La plantilla de Pina S.A. en Cuenca y la de Componentes Losán de Pedro Muñoz (Ciudad Real) se han concentrado bajo el lema 'Queremos trabajar y cobrar, no mendigar', este 15 de enero para exigir el pago de sus salarios y una solución que “permita reparar los daños económicos y morales que arrastran desde 2024”, según explican desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha (CCOO).

Desde el sindicato aseguran que los trabajadores y trabajadoras llevan dos años “soportando la mala gestión de la dirección” y piden a la Administración que “tome cartas en el asunto”, advirtiendo que ya están recurriendo a la vía judicial.

La secretaria general de CCOO Hábitat Castilla La Mancha, Maribel Cabañero, ha señalado que “el perjuicio económico y la injusticia que supone el impago de tres salarios se ve agravado por una situación de incertidumbre y agonía que las personas trabajadoras llevan soportando desde hace casi dos años, sin que se vislumbren visos de que esta realidad pueda revertirse”.

En este sentido, Maribel Cabañero ha comentado que “mucho nos tememos que el Grupo se está descapitalizando porque sabemos que no está haciendo frente a los pagos que debería haber hecho el pasado mes de diciembre a la SEPI, que ya emitió un rescate hacia este grupo, ni a los acreedores, ni a la banca. Y parece que el inversor que podría ser la solución, inalmente no se va hacer cargo”.

En este clima de incertidumbre y “con una empresa que lo único que hace es pedir paciencia”, la responsable de CCOO ha expresado que van “a buscar salidas judiciales para poner fin a lo que es una situación insostenible”.

Los trabajadores “están agotados”

Por su parte, Jesús Laín, de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT de Cuenca, ha insistido en que los trabajadores y trabajadoras están “agotados”, lamentando además que, seis meses después de conocerse que había un inversor interesado en el grupo, “seguimos sin noticias y sin tener ningún tipo de garantía”.

Laín ha añadio que “no todo vale para evitar un proceso de concurso de acreedores”, advirtiendo de que “con tantas nóminas sin pagar, va a costar mucho más volver a arrancar la viabilidad de la empresa”. Es por ello que “el sindicato está acudiendo a los tribunales y presentando demandas de resolución de contratos que están a expensas de llegar a su primera vista en los Juzgados de lo Social. Ya sea por la vía judicial como por la de la lucha y la reivindicación, desde UGT FICA seguiremos defendiendo a estos trabajadores y trabajadoras”, ha concluido.

También se ha instado a las administraciones públicas a que tomen cartas en el asunto para encontrar una solución al conflicto porque no se puede dejar caer a una empresa con tanto peso. Por último ha criticado que, siendo los trabajadores y trabajadoras “los más perjudicados”, el grupo les “está facilitando una información suficiente y fiable”.

Factoría de Pedro Muñoz

Al mismo tiempo, frente a la factoría Componentes Losán en Pedro Muñoz (Ciudad Real), el responsable de Hábitat de CCOO en esta provincia, Antonio Sánchez-Carnenero, ha denunciado que los trabajadores y trabajadoras “no pueden soportar más esta situación desesperante, porque desde principios de 2024 están en vilo, con retrasos continuos en el pago de las nóminas, cobrando tarde y mendigando para cobrar”.

Por ello, ha exigido el “pago inmediato” de las nóminas que se adeudan: “noviembre, diciembre y la paga extra, y un plan de viabilidad de la empresa, para que en caso de que no pueda acometerse se produzca una salida digna de la plantilla, no sólo económica, sino también que acabe con los daños morales que vienen sufriendo”, exponen desde CCOO.

Sánchez-Carnenero ha señalado que los trabajadores y trabajadoras “han dado mucho para sostener esta empresa, soportando ERTE, distribuciones irregulares de la jornada, disfrutar de sus vacaciones en periodos impuestos por la empresa en momentos de menor productividad”.

Asimismo, ha manifestado que la Administración “debe exigir explicaciones y transparencia”, pues Grupo Losán ha recibido muchas ayudas y fondos públicos y “no sabemos dónde ha sido destinada la totalidad de ese dinero”.

“Es duro, ya que tres meses es mucho tiempo para estar sin cobrar, y hay además compañeros y compañeras que dependen únicamente de ese salario y deben sobrevivir con la ayuda de familia y amigos. Estamos al límite”

Una de las afectadas por los impagos de la empresa Cleanzcon a entre 65 y 70 trabajadoras y trabajadores de limpieza en institutos de la zona más afectada por la DANA se ha mostrado así de desesperada ante la situación que están viviendo. La empresa les abonó recientemente la nómica de abril, pero les sigue debiendo mayo, junio y el finiquito de julio: “El pago de abril ha aliviado un poco la situación, pero con recibos por pagar e intereses por demora en el banco en muchísimos casos, seguimos en una situación muy preocupante. Pese a que según la empresa su intención es pagar”.

Al respecto, fuentes de UGT han lamentado que la Inspección de Trabajo no ha dado respuesta a las denuncias presentadas en marzo y que los y las trabajadoras, mayoritariamente mujeres y en situación de vulnerabilidad, han seguido trabajando sin cobrar a pesar de las graves consecuencias de la DANA en sus vidas.

Y es que, la empresa ha dado servicio a un total de 13 institutos ubicados en Alfafar, Benetússer, Sedaví, Paiporta, Picassent, Silla, Massanassa, Catarroja, Albal y Alcàsser: “Como no había liquidez para material el personal ha limpiado con el sobrante de lo que trajeron los voluntarios a los diferentes municipios los días posteriores a la riada”, han comentado desde UGT.

Aunque desde Cleanzcon no han dado respuesta a las preguntas trasladadas por este diario vía mail y tampoco han atendido las llamadas, desde el mencionado sindicato aseguran que la empresa alega que ha sufrido en los pagos por parte de la Conselleria de Educación.

Sin embargo, fuentes del departamento que dirige el conseller José Antonio Rovira han asegura a elDiario.es que “la Conselleria está al día en los pagos a la empresa Cleanzcon” y que “el pago a los trabajadores corresponde a la empresa”.

Preguntadas las mismas fuentes por posibles medidas para agilizar una solución, se han limitado a decir que “esta empresa no ha licitado el nuevo contrato y por tanto finalizará su servicio el 31 agosto”, de modo que “a partir del 1 de septiembre de 2025, el servicio de limpieza será asumido por la empresa adjudicataria del nuevo contrato, cuya formalización se realizará próximamente”.

Con todo, desde UGT han exigido a Educación que tome medidas inmediatas para resolver esta situación y garantizar el pago de los salarios adeudados: “No podemos permitir que el sector de limpieza sea un sector invisible y que se ignore la situación de estas trabajadoras. Es hora de que se tomen medidas para proteger los derechos de las trabajadoras más vulnerables”.

La organización sindical ha asegurado que seguirá luchando “para que se haga justicia y se respeten los derechos de los trabajadores de limpieza en los institutos para que no se repita esta situación de impagos y abusos”.

El Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón ha enviado una carta a los farmacéuticos de la Comunitat Valenciana por medio de la cual informan del motivo por el que no podrán afrontar el pago del mes de junio. Según la misiva firmada por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a la que ha tenido acceso elDiario.es, “este retraso se debe a la no aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario por parte del Gobierno de España por primera vez en 12 años, lo que va a provocar un desfase de solo un mes en el abono de la factura (la factura de mayo se pagará el mes de julio)”.

Más allá de que el Gobierno aún no ha confirmado oficialmente que vaya a activar este mecanismo que aporta liquidez a las administraciones autonómicas por medio de préstamos del Estado para compensar la infrafinanciación, la realidad es que el ejecutivo central está dentro del plazo normal para aprobarlo. Y es que, en los últimos años, sobre todo en los ocho años del Gobierno del Botánico, siempre ha abonado el FLA extraordinario entre mayo y julio, y nunca en sus ocho años al frente del Consell hubo impagos en el sector farmacéutico.

En concreto, según información recabada por esta redacción, el 22 de junio de 2016, a cuatro días de las elecciones generales que ganó el PP, el entonces ministro popular de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció en un acto electoral el envío de casi 1.000 millones del FLA. En 2017 aún se retrasó más y fue el entonces delegado del Gobierno del PP, Juan Carlos Moragues, quien anunció la llegada del ingreso para el 18 de julio. En 2018, de nuevo llegó en julio, en concreto el día 5, y eso que era una cantidad relativamente pequeña, 199,5 millones (el 75% de la desviación del déficit). Además, en 2019, se aprobó el 20 de junio; en 2020, con la pandemia, el 14 de mayo; en 2021, el 25 de junio; en 2022, también se activó en el mes de junio mientras en 2023 y 2024, este último ejercicio ya con el PP al frente del ejecutivo valenciano, el 8 de mayo y el 6 de mayo respectivamente.

Sin embargo tan solo ha habido dos momentos en la historia reciente en los que se ha incurrido en impagos. En el presente mes con el PP de Mazón al frente del Consell y en 2011, también con el PP al frente de la Generalitat. A mayor abundamiento, los impagos se producen tras un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cifra en 497 millones de euros el impacto de las rebajas fiscales impulsadas por Mazón, principalmente en el impuesto de sucesiones y donaciones que benefician a las rentas más altas. La factura de las farmacias ascendió el pasado año a 136 millones de euros al mes.

El ingreso del FLA extraordinario que los diversos sectores consultados por esta redacción confían en que se produzca en julio reportará a las arcas autonómicas del orden de 1.900 millones de euros.

El portavoz adjunto del PSPV-PSOE en las Corts, Toni Gaspar, ha denunciado que, “una vez más, las mentiras de Mazón para no asumir sus responsabilidades han quedado al descubierto, dejando en evidencia a un president que está solo preocupado por servir a la estrategia de Feijóo de atacar a Pedro Sánchez aunque sea a costa de castigar a los valencianos y a las farmacias de la Comunitat Valenciana”.

“Los farmacéuticos valencianos no pueden ser el nuevo peaje que quiera pagar Mazón a Feijóo”, se ha lamentado Gaspar, tras constatar que “son la incompetencia, la frivolidad en la gestión y la desidia las causantes de los impagos de la Generalitat a sus proveedores”. Toni Gaspar advierte: “Mazón vende una irrisoria bajada de impuestos para la inmensa mayoría de los ciudadanos, mientras está vaciando la caja de la Generalitat con masivos regalos fiscales a una minoría de valencianos, que son los más ricos”.

Según Gaspar, “Mazón tiene más dinero que nunca, el Gobierno le ha adelantado 1.000 millones de la liquidación y estamos en las fechas habituales del pago del extra FLA. ¿Qué ha cambiado entonces? Que tenemos un Consell de malos gestores y que el PP quiere atacar a Pedro Sánchez a costa de dañar a los valencianos”, ha recriminado el socialista.

Las farmacias califican los impagos de “inaceptables”

La Conselleria de Sanidad se ha comprometido “a agilizar los trámites necesarios para asumir el pago de los intereses que conforme a derecho correspondan, como muestra del firme compromiso del Consell con la sostenibilidad de la red farmacéutica y la protección al sistema sanitario”.

Sin embargo, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha advertido de “los graves impagos” que están sufriendo las farmacias de la Comunitat Valenciana por parte de la Administración, una “situación crítica” que, ha alertado, “pone en riesgo la continuidad del servicio y la atención sanitaria a miles de ciudadanos”. Al respecto, ha señalado que, frente a un “compromiso demostrado en los peores momentos como la pandemia de COVID-19 o las recientes emergencias climáticas, resulta inaceptable que las farmacias sean ahora castigadas con impagos, comprometiendo la sostenibilidad del mejor modelo de oficina de farmacia del mundo”.

Así, ha recalcado que uno de los episodios “más graves” se vivió con la dana que azotó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, que provocó el cierre inmediato de unas 40 farmacias. No obstante, ha señalado que a pesar del impacto “devastador”, el sector “reaccionó con rapidez: farmacias de toda España y la red de distribución -incluidos almacenes gravemente afectados- se movilizaron de forma solidaria, logrando restablecer el servicio en cuestión de días”.

UGT y CCOO critican la “irresponsabilidad” del Consell

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, y su homólogo en UGT PV, Tino Calero, han reprochado la “irresponsabilidad” del Consell al retrasar los pagos a las farmacias, cuando ha convertido la Comunitat Valenciana en la que “más beneficios fiscales ha aplicado a ricos”.

Tino Calero ha señalado que “es evidente que el FLA extraordinario no ha llegado, pero también es evidente que el gobierno valenciano ha aplicado una política fiscal en el ámbito de la Comunitat Valenciana que, tal y como dice la AIReF, es la comunidad que más beneficios fiscales ha aplicado a ricos”. “Por lo tanto, ha dejado pasar la posibilidad de incrementar la recaudación fiscal en una situación de crecimiento económico y esto también ha tenido un impacto en los recursos de los que dispone la comunidad”, ha lamentado.

La secretaria general de CCOO ha reconocido que es importante la aprobación del FLA extraordinario y que los sindicatos lo reclamarán, pero que el retraso en los pagos “es una irresponsabilidad del gobierno valenciano, que desde que tomó posesión inmediatamente lo primero que hizo fue reducir impuestos”. “Ellos mismos hablaban de dejar de recaudar en el primer año más de 350 millones de euros. Pues igual con ese dinero podrían haber pagado las farmacias perfectamente”, ha apostillado.

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha asegurado que “en los próximos días” serán “capaces de afrontar el pago” de la justicia gratuita, que en los dos últimos trimestres, los pendientes de pagar, asciende a 385.000 euros.

A pesar de que es una competencia regional, Domínguez ha justificado el impago de los últimos trimestres por “la ausencia de presupuestos generales del Estado y la congelación de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas”. Ha subrayado que esa situación “tiene consecuencias para los ciudadanos y para la prestación de los servicios públicos porque limita las capacidades de liquidez y de tesorería de las comunidades autónomas”.

Ha recordado que hace unas semanas solicitaron un endeudamiento a corto plazo que esperan “que se haga efectivo en los próximos días”. “Por eso”, ha dicho, “en todos los foros públicos y privados a los que tenemos la oportunidad de decirlo recordamos al Gobierno de España su obligación o de aprobar presupuestos generales del Estado o de actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación de las comunidades autónomas”.

El portavoz ha indicado que “el compromiso que ha tenido siempre el Gobierno de La Rioja con los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia en la asistencia de justicia gratuita para los ciudadanos riojanos es desde luego inquebrantable”.

De hecho, ha afirmado que son “el Gobierno que, después de muchísimos años y a través de un acuerdo con los profesionales de la abogacía y los procuradores, ha llegado a un acuerdo para establecer una nueva regulación que permita incrementar las cuantías que venía percibiendo cada uno de los profesionales que colaboran con la justicia en la justicia gratuita”.

Ha insistido en que “ha sido una demanda muy pedida por los profesionales durante muchísimos años y desde luego ha sido en el año 2024 cuando por fin se ha podido llegar a un acuerdo con estos profesionales y se ha promulgado un decreto que incrementa las cuantías y que dignifica el trabajo de los profesionales de la abogacía, procuradores y otros que colaboran con el Gobierno”.

La portavoz y vicepresidenta del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha comparecido este martes tras el pleno ordinario y extraordinario del Consell, intervención que ha aprovechado para atacar una vez más al Gobierno por la no activación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que, según ha denunciado, está asfixiando financieramente al ejecutivo autonómico hasta el punto de empezar a incurrir en impagos.

Una denuncia que, sin embargo, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, matizó al apuntar también a la Generalitat Valenciana como responsable de los impagos por destinar “fondos finalistas a otras partidas”.

Sobre estas críticas, Camarero ha explicado que “todos los recursos financieros se centralizan en una caja única, un procedimiento que viene del anterior Gobierno [del Botánico] y se hace en aplicación del artículo 68 de la Ley de Hacienda Pública, por lo tanto no es una práctica exclusiva de esta Generalitat, sino que lo han aplicado en otros casos”.

Camarero ha añadido que en la etapa del Botánico utilizó “1.300 millones de fondos europeos no ejecutados en la caja única, por lo tanto, el uso de la caja única es habitual, el problema ahora y los empresarios también lo saben porque lo han reivindicado está en la necesidad imperiosa de que por fin el Gobierno de España apruebe el FLA que se ha venido aprobando en los últimos 13 años”.

Preguntada sobre si han recibido respuesta a la petición de reunión que realizó Mazón a Sánchez, Camarero ha asegurado que hay “una voluntad de tener un encuentro que se pidió por carta el 9 de abril, está injustificado que haya venido dos veces a València sin recibir y sin atender las peticiones del presidente Mazón, no tiene sentido, no está justificado, es ilógico que en este momento que es más necesario que nunca una coordinación no se produzca esa reunión, es una deslealtad institucional inédita y poco entendible”. La portavoz del Consell ha lamentado que “no es la forma idónea de trabajar, nos gustaría más esa cooperación y nos gustaría también esa comisión mixta entre la Generalitat y el Gobierno, los afectados de la DANA necesitan esa coordinación, no perdemos la esperanza”.

La vicepresidenta, cuestionada sobre si con la aprobación de los presupuestos autonómicos este miércoles se cierra la etapa de Mazón como presidente, ha afirmado que el jefe del Consell “tiene apoyos suficientes para sacarlos adelante, algo que Sánchez no puede conseguir” y ha considerado “una muy buena noticia que se vayan a aprobar unas presupuestos muy necesarios para la reconstrucción”

En cuanto a las críticas de las asociaciones de víctimas de la DANA por la invitación a la comisión de investigación de las Corts a cualquier particular damnificado, incluso por cualquier daño material, lo que consideran que puede diluir sus reivindicaciones, Camarero ha apoyado la decisión que se adoptó este lunes en la mesa de la comisión: “Lo que ha hecho las Corts es preguntar cuántas asociaciones hay y dar la posibilidad a todas las asociaciones que se han ido constituyendo para que puedan estar presentes en la comisión. Lo que se trata es que todos aquellos que quieran, asociaciones o afectados, puedan tener voz en esa comisión de investigación”.

Los impagos de la Generalitat a diversos proveedores empiezan a generar malestar y el Gobierno central no es el único responsable tal y como trata de vender desde hace varias semanas el Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón. Y ha sido ni más ni menos que el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, el que ha desmontado todo el argumentario del jefe del Consell y del PP.

En una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, Navarro ha afirmado que “es verdad, y esto lo han dicho algunos sectores y así nosotros lo reflejamos, que está bien esa reunión (de Mazón con los proveedores el pasado jueves 22 de mayo) pero en esa reunión también hay sectores que están con impagos con la Generalitat en fondos finalistas y esos fondos finalistas se han usado para la caja normal”.

El presidente de la patronal ha advertido de que “aquí no solo es una cuestión del Gobierno central, hay una responsabilidad del gobierno autonómico de destinar fondos finalistas a otras partidas que realmente no lo son. Ahí hay sectores que tienen un malestar”.

Respecto al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario que reclama Mazón al Gobierno para hacer frente a los pagos, Salvador Navarro ha explicado que está “en contacto permanente” con el presidente de la Generalitat respecto a este asunto y ha añadido que envió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al respecto, pero no ha tenido contestación, aunque “en las últimas semanas” ha tenido más contacto con otros miembros del Gobierno central.

El presidente de la CEV ha detallado que el viernes por la tarde coincidirá con Montero en un acto en Madrid y que ha pedido “aunque sea 10 minutos tener un entente con ella”. A su juicio, María Jesús Montero “está muy centrada en Andalucía, no está actuando de ministra de Hacienda y por tanto no está actuando con una responsabilidad hacia esta comunidad” y otras como Murcia.

En relación a las entregas a cuenta, ha pedido “a los partidos que se dejen de batallas campales porque aquí hay perjudicados” para que no aumente la desafección política. Asimismo, preguntado por la prestación del cese de actividad para autónomos afectados por la dana, Salvador Navarro ha lamentado que, a pesar de las peticiones al Gobierno central, desde las asociaciones empresariales “no se ha solucionado nada”.

“Esta es otra cosa que tenemos que hablar con el Ministerio de Inclusión y con Hacienda porque, al final, quien paga es Hacienda. Que la ministra de Hacienda a fecha de hoy no haya venido a Valencia a visitar la zona dana demuestra muy poca sensibilidad con el pueblo valenciano”, ha señalado, para apostillar: “Espero que no sea una cuestión de que esto es la Comunitat Valenciana y no es Andalucía”.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha señalado que, “una vez el presidente de la Generalitat (Carlos Mazón) se haya reunido con las víctimas (de la dana), el siguiente paso tiene que ser una reunión del presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat”.

Las reuniones con las víctimas “llegan tarde”

Preguntado por su valoración sobre que Mazón haya llamado a las asociaciones de víctimas siete meses después de las inundaciones, Navarro ha opinado: “Como dije cuando la visita de Pedro Sánchez, llega tarde. Esto es una cuestión moral y llega tarde pero llega. Si ya el presidente de la Generalitat ha pedido reunirse con las víctimas, exactamente lo mismo. Llega tarde pero hay una cuestión moral por encima de todo y creo que es importante que eso ocurra y que haya ocurrido”.

Preguntado por cómo valora la reconstrucción en Valencia tras las inundaciones del pasado 29 de octubre, siete meses después de la dana, Navarro ha lamentado que la política “ha decepcionado”, aunque ha reconocido el buen trabajo del Ministerio de Transportes y la Conselleria de Infraestructuras.

El presidente de la CEV ha criticado que “solo el 7-9 por ciento de lo que dijo el Gobierno central han sido ayudas directas, lo demás son créditos y el fondo de compensación, que es privado”. Ha apuntado que “cerca de un 35%” de lo movilizado por la Generalitat han sido ayudas directas . A su juicio, han fallado la “sensibilidad y agilidad”.

Salvador Navarro ha indicado que la CEV ha sido muy crítica con el Consorcio de Compensación de Seguros si bien ha reconocido que “en estos últimos meses hay una mayor implicación”.

Presupuestos de la Generalitat

Respecto a los presupuestos de la Generalitat, ha destacado las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, aunque ha apuntado que “tal vez son demasiados expansivos para la situación financiera que tenemos”.

Navarro ha señalado que se debe poner el foco en la ejecución presupuestaria, ya que “en condiciones normales” suele quedarse al 60%, y con la aprobación de las cuentas a estas alturas del año “va a ser complicado ejecutar”.

“Se trata de ser realistas, ya que a las personas, a las empresas, hay que decirles que van a tener de tiempo entre junio a noviembre como mucho, de ejecutar partidas que en condiciones normales deben de ejecutar de enero a noviembre”, ha comentado.

Sobre la reducción pactada por PP y Vox en las cuentas autonómicas a las asignaciones de sindicato y patronal, Navarro ha lamentado que afectan a “algunas partidas que entendemos que son importantes para la sociedad”, como los planes de igualdad.

Navarro considera que “ha faltado cierta cintura política” y que “se hubiera rebajado una cierta crispación” si el Consell se hubiese reunido con los agentes sociales para explicarles estas reducciones. Además, ha reiterado que no le preocupa tanto la cuestión económica sino que “hay una pérdida de valor del diálogo social”.

En cualquier caso, ha asegurado que “el diálogo social no peligra”, pero ha pedido “mejor valoración” del mismo y más reuniones periódicos de la Generalitat con los agentes sociales. Preguntado por el estado de las relaciones entre la CEV y la Generalitat, ha destacado la “lealtad institucional”.

Sobre las relaciones entre la CEV y Cámara Alicante, ha señalado que no le preocupan “absolutamente nada”, que son dos entidades que tienen “un papel distinto” y que “los empresarios están a otros problemas”.

El Ayuntamiento de Logroño inició el pasado 29 de marzo, por vía urgente, el proceso administrativo para resolver los contratos suscritos con Ocio Sport Rioja S.L.U. referentes a servicios auxiliares y de limpieza en La Gota de Leche, el Centro Infanto Juvenil La Atalaya y el Centro de Enseñanza No Reglada Julio Luis Fernández Sevilla al no encontrarse la empresa al corriente de las obligaciones de pago con sus 18 trabajadores en servicios municipales.

Continuando con el procedimiento administrativo, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado la resolución de los tres contratos por incurrir en causa de impago, durante su ejecución, de los salarios de los trabajadores destinados a estos tres espacios para las labores mencionadas.

Dado que la resolución se debe a un incumplimiento por parte del adjudicatario, se iniciarán los trámites correspondientes para la incautación de la garantía constituida de cara a la firma de cada uno de los tres contratos.

Por otro lado, se requerirá al contratista Ocio Sport Rioja S.L.U. que adopte las medidas necesarias para continuar prestando los servicios auxiliares y de limpieza en los términos contratados mientras se ponen en marcha los nuevos procedimientos de licitación con carácter urgente.

Finalmente, se incoará expediente para la determinación de posibles daños y perjuicios causados al Ayuntamiento como consecuencia de la resolución culpable de estos contratos, que se liquidarán, en su caso, en los términos legales y jurisprudenciales previstos.

CCOO del Hábital de La Rioja ha anunciado que va a denunciar ante la Inspección de Trabajo el retraso del pago de las nóminas de marzo del personal de limpieza de varios colegios de Logroño de la empresa UTE Cornago Brilloja.

Según ha informado CCOO, hay 45 trabajadoras afectadas que no han cobrado todavía la nómina de marzo.

La UTE Cornago Brilloja es una empresa contratada por el Ayuntamiento de Logroño para realizar el servicio de limpieza del lote 3 de los colegios de Logroño. Por ello, CCOO va a solicitar también una reunión con el ayuntamiento de Logroño “lo más urgente posible” porque no van a consentir, advierten, “que sean las trabajadoras las paganas de una mala gestión económica de esta empresa”.

“El Ayuntamiento es corresponsable de esta situación, he instamos a que en la mayor brevedad posible se obliguen a la empresa a que abonen dicha nómina y que así no se permita la misma situación que otros trabajadores subcontratados están viviendo en sus propias carnes”, han denunciado.

El Ayuntamiento de Logroño se ha puesto en contacto tanto con los representantes del personal de la empresa UTE Brilloja Servicios S.L. y Cornago S.L., adjudicataria del servicio de limpieza de varios colegios de Logroño, como con la propia empresa para abordar el retraso del pago de las nóminas del mes de marzo.

El Ejecutivo local ha solicitado a la empresa que agilice el pago de la nómina pendiente y asegura permanece vigilante para que se cumpla el compromiso de pago avanzado por la empresa y las obligaciones establecidas en el contrato.

El centro infantojuvenil La Atalaya de Logroño esta en una difícil situación por los impagos a los trabajadores de la empresa Ocio Sport y la resolución de los contratos por parte del Ayuntamiento de Logroño que daban diversos servicios en este centro municipal y en otros como La Gota de Leche y el centro Fernández Sevilla.

Mientras se resuelvan los trámites administrativos para un nuevo contrato, que se están haciendo por la vía de urgencia, el Ayuntamiento de Logroño ha comenzado a ofrecer a las familias que quieran continuar con el servicio, el traslado a otras ludotecas de la ciudad. Para ello, se están realizando una serie de reuniones con las familias en las que están sondeando a qué centros acudirán los niños, niñas y jóvenes que mantengan el servicio.

Desde el consistorio acalaran que el centro no está cerrado actualmente, si bien admiten que su continuidad en estas circunstancias “es complicado”, ya que Ocio Sport desarrollaba tareas de limpieza y de serivios auxiliares. Antes de un parece que irremediable cierre temporal, el Ayuntamiento quiere ofrecer una solución a las familias.

Esta situación de La Atalaya también afecta al servicio de ludoteca de Semana Santa, para lo que el Ayuntamiento de Logroño ha informado que ya ha encontrado una solución, aunque todavía ha preferido no explicarla para que las familias afectadas sean antes informadas.

Los impagos a los trabajadores de Ocio Sport, que afectan a unas cien personas trabajadoras, también han provocado el cierre hasta nuevo aviso de las piscinas y el gimnasio del complejo deportivo, Aqualar, dejando a muchas familias con sus cuotas pagadas y sin servicio. El Ayuntamiento de Lardero, después de responsabilizar exclusivamente a la empresa, dijo estar trabajando en una solución, si bien todavía no ha informado de ellas.

Lo anunció a finales de marzo, el 29 de marzo, y se ha hecho efectivo este 5 abril. Y es que este viernes se ha celebrado una Junta de Gobierno extraordinaria en el Ayuntamiento de Logroño en la que se ha aprobado iniciar la resolución de los contratos con la empresa Ocio Sport vigentes para servicios auxiliares y limpieza en los centros municipales de La Atalaya, La Gota de Leche, y Julio Fernández de Sevilla.

La decisión, apostillan desde el Consistorio logroñés, se adopta por incurrir la empresa en imago a los trabajadores durante la ejecución del contrato. Además, se adopta como medida cautelar administrativa, la retención de las cantidades que el Ayuntamiento debe al contratista para garantizar el pago de los salarios a los trabajadores.

Asimismo, se habilita un plazo de audiencia al contratista de diez días naturales para que realice las alegaciones que estime convenientes. La Junta local ha acordado también el segundo expediente de imposición de penalidades a la empresa por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de servicios auxiliares y de limpieza en el centro La Atalaya.

Desde el Consistorio logroñés tranquilizan a las personas porque aseguran que los servicios y actividades en los tres centros municipales se están prestando con normalidad.

Denuncia pública de Rioja2, el origen de todo

A principios de marzo, Rioja2 denunció públicamente la situación de los trabajadores del complejo deportivo Aqualar de Lardero. Llevaban dos meses sin cobrar y la empresa adjudicataria del servicio, Ocio Sport, no daba ninguna explicación. La nómina de diciembre llegó casi a mediados de enero. La de enero y la de febrero, directamente no llegó. Un contexto, el que algunos trabajadores y trabajadoras de las instalaciones de Lardero, se vieron obligados a coger la baja asegurándose así algún ingreso, otros directamente se plantearon dejar su puesto de trabajo.

Comenzaba entonces un rosario de incumplimientos e impagos por parte de la empresa en otras localidades riojanas en las que presta servicios. Servicios que incluso han tenido que cerrar, servicios cuyas personas usuarias no han podido disfrutar a pesar de haber pagado las cuotas correspondientes.

Logroño va a rescindir los contratos con dicha empresa. En Lardero, el Ayuntamiento informaba hace unos días que ya están “trabajando en las diferentes soluciones de compensación por falta de servicios prestados”. Una respuesta que dan, argumentan, “debido a la situación de incertidumbre generada por la empresa Ocio Sport, que ha provocado cierres parciales y confusión en algunos medios”.

Y en todo este entramado la empresa también emitió un comunicado en el que informaba de la denuncia interpuesta contra “dos ayuntamientos”, que no especificaron, porque les adeudan “más de 920.000 euros”. Lo hicieron a través de un comunicado. Era la primera respuesta a la situación de impagos de las nóminas a las personas trabajadoras. Ocio Sport aseguraba entonces que están haciendo “lo posible por conseguir liquidez y poder afrontar pagos pendientes, sobre todo a sus trabajadores” y avanza acciones jurídicas contra los consistorios implicados.

El Ayuntamiento de Logroño ha anunciado que va a resolver con urgencia los contratos actuales con Ocio Sport para prestar servicios municipales ante el incumplimiento de la empresa.

La empresa no ha respondido al requerimiento realizado por el Ayuntamiento en el plazo legal establecido en el que se le solicitaba aportar documentación que atestiguase que se encontraba al corriente de sus obligaciones con sus 18 trabajadores en servicios municipales.

El Ayuntamiento adoptará las medidas administrativas necesarias para restablecer la normalidad en todos los servicios afectados a la mayor brevedad. Asimismo, se mantiene el contacto con los trabajadores de la empresa que trabajan en los centros municipales.

Los contratos que Ocio Sport tenía en vigor con el Ayuntamiento de Logroño se refieren a los servicios auxiliares y de limpieza en La Gota de Leche, el Centro Infanto Juvenil La Atalaya y el Centro de Enseñanza No Reglada Julio Luis Fernández Sevilla. 

Continúan las manifestaciones y actos de protestas de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Ocio Sport que continúan sin cobrar sus nóminas. La última, la concentración convocada por CSIF frente a la empesa en la que han exigido una “solución rápida” a la empesa adjudicataria de las contratas del complejo Aqualar y en el hogar del jubilado en Lardero y de centros en Logroño y Haro. “Que se pongan al día con el pago de las nóminas de los meses de enero y febrero”.

Dese hace semanas, recuerdan en CSIF que están denunciando la situación de los más de 60 empleados que “están sufriendo retrasos en el pago de sus nóminas. En el caso más sangrante, los profesionales de Lardero, los impagos suman más de dos meses”. En los últimos días, la empresa denunció que “dos ayuntamientos”, sin especificar, “deben a la empresa más de 920.000 euros”. Ocio Sport tiene contratos con los ayuntamientos de Haro, Lardero y Logroño y según CSIF de La Rioja “las explicaciones de los tres consistorios son diferentes respecto a su situación con la empresa. El de Haro sigue sin querer dar explicaciones”.

Miembros del CSIF La Rioja mantuvieron en los últimos días una reunión con miembros del Ayuntamiento de Logroño y con el técnico del área responsable de las instalaciones gestionadas por Ocio Sport. “Se comprometieron a estudiar las soluciones propuestas por CSIF y dar una respuesta, pero no hay ninguna novedad”. Lo mismo ocurre con Lardero porque miembros del sindicato también se han reunido con la alcaldesa, Isabel Barceló. “No han dado más información y en esta localidad se están abriendo las instalaciones con una plantilla muy diezmada por las bajas que hay y sin servicio de limpieza, lo que genera dudas en las condiciones de salubridad e higiene de esta apertura”.

Desde CSIF censuran el silencio de la empresa Ocio Sport tras denunciar la deuda contraída con ellos y advierten de que continuarán “luchando para que los trabajadores afectados cobren sus salarios lo mas rápido posible”. Y para ello continuarán con las concentraciones. La próxima, este miércoles 19 de marzo a las 18:00 horas en la sede de CSIF La Rioja en la calle Pintor Rosales, 4 bajo de Logroño. “No es de recibo que mientras la pelota de las responsabilidades va pasando del tejado de las administraciones al de la empresa y viceversa, los trabajadores, que nunca han dejado de realizar sus funciones, y sus familias estén pasando por momentos muy delicados”.

Más de 300 personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Lardero para exigir al Gobierno Local una solución para los trabajadores de la empresa Ociosport, adjudicataria de los contratos del complejo Aqualar y en el hogar del jubilado en Lardero y de centros en Logroño y Haro. Los trabajadores de la empresa Ociosport que en La Rioja suman más de 60 empleados, llevan retrasos en el pago de sus nóminas que, en el caso más sangrante, como es el de Lardero, suman más de dos meses de impagos.

Esta empresa en La Rioja tiene contratos con los Ayuntamientos de Haro, Lardero y Logroño y las explicaciones de los tres consistorios son diferentes respecto a su situación con la empresa. Según ha explicado CSIF, el consistorio de Haro “no da explicaciones” y ha comunicado que “actúa en solitario, sin consultar con los representantes de los trabajadores y que cuando tenga tomada una decisión la comunicará”.

El Ayuntamiento de Logroño, en reunión mantenida en la mañana de hoy con la concejala Laura Lázaro, el director general de Familia, Jesús Esteban y el técnico del área responsable de estas instalaciones gestionadas por Ocio Sport, se ha comprometido a estudiar las soluciones propuestas por CSIF dar una respuesta lo antes posible.

Por su parte la alcaldesa de Lardero, localidad en la que se ha llevado a cabo la primera de las concentraciones organizadas por CSIF, ha explicado la postura del Ayuntamiento y se ha comprometido también a estudiar las propuestas de CSIF para solucionar este grave problema.

La empresa Ociosport, después de días de silencio, hizo público ayer un comunicado donde reconoce que varias administraciones tienen una deuda con ellos de gran volumen lo que impide hacer frente a las nóminas de los trabajadores. CSIF ha convocado una concentración para el próximo martes 18 de marzo a las 12 horas frente a las oficinas de la empresa Ociosport en Logroño, situadas en la Gran Vía. “No es de recibo que los trabajadores que realizan su trabajo de manera encomiable, paguen los platos rotos de licitaciones realizadas por Administraciones a muy bajo precio y aceptadas por empresas con condiciones temerarias que saben que no van a poder cumplir”.

La empresa Ocio Sport ha denunciado que “dos ayuntamientos”, que no especifica, deben a la empresa “más de 920.000 euros”. Lo ha hecho en un comunicado, que es la primera respuesta a la situación de impagos de las nóminas que afectan a casi un centenar de personas trabajadoras. Ocio Sport asegura que están haciendo “lo posible por conseguir liquidez y poder afrontar pagos pendientes, sobre todo a sus trabajadores” y avanza acciones jurídicas contra los consistorios implicados.

Como detalla la firma en su nota, “ante las informaciones aparecidas en la prensa sobre la situación de los trabajadores”, indica en primer lugar que “no se está poniendo de relieve (ni siquiera se menciona) la deuda que dos Ayuntamientos tienen pendiente de resolución y cobro con Ocio Sport”.

Algo, detallan, “que ascienden a tres solicitudes de recapitalización cuyos importes son 33.688,31 euros, 133.606,58 euros, 616.990,93 euros y 135.936,72 euros”, lo que supone, en concreto, “un importe de 920.222 euros”.

“Esta situación -añaden-, viene dada porque en un ayuntamiento prorrogan los contratos aludiendo al interés público sin actualizar las cantidades que deben pagar a Ocio Sport pese a que desde 2017 los incrementos de costes han sido muy elevados”. Así, apuntan que “suben los costes de personal, suben los costes de la energía, suben los costes de la comida y bebida, pero no se actualizan las cantidades que abonan los ayuntamientos ni permiten repercutir estas subidas”.

A ello se suma desde la empresa que “el otro Ayuntamiento, tras varias peticiones de ayuda debido a la mala planificación por su parte de un servicio ruinoso, no permite por un lado cesar esta actividad y por otro, hacer frente al quebranto económico justificado que está sufriendo una empresa privada, cuya obligación es suministrar un buen servicio, no financiar al Ayuntamiento”.

“Pese a los incumplimientos de los Ayuntamientos la empresa en todo momento ha priorizado el pago a trabajadores, actualmente les adeuda las nóminas del mes de febrero y alguna de enero debido al bloqueo que se le ha impuesto. Esas cantidades se le pagaría automática si la AEAT y SS, cumpliesen con su obligación de facilitar el acceso a aplazamientos y fraccionamientos de deuda, mientras se acude a la justicia ordinaria para reclamar la deuda de los ayuntamientos”, asegura la firma.

Así las cosas, desde Ocio Sport recalcan que “la empresa se encuentra realizando los trámites legales oportunos para conseguir su viabilidad la liquidez requerida, pero por ahora los ayuntamientos deudores no dan los pasos necesarios para afrontar los pagos que deben y resolver esta situación”.

Por último, adelantan que “los servicios jurídicos de Ociosport presentaran en breve demandas en la justicia ordinaria contra los deudores principales”. “La empresa valora enormemente el sacrificio de su gran equipo de trabajadores y les abonara los atrasos tan pronto como los Ayuntamientos y administraciones se lo permitan abonando las facturas pendientes y desbloqueando esta situación”, concluyen.

La piscina del Aqualar, en Lardero, ha estado cerrada este miércoles por la mañana porque no hay socorrista. El trabajador que desarrolla esta actividad en la piscina climatizada está de baja médica, como otros tres compañeros de este complejo deportivo. La situación cada vez es más complicada ante el impago de las nóminas por parte de la empresa adjudicataria del servicio, Ocio Sport, que adelantó Rioja2.

Hay trabajadores que no han cobrado la nómina de febrero y otros ni la de enero ni la de febrero. En total, las personas afectadas alcanzan casi el centenar entre varias instalaciones. Aproximadamente, en La Rioja hay entre 60 y 70 trabajadores sin cobrar entre los centros deportivos de Lardero, Logroño y Haro, a los que se suman alrededor de una treintena de Navarra y Álava en instalaciones de Tudela, Ansosilla y Oyón.

La Agencia Tributaria y la Seguridad Social ya ha realizado requerimientos por la cantidad adeudada. Ante esta situación, desde CSIF aseguran que es “cada vez más grave” y han iniciado conversaciones con los Ayuntamientos para conocer que medidas van a tomar ante el incumplimiento de los pliegos y han anunciado movilizaciones e viernes a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento de Lardero y el día 18 en la sede de la empresa en Logroño.

Como ya explicaron a Rioja2, al retraso en el pago de las nóminas se suma además la falta de explicaciones. “El problema es que no cobramos y ni siquiera sabemos por qué”, denuncian los trabajadores, “porque hay otras instalaciones también gestionadas por Ocio Sport Rioja en otros municipios donde sí están cobrando; sin embargo, aquí en Lardero lo único que hacen es darnos largas, sin ninguna explicación”.

El grupo de Izquierda Unida de Lardero ha denunciado “la grave situación” que están sufriendo las trabajadoras y trabajadores del complejo Aqualar, en Lardero, quienes llevan meses sin percibir sus salarios, tal y como avanzaba este lunes Rioja2. Para IU, esta situación además de ser “un hecho inaceptable”, tal y como han manifestado, evidencia una alarmante falta de gestión y supervisión por parte de las administraciones responsables.

El complejo Aqualar, gestionado por el Ayuntamiento de Lardero y cuya concesión está en manos de la empresa Ocio Sport, se encuentra “en una situación insostenible debido al impago de las nóminas”, indican desde IU. “Esta situación no solo vulnera los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, sino que también pone en peligro el correcto funcionamiento del servicio y la calidad de las instalaciones que disfrutan los vecinos y vecinas de Lardero”, advierten.

Desde Izquierda Unida recuerdan que no es la primera vez que denunciamos problemas en la gestión del complejo, “tanto de falta de mantenimiento, como déficit de personal, agravándose ahora con retrasos e impagos de nóminas a sus trabajadores”.

Por ello, han exigido explicaciones al Ayuntamiento de Lardero: “Es inadmisible que el Equipo de Gobierno de Lardero permita que el personal que gestiona contratos municipales esté trabajando sin percibir su salario. Las instituciones deben garantizar que ninguna empresa adjudicataria pueda incumplir sus obligaciones sin consecuencias”.

También han reclamado al Ayuntamiento que inicie “de manera inmediata” los trámites para la rescisión del contrato con Ocio Sport y recupere la gestión pública del complejo Aqualar. “Es inaceptable que un servicio de esta relevancia se mantenga en manos de una empresa que incumple sistemáticamente con sus compromisos. La gestión directa garantizaría estabilidad laboral, condiciones dignas para la plantilla y una mejor calidad del servicio para la ciudadanía”, han defendido.

Asimismo, le instan “a tomar medidas inmediatas para regularizar esta situación y asegurar que la plantilla cobre lo que legítimamente le corresponde” y pide “depurar responsabilidades” y estudiar “alternativas para que no se repitan casos de precarización laboral en los servicios municipales”. Cierran el comunicado trasmitiendo su apoyo a las personas trabajadoras afectadas y poniéndose a su disposición para “visibilizar esta injusticia y luchar por la defensa de sus derechos laborales”.

La nómina de diciembre llegó casi a mediados de enero. La de enero y la de febrero, directamente no han llegado. En este contexto, a algunos de los trabajadores y trabajadoras de las instalaciones de Aqualar, en Lardero, se les empiezan a complicar mucho las cosas. Hay varios que han tenido que coger la baja, asegurándose así algún ingreso, y otros que directamente se plantean dejar su puesto de trabajo.

Al retraso en el pago de las nóminas se suma además la falta de explicaciones. “El problema es que no cobramos y ni siquiera sabemos por qué”, denuncian los trabajadores, “porque hay otras instalaciones también gestionadas por Ocio Sport Rioja en otros municipios donde sí están cobrando; sin embargo, aquí en Lardero lo único que hacen es darnos largas, sin ninguna explicación”.

Son profesores de natación, socorristas y personal de mantenimiento, unas 14 personas atravesando auténticas dificultades económicas. “Hay compañeros que están pagando alquileres o hipotecas o incluso estudios que compaginan con el trabajo”, explican, “y en muchos casos somos jóvenes y no tenemos ahorros a los que recurrir, por lo que no podemos aguantar más y, muy a nuestro pesar, tendremos que buscar otro trabajo”.

También las familias han mostrado su preocupación por esta situación. “Los monitores y monitoras de nuestros hijos son increíbles, auténticos profesionales que además les tratan con muchísimo cariño y no merecen estar en esta situación”, protestan, “no queremos ni pensar que nuestros hijos vayan a tener que prescindir de estos profesores en mitad del curso porque están avanzando muchísimo con ellos”.

Rioja2 ha tratado de ponerse en contacto con la empresa Ocio Sport sin obtener respuesta ni por teléfono ni por correo electrónico. Por su parte, el Ayuntamiento de Lardero sí afirma conocer la situación. “Estos impagos son externos al Ayuntamiento, pero nos afectan”, explica Marta Elguea, concejal de Lardero, “el edil de Instalaciones y Deportes está en contacto con la empresa y también con los trabajadores que, en muchos casos, llevan muchos años trabajando en instalaciones municipales sin que nunca haya habido problemas”.

L'alcaldessa d'Alcúdia, Fina Llinares (PP), que ha cessat “per pèrdua de confiança” Joan Mateu Gual (Vox), fins aquest dimarts regidor de Turisme, ha apuntat a les múltiples despeses sense justificar que ha incorregut l'exregidor així com a la seva “clara incompetència” en l'impagament de 254.000 euros per l'organització de la prova esportiva Ironman, que cada any té lloc en la localitat i l'última factura de la qual “ha estat imputada al romanent”, segons assenyala la primera edil.

En un comunicat emès aquest dimecres, l'alcaldessa recrimina la “gestió inadequada” de Gual i assevera que les factures posades en qüestionament “no es consideren ètiques”, a més d'al·ludir a “diverses incidències administratives”.

A la mateixa nota, Linares afirma que des de l'inici d'aquesta legislatura es va comprometre a conformar un equip “sòlid i unit per transformar Alcúdia”. Tot i això, lamenta que la gestió de l'àrea de Turisme “ha deixat molt a desitjar”, ja que s'han detectat factures que “no s'ajusten als estàndards ètics”. Segons publica Diario de Mallorca, l'exregidor d'extrema dreta hauria gastat “milers d'euros” públics sense justificar en taxis, hotels i restaurants, exprem que el ja exedil ha negat.

“Aquestes irregularitats, sumades a la mala relació que ha mantingut amb algunes entitats del sector, han obstaculitzat greument el desenvolupament de projectes turístics”, incideix Linares, que assegura, a més, que, en dos anys de treball, només hauria compartit sis viatges dels 12 que ha fet l'exregidor: “En cap moment he coincidit amb ell en taxis ni en restaurants a Mallorca, la qual cosa reforça la falta de coordinació i compromís en la seva gestió”, recalca.

L'Ajuntament ha informat que ha obert una investigació per aclarir les acusacions i “garantir la transparència i la rendició de comptes a l'administració municipal”. “Aquesta decisió s'ha pres després d'una anàlisi minuciosa de la situació i amb l'objectiu de restablir la confiança en l'equip de govern, per assegurar que cada membre actuï en benefici de la comunitat i sota criteris d'ètica i professionalisme”, abunda el Consistori.

L'alcaldessa ha reiterat el compromís amb la transparència i s'ha mostrat disposada a proporcionar la informació necessària per demostrar la correcció de les mesures adoptades.

Després de la destitució de Gual, el Grup Municipal de Vox a l'Ajuntament d'Alcúdia va expressar el seu rebuig davant les informacions publicades sobre ell, que, segons la formació d'extrema dreta, apunten “maliciosament” a un suposat ús indegut de fons municipals.

El partit d'extrema dreta ha justificat que les factures de les despeses per assistència a esdeveniments relacionats amb la promoció del municipi i, “per tant, directament relacionades amb la seva responsabilitat com a regidor de Turisme, existeixen i estan convenientment fiscalitzades i aprovades pels òrgans de vigilància competents”.

Cal recordar que Gual va suscitar la polèmica el juliol del 2024 arran d'unes manifestacions a l'emissora municipal en què va assenyalar que Aurora Picornell, símbol de la repressió feixista a Mallorca i la fotografia de la qual va ser esquinçada aquell mateix mes pel president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), no va ser assassinada pel franquisme sinó que la seva mort va ser una de tantes provocades pel conflicte bèl·lic. En realitat, durant la vigília de Reis del 1937, els colpistes van crivellar a trets la responsable de l'organització de dones del Partit Comunista a Balears, avui convertida en icona de la memòria històrica i del republicanisme.

Després d'això, els partits de l'oposició Alcúdia -PSOE, Més, Unides Podem i El PI- van presentar una moció per, infructuosament, reclamar la dimissió o el cessament Gual. El llavors regidor es va negar a abandonar el càrrec i PP, Vox i Unió per Alcúdia, integrants de l'equip de govern, van votar llavors en contra de la seva destitució.

La alcaldesa del municipio mallorquín de Alcúdia, Fina Llinares (PP), quien ha cesado “por pérdida de confianza” a Joan Mateu Gual (Vox), hasta este martes concejal de Turismo, ha apuntado a los múltiples gastos sin justificar en que ha incurrido el exregidor así como a su “clara incompetencia” en el impago de 254.000 euros por la organización de la prueba deportiva Ironman, que cada año tiene lugar en la localidad y cuya última factura “ha sido imputada al remanente”, según señala la primera edil.

En un comunicado emitido este miércoles, la alcaldesa recrimina la “gestión inadecuada” de Gual y asevera que las facturas puestas en cuestionamiento “no se consideran éticas”, además de aludir a “diversas incidencias administrativas”.

En la misma nota, Linares afirma que desde el inicio de esta legislatura se comprometió a conformar un equipo “sólido y unido para transformar a Alcúdia”. Sin embargo, lamenta que la gestión del área de Turismo “ha dejado mucho que desear”, puesto que se han detectado facturas que “no se ajustan a los estándares éticos”. Según publica Diario de Mallorca, el exregidor de extrema derecha habría gastado “miles de euros” públicos sin justificar en taxis, hoteles y restaurantes, expremos que el ya exedil ha negado.

“Estas irregularidades, sumadas a la mala relación que ha mantenido con algunas entidades del sector, han obstaculizado gravemente el desarrollo de proyectos turísticos”, incide Linares, quien asegura, además, que, en dos años de trabajo, únicamente habría compartido seis viajes de los 12 que ha realizado el exconcejal: “En ningún momento he coincidido con él en taxis ni en restaurantes en Mallorca, lo que refuerza la falta de coordinación y compromiso en su gestión”, recalca.

El Ayuntamiento ha informado de que ha abierto una investigar para esclarecer las acusaciones y “garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración municipal”. “Esta decisión se ha tomado después de un minucioso análisis de la situación y con el objetivo de restablecer la confianza en el equipo de gobierno, para asegurar que cada miembro actúe en beneficio de la comunidad y bajo criterios de ética y profesionalismo”, abunda el Consistorio.

La alcaldesa ha reiterado su compromiso con la transparencia y se ha mostrado dispuesta a proporcionar la información necesaria para demostrar la corrección de las medidas adoptadas.

Cabe recordar que Gual suscitó la polémica en julio de 2024 a raíz de unas manifestaciones en la emisora municipal en las que señaló que Aurora Picornell, símbolo de la represión fascista en Mallorca y cuya fotografía fue desgarrada ese mismo mes por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, no fue asesinada por el franquismo sino que su muerte fue una de tantas provocadas por el conflicto bélico. En realidad, durante la víspera de Reyes de 1937, los golpistas acribillaron a tiros a la responsable de la organización de mujeres del Partido Comunista en Balears, hoy convertida en icono de la memoria histórica y del republicanismo.

Tras ello, los partidos de la oposición Alcúdia -PSOE, Més, Unides Podem y El PI- presentaron una moción para, infructuosamente, reclamar la dimisión o el cese Gual. El entonces regidor se negó a abandonar su cargo y PP, Vox y Unió per Alcúdia, integrantes del equipo de gobierno, votaron en contra de su destitución.

Tras la destitución de Gual, el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alcúdia expresó su rechazo ante las informaciones publicadas sobre él, que, según la formación de extrema derecha, apuntan “maliciosamente” a un supuesto uso indebido de fondos municipales.

El partido de extrema derecha ha justificado que las facturas de los gastos por asistencia a eventos relacionados con la promoción del municipio y, “por tanto, directamente relacionadas con su responsabilidad como concejal de Turismo, existen y están convenientemente fiscalizadas y aprobadas por los órganos de vigilancia competentes”.

Hace unos dias, UGT denunciaba que el personal de limpieza del CRM de Lardero llevaba sin cobrar desde octubre y este miércoles es CCOO La Rioja quien denuncia lo mismo: que dos trabajadoras del servicio de limpieza del colegio de Fuenmayor llevan también sin cobrar desde octubre. Se da la circunstancia de que en ambos casos, y según estos sindicatos, la empresa es la misma: AEMA Hispanica.

Así, CCOO La Rioja explica el Ayuntamiento de Fuenmayor contrató a la empresa AEMA Hispanica para realizar para realizar las labores de limpieza del CEIP Cervantes. Y según sus cálculos las profesionales llevan desde el mes de octubre sin cobrar sus nóminas, “se les adeudan las nóminas de octubre, noviembre, diciembre, la paga extra de Navidad y, en quince días, podrían ser cinco las nóminas impagadas”.

El sindicato asegura que han intentado ponerse en contacto con la empresa, pero “nadie ha respondido a las llamadas y además, la firma no se ha presentado a los actos de conciliación realizados en los que se les ha reclamado las cantidades adeudadas”. Por el contrario, “sí que se ha presentado, como demandado, el Ayuntamiento de Fuenmayor, aunque no ha reconocido la deuda de las trabajadoras ni han querido dar una solución”.

Es más, CCOO La Rioja alerta de los problemas a los que se pueden enfrentar estas dos trabajadoras. “En la próxima licitación del servicio de limpieza del centro, las nóminas que se adeudan e incluso los puestos de trabajo de estas dos profesionales podrían estar en riesgo en caso de que quede desierto”. Razón por la que el sindicato insta al Consistorio a que licite el concurso de limpieza incluyendo unas cláusulas “que protejan a las trabajadoras de empresas como esta que concursan con precios a la baja que, posteriormente, provocan estos impagos salariales”, Y es que consideran que “las administraciones públicas y locales son también responsables como entidades adjudicatarias”.