El presunto delito contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes, uno de los que se juzgan en el caso Stratvs, ha vuelto a centrar gran parte de la vista que se celebró este martes. El juicio, en el que se trata de dilucidar si se cometieron una serie de delitos en torno a la edificación de una bodega de 12.000 metros cuadrados en el Espacio Natural Protegido de La Geria, se ha reanudado en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Una facultativa del Instituto Nacional de Toxicología ha declarado por videoconferencia, al haber participado en el análisis de las muestras recogidas en la bodega, y se ha ratificado en lo que ya anunciaba su informe: la muestra tenía valores contaminantes. 

Pese a que los análisis evidenciaron esa “carga contaminante”, asegura que para efectuar vertidos se requieren de autorizaciones administrativas que obligan a cumplir con una serie de parámetros, pero en este caso, no se disponía de esa autorización expresa. Concretamente, la muestra 1, que se corresponde al pozo de la bodega tenía un nivel de concentración de 3.135 en sólidos en suspensión y los coliformes totales también tenían una concentración elevada. Según resaltó a preguntas de la fiscala, en su informe ya se recogía que “la contaminación por microorganismos por aguas residuales tiene su importancia porque puede conllevar a la existencia de patógenos para el ser humano” y dar lugar a enfermedades, como es el caso de la bacteria E. coli “ya que hay cepas que tienen toxicidad y pueden dar lugar a fallos incluso renales”. 

La experta también matizó que existían muestras que sí presentaban mayor concentración de nitrógeno, lo cual especificó que en zonas con falta de oxígeno como pueden darse en las fosas sépticas (sistema utilizado en la bodega Stratvs) “puede ser que ese nitrógeno se reduzca a nitratos” y estos “se reduzcan a nitritos y pueden ser causantes de perjuicios para salud de las personas”, destacó a la pregunta del Ministerio Público. Así mismo, en el informe también se hacía alusión a la ecotoxicidad, que detalló también durante la vista y se evidenció además la presencia de cierta concentración de contaminación bacteriológica fecal. 

La doctora en Farmacia insistió tanto ante la Fiscalía como ante los abogados de la defensa en que las muestras llegaron en el estado óptimo para ser analizadas y en que no tiene por qué dudar del procedimiento por el que el Seprona tomó dichas muestras. Sobre la posible contaminación del suelo, subrayó que la analítica era de aguas residuales y que se limitó a estudiarla. La abogada de la acusación, Irma Ferrer, protestó en un momento dado al dar por hecho la defensa que el sistema de depuración de la fosa que había sido explicado por los peritos era el adecuado ya que esto es según relató el propietario de la bodega. 

El informe de esta investigadora fue cuestionado por otra experta, la doctora en Geoquímica Isabel Coleto, que aunque admitió que no había analizado las muestras sí que podía llegar a otras conclusiones teniendo en cuenta los informes. A su juicio, el muestreo de 2008 carecía de “información esencial” sobre dónde se recogió la prueba. También matizó que es necesario conocer la temperatura de esa muestra que puede variar el resultado y apuntó que de cinco parámetros que recoge el real decreto de vertidos de Canarias solo se analizó uno. La declarante subrayó que el “PH debe analizarse en campo” y que el sistema de depuración de aguas de la bodega Stratvs llevaba 52 días parado cuando se tomó la muestra. “El agua estaba estancada y no se puede medir cómo estaba funcionando”. 

La bodega Stratvs “sería autorizable” con la actual Ley del Suelo

Para el jurista Francisco Villar Rojas, que ha declarado este martes como testigo en el juicio del caso Stratvs, la ley cambió el estatus jurídico del suelo donde se ubica la bodega y, por tanto, dejó de tener la consideración de parque natural para pasar a ser un paisaje protegido, que en el caso de La Geria, su fin es proteger el “paisaje agrario tradicional, ligado al sector primario”. Con la Ley del Suelo vigente, la polémica norma que entró en vigor durante el mandato de Fernando Clavijo (CC), el testigo asegura que “no cambia nada” y que la “bodega sería autorizable” ya que es fundamental en el ámbito del suelo rústico y para el sector primario. A su juicio, además, “todas las bodegas de la zona ayudan a conservar el paisaje de La Geria”. 

Villar Rojas ha destacado que no ve ningún motivo para una revisión de oficio sobre la bodega Stratvs. En cuanto a los movimientos de tierra que también se juzgan ha señalado que esto depende de la finalidad y que mover la tierra para plantar o remover y luego volver a dejar el terreno como estaba no es un movimiento de tierra como tal. Por otro lado, la fiscala afeó el hecho de que el jurista subrayara que La Geria había pasado de una categoría de suelo de mayor valor a otra de menor valor: “Es su valoración, la ley no dice eso”, apuntó. 

En la misma línea de defensa de la bodega como elemento que ayuda a conservar el paisaje de La Geria se manifestó la catedrática de Derecho Medioambiental Blanca Lozano, que realizó un informe pericial a petición del principal acusado, Juan Francisco Rosa. Durante la sesión de este martes destacó que el paisaje de La Geria es cultural, como paisaje “vivo” según la clasificación de la Unesco. “El plan de protección de la bodega la defendía como muestra estructurante de ese paisaje” y recalcó que fue anulado por “motivos formales”. Así mismo, añadió que no solo no afecta negativamente al espacio sino que es “necesario” para mantener sus valores. La testigo afirmó que la bodega está ayudando a conservar cientos de zocos, que son “producto de la agricultura tradicional”. 

Para la jurista, no era necesario pedir un informe de impacto ambiental para la construcción de la bodega e incidió en que se levantó sobre un terreno que estaba abandonado y que se ha rehabilitado. También hizo mención a que no existe ningún acuífero en la zona y que, de hecho, se realizó un sondeo de 20 metros que lo constató.

En la vista, también intervino el catedrático de Historia José Luis López Castro, que subrayó que el inmueble no tiene valor etnográfico alguno. En él, indicó que la vida tradicional había desaparecido antes del año 69 y que no se constataron evidencias de que tuviera interés arqueológico alguno ya que no hubo en este lugar ningún asentamiento prehispánico. 

El juicio continuará este miércoles. Quedan en total otras cuatro sesiones, en las que, se espera que se detallen las conclusiones de este caso en el que la Fiscalía había solicitado para el principal acusado, el empresario Juan Francisco Rosa, quince años de prisión por un delito continuado de estafa en grado de tentativa, otro delito contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes y por la excavación y extracción con afectación al Espacio Natural Protegido, delito de hurto de bienes de valor histórico, delito de usurpación y contra la ordenación del territorio, y contra el Patrimonio Histórico. 

Para el arquitecto del complejo, Miguel Ángel Armas Matallana, el Ministerio Fiscal pide diez años de cárcel por delito de falsedad en documento público, usurpación de bien inmueble, delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente y por delito continuado de estafa cualificada en grado de tentativa. 

El expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), ha declarado este lunes 17 de febrero como testigo en el juicio del caso Stratvs. La bodega se construyó e inauguró antes de su mandato. Sin embargo, una vez en el cargo, el político firmó dos informes periciales judiciales que estudiaron las posibilidades que tenía la bodega de ser legalizada. La técnica Joana Macías concluyó de forma desfavorable hacia el complejo del empresario Juan Francisco Rosa y San Ginés solicitó a la Asesoría Jurídica de la corporación insular la revisión del documento por “excesos” y “errores de contenido”, algo que no ha hecho con otros casos, según la Fiscalía. “No recuerdo si lo he hecho otras veces, pero me pareció lo lógico”, sostuvo el testigo.

San Ginés aseguró que tampoco recordaba haber declarado ante los medios de comunicación ni haber dicho en un pleno que la técnica Joana Macías “era un peligro para la institución” y que ponía al Cabildo “a los pies de los caballos”. La letrada de la acusación particular, Irma Ferrer, también preguntó al expresidente sobre la destitución de Leopoldo Díaz como consecuencia del informe. Algo que el político negó con rotundidad: “Fue cesado por voluntad política”. Finalmente, el Cabildo fue obligado a restituirlo.

Con el propósito de “demostrar el delito de tráfico de influencias” que se imputa a Juan Francisco Rosa con motivo de sus posibles relaciones de interés con miembros de las administraciones públicas de Lanzarote, Ferrer también preguntó a San Ginés sobre su presencia tanto en la inauguración de Stratvs como en la boda de una familiar del empresario. “Fui a la apertura, como muchísima gente”, apuntó. Muchas de las cuestiones planteadas por la acusación particular fueron desestimadas por el tribunal, ya que “el delito de tráfico de influencias afecta no solo al influyente sino a quien se deja influir, por lo que podría suponer la imputación del testigo”, tal y como explicó el presidente de la sala, Emilio Moya.

Consejero de Agricultura y trabajador de Juan Francisco Rosa

Francisco Fabelo, exconsejero de Agricultura y también de Promoción Económica del Cabildo de Lanzarote ha testificado este lunes. Antes de su puesto en la corporación trabajó para el empresario Juan Francisco Rosa como promotor y director de Finca de Uga. Cuando pasó a formar parte de la administración, Fabelo reconoce que “no dejó el contacto con él, aunque no estaba contratado”.

El testigo señaló que, entre sus competencias como consejero figuraban la concesión de ayudas y la imposición de sanciones a cuestiones relacionadas con la agricultura, la ganadería, la Denominación de Origen, y el sector primario de la Isla en general. Interrumpida de nuevo por el tribunal, la letrada de la acusación particular señaló que “por la mañana, Fabelo aprobaba cuestiones muy relacionadas con la labor que desarrollaba Rosa, y por la tarde trabajaba para él”.

Una finca por 6.000 euros

José Juan Negrín Ramos, hijo de uno de los propietarios de la finca donde Rosa levantó la bodega, afirmó que el empresario solo se puso en contacto con ellos una vez antes de 2018, año en el que finalmente pagó el terreno. “Unos ocho años antes nos ofreció 6.000 euros con pagarés de 1.000 euros y yo lo rechacé. Quería el dinero junto, no con pagarés”, recuerda el testigo. La madre de Negrín, Olga María Ramos, también declaró en el juicio el pasado 12 de febrero, asegurando que Rosa les dijo que “no tenía dinero” para comprarles la finca, por lo que les ofreció formar parte de sus sociedades.

Ramos insistió en su declaración en que la obra comenzó sin autorización de los propietarios. Este lunes, Negrín añadió que acudió a la oficina catastral del Ayuntamiento de Yaiza para saber lo que estaba pasando con la finca con la copia de la escritura en la que mostraba que era de su propiedad. Sin embargo, el acusado Blas Noda, funcionario del catastro municipal, no le permitió acceder a la documentación sobre el terreno. La defensa de Noda planteó que no puede darse información a quienes, aunque aparezcan como titulares en el registro, no figuren de esta forma en el catastro. Una afirmación que confirmó el testigo Fernando Alexis Melián, que también fue personal laboral del catastro de Yaiza en 2011. “Es por una cuestión de protección de datos”, matizó.

En la sesión también testificaron un agente de la Policía Local de Yaiza, que no recordaba nada del caso, la propietaria de una finca vendida a Rosa en Uga, Sebastiana Medina, y Eulalia Merino, técnica del área de Medio Ambiente del Cabildo insular. El juicio se reanudará el próximo 3 de marzo en Gran Canaria con las testificales de cinco agentes del Seprona.

La alcaldesa de Yaiza (Lanzarote), Gladys Acuña, ha dimitido este lunes de todos sus cargos municipales y ha entregado su acta como concejal tras haber sido condenada en el llamado “caso Stratvs”, pero también ha anunciado que seguirá siendo diputada de NC en el Parlamento autonómico.

El viernes pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias impuso a Acuña 14 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos municipales al entender que cometió un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación por conceder la licencia de actividad a la bodega Stratvs a sabiendas de que su ilegalidad y por no tomar decisiones cuando se ordenó su clausura.

En un comunicado difundido esta mañana, Acuña anuncia que pretende recurrir la sentencia “con el firme propósito de acreditar su inocencia” y que comparecerá en rueda de prensa a lo largo de esta semana para valorar el fallo y hacer balance de su gestión.

Gladys Acuña, que fue elegida como cabeza de lista de la agrupación Unidos por Yaiza, precisa que esta misma mañana ha registrado en el Consistorio la renuncia a su cargo y a su acta de concejal, lo mismo que ha hecho su compañero de grupo José Antonio Rodríguez, concejal de Sanidad, Servicios Sociales, Inmigración, Vivienda, Industria, Aguas y Mantenimiento de Edificios Públicos.

A la fecha de los hechos, Rodríguez era edil de Urbanismo de Yaiza y ha sido condenado a siete años de inhabilitación para cargos municipales como autor de un delito de prevaricación por omisión, por no haber tomado las decisiones precisas cuando se ordenó el cierre cautelar de la bodega Stratvs.

El TSJC considera en su sentencia que Stratvs nunca debió recibir la licencia de apertura, por el propio Ayuntamiento conocía que el plan general de ordenación urbana del municipio no autorizaba ese tipo de usos en el suelo rústico que ocupaba en La Geria.

Las dos magistradas que firman la sentencia del primer juicio del “caso Stratvs”, Margarita Varona y Carla Vallejo, sostienen que tanto los concejales que aprobaron el permiso como los funcionarios municipales que informaron a favor que así fuera, el secretario del Ayuntamiento y un ingeniero, sabían de la ilegalidad de la bodega y eran conscientes de que no procedía dar ese permiso, por lo que les declara culpables de un delito contra la ordenación del territorio.

En el caso de Acuña y Rodríguez, les reprochan una prevaricación por omisión, por no haber “adoptado medida alguna” para ejecutar el cierre cautelar de la bodega, “conociendo que el emplazamiento de las instalaciones del complejo Stratvs no autorizaba el uso concedido ni el desarrollo de las actividades allí desplegadas”.

La sentencia cuenta con un voto particular del presidente del TSJC, Antonio Doreste, que entiende que todos los procesados en este caso deberían haber sido absueltos: los funcionarios, porque considera que la postura que defendían en sus informes no era ilegal de forma “flagrante”, sino en algunos casos “ajustada a Derecho”; y los concejales, porque opina que estaban obligados a conceder un permiso que venía avalado por informes técnicos favorables, porque, de lo contrario, sí que hubieran prevaricado.

En las elecciones locales de 2015, Unidos por Yaiza consiguió ocho de los 17 concejales que componen la corporación. En la actualidad, el partido de Gladys Acuña gobierna el Consistorio con el apoyo del único edil del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), José Daniel Medina Déniz.

La empresa BTL Lanzarote, del empresario Juan Francisco Rosa y propietaria de la bodega Stratvs, ha recurrido ante el Tribunal Supremo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anularon el Plan Especial de La Geria aprobado por el Gobierno de Canarias en 2013.

El Cabildo de Lanzarote ha descartado interponer ningún tipo de recurso ante la evidencia de que no existe en el caso el denominado “interés casacional”, es decir, principalmente que la resolución del TSJC se oponga a la jurisprudencia del Supremo. El Gobierno de Canarias también comunicó a la Corporación insular que no interpondría recurso de casación. De hecho, el propio Cabildo ya ha encargado la elaboración de un nuevo Plan Especial para el paisaje protegido de La Geria.

El motivo principal de la última anulación del Plan Especial de La Geria por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias fue que el Gobierno regional debía haber comenzado su elaboración desde el principio, cuando fue anulado en 2012, y no convalidar el documento y llevarlo a aprobación definitiva.

Para la bodega Stratvs, la relevancia de que se mantenga en vigor el planeamiento tumbado por el TSJC en varias sentencias desde el pasado mes de noviembre radica en que la incorpora como equipamiento estructurante, a pocos meses de que se enfrente a un juicio en la vía penal, en la que la Fiscalía pide 15 años de cárcel para Rosa y la demolición de las instalaciones.

La defensa de Stratvs ha sostenido en la causa penal que “desde la aprobación” del Plan de La Geria ahora anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, “la bodega se encuentra perfectamente legalizada”. Se trata de la tesis defendida también para la propiedad de la bodega por el jurista Francisco Villar Rojas, uno de los redactores de la nueva Ley del Suelo.

En el apartado de su escrito dedicado supuestamente a justificar el interés casacional del recurso ante el Supremo, dice que el Plan anulado ordena “un importantísimo espacio natural –sorprendente y, también, contradictoriamente, creado por el hombre con inmensa tenacidad e ingenio, que ha dado lugar a un bellísimo paisaje, convertido en el medio de vida de muchas personas, que, en general, lo cuidan con mimo, éxito vinculado en particular al éxito de sus bodegas –los vinos malvasía y moscatel de Lanzarote, que continúan siéndolo en la actualidad y de manera creciente, ya era muy apreciado en la edad antigua, en particular en la era romana-” (sic).

Además, destaca la “enorme trascendencia” del Plan Especial anulado, que “volvió a dejar huérfano” de ordenación “tan singular, bello y fructífero paisaje protegido, sin que, consecuentemente, pueda sustentarse en modo alguno que dicha declaración de nulidad resulte intrascendente o irrelevante desde la perspectiva casacional”.

La asociación Transparencia Urbanística (TU), que ejerce la acusación popular en el caso Stratvs, también ha recurrido, como la Fiscalía, el auto de la Audiencia provincial por el que se decreta el levantamiento del cierre de la bodega, adoptado en 2013 como medida cautelar.

TU considera que Stratvs sigue siendo “un complejo turístico e industrial que carece de cualquier tipo de título habilitante desde el punto de vista urbanístico, al no coincidir nada de lo construido con lo autorizado” y que, por lo tanto, con su apertura se permite el desarrollo de diversas actividades industriales y turísticas que carecen de soporte legal alguno.

La asociación señala que, dentro del complejo, la tienda está enclavada en la supuesta casa que debía rehabilitarse y se demolió para construir en su lugar una edificación de nueva planta; el restaurante, terraza y grill está en el espacio donde supuestamente se tenía que habilitar un antiguo aljibe como bodega; y el resto de los doce mil metros cuadrados están construidos ilegalmente.

Señalan que, con esta apertura, el empresario Juan Francisco Rosa podrá “explotar y obtener beneficios económicos de unas instalaciones que carecen de título habilitante y, lo que es más grave, que constituyen el resultado de la comisión de los delitos que se investigan en este procedimiento”, como delitos contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio, contra el medio ambiente, contra el orden socioeconómico y contra la administración pública, incluidos los delitos continuados de tráfico de influencias y falsedad documental.

Para TU, el cierre cautelar tiene ahora más sentido puesto que ha sido refrendado en cuatro resoluciones judiciales previas y porque quedan seis meses para el primer juicio (sobre el permiso de actividad), porque en 2014 el TSJC dictó una sentencia que ratificaba el cese cautelar de la actividad a instancias del Ayuntamiento de Yaiza, y tras las sentencias que anulan el Plan Especial del Espacio Protegido de La Geria, ya que todas estas resoluciones “refuerzan la apariencia criminal del complejo turístico Stratvs y de las actuaciones que han permitido su construcción, apertura y puesta en funcionamiento”.

En el recurso de súplica se recuerda que “es precisamente el suelo y el subsuelo del Paisaje Protegido de la Geria el que merece especial protección desde el punto de vista de los valores medioambientales puestos en riesgo, pues es la especial porosidad del rofe o ceniza volcánica la que permite el cultivo de vid en La Geria”. También se detallan los tres expedientes sancionadores abiertos contra la bodega por parte del Ayuntamiento que se encuentran suspendidos hasta que haya sentencia.

“Clamorosa prevaricación”

Del mismo modo, TU advierte de que “para poder obtener licencia de actividad y puesta en funcionamiento, tanto para la propia bodega, como para el restaurante y la tienda y espacio de degustación, primero debe obtenerse licencia de primera ocupación que, como es bien sabido, únicamente puede obtenerse si la obra ejecutada se corresponde exactamente con la autorizada mediante la correspondiente licencia y la autorización administrativa previa”, por lo que en este caso “resulta legalmente imposible la obtención de la licencia de primera ocupación, ya que, de otorgarla, quienes lo hicieran incurrirían en clamorosa prevaricación; y siendo legalmente imposible la obtención y el otorgamiento de la licencia de primera ocupación, también lo es la licencia de actividad y la autorización de puesta en funcionamiento de la bodega, del restaurante y de la tienda y espacio de degustación”.

Sigue leyendo en este enlace.

La Fiscalía ha presentado un recurso a la decisión de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de levantar el cierre cautelar de la bodega Stratvs, y destaca que “ese complejo lucrativo-industrial sencillamente no puede existir en dicho espacio” protegido de La Geria, y que es “absolutamente ilegal e ilegalizable”.

En su recurso, el Ministerio Fiscal destaca “los escasos fundamentos” del auto de la Audiencia Provincial que acordó el 22 de diciembre el levantamiento de la medida cautelar, dictada hace tres años y confirmada en diversas ocasiones por la propia Audiencia.

Así, la Fiscalía resalta la “frontal e injustificada colisión” de la decisión de la Audiencia Provincial “con las resoluciones anteriores” y “con los datos” que obran en el sumario del caso Stratvs.

De tal manera que critica que el auto, cuyo ponente fue el magistrado Salvador Alba, “únicamente” se tuvieron en cuenta “las manifestaciones que de forma interesada se narran” por parte de la defensa de la bodega, que han sido acogidas por la Audiencia “sin crítica ni objeción alguna”.

El recurso de súplica interpuesto por la Fiscalía se basa en dos argumentos: la falta de “motivación suficiente” que justifique un cambio de criterio de distintas secciones de la Audiencia Provincial sobre el cierre cautelar de Stratvs, y que se pretende permitir “la puesta en funcionamiento de una bodega que carece de los títulos habilitantes y que conforme al planeamiento urbanístico que le es de aplicación resulta ilegalizable”.

La Fiscalía resalta que la medida cautelar de cierre de Stratvs, durante cinco años o hasta que se celebrase el juicio, se justificó en la protección del medio ambiente tras quedar “constatada la existencia de vertidos contaminantes”, así como la “existencia de red hídrica en el paraje de La Geria”. Por ello, levantar la medida cautelar produce “perjuicios incalculables”.

El Ministerio Fiscal destaca la “absoluta falta de justificación y argumentación en el cambio de criterio” de la Audiencia Provincial al levantar la medida cautelar de cierre, sobre todo cuando “la celebración del juicio es inminente”. En ese sentido, recuerda desde el pasado 20 de junio el procedimiento está a la espera de que la propia Audiencia señale la fecha del juicio. “Bastaría con acelerar el trámite de señalamiento”, aclara la Fiscalía.

Sigue leyendo en este enlace.

El magistrado Salvador Alba negó en un auto firmado el 22 de mayo de 2014 la validez de informes como el que en diciembre de 2016 le ha servido para decretar el levantamiento de la medida cautelar de cierre y prohibición de actividad durante un periodo de cinco años a la bodega Stratvs de Lanzarote, propiedad del influyente empresario Juan Francisco Rosa. En su reciente resolución, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con Alba como ponente, da por buenos, sin entrar a valorarlos, documentos aportados por el principal encartado en la causa penal que demostrarían que las instalaciones, sin actividad desde 2013, no emanan vertidos contaminantes.

La posición que sostiene ahora Alba choca con los argumentos que defendía el mismo juez en su resolución de 2014. En aquel auto, recordaba que en el expediente sobre la depuración de aguas residuales del complejo constaba un informe del Cabildo de Lanzarote fechado en noviembre de 2008 que alertaba de que los niveles de contaminación en esa zona del paisaje protegido de La Geria superaban los permitidos. Y a continuación añadía: “Es igual que ahora se nos aporten informes (de la defensa de los acusados) con analíticas que reflejan unos valores muy por debajo de los permitidos, por cuanto ahora no se encuentra la bodega en plena actividad, pues está precintada, y además el hecho de que ahora no tenga tales valores no elimina el ataque al bien jurídico protegido (el medio ambiente) que podría tener antes como se constata con el informe indicado”.

En la resolución notificada este lunes a las partes, Alba obvia que los nuevos informes que demostrarían la ausencia de vertidos contaminantes se han aportado cuando la bodega lleva tres años cerrada y sin actividad. Por lo tanto, de haber mantenido la tesis que defendió en 2014, esos nuevos documentos no podían haber sido aceptados como válidos.

En aquel auto, el juez ponía en duda que la bodega pudiera entrar en funcionamiento en las condiciones en las que se encontraba entonces: “Y la pregunta es… Si se permitiera la bodega y restaurante del complejo precintado, ¿se volverían a alcanzar esos valores (de contaminación)? Probablemente sí, pues nada ha cambiado al no existir constancia alguna de depuradora o estudio hidrogeológico que estaba obligado a poner y realizar el propio imputado (Juan Francisco Rosa)”. Tampoco ahora dispone de la depuradora que reclamaba ese año. Además, la propia Audiencia Provincial concluyó en una resolución posterior que el mencionado estudio hidrogeológico no era imprescindible para la causa, debido a “la abundancia de diligencias técnicas y periciales ya acordadas y practicadas”.

El auto de 2014, de doce folios (el de 2016 tiene cuatro), es tajante cuando afirma no sólo que la construcción de la bodega y la actividad que en ella se desarrolla “no son autorizables”, sino que, además, “pueden poner en peligro el medio ambiente y el propio paisaje en un espacio natural protegido”. “No entramos en las irregularidades urbanísticas, que las hay, sólo en el medio ambiente”, precisaba una resolución en la que Alba mencionaba “indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo” que en la de 2016 omite. Entre ellos, además de las referidas ausencias de depuradora y de un estudio hidrogeológico, añade la ocupación de más de 12.000 metros cuadrados cuando la licencia otorgada preveía tan sólo la rehabilitación de una vivienda de valor etnográfico y la construcción de una bodega subterránea de 900 metros cuadrados, así como la “ausencia de requisitos y garantías de no dañar el medio ambiente con la fosa séptica”. De autorizar el levantamiento de la medida cautelar con estas condiciones se estaría “amparando una conducta irregular”, en palabras del juez.

Nada de eso se cita en el auto de 2016, que estima el recurso del empresario aludiendo a criterios jurídicos basados en “la apariencia del buen derecho” y al “tiempo excesivo” durante el que se ha extendido la medida cautelar de cierre.

Se da la circunstancia de que en el auto de 2014 es Alba quien aprecia una contradicción, en concreto en la postura de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que entonces se mostraba partidaria de levantar el precinto sobre la bodega siempre y cuando existiera la garantía de que la actividad no ocasionaría “más riesgos de contaminación medioambiental”. En esa resolución, el juez recordaba que apenas tres meses antes, en febrero de 2014, el Ministerio Público había advertido de que, en caso de permitirla, la reapertura de las instalaciones se produciría “en un momento cumbre de funcionamiento, con el peligro de contaminación que ello generaría”.

Sin embargo, las tornas se volvieron a girar. La Fiscalía se opuso al último recurso presentado por la defensa del empresario Juan Francisco Rosa, ejercida ya por el abogado José Antonio Choclán, y Alba le afeó que insistiera en pedir que se mantuviera la medida cautelar “sin analizar los informes o documentos aportados por el solicitante”.

Otro de los motivos que aduce el juez en su auto para levantar el precinto de la bodega es que la instrucción ya ha concluido y, por lo tanto, no es necesario mantener la medida cautelar. Esta apreciación vuelve a colisionar con un pronunciamiento anterior, en este caso de la Sección Segunda de la misma Audiencia Provincial, que en 2015, al desestimar otro recurso de Rosa contra la clausura de la bodega, concluyó que la medida se veía incluso “reforzada” tras el auto de apertura de juicio oral. La celebración de la vista, en la que Alba ejercerá como ponente, está programada para el próximo mes de junio.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial, con el magistrado Salvador Alba como ponente, ha dictado el levantamiento de la medida cautelar de clausura de la bodega Stratvs, acordada en diciembre de 2013 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y ratificada con posterioridad por la propia Audiencia.

En un auto dictado el pasado 22 de diciembre, la Sección Sexta de la Audiencia destaca que “la medida cautelar se acordó hace ya tres años, un tiempo excesivo para cualquier medida cautelar, incluso de las más gravosas, como podría ser la prisión provisional”.

La  Audiencia ha tenido en cuenta “informes periciales” aportados por la defensa del propietario de Stratvs, el empresario Juan Francisco Rosa, “que evidencian” según la resolución judicial, “la inexistencia de una red hídrica en el paraje en el que se sitúa la bodega” o “la inexistencia de vertidos contaminantes emanados de la bodega”.

En su propia resolución, la Audiencia admite que “debe dar por válidos los documentos aportados” por el propietario de la bodega, “salvo prueba en contrario” cuando “sean sometidos a contradicción” en el juicio.

“Debemos valorar los nuevos informes aportados” por la propiedad de Stratvs, “como se valoraron en su día los indicios aportados por la acusación y valorados por el juez de instrucción, esto es, como indicios”, añade la Sección Sexta.

Para la Audiencia, la “duración excesiva de la medida cautelar” debe llevar a acceder al levantamiento de la medida cautelar, “de modo que sea en el juicio oral, de inminente celebración ya en esta Sala, donde se haya de acreditar por la acusación la concurrencia de los elementos de los delitos que son objeto” de la causa.

Siga leyendo en este enlace.

La defensa de Juan Francisco Rosa, propietario de la Bodega Stratvs, en La Geria, ha vuelto a solicitar ante la Audiencia Provincial de Las Palmas que se levante el cierre cautelar de la bodega, adoptada en diciembre de 2013 por un plazo máximo de cinco años. Rosa considera que ya no se dan ninguno de los dos motivos por los que se acordó la clausura, que según su defensa son la existencia de vertidos contaminantes desde el complejo y la existencia de una red hídrica en La Geria que se pudiera contaminar por esos vertidos. Considera que el fundamento del cierre se basa únicamente en el posible delito medioambiental y no en otros posibles delitos.

La defensa del empresario insiste en que no se han analizado la conclusiones del informe de la Dirección General de aguas del Gobierno de Canarias, que no considera el Barranco del Obispo como parte del dominio hidráulico de Lanzarote. También destaca la posible legalización de Stratvs por la aprobación del Plan Especial de La Geria. Dice que, aún en el caso de que se determine que las licencias no se ajustaron en su momento al ordenamiento jurídico, “resulta irrefutable que las instalaciones han sido legalizadas o cuando menos resultan legalizables desde la aprobación del Plan Especial de La Geria” ya que Stratvs aparece recogida como elemento estructurante del paisaje protegido porque cumple “de modo especialmente destacado las funciones de mantenimiento de la actividad vitivinícola que define el espacio protegido y su promoción”.

Además, asegura que desde la adopción de la medida cautelar se ha producido una modificación sustancial de las circunstancias que provocaron su adopción, por la emisión de nuevos informes “y la obtención de nuevas evidencias de carácter puramente técnico y por lo tanto indiscutibles” que, según la bodega, corroboran que no hay perjuicio alguno al medioambiente. Se refiere a informes encargados por ellos mismos sobre el sistema de depuración de Stratvs, otro análisis de muestras realizadas en los terrenos y un estudio hidrogeológico del entorno de las fosas sépticas.

Puede leer la información íntegra en Diario de Lanzarote.

El empresario Juan Francisco Rosa, propietario de Stratvs, plantea en su escrito de defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que “desde la aprobación del Plan Especial del paisaje protegido de La Geria”, en julio de 2014, “la bodega se encuentra perfectamente legalizada”.

En el TSJC se juzgará parte del procedimiento, relacionado con la licencia de apertura de las instalaciones, por el aforamiento de la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, en la actualidad diputada autonómica.

La Fiscalía, que solicita una condena para el empresario de 15 años de prisión y la demolición de Stratvs, destaca que se tramitó la actividad de la bodega por cargos públicos y funcionarios “a pesar de conocer” que era “frontalmente incompatible con el suelo en que se pretendía desarrollar”, según el Plan Insular.

En el escrito de defensa, firmado por el abogado José Antonio Choclán, que fue magistrado de la Audiencia Nacional, se sostiene que el “debate” urbanístico sobre Stratvs “carece de sentido a día de hoy” con el Plan de La Geria.

En su opinión, la aprobación del Plan y el “reconocimiento expreso” de Stratvs como una de las diez bodegas incluidas en el espacio natural protegido “ha supuesto la legalización” de las instalaciones, a pesar “de que se pudiera acreditar” que “no se adecuó en el momento de su construcción a la legislación”.

Siga leyendo en este enlace.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado la personación en el caso Stratvs, pendiente de juicio, de la asociación Jacón, un desconocido colectivo con domicilio en Gran Canaria, que ha denunciado al resto de bodegas.

La titular del Juzgado número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, primero negó la personación de la asociación Jacón y luego desestimó el recurso de reforma que este colectivo había presentado.

La jueza Muñoz consideró que tras esta solicitud se escondía un “fraude procesal” y señaló que en este caso se usa la figura de la acusación popular de modo torticero, “desdibujando los límites para los que fue concebida”.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que juzgará a parte de los acusados al estar la alcaldesa y parlamentaria regional Gladys Acuña aforada, ha resuelto en una providencia de la magistrada Carla Bellini que “no ha lugar a la personación al haber precluido el trámite”.

La asociación se intentó personar en el caso Stratvs con la instrucción terminada, cuando ya se había dictado el auto de paso a procedimiento abreviado y poco después de que la asociación ecologista de Fuerteventura Agonane decidiera renunciar a la acusación popular por sentirse engañada por su abogado, Juan David García Pazos.

Sigue leyendo esta información en Diario de Lanzarote.

La Audiencia Provincial ha rechazado de plano los recursos presentados por los acusados en el caso de la bodega Stratvs y ha dado por concluida la fase de instrucción, ratificando que existen claros indicios en su contra y que la causa debe pasar a la siguiente fase, previa a la celebración del juicio.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial señala que “el principal imputado”, el empresario Juan Francisco Rosa, sostiene que “la instrucción no está finalizada” y que está “pendiente de practicarse un estudio hidrogeológico que pudiera determinar la existencia de elementos contaminantes sobre los acuíferos del Barranco del Obispo”.

La Audiencia replica al empresario destacando que ya la Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones provisionales y que se ha dictado auto de apertura del juicio oral. Además, le advierte de que la prueba que solicita “en caso de determinar la existencia de riesgo de contaminación”, en “nada” le “beneficiaría”, sino todo lo contrario: “Podría ver agravadas las consecuencias de su ilícito proceder”.

Ese análisis del subsuelo de la zona del Barranco del Obispo está pendiente de autorización por parte de otra sección de la Audiencia Provincial. El auto de la Audiencia, que se acaba de notificar a las partes, está fechado el 2 de febrero. El Cabildo de Lanzarote informó de forma favorable el 14 de enero un “sondeo de investigación para estudio hidrogeológico” solicitado por la bodega.

Sigue leyendo esta información en Diario de Lanzarote.

La Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias considera que la “alteración” que se produjo en la categoría del suelo sobre el que se asienta la bodega Stratvs, que se produjo en la tramitación del Plan Especial de La Geria, “no tiene” la “consideración de modificación sustancial”.

En un informe del ex director de la Oficina del Plan Insular Ordenación (PIO) del Cabildo, Leopoldo Díaz, se resalta que entre el avance y la aprobación inicial del Plan Especial de La Geria “se modifica la categorización del suelo rústico en que se ubica Stratvs”, pasando de “suelo rústico de protección paisajística” a “suelo rústico de protección agraria paisajística”.

Ese cambio, según destacó el ex director de la Oficina del PIO, “implica una desprotección ambiental de los recursos naturales en beneficio del aprovechamiento económico” y se produjo “sin sometimiento al procedimiento de información pública por tratarse de un cambio sustancial”, por lo que, a su juicio, es “causa de nulidad radical” del Plan Especial de La Geria.

En el informe del Gobierno de Canarias, dado a conocer este viernes por el Cabildo, se reconoce una “incorrección administrativa” en la elaboración del Plan Especial de La Geria pero se descarta que la modificación de la categoría del suelo de la bodega Stratvs tuviera carácter “sustancial”.

Así, el Gobierno defiende que “el suelo ocupado por la bodega Stratvs figura como zona de uso tradicional”, que es aquella “donde se desarrollan usos agrarios” tradicionales “compatibles” con la “conservación” del espacio natural. El informe del Gobierno asegura que se llevó a cabo el cambio en la categoría del suelo de Stratvs porque se entendió “más congruente” con la zona donde está construida “y más acorde con los valores objeto de protección”.

Siga leyendo en este enlace.

La jueza instructora del caso Stratvs, Silvia Muñoz, rechazó la semana pasada la personación de una asociación que pretendía tomar parte en el procedimiento a última hora, cuando ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral.

El pasado 9 de julio, la “asociación ecologista Jacón por la defensa del medio ambiente” presentó un escrito en el Juzgado número 5 de Arrecife solicitando la personación como acusación popular. El colectivo tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria, de donde también procede su abogado.

En su escrito, el colectivo, del que no se encuentran referencias en la Red y que al menos en Lanzarote no ha tenido actividad pública, señala que se trata de “una asociación ecologista, sin ánimo de lucro, a la que mueve el afán de la defensa del medio ambiente, alterado por los hecho de esta causa”.

Sin embargo, la jueza dictó el pasado lunes una providencia en la que concluye que “no ha lugar a la personación” por haber “precluido la posibilidad” tras haberse dictado auto de apertura de juicio oral el pasado 12 de junio.

En el punto en el que se encuentra el procedimiento, pendiente de los escritos de defensa de los acusados para que se celebre posteriormente la vista oral, la jueza entiende que no caben nuevas personaciones.

Siga leyendo en este enlace.

Podría decirse que los problemas para Juan Francisco Rosa comenzaron el día que se empeñó en salirse del anonimato. Es un empresario emprendedor, muy intuitivo, atrevido y durante mucho tiempo, de éxito. Pero como le ocurre a muchos como él, de buenas a primeras necesitó que su obra trascendiera y de lo puramente mercantil pasara a dejar una huella en la sociedad donde hasta entonces se había desenvuelto. Quienes le han tratado dicen que a ese deseo responde la bodega Stratvs, levantada en uno de los parajes más protegidos y sagrados de Lanzarote, La Geria, sobre un suelo que en parte ni siquiera era suyo e incumpliendo la normativa ambiental y urbanística sin ningún recato. La bodega no solo pretendía ser un monumento a la excelencia empresarial sino también una demostración notoria de impunidad y de poder. Porque ninguna resolución administrativa pudo pararla durante años, hasta que llegó una jueza y le encasquetó un precinto que hizo crujir muchas cuadernas en la sociedad conejera. A la juez, por supuesto, la pusieron verde los medios de comunicación afines al empresario, los políticos comprados por el empresario y los colectivos al servicio del empresario. Y no en un contexto de discusión jurídica, sino arguyendo algo más elevado para el papanatismo imperante: la inversión, los puestos de trabajo, la imagen de Lanzarote… Si tienes dinero y te lo gastas tienes derecho a hacer lo que quieras. Una petición de quince años de cárcel (la que reclama la Fiscalía) amenaza con acabar con los aires de grandeza y de intocabilidad del empresario, salvo que en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde será juzgado, vuelva a volar el burro que dejó sentado para la posteridad que Soria no delinquió cuando se dejó invitar por un empresario al que beneficiaba desde el Cabildo porque el avión privado iba a despegar de todos modos, fuera o no fuera el ministro dentro. El mismo burro que dio por probado que el portavoz parlamentario del PP había ejercido el tráfico de influencias pero no con la intensidad suficiente como para condenarlo. Juan Francisco Rosa se sentará en el confortable banquillo del TSJC porque la alcaldesa de Yaiza, Gladis Acuña, para quien el fiscal pide cuatro años de cárcel por no haber actuado diligentemente, ha sido elegida diputada regional por Nueva Canarias, lo que habrá que reprocharle alguna vez al partido de Román Rodríguez.

La maquinaria como aval

Juan Francisco Rosa ha sido noticia esta semana al conocerse que ha utilizado el valor de la maquinaria de su bodega, inmovilizada en su interior tras la orden de precinto, para responder a la fianza que la jueza le impuso para responder a las posibles multas y a la responsabilidad civil que pudiera derivarse. Entre una cosa y la otra, la jueza le exigió el depósito de casi 700.000 euros con la amenaza, precisamente, de embargarle sus bienes en caso de no hacerlo. No existe aún constancia de que la instructora de la causa, Silvia Muñoz, haya aceptado esta maquinaria como fianza suficiente. En Lanzarote se conocen las dificultades de liquidez que han atravesado estos últimos años los negocios de Rosa y el alto endeudamiento que mantiene con la banca como consecuencia de su imparable deseo inversor, tanto dentro como fuera de la isla de Lanzarote. Lo que, desde luego, no debería haber sido motivo para que se le denegara un aval por parte de alguna de las entidades que lo tienen como cliente, sobre todo después de la venta de una importante pieza de suelo a Mercadona en Arrecife por unos cuatro millones de euros.

Clavijo avaló a San Ginés

Con aval o sin aval, con fianza o sin fianza, con petición de cárcel o sin ella, Juan Francisco Rosa sigue ejerciendo su poder en Lanzarote. A él se le atribuye, por ejemplo, la paternidad intelectual de la destitución del técnico urbanístico del Cabildo Leopoldo Díaz, desencadenante involuntario de la última gran crisis política en la isla al negarse el PSOE a entrar en el gobierno insular con su socio a la fuerza Pedro San Ginés. Un mes después de que se constituyera el Cabildo, los socialistas siguen enrocados en su posición de no ser ni gobierno ni oposición, forzando a San Ginés a una incómoda mayoría minoritaria. Ni siquiera la aceptación de la cruda realidad por parte del destituido jefe de la oficina del Plan Insular y su traslado como secretario al Ayuntamiento de Arrecife ha apaciguado los ánimos. Y los intentos de San Ginés de formalizar un acuerdo con el PP han fracasado por las exigencias de los populares de forzar también una moción de censura en Arrecife contra el alcalde del PSOE, José Montelongo, lo que supondría un doble incumplimiento del pacto entre socialistas y nacionalistas. En resumen, un bloqueo institucional muy incómodo y muy poco benéfico para los ciudadanos provocado por el capricho del multi-imputado empresario Juan Francisco Rosa de cargarse al funcionario que más veces ha informado en contra de sus trapacerías urbanísticas. Pero, claro, San Ginés dice no actuar en solitario ni en contra de los socialistas. Además de sostener que sus socios sabían de su intención de cargarse al técnico (extremo que el PSOE niega rotundamente), el presidente del Cabildo asegura que la polémica decisión la adoptó con el beneplácito de su líder regional y actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Unas declaraciones de este a Radio Lanzarote días antes de tomar posesión así lo atestiguan. ¿Avaló Clavijo a San Ginés en el despido del funcionario que perturbaba los negocios de Juan Francisco Rosa? ¿Sabía realmente Clavijo el terremoto que estaba provocando?

La primera a Roberto Moreno, por la escuadra

Empiezan a un ritmo más lento de lo que la situación requiere a conformarse los equipos políticos que han de hacerse cargo ya de una vez de los designios de estas acaloradas ínsulas. Este viernes está previsto que el Consejo de Gobierno designe a Roberto Moreno director del Servicio Canario de Salud, un potro de tortura que en estos instantes casi estaríamos por no recomendar ni siquiera al más conspicuos de los enemigos. El PSOE decidió hacerse cargo de Sanidad alegando que sus dirigentes son gente de retos y no vamos a ser nosotros los que desdigamos el famoso adagio que sostiene que sarna con gusto no pica. A Roberto Moreno y a su consejero, Jesús Morera, les deseamos por anticipado mucha suerte, sobre todo después de conocer este mismo jueves que sus antecesores ya les han dejado algunos goles retardados por la escuadra en forma de externalizaciones de ésas que tanto abundan en el departamento y que han comprometido gran parte de sus presupuestos por los siglos de los siglos. Una de esas externalizaciones ha sido la del software de gestión de historias clínicas, uno de cuyos lotes se acaba de adjudicar por la módica cantidad de 1,4 millones de euros y un periodo de vigencia de dos años. Es decir, la mitad de la legislatura se le va a ir a Roberto Moreno comiéndose un programa de gestión que él podía haber resuelto con software libre, como hizo estos últimos cuatro años desde su anterior desempeño como director de Nuevas Tecnologías del Gobierno, desmontando todos los tinglados heredados de la larga noche de adjudicaciones informáticas del PP y de Coalición Canaria. Y si esa fuera la sangría (con perdón) más onerosa de la Consejería de Sanidad, hasta podríamos tirar unos voladores, pero son tantas y tantas las privatizaciones encubiertas que durante décadas hemos visto ejecutar, todas ellas con unos costes superiores a los que supondría llevar a cabo el servicio con personal y material propio, que dan ganas hasta de llorar, oye. Pero, lo dicho, sarna con gusto no pica. Animamos a los socialistas a demostrar que ellos pueden.

Mercedes Roldós, al Senado

Una de las consejeras de Sanidad que esta atribulada nacionalidad ultraperiférica tuvo fue Mercedes Roldós, que precisamente ha sido noticia este jueves al confirmarse que su partido, el PP, la manda al Senado en nombre de la Comunidad Autónoma, y da paso, uf, qué apuros, a Jorge Rodríguez al Parlamento de Canarias. Roldós pasará a la historia por ser la consejera bajo cuyos designios se montó aquel repugnante mangoneo del caso Lifeblood, precisamente una externalización, la de la hemodiálisis, por un precio mucho más elevado que sus costes públicos y a una empresa creada por el asesor legal (también externo) de la misma consejería, el abogado Javier Artiles Camacho. Roldós se marcha a Madrid, donde reside su hija y su yerno, pero mantendrá la portavocía en el Cabildo de Gran Canaria, lo que le obligará a renunciar a uno de los dos sueldos, concretamente que le corresponde por este último cargo. El Senado paga muy bien y el salario tendrá un interesante complemento con las dietas por asistencia a plenos y comisiones a la Corporación grancanaria. Que perder las elecciones tiene también premio, no se vayan ustedes a creer, aunque la interesada tendrá que esforzarse un poquito para poder acudir a las sesiones más importantes de ambas instituciones y poder así cobrar los correspondientes emolumentos. Le sustituirá en el Parlamento de Canarias Jorge Rodríguez Pérez, nuestro infatigable relaciones públicas (ma non troppo) cuyo tráfico de influencias probado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no fue suficiente como para condenarlo y apartarlo de la función pública. Quedamos a la espera de saber si pedirá compatibilizarse con sus tareas privadas o se dedicará en cuerpo y alma a su acreditada vocación de servir a los demás sin más beneficio que el justo salario y las justas dietas.

El destituido jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, destacó en un informe que la bodega Stratvs, en pleno corazón el paisaje protegido de La Geria, “se apartó de lo autorizado” y que se produjo una “ilegal ejecución de nuevas construcciones” que en ningún momento fueron permitidas.

Díaz recuerda en su informe que lo que autorizó el Gobierno de Canarias al promotor de la bodega, el empresario Juan Francisco Rosa, “comprendía la restauración de una vivienda y la construcción de un almacén-bodega subterráneo de 900 metros cuadrados”.

“Si la autorización otorgada lo era para 900 metros cuadrados construidos, la ejecución realmente ejecutada supone 3.560 metros cuadrados construidos y 12.000 metros de superficie afectados o transformados”, subraya el funcionario.

“Por otro lado”, recalca el jurista, “el promotor no acredita la titularidad de la finca en que está ubicada la bodega ni donde está la mayor parte de las construcciones”. Además, recalca que la antigua vivienda “con valores etnográficos para la que se solicitó su restauración” fue “demolida, por lo que se apartó de lo autorizado”.

El informe también resalta que las obras ilegales, “en sustitución fraudulenta de la restauración otorgada”, se desarrollaron en un suelo que el Plan Insular califica como rústico de protección de valor natural“ por tratarse de un paisaje singular, ”cuya regulación prohíbe actuaciones como ésta“.

Siga leyendo en este enlace.

La Audiencia Provincial ha rechazado la pretensión de la propiedad de la bodega Stratvs de que se levantase el cierre cautelar y precinto de las instalaciones, dictado en diciembre de 2013, confirmado por la propia Audiencia el año pasado y reafirmado por el Juzgado número 5 de Arrecife el pasado mes de enero.

En un auto, la Audiencia destaca que “ante la abundancia de los datos e indicios” del Juzgado para mantener el cierre cautelar de Stratvs, “sorprende” la “escasez de alegaciones” planteadas por el promotor, Juan Francisco Rosa, y la empresa BTL Lanzarote.

“Le bastaría con acreditar que ha cumplido con las obligaciones que se fijaron en el año 2008”, como la “elaboración de estudio hidrogeológico e instalación de una depuradora, para lograr el fin de la medida cautelar”, algo que “no sólo no hace sino que pretende que ese fin se produzca” aunque se mantenga “el mismo estado de las cosas”.

Puede leer el artículo completo en Diario de Lanzarote.

El nuevo Parlamento canario deberá estar constituido antes del 23 de junio, y a partir de esa fecha los cambios no van ser sólo políticos. El escaño que ocupará en Teobaldo Power la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, por Nueva Canarias, va a tener consecuencias en el caso Stratvs, en el que está imputada y por el que la Fiscalía le pide una pena de prisión de tres años y diez meses y diez años de inhabilitación para cargo público por dos delitos de prevaricación y prevaricación medioambiental, por permitir la apertura de la bodega y por no cerrarla posteriormente.

Cuando Acuña prometa su cargo pasará a ser aforada y a los aforados los tiene que juzgar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), y no la Audiencia provincial de Las Palmas, como estaba previsto. Así que, como no se puede dividir el caso en dos, todos los acusados pasarán a ser juzgados por el TSJC.

El cambio no será automático, porque Acuña, o cualquier otra parte implicada, deberá comunicar su nombramiento, el Juzgado deberá pedir la certificación al Parlamento y después el TSJC deberá hacerse con la causa cuando se inhiba el Juzgado número 5 de Arrecife.

No sólo los jueces no serán los mismos sino que el caso también podría cambiar de fiscal. El que está asignado al caso, Ignacio Stampa, pertenece a la Fiscalía de medioambiente. Para que pueda seguir en el caso, la Fiscalía de Canarias y la de medioambiente deberán determinar si es conveniente o no que siga en el caso.

El TSJC tiene sus propios fiscales pero ya hay antecedentes, en otros casos en Canarias, en que el fiscal de medioambiente continúa ejerciendo la acusación a pesar de que la causa sube al TSJC. Por otra parte, el volumen de la causa no la hace atractiva para nadie que deba partir de cero.

Sigue leyendo esta información en Diario de Lanzarote.

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha manifestado este jueves que lo que había “pretendido” con su queja sobre el fiscal del caso Stratvs era “defender la honorabilidad de los técnicos” de la Corporación insular. De esta manera responde a las críticas formuladas por Partido Socialista y Podemos.

La queja oficial fue formulada el año pasado por San Ginés, después de que la Fiscalía solicitase a la jueza del caso que fueran técnicos del Ministerio de Medio Ambiente los que evaluasen el daño medioambiental provocado por la construcción de la bodega y no el Cabildo, ni la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ni el Gobierno de Canarias para garantizar la objetividad del dictamen.

San Ginés indicó este jueves que se quejó de que la Fiscalía señalase en un escrito que “la imparcialidad del Cabildo de Lanzarote quedaba en entredicho debido a la relación laboral” de Francisco Fabelo “como consejero que ostenta las funciones competenciales en materia de ‘informes de compatibilidad y sanciones’ con el imputado don Juan Francisco Rosa Marrero”.

“Lo que hice es precisamente defender la honorabilidad de la institución y la de los técnicos del Cabildo que habrían de elaborar los referidos informes pues ninguno de ellos se habría dejado manipular por ningún consejero, incluido el consejero Francisco Fabelo”, añade el presidente del Cabildo en un comunicado.

Sigue leyendo esta información en Diario de Lanzarote.

caso StratvsLa Voz de Lanzarote.

cuestionó después públicamente y en los Juzgadosinforme elaborado por Joana Macías a petición de la juez de Stratvs