque –sencilla y llanamente– no es un piso.

Este hombre –pelo canoso, unos cuarenta años, apátrida del Sáhara Occidental– es un okupa. Al menos, con la ley en la mano. En una tienda de campaña duerme. En un hornillo a gas cocina. Con la malla de una obra se protege del sol, del viento, de un traspiés que podría ser fatal. Como cantaban Los Delinqüentes y Kiko Veneno, las paredes son de aire: M. vive en el esqueleto de un hotel de lujo que se quedó a medio construir cuando estalló la burbuja inmobiliaria. ¿El motivo? Este ayudante de cocina no encuentra un alquiler “digno” que no devore el sueldo que gana trabajando en otro hotel que sí funciona: 1.800 euros al mes, finiquito aparte cuando la temporada eche el cierre en octubre.

–En Ibiza no se puede alquilar, ¿sabes? Yo tengo que enviar dinero a mi país porque en los campamentos de Esmara, donde viven mis padres y mis hijas, nadie tiene trabajo.

–No es raro encontrar en internet habitaciones a más de mil euros. Así es imposible ahorrar con un sueldo como el tuyo.

–Lo más barato que he visto: 350 euros por una cama… pero en una casa donde viven treinta personas. ¡No puede ser! ¡Cómo puedes dormir allí! Para eso prefiero vivir aquí. Este es mi quinto año. Siempre, en el mismo hotel, pero no me dan alojamiento. Me dicen que quizás el próximo verano… pero yo creo que será el último. Ya no aguanto más aquí.

Lo más barato que he visto: 350 euros por una cama… pero en una casa donde viven treinta personas. ¡No puede ser! ¡Cómo puedes dormir allí! Para eso prefiero vivir aquí. Este es mi quinto año. Siempre, en el mismo hotel, pero no me dan alojamiento. Me dicen que quizás el próximo verano… pero yo creo que será el último. Ya no aguanto más aquí

M. — Residente en el esqueleto de un hotel

El alcalde: “Es un despropósito y un vertedero”

La intención del alcalde de Sant Josep de sa Talaia –el municipio ibicenco donde se encuentra el esqueleto de forjado y ferralla que M. y decenas, quizás cientos de personas más, han convertido en su hogar– es sacarlos de allí lo antes posible. “El asentamiento es un despropósito y se ha convertido en un vertedero. (...) Los okupantes no se molestan ni un poco por la limpieza. No hacen uso de los contenedores de la zona, y viven ahí de una manera que es difícil de entender”, dijo el alcalde Roig a Periódico de Ibiza. Pese a las peticiones que realizó elDiario.es a lo largo de las últimas semanas, el Ajuntament de Sant Josep no ha concedido declaraciones para este reportaje.

Como le ha pasado a Jaime Martínez con la antigua prisión de Palma, los residentes de este edificio fantasma se han convertido en una china en el zapato para el alcalde Roig, uno de los próceres del PP balear. Además de su cargo institucional, este antiguo empleado de agencias de viaje es uno de los hombres más poderosos de un partido que suma 20.000 afiliados en el archipiélago. También, uno de sus timoneles a nivel orgánico. Tres años después de coger la vara de mando, las infraviviendas son la asignatura pendiente de un político que preside un ayuntamiento célebre por acumular casos de corrupción urbanística. 

El alcalde Roig ha eliminado del mapa varios campamentos de chabolas, pero le nacen nuevas barracas bajo los náuticos. El Algarrobico en el que se refugian M. y –como se aprecia a simple vista– decenas de personas más es un ejemplo mayúsculo. El Ajuntament de Sant Josep tiene las manos atadas, no lo puede vaciar pese a las presiones que está recibiendo de lobbies como la Asociación Británica de Ibiza. La Policía Local no puede traspasar la valla que rodea los 16.733 metros cuadrados donde se quedó varada esta ballena de forjado y ferralla. Los propietarios y el equipo de gobierno no se entienden. El asunto ha acabado en los tribunales. 

El alcalde de Sant Josep de sa Talaia cree que "el asentamiento es un despropósito y se ha convertido en un vertedero", pero no puede haer nada: los propietarios y el equipo de gobierno no se entienden

De Cala de Bou a “Cala de Bronx”

A principios de mayo, el edificio fantasma –donde ya vivía gente, como M.– recibió –de golpe– a decenas de personas que se habían quedado sin techo. Llegaban los desahuciados –también saharauis– de sa Joveria, la villa miseria situada en la periferia de la capital insular se trasladaba a Punta d’en Xinxó. Así se llama el lugar donde se alza la estructura abandonada, un saliente que se adentra en la Badia de Portmany, el puerto por el que hace casi un siglo desembarcó el turismo en Eivissa.

En la última década, el escenario de reconversiones, reformas y revestimientos para elevar la categoría de decenas de hoteles que se entremezclan con pubs, licorerías, chalecitos familiares, bloques de apartamentos, un auditorio, algunos minigolfs oxidados. Una zona turística conocida como Cala de Bou a la que el ingenio popular –en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp– le ha puesto un apodo muy gráfico: “Cala de Bronx”. El alcalde Roig llegó a pronunciar el neotopónimo para cargar contra Cala Xinxó SL, la promotora que hace dos décadas quería construir un alojamiento de cuatro alturas y cinco estrellas.

Las redes sociales han bautizado a la zona como 'Cala de Bronx'

“No se entiende que alguien quiera vender un inmueble por un valor de 55 millones de euros cuando, lo que está haciendo con el abandono de la estructura, es precisamente demostrar muy poco amor por la zona”, dijo el alcalde Roig en Periódico de Ibiza. Unos días más tarde, el popular fue más allá en Diario de Ibiza: “La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento”. ¿Con qué motivo? Evitar que se terminara de hacer añicos un sueño empresarial que bañaría cada tarde la luz del crepúsculo y para el que se había elegido un nombre tan pomposo como descriptivo: Bahía del Mediterráneo. Iba a ser algo grandioso. Cuatrocientas suites y una discoteca al aire libre con capacidad para cuatro mil personas. Un presagio del rumbo que tomaría poco después una planta hotelera que no se había echado en brazos del turista VIP y la música electrónica. Aún.

La batalla legal de la promotora

El alcalde Roig defiende ahora con ahínco que la única alternativa posible es demoler la ruina y limpiar el solar. Así lo votó la junta de gobierno de Sant Josep en mayo de 2025. Los tres alcaldes anteriores –dos socialistas, una popular– no habían llegado tan lejos desde que se pararan las obras en 2010. Al estallar la burbuja inmobiliaria, el grupo empresarial donde se integra Cala Xinxó SL –Acintur, una referencia en el ladrillo de Benidorm– recogió cable. El proyecto se frenó sólo cuatro años más tarde de que José Ramón Escandell –el alcalde del PP que quiso cimentar el parque natural de ses Salines– otorgara la licencia para construir un macrocomplejo más enfocado al ocio que al descanso en primera línea de una bahía saturada por los vertidos del turismo. Aquel gigante de hormigón se quedó a merced de la humedad y el salitre. Y hasta hoy.

Los promotores querían construir cuatrocientas suites y una discoteca al aire libre con capacidad para cuatro mil personas. Las obras se paralizaron en 2010, en plena crisis inmobiliaria

Los responsables de Cala Xinxó SL rechazaron dar su punto de vista en este reportaje y no quisieron explicar los últimos movimientos que han llevado a cabo. Hace tres meses, esta sociedad limitada registró en el Ajuntament de Sant Josep una solicitud para reiniciar las obras dieciséis años después. En abril de 2025, los gestores de la promotora ya habían denunciado la okupación del terreno en el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa. El pasado 11 de mayo –trece meses después de la denuncia–, los propietarios de la parcela volvieron a comunicarse con los tribunales.

En la resolución judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado ordenaba a la Guardia Civil personarse en el edificio fantasma antes del 22 de mayo para “identificar a todos los moradores adultos”, “informarles que pueden aportar cualquier documento que permita valorar si tienen contrato legal de arrendamiento con el propietario legal” y “citarlos como denunciados por delito de usurpación de vivienda a un juicio que se celebrará el 23 de junio a las 12h”. 

Antes de llegar a las conclusiones, el documento se recrea en los detalles –la tardanza del Col·legi d’Advocats para designar a un letrado de oficio, la impugnación del abogado denunciante por incompatibilidad, la incomparecencia de “varios agentes” que debían realizar los señalamientos, la falta de respuesta de la Benemérita para llevar a cabo nuevas identificaciones– que han trabado el proceso. ¿Las consecuencias? Cuatro aplazamientos o suspensiones del juicio en apenas doce meses. Así lo afirma la resolución judicial. Ni el servicio de prensa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ni el de la Guardia Civil han confirmado si se han llevado a cabo las diligencias para que el juicio pueda empezar dentro de dos semanas.

Miedo a la autoridad

Y, sin embargo, el miedo de algunos de los habitantes de estos pisos donde las paredes son de aire es verse frente a frente con un agente del orden.

– ¿Pero por qué tantas preguntas? ¿Sois policías, guardias civiles?

Pregunta un joven que no quiere dar detalles sobre su vida.

–No, somos periodistas. Estamos haciendo un reportaje sobre la historia de las personas que vivís aquí.

–¿Seguro que no sois policías? Han venido muchas veces estas últimas semanas. Nos dicen que tenemos que marchar.

La conversación tensa el ambiente en el rellano entre la tercera y la cuarta planta. Es entonces cuando M. entra en escena: la mochila a la espalda, el rostro cansado después de dar servicio durante el turno de desayuno, una sonrisa amable. Son las doce en punto. El ayudante de cocina acaba de recorrer bajo un calor de veintitantos grados el cuarto de hora largo que separa el hotel de lujo a medio construir del hotel de cuatro estrellas donde trabaja.

–Si queréis saber cómo se vive aquí –dice M., antes de meterse por un butrón que reabrió una escalera que alguien cegó algún día con ladrillos–, venid conmigo.

Este hombre –pelo canoso, unos cuarenta años, apátrida del Sáhara Occiental– no dejará de hablar mientras suba por la escalera y avance por una plataforma a la que le van saliendo brazos a izquierda y derecha. Durante el recorrido, M. contará que se ha acostumbrado a las tormentas que marcan el final del verano y al viento de poniente que sopla cuando acaba el día. Que sobre su tienda de campaña hay una lona porque los suelos del esqueleto de forjado y ferralla están llenos de agujeritos por los que se filtra el agua. Que su ropa la lava en el hotel donde trabaja, que se ducha en el hotel donde trabaja, que suele comer caliente en el hotel donde trabaja. Que otros vecinos no son tan afortunados porque se dedican a otros oficios, como dos albañiles que se gastan bromas para olvidar que mudarse de Menorca a Eivissa en busca de un sueldo mejor ha resultado un mal negocio. Que él no ha visto barullo, peleas ni disputas allí dentro; tampoco cuando el número de vecinos aumentó a principios de mayo. Que cada uno limpia su parte, aunque no todos la limpien igual; que los malos olores son difíciles de evitar y un problema con el que convivir. Que en los pisos altos duermen ellos, los saharauis, y en la planta baja “los senegaleses”. Que quien puede consigue unos tiestos, algo de tierra y planta hierbas aromáticas. Que hay niños en la vecindad. Que le gustaría invitar a un té, pero que no encuentra un mechero para prender la llama del hornillo a gas: “Es que no fumo”. 

Tras esta disculpa casi naif, M. derramará una lágrima y sin secarse la mejilla izquierda dirá: 

–Me da vergüenza, pero creo que se tiene que contar cómo estamos viviendo. Somos trabajadores.

La frase de M. deja un halo incómodo en el rincón que ocupa su jaima. Abajo y a lo lejos, los bañistas chapotean en el mar.

Trabajar en una biblioteca dista mucho del tópico de pasar el día en silencio entre libros. El personal del sector asume cada vez más tareas en un contexto de “falta de personal, horarios irregulares y creciente carga de trabajo”. Esta es la situación que denuncian los bibliotecarios en la huelga indefinida iniciada el pasado 5 de junio en Catalunya, en plena época de exámenes y justo antes de las PAU.

“Los estudiantes se van a encontrar las bibliotecas cerradas de forma puntual, sabemos que es un fastidio, pero estamos luchando por su futuro. Sin condiciones dignas no podemos ofrecer un servicio público de calidad”, explica Laura Solà, directora de la biblioteca Volpelleres Miquel Batllori de Sant Cugat del Vallès y delegada de prevención de la CGT en la Diputación de Barcelona.

Son muchos los estudiantes que se han encontrado con estos centros cerrados que, además de ser espacios pensados para el estudio, también funcionan como refugios climáticos en una primavera que se ha caracterizado por tener temperaturas casi estivales.

Xavier Grau es uno de los jóvenes afectados. En su caso, estaba preparándose para las Pruebas de Acceso a la Selectividad y, a pesar de la importancia de esos exámenes, se muestra comprensivo con los trabajadores: “Es normal que se realicen las huelgas en este periodo, porque es cuando la causa tendrá más visibilidad”.

Por contra, los hay que no son tan comprensivos, como Aina Fernández, estudiante de tercero de Farmacia en la UB, que lamenta que el cierre de bibliotecas “ha dificultado la vida de muchas personas que no pueden estudiar en casa. Me han obligado a buscar alternativas o perder tiempo de estudio”, lamenta. “Comprendo la lucha por unas condiciones más dignas, pero ahora mismo los perjudicados somos los estudiantes”, añade.

Más recursos y más personal

Convocada por la CGT, la huelga se enmarca en un contexto de movilizaciones en el sector público, con reivindicaciones que en los últimos meses se han extendido a la educación o la sanidad. Entre otras reivindicaciones, el sector reclama la ampliación de la plantilla, medidas de conciliación laboral y mejoras salariales.

Según denuncia la plataforma Biblioteques en Lluita – el movimiento de protesta del personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC) –, las funciones de los bibliotecarios han aumentado en los últimos años, Más allá del préstamo de libros, llevan a cabo actividades culturales, atención a usuarios, “excesiva” carga burocrática o soporte tecnológico. Todo, sin un incremento equivalente de plantilla.

“Ante la falta de personal, esta situación provoca una sobrecarga evidente. Ya estamos agotadas y eso conlleva una peor calidad del servicio, además de un aumento de bajas por problemas de salud física y mental”, apunta Solà. “No solo defendemos nuestros derechos laborales, también el derecho de la ciudadanía a tener unas bibliotecas de calidad”, añade David Colomera, trabajador de la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda de Barcelona.

Asimismo, denuncian jornadas que pueden extenderse hasta once horas diarias y semanas laborales de seis o siete días sin horarios estables y sin una compensación adecuada. “Cuando empecé a trabajar en bibliotecas, mi vida social se acabó”, relata Colomera. “No puedes planificar tu vida porque cada semana te cambian el horario”, lamenta.

Otra de las demandas del colectivo consiste en la actualización de la ley del sistema bibliotecario y del decreto que regula los servicios y el personal de la lectura pública, normativas que tildan de “anacrónicas”. “Las categorías profesionales ya no se ajustan a la realidad, porque muchas titulaciones han cambiado o han desaparecido”, señala Solà.

Los trabajadores también exigen mantener la profesionalización de bibliotecarios y directores, así como un mayor reconocimiento del personal técnico y auxiliar, clave en el funcionamiento diario de los centros.

En el ámbito salarial, el colectivo no reclama una subida general, sino una reubicación dentro de la estructura retributiva de la administración para corregir lo que consideran una infravaloración histórica. “No pedimos ganar más por lo mismo, pedimos que se reconozca el trabajo que ya hacemos”, resume Solà.

Tres huelgas distintas que han derivado en una general

La movilización se ha articulado en varias fases que han acabado confluyendo en una protesta común. Primero la inició el del Consorcio de Bibliotecas. Más tarde, en abril, se sumaron los trabajadores de la Diputación de Barcelona que prestan servicio en bibliotecas municipales de la provincia. Finalmente, el 5 de junio, la protesta se amplió a todo el personal de las distintas administraciones que forman parte del Sistema de Lectura Pública, es decir, al conjunto de bibliotecas de Catalunya.

Este lunes, el colectivo de Bibliotecas de Barcelona ocupó el edificio del Consorcio tras una asamblea en la plaza Sant Jaume en la que reclamaban la reanudación de las negociaciones con la plantilla. “La sensación es que hablamos con un muro, que no nos escuchan y que no entienden lo que implica trabajar en una biblioteca”, lamenta Colomera.

Por su parte, tanto el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona como la Diputación de Barcelona aseguran mantener su “voluntad negociadora”. El Ayuntamiento de Barcelona sostiene que “en ningún caso” se ha levantado de la mesa de negociación con el personal del Consorcio. La próxima semana están previstas nuevas reuniones: el lunes con el Consorcio y el jueves en la Mesa General de Negociación de la Diputación.

Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.

Después de dos semanas de huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, el conflicto educativo sigue marcado por las movilizaciones, las negociaciones bloqueadas y una fuerte participación de profesorado, familias y alumnado en todo el territorio. Las reivindicaciones van más allá de la cuestión salarial y ponen el foco en las ratios, las plantillas, las infraestructuras, la burocratización de los centros o la defensa del valenciano y de la escuela pública.

En este contexto, nos encontramos en la Facultad de Magisterio de la Universitat de València con Conxa Delgado Amo Güin, Àngels Martínez Bonafé e Imma Coscollá Girona, maestras vinculadas a los Movimientos de Renovación Pedagógica y al sindicalismo de clase, para recordar la huelga educativa de 1988 y compartir reflexiones sobre las continuidades, los cambios y los aprendizajes entre aquel momento y el presente. Casi cuatro décadas después, sus experiencias permiten poner en diálogo a dos generaciones de lucha docente.

¿Dónde estabais trabajando en el 88 y cuál era el contexto previo a la huelga que llevó a estas movilizaciones?

Àngels: Estaba trabajando con el equipo de asesoras de la Reforma de Enseñanzas Medias y, por tanto, no estaba en un centro concreto. Ayudaba a distintos equipos docentes que iniciaban proyectos pedagógicos alternativos en Secundaria. La llegada de la huelga, por una parte, me emocionaba porque daba respuesta a mucho malestar que también existía en los centros: se le pedían muchas más cosas al profesorado de Secundaria de las que hasta entonces se le habían pedido. Pero, por otra parte, la huelga también suponía una ruptura de los proyectos que llevábamos adelante. Era un momento difícil.

Güin: Estaba en el Colegio Público Mas d’Escoto, de Riba-roja de Túria. Tuve la suerte de estar en un centro muy progresista, y allí hicimos huelga todo el profesorado. Tuvimos algunos problemas con las familias, pero había mucho ambiente asambleario, mucha decisión y mucha conciencia, porque lo teníamos claro. La única sindicalizada era yo, que pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), y además en aquella época era muy militante. Eso hizo que tuviera mucho trabajo, no solo en el centro, sino también en la comarca. Íbamos a las escuelas donde la gente no hacía huelga a explicar las propuestas y a animar a la gente a sumarse.

Imma: Era maestra en el Cervantes de Xirivella, pero, a diferencia del caso de Güin, en mi centro no había una sensibilidad clara a favor de la escuela pública ni de la necesidad de dignificarla. Vivía una especie de esquizofrenia: por una parte, estaba inmersa en el contexto sindical y de renovación pedagógica, donde había una efervescencia de reivindicaciones y sensibilidades; pero, por otra, en mi colegio prácticamente hice la huelga yo sola.

Àngels: Una de las cosas buenas que recuerdo es esa vida comarcal. En las asambleas comarcales te encontrabas con la mejor gente de las escuelas de todo tu entorno. Fueron, realmente, un espacio de encuentro muy bonito, aunque en aquel momento no hubiera unidad sindical, y eso nos permitía encontrarnos con gente a la que querías aunque tuviera planteamientos distintos.

Hablemos de las reivindicaciones. ¿De qué contexto político, social, sindical y educativo venían y cuáles eran las principales demandas?

Àngels: He pensado mucho estos días en el contexto de aquella huelga, porque la del 88 la hicimos con un gobierno socialdemócrata y en un momento en el que se iniciaba todo un proyecto de reformas. Es un contexto muy diferente al actual, en el que tenemos gobiernos en posiciones de extrema derecha. En el caso de Secundaria, que es la experiencia que yo viví, a los institutos empezaban a llegar adolescentes de hasta dieciséis años que nunca antes habían estado en esos espacios, especialmente de otras clases y ambientes sociales. Al profesorado se le pedía que fuera capaz de atender a una diversidad muy grande de alumnado, que asumiera tutorías… y una parte importante del profesorado, acostumbrado al bachillerato, se preguntaba: “¿Tutoría? ¿Y eso para qué sirve?”. Por tanto, era un momento en el que estaba cambiando la propia idea de la enseñanza y también la de lo que significaba ser profesor o profesora de Secundaria. De ahí nacían muchas de las reivindicaciones, porque era necesario que aquella reforma pedagógica viniera acompañada también de una reforma del puesto de trabajo. Y en ese contexto, creo que la huelga era necesaria.

Imma: En Primaria también empezaba a crecer una sensibilidad pedagógica diferente. Al mismo tiempo, había una nueva generación de maestras y maestros que ya llevábamos unos años trabajando dentro de la escuela pública y que empezábamos a tener voz propia para dignificar nuestra situación. De hecho, eso sería un paralelismo con algunas cosas que pueden estar pasando ahora. Recuerdo que se hablaba mucho de la homologación con otros niveles funcionariales, porque era una forma de dignificar el puesto de trabajo. También se insistía mucho en el tema de las ratios. Y, sobre todo en Primaria, era muy importante la reivindicación del cuerpo único, una propuesta muy vinculada a los Movimientos de Renovación Pedagógica y a los sindicatos de clase.

Güin: Justamente, una de las cosas que más he echado de menos en las reivindicaciones actuales es esa del cuerpo único, porque para nosotras era fundamental. Tendría que haber estado también en las reivindicaciones de hoy. Es una manera de dignificar toda la profesión, desde la gente que trabaja en la escuela infantil de 0 a 3 años —que cobra una miseria— hasta quien da clase en la universidad. Creo que, al fin y al cabo, es el mismo trabajo. Y después estaba también el tema de las ratios, que comentaba Imma. Nosotras teníamos 40 o incluso 45 alumnos por clase. Recuerdo perfectamente aquel cambio: de repente entrabas al aula y tenías la sensación de decir “hostia, esto parece vacío”. Y eso te permitía atender mucho mejor al alumnado.

Àngels: También había reivindicaciones relacionadas con el horario de trabajo. Por ejemplo, que se contemplaran horas de permanencia en el centro que no fueran lectivas, sino destinadas a coordinación y formación. Estas dos cuestiones eran fundamentales, aunque no se consiguieron inmediatamente. Si la huelga fue en el 88, la LOGSE se aprobó en 1990, y prácticamente todas las negociaciones de los años siguientes —algunas ya presentes en aquel calendario reivindicativo y otras que fueron apareciendo después— fueron mejorando aspectos como las ratios o el horario laboral. También era muy importante cambiar la normativa sobre las actividades extraescolares. En Secundaria, y creo que también en Primaria, para la gente vinculada a la renovación pedagógica, que intentábamos hacer el máximo posible fuera del aula, era fundamental que dejara de existir aquella normativa según la cual, si había un accidente, se culpabilizaba directamente al profesorado. Y no solo por el riesgo de un juicio, sino porque el cambio implicaba empezar a entender las actividades extraescolares como una parte importante del aprendizaje, y no simplemente como un día de excursión para distraerse. Al final, aunque inicialmente la huelga comenzaba por la reivindicación de la homologación con el funcionariado —una cuestión que a algunas nos daba bastante igual, porque no nos sentíamos funcionarias sino trabajadoras de la enseñanza—, el movimiento fue incorporando otros elementos que sí nos interesaban mucho: queríamos transformar nuestro lugar de trabajo y redefinir qué significaba ser docente. Y eso, poco a poco, el movimiento lo fue consiguiendo.

Imma: Yo quería insistir precisamente en eso. Ahora entramos en una escuela pública y nos encontramos con formación en los centros, actividades extraescolares reguladas y reconocidas pedagógicamente, o con cuestiones como los sexenios, que no dependen tanto de cargos jerárquicos como de la dedicación al centro. También esa diferenciación entre horas lectivas, horas de formación u horas de coordinación. Todo eso, que ahora parece normal, es fruto de aquel movimiento. Por eso es muy importante hacer una lectura política del momento en que estas reivindicaciones empiezan a aparecer. Desde la izquierda, una de las cosas que a menudo perdemos es el sentido de las victorias acumuladas a lo largo de los años. En el pulso constante con el poder hay momentos de parón, de desgaste o de pacto, pero cuando miras atrás y comparas el punto de partida con lo que hay ahora, te das cuenta de que ha habido un cambio enorme. Todo eso ha sido una conquista de aquel movimiento que arranca en ese momento y que, poco a poco, va extendiendo determinadas sensibilidades pedagógicas y políticas. Y esa es la gran fuerza de una huelga así: que acaba desbordando lo que piensa un claustro concreto o unas personas concretas y se extiende como un magma colectivo.

Güin: Es muy importante eso de hacer colectivo. Cuando estás en el colegio explicándole las cosas a las familias, no te sientes sola, porque sabes que hay un movimiento muy grande de maestras y maestros haciendo huelga y reivindicando lo mismo. Creo que la huelga de ahora es mucho más alegre que la que hicimos nosotras. Y eso es bonito. Lo notas en muchas cosas: en el color, en la idea de una camiseta que unifica —que parece una tontería, pero no lo es—, en la música en la calle, en las meriendas, en las columnas que van llegando. A mí me emociona verlo. Nosotras, en aquella época, no lo hicimos así.

Imma: También es cierto que la tecnología y las redes sociales ayudan muchísimo. Y esa es una de las cosas más bonitas: ponerlas al lado de la vida, de la creatividad y de la cohesión. Yo he alucinado viendo que, en una encuesta hecha en un solo día, participaran 40.000 personas y que después hubiera una clasificación por ítems de todas las respuestas. Eso es aprovechar recursos muy potentes que ayudan a crear colectivo. Y también se nota en todos los componentes creativos que vienen, por ejemplo, del 15M o de lo que pasó después de la pandemia: la manera de unirse a través de canciones, de acciones compartidas, de nuevas formas de movilización. Vivimos aquella etapa muy marcadas por la transición política y por la manera de enfrentarnos a la herencia de la dictadura. Las reivindicaciones se vivían con mucha ilusión y con muchas ganas de construir escuela, pero también desde una dureza muy grande. Y ahora hay algo muy importante: entender que la radicalidad no niega la alegría, ni la belleza, ni la creatividad. Tampoco niega la proyección de futuro ni la capacidad de pensar más allá del presente. Y eso es una conquista preciosa.

Àngels: Quiero decirlo claramente: creo que la huelga actual es mejor que la del 88. Y también me gusta pensar que muchas de las personas que ahora la están haciendo fueron alumnas nuestras. Han vivido lo que era hacer asambleas en clase, tomar decisiones colectivas, participar. Ahora están demostrando una enorme capacidad de organización, de toma de decisiones colectivas y también de negociación: no solo frente a la Conselleria, sino dentro de la propia diversidad del movimiento sindical y del movimiento de maestras y maestros. Y creo que esa es una capacidad política muy esperanzadora y muy bonita de la generación que está liderando este momento. Y después hay otra cosa: la belleza y la creatividad también tienen que ver con la escuela. La renovación pedagógica intentaba unir la historia, las matemáticas, la lengua… con la creatividad, la participación y la expresión. Y esta huelga lo demuestra muy bien: hay una plataforma muy estructurada, con reivindicaciones muy claras, pero al mismo tiempo con eslóganes creativos y carteles preciosos. Eso también es fruto de haber pasado por una escuela que ha intentado unir lo científico con lo artístico, lo creativo con lo participativo.

Imma: Y respecto a la gente que la está haciendo ahora, yo creo que una de las características más valiosas de la escuela pública es que quienes la habitan la construyen. Nosotras hacemos la escuela. Movimientos tan grandes como una huelga indefinida hacen que los colectivos empecemos a tomar la palabra sobre la escuela que queremos: una escuela más participativa, más digna, más abierta y con más proyección hacia fuera. Y ahora, en este cambio de ciclo generacional, se están empezando a hacer preguntas muy importantes: cuando decimos inclusión, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué necesita una escuela inclusiva? Cuando hablamos del valenciano en la escuela, ahora —y no en 1990—, ¿qué estamos diciendo exactamente? Y cuando decimos que queremos una escuela pública de calidad y no subsidiaria de la concertada, ¿qué estamos defendiendo? Lo que está pasando es que se está construyendo una voz colectiva para pensar y hacer la escuela que queremos. Y eso es una de las cosas que más me ilusionan de este momento: que es un inicio. Más allá de cómo acabe el proceso, es el comienzo de una nueva manera de aunar una voz colectiva. Una generación que hereda la escuela que nosotras construimos, pero que la repiensa desde su propia experiencia y crea su propio proyecto de futuro. Y eso es necesario para la escuela pública.

Güin: Otra cosa que he notado es que antes los representantes sindicales eran muy serios. Como nosotras. Veníamos de donde veníamos, y vivíamos las reivindicaciones y la lucha sindical de una manera muy intensa, muy dura y muy radical. Por eso, cuando el miércoles escuché a Marc Candela, del STEPV, decir “continuamos en la unidad sindical”, se me pusieron los pelos de punta. Yo pensaba que ANPE y CSIF acabarían descolgándose, porque ya había pasado otras veces. Y ver que la unidad sindical continuaba me emocionó. Además, él lo decía con alegría. Y eso también es importante. Los sindicatos también tienen que aprender de esta nueva manera de vivir la lucha. Porque los sindicatos son fundamentales.

Hemos hablado de la unidad sindical y de las reivindicaciones, pero también me gustaría volver un momento a vuestra relación con los Movimientos de Renovación Pedagógica, porque implicaban una manera concreta de entender y vivir la escuela: hacer escuela desde la participación y la democracia en el aula y en los claustros. ¿Qué puede transformar dentro de una escuela un movimiento de huelga como este?

Àngels: Había una lectura bastante conservadora de ciertas reivindicaciones laborales. Por ejemplo, profesorado de Secundaria que decía: “Yo soy profesor de matemáticas, ¿por qué tengo que hacer tutorías? Que haya un psicólogo o un orientador y que los alumnos que molestan vayan allí”. Desde la renovación pedagógica, en cambio, lo que planteábamos era otra cosa: teníamos que aprender a dar clase de una manera que conectara con aquel alumnado que se aburría en el aula, que no encontraba sentido a la escuela. Y eso implicaba formación, coordinación y tiempo para elaborar propuestas culturales y pedagógicas diferentes. Yo no quería que aquel alumnado “se fuera al psicólogo”; lo que reivindicaba era tiempo para formarme, coordinarme y pensar mejor mi trabajo. Por eso digo que también había maneras reaccionarias de formular los problemas: querer volver a ser el profesor de BUP que solo se preocupaba de su asignatura.

Y no, nosotras no queríamos eso. Ahora, en cambio, la sensación que tengo —vista desde fuera— es que la formulación de los problemas es más global e incorpora mucho más la dimensión pedagógica. El hecho de que las reivindicaciones principales no sean solo salariales, sino también las ratios o las plantillas, ya indica que la dignificación del profesorado se piensa unida a la calidad educativa. Y después está la cuestión del valenciano y de hacer una escuela valenciana. Su presencia dentro de la huelga es una apuesta cultural y también política: una manera de entender el futuro y la cultura del país. Eso le da al movimiento un carácter popular, progresista y claramente de izquierdas. Seguramente no todo el mundo lo vive igual, pero el hecho de que eso esté presente ya abre un camino. No sé qué se conseguirá exactamente con esta huelga, pero el vínculo entre enseñanza en valenciano y enseñanza de calidad ya ha quedado puesto sobre la mesa.

¿Y cómo se vivía, en aquel momento, la relación con la administración pública, teniendo en cuenta que había un gobierno socialdemócrata?

Àngels: La situación era complicada. Aquella era una huelga estatal y las grandes decisiones se tomaban desde el Ministerio de Educación. Además, acababan de transferirse competencias a las comunidades autónomas, y eso también generaba debate en las asambleas: hasta qué punto la Conselleria debía tener autonomía para decidir o si todo seguía dependiendo del MEC. De hecho, en el País Valenciano se consiguieron algunas cosas que en otros lugares no, como aspectos relacionados con la formación del profesorado. Pero sí recuerdo que había una actitud más orientada a la negociación. Lo que no pasaba era eso de levantarse de la mesa, como ha hecho ahora la consellera. Eso ni los consellers ni el ministerio de aquel momento lo hacían.

Güin: Lo que está haciendo Ortí es una ilegalidad, porque su obligación es estar ahí y aguantar lo que haga falta. Si tiene que estar veinte horas negociando, pues veinte; y si tienen que ser cuarenta, cuarenta. Pero también es cierto que el contexto es diferente. Para el profesorado, tener delante a un gobierno de extrema derecha facilita algunas cosas, porque las posiciones están mucho más claras. Los otros también eran duros, ¿eh?, pero nosotras, en aquella época, pensábamos que estábamos en un momento histórico y que teníamos que forzar la máquina. Pensábamos: “si estos, que se supone que son los progres, están haciendo esto, imagínate cuando lleguen los otros”.

Imma: En este cambio de ciclo generacional y político, la transferencia autonómica también marca mucho la manera de entender las responsabilidades sobre las condiciones educativas. Hay que recordar que esta huelga indefinida llega después de meses de demandas de negociación que no habían sido escuchadas. Y, como decía Àngels, más allá de la cuestión salarial, hay toda una necesidad de volver a hablar de ratios, de infraestructuras, de plantillas y de condiciones laborales. Ya lo hicimos hace cuarenta años, pero muchas cosas no se han actualizado; incluso se han deteriorado. Se han perdido plantillas, las ratios se han relajado y las escuelas se han degradado muchísimo.

Y después hay otra cuestión muy importante: qué pasa dentro de los claustros. Cuando un claustro reivindica menos burocracia, no está hablando solo de papeles. En los últimos quince años ha habido una invasión de plantillas informáticas, de ITACA, de formularios prefabricados, que han ido sustituyendo la voz propia de cada escuela. Parece una manera de ahorrar tiempo, pero en realidad es una manera de tapar la voz de los centros. Por eso, cuando un claustro dice “basta de burocracia”, o cuando dice “en valenciano”, ahora mismo está abriendo preguntas muy profundas: ¿qué significa hoy una escuela en valenciano? ¿Qué significa una escuela inclusiva?

Porque la inclusión, si se plantea solo desde una especialidad aislada de la responsabilidad colectiva del centro, es un paso atrás. Pero si se piensa como un proyecto global de escuela inclusiva, estamos hablando de otra cosa. Y yo creo que los claustros han empezado precisamente a poner en voz colectiva todas esas preguntas. Por eso pienso que esta tabla reivindicativa tiene una capacidad transformadora muy grande. Quiero creerlo. Es que estamos muy emocionadas con lo que ha pasado esta semana.

Àngels: También hay que tener en cuenta la diferencia de etapa. Después de la LOGSE vienen veinte años de gobiernos del PP y de recortes constantes: aumento del horario lectivo, aumento de las ratios, deterioro de los centros… Los gobiernos del PP siempre han empeorado las condiciones laborales y eso ha ido acumulando un desgaste muy grande.

¿Qué puede aprender una escuela cuando se moviliza colectivamente?

Àngels: Recuerdo con mucho cariño los encierros en los centros con familias y alumnado. Recuerdo especialmente uno en el que acabamos hablando de los exámenes, de cómo se podían resolver los conflictos entre profesorado y alumnado —porque siempre se daba por hecho que la razón la tenía la profesora y no el alumno—, de los deberes, del trabajo en casa… Aquellos momentos eran muy valiosos. Y me habría gustado que eso se hubiera reproducido más en los centros. Es difícil en el día a día, pero en momentos de huelga sí se pueden abrir estos espacios de debate pedagógico. Ya que estamos en huelga, aprovechemos para hablar de cuestiones que afectan a toda la comunidad educativa: los exámenes, la evaluación, los conflictos, los derechos del alumnado, la participación o el Consejo Escolar —que muchas veces nadie quiere porque se vive como algo aburrido y vacío. Pero precisamente por eso hay que reapropiarse de esos espacios y discutirlos colectivamente.

Imma: Es muy importante visibilizar que la comunidad educativa también la forman las familias. No se trata solo de que apoyen la huelga, sino de que la sostengan. De hecho, FAMPA ha secundado la convocatoria, y las familias son muy conscientes del deterioro de las infraestructuras, de la falta de recursos y de la diversidad que hay dentro de las aulas de sus criaturas. Igual que nosotras formamos parte de una escuela que abrió puertas, esta huelga también puede recuperar una idea muy importante: que las familias forman parte activa de la defensa de una escuela pública de calidad. Eso ya se vio en el referéndum sobre el valenciano. Todo parecía ir en contra, pero la respuesta de las familias a favor del valenciano fue extraordinaria.

Y respecto a la transformación pedagógica dentro de los claustros, creo que hay una palabra clave: complejidad. La complejidad no significa renunciar a las consignas radicales, sino evitar simplificarlas. Significa entender que todo está relacionado. Por eso, esta huelga está transformando las relaciones dentro de los claustros, la manera de hablar, los tiempos y las formas de organizarse. Y eso es tan importante como lo que hace la educación con las criaturas. Cuando tú trabajas por una educación emancipadora, lo haces con el convencimiento de que todo lo que vive una persona forma parte de su trayectoria vital. Y políticamente ocurre igual: la huelga es transformadora porque está transformando la calle y la manera de relacionarnos.

¿Qué les diríais hoy a las personas que están haciendo huelga? ¿Qué es imprescindible para mantener viva esa chispa?

Güin: Que continúen. De verdad, yo lo veo clarísimo, incluso desde la distancia: están en el camino. Esto no se lo van a regalar. Y aunque no me gusta nada utilizar metáforas bélicas, es evidente que es una lucha. Pero una lucha que tiene que seguir viviéndose colectivamente: tocando música, acompañándose, yendo a merendar juntas, repartiendo papeles, convenciendo a la gente, haciendo acampadas en los centros… lo que haga falta. Y sobre todo con las familias, que son fundamentales. Esta huelga la vamos a ganar. No sé exactamente hasta dónde llegará la línea, pero creo que es muy importante evitar una confrontación sindical entre los sindicatos de clase, como nos pasó a nosotras. Si se mantiene esa unidad, llegarán muy lejos.

Àngels: El simple hecho de haber sostenido todos estos días de huelga con un porcentaje tan alto de participación ya es una victoria. Este gobierno de derechas no podrá actuar igual después de esta huelga que antes. Y, además, es una huelga que ha unido escuelas de todo el territorio y que está creando conciencia de País Valenciano. El otro día, en Conselleria, me encontré con compañeras de mi hija Marina, que también es maestra, y estaban muy afectadas porque no habían podido hacer huelga por los servicios mínimos. Y el hecho de que se sintieran mal por haber tenido que estar en el centro… eso también es una victoria.

Imma: Es muy importante lo que está pasando. Por tanto: adelante!. Nosotras estamos muy agradecidas, porque formamos parte de la escuela pública y esto ha sido, verdaderamente, un paso adelante. Y añadiría una última idea. Las que venimos de la renovación pedagógica sabemos que una de las claves que nos ha dado plenitud y compromiso con nuestro oficio ha sido vivirlo en primera persona: vivir el aula, el centro y la relación con las compañeras, los compañeros y las familias desde un lugar propio. No se trata solo de gestionar aquello que te pide la administración. La gota que ha colmado el vaso es, también, toda la docilidad acumulada ante lo que se imponía desde arriba. Y no porque quieras estar en contra de todo, sino porque quieres hacerte presente desde el lugar desde el que quieres construir escuela. A nosotras, vivir así el oficio nos ha hecho maestras felices. Hemos terminado nuestra vida laboral porque tocaba cerrar un ciclo, pero no nos hemos quemado. Y eso es lo que está haciendo ahora la gente que está en huelga. Ese es el camino, y esto ya es una victoria.

Silbatos, cacerolas, bocinas. Cánticos y soflamas. Rabia, emoción y hermandad. Todo eso ha cabido esta mañana entre las 15.000 personas, según la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), convocante de la manifestación, que han recorrido el centro de la capital en una protesta que ha logrado reunir trabajadoras de diversos puntos del país. Pronto han formado una gran marea amarilla, arropada por las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. Mantienen así un pulso contra todas las administraciones competentes. “Cuidamos y educamos a las criaturas más pequeñas. O mejora nuestra situación, o serán ellas las que se verán afectadas también”, ha comentado Rosa Marín.

Ella es una educadora infantil en una escuela del Ayuntamiento de Madrid, además de portavoz de la PLEI: “La manifestación de hoy supone otro hito histórico en nuestra lucha. Compañeras de toda España han querido mostrar su descontento, porque esto ya es inaguantable”. Alrededor de Marín, trabajadoras llegadas desde Castilla–La Mancha, La Rioja, Barcelona, Navarra, Andalucía, Canarias, Asturias, Galicia, Extremadura, Aragón, València y Castilla y León. Al unísono, cánticos como “aquí está, aquí se ve, la fuerza del 0-3” y “no cuidamos, educamos”.

Por el momento, los mayores avances de su lucha se han materializado en reuniones con el Ministerio de Educación y la Consejería madrileña. “El problema es que entran en juego muchas administraciones diferentes”, ha admitido la portavoz. La principal reivindicación que hacen a la cartera dirigida por Milagros Tolón se centra en las ratios: “Queremos unas ratios respetuosas con la infancia. Si las acepta el Ministerio, a las comunidades autónomas no les quedará otra que aplicarlas”.

En su batalla por que la educación de 0 a 3 años esté igualmente regulada que el resto de etapas educativas, la cuestión del número de niños y niñas por aula es fundamental. Según recalcan, lo único que piden es que las cifras sean las mismas que proponen desde la Unión Europea. Mientras que en la actualidad una educadora debe hacerse cargo de ocho bebés de 0 a 1 año, 14 de 1 a 2 años y 20 de 2 a 3 años, las recomendaciones reducen el número a cuatro, seis y ocho, respectivamente.

Otro gran escollo que intentan superar las educadoras infantiles es la falta de financiación, tanto para elevar sus salarios como para incrementar la contratación. “Lo ideal es trabajar con una pareja educativa, ser dos en el aula. Si estás haciendo alguna actividad y surge un imprevisto, como algún conflicto o tener que limpiar a algún niño, la clase no se para”, ha explicado Marín.

Conscientes de que las mejoras deben aprobarse en diferentes organismos hasta que se hagan realidad, las trabajadoras reclaman un plan de trabajo que, paulatinamente, colme sus exigencias. “Queremos que haya intención política, que se firmen los compromisos. Nos hemos reunido con la consejera madrileña siete semanas después de comenzar la huelga. Por el momento, vemos falta de voluntad”, ha denunciado la portavoz.

Juntas son más fuertes

El sol no daba tregua en la calle Atocha, donde algunas manifestantes lanzaban agua pulverizada al aire y otras buscaban la sombra de los árboles. Júlia Capdevila ha sido una de las activistas que ha llegado a la capital desde Barcelona, miembro de La Bressol en Lluita: “Es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”. En su caso concreto y según ha denunciado a elDiario.es esta trabajadora de una escuela pública del Ayuntamiento barcelonés, el Consistorio pretende estabilizar sus puestos de trabajo obligándoles a firmar media jornada.

Unos metros por delante de ella estaban África Martínez, Cristina Dorado y Sheila Domaica, llegadas desde La Rioja. “Ya era hora de que el ciclo de 0 a 3 años saliera a la calle”, han expresado. Además, estas trabajadoras de una escuela infantil pública dependiente del Gobierno regional han señalado a la vocación como esa trampa que les hace “tragar con todo”. “Ya vale. Teníamos que salir a la calle y es lo que estamos haciendo”, han incidido.

Plan de acción para desconvocar la huelga

Manifestaciones como la de hoy, a la que según Delegación del Gobierno han acudido 7.000 personas, también sirven para explicar a la sociedad la labor que realizan las educadoras infantiles en su día a día. Son estas profesionales las que tienen un conocimiento profundo del desarrollo de la criatura, cómo fomentarlo, qué debería hacer y qué no hace, cómo preparar el material para favorecer el juego libre. “Es un trabajo muy exigente a nivel físico y emocional. Si lo hacemos estresadas, desbordadas, ese será el ejemplo que absorban los pequeños, porque aprenden por imitación”, ha añadido la portavoz de PLEI.

Asimismo, sostiene que esta huelga ha llevado “muchísimas horas” de preparación como para desconvocarla sin un reconocimiento explícito de sus necesidades y un plan de acción para atajarlas. “No nos bajamos de aquí a no ser que haya un compromiso político a corto y largo plazo. No se puede ser esenciales para una cosa y las grandes olvidadas y prescindibles para otras”, ha zanjado la propia Marín.

La solidaridad como arma

Camelia Galán es otra de las miles de personas que esta mañana se ha decantado por luchar por sus derechos, que son los de toda la sociedad. “Es imposible que dos manos puedan cuidar de 20 criaturas. Hay días que la realidad te desborda y te ves obligada a dejar de lado la calidad educativa”, ha admitido esta educadora de una escuela pública de la Comunidad de Madrid. Acompañada de Oliver, de ocho años, Galán ha exclamado que “estamos aquí para reivindicar una educación digna que el día de mañana les permita ser mejores personas”.

La fraternidad es una de las armas de la clase obrera que hoy también han enarbolado los estibadores del puerto de Avilés. Estos asturianos, acostumbrados a manifestaciones donde el ruido lo ponen petardos y tracas, han sacado varios botes de humo a lo largo de la marcha, lo que les ha granjeado un toque de atención por parte de la Policía. “Venimos de una huelga de 60 días y sabemos lo que revitaliza este apoyo entre luchas. Las educadoras están en la calle por una causa justa. Hay que defender su lucha si queremos una sociedad justa y equilibrada”, ha comentado Manuel Pravia, uno de estos estibadores.

“Gobierne quien gobierne, la infancia se defiende” y “menos ratio y más salario” han sido los cánticos con los que la cabecera ha colmado la Puerta del Sol. La marabunta de manifestantes ha hecho gala al nombre del kilómetro cero madrileño y luciera más amarillo que nunca. Poco antes de las 14.00 horas y a pesar del calor intenso que ha acompañado a la movilización, los ánimos de lucha y reivindicación seguían por las nubes. Tras la lectura del comunicado final, la céntrica plaza bullía de solidaridad y fuerza. Sus gargantas, sabedoras de participar de algo histórico, todavía guardaban algo de fuerza. Por la lucha que siempre se avecina.

Més d'un centenar de persones que residien a l'antiga presó de Palma han abandonat ja el recinte abans que expiri el termini fixat per l'Ajuntament per executar el desallotjament, segons ha assenyalat aquest dilluns el batle de Palma, Jaime Martínez (PP), en una roda de premsa en la qual ha defensat l'operatiu de recuperació possessòria impulsat pel Consistori sobre el vell complex penitenciari. L'últim cens elaborat per la Policia Local comptabilitzava 208 persones que malvivien des de fa anys a l'antic penal entre residents sense recursos, treballadors precaritzats i migrants. 

Les entitats socials, tanmateix, rebutgen l'argument de la voluntarietat després que el Consistori atorgués cinc dies hàbils -fins al proper dimecres- per abandonar el recinte abans d'iniciar la via judicial. “Sense opcions, no hi ha voluntat possible. El que se'ls està oferint és que, voluntàriament, se'n vagin a viure al carrer”, recriminen.

Així mateix, els col·lectius socials acusen el Consistori de difondre informació falsa i alarmista sobre un suposat focus d'hantavirus a l'antiga presó per justificar la urgència de l'operatiu. En un recent informe, la corporació municipal sosté que les condicions d'insalubritat de l'antiga presó, juntament amb la “important presència de rates”, podrien afavorir la propagació de malalties infeccioses entre les persones que resideixen en el recinte i fins i tot estendre's fora d'ell. El document esmenta expressament patologies com l'hantavirus, el tifus o la pesta, i assevera que l'avançat estat de deteriorament de l'immoble podria afavorir el cicle de transmissió d'aquest tipus de patologies.

Les entitats, entre elles Metges del Món, han qüestionat durament aquestes afirmacions, amb les quals, al seu parer, que qualifiquen “d'alarmistes” i mancades de base científica suficient, i retreuen a l'Ajuntament estar tractant de generar por i estigmatitzar els residents per legitimar el desallotjament en lloc de reforçar els recursos d'acollida i garantir alternatives habitacionals dignes. L'organització recrimina la “greu falta de previsió i planificació” del Consistori davant el desallotjament i alerta que centenars de persones poden quedar abocades a una situació de major exclusió i vulnerabilitat.

Segons l'alcalde, actualment romanen a l'interior de l'antic penal 101 ocupants, per la qual cosa l'Ajuntament dóna per fet que 107 persones han abandonat voluntàriament el recinte des que va començar el procediment.

Martínez assegura que part dels qui han marxat s'han traslladat a la Península, altres han trobat feina o una sortida residencial i alguns han ingressat a presó. A més, 45 persones han estat derivades a l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS). L'alcalde ha insistit que l'Ajuntament no ha detectat que els qui han abandonat el recinte s'hagin assentat en altres enclavaments informals de Palma. “Si identifiquem moviments en els assentaments, s'actua. Però no s'ha identificat res extraordinari”, ha assenyalat.

Les entitats socials, tanmateix, l'argument de la voluntarietat després que l'Ajuntament donés cinc dies hàbils -fins al pròxim dimecres- per abandonar el recinte abans d'iniciar la via judicial. “Sense opcions, no hi ha voluntat possible. El que se'ls està oferint és que, voluntàriament, se'n vagin a viure al carrer”.

La setmana passada, la Junta de Govern de l'Ajuntament va reactivar el desallotjament després de desestimar les 45 al·legacions presentades pels residents del recinte, totes elles “de contingut idèntic”, segons el Consistori. L'equip de govern sosté que les persones afectades han tingut accés a recursos socials i alternatives habitacionals, i justifica la continuïtat de l'operatiu pel “greu deteriorament” de les instal·lacions, que, d'acord amb informes de la Policia Local, Bombers i l'àrea de Sanitat, presenten problemes d'insalubritat i risc d'incendi. A partir d'ara, l'Ajuntament iniciarà la fase definitiva de notificacions, concedint un termini de cinc dies hàbils per abandonar voluntàriament el recinte abans de sol·licitar autorització judicial per executar el desallotjament forçós.

Al llarg de les últimes setmanes, treballadors municipals i agents de la Policia Local van registrar noms i documents en formularis administratius que obrien la porta al desallotjament d'un dels majors assentaments de sensellarisme de la ciutat. Molts dels residents denuncien que no tenen on anar i que ni tan sols poden accedir a una habitació en una ciutat on el preu mitjà del lloguer s'ha disparat.

“Potser agafaré un carro i passejaré pel carrer”, lamentava al febrer Silvino, jubilat asturià i antic cuiner que va arribar a la vella presó després de perdre l'habitació on vivia quan el lloguer va pujar per sobre del que podia pagar amb la seva pensió. Altres residents asseguraven treballar en la construcció, l'hostaleria o feines precàries mentre sobrevivien al recinte sense aigua ni electricitat, entre parets deteriorades, runes i escombraries acumulades.

L'Ajuntament justifica l'actuació per motius de seguretat i salubritat després dels incendis registrats a l'interior de l'antiga presó durant les últimes setmanes. El primer tinent d'alcalde, Javier Bonet, va arribar a suggerir públicament que alguns focs podrien haver estat provocats pels propis ocupants, una hipòtesi plantejada sense proves concloents i que les entitats socials consideren estigmatitzant.

Intervenció urbanística a la zona

El govern municipal sosté, a més a més, que el desallotjament forma part d'una intervenció urbanística més ampla. Un cop buidat el recinte, el Consistori preveu tapiar i enderrocar l'edifici per construir una nova rotonda i un accés viari vinculat al projecte del Consell de Mallorca, a més d'impulsar futures promocions d'habitatge al solar.

La majoria de les persones que encara romanen a l'antiga presó es troben en situació administrativa irregular, cosa que dificulta el seu accés a recursos públics d'acollida. “Pot ser que hi hagi perfils que estiguin de manera irregular a la ciutat i que no puguin accedir a segons quin tipus d'ajudes socials”, ha reconegut Martínez, qui ha confiat que el futur procés estatal de regularització extraordinària “obrirà una finestra” per a aquestes persones.

Tot això ocorre en una de les ciutats amb el mercat immobiliari més tensionat d'Espanya. Al març, el preu de l'habitatge a Palma va assolir els 5.117 euros per metre quadrat -front als 2.709 euros de mitjana estatal-, consolidant-se així com un dels mercats més cars del país, “impulsat per l'alta demanda i la pressió internacional”, segons Idealista. La capital balear concentra a més bona part de l'habitatge en mans de grans tenidors: 8.652 immobles.