Organizaciones sindicales como CCOO y UGT, que mantienen una presencia sólida entre trabajadores con trayectorias estables, están encontrando mayores dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado laboral y a quienes ocupan posiciones más vulnerables, apuntan las conclusiones del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recogidas por Funcas.

El dato que más inquieta a las grandes centrales no es tanto la caída sostenida de la afiliación como su reparto por edades. Entre los asalariados de 25 a 44 años, solo el 18% de quienes trabajan a tiempo completo está afiliado; entre los de 45 a 64 años, el porcentaje sube al 26%. La brecha se agranda entre los jóvenes con contratos parciales: apenas un 10% está sindicalizado.

De la rebeldía democrática a la normalización de los derechos

La afiliación sindical en España lleva más de dos décadas descendiendo. A comienzos de los 2000 rondaba el 15% de los asalariados; hoy se sitúa en el 12%-13%. Para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO, comparar la afiliación juvenil actual con la de la Transición es comparar “dos mundos laborales completamente distintos”. En los años setenta el país era demográficamente joven, con incorporación temprana al trabajo, muy masculina y un gran peso industrial.

Gutiérrez explica que las reivindicaciones laborales chocaban con un régimen autoritario, “afiliarse era un acto de rebeldía democrática”. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, coincide. Durante la Transición, recuerda, había un anhelo profundo de libertad sindical. “Derechos que hoy parecen básicos —negociación colectiva, protección social, el propio Estatuto de los Trabajadores— costaron cárcel y vidas”, añade.

La conquista colectiva se ha convertido en suelo asumido. Hoy esos derechos forman parte del paisaje institucional y esa normalización tiene un efecto paradójico: reduce la percepción de urgencia. “Muchos jóvenes han crecido con esos derechos ya consolidados y no siempre identifican al sindicato como su origen”, señala Luján.

A ello se suma una particularidad del modelo nacional: no es necesario estar afiliado para beneficiarse de los convenios colectivos. Lo que reduce el incentivo formal a afiliarse y obliga a las organizaciones a redoblar esfuerzos de presencia y pedagogía. En comparación con otros países de la Europa occidental, el informe sitúa a España en una posición intermedia —similar a Alemania, Italia o Países Bajos—, lejos de los países nórdicos, donde la afiliación alcanza a dos tercios de los trabajadores.

Trabajar más tarde, trabajar peor

Gal·la Torres, recién graduada en Barcelona tras completar sus estudios universitarios —en el ámbito de las ciencias sociales—, se enfrenta ahora a sus primeros empleos. “La precariedad es una de las problemáticas comunes con las que nos enfrentamos cuando entramos al mundo laboral”, resume. A su parecer, su generación accede a trabajos marcados por contratos mal remunerados, la normalización de las horas extra y, en general, condiciones laborales poco favorables.

Samuel Albuquerque, que también acaba de finalizar su formación —en su caso, vinculada al ámbito de la empresa y la gestión— y da sus primeros pasos profesionales, añade otro ángulo al diagnóstico. “Gran parte del problema está en la poca instrucción que recibimos”, sostiene. A su juicio, durante la etapa educativa apenas se informa sobre el papel y la existencia de los sindicatos, su función en la defensa de los trabajadores o cómo pueden intervenir ante situaciones de abuso. 

El retraso en la incorporación al mercado laboral es otro elemento clave: se estudia más tiempo y se accede más tarde al mundo laboral. Y la afiliación, recuerdan los sindicatos, se produce sobre todo en los centros de trabajo. “Si te incorporas de forma tardía y además lo haces con contratos temporales, en sectores precarizados o en empresas pequeñas, el vínculo es mucho más frágil”, explica Gutiérrez.

La temporalidad no solo afectan a las condiciones laborales, sino también al sentimiento de pertenencia. Los datos respaldan esa idea: entre los mayores de 45 años, la brecha por tipo de jornada casi desaparece (24% de afiliación en parcial y 26% en completa). Entre los jóvenes, en cambio, la precariedad actúa como barrera de entrada. “Donde hay estabilidad y representación, el vínculo crece”, resume Luján.

Organizar colectivamente a trabajadores que rotan, encadenan contratos o compaginan empleo y estudios es más complejo. Gal·la lo expresa de forma directa: “Siento los sindicatos un poco lejanos, como si aún no estuviera asentada para afiliarme”. Una distancia que no nace necesariamente del rechazo, sino de la provisionalidad. Samuel tampoco se ha planteado afiliarse por ahora. “No lo descarto, pero todavía no me dedico a tiempo completo a mi profesión”, explica.

“Si sufro solo, no me sirve el sindicato”

Más allá de los factores estructurales, desde el ámbito sindical se señala un cambio cultural de fondo. “La juventud vive muchas veces sus problemas laborales de manera individual”, apunta un responsable sindical. “La precariedad se sufre en casa, con ansiedad, incluso con culpa. El reto es pasar de ese ‘yo que sufre’ a un ‘nosotros’ que organiza y politiza ese malestar”.

El joven en sus primeros pasos profesionales observa esa misma lógica en su entorno. “Aunque algunas cosas no nos gustan, las aceptamos”, reconoce Samuel. “Ese conformismo, unido al desconocimiento de los derechos laborales, actúa como freno a la sindicalización”.

A ello se suman prejuicios persistentes. “Escuchamos que [los sindicatos] ‘no sirven para nada’, que ‘solo están en grandes empresas’, que ‘están politizados’ o que ‘son cosa de gente mayor’”, explica la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura. “Muchas veces esa percepción viene de fuera. Pero cuando alguien tiene un problema concreto y recibe apoyo colectivo, cambia radicalmente”.

La estigmatización también pesa. Desde el sindicato se habla de una “criminalización de la acción sindical” en un contexto de creciente crispación política que desincentiva implicarse. “Hay quien piensa: ‘No me meto en jaleos’. Ese miedo a exponerse influye”. En la misma línea, la estudiante Gal·la, lo resume así: “Deberíamos estar más motivados a sindicalizarnos y defender algo bastante compartido: que las condiciones laborales tienen que cambiar”.

Más que salario: proyecto de vida

Las preocupaciones de la juventud no se limitan al salario. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España se situó a principios de 2026 en una tasa de paro juvenil del 25%, una de las más altas de la Unión Europea. La estudiante recién graduada defiende que: “No se trata solo de cobrar más, sino de poder imaginar un futuro digno”.

Desde el ámbito sindical, la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura amplía el foco: el problema no es únicamente la precariedad, sino también la falta de oportunidades y la emigración juvenil. “Muchos jóvenes no saben si podrán quedarse, emanciparse o consolidar un proyecto de vida. El sindicalismo también tiene que dar respuesta a un modelo productivo que no ofrece certezas”, señala.

En ese contexto, cuestiones como la vivienda, la conciliación o la salud mental han ganado peso en el debate. Pero no son ámbitos aislados. “La vivienda depende del salario. La salud mental está atravesada por la precariedad. La conciliación tiene que ver con las jornadas”, explica la dirigente sindical. “El error es separar estas luchas cuando forman parte del mismo conflicto: cómo se reparten la riqueza y el tiempo de vida”.

Samuel pone el acento en otro aspecto: la comunicación. A su juicio, los sindicatos deberían revisar qué necesidades cubrían originalmente y recuperar la idea de comunidad, más allá del acompañamiento en conflictos individuales. “Hace falta reconstruir ese sentimiento de colectivo y aprovechar mejor las herramientas actuales para llegar a la gente joven”, plantea. Y añade una clave: “Hay que poner en valor lo que aporta la cohesión a la hora de defender a los trabajadores”.

Desde el sindicato insisten en que el cambio es ineludible. “Necesitamos más presencia en sectores precarios y emergentes, mayor apertura en la toma de decisiones y más pedagogía temprana sobre derechos laborales”, señala la responsable de Juventud. “El sindicalismo del futuro no puede hablar sobre la juventud; tiene que construirse con la juventud”, concluye.

Renovarse para no envejecer

Aunque el 66% de los asalariados españoles nunca se ha afiliado a un sindicato, según los datos recogidos por Funcas, los dirigentes rechazan la idea de un declive irreversible. “El sindicalismo confederal no está en riesgo de desaparecer”, afirma Gutiérrez. Pero reconoce que está en juego su modelo: uno de carácter sociopolítico, que no solo negocie salarios, sino que intervenga en debates como vivienda, sanidad o educación, frente a un sindicalismo más corporativo y fragmentado.

El desafío para los sindicatos es demostrar que, en este nuevo contexto, la organización colectiva sigue siendo útil para disputar el reparto del salario, del tiempo y del futuro. Gutiérrez apunta a la importancia de la representación descriptiva: “Si queremos conectar con la gente joven, tenemos que abrir espacios de responsabilidad a jóvenes, que hablen su idioma y compartan experiencias vitales”. Porque, como resume Nicolás Molina, “la juventud no solo quiere trabajar; quiere poder vivir con dignidad”.

Acompañan a personas desempleadas a encontrar trabajo, diseñan itinerarios de inserción y sostienen Andalucía Orienta, una de las principales políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía, pero cada vez les cuesta más sostener su propia vida. “No llego ni al día 10”, lamenta Esteban Robles, un orientador laboral en Granada con casi dos décadas de experiencia que acaba de iniciar un movimiento entre sus compañeros para reclamarle al Ejecutivo regional mejores condiciones salariales.

Lo que comenzó como una conversación entre compañeras ha terminado en una movilización que no para de crecer: más de un millar de firmas recogidas en pocas semanas, contactos con grupos parlamentarios como Adelante Andalucía y una denuncia que apunta directamente al modelo sobre el que se articula el programa Andalucía Orienta: en toda la comunidad autónoma son 722 profesionales los que trabajan en este dispositivo, que atiende cada año a más de 150.000 personas en búsqueda de empleo.

Paradójicamente, mientras ayudan a otros a buscar empleo, sienten que el suyo es precario. “Ahora es lo normal que la persona a la que ayudas a encontrar trabajo cobre más que tú”, explica Robles. Lo que antes era una excepción se ha convertido, dice, en la norma. Y no es sólo una percepción: muchos de estos profesionales perciben salarios en torno a los 1.400 euros netos mensuales, apenas unos 200 euros por encima del salario mínimo. Ese desfase, sostienen, no es coyuntural, sino estructural.

Sueldos congelados desde hace una década

El origen del problema está en la financiación. El programa Andalucía Orienta, creado en 2003, no se ejecuta directamente desde la Junta, sino a través de entidades colaboradoras -ayuntamientos, organizaciones del tercer sector o fundaciones- que reciben subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para contratar a los técnicos. Lo que hace que estas entidades no siempre puedan aportar más dinero para completar los salarios, pese a que desde el Gobierno regional lo señalan como solución.

Según un informe elaborado por los propios profesionales, el coste máximo subvencionable por orientador apenas ha variado en los últimos veinte años y permanece congelado desde 2014, cuando se fijó en algo más de 32.000 euros anuales. Aunque desde que en 2004 se reguló por primera vez Andalucía Orienta se han incrementado los salarios un 20%, la inflación acumulada en la última década -en torno al 25-30%- ha limitado el dinero que queda en la cuenta de estos trabajadores a final de mes, provocando una pérdida de entre 8.000 y 10.000 euros anuales por técnico. Es decir, el sistema funciona hoy con menos recursos reales que hace diez años.

La consecuencia de esta pérdida de poder adquisitivo no es menor. Se traduce en salarios bajos, en rotación de personal y en dificultades para sostener equipos estables. “Hace 20 años el sueldo no estaba mal, pero ahora no llego a mitad de mes”, explica Esteban Robles. “Estamos en esto porque nos gusta acompañar a las personas, pero cada vez cuesta más mantener esa implicación”.

El deterioro no afecta sólo a las condiciones laborales, advierten. Tiene impacto directo en el servicio. Los orientadores trabajan, en muchos casos, con personas en situación de especial vulnerabilidad: desempleo de larga duración, falta de formación, discapacidad o entornos de exclusión. “Hay que hacer un acompañamiento integral, desde cuestiones administrativas básicas hasta ir con ellas a entrevistas. Estamos hablando casi de trabajo social”, cuenta Esteban Robles. En ese contexto, la precarización de quienes sostienen el sistema introduce una tensión evidente: la política pública que pretende mejorar la empleabilidad se apoya en condiciones laborales que la debilitan.

Un modelo externalizado

Por otro lado, el conflicto no se limita a los salarios. Apunta al propio diseño del programa. Los orientadores no son personal de la Junta, sino trabajadores contratados por entidades que dependen casi en exclusiva de la financiación pública. Ese esquema, denuncian, genera un bucle difícil de romper. “La Junta siempre deriva la responsabilidad en las entidades, pero esas entidades no pueden pagarnos más porque dependen totalmente de esa financiación”, explica Robles. “Están al límite y no pueden asumir mejoras por su cuenta”.

Desde la Consejería de Empleo, sin embargo, el argumento va más allá y señalan al Gobierno central. Fuentes oficiales aseguran que no existe margen para aumentar la financiación porque los programas se nutren de fondos estatales procedentes de la conferencia sectorial, que, dicen, llevan cuatro años congelados. “No podemos aumentar la partida”, sostienen.

La explicación no convence a los profesionales, que sitúan el problema en una escala temporal más amplia, recordando que en otras comunidades autónomas la situación de los mismos trabajadores es sensiblemente mejor. La congelación, recuerdan, no es de cuatro años, sino de más de una década. Y, además, señalan que en otras comunidades autónomas con el mismo marco estatal sí se han introducido mecanismos de actualización salarial.

En todo caso, la Junta asegura estar abierta al diálogo, pero dice no conocer a los impulsores de la movilización. “No sabemos quiénes son ni se han puesto en contacto con la Consejería”, señalan, apuntando a la Asociación Sindical Profesional de Orientadores de Andalucía (APAO) como interlocutor habitual. Sin embargo, el movimiento que está emergiendo se ha articulado precisamente al margen de esas estructuras y ha logrado en pocas semanas, sin siglas, un respaldo significativo dentro del sector.

Pero mientras la Junta articula una solución, el malestar sigue creciendo. “Antes leías lo de los trabajadores pobres y te parecía algo lejano. Ahora eres tú”, lamenta Robles. Un lamento que explica lo que sienten estos profesionales: de acompañar la precariedad a formar parte de ella. Por eso, para el impulsor de este movimiento, hay una pregunta que ha dejado de ser retórica: “¿Quién ayuda a quien ayuda?”.

Las profesoras de las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) de la Comunidad de Madrid comienzan este martes 7 de abril una huelga indefinida con la que quieren denunciar la falta de atención institucional y exigir mejoras en sus condiciones laborales. Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) defienden que quieren dignificar un sector que se siente abandonado por la nueva ley de educación, que no incluía ninguna mejora en las escuelas de niños de 0 a 3. La plataforma exige, principalmente, una reducción de las ratios que establecen la cantidad de niños y niñas por profesora, y unas condiciones que se asemejen a las que se regularon para el resto de etapas educativas en la LOMLOE.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, explicaba en una conversación con elDiario.es que las movilizaciones empezaron “cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la nueva ley educativa a las puertas de una escuela infantil”. Marín pensó que esta ley incluiría modificaciones para este sector, y se sorprendió cuando “simplemente lo dejaron en la gratuidad de las familias”.

Desde la Plataforma defienden que el malestar de las profesoras del 0-3 no es algo nuevo, pero “ya empieza a ser insostenible”. Las profesoras llevan ya tres años organizándose desde todas las comunidades autónomas, recogiendo las quejas de todas las compañeras, para conseguir legislar estas mejores condiciones laborales a nivel estatal. Marín, además, reconoce que incluso presentaron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.

Las educadoras más organizadas, según explican desde la PLEI, son las de la capital. Saldrán a las calles desde este martes 7 de abril, donde reclamarán, además, la implementación de la pareja educativa como recurso de organización pedagógica, la atención temprana dentro del sistema educativo, salarios que se asemejen a los de los educadores del segundo ciclo (de 3 a 6 años), mejoras en las instalaciones educativas (calefacción, goteras, sombra en los patios...), mayor descanso para los niños durante el calendario escolar, mayores inversiones y, en general, una mejor calidad para los más pequeños durante su estancia en las escuelas.

Las trabajadoras del PLEI denunciaban que, en la capital, se creó la Red Pública de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid, que prometía mejoras como subida de salarios e implementación de la pareja educativa, pero que “actualmente nada de eso existe, se lo han cargado”.

Un conflicto de las trabajadoras con las instituciones públicas

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, aseguraba el pasado viernes 27 de marzo que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Zarzalejo confiaba en que todo se resolvería mediante negociaciones entre ambas partes antes de recurrir a la huelga indefinida que comienza este martes. “Lo que nos corresponde en estas situaciones es garantizar los servicios mínimos en todas esas escuelas infantiles para que las familias puedan seguir llevando a los niños a las escuelas y no tengan ningún tipo de perjuicio”, añadió la consejera.

Desde la Plataforma Laboral de Educación Infantil subrayan que Mercedes Zarzalejo “está muy equivocada”. “Este conflicto es de las trabajadoras con las instituciones públicas”, explica Rosa Marín a elDiario.es. Rosa añade que estas instituciones “son las responsables de dotar de medios, de recursos y de dignidad al 0-3, y ya es hora de que se dejen de pasar la pelota de unos a otros y que hagan su trabajo”. Frente a los escasos recursos que reciben las escuelas en esta etapa educativa, Marín sostiene que “las empresas no pueden más”. A través de un comunicado de la PLEI, insisten en que las profesoras viven un “marco de precariedad impuesto por las instituciones públicas, a través de su falta de responsabilidad e inversión”.

Rosa lo tiene claro: “El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez, ni nos recibe. Es como si la cosa no fuera con él. Es el que gestiona las escuelas del Ayuntamiento. Este conflicto va contra el Ministerio. No intenten desvirtuar con que vamos contra la patronal ni contra las empresas. No. Es que queremos más financiación y queremos normativas, inspecciones y queremos de verdad poder ejercer nuestro trabajo en condiciones dignas”.

La PLEI recuerda que las reivindicaciones van dirigidas a la Comunidad de Madrid, “por el mantenimiento de una financiación insuficiente que asfixia a los centros y condena al personal a salarios que rozan el mínimo profesional”; al Ayuntamiento de Madrid, “por la falta de una apuesta decidida que blinde la calidad educativa por encima del ahorro presupuestario y de igual manera que el Ayuntamiento condena al personal a salarios muy precarios”; y a los agentes institucionales, “por perpetuar un modelo que trata la etapa 0-3 como un servicio de 'guardería' o conciliación laboral, en lugar de reconocer su valor pedagógico fundamental. Sin ser capaces de regular a nivel estatal la calidad educativa que se le ofrece a la primera infancia”.

Por su parte, el PSOE registró el pasado 18 de febrero una proposición no de ley “para reforzar y blindar con una reforma de la actual normativa estatal el primer ciclo de educación infantil (0-3 años)”, que pretendía que “se garantizaran estándares homogéneos de ratios, equidad territorial y que las aulas cuenten con dos educadores para garantizar una atención a los menores de manera más individualizada”. La Plataforma Estatal de Escuelas fue la encargada de esta iniciativa, que fue apoyada por Sumar y Podemos, y que reconocía que “el sistema público no ha desarrollado un marco estatal sólido que garantice condiciones educativas homogéneas. La financiación insuficiente o la proliferación de modelos de gestión externalizada han provocado una situación de precariedad estructural en el sector”.

La portavoz de la Plataforma recuerda que las concentraciones comenzarán este mismo martes a las 12.00 horas frente al Ministerio de Educación; los miércoles a las 12.00 horas se agruparán frente de la Consejería de Educación, y los jueves a las 18.00 horas, “para las compas que no puedan ejercer su derecho a huelga y que económicamente no puedan”, se reunirán en la Plaza de Callao. Marín defiende que “es un sector muy feminizado, y con el salario mínimo interprofesional es muy difícil sostener una huelga indefinida”. “Estamos muy motivadas”, explica la portavoz, que insiste en que van a ejercer toda la presión que puedan para resolver el conflicto y conseguir “compromisos por parte de la Administración de unos cambios tangibles en breve”.

“Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices”

Las escuelas infantiles trabajan con distintos modelos de gestión (gestión directa e indirecta, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid), por lo que no todas tienen las mismas condiciones laborales, algo que la PLEI define como “segregador”. Sin embargo, la gran mayoría de escuelas son gestionadas de forma indirecta, es decir, por una empresa privada que accede a ello a través de unos pliegos de condiciones que marca la administración pública.

La baja inversión para las escuelas infantiles ha hecho que muchas profesoras tengan que aportar dinero de su bolsillo para financiar material y recursos que les permitan continuar con sus jornadas y con un pleno desarrollo escolar para los niños de 0 a 3 años. “Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices. Generalmente, en la dotación que llega, no hay dinero suficiente”, explica Rosa Marín en la misma conversación telefónica. Según la portavoz, en las escuelas que reciben la gestión directa de las instituciones públicas, el material está obsoleto y tienen que recurrir a carros propios para transportarlo entre aulas. En las escuelas de gestión indirecta, la Comunidad “no desglosa un presupuesto para material, entonces depende de la empresa, de la buena voluntad que tenga”.

Las madres y padres también apoyan la huelga que empieza este martes 7 de abril. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recuerda Marín, que sostiene que gran parte de la sociedad “no sabe lo mal valoradas y lo precarias que estamos a nivel laboral”. La portavoz de la PLEI defiende que lo difícil es gestionar una huelga indefinida para quedarse con los niños en casa y apoyar: “Es complicado. Para eso están los servicios mínimos y ellas (las familias) nos apoyarán poniendo quejas y ayudándonos en todo lo que podamos. Eso lo tenemos claro”.

Un sector feminizado

El ratio de niños por profesora es una de las razones principales que animaron a las educadoras a movilizarse, y reclaman una cantidad “acorde a las necesidades de la primera infancia” (tres bebés, cinco niños de 1-2 años y seis niños de 2-3 años), que coinciden con las que establece la Unión Europea. Rosa Marín insiste en que las profesoras de educación infantil viven sus jornadas “con mucho agobio, con mucho estrés”, y que estas condiciones acaban incluso repercutiendo en su salud. Muchas educadoras sufren de hernias discales, problemas de hombros y tendinitis en relación a las grandes cargas y posturas, además de diferentes virus, que en muchas ocasiones les obligan a recurrir a bajas médicas, lo que conlleva a la sobrecarga de trabajo de otras compañeras. En España, se dan las mayores ratios de Europa, lo que se traduce en menor atención individualizada a los más pequeños.

Desde la Plataforma sostienen que no se trata solo de un problema de infraestructuras y material, sino de la educación de los niños y niñas en una etapa vital de su desarrollo: “El problema de todo es la privatización y la externalización de los servicios. Tú no puedes dar un servicio de calidad con una infrafinanciación, que es lo que pretenden. Si hablamos de tornillos vale, pero es que estamos hablando de criaturas”. En un comunicado de la PLEI, aseguran que “la excelencia educativa que tanto prometen solo es posible si se respeta a quienes la hacen realidad cada día en el aula”.

La Plataforma Laboral de Educación Infantil explicó que un 97,4% de las trabajadoras de las escuelas infantiles son mujeres. La organización cree que los sectores dedicados al cuidado siempre han estado enfocados a las mujeres, y estos trabajos más feminizados, ¿por qué deberían tener mejores salarios, si siempre se dedicaron a ello de manera desinteresada? Marín cree que la profesionalización total de los sectores más femeninos queda lejos aún de su reconocimiento social, como ocurre con la limpieza, la cocina, el cuidado de mayores, la enfermería, etc., donde las mujeres trabajan en condiciones laborales muy deficientes, con salarios bajos.

Es duro ver una protesta de trabajadoras atravesadas por la invisibilidad. Estoy seguro que es un poder que las trabajadoras del Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) no desean. Cobran poco, trabajan mucho, se desplazan en sus vehículos cobrando un kilometraje desfasado hace dos décadas y, ante todo, están desamparadas por los múltiples escudos sociales de los que presumimos. Nos interpelan los ganaderos con sus flamantes tractores, las y los docentes con sus salarios dignos congelados desde la anterior crisis económica —si es que algún día terminó—. Nos enternecen los pacientes con enfermedades raras y, alguna vez —pocas— pensamos en quienes hacen trabajos poco agradables pero imprescindibles para la sociedad. Pero dudo que la mayoría de la población sepa qué significan las siglas SAD y quienes las sostienen.

En Cantabria, según el Ministerio de Derechos Sociales, hay 102.326 personas que, potencialmente, pueden tener una situación de dependencia según determina la ley. Esas estadísticas nos indican que, en febrero de 2026, había 17.914 personas con alguno de los tres grados de dependencia reconocidos y, al menos, 1.308 personas tenían derecho a SAD, pero son muchísimas más, ya que esta competencia es de los ayuntamientos y, solo en la ciudad de Santander, al año, hay unas 1.100 personas que reciben servicios de ayuda domiciliaria.

Las personas, las mujeres, que prestan estos servicios, aquellas que cuidan de quienes más lo necesitan son trabajadoras maltratadas por la legislación, por las empresas que las contratan y por la sociedad que las ignora. Realmente, el pasado lunes 30 de marzo, esperaba a cientos de ciudadanos frente al Parlamento de Cantabria acompañando a la veintena de auxiliares del SAD que portaban sus pancartas para pedir, simplemente, que dejen de explotarlas.

Cuando uno lee sus reivindicaciones también imaginaría que toda la sociedad se debería volcar para que se consigan. Por básicas, por decentes, por necesarias. Miren ustedes: actualizar el kilometraje de los pírricos 0,18 euros/kilómetro hasta los 0,26 euros/kilómetro; un nuevo plus de desplazamiento; otro plus por desgaste de herramientas derivado del uso del vehículo propio; un incremento del salario base hasta equipararlo, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional; el reconocimiento profesional de las auxiliares como personal sociosanitario; recuperar un modelo de gestión pública del servicio y su municipalización; y el reconocimiento de las enfermedades musculoesqueléticas como enfermedades profesionales.

Un sistema de cuidados justo, que trate con dignidad a las personas beneficiarias y con justicia a las trabajadoras es viable, solo hay que invertir lo suficiente

“Un incremento del salario base hasta equipararlo, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”. La situación es tan dramática que muchas de ellas no llegan al SMI y en la sopa de siglas lidian con enfermedades laborales no reconocidas, con rascar tiempo a sus vidas porque el transporte de una casa a otra no es contemplado por la mayoría de empresas como parte de su jornada laboral y con un trato vejatorio que no contempla su tarea como parte de un hipotético sistema integral de cuidados.

Claro, comparar es odioso, pero es duro ver como otros sectores privilegiados —por sus estudios o por el prestigio social de su profesión— realizan duras huelgas para exigir sus legítimas reivindicaciones y, al tiempo, ver como estas mujeres no dejan su tarea para pedir que, al menos, se les reconozca lo mínimo.

No sé cómo convencer a los lectores de la necesidad de apoyar estas reclamaciones. Solo se me ocurre apelar al sentido común: maltratar a quienes cuidan de las personas más débiles es una mala idea a futuro. Pasa igual con muchas de las personas migrantes sin la documentación legal adecuada que trabajan en el cuidado de mayores o de infancia; pasa algo similar con las trabajadoras —casi todas mujeres— de las residencias de mayores o de los centros de día.

Yo, que trabajo con y para personas mayores, escucho habitualmente que si se pagara lo justo, el sistema sería inviable. La respuesta es sencilla: una sociedad decide a qué dedicar su dinero y eso define su espíritu, su alma. Ahora, impulsados por los matones y presionados por la OTAN, España gasta un 2% de su PIB en Defensa —es más, pero parte del gasto está camuflado—. Pero los datos nos indican que en España en 2025 solo invertimos en cuidados de larga duración entre el 0,9% y el 1% de nuestro PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (1,8%) y a una gran distancia de los países del norte de Europa, que invierten entre el 3% y el 4%.

Un sistema de cuidados justo, que trate con dignidad a las personas beneficiarias y con justicia a las trabajadoras es viable, solo hay que invertir lo suficiente. Esta máxima se aplica a todos los niveles de la administración: el estatal, el autonómico y el municipal. Es tiempo de cuidar a quien nos cuida. ¿Se apunta?

Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a un hombre como presunto autor de un delito de falsedad documental, por emplear a ciudadanos extranjeros utilizando, supuestamente, la identidad de terceras personas, antiguas trabajadoras de la empresa.

La investigación, bautizada como Operación Marka, fue llevada a cabo por el grupo 2 de la UCRIF, y se inició tras la denuncia de un ciudadano extranjero que, al consultar su vida laboral, comprobó que había sido dado de alta en la Seguridad Social por una empresa en fechas en las que se encontraba trabajando en otra compañía distinta, fuera de España.

La empresa, dedicada a labores de limpieza y mantenimiento, empleaba a ciudadanos de origen extranjero utilizando documentos de identidad de antiguos trabajadores.

Según ha explicado la Policía –y recoge Europa Press–, el empresario actuaba así con la intención de ahorrarse la cuantía de los cursos de preparación necesarios para el desarrollo de la actividad laboral, obligatorios para los nuevos empleados; así como el coste de darlos de alta en la Seguridad Social el tiempo de realización de los mismos. De este modo, daba de alta nuevamente a antiguos empleados que ya habían realizado estos cursos.

Con ello perjudicaba, por un lado, a los trabajadores, que eran contratados en la creencia de que el empresario realizaba todos los trámites para darlos de alta en la Seguridad Social y, posteriormente, descubrían que habían desarrollado un trabajo por el que no generaban los correspondientes días de cotización, ya que éstos derivaban en los auténticos titulares de las altas.

Por el otro, perjudicaba a las empresas para las que realizaba los mantenimientos, ya que eludía los sistemas de control de éstas al estar desarrollando su actividad con personal no cualificado en los cursos en seguridad laboral previamente exigidos, con el consiguiente riesgo a su vez para la salud de los empleados.

Además, varios de los trabajadores fueron despedidos cuando detectaron que en su contrato figuraba el nombre de un tercero y el empresario se negó a subsanarlo.

La Policia Nacional ha detingut a Palma tres persones acusades d'explotar laboralment una dona que treballava com a cuidadora interna d'una persona dependent. Els arrestats -dos homes i una dona- estan sent investigats per delictes contra els drets dels treballadors, afavoriment de la immigració irregular, contra la integritat moral, coaccions i amenaces.

Va ser la pròpia víctima qui, malgrat la seva situació d'especial vulnerabilitat -es trobava en situació administrativa irregular i havia rebut reiterades amenaces per part dels seus ocupadors, que li advertien que seria expulsada d'Espanya si acudia a les autoritats-, va decidir denunciar els fets en dependències policials, assegurant que es trobava “esgotada i desesperada” per les condicions en què treballava.

Els agents de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) van donar inici a les investigacions, que van revelar que la dona va arribar a aquesta feina a través d'una amiga que li va informar de la possibilitat de treballar com a cuidadora interna a Palma. Va acceptar l'oferta i pocs dies després va començar a cuidar un familiar dependent de dos dels ara detinguts, tots ells de nacionalitat espanyola.

Segons les indagacions, el treball es va desenvolupar en condicions de “total explotació”: la dona no tenia contracte laboral i estava obligada a romandre disponible les 24 hores del dia, amb un únic dia lliure a la setmana, a canvi de 900 euros mensuals.

Els investigadors assenyalen que no li van facilitar els mitjans necessaris per atendre correctament la persona dependent, a la qual havia de moure i netejar les seves femtes i fluids orgànics a causa de la malaltia immunològica que patia i de la qual la víctima no havia estat informada. Com que no li proporcionaven aquests recursos, no podia adoptar les mesures preventives adequades.

La sobrecàrrega de treball i la manca de mitjans li van provocar lesions en diverses ocasions, per les quals amb prou feines va rebre assistència sanitària.

Amenaces i ocultacions

Durant la investigació, els agents van comprovar que els sospitosos intentaven ocultar la relació laboral. Quan inspectors de l'àrea de Dependència del Govern acudien al domicili, obligaven la dona a amagar-se per evitar que es descobrís la seva situació.

El temor dels arrestats era que l'administració autonòmica pogués retirar determinades ajudes o detectar les condicions en què tenien treballant la cuidadora.

Segons la Policia, també amenaçaven la víctima de forma constant per evitar que abandonés la feina. Entre altres coses, li asseguraven que tenien contactes policials -que en realitat no existien- que podien fer que la detinguessin i l'enviessin a presó per la seva situació administrativa irregular. Així mateix, li van fer creure que disposaven de còpies de la seva documentació per impedir que pogués creuar qualsevol frontera en cas que decidís marxar.

Després de les indagacions, el passat dimecres els agents van procedir a la detenció dels tres sospitosos.

La Policia Nacional recorda que qualsevol persona que estigui patint o tingui coneixement de situacions de tràfic d'éssers humans, explotació sexual o laboral pot denunciar-ho o sol·licitar ajuda a través del telèfon gratuït i confidencial 900 10 50 90 o del correu electrònic trata@policia.es.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres personas acusadas de explotar laboralmente a una mujer que trabajaba como cuidadora interna de una persona dependiente. Los arrestados -dos hombres y una mujer- están siendo investigados por delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral, coacciones y amenazas.

Fue la propia víctima quien, pese a su situación de especial vulnerabilidad -se encontraba en situación administrativa irregular y había recibido reiteradas amenazas por parte de sus empleadores, que le advertían de que sería expulsada de España si acudía a las autoridades-, decidió denunciar los hechos en dependencias policiales, asegurando que se encontraba “agotada y desesperada” por las condiciones en las que trabajaba.

Los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) dieron inicio a las investigaciones, que revelaron la mujer llegó a este empleo a través de una amiga que le informó de la posibilidad de trabajar como cuidadora interna en Palma. Aceptó la oferta y pocos días después empezó a cuidar a un familiar dependiente de dos de los ahora detenidos, todos ellos de nacionalidad española.

Según las pesquisas, el trabajo se desarrolló en condiciones de “total explotación”: la mujer no tenía contrato laboral y estaba obligada a permanecer disponible las 24 horas del día, con un único día libre a la semana, a cambio de 900 euros mensuales.

Los investigadores señalan que no le facilitaron los medios necesarios para atender correctamente a la persona dependiente, a la que debía mover y limpiar sus heces y fluidos orgánicos debido a la enfermedad inmunológica que padecía y de la que la víctima no había sido informada. Debido a que no le proporcionaban esos recursos, no podía adoptar las medidas preventivas adecuadas.

La sobrecarga de trabajo y la falta de medios le provocaron lesiones en varias ocasiones, por las que apenas recibió asistencia sanitaria.

Amenazas y ocultaciones

Durante la investigación, los agentes comprobaron que los sospechosos trataban de ocultar la relación laboral. Cuando inspectores del área de Dependencia del Govern acudían al domicilio, obligaban a la mujer a esconderse para evitar que se descubriera su situación.

El temor de los arrestados era que la administración autonómica pudiera retirar determinadas ayudas o detectar las condiciones en las que tenían trabajando a la cuidadora.

Según la Policía, también amenazaban a la víctima de forma constante para evitar que abandonara el empleo. Entre otras cosas, le aseguraban que tenían contactos policiales -que en realidad no existían- que podían hacer que la detuvieran y la enviaran a prisión por su situación administrativa irregular. Asimismo, le hicieron creer que disponían de copias de su documentación para impedir que pudiera cruzar cualquier frontera en caso de que decidiera marcharse.

Tras las pesquisas, el pasado miércoles los agentes procedieron a la detención de los tres sospechosos.

La Policía Nacional recuerda que cualquier persona que esté sufriendo o tenga conocimiento de situaciones de trata de seres humanos, explotación sexual o laboral puede denunciarlo o solicitar ayuda a través del teléfono gratuito y confidencial 900 10 50 90 o del correo electrónico trata@policia.es.

L'hostaleria és el principal motor econòmic de Balears, però també un dels àmbits on les tensions laborals són més recurrents i els conflictes s'intensifiquen cada estiu amb l'arribada de la temporada turística. A Menorca, la deterioració de les condicions del sector que empra el 20% de la població econòmicament activa ha anat reduint la disponibilitat de mà d'obra fins a convertir-se en un problema estructural per a petits i grans empresaris. “Al resident no li interessa, no vol dedicar-se al sector i al que ve de fora no li convé”, expliquen des de l'Associació d'Hotelers de Menorca, la principal organització que agrupa empresaris del sector a l'illa.

No obstant això, treballadors que cada estiu mouen la maquinària del turisme insular i garanteixen que, temporada rere temporada, se superin rècords de recaptació i de visitants –l'illa va rebre gairebé dos milions de turistes que van deixar gairebé 2.000 milions d'euros segons l'Institut d'Estadística de les illes Balears (IBESTAT)– van abandonant sense pausa i sense pressa a Menorca com a destí laboral. “No són només les jornades de 10 hores o que a vegades les propines desapareixen misteriosament. És sobretot l'encariment de la vida i la falta d'habitatge. Jo vaig deixar d'anar-hi l'any passat després de gairebé 11 anys seguits perquè, per a què aniré a una illa on només el lloguer implica gastar el 80% dels diners que guanyo? Prefereixo buscar aquí a Andalusia on es guanya menys o fins i tot canviar de rúbrica”, compte Aitana M.J., cuinera i treballadora temporera que ha viatjat a l'illa ininterrompudament cada estiu des de 2017 i que ara es dedica a la informàtica.

Jo vaig deixar d'anar-hi l'any passat després de gairebé 11 anys seguits perquè, per a què aniré a una illa on només el lloguer implica gastar el 80% dels diners que guanyo? Prefereixo buscar aquí a Andalusia on es guanya menys o fins i tot canviar de rúbrica

Aitana M.J. — Cuinera i treballadora temporera

El plantejament d'Aitana té agafador en la realitat i és el raonament cada vegada més estès a l'illa entre els anomenats “temporers”. Segons l'estudi de l'Observatori Social i Ambiental de Menorca (OBSAM), l'economia insular va presentar durant el tercer trimestre de 2025 un alt contrast. D'una banda, es va confirmar l'estabilització del cicle expansiu iniciat en 2023, caracteritzat per un ritme de creixement moderat però sostingut. “Els principals indicadors d'activitat -especialment la demanda energètica, la mobilitat i els fluxos turístics- assenyalen un nivell d'intensitat econòmica molt elevat, propi d'una fase de maduresa en la qual l'economia opera a ple rendiment durant la temporada alta”, assenyalen des del OBSAM. No obstant això, el mateix estudi assenyala que “aquest escenari conviu amb pressions persistents sobre el cost de vida i amb limitacions estructurals, com la falta de mà d'obra i la tensió del mercat residencial, que condicionen la capacitat del sistema per a continuar expandint-se”. En resum, l'economia funciona, però no hi ha braços que moguin la maquinària.

Un altre protagonista d'aquesta “fugida de braços” és Brais S., un dels molts menorquins que, després de dedicar-se diversos anys a l'hostaleria –si és el cas per obligació, a causa de la falta d'alternatives– va acabar abandonant l'illa per a poder exercir la seva professió com a dissenyadora de so. “Vaig treballar a un bar per la zona marítima, no tenia moltes opcions”, conta en diàleg amb elDiario.es des de la seva actual residència a Barcelona. “Treballava 'en negre' per 3,14€ l'hora. Hi havia menjar que estava fora de carta que es comprava per a donar-li ús i es posava dolent i es 'sanejava' per a treure’l d'alguna manera. Jo havia de fer de cuiner i cambrer alhora, vaig aguantar perquè tenia molta necessitat i, al final, vaig decidir dedicar-me a lo meu i anar-me de l'illa a viure fora. Quan vaig renunciar es van negar a pagar-me les hores extres”, explica. Ell recorda el seu pas pel gremi hostaler com un malson.

Vaig treballar a un bar. Hi havia menjar que estava fora de carta que es comprava per a donar-li ús i es posava dolent i es 'sanejava' per a treure’l d'alguna manera. Jo havia de fer de cuiner i cambrer alhora, vaig aguantar perquè tenia molta necessitat i, al final, vaig decidir dedicar-me a lo meu i anar-me de l'illa a viure fora

Brais S. — Va abandonar l'illa per treball

“No hi ha personal i cada vegada hi haurà menys si seguim així. Em consta que persones que porten anys en el sector ara estan buscant altres alternatives i és lògic: a ningú li resulta rendible venir a Menorca si no pot pagar un lloc on viure i, a més, només per uns mesos. Ningú manté a una família amb un treball temporal”, raona en diàleg amb elDiario.es el portaveu de l'Associació de Bars i Cafeteries de Menorca, Antoni Sansaloni, qui sosté que la solució passa per “deixar de pressionar al sector”, especialment al petit i mitjà empresari, que -segons la seva visió- està sofrint “com mai” els efectes de la crisi d'habitatge. “Per a evitar donar un mal servei, i davant la impossibilitat de consolidar plantilles estables, estem reduint taules”, explica. “A aquest ritme, el turisme de Menorca acabarà oferint només menjar ràpid”, lamenta.

L'altra cara de l'hostaleria

Malgrat els problemes estructurals que travessa el gremi hostaler i de les particularitats del sector a Balears, fonts sindicals consultades per elDiario.es sostenen que el de les illes és “un dels millors” convenis col·lectius que existeixen en l'estat. “Gràcies a la negociació col·lectiva hem conquistat pujades salarials sostingudes -l'última a l'agost de l'any passat-, millores en la regulació de jornades i avanços concrets en la protecció de col·lectius especialment vulnerables com les cambreres de pis. Aquest marc no és fruit de concessions gratuïtes, sinó d'anys de negociació i mobilització perquè el creixement turístic es tradueixi també en drets laborals reals”, expliquen des d'UGT. “Sabem que queden reptes pendents, com l'accés a l'habitatge o l'estacionalitat, però sense aquest conveni la situació de milers de treballadors seria molt més fràgil i desigual”, reflexionen des del sindicat.

Juan Arenas és mexicà i fins enguany va passar quatre estius seguits deambulant de cuina en cuina per tota Menorca. És xef de professió i, segons relata, la inestabilitat laboral i les males condicions el van obligar a abandonar l'illa i buscar treball a Bilbao, on viu i treballa actualment, aquesta vegada en una sola cuina fixa tot l'any. “El problema de l'estacionalitat a Menorca és un altre dels grans temes sense resoldre per als que ens dediquem a això professionalment. A part de les jornades extenuants de l'estiu, quan s'acaba la temporada tanquen la majoria de locals de restauració i has de passar l'hivern cobrant l'atur si tens sort. De què em serveix cobrar un sou més alt que la mitjana si només treballo 4 mesos a l'any?”, raona.

A part de les jornades extenuants de l'estiu, quan s'acaba la temporada tanquen la majoria de locals de restauració i has de passar l'hivern cobrant l'atur si tens sort. De què em serveix cobrar un sou més alt que la mitjana si només treballo 4 mesos a l'any?

Juan Arenas — Chef

Consultat pel problema de l'estacionalitat, Antoni Sansaloni explica que “l'únic consol” que troben els empresaris és que ara les aerolínies han avançat els vols, pel que la pre temporada 2026 s'ha avançat alguns dies. “Esperem l'arribada del turisme europeu per al mes de març, que sabem que és un turista amb major poder adquisitiu i que supleix el sot de l'últim tram de la temporada baixa”, explica. “Clar que hi ha estacionalitat, però és perquè no ens surt rendible obrir tot l'any. Tanquem perquè la falta de clientela, entre setmana no arribem ni a cobrir despeses, per això molts locals opten per tancar tres o quatre mesos a l'any directament. Al final l'estacionalitat ve fomentada pel propi estat que en lloc de promoure l'activitat en els mesos d'hivern prefereix manar a la gent a l'atur”, raona Sansaloni.

Clar que hi ha estacionalitat, però és perquè no ens surt rendible obrir tot l'any. Tanquem perquè la falta de clientela, entre setmana no arribem ni a cobrir despeses, per això molts locals opten per tancar tres o quatre mesos a l'any directament. Al final l'estacionalitat ve fomentada pel propi estat que en lloc de promoure l'activitat en els mesos d'hivern prefereix manar a la gent a l'atur

Antoni Sansaloni — Portaveu de l'Associació de Bars i Cafeteries de Menorca

Encara que les tensions entre empresaris i treballadors en l'hostaleria solen canalitzar-se a través de mecanismes formals quan l'ocupació està regularitzada i subjecta a la normativa laboral, aquesta via pràcticament desapareix en els casos de treball no declarat. Si bé l'ocupació irregular a Menorca no és majoritaria en el sector, continua existint i concentra algunes de les situacions més precàries, ja que els qui l'exerceixen no poden denunciar abusos o exigir drets, ja que són, en la seva immensa majoria, persones en situació administrativa irregular.

V. conta que, mentre esperava la resolució dels seus papers, degué treballar en diversos llocs que “contracten” persones migrants: “Em van dir que mai havien contractat una noia com jo, moreneta i de fora, i que volien provar què tal funcionàvem. Jo necessitava molt aquest treball i vaig acceptar la prova en un conegut restaurant des Castell, -en el sud de l'illa-. Va començar a acostar-se massa i a fer bromes sexuals fora de lloc; vaig intentar ignorar-ho i continuar treballant, però mentre emplenava neveres se'm va acostar per darrere de manera inapropiada. Quan em vaig girar i li vaig preguntar què feia, em va dir que per a ser llatina era molt siesa i que en aquest restaurant ‘es tocaven molt’. Em vaig anar sense acabar el torn. Em va dir que mai tornaria a treballar a Menorca perquè era una impresentable i la prova mai me la van pagar”.

La hostelería es el principal motor económico de Balears, pero también uno de los ámbitos donde las tensiones laborales son más recurrentes y los conflictos se intensifican cada verano con la llegada de la temporada turística. En Menorca, el deterioro de las condiciones del sector que emplea al 20% de la población económicamente activa ha ido reduciendo la disponibilidad de mano de obra hasta convertirse en un problema estructural para pequeños y grandes empresarios. “Al residente no le interesa, no quiere dedicarse al sector y al que viene de fuera no le conviene”, explican desde la Asociación de Hoteleros de Menorca, la principal organización que agrupa empresarios del sector en la isla. 

Sin embargo, trabajadores que cada verano mueven la maquinaria del turismo insular y garantizan que, temporada tras temporada, se superen récords de recaudación y de visitantes –la isla recibió casi dos millones de turistas que dejaron casi 2.000 millones de euros según el Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT)– van abandonando sin pausa y sin prisa a Menorca como destino laboral. “No son sólo las jornadas de 10 horas o que a veces las propinas desaparecen misteriosamente. Es sobre todo el encarecimiento de la vida y la falta de vivienda. Yo dejé de ir el año pasado después de casi 11 años seguidos porque, ¿para qué voy a ir a una isla donde sólo el alquiler implica gastar el 80% del dinero que gano? Prefiero buscar aquí en Andalucía donde se gana menos o incluso cambiar de rubro”, cuenta Aitana M.J., cocinera y trabajadora temporera que ha viajado a la isla ininterrumpidamente cada verano desde 2017 y que ahora se dedica a la informática.

Yo dejé de ir el año pasado después de casi 11 años seguidos porque, ¿para qué voy a ir a una isla donde sólo el alquiler implica gastar el 80% del dinero que gano? Prefiero buscar aquí en Andalucía donde se gana menos o incluso cambiar de rubro

Aitana M.J. — Cocinera y trabajadora temporera

El planteamiento de Aitana tiene asidero en la realidad y es el razonamiento cada vez más extendido en la isla entre los llamados “temporeros”. Según el estudio del Observatorio Social y Ambiental de Menorca (OBSAM), la economía insular presentó durante el tercer trimestre de 2025 un alto contraste. Por un lado, se confirmó la estabilización del ciclo expansivo iniciado en 2023, caracterizado por un ritmo de crecimiento moderado pero sostenido. “Los principales indicadores de actividad —especialmente la demanda energética, la movilidad y los flujos turísticos— señalan un nivel de intensidad económica muy elevado, propio de una fase de madurez en la que la economía opera a pleno rendimiento durante la temporada alta”, señalan desde el OBSAM. Sin embargo, el mismo estudio señala que “este escenario convive con presiones persistentes sobre el coste de vida y con limitaciones estructurales, como la falta de mano de obra y la tensión del mercado residencial, que condicionan la capacidad del sistema para seguir expandiéndose”. En resumen, la economía funciona, pero no hay brazos que muevan la maquinaria. 

Otro protagonista de esta “fuga de brazos” es Brais S., uno de los muchos menorquines que, tras dedicarse varios años a la hostelería –en su caso por obligación, debido a la falta de alternativas– terminó abandonando la isla para poder ejercer su profesión como sonidista. “Trabajé en un bar por la zona marítima, no tenía muchas opciones”, cuenta en diálogo con elDiario.es desde su actual residencia en Barcelona. “Trabajaba 'en negro' por 3,14 euros la hora. Había comida que estaba fuera de carta que se compraba para darle uso y se ponía mala y se 'saneaba' para sacarla de alguna manera. Yo tenía que hacer de cocinero y camarero a la vez, aguanté porque tenía mucha necesidad y, al final, decidí dedicarme a lo mío e irme de la isla a vivir fuera. Cuando renuncié se negaron a pagarme las horas extras”, explica. Él recuerda su paso por el gremio hostelero como un mal sueño. 

Trabajé en un bar. Había comida que estaba fuera de carta que se compraba para darle uso y se ponía mala y se 'saneaba' para sacarla de alguna manera. Yo tenía que hacer de cocinero y camarero a la vez, aguanté porque tenía mucha necesidad y, al final, decidí dedicarme a lo mío e irme de la isla a vivir fuera

Brais S. — Abandonó la isla por trabajo

“No hay personal y cada vez habrá menos si seguimos así. Me consta que personas que llevan años en el sector ahora están buscando otras alternativas y es lógico: a nadie le resulta rentable venir a Menorca si no puede pagar un lugar donde vivir y, además, solo por unos meses. Nadie mantiene a una familia con un trabajo temporal”, razona en diálogo con elDiario.es el portavoz de la Asociación de Bares y Cafeterías de Menorca, Antoni Sansaloni, quien sostiene que la solución pasa por “dejar de presionar al sector”, especialmente al pequeño y mediano empresario, que —según su visión— está sufriendo “como nunca” los efectos de la crisis de vivienda. “Para evitar dar un mal servicio, y ante la imposibilidad de consolidar plantillas estables, estamos reduciendo mesas”, explica. “A este ritmo, el turismo de Menorca va a terminar ofreciendo solo comida rápida”, lamenta.

La otra cara de la hostelería

A pesar de los problemas estructurales que atraviesa el gremio hostelero y de las particularidades del sector en Balears, fuentes sindicales consultadas por elDiario.es sostienen que el de las islas es “uno de los mejores” convenios colectivos que existen en el estado. “Gracias a la negociación colectiva hemos conquistado subidas salariales sostenidas –la última en agosto del año pasado–, mejoras en la regulación de jornadas y avances concretos en la protección de colectivos especialmente vulnerables como las camareras de piso. Este marco no es fruto de concesiones gratuitas, sino de años de negociación y movilización para que el crecimiento turístico se traduzca también en derechos laborales reales”, explican desde UGT. “Sabemos que quedan retos pendientes, como el acceso a la vivienda o la estacionalidad, pero sin este convenio la situación de miles de trabajadores sería mucho más frágil y desigual”, reflexionan desde el sindicato. 

Juan Arenas es mexicano y hasta este año pasó cuatro veranos seguidos deambulando de cocina en cocina por toda Menorca. Es chef de profesión y, según cuenta, la inestabilidad laboral y las malas condiciones le obligaron a abandonar la isla y buscar trabajo en Bilbao, donde vive y trabaja actualmente, esta vez en una sola cocina fija todo el año. “El problema de la estacionalidad en Menorca es otro de los grandes temas sin resolver para los que nos dedicamos a esto profesionalmente. Aparte de las jornadas extenuantes del verano, cuando se acaba la temporada cierran la mayoría de locales de restauración y tienes que pasar el invierno cobrando el paro si tienes suerte. ¿De qué me sirve cobrar un sueldo más alto que la media si sólo trabajo 4 meses al año?”, razona.

Aparte de las jornadas extenuantes del verano, cuando se acaba la temporada cierran la mayoría de locales de restauración y tienes que pasar el invierno cobrando el paro si tienes suerte. ¿De qué me sirve cobrar un sueldo más alto que la media si sólo trabajo 4 meses al año?

Juan Arenas — Chef

Consultado por el problema de la estacionalidad, Antoni Sansaloni explica que “el único consuelo” que encuentran los empresarios es que ahora las aerolíneas han adelantado los vuelos, por lo que la pre temporada 2026 se ha adelantado algunos días. “Esperamos la llegada del turismo europeo para el mes de marzo, que sabemos que es un turista con mayor poder adquisitivo y que suple el bache del último tramo de la temporada baja”, explica. “Claro que hay estacionalidad, pero es porque no nos sale rentable abrir todo el año. Cerramos porque la falta de clientela, entre semana no llegamos ni a cubrir gastos, por eso muchos locales optan por cerrar tres o cuatro meses al año directamente. Al final la estacionalidad viene fomentada por el propio estado que en lugar de promover la actividad en los meses de invierno prefiere mandar a la gente al paro”, razona Sansaloni. 

Claro que hay estacionalidad, pero es porque no nos sale rentable abrir todo el año. Cerramos porque la falta de clientela, entre semana no llegamos ni a cubrir gastos, por eso muchos locales optan por cerrar tres o cuatro meses al año directamente. Al final la estacionalidad viene fomentada por el propio estado que en lugar de promover la actividad en los meses de invierno prefiere mandar a la gente al paro

Antoni Sansaloni — Portavoz de la Asociación de Bares y Cafeterías de Menorca

Aunque las tensiones entre empresarios y trabajadores en la hostelería suelen canalizarse a través de mecanismos formales cuando el empleo está regularizado y sujeto a la normativa laboral, esta vía prácticamente desaparece en los casos de trabajo no declarado. Si bien el empleo irregular en Menorca no es mayoritario en el sector, sigue existiendo y concentra algunas de las situaciones más precarias, ya que quienes lo ejercen no pueden denunciar abusos o exigir derechos, ya que son, en su inmensa mayoría, personas en situación administrativa irregular.

V. cuenta que, mientras esperaba la resolución de sus papeles, debió trabajar en varios lugares que “contratan” personas migrantes: “Me dijeron que nunca habían contratado a una chica como yo, morenita y de fuera, y que querían probar qué tal funcionábamos. Yo necesitaba mucho ese trabajo y acepté la prueba en un conocido restaurante de Es Castell, –en el sur de la isla–. Empezó a acercarse demasiado y a hacer bromas sexuales fuera de lugar; intenté ignorarlo y seguir trabajando, pero mientras rellenaba neveras se me arrimó por detrás de forma inapropiada. Cuando me giré y le pregunté qué hacía, me dijo que para ser latina era muy siesa y que en ese restaurante ‘se tocaban mucho’. Me fui sin terminar el turno. Me dijo que nunca volvería a trabajar en Menorca porque era una impresentable y la prueba nunca me la pagaron”. 

La treintena de trabajadoras de recepción y las azafatas de la televisión pública vasca EITB han comenzado una serie de protestas en sus sedes de Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona para denunciar sus “precarias” condiciones laborales. Las azafatas son las personas que se encargan de recibir y atender a los invitados que pasan por los estudios de la televisión y la radio, así como a asegurarse y guiar a estos para que puedan acudir a tiempo a los platós en cada programa, mientras que las recepcionistas se encargan de realizar y recibir llamadas, realizar funciones de secretariado, administración, así como enviar y recoger la paquetería necesaria, entre otras funciones. “Denunciamos la precariedad salarial, pero también en todos los sentidos. Consideramos que nuestras condiciones no son dignas. No contamos con un convenio propio, nos regimos por el Estatuto de los Trabajadores y no hemos tenido subidas salariales desde 2016. Nuestros salarios llevan congelados una década. Teniendo en cuenta cómo ha subido la vida, nos sentimos ahogadas”, detallan las trabajadoras a este periódico.

Tanto las trabajadoras de recepción como las azafatas están subcontratadas por las empresas Alse y Tisa, respectivamente. En el caso de las recepcionistas, cuentan con un sueldo fijo de 1.200 euros netos, según reconocen, mientras las azafatas cobran según las horas que trabajen. Si se trata de domingos o festivos, cuentan con un euro extra por cada hora. “Cobramos solo un euro más por hora por trabajar cada 1 de enero o cada 25 de diciembre. Estamos muy hartas y enfadadas, porque además sentimos la brecha salarial que existe en EITB, que sabemos que no somos funcionarias ni estamos contratadas directamente por EITB, pero trabajamos en los mismos edificios. Aunque llevemos años así, ahora hemos cogido fuerzas para decir basta, porque vemos que no llegamos a fin de mes”, lamentan las trabajadoras.

Según explican, han comenzado sus protestas con concentraciones, carteles y a través de redes sociales, debido a que próximamente EITB sacará los pliegos para los nuevos contratos a las empresas que quieran participar. Se trata de contratos de cinco años. “En junio se acaba el contrato, por lo que calculamos que en marzo sacarán el pliego, aunque no lo sabemos con certeza. No sabemos si habrá alguna prórroga con estas empresas, si estas seguirán o si vendrán otras nuevas, pero lo que queremos es que mejoren nuestras condiciones. Estamos unidas y vamos con todo a por ello”, sostienen las trabajadoras, que aseguran que están recibiendo apoyo por parte del Comité de Empresa de EITB y de profesionales de la televisión pública vasca y se están organizando sindicalmente a través de LAB y ELA.

Por el momento han realizado dos concentraciones en EITB Miramon, la sede de la televisión en Donostia y no descartan realizar más, dado que su objetivo es que el personal sepa cuáles son sus peticiones y condiciones laborales. “Hay mucha gente que trabaja aquí y a la que vemos cada día que no son conscientes de nuestras situaciones laborales. Muchos nos han dicho que ni se imaginaban que sufríamos tanta precariedad. Nuestra protesta también es para que se sepa lo que estamos pasando y, entre todos, podamos mejorar nuestras condiciones. Puede que si desde EITB mejorasen las condiciones de los pliegos, después las empresas estarían abiertas a pagarnos más, consideramos que ahí EITB también puede intervenir”, concluyen.

Este periódico se ha puesto en contacto con EITB, que ha declinado realizar declaraciones sobre este tema en concreto, mientras que al cierre de esta edición las empresas Alse y Tisa no han respondido las preguntas planteadas por teléfono ni por correo electrónico.

“Cuando tú migras siendo mujer y siendo latina, los espacios de trabajo ya están marcados: cuidado de personas o limpieza”. Diana (nombre ficticio a petición de la entrevistada) llegó a Canarias en 2022 desde Colombia, escapando de los conflictos internos de su país. En estos cuatro años no ha dejado de trabajar. Sin embargo, su situación administrativa la ha obligado a hacerlo en la sombra y en condiciones indignas. “La presión laboral en el gremio de las camareras de piso es muy fuerte. Tu cuerpo se rompe por completo de manera emocional y física”, reconoce.

La regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobada por el Gobierno español, aunque tardía, ha sido recibida como una buena noticia por muchas mujeres que durante años han soportado tratos degradantes por parte de sus empleadores. “Humillación, mucha humillación. Una vez pedí una faja para tener más estabilidad en la espalda y me dijeron que no, que eso era lo que había”, cuenta Luisa*, una mujer colombiana de 53 años que trabajaba en Gran Canaria cuidando de una persona mayor.

“Cuando uno no tiene permiso de trabajo, abusan. No te pagan lo que es”, explica en una entrevista concedida a esta redacción pocos días antes de cumplir seis años en el país. De las 24 horas que tiene el día, a Luisa, que era funcionaria en Colombia, apenas le quedaban libres tres. “Trabajaba 21 horas, llegaba a mi casa, dormía una hora y me volvía a marchar, además del esfuerzo físico que implica movilizar a una persona totalmente encamada”, recuerda. Todo esto, cobrando por debajo del salario mínimo. “Es una explotación, pero por necesidad tienes que aguantar”, concluye.

El tiempo que Luisa pasó trabajando en esas condiciones le pasó factura. Su espalda, su columna y su cadera “ya no daban más”. Lo mismo le ocurrió a Diana mientras trabajaba como camarera de piso en un hotel de Gran Canaria. “En una jornada de ocho horas, con 30 minutos para comer, tienes que limpiar 25 habitaciones, zonas comunes y restaurantes”, detalla.

“Yo quedé en 45 kilos de peso dentro del gremio de las camareras de piso, porque es un sector muy explotado, vulnerable y poco respetado. Hay muchas demandas, pero no pasa absolutamente nada. Cuando hay una inspección, ya los directores lo saben”, lamenta Diana. “En mi país trabajaba como auxiliar contable, y aunque aquí estoy más segura, jamás imaginé trabajar en un lugar donde estuviera en riesgo mi salud”, lamenta. 

Cuando la empresa o el empleador decide, “te dicen hasta luego y ya”. “No tienes ningún reconocimiento por esa labor, ni un finiquito, ni el pago de tus vacaciones. Nada”, añade Luisa. 

Papeles para tener “tranquilidad” 

A la regularización extraordinaria podrán acceder quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y hayan permanecido de manera continuada en el país como mínimo cinco meses antes de tramitar la petición. También podrán acogerse a esta medida los solicitantes de protección internacional que hayan pedido asilo antes del 31 de diciembre del año pasado, y no tendrán que renunciar a este trámite para obtener a la regularización.

Para evitar nuevos obstáculos en este proceso, se admitirá cualquier documento público o privado, o una mezcla de ambos, que pruebe la residencia continuada en el país, y no solo el empadronamiento. “Es la oportunidad para tener confianza. Cuando uno hace el trámite, siempre está la duda: será que me lo aprueban, no me lo aprueban… Ahora con la regularización parece que es algo más seguro”, valora Luisa. 

Lo mismo apunta Diana, a quien su situación administrativa la ha abocado a años de frustración y ansiedad. “Es esa incertidumbre de si me deportan, si me quedo sin empleo… No tienes derecho a absolutamente nada”, insiste. “Si a la gente se le dan las herramientas, se beneficia la persona y se beneficia el país. Va a cotizar a la seguridad social, va a pagar sus impuestos… Todo el mundo gana”, mantiene Luisa. 

Según las estimaciones del Ministerio de Migraciones, se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio. El plazo máximo de tramitación será de tres meses y solo con la admisión a trámite de las solicitudes -que tendrán que resolverse en 15 días- las personas podrán empezar a trabajar.

Esta será la séptima regularización extraordinaria aprobada en España. Dos de ellas salieron adelante en los años 2000 y 2001, durante el gobierno de José María Aznar (PP), y permitieron regularizar a 503.327 personas. Otras cuatro fueron aprobadas con los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero en los años 1986, 1991-92, 1996 y 2005. 

Aunque es imposible cuantificar el número real de personas extranjeras que podrán acceder a esta medida, se estima que en Canarias serán al menos 45.000. Esta decisión nació en las calles, de la mano del Movimiento Estatal Regularización Ya, y cogió fuerza durante la pandemia. ''Mientras todo el mundo tenía sus ERTE, las personas en situación administrativa irregular que estaban siendo explotadas no tenían nada'', recuerda Redwan Baddouh, portavoz del movimiento en Canarias. 

En febrero de 2022 arrancó una recogida de firmas que en menos de un año consiguió 700.000 apoyos, muchos más de los 500.000 exigidos para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La toma en consideración de la iniciativa fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, pero la falta de acuerdo político hizo que permaneciera bloqueada durante meses. Por ello, Podemos y el Gobierno han pactado sacar adelante la regularización extraordinaria mediante un reglamento y sin necesidad de que sea aprobada en el Congreso.

Diana y Luisa celebran también que se les abra la puerta a poder visitar a su familia en Colombia y agradecen el trabajo del movimiento Regularización Ya. “Voy a poder tener permiso de trabajo por un año y no voy a estar amarrada y no poder salir. Yo con la solicitud de asilo no puedo salir de España”, explica Diana. En Colombia, Luisa tiene a una de sus hijas, a su madre, a sus hermanos y a sus sobrinos. “Estoy deseosa de ir a compartir con mi familia”, afirma con esperanza.

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha analizado los datos de contratación de enero de 2026 y ha insistido en que la situación que atraviesan los jóvenes en el mercado laboral “sigue siendo grave” pues se constata que “siguen instalados en la precariedad laboral”.

Los datos de contratación del primer mes del año, atendiendo a la duración de los contratos, el tipo de jornada, el género y los tramos de edad entre los 16 y los 34 años, “confirman que la puerta de entrada al empleo sigue siendo la precariedad”, ha reiterado el sindicato en un comunicado.

En enero, un 26,06% del total de los contratos firmados fue de carácter indefinido, de los que solo el 12,02% corresponde a jóvenes, mientras casi la mitad de los contratos celebrados corresponden a este grupo de edad. “Una cifra que pone de manifiesto que la temporalidad golpea de forma más fuerte a la juventud”, ha valorado la secretaria de Jóvenes de CCOO de Cantabria, Andrea Garay, que ha precisado que del total de 12.220 contratos firmados, el 46,53% (5.686) fue firmados por jóvenes.

“Aún más dramático” para CCOO es que el 54,45% de jóvenes ha firmado contratos en enero de duración inferior o igual a una semana, lo que revela “una altísima rotación y una falta de continuidad que impiden consolidar ingresos, acceder a vivienda o planificar el futuro con un mínimo de seguridad”, ha recalcado Garay.

Respecto al tipo de jornada, el 66,15% (8.083) del total de los contratos firmados fue a jornada completa y, de ellos el 43,14% (3.487) se firmó por jóvenes. Sin embargo, de todos esos contratos a jornada completa, sólo el 22,39% (1.810) fue indefinido y sólo el 9,30% (752) se rubricó por jóvenes frente al 77,61% (6.273) temporales del total (el 33,84% por personas jóvenes).

“Esto evidencia que incluso dentro de las jornadas completas predomina la inestabilidad y que, cuando se accede a una jornada completa, la mayoría de las personas trabajadoras jóvenes lo hacen sin garantías de continuidad”, ha subrayado Garay.

En la jornada parcial, la situación es “aún más frágil” para CCOO. Más de la mitad, el 52,59% (1.942) de los contratos firmados por personas jóvenes es a tiempo parcial, 22 puntos porcentuales más que la media; y de ellos, el 76,31% (1.482) es temporal, mientras que la modalidad indefinida es claramente minoritaria, ya que apenas alcanza un 23,99% (466) de las contrataciones totales.

Por otro lado, el contrato fijo discontinuo, que tiene un peso reducido en el conjunto de la población 3,63% (444), afecta proporcionalmente más a la juventud al suponer el 56,53% (251) de los contratos firmados.

“La precariedad laboral está instalada en los jóvenes y otro ejemplo de ello son los contratos fijos discontinuos que demuestran que el acceso al empleo es intermitente y que está vinculado a determinadas épocas del año”, ha señalado Garay, que además ha puesto de manifiesto la desigualdad entre los jóvenes, “que también tiene rostro de mujer”, puesto que de la contratación a jornada completa, solo el 43,7% (3.533) corresponde a mujeres, frente al 56,3% (4.550) de hombres.

Sin embargo, en el trabajo a tiempo parcial sucede lo contrario: casi el 68% de estos contratos recaen en mujeres. “Una distribución que perpetúa menores salarios, menor protección social y más obstáculos para desarrollar proyectos de vida autónoma”, ha valorado la secretaria de Jóvenes.

Por todo ello, Garay ha insistido en que “no podemos normalizar que la juventud encadene contratos breves, parciales y abrumadoramente temporales. Es urgente reforzar las políticas que impulsen empleo estable y de calidad, así como combatir la feminización de la precariedad. La juventud necesita derechos, certidumbre y salarios dignos. Sin estabilidad laboral, no hay emancipación posible”, ha subrayado.

L'emancipació juvenil s'ha convertit en una excepció a Balears. Només el 15,3% dels joves d'entre 16 i 29 anys viu fora de la llar familiar i, a la franja clau de 25 a 29 anys, amb prou feines un de cada tres aconsegueix independitzar-se, tal com constata l'Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2025, que dibuixa un escenari marcat per baixos salaris, precarització laboral i un mercat de l'habitatge que actua com a principal mur de contenció.

L'informe, elaborat per l'Observatori de la Joventut de les Illes Balears (OJIB) i el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), incorpora per primera vegada una anàlisi específica sobre salut mental que reforça la lectura estructural del problema: segons l'estudi, els joves de les illes tenen una pitjor salut mental que els de la resta del país i pateixen més depressió, ansietat i malestar psicològic per l'encariment de l'habitatge, la precarització laboral i la pressió que la turistificació exerceix sobre l'emergència residencial.

D'acord amb l'informe, el cost del lloguer absorbeix de mitjana el 59% dels ingressos d'una llar jove i equival al 135,9% del salari d'una sola persona. A la pràctica, el salari juvenil només permet accedir a un habitatge de 18 metres quadrats al mercat lliure, una xifra que resumeix el grau d'asfíxia habitacional a què s'enfronta la joventut balear. Comprar tampoc és una alternativa realista: adquirir un habitatge nou suposa l'equivalent a 22,1 anys de sou juvenil i, perquè un jove pugui destinar el 30% del sou a una hipoteca, caldria ingressar 5.440 euros nets mensuals, una xifra que el propi informe qualifica de “totalment allunyada de la realitat salarial”.

Malgrat això, el règim majoritari entre la joventut emancipada continua sent el lloguer a preu de mercat (45,7%), molt per davant de la propietat amb hipoteca (16,9%) o del lloguer per sota del preu de mercat (14,7%). Perquè una persona jove pogués destinar només el 30% del seu salari al pagament d'una hipoteca, hauria d'ingressar 5.440 euros nets al mes.

A l'arxipèlag resideixen actualment 197.500 joves, però únicament 30.285 estan emancipats. Entre els qui tenen entre 25 i 29 anys -un grup format per 77.156 persones-, la taxa d'emancipació se situa en el 33,2%. La bretxa de gènere és lleu però persistent: el 13,4% dels homes viu fora de la llar familiar enfront del 17,4% de les dones.

Les diferències s'accentuen quan s'atén al lloc de naixement. Només el 8,4% dels joves nascuts a les illes d'entre 25 i 29 anys està emancipat, enfront del 26,8% dels qui procedeixen d'altres comunitats autònomes i el 27,2% dels nascuts a l'estranger. Una dada que apunta a una realitat coneguda a les illes: els qui arriben amb feina ja assegurada o amb més capacitat econòmica tenen més opcions d'accedir a un habitatge, mentre que la joventut local queda atrapada en un mercat cada vegada més inaccessible.

L'anuari assenyala que la combinació de precarització laboral i encariment de l'habitatge “converteix l'autonomia en un privilegi”. Estudiar ja no garanteix una feina digna i treballar no assegura poder sortir d'aquesta situació, una constatació que connecta directament amb el model econòmic de Balears, fortament dependent del turisme i caracteritzat per la temporalitat i els baixos salaris.

“El lloguer és prohibitiu, la compra és una quimera i el parc públic d'habitatge és insuficient”, resumeix un dels articles de l'anuari, que adverteix que l'emancipació ha deixat de ser una etapa natural del cicle vital per convertir-se en un privilegi reservat a aquells que compten amb recursos suficients o circumstàncies excepcionals. El resultat és una joventut abocada a prolongar la convivència familiar o a assumir situacions d'inestabilitat habitacional.

En la “sala d'espera” de la vida adulta

Davant d'aquest panorama, el Consell de la Joventut reclama mesures urgents: regular el preu del lloguer, ampliar de forma decidida el parc públic d'habitatge i reservar-ne una part per a joves, reconvertir espais en habitatge social i reduir els impostos vinculats al primer habitatge. “La joventut no vol viure eternament a la sala d'espera de la vida adulta”, subratllen, exigint “habitatge digne, feines estables i oportunitats reals, ara”.

L'Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2025, presentat aquest dilluns per la doctora Belén Pascual (UIB), la directora de l'OJIB, Assumpta Mas, i el doctor Carles Feixa, aplega 19 articles. Un d'ells, titulat Més joves en risc de pobresa que joves emancipats, recorda que el 19,1% de les persones d'entre 16 i 24 anys es troba en risc de pobresa o exclusió, així com el 7,5% dels joves que treballen.

Es tracta d'un context de precarització habitacional i laboral que té un impacte directe en el benestar psicològic. L'informe sobre salut mental alerta que el 13,3% de la joventut balear pateix ansietat crònica, més del doble que la mitjana estatal, situada en el 6,2%. La depressió també presenta xifres més elevades que en el conjunt del país, tant entre la població de 15 a 29 anys com entre els més grans de 30.

Més enllà dels diagnòstics clínics, l'estudi subratlla el malestar generalitzat d'una generació que percep la seva situació com a crítica. Només un 0,5% de les persones joves considera que la situació del col·lectiu és molt bona i amb prou feines un 3,5% la qualifica de bona. En canvi, més d'un terç la defineix com a dolenta o molt dolenta, i només el 34% confia a viure millor que els seus progenitors.

Segons l'Anuari, aquestes percepcions estan profundament arrelades en realitats socioeconòmiques específiques de Balears, entre les quals destaquen l'especulació immobiliària, la pressió turística sobre el mercat residencial i la precarització laboral derivada de la dependència del sector turístic i la temporalitat dels contractes. “Quan les dificultats per accedir a un habitatge digne es combinen amb la falta d'ingressos estables, la joventut balear queda atrapada en un cercle de vulnerabilitat estructural que dificulta tant l'autonomia com la construcció de projectes de vida amb garanties”, adverteix l'informe.

Davant d'aquest escenari, el Consell de la Joventut insisteix que la salut mental juvenil no pot abordar-se únicament des d'una perspectiva clínica. Reclama polítiques públiques integrals que ampliïn l'atenció sanitària, però que també garanteixin habitatge assequible, ocupació digna, igualtat de gènere i espais reals de participació. Sense un gir estructural, conclou l'Anuari, l'habitatge continuarà sent no només un problema habitacional, sinó un dels principals factors de desgast psicològic i desigualtat generacional a Balears.

La emancipación juvenil se ha convertido en una excepción en Balears. Solo el 15,3 % de los jóvenes de entre 16 y 29 años vive fuera del hogar familiar y, en la franja clave de 25 a 29 años, apenas uno de cada tres logra independizarse, tal como constata el Anuario de la Juventud de las Illes Balears 2025, que dibuja un escenario marcado por bajos salarios, precarización laboral y un mercado de la vivienda que actúa como principal muro de contención.

El informe, elaborado por el Observatori de la Joventut de les Illes Balears (OJIB) y el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), incorpora por primera vez un análisis específico sobre salud mental que refuerza la lectura estructural del problema: según el estudio, los jóvenes de las islas tienen una peor salud mental que los del resto del país y sufren más depresión, ansiedad y malestar psicológico por el encarecimiento de la vivienda, la precarización laboral y la presión que la turistificación ejerce sobre la emergencia residencial.

De acuerdo al informe, el coste del alquiler absorbe de media el 59 % de los ingresos de un hogar joven y equivale al 135,9 % del salario de una sola persona. En la práctica, el salario juvenil solo permite acceder a una vivienda de 18 metros cuadrados en el mercado libre, una cifra que resume el grado de asfixia habitacional al que se enfrenta la juventud balear. Comprar tampoco es una alternativa realista: adquirir una vivienda nueva supone el equivalente a 22,1 años de sueldo juvenil y, para que un joven pueda destinar el 30 % del sueldo a una hipoteca, sería necesario ingresar 5.440 euros netos mensuales, una cifra que el propio anuario califica de “totalmente alejada de la realidad salarial”.

Pese a todo ello, el régimen mayoritario entre la juventud emancipada sigue siendo el alquiler a precio de mercado (45,7 %), muy por delante de la propiedad con hipoteca (16,9 %) o del alquiler por debajo del precio de mercado (14,7 %).

En el archipiélago residen actualmente 197.500 jóvenes, pero únicamente 30.285 están emancipados. Entre quienes tienen entre 25 y 29 años -un grupo formado por 77.156 personas-, la tasa de emancipación se sitúa en el 33,2 %. La brecha de género es leve pero persistente: el 13,4 % de los hombres vive fuera del hogar familiar frente al 17,4 % de las mujeres.

Las diferencias se acentúan cuando se atiende al lugar de nacimiento. Solo el 8,4 % de los jóvenes nacidos en las islas de entre 25 y 29 años está emancipado, frente al 26,8 % de quienes proceden de otras comunidades autónomas y el 27,2 % de los nacidos en el extranjero. Un dato que apunta a una realidad conocida en las islas: quienes llegan con empleo ya asegurado o con mayor capacidad económica tienen más opciones de acceder a una vivienda, mientras que la juventud local queda atrapada en un mercado cada vez más inaccesible.

El anuario señala que la combinación de precarización laboral y encarecimiento de la vivienda “convierte la autonomía en un privilegio”. Estudiar ya no garantiza un empleo digno y trabajar no asegura poder salir de esta situación, una constatación que conecta directamente con el modelo económico de Balears, fuertemente dependiente del turismo y caracterizado por la temporalidad y los bajos salarios.

“El alquiler es prohibitivo, la compra es una quimera y el parque público de vivienda es insuficiente”, resume uno de los artículos del anuario, que advierte de que la emancipación ha dejado de ser una etapa natural del ciclo vital para convertirse en un privilegio reservado a quienes cuentan con recursos suficientes o circunstancias excepcionales. El resultado es una juventud abocada a prolongar la convivencia familiar o a asumir situaciones de inestabilidad habitacional.

En la “sala de espera” de la vida adulta

Ante este panorama, el Consell de la Joventut reclama medidas urgentes: regular el precio del alquiler, ampliar de forma decidida el parque público de vivienda y reservar una parte para jóvenes, reconvertir espacios en vivienda social y reducir los impuestos vinculados a la primera vivienda. “La juventud no quiere vivir eternamente en la sala de espera de la vida adulta”, subrayan, exigiendo “vivienda digna, trabajos estables y oportunidades reales, ahora”.

El Anuario de la Juventud de las Illes Balears 2025, presentado este lunes por la doctora Belén Pascual (UIB), la directora del OJIB, Assumpta Mas, y el doctor Carles Feixa, reúne 19 artículos. Uno de ellos, titulado Más jóvenes en riesgo de pobreza que jóvenes emancipados, recuerda que el 19,1 % de las personas de entre 16 y 24 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, así como el 7,5 % de los jóvenes que trabajan.

Se trata de un contexto de precarización habitacional y laboral que tiene un impacto directo en el bienestar psicológico. El informe sobre salud mental alerta de que el 13,3 % de la juventud balear sufre ansiedad crónica, más del doble que la media estatal, situada en el 6,2 %. La depresión también presenta cifras más elevadas que en el conjunto del país, tanto entre la población de 15 a 29 años como entre los mayores de 30.

Más allá de los diagnósticos clínicos, el estudio subraya el malestar generalizado de una generación que percibe su situación como crítica. Solo un 0,5 % de las personas jóvenes considera que la situación del colectivo es muy buena y apenas un 3,5 % la califica de buena. En cambio, más de un tercio la define como mala o muy mala, y solo el 34 % confía en vivir mejor que sus progenitores.

Según el Anuario, estas percepciones están profundamente arraigadas en realidades socioeconómicas específicas de Baleares, entre las que destacan la especulación inmobiliaria, la presión turística sobre el mercado residencial y la precariedad laboral derivada de la dependencia del sector turístico y la temporalidad de los contratos. “Cuando las dificultades para acceder a una vivienda digna se combinan con la falta de ingresos estables, la juventud balear queda atrapada en un círculo de vulnerabilidad estructural que dificulta tanto la autonomía como la construcción de proyectos de vida con garantías”, advierte el informe.

Ante este escenario, el Consell de la Joventut insiste en que la salud mental juvenil no puede abordarse únicamente desde una perspectiva clínica. Reclama políticas públicas integrales que amplíen la atención sanitaria, pero que también garanticen vivienda asequible, empleo digno, igualdad de género y espacios reales de participación. Sin un giro estructural, concluye el Anuario, la vivienda seguirá siendo no solo un problema habitacional, sino uno de los principales factores de desgaste psicológico y desigualdad generacional en Balears.

Las trabajadoras y trabajadores de la Sala de Coordinación del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, con sede en Toledo, han vuelto a verse “desbordados por un volumen de llamadas inasumible”, en lo que el sindicato CCOO ha calificado de “nuevo episodio de colapso que no es excepcional” y que atribuyen de forma directa a “una falta de planificación estructural” y también a la “inacción reiterada” de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Según el sindicato, a pesar de que las alertas meteorológicas y los escenarios de riesgo estaban “perfectamente previstos”, el servicio “ha tenido que afrontar nuevamente la emergencia sin refuerzos suficientes” y con “los mismos recursos mínimos de siempre, trasladando toda la presión a una plantilla exhausta y sin capacidad real para absorber picos de demanda”.

CCOO sostiene que “el colapso no es imprevisible” pero sí lo es que la consejería competente y la Dirección General de Protección Ciudadana “sigan sin escuchar ni asumir responsabilidades”, según denuncian desde el Comité de Empresa del Servicio 112.

“Años” de una situación que “se agrava” con alertas extraordinarias

En este sentido, abunda el sindicato, el personal “lleva años alertando” de que la sala “funciona al límite” de manera “permanente”, con llamadas en espera y llamadas perdidas de forma habitual, y que esta situación “se agrava de forma crítica cuando se activan alertas o emergencias extraordinarias”.

Lamentan que las advertencias trasladadas a la Administración regional sigan sin traducirse en medidas efectivas. Desde el Comité de Empresa se señala directamente a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y a la Dirección General de Protección Ciudadana, responsables del servicio, “por no ejercer una planificación adecuada, no exigir refuerzos reales y no garantizar un dimensionamiento acorde a la carga real de trabajo, pese a disponer de información previa sobre los riesgos”.

Ayer mismo, tras la reunión mantenida por el grupo de trabajo creado por el Gobierno de Castilla-La Mancha ante las inclemencias derivadas de la borrasca Leonardo, el consejero Juan Antonio Ruiz Molina restó importancia al efecto del episodio en la comunidad autónoma. “Yo creo que el termómetro más importante son las llamadas que nos llegan al 112 de incidencias sobre las personas y tengo que decir que son muy reducidas”, aseguró.

“Un grave deterioro del estado físico y emocional”

En su denuncia el sindicato asegura que la situación está provocando “un grave deterioro del estado físico y psicosocial de la plantilla” y que se pone en riesgo la calidad y la seguridad de la atención a la ciudadanía, en un servicio esencial del que dependen vidas humanas.

El Comité de Empresa del 112 exige a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que asuma “de forma inmediata” su responsabilidad sobre la gestión y planificación del servicio, reclama la implantación de refuerzos automáticos y suficientes ante alertas previstas, además de un “redimensionamiento urgente de la Sala de Coordinación”.

También sugiere “medidas inmediatas” para proteger la salud del personal y evitar nuevos episodios de colapso.

Fuentes de la consejería responsable del servicio consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha aseguran que la Sala se reforzo el día anterior a la activación del el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (PRICAM) y también al día siguiente. También aseguran que el proceso de “mejora” del servicio se realiza de forma “continuada”.

Cambiar el mundo. Me pregunto si la camarera quiere cambiar el mundo. Me pregunto si sus ojeras se deben a una mala noche o un cansancio que arrastra desde hace años porque la vida le ha situado a ese lado de la barra cuando ella, de joven, quería cambiar el mundo. Me pregunto si la camarera, tras servirme una copa de vino, ha intuido que yo soy un hombre que, aburrido de sí mismo, está buscando en este local una certeza, una dulzura cálida que consiga mantenerme a este lado de la barra casi confortado, como si fuera un niño que regresara a casa de la escuela.

La cafetería es pequeña. No hay cuadros en las paredes, solo un televisor gigantesco donde unas gimnastas dan volteretas sobre una tarima de color azul y unas estanterías donde se amontonan las botellas de licores de alta graduación: ginebras, vodkas, tequilas, whiskys, aguardientes... La camarera tiene los ojos pequeños, de un negro distraído. No somos muchos en la cafetería. Un par de hombres insulsos, silenciosos, de una edad inhóspita, nada fácil de sobrellevar, y una mujer de pelo ralo, rubio teñido, cincuentona, que junto a la máquina tragaperras trata de solucionar el crucigrama del periódico. He salido de casa en esta tarde de invierno para no tenerme demasiado en cuenta. No llueve. No truena. No nieva.

La camarera mira hacia la puerta como si necesitara que alguien entrara en la cafetería para así mantenerla ocupada y no recordar que de joven soñó con cambiar el mundo. Todos de jóvenes quisimos cambiar el mundo. Leímos muchos libros. Escuchamos muchas canciones. Vimos muchas películas que nos alentaban en nuestro propósito de cambiar el mundo. No sé qué leen los jóvenes de este tiempo. Ni lo que escuchan. Ni lo que contemplan. Ya no estoy en las redes sociales. Todavía prefiero el mundo de los bares al mundo digital. Me resulta menos violento. Menos oscuro. Menos solitario.

Los de mi generación no hemos dejado de ser jóvenes en nuestra cabeza, pero ahora, con las manos ya arrugadas, sostenemos la copa de vino o de whisky o de tequila, de otra manera, con menos firmeza, con un entusiasmo doméstico que, como los cubitos de hielo, se va diluyendo lentamente tras cada trago. No cambiamos el mundo. No lo conseguimos. El mundo continúa regido por los multimillonarios. Los delincuentes habituales. Los que nunca pierden. El mundo, eso sí, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Nos ha moldeado. Nos ha esculpido. A la camarera le ha adornado con ojeras de tuberculosa y una belleza teñida y balbuceante, de mirada distraída, que más que acuosa es servicial y a mí me ha situado a esta hora fatigada en esta cafetería de barrio bebiendo un vino de raza mediocre, áspero y resistente, por no tenerme demasiado en cuenta.

Ahora la camarera pasa la bayeta por la superficie de la barra con una determinación concienzuda, casi brusca, como si así lograra borrar de su memoria todas las derrotas que ha tenido que admitir. Es hora de regresar a casa. La sirena de una ambulancia se esparce por la calle como un huracán que se va acercando.

Uno de los trabajos más desconocidos del mundo digital es el de la moderación de plataformas. Son todas aquellas personas que apartan del contenido público aquello que no debe verse, como mutilaciones, autolesiones o todo tipo de abusos. Sin embargo, existe una categoría aún más oscura que la industria digital encuadran en la categoría de “moderación”: la suplantación de cuentas en las aplicaciones de citas y páginas de contactos.

“Cuando iniciaba sesión en mi panel de trabajo, tenía acceso a múltiples perfiles falsos de varios géneros; normalmente de tres a cinco personajes diferentes que podía manejar simultáneamente. A veces tenía que operar personajes masculinos y femeninos en el mismo día, dependiendo de lo que los usuarios de la plataforma estuvieran buscando”, relata Michael Geoffrey Asia, un trabajador que desempeñó este trabajo en Nairobi.

“Existe una idea equivocada sobre este trabajo”, coincide Oskarina Verónica Fuentes, que lleva una década realizándolo desde Venezuela y Colombia. “La gente piensa que es fácil porque trabajamos desde casa, frente a la computadora. Algunos también creen que ganamos mucho dinero y que tenemos beneficios adicionales por trabajar para grandes empresas tecnológicas. Otros no tienen idea de que el entrenamiento de la IA se hace de esta manera y no en una oficina con un equipo tecnológico extraordinario”, añade.

Ambos testimonios han sido recogidos por el proyecto Data Workers, que anima a estos trabajadores clave para la sociedad digital a que expongan la realidad de su sector, se alíen y peleen por sus derechos laborales. Desde 2022 han participado más de una veintena de ellos, desde Alemania hasta Kenia, y desde Brasil hasta Siria. Sin embargo, el último de ellos, enviado por Michael Geoffrey Asia, ha añadido una capa más de profundidad a lo que sabemos sobre la “moderación”.

En la era de la IA, estos trabajadores ya no solo intervienen para “afinar” un modelo, evaluando la calidad de texto, imágenes y vídeos que genera. También se hacen pasar por ella por 5 céntimos cada respuesta, escribiendo al menos 40 palabras por minuto.

Siempre sospeché que algunas de las personas al otro lado del chat pensaban que yo era un compañero de IA. A veces me preguntaban si era real, o me ponían a prueba con preguntas que parecían diseñadas para atrapar a un bot

“Siempre sospeché que algunas de las personas al otro lado del chat pensaban que yo era un compañero de IA. A veces me preguntaban si era real, o me ponían a prueba con preguntas que parecían diseñadas para atrapar a un bot. Cuando más tarde leí sobre este tipo de 'parejas' de IA, me di cuenta: la empresa probablemente me estaba usando para entrenar estos sistemas. Cada conversación que tenía, cada respuesta que redactaba, cada forma en que aprendía a mantener a los usuarios interesados”, desvela Asia.

En estas plataformas, la inteligencia artificial suele encargarse de las tareas de recolección de datos y de las respuestas más genéricas, mientras que los humanos aportan la “sensación de humanidad” que los algoritmos aún no pueden replicar con éxito. El trabajador se encarga de gestionar emociones como la empatía, el humor o las interacciones sexuales, mediante un sistema diseñado para ocultar esta suplantación digital.

“Estaba entrenando a mi propio reemplazo, enseñando a las máquinas cómo manipular a personas solitarias de la misma manera que a mí me obligaban a hacerlo”, continúa el trabajador.

Una estafa doble

La realidad de los trabajadores precarios que están detrás de muchos de los sistemas que en Occidente pasan por “automáticos” es otra de las caras ocultas del sector. “Este tipo de simulación o personificación no es nuevo, sino que es una constante en la industria de la IA. Casos de compañías de tecnología que usan trabajadores precarizados remotos para simular una IA que en realidad no existe se vienen registrando desde hace años” recuerda Milagros Miceli. “Pero el caso de los chats sexuales es especialmente penoso”.

Este tipo de simulación o personificación no es nuevo, sino que es una constante en la industria de la IA. Pero el caso de los chats sexuales es especialmente penoso

Miceli es socióloga y doctora en ciencias de la computación. Es una de las investigadoras más reputadas sobre las asimetrías de poder y explotación que rodean a los trabajadores de la industria de la IA y ha sido incluida este 2025 por la revista Time en la lista de las 100 personas más influyentes sobre esta tecnología. La experta, coordinadora del proyecto Data Workers, destaca cómo este tipo de suplantaciones son humillantes para las dos partes.

“Para el usuario porque la estafa en este caso implica el hecho de que un trabajador de carne y hueso— y no un algoritmo sin discernimiento e incapaz de juzgar— es quien está detrás de las pantallas. Y para ese trabajador, este tipo de simulación implica, además de la presión, la incertidumbre y la mala paga tan comunes en el trabajo de datos, una disociación de la identidad y de las preferencias sexuales que en muchos casos, como el de Michael, se vive con mucha culpa y vergüenza”, detalla en conversación con elDiario.es.

Opacidad

¿Qué tipo de servicios promocionan sus chats íntimos con la IA para luego contratar a personal humano para mejorar la apariencia del robot? ¿Son acaso las 'novias de IA' que publicitan algunas empresas fruto de ese doble engaño? Es complicado penetrar en un sector opaco por naturaleza. Michael Geoffrey Asia desconocía qué plataformas podrían estar contratando sus servicios, ya que él trabajaba para una subcontrata especializada en poner en contacto a personas de zonas necesitadas con compañías digitales que requieran de sus servicios.

Karen Hao, autora de El imperio de la IA, lo denomina “capitalismo de desastre” por la tendencia de estas subcontratas de establecerse en zonas donde ha sucedido una catástrofe social o medioambiental. “Son plataformas que tratan de buscar la mano de obra más barata en el mercado global. Se dieron cuenta es que la mejor manera de encontrarla es ir a los lugares más pobres y desesperados del mundo”, explicaba en una entrevista reciente con elDiario.es.

“Inicialmente, eso fue Venezuela, donde la economía estaba en un estado desastroso, pero la población también estaba altamente educada y tenía alta conectividad. A medida que la economía de Venezuela comenzó a recuperarse ligeramente, el trabajo se trasladó a otros lugares más desfavorecidos durante la pandemia, cuando otros países estaban cayendo en picado, como Kenia”, detallaba.

El contrato de confidencialidad no solo protegía el modelo de negocio de la empresa; nos aislaba, impidiéndonos buscar apoyo o incluso explicar a nuestras familias lo que realmente hacíamos por dinero

Asia sí señala directamente a la plataforma que lo captó a él. Es New Media Services, que se promociona como un servicio “donde la automatización se fusiona con la experiencia humana”. elDiario.es ha tratado de contactar durante varias semanas con New Media Services, sin obtener respuesta a los requerimientos.

Este no es un fenómeno marginal, sino una industria masiva que se extiende por todo el Sur Global como parte de este trabajo fantasma. Se estima que millones de personas sostienen la economía digital desde países con bajos costes laborales como Kenia, Filipinas o diversos puntos de Latinoamérica.

El trabajador también señala otras dos empresas con más peso en el sector de la moderación y el entrenamiento de IA. Son Cloudworkers y EnterTalkPro, que opera varias plataformas de este tipo alrededor del mundo. Ninguna de las dos ha contestado a las preguntas de este medio.

Es una negativa que coincide con los acuerdos de confidencialidad que hacen firmar a sus empleados, que les impide revelar las características de su labor incluso a su familia y amigos. “El acuerdo de confidencialidad de la empresa exigía que no pudiera decirles la verdad. Era obligatorio. Tenías que aceptar el acuerdo para continuar con el proceso de solicitud del empleo”, desvela.

Ese contrato fue otra de las losas que terminaron cayendo sobre su salud mental. “Lo que inicialmente parecía una protección de privacidad estándar se convirtió en una herramienta de silencio y control. No podía revelar la naturaleza del trabajo, las identidades falsas, el contenido sexual o el costo psicológico. El contrato de confidencialidad no solo protegía el modelo de negocio de la empresa; nos aislaba, impidiéndonos buscar apoyo o incluso explicar a nuestras familias lo que realmente hacíamos por dinero”.

Sin derechos

El proyecto Data Workers aspira tanto a aportar luz sobre las facetas escondidas de la industria de la IA como a dignificar la labor de los trabajadores que lo hacen posible. Está auspiciado por el DAIR Institute, fundado por la investigadora Timnit Gebru, co-líder del equipo de IA ética de Google hasta 2020, cuando salió de la empresa tras un conflicto por un artículo crítico sobre esta tecnología (costes ambientales, opacidad, sesgos y concentración de poder).

La reivindicación de Michael Geoffrey Asia es que los daños de este trabajo sean reconocidos. “¿Era real la explotación de la intimidad con fines de lucro? Sí. No nos pagaban solo por los mensajes, sino por la ilusión, convirtiendo nuestras emociones en ingresos”, denuncia. “El pago estaba ligado a la producción: 0,05 dólares por mensaje, cada uno debiendo cumplir con un recuento de caracteres requerido. Para mantener el ritmo, teníamos que escribir al menos 40 palabras por minuto”.

El futuro de la IA debe construirse sobre algo más que nuestra humanidad rota. Hasta entonces, recuerden que una novia de IA que responde a su soledad podría ser simplemente un hombre en un barrio marginal de Nairobi

En Kenia, el salario mínimo ronda los 110 euros mensuales, una cifra que Michael no alcanzaba a pesar de gestionar miles de interacciones desde los suburbios de Nairobi, donde relata que ni siquiera podía pagar su alquiler de forma puntual. En otros lugares como Venezuela, los ingresos por estas tareas pueden ser superiores al salario base oficial, pero no sacan al trabajador de la precariedad ni le permiten esquivar la dependencia de estas plataformas, que no ofrecen seguridad social o contrato estable.

“Lo que me sucedió a mí, y a miles de otros que realizan este trabajo invisible, no fue solo explotación. Fue un borrado sistemático de nuestra humanidad al servicio de la construcción de las mismas tecnologías que nos reemplazarían”, explica Asia. “Fuimos utilizados para enseñar a las máquinas cómo imitar la intimidad, cómo explotar la soledad, cómo sonar humanos permaneciendo completamente vacíos”.

El antiguo moderador, que ahora es secretario general de la Asociación de Etiquetadores de Datos, exige “que los sistemas de IA sean evaluados por sus consecuencias psicológicas, emocionales y sociales antes de su implementación, no después de que el daño esté hecho”. También pide que “la comunidad de trabajadores” pueda participar en las decisiones “sobre cómo se construye, desarrolla, implementa y regula la IA”.

El vacío legal en torno a estas prácticas es enorme. En la Unión Europea, la reciente Ley de IA obliga a que los sistemas identifiquen claramente cuando un usuario está interactuando con una máquina, pero su aplicación aún es incipiente y no contempla el caso específico de humanos haciéndose pasar por IA. En EEUU el vacío es aún mayor después del veto de Donald Trump a que los estados puedan regular la IA y su negativa a establecer reglas nacionales.

El problema se agrava además porque estas empresas operan desde múltiples jurisdicciones: la plataforma puede estar registrada en un país, los trabajadores en otro, y los usuarios en un tercero, creando un limbo legal que las protege de responsabilidades. “Esto no se trata solo de mejores condiciones de trabajo. Se trata de reconocer que no se puede construir una IA ética sobre la base de mano de obra humana explotada y traumatizada”, enfatiza Asia. “Si los datos de entrenamiento provienen de personas que fueron destruidas psicológicamente en el proceso de crearlos, entonces la tecnología en sí misma está contaminada desde el principio”.

Es un aspecto en el que se une con otras trabajadoras de datos y etiquetadoras, como Oskarina Verónica Fuentes. “Desde la distancia, servimos con dedicación para mejorar la inteligencia artificial y hacerla más accesible cada día”, recuerda. Pero “somos fantasmas para la sociedad y me atrevo a decir que somos mano de obra barata y desechable para las empresas a las que hemos servido durante años sin garantías ni protección”.

“Nos merecemos algo mejor. Los usuarios engañados se merecen algo mejor”, concluye Michael Geoffrey Asia: “Y el futuro de la IA debe construirse sobre algo más que nuestra humanidad rota. Hasta entonces, recuerden que una novia de IA que responde a su soledad podría ser simplemente un hombre en un barrio marginal de Nairobi, preguntándose si alguna vez volverá a sentir amor real”.

Una expresión se repite desde hace años en Marruecos: “Koulchi baghi ikhwi” (todo el mundo quiere irse). La pronuncian los jóvenes marroquíes asfixiados por una tasa de desempleo que ronda el 39% y las personas migrantes que, desde hace años, buscan migrar a Europa. Las sensaciones son compartidas: falta de horizontes, precariedad estructural y una dignidad que parece asomar más fuera que dentro del país del norte de África. Una consigna que permite leer paralelamente dos realidades que a menudo se presentan como separadas.

Precisamente en esa línea, y en el contexto de la Copa de África de Naciones (CAN) de fútbol de 2025, un grupo de investigadores, activistas, periodistas y organizaciones de derechos humanos han presentado la iniciativa “CAN yama CAN”, un juego de palabras entre las siglas de la competición y la frase árabe kan yama kan (érase una vez). Se trata de un manifiesto suscrito por asociaciones marroquíes e institucionales y denuncia la continuidad de las violencias, la criminalización de la migración y la utilización de los grandes eventos, en este caso futbolísticos, como herramientas de legitimación política.

El antropólogo social en la Universidad de Manchester y firmante del manifiesto Sébastien Bachelet señala en una entrevista con elDiario.es, que la CAN es al mismo tiempo un momento de celebración legítima y un espacio de interrupción crítica. “Estos eventos generan una euforia colectiva que pueden permitir superar brevemente distinciones sociales, pero también corren el riesgo de invisibilizar las violencias estructurales que persisten”, apunta. En el caso marroquí, añade, la competición no puede analizarse sin interrogarse sobre las prioridades de inversión pública, las desigualdades sociales y el lugar que ocupa la migración y la juventud en el proyecto político del Estado.

Mano de obra sin derechos

Marruecos se ha volcado en la organización de la competición de fútbol que reúne a sus vecinos africanos desde diciembre de 2025. Ciudades anfitrionas como Rabat, Marrakech o Casablanca, entre otros puntos del país, se han convertido en espacios de transformación después de más 870 millones de euros de inversión en infraestructuras, movilidad y adaptaciones a los estándares de la FIFA. Este contexto es clave para entender la situación de las personas migrantes africanas durante la CAN.

El torneo no ha supuesto un cambio radical en lo que se refiere a las políticas migratorias porque estas ya se rigen por una lógica estructural del Estado de reorganización espacial de las poblaciones migrantes, según Nabil Ferdaoussi, investigador y estudiante de Antropología Social en la Universidad de Ciudad del Cabo. “El principal efecto de estos grandes eventos en la población migrante es su inmovilización y retención en polos económicos y lugares específicos donde su mano de obra barata resulta indispensable”, señala. En Agadir, por ejemplo, hay más de 10.000 trabajadores migrantes indocumentados que trabajan en 20.000 hectáreas de invernaderos donde crecen frutas y verduras durante todo el año.  

Otras regiones como Berkane, Beni Mellal, Juribga o Kelaat Sraghna dependen en gran medida de los trabajadores migrantes en situación irregular, empleados en condiciones precarias y sin protección legal. “A través de estas decisiones y prácticas, las personas migrantes en Marruecos se convierten en personas sedentarias, pero útiles”, apunta Ferdaoussi.

El principal efecto de estos grandes eventos en la población migrante es su inmovilización y retención en polos económicos y lugares específicos donde su mano de obra barata resulta indispensable

Nabil Ferdaoussi — Investigador de la Universidad de Ciudad del Cabo

Esta contradicción se vuelve especialmente visible en el marco de la CAN. Como relata Ferdaoussi, “los migrantes ya están integrados en la lógica del mercado”. Es decir, muchos de ellos han participado directamente en la preparación del evento a través de la limpieza de las calles, las obras de construcción o el manteamiento de infraestructuras, mientras que, al mismo tiempo, se han tomado medidas excepcionales para que permanezcan fuera de los espacios relacionados con la CAN.

“Un joven que vendía dashikis (camisa colorida usada principalmente en África occidental) en la playa de Agadir, a unos cientos de metros de la zona de aficionados de la ciudad, a una pareja de turistas blancos fue detenido inmediatamente por agentes vestidos de civil”, apunta Ferdaoussi.

“Al fin y al cabo, la Copa África es africana y puede que no plantee un problema político grave para Marruecos y sus políticas migratorias, en la misma media que, por ejemplo, sí lo haría el Mundial de 2030. La industria turística que acompaña a la organización de la competición futbolística mundial puede requerir de medidas austeras de ”limpieza de migrantes“, añade el investigador. 

Una generación prescindible

Ayoub vive en Casablanca, es graduado en informática y está en búsqueda activa de empleo. “No está siendo fácil”, cuenta. “Hay dinero para la Copa África, mientras que no lo hay para mejorar las condiciones de nuestras vidas”, añade. “Además, Casablanca se está convirtiendo en una ciudad cada vez más cara a raíz de las inversiones extranjeras, competiciones como la CAN o el Mundial de 2030…”. Las reivindicaciones durante las manifestaciones de septiembre y octubre de 2025 apuntan al sentimiento de exclusión en un país que demuestra capacidad para organizar grandes eventos, pero no para garantizar derechos básicos.

La expresión “koulchi baghi ikhwi” toma también fuerza en este sentido. Para Ferdaoussi, el deseo de salir de Marruecos que experimentan las generaciones más jóvenes no es solo migratorio, sino profundamente político. Por su parte, Thierry Desrues, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (ISEA) de Córdoba apunta que “estos jóvenes no están integrados políticamente. En Marruecos, los partidos que ocupan el Parlamento no representan un conflicto real entre proyectos de sociedad. Su función es, más bien, actuar como intermediarios entre el Palacio y la población, y a menudo servir también a intereses propios. En ese contexto, la juventud no encuentra canales de representación”. 

Romper la falsa oposición entre marroquíes y migrantes

El mercado senegalés del centro de Casablanca está pletórico el 9 de enero, fútbol mediante. Senegal ha ganado a Mali y se clasifica para las semifinales. Entre vítores, el rugido de los tubos de escape de las motos y los pitidos de una decena de vehículos asoman símbolos de convivencia y respeto entre senegaleses y marroquíes. Se difumina por unas horas el discurso dominante, que tiende a establecer una frontera artificial entre marroquíes y migrantes.

Los jóvenes no están integrados políticamente. En Marruecos, los partidos que ocupan el Parlamento no representan un conflicto real entre proyectos de sociedad.

Thierry Desrues — Científico titular del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Córdoba

El manifiesto “CAN yama CAN” apunta que la criminalización de la migración no es un fenómeno externo, sino una política que también afecta a la ciudadanía de Marruecos. Bachelet subraya, en ese sentido, que la cuestión migratoria no puede entenderse como un problema aislado.

“La criminalización de las personas migrantes forma parte de un régimen político más amplio de gestión de lo indeseable”, explica el antropólogo, que añade que la violencia ejercida contra las personas migrantes no es ajena a la frustración política que atraviesa la juventud marroquí, y advierte: “La pregunta es si la CAN no acabará funcionando también como una distracción que permita aplazar o silenciar reivindicaciones sociales más amplias”.

Balears, anys seixanta. Mentre l'arxipèlag es ven al món com a paradís vacacional, centenars de treballadors sostenen el miracle turístic des de soterranis sense llum, llits compartits i jornades interminables. L'arribada massiva de mà d'obra des de la península i l'absència de polítiques públiques que esmorteixin l'impacte humà del turisme de masses converteixen en norma la precarització laboral, un model que, a més, dificulta la resposta col·lectiva: la temporalitat, els baixos salaris, la falta de contractes estables i la mobilitat constant dels treballadors segons la temporada impedeixen la creació de llaços sòlids i sostinguts en el temps. Molts empleats romanen a les illes tan sols uns mesos a l'any per tornar al cap d'un temps als seus llocs d'origen.

“Les condicions humanes en què es troba l'empleat de l'hostaleria són desastroses. Jo he treballat en dos famosos hotels i tant en un com en l'altre les habitacions del personal eren dues sales grans ocupades per 50 persones. I quan una dutxa funcionava era una autèntica festa”. És el testimoni de José Humerto, un d'aquells treballadors que van patir de primera mà la cara oculta del boom turístic a Balears. El seu relat, recollit per l'escriptor Llorenç Capellà, posa veu a una realitat sistemàticament invisibilitzada que no sona tan llunyana: la d'una plantilla precaritzada, sotmesa a condicions de vida i treball extremes, normalitzades durant dècades com a preu inevitable del creixement turístic.

Mentres els hotels promocionaven luxe i modernitat de cara a l'exterior, en molts d'ells els treballadors afrontaven una absoluta falta d'intimitat i pèssimes condicions higièniques. “L'allotjament gairebé sempre és inhumà, les habitacions no són adequades per allotjar persones, sinó per allotjar porcs. Gairebé sempre solen estar instal·lades en soterranis i això suposa que les parets regalimin humetat i que les habitacions fins i tot s'inundin quan plou”, relatava Juan López, un altre extreballador de l'hostaleria, en conversa amb Capellà.

L'allotjament gairebé sempre és inhumà, les habitacions no són adequades per allotjar persones, sinó per allotjar porcs

Juan López — Extreballador d'hotel, en una entrevista amb Llorenç Capellà

Els treballadors que van sostenir el miracle turístic

L'experiència d'aquests treballadors, recordada per l'historiador Pere J. Garcia Munar al seu llibre Obrers i sindicats. De la dictadura a la democràcia. Mallorca, 1968-1981, no va ser una excepció, sinó part d'un model laboral que va convertir l'allotjament i el descans en un privilegi i que va sostenir durant anys el creixement accelerat de la indústria turística a Mallorca. A la seva obra, recentment publicada per Documenta Balear, l'investigador explica que la configuració del moviment obrer a la Mallorca del tardofranquisme va estar profundament condicionada per les particularitats del mercat laboral turístic i com, a diferència d'altres zones de l'Estat, el sindicalisme mallorquí es va desenvolupar en un context d'escassa conflictivitat inicial, marcat per una forta immigració laboral, una elevada rotació d'ocupació i l'absència de grans concentracions industrials que facilitessin l'organització col·lectiva.

L'expansió del turisme a Balears no només va transformar l'economia insular, sinó que va alterar de forma profunda l'estructura social i laboral de les illes. Des de mitjans dels seixanta, l'hostaleria va absorbir una població treballadora arribada majoritàriament de la península, primer de forma estacional i de forma cada vegada més permanent després. Tanmateix, les condicions de vida eren extremadament dures: precarització, desarrelament, baixos salaris i temporalitat van marcar els inicis d'aquest nou proletariat turístic. L'enorme demanda de treballadors que va generar el boom turístic es va trobar, a més, amb l'absència de polítiques d'habitatge, així com d'estructures socials i habitacionals preparades per acollir-los.

L'historiador, especialitzat en el moviment obrer i la transició democràtica a Balears, subratlla que la nova classe obrera turística tenia un doble origen: d'una banda, mallorquins que abandonaven les tasques tradicionals del camp o de petites indústries per incorporar-se als hotels; de l'altra, un contingent creixent de treballadors procedents de la península, que arribaven a l'arxipèlag amb escassa formació professional i que acceptaven condicions de treball molt dures amb l'expectativa de millorar la seva situació econòmica, cosa que reforçava la precarització estructural del sector. “Des d'Andalusia, Múrcia, Castella-la Manxa, entre altres, arribaven a Mallorca amb l'esperança de millorar la seva situació, però les condicions en el sector turístic no eren gens bones: horaris molt llargs, falta de contractes, salaris baixos, vivenda al mateix hotel, moltes vegades en magatzems o convivint en espais reduïts amb un gran nombre de persones. En moltes ocasions el menjar eren les sobres dels menjadors dels hotels i la higiene tant dels allotjaments com dels vestidors era pèssima”, subratlla Garcia Munar.

Des d'Andalusia, Múrcia, Castella-la Manxa, entre altres, arribaven a Mallorca amb l'esperança de millorar la seva situació, però les condicions dins el sector turístic no eren gens bones: horaris molt llargs, falta de contractes, salaris baixos, vivenda al mateix hotel, moltes vegades en magatzems o convivint en espais reduïts amb un gran nombre de persones

Pere J. Garcia Munar — Historiador i autor d''Obrers i sindicats: de la dictadura a la democràcia. Mallorca, 1968-1981'

En declaracions a elDiario.es, una d'aquelles famílies, en el seu cas procedent del poble albaceteny de Villarrobledo, relata la seva experiència en un hotel de Ses Figueretes (Eivissa) en què va ser contractada, principalment en el servei de cambrers de menjador, bar i habitacions. Un dels seus membres tenia 12 anys quan va començar a treballar com a mosso. “Els germans dormíem en una cambra amb lliteres, les germanes en una altra”, recorden dos d'ells, que assenyalen que els recepcionistes “tenien més privilegis”. Amb tot, asseguren que en aquell moment no tenien la sensació d'“estar malament”: “Hàviem passat molta fam i a l'hotel, al menys, ens donaven menjar i habitació”. 

La mateixa família recorda que, precisament de la mateixa localitat, quatre integrants d'una altra família i sis treballadors viatjaven a bord del Caravelle que, el 7 de gener de 1972, es va estavellar a la Serra d'Atalayassa, a Eivissa, mentre iniciava la maniobra d'aterratge. A l'avió viatjaven treballadors que es desplaçaven cap a la major de les Pitiüses a la recerca de treball a l'hostaleria i la construcció, un altre dels sectors que es trobava en plena expansió al caliu del boom turístic, necessitat de mà d'obra barata i disponible d'immediat.

A causa de les adverses condicions meteorològiques, l'aeronau, que realitzava el vol regular 602 entre València i Eivissa, va col·lidir en Ses Roques Altes, on, a l'actualitat, un altar recorda les 104 persones mortes en el sinistre, la totalitat dels seus ocupants, molts d'ells joves que viatjaven amb contractes verbals, promeses d'ocupació o expectatives incertes de llaurar-se el seu futur laboral a l'illa. La tragèdia va deixar al descobert una realitat poc visible del miracle turístic: l'existència d'una migració laboral precariazada, organitzada sovint a través de xarxes personals i sense garanties, que va alimentar durant anys el creixement accelerat del sector. La seva pèrdua es va convertir en un dels episodis més durs del cost humà del model turístic.

Absència de polítiques d'habitatge

Els treballadors que es van incorporar a treballar a l'hostaleria balear, primer a Mallorca i progressivament a la resta de les illes, tenien com a marc regulador la Reglamentació de Treball de 1944, que obligava els hotels a proporcionar habitació i menjar. No obstant això, el que s'oferia a molts d'ells eren habitacions col·lectives en soterranis, sense llum natural, al costat de maquinàries sorolloses i en condicions de salubritat deficients. La manutenció, també obligatòria, s'organitzava de forma jeràrquica. Els hotels solien disposar de diferents menjadors: un per a les categories superiors, amb menjar de qualitat, i un altre -conegut com a menjador de la família- per a la resta, on se servien sobres i aliments de baixa qualitat, en ocasions en condicions sanitàries dubtoses.

A Balears, a més, el Pla d'Estabilització de 1959 -elaborat per figures de l'Opus Dei com Laureano López Rodó- va marcar un punt d'inflexió decisiu a la història social i laboral de Mallorca, però no en un sentit neutral ni beneficiós per a la classe treballadora. Es tracta d'un instrument amb el qual el règim franquista va abandonar definitivament l'autarquia i va apostar per una modernització econòmica subordinada al capital exterior, basada en la liberalització, l'obertura al turisme internacional i l'atracció de divises. En el cas de l'illa, aquesta estratègia va tenir un impacte immediat: va accelerar la terciarització de l'economia i va convertir el turisme en l'eix central del creixement, desplaçant a gran velocitat l'agricultura i les petites indústries tradicionals.

No obstant això, aquesta transformació es va produir sense un projecte social paral·lel. Segons l'historiador David Ginard, la modernització econòmica iniciada després del Pla va generar ocupació, però també va fragmentar la classe treballadora i va dificultar durant anys l'articulació d'una resposta sindical sòlida en sectors com l'hostaleria, ignorant les conseqüències laborals i habitacionals d'aquest model. L'arribada massiva de mà d'obra no va ser acompanyada de polítiques d'habitatge, serveis públics ni regulació efectiva de l'ocupació. El resultat va ser una classe treballadora jove, immigrant i extremadament vulnerable, atrapada en feines temporals i mal remunerades.

Segons l'historiador David Ginard, la modernització econòmica iniciada després del Pla d'Estabilització de 1959 va generar ocupació, però també va fragmentar la classe treballadora i va dificultar durant anys l'articulació d'una resposta sindical sòlida en sectors com l'hostaleria, ignorant les conseqüències laborals i habitacionals d'aquest model

“Barraquisme vertical”

Manuela Aroca Mohedano, doctora en Història Contemporània, responsable dels projectes històrics de la Fundació Francisco Largo Caballero i professora associada de la Universitat Carlos III de Madrid, llança una altra reflexió: no hi havia barraquisme visible als carrers, però sí el que ha definit com a “barraquisme vertical”, ocult dins els mateixos hotels. A més, amb un entramat gairebé inabastable de categories professionals -fins a 192 i més de mil salaris teòrics diferents-, la llei, lluny de protegir la plantilla, facilitava l'abús empresarial i feia impossible el control efectiu de drets bàsics com els descansos o les retribucions reals. Com explica a la seva investigació El sindicalismo en la hostelería de Baleares: del franquismo a la democracia, la regulació laboral impulsada en els primers anys de la dictadura franquista va crear una estructura profundament jerarquitzada i opaca que, en la pràctica, deixava milers de treballadors del turisme sense mecanismes de defensa precisament en el moment en què el sector es convertia en el motor econòmic de les illes.

“El règim franquista estava molt interessat en el sector turístic -seguint altres models insulars- i permetia certa llibertat amb l'objectiu de potenciar el turisme. Per a això se centrava en la regulació de l'oferta turística, amb l'abandonament de l'aplicació de les normes laborals, la qual cosa va propiciar situacions límit a finals dels seixanta i primers dels setanta dels seus empleats, especialment els originaris de la península”, subratlla la investigadora.

El règim franquista estava molt interessat en el sector turístic -seguint altres models insulars- i permetia certa llibertat amb l'objectiu de potenciar el turisme. Per a això se centrava en la regulació de l'oferta turística, amb l'abandonament de l'aplicació de les normes laborals, la qual cosa va propiciar situacions límit a finals dels seixanta i primers dels setanta dels seus empleats, especialment els originaris de la península

Manuela Aroca Mohedano — Historiadora

La normativa establia, a més, que un mateix treballador no havia de cobrir els tres torns diaris -esmorzar, dinar i sopar-. No obstant això, el que era habitual era just el contrari. La pressió del turisme internacional, els vols nocturns i les excursions obligaven a realitzar horaris intempestius i solapaments continus. Com assenyala Aroca, els dies lliures i les vacances eren també un dret que s'aplicava de forma discrecional. En molts casos, el descans era un privilegi i no un dret, mentre la temporalitat de l'ocupació impedia, a més, qualsevol tipus d'estabilitat: durant anys, molts treballadors només van residir a les illes durant la temporada alta, tornant als seus llocs d'origen a l'hivern.

La resposta sindical

No va ser fins a finals dels seixanta i, sobretot, durant els primers setanta quan van començar a aparèixer conflictes laborals més visibles, impulsats per petits grups de treballadors polititzats i per l'acumulació de greuges al sector: la combinació de precarització laboral, amuntegament i absència de canals de representació va portar la indústria a una situació límit, cosa que va motivar la resposta sindical, encara que de forma tardana i desigual. Durant bona part dels seixanta, l'organització més visible va ser la Unió Sindical Obrera (USO), mentre que les CCOO van tardar a arrelar i ho van fer de manera molt diferent a la de la resta de l'Estat.

A Mallorca, el sindicat no va néixer com una organització sindical pròpiament dita, sinó com una estructura de conscienciació polític-sindical impulsada per militants procedents de diferents àmbits ideològics. En paraules de Garcia Munar, CCOO “va néixer des de dalt”, fruit d'una consciència política prèvia més que de conflictes laborals de base. La primera comissió es va constituir el 22 d'abril de 1968, coincidint simbòlicament amb el cinquè aniversari de l'afusellament del comunista Julián Grimau, en un moment en què la mobilització obrera a l'illa era encara molt limitada.

L'investigador destaca que la terciarització accelerada de l'economia mallorquina va generar una classe treballadora molt fragmentada, sense grans fàbriques ni espais de socialització obrera. A diferència d'altres territoris industrials, a Mallorca no es van produir grans aglomeracions de treballadors ni barris obrers consolidats. La socialització es donava de forma dispersa, sovint dins els mateixos hotels, on convivien treballadors de diferents categories, però separats per una rígida jerarquia laboral i salarial.

Garcia Munar destaca que la terciarització accelerada de l'economia mallorquina va generar una classe treballadora molt fragmentada, sense grans fàbriques ni espais de socialització obrera. A diferència d'altres territoris industrials, a Mallorca no es van produir grans aglomeracions de treballadors ni barris obrers consolidats

En aquest context, la divisió extrema en categories professionals -més d'un centenar en alguns establiments- i la convivència en espais reduïts dins els hotels reforçaven un classisme intern que dificultava l'acció col·lectiva. Com recull Garcia Munar, no era el mateix ser recepcionista que cambrer o personal de neteja, ni en salari ni en tracte ni en condicions d'allotjament. Aquesta fragmentació va actuar durant anys com un fre a l'organització sindical i a la protesta.

El turisme va impulsar la prosperitat de l'illa, però a costa dels qui la sostenien. Al darrere de la imatge de modernitat i benestar, els historiadors que s'han submergit en la realitat que s'amagava darrere el boom dels anys seixanta i setanta coincideixen a assenyalar que el model es va construir sobre l'amuntegament, les jornades sense fi i la suspensió dels drets bàsics dels treballadors. Aquella precarització no va ser una anomalia, sinó una conseqüència estructural del creixement, avalada per la legalitat vigent, assumida socialment i silenciada pel discurs polític. Durant dècades, la vida quotidiana d'aquells treballadors va quedar fora del relat oficial -i triomfal- del desenvolupament econòmic.

Balears, años sesenta. Mientras el archipiélago se vende al mundo como paraíso vacacional, cientos de trabajadores sostienen el milagro turístico desde sótanos sin luz, camas compartidas y jornadas interminables. La llegada masiva de mano de obra desde la península y la ausencia de políticas públicas que amortigüen el impacto humano del turismo de masas convierten en norma la precarización laboral, un modelo que, además, dificulta la respuesta colectiva: la temporalidad, los bajos salarios, la falta de contratos estables y la movilidad constante de los trabajadores según la temporada impiden la creación de lazos sólidos y sostenidos en el tiempo. Muchos empleados permanecen en las islas tan solo unos meses al año para regresar al cabo de un tiempo a sus lugares de origen.

“Las condiciones humanas en que se encuentra el empleado de la hostelería son desastrosas. Yo he trabajado en dos famosos hoteles y tanto en uno como en otro las habitaciones del personal eran dos salas grandes ocupadas por 50 personas. Y cuando una ducha funcionaba era una auténtica fiesta”. Es el testimonio de José Humerto, uno de aquellos trabajadores que sufrieron de primera mano la cara oculta del boom turístico en Balears. Su relato, recogido por el escritor Llorenç Capellà, pone voz a una realidad sistemáticamente invisibilizada que no suena tan lejana: la de una plantilla precarizada, sometida a condiciones de vida y trabajo extremas, normalizadas durante décadas como precio inevitable del crecimiento turístico.

Mientras los hoteles promocionaban lujo y modernidad de cara al exterior, en muchos de ellos los trabajadores afrontaban una absoluta falta de intimidad y pésimas condiciones higiénicas. “El alojamiento casi siempre es inhumano, las habitaciones no son adecuadas para alojar a personas, sino para alojar a cerdos. Casi siempre suelen estar instaladas en subterráneos y esto supone que la humedad chorree de las paredes y que las habitaciones incluso se inunden cuando llueve”, relataba Juan López, otro extrabajador de la hostelería, en conversación con Capellà.

El alojamiento casi siempre es inhumano, las habitaciones no son adecuadas para alojar a personas, sino para alojar a cerdos

Juan López — Extrabajador de hotel, en una entrevista con Llorenç Capellà

Los trabajadores que sostuvieron el milagro turístico

La experiencia de estos trabajadores, recordada por el historiador Pere J. Garcia Munar en su libro Obrers i sindicats. De la dictadura a la democràcia. Mallorca, 1968-1981, no fue una excepción, sino parte de un modelo laboral que convirtió el alojamiento y el descanso en un privilegio y que sostuvo durante años el crecimiento acelerado de la industria turística en Mallorca. En su obra, recientemente publicada por Documenta Balear, el investigador explica que la configuración del movimiento obrero en la Mallorca del tardofranquismo estuvo profundamente condicionada por las particularidades del mercado laboral turístico y cómo, a diferencia de otras zonas del Estado, el sindicalismo mallorquín se desarrolló en un contexto de escasa conflictividad inicial, marcado por una fuerte inmigración laboral, una elevada rotación de empleo y la ausencia de grandes concentraciones industriales que facilitaran la organización colectiva.

El historiador, especializado con el movimiento obrero y la transición democrática en Balears, subraya que la nueva clase obrera turística tenía un doble origen: por un lado, mallorquines que abandonaban las tareas tradicionales del campo o de pequeñas industrias para incorporarse a los hoteles; por otro, un contingente creciente de trabajadores procedentes de la península, quienes recalaban en el archipiélago con escasa formación profesional y quienes aceptaban condiciones de trabajo muy duras con la expectativa de mejorar su situación económica, lo que reforzaba la precarización estructural del sector.

La expansión del turismo en Balears no solo transformó la economía insular, sino que alteró de forma profunda la estructura social y laboral de las islas. Desde mediados de los sesenta, la hostelería absorbió a una población trabajadora llegada mayoritariamente de la península, primero de forma estacional y de forma cada vez más permanente después. Sin embargo, las condiciones de vida eran extremadamente duras: precarización, desarraigo, bajos salarios y temporalidad marcaron los inicios de este nuevo proletariado turístico. La enorme demanda de trabajadores que generó el boom turístico se encontró, además, con la ausencia de políticas de vivienda, así como de estructuras sociales y habitacionales preparadas para acogerlos. “Desde Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, entre otras, llegaban a Mallorca con la esperanza de mejorar su situación, pero las condiciones en el sector turístico no eran nada buenas: horarios muy largos, falta de contratos, salarios bajos, vivienda en el mismo hotel, muchas veces en almacenes o conviviendo en espacios reducidos con un gran número de personas. En muchas ocasiones la comida eran las sobras de los comedores de los hoteles y la higiene tanto de los alojamientos como de los vestuarios era pésima”, subraya Garcia Munar.

Desde Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, entre otras, llegaban a Mallorca con la esperanza de mejorar su situación, pero las condiciones en el sector turístico no eran nada buenas: horarios muy largos, falta de contratos, salarios bajos, vivienda en el mismo hotel, muchas veces en almacenes o conviviendo en espacios reducidos con un gran número de personas

Pere J. Garcia Munar — Historiador y autor de 'Obrers i sindicats: de la dictadura a la democràcia. Mallorca, 1968-1981'

En declaraciones a elDiario.es, una de aquellas familias, en su caso procedentes del pueblo albaceteño de Villarrobledo, relata su experiencia en un hotel de Ses Figueretes (Eivissa) en el que fue contratada, principalmente en el servicio de camareros de comedor, bar y habitaciones. Uno de sus miembros tenía 12 años cuando comenzó a trabajar como botones. “Los hermanos dormíamos en un cuarto con literas, las hermanas en otro”, recuerdan dos de ellos, quienes señalan que los recepcionistas “tenían más privilegios”. Con todo, aseguran que en ese momento no tenían la sensación de “estar mal”: “Habíamos pasado mucha hambre y en el hotel por los menos nos daban comida y habitación”. 

La misma familia recuerda que, precisamente de la misma localidad, cuatro integrantes de otra familia y seis trabajadores viajaban a bordo del Caravelle que, el 7 de enero de 1972, se estrelló en la Serra d'Atalayassa, en Eivissa, mientras iniciaba la maniobra de aterrizaje. En el avión viajaban trabajadores que se desplazaban hacia la mayor de las Pitiüses en busca de trabajo en la hostelería y la construcción, otro de los sectores que se encontraba en plena expansión al calor del boom turístico, necesitado de mano de obra barata y disponible de inmediato.

Debido a las adversas condiciones meteorológicas, la aeronave, que realizaba el vuelo regular 602 entre València y Eivissa, colisionó en Ses Roques Altes, donde, en la actualidad, un altar recuerda a las 104 personas fallecidas en el siniestro, la totalidad de sus ocupantes, muchos de ellos jóvenes que viajaban con contratos verbales, promesas de empleo o expectativas inciertas de labrarse su futuro laboral en la isla. La tragedia dejó al descubierto una realidad poco visible del milagro turístico: la existencia de una migración laboral precarizada, organizada a menudo a través de redes personales y sin apenas garantías, que alimentó durante años el crecimiento acelerado del sector. Su pérdida se convirtió en uno de los episodios más duros del coste humano del modelo turístico.

Ausencia de políticas de vivienda

Los trabajadores que se incorporaron a trabajar en la hostelería balear, primero en Mallorca y progresivamente en el resto de las islas, tenían como marco regulador la Reglamentación de Trabajo de 1944, que obligaba a los hoteles a proporcionar habitación y comida. No obstante, lo que se ofrecía a muchos de ellos eran habitaciones colectivas en sótanos, sin luz natural, junto a maquinarias ruidosas y en condiciones de salubridad deficientes. La manutención, también obligatoria, se organizaba de forma jerárquica. Los hoteles solían disponer de distintos comedores: uno para las categorías superiores, con comida de calidad, y otro -conocido como comedor de la familia- para el resto, donde se servían sobras y alimentos de baja calidad, en ocasiones en condiciones sanitarias dudosas.

En Balears, además, el Plan de Estabilización de 1959 -elaborado por figuras del Opus Dei como Laureano López Rodó- marcó un punto de inflexión decisivo en la historia social y laboral de Mallorca, pero no en un sentido neutral ni beneficioso para la clase trabajadora. Se trata de un instrumento con el que el régimen franquista abandonó definitivamente la autarquía y apostó por una modernización económica subordinada al capital exterior, basada en la liberalización, la apertura al turismo internacional y la atracción de divisas. En el caso de la isla, esta estrategia tuvo un impacto inmediato: aceleró la terciarización de la economía y convirtió el turismo en el eje central del crecimiento, desplazando a gran velocidad la agricultura y las pequeñas industrias tradicionales.

Sin embargo, esta transformación se produjo sin un proyecto social paralelo. Según el historiador David Ginard, la modernización económica iniciada tras el Plan generó empleo, pero también fragmentó a la clase trabajadora y dificultó durante años la articulación de una respuesta sindical sólida en sectores como la hostelería, ignorando las consecuencias laborales y habitacionales de ese modelo. La llegada masiva de mano de obra no fue acompañada de políticas de vivienda, servicios públicos ni regulación efectiva del empleo. El resultado fue una clase trabajadora joven, inmigrante y extremadamente vulnerable, atrapada en empleos temporales y mal remunerados.

Según el historiador David Ginard, la modernización económica iniciada tras el Plan de Estabilización de 1959 generó empleo, pero también fragmentó a la clase trabajadora y dificultó durante años la articulación de una respuesta sindical sólida en sectores como la hostelería, ignorando las consecuencias laborales y habitacionales de ese modelo

“Chabolismo vertical”

Manuela Aroca Mohedano, doctora en Historia Contemporánea, responsable de los proyectos históricos de la Fundación Francisco Largo Caballero y profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid, lanza otra reflexión: no había chabolismo visible en las calles, pero sí lo que ha definido como “chabolismo vertical”, oculto dentro de los propios hoteles. Además, con un entramado casi inabarcable de categorías profesionales -hasta 192 y más de mil salarios teóricos distintos-, la ley, lejos de proteger a la plantilla, facilitaba el abuso empresarial y hacía imposible el control efectivo de derechos básicos como los descansos o las retribuciones reales. Como explica en su investigación El sindicalismo en la hostelería de Baleares: del franquismo a la democracia, la regulación laboral impulsada en los primeros años de la dictadura franquista creó una estructura profundamente jerarquizada y opaca que, en la práctica, dejaba a miles de trabajadores del turismo sin mecanismos de defensa precisamente en el momento en que el sector se convertía en el motor económico de las islas.

“El régimen franquista estaba muy interesado en el sector turístico -siguiendo otros modelos insulares- y permitía cierta libertad en aras de potenciar el turismo. Para ello se centraba en la regulación de la oferta turística, con el abandono de la aplicación de las normas laborales, lo que propició situaciones límite a finales de los sesenta y primeros de los setenta de sus empleados, especialmente los originarios de la península”, subraya la investigadora.

El régimen franquista estaba muy interesado en el sector turístico -siguiendo otros modelos insulares- y permitía cierta libertad en aras de potenciar el turismo. Para ello se centraba en la regulación de la oferta turística, con el abandono de la aplicación de las normas laborales, lo que propició situaciones límite a finales de los sesenta y primeros de los setenta de sus empleados, especialmente los originarios de la península

Manuela Aroca Mohedano — Historiadora

La normativa establecía, además, que un mismo trabajador no debía cubrir los tres turnos diarios -desayuno, comida y cena-. Sin embargo, lo habitual era justo lo contrario. La presión del turismo internacional, los vuelos nocturnos y las excursiones obligaban a realizar horarios intempestivos y solapamientos continuos. Como señala Aroca, los días libres y las vacaciones eran también un derecho que se aplicaba de forma discrecional. En muchos casos, el descanso era un privilegio y no un derecho, mientras la temporalidad del empleo impedía, además, cualquier tipo de estabilidad: durante años, muchos trabajadores solo residieron en las islas durante la temporada alta, regresando a sus lugares de origen en invierno.

La respuesta sindical

No fue hasta finales de los sesenta y, sobre todo, durante los primeros setenta cuando comenzaron a aparecer conflictos laborales más visibles, impulsados por pequeños grupos de trabajadores politizados y por la acumulación de agravios en el sector: la combinación de precarización laboral, hacinamiento y ausencia de canales de representación llevó a la industria a una situación límite, lo que motivó la respuesta sindical, aunque de forma tardía y desigual. Durante buena parte de los sesenta, la organización más visible fue la Unión Sindical Obrera (USO), mientras que las CCOO tardaron en arraigar y lo hicieron de manera muy distinta a la del resto del Estado.

En Mallorca, el sindicato no nació como una organización sindical propiamente dicha, sino como una estructura de concienciación político-sindical impulsada por militantes procedentes de distintos ámbitos ideológicos. En palabras de Garcia Munar, CCOO “nació desde arriba”, fruto de una conciencia política previa más que de conflictos laborales de base. La primera comisión se constituyó el 22 de abril de 1968, coincidiendo simbólicamente con el quinto aniversario de la ejecución del comunista Julián Grimau, en un momento en que la movilización obrera en la isla era todavía muy limitada.

El investigador destaca que la terciarización acelerada de la economía mallorquina generó una clase trabajadora muy fragmentada, sin grandes fábricas ni espacios de socialización obrera. A diferencia de otros territorios industriales, en Mallorca no se produjeron grandes aglomeraciones de trabajadores ni barrios obreros consolidados. La socialización se daba de forma dispersa, a menudo dentro de los propios hoteles, donde convivían trabajadores de distintas categorías, pero separados por una rígida jerarquía laboral y salarial.

Garcia Munar destaca que la terciarización acelerada de la economía mallorquina generó una clase trabajadora muy fragmentada, sin grandes fábricas ni espacios de socialización obrera. A diferencia de otros territorios industriales, en Mallorca no se produjeron grandes aglomeraciones de trabajadores ni barrios obreros consolidados

En este contexto, la división extrema en categorías profesionales -más de un centenar en algunos establecimientos- y la convivencia en espacios reducidos dentro de los hoteles reforzaban un clasismo interno que dificultaba la acción colectiva. Como recoge Garcia Munar, no era lo mismo ser recepcionista que camarero o personal de limpieza, ni en salario ni en trato ni en condiciones de alojamiento. Esta fragmentación actuó durante años como un freno a la organización sindical y a la protesta.

El turismo impulsó la prosperidad de la isla, pero a costa de quienes lo sostenían. Tras la imagen de modernidad y bienestar, los historiadores que se han sumergido en la realidad que se escondía tras el boom de los años sesenta y setenta coinciden en señalar que el modelo fue construido sobre el hacinamiento, las jornadas sin fin y la suspensión de los derechos básicos de los trabajadores. Aquella precarización no fue una anomalía, sino una consecuencia estructural del crecimiento, avalada por la legalidad vigente, asumida socialmente y silenciada por el discurso político. Durante décadas, la vida cotidiana de aquellos trabajadores quedó fuera del relato oficial -y triunfal- del desarrollo económico.