El Gobierno ha gastado ya más de un millón de euros en asesores para preparar la defensa contra la multimillonaria demanda de arbitraje internacional que interpuso en junio de 2024 la minera Berkeley. Esta pequeña empresa australiana, que en los últimos años ha fichado a varios ex cargos del PP, reclama al Reino de España 1.000 millones de dólares de indemnización (859 millones de euros, al cambio actual) por denegar los permisos para abrir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca).

El mayor contrato hasta ahora, para asistencia técnica económica en el procedimiento arbitral de Berkeley, se acaba de adjudicar por 984.800 euros a la estadounidense Quadrant Economics por el procedimiento negociado sin publicidad, al estimarse “que concurre una situación de imperiosa urgencia”, ya que, explica la Abogacía del Estado, el Tribunal que debe sentenciar el caso ya se ha constituido y el pasado 8 de mayo se celebró la primera sesión con los árbitros y la parte contraria para intentar negociar el calendario procesal. 

A este contrato se suma el adjudicado en octubre por 54.500 euros a un equipo de expertos de la Universidad de Zaragoza para prestar asistencia especializada en derecho administrativo; y otro valorado en 195.750 euros para servicios de traducción que está pendiente de adjudicarse.

Berkeley fichó en 2022 como asesor a Jaime García-Legaz, ex secretario de Estado de Comercio con Rajoy, expresidente ejecutivo de Aena y técnico comercial del Estado en excedencia. Hace una década, cuando estaba tramitando el proyecto de Retortillo, contrató como lobbista en Bruselas a otro alto funcionario en excedencia vinculado al PP, Manuel Lamela, abogado del Estado y polémico exconsejero de Sanidad con Esperanza Aguirre.

Cuando Berkeley contrató a Lamela, el comisario europeo de Energía era Miguel Arias Cañete, su ex jefe en el Ministerio de Agricultura en la época de José María Aznar. Lamela fue uno de los clientes de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro investigado en un escándalo de supuesto tráfico de influencias. Recientemente, ha participado junto con Felipe González, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Susana Díaz en un acto patrocinado por SOS Rural, lobby agrario muy crítico con las renovables.

Berkeley tuvo en sus primeros años como consejero a José Ramón Esteruelas, que con Aznar fue director general de Correos y consejero delegado de la empresa pública Cetarsa. Su principal ejecutivo en España, Francisco Bellón, fue multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por una infracción “muy grave”, comprar y vender acciones de la compañía a finales de 2020, estando en posesión de información privilegiada, como reveló elDiario.es en abril de 2024. 

Unos días después de destaparse esa multa, Bellón cesó como consejero de la compañía, pero se mantiene como chief operating officer. La CNMV publicó la sanción en mayo de 2024, semanas antes de que Berkeley presentara su demanda contra España en el Ciadi (el tribunal de arbitraje del Banco Mundial).

Bellón es también asesor de Abenójar Tungsten, promotora de la mina de El Moto, en Ciudad Real, uno de los proyectos que seleccionó en marzo la UE para extraer minerales críticos en España. Un área de interés de Berkeley, que en octubre anunció resultados positivos en un trabajo preliminar de pruebas metalúrgicas completado en muestras representativas de su proyecto Conchas (Salamanca), que evalúa la recuperación potencial de litio y rubidio.

El contrato adjudicado a Quadrant para el arbitraje ante el Ciadi contempla varios escenarios, incluyendo la posibilidad de elaborar un informe pericial sobre el laudo que en su día se dicte, “incluyendo un análisis de posibles motivos de anulación relativos al quantum”, según la documentación del expediente.

La firma elegida ya tiene experiencia en asesorar al Reino de España. En las denuncias de inversores internacionales por los recortes a las energías renovables que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy ha intervenido en siete de estos procedimientos. Con estos pleitos, que han propiciado un gasto en asesores superior a los 40 millones (cerca de un millón ha correspondido a Quadrant), están haciendo negocio varios responsables del Instituto Juan de Mariana, think tank ultraliberal cercano a la nueva derecha madrileña.

Además de tener experiencia en los arbitrajes de las renovables, Quadrant también asesoró a la Abogacía del Estado en otro litigio minero resuelto en 2020, el conocido como caso Corcoesto, que España ganó en un tribunal de arbitraje internacional en París a la minera canadiensa Edgewater, tras la decisión de la Xunta de Galicia de vetar una mina de oro a cielo abierto en 2015.

“Edad temprana”

Quadrant ha explicado que tiene experiencia en valoración de activos mineros, “incluyendo detalles como la capacidad de explicar la diferencia entre valorar una empresa minera en funcionamiento en comparación con otra en etapa temprana”, como sería el caso de Berkeley, que hoy por hoy no tiene ingresos. La firma estadounidense ha acreditado experiencia en 96 arbitrajes de inversión y 13 litigios en el sector de la minería a nivel internacional.

Tras la presentación de la demanda de Berkeley ante el Ciadi, la Abogacía del Estado ha recabado diversos expedientes administrativos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Dirección General de Minas, la subdirección general de Energía Nuclear, la Junta de Castilla y León o la Diputación Provincial de Salamanca, entre otros órganos.

Uno de los escenarios que se ha planteado invocar es la falta de jurisdicción del tribunal arbitral al interpretarse que ha habido una “falta de inversión” según lo dispuesto en el Tratado de la Carta de la Energía (un tratado para la protección de inversiones en este sector) y en el Convenio Ciadi. Se trata del primer caso contra España en el que se aplican las nuevas reglas de arbitraje del Ciadi, aprobadas en 2022.

Berkeley, representada en este arbitraje por los despachos Herbert Smith y Freehills y LCS Abogados, presentará el escrito de denuncia a principios de 2026. La australiana presentó su solicitud de arbitraje ante el Ciadi el 27 de junio de 2024, después de que en abril de 2021 el Congreso aprobase la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, prohibiendo nuevas concesiones de exploración o explotación de minerales radiactivos (como el uranio), y tras denegar el Ministerio para la Transición Ecológica en noviembre de ese año la autorización como instalación radiactiva (NSC II) del Proyecto Salamanca, basándose en un informe negativo del CSN.

En septiembre del año pasado Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Abogacía General del Estado aprobaron un acuerdo para la gestión administrativa y presupuestaria de las contrataciones necesarias para defender los intereses del reino de España en este procedimiento.

La Conferencia de la ONU de Financiación para el Desarrollo (FfD4), celebrada en Sevilla, ha reabierto un debate clave para el futuro del planeta: ¿puede el capital privado suplir la retirada de los fondos públicos en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la emergencia climática?

En los últimos años, una combinación de crisis sucesivas –como la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la crisis alimentaria y energética a raíz de la guerra en Ucrania o la crisis geopolítica en puntos como Gaza o Sudán– han puesto contra las cuerdas los sistemas de cooperación internacional. Al mismo tiempo, muchos países del Norte global han recortado sus presupuestos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): en 2024 esta cayó un 7,1% a nivel global, y se prevé una reducción adicional de hasta el 17% en 2025 si se consolidan los recortes anunciados.

Mientras tanto, el auge de mecanismos como la financiación mixta (blended finance), los instrumentos de garantía y las alianzas público-privadas han consolidado el papel de las empresas y fondos de inversión en el ámbito del desarrollo. Un viraje que comenzó hace una década, en la Conferencia de Adís Abeba en 2015, donde se impulsó el lema: “billions to trillions”, que pretendía trasladar la idea de que la inversión privada convertiría “miles de milllones a billones” destinados para el desarrollo. Diez años después, sin embargo, los resultados no han estado a la altura de las promesas.

El fracaso llegó a ser reconocido por el economista jefe del Banco Mundial, quien admitió recientemente que aquel eslogan “resultó ser una fantasía”. “La mala noticia es que todo resultó ser una fantasía. En cambio, el panorama de la financiación para el desarrollo se ha trastocado. Desde 2022, los acreedores privados extranjeros han extraído casi 141.000 millones de dólares más en pagos de servicio de la deuda de prestatarios del sector público en economías en desarrollo de lo que han desembolsado en nuevo financiamiento”, concluyó en un artículo publicado el pasado diciembre.

Por eso, la sociedad civil ha observado con preocupación el protagonismo concedido al sector privado en la última conferencia de Sevilla. “No se ha conseguido movilizar billones y preocupa que el uso de fondos de la AOD para promover la inversión privada reste recursos al objetivo principal: erradicar la pobreza y reducir las desigualdades”, explica a elDiario.es Maite Serrano, directora de la Coordinadora Española de Organizaciones para el Desarrollo.

Promesas incumplidas

Desde 2015, instituciones como el Banco Mundial y la Unión Europea han apostado por la financiación mixta como vía para atraer capital privado. Programas como Global Gateway, buque insignia de la cooperación europea, han buscado fomentar grandes infraestructuras mediante garantías para licitaciones públicas. Pero según el Tribunal de Cuentas Europeo, estos mecanismos tienen una eficacia limitada y escasa transparencia.

Una reciente investigación realizada por la European Network on Debt and Development (Eurodad) junto a Oxfam y Counter Balance revela que, en 25 de los 40 proyectos analizados del Global Gateway, al menos una empresa europea resultó beneficiada. Esto refleja el riesgo de que los intereses comerciales y geopolíticos del Norte Global estén condicionando las prioridades del desarrollo en el Sur.

María José Romero, responsable de políticas, promoción y financiamiento para el desarrollo de Eurodad, ha explicado en una entrevista con elDiario.es que el fracaso de la agenda de “miles de millones a billones” es evidente. A pesar de los esfuerzos por reducir los riesgos para los inversores privados mediante asociaciones público-privadas, garantías públicas y financiación mixta, “las pruebas muestras que los billones en financiación privada nunca llegaron”.

Más allá del fracaso cuantitativo, también preocupa el impacto cualitativo. Según Romero, “la evidencia de que la financiación privada respalda la Agenda 2030 es escasa” y, en muchos casos, los proyectos asociados a capital privado han generado endeudamiento oculto, falta de transparencia, exclusión de comunidades vulnerables y empeoramiento de desigualdades, especialmente de género. Además, “la financiación mixta tiende a concentrarse en países de renta media y sectores rentables como energía e infraestructuras críticas, no donde más se necesita”, insiste Romero desde Eurodad.

En Sevilla, el documento final conocido como el Compromiso de Sevilla reconoce la importancia del sector privado, pero evita establecer mecanismos vinculantes de rendición de cuentas o alineación con los derechos humanos, el medio ambiente o la igualdad de género. “Si el capital privado participa en la financiación del desarrollo, debe cumplir con rigor: respetar los derechos humanos, sistemas fiscales justos, democracia y sostenibilidad. Si no lo hace, no es financiación para el desarrollo”, subraya Serrano.

La apuesta política

El Foro Empresarial Internacional celebrado en paralelo a la conferencia oficial dejó clara la apuesta de los líderes políticos por consolidar esta alianza con el sector privado. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, propuso un “contrato global por el desarrollo sostenible” basado en tres pilares: colaboración público-privada, reformas del sistema financiero y movilización de inversión a largo plazo.

“La Agenda 2030 está bajo amenaza. El sistema financiero internacional debe reformarse: más recursos, más coordinación y mayor voluntad política”, dijo Sánchez en su intervención inaugural. “Necesitamos que la comunidad empresarial apueste por los países en desarrollo. Su prosperidad es indispensable para la nuestra”, añadió.

En la misma línea, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió: “El desarrollo tiene que ver con los negocios. Las empresas deben ayudar a construir el tejido empresarial de los países del Sur global”. Para lograrlo, pidió redefinir el papel de los bancos multilaterales de desarrollo: “Deben usar recursos públicos para reducir los riesgos de la inversión privada. Solo así se podrá aumentar significativamente la financiación”.

¿Quién fija las reglas?

Desde la sociedad civil global, sin embargo, la lectura es menos optimista. La creciente centralidad del sector privado plantea serias dudas sobre quién define las prioridades del desarrollo y en qué condiciones. “Los fondos privados no pueden sustituir las responsabilidades históricas del Norte Global”, advierte Serrano. “El desarrollo no puede ser capturado por intereses corporativos. Necesitamos cooperación feminista, ecológica, justa y transformadora”, insiste.

El riesgo, como apuntan desde la Coordinadora de ONGD, es que las alianzas público-privadas no solo desplacen recursos, sino que consoliden un modelo de desarrollo condicionado por la lógica del mercado, debilitando la justicia fiscal, el multilateralismo y la rendición de cuentas democráticas.

Desde Eurodad, Romero alerta que el enfoque actual “pone en riesgo el derecho de las personas a servicios públicos universales de calidad”. Las alianzas público-privadas suelen implicar tarifas de usuario en servicios esenciales como el agua, la educación o la salud, lo cual puede excluir a quienes no pueden pagar. Además, “el coste humano de estos proyectos es alto, especialmente para las mujeres, que dependen más de estos servicios y trabajan en ellos”.

La financiación mixta implica también el riesgo de que recursos escasos de la ayuda se redirijan hacia sectores y países donde el retorno económico es más seguro, no necesariamente donde la necesidad es mayor. Como sigue apuntando Romero desde Eurodad, a ello se suma una falta crónica de transparencia, justificada muchas veces bajo cláusulas de confidencialidad comercial, lo que debilita los mecanismos de rendición de cuentas ante las comunidades afectadas.

¿Qué alternativas propone la sociedad civil?

Romero plantea que es urgente redefinir las reglas del juego para que la financiación privada se alinee con los derechos humanos, el clima y la justicia económica. Para ello, defiende la necesidad de abrir un proceso gubernamental bajo el liderazgo de Naciones Unidas que permita evaluar de forma rigurosa el impacto real de los instrumentos diseñados para atraer inversión privada desde una perspectiva fiscal, social y ecológica.

Asimismo, subraya la importancia de revisar en profundidad el papel de las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo, no solo cuestionando el paradigma de desarrollo que promueven, sino también sus incentivos internos, sus marcos de medición de impacto y gobernanza, todavía fuertemente dominada por los países del Norte global.

Además, desde Eurostat abogan por un acuerdo político internacional que establezca un marco normativo vinculante para la cooperación al desarrollo, a través de una convención auspiciada por la ONU que defina con claridad las reglas sobre la AOD y garantice su cumplimiento mediante indicadores medibles y exigibles.

De un viaje organizado por la CEOE para abrir mercado en Vietnam con la presencia del rey Juan Carlos I al listado de empresas sancionadas por el Banco Mundial por prácticas corruptas.

Es el periplo de TPF Getinsa Euroestudios, firma española de ingeniería con sede en Madrid, en manos de una empresa belga desde 2014 y a la que ese organismo multilateral ha incluido en su lista negra de entidades “inelegibles” hasta 2027.

El motivo es la existencia de “prácticas corruptas y de colusión” en un proyecto en Vietnam. “Aunque la Decisión nº 142 de la Junta de Sanciones impone una sanción de no inhabilitación condicional, TPF Getinsa Euroestudios S.L. sigue inhabilitada (con condiciones) hasta el 28 de noviembre de 2027”, dice la comunicación del Banco Mundial.

El veto aparece mencionado de pasada en las cuentas depositadas recientemente en el Registro Mercantil (de 2023) por TPF Getinsa Euroestudios, filial de la compañía belga TPF desde 2014.

En esas cuentas, disponibles a través de Insight View, TPF Getinsa Euroestudios recuerda la “comunicación recibida del Banco Mundial en el año 2021, limitando la compañía de trabajar para el grupo del BM durante un tiempo limitado”.

La novedad de estas cuentas es que reflejan que la empresa tiene aprobado un Programa de Prevención Penal con un “detallado análisis de los riesgos” que enumera por primera vez. Califica de “muy probable” la posibilidad de cometer “delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social”, de blanqueo de capitales, de cohecho, de tráfico de influencias y de corrupción “en transacciones comerciales e internacionales”, entre otros.

El “periodo de inelegibilidad”, que impide a la empresa presentarse a las convocatorias del Banco Mundial, se fijó tras un proceso de audiencia que se inició en octubre de 2021. En él la firma estuvo representada por su antiguo CEO y asesores externos, según la resolución sancionadora. La empresa no ha respondido a este medio.

El Banco Mundial sitúa los hechos en 2014, cuando TPF Getinsa Euroestudios era subcontratista en tres contratos firmados en Vietnam entre abril y noviembre de ese año. La empresa alegó durante el procedimiento que no debía hacérsele responsable de la “mala conducta” de antiguos empleados “deshonestos” y pidió que se tuvieran en cuenta como atenuantes la adopción de medidas correctivas voluntarias, la cooperación con la investigación, el tiempo transcurrido desde los hechos y la ausencia de circunstancias agravantes.

TPF y su filial en Vietnam ya figuraban sancionadas en la web del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) con efectos desde el 4 de febrero de 2022. El periodo de inelegibilidad abarca hasta el 28 de noviembre de 2027. Para su filial vietnamita, Getinsa Ingeniería Vietnam Co. LTD, se prolonga hasta el 28 de septiembre de 2030.

En sus cuentas, la empresa explica que esta sanción está contemplada en su plan de negocio a cinco años, que “prevé crecer a partir del 2025 a un ritmo del 5-7% anual concentrando la actividad de la compañía en España”.

Las cuentas de la filial de la belga TPF recogen una plantilla de casi 600 empleados en España y ventas de 66,7 millones en 2023, de los que casi el 70% procedió del mercado nacional. Asia suponía el 12,14% del total.

La compañía reconoce que uno de sus “principales problemas” es su falta de capacidad financiera, “que lleva arrastrando desde el 2015”, cuando se fusionó con la catalana Paymacotas, “y se agravó en 2017 con la segunda fusión con la empresa Euroestudios”.

En marzo de 2020, nada más decretarse el Estado de alarma por la pandemia, la compañía cerró un acuerdo de refinanciación con sus principales acreedores (Santander, Banco Sabadell, BBVA, Bankia e Ibercaja) para alargar el repago de su deuda (30 millones de euros) cinco años, hasta marzo de 2025, y al amparo de la Ley Concursal, lo que le permitió esquivar la antigua suspensión de pagos.

Contratista habitual del Ministerio de Transportes, Getinsa fue adquirida por TPF en 2014, el año en el que se detectaron esas prácticas corruptas en Vietnam, con la compra de un 70%. El grupo belga, hoy dueño del 98,19% de sus acciones, tiene en la actualidad más de 5.000 empleados a nivel mundial, según su web.

Asistencia técnica

Getinsa fue una de las empresas que participó en los trabajos de construcción de la línea del AVE a La Meca. A finales de 2009, cuando todavía era de capital español, anunció la adjudicación del que se presentó como el mayor contrato de asistencia técnica en carreteras otorgado a una firma española en el Sudeste Asiático: la dirección y supervisión de las obras de construcción de la autopista Nao Bai-Lao Cai, en Vietnam, para la agencia Vietnam Expressway Corporation (VEC).

Un encargo de 20 millones de dólares (13,3 millones de euros) con un plazo de ejecución de 37 meses. Con financiación del BAsD, formaba parte de un proyecto con un presupuesto global de 1.400 millones de dólares (935 millones de euros), con el objetivo de poner en marcha una autopista de 244 kilómetros desde los suburbios de Hanoi hasta la frontera con China. 

Cuando se anunció esta adjudicación, y según recogió Cinco Días, la propia Getinsa valoró como “fundamental” la expedición promovida por aquellas fechas por la patronal CEOE, en la que participaron representantes de la ingeniería y a la que asistió el Rey Juan Carlos.

La empresa estaba entonces presidida por Pedro Gómez, que fue vicepresidente de Tecniberia (Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos), ex presidente de la patronal madrileña Asicma y ex consejero del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde fue vicepresidente del Comité de Deontología.

En 2016 la web de Marca España, el Comisionado que el Gobierno de Mariano Rajoy creó en 2012 para promover la imagen de las empresas españolas con el empresario Carlos Espinosa de los Monteros (padre del exdiputado de Vox) como máximo responsable, se hacía eco de un premio a la empresa en territorio vietnamita.

Además de Getinsa, TPF compró en 2014 Euroestudios, con la que se convirtió en la mayor ingeniería independiente de España especializada en proyectos de infraestructuras de transporte y una de las cinco mayores en ingeniería civil.

Euroestudios estaba pilotada por un histórico del sector, Juan Santamaría Fullana, cuyo hijo Jorge sigue trabajando para la compañía como directivo. Otro de sus hijos, Juan Santamaría, es consejero delegado de ACS y es visto como el posible sucesor de Florentino Pérez al frente de la mayor constructora española. 

España ha logrado neutralizar cerca del 99% de las multimillonarias reclamaciones de inversores extranjeros por los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 para las energías renovables, tras la decisión de la Comisión Europea de eximir al Estado español de pagar el laudo de 101 millones al fondo luxemburgués Antin, por considerar Bruselas que sería una “ayuda estatal ilegal” incompatible con las reglas europeas.

Fuentes gubernamentales dan enorme trascendencia a la decisión de Bruselas sobre Antin, tras una investigación en profundidad que el Ejecutivo comunitario abrió en 2021. En primer lugar, porque el Gobierno español considera que el dictamen es trasladable al resto de casos intraeuropeos, aquellos presentados por sociedades de la UE, que son la inmensa mayoría, si bien aún se desconoce cómo se planteará la cuestión.

Desde el Ejecutivo español señalan que “todos los laudos pendientes”, los ocho sobre los que todavía no se han pronunciado los árbitros, “corresponden a arbitrajes iniciados por sociedades afincadas en la UE”. Esto, por lo pronto, y según esta interpretación del Gobierno, exime a España de pagar 1.291 millones por litigios que todavía están pendientes de resolución. 

Además, añaden esas fuentes gubernamentales, “un total de 1.347 millones de euros de las indemnizaciones reconocidas hasta la fecha corresponden a este tipo de reclamaciones, incluida la de Antin”. 

Así que de los 1.514 millones en indemnizaciones ya reconocidas, España tendría que pagar unos 167 millones. El 1,6% de los 10.365 millones que los inversores internacionales reclamaron inicialmente.

Existen reclamaciones presentadas por empresas de fuera de la UE con condena a España que se han planteado desde la UE. Sería el caso de la estadounidense NextEra. Esta compañía presentó su demanda a través de dos sociedades radicadas en Países Bajos. En 2019 logró que la corte de arbitraje internacional del Banco Mundial le reconociera una indemnización de 290 millones por los recortes a sus termosolares en España.

En total se han presentado 51 arbitrajes en distintos tribunales, sobre todo en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. De esos 51 pleitos, 43 se han fallado: diez se han ganado, tres se han anulado, aunque uno se ha vuelto a presentar; tres demandantes han desistido, acogiéndose a un decreto de 2019 que garantizaba una rentabilidad del 7,4% a las plantas hasta 2031; y otros ocho están pendientes de laudo.

Asesores ganadores

De esos 10.635 millones reclamados en esas 51 denuncias, que colocaron a España en uno de los líderes en denuncias, junto con Venezuela o Rusia, la cuantía ganada por España asciende a 7.830 millones. De las condenas recibidas, hasta ahora no se ha desembolsado un euro, aunque el Ejecutivo ha gastado decenas de millones en bufetes y asesores.

Estos son los grandes ganadores de este culebrón a uno y otro bando: despachos de abogados, consultoras... también elementos cercanos a la nueva derecha ultraliberal madrileña vinculada a lobbies como el Instituto Juan de Mariana. Al menos dos personas vinculadas a esta entidad, la que invitó a Javier Milei a Madrid el pasado junio, han hecho campaña activa (y negocio) con y por los fondos buitre que han comprado los laudos.

Tras la decisión sobre Antin, los fondos han lanzado acusaciones sobre un conflicto de interés en este asunto de la actual vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de Competencia, Teresa Ribera, por su pasado en el ministerio para la Transición Ecológica. El pasado 19 de diciembre, Ribera incluyó el asunto Antin entre las cuestiones en las que anunció su inhibición a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para evitar cualquier sombra de conflicto de interés por sus decisiones como ministra del Gobierno de España.

Otra derivada de la decisión de la Comisión Europea de decretar que pagar esa compensación a Antin sería una “ayuda de Estado ilegal” es que España debe garantizar que tampoco haya ningún otro pago, ejecución o aplicación del fallo arbitral, ya sea a Antin o a cualquier otra entidad que haya adquirido o pueda adquirir los derechos derivados de ese pleito. Y esto es también extrapolable al resto de pleitos planteados por sociedades radicadas en la UE.

En algunos casos, los demandantes están solicitando la ejecución de los laudos en tribunales nacionales de países como Australia, EEUU o Reino Unido, y se publican noticias sobre el riesgo que corren los bienes españoles allí, como las sedes del Instituto Cervantes o la indemnización por el desastre del petrolero Prestige. 

Estas informaciones se derivan de que algún juzgado, a instancias de los inversores internacionales, ha reconocido que los laudos son vinculantes. Pero eso no implica que estos juzgados puedan ejecutar los laudos en sus territorios y embargar bienes españoles: hace falta que se inicie un nuevo procedimiento en el que el Estado español podrá esgrimir argumentos de oposición. Sólo con una situación muy excepcional estos tribunales nacionales podrían intentar un pago forzoso, explican fuentes gubernamentales.

En el caso de que España deba pagar alguna indemnización, cabe la posibilidad de que los tenedores originales de los laudos deban indemnizar al país de un modo proporcional a las cantidades ejecutadas, aunque hayan vendido los derechos a fondos buitre. Así lo decidió en febrero de 2024 un tribunal holandés sobre un caso de AES Solar y Ampere, que vendieron los derechos a Blasket.

Periódicamente se han publicado también noticias sobre un supuesto default técnico de cuatro títulos de deuda pública de España relativos al impago del caso Infrared. “El Reino de España no tiene constancia de ninguna posible notificación judicial y ningún inversor se ha preocupado por esta cuestión; en realidad se trata de unos programas en divisas en cuyas condiciones incluía un impago de deuda pública que no puede asimilarse a los arbitrajes”, indican desde el Ejecutivo.

En relación con el embargo el pasado julio del 26% de las acciones de Aena sobre el aeropuerto de Luton, en Londres, sin audiencia del Reino de España, en septiembre el juzgado desestimó las cautelares solicitadas por la demandante, NextEra, dejó sin efecto las medidas y condenó a los demandantes a pagar las costas que el proceso había provocado al Reino de España.

El porcentaje de laudos comprados por fondos buitre puede ser muy elevado, superior al 70% y concentrado en pocos fondos, pero no hay información pública sobre ello; es conocido que el fondo Blasket Renewable Investment, muy activo en medios de comunicación, ha adquirido los derechos de varios litigios, como los de RREEF e Infrared; también se ha publicado que Antin vendió su arbitraje a Centerbridge, que a su vez sindicó los derechos del pleito entre más fondos especializados en este tipo de litigios, como Burford Capital.

El Ejecutivo considera inadmisible e inválido desde el punto de vista del derecho internacional este mercadeo con los derechos de cobro de indemnizaciones impuestas por tribunales arbitrales. Y es una razón más para seguir combatiendo contra estos nuevos actores “que lo único que persiguen es su enriquecimiento a costa de los intereses legítimos de un Estado soberano”.

La UE en su conjunto decidió abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, el acuerdo de protección de inversiones en el que se basaron estas denuncias, en abril de 2024, al considerar que su aplicación impediría cumplir los objetivos ambientales europeos y lastraría la acción climática de los Gobiernos con demandas millonarias para proteger los intereses de la industria de los combustibles fósiles.

En los laudos que otorgan una indemnización a inversores internacionales provenientes de un Estado Miembro de la UE, España ha solicitado su anulación al entender que, tal y como ha afirmado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en reiteradas ocasiones, no cabe el arbitraje intra europeo al amparo de la Carta de la Energía, por ser contrario al derecho de la UE.

La Cámara de Comercio de Estocolmo y dos tribunales del CIADI han reconocido que no tienen jurisdicción para conocer disputas de inversión puramente europeas. Los laudos, con razonamientos muy similares, señalan, como propugnan España y la Comisión Europea, que la participación de la UE en la Carta de la Energía, como organización regional de interés económico, introdujo en su ámbito de aplicación la supremacía del Derecho de la UE en el ámbito de las competencias transferidas por los Estados miembros a la UE.

Desde el Ejecutivo subrayan que el Gobierno “no es responsable de la presentación de las reclamaciones contra el Reino de España por los recortes a las renovables” y defienden que “ha adoptado medidas adecuadas para compensar las políticas del anterior Ejecutivo y está defendiendo los intereses del país con notable éxito en las diferentes cortes de arbitraje internacional”.

La Audiencia Nacional ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 euros para Andrea Zanon, exconsultor del Banco Mundial al que la Fiscalía considera el “principal partícipe” de la “estafa piramidal” Nimbus, con la que habría hecho perder más de 125 millones de euros a 4.000 inversores, informan a elDiario.es fuentes del tribunal especial.  

El financiero americano fue identificado en tránsito en España el pasado viernes y fue detenido en el aeropuerto de Barcelona. Fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige la investigación, y tras su declaración como investigado el juez ha decretado su ingreso en prisión eludible bajo una fianza de 60.000 euros. La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado prisión provisional al existir indicios de que es el principal partícipe en los hechos y carecer de arraigo en España.

Nimbus es una empresa establecida en Malta cuyos responsables están acusados de urdir una trama para desviar el dinero invertido en criptomonedas por miles de ahorradores, muchos de ellos residentes en España, con promesas de rentabilidades desorbitadas, de hasta el 15% mensual. El dinero defraudado superaría los 125 millones de euros, según un informe de la Guardia Civil. Los principales investigados residen en el extranjero.

La factura en asesores y otros trabajos de empresas externas para defender al Reino de España de las denuncias de inversores extranjeros por los recortes a las renovables del Gobierno de Mariano Rajoy supera ya los 40 millones de euros.

Así se desprende de los datos de más de 300 adjudicaciones del Instituto para la Diversificación para el Ahorro y el Energético (IDAE) recopiladas de la plataforma de contratación del Estado. El Ministerio para la Transición Ecológica (del que depende el IDAE) no facilita la cifra. La estimación incluye cerca de 40,5 millones de euros (más IVA) en contrataciones realizadas desde 2015 por ese organismo y tiene en cuenta cuatro contratos que todavía están en fase de evaluación.

Solo en lo que va de 2023, el desembolso supera ya los 3 millones, sumando el importe ya comprometido. Es una cifra inédita para estas alturas del año que indica que los fondos están agudizando su ofensiva en los últimos meses.

A este gasto millonario se suman las minutas de los tribunales internacionales de arbitraje en los que se dirimen las demandas; o las miles de horas de trabajo que ha dedicado en los últimos años la Abogacía del Estado a estos litigios, con “el extraordinario esfuerzo que ello comporta” ante procesos “muy complejos” que se dirimen ante Cortes Arbitrales Internacionales en París, Ginebra, Estocolmo o Londres, como recuerdan sus últimas memorias anuales. Ante la avalancha de pleitos, el Ministerio de Justicia creó hace años una unidad específica, el Departamento de Arbitrajes Internacionales, actualmente adscrito a la Subdirección general de Asuntos de la UE e Internacionales de la Abogacía.

El recorte que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2013 vino acompañado de una suspensión a la instalación de plantas de renovables que paralizó este sector durante años. El hachazo retroactivo, mucho más agresivo que los tímidos recortes que ya inició el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, perseguía embridar el multimillonario déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico), del que quedan todavía por pagar algo más de 10.000 millones.

De aquel recorte vienen las denuncias, que se han convertido en un negocio muy rentable para los bufetes que defienden a ambas partes. Entre ellos, el español Cuatrecasas, que en 2019 fichó a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y ha asesorado en al menos ocho de estos casos: las denuncias contra España de Baywa (eólica), Infrared (termosolar), Operafund (fotovoltaica), la española Abengoa (termosolar), Renergy (varias tecnologías), JGC Corporation (termosolar) Itochu (termosolar) e Hydro Energy (hidroeléctrica).

Contratos sin publicidad

La inmensa mayoría del importe adjudicado por el IDAE se ha tramitado por el procedimiento negociado sin publicidad, al corresponder a contratos de asesoría especializada con bufetes de abogados, consultoras y peritos de España, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Alemania, Brasil, Australia, Suecia, Israel y Argentina. En total, la factura en asesorías suma 39,18 millones. El resto de la minuta corresponde a trabajos de traducción de documentos, reprografía y otros servicios.

Uno de los últimos contratos adjudicados y de los de mayor importe en los últimos años, 1,41 millones, es un servicio de representación y defensa del Reino de España en el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo del fondo InfraRed ante los Tribunales de Reino Unido, encomendado a la firma Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP el pasado 14 de abril.

Tres días después, el IDAE adjudicaba a la delegación en Israel del bufete estadounidense Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz por 242.000 euros la defensa ante el Tribunal de Distrito en Jerusalén en el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral Sun-Flower Olmeda, por el que se condenó a España a pagar 47 millones de dólares en 2021.

En Australia, la Corte Suprema ha fallado a favor de ejecutar un laudo a de 101 millones favorable a Antin, que tiene en el punto de mira activos de la empresa pública Navantia en ese país. Y solo en ese país en las Antípodas el IDAE se ha gastado en los últimos años cerca de 1,7 millones para contratar los servicios de tres despachos, Squire Patton Boggs, Johnson Winter & Slattery y Schilling, Zutt & Anschütz, con el objetivo de frenar la ejecución de los laudos dictados contra España por las denuncias de los fondos Eiser (uno de los pocos que acabó renunciando a su demanda) y Antin.

Este último, cuya propietaria última es una firma de Islas Caimán, está intentando que la justicia británica confisque parte de la indemnización del Prestige y está defendido por el agresivo bufete estadounidense Kobre & Kim, conocido en España por tener entre sus clientes a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, ex amante de Juan Carlos I, en la causa por presunto acoso del rey emérito en Londres.

Por empresas, la que más ha facturado al Reino de España por estos litigios es la estadounidense Econ One Research, con casi 6 millones en contratos que le adjudicó el Gobierno de Rajoy entre 2015 y 2018, seguida de la filial española del gigante belga de la consultoría BDO (5,5 millones) y la española Accuracy (4,7 millones).

Líderes en denuncias con Venezuela y Rusia tras el 'hachazo de Rajoy'

El Gobierno da por bien invertido ese dinero, dado que hasta ahora se ha logrado frenar la ejecución de la veintena de sentencias que han condenado a España. Las 51 denuncias presentadas han colocado al país como uno de los líderes en denuncias, junto con Venezuela y Rusia.

De momento se han dictado 28 laudos, con 21 condenas para España. Estos suman indemnizaciones cuya cuantía ronda los 1.000 millones, aunque esta cifra no incluye intereses de demora ni costas. Todavía hay pendientes de resolverse una veintena de pleitos que suman unos 2.000 millones. En total, los inversores damnificados por esos recortes han pedido indemnizaciones que suman 10.000 millones.

Ante la negativa del Gobierno a pagar por los laudos desfavorables que ya se han dictado, la ofensiva de los fondos ha alcanzado ya a los activos de España en el exterior y a la deuda soberana. Hace unas semanas, un juez británico decretó el embargo de las cuentas del Instituto Cervantes en Reino Unido a petición de un fondo, Blasket Renewable Investments, que ha pedido el default para títulos de deuda de nuestro país tras activar una cláusula que declara a España en “impago técnico” en cuatro emisiones de deuda pública que suman 910 millones.

La maniobra, que avanzó la agencia Bloomberg, no ha tenido por ahora efecto en las emisiones del Tesoro, como señaló el pasado martes en un encuentro con periodistas el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán: “En los mercados de deuda pública no parece que haya tenido un impacto muy importante”, indicó.

“Ni un euro”

El Estado español no ha pagado por ahora “ni un euro” a los demandantes, como recalca Transición Ecológica en la respuesta con la que desde hace semanas despacha este asunto. En 2019 el Ministerio aprobó un real decreto para ofrecer a las plantas afectadas por el recorte de 2013 una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta el 31 de diciembre de 2031, a cambio de renunciar a los arbitrajes. Solo tres demandantes renunciaron.

El departamento de Teresa Ribera defiende que los laudos dictados hasta ahora “han rebajado sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de rondar el 12% sobre lo demandado, una proporción muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes, y que, además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas”. En los casos en que las pretensiones de los demandantes han sido parcialmente admitidas, España ha formulado recurso de anulación y “ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar”.

Según el Gobierno, “los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal”. En consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, de acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea por la que se aprobó el régimen de ayudas en apoyo a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía y cogeneración.

“España no puede pagar antes de que la Comisión se pronuncie, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales”, concluye Transición Ecológica.

Estos laudos se dictaron al amparo de la Carta de la Energía, un tratado para la protección de inversiones que España firmó en 1994 y que consagra los laudos a tribunales formados por tres árbitros privados, normalmente especializados en derecho comercial. España decidió abandonar el año pasado la Carta junto a otros países como Alemania, Francia o Polonia.

También se plantea salir de ese tratado la propia UE, por considerar que no está alineado con los objetivos del Acuerdos de París sobre el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una muestra es Países Bajos, que entre febrero y abril de 2021 recibió dos demandas por una ley para eliminar la producción eléctrica con carbón en 2030 de las alemanas RWE y Uniper, que reclaman alrededor de 2.400 millones de euros de indemnización.

La reconstrucción del edificio multilateral surgido en 1944 en Bretton Woods, complejo hotelero de Nueva Hampshire donde la comunidad internacional gestó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su institución hermana, el Banco Mundial (BM), se ha convertido en una urgente reivindicación. Para ser más exactos, las críticas recurrentes a la arquitectura financiera global que se confeccionó en la conferencia en el balneario estadounidense vuelven a salir a la palestra.

Casi tres cuartos de siglo después, el coro de voces que reclama una reconversión radical del multilateralismo resulta casi atronador. Son tiempos convulsos en los que el ciclo de negocios post-COVID se resiste a claudicar con frecuentes muestras de resiliencia a disrupciones geopolíticas, económico-financieras, energéticas, comerciales o logísticas, pero se ha instalado un fenómeno desglobalizador sin parangón desde el desarme arancelario de los años noventa que culminó en los Acuerdos GATT.

El secretario general de Naciones Unidas, António Gutérres, resume la percepción generalizada de sus jerarcas y responsables económicos: “Es el instante idóneo para un nuevo Bretton Woods”. Entre sus argumentos están que la arquitectura financiera internacional ha fracasado en su misión de garantizar los beneficios de la globalización; que el recetario del FMI –surgido a menudo del consenso de Washington que formaba junto a la Reserva Federal y el Tesoro americanos– haya sido una miscelánea global; que el desorden mundial ha reanimado el totalitarismo o que las tensiones geopolíticas ponen en peligro la propia supervivencia del multilateralismo.

También Janet Yellen y Kristalina Georgieva se suman a esta reivindicación. Tanto la número uno del Tesoro y expresidenta de la Fed como la directora gerente del FMI convienen no sólo en que es el “momento” de un Bretton Woods 2.0 en pleno tránsito hacia una fragmentación mundial en dos bloques flanqueados por EEUU y China, sino en que esta iniciativa tendría que engendrar nuevos valores compartidos con los que esgrimir otras reglas de juego, más justas con la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas.

El pensamiento restaurador de Yellen rebosa contundencia. En un reciente discurso en el Atlantic Council, think tank estadounidense, dijo que la piedra angular de la reforma debe girar en torno a una nueva ética comercial, como lo evidencian –precisó– los efectos de la guerra de Ucrania y el rechazo de China a unirse a la treintena de países que apoya las sanciones contra Rusia. También que EEUU dejará de tener como prioridad “la libertad comercial”, que sustituirá por una “seguridad de los intercambios” basada en principios de soberanía nacional, normas mercantiles ordenadas o preservación de derechos laborales.

Una reforma de enfoque post-liberal

A su juicio, en sentido contrario, “hay naciones que usan su posición en los mercados para influir en el precio de las materias primas, la tecnología o bienes con potencial para crear disrupciones a la economía global o generar inestabilidades geopolíticas”. Motivo por el que la secretaria del Tesoro apuesta por el friend-shoring, término que define la tendencia a la regionalización del comercio y a la reubicación de parte de la cadena de producción en economías aliadas y estables: valores compartidos y reglas comunes formalizados a través de alianzas que sustenten los servicios digitales e incentiven la sostenibilidad y la transición energética. Por ejemplo, “el mínimo impositivo del 25% sobre los beneficios corporativos” que surgió del G-7 y formalizó el G-20, dijo antes de precisar que se trata de “una concepción post-liberal”.

“No es el 'América, primero'” (lema que popularizó Donald Trump) sino “la admisión de que el libre comercio sólo se puede plasmar si los países que lo aceptan operan bajo unos principios y una reglamentación favorable” y ajustada a unos “mercados laborales, estructuras familiares, sistemas políticos o cambios económicos en estado mutante”.

Yellen dijo “no querer un mundo bipolar”, ni un debate entre neoliberalismo o intervencionismo, y recordó que la era Reagan-Thatcher fue de un libre mercado al servicio de intereses nacionales, en la que el dirigente republicano se declaraba liberal pero imponía aranceles a Japón. En los noventa de Bill Clinton, en cambio, orquestaron un mapa de pactos comerciales y liberalización tarifaria que culminó con el ingreso de China en la OMC, en 2001. Sin embargo, para ello sería conveniente “realinear las instituciones multilaterales” para evitar caer en la “anarquía” a la que conducirían las acciones individuales de los Estados.

Georgieva también acude a la esencia de 1944, cuando “nuestros fundadores” forjaron el orden económico a golpe de pacifismo y prosperidad, bajo la esencia de una “hermandad” que le encomienda a perseguir “la solidaridad y la cooperación”.

En su opinión, regenerar Bretton Woods pasa por inculcar medidas sincronizadas que fortalezcan la liquidez y la solvencia del sistema bancario y que subsanen déficits económicos e inculcar vigor al combate climático o a la lucha contra la desigualdad.

Problemas en las instituciones multilaterales

El primer problema y quizás el más acuciante es que, a día de hoy, persiste el pecado original surgido de un pacto verbal por el que el director gerente del FMI sería europeo mientras que el presidente del Banco Mundial debía ser estadounidense. En la actualidad, este último puesto está vacante y en fase de designación.

Con total probabilidad el cargo será para Ajay Banga, empresario de origen indio pero pasaporte estadounidense y máximo dirigente del Consejo de Negocios EEUU-India (USIBC, según sus siglas en inglés). Sin embargo, el ascenso del sustituto de David Malpass –acérrimo defensor del orden proteccionista de su mentor, Donald Trump– no ha estado exento de tensiones entre los socios de la institución. Las disputas entre sus países miembros y, a la vez, grandes financiadores revelan un optimismo relativo en medio del retorno al proteccionismo que se incentivó desde las guerras arancelarias desatadas por la Casa Blanca durante el mandato del último dirigente republicano.

Otro problema es que los recursos del Banco Mundial no alcanzan para cumplir sus metas de corrección de las brechas de pobreza e inyectar prosperidad a los países en desarrollo y, más en concreto, por cuestionar la intención de EEUU de focalizar sus préstamos en la catástrofe del clima. Sin embargo, sus clientes –o pacientes– no desean otra década económica perdida, y pretenden que el banco siga financiando programas clásicos, con líneas crediticias que se insertan en las reformas estructurales nacionales. En la trastienda de la Casa Blanca están gigantes de Wall Street como JP Morgan o BlackRock que pretenden utilizar el circuito catalizador del BM para insuflar sus fondos de sostenibilidad; preferentemente, con multinacionales occidentales.

El FMI también carece de unas arcas adecuadas. The Economist apunta a tres puntos de fricción en su reforma. El primero, aclarar el papel de China que, hasta la llegada de Xi Jinping, ostentaba el doble rol de receptor de fondos de desarrollo y acreedor de planes de infraestructuras –en especial, en América Latina y África– y que debería elevar su aportación. Para lo cual Pekín necesita ofrecer soluciones al endeudamiento que exige a los mercados donde operan sus líneas prestamistas.

El segundo, concurrir a su transformación de la mano de la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, ahora que los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) se disputan con el G-7 la defensa del complejo multilateral y reivindican, incluso, cambiar el Consejo de Seguridad de la ONU por un modelo ajeno al del veto de las superpotencias. Y, en tercer término, emprendiendo una estrategia aún menos diplomática que la de los últimos años para generar la controversia que necesitan los grandes desafíos de la humanidad, entre los que menciona la sostenibilidad y la sanidad, con unas cuotas suficientes para su implantación entre las naciones de rentas bajas y medias.

Una ola de calor que marca récords de temperatura en Argentina, a días del comienzo del otoño, derivó en cortes masivos de electricidad en la ciudad de Buenos Aires y los 32 municipios del área metropolitana, que juntos suman 14 millones de habitantes. Hasta 160.000 hogares llegaron a estar sin luz a la vez, según el ente regulador ENRE, y algunas decenas de miles permanecieron en esa situación una semana o más. 

Argentina está terminando el verano más caluroso de su historia y, en particular, marzo registró varios récords diarios. La crisis volvió a poner la mira en Edesur, la distribuidora de electricidad de la zona sur de Buenos Aires y los suburbios, controlada por Endesa desde 1999 y, por ende, por Enel desde 2009, cuando la estatal italiana adquirió el capital mayoritario de la eléctrica española. El servicio de distribución de electricidad en el área de Buenos Aires está dividido entre Edesur, con 2,5 millones de clientes, entre hogares, comercios e industrias, y Edenor, con 3,2 millones. Pero es la primera la que concentra las mayores reclamaciones.

En sus tres décadas de actuación, Edesur carga en su mochila con varias oleadas de protestas producto de apagones prolongados. Cuenta en su haber con el que todavía es el corte de luz masivo más extendido de la historia, el de febrero de 1999, cuando unos 600.000 habitantes de Buenos Aires se quedaron sin electricidad durante 11 días, una crisis que motivó una reestructuración de la dirección y composición accionarial de la firma, que ya tenía a Endesa como accionista.

A la eléctrica de Enel le juega en contra que la cantidad de cortes y su duración son sustancialmente menores en el área de Edenor, pese a que ambas empresas operan bajo el mismo marco regulatorio y cobran similares tarifas.

La deriva de la crisis es compleja y excede la advertencia de sanciones estatales o los fuegos de artificio. Edesur también tiene cartas en la mano. Uno de sus argumentos principales es que, en las últimas dos décadas, sus ingresos permanecieron congelados o con aumentos muy por debajo de la inflación diecisiete años (todos excepto entre 2016 y 2018) y que, no obstante, hay una tendencia a la baja en los cortes de electricidad desde los picos de 2010-2012.

Acusación de fraude y quita de concesión

El Gobierno del peronista Alberto Fernández reactivó un recurso que suele ser enarbolado cada vez que hay una crisis en el suministro: la probable quita de la concesión otorgada en 1992 por 95 años. La secretaría de Energía, que depende del ministro de Economía, Sergio Massa —uno de los probables candidatos a presidente de la coalición peronista este año—, ordenó el miércoles realizar una denuncia penal contra la dirección de Edesur por fraude, abandono de persona y malversación, a la vez que inició procedimientos que podrían terminar en la expulsión de Enel de la gestión del servicio. La denuncia judicial recayó este viernes el juzgado federal de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó la causa por la que fue condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner.

Enel anunció meses atrás que quiere desprenderse de activos en diferentes países de América Latina, pero algunos medios argentinos atribuyeron al CEO de la firma italiana, Francesco Starace, haber dicho en enero pasado que Argentina tiene “la regulación más bizarra del mundo”. El gigante italiano comenzó a vender algunos de sus activos en el país del sur de América, como la antigua generadora térmica Central Costanera, pero encuentra dificultades para hallar comprador de la distribuidora Edesur.

Cuatro ciclos económicos, una misma concesión

Desde la privatización de la electricidad, en 1992, la historia de las tarifas cargadas a los hogares se divide en cuatro períodos. Hasta 2001, cuando rigió la convertibilidad entre el peso y el dólar, los usuarios pagaron tarifas altas y en moneda dura, con alta rentabilidad empresarial, que redundó en interés de inversores y valorización de los activos.

Cuando el peronista conservador Carlos Menem inauguró la era de las privatizaciones, en 1989, las empresas europeas, con las españolas a la cabeza, desembarcaron en todas las áreas sensibles de los servicios públicos. Así, pasaron a manos españolas Aerolíneas Argentinas (primero a Iberia, luego a Marsans), Entel (en un 50%, a Telefónica), Segba (Endesa), Gas del Estado (en parte, Gas Natural BAN), YPF (Repsol) y un largo listado que incluye agua, peajes, casinos, transportes y otros servicios.

El colapso de la convertibilidad y una devastadora crisis social en 2001 y 2002 puso esos contratos en jaque. Algunos concesionarios dejaron sus activos y demandaron a la Argentina ante el tribunal de arbitraje Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), bajo la órbita del Banco Mundial. Otros, como la mayoría de los españoles, optaron por quedarse por razones estratégicas o porque consiguieron rentabilidad en negocios paralelos.

Con el peronista de centroizquierda Néstor Kirchner comenzó un segundo ciclo. Algunas empresas terminarían estatalizadas y otras permanecerían en manos privadas, con sus ingresos en pesos. En el caso de la distribución eléctrica, las tarifas se mantendrían además congeladas o con aumentos bajos hasta 2015, en un país con una inflación anual superior a veinte por ciento desde 2010. Ello afectó el negocio de Edenor y Edesur. A cambio, bajaron el ritmo de inversiones y convivieron con el Gobierno de Kirchner, que administró enormes masas de subsidios para cubrir el déficit.

La otra cara del beneficio hipotético para los hogares que supuso el congelamiento de tarifas fue que el sistema eléctrico encontró su límite mientras la economía crecía varios años consecutivos a tasas superiores al cinco por ciento anual. Además de perder capacidad energética, el Estado fue acumulando un déficit abultado a raíz de los subsidios indiscriminados.  

Se llegó al punto de que hogares de clase media alta y alta de Buenos Aires pagaran las tarifas más bajas de América Latina. Así, un piso de lujo en barrios de Buenos Aires como Recoleta, Palermo, Belgrano, o una mansión en San Isidro o Adrogué, podrían abonar tarifas mensuales de luz y gas de diez o quince euros.

Al asumir la presidencia, Mauricio Macri dio paso al tercer ciclo. El mandatario conservador creyó ver en las tarifas irrisorias un amplio campo para retornar a la senda de Menem. Fue así que habilitó incrementos de 3.000 por ciento en pocos meses. La recesión disparada durante los años de Macri en la Casa Rosada fueron una mala combinación para recibir semejantes aumentos, tanto que algunos analistas atribuyen su derrota electoral de 2019 al agobio que produjo el pago de los servicios públicos en las familias de clase media baja y baja.

Según Edesur, el aumento sustancial de su facturación entre 2015 y 2019 se tradujo en una reducción de 50% en la duración de los cortes de suministro por cliente, aunque no varió mucho su frecuencia. Lo que no cambió es que, cada vez que hay una crisis de calor por el cambio climático, Edesur suele tener el cuádruple de usuarios sin luz que Edenor, que pertenece, desde 2021, a los empresarios argentinos José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Con el peronista de centroizquierda Alberto Fernández y la pandemia, comenzó un cuarto escenario económico para Edesur en las tres décadas de explotación del servicio. Fernández volvió a congelar las tarifas, pero a partir de su segundo año en el cargo, 2021, intentó establecer un aumento al compás de la inflación para los hogares de mayores ingresos. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó a sus funcionarios en la Secretaría de Energía que bloquearan el proceso todo lo posible. Recién a mediados de 2022 comenzó la denominada “segmentación” de tarifas según la capacidad adquisitiva de los hogares. En el medio, la situación financiera de la filial de Enel se deterioró, la calidad del servicio siguió siendo mala y el Estado acumuló más déficit.

En una presentación de octubre pasado ante la autoridad regulatoria, Edesur argumentó que, desde 2020, sus ingresos regulados por la Secretaría de Energía habían aumentado 31,5% en pesos argentinos, mientras que el resto de las variables que inciden en sus costes, como el tipo de cambio con el dólar, el índice de salarios, los precios generales y mayoristas, lo hicieron entre el 343 y el 302%. La otra cara es que la remuneración de la generación eléctrica está en parte garantizada por contratos en dólares, lo que bifurca los intereses entre generadores y distribuidores.

El camino del fin unilateral de la concesión es largo e incierto. Enel tiene la carta del Ciadi, que podría ser beneficiosa ante la realidad de que no le resultara fácil vender Edesur a buen precio. Además, si gana la oposición de derecha Juntos por el Cambio en las presidenciales de octubre, la eventual caducidad del contrato sería seguramente dejada sin efecto, y las tarifas podrían volver a aumentar.

Si va al Ciadi, Enel tiene las de ganar. De las cerca de 60 demandas que recibió Argentina en el organismo desde la crisis de 2001, casi todas terminaron a favor de las empresas. Hasta Marsans, que abandonó Aerolíneas Argentinas en 2008 en medio de denuncias de fraude tanto en España como en Argentina, consiguió un laudo a su favor por trescientos millones de euros en 2017. 

La economía ucraniana se contraerá este año a un nivel ocho veces superior al de la rusa tras la guerra iniciada por Moscú en febrero, según estimaciones del Banco Mundial. En su último informe, publicado este martes, la institución prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de Ucrania se contraerá un 35% en 2022, frente a una caída del 4,5% del PIB ruso.

Ambos países han mejorado sus estimaciones económicas con respecto a lo previsto anteriormente. En su informe de junio, el Banco Mundial estimaba que el PIB ucraniano se contraería un 45% y el ruso, un 8,9%. El organismo cree que la economía rusa caerá menos de lo previsto inicialmente “gracias a la fuerte respuesta fiscal y al aumento de los precios de la energía, que ayudó a aumentar los ingresos fiscales.

Por su parte, según la institución, la economía ucraniana ha “mejorado gradualmente” desde abril, tras la retirada de las tropas rusas de Kiev. Aun así, la actividad económica está marcada por la destrucción de la capacidad productiva, los daños a las tierras agrícolas y la reducción de la oferta de mano de obra, ya que, de una población previa de 44 millones de personas, se estima que siete millones se han convertido en refugiadas y otros siete millones se han desplazado internamente desde que comenzó la guerra.

“La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha desencadenado una de las mayores crisis de desplazamiento humano y ha cobrado un alto precio en vidas humanas y económicas”, dice en un comunicado Anna Bjerde, vicepresidenta del Banco Mundial para la región de Europa y Asia Central. “Ucrania sigue necesitando un enorme apoyo financiero mientras la guerra se prolonga innecesariamente, así como para los proyectos de recuperación y reconstrucción que podrían iniciarse rápidamente.”

Según las estimaciones del Banco Mundial, Ucrania necesitaría un mínimo de 349.000 millones de dólares para su recuperación y reconstrucción en los sectores social, productivo y de infraestructuras. Es 1,5 veces el tamaño de la economía ucraniana antes de la guerra, en 2021.

Con la continuación de la guerra, el organismo cree que Ucrania se enfrenta a “masivos” impactos sociales y de pobreza: la proporción de población con ingresos por debajo del umbral de pobreza nacional puede alcanzar casi el 60% en 2022, frente al 18% de 2021. Las familias, especialmente las más pobres, se están viendo afectadas por la inflación, que alcanzó una subida interanual del 23,8% en agosto. El Banco Mundial estima que alcanzará el 30% para el final de año, con los salarios reales disminuyendo un 10% en comparación con 2021.

El impacto de las sanciones

En el informe, el Banco Mundial señala que las sanciones a Rusia por la invasión en Ucrania están teniendo “importantes repercusiones económicas negativas, aunque menos graves a corto plazo de lo que se esperaba en un principio”.

Según el organismo, el shock inicial se vio mitigado “por la fuerte respuesta fiscal de las autoridades, los controles de capital, el ajuste monetario, la rápida acción para frenar los riesgos del sector financiero, así como las altas entradas de divisas impulsadas por el aumento de los precios mundiales de las materias primas”.

Sin embargo, debido a la congelación de la mitad de las reservas internacionales rusas y el debilitamiento de sus ingresos nacionales por petróleo y gas, Rusia también es más vulnerable a una caída de los precios mundiales de la energía, dice el Banco Mundial.

La institución indica las sanciones han provocado una fuerte caída de las importaciones y de los ingresos reales y, de mantenerse así, el PIB se mantendría en negativo hasta 2024, cuando se espera un “crecimiento moderado” de un 1,6% del PIB. A medio y largo plazo, se espera que el crecimiento sea muy bajo, o incluso negativo, por la pérdida al acceso a fuentes clave de productividad, como nuevas tecnologías y equipos y financiación externa.

El informe también señala que la “movilización parcial” anunciada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en septiembre puede frenar la demanda interna y aumentar las presiones del mercado laboral y el sector financiero.

Aislar a Rusia del sistema multilateral y del circuito comercial después de que el primer bloque de medidas contra el Kremlin por la invasión de Ucrania se concentrara en bloquear las finanzas de Moscú. Esa es la consigna que la Administración Biden, de manera concertada con sus socios europeos y del G-7, dictaminaron en el ecuador del primer mes desde el estallido del conflicto armado. Dicho de otro modo: encarecer los aranceles sobre los bienes y servicios rusos a un miembro aislado de la Organización Mundial del Comercio (OMC), impedir su acceso a créditos del FMI, el Banco Mundial o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) -institución regional que ha sido una de sus principales fuentes de financiación- y menospreciar a Rusia en el G-20, el foro de gobernanza global por antonomasia que conforman las mayores potencias industrializadas y los principales mercados emergentes.

Sin embargo, no será un camino de rosas para los impulsores de este nuevo castigo colectivo a Vladimir Putin. En el FMI, por ejemplo, al que Rusia se unió en 1992, como Ucrania, no se especifica en sus estatutos fundacionales que sus asociados no participen en conflictos armados. De este modo, el procedimiento de expulsión tendría que surgir de la cancelación de algún tramo de devolución en las líneas asistenciales del Fondo -Rusia tiene uno en marcha, por un valor de 24.000 millones de Derechos Especiales de Giro para el que negocia con China su reconversión en moneda de curso legal para afrontar su veto de uso del sistema de transacciones internacional- o por algún otro aspecto técnico. Entre estos últimos puede estar no aportar datos sobre su economía, sus reservas de activos, su balanza de pagos o sus operaciones en los mercados cambiarios.

A partir de una prerrogativa de este tipo, y después de un “periodo razonable”, se podría retirar los derechos de voto de Rusia con un respaldo del 70% de los 190 Estados miembros del organismo multilateral. Tras otra tregua motivada, se podría proceder a su expulsión si así lo determina el 85% de sus socios. Los 22.500 millones de dólares liberados por el FMI tras el default de la deuda soberana rusa de 1998 y cuyo programa de asistencia posibilitó la reestructuración de 60.000 millones en el Club de París y de otros 33.000 millones en el Club de Londres -los cónclaves donde se renegocian los vencimientos con acreedores públicos y privados, respectivamente-, fueron un arsenal monetario crucial para la salida rusa de la quiebra. Entonces ya estaba Putin como primer ministro y sirvieron para impulsar reformas estructurales que encaramaron a Rusia al proceso de globalización.

Más fácil es cortar sus vínculos con el Banco Mundial porque la institución hermana del FMI ya canceló su financiación a programas de desarrollo en Rusia por la invasión de Crimea. La realidad es que a Moscú sólo han llegado 3,6 millones de dólares en créditos del Banco Mundial, en diciembre pasado, para una iniciativa meteorológica. Si se pretende impulsar su salida, se deberían dar los mismos pasos que en el FMI, lo que llevaría más de un año convocar el trámite en su comité ejecutivo.

El BERD, creado en 1991 como apoyo de la UE a la prosperidad de las economías del Este en su transición al libre mercado, ha sido más operativo. El pasado 1 de marzo, su máximo órgano institucional aprobó la petición de eliminar, “por amplia mayoría” y de forma indefinida, a Rusia y Bielorrusia como miembros de pleno derecho. Todavía hace falta que la decisión sea sometida a votación -se requieren dos tercios- en su concilio de gobernadores, en 30 días.

En la OMC, EEUU y Europa sopesan vías para poner en liza la suspensión a Rusia de “nación más favorecida”, un estatus comercial que ha permitido a su economía disfrutar de tarifas reducidas dentro de la arquitectura arancelaria de la máxima autoridad mundial del comercio. El Congreso americano ha iniciado negociaciones para retirar a Moscú este privilegio. Sin embargo, se ha rechazado la revocación de Rusia, pese a que los estatutos de la OMC permiten revisar su pertenencia a la institución, cuya cúpula acostumbra a tomar decisiones por consenso entre sus 164 socios. Más éxito tendrá la eterna posición de espera de Bielorrusia -desde 1993- y que podría seguir durmiendo el sueño de los justos. El G-7 se ha sumado a una iniciativa con un claro componente de excepcionalidad, dado que la Casa Blanca sólo excluye a Cuba y Corea del Norte de sus “relaciones comerciales normalizadas”, y mantiene los gravámenes con Rusia un 3% por debajo de los promedios establecidos por la OMC. El legislativo americano baraja elevar en más de diez veces las tarifas a la importación de productos rusos.

El G-20, laboratorio del nuevo orden económico mundial

Esta por ver qué pasará en la reunión del G-20. Parece que la presencia de Putin estaría asegurada a la cita de este año en noviembre, en Bali (Indonesia). En el club que hospeda a potencias industrializadas y mercados emergentes han pesado los contundentes mensajes de apoyo de China y del resto de BRICS (hay que añadir a Brasil, India y Sudáfrica), y que han dado sobras muestras de plantar batalla a la hegemonía estadounidense y a rivalizar económica y geoestratégicamente con las naciones de rentas altas. El Gobierno de Yakarta, como país anfitrión ya ha respaldado la invitación al líder ruso.

Paradójicamente, el lema de Bali -Recuperarnos juntos, recuperarnos más fuertes-, ideado como leitmotiv de la superación de la crisis sanitaria y la Gran Pandemia, podría deparar el decoupling entre dos bloques económicos antagónicos.

Algunos analistas internacionales ya hablan abiertamente de cambiar la estructura y las dinámicas del G-20 para afrontar los nuevos tiempos y enterrar el espíritu de Bretton Woods, la conferencia donde nacieron el FMI y el Banco Mundial, en 1944, y que fue el bautismo de fuego del sistema multilateral.

Un aspecto, la reforma multilateral, sobre la que los BRICS revelaron el pasado verano su firme determinación a los cambios en Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial, la OMC y la máxima autoridad sanitaria global, la OMS. En este caso, la justificación era “para adaptarlas a las necesidades del Siglo XXI”, aseguraba el comunicado de sus titulares de Exteriores de estos países. Pero que también esconde el interés del grupo en fomentar la transferencia tecnológica, dotar de mayor eficiencia al multilateralismo y de inculcar una mayor gobernanza económica global, elevando el peso de los emergentes y de los países en desarrollo en los foros de decisión internacional. Entre otras cosas reclamaron nuevas cuotas en el FMI, medidas más drásticas contra el proteccionismo en la OMC, a la que pide más transparencia, reglas más abiertas, inclusivas y no discriminatorias en el sistema del comercio multilateral y la restauración y preservación del modelo de Resolución de Disputas, sin renovación desde la guerra arancelaria desatada por la Administración Trump.

¿El final de la globalización?

Josh Lipsky, director del Centro Geoeconómico del Consejo Atlántico, cree que la guerra de Ucrania abre el melón para reconstruir el G-20. La misión del G-20 de salvador de la economía mundial debe reconsiderarse en un escenerio con China convertida en superpotencia y Rusia exhibiendo su poder militar, en medio de un tsunami desglobalizador por las turbulencias económicas y comerciales.

El G-20 acapara el 75% del comercio global, las dos terceras partes de la población del planeta y el 73,3% del PIB mundial. Para Lipsky, desde la órbita estadounidense, Washington debe acabar con la unanimidad, buscar acuerdos en áreas como las divisas digitales (China y Rusia puedan quedar excluidas) e incorporar nuevos socios como Polonia, Tailandia o Nigeria -entre otros- que diversificarían su influencia geográficamente y con los que se alcanzaría el 90% del PIB del mundo. Así el aislacionismo de Putin y Xi tendría más visibilidad, explica Lipsky, si desean dar rienda suelta a la disgregación de la globalización en dos bloques económicos.

Adam Posen, economista que preside el Peterson Institute for International Economics, concede credibilidad al final de la globalización porque las represalias de las democracias occidentales a Moscú han delimitado fronteras de seguridad, económicas y tecnológicas. La actitud de apoyo chino a Putin ha levantado también barreras en la integración de Pekín -y de gran parte de Asia- en los mercados y la arquitectura financiera internacionales. De modo que, entre otros efectos, se ha creado una tendencia al aislacionismo en el que el dólar emerge como un arma financiera, con las criptodivisas en un limbo operativo y regulatorio, y unas economías menos interconectadas, lo que se traducirá en menos crecimiento e innovación.

Mientras, Europa aparece sumida en sus debates económicos y geoestratégicos de reconversión empresarial e industrial hacia la neutralidad energética, pero a la vez todavía muy dependiente de los combustibles fósiles rusos. A juicio de Posen, las compañías tenderán a ser menos propicias a invertir en el exterior en un clima de subidas generalizadas de costes de producción y de precios.

También The Economist pasa revista a la globalización, que no sale bien parada: la guerra de Ucrania perturba los flujos comerciales, añade costes rampantes a las materias primas -en especial, energéticas, metálicas y agroalimentarias- y convulsionará el espectro empresarial, con nuevos ganadores y perdedores en sectores y entre multinacionales. A no ser que China, en la ineludible revelación de su postura real, la rescate y posibilite un rápido acuerdo de paz entre Moscú y Kiev. Al fin y al cabo, la globalización ha conferido al gigante asiático golpes de prosperidad espectaculares en cuatro décadas; en especial, desde su ingreso en la OMC en 2001, a pesar de no haber logrado aún el estatus de economía de mercado.

El Banco Mundial se enfrenta a la mayor prueba de su historia. Sus directivos asistirán en estos días en Glasgow a la cumbre mundial del clima COP26, donde se tomarán decisiones clave sobre el destino de la humanidad. Si el Banco quiere cumplir con su objetivo oficial de erradicar la pobreza y construir una prosperidad compartida, éste es el momento de dar un paso al frente porque nada aumentará más la pobreza ni perjudicará más a la prosperidad que un incremento descontrolado de las temperaturas.

Sin embargo, es muy posible que el Banco Mundial no pase la prueba. Desde el histórico Acuerdo de París por el clima, el organismo multilateral ha gastado de forma directa más de 12.000 millones de dólares en la financiación de proyectos de combustibles fósiles en un momento en el que el mundo necesita alejarse de la energía sucia cuanto antes. Tras un escándalo de manipulación de datos en el que sus altos cargos se vieron implicados, la credibilidad general del organismo está bajo mínimos.

Trabajo en el Banco Mundial y he visto desde dentro cómo se desarrollaba este drama. Lamentablemente, no creo que mi empleador se convierta en un líder climático en el futuro inmediato. En mi opinión, las presiones políticas desde los más altos niveles de la dirección han arrasado con los procesos internos de la organización. Una investigación externa denunció que el Banco había ejercido “presiones indebidas” sobre sus propios investigadores para amañar un listado donde se clasificaba a los países en función de la facilidad para crear empresas.

Es un síntoma de otras prácticas institucionales generalizadas que socavan la capacidad del Banco para liderar las prioridades del desarrollo global, incluyendo la lucha contra el cambio climático. Al Banco Mundial le encanta presumir de la “financiación climática” que concede, pero está menos dispuesto a hablar sobre su apoyo a proyectos de energía sucia que contribuyen al calentamiento global. Detrás de esa opacidad se puede estar ocultando una verdad más oscura: la institución sigue promoviendo fuentes de energía sucia que contribuyen al calentamiento global.

El Banco sí ha hecho algunos progresos en la lucha contra el calentamiento, como dejar de financiar de forma directa a las centrales eléctricas de carbón. Pero la trampa es que sigue ayudando al carbón por canales ocultos. En sus préstamos al sector privado, el Banco Mundial sigue apoyando de forma indirecta a las centrales de carbón a través de sus clientes en la banca comercial, como hace por ejemplo en Indonesia. Son proyectos incompatibles con un compromiso serio con la acción climática. El Banco no está siendo honesto con ese apoyo encubierto.

El Banco Mundial se financia con el dinero de los contribuyentes de los Estados miembros y su mandato específico es terminar con la pobreza y construir una prosperidad compartida. Si quiere mantener su credibilidad internacional, no puede ser visto como un obstáculo en la lucha contra el cambio climático. El Banco debería eliminar todas las ayudas directas e indirectas a los combustibles fósiles y, en vez de eso, financiar una transición justa hacia fuentes de energía limpia en todo el mundo. Endosarle a los países en desarrollo una tecnología que pronto quedará obsoleta no es ponerlos en la senda del desarrollo ecológico.

Un presidente envuelto en polémica

Pero es difícil imaginar al Banco Mundial enfrentándose al desafío climático global sin pasar antes por grandes cambios institucionales. Como dice el viejo refrán, el pez se pudre por la cabeza. El actual presidente del organismo, David Malpass, trabajó en 2016 durante la campaña presidencial anticlimática de Donald Trump. Y en 2010 se dijo que Malpass había negado que las emisiones de dióxido de carbono de origen humano estuvieran detrás del calentamiento global.

Trump eligió a Malpass en 2019 para presidir el Banco Mundial, donde permaneció relativamente en silencio en temas relacionados con el clima hasta que presentó un plan que fue descrito por las organizaciones activistas como un gran error porque no eliminaba la ayuda a los combustibles fósiles. Viendo el historial de Malpass es fácil pensar que le faltan la visión y la credibilidad necesarias para transformar al Banco Mundial en un líder de la lucha contra el cambio climático.

Ya es hora de terminar con la tradición de que sean estadounidenses los que dirijan el Banco Mundial. El mundo no puede permitirse que las instituciones que promueven el desarrollo sean inmovilizadas por el sistema político de Estados Unidos, donde mandan las empresas. La próxima persona que lidere el Banco Mundial, que preferiblemente no será un hombre, debería tener un compromiso de verdad con las soluciones en la lucha contra el calentamiento y proceder de un país en desarrollo en primera línea de la crisis climática.

Mis compañeros de trabajo son personas decentes, inteligentes y con visión de futuro. Trabajan en el Banco Mundial porque creen en los objetivos declarados de la institución de terminar con la pobreza y construir una prosperidad compartida y quieren que el organismo sea líder en la lucha contra el cambio climático. Pero con demasiada frecuencia nuestra capacidad para llegar ahí se ve frustrada por lo que la asociación de empleados del Banco Mundial ha descrito como un “problema sistémico mucho mayor de sumisión de la alta dirección ante la presión política”. 

Una auditoría realizada por el bufete de abogados WilmerHale descubrió que en el último escándalo de manipulación de datos los altos directivos presionaban y hasta llegaban a intimidar al personal para amañar las cifras y subir artificialmente la puntuación de China en el ranking de condiciones de inversión. Los trabajadores intentaron denunciarlo pero, según la asociación de empleados, el sistema de justicia interno del Banco es “incapaz de hacer responsables a los altos cargos” y no protegió a los empleados que se quejaban tras haber sido amedrentados.

Un Banco Mundial que respondiera realmente antes sus empleados sería un líder más eficaz en la lucha por el desarrollo. Este sórdido episodio ha herido gravemente nuestra credibilidad. Nunca trabajé en el departamento donde se produjo el escándalo y tengo la suerte de haber firmado un contrato laboral de jornada completa, con un sueldo decente y buenos extras salariales. Pero las condiciones pueden ser especialmente angustiosas para las mujeres y para la masa de consultores con contratos de poca duración que sufren el maltrato del Banco.

He pasado seis años felices en el Banco. Al final, me he decidido a hablar en público porque los recientes escándalos me convencieron de que no hay un camino interno que permita la reforma del organismo. Los fallos institucionales están destruyendo nuestra capacidad para cumplir en la lucha contra el cambio climático, la prioridad de desarrollo global más acuciante de todas. En lugar de atender a los caprichos egoístas de intereses poderosos, el Banco Mundial debe poner sus inmensos recursos al servicio de esta cuestión fundamental. Los activistas de la sociedad civil y los empleados del propio Banco llevan años diciéndolo. Es hora de que nuestros jefes empiecen a escuchar. La pobreza no puede erradicarse en un planeta donde los ecosistemas se están desmoronando.

Jake Hess es investigador del Banco Mundial en Washington DC.

Traducción de Francisco de Zárate.

El Banco Mundial ha vetado hasta septiembre de 2024 a una filial de GMV, multinacional española que lidera el control de los satélites europeos Galileo, por “prácticas colusorias, corruptas y fraudulentas” en dos adjudicaciones en Vietnam.

La empresa ha reconocido la existencia de prácticas irregulares en la adjudicación de dos contratos en ese país del sudeste asiático para el proyecto de “Desarrollo de la Ciudad Sostenible de Danang” y el de “Transporte Urbano de Hanoi” a su filial Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas, SAU, dedicada al desarrollo de sistemas inteligentes de transporte y contratista de numerosas administraciones en España.

La decisión hace “inelegible” a esa filial para participar en proyectos y operaciones financiadas por el Banco Mundial y sus instituciones.

El organismo explica que responsables de GMV “se confabularon con dos consultores de diseño para obtener ventajas competitivas injustas” en dos licitaciones, acordaron pagar una comisión a un agente para que influyera “indebidamente” en la adjudicación de un contrato, y no revelaron su participación en la redacción de los pliegos de ambos concursos.

“Son prácticas colusorias, corruptas y fraudulentas, respectivamente, según la definición de los Procedimientos de Sanciones del Banco Mundial”, indica el organismo.

El proyecto de Danang, aprobado en 2013 y con un presupuesto total de 272 millones de dólares, busca mejorar los sistemas de drenaje, recolección y tratamiento de aguas residuales de esa ciudad vietnamita y su red viaria y de transporte público. El de Hanoi, aprobado en 2007 y con unos 155 millones de dólares de presupuesto total, se diseñó para aumentar la movilidad urbana en áreas específicas de la capital vietnamita, fomentando el uso del transporte público y reduciendo la congestión del tráfico.

La sanción es parte de un acuerdo por el que GMV ha aceptado su responsabilidad en las prácticas detectadas, “que ocurrieron bajo un antiguo equipo de gestión”, destaca el Banco Mundial.

La empresa española, que preguntada por elDiario.es ha rechazado hacer comentarios, se ha comprometido a no presentarse a proyectos del Banco Mundial en el curso de una auditoría y de una serie de “acciones correctivas voluntarias, incluidas mejoras en el programa de cumplimiento”.

“Como condición para la exoneración de la sanción según los términos del acuerdo de conciliación, la empresa se compromete a desarrollar más su programa de cumplimiento de integridad, de conformidad con los principios establecidos en las Pautas de cumplimiento de integridad del Grupo del Banco Mundial”.

Se trata de la segunda sanción de este tipo para una gran empresa española tras la impuesta hace unos meses a decenas de filiales de la constructora FCC.

Historia de éxito

GMV, domiciliada en el Parque Tecnológico de Tres Cantos (Madrid), está presidida desde 2001 por Mónica Martínez Walter, hija del fundador. Se creó en 1984 y cerró 2019 con unos ingresos totales de 245 millones de euros, de los que el 57,1% (140 millones, un 30% más) procedieron de su principal actividad, el negocio de Espacio.

El grupo cerró 2018 con 1.850 empleados (hoy son más de 2.000), la mayoría de alta cualificación, 191 millones de facturación y beneficios de 3,8 millones, según sus cuentas consolidadas, disponibles a través de Insight View. Con más del 65% de su actividad en el exterior, a esa fecha tenía sedes en Portugal, Polonia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Rumanía, Reino Unido, Holanda, Malasia y Colombia.

La de GMV ha sido hasta ahora una historia de éxito en la industria espacial española. Es el primer proveedor independiente del mundo de Sistemas de Control en Tierra para operadores de satélites comerciales de telecomunicaciones y líder en el Segmento de Tierra de Sistemas de Navegación (EGNOS y Galileo). También es el principal proveedor de sistemas de mando y control C4I del Ejército de Tierra español y el primer proveedor nacional de sistemas inteligentes para el transporte.

“En el sector TIC se ha constituido en referente nacional como proveedor de soluciones y servicios avanzados de ciberseguridad en redes IP, aplicaciones de movilidad y aplicaciones TICs para las Administraciones Públicas”, explicaba en su informe anual de 2018.

Ese año, la Agencia Espacial Europea (ESA) adjudicó a GMV el proyecto GSC-FOC2 para el mantenimiento y evolución del Segmento Terreno de Control (TCS) para el control de los satélites de Galileo, el sistema europeo de navegación satelital competidor del GPS estadounidense. Fue el mayor contrato adjudicado en la historia de esta industria en España, por un importe global de 250 millones, muestra de “la excelente reputación de la compañía, su acentuada competitividad y fiabilidad, que es consecuencia de las enormes capacidades que GMV ha desarrollado en los últimos años”, explicaba la empresa en su informe de gestión de 2018.

GMV forma parte del proyecto GEODE (GalilEO for EU DEfence), para el desarrollo del segmento de usuarios militares del Servicio Público Regulado (PRS) de Galileo, uno de los proyectos de cooperación en materia de defensa más ambiciosos lanzados bajo el paraguas del Programa Europeo de Desarrollo Industrial de la Defensa (EDIDP) de la Comisión Europea. Cofinanciado por Bélgica, Alemania, Italia, Francia y España, GEODE cuenta con el apoyo de la UE con una subvención de unos 44 millones. El proyecto será ejecutado por un consorcio formado por 30 empresas de 14 países de la UE e incluye a GMV como parte de la contribución española.

GMV, que según contaba hace unas semanas “es ya el sexto grupo industrial que más empleo genera en el sector espacial en Europa”, abrió en febrero una oficina permanente en Bruselas, en línea con la expansión internacional de su actividad, para “reforzar la comunicación y la coordinación en el marco de los programas de la EU actualmente en marcha y en las nuevas iniciativas, como Secure Connectivity Constellation, Quantum Encrypted Communications y Space Traffic Management”.

El Banco Mundial ha sancionado a ACS, la mayor constructora española, por ocultar las comisiones abonadas a un intermediario por la adjudicación de contratos para la construcción de dos centrales eléctricas en Egipto financiadas con cerca de 950 millones de dólares (unos 812 millones de euros, al cambio actual) por esa institución multilateral con sede en Washington (Estados Unidos).

Las sanciones afectan a Initec Energía, perteneciente al área de Servicios Industriales de ACS, y sus subsidiarias en Irlanda y Brasil, y entraron en vigor el pasado 8 de agosto, tras un acuerdo entre las partes por el que se acordó prohibir a esas filiales el acceso a los fondos del organismo durante un periodo de cinco meses “por no revelar los pagos de la comisión de sus agentes en el marco de los proyectos El Tebbin y Giza North Power financiados por el Banco Mundial en Egipto”.

Cumplido ese veto temporal, el Banco Mundial, una institución que se nutre con fondos públicos, centrada en programas financieros y de cooperación para países en desarrollo y de la que España forma parte desde hace 60 años, decidió mantener durante 19 meses a las subsidiarias de ACS en su actual situación, “no inhabilitación temporal”.

Esto “significa que mientras la entidad sancionada cumpla determinadas condiciones” podrá “continuar siendo elegible para participar en las actividades financiadas por el Banco”, según explica el organismo en su web.

Entre esas condiciones están las de “implementar un programa de cumplimiento normativo aceptable por el Banco” y prestar “plena colaboración”. La cuarentena se prolongará hasta el próximo 7 de marzo de 2019.

Las sanciones están relacionadas con dos proyectos promovidos por el Gobierno de Egipto que convirtieron a este país en uno de los principales mercados exteriores de Initec: la construcción de los ciclos combinados (plantas de generación eléctrica que funcionan con gas natural) de Giza North, el mayor de Egipto, con 2.250 megavatios (MW) de potencia, y Tebbin, con una potencia proyectada de 700 MW.

El proyecto de Giza North, a las afueras de El Cairo, fue aprobado por el Banco Mundial en 2010, con una potencia inicial de 1.500 MW que se amplió a 2.250 MW en 2011, lo que supuso aumentar un 8% la potencia del sistema eléctrico egipcio. Su coste total estimado fue de 1.652 millones de dólares, de los que finalmente el Banco Mundial aportó unos 686 millones de dólares a través de dos préstamos.

La central, que también recibió fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), está plenamente operativa desde diciembre de 2015 y un reciente informe del Banco Mundial calificaba, en líneas generales, de “satisfactoria” la evolución del proyecto, en el que Initec se adjudicó la construcción llave en mano del BOP (Balance Of Plant) mecánico y las tuberías de cada una de las tres turbinas (750 MW cada una).

El último tramo del contrato fue firmado en la sede del Ministerio de Electricidad y Energía de Egipto en 2013 en un acto al que asistió el entonces ministro de Energía, Ahmed Mostafa Emam Shaaban. Un año antes, en su informe anual de 2012 (antes de firmarse esa ampliación del contrato), ACS cifraba los ingresos derivados de este proyecto en 34,9 millones de euros.

Sobrecostes del 56%

En el caso del proyecto de Tebbin, fue aprobado por el Banco Mundial en 2006 y el último informe de evaluación del organismo, de 2013, refleja que a esa fecha solo había llegado a ponerse en marcha la mitad de la potencia prevista (350 MW) debido a un incendio que inutilizó uno de los grupos de la central. La construcción de la planta culminó en 2012, tras dispararse su coste un 56%, hasta 707,5 millones de dólares, de los que el Banco Mundial aportó unos 260 millones a través de un préstamo.

Según explicaba en su informe anual de 2008, a ACS le correspondió la construcción del paquete eléctrico y mecánico de la central, un contrato cifrado entonces en 49 millones de euros.

Initec fue 100% pública hasta su privatización en 2000 y tiene su sede en Madrid. Está dedicada a la construcción de infraestructuras de generación para la industria eléctrica y a cierre de 2016 tenía unos 210 empleados, según sus cuentas de 2016, las últimas presentadas en el Registro Mercantil.

En esas cuentas, la filial declaró una cifra de negocio de 373 millones de euros (más del doble que en 2015) y daba cuenta de la baja de una de las sociedades sancionadas por el Banco Mundial, la brasileña INITEC Energía Engenharia y Construçoes Ltda, que fue “liquidada con fecha 9 de noviembre de 2016” tras apuntarse un deterioro de 26,2 millones. “Dicha baja no ha tenido impacto en el resultado del ejercicio, dado que la Sociedad tenía íntegramente deteriorada el valor de su participación”.

En 2015, Egipto fue el segundo mercado más importante para la filial tras México, con una cifra de negocio de 24,14 millones.

eldiario.es se ha puesto en contacto con ACS y el Banco Mundial para intentar ampliar la información sobre este asunto, sin obtener respuesta. “No vamos a hacer comentarios”, indicó este lunes el departamento de Comunicación de la constructora.

Worle Danse es de Etiopía, tiene 28 años y es el octavo de 16 hermanos. Como otros muchos, el joven decidió dejar la pequeña explotación agrícola de su padre en una de las zonas devastadas por la sequía y llegó caminando hasta la pequeña ciudad de Hawassa. “En la temporada de siembra, no llovía, pero cuando no queríamos que lloviera, llovía. Esto generaba sequías y yo no quería seguir sufriendo por esto”, recuerda. Antes de lograr su trabajo actual como supervisor de barrenderos, tuvo que sobrevivir en la calle sin nada que comer.

Historias como la de Danse, recopilada por el Banco Mundial, se repetirán por millones en las próximas décadas. Así lo asegura el organismo en el estudio Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos, presentado recientemente en Alemania.

La investigación concluye que, si no se toman medidas urgentes contra el cambio climático, más de 143 millones de personas emigrarán dentro de sus países de aquí a 2050. Lo harán en África Subsahariana, Asia Meridional y América Latina, tres regiones del mundo densamente pobladas, con 86, 40 y 17 millones de desplazamientos estimados, respectivamente.

Dentro de ellas, las zonas más empobrecidas y sensibles a las consecuencias del cambio climático serán las más afectadas. “Las personas más pobres y los países más pobres son los más golpeados”, indica el informe elaborado por un conjunto de investigadores de las universidades de Columbia y de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y el Instituto Potsdam para la Investigación del impacto Climático.

Sequía, malas cosechas y aumento del nivel del mar

Se trata de población que se ve obligada a abandonar zonas “cada vez más inviables” debido a “problemas crecientes” como la escasez de agua, las malas cosechas o el aumento del nivel del mar. En Bangladesh, uno de los países analizados en detalle junto a Etiopía y México, el informe apunta que alrededor de 20 millones de personas en la costa están teniendo problemas de salud por el agua salada presente en los suministros de agua potable como consecuencia del nivel del mar.

“Las personas vulnerables son las que tienen menos oportunidades de adaptarse localmente o de alejarse del riesgo y, cuando se desplazan, a menudo lo hacen como último recurso. Otros, aún más vulnerables, no podrán moverse, atrapados en zonas cada vez más inviables”, vaticina el organismo.

Son varios los escenarios que manejan los expertos en el documento. En todos ellos reconocen que el cambio climático va a ser un motor “creciente” de las migraciones internas. Más de 140 millones personas migrarían en el peor de ellos, el escenario “pesimista”, con altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y desigualdad. En el contexto “más respetuoso con el clima”, con más medidas para luchar contra el cambio climático, se desplazarían, igualmente, entre 31 y 72 millones de personas. El escenario intermedio, con “un desarrollo más inclusivo”, dejaría entre 65 y 105 millones de migrantes.

Estos flujos de personas tendrán también consecuencias en la propia distribución de la población y los recursos disponibles: zonas que verán su población reducida y zonas densamente pobladas, principalmente urbanas y cercanas a las ciudades, a las que la gente llegará para buscar oportunidades.

“Sin la planificación y el apoyo adecuados, quienes se desplacen de las zonas rurales a las ciudades podrían tener que afrontar nuevos riesgos, incluso más peligrosos. Es probable que aumenten las situaciones de tensión y conflicto como resultado de la presión ejercida sobre los escasos recursos”, advierte Kanta Kumari Rigaud, especialista del Banco Mundial. En el documento, el organismo reclama una mejora de las condiciones de vida en las zonas urbanas, sobre todo en vivienda y transporte, servicios sociales y oportunidades de empleo.

La investigación concluye que es “probable” que estos desplazamientos se intensifiquen hasta 2050 y luego se aceleren “a menos que se reduzcan significativamente” las emisiones de gases de efecto invernadero. Así, el organismo pide que se adopten “medidas enérgicas en todo el mundo” para alcanzar el objetivo estipulado en el Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura media mundial a final de siglo por debajo de 2 grados centígrados. “Aún con este nivel, los países no podrán evitar cierto volumen de migraciones internas por motivos climáticos”, señalan.

¿Refugiados climáticos?

Desde la ONG Ecologistas en Acción valoran como “positivo” el informe por poner de relieve el cambio climático como impulso de las migraciones, pero consideran que no va a la raíz del problema. “No tiene en cuenta otros elementos como los combustibles fósiles en los que se basa nuestra economía, ni de la propia distribución desigual de la riqueza derivada de nuestro sistema económico, que ha hecho que haya explotación de recursos naturales en otros países en nuestro beneficio”, comenta Francesca Ricciardi, integrante de la ONG.

El Banco Mundial deja fuera, además, a quienes cruzan las fronteras empujados por este motivo, aunque reconoce que el cambio climático también es motor de estos movimientos de población. “Los migrantes climáticos internos no se detienen necesariamente en las fronteras. Identificamos numerosos puntos calientes de migración en áreas cercanas a las fronteras nacionales”, dice.

Sus estimaciones se unen a las de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM): 200 millones de desplazados internos para 2050. Según Acnur, desde 2008, una media anual de 21,5 millones de personas se han desplazado por la fuerza por peligros repentinos como inundaciones, tormentas, incendios forestales y temperaturas extremas. “El cambio climático afecta a las personas dentro de sus propios países y genera desplazamientos internos antes de llegar a un nivel en el que empuja a las personas a través de las fronteras”, matiza la Agencia de la ONU.

Sin embargo, a pesar de las previsiones, las personas que huyen a otros países por causas ambientales no son consideradas refugiadas por la legislación internacional, que reconoce con esta categoría a quienes escapan de la guerra y la persecución.

“Reconocer a los refugiados climáticos podría ser positivo, porque se pondría cara a quienes huyen de sequías o tifones, pero es peligroso porque dejaría fuera muchísimas otras personas obligadas a escapar a causa de un sistema desigual: quienes huyen por megaproyectos que, por ejemplo, contaminan sus aguas”, opina Ricciardi, quien aboga por el reconocimiento internacional de las “migraciones o movimientos de población por causas ambientales”.

“Hay que revisar la Convención de Ginebra de 1951 y adaptarla al momento, y tener políticas de acogida totalmente diferentes y coherentes en Europa. Fomentar este sistema económico para mantener nuestro estatus de riqueza tiene consecuencias directas en otras poblaciones que ven sus derechos violados, no puede sorprendernos”, sentencia.

Túnez lleva desde el 3 de enero sumida en protestas por todo el país contra la subida de precios e impuestos en el aniversario de las revueltas del pan de 1984 durante el régimen de Habib Bourguiba. Al igual que con las protestas actuales, las revueltas se desencadenaron por la intervención de instituciones financieras internacionales en los asuntos internos del país y el consiguiente impacto en la vida de los tunecinos, en concreto una subida del precio del pan y el grano tras adoptar un plan del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es imposible entender las últimas protestas sin comprender el papel jugado por las instituciones financieras internacionales, especialmente el FMI, que impuso políticas de austeridad en Túnez desde el levantamiento popular de enero de 2011. En los meses que siguieron a la revolución, los gobiernos e instituciones occidentales buscaban una forma de evitar que los países pusieran en cuestión el modelo neoliberal. La solución la encontraron en la cumbre del G8 en Deauville, Francia, en mayo de 2011.

La denominada Alianza de Deauville con los Países Árabes en Transición, una coalición de los países del G8, Turquía, los países del Golfo, el FMI y el Banco Mundial llegó a un acuerdo para abordar los procesos revolucionarios que estaban desarrollándose en países árabes.

Se ofrecieron préstamos cuantiosos a Túnez, Marruecos, Jordania, Yemen y Egipto –“países árabes en transición”– a cambio de forzar una serie de reformas institucionales neoliberales. El FMI y otras instituciones se aprovecharon de la situación inestable y de las debilidades de esos países para forzar las maniobras.

Túnez tenía poca habilidad para renegociar los términos que le estaban ofreciendo. La Alianza de Deauville era la piedra angular de las reformas económicas adoptadas en mi país durante el período de transición, pero también en otros países árabes como Marruecos, Egipto y Jordania, con el FMI como principal impulsor.

Las consecuencias de Deauville ayudan mucho a explicar las protestas que están teniendo lugar hoy. Desde 2011, la deuda externa de Túnez ha crecido de forma sustancial –el 41% del PIB en 2010 se ha convertido en 2018 en el 71%–. Desde 2017, los pagos de la deuda de Túnez se han disparado. Todos los préstamos extranjeros exigen el pago, al que hasta ahora le habían otorgado un período de gracia después de la revolución. En 2018, los pagos del servicio de la deuda alcanzarán una cifra récord del 22% del presupuesto total del país.

Túnez ha necesitado dos préstamos más del FMI en el período intermedio, en 2012 y en 2016, que vinieron con una serie de condiciones, entre ellos reducir el déficit presupuestario implementando políticas de austeridad que hicieron subir aún más los precios.

Con el segundo préstamo, el FMI ejerció más presión sobre Túnez, y en concreto en el Banco Central de Túnez para que dejara de intervenir en los mercados de divisas para defender el valor del dinar tunecino. La consecuencia de la depreciación (impuesta) del dinar ha sido aumentar las importaciones en un momento en el que las exportaciones principales (fosfatos y turismo) están en crisis y no pueden compensar estos nuevos costes.

Túnez es un país con una balanza comercial negativa, así que esta medida contribuye en gran medida a la subida de precios, aumentando los ratios de deuda pública y el pago de deuda externa.

Todo esto culminó en una nueva ley que entró en vigor a principios de enero y que desató las protestas. Para reducir el déficit presupuestario, se pidió al gobierno que redujera el gasto congelando las contrataciones y salarios, con jubilaciones anticipadas y aumentando los ingresos públicos a través de impuestos indirectos. La subida de precios se intensificó por un aumento en el IVA y en los impuestos especiales sobre el consumo –los tipos de impuestos menos progresistas, pagados por todos con independencia de los ingresos–.

Esto significa menos dinero en los bolsillos de los más pobres y de las clases medias, que cargan con todo el peso de la presión fiscal. Están sufriendo los más vulnerables de nuestra sociedad, las clases medias están empobrecidas, y la fuga de cerebros se ha acelerado con la depreciación del dinar. Está creciendo un sentimiento de injusticia, alimentado por la distribución injusta de la presión fiscal, la ausencia de un intento real de abordar el fraude y la evasión fiscal, la alta tasa de desempleo y la desigualdad de riqueza en el país.

El contexto actual para el cambio es menos favorable que en 2011, pero las protestas en aumento son una señal clara de que la situación económica es insostenible. Prestemos atención a las palabras de Warda Atig, una organizadora de las manifestaciones en Túnez: “Mientras Túnez siga con estos acuerdos con el FMI, seguiremos teniendo problemas. Creemos que el FMI y los intereses de la gente se contradicen”.

Escapar de la sumisión al FMI, que ha puesto a Túnez de rodillas y ahogado la economía, es un requisito previo antes de alcanzar cualquier cambio real.

Jihen Chandoul es cofundador del Observatorio de Economía Tunecino

Traducido por Marina Leiva

Cada año, casi 100 millones de personas se ven empujadas a condiciones de extrema pobreza por culpa de las deudas que acumulan por sus gastos sanitarios.

Un informe publicado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial halló que las personas más pobres y más vulnerables son las que normalmente se ven obligadas a elegir entre los cuidados sanitarios y otras necesidades domésticas, como por ejemplo comida y educación. Estas personas se ven forzadas a subsistir con poco más de un euro y medio al día.

Los investigadores descubrieron que más de 122 millones de personas de todo el mundo se ven obligadas a vivir con poco más de dos euros y medio al día (el punto que marca “la pobreza moderada”) por culpa de los gastos relativos a cuidados sanitarios. Desde el año 2000, este número se ha incrementado en 1,8 millones cada año.

Un total de 800 millones de personas gasta más del 10% de su presupuesto familiar en gastos sanitarios “en efectivo”, es decir, aquellos que no están cubiertos por ningún seguro. Casi 180 millones de personas gastan un cuarto o más, población que aumenta en una tasa de casi el 5% cada año. Las mujeres son las que se ven más afectadas.

“Solo el 17% de las mujeres de la quinta parte más pobre de los hogares tiene un acceso adecuado a los servicios de salud materna e infantil comparado con el 74% que sí tiene acceso de la quinta parte más rica de los hogares”, explica Timothy Evans, director principal de salud, nutrición y población del Grupo del Banco Mundial.

No es un problema de países pobres

“Esto sigue siendo un problema no solo en las zonas pobres del mundo, sino en países con todo tipo de ingresos. En el Banco Mundial pensamos que esto es moral y económicamente fallido e insostenible”, asegura.

“La cobertura sanitaria universal no es una cuestión que tenga que ver solo con mejorar la salud. La realidad es que mientras millones de personas sigan empobreciéndose por sus gastos sanitarios, no alcanzaremos nuestro objetivo de desarrollo colectivo sostenible para acabar con la pobreza extrema para el año 2030”.

La OMS y el Banco Mundial quieren que todo el mundo, independientemente de sus circunstancias, reciba la atención sanitaria necesaria sin que eso signifique que se corra el riesgo de pasar dificultades económicas.

Aunque la cobertura sanitaria universal es un propósito clave dentro de los objetivos sobre desarrollo sostenible de la ONU, los activistas sostienen que, sin un compromiso sólido por parte de los gobiernos, conseguirlo no es posible.

“Si fuese una de sus prioridades, todos los países tienen a su disposición recursos para lograrlo. Es por eso por lo que queremos ver mayores esfuerzos en cuanto atención primaria de salud porque los que más están sufriendo son las personas más pobres”, apunta desde Oxfam la asesora de políticas sanitarias, Anna Marriott.

Las zonas rurales, las más afectadas

“Se destinan demasiados fondos a hospitales de atención terciaria en zonas urbanas que tienden a beneficiar más a las personas que disfrutan de una mejor posición que a los pobres, y las zonas rurales están descuidadas, haciendo que la gente quede abandonada a su propia suerte”, insiste.

“Lo que necesitamos de verdad es un compromiso absoluto para abordar la desigualdad en salud. Es cuatro veces más probable que consigas un paquete básico de asistencia sanitaria si eres rico”, concluye.

Según el informe, Asia tiene la mayor tasa de personas que se encuentran bajo el umbral de pobreza por culpa de los costes sanitarios “en efectivo”. Se estima que un 72% de aquellos que gastan el 25% de su presupuesto doméstico en cuidados médicos vive en Asia.

África ha presenciado el incremento más rápido de personas que gastan al menos un 10% de su presupuesto en salud.

El problema del acceso asequible a la sanidad no se limita a los países en desarrollo. En Europa, América Latina y zonas de Asia, con altos niveles de acceso a servicios sanitarios, un número cada vez mayor de personas está gastando al menos un 10% de su presupuesto familiar en costes médicos.

Traducido por Cristina Armunia Berges

Abrir un negocio en España exige siete procedimientos administrativos, trece días y un capital mínimo del 12,5% de los ingresos per cápita. En Nueva Zelanda, el país con mejor ambiente del mundo para hacer negocios según el Banco Mundial, se tarda medio día, hay que hacer un único procedimiento y no hay un capital mínimo para poner en marcha una empresa.

España ha caído un puesto este año en el parámetro que mide las facilidades para comenzar un negocio hasta el número 86 de un total de 190 en el ránking “Doing bussines 2018” del organismo internacional con sede en Washington. Sin embargo, mejora ligeramente, hasta el puesto 28, en el recuento global, que tiene en cuenta un total de diez variables. Además de la citada de “iniciar un negocio”, se mide “lidiar con permisos de construcción”, “conseguir electricidad”, “registrar una propiedad”, “conseguir crédito”, “proteger a los inversores minoritarios”, “pago de impuestos”, “exportación”, “ejecución de contratos” y “resolución de insolvencias”.

En el último año, España sube hasta el puesto 28, justo por delante de Portugal (29) y tres puestos antes de Francia (31) tras mejorar en la aplicación de contratos (puesto 26), proteger los intereses de inversores minoritarios (24), pago de impuestos (34) y obtención de electricidad (42), además de mantener el primer puesto mundial en comercio transfronterizo, honor que comparte con países como Austria, Bélgica, Francia o Dinamarca.

Por el contrario, durante el último año España ha empeorado un puesto su clasificación relativa con la apertura de un negocio (86) y retrocede diez puestos en el ámbito de los permisos de construcción (123), mientras que baja tres puestos en registro de propiedades (53) y retrocede seis en el apartado relacionado con la obtención de crédito (68) y un puesto en la resolución de insolvencias (19).

Según una de las autoras del informe y ejecutiva del Banco Mundial, Rita Ramalho, la media de los países de la UE se sitúa en el número 34, con lo que el desempeño de España está ligeramente por encima (28), por delante de países como Italia, Grecia, Malta, Francia o Portugal. “En los países miembros de la UE, los nórdicos tienden a tener un mejor comportamiento. Pero diría que entre los de la misma zona geográfica España tiene el mejor comportamiento”.

En la clasificación anual relativa a la facilidad para hacer negocios, Nueva Zelanda, Singapur y Dinamarca mantuvieron los lugares primero, segundo y tercero, respectivamente, seguidas de la República de Corea; Hong Kong (China); Estados Unidos; el Reino Unido; Noruega; Georgia y Suecia. Las 10 economías que más mejoraron este año, en función de las reformas emprendidas, fueron Brunei, Tailandia, Malawi, Kosovo, India, Uzbekistán, Zambia, Nigeria, Yibuti y El Salvador.

El informe “Doing Business” del Banco Mundial examina las facilidades para hacer negocios en 190 economías de todo el mundo y en su edición de 2018 cumple 15 años.

La reunión anual de abril del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional coincide con un panorama económico mundial más prometedor que el que tuvimos por bastante tiempo. Las instituciones financieras internacionales (y también muchos actores del sector privado) pronostican para este año un crecimiento considerablemente mayor al de 2016. ¿Se justifica esta visión esperanzada?

Hasta hace poco, la mayoría de los indicadores macroeconómicos obligaban una y otra vez a rebajar los pronósticos de crecimiento. Ahora parece suceder lo contrario. El reciente informe de perspectivas del FMI elevó el crecimiento del PIB mundial previsto para 2017 de 3,4% a 3,5% (la cifra estimada para 2016 fue 3,1%).

Del mismo modo, el índice compuesto TIGER de la Brookings y el Financial Times apunta a una recuperación “estable y con base amplia”. Según estas previsiones (basadas en modelos, datos nuevos y el juicio de cada institución o pronosticador), los principales motores del impulso al crecimiento son Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. También India está haciendo un muy buen papel.

Descifrar los diversos componentes de estas proyecciones (de los datos nuevos a las hipótesis de los pronosticadores) sería arduo. Pero cualquiera que sea la razón de su optimismo, también hay buenos motivos para la cautela, especialmente en el medio a largo plazo.

Los pronosticadores, lo mismo que los mercados, suelen obrar bajo influencia del “espíritu de manada”. Cuantos más analistas suscriban a una visión particular, más probable es que otros cambien sus pronósticos en esa dirección. En el caso que nos ocupa, la difusión de una sensación de alivio fortaleció la visión mayoritariamente optimista.

El resultado del referéndum por el Brexit en el Reino Unido y la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos habían generado temor a un desastre económico. Pero hasta ahora, nada de esto trajo consecuencias económicas particularmente graves. Por el contrario, la confianza de los mercados sigue en alto, impulsando expectativas de más inversión y consumo. Es elocuente que la ligera subida de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos no haya provocado una reacción adversa ni siquiera en los mercados emergentes, que el año pasado temían esa decisión.

En este contexto, tiene sentido cierto optimismo económico. Pero el crecimiento aún es vulnerable a cuestiones todavía no resueltas (que causaron las revisiones a la baja de los pronósticos previos).

Una de esas cuestiones es el menor crecimiento de la productividad, que estas dos últimas décadas frenó en mayor o menor medida el desempeño económico mundial, sin que haya señales de cambio a la vista. Otra es la desigualdad económica, que en general parece estar agravándose, conforme la riqueza se concentra cada vez más en la cima de la pirámide de ingresos.

Incluso si el crecimiento del PIB repunta en el corto plazo, parece probable que la desigualdad seguirá debilitando la demanda agregada; y tampoco ayudará mucho a impulsarla una caída del desempleo, ya que ésta bien podría deberse a una menor tasa de participación en la fuerza laboral, como sucedió muchas veces en Estados Unidos. Esto señala otra vulnerabilidad: debilidades en los mercados laborales que han sido particularmente dañinas para los jóvenes.

Luego está el cambio climático. El mundo todavía no respondió la pregunta tal vez más importante en relación con el crecimiento a largo plazo: ¿cómo mantener una expansión veloz de la economía global sin que la temperatura media del planeta suba más de 2°C por encima del nivel preindustrial? Con un gobierno como el de Trump que se niega a admitir los riesgos del cambio climático (entre ellos, un aumento de las migraciones), es posible que incluso nos estemos alejando de una solución.

La mayoría de los economistas coinciden en que el crecimiento a largo plazo sólo estará asegurado si es a la vez sostenible e inclusivo. Es decir, para que la economía mundial haga realidad su potencial de crecimiento (lo que implicaría unas tasas de, por ejemplo, 2,5 al 3% en Estados Unidos y Europa, y entre 5 y 6% en las economías emergentes) hay que revertir algunas de las tendencias actuales más fuertes.

En relación con la desigualdad, se necesitan mercados laborales más eficaces y flexibles, para lo cual debemos desarrollar sistemas educativos que provean las capacidades digitales y cívicas que demanda la realidad laboral del siglo XXI. También debemos crear sistemas de bienestar social modernos y sostenibles, con plena portabilidad de las prestaciones. Y hay que implementar estrategias para la gestión migratoria.

En cuanto al cambio climático, necesitamos un sistema global de fijación implícita o explícita de precios del carbono, liderado por los actores más influyentes de la economía mundial, y que tenga en cuenta, hasta cierto punto, las responsabilidades históricas y los niveles de ingreso actuales, de conformidad con el acuerdo sobre el clima firmado en París en diciembre de 2015.

Otro requisito para un crecimiento sostenible es mantener la paz y seguridad relativa. Esto demanda un sólido marco de gobernanza internacional donde los conflictos se resuelvan mediante la negociación y el acuerdo (aunque para la protección contra las amenazas más grandes también se necesitan fuertes mecanismos de defensa, tradicionales o novedosos como la ciberseguridad).

En esto será fundamental actualizar las instituciones multilaterales (pilares hace tiempo de la estabilidad mundial), lo que implica resistir la tendencia cada vez más fuerte a eludirlas para preferir mecanismos bilaterales o regionales. Más básicamente, también implica rechazar el anticuado nacionalismo que amenaza con arrastrarnos de vuelta a los años treinta, cuando debemos prepararnos para los 2030.

No estoy diciendo que los pronósticos de crecimiento del PIB para 2017 resultarán errados. Por el contrario, es posible que este año la economía mundial crezca más que lo esperado, y que a mitad de año los pronósticos vuelvan a revisarse al alza. Pero estas mejoras serán efímeras si las autoridades no aprovechan la oportunidad que ofrecen para encarar problemas estructurales profundamente arraigados cuya falta de solución debilitará el crecimiento a más largo plazo.

Traducción: Esteban Flamini

Kemal Derviş, exministro de economía de Turquía y exadministrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es el vicepresidente de la Brookings Institution.

Copyright: Project Syndicate, 2017.

www.project-syndicate.org

Sin mayores esfuerzos para reducir la desigualdad entre los que más tienen y el resto, no será posible acabar con la pobreza. Lo dice alto y claro el Banco Mundial (BM) en su nuevo informe sobre la evolución de la pobreza y la desigualdad, presentado en octubre en Washington. Pero podría decir más.

La mejor noticia que el informe nos trae es, sin duda, que el porcentaje de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día se ha reducido del 35% al 10,7% en los últimos 25 años. Sin embargo, las diferencias son notables según la región observada: mientras que en América Latina y Asia los avances han sido espectaculares, el 41% de la población en África subsahariana sigue viviendo en la pobreza más absoluta.

La mala noticia, no obstante, es que la desigualdad entre los que más tienen y el resto, dentro de un mismo país, ha aumentado en los últimos 25 años. Solamente 39 países de los 91 estudiados por el Banco Mundial tienen hoy menores niveles de desigualdad que antes. Además, confirma que, allí donde se ha medido, el crecimiento de las rentas del 1% más rico es mucho mayor que el de las rentas del 99% restante. Como resultado, 50 personas más se sumaron en 2015 al club de los que poseen un patrimonio superior a los mil millones de dólares. Es desolador saber que el 0,7% de la población posee ya el 45,7% de la riqueza mundial.

Es cierto que la desigualdad global en términos de renta –la diferencia entre los que más ganan y los que menos– se ha reducido, gracias especialmente a los avances logrados en India y China. Sin embargo, no hay lugar para la complacencia: ese país ficticio que sería el mundo, con un índice Gini del 62,5% en 2013, sigue siendo tremendamente desigual, al mismo nivel que países reales como Haití o Suráfrica. En efecto, aunque la economía mundial se ha más que doblado en los últimos 30 años, los datos demuestran que el reparto del pastel es injusto: mientras que el 10% de la población más pobre vio su renta aumentada en tan solo 65 dólares entre 1988 y 2011, el 1% más rico aumentó su renta promedio en más de 11.700 dólares.

Los datos son terribles, pero la realidad podría ser aún peor. El propio BM repite hasta la saciedad que el método utilizado para la medición de la desigualdad infravalora las rentas de la población más rica, por lo que el nivel de desigualdad es seguramente aún mayor que lo que el informe muestra. Necesitamos, por tanto, que gobiernos e instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas redoblen sus esfuerzos para lograr mejorar la disponibilidad de datos relativos a la desigualdad, poniendo el foco donde más problemas hay: la medición de las rentas de los más ricos y de la riqueza que éstos acumulan. Como demuestran los sucesivos escándalos de Luxemburgo, Panamá o Bahamas, es imposible conocer la desigualdad real si no acabamos con la opacidad de los paraísos fiscales. Es urgente que aflore lo mucho que aún sigue escondido.

Pero la principal advertencia del informe es que, dado el contexto de bajo crecimiento económico que cabe esperar en las dos próximas décadas, no será posible lograr los objetivos de reducción de pobreza acordados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible si no se logra redistribuir mejor las rentas y las oportunidades dentro de los países.

En España, por ejemplo, la renta del 10% más rico equivale a 1,14 veces la renta del 40% más pobre. Y aunque el Banco Mundial lo diga con la boca casi cerrada, es necesario añadir que el objetivo de una mejor distribución de la renta implica un mejor equilibrio en las relaciones de poder. La desigualdad que existe entre el 1% más rico y el 99% restante supone un riesgo para la salud de nuestras democracias cuando las élites económicas logran que las reglas del juego se dicten en beneficio propio, y a expensas del resto.

Es por ello que es bueno que el BM reconozca que el crecimiento de la desigualdad no es inevitable, sino la consecuencia de las decisiones que toman los gobiernos. Los estudios de caso de países como Brasil, Tanzania o Camboya, contenidos en el informe, así lo demuestran. Adoptar medidas de protección social para no dejar en la cuneta a las personas más vulnerables, asegurar que recibimos un salario decente por nuestro trabajo, garantizar el derecho de acceso a la vivienda, la educación y la salud, o luchar contra la discriminación que sufren las mujeres son vías seguras y factibles para la reducción de las desigualdades. ¿Que cómo se paga todo eso? El Banco Mundial tiene la teoría clara: luchando contra la evasión y la elusión fiscal, y haciendo que los que más tienen paguen más impuestos que el resto.

En realidad, poner a las personas en el centro de las decisiones que toman los gobiernos para lograr que vivamos en sociedades más justas es mucho más simple de lo que en ocasiones nos quieren hacer ver. O se quiere o no se quiere. Y nos corresponde, como ciudadanía –y tantas veces como haga falta– exigir que se deje la retórica y se pase a la práctica.

Rodrigo Rivas es un politólogo, economista y periodista chileno. Fue dirigente de Unidad Popular junto al presidente Salvador Allende, y el golpe de Estado del general Augusto Pinochet en 1973 le llevó al exilio en Italia, donde vive desde entonces. 

Es autor de una treintena de libros sobre política exterior y economía y ha compartido autoría con Samir Amin, Eduardo Mackenzie, Susan George, Noam Chomsky, Raimon Panikkar e Immanuel Wallerstein. Además, ha impartido docencia en varias universidades italianas y ha sido director del Centro de Estudios de Problemas Internacionales (CESPI).

En esta entrevista habla de la economía, de América Latina, del capitalismo, del desarrollo y de las posibilidades de construir un mundo más justo, después de una exposición en la Casa de América de Catalunya.

¿Para qué nos sirve la economía?

Es el manejo de la casa. Tiene que ver con el modo en que organizas tu vida, cómo no terminar el mes lleno de deudas… Esa es la primera definición de economía. Es una ciencia social, y el mismo nombre es discutible porque en la ciencia social no existen pruebas, sino indicios. En verdad, la economía no es nunca algo abstracto, como entienden los tecnócratas. La idea de que tomo todos los datos de un país, los meto en una computadora, hacen una curva, le agregan un porcentaje —que puede incluir falsedades e invenciones— y luego dicen que la realidad es una, es errónea.

Un ejemplo más simple. Si yo supiera que el dólar hoy por la tarde va a subir de precio porque ha habido un terremoto, ha muerto toda la Comisión Europea en un accidente de avión o Alemania ha entrado en crisis y se ha declarado en bancarrota porque nadie lo esperaba, saldré corriendo a comprar dólares porque esta misma tarde me pagarán el doble por los mismos dólares. Debo tener dinero, y los primeros que lo tendrán son los bancos. Pero si esto lo saben todos, el resultado será que todos irán corriendo a comprar dólares. Y los dólares van a ser mucho más caros que cuando los compramos. Lo mismo ocurriría con las manzanas: si hay pocas, y convenzo de que hay que comprar manzanas, van a doblar o multiplicar el precio. 

Es una información muy básica...

Es algo básico y simple, pero en la historia eso es recurrente. En 1600, a los holandeses se les ocurrió que la mejor moneda eran los tulipanes. Empezaron a intercambiar los tulipanes por cualquier cosa, y algunas variedades de tulipanes llegaron a valer más que la carga de una nave completa con especies, grasa, sal… Todo lo que había en la nave valía menos de lo que valía un tulipán. ¿Hasta cuándo duró? Hasta que a alguien se le ocurrió que esto de los tulipanes era absurdo. El día siguiente cayeron los tulipanes y cayó toda la economía holandesa.

¿Algo que ver con la crisis actual?

Por supuesto. En la teoría económica se dice que la cantidad de moneda de un país tiene que ver con el valor de su producción y con todo lo que posee. Este país vale x, y está formado por su producción industrial, sus servicios, sus casas, sus calles, etcétera, un millón… y la masa monetaria debe ser similar a lo que vale ese conjunto de cosas; si no, un economista diría que se crea inflación, etcétera, siempre en laboratorio. Vivimos en un mundo en donde alrededor del 65% de los intercambios tienen lugar en dólares. ¿Cuántos hay? Una cantidad infinita. Los que hay dentro de EEUU, es decir, lo que equivaldría al valor del país, es una décima cantidad de lo que hay en el mundo.

El poder político y económico deriva en buena parte de eso. Por ejemplo, digamos que España importa soja de Argentina, y paga en dólares porque la moneda argentina está dolarizada. España tiene que comprar dólares para poder comprar soja, con lo que los argentinos pagarán otras cosas. Esto significa que la relación con la moneda es absolutamente ficticia. El dólar vale un dólar porque creo que vale un dólar y punto. En ese sentido, la economía no es una ciencia, es una religión.

Una religión que entienden pocos…

No la comprenden todos porque existe un aparato ideológico, cultural y comunicativo, que lo mantiene en pie. La economía es sustancialmente simple. Obviamente, hay técnicas, como en cualquier materia, que son complejas. Pero si uno se aplica un mínimo y aprende la regla de tres, se puede construir sin grandes dificultades. La economía es una ciencia simple que todo el sector dominante se encarga de hacer compleja para que la gente no la entienda. Y cuando no entiende algo, depende de los que lo entienden. 

Si se miran las cifras de desnutrición o las muertes al nacer, parece que todo ha mejorado bastante, a pesar de (o con) este gran capitalismo supuestamente salvaje. ¿Es tan malo?

Eso está ligado a la idea de progreso y que el final previsible será que estarán mejor que ahora. Estoy de acuerdo con que ha habido un cierto progreso, que tiene índices. Existe el bidé, la gente se baña un poco más. Había lugares en Europa hace cuarenta años donde no llegaba el agua corriente. Lo que quiero decir es que hay un aumento generalizado de la higiene y eso previene enfermedades. 

Se ha mejorado la mortalidad infantil, se ha mejorado la alimentación no sólo en términos cuantitativos, sino cualitativos... 

¿Cuánta gente en este mundo no come suficiente? Según las estadísticas, que son discutibles, todos los que tienen como renta menos de 1,25 dólares al día. La ONU dice que la gente que está debajo de eso pasa hambre. ¿Cuánta gente vive así? Unos 1.200 millones de personas. El problema es que cuando la estadística se convierte en un fetiche y no hablamos más de personas, decir que el mundo funciona tan bien porque hay solamente 1.200 millones de personas que no tienen para comer o que viven en la calle, es ridículo. Y se olvidan de que a principios del siglo XX, 1.200 millones de personas era el total de la población mundial.

Ha habido progresos, sí. ¿Se han generalizado?, no. La cantidad de gente que queda al margen de estos progresos es enorme. Para ellos el desarrollo es un mito, una creencia que se han inventado los occidentales para apoderarse de los recursos, contándoles que si hacían como ellos, un día iban a ser desarrollados.

Hay quienes se preguntan qué es el desarrollo.

En economía, el desarrollo es otra invención. Por ejemplo, un economista diría: ¿cuánto tiene que crecer la economía española para que empiece a resolverse el problema de la ocupación? Al menos un 3% anual por un tiempo largo. Te cuentan que estamos en vías de llegar allí, pero falta mucho. La agricultura de la India ha mejorado. ¿Por qué? Porque se ha aportado dinero para producir organismos genéticamente modificados (ODM), y han puesto tractores que lo hacen todo. ¿Cuál es el resultado de eso? Que en los últimos años se han suicidado 250.000 campesinos —es decir, poco menos de un quinto de la población de Barcelona—, porque no son capaces de pagar las deudas que les hicieron asumir para comprar semillas que ellos no pueden controlar.

Estamos frente a una expropiación enorme. La agricultura pasa de pequeñas empresas a entre tres y cinco compañías, que controlan las semillas y los insumos. Cada una de ellas tendrá una media de quince propietarios. Unas sesenta y cinco personas controlan lo que comeremos en el mundo, salvo que la gente se rebele en algún momento.

En el caso de Argentina o el sur de Brasil, por ejemplo, la ampliación de la soja ha significado la expropiación de los campos de un modo brutal. Las estadísticas argentinas indican que para controlar 500 hectáreas de producción de soja se requiere un campesino. Uno solo. ¿Todos los demás dónde van? A Buenos Aires. ¿Qué hacen en Buenos Aires? Viven en situación de total precariedad, al lado de un río contaminado, son cartoneros, se arreglan como pueden. Se les ha quitado la fuente de trabajo para producir soja para alimentar vacas chinas que mandan la carne para otra parte.

América Latina parece un continente condenado al desastre. Cuando parece que bajan los índices de pobreza, cambian las políticas y vuelve a subir la pobreza… Pero incluso los gobiernos llamados progresistas no se han metido con el asunto de la soja. Al contrario, han fomentado el modelo.

Esto tiene que ver con países que no tienen la posibilidad de decidir cómo quieren organizar su vida, en función de un proyecto propio. Lo voy a explicar mejor: ¿qué cosas caracterizan la historia de América Latina? El hecho de que ellos producían los productos que los europeos querían y no tenían, particularmente, productos agrícolas. Hay que ver también que exterminaron a la población local, a los indígenas, que era la gente que vivía allí. Exterminar no sólo significa matar, sino también borrar todo vestigio de su cultura. No existen prácticamente textos indígenas porque los españoles, además de matarlos, quemaron los textos y todo lo que se les ocurría, en un contexto donde había tantos habitantes como en Europa y donde había todo tipo de gente: ignorantes, astrónomos, matemáticos, ingenieros en versión local.

Sólo en Bolivia, alrededor de Potosí, mataron a unos seis millones de indígenas. Hoy Bolivia tiene diez millones de habitantes, trescientos años después. Los eliminaron sin que se tuviera ninguna capacidad de reproducción. Como se quedaron sin habitantes, llevaron también africanos, unos setenta millones; más o menos lo que era la población de Europa… con todo lo que eso significa para África. ¿Cómo llegaban? El código de la esclavitud de Brasil lo dice con claridad: “El hombre negro es una máquina de producción, y por tanto tiene que vivir mientras es productivo, hasta los treinta  años”. Si alguno sobrevivía a los treinta años, lo mataban, porque ya no era productivo. ¿Para qué servían las mujeres? Eran máquinas reproductoras de mano de obra. La función de ellas era tener hijos, al menos un hijo al año. ¿Y hasta cuándo vivían las mujeres? Mientras podían tener hijos sanos, más o menos hasta la misma edad. Cada una de esas mujeres negras tenía diez, quince o veinte hijos que iban a servir al patrón. 

Pero de eso ha pasado mucho tiempo, ¿habrá hoy algún mea culpa?

En el momento en que esto se terminó, se generó una especie de sociedad enferma en la que los que mandan, mandan porque piensan igual que los que mandaban antes. Ya no son españoles o portugueses: son argentinos, chilenos, etc. Pero la forma de pensar es exactamente igual. Sigue el pensamiento de que los indios y los negros son máquinas productivas, tanto es así que el código civil de los negros en Brasil duró unos noventa años después de terminada la colonia. ¡La situación indígena duró formalmente hasta 1950! Julio Cortázar decía que no se puede construir una ciudad sana encima de unas ruinas. Cuando edificas una ciudad encima de un cementerio, los muertos vienen por la noche y te tiran de los pies. Hablaba, en realidad, de lo que siguió en Argentina después de la dictadura. Pero tiene que ver con todo lo anterior.  Con los fenómenos de las dictaduras latinoamericanas esta situación se ve también muy clara.

Había una oportunidad cuando terminaron las dictaduras. ¿Qué pasó? 

Delante del panorama de las dictaduras había una oposición con una lista de políticas cuyo elemento central —aunque con excepciones— desde los años veinte era la construcción de una izquierda política que trataba de asemejarse a la izquierda europea. Los latinoamericanos estaban convencidos de que la situación iba a cambiar cuando tomasen los palacios de invierno (Rusia) en Brasil, o en Colombia, o en Chile… Una locura. No quiero decir con esto que Marx no sea interesante o que no valga la izquierda europea. Lo que quiero decir es que la tentativa de imitación primitiva de los latinoamericanos, explica mucho de cuáles son sus dificultades. Yo también estaba en eso. Es culpa nuestra, me incluyo.

¿Qué pasó con la última camada de gobiernos llamados “de izquierda”?

Lo que se hizo fue una tentativa de políticas económicas y sociales que permitieran ganarse a la población y asegurarse triunfos electorales; y en algunos casos hubo reformas más serias que tocaron las estructuras del país. ¿Cómo te ganas el apoyo de la gente? Básicamente, creando un Estado social; lo que hizo Cristina Kirchner, lo que hicieron los uruguayos, lo que hicieron los chilenos o Lula, que creó un programa que se llamó Hambre Cero, y con eso dio de comer a cincuenta millones de personas que antes no comían. Desconocer cosas de este tipo sería criminal. Uno puede pensar que Lula lo hizo mal, y tengo mucho que criticar, pero no dejo de considerar que sacó del hambre a cincuenta millones de personas.

Pero luego tanto Dilma Rousseff como Cristina Kirchner, como otros, han generado muchísima polarización. Muchos seguidores furibundos y mucho odio.

Por ejemplo, en Hambre Cero el primer director era un fraile, Frei Betto, que decía que ese proyecto tenía sentido si a la gente junto con la comida le dábamos la posibilidad de vivir de su propio trabajo. Para crear fuentes de trabajo en Brasil hay que hacer una reforma agraria, porque los desempleados y desgraciados que viven en la favela vienen del campo. Hacer la reforma agraria significa hacer una obra colectiva, que la gente trabaje unida porque deben tener una economía de escala. Y esto significa a su vez que hay que crear mecanización, crear industria, transformar el azúcar en otra cosa, el cacao en otra cosa… chocolate ojalá porque allí venden el cacao a 1 y aquí compran el chocolate a 25. Cuando no se hizo nada de eso, Frei Betto, hace diez años, se fue.

Parecería que los poderes económicos siempre ganan. Hoy no hace falta ni palos para dar golpes de Estado.

Es así a gran escala. Ahora se ha descubierto que la mayor parte de los préstamos del Banco Mundial en África se los dieron a empresas que estaban en Panamá. El Banco Mundial está financiando empresas para que no paguen impuestos en África. ¡Y es un organismo oficial! Pero soy optimista. Lo que no juega a favor de ellos es que con todo ese poder, su sistema está en crisis. Además, están en guerra entre ellos. Estados Unidos y Europa tienen la necesidad de controlar los mercados de los otros para salvarse de su crisis; y eso explica por qué en estos momentos crecen las tensiones golpistas en todas partes. Pero también tienen la necesidad de expropiar a su propia población, y por eso liquidan la política social. Pero esto les hace perder credibilidad. The Economist, es decir, la biblia del liberalismo europeo, les dice: “Señores, estén atentos porque están robando demasiado”. Lo dice The Economist. Es como si el papa dijera algo sobre los curas. El futuro próximo previsible son las guerras y los choques. 

Menos mal que es optimista…

Salvo que la gente se rebele. Los nuevos partidos, las nuevas organizaciones, la relectura de la historia de la izquierda, dan esperanza. En India hay quinientas mil personas que se han organizado y viven de forma independiente, y nadie les dice nada. Y existen movimientos parecidos en África y en todas partes. La capacidad de rebelión del mundo está llegando a niveles que nunca habían existido en la historia. Es la primera vez que es posible construir un sistema que no sé cómo llamarlo pero que depende de la capacidad de la gente del uso siempre de la democracia y del conflicto.

 ¿Qué ha pasado para que aquello que se suponía ganado en derechos, se vaya perdiendo en favor de la economía del capital?

Estamos volviendo hacia el Medioevo, en el sentido de que las relaciones de producción son más parecidas a las medievales que las que imaginábamos. En primer lugar, estamos delante de una crisis muy grave. En la historia de la economía moderna, que es la historia del capitalismo, se supone que hay ciclos, y crisis, y algunos teóricos hasta han introducido fechas para eso. Un ciclo completo, decía Nikolái Kondrátiev, un economista ruso fusilado por Stalin, que los ciclos duran cincuenta años, de los que veinticinco son de crisis y veinticinco de salida. 

¿Saldremos?

Te diré por qué se caracteriza la salida. Porque el sistema encuentra algún producto que le permite crecer y difundir el crecimiento a todos los niveles: la máquina de vapor, la navegación, la robotización, la química, etc. Pero ojo. Nosotros definimos la economía como la economía de los países dominantes. Cuando hablamos de crisis o de crecimiento hablamos de un circuito extremadamente minoritario que está formado por Europa, EE UU, Japón y poco más…

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de octubre de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]