Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.

Después de dos semanas de huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, el conflicto educativo sigue marcado por las movilizaciones, las negociaciones bloqueadas y una fuerte participación de profesorado, familias y alumnado en todo el territorio. Las reivindicaciones van más allá de la cuestión salarial y ponen el foco en las ratios, las plantillas, las infraestructuras, la burocratización de los centros o la defensa del valenciano y de la escuela pública.

En este contexto, nos encontramos en la Facultad de Magisterio de la Universitat de València con Conxa Delgado Amo Güin, Àngels Martínez Bonafé e Imma Coscollá Girona, maestras vinculadas a los Movimientos de Renovación Pedagógica y al sindicalismo de clase, para recordar la huelga educativa de 1988 y compartir reflexiones sobre las continuidades, los cambios y los aprendizajes entre aquel momento y el presente. Casi cuatro décadas después, sus experiencias permiten poner en diálogo a dos generaciones de lucha docente.

¿Dónde estabais trabajando en el 88 y cuál era el contexto previo a la huelga que llevó a estas movilizaciones?

Àngels: Estaba trabajando con el equipo de asesoras de la Reforma de Enseñanzas Medias y, por tanto, no estaba en un centro concreto. Ayudaba a distintos equipos docentes que iniciaban proyectos pedagógicos alternativos en Secundaria. La llegada de la huelga, por una parte, me emocionaba porque daba respuesta a mucho malestar que también existía en los centros: se le pedían muchas más cosas al profesorado de Secundaria de las que hasta entonces se le habían pedido. Pero, por otra parte, la huelga también suponía una ruptura de los proyectos que llevábamos adelante. Era un momento difícil.

Güin: Estaba en el Colegio Público Mas d’Escoto, de Riba-roja de Túria. Tuve la suerte de estar en un centro muy progresista, y allí hicimos huelga todo el profesorado. Tuvimos algunos problemas con las familias, pero había mucho ambiente asambleario, mucha decisión y mucha conciencia, porque lo teníamos claro. La única sindicalizada era yo, que pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), y además en aquella época era muy militante. Eso hizo que tuviera mucho trabajo, no solo en el centro, sino también en la comarca. Íbamos a las escuelas donde la gente no hacía huelga a explicar las propuestas y a animar a la gente a sumarse.

Imma: Era maestra en el Cervantes de Xirivella, pero, a diferencia del caso de Güin, en mi centro no había una sensibilidad clara a favor de la escuela pública ni de la necesidad de dignificarla. Vivía una especie de esquizofrenia: por una parte, estaba inmersa en el contexto sindical y de renovación pedagógica, donde había una efervescencia de reivindicaciones y sensibilidades; pero, por otra, en mi colegio prácticamente hice la huelga yo sola.

Àngels: Una de las cosas buenas que recuerdo es esa vida comarcal. En las asambleas comarcales te encontrabas con la mejor gente de las escuelas de todo tu entorno. Fueron, realmente, un espacio de encuentro muy bonito, aunque en aquel momento no hubiera unidad sindical, y eso nos permitía encontrarnos con gente a la que querías aunque tuviera planteamientos distintos.

Hablemos de las reivindicaciones. ¿De qué contexto político, social, sindical y educativo venían y cuáles eran las principales demandas?

Àngels: He pensado mucho estos días en el contexto de aquella huelga, porque la del 88 la hicimos con un gobierno socialdemócrata y en un momento en el que se iniciaba todo un proyecto de reformas. Es un contexto muy diferente al actual, en el que tenemos gobiernos en posiciones de extrema derecha. En el caso de Secundaria, que es la experiencia que yo viví, a los institutos empezaban a llegar adolescentes de hasta dieciséis años que nunca antes habían estado en esos espacios, especialmente de otras clases y ambientes sociales. Al profesorado se le pedía que fuera capaz de atender a una diversidad muy grande de alumnado, que asumiera tutorías… y una parte importante del profesorado, acostumbrado al bachillerato, se preguntaba: “¿Tutoría? ¿Y eso para qué sirve?”. Por tanto, era un momento en el que estaba cambiando la propia idea de la enseñanza y también la de lo que significaba ser profesor o profesora de Secundaria. De ahí nacían muchas de las reivindicaciones, porque era necesario que aquella reforma pedagógica viniera acompañada también de una reforma del puesto de trabajo. Y en ese contexto, creo que la huelga era necesaria.

Imma: En Primaria también empezaba a crecer una sensibilidad pedagógica diferente. Al mismo tiempo, había una nueva generación de maestras y maestros que ya llevábamos unos años trabajando dentro de la escuela pública y que empezábamos a tener voz propia para dignificar nuestra situación. De hecho, eso sería un paralelismo con algunas cosas que pueden estar pasando ahora. Recuerdo que se hablaba mucho de la homologación con otros niveles funcionariales, porque era una forma de dignificar el puesto de trabajo. También se insistía mucho en el tema de las ratios. Y, sobre todo en Primaria, era muy importante la reivindicación del cuerpo único, una propuesta muy vinculada a los Movimientos de Renovación Pedagógica y a los sindicatos de clase.

Güin: Justamente, una de las cosas que más he echado de menos en las reivindicaciones actuales es esa del cuerpo único, porque para nosotras era fundamental. Tendría que haber estado también en las reivindicaciones de hoy. Es una manera de dignificar toda la profesión, desde la gente que trabaja en la escuela infantil de 0 a 3 años —que cobra una miseria— hasta quien da clase en la universidad. Creo que, al fin y al cabo, es el mismo trabajo. Y después estaba también el tema de las ratios, que comentaba Imma. Nosotras teníamos 40 o incluso 45 alumnos por clase. Recuerdo perfectamente aquel cambio: de repente entrabas al aula y tenías la sensación de decir “hostia, esto parece vacío”. Y eso te permitía atender mucho mejor al alumnado.

Àngels: También había reivindicaciones relacionadas con el horario de trabajo. Por ejemplo, que se contemplaran horas de permanencia en el centro que no fueran lectivas, sino destinadas a coordinación y formación. Estas dos cuestiones eran fundamentales, aunque no se consiguieron inmediatamente. Si la huelga fue en el 88, la LOGSE se aprobó en 1990, y prácticamente todas las negociaciones de los años siguientes —algunas ya presentes en aquel calendario reivindicativo y otras que fueron apareciendo después— fueron mejorando aspectos como las ratios o el horario laboral. También era muy importante cambiar la normativa sobre las actividades extraescolares. En Secundaria, y creo que también en Primaria, para la gente vinculada a la renovación pedagógica, que intentábamos hacer el máximo posible fuera del aula, era fundamental que dejara de existir aquella normativa según la cual, si había un accidente, se culpabilizaba directamente al profesorado. Y no solo por el riesgo de un juicio, sino porque el cambio implicaba empezar a entender las actividades extraescolares como una parte importante del aprendizaje, y no simplemente como un día de excursión para distraerse. Al final, aunque inicialmente la huelga comenzaba por la reivindicación de la homologación con el funcionariado —una cuestión que a algunas nos daba bastante igual, porque no nos sentíamos funcionarias sino trabajadoras de la enseñanza—, el movimiento fue incorporando otros elementos que sí nos interesaban mucho: queríamos transformar nuestro lugar de trabajo y redefinir qué significaba ser docente. Y eso, poco a poco, el movimiento lo fue consiguiendo.

Imma: Yo quería insistir precisamente en eso. Ahora entramos en una escuela pública y nos encontramos con formación en los centros, actividades extraescolares reguladas y reconocidas pedagógicamente, o con cuestiones como los sexenios, que no dependen tanto de cargos jerárquicos como de la dedicación al centro. También esa diferenciación entre horas lectivas, horas de formación u horas de coordinación. Todo eso, que ahora parece normal, es fruto de aquel movimiento. Por eso es muy importante hacer una lectura política del momento en que estas reivindicaciones empiezan a aparecer. Desde la izquierda, una de las cosas que a menudo perdemos es el sentido de las victorias acumuladas a lo largo de los años. En el pulso constante con el poder hay momentos de parón, de desgaste o de pacto, pero cuando miras atrás y comparas el punto de partida con lo que hay ahora, te das cuenta de que ha habido un cambio enorme. Todo eso ha sido una conquista de aquel movimiento que arranca en ese momento y que, poco a poco, va extendiendo determinadas sensibilidades pedagógicas y políticas. Y esa es la gran fuerza de una huelga así: que acaba desbordando lo que piensa un claustro concreto o unas personas concretas y se extiende como un magma colectivo.

Güin: Es muy importante eso de hacer colectivo. Cuando estás en el colegio explicándole las cosas a las familias, no te sientes sola, porque sabes que hay un movimiento muy grande de maestras y maestros haciendo huelga y reivindicando lo mismo. Creo que la huelga de ahora es mucho más alegre que la que hicimos nosotras. Y eso es bonito. Lo notas en muchas cosas: en el color, en la idea de una camiseta que unifica —que parece una tontería, pero no lo es—, en la música en la calle, en las meriendas, en las columnas que van llegando. A mí me emociona verlo. Nosotras, en aquella época, no lo hicimos así.

Imma: También es cierto que la tecnología y las redes sociales ayudan muchísimo. Y esa es una de las cosas más bonitas: ponerlas al lado de la vida, de la creatividad y de la cohesión. Yo he alucinado viendo que, en una encuesta hecha en un solo día, participaran 40.000 personas y que después hubiera una clasificación por ítems de todas las respuestas. Eso es aprovechar recursos muy potentes que ayudan a crear colectivo. Y también se nota en todos los componentes creativos que vienen, por ejemplo, del 15M o de lo que pasó después de la pandemia: la manera de unirse a través de canciones, de acciones compartidas, de nuevas formas de movilización. Vivimos aquella etapa muy marcadas por la transición política y por la manera de enfrentarnos a la herencia de la dictadura. Las reivindicaciones se vivían con mucha ilusión y con muchas ganas de construir escuela, pero también desde una dureza muy grande. Y ahora hay algo muy importante: entender que la radicalidad no niega la alegría, ni la belleza, ni la creatividad. Tampoco niega la proyección de futuro ni la capacidad de pensar más allá del presente. Y eso es una conquista preciosa.

Àngels: Quiero decirlo claramente: creo que la huelga actual es mejor que la del 88. Y también me gusta pensar que muchas de las personas que ahora la están haciendo fueron alumnas nuestras. Han vivido lo que era hacer asambleas en clase, tomar decisiones colectivas, participar. Ahora están demostrando una enorme capacidad de organización, de toma de decisiones colectivas y también de negociación: no solo frente a la Conselleria, sino dentro de la propia diversidad del movimiento sindical y del movimiento de maestras y maestros. Y creo que esa es una capacidad política muy esperanzadora y muy bonita de la generación que está liderando este momento. Y después hay otra cosa: la belleza y la creatividad también tienen que ver con la escuela. La renovación pedagógica intentaba unir la historia, las matemáticas, la lengua… con la creatividad, la participación y la expresión. Y esta huelga lo demuestra muy bien: hay una plataforma muy estructurada, con reivindicaciones muy claras, pero al mismo tiempo con eslóganes creativos y carteles preciosos. Eso también es fruto de haber pasado por una escuela que ha intentado unir lo científico con lo artístico, lo creativo con lo participativo.

Imma: Y respecto a la gente que la está haciendo ahora, yo creo que una de las características más valiosas de la escuela pública es que quienes la habitan la construyen. Nosotras hacemos la escuela. Movimientos tan grandes como una huelga indefinida hacen que los colectivos empecemos a tomar la palabra sobre la escuela que queremos: una escuela más participativa, más digna, más abierta y con más proyección hacia fuera. Y ahora, en este cambio de ciclo generacional, se están empezando a hacer preguntas muy importantes: cuando decimos inclusión, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué necesita una escuela inclusiva? Cuando hablamos del valenciano en la escuela, ahora —y no en 1990—, ¿qué estamos diciendo exactamente? Y cuando decimos que queremos una escuela pública de calidad y no subsidiaria de la concertada, ¿qué estamos defendiendo? Lo que está pasando es que se está construyendo una voz colectiva para pensar y hacer la escuela que queremos. Y eso es una de las cosas que más me ilusionan de este momento: que es un inicio. Más allá de cómo acabe el proceso, es el comienzo de una nueva manera de aunar una voz colectiva. Una generación que hereda la escuela que nosotras construimos, pero que la repiensa desde su propia experiencia y crea su propio proyecto de futuro. Y eso es necesario para la escuela pública.

Güin: Otra cosa que he notado es que antes los representantes sindicales eran muy serios. Como nosotras. Veníamos de donde veníamos, y vivíamos las reivindicaciones y la lucha sindical de una manera muy intensa, muy dura y muy radical. Por eso, cuando el miércoles escuché a Marc Candela, del STEPV, decir “continuamos en la unidad sindical”, se me pusieron los pelos de punta. Yo pensaba que ANPE y CSIF acabarían descolgándose, porque ya había pasado otras veces. Y ver que la unidad sindical continuaba me emocionó. Además, él lo decía con alegría. Y eso también es importante. Los sindicatos también tienen que aprender de esta nueva manera de vivir la lucha. Porque los sindicatos son fundamentales.

Hemos hablado de la unidad sindical y de las reivindicaciones, pero también me gustaría volver un momento a vuestra relación con los Movimientos de Renovación Pedagógica, porque implicaban una manera concreta de entender y vivir la escuela: hacer escuela desde la participación y la democracia en el aula y en los claustros. ¿Qué puede transformar dentro de una escuela un movimiento de huelga como este?

Àngels: Había una lectura bastante conservadora de ciertas reivindicaciones laborales. Por ejemplo, profesorado de Secundaria que decía: “Yo soy profesor de matemáticas, ¿por qué tengo que hacer tutorías? Que haya un psicólogo o un orientador y que los alumnos que molestan vayan allí”. Desde la renovación pedagógica, en cambio, lo que planteábamos era otra cosa: teníamos que aprender a dar clase de una manera que conectara con aquel alumnado que se aburría en el aula, que no encontraba sentido a la escuela. Y eso implicaba formación, coordinación y tiempo para elaborar propuestas culturales y pedagógicas diferentes. Yo no quería que aquel alumnado “se fuera al psicólogo”; lo que reivindicaba era tiempo para formarme, coordinarme y pensar mejor mi trabajo. Por eso digo que también había maneras reaccionarias de formular los problemas: querer volver a ser el profesor de BUP que solo se preocupaba de su asignatura.

Y no, nosotras no queríamos eso. Ahora, en cambio, la sensación que tengo —vista desde fuera— es que la formulación de los problemas es más global e incorpora mucho más la dimensión pedagógica. El hecho de que las reivindicaciones principales no sean solo salariales, sino también las ratios o las plantillas, ya indica que la dignificación del profesorado se piensa unida a la calidad educativa. Y después está la cuestión del valenciano y de hacer una escuela valenciana. Su presencia dentro de la huelga es una apuesta cultural y también política: una manera de entender el futuro y la cultura del país. Eso le da al movimiento un carácter popular, progresista y claramente de izquierdas. Seguramente no todo el mundo lo vive igual, pero el hecho de que eso esté presente ya abre un camino. No sé qué se conseguirá exactamente con esta huelga, pero el vínculo entre enseñanza en valenciano y enseñanza de calidad ya ha quedado puesto sobre la mesa.

¿Y cómo se vivía, en aquel momento, la relación con la administración pública, teniendo en cuenta que había un gobierno socialdemócrata?

Àngels: La situación era complicada. Aquella era una huelga estatal y las grandes decisiones se tomaban desde el Ministerio de Educación. Además, acababan de transferirse competencias a las comunidades autónomas, y eso también generaba debate en las asambleas: hasta qué punto la Conselleria debía tener autonomía para decidir o si todo seguía dependiendo del MEC. De hecho, en el País Valenciano se consiguieron algunas cosas que en otros lugares no, como aspectos relacionados con la formación del profesorado. Pero sí recuerdo que había una actitud más orientada a la negociación. Lo que no pasaba era eso de levantarse de la mesa, como ha hecho ahora la consellera. Eso ni los consellers ni el ministerio de aquel momento lo hacían.

Güin: Lo que está haciendo Ortí es una ilegalidad, porque su obligación es estar ahí y aguantar lo que haga falta. Si tiene que estar veinte horas negociando, pues veinte; y si tienen que ser cuarenta, cuarenta. Pero también es cierto que el contexto es diferente. Para el profesorado, tener delante a un gobierno de extrema derecha facilita algunas cosas, porque las posiciones están mucho más claras. Los otros también eran duros, ¿eh?, pero nosotras, en aquella época, pensábamos que estábamos en un momento histórico y que teníamos que forzar la máquina. Pensábamos: “si estos, que se supone que son los progres, están haciendo esto, imagínate cuando lleguen los otros”.

Imma: En este cambio de ciclo generacional y político, la transferencia autonómica también marca mucho la manera de entender las responsabilidades sobre las condiciones educativas. Hay que recordar que esta huelga indefinida llega después de meses de demandas de negociación que no habían sido escuchadas. Y, como decía Àngels, más allá de la cuestión salarial, hay toda una necesidad de volver a hablar de ratios, de infraestructuras, de plantillas y de condiciones laborales. Ya lo hicimos hace cuarenta años, pero muchas cosas no se han actualizado; incluso se han deteriorado. Se han perdido plantillas, las ratios se han relajado y las escuelas se han degradado muchísimo.

Y después hay otra cuestión muy importante: qué pasa dentro de los claustros. Cuando un claustro reivindica menos burocracia, no está hablando solo de papeles. En los últimos quince años ha habido una invasión de plantillas informáticas, de ITACA, de formularios prefabricados, que han ido sustituyendo la voz propia de cada escuela. Parece una manera de ahorrar tiempo, pero en realidad es una manera de tapar la voz de los centros. Por eso, cuando un claustro dice “basta de burocracia”, o cuando dice “en valenciano”, ahora mismo está abriendo preguntas muy profundas: ¿qué significa hoy una escuela en valenciano? ¿Qué significa una escuela inclusiva?

Porque la inclusión, si se plantea solo desde una especialidad aislada de la responsabilidad colectiva del centro, es un paso atrás. Pero si se piensa como un proyecto global de escuela inclusiva, estamos hablando de otra cosa. Y yo creo que los claustros han empezado precisamente a poner en voz colectiva todas esas preguntas. Por eso pienso que esta tabla reivindicativa tiene una capacidad transformadora muy grande. Quiero creerlo. Es que estamos muy emocionadas con lo que ha pasado esta semana.

Àngels: También hay que tener en cuenta la diferencia de etapa. Después de la LOGSE vienen veinte años de gobiernos del PP y de recortes constantes: aumento del horario lectivo, aumento de las ratios, deterioro de los centros… Los gobiernos del PP siempre han empeorado las condiciones laborales y eso ha ido acumulando un desgaste muy grande.

¿Qué puede aprender una escuela cuando se moviliza colectivamente?

Àngels: Recuerdo con mucho cariño los encierros en los centros con familias y alumnado. Recuerdo especialmente uno en el que acabamos hablando de los exámenes, de cómo se podían resolver los conflictos entre profesorado y alumnado —porque siempre se daba por hecho que la razón la tenía la profesora y no el alumno—, de los deberes, del trabajo en casa… Aquellos momentos eran muy valiosos. Y me habría gustado que eso se hubiera reproducido más en los centros. Es difícil en el día a día, pero en momentos de huelga sí se pueden abrir estos espacios de debate pedagógico. Ya que estamos en huelga, aprovechemos para hablar de cuestiones que afectan a toda la comunidad educativa: los exámenes, la evaluación, los conflictos, los derechos del alumnado, la participación o el Consejo Escolar —que muchas veces nadie quiere porque se vive como algo aburrido y vacío. Pero precisamente por eso hay que reapropiarse de esos espacios y discutirlos colectivamente.

Imma: Es muy importante visibilizar que la comunidad educativa también la forman las familias. No se trata solo de que apoyen la huelga, sino de que la sostengan. De hecho, FAMPA ha secundado la convocatoria, y las familias son muy conscientes del deterioro de las infraestructuras, de la falta de recursos y de la diversidad que hay dentro de las aulas de sus criaturas. Igual que nosotras formamos parte de una escuela que abrió puertas, esta huelga también puede recuperar una idea muy importante: que las familias forman parte activa de la defensa de una escuela pública de calidad. Eso ya se vio en el referéndum sobre el valenciano. Todo parecía ir en contra, pero la respuesta de las familias a favor del valenciano fue extraordinaria.

Y respecto a la transformación pedagógica dentro de los claustros, creo que hay una palabra clave: complejidad. La complejidad no significa renunciar a las consignas radicales, sino evitar simplificarlas. Significa entender que todo está relacionado. Por eso, esta huelga está transformando las relaciones dentro de los claustros, la manera de hablar, los tiempos y las formas de organizarse. Y eso es tan importante como lo que hace la educación con las criaturas. Cuando tú trabajas por una educación emancipadora, lo haces con el convencimiento de que todo lo que vive una persona forma parte de su trayectoria vital. Y políticamente ocurre igual: la huelga es transformadora porque está transformando la calle y la manera de relacionarnos.

¿Qué les diríais hoy a las personas que están haciendo huelga? ¿Qué es imprescindible para mantener viva esa chispa?

Güin: Que continúen. De verdad, yo lo veo clarísimo, incluso desde la distancia: están en el camino. Esto no se lo van a regalar. Y aunque no me gusta nada utilizar metáforas bélicas, es evidente que es una lucha. Pero una lucha que tiene que seguir viviéndose colectivamente: tocando música, acompañándose, yendo a merendar juntas, repartiendo papeles, convenciendo a la gente, haciendo acampadas en los centros… lo que haga falta. Y sobre todo con las familias, que son fundamentales. Esta huelga la vamos a ganar. No sé exactamente hasta dónde llegará la línea, pero creo que es muy importante evitar una confrontación sindical entre los sindicatos de clase, como nos pasó a nosotras. Si se mantiene esa unidad, llegarán muy lejos.

Àngels: El simple hecho de haber sostenido todos estos días de huelga con un porcentaje tan alto de participación ya es una victoria. Este gobierno de derechas no podrá actuar igual después de esta huelga que antes. Y, además, es una huelga que ha unido escuelas de todo el territorio y que está creando conciencia de País Valenciano. El otro día, en Conselleria, me encontré con compañeras de mi hija Marina, que también es maestra, y estaban muy afectadas porque no habían podido hacer huelga por los servicios mínimos. Y el hecho de que se sintieran mal por haber tenido que estar en el centro… eso también es una victoria.

Imma: Es muy importante lo que está pasando. Por tanto: adelante!. Nosotras estamos muy agradecidas, porque formamos parte de la escuela pública y esto ha sido, verdaderamente, un paso adelante. Y añadiría una última idea. Las que venimos de la renovación pedagógica sabemos que una de las claves que nos ha dado plenitud y compromiso con nuestro oficio ha sido vivirlo en primera persona: vivir el aula, el centro y la relación con las compañeras, los compañeros y las familias desde un lugar propio. No se trata solo de gestionar aquello que te pide la administración. La gota que ha colmado el vaso es, también, toda la docilidad acumulada ante lo que se imponía desde arriba. Y no porque quieras estar en contra de todo, sino porque quieres hacerte presente desde el lugar desde el que quieres construir escuela. A nosotras, vivir así el oficio nos ha hecho maestras felices. Hemos terminado nuestra vida laboral porque tocaba cerrar un ciclo, pero no nos hemos quemado. Y eso es lo que está haciendo ahora la gente que está en huelga. Ese es el camino, y esto ya es una victoria.

Silbatos, cacerolas, bocinas. Cánticos y soflamas. Rabia, emoción y hermandad. Todo eso ha cabido esta mañana entre las 15.000 personas, según la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), convocante de la manifestación, que han recorrido el centro de la capital en una protesta que ha logrado reunir trabajadoras de diversos puntos del país. Pronto han formado una gran marea amarilla, arropada por las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. Mantienen así un pulso contra todas las administraciones competentes. “Cuidamos y educamos a las criaturas más pequeñas. O mejora nuestra situación, o serán ellas las que se verán afectadas también”, ha comentado Rosa Marín.

Ella es una educadora infantil en una escuela del Ayuntamiento de Madrid, además de portavoz de la PLEI: “La manifestación de hoy supone otro hito histórico en nuestra lucha. Compañeras de toda España han querido mostrar su descontento, porque esto ya es inaguantable”. Alrededor de Marín, trabajadoras llegadas desde Castilla–La Mancha, La Rioja, Barcelona, Navarra, Andalucía, Canarias, Asturias, Galicia, Extremadura, Aragón, València y Castilla y León. Al unísono, cánticos como “aquí está, aquí se ve, la fuerza del 0-3” y “no cuidamos, educamos”.

Por el momento, los mayores avances de su lucha se han materializado en reuniones con el Ministerio de Educación y la Consejería madrileña. “El problema es que entran en juego muchas administraciones diferentes”, ha admitido la portavoz. La principal reivindicación que hacen a la cartera dirigida por Milagros Tolón se centra en las ratios: “Queremos unas ratios respetuosas con la infancia. Si las acepta el Ministerio, a las comunidades autónomas no les quedará otra que aplicarlas”.

En su batalla por que la educación de 0 a 3 años esté igualmente regulada que el resto de etapas educativas, la cuestión del número de niños y niñas por aula es fundamental. Según recalcan, lo único que piden es que las cifras sean las mismas que proponen desde la Unión Europea. Mientras que en la actualidad una educadora debe hacerse cargo de ocho bebés de 0 a 1 año, 14 de 1 a 2 años y 20 de 2 a 3 años, las recomendaciones reducen el número a cuatro, seis y ocho, respectivamente.

Otro gran escollo que intentan superar las educadoras infantiles es la falta de financiación, tanto para elevar sus salarios como para incrementar la contratación. “Lo ideal es trabajar con una pareja educativa, ser dos en el aula. Si estás haciendo alguna actividad y surge un imprevisto, como algún conflicto o tener que limpiar a algún niño, la clase no se para”, ha explicado Marín.

Conscientes de que las mejoras deben aprobarse en diferentes organismos hasta que se hagan realidad, las trabajadoras reclaman un plan de trabajo que, paulatinamente, colme sus exigencias. “Queremos que haya intención política, que se firmen los compromisos. Nos hemos reunido con la consejera madrileña siete semanas después de comenzar la huelga. Por el momento, vemos falta de voluntad”, ha denunciado la portavoz.

Juntas son más fuertes

El sol no daba tregua en la calle Atocha, donde algunas manifestantes lanzaban agua pulverizada al aire y otras buscaban la sombra de los árboles. Júlia Capdevila ha sido una de las activistas que ha llegado a la capital desde Barcelona, miembro de La Bressol en Lluita: “Es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”. En su caso concreto y según ha denunciado a elDiario.es esta trabajadora de una escuela pública del Ayuntamiento barcelonés, el Consistorio pretende estabilizar sus puestos de trabajo obligándoles a firmar media jornada.

Unos metros por delante de ella estaban África Martínez, Cristina Dorado y Sheila Domaica, llegadas desde La Rioja. “Ya era hora de que el ciclo de 0 a 3 años saliera a la calle”, han expresado. Además, estas trabajadoras de una escuela infantil pública dependiente del Gobierno regional han señalado a la vocación como esa trampa que les hace “tragar con todo”. “Ya vale. Teníamos que salir a la calle y es lo que estamos haciendo”, han incidido.

Plan de acción para desconvocar la huelga

Manifestaciones como la de hoy, a la que según Delegación del Gobierno han acudido 7.000 personas, también sirven para explicar a la sociedad la labor que realizan las educadoras infantiles en su día a día. Son estas profesionales las que tienen un conocimiento profundo del desarrollo de la criatura, cómo fomentarlo, qué debería hacer y qué no hace, cómo preparar el material para favorecer el juego libre. “Es un trabajo muy exigente a nivel físico y emocional. Si lo hacemos estresadas, desbordadas, ese será el ejemplo que absorban los pequeños, porque aprenden por imitación”, ha añadido la portavoz de PLEI.

Asimismo, sostiene que esta huelga ha llevado “muchísimas horas” de preparación como para desconvocarla sin un reconocimiento explícito de sus necesidades y un plan de acción para atajarlas. “No nos bajamos de aquí a no ser que haya un compromiso político a corto y largo plazo. No se puede ser esenciales para una cosa y las grandes olvidadas y prescindibles para otras”, ha zanjado la propia Marín.

La solidaridad como arma

Camelia Galán es otra de las miles de personas que esta mañana se ha decantado por luchar por sus derechos, que son los de toda la sociedad. “Es imposible que dos manos puedan cuidar de 20 criaturas. Hay días que la realidad te desborda y te ves obligada a dejar de lado la calidad educativa”, ha admitido esta educadora de una escuela pública de la Comunidad de Madrid. Acompañada de Oliver, de ocho años, Galán ha exclamado que “estamos aquí para reivindicar una educación digna que el día de mañana les permita ser mejores personas”.

La fraternidad es una de las armas de la clase obrera que hoy también han enarbolado los estibadores del puerto de Avilés. Estos asturianos, acostumbrados a manifestaciones donde el ruido lo ponen petardos y tracas, han sacado varios botes de humo a lo largo de la marcha, lo que les ha granjeado un toque de atención por parte de la Policía. “Venimos de una huelga de 60 días y sabemos lo que revitaliza este apoyo entre luchas. Las educadoras están en la calle por una causa justa. Hay que defender su lucha si queremos una sociedad justa y equilibrada”, ha comentado Manuel Pravia, uno de estos estibadores.

“Gobierne quien gobierne, la infancia se defiende” y “menos ratio y más salario” han sido los cánticos con los que la cabecera ha colmado la Puerta del Sol. La marabunta de manifestantes ha hecho gala al nombre del kilómetro cero madrileño y luciera más amarillo que nunca. Poco antes de las 14.00 horas y a pesar del calor intenso que ha acompañado a la movilización, los ánimos de lucha y reivindicación seguían por las nubes. Tras la lectura del comunicado final, la céntrica plaza bullía de solidaridad y fuerza. Sus gargantas, sabedoras de participar de algo histórico, todavía guardaban algo de fuerza. Por la lucha que siempre se avecina.

Més d'un centenar de persones que residien a l'antiga presó de Palma han abandonat ja el recinte abans que expiri el termini fixat per l'Ajuntament per executar el desallotjament, segons ha assenyalat aquest dilluns el batle de Palma, Jaime Martínez (PP), en una roda de premsa en la qual ha defensat l'operatiu de recuperació possessòria impulsat pel Consistori sobre el vell complex penitenciari. L'últim cens elaborat per la Policia Local comptabilitzava 208 persones que malvivien des de fa anys a l'antic penal entre residents sense recursos, treballadors precaritzats i migrants. 

Les entitats socials, tanmateix, rebutgen l'argument de la voluntarietat després que el Consistori atorgués cinc dies hàbils -fins al proper dimecres- per abandonar el recinte abans d'iniciar la via judicial. “Sense opcions, no hi ha voluntat possible. El que se'ls està oferint és que, voluntàriament, se'n vagin a viure al carrer”, recriminen.

Així mateix, els col·lectius socials acusen el Consistori de difondre informació falsa i alarmista sobre un suposat focus d'hantavirus a l'antiga presó per justificar la urgència de l'operatiu. En un recent informe, la corporació municipal sosté que les condicions d'insalubritat de l'antiga presó, juntament amb la “important presència de rates”, podrien afavorir la propagació de malalties infeccioses entre les persones que resideixen en el recinte i fins i tot estendre's fora d'ell. El document esmenta expressament patologies com l'hantavirus, el tifus o la pesta, i assevera que l'avançat estat de deteriorament de l'immoble podria afavorir el cicle de transmissió d'aquest tipus de patologies.

Les entitats, entre elles Metges del Món, han qüestionat durament aquestes afirmacions, amb les quals, al seu parer, que qualifiquen “d'alarmistes” i mancades de base científica suficient, i retreuen a l'Ajuntament estar tractant de generar por i estigmatitzar els residents per legitimar el desallotjament en lloc de reforçar els recursos d'acollida i garantir alternatives habitacionals dignes. L'organització recrimina la “greu falta de previsió i planificació” del Consistori davant el desallotjament i alerta que centenars de persones poden quedar abocades a una situació de major exclusió i vulnerabilitat.

Segons l'alcalde, actualment romanen a l'interior de l'antic penal 101 ocupants, per la qual cosa l'Ajuntament dóna per fet que 107 persones han abandonat voluntàriament el recinte des que va començar el procediment.

Martínez assegura que part dels qui han marxat s'han traslladat a la Península, altres han trobat feina o una sortida residencial i alguns han ingressat a presó. A més, 45 persones han estat derivades a l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS). L'alcalde ha insistit que l'Ajuntament no ha detectat que els qui han abandonat el recinte s'hagin assentat en altres enclavaments informals de Palma. “Si identifiquem moviments en els assentaments, s'actua. Però no s'ha identificat res extraordinari”, ha assenyalat.

Les entitats socials, tanmateix, l'argument de la voluntarietat després que l'Ajuntament donés cinc dies hàbils -fins al pròxim dimecres- per abandonar el recinte abans d'iniciar la via judicial. “Sense opcions, no hi ha voluntat possible. El que se'ls està oferint és que, voluntàriament, se'n vagin a viure al carrer”.

La setmana passada, la Junta de Govern de l'Ajuntament va reactivar el desallotjament després de desestimar les 45 al·legacions presentades pels residents del recinte, totes elles “de contingut idèntic”, segons el Consistori. L'equip de govern sosté que les persones afectades han tingut accés a recursos socials i alternatives habitacionals, i justifica la continuïtat de l'operatiu pel “greu deteriorament” de les instal·lacions, que, d'acord amb informes de la Policia Local, Bombers i l'àrea de Sanitat, presenten problemes d'insalubritat i risc d'incendi. A partir d'ara, l'Ajuntament iniciarà la fase definitiva de notificacions, concedint un termini de cinc dies hàbils per abandonar voluntàriament el recinte abans de sol·licitar autorització judicial per executar el desallotjament forçós.

Al llarg de les últimes setmanes, treballadors municipals i agents de la Policia Local van registrar noms i documents en formularis administratius que obrien la porta al desallotjament d'un dels majors assentaments de sensellarisme de la ciutat. Molts dels residents denuncien que no tenen on anar i que ni tan sols poden accedir a una habitació en una ciutat on el preu mitjà del lloguer s'ha disparat.

“Potser agafaré un carro i passejaré pel carrer”, lamentava al febrer Silvino, jubilat asturià i antic cuiner que va arribar a la vella presó després de perdre l'habitació on vivia quan el lloguer va pujar per sobre del que podia pagar amb la seva pensió. Altres residents asseguraven treballar en la construcció, l'hostaleria o feines precàries mentre sobrevivien al recinte sense aigua ni electricitat, entre parets deteriorades, runes i escombraries acumulades.

L'Ajuntament justifica l'actuació per motius de seguretat i salubritat després dels incendis registrats a l'interior de l'antiga presó durant les últimes setmanes. El primer tinent d'alcalde, Javier Bonet, va arribar a suggerir públicament que alguns focs podrien haver estat provocats pels propis ocupants, una hipòtesi plantejada sense proves concloents i que les entitats socials consideren estigmatitzant.

Intervenció urbanística a la zona

El govern municipal sosté, a més a més, que el desallotjament forma part d'una intervenció urbanística més ampla. Un cop buidat el recinte, el Consistori preveu tapiar i enderrocar l'edifici per construir una nova rotonda i un accés viari vinculat al projecte del Consell de Mallorca, a més d'impulsar futures promocions d'habitatge al solar.

La majoria de les persones que encara romanen a l'antiga presó es troben en situació administrativa irregular, cosa que dificulta el seu accés a recursos públics d'acollida. “Pot ser que hi hagi perfils que estiguin de manera irregular a la ciutat i que no puguin accedir a segons quin tipus d'ajudes socials”, ha reconegut Martínez, qui ha confiat que el futur procés estatal de regularització extraordinària “obrirà una finestra” per a aquestes persones.

Tot això ocorre en una de les ciutats amb el mercat immobiliari més tensionat d'Espanya. Al març, el preu de l'habitatge a Palma va assolir els 5.117 euros per metre quadrat -front als 2.709 euros de mitjana estatal-, consolidant-se així com un dels mercats més cars del país, “impulsat per l'alta demanda i la pressió internacional”, segons Idealista. La capital balear concentra a més bona part de l'habitatge en mans de grans tenidors: 8.652 immobles.

Más de un centenar de personas que residían en la antigua prisión de Palma han abandonado ya el recinto antes de que expire el plazo fijado por el Ayuntamiento para ejecutar el desalojo, según ha señalado este lunes el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), en una rueda de prensa en la que ha defendido el operativo de recuperación posesoria impulsado por el Consistorio sobre el viejo complejo penitenciario. El último censo elaborado por la Policía Local contabilizaba 208 personas que malvivían desde hace años en el antiguo penal entre residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. 

Las entidades sociales, sin embargo, rechazan el argumento de la voluntariedad después de que el Consistorio otorgase cinco días hábiles -hasta el próximo miércoles- para abandonar el recinto antes de iniciar la vía judicial. “Sin opciones, no hay voluntad posible. Lo que se les está ofreciendo es que, voluntariamente, se vayan a vivir a la calle”, recriminan.

Asimismo, los colectivos sociales acusan al Consistorio de difundir información falsa y alarmista sobre un supuesto foco de hantavirus en la antigua prisión para justificar la urgencia del operativo. En un reciente informe, la corporación municipal sostiene que las condiciones de insalubridad de la antigua prisión, junto con la “importante presencia de ratas”, podrían favorecer la propagación de enfermedades infecciosas entre las personas que residen en el recinto e incluso extenderse fuera de él. El documento menciona expresamente patologías como el hantavirus, el tifus murino o la peste, y asevera que el avanzado estado de deterioro del inmueble podría favorecer el ciclo de transmisión de este tipo de patologías.

Las entidades, entre ellas Médicos del Mundo, han cuestionado duramente estas afirmaciones, con las que, a su juicio, que califican de “alarmistas” y carentes de base científica suficiente, y reprochan al Ayuntamiento estar tratando de generar miedo y estigmatizar a los residentes para legitimar el desalojo en lugar de reforzar los recursos de acogida y garantizar alternativas habitacionales dignas. La organización recrimina la “grave falta de previsión y planificación” del Consistorio ante el desalojo y alerta de que cientos de personas pueden quedar abocadas a una situación de mayor exclusión y vulnerabilidad.

Según el alcalde, actualmente permanecen en el interior del antiguo penal 101 ocupantes, por lo que el Ayuntamiento da por hecho que 107 personas han abandonado voluntariamente el recinto desde que comenzó el procedimiento.

Martínez asegura que parte de quienes se han marchado se han trasladado a la Península, otros han encontrado trabajo o una salida residencial y algunos han ingresado en prisión. Además, 45 personas han sido derivadas al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento no ha detectado que quienes han abandonado el recinto se hayan asentado en otros enclaves informales de Palma. “Si identificamos movimientos en los asentamientos, se actúa. Pero no se ha identificado nada extraordinario”, ha señalado.

Las entidades sociales, sin embargo, el argumento de la voluntariedad después de que el Ayuntamiento diese cinco días hábiles -hasta el próximo miércoles- para abandonar el recinto antes de iniciar la vía judicial. “Sin opciones, no hay voluntad posible. Lo que se les está ofreciendo es que, voluntariamente, se vayan a vivir a la calle”.

La semana pasada, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento reactivó el desalojo tras desestimar las 45 alegaciones presentadas por los residentes del recinto, todas ellas “de contenido idéntico”, según el Consistorio. El equipo de gobierno sostiene que las personas afectadas han tenido acceso a recursos sociales y alternativas habitacionales, y justifica la continuidad del operativo por el “grave deterioro” de las instalaciones, que, de acuerdo con informes de la Policía Local, Bomberos y el área de Sanidad, presentan problemas de insalubridad y riesgo de incendio. A partir de ahora, el Ayuntamiento iniciará la fase definitiva de notificaciones, concediendo un plazo de cinco días hábiles para abandonar voluntariamente el recinto antes de solicitar autorización judicial para ejecutar el desalojo forzoso.

A lo largo de las últimas semanas, trabajadores municipales y agentes de la Policía Local registraron nombres y documentos en formularios administrativos que abrían la puerta al desalojo de uno de los mayores asentamientos de sinhogarismo de la ciudad. Muchos de los residentes denuncian que no tienen adónde ir y que ni siquiera pueden acceder a una habitación en una ciudad donde el precio medio del alquiler se ha disparado.

“Quizás coja un carro y pasee por la calle”, lamentaba en febrero Silvino, jubilado asturiano y antiguo cocinero que llegó a la vieja prisión tras perder la habitación donde vivía cuando el alquiler subió por encima de lo que podía pagar con su pensión. Otros residentes aseguraban trabajar en la construcción, la hostelería o empleos precarios mientras sobrevivían en el recinto sin agua ni electricidad, entre paredes deterioradas, escombros y basura acumulada.

El Ayuntamiento justifica la actuación por motivos de seguridad y salubridad tras los incendios registrados en el interior de la antigua cárcel durante las últimas semanas. El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, llegó a sugerir públicamente que algunos fuegos podrían haber sido provocados por los propios ocupantes, una hipótesis planteada sin pruebas concluyentes y que las entidades sociales consideran estigmatizante.

Intervención urbanística en la zona

El gobierno municipal sostiene además que el desalojo forma parte de una intervención urbanística más amplia. Una vez vaciado el recinto, el Consistorio prevé tapiar y demoler el edificio para construir una nueva rotonda y un acceso viario vinculado al proyecto del Consell de Mallorca, además de impulsar futuras promociones de vivienda en el solar.

La mayoría de las personas que todavía permanecen en la antigua prisión se encuentran en situación administrativa irregular, lo que dificulta su acceso a recursos públicos de acogida. “Puede ser que haya perfiles que estén de manera irregular en la ciudad y que no puedan acceder a según qué tipo de ayudas sociales”, ha reconocido Martínez, quien ha confiado en que el futuro proceso estatal de regularización extraordinaria “abra una ventana” para estas personas.

Todo ello ocurre en una de las ciudades con el mercado inmobiliario más tensionado de España. En marzo, el precio de la vivienda en Palma alcanzó los 5.117 euros por metro cuadrado -frente a los 2.709 euros de media estatal-, consolidándose así como uno de los mercados más caros del país, “impulsado por la alta demanda y la presión internacional”, según Idealista. La capital balear concentra además buena parte de la vivienda en manos de grandes tenedores: 8.652 inmuebles.

Este 1 de mayo volvemos a alzar la voz por quienes sostienen cada día este país con su trabajo. Para quienes hemos dedicado la vida a la defensa de los derechos laborales, esta fecha no es solo simbólica. Es memoria, es lucha y es, sobre todo, una llamada urgente a no conformarnos.

Podemos sentir orgullo por lo conseguido. La reducción de la temporalidad, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o algunos avances en conciliación no son regalos. Son el fruto de décadas de esfuerzo colectivo, de personas que no nos hemos resignado y que hemos luchado por una vida más digna. A ellas les debemos lo que hoy tenemos.

Pero no basta. No podemos mirar hacia otro lado mientras demasiadas personas siguen atrapadas en la precariedad, mientras los salarios no alcanzan para vivir con dignidad y acceder a una vivienda se convierte en un privilegio y no en un derecho. No podemos aceptar que el trabajo siga siendo, para muchos, sinónimo de incertidumbre, especialmente para jóvenes y mujeres.

La realidad exige decirlo con claridad. El mundo del trabajo ha cambiado y las organizaciones sindicales deben cambiar con él. Su papel sigue siendo imprescindible, pero necesitan recuperar cercanía, credibilidad y fuerza. No pueden permitirse aparecer alejadas de quienes representan. No pueden perder el pulso de la calle ni de los centros de trabajo.

Hoy más que nunca necesitamos sindicatos fuertes, independientes y profundamente comprometidos con la justicia social

El 1 de mayo no puede quedarse en una jornada de gestos o palabras previsibles. Debe ser un punto de inflexión. Un momento para exigir más y mejor, para defender una negociación colectiva valiente que no esquive los conflictos reales. Debemos reclamar transparencia y renovación en las organizaciones, porque el diálogo social solo tiene sentido si pone en el centro a la persona trabajadora.

Hoy más que nunca necesitamos sindicatos fuertes, independientes y profundamente comprometidos con la justicia social. Porque cuando los sindicatos se debilitan, los derechos retroceden. Y cuando el trabajo pierde dignidad, la democracia se resiente.

Este 1 de mayo no es una fecha más en el calendario. Es una advertencia y es un compromiso. Advertencia de que lo conquistado puede perderse si no se defiende cada día. Compromiso de no aceptar la precariedad como norma ni la desigualdad como destino.

No hay justicia social sin derechos laborales. No hay futuro digno sin trabajo digno.

Que este 1 de mayo se convierta en impulso, en exigencia y en acción. Porque los derechos no se heredan. Se conquistan y se defienden.

Organizaciones sindicales como CCOO y UGT, que mantienen una presencia sólida entre trabajadores con trayectorias estables, están encontrando mayores dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado laboral y a quienes ocupan posiciones más vulnerables, apuntan las conclusiones del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recogidas por Funcas.

El dato que más inquieta a las grandes centrales no es tanto la caída sostenida de la afiliación como su reparto por edades. Entre los asalariados de 25 a 44 años, solo el 18% de quienes trabajan a tiempo completo está afiliado; entre los de 45 a 64 años, el porcentaje sube al 26%. La brecha se agranda entre los jóvenes con contratos parciales: apenas un 10% está sindicalizado.

De la rebeldía democrática a la normalización de los derechos

La afiliación sindical en España lleva más de dos décadas descendiendo. A comienzos de los 2000 rondaba el 15% de los asalariados; hoy se sitúa en el 12%-13%. Para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO, comparar la afiliación juvenil actual con la de la Transición es comparar “dos mundos laborales completamente distintos”. En los años setenta el país era demográficamente joven, con incorporación temprana al trabajo, muy masculina y un gran peso industrial.

Gutiérrez explica que las reivindicaciones laborales chocaban con un régimen autoritario, “afiliarse era un acto de rebeldía democrática”. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, coincide. Durante la Transición, recuerda, había un anhelo profundo de libertad sindical. “Derechos que hoy parecen básicos —negociación colectiva, protección social, el propio Estatuto de los Trabajadores— costaron cárcel y vidas”, añade.

La conquista colectiva se ha convertido en suelo asumido. Hoy esos derechos forman parte del paisaje institucional y esa normalización tiene un efecto paradójico: reduce la percepción de urgencia. “Muchos jóvenes han crecido con esos derechos ya consolidados y no siempre identifican al sindicato como su origen”, señala Luján.

A ello se suma una particularidad del modelo nacional: no es necesario estar afiliado para beneficiarse de los convenios colectivos. Lo que reduce el incentivo formal a afiliarse y obliga a las organizaciones a redoblar esfuerzos de presencia y pedagogía. En comparación con otros países de la Europa occidental, el informe sitúa a España en una posición intermedia —similar a Alemania, Italia o Países Bajos—, lejos de los países nórdicos, donde la afiliación alcanza a dos tercios de los trabajadores.

Trabajar más tarde, trabajar peor

Gal·la Torres, recién graduada en Barcelona tras completar sus estudios universitarios —en el ámbito de las ciencias sociales—, se enfrenta ahora a sus primeros empleos. “La precariedad es una de las problemáticas comunes con las que nos enfrentamos cuando entramos al mundo laboral”, resume. A su parecer, su generación accede a trabajos marcados por contratos mal remunerados, la normalización de las horas extra y, en general, condiciones laborales poco favorables.

Samuel Albuquerque, que también acaba de finalizar su formación —en su caso, vinculada al ámbito de la empresa y la gestión— y da sus primeros pasos profesionales, añade otro ángulo al diagnóstico. “Gran parte del problema está en la poca instrucción que recibimos”, sostiene. A su juicio, durante la etapa educativa apenas se informa sobre el papel y la existencia de los sindicatos, su función en la defensa de los trabajadores o cómo pueden intervenir ante situaciones de abuso. 

El retraso en la incorporación al mercado laboral es otro elemento clave: se estudia más tiempo y se accede más tarde al mundo laboral. Y la afiliación, recuerdan los sindicatos, se produce sobre todo en los centros de trabajo. “Si te incorporas de forma tardía y además lo haces con contratos temporales, en sectores precarizados o en empresas pequeñas, el vínculo es mucho más frágil”, explica Gutiérrez.

La temporalidad no solo afectan a las condiciones laborales, sino también al sentimiento de pertenencia. Los datos respaldan esa idea: entre los mayores de 45 años, la brecha por tipo de jornada casi desaparece (24% de afiliación en parcial y 26% en completa). Entre los jóvenes, en cambio, la precariedad actúa como barrera de entrada. “Donde hay estabilidad y representación, el vínculo crece”, resume Luján.

Organizar colectivamente a trabajadores que rotan, encadenan contratos o compaginan empleo y estudios es más complejo. Gal·la lo expresa de forma directa: “Siento los sindicatos un poco lejanos, como si aún no estuviera asentada para afiliarme”. Una distancia que no nace necesariamente del rechazo, sino de la provisionalidad. Samuel tampoco se ha planteado afiliarse por ahora. “No lo descarto, pero todavía no me dedico a tiempo completo a mi profesión”, explica.

“Si sufro solo, no me sirve el sindicato”

Más allá de los factores estructurales, desde el ámbito sindical se señala un cambio cultural de fondo. “La juventud vive muchas veces sus problemas laborales de manera individual”, apunta un responsable sindical. “La precariedad se sufre en casa, con ansiedad, incluso con culpa. El reto es pasar de ese ‘yo que sufre’ a un ‘nosotros’ que organiza y politiza ese malestar”.

El joven en sus primeros pasos profesionales observa esa misma lógica en su entorno. “Aunque algunas cosas no nos gustan, las aceptamos”, reconoce Samuel. “Ese conformismo, unido al desconocimiento de los derechos laborales, actúa como freno a la sindicalización”.

A ello se suman prejuicios persistentes. “Escuchamos que [los sindicatos] ‘no sirven para nada’, que ‘solo están en grandes empresas’, que ‘están politizados’ o que ‘son cosa de gente mayor’”, explica la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura. “Muchas veces esa percepción viene de fuera. Pero cuando alguien tiene un problema concreto y recibe apoyo colectivo, cambia radicalmente”.

La estigmatización también pesa. Desde el sindicato se habla de una “criminalización de la acción sindical” en un contexto de creciente crispación política que desincentiva implicarse. “Hay quien piensa: ‘No me meto en jaleos’. Ese miedo a exponerse influye”. En la misma línea, la estudiante Gal·la, lo resume así: “Deberíamos estar más motivados a sindicalizarnos y defender algo bastante compartido: que las condiciones laborales tienen que cambiar”.

Más que salario: proyecto de vida

Las preocupaciones de la juventud no se limitan al salario. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España se situó a principios de 2026 en una tasa de paro juvenil del 25%, una de las más altas de la Unión Europea. La estudiante recién graduada defiende que: “No se trata solo de cobrar más, sino de poder imaginar un futuro digno”.

Desde el ámbito sindical, la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura amplía el foco: el problema no es únicamente la precariedad, sino también la falta de oportunidades y la emigración juvenil. “Muchos jóvenes no saben si podrán quedarse, emanciparse o consolidar un proyecto de vida. El sindicalismo también tiene que dar respuesta a un modelo productivo que no ofrece certezas”, señala.

En ese contexto, cuestiones como la vivienda, la conciliación o la salud mental han ganado peso en el debate. Pero no son ámbitos aislados. “La vivienda depende del salario. La salud mental está atravesada por la precariedad. La conciliación tiene que ver con las jornadas”, explica la dirigente sindical. “El error es separar estas luchas cuando forman parte del mismo conflicto: cómo se reparten la riqueza y el tiempo de vida”.

Samuel pone el acento en otro aspecto: la comunicación. A su juicio, los sindicatos deberían revisar qué necesidades cubrían originalmente y recuperar la idea de comunidad, más allá del acompañamiento en conflictos individuales. “Hace falta reconstruir ese sentimiento de colectivo y aprovechar mejor las herramientas actuales para llegar a la gente joven”, plantea. Y añade una clave: “Hay que poner en valor lo que aporta la cohesión a la hora de defender a los trabajadores”.

Desde el sindicato insisten en que el cambio es ineludible. “Necesitamos más presencia en sectores precarios y emergentes, mayor apertura en la toma de decisiones y más pedagogía temprana sobre derechos laborales”, señala la responsable de Juventud. “El sindicalismo del futuro no puede hablar sobre la juventud; tiene que construirse con la juventud”, concluye.

Renovarse para no envejecer

Aunque el 66% de los asalariados españoles nunca se ha afiliado a un sindicato, según los datos recogidos por Funcas, los dirigentes rechazan la idea de un declive irreversible. “El sindicalismo confederal no está en riesgo de desaparecer”, afirma Gutiérrez. Pero reconoce que está en juego su modelo: uno de carácter sociopolítico, que no solo negocie salarios, sino que intervenga en debates como vivienda, sanidad o educación, frente a un sindicalismo más corporativo y fragmentado.

El desafío para los sindicatos es demostrar que, en este nuevo contexto, la organización colectiva sigue siendo útil para disputar el reparto del salario, del tiempo y del futuro. Gutiérrez apunta a la importancia de la representación descriptiva: “Si queremos conectar con la gente joven, tenemos que abrir espacios de responsabilidad a jóvenes, que hablen su idioma y compartan experiencias vitales”. Porque, como resume Nicolás Molina, “la juventud no solo quiere trabajar; quiere poder vivir con dignidad”.

Acompañan a personas desempleadas a encontrar trabajo, diseñan itinerarios de inserción y sostienen Andalucía Orienta, una de las principales políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía, pero cada vez les cuesta más sostener su propia vida. “No llego ni al día 10”, lamenta Esteban Robles, un orientador laboral en Granada con casi dos décadas de experiencia que acaba de iniciar un movimiento entre sus compañeros para reclamarle al Ejecutivo regional mejores condiciones salariales.

Lo que comenzó como una conversación entre compañeras ha terminado en una movilización que no para de crecer: más de un millar de firmas recogidas en pocas semanas, contactos con grupos parlamentarios como Adelante Andalucía y una denuncia que apunta directamente al modelo sobre el que se articula el programa Andalucía Orienta: en toda la comunidad autónoma son 722 profesionales los que trabajan en este dispositivo, que atiende cada año a más de 150.000 personas en búsqueda de empleo.

Paradójicamente, mientras ayudan a otros a buscar empleo, sienten que el suyo es precario. “Ahora es lo normal que la persona a la que ayudas a encontrar trabajo cobre más que tú”, explica Robles. Lo que antes era una excepción se ha convertido, dice, en la norma. Y no es sólo una percepción: muchos de estos profesionales perciben salarios en torno a los 1.400 euros netos mensuales, apenas unos 200 euros por encima del salario mínimo. Ese desfase, sostienen, no es coyuntural, sino estructural.

Sueldos congelados desde hace una década

El origen del problema está en la financiación. El programa Andalucía Orienta, creado en 2003, no se ejecuta directamente desde la Junta, sino a través de entidades colaboradoras -ayuntamientos, organizaciones del tercer sector o fundaciones- que reciben subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para contratar a los técnicos. Lo que hace que estas entidades no siempre puedan aportar más dinero para completar los salarios, pese a que desde el Gobierno regional lo señalan como solución.

Según un informe elaborado por los propios profesionales, el coste máximo subvencionable por orientador apenas ha variado en los últimos veinte años y permanece congelado desde 2014, cuando se fijó en algo más de 32.000 euros anuales. Aunque desde que en 2004 se reguló por primera vez Andalucía Orienta se han incrementado los salarios un 20%, la inflación acumulada en la última década -en torno al 25-30%- ha limitado el dinero que queda en la cuenta de estos trabajadores a final de mes, provocando una pérdida de entre 8.000 y 10.000 euros anuales por técnico. Es decir, el sistema funciona hoy con menos recursos reales que hace diez años.

La consecuencia de esta pérdida de poder adquisitivo no es menor. Se traduce en salarios bajos, en rotación de personal y en dificultades para sostener equipos estables. “Hace 20 años el sueldo no estaba mal, pero ahora no llego a mitad de mes”, explica Esteban Robles. “Estamos en esto porque nos gusta acompañar a las personas, pero cada vez cuesta más mantener esa implicación”.

El deterioro no afecta sólo a las condiciones laborales, advierten. Tiene impacto directo en el servicio. Los orientadores trabajan, en muchos casos, con personas en situación de especial vulnerabilidad: desempleo de larga duración, falta de formación, discapacidad o entornos de exclusión. “Hay que hacer un acompañamiento integral, desde cuestiones administrativas básicas hasta ir con ellas a entrevistas. Estamos hablando casi de trabajo social”, cuenta Esteban Robles. En ese contexto, la precarización de quienes sostienen el sistema introduce una tensión evidente: la política pública que pretende mejorar la empleabilidad se apoya en condiciones laborales que la debilitan.

Un modelo externalizado

Por otro lado, el conflicto no se limita a los salarios. Apunta al propio diseño del programa. Los orientadores no son personal de la Junta, sino trabajadores contratados por entidades que dependen casi en exclusiva de la financiación pública. Ese esquema, denuncian, genera un bucle difícil de romper. “La Junta siempre deriva la responsabilidad en las entidades, pero esas entidades no pueden pagarnos más porque dependen totalmente de esa financiación”, explica Robles. “Están al límite y no pueden asumir mejoras por su cuenta”.

Desde la Consejería de Empleo, sin embargo, el argumento va más allá y señalan al Gobierno central. Fuentes oficiales aseguran que no existe margen para aumentar la financiación porque los programas se nutren de fondos estatales procedentes de la conferencia sectorial, que, dicen, llevan cuatro años congelados. “No podemos aumentar la partida”, sostienen.

La explicación no convence a los profesionales, que sitúan el problema en una escala temporal más amplia, recordando que en otras comunidades autónomas la situación de los mismos trabajadores es sensiblemente mejor. La congelación, recuerdan, no es de cuatro años, sino de más de una década. Y, además, señalan que en otras comunidades autónomas con el mismo marco estatal sí se han introducido mecanismos de actualización salarial.

En todo caso, la Junta asegura estar abierta al diálogo, pero dice no conocer a los impulsores de la movilización. “No sabemos quiénes son ni se han puesto en contacto con la Consejería”, señalan, apuntando a la Asociación Sindical Profesional de Orientadores de Andalucía (APAO) como interlocutor habitual. Sin embargo, el movimiento que está emergiendo se ha articulado precisamente al margen de esas estructuras y ha logrado en pocas semanas, sin siglas, un respaldo significativo dentro del sector.

Pero mientras la Junta articula una solución, el malestar sigue creciendo. “Antes leías lo de los trabajadores pobres y te parecía algo lejano. Ahora eres tú”, lamenta Robles. Un lamento que explica lo que sienten estos profesionales: de acompañar la precariedad a formar parte de ella. Por eso, para el impulsor de este movimiento, hay una pregunta que ha dejado de ser retórica: “¿Quién ayuda a quien ayuda?”.

Las profesoras de las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) de la Comunidad de Madrid comienzan este martes 7 de abril una huelga indefinida con la que quieren denunciar la falta de atención institucional y exigir mejoras en sus condiciones laborales. Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) defienden que quieren dignificar un sector que se siente abandonado por la nueva ley de educación, que no incluía ninguna mejora en las escuelas de niños de 0 a 3. La plataforma exige, principalmente, una reducción de las ratios que establecen la cantidad de niños y niñas por profesora, y unas condiciones que se asemejen a las que se regularon para el resto de etapas educativas en la LOMLOE.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, explicaba en una conversación con elDiario.es que las movilizaciones empezaron “cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la nueva ley educativa a las puertas de una escuela infantil”. Marín pensó que esta ley incluiría modificaciones para este sector, y se sorprendió cuando “simplemente lo dejaron en la gratuidad de las familias”.

Desde la Plataforma defienden que el malestar de las profesoras del 0-3 no es algo nuevo, pero “ya empieza a ser insostenible”. Las profesoras llevan ya tres años organizándose desde todas las comunidades autónomas, recogiendo las quejas de todas las compañeras, para conseguir legislar estas mejores condiciones laborales a nivel estatal. Marín, además, reconoce que incluso presentaron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.

Las educadoras más organizadas, según explican desde la PLEI, son las de la capital. Saldrán a las calles desde este martes 7 de abril, donde reclamarán, además, la implementación de la pareja educativa como recurso de organización pedagógica, la atención temprana dentro del sistema educativo, salarios que se asemejen a los de los educadores del segundo ciclo (de 3 a 6 años), mejoras en las instalaciones educativas (calefacción, goteras, sombra en los patios...), mayor descanso para los niños durante el calendario escolar, mayores inversiones y, en general, una mejor calidad para los más pequeños durante su estancia en las escuelas.

Las trabajadoras del PLEI denunciaban que, en la capital, se creó la Red Pública de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid, que prometía mejoras como subida de salarios e implementación de la pareja educativa, pero que “actualmente nada de eso existe, se lo han cargado”.

Un conflicto de las trabajadoras con las instituciones públicas

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, aseguraba el pasado viernes 27 de marzo que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Zarzalejo confiaba en que todo se resolvería mediante negociaciones entre ambas partes antes de recurrir a la huelga indefinida que comienza este martes. “Lo que nos corresponde en estas situaciones es garantizar los servicios mínimos en todas esas escuelas infantiles para que las familias puedan seguir llevando a los niños a las escuelas y no tengan ningún tipo de perjuicio”, añadió la consejera.

Desde la Plataforma Laboral de Educación Infantil subrayan que Mercedes Zarzalejo “está muy equivocada”. “Este conflicto es de las trabajadoras con las instituciones públicas”, explica Rosa Marín a elDiario.es. Rosa añade que estas instituciones “son las responsables de dotar de medios, de recursos y de dignidad al 0-3, y ya es hora de que se dejen de pasar la pelota de unos a otros y que hagan su trabajo”. Frente a los escasos recursos que reciben las escuelas en esta etapa educativa, Marín sostiene que “las empresas no pueden más”. A través de un comunicado de la PLEI, insisten en que las profesoras viven un “marco de precariedad impuesto por las instituciones públicas, a través de su falta de responsabilidad e inversión”.

Rosa lo tiene claro: “El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez, ni nos recibe. Es como si la cosa no fuera con él. Es el que gestiona las escuelas del Ayuntamiento. Este conflicto va contra el Ministerio. No intenten desvirtuar con que vamos contra la patronal ni contra las empresas. No. Es que queremos más financiación y queremos normativas, inspecciones y queremos de verdad poder ejercer nuestro trabajo en condiciones dignas”.

La PLEI recuerda que las reivindicaciones van dirigidas a la Comunidad de Madrid, “por el mantenimiento de una financiación insuficiente que asfixia a los centros y condena al personal a salarios que rozan el mínimo profesional”; al Ayuntamiento de Madrid, “por la falta de una apuesta decidida que blinde la calidad educativa por encima del ahorro presupuestario y de igual manera que el Ayuntamiento condena al personal a salarios muy precarios”; y a los agentes institucionales, “por perpetuar un modelo que trata la etapa 0-3 como un servicio de 'guardería' o conciliación laboral, en lugar de reconocer su valor pedagógico fundamental. Sin ser capaces de regular a nivel estatal la calidad educativa que se le ofrece a la primera infancia”.

Por su parte, el PSOE registró el pasado 18 de febrero una proposición no de ley “para reforzar y blindar con una reforma de la actual normativa estatal el primer ciclo de educación infantil (0-3 años)”, que pretendía que “se garantizaran estándares homogéneos de ratios, equidad territorial y que las aulas cuenten con dos educadores para garantizar una atención a los menores de manera más individualizada”. La Plataforma Estatal de Escuelas fue la encargada de esta iniciativa, que fue apoyada por Sumar y Podemos, y que reconocía que “el sistema público no ha desarrollado un marco estatal sólido que garantice condiciones educativas homogéneas. La financiación insuficiente o la proliferación de modelos de gestión externalizada han provocado una situación de precariedad estructural en el sector”.

La portavoz de la Plataforma recuerda que las concentraciones comenzarán este mismo martes a las 12.00 horas frente al Ministerio de Educación; los miércoles a las 12.00 horas se agruparán frente de la Consejería de Educación, y los jueves a las 18.00 horas, “para las compas que no puedan ejercer su derecho a huelga y que económicamente no puedan”, se reunirán en la Plaza de Callao. Marín defiende que “es un sector muy feminizado, y con el salario mínimo interprofesional es muy difícil sostener una huelga indefinida”. “Estamos muy motivadas”, explica la portavoz, que insiste en que van a ejercer toda la presión que puedan para resolver el conflicto y conseguir “compromisos por parte de la Administración de unos cambios tangibles en breve”.

“Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices”

Las escuelas infantiles trabajan con distintos modelos de gestión (gestión directa e indirecta, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid), por lo que no todas tienen las mismas condiciones laborales, algo que la PLEI define como “segregador”. Sin embargo, la gran mayoría de escuelas son gestionadas de forma indirecta, es decir, por una empresa privada que accede a ello a través de unos pliegos de condiciones que marca la administración pública.

La baja inversión para las escuelas infantiles ha hecho que muchas profesoras tengan que aportar dinero de su bolsillo para financiar material y recursos que les permitan continuar con sus jornadas y con un pleno desarrollo escolar para los niños de 0 a 3 años. “Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices. Generalmente, en la dotación que llega, no hay dinero suficiente”, explica Rosa Marín en la misma conversación telefónica. Según la portavoz, en las escuelas que reciben la gestión directa de las instituciones públicas, el material está obsoleto y tienen que recurrir a carros propios para transportarlo entre aulas. En las escuelas de gestión indirecta, la Comunidad “no desglosa un presupuesto para material, entonces depende de la empresa, de la buena voluntad que tenga”.

Las madres y padres también apoyan la huelga que empieza este martes 7 de abril. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recuerda Marín, que sostiene que gran parte de la sociedad “no sabe lo mal valoradas y lo precarias que estamos a nivel laboral”. La portavoz de la PLEI defiende que lo difícil es gestionar una huelga indefinida para quedarse con los niños en casa y apoyar: “Es complicado. Para eso están los servicios mínimos y ellas (las familias) nos apoyarán poniendo quejas y ayudándonos en todo lo que podamos. Eso lo tenemos claro”.

Un sector feminizado

El ratio de niños por profesora es una de las razones principales que animaron a las educadoras a movilizarse, y reclaman una cantidad “acorde a las necesidades de la primera infancia” (tres bebés, cinco niños de 1-2 años y seis niños de 2-3 años), que coinciden con las que establece la Unión Europea. Rosa Marín insiste en que las profesoras de educación infantil viven sus jornadas “con mucho agobio, con mucho estrés”, y que estas condiciones acaban incluso repercutiendo en su salud. Muchas educadoras sufren de hernias discales, problemas de hombros y tendinitis en relación a las grandes cargas y posturas, además de diferentes virus, que en muchas ocasiones les obligan a recurrir a bajas médicas, lo que conlleva a la sobrecarga de trabajo de otras compañeras. En España, se dan las mayores ratios de Europa, lo que se traduce en menor atención individualizada a los más pequeños.

Desde la Plataforma sostienen que no se trata solo de un problema de infraestructuras y material, sino de la educación de los niños y niñas en una etapa vital de su desarrollo: “El problema de todo es la privatización y la externalización de los servicios. Tú no puedes dar un servicio de calidad con una infrafinanciación, que es lo que pretenden. Si hablamos de tornillos vale, pero es que estamos hablando de criaturas”. En un comunicado de la PLEI, aseguran que “la excelencia educativa que tanto prometen solo es posible si se respeta a quienes la hacen realidad cada día en el aula”.

La Plataforma Laboral de Educación Infantil explicó que un 97,4% de las trabajadoras de las escuelas infantiles son mujeres. La organización cree que los sectores dedicados al cuidado siempre han estado enfocados a las mujeres, y estos trabajos más feminizados, ¿por qué deberían tener mejores salarios, si siempre se dedicaron a ello de manera desinteresada? Marín cree que la profesionalización total de los sectores más femeninos queda lejos aún de su reconocimiento social, como ocurre con la limpieza, la cocina, el cuidado de mayores, la enfermería, etc., donde las mujeres trabajan en condiciones laborales muy deficientes, con salarios bajos.

Es duro ver una protesta de trabajadoras atravesadas por la invisibilidad. Estoy seguro que es un poder que las trabajadoras del Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) no desean. Cobran poco, trabajan mucho, se desplazan en sus vehículos cobrando un kilometraje desfasado hace dos décadas y, ante todo, están desamparadas por los múltiples escudos sociales de los que presumimos. Nos interpelan los ganaderos con sus flamantes tractores, las y los docentes con sus salarios dignos congelados desde la anterior crisis económica —si es que algún día terminó—. Nos enternecen los pacientes con enfermedades raras y, alguna vez —pocas— pensamos en quienes hacen trabajos poco agradables pero imprescindibles para la sociedad. Pero dudo que la mayoría de la población sepa qué significan las siglas SAD y quienes las sostienen.

En Cantabria, según el Ministerio de Derechos Sociales, hay 102.326 personas que, potencialmente, pueden tener una situación de dependencia según determina la ley. Esas estadísticas nos indican que, en febrero de 2026, había 17.914 personas con alguno de los tres grados de dependencia reconocidos y, al menos, 1.308 personas tenían derecho a SAD, pero son muchísimas más, ya que esta competencia es de los ayuntamientos y, solo en la ciudad de Santander, al año, hay unas 1.100 personas que reciben servicios de ayuda domiciliaria.

Las personas, las mujeres, que prestan estos servicios, aquellas que cuidan de quienes más lo necesitan son trabajadoras maltratadas por la legislación, por las empresas que las contratan y por la sociedad que las ignora. Realmente, el pasado lunes 30 de marzo, esperaba a cientos de ciudadanos frente al Parlamento de Cantabria acompañando a la veintena de auxiliares del SAD que portaban sus pancartas para pedir, simplemente, que dejen de explotarlas.

Cuando uno lee sus reivindicaciones también imaginaría que toda la sociedad se debería volcar para que se consigan. Por básicas, por decentes, por necesarias. Miren ustedes: actualizar el kilometraje de los pírricos 0,18 euros/kilómetro hasta los 0,26 euros/kilómetro; un nuevo plus de desplazamiento; otro plus por desgaste de herramientas derivado del uso del vehículo propio; un incremento del salario base hasta equipararlo, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional; el reconocimiento profesional de las auxiliares como personal sociosanitario; recuperar un modelo de gestión pública del servicio y su municipalización; y el reconocimiento de las enfermedades musculoesqueléticas como enfermedades profesionales.

Un sistema de cuidados justo, que trate con dignidad a las personas beneficiarias y con justicia a las trabajadoras es viable, solo hay que invertir lo suficiente

“Un incremento del salario base hasta equipararlo, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”. La situación es tan dramática que muchas de ellas no llegan al SMI y en la sopa de siglas lidian con enfermedades laborales no reconocidas, con rascar tiempo a sus vidas porque el transporte de una casa a otra no es contemplado por la mayoría de empresas como parte de su jornada laboral y con un trato vejatorio que no contempla su tarea como parte de un hipotético sistema integral de cuidados.

Claro, comparar es odioso, pero es duro ver como otros sectores privilegiados —por sus estudios o por el prestigio social de su profesión— realizan duras huelgas para exigir sus legítimas reivindicaciones y, al tiempo, ver como estas mujeres no dejan su tarea para pedir que, al menos, se les reconozca lo mínimo.

No sé cómo convencer a los lectores de la necesidad de apoyar estas reclamaciones. Solo se me ocurre apelar al sentido común: maltratar a quienes cuidan de las personas más débiles es una mala idea a futuro. Pasa igual con muchas de las personas migrantes sin la documentación legal adecuada que trabajan en el cuidado de mayores o de infancia; pasa algo similar con las trabajadoras —casi todas mujeres— de las residencias de mayores o de los centros de día.

Yo, que trabajo con y para personas mayores, escucho habitualmente que si se pagara lo justo, el sistema sería inviable. La respuesta es sencilla: una sociedad decide a qué dedicar su dinero y eso define su espíritu, su alma. Ahora, impulsados por los matones y presionados por la OTAN, España gasta un 2% de su PIB en Defensa —es más, pero parte del gasto está camuflado—. Pero los datos nos indican que en España en 2025 solo invertimos en cuidados de larga duración entre el 0,9% y el 1% de nuestro PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (1,8%) y a una gran distancia de los países del norte de Europa, que invierten entre el 3% y el 4%.

Un sistema de cuidados justo, que trate con dignidad a las personas beneficiarias y con justicia a las trabajadoras es viable, solo hay que invertir lo suficiente. Esta máxima se aplica a todos los niveles de la administración: el estatal, el autonómico y el municipal. Es tiempo de cuidar a quien nos cuida. ¿Se apunta?

Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a un hombre como presunto autor de un delito de falsedad documental, por emplear a ciudadanos extranjeros utilizando, supuestamente, la identidad de terceras personas, antiguas trabajadoras de la empresa.

La investigación, bautizada como Operación Marka, fue llevada a cabo por el grupo 2 de la UCRIF, y se inició tras la denuncia de un ciudadano extranjero que, al consultar su vida laboral, comprobó que había sido dado de alta en la Seguridad Social por una empresa en fechas en las que se encontraba trabajando en otra compañía distinta, fuera de España.

La empresa, dedicada a labores de limpieza y mantenimiento, empleaba a ciudadanos de origen extranjero utilizando documentos de identidad de antiguos trabajadores.

Según ha explicado la Policía –y recoge Europa Press–, el empresario actuaba así con la intención de ahorrarse la cuantía de los cursos de preparación necesarios para el desarrollo de la actividad laboral, obligatorios para los nuevos empleados; así como el coste de darlos de alta en la Seguridad Social el tiempo de realización de los mismos. De este modo, daba de alta nuevamente a antiguos empleados que ya habían realizado estos cursos.

Con ello perjudicaba, por un lado, a los trabajadores, que eran contratados en la creencia de que el empresario realizaba todos los trámites para darlos de alta en la Seguridad Social y, posteriormente, descubrían que habían desarrollado un trabajo por el que no generaban los correspondientes días de cotización, ya que éstos derivaban en los auténticos titulares de las altas.

Por el otro, perjudicaba a las empresas para las que realizaba los mantenimientos, ya que eludía los sistemas de control de éstas al estar desarrollando su actividad con personal no cualificado en los cursos en seguridad laboral previamente exigidos, con el consiguiente riesgo a su vez para la salud de los empleados.

Además, varios de los trabajadores fueron despedidos cuando detectaron que en su contrato figuraba el nombre de un tercero y el empresario se negó a subsanarlo.

La Policia Nacional ha detingut a Palma tres persones acusades d'explotar laboralment una dona que treballava com a cuidadora interna d'una persona dependent. Els arrestats -dos homes i una dona- estan sent investigats per delictes contra els drets dels treballadors, afavoriment de la immigració irregular, contra la integritat moral, coaccions i amenaces.

Va ser la pròpia víctima qui, malgrat la seva situació d'especial vulnerabilitat -es trobava en situació administrativa irregular i havia rebut reiterades amenaces per part dels seus ocupadors, que li advertien que seria expulsada d'Espanya si acudia a les autoritats-, va decidir denunciar els fets en dependències policials, assegurant que es trobava “esgotada i desesperada” per les condicions en què treballava.

Els agents de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) van donar inici a les investigacions, que van revelar que la dona va arribar a aquesta feina a través d'una amiga que li va informar de la possibilitat de treballar com a cuidadora interna a Palma. Va acceptar l'oferta i pocs dies després va començar a cuidar un familiar dependent de dos dels ara detinguts, tots ells de nacionalitat espanyola.

Segons les indagacions, el treball es va desenvolupar en condicions de “total explotació”: la dona no tenia contracte laboral i estava obligada a romandre disponible les 24 hores del dia, amb un únic dia lliure a la setmana, a canvi de 900 euros mensuals.

Els investigadors assenyalen que no li van facilitar els mitjans necessaris per atendre correctament la persona dependent, a la qual havia de moure i netejar les seves femtes i fluids orgànics a causa de la malaltia immunològica que patia i de la qual la víctima no havia estat informada. Com que no li proporcionaven aquests recursos, no podia adoptar les mesures preventives adequades.

La sobrecàrrega de treball i la manca de mitjans li van provocar lesions en diverses ocasions, per les quals amb prou feines va rebre assistència sanitària.

Amenaces i ocultacions

Durant la investigació, els agents van comprovar que els sospitosos intentaven ocultar la relació laboral. Quan inspectors de l'àrea de Dependència del Govern acudien al domicili, obligaven la dona a amagar-se per evitar que es descobrís la seva situació.

El temor dels arrestats era que l'administració autonòmica pogués retirar determinades ajudes o detectar les condicions en què tenien treballant la cuidadora.

Segons la Policia, també amenaçaven la víctima de forma constant per evitar que abandonés la feina. Entre altres coses, li asseguraven que tenien contactes policials -que en realitat no existien- que podien fer que la detinguessin i l'enviessin a presó per la seva situació administrativa irregular. Així mateix, li van fer creure que disposaven de còpies de la seva documentació per impedir que pogués creuar qualsevol frontera en cas que decidís marxar.

Després de les indagacions, el passat dimecres els agents van procedir a la detenció dels tres sospitosos.

La Policia Nacional recorda que qualsevol persona que estigui patint o tingui coneixement de situacions de tràfic d'éssers humans, explotació sexual o laboral pot denunciar-ho o sol·licitar ajuda a través del telèfon gratuït i confidencial 900 10 50 90 o del correu electrònic trata@policia.es.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres personas acusadas de explotar laboralmente a una mujer que trabajaba como cuidadora interna de una persona dependiente. Los arrestados -dos hombres y una mujer- están siendo investigados por delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral, coacciones y amenazas.

Fue la propia víctima quien, pese a su situación de especial vulnerabilidad -se encontraba en situación administrativa irregular y había recibido reiteradas amenazas por parte de sus empleadores, que le advertían de que sería expulsada de España si acudía a las autoridades-, decidió denunciar los hechos en dependencias policiales, asegurando que se encontraba “agotada y desesperada” por las condiciones en las que trabajaba.

Los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) dieron inicio a las investigaciones, que revelaron la mujer llegó a este empleo a través de una amiga que le informó de la posibilidad de trabajar como cuidadora interna en Palma. Aceptó la oferta y pocos días después empezó a cuidar a un familiar dependiente de dos de los ahora detenidos, todos ellos de nacionalidad española.

Según las pesquisas, el trabajo se desarrolló en condiciones de “total explotación”: la mujer no tenía contrato laboral y estaba obligada a permanecer disponible las 24 horas del día, con un único día libre a la semana, a cambio de 900 euros mensuales.

Los investigadores señalan que no le facilitaron los medios necesarios para atender correctamente a la persona dependiente, a la que debía mover y limpiar sus heces y fluidos orgánicos debido a la enfermedad inmunológica que padecía y de la que la víctima no había sido informada. Debido a que no le proporcionaban esos recursos, no podía adoptar las medidas preventivas adecuadas.

La sobrecarga de trabajo y la falta de medios le provocaron lesiones en varias ocasiones, por las que apenas recibió asistencia sanitaria.

Amenazas y ocultaciones

Durante la investigación, los agentes comprobaron que los sospechosos trataban de ocultar la relación laboral. Cuando inspectores del área de Dependencia del Govern acudían al domicilio, obligaban a la mujer a esconderse para evitar que se descubriera su situación.

El temor de los arrestados era que la administración autonómica pudiera retirar determinadas ayudas o detectar las condiciones en las que tenían trabajando a la cuidadora.

Según la Policía, también amenazaban a la víctima de forma constante para evitar que abandonara el empleo. Entre otras cosas, le aseguraban que tenían contactos policiales -que en realidad no existían- que podían hacer que la detuvieran y la enviaran a prisión por su situación administrativa irregular. Asimismo, le hicieron creer que disponían de copias de su documentación para impedir que pudiera cruzar cualquier frontera en caso de que decidiera marcharse.

Tras las pesquisas, el pasado miércoles los agentes procedieron a la detención de los tres sospechosos.

La Policía Nacional recuerda que cualquier persona que esté sufriendo o tenga conocimiento de situaciones de trata de seres humanos, explotación sexual o laboral puede denunciarlo o solicitar ayuda a través del teléfono gratuito y confidencial 900 10 50 90 o del correo electrónico trata@policia.es.

L'hostaleria és el principal motor econòmic de Balears, però també un dels àmbits on les tensions laborals són més recurrents i els conflictes s'intensifiquen cada estiu amb l'arribada de la temporada turística. A Menorca, la deterioració de les condicions del sector que empra el 20% de la població econòmicament activa ha anat reduint la disponibilitat de mà d'obra fins a convertir-se en un problema estructural per a petits i grans empresaris. “Al resident no li interessa, no vol dedicar-se al sector i al que ve de fora no li convé”, expliquen des de l'Associació d'Hotelers de Menorca, la principal organització que agrupa empresaris del sector a l'illa.

No obstant això, treballadors que cada estiu mouen la maquinària del turisme insular i garanteixen que, temporada rere temporada, se superin rècords de recaptació i de visitants –l'illa va rebre gairebé dos milions de turistes que van deixar gairebé 2.000 milions d'euros segons l'Institut d'Estadística de les illes Balears (IBESTAT)– van abandonant sense pausa i sense pressa a Menorca com a destí laboral. “No són només les jornades de 10 hores o que a vegades les propines desapareixen misteriosament. És sobretot l'encariment de la vida i la falta d'habitatge. Jo vaig deixar d'anar-hi l'any passat després de gairebé 11 anys seguits perquè, per a què aniré a una illa on només el lloguer implica gastar el 80% dels diners que guanyo? Prefereixo buscar aquí a Andalusia on es guanya menys o fins i tot canviar de rúbrica”, compte Aitana M.J., cuinera i treballadora temporera que ha viatjat a l'illa ininterrompudament cada estiu des de 2017 i que ara es dedica a la informàtica.

Jo vaig deixar d'anar-hi l'any passat després de gairebé 11 anys seguits perquè, per a què aniré a una illa on només el lloguer implica gastar el 80% dels diners que guanyo? Prefereixo buscar aquí a Andalusia on es guanya menys o fins i tot canviar de rúbrica

Aitana M.J. — Cuinera i treballadora temporera

El plantejament d'Aitana té agafador en la realitat i és el raonament cada vegada més estès a l'illa entre els anomenats “temporers”. Segons l'estudi de l'Observatori Social i Ambiental de Menorca (OBSAM), l'economia insular va presentar durant el tercer trimestre de 2025 un alt contrast. D'una banda, es va confirmar l'estabilització del cicle expansiu iniciat en 2023, caracteritzat per un ritme de creixement moderat però sostingut. “Els principals indicadors d'activitat -especialment la demanda energètica, la mobilitat i els fluxos turístics- assenyalen un nivell d'intensitat econòmica molt elevat, propi d'una fase de maduresa en la qual l'economia opera a ple rendiment durant la temporada alta”, assenyalen des del OBSAM. No obstant això, el mateix estudi assenyala que “aquest escenari conviu amb pressions persistents sobre el cost de vida i amb limitacions estructurals, com la falta de mà d'obra i la tensió del mercat residencial, que condicionen la capacitat del sistema per a continuar expandint-se”. En resum, l'economia funciona, però no hi ha braços que moguin la maquinària.

Un altre protagonista d'aquesta “fugida de braços” és Brais S., un dels molts menorquins que, després de dedicar-se diversos anys a l'hostaleria –si és el cas per obligació, a causa de la falta d'alternatives– va acabar abandonant l'illa per a poder exercir la seva professió com a dissenyadora de so. “Vaig treballar a un bar per la zona marítima, no tenia moltes opcions”, conta en diàleg amb elDiario.es des de la seva actual residència a Barcelona. “Treballava 'en negre' per 3,14€ l'hora. Hi havia menjar que estava fora de carta que es comprava per a donar-li ús i es posava dolent i es 'sanejava' per a treure’l d'alguna manera. Jo havia de fer de cuiner i cambrer alhora, vaig aguantar perquè tenia molta necessitat i, al final, vaig decidir dedicar-me a lo meu i anar-me de l'illa a viure fora. Quan vaig renunciar es van negar a pagar-me les hores extres”, explica. Ell recorda el seu pas pel gremi hostaler com un malson.

Vaig treballar a un bar. Hi havia menjar que estava fora de carta que es comprava per a donar-li ús i es posava dolent i es 'sanejava' per a treure’l d'alguna manera. Jo havia de fer de cuiner i cambrer alhora, vaig aguantar perquè tenia molta necessitat i, al final, vaig decidir dedicar-me a lo meu i anar-me de l'illa a viure fora

Brais S. — Va abandonar l'illa per treball

“No hi ha personal i cada vegada hi haurà menys si seguim així. Em consta que persones que porten anys en el sector ara estan buscant altres alternatives i és lògic: a ningú li resulta rendible venir a Menorca si no pot pagar un lloc on viure i, a més, només per uns mesos. Ningú manté a una família amb un treball temporal”, raona en diàleg amb elDiario.es el portaveu de l'Associació de Bars i Cafeteries de Menorca, Antoni Sansaloni, qui sosté que la solució passa per “deixar de pressionar al sector”, especialment al petit i mitjà empresari, que -segons la seva visió- està sofrint “com mai” els efectes de la crisi d'habitatge. “Per a evitar donar un mal servei, i davant la impossibilitat de consolidar plantilles estables, estem reduint taules”, explica. “A aquest ritme, el turisme de Menorca acabarà oferint només menjar ràpid”, lamenta.

L'altra cara de l'hostaleria

Malgrat els problemes estructurals que travessa el gremi hostaler i de les particularitats del sector a Balears, fonts sindicals consultades per elDiario.es sostenen que el de les illes és “un dels millors” convenis col·lectius que existeixen en l'estat. “Gràcies a la negociació col·lectiva hem conquistat pujades salarials sostingudes -l'última a l'agost de l'any passat-, millores en la regulació de jornades i avanços concrets en la protecció de col·lectius especialment vulnerables com les cambreres de pis. Aquest marc no és fruit de concessions gratuïtes, sinó d'anys de negociació i mobilització perquè el creixement turístic es tradueixi també en drets laborals reals”, expliquen des d'UGT. “Sabem que queden reptes pendents, com l'accés a l'habitatge o l'estacionalitat, però sense aquest conveni la situació de milers de treballadors seria molt més fràgil i desigual”, reflexionen des del sindicat.

Juan Arenas és mexicà i fins enguany va passar quatre estius seguits deambulant de cuina en cuina per tota Menorca. És xef de professió i, segons relata, la inestabilitat laboral i les males condicions el van obligar a abandonar l'illa i buscar treball a Bilbao, on viu i treballa actualment, aquesta vegada en una sola cuina fixa tot l'any. “El problema de l'estacionalitat a Menorca és un altre dels grans temes sense resoldre per als que ens dediquem a això professionalment. A part de les jornades extenuants de l'estiu, quan s'acaba la temporada tanquen la majoria de locals de restauració i has de passar l'hivern cobrant l'atur si tens sort. De què em serveix cobrar un sou més alt que la mitjana si només treballo 4 mesos a l'any?”, raona.

A part de les jornades extenuants de l'estiu, quan s'acaba la temporada tanquen la majoria de locals de restauració i has de passar l'hivern cobrant l'atur si tens sort. De què em serveix cobrar un sou més alt que la mitjana si només treballo 4 mesos a l'any?

Juan Arenas — Chef

Consultat pel problema de l'estacionalitat, Antoni Sansaloni explica que “l'únic consol” que troben els empresaris és que ara les aerolínies han avançat els vols, pel que la pre temporada 2026 s'ha avançat alguns dies. “Esperem l'arribada del turisme europeu per al mes de març, que sabem que és un turista amb major poder adquisitiu i que supleix el sot de l'últim tram de la temporada baixa”, explica. “Clar que hi ha estacionalitat, però és perquè no ens surt rendible obrir tot l'any. Tanquem perquè la falta de clientela, entre setmana no arribem ni a cobrir despeses, per això molts locals opten per tancar tres o quatre mesos a l'any directament. Al final l'estacionalitat ve fomentada pel propi estat que en lloc de promoure l'activitat en els mesos d'hivern prefereix manar a la gent a l'atur”, raona Sansaloni.

Clar que hi ha estacionalitat, però és perquè no ens surt rendible obrir tot l'any. Tanquem perquè la falta de clientela, entre setmana no arribem ni a cobrir despeses, per això molts locals opten per tancar tres o quatre mesos a l'any directament. Al final l'estacionalitat ve fomentada pel propi estat que en lloc de promoure l'activitat en els mesos d'hivern prefereix manar a la gent a l'atur

Antoni Sansaloni — Portaveu de l'Associació de Bars i Cafeteries de Menorca

Encara que les tensions entre empresaris i treballadors en l'hostaleria solen canalitzar-se a través de mecanismes formals quan l'ocupació està regularitzada i subjecta a la normativa laboral, aquesta via pràcticament desapareix en els casos de treball no declarat. Si bé l'ocupació irregular a Menorca no és majoritaria en el sector, continua existint i concentra algunes de les situacions més precàries, ja que els qui l'exerceixen no poden denunciar abusos o exigir drets, ja que són, en la seva immensa majoria, persones en situació administrativa irregular.

V. conta que, mentre esperava la resolució dels seus papers, degué treballar en diversos llocs que “contracten” persones migrants: “Em van dir que mai havien contractat una noia com jo, moreneta i de fora, i que volien provar què tal funcionàvem. Jo necessitava molt aquest treball i vaig acceptar la prova en un conegut restaurant des Castell, -en el sud de l'illa-. Va començar a acostar-se massa i a fer bromes sexuals fora de lloc; vaig intentar ignorar-ho i continuar treballant, però mentre emplenava neveres se'm va acostar per darrere de manera inapropiada. Quan em vaig girar i li vaig preguntar què feia, em va dir que per a ser llatina era molt siesa i que en aquest restaurant ‘es tocaven molt’. Em vaig anar sense acabar el torn. Em va dir que mai tornaria a treballar a Menorca perquè era una impresentable i la prova mai me la van pagar”.

La hostelería es el principal motor económico de Balears, pero también uno de los ámbitos donde las tensiones laborales son más recurrentes y los conflictos se intensifican cada verano con la llegada de la temporada turística. En Menorca, el deterioro de las condiciones del sector que emplea al 20% de la población económicamente activa ha ido reduciendo la disponibilidad de mano de obra hasta convertirse en un problema estructural para pequeños y grandes empresarios. “Al residente no le interesa, no quiere dedicarse al sector y al que viene de fuera no le conviene”, explican desde la Asociación de Hoteleros de Menorca, la principal organización que agrupa empresarios del sector en la isla. 

Sin embargo, trabajadores que cada verano mueven la maquinaria del turismo insular y garantizan que, temporada tras temporada, se superen récords de recaudación y de visitantes –la isla recibió casi dos millones de turistas que dejaron casi 2.000 millones de euros según el Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT)– van abandonando sin pausa y sin prisa a Menorca como destino laboral. “No son sólo las jornadas de 10 horas o que a veces las propinas desaparecen misteriosamente. Es sobre todo el encarecimiento de la vida y la falta de vivienda. Yo dejé de ir el año pasado después de casi 11 años seguidos porque, ¿para qué voy a ir a una isla donde sólo el alquiler implica gastar el 80% del dinero que gano? Prefiero buscar aquí en Andalucía donde se gana menos o incluso cambiar de rubro”, cuenta Aitana M.J., cocinera y trabajadora temporera que ha viajado a la isla ininterrumpidamente cada verano desde 2017 y que ahora se dedica a la informática.

Yo dejé de ir el año pasado después de casi 11 años seguidos porque, ¿para qué voy a ir a una isla donde sólo el alquiler implica gastar el 80% del dinero que gano? Prefiero buscar aquí en Andalucía donde se gana menos o incluso cambiar de rubro

Aitana M.J. — Cocinera y trabajadora temporera

El planteamiento de Aitana tiene asidero en la realidad y es el razonamiento cada vez más extendido en la isla entre los llamados “temporeros”. Según el estudio del Observatorio Social y Ambiental de Menorca (OBSAM), la economía insular presentó durante el tercer trimestre de 2025 un alto contraste. Por un lado, se confirmó la estabilización del ciclo expansivo iniciado en 2023, caracterizado por un ritmo de crecimiento moderado pero sostenido. “Los principales indicadores de actividad —especialmente la demanda energética, la movilidad y los flujos turísticos— señalan un nivel de intensidad económica muy elevado, propio de una fase de madurez en la que la economía opera a pleno rendimiento durante la temporada alta”, señalan desde el OBSAM. Sin embargo, el mismo estudio señala que “este escenario convive con presiones persistentes sobre el coste de vida y con limitaciones estructurales, como la falta de mano de obra y la tensión del mercado residencial, que condicionan la capacidad del sistema para seguir expandiéndose”. En resumen, la economía funciona, pero no hay brazos que muevan la maquinaria. 

Otro protagonista de esta “fuga de brazos” es Brais S., uno de los muchos menorquines que, tras dedicarse varios años a la hostelería –en su caso por obligación, debido a la falta de alternativas– terminó abandonando la isla para poder ejercer su profesión como sonidista. “Trabajé en un bar por la zona marítima, no tenía muchas opciones”, cuenta en diálogo con elDiario.es desde su actual residencia en Barcelona. “Trabajaba 'en negro' por 3,14 euros la hora. Había comida que estaba fuera de carta que se compraba para darle uso y se ponía mala y se 'saneaba' para sacarla de alguna manera. Yo tenía que hacer de cocinero y camarero a la vez, aguanté porque tenía mucha necesidad y, al final, decidí dedicarme a lo mío e irme de la isla a vivir fuera. Cuando renuncié se negaron a pagarme las horas extras”, explica. Él recuerda su paso por el gremio hostelero como un mal sueño. 

Trabajé en un bar. Había comida que estaba fuera de carta que se compraba para darle uso y se ponía mala y se 'saneaba' para sacarla de alguna manera. Yo tenía que hacer de cocinero y camarero a la vez, aguanté porque tenía mucha necesidad y, al final, decidí dedicarme a lo mío e irme de la isla a vivir fuera

Brais S. — Abandonó la isla por trabajo

“No hay personal y cada vez habrá menos si seguimos así. Me consta que personas que llevan años en el sector ahora están buscando otras alternativas y es lógico: a nadie le resulta rentable venir a Menorca si no puede pagar un lugar donde vivir y, además, solo por unos meses. Nadie mantiene a una familia con un trabajo temporal”, razona en diálogo con elDiario.es el portavoz de la Asociación de Bares y Cafeterías de Menorca, Antoni Sansaloni, quien sostiene que la solución pasa por “dejar de presionar al sector”, especialmente al pequeño y mediano empresario, que —según su visión— está sufriendo “como nunca” los efectos de la crisis de vivienda. “Para evitar dar un mal servicio, y ante la imposibilidad de consolidar plantillas estables, estamos reduciendo mesas”, explica. “A este ritmo, el turismo de Menorca va a terminar ofreciendo solo comida rápida”, lamenta.

La otra cara de la hostelería

A pesar de los problemas estructurales que atraviesa el gremio hostelero y de las particularidades del sector en Balears, fuentes sindicales consultadas por elDiario.es sostienen que el de las islas es “uno de los mejores” convenios colectivos que existen en el estado. “Gracias a la negociación colectiva hemos conquistado subidas salariales sostenidas –la última en agosto del año pasado–, mejoras en la regulación de jornadas y avances concretos en la protección de colectivos especialmente vulnerables como las camareras de piso. Este marco no es fruto de concesiones gratuitas, sino de años de negociación y movilización para que el crecimiento turístico se traduzca también en derechos laborales reales”, explican desde UGT. “Sabemos que quedan retos pendientes, como el acceso a la vivienda o la estacionalidad, pero sin este convenio la situación de miles de trabajadores sería mucho más frágil y desigual”, reflexionan desde el sindicato. 

Juan Arenas es mexicano y hasta este año pasó cuatro veranos seguidos deambulando de cocina en cocina por toda Menorca. Es chef de profesión y, según cuenta, la inestabilidad laboral y las malas condiciones le obligaron a abandonar la isla y buscar trabajo en Bilbao, donde vive y trabaja actualmente, esta vez en una sola cocina fija todo el año. “El problema de la estacionalidad en Menorca es otro de los grandes temas sin resolver para los que nos dedicamos a esto profesionalmente. Aparte de las jornadas extenuantes del verano, cuando se acaba la temporada cierran la mayoría de locales de restauración y tienes que pasar el invierno cobrando el paro si tienes suerte. ¿De qué me sirve cobrar un sueldo más alto que la media si sólo trabajo 4 meses al año?”, razona.

Aparte de las jornadas extenuantes del verano, cuando se acaba la temporada cierran la mayoría de locales de restauración y tienes que pasar el invierno cobrando el paro si tienes suerte. ¿De qué me sirve cobrar un sueldo más alto que la media si sólo trabajo 4 meses al año?

Juan Arenas — Chef

Consultado por el problema de la estacionalidad, Antoni Sansaloni explica que “el único consuelo” que encuentran los empresarios es que ahora las aerolíneas han adelantado los vuelos, por lo que la pre temporada 2026 se ha adelantado algunos días. “Esperamos la llegada del turismo europeo para el mes de marzo, que sabemos que es un turista con mayor poder adquisitivo y que suple el bache del último tramo de la temporada baja”, explica. “Claro que hay estacionalidad, pero es porque no nos sale rentable abrir todo el año. Cerramos porque la falta de clientela, entre semana no llegamos ni a cubrir gastos, por eso muchos locales optan por cerrar tres o cuatro meses al año directamente. Al final la estacionalidad viene fomentada por el propio estado que en lugar de promover la actividad en los meses de invierno prefiere mandar a la gente al paro”, razona Sansaloni. 

Claro que hay estacionalidad, pero es porque no nos sale rentable abrir todo el año. Cerramos porque la falta de clientela, entre semana no llegamos ni a cubrir gastos, por eso muchos locales optan por cerrar tres o cuatro meses al año directamente. Al final la estacionalidad viene fomentada por el propio estado que en lugar de promover la actividad en los meses de invierno prefiere mandar a la gente al paro

Antoni Sansaloni — Portavoz de la Asociación de Bares y Cafeterías de Menorca

Aunque las tensiones entre empresarios y trabajadores en la hostelería suelen canalizarse a través de mecanismos formales cuando el empleo está regularizado y sujeto a la normativa laboral, esta vía prácticamente desaparece en los casos de trabajo no declarado. Si bien el empleo irregular en Menorca no es mayoritario en el sector, sigue existiendo y concentra algunas de las situaciones más precarias, ya que quienes lo ejercen no pueden denunciar abusos o exigir derechos, ya que son, en su inmensa mayoría, personas en situación administrativa irregular.

V. cuenta que, mientras esperaba la resolución de sus papeles, debió trabajar en varios lugares que “contratan” personas migrantes: “Me dijeron que nunca habían contratado a una chica como yo, morenita y de fuera, y que querían probar qué tal funcionábamos. Yo necesitaba mucho ese trabajo y acepté la prueba en un conocido restaurante de Es Castell, –en el sur de la isla–. Empezó a acercarse demasiado y a hacer bromas sexuales fuera de lugar; intenté ignorarlo y seguir trabajando, pero mientras rellenaba neveras se me arrimó por detrás de forma inapropiada. Cuando me giré y le pregunté qué hacía, me dijo que para ser latina era muy siesa y que en ese restaurante ‘se tocaban mucho’. Me fui sin terminar el turno. Me dijo que nunca volvería a trabajar en Menorca porque era una impresentable y la prueba nunca me la pagaron”. 

La treintena de trabajadoras de recepción y las azafatas de la televisión pública vasca EITB han comenzado una serie de protestas en sus sedes de Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona para denunciar sus “precarias” condiciones laborales. Las azafatas son las personas que se encargan de recibir y atender a los invitados que pasan por los estudios de la televisión y la radio, así como a asegurarse y guiar a estos para que puedan acudir a tiempo a los platós en cada programa, mientras que las recepcionistas se encargan de realizar y recibir llamadas, realizar funciones de secretariado, administración, así como enviar y recoger la paquetería necesaria, entre otras funciones. “Denunciamos la precariedad salarial, pero también en todos los sentidos. Consideramos que nuestras condiciones no son dignas. No contamos con un convenio propio, nos regimos por el Estatuto de los Trabajadores y no hemos tenido subidas salariales desde 2016. Nuestros salarios llevan congelados una década. Teniendo en cuenta cómo ha subido la vida, nos sentimos ahogadas”, detallan las trabajadoras a este periódico.

Tanto las trabajadoras de recepción como las azafatas están subcontratadas por las empresas Alse y Tisa, respectivamente. En el caso de las recepcionistas, cuentan con un sueldo fijo de 1.200 euros netos, según reconocen, mientras las azafatas cobran según las horas que trabajen. Si se trata de domingos o festivos, cuentan con un euro extra por cada hora. “Cobramos solo un euro más por hora por trabajar cada 1 de enero o cada 25 de diciembre. Estamos muy hartas y enfadadas, porque además sentimos la brecha salarial que existe en EITB, que sabemos que no somos funcionarias ni estamos contratadas directamente por EITB, pero trabajamos en los mismos edificios. Aunque llevemos años así, ahora hemos cogido fuerzas para decir basta, porque vemos que no llegamos a fin de mes”, lamentan las trabajadoras.

Según explican, han comenzado sus protestas con concentraciones, carteles y a través de redes sociales, debido a que próximamente EITB sacará los pliegos para los nuevos contratos a las empresas que quieran participar. Se trata de contratos de cinco años. “En junio se acaba el contrato, por lo que calculamos que en marzo sacarán el pliego, aunque no lo sabemos con certeza. No sabemos si habrá alguna prórroga con estas empresas, si estas seguirán o si vendrán otras nuevas, pero lo que queremos es que mejoren nuestras condiciones. Estamos unidas y vamos con todo a por ello”, sostienen las trabajadoras, que aseguran que están recibiendo apoyo por parte del Comité de Empresa de EITB y de profesionales de la televisión pública vasca y se están organizando sindicalmente a través de LAB y ELA.

Por el momento han realizado dos concentraciones en EITB Miramon, la sede de la televisión en Donostia y no descartan realizar más, dado que su objetivo es que el personal sepa cuáles son sus peticiones y condiciones laborales. “Hay mucha gente que trabaja aquí y a la que vemos cada día que no son conscientes de nuestras situaciones laborales. Muchos nos han dicho que ni se imaginaban que sufríamos tanta precariedad. Nuestra protesta también es para que se sepa lo que estamos pasando y, entre todos, podamos mejorar nuestras condiciones. Puede que si desde EITB mejorasen las condiciones de los pliegos, después las empresas estarían abiertas a pagarnos más, consideramos que ahí EITB también puede intervenir”, concluyen.

Este periódico se ha puesto en contacto con EITB, que ha declinado realizar declaraciones sobre este tema en concreto, mientras que al cierre de esta edición las empresas Alse y Tisa no han respondido las preguntas planteadas por teléfono ni por correo electrónico.

“Cuando tú migras siendo mujer y siendo latina, los espacios de trabajo ya están marcados: cuidado de personas o limpieza”. Diana (nombre ficticio a petición de la entrevistada) llegó a Canarias en 2022 desde Colombia, escapando de los conflictos internos de su país. En estos cuatro años no ha dejado de trabajar. Sin embargo, su situación administrativa la ha obligado a hacerlo en la sombra y en condiciones indignas. “La presión laboral en el gremio de las camareras de piso es muy fuerte. Tu cuerpo se rompe por completo de manera emocional y física”, reconoce.

La regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobada por el Gobierno español, aunque tardía, ha sido recibida como una buena noticia por muchas mujeres que durante años han soportado tratos degradantes por parte de sus empleadores. “Humillación, mucha humillación. Una vez pedí una faja para tener más estabilidad en la espalda y me dijeron que no, que eso era lo que había”, cuenta Luisa*, una mujer colombiana de 53 años que trabajaba en Gran Canaria cuidando de una persona mayor.

“Cuando uno no tiene permiso de trabajo, abusan. No te pagan lo que es”, explica en una entrevista concedida a esta redacción pocos días antes de cumplir seis años en el país. De las 24 horas que tiene el día, a Luisa, que era funcionaria en Colombia, apenas le quedaban libres tres. “Trabajaba 21 horas, llegaba a mi casa, dormía una hora y me volvía a marchar, además del esfuerzo físico que implica movilizar a una persona totalmente encamada”, recuerda. Todo esto, cobrando por debajo del salario mínimo. “Es una explotación, pero por necesidad tienes que aguantar”, concluye.

El tiempo que Luisa pasó trabajando en esas condiciones le pasó factura. Su espalda, su columna y su cadera “ya no daban más”. Lo mismo le ocurrió a Diana mientras trabajaba como camarera de piso en un hotel de Gran Canaria. “En una jornada de ocho horas, con 30 minutos para comer, tienes que limpiar 25 habitaciones, zonas comunes y restaurantes”, detalla.

“Yo quedé en 45 kilos de peso dentro del gremio de las camareras de piso, porque es un sector muy explotado, vulnerable y poco respetado. Hay muchas demandas, pero no pasa absolutamente nada. Cuando hay una inspección, ya los directores lo saben”, lamenta Diana. “En mi país trabajaba como auxiliar contable, y aunque aquí estoy más segura, jamás imaginé trabajar en un lugar donde estuviera en riesgo mi salud”, lamenta. 

Cuando la empresa o el empleador decide, “te dicen hasta luego y ya”. “No tienes ningún reconocimiento por esa labor, ni un finiquito, ni el pago de tus vacaciones. Nada”, añade Luisa. 

Papeles para tener “tranquilidad” 

A la regularización extraordinaria podrán acceder quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y hayan permanecido de manera continuada en el país como mínimo cinco meses antes de tramitar la petición. También podrán acogerse a esta medida los solicitantes de protección internacional que hayan pedido asilo antes del 31 de diciembre del año pasado, y no tendrán que renunciar a este trámite para obtener a la regularización.

Para evitar nuevos obstáculos en este proceso, se admitirá cualquier documento público o privado, o una mezcla de ambos, que pruebe la residencia continuada en el país, y no solo el empadronamiento. “Es la oportunidad para tener confianza. Cuando uno hace el trámite, siempre está la duda: será que me lo aprueban, no me lo aprueban… Ahora con la regularización parece que es algo más seguro”, valora Luisa. 

Lo mismo apunta Diana, a quien su situación administrativa la ha abocado a años de frustración y ansiedad. “Es esa incertidumbre de si me deportan, si me quedo sin empleo… No tienes derecho a absolutamente nada”, insiste. “Si a la gente se le dan las herramientas, se beneficia la persona y se beneficia el país. Va a cotizar a la seguridad social, va a pagar sus impuestos… Todo el mundo gana”, mantiene Luisa. 

Según las estimaciones del Ministerio de Migraciones, se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio. El plazo máximo de tramitación será de tres meses y solo con la admisión a trámite de las solicitudes -que tendrán que resolverse en 15 días- las personas podrán empezar a trabajar.

Esta será la séptima regularización extraordinaria aprobada en España. Dos de ellas salieron adelante en los años 2000 y 2001, durante el gobierno de José María Aznar (PP), y permitieron regularizar a 503.327 personas. Otras cuatro fueron aprobadas con los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero en los años 1986, 1991-92, 1996 y 2005. 

Aunque es imposible cuantificar el número real de personas extranjeras que podrán acceder a esta medida, se estima que en Canarias serán al menos 45.000. Esta decisión nació en las calles, de la mano del Movimiento Estatal Regularización Ya, y cogió fuerza durante la pandemia. ''Mientras todo el mundo tenía sus ERTE, las personas en situación administrativa irregular que estaban siendo explotadas no tenían nada'', recuerda Redwan Baddouh, portavoz del movimiento en Canarias. 

En febrero de 2022 arrancó una recogida de firmas que en menos de un año consiguió 700.000 apoyos, muchos más de los 500.000 exigidos para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La toma en consideración de la iniciativa fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, pero la falta de acuerdo político hizo que permaneciera bloqueada durante meses. Por ello, Podemos y el Gobierno han pactado sacar adelante la regularización extraordinaria mediante un reglamento y sin necesidad de que sea aprobada en el Congreso.

Diana y Luisa celebran también que se les abra la puerta a poder visitar a su familia en Colombia y agradecen el trabajo del movimiento Regularización Ya. “Voy a poder tener permiso de trabajo por un año y no voy a estar amarrada y no poder salir. Yo con la solicitud de asilo no puedo salir de España”, explica Diana. En Colombia, Luisa tiene a una de sus hijas, a su madre, a sus hermanos y a sus sobrinos. “Estoy deseosa de ir a compartir con mi familia”, afirma con esperanza.

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha analizado los datos de contratación de enero de 2026 y ha insistido en que la situación que atraviesan los jóvenes en el mercado laboral “sigue siendo grave” pues se constata que “siguen instalados en la precariedad laboral”.

Los datos de contratación del primer mes del año, atendiendo a la duración de los contratos, el tipo de jornada, el género y los tramos de edad entre los 16 y los 34 años, “confirman que la puerta de entrada al empleo sigue siendo la precariedad”, ha reiterado el sindicato en un comunicado.

En enero, un 26,06% del total de los contratos firmados fue de carácter indefinido, de los que solo el 12,02% corresponde a jóvenes, mientras casi la mitad de los contratos celebrados corresponden a este grupo de edad. “Una cifra que pone de manifiesto que la temporalidad golpea de forma más fuerte a la juventud”, ha valorado la secretaria de Jóvenes de CCOO de Cantabria, Andrea Garay, que ha precisado que del total de 12.220 contratos firmados, el 46,53% (5.686) fue firmados por jóvenes.

“Aún más dramático” para CCOO es que el 54,45% de jóvenes ha firmado contratos en enero de duración inferior o igual a una semana, lo que revela “una altísima rotación y una falta de continuidad que impiden consolidar ingresos, acceder a vivienda o planificar el futuro con un mínimo de seguridad”, ha recalcado Garay.

Respecto al tipo de jornada, el 66,15% (8.083) del total de los contratos firmados fue a jornada completa y, de ellos el 43,14% (3.487) se firmó por jóvenes. Sin embargo, de todos esos contratos a jornada completa, sólo el 22,39% (1.810) fue indefinido y sólo el 9,30% (752) se rubricó por jóvenes frente al 77,61% (6.273) temporales del total (el 33,84% por personas jóvenes).

“Esto evidencia que incluso dentro de las jornadas completas predomina la inestabilidad y que, cuando se accede a una jornada completa, la mayoría de las personas trabajadoras jóvenes lo hacen sin garantías de continuidad”, ha subrayado Garay.

En la jornada parcial, la situación es “aún más frágil” para CCOO. Más de la mitad, el 52,59% (1.942) de los contratos firmados por personas jóvenes es a tiempo parcial, 22 puntos porcentuales más que la media; y de ellos, el 76,31% (1.482) es temporal, mientras que la modalidad indefinida es claramente minoritaria, ya que apenas alcanza un 23,99% (466) de las contrataciones totales.

Por otro lado, el contrato fijo discontinuo, que tiene un peso reducido en el conjunto de la población 3,63% (444), afecta proporcionalmente más a la juventud al suponer el 56,53% (251) de los contratos firmados.

“La precariedad laboral está instalada en los jóvenes y otro ejemplo de ello son los contratos fijos discontinuos que demuestran que el acceso al empleo es intermitente y que está vinculado a determinadas épocas del año”, ha señalado Garay, que además ha puesto de manifiesto la desigualdad entre los jóvenes, “que también tiene rostro de mujer”, puesto que de la contratación a jornada completa, solo el 43,7% (3.533) corresponde a mujeres, frente al 56,3% (4.550) de hombres.

Sin embargo, en el trabajo a tiempo parcial sucede lo contrario: casi el 68% de estos contratos recaen en mujeres. “Una distribución que perpetúa menores salarios, menor protección social y más obstáculos para desarrollar proyectos de vida autónoma”, ha valorado la secretaria de Jóvenes.

Por todo ello, Garay ha insistido en que “no podemos normalizar que la juventud encadene contratos breves, parciales y abrumadoramente temporales. Es urgente reforzar las políticas que impulsen empleo estable y de calidad, así como combatir la feminización de la precariedad. La juventud necesita derechos, certidumbre y salarios dignos. Sin estabilidad laboral, no hay emancipación posible”, ha subrayado.

L'emancipació juvenil s'ha convertit en una excepció a Balears. Només el 15,3% dels joves d'entre 16 i 29 anys viu fora de la llar familiar i, a la franja clau de 25 a 29 anys, amb prou feines un de cada tres aconsegueix independitzar-se, tal com constata l'Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2025, que dibuixa un escenari marcat per baixos salaris, precarització laboral i un mercat de l'habitatge que actua com a principal mur de contenció.

L'informe, elaborat per l'Observatori de la Joventut de les Illes Balears (OJIB) i el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), incorpora per primera vegada una anàlisi específica sobre salut mental que reforça la lectura estructural del problema: segons l'estudi, els joves de les illes tenen una pitjor salut mental que els de la resta del país i pateixen més depressió, ansietat i malestar psicològic per l'encariment de l'habitatge, la precarització laboral i la pressió que la turistificació exerceix sobre l'emergència residencial.

D'acord amb l'informe, el cost del lloguer absorbeix de mitjana el 59% dels ingressos d'una llar jove i equival al 135,9% del salari d'una sola persona. A la pràctica, el salari juvenil només permet accedir a un habitatge de 18 metres quadrats al mercat lliure, una xifra que resumeix el grau d'asfíxia habitacional a què s'enfronta la joventut balear. Comprar tampoc és una alternativa realista: adquirir un habitatge nou suposa l'equivalent a 22,1 anys de sou juvenil i, perquè un jove pugui destinar el 30% del sou a una hipoteca, caldria ingressar 5.440 euros nets mensuals, una xifra que el propi informe qualifica de “totalment allunyada de la realitat salarial”.

Malgrat això, el règim majoritari entre la joventut emancipada continua sent el lloguer a preu de mercat (45,7%), molt per davant de la propietat amb hipoteca (16,9%) o del lloguer per sota del preu de mercat (14,7%). Perquè una persona jove pogués destinar només el 30% del seu salari al pagament d'una hipoteca, hauria d'ingressar 5.440 euros nets al mes.

A l'arxipèlag resideixen actualment 197.500 joves, però únicament 30.285 estan emancipats. Entre els qui tenen entre 25 i 29 anys -un grup format per 77.156 persones-, la taxa d'emancipació se situa en el 33,2%. La bretxa de gènere és lleu però persistent: el 13,4% dels homes viu fora de la llar familiar enfront del 17,4% de les dones.

Les diferències s'accentuen quan s'atén al lloc de naixement. Només el 8,4% dels joves nascuts a les illes d'entre 25 i 29 anys està emancipat, enfront del 26,8% dels qui procedeixen d'altres comunitats autònomes i el 27,2% dels nascuts a l'estranger. Una dada que apunta a una realitat coneguda a les illes: els qui arriben amb feina ja assegurada o amb més capacitat econòmica tenen més opcions d'accedir a un habitatge, mentre que la joventut local queda atrapada en un mercat cada vegada més inaccessible.

L'anuari assenyala que la combinació de precarització laboral i encariment de l'habitatge “converteix l'autonomia en un privilegi”. Estudiar ja no garanteix una feina digna i treballar no assegura poder sortir d'aquesta situació, una constatació que connecta directament amb el model econòmic de Balears, fortament dependent del turisme i caracteritzat per la temporalitat i els baixos salaris.

“El lloguer és prohibitiu, la compra és una quimera i el parc públic d'habitatge és insuficient”, resumeix un dels articles de l'anuari, que adverteix que l'emancipació ha deixat de ser una etapa natural del cicle vital per convertir-se en un privilegi reservat a aquells que compten amb recursos suficients o circumstàncies excepcionals. El resultat és una joventut abocada a prolongar la convivència familiar o a assumir situacions d'inestabilitat habitacional.

En la “sala d'espera” de la vida adulta

Davant d'aquest panorama, el Consell de la Joventut reclama mesures urgents: regular el preu del lloguer, ampliar de forma decidida el parc públic d'habitatge i reservar-ne una part per a joves, reconvertir espais en habitatge social i reduir els impostos vinculats al primer habitatge. “La joventut no vol viure eternament a la sala d'espera de la vida adulta”, subratllen, exigint “habitatge digne, feines estables i oportunitats reals, ara”.

L'Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2025, presentat aquest dilluns per la doctora Belén Pascual (UIB), la directora de l'OJIB, Assumpta Mas, i el doctor Carles Feixa, aplega 19 articles. Un d'ells, titulat Més joves en risc de pobresa que joves emancipats, recorda que el 19,1% de les persones d'entre 16 i 24 anys es troba en risc de pobresa o exclusió, així com el 7,5% dels joves que treballen.

Es tracta d'un context de precarització habitacional i laboral que té un impacte directe en el benestar psicològic. L'informe sobre salut mental alerta que el 13,3% de la joventut balear pateix ansietat crònica, més del doble que la mitjana estatal, situada en el 6,2%. La depressió també presenta xifres més elevades que en el conjunt del país, tant entre la població de 15 a 29 anys com entre els més grans de 30.

Més enllà dels diagnòstics clínics, l'estudi subratlla el malestar generalitzat d'una generació que percep la seva situació com a crítica. Només un 0,5% de les persones joves considera que la situació del col·lectiu és molt bona i amb prou feines un 3,5% la qualifica de bona. En canvi, més d'un terç la defineix com a dolenta o molt dolenta, i només el 34% confia a viure millor que els seus progenitors.

Segons l'Anuari, aquestes percepcions estan profundament arrelades en realitats socioeconòmiques específiques de Balears, entre les quals destaquen l'especulació immobiliària, la pressió turística sobre el mercat residencial i la precarització laboral derivada de la dependència del sector turístic i la temporalitat dels contractes. “Quan les dificultats per accedir a un habitatge digne es combinen amb la falta d'ingressos estables, la joventut balear queda atrapada en un cercle de vulnerabilitat estructural que dificulta tant l'autonomia com la construcció de projectes de vida amb garanties”, adverteix l'informe.

Davant d'aquest escenari, el Consell de la Joventut insisteix que la salut mental juvenil no pot abordar-se únicament des d'una perspectiva clínica. Reclama polítiques públiques integrals que ampliïn l'atenció sanitària, però que també garanteixin habitatge assequible, ocupació digna, igualtat de gènere i espais reals de participació. Sense un gir estructural, conclou l'Anuari, l'habitatge continuarà sent no només un problema habitacional, sinó un dels principals factors de desgast psicològic i desigualtat generacional a Balears.

La emancipación juvenil se ha convertido en una excepción en Balears. Solo el 15,3 % de los jóvenes de entre 16 y 29 años vive fuera del hogar familiar y, en la franja clave de 25 a 29 años, apenas uno de cada tres logra independizarse, tal como constata el Anuario de la Juventud de las Illes Balears 2025, que dibuja un escenario marcado por bajos salarios, precarización laboral y un mercado de la vivienda que actúa como principal muro de contención.

El informe, elaborado por el Observatori de la Joventut de les Illes Balears (OJIB) y el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), incorpora por primera vez un análisis específico sobre salud mental que refuerza la lectura estructural del problema: según el estudio, los jóvenes de las islas tienen una peor salud mental que los del resto del país y sufren más depresión, ansiedad y malestar psicológico por el encarecimiento de la vivienda, la precarización laboral y la presión que la turistificación ejerce sobre la emergencia residencial.

De acuerdo al informe, el coste del alquiler absorbe de media el 59 % de los ingresos de un hogar joven y equivale al 135,9 % del salario de una sola persona. En la práctica, el salario juvenil solo permite acceder a una vivienda de 18 metros cuadrados en el mercado libre, una cifra que resume el grado de asfixia habitacional al que se enfrenta la juventud balear. Comprar tampoco es una alternativa realista: adquirir una vivienda nueva supone el equivalente a 22,1 años de sueldo juvenil y, para que un joven pueda destinar el 30 % del sueldo a una hipoteca, sería necesario ingresar 5.440 euros netos mensuales, una cifra que el propio anuario califica de “totalmente alejada de la realidad salarial”.

Pese a todo ello, el régimen mayoritario entre la juventud emancipada sigue siendo el alquiler a precio de mercado (45,7 %), muy por delante de la propiedad con hipoteca (16,9 %) o del alquiler por debajo del precio de mercado (14,7 %).

En el archipiélago residen actualmente 197.500 jóvenes, pero únicamente 30.285 están emancipados. Entre quienes tienen entre 25 y 29 años -un grupo formado por 77.156 personas-, la tasa de emancipación se sitúa en el 33,2 %. La brecha de género es leve pero persistente: el 13,4 % de los hombres vive fuera del hogar familiar frente al 17,4 % de las mujeres.

Las diferencias se acentúan cuando se atiende al lugar de nacimiento. Solo el 8,4 % de los jóvenes nacidos en las islas de entre 25 y 29 años está emancipado, frente al 26,8 % de quienes proceden de otras comunidades autónomas y el 27,2 % de los nacidos en el extranjero. Un dato que apunta a una realidad conocida en las islas: quienes llegan con empleo ya asegurado o con mayor capacidad económica tienen más opciones de acceder a una vivienda, mientras que la juventud local queda atrapada en un mercado cada vez más inaccesible.

El anuario señala que la combinación de precarización laboral y encarecimiento de la vivienda “convierte la autonomía en un privilegio”. Estudiar ya no garantiza un empleo digno y trabajar no asegura poder salir de esta situación, una constatación que conecta directamente con el modelo económico de Balears, fuertemente dependiente del turismo y caracterizado por la temporalidad y los bajos salarios.

“El alquiler es prohibitivo, la compra es una quimera y el parque público de vivienda es insuficiente”, resume uno de los artículos del anuario, que advierte de que la emancipación ha dejado de ser una etapa natural del ciclo vital para convertirse en un privilegio reservado a quienes cuentan con recursos suficientes o circunstancias excepcionales. El resultado es una juventud abocada a prolongar la convivencia familiar o a asumir situaciones de inestabilidad habitacional.

En la “sala de espera” de la vida adulta

Ante este panorama, el Consell de la Joventut reclama medidas urgentes: regular el precio del alquiler, ampliar de forma decidida el parque público de vivienda y reservar una parte para jóvenes, reconvertir espacios en vivienda social y reducir los impuestos vinculados a la primera vivienda. “La juventud no quiere vivir eternamente en la sala de espera de la vida adulta”, subrayan, exigiendo “vivienda digna, trabajos estables y oportunidades reales, ahora”.

El Anuario de la Juventud de las Illes Balears 2025, presentado este lunes por la doctora Belén Pascual (UIB), la directora del OJIB, Assumpta Mas, y el doctor Carles Feixa, reúne 19 artículos. Uno de ellos, titulado Más jóvenes en riesgo de pobreza que jóvenes emancipados, recuerda que el 19,1 % de las personas de entre 16 y 24 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, así como el 7,5 % de los jóvenes que trabajan.

Se trata de un contexto de precarización habitacional y laboral que tiene un impacto directo en el bienestar psicológico. El informe sobre salud mental alerta de que el 13,3 % de la juventud balear sufre ansiedad crónica, más del doble que la media estatal, situada en el 6,2 %. La depresión también presenta cifras más elevadas que en el conjunto del país, tanto entre la población de 15 a 29 años como entre los mayores de 30.

Más allá de los diagnósticos clínicos, el estudio subraya el malestar generalizado de una generación que percibe su situación como crítica. Solo un 0,5 % de las personas jóvenes considera que la situación del colectivo es muy buena y apenas un 3,5 % la califica de buena. En cambio, más de un tercio la define como mala o muy mala, y solo el 34 % confía en vivir mejor que sus progenitores.

Según el Anuario, estas percepciones están profundamente arraigadas en realidades socioeconómicas específicas de Baleares, entre las que destacan la especulación inmobiliaria, la presión turística sobre el mercado residencial y la precariedad laboral derivada de la dependencia del sector turístico y la temporalidad de los contratos. “Cuando las dificultades para acceder a una vivienda digna se combinan con la falta de ingresos estables, la juventud balear queda atrapada en un círculo de vulnerabilidad estructural que dificulta tanto la autonomía como la construcción de proyectos de vida con garantías”, advierte el informe.

Ante este escenario, el Consell de la Joventut insiste en que la salud mental juvenil no puede abordarse únicamente desde una perspectiva clínica. Reclama políticas públicas integrales que amplíen la atención sanitaria, pero que también garanticen vivienda asequible, empleo digno, igualdad de género y espacios reales de participación. Sin un giro estructural, concluye el Anuario, la vivienda seguirá siendo no solo un problema habitacional, sino uno de los principales factores de desgaste psicológico y desigualdad generacional en Balears.