Representantes de Podemos Camargo han solicitado a la alcaldesa, Esther Bolado, la reactivación de la mesa de diálogo sobre la empresa Ferroatlántica, después de que una organización medioambiental haya catalogado a este municipio como el que soporta mayor contaminación de toda la Comunidad y uno de los que padecen los niveles más altos de España.

Ana Haya, responsable de Organización de Podemos Camargo, y Ricardo Amigo, miembro del Círculo camargués, han trasladado a Bolado la necesidad de solucionar este “grave problema”, que afecta directamente a la salud de todos los camargueses y que ya lleva más de “un año de demora”, señala la formación morada en un comunicado de prensa.

Por otro lado, los representantes de Podemos Camargo han hecho llegar a la regidora las denuncias recibidas sobre las colonias felinas en Las Presas y Alday. Haya ha destacado la importancia de completar la esterilización de los animales y ha planteado la posibilidad de contar con un cuidador voluntario que atienda y alimente a los mismos.

De la misma manera se informó, de una situación de abandono y maltrato a un número indeterminado de perros en una casa del pueblo de Revilla. Según Podemos, este hecho fue solucionado unas horas después, tras la intervención de la Policía local y el Seprona.

Ferroglobe ha cumplido su amenaza. Después de que la Xunta decidiese no autorizar la segregación de las actividades de la compañía en la Costa da Morte, tal y como pedía el grupo de Villar Mir para la posterior venta de las centrales hidroeléctricas, la multinacional había advertido de las posibles consecuencias. Avisó de futuros despidos, “precarización”, cancelación de ayudas a clubes y entidades deportivas y suspensión de inversiones y proyectos industriales en Galicia. Y ha empezado a cumpir.

La empresa resultante de la fusión de Ferroatlántica y la estadounidense Globe ha anunciado esta semana que traslada por completo su proyecto de silicio solar a Puertollano (Ciudad Real), después de que hace ahora un año anunciase una inversión de 42 millones para esta nueva factoría en Arteixo. Fue en esta localidad del área metropolitana coruñesa donde los trabajadores de Ferrosolar han llevado a cabo durante años investigación para desarrollar tecnologías de purificación de silicio y obtener la modalidad de este material apto para piezas empleadas en la generación de energía fotovoltaica. El trabajo de I+D dio resultados gracias a un personal -28 empleos directos y 12 subcontratados- “que tienen los conocimientos para desarrollarlo”, tal y como recordó este jueves el alcalde de la villa, Carlos Calvelo, del PP, que no entiende el traslado.

“Los trabajadores y el Ayuntamiento de Arteixo son víctimas inocentes de una venganza contra la Xunta por parte de Ferroatlántica”, dijo “clara y abiertamente” el regidor, acompañado por representantes sindicales de una compañía que, con su importante desarrollo tecnológico, logró crear un polvo de silicio de alta calidad y situarse como firma vanguardia en el sector. Ahora, el proyecto desarrollado en la localidad y destinado a completar el proceso en Galicia se marcha a más de 800 kilómetros.

Calvelo tiene claro que la decisión de no situar en Arteixo el proyecto desarrollado en ese municipio se debe a la decisión tomada por la Xunta, después de una fuerte presión social y ciudadana, de no autorizar la venta de las centrales de los ríos Xallas y Grande. “Fue por eso por lo que Ferroglobe decidió obviar lo que ya había anunciado. ”Sabemos y conocemos cómo funcionan las multinacionales, pero nos gustaría que alguien nos viniese a explicar a Arteixo por qué no interesamos“, cargó con dureza el regidor, que acusó a la compañía de ”no tener ni la dignidad ni el respeto a hacer una llamada para explicar las razones de no instalarse aquí cuando se facilitaron todas las posibilidades“.

Además, Calvelo le recordó a Ferroglobe que “Arteixo lleva 30 años de convivencia con una industria pesada con afectaciones en el entorno” tras mostrar su “decepción” con la compañía. Al tiempo, Roberto Teijido, secretario general de metal, construcción y afines de UGT en A Coruña, que recordó que la empresa “insistió mucho” en vender las centrales hidroeléctricas para tener activos cuando “ahora resulta que sin vender va a invertir 70 millones en Puertollano”.

“Nos perdimos algo aquí...”, añadió quien recuerda que además de dejarse de crear unos 90 puestos de trabajo, también están “en riesgo” los empleos de los 40 trabajadores del centro de I+D Ferrosolar. Además, advirtió también de que la materia prima empleada es gallega, en referencia a que el material obtenido se extra en la mina de Serrabal y es transformado en Sabón, situación que, como advierte el alcalde, hace más incomprensible la decisión en términos económicos, que parece más centrada en la represalia.

El BNG ya ha criticado en el Parlamento este “modelo depredador” y ha reclamado a la Xunta que garantice que Ferroglobe transforme el silicio de Serrabal en Galicia. “Se trata de recursos minerales del país de los que la multinacional se beneficia gracias a una concesión pública”, recordó Noa Presas, portavoz nacionalista de Industria que presentó la iniciativa.

“Sería el colmo que la multinacional explote los recursos mineros del país, con el coste medioambiental que eso tiene, para después coger el mineral de Serrabal y llevarlo fuera para terminar el ciclo productivo fuera de Galicia, justo lo que genera más valor añadido y empleo”, dijo, tras considerar que la Xunta “no puede estar en silencio” y que “tiene que reaccionar de inmediato”. “Sobre todo si tenemos en cuenta que es en Galicia donde la multinacional obtiene el mineral, un silicio purísimo de gran calidad que se traduce en grandes beneficios para la empresa”, añadió.

Lo de Serrabal es el yacimiento de silicio más importante de Europa, pero Ferroglobe justifica su decisión. Dice que ya había avisado en agosto de sus intenciones y que el proyecto de Puertollano es más barato de hacer que el de Arteixo.

La Xunta no autoriza la segregación de las actividades de Ferroatlántica en la Costa da Morte, como pedía el grupo Villar Mir para la posterior venta de las centrales hidroeléctricas, por “no existir garantías suficientes para el mantenimiento de la actividad industrial”. Así lo ha asegurado este miércoles el Gobierno gallego en un comunicado después de haber informado a los alcaldes de la comarca y a los representantes de los trabajadores de las fábricas de la compañía en Galicia, que siempre han defendido que los planes de la multinacional no garantizaban el futuro. El propio Alberto Núñez Feijóo telefoneó los regidores para darles la noticia.

El Ejecutivo gallego asegura que, tras “evaluar en detalle la documentación, se ha dictaminado que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios que fija la legislación para eliminar la condición esencial prevista en la concesión, que consiste fundamentalmente en garantizar el mantenimiento de la actividad industrial”. La decisión llega de Augas de Galicia, organismo encargado de elaborar el informe mediante el cual, según dice el Gobierno, la Xunta “cumple con los compromisos adquiridos” de “estar del lado de la ley, respetando el principio de legalidad, y salvaguardar el interés público de la concesión, que en este caso en concreto está determinado por la continuidad de la actividad industrial en la comarca de A Costa da Morte”.

La resolución, amparada por el informe de la Asesoría Jurídica de la Xunta, advierte que con el proceso elevado por Ferroatlántica no se dan “las condiciones necesarias ni se cumplen los requisitos legales para suprimir la condición actualmente vigente en la concesión, que tiene por finalidad garantizar el mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo en la comunidad autónoma”. Por tanto, la condición de no segregar las actividades de las centrales y de las factorías de ferroaleación. Así, según el Ejecutivo, “carece de las condiciones que establece la propia concesión de velar por el interés público”.

Fue a principios del pasado mes de mayo cuando Ferroatlántica solicitó a la Xunta la segregación de las centrales hidroeléctricas de los ríos Xallas y Grande de las plantas de ferroaleación de Cee y Dumbría. La compañía pedía oficialmente a Augas de Galicia -después de reclamarlo anteriormente de muchas otras formas- que, “en aplicación del interés general y de acuerdo a derecho”, devolviera las concesiones hidráulicas a su estado original. Y advertía que la autorización sería la “única” manera de mantener el empleo y el futuro de la compañía en territorio gallego.

La empresa propiedad del empresario Villar Mir -imputado en el caso Bárcenas por presunta financiación ilegal del PP e investigado en la operación Lezo- reclamaba la “eliminación de la prohibición” de segregar las actividades de ferroaleación y producción eléctrica que data de los años 90, de cuando el empresario pasó a controlar los activos, y que considera que se aplicó “de forma excepcional” y “en circunstancias especiales”. Todo, con los trabajadores del comité de Cee-Dumbría-Centrales Hidroeléctricas, los alcaldes de la comarca y la oposición política gallega en contra.

El plan de la compañía estaba más que trazado. Ferroglobe, resultado de la fusión de Ferroatlántica con la multinacional Globe, había previsto vender las centrales por 255 millones, de las que el grupo recibiría 153 descontados los gastos financieros, tal y como informó en el hecho relevante destinado a las autoridades de la Bolsa de Londres y Nueva York a principios de año. Además, y a pesar de no disponer de autorización alguna para separar las actividades, la firma ya había registrado en el Boletín Oficial del Registro mercantil (BORME) la escisión a nivel empresarial de su división industrial en una nueva sociedad denominada Ferroatlántica de Electrometalurgia.

Ferroglobe presionó el Gobierno gallego, a los alcaldes y a los trabajadores y pidió al Ejecutivo que “autorice la operación que garantice el futuro de la compañía en Galicia” tras advertir que la cancelación de la “extemporánea” prohibición vigente permitiría “la venta de las centrales y, con ella, ejecutar el plan industrial de futuro avalado por la mayoría sindical el pasado 8 de abril”. Aquel acuerdo a nivel estatal, rechazado por 20 de los 27 delegados de las diferentes empresas del grupo en Galicia, provocó que los delegados de CCOO y UGT en Ferroatlántica abandonaran los sindicatos.

Una segregación vetada desde hace más de 20 años

A pesar de que Ferroglobe aseguraba que la prohibición “vulnera el derecho fundamental a la libertad de empresa” y es “contraria al ordenamiento jurídico”, son varias las sentencias en contra de la segregación. Fallos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y del Supremo certifican que las dos ramas -la de ferroaleación y la de energía hidroeléctrica- son una sola actividad productiva, después de que Villar Mir recurriera en varias ocasiones. El grupo empresarial se propuso hace más de veinte años comprar la división de ferroaleaciones de Carburos Metálicos separando las actividades en dos empresas y convertir así las centrales eléctricas, destinadas a la provisión de energía a las fábricas de Cee y Dumbría, en simples productoras de energía eléctrica para su venta en el mercado.

Después, el Gobierno de Manuel Fraga con la aprobación del Parlamento había condicionado la autorización administrativa para el cambio de titularidad de las concesiones que Carburos tiene de los aprovechamientos hidroeléctricos en el Xallas y Grande a la no segregación en dos sociedades distintas de la actividad de ferroaleaciones y producción de energía eléctrica, preservando así su interés público y condicionando que la producción energética esté vinculada a los usos industriales de las factorías.

En 1994 la Xunta exigió además a la empresa compradora un plan de viabilidad que garantizase la solvencia de la explotación conjunta de los aprovechamientos hidroeléctricos y de la producción industrial. Villar Mir aceptó todas las condiciones pero interpuso recurso contencioso-administrativo ante el TSXG, que falló a favor del Gobierno gallego, al igual que el Supremo en 2001 tras otro recurso de Ferroatlántica.

Una línea argumental prepondera sobre todas las demás del PPdeG en lo referido a los casos de presunta corrupción que afectan al partido y, concretamente, a la financiación irregular que la Justicia dio por certificado en casos todavía en marcha como el de la caja B o Gürtel. La dirección de los populares gallegos apuesta, como en la campaña de las últimas elecciones gallegas, por colocar una barrera de contención política que este martes ha vuelto a intentar desplegar para rechazar la comisión de investigación sobre los contratos de las empresas del Grupo Villar Mir que, al hilo de las revelaciones de la Operación Lezo, En Marea y BNG propusieron conjuntamente. Al contrario de lo inicialmente esperado, finalmente el PSdeG se ha unido a la petición del resto de la izquierda, dejando a los conservadores solos en un “no” que, proclaman, defienden para no contribuir a “destruir la democracia”.

La elección de la representante popular en el debate ha evidenciado que, frente a lo declarado, el partido que sustenta el Gobierno tampoco ha ceñido este debate al ámbito de la industria y del futuro de las concesiones de Ferroglobe -antigua Ferroatlántica-. Quien ha respondido a la investigación defendida por Luís Villares (En Marea) y Ana Pontón (BNG) no ha sido el portavoz, Pedro Puy, ni ninguno de los miembros del Grupo Popular que suelen encargarse de asuntos económicos o industriales. Ha sido la viceportavoz, Paula Prado, para quien el hecho de que el juez del caso Lezo “no haya solicitado a la Xunta ni un solo contrato” prueba que el único enlace del PPdeG con las presuntas irregularidades de Villar Mir son “las malintencionadas injurias del señor Villares”.

La airada intervención de Prado respondía a los discursos de Villares y Pontón, para quien la apertura de una investigación es la mejor manera de “dejar el juego de máscaras” y “permitir que se aclaren las dudas”, en palabras del portavoz de En Marea. “Esta comisión solo puede molestar a quien tenga algo que ocultar”, cree la líder del BNG, para quien la investigación “ya estaría justificada” por el hecho de que “descaradamente, un empresario imputado por financiación irregular del PP” esté “chantajeando a Galicia” con la operación para segregar y vender las centrales de A Costa da Morte. “Ni acusamos ni condenamos, solo describimos hechos”, agrega Pontón, a cuyo juicio existen “evidencias muy claras de que el foco” de la corrupción del PP “no está localizado en Madrid”, sino que se “expande”.

Es “cierto”, anticipó Luís Villares antes de la respuesta de Prado, que el Grupo Villar Mir “contrata con gobiernos de muchos colores”. “Pero el color del dinero solo está puesto en el PP” y por eso la Cámara gallega no debe “mirar hacia otro lado”. “De ser cierto lo que afirman” con respecto a la legalidad de las relaciones entre la Xunta y las empresas investigadas “nada tendrían que temer”, señala. “Seguro que el señor Villar Mir estará encantado de resolver las dudas” y de paso, señala, el legislativo gallego podría “saber cómo se financia cada uno” y “si alguien va dopado a las elecciones”. Las comisiones de investigación, recuerda, “no tienen por misión investigar delitos”, sino “aclarar dudas en sede parlamentaria y defender los intereses de la ciudadanía”.

En este contexto, la esperada dureza de la justificación del PP para vetar la investigación ha parecido acrecentada por el hecho de que el PSdeG, a través de Juan Díaz Villoslada, haya anunciado su voto a favor a pesar de ver poco “rigor” en el planteamiento de la propuesta. “Si surgen irregularidades se actuará en consecuencia y si no, la sombra de la sospecha desaparecería”, indicó el socialista. Tras los discursos de En Marea, BNG y de los socialistas Paula Prado accedió a la tribuna para clamar que “no todo vale”. “Ya sabemos”, dijo la popular, que En Marea “irrumpió” para “destruir las instituciones, destruir la democracia y la nobleza de la política”, unos “mimbres podridos” que no sirven para “levantar el país”.

“Con nosotros no cuenten para destruir la democracia”, proclamó Prado, quien enmarca el rechazo a la comisión en el “compromiso” con quienes “nos votaron para protegerlos de ustedes, los que no creen en la democracia”, dijo en referencia a En Marea. Aunque el grupo encabezado por Villares centró sus acusaciones, la parlamentaria de la derecha incluyó también al Bloque en su intervención para reprochar a ambos que “pretendan hacer una investigación prospectiva” a pesar de “no conocer un solo contrrato que pueda ser fraudulento”. “No se ponen del lado de la justicia” porque “quieren ajusticiar”, acusó entre sospechas sobre la financiación de ambas formaciones y referencias “a los que ocupan casas”, “actos violentos” y al Gobierno de Venezuela.

“Lo que desprestigia la política es la corrupción generalizada del PP”, replicó Ana Pontón, para quien Prado muestra que no ha pasado el “curso de primero de democracia” al obviar que “las comisiones de investigación no están para investigar lo que se investiga en los juzgados”, sino “cuestiones de interés general”, como estipula el Reglamento. “¿Por qué tienen miedo a que se investigue? ¿A que pueda venir el señor Villar Mir y nos explique a cambio de qué hizo la generosa donación a la Fundación Fraga?”, preguntó. “El imputado” por financiación irregular “no es el PP de Madrid, es el PP de España, en cuya cúpula directiva está Núñez Feijóo, mala suerte”, concluyó Villares, quien augura un “final” en el que la Xunta autorizará las solicitudes de Ferroatlántica. “Saben quiénes son sus amigos”, resalta.

Feijóo descarga toda la responsabilidad de la decisión que su Gobierno tome sobre el futuro de Ferroatlántica en los funcionarios públicos que analicen la solicitud enviada por la empresa a la Xunta hace tan solo unos días. La compañía del empresario madrileño Villar Mir pidió formalmente al Ejecutivo que levantara la prohibición de separar sus actividades de ferroaleación en Cee, Dumbría y Sabón de las centrales que explota en los ríos Xallas y Grande, paso previo y necesario para vender las hidroeléctricas. Lo hizo advirtiendo de que, sin esa venta, estarían en riesgo cientos puestos de trabajo en Galicia y toda una serie de inversiones prometidos en diferentes factorías gallegas.

“Les pido a los empleados públicos que estén viendo este expediente que actúen sin dejarse presionar por nadie, ni por los partidos políticos, ni por las organizaciones sindicales, ni por los intereses empresariales”, aseguró este jueves Feijóo, preguntado por el futuro de Ferroatlántica y de los trabajadores y consciente del rechazo frontal del comité de empresa y de toda la oposición política a la segregación, que consideran que esconde las intenciones de “pelotazo” por parte de Villar Mir, así como la “deslocalización y desmantelamiento” de sus fábricas en la Costa da Morte.

Xunta y PP llevan tiempo insistiendo en el argumento del estricto “cumplimiento de la legalidad” y en la búsqueda del “interés general” cuando se les pregunta sobre la decisión que tomará el Gobierno. Hace apenas un año, el director general de Energía, Ángel Bernardo Tahoces, aseguró en sede parlamentaria que “nunca hubo segregación de actividades y nunca la habrá”. Este jueves, Feijóo dejó toda la responsabilidad de la decisión en la Asesoría Jurídica del Ejecutivo y en los funcionarios que desde ella analicen el expediente enviado por Ferroglobe a Augas de Galicia.

“La Asesoría Jurídica de la Xunta no va a trabajar bajo presión de nadie”, dijo Feijóo, quien asegura que “los empleados públicos tienen independencia para dictaminar, sea la petición de esta o de cualquier empresa, si se ajusta o no se ajusta al título concesional”. Además, advirtió de que los informes que emitan “serán vinculantes para el Gobierno” gallego y que desde el Ejecutivo no se le va a dar “ninguna indicación”.

Más allá de esto, Feijóo destaca que decía “la verdad” cuando aseguraba que la Xunta no había recibido petición alguna por parte de Ferroatlántica hasta ahora. “Se estaba intoxicando cuando se decía que estábamos autorizando la venta o la segregación”, insistió el presidente de la Xunta, que asegura que “siempre” le iba a contar “la verdad a los trabajadores y a los alcaldes”. Precisamente, este viernes se reúne con los regidores de la zona para “informarlos del plan industrial que presenta la compañía en caso de que se le autorice la segregacion”.

En Marea y BNG piden que comparezca el personal

Por otra parte, los grupos parlamentarios de En Marea y el BNG han registrado en el Parlamento la solicitud de comparecencia urgente del comité de empresa de Ferroatlántica de Cee-Dumbría en la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Turismo del Parlamento gallego para escuchar “la situación que están atravesando los trabajadores de la factoría, que desconocen el futuro de las centrales tras la petición de segregación de las actividades por parte de Villar Mir a la Xunta”.

“La Cámara gallega es la cámara de representación de toda la ciudadanía de Galicia y, ante la gravedad de los hechos que rodean la venta segregada de las centrales de Ferroatlántica, consideramos una necesidad de primer orden escuchar a los trabajadores, que son los que deben tener la última palabra sobre la importancia que tiene el mantenimiento de los puestos de trabajo y y viabilidad de un sector industrial de una comarca que vive de manera principal de esta empresa”, señaló el portavoz de En Marea, Luís Villares.

“Igual que los trabajadores y las trabajadoras, igual que la mayoría de la Costa da Morte e igual que los alcaldes de la comarca pensamos que el único salvavidas para los 300 empleos en las plantas de Cee y Dumbría son las centrales eléctricas y su vinculación con la actividad industrial”, aseguró Ana Pontón, portavoz del BNG, que se reunió este jueves un encuentro con representantes del personal

Para Pontón, si Feijóo autoriza la venta de las centrales “firma la liquidación de las plantas y de 300 puestos de trabajo, y da luz verde a que un investigado por la financiación de su partido político dé un pelotazo a costa de Galicia”.

Hace ahora algo más de un año, el director general de Energía de la Xunta de Galicia, Ángel Bernardo Tahoces, aseguró en sede parlamentaria que “nunca hubo segregación de actividades y nunca la habrá”. O, lo que es lo mismo, que nunca se harían realidad las intenciones de Ferroatlántica, la compañía del Grupo Villar Mir que acaba de solicitar formalmente levantar la prohibición a separar sus actividades de ferroaleación en Cee, Dumbría y Sabón de las centrales que explota en los ríos Xallas y Grande, algo que pretende como paso previo a la venta de las hidroeléctricas.

Así lo ha recordado el personal la empresa al conocer que el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, los va a recibir por fin este martes para abordar la solicitud de la compañía . Después de meses de peticiones para esa reunión, el comité de empresa será recibido y solicitará toda la documentación con la que la firma pretende convencer al Gobierno gallego e insistirá en que no permita la temida segregación. Pero ni el PP ni la Xunta son capaces de asegurárselo y se quedan solos en la ambigüedad ante una oposición que reclama unánimamente mantener la negativa.

El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, advierte de que la solicitud de Ferroglobe será analizada “con rigor técnico y jurídico” y que la decisión se hará “conforme a la ley” y con el objetivo de preservar el “interés general”, en un argumentario repetido en los últimos días por el Gobierno y los populares desde que se conoció la petición formal. Por todo esto, insisten, hará falta “un tiempo” para obtener la respuesta y reafirman su “compromiso” con los alcaldes de la Costa da Morte y con los trabajadores.

Con todo, a Puy le parece “un poco pronto” para que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparezca en el Parlamento para dar cuenta de las decisiones que se tomarán con relación a Ferroatlántica. Eso fue lo que pidió el BNG, que reclama ahora también que una representación de los trabajadores de la compañía comparezcan en la Cámara para explicar su posición en contra de una operación “especulativa”. “El único plan industrial real para la comarca es el vínculo entre explotación eléctrica y la industrial recogida en la concesión”, advirtió este lunes la portavoz del Bloque, Ana Pontón, que insiste en que la intención de Villar Mir, “investigado por presunta financiación ilegal del PP, es la de hacer caja con las centrales del Xallas”. “No es una cuestión técnica y jurídica, como enfatiza el Gobierno gallego, sino una cuestión política”, advierte.

“¿Es legal permitirle a una multinacional dar un pelotazo a costa de nuestros ríos? ¿Es legal permitirle al imputado Villar Mir dar un pelotazo de 255 millones de euros a costa de liquidar 300 empleos en la Costa da Morte? ¿Es legal permitirle un pelotazo de 255 millones de euros la una multinacional dirigida por un condenado por las tarjetas black y también imputado por financiación ilegal del PP?, se pregunta Pontón, que asegura que ”los recursos naturales de Galicia tienen que estar a disposición de este país“.

Con relación a las numerosas promesas de Ferroglobe en caso de que la Xunta acceda a permitirle segregar sus actividades, el BNG recuerda que desde que Villar Mir adquirió Ferroatlántica “el empleo en las plantas pasó de 500 a 300 puestos de trabajo, que los 700 empleos reiteradamente anunciados ni están, ni se esperan y que inversiones como la construcción del famoso horno 23 en Dumbría es una promesa anunciada hace 16 años por la que la empresa recibió 2,5 milóns de euros que ahora vuelve a sacarse de la chisteira”. Así, insistió en que Feijóo no ceda al “chantaje” de la empresa.

Desde el PSdeG, por su parte, su portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, insta a “explorar las posibilidades” de que Ferroatlántica siga adelante con sus inversiones en Galicia sin que se autorice la segregación. Preguntado sobre el tema en rueda de prensa, el socialista cree que la Xunta “tiene que garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad”, pero también “velar por el interés general” respeto del mantenimiento del empleo y la actividad económica.

Para Leiceaga, si hay posibilidad de “garantizar que Ferroatlántica invierta más en Galicia y genere más empleos, bienvenido sea”, pero aclaró que lo “primero” es “garantizar” que el vínculo de las actividades actuales “se mantiene”. Así, entiende que atender a la legalidad supone “vincular las centrales y la producción industrial” e insiste en que se deben “explorar” las propuestas de la empresa “sin romper” el existente.

También En Marea insiste en la no segregación de las dos actividades y recuerda que en la actualidad están investigados por corrupción tanto Villar Mir como su yerno, Javier López Madrid, “responsables de Ferroaltántica, OHL, del grupo Ferroglobe, entramados económicos que contratan con la administración pública”. “Nos preguntamos si las acciones ilícitas llevadas a cabo por estas empresas eran porque sí o eran a cambio de algo”, dice la formación, que recuerda que en tramas como la Púnica se ha comprobado que “los favores que se realizaban en una comunidad autónoma, se pagaban en otra”.

“Los tentáculos de la operación Lezo son alargados”, advierte En Marea, que insiste en “poner el foco en la situación de Ferroatlántica, donde la posición de la Xunta se está decantando hacia la empresa y en contra de los intereses de la ciudadanía en base a intereses espúreos que nada tienen que ver con interés general”, concluye.

Los tres grupos de la oposición parlamentaria gallega han salido al paso de la solicitud de Ferroglobe -antigua Ferroatlántica- para segregar y vender sus centrales hidroeléctricas en Galicia con una petición doble: explicaciones de la Xunta y veto a las pretensiones de la compañía del Grupo Villar Mir de dar un “pelotazo”.

En Marea, PSdeG y BNG apuntan directamente al presidente de la Xunta para reclamarle respeto por la “ley”, envío al Parlamento de “toda la documentación” tramitada por la compañía y mantenimiento de las limitaciones actuales o, lo que es lo mismo, de la unidad de las actividades de ferroaleación y producción eléctrica con las que la compañía compró el complejo industrial en los años 90. La misma que la Xunta garantizó que mantendría hace apenas un año.

“Lo que llevábamos seis meses advirtiendo ya está aquí”, dice el diputado de En Marea Pancho Casal, a cuyo juicio el Gobierno gallego ha perdido “seis meses para combatir un nuevo intento de expolio de los recursos de Galicia”. Ferroglobe, dice, “utiliza argumentaciones económicas absurdas, insostenibles” porque no puede explicitar otras “razones privadas”: que si el gabinete de Feijóo “no autoriza la venta”, la compañía puede “cantar todo lo que sabe sobre la financiación ilegal del PP”. En este contexto, el diputado y el portavoz de la formación, Luís Villares, anuncian la activación de un “grupo de personas expertas” para “desmontar punto por punto” las peticiones de Ferroglobe.

Por parte del PSdeG su portavoz en este campo, Dolores Toja, ha anunciado este viernes el registro de iniciativas al respecto mientras denuncia lo que considera una “desfachatez” por parte de la Xunta, que “hasta hace horas ha continuado negando una operación de venta que era un clamor”. La Xunta, resalta, debe “cumplir la ley” y también “el mandato del Parlamento, que a finales de febrero aprobó” por unanimidad la oposición a la segregación. Las explotaciones ahora en cuestión, resalta Toja, son “el seguro de vida de la comarca” de A Costa da Morte, “se mire como se mire”.

Desde el BNG su portavoz nacional, Ana Pontón, reclama que las explicaciones lleguen directamente del presidente Feijóo. “Están en el aire 300 puestos de trabajo y queremos saber si los empresarios investigados por la financiación ilegal del PP van a terminar de cobrar la factura en Galicia”, dice, en un contexto en el que la segregación, advierte, sería “el principio del fin de las plantas de Cee y Dumbría, además de un ”pelotazo“ para la compañía y un ”expolio de recursos públicos“. Algunos de estos argumentos han sido incluidos por el BNG en un video que, hecho público este propio viernes, muestra los diputados Noa Presas y Xosé Luís Rivas, Mini, ”denunciando“ que Villar Mir ”consiguió sus concesiones en Galicia a golpe de contactos políticos“.

Llegó el anuncio oficial. Ferroatlántica ha solicitado este jueves a la Xunta la segregación de las centrales hidroeléctricas de los ríos Xallas y Grande de las plantas de ferroaliación de Cee y Dumbría. La compañía pide oficialmente a Augas de Galicia que, “en aplicación del interés general y de acuerdo a derecho”, devuelva las concesiones hidrálicas a su estado original. Y advierte que la autorización sería la “única” manera de mantener el empleo y el futuro de la compañía en Galicia.

La empresa propiedad del empresario Villar Mir -imputado en el caso Bárcenas por presunta financiación ilegal del PP e investigado en la Operación Lezo- reclama la “eliminación de la prohibición” de segregar las actividades de ferroaliación y producción eléctrica que data de los años 90, cuando el empresario pasó a controlar los activos, y que considera que se aplicó “de forma excepcional” y “en circunstancias especiales”. Con los trabajadores de Cee-Dumbría-Centrales Hidroeléctricas, los alcaldes de la comarca y toda la oposición en contra, la multinacional Ferroglobe solicita que las concesiones de los ríos Xallas y Grande vuelvan a su estado original.

La compañía asegura haber “iniciado los trámites para llevar a cabo la operación”, que dice que es la “única” que garantiza “el futuro de la compañía” en Galicia y “el mantenimiento de todo el empleo asociado a ella”. Fue a principios de año cuando se supo que Ferroglobe, resultado de la fusión de Ferroatlántica con la multinacional Globe, vendería las centrales por 255 millones, de las que el grupo recibiría 153 descontados los gastos financieros, tras informar del hecho relevante a las autoridades de la Bolsa de Londres y Nueva York.

Ya en el titular del comunicado emitido, Ferroglobe pide al Gobierno gallego que “autorice la operación que garantice el futuro de la compañía en Galicia” para en el texto advertir que la cancelación de la “extemporánea” prohibición vigente “permitirá la venta de las centrales y, con ella, ejecutar el plan industrial de futuro avalado por la mayoría sindical el pasado 8 de abril”. Aquel acuerdo a nivel estatal, rechazado por 20 de los 27 delegados de las diferentes empresas del grupo en Galicia, provocó que los delegados de CCOO y UGT en Ferroatlántica abandonasen los sindicatos.

La compañía insiste en que la competitividad de la compañía no mejoraría sin la aplicación del plan industrial, así como “la viabilidad de las fábricas gallegas”, que estaría “en riesgo”. El comunicado va más allá porque dice que el veto a la separación de las actividades “vulnera el derecho fundamental a la libertad de empresa” y es “de imposible aplicación en la práctica” y “contraria al ordenamiento jurídico vigente”. “De acuerdo con varias leyes, decretos, órdenes y resoluciones dictadas de 2013 en adelante, las centrales del Xallas y del Grande ya ni siquiera pueden legalmente suministrar electricidad directamente a las fábricas de Cee, Dumbría y Sabón”.

Ferroglobe asegura, además, que hay “circunstancias sobrevenidas a las últimas resoluciones que reiteraron la prohibición de segregación”. E insiste en que la “hipotética vinculación de las centrales y las fábricas podría poner en riesgo los ingresos por el servicio de interrumpibilidad, y como consecuencia, la propia viabilidad de las fábricas de ferroaliación”.

Entre las promesas, la multinacional dice que el plan industrial incluye para Galicia inversiones por valor de 102 millones para “mantener y rejuvenecer las plantillas actuales, crear otros 200 empleos directos y favorecer la generación de 300 indirectos”. También asegura que garantiza el mantenimiento de los 421 empleos fijos en las fábricas de Cen, Dumbría y Sabón y advierte a los 31 trabajadores de las seis centrales hidroeléctricas que “no debe temer por su futuro laboral” porque la empresa “ha encontrado para esos centros de producción un comprador solvente que garantiza por escrito a preservación íntegra del actual volumen que garantiza por escrito a preservación íntegra del actual volumen de empleo”.

“Se trata de una compañía que asumirá la gestión de activos manteniendo puestos de trabajo y compromisos ambientales. Cuenta con cien años de experiencia en el sector eléctrico y es una de las mayores empresas de renovables del mundo”, insiste Ferroglobe, que asegura que esta firma “se ha comprometido a convertir a Costa da Morte en una auténtica plataforma” porque “fijará allí su sed fiscal y social en España”.

“Dado que el plan va en beneficio del interés general que el Gobierno gallego debe defender, se espera una resolución favorable”, remata el texto, que echa la vista atrás y asegura que en los años 90 la Xunta “alteró parcialmente y de forma excepcional las concesiones originales” para que el negocio de las centrales “sostuviera lo de las factorías, de aquella deficitarias” y evitara su cierre. Ahora, según dice la empresa, la aplicación del concepto de interés general obligará a “actuar de manera contraria”. Asegura que la explotación de las fábricas es casi cuatro veces mayor que en 1996 y la de las centrales, casi cinco veces inferior.

Durante todos estos meses, la Xunta ha insistido en que no tenía una propuesta en firme de la empresa, pero reconocía estar dispuesta a “analizarla”, en caso de que la presentase. Y ya llegó. Desde el comité, no obstante, se quejaban de la ausencia de interlocución con el Ejecutivo a pesar de pedir en numerosas ocasiones una reunión. Para los trabajadores, las ofertas, promesas y ahora esta solicitud oficial son “un chantaje” y entienden que los verdaderos objetivos del grupo de Villar Mir son “el desmantelamiento de las fábricas en la Costa da Morte y la deslocalización”. Así, advierten que la producción que aquí se hace también se da en Venezuela, China y Sudáfrica, que es a donde temen que acaben por llevar la actividad.

La solicitud oficial llega tan sólo un día después de que el conselleiro de Economía, Francisco Conde, respondiese en el pleno del Parlamento a una pregunta del BNG sobre las intenciones de la Xunta. Insistió una y otra vez en que no había petición alguna de la empresa y acusó al Bloque de “alarmismo”. “Hoy por hoy no existe ningún tipo de solicitud, si eso se produce habrá que resolver el expediente y cumplir la ley”, dijo, después de advertir que la Administración “seguirá comprometida” con el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo, para lo cual “continuará actuando con total transparencia y diálogo”.

Sentencias en contra de las intenciones de la empresa

Hay resoluciones en contra de la segregación que ahora reclama Ferroglobe. Dictámenes del TSXG y del Supremo certifican que las dos ramas -la de ferroaliación y la de energía hidroeléctrica- son una sola actividad productiva y fueron dictaminadas tras los recursos presentados por Villar Mir. El grupo empresarial se propuso hace más de veinte años comprar la división de ferroaliación de Carburos Metálicos separando las actividades de ferroaliación y energía en dos empresas y convertir así las centrales eléctricas, destinadas a la provisión de energía a las fábricas de Cee y Dumbría, en simples productoras de energía eléctrica para su venta en el mercado.

Luego, el Gobierno de Fraga y con la aprobación del Parlamento había condicionado la autorización administrativa para el cambio de titularidad de las concesiones que Carburos tiene de los aprovechamientos hidroeléctricos en el Xallas y Grande a la no segregación en dos sociedades distintas de la actividad de ferroaliación y producción de energía eléctrica, preservando así su interés público y condicionando que la producción energética esté vinculada a los usos industrias de las factorías.

En 1994, la Xunta exige además a la empresa compradora un plan de viabilidad que garantice la solvencia de la explotación conjunta de los aprovechamientos hidroeléctricos y de la producción de ferroaliación. Villar Mir acepta todas las condiciones pero interpone recurso contencioso-administrativo ante el TSXG, que dictamina a favor del Gobierno gallego, al igual que el Supremo en 2001 después de otro recurso de Ferroatlántica. Ahora, queda en la mano del Gobierno de Feijóo modificar estas concesiones y acceder a las peticiones del grupo de Villar Mir, empresario ensombrecido cada vez más por las sospechas de corrupción y la financiación irregular al partido que ahora pide una solución.

Francesco Italia, un electricista jubilado de 73 años residente en Torrelavega, recibió en agosto de 2015 la peor noticia posible: padecía un mesotelioma pleural maligno tipo epitelial, una enfermedad terminal que, según indican los informes médicos y refleja la literatura científica, está asociada en la mayoría de los casos a la exposición al amianto.

Así se lo reconocieron inmediatamente los trabajadores sanitarios de Neumología del Hospital Sierrallana de Torrelavega a su familia y así lo expusieron en su diagnóstico que, en su apartado relativo a antecedentes personales, recoge lo siguiente: “Exposición a asbesto durante dos años hace 10-12 años, trabajando como electricista”.

A partir de ahí comenzó su lucha contra la enfermedad, con un duro proceso de quimioterapia que lo dejó “muerto en vida”, según explica su hijo Daniel, con una pérdida de peso considerable y un cansancio crónico que le dificultaba incluso levantarse del sofá. Sin embargo, el tratamiento comenzó a hacer sus efectos, su salud mejoró progresivamente y, a la espera de un nuevo ciclo de radioterapia, los últimos análisis indican que el tumor ha reducido su tamaño.

Casi de forma paralela a esta dura realidad cotidiana, Francesco y su familia están afrontando otro revés inesperado: el rechazo por dos ocasiones de su incapacidad absoluta derivada de una enfermedad profesional por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Cantabria, que ha rechazado su reclamación y niega que la afección de este pensionista tenga relación alguna con su trabajo.

“Cuando detectaron la enfermedad de mi padre y nos dijeron que tenía que ver con una exposición al amianto, nos informamos y buscamos una asociación de afectados que nos asesorara”, explica su hijo a eldiario.es. Siguieron los pasos que les fueron indicando sus abogados, convencidos de que era un simple trámite. “Nos dijeron que, con este diagnóstico, en País Vasco se concedía la incapacidad de inmediato”, subraya.

Las previsiones, en cambio, no se cumplieron. “Cuando nos llegó la primera notificación quedamos muy sorprendidos. Recurrimos, volvimos a presentar toda la documentación, y hace 20 días que han vuelto a rechazar nuestra demanda”, lamenta Daniel. “Es inaudito, una auténtica vergüenza. Es negar la evidencia y alargar el proceso innecesariamente”, critica.

Demanda ante la justicia

Dado que no se ha podido resolver por la vía administrativa, el único remedio ahora es presentar una denuncia ante los tribunales contra la empresa en la que trabajó Francesco durante el periodo en el que tuvo contacto con el amianto.

Según están las cosas, deberá acudir ante el Juzgado de lo Social, buscar a testigos que acrediten su versión de los hechos y demandar a Tecnelt, la compañía situada en Cartes para la que trabajó como electricista prestando labores de mantenimiento en la empresa siderúrgica Ferroatlántica de Camargo.

Allí, realizando tareas de mantenimiento en los hornos eléctricos, retiró las vendas de amianto que cubrían el cableado y el aislamiento de los hornos, tarea que implicaba liberación de fibras de amianto, tras la degradación del material sometido a las altas temperaturas de fusión, y que sus médicos consideran la causa más probable de su enfermedad.

Según la Asociación de Víctimas de Amianto de Euskadi, que ha prestado asesoramiento a este afectado puesto que en Cantabria no existe un colectivo similar, “la literatura científica asocia habitualmente el diagnóstico de mesotelioma con la inhalación de fibras de amianto, al menos en un 88% de los casos, no habiendo otros factores de importancia causantes del mesotelioma pleural”.

A juicio de esta organización, “tampoco es casualidad” la alta incidencia del mesotelioma en hombres nacidos entre 1945 y 1950, especialmente entre los que trabajaron en tareas de mantenimiento, por la intensa exposición laboral al amianto que sufrieron durante años.

Burla a las víctimas

El mesotelioma epitelial que padece Francesco está calificado como una enfermedad profesional, al coincidir en un trabajador de cuenta ajena, una relación de causalidad y estar incluida la afección en el listado del Real Decreto que legisla sobre este asunto.

“Por tanto, afirmar como hace la resolución del INSS que el mesotelioma no deriva de una enfermedad profesional es una burla a los trabajadores enfermos por el amianto y un intento descarado de ocultar las enfermedades profesionales, obligando a la víctima o a sus familiares a pelear en los juzgados contra todos el reconocimiento del origen de la enfermedad y las prestaciones económicas de la Seguridad Social que en justicia le corresponden”, insisten desde este colectivo.

También denuncian que Cantabria es, junto con el País Vasco, una de las comunidades en las que figura el cáncer como principal causa de muerte, cuando la Comisión Europea atribuye al cáncer el 53% de las muertes laborales, mientras Cantabria es uno de los ámbitos con menos enfermedades profesionales.

“Por esta razón, llamamos a los profesionales sanitarios, prevencionistas y organizaciones sindicales de Cantabria a reaccionar contra la ocultación de las enfermedades profesionales que tanto daño hacen a la prevención de los riesgos laborales, resultando doblemente perjudicados los enfermos de cáncer profesional”, concluyen.

Trabajadores de Ferroatlántica iniciaron este lunes un encierro indefinido en el Ayuntamiento de Cee, en la Costa da Morte. Con esta protesta, la plantilla continúa con su lucha contra la intención del grupo empresarial de la familia Villar Mir de llevar a cabo la desgregación y posterior venta de las hidroeléctricas que posee en la comarca, donde el empleo de esta factoría tiene un enorme impacto. Además del encierro, el comité ha anunciado también concentraciones diarias delante del Ayuntamiento, pide el apoyo de la ciudadanía y exige a Núñez Feijóo que reciba a los representantes e impida las intenciones de la empresa.

El caso es que Ferroatlántica reconoció ya hace tiempo que mantiene conversaciones con varios grupos inversores interesados en comprarle su división de energía, lo que ha provocado el lógico temor y las alarmas en las fábricas de ferroaleación de Cee y Dumbría, así como en las seis centrales hidroeléctricas construidas en los ríos Xallas (Ferveza, Ponteolveira, Castrelo, Novo Pindo y Santa Uxía I e II) y Grande (Carantoña).

El plantel cree que si estas instalaciones son vendidas a cualquiera de estos grupos ajenos a la empresa, las dos factorías acabarán por dejar de ser competitivas y por cerrar. La compañía da trabajo a unas 400 personas, unas 284 con contrato indefinido y alrededor de cien más eventuales, y su cierre supondría también la pérdida de varios empleos indirectos.

Desde el comité de empresa se insiste en que la Xunta tiene la capacidad de paralizar esa posible venta o de hacer desistir al Grupo Villar Mir de llevarla a cabo, ya que las concesiones hidroeléctricas fueron declaradas de interés público y vinculadas siempre a la actividad de ferroaleación.

La construcción de los embalses -el de A Fervenza supuso en 1966 inundar una superficie de 1.250 hectáreas y varias aldeas- y de las centrales hidroeléctricas fueron justificadas en la creación de empleo y en la continuidad de las factorías. Y fueron condicionadas a generar energía para la producción de ferroaleación.

Pero la plantilla sabe también que la Xunta es quien puede modificar una concesión que es suya y abrir la puerta al proceso de venta en caso de que acepte ese desglose que no es la primera vez que intenta la empresa.

De hecho, hay sentencias del TSXG y del Supremo que certifican que las dos ramas -la de ferroaleación y la de energía hidroeléctrica- son una sola actividad productiva y que fueron dictaminadas tras los recursos presentados por Villar Mir. El grupo empresarial se propuso hace más de veinte años comprar la división de ferroaleación de Carburos Metálicos separando esta actividad y la de energía en dos empresas para convertir así las centrales eléctricas, destinadas a la provisión de energía a las fábricas de Cee y Dumbría, en simples productoras de electricidad para su venta en el mercado.

Luego, el Gobierno de Fraga, con la aprobación del Parlamento, había condicionado la autorización administrativa para el cambio de titularidad de las concesiones que Carburos tiene de los aprovechamientos hidroeléctricos en el Xallas y Grande de Porto a la no segregación en dos sociedades distintas de la actividad de ferroaleación y producción de energía eléctrica, preservando así su interés público y condicionando que la producción energética esté vinculada a los usos industriales de las factorías.

En 1994, la Xunta exige además a la empresa compradora un plan de viabilidad que garantice la solvencia de la explotación conjunta de los aprovechamientos hidroeléctricos y de la producción de ferroaleación. Villar Mir acepta todas las condiciones pero interpone recurso contencioso-administrativo ante el TSXG, que dictamina a favor del Gobierno gallego, al igual que el Supremo en 2001 después de otro recurso de Ferroatlántica.

Los trabajadores exigen ahora que la Xunta intervenga de manera inmediata y que paralice cualquier posibilidad de venta. “No llega con hacer declaraciones ambiguas de garantía de los puestos de trabajo, ni que el PP de la comarca se sitúe detrás de una pancarta mientras su gobierno puede ser verdugo de la zona”, dice el comité de empresa, que espera un posicionamiento claro de Feijóo contra esta “operación especulativa”.

El presidente de la Xunta tendrá la oportunidad en el pleno ordinario del próximo miércoles, donde una de las preguntas de los grupos parlamentarios en ese estreno de la legislatura será sobre la situación de Ferroatlántica. Los trabajadores, los sindicatos y toda la oposición estarán atentos a la respuesta y con una posición unánime en una comarca donde buena parte de su actividad económica depende de la ferroaleación.