El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asignado más de 10,4 millones de euros de la reserva nacional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC), correspondiente a la campaña 2025, de los que 2,3 millones se destinan a 384 beneficiarios de Castilla-La Mancha

En concreto, con la asignación complementaria a la que ya se hizo el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en febrero, estos derechos benefician en total a 2.094 agricultores y ganaderos, de los que el 81% son jóvenes, que reciben una asignación media de 4.977 euros por titular.

Agricultura destaca que en la asignación de la reserva nacional de este año destaca de nuevo la concedida a los jóvenes, concretamente a un total de 1.705 agricultores y ganaderos, con una asignación media de 5.290 euros y un importe total de más de 9 millones de euros.

Estos jóvenes agricultores, además, se benefician de una ayuda complementaria, que supone un importe por hectárea igual al valor medio de la región donde esté ubicada la superficie de la explotación, hasta un máximo de 100 hectáreas.

Por su parte, los nuevos agricultores han recibido un total de 1,18 millones de euros , a repartir entre 257 beneficiarios, lo que supone una asignación media de 4.596 euros por beneficiario.

También se han concedido derechos a 132 beneficiarios por el caso de agricultores en desventaja, con una asignación media de 1.671 euros por cada uno.

En la campaña 2025 no se han registrado solicitudes correspondientes a agricultores participantes en programas de reestructuración, posibilidad contemplada en la Reserva Nacional desde 2023.

Los jóvenes y nuevos agricultores mantienen la prioridad en las asignaciones de la reserva nacional de la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad para el periodo 2023-2027, por lo que este mecanismo se confirma como una herramienta fundamental para favorecer el relevo generacional en la actividad agraria, ha señalado el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para que se pueda anticipar el pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) antes del 16 de octubre, sí así lo determina la Unión Europea, tal y como ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

En rueda de prensa a preguntas de los medios en Toledo, ha reaccionado de este modo después de que el diera su visto bueno el pasado martes para que los Estados de la Unión Europea puedan aumentar y adelantar la distribución de los anticipos de los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) para ayudar a los agricultores a hacer frente al encarecimiento de los fertilizantes.

El Parlamento Europeo aprobaba el pasado martes la posibilidad de que los Estados miembros puedan aumentar del 70% al 75 % los anticipos de los pagos directos de la PAC y abonarlos inmediatamente después de que presenten la solicitud, en lugar de esperar al 16 de octubre, como establecen las normas vigentes. La propuesta, que salió adelante con 576 votos a favor, 62 en contra y 15 abstenciones, deberá ser adoptado formalmente por el Consejo de la UE.

“Claro que lo contemplamos”, ha afirmado el consejero, aunque ha querido puntualizar que es un proceso “complicado” porque se pide el adelanto de estas ayudas antes del 16 de octubre y al mismo tiempo se atrasa el cierre de campaña de la tramitación de la PAC.

“Atrasamos el plazo de la PAC, con lo cual ya no podíamos revisar los expedientes. Si anticipamos en este caso el anticipo del 70%, tendríamos que entender que los funcionarios se van a dar una 'pechá' de trabajo, como se dice en mi pueblo, importantísima”, ha manifestado el consejero.

Si se atrasa el periodo de establecer la solicitud de los expedientes y se adelantan los anticipos, “por medio hay necesidades administrativas, revisiones de expedientes, que exige la propia Unión Europea y que tienen que determinar si los expedientes están perfectamente desarrollados o si tienen algún tipo de incidencia”, ha afirmado.

Además, hay que dar además posibilidad y plazo para que los agricultores y los solicitantes tengan esa posibilidad de poder solucionar esas incidencias, ya que, si no, no podrían cobrar a tiempo las subvenciones los anticipos que se han determinado.

En este punto, ha recordado que el año pasado Castilla-La Mancha fue la única comunidad de España que el 16 de octubre pagó el anticipo de la PAC en el 70 por ciento.

Caminos Rurales

Por otro lado, el consejero de Agricultura ha avanzado que este martes se va a publicar la orden de bases para la mejora de caminos rurales.

Es una subvención que vendrá posteriormente con la convocatoria que se realizará en los próximos días, “muy demandada” por muchos municipios de la región.

Todos los municipios que aparezcan en el anexo 1 de estas bases de convocatoria serán los que tendrán opción a poder acceder a las ayudas que se establecerán en la convocatoria y que se financiarán con cargos del Feader, en los que participa la Administración General del Estado y la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En este caso, se subvencionará el 100% de los gastos elegibles que vienen definidos en esas bases y tienen el objetivo de mejorar el acceso a las explotaciones agrarias y ganaderas de la región.

El dictamen para la Estrategia del Relevo Generacional en la Agricultura europea, que hoy ha defendido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ante el Comité de las Regiones que se ha celebrado en el Parlamento Europeo, se ha aprobado por unanimidad.

Esta es la primera vez que un presidente de Castilla-La Mancha defiende un dictamen ante el pleno, según ha señalado el propio Page momentos antes de entrar en la sesión donde también ha recordado que, precisamente, hoy se cumple 11 años de su primera Investidura como presidente de la región.

García-Page ha recordado en su intervención ante el Comité de las Regiones el “amplísimo  consenso” que había alcanzar este dictamen en comisión, “tras un proceso intenso de escucha y de participación de organizaciones agrarias, administraciones, entidades y responsables públicos”.

El ponente ha resumido el relevo generacional como “un reto síntesis de todos los que nos podemos plantear en el medio rural, el reto de los retos. Muchos de los retos que tiene el campo y la política europea pasan por la incorporación de jóvenes”, ha dicho.

Según ha expuesto, la propuesta que ha salido adelante plantea “una apuesta decidida por la PAC tal y como la venimos conociendo, en contra de las posiciones iniciales que la Comisión Europea mantiene para la PAC”, y que se “dedique un 10% de sus fondos de la Política Agraria a la incorporación de jóvenes al campo”. Sobre este tema ha puesto sobre la mesa la necesidad de una rectificación de la Comisión en la política agraria, para “volver a un planteamiento ambicioso, asumiendo que cualquier gasto adicional que tenga que hacer la Unión Europea en relación con otras políticas no lo sea a costa del campo, de nuestro campo y de la ganadería”.

Además, “se establecen estrategias obligatorias para estímulos fiscales para los jóvenes, ayudas para la adquisición de maquinaria e instalaciones, para ayudarles en el comienzo y los siguientes cinco años”. Para el presidente Page, esta política es la misma que se viene desarrollando en Castilla-La Mancha y por eso “abanderamos la estrategia nacional de incorporación de jóvenes, la mitad de los que se incorporan en toda España se produce en Castilla-La Mancha. Esto nos hace ser líderes y abanderar un dictamen para que nuestra policía sea la común en toda la UE”, ha dicho.

En su ponencia ha ofrecido también algunas cifras de la situación actual para un problema “grave”, ya que “solo un 12% de las personas que se dedican al sector agrario y ganadero están por debajo de 40 años”. Por ello, -ha dicho- “esta propuesta no solo se basa en la apuesta por la soberana alimentaria sino que también es un grito de auxilio para la pervivencia del mundo rural en perfecto conciliación con el mundo urbano”.

Para acabar, momentos antes de la votación, ha reseñado que apoyar a los jóvenes también es “una forma de rentabilizar la inversión que durante años y años ha venido haciendo la UE en la Política Agraria Común. Sería triste que después de tanto dinero invertido, el final de todo ese esfuerzo termine en la no incorporación de jóvenes”.

Castilla-La Mancha ha asumido este miércoles la Vicepresidencia del Intergrupo del Vino, un órgano del Comité Europeo de las Regiones (CdR), creado en 2025 para defender y promover los intereses del sector vitivinícola europeo en las instituciones de la Unión Europea. En su intervención, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha invitado a las regiones que forman parte de este grupo a a participar en la próxima reunión que se celebrará en octubre en Toledo para que conozcan la realidad vitícola.

La región austriaca de Burgenland ostenta la Presidencia de este foro, mientras que Castilla-La Mancha ostenta una de las dos vicepresidencias, junto con la región de Piamonte (Italia).

“Para Castilla-La Mancha es un honor y una responsabilidad asumir la vicepresidencia desde la que vamos a defender y promover los intereses con políticas que garanticen su competitividad, sostenibilidad y futuro. Es nuestra obligación como administración, pero también es nuestro compromiso. Castilla-La Mancha es la mayor superficie de viñedo del mundo y en ese sentido, tenemos esa responsabilidad moral, pero también administrativa. Por eso, queremos avanzar de la mano de todas las regiones para proponer ante el Parlamento Europeo las mejores líneas que garanticen y consoliden esa situación”, ha dicho el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en sus primeras palabras.

Esta designación constituye un reconocimiento al peso específico de la región en el panorama vitivinícola europeo y a su permanente implicación en la defensa de los intereses del sector, ha informado la Junta en nota de prensa.

Desde esta nueva responsabilidad, Castilla-La Mancha contribuirá a la definición de la agenda política del vino en Europa, trasladando a las instituciones comunitarias las necesidades y propuestas de los territorios productores, fortaleciendo la cooperación entre las regiones vitivinícolas y promoviendo iniciativas que refuercen la competitividad del sector para afrontar los nuevos desafíos económicos, comerciales y medioambientales de los próximos años.

Entre las prioridades que Castilla-La Mancha llevará al Intergrupo, el consejero ha apostado porque, tanto en la nueva programación del Marco Financiero Plurianual de la próxima PAC, como en toda la normativa que va a regular el desarrollo agronómico de los cultivos, haya una Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) que dé respuesta a todas las necesidades del sector, entre las que ha citado la caída del consumo del vino en Europa, “habrá que atender a esta circunstancia, pero sobre todo preparar al sector para que pueda afrontarla con viabilidad”.

Por eso, Castilla-La Mancha reivindicará “que la ISV tenga fuerza en la Política Agraria” para que mantenga su carácter obligatorio y pueda garantizar el apoyo a las inversiones en la elaboración y la transformación del vino; para que haya un proceso de reestructuración y conseguir variedades que atiendan la demanda actual de los consumidores y para que garantice la valorización de los subproductos que pueden aportar valor añadido a la producción primaria.

A ello ha sumado la necesidad de intensificar la promoción del vino en terceros países, simplificando los costes de justificación “que es lo que tal vez más está perjudicando ahora mismo a muchas cooperativas e industrias vitivinícolas para poder salir al exterior”. Por último, ha mencionado la necesidad de “aprovechar la coyuntura de nuevos mercados como incipientes consumidores de vino, donde podamos tener una alternativa real al gran problema que tenemos en estos momentos, que es la escasez de consumo en el territorio europeo”, ha afirmado el consejero, que acompaña en Bruselas al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano Garcia-Page, y al vicepresidente segundo, José Manuel Caballero.

La región como referencia

Tras estas palabras, Martínez Lizán ha invitado a las regiones que forman parte del Intergrupo a participar en la próxima reunión que se celebrará en octubre en Toledo, en el marco de la Comisión NAT (Comisión de Recursos Naturales), para que conozcan Castilla-La Mancha, la región con mayor superficie de viñedo de Europa, que suma 25 figuras de calidad vínicas, 71 variedades para producir vino en Castilla-La Mancha y que dispone de una variedad mayoritaria, la Airén.

En la invitación cursada, el consejero ha explicado que, además de las reuniones técnicas, el programa se acompañará de visitas de diferente tipo entre las que ha mencionado la prevista para conocer la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, “una de las joyas que tenemos en Castilla-La Mancha”, de la que ha destacado que es la mayor cooperativa del mundo con una producción de 300 millones de kilos de uva.

“Cuando la vean, se quedarán pequeñas las palabras que yo hoy estoy diciendo; también podrán ver cómo se puede trabajar en favor del vino y hacerlo atendiendo a otros conceptos ya que disponen de un museo de arte como una inversión social que hacen los viticultores del territorio. Van a quedar gratamente sorprendidos de lo que es Castilla La Mancha”, ha manifestado.

El futuro del sector

Por último, la sesión del Intergrupo del Vino ha abordado diversos asuntos de interés para las regiones productoras europeas entre los que ha citado el análisis de distintas variedades de uva y su contribución a la diversificación y competitividad del sector, un debate especialmente relevante en un contexto marcado por la evolución de los mercados y la adaptación al cambio climático.

Asimismo, se ha abordado el papel del turismo asociado al vino y a las regiones agrícolas. Julián Martínez Lizán ha asegurado que se debe ver la promoción turística en el mundo del vino como una oportunidad más de implementación de economía al viticultor y a la industria enológica.

Al respecto ha asegurado que desde hace tiempo hay actividades para dar a conocer variedades concretas como la Airén, la Bobal o la Monastrell, “variedades muy arraigadas en el territorio que ofrecen peculiaridades en sus vinos y que pueden ir perfectamente conjugadas con ese aspecto cultural, tradicional e incluso histórico para poner en valor la tierra y, lo más importante, que sirva de promoción de venta de los de nuestros vinos”.

Vivimos tiempos de enorme incertidumbre política. El debate público se consume entre corrupción, crisis, estrategias partidistas y cálculos electorales mientras cuestiones esenciales para el futuro de los ciudadanos quedan relegadas a un segundo plano. Una de ellas es la alimentación. Y cuando hablamos de alimentación hablamos de agricultores, ganaderos y de la Política Agraria Común (PAC), la principal herramienta que tiene Europa para garantizar que nunca falten alimentos seguros, suficientes y de calidad en nuestras mesas.

Resulta preocupante comprobar cómo un asunto de esta trascendencia apenas ocupa espacio en la agenda política nacional. La futura PAC, que condicionará el rumbo de la agricultura europea a partir de 2028, debería estar siendo objeto de un debate permanente y profundo. Sin embargo, la sensación en el sector es justamente la contraria: falta atención, falta interlocución y, sobre todo, falta la prioridad política que merece.

Mientras tanto, las negociaciones avanzan en Bruselas. Ya existe una propuesta sobre la mesa impulsada por la presidencia chipriota de la Unión Europea. Ha sido analizada en los foros comunitarios y ha comenzado una fase decisiva de discusión tanto entre los Estados miembros como en el Parlamento Europeo. Sin embargo, cabe preguntarse si en España existe una verdadera conciencia de la importancia de lo que está en juego y si nuestras administraciones están participando en este proceso con una posición sólida, coordinada y respaldada por el sector.

Sin explotaciones rentables no habrá agricultores. Sin competitividad no podremos hacer frente a la creciente presión de los mercados internacionales

Quienes llevamos décadas siguiendo las reformas de la PAC recordamos tiempos en los que cada documento europeo era analizado conjuntamente entre las organizaciones agrarias y la Administración. Había reuniones, intercambio de información y voluntad de construir posiciones comunes. Hoy esa dinámica se ha debilitado notablemente. Y eso es un error. La agricultura no puede convertirse en una herramienta de confrontación política ni en un argumento ocasional para el debate partidista. Es una cuestión estratégica para el país.

Las claves para el futuro del campo europeo son muy claras: rentabilidad, competitividad y seguridad. Sin explotaciones rentables no habrá agricultores. Sin competitividad no podremos hacer frente a la creciente presión de los mercados internacionales. Y sin una seguridad integral -que abarque tanto la seguridad alimentaria como la estabilidad jurídica, económica y productiva-, será imposible planificar inversiones y garantizar la continuidad de las explotaciones.

Pero hay una cuarta clave que afecta al conjunto de la sociedad: la soberanía alimentaria. Europa no puede permitirse depender cada vez más de terceros países para abastecerse de productos básicos. La producción agraria es una cuestión económica, pero también estratégica. Las recientes crisis internacionales han demostrado hasta qué punto la capacidad de producir alimentos es un elemento fundamental de estabilidad.

Por eso preocupa que las propuestas presupuestarias que se están discutiendo contemplen nuevos ajustes para la PAC. Especialmente cuando algunos países del norte de Europa siguen defendiendo reducciones aún más profundas de los recursos destinados a la agricultura. No parece razonable exigir más esfuerzos, más requisitos y más obligaciones a agricultores y ganaderos mientras se reducen los instrumentos que permiten sostener la actividad productiva.

El cambio climático, la volatilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas hacen cada vez más necesaria la existencia de herramientas específicas para proteger a agricultores y ganaderos frente a situaciones extraordinarias

Además, existe otro riesgo que no podemos ignorar: la pérdida de identidad propia de la PAC dentro de estructuras financieras cada vez más amplias y complejas. La agricultura necesita una política común reconocible, con objetivos específicos, financiación estable y capacidad de respuesta ante los desafíos propios del sector. Diluirla dentro de grandes fondos generales supondría debilitar una de las políticas más exitosas de la construcción europea.

También resulta imprescindible reforzar los mecanismos de gestión de crisis. El cambio climático, la volatilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas hacen cada vez más necesaria la existencia de herramientas específicas para proteger a agricultores y ganaderos frente a situaciones extraordinarias. Del mismo modo, Europa debe apostar decididamente por inversiones estratégicas en agua, digitalización, almacenamiento y resiliencia de las cadenas alimentarias.

Otro de los grandes debates es el relevo generacional. Con frecuencia se presenta como una cuestión que puede resolverse únicamente mediante ayudas específicas para jóvenes. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla y mucho más exigente: los jóvenes se incorporarán al campo cuando vean que pueden construir un proyecto de vida viable. La mejor política de incorporación es una agricultura rentable.

No se trata de una reivindicación institucional. Se trata de proteger la capacidad de producir alimentos, de mantener vivo el medio rural y de garantizar la autonomía estratégica de Europa

Para lograrlo es necesario facilitar la modernización de las explotaciones, mejorar las infraestructuras hidráulicas, reducir la carga burocrática, garantizar condiciones de competencia equilibradas frente a las importaciones de terceros países y permitir que quienes deseen crecer y ganar dimensión empresarial puedan hacerlo. El relevo generacional no llegará por decreto ni mediante discursos bienintencionados. Llegará cuando el sector vuelva a ofrecer expectativas económicas atractivas.

En este contexto, tampoco ayuda el exceso de gesticulación política que estamos viendo en torno a las negociaciones europeas. Más allá de las declaraciones grandilocuentes, lo que necesita el campo son acuerdos eficaces, posiciones sólidas y capacidad de influencia real. Menos titulares y más trabajo. Menos confrontación y más negociación.

España tiene la responsabilidad de ejercer un papel protagonista en este proceso. Somos una de las grandes potencias agrarias de Europa y debemos defender una PAC fuerte, bien financiada y adaptada a los desafíos del futuro. No se trata de una reivindicación institucional. Se trata de proteger la capacidad de producir alimentos, de mantener vivo el medio rural y de garantizar la autonomía estratégica de Europa.

Los debates que se están desarrollando en Bruselas marcarán el futuro de millones de agricultores y ganaderos durante la próxima década. Por eso no podemos permitir que pase desapercibida. Porque cuando hablamos de agricultura, en realidad estamos hablando de algo mucho más importante: del futuro de nuestra alimentación y de nuestra seguridad como sociedad.

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha planteará en Europa que la inversión que se destina a políticas relativas al relevo generacional incluidas dentro de la Política Agraria Común se duplique hasta llegar al 10 por ciento. Así lo ha confirmado, junto a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; en la jornada sobre oportunidades de financiación europea que ha desarrollado hoy la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En este sentido, José Manuel Caballero ha explicado que la posición que defenderá en Europa la región, con el liderazgo del presidente García-Page, pasa por reforzar los recursos destinados al relevo generacional en el sector agrario. Ha señalado que “mientras la propuesta de la Unión Europea contempla destinar un 5 por ciento de la Política Agraria Común (PAC) a estas políticas, Castilla-La Mancha plantea elevar esa cifra hasta el 10 por ciento, con el objetivo de garantizar que ningún joven que quiera incorporarse a la actividad agraria se quede sin apoyo por falta de financiación”.

Asimismo, ha subrayado que el relevo generacional no debe limitarse únicamente a la continuidad de las explotaciones familiares, sino que también debe facilitar la incorporación de jóvenes que no proceden del sector agrario ni del medio rural, pero que ven en él una oportunidad de empleo y de proyecto de vida. Esta será, tal y como ha confirmado, una de las propuestas que el presidente García-Page defenderá la próxima semana ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones que tendrá lugar en Bruselas.

Esta intervención del presidente García-Page en el pleno del Comité Europeo de las Regiones supone, tal y como ha explicado Caballero, “la culminación de un trabajo que llevamos desarrollando desde hace meses con el sector agroalimentario de la región y de toda Europa, tal y como nos encargó el Comité Europeo de las Regiones al ser Castilla-La Mancha una referencia de éxito en la aplicación de políticas de relevo generacional”.

Además, ha señalado que “vamos a defender un mayor presupuesto plurianual porque creemos que el que se ha presentado no tiene ninguna ambición ni puede afrontar los retos y las necesidades que tenemos por delante”. En este sentido, ha reconocido que “aunque el panorama internacional ha cambiado y hay que invertir en defensa, en ningún caso esta inversión puede menoscabar los derechos de nuestro sector agrario ni nuestra soberanía alimentaria”.

Es uno de los pilares de la política común europea y cumple 40 años desde que comenzó a aplicarse en España. Para el sector agrícola y ganadero, la Política Agraria Común (PAC) ha sido un factor clave para el desarrollo de la producción agroalimentaria y para el despegue de las exportaciones. Sin embargo, que haya sido una herramienta de transformación esencial no evita que también tenga un lado oscuro: que el reparto de las ayudas haya contribuido a ampliar las diferencias entre las grandes y las pequeñas explotaciones. Además, la Comisión Europea (CE) tiene actualmente sobre la mesa el diseño del nuevo marco financiero de la PAC entre los años 2028 y 2034 y los productores temen un recorte presupuestario y una renacionalización de la política agraria, que lleve a los Estados a primar unos sectores sobre otros en función de sus intereses.

“Recuerdo que en enero de 1986 había dos temores, la introducción del IVA, que según algunos iba a ser un desastre; y que íbamos a ser invadidos por las naranjas marroquíes. Pues ni una cosa ni la otra”, aseguró el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en un acto sobre los 40 años de la PAC en España. “Hemos transformado el sector en estos años, se ha adoptado un marco jurídico común y un apoyo financiero, con derechos y con obligaciones”, resumió.

Ese aniversario de la PAC ha llevado a los actores del sector primario a hacer balance. En el caso del Ministerio de Agricultura, a través de un informe donde desglosa qué ha supuesto la PAC para España. Entre otras variables, destaca que el “sector agroalimentario ha multiplicado por ocho su facturación” en estas décadas. “Las exportaciones han pasado de los niveles testimoniales de 1985 a superar los 78.000 millones de euros en 2025”. “España ha pasado de ser el octavo exportador de la entonces Comunidad Económica Europea, formada por 12 países, a consolidarse como el cuarto de 27 Estados miembros de la actual Unión Europea”. 

Un cambio de modelo: de pequeñas a grandes explotaciones

El sector ha cambiado. Nadie lo duda. Ha pasado de mirar hacia dentro de nuestras fronteras a volcarse en el exterior. También, a cambiar el perfil y las características de la producción agrícola y ganadera. El análisis que realiza Agricultura reconoce que, en 1982, había en España más de 2,37 millones de explotaciones, con un claro predominio de aquellas que tenían un pequeño tamaño y eran familiares. Más del 77% tenían menos de cinco hectáreas. El Ministerio explica que, “al comparar esa situación con la realidad más reciente, se observa que el número de explotaciones censadas ha disminuido considerablemente hasta un total de 771.047, pero ahora más de la mitad de las explotaciones en España, el 59,8%, tiene un tamaño igual o superior a 100 hectáreas y el 74,56% del total tiene más de 50 hectáreas, como consecuencia de un mayor grado de profesionalización y un proceso de modernización y aumento de la mecanización y automatización de los procesos productivos”.

De esta forma, “actualmente, la distribución por tamaño de las explotaciones evidencia dualidad”, indica Agricultura. “Por un lado, las explotaciones de 100 hectáreas o más que, aunque son una minoría en número (57.208 explotaciones), gestionan 14 millones de hectáreas, que son más del 60% de toda la Superficie Agrícola Útil nacional”. “En el extremo opuesto, existen casi 190.000 explotaciones de menos de 2 hectáreas, que apenas suman 198.000 hectáreas en total, lo que refleja la persistencia de un minifundismo residual frente a la hegemonía de los grandes latifundios mecanizados”.

También ha cambiado el modelo laboral. Hace 40 años, “el sector primario todavía era un pilar fundamental en la generación de empleo en España”. Daba trabajo a casi dos millones de personas, más del 17% del total. “El campo era, en gran medida, un sector de autoempleo”, explica Agricultura en su análisis. “En 2025, la cifra de ocupados es significativamente inferior, cayendo hasta las 763.650 personas, que representan apenas un 3,4% de la población activa total”. “Esta reducción del 60,7% en el número de trabajadores agrícolas contrasta con el crecimiento exponencial en el resto de los sectores de la economía, que ha duplicado el número de ocupados en el mismo periodo”, asume Agricultura.

Hay menos explotaciones y son significativamente más grandes, al mismo tiempo que se ha empujado al alza la renta agraria. En 1985, el campo representaba menos del 7% de la renta nacional. Aportaba 1,48 billones de pesetas, el equivalente a unos 8.800 millones de euros, sin contar la inflación. En 1990, la renta agraria ascendió a más de 13.700 millones de euros; y, en el 2000, superó los 21.000 millones. “En el periodo más reciente, la renta agraria ha mostrado un repunte significativo, alcanzando los 36.560,50 millones de euros en 2024 y con una previsión de 41.262,10 millones para 2025”, sin dar por cerrados aún los datos de ese ejercicio. “En paralelo, la renta nacional bruta disponible alcanzó los 1,57 billones de euros en 2024”, resume el Ministerio encabezado por Luis Planas. 

En el siguiente gráfico se ve la evolución de la renta agraria respecto a la renta nacional bruta disponible. Esta última, básicamente, mide todos los ingresos con los que cuenta un país. 

El análisis de Agricultura también pone de relieve cómo la PAC ha derivado, durante muchos años, en el alto peso de esas ayudas en la renta de los agricultores y ganaderos, lo que “muestra esta dependencia que tiene el sector” de los fondos comunitarios.

Hace cuatro décadas, “el apoyo público [la aportación de esos fondos] era marginal, representando solo el 4,7% de la renta”, refleja el mencionado análisis. “La reforma de 2003 marcó un punto de inflexión cuantitativo, elevando las ayudas al 22,8% en 2006. Para 2010, las subvenciones alcanzaron el 26%, consolidándose como un colchón indispensable para la rentabilidad frente a las crisis de precios”, constata el Ministerio. “El máximo histórico relativo se registró en 2020, cuando las ayudas supusieron el 27,2% de la renta (7.513,79 millones de euros), impulsadas por los fondos Next Generation tras la pandemia” y, en contraste, “en 2025 se observa un escenario” de “con incertidumbre: aunque la renta agraria alcanzó un máximo nominal histórico de 41.262,1 millones de euros, el peso de las subvenciones bajó al 14,1%”.

En el siguiente gráfico se ve la evolución del peso de las ayudas de la PAC en la Renta Agraria en España.

Cuatro décadas de luces y sombras

Con todo el balance anterior, las organizaciones agrarias tienen claro que la PAC ha sido positiva para el campo español, pero es significativamente mejorable. “Ha servido para modernizar el sector, para complementar la renta de agricultores y ganaderos y hacer sostenible nuestras explotaciones, pero necesita una revisión profunda para no ser una fuente de desigualdad en el reparto de las ayudas”, explica el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano. Constata que la PAC ha permitido una transformación clave que “permite seguir produciendo alimentos en un horizonte de esperanza”, pero lo peor de estas décadas es “el desigual reparto, entre las grandísimas explotaciones, que son un sumidero de ayudas y que gradualmente han ido a costa de las medianas y pequeñas explotaciones”.

También el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora, recordaba hace unos días en una entrevista con elDiario.es que la PAC “no son solo ayudas directas”, sino que “ha mejorado nuestra forma de producir y de comercializar. Sin ella las explotaciones familiares, profesionales, pero con poca base territorial, estaríamos en una situación de mucha más indefensión”. 

Ahora toca diseñar en Bruselas el nuevo marco económico de esta política común. Y el sector teme dos variables para la nueva la PAC hasta 2034. Por un lado, un recorte presupuestario. Por otro, que Bruselas deje vía libre a los Estados a ampliar las ayudas a los sectores que consideren oportuno. “Estamos en un escenario de cambio, de un nuevo periodo marco, y ahí tienen que estar en el centro las explotaciones familiares y profesionales, para que sean las verdaderas beneficiarias de esta política agraria común”, recalca Cano. “Son las que necesitan más apoyo para seguir siendo viables y mantener su actividad”.

En el último marco de la PAC, entre 2023 y 2027, a España le correspondieron más de 47.700 millones de euros. Para el conjunto de la UE, el presupuesto superó los 386.000 millones. Esta semana, la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (Asaja) criticó que, actualmente, la propuesta de la presidencia chipriota para el marco financiero de la PAC supone un recorte del 5% de su valor real.

De cara a ese nuevo marco, hay que “evitar la renacionalización de la PAC con fondos nacionales. No estoy de acuerdo”, recalcó Luis Planas ante el sector primario. “Si son políticas comunitarias deben serlo, porque si un país puede poner todos los fondos [que quiera] en el vino, por ejemplo, vamos en contra del mercado interior. Algunos dicen que la PAC es una política antigua. No es verdad. Es tradicional, pero sigue siendo igual de importante” que cuando se puso en marcha.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha detallado hoy los pagos que se harán a los próximo días a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha tal y como anunció el presidente regional, Emiliano García-Page.

El consejero, que ha asistido a una de las clases prácticas de un curso de la Escuela de Pastores que se está desarrollando esta semana en una explotación de Molina de Aragón, ha anunciado que este mismo viernes se realizará un pago de ayudas agroambientales por algo más de seis millones de euros. De esta cantidad, hasta 5,6 millones corresponden a pagos compensatorios por zonas de montaña, que llegarán a 2.701 personas beneficiarias. El resto del importe hasta alcanzar los seis millones corresponde con las ayudas al viñedo de secano, que en total recibirán más de 112.000 euros, y a la conservación de razas autóctonas amenazadas por erosión genética, a la que se destinan otros 250.000 euros.

También ha adelantado que a partir del día 26 de este mes, la Consejería pagará cerca de cinco millones de euros de las ayudas al bienestar animal en ovino y caprino extensivo y semiextensivo de la campaña 2025, a un total de 1.577 ganaderas y ganaderos de la región. Con estas ayudas se compensa por realizar, de forma voluntaria, actuaciones tendentes a mejorar el bienestar de su cabaña ganadera y dar lugar a una mejora de la calidad de la producción ganadera.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado hoy que “este mes de junio llegaremos a liquidar 90 millones de euros más en la Política Agraria Comunitaria, con los que habremos superado el desembolso de la PAC en toda la región, que fue de 650 millones”, un dato que, a su juicio, “pone de manifiesto que la PAC que estamos ahora gestionando estuvo mejor negociada que la anterior y nos reta a pelear con uñas y dientes para que se venga abajo la propuesta de la Comisión Europea en relación con la Política Agraria Comunitaria”.

Así lo ha dado a conocer el presidente durante la inauguración de la ampliación del centro de producción de la compañía ‘Pernod Ricard’ en Las Labores (Ciudad Real), a cuyos responsables ha felicitado por su éxito y eficiencia basados en “su forma de hacer el trabajo”. Asimismo, García-Page ha reconocido en este acto supone “un perfecto hermanamiento” de ambos países, España y Francia, “que ahora pondremos un poco en paréntesis con el Mundial”, ha bromeado.

García-Page, que se ha felicitado de que Castilla-La Mancha sea “una gran despensa agroalimentaria del planeta, pero básicamente lo es en España y lo es en el mundo”, ha recordado que la región cuenta con un sector agroalimentario “que pesa más en la riqueza regional y estamos batiendo récords de riqueza históricos, es decir, en la tarta de la riqueza, el campo, la agricultura, la ganadería y toda la industria de transformación, pesa hoy más que hace diez o veinte años”.

Asimismo, ha puesto en valor que el campo castellanomanchego se haya convertido “en una gran industria extraordinaria” con altas cotas “de innovación”, algo a lo que ha ayudado “y mucho” la Unión Europea con ayudas como la PAC. En este sentido, ha recordado que el próximo mes de julio, en Bruselas, “tenemos un hito importante, porque Castilla-La Mancha defenderá uno de los pilares que justifican que la Política Agraria Comunitaria no puede venirse abajo”.

Por ello, ha confiado en que “los esfuerzos que se están haciendo desde muchos sectores, el sector del campo, los sindicatos agrarios, desde luego los sectores económicos y, por supuesto, los políticos, empezando por Castilla-La Mancha, van a terminar rindiendo”, hasta el punto de que “la mitad del desastre que supuso la primera propuesta de la Comisión Europea, la mitad ya se ha ido salvando”, ha considerado, “y creemos objetivamente que podemos avanzar hasta el punto de conseguir una razonable PAC que en esta tierra significa muchas cosas, pero significa también la garantía para Europa de tener autonomía y soberanía alimentaria”.

“Soy almeriense y soy agricultor”. Así se define Andrés Góngora (49 años). “Mis raíces, desde muy niño, están vinculadas al sector agrario, porque soy la tercera generación de productores de hortalizas”. Actualmente, Góngora se dedica a la producción ecológica, sobre todo, de tomates y, desde finales de mayo, es secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), tomando el testigo de Miguel Padilla.

“Llevo participando en COAG desde que tengo uso de razón, porque mis padres ya pertenecían a la organización y yo recuerdo ir a asambleas siendo niño”, explica. Ha pasado por todos los escalones de la organización agraria, desde el nivel comarcal, hasta llegar a la Ejecutiva en 2021, y admite haber llegado al cargo “empujado” por sus compañeros. Asume que viajará más y estará menos tiempo con su familia y en su trabajo en Almería, en un momento donde el campo está pendiente de la futura Política Agrícola Común (PAC) de la UE, que apunta a un recorte presupuestario. Además, la situación bélica y la inestabilidad amenazan con nuevas subidas de precios. De ahí que reclame más transparencia a la gran distribución. 

¿Cuáles son sus objetivos como nuevo secretario general de COAG?

Uno de los objetivos es seguir fortaleciendo esta organización, que acaba de cumplir 50 años. COAG tiene una trayectoria, un legado, tenemos unos niveles de interlocución muy altos. Somos una federación de organizaciones con representación en todas las comunidades autónomas. No ha sido fácil. Tenemos que mantener esa capacidad de tomar partido. Hay otro aspecto que, como sector, tenemos que trabajar más, que es el reconocimiento social hacia nuestra agricultura y ganadería. Creo que como país, como Estado, la sociedad tiene que sentirse orgullosa. Hay avances porque el sector primario se ha desprendido del estereotipo de ser básico o anticuado, pero hay que seguir trabajando. 

También es fundamental la interlocución a todos los niveles, tanto con el Ministerio de Agricultura como con Sanidad, Transición Ecológica, con Empleo, porque somos un sector que genera muchos puestos de trabajo; o con Educación. Por ejemplo, en esta anterior etapa, hemos sacado adelante un proyecto para que en Primaria y en Secundaria se tenga un mejor concepto de la agricultura y la ganadería. 

El sector primario no suele estar en los primeros temas de la agenda política y mediática, salvo cuando hay protestas. ¿Qué tiene o debe hacer el sector para tener más presencia y más relevancia? 

Tenemos que salir de esa línea de “el sector es importante porque sale a protestar”. Debemos dar más información, que no esté vinculada a una situación de crisis, de protestas, porque a veces se nos vincula demasiado a problemas. Tenemos que explicar más, en un tono sosegado, quiénes somos, cómo gestionamos el territorio, cómo cuidamos del medio ambiente, cómo producimos alimentos. Podemos tener, no sé si más capacidad para influir en las políticas, pero sí más capacidad para influir en el día a día del ciudadano. Necesitamos que cuando una persona vaya a la compra visualice, con transparencia, que los agricultores somos el primer eslabón de lo que está comprando. No sé si eso va a llevar a cambios en la política, más en un escenario político como el actual, tan complejo. 

Que alguien se quiera atribuir desde la política la representación del campo, no nos gusta

En este clima de confrontación, sobre todo por parte de las derechas, se viene diciendo “al campo le representamos nosotros”. ¿Cómo lo veis? Como organización agraria y como agricultor.

En esta organización tenemos sensibilidades políticas de todo tipo y jamás pedimos el carnet de afiliación política. Es algo que yo llevo muy interiorizado y que, a lo mejor, no se acaba de entender mucho desde fuera. Las organizaciones agrarias somos absolutamente independientes. 

Valoraremos las decisiones políticas en base a lo que necesita el sector agrario, independientemente de dónde vengan. Y estamos dispuestos a sentarnos, a tener esa interlocución independientemente de quién esté al frente de un Ministerio o de una Consejería. Que alguien se quiera atribuir desde la política la representación del campo, no nos gusta. No lo podemos evitar, pero no nos gusta. Los políticos tienen que desarrollar sus apoyos al sector agrario desde sus puestos de responsabilidad, no desde los medios de comunicación. Está muy bien que hablen de nosotros, pero lo importante es que se materialice en decisiones. Hacen falta menos mensajes y más hechos.

El cambio climático es una realidad, pero hay formaciones políticas que lo ponen en duda. En los últimos años, hemos vivido temperaturas extremas, incendios, lluvias torrenciales. ¿Se deben tomar medidas para que el campo sea más resiliente?

Desde luego que COAG no va a negar el cambio climático porque los agricultores y ganaderos lo vivimos en primera persona, somos los primeros en soportar las consecuencias. Quizá haya parte de la sociedad que no lo perciba. Hay que tomar decisiones políticas que tengan un carácter permanente, no coyuntural. A nosotros nos preocupa que en este tipo de asuntos se tomen decisiones cortoplacistas. Hay que tener una visión más a largo plazo.

Necesitamos medidas de apoyo para modernizarnos. Una explotación que incorpore tecnología puede soportar mejor condiciones adversas. Eso requiere planes de inversión para el sector, porque son tecnologías caras que no son accesibles para muchas explotaciones, sobre todo las pequeñas, que son la mayoría. Otro tema que requiere una visión a largo plazo es el agua. Este país tiene un problema de infraestructura de agua. Lo que reivindicamos es un plan hidrológico pactado con los sectores económicos, con el sector agrario, que tenga sensibilidad con las diferentes necesidades, porque evidentemente no se necesita lo mismo en Galicia que en Andalucía. Se necesitaría un pacto de Estado, aunque eso, ahora mismo... eso es un brindis al Sol. 

¿Cómo está afectando al campo la guerra en Oriente Medio? ¿Qué pasa con los fertilizantes?

Ha tenido un impacto muy fuerte. Demuestra que la rentabilidad de las explotaciones, su competitividad, está muy ligada a los insumos agrarios. Están los fertilizantes, pero también el precio del gasóleo, la alimentación animal, los plásticos agrícolas, por ejemplo. Si echamos la vista atrás, en los cinco o seis últimos años hemos ido encadenando crisis. Ahora tenemos una situación grave, sobre todo para determinados sectores, como pueden ser los cereales que tienen una dependencia muy alta de determinados fertilizantes y del gasóleo agrícola.

¿Hay alternativas o soluciones? 

Vemos con buenos ojos el paquete de ayudas, que es imprescindible, pero se queda corto. Debemos tener una visión más a medio y largo plazo. Eso lleva al concepto de soberanía alimentaria, hay que retomarlo, en cuanto a los medios de producción y en cuanto a los insumos agrarios. No se puede seguir teniendo la dependencia que tenemos, como país y como Unión Europea, a importar materias primas imprescindibles para la soberanía alimentaria. Por ejemplo, en la agricultura ecológica hay un montón de gente haciendo cosas para ahorrar insumos, para usar otro tipo de fertilizantes. Hablo de economía circular, de aprovechamiento, hay mucho por hacer y por descubrir. España tiene una ganadería muy potente, que genera recursos que, bien utilizados, son fertilizantes orgánicos. No confronto la agricultura convencional con la agricultura ecológica, tienen que trabajar de la mano, pero necesitamos que la Administración financie más proyectos de investigación, por ejemplo, de recuperación de suelo, de suelos fértiles, vivos, nivelar los aportes de materia orgánica. Hay un montón de trabajo por hacer, pero se necesita más apoyo.

¿Desde el punto de vista del consumidor deberíamos acostumbrarnos a pagar más por lo que compramos? 

No tienen por qué ser productos más caros. 

La agricultura ecológica no supone un incremento de precios para los consumidores tan disparatado como a veces observamos, que es una barbaridad

Pero lo ecológico, ahora mismo, en el punto de venta es más caro.

Deberías preguntar a los que venden ecológico, porque te puedo asegurar que la diferencia en origen, entre ecológico y convencional, es mínima. A veces hablamos de unos pocos céntimos. Te pongo un ejemplo personal. Ahora mismo la sandía ecológica está rondando los 60 o 65 céntimos por kilo; la sandía convencional está en 55 o 56 céntimos. Seguramente esa diferencia, cuando llega al consumidor pasa de céntimos a euros. 

La agricultura ecológica no supone un incremento de precios para los consumidores tan disparatado como a veces observamos, que es una barbaridad. España está a la cola en consumo de productos ecológicos y es porque los canales de distribución no están haciendo bien su trabajo.

No es tan fácil encontrar una sandía ecológica en un supermercado convencional.

Es que no la encuentras. España es el país más exportador en frutas y hortalizas con mucha diferencia y, en producción ecológica, exportamos casi todo. Mi cooperativa: el 100% de lo que producimos va a Suiza. Entre Suiza y Alemania se están repartiendo casi todos los tomates ecológicos que producimos en España. Ahí nos queda un camino por recorrer como consumidores. 

En esa relación con la distribución, la patronal de Mercadona, Dia y Lidl negaba hace unos días que los supermercados “se forren” con las subidas de precios. ¿Estáis de acuerdo?

Desde el otro lado, tenemos muchas ganas de que demuestren que no se están forrando. Igual que se desgranan los costes de producción que tenemos los agricultores, sería deseable que todo ese proceso de transparencia, que nos pide el Ministerio, llegue también a la distribución, para que de verdad puedan demostrar cómo se forman los precios desde el origen o desde que le pagan a una cooperativa o a un agricultor, hasta que al final lo ponen en un supermercado. Que lo expliquen, que sean transparentes. Y nos llevaríamos seguramente bastantes sorpresas, en cómo se imputan determinados costes a un producto o a una mercancía. El Ministerio debería emplearse más en un Observatorio de costes de la cadena [alimentaria] que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo, precisamente, para dar transparencia a los precios.

COAG publica el Índice de Precios en Origen y Destino, el IPOD, que iniciamos porque se escuchaba un ruido: “Los precios suben, los agricultores están contentos” y los socios de COAG nos decían: “Esto es indignante, me están pagando el brócoli a 30 céntimos y lo venden a dos euros”. Si consiguen demostrar cómo forman los precios, pues bienvenido sea. Nosotros hemos demostrado que hay unos intermediarios, sea un establecimiento, una cadena de supermercados, que encarecen los precios de forma que no está justificada. Porque si hablamos de un producto que hay que transformar, vale; pero si hablamos de una sandía, no hay nada que transformar.

La distribución menciona los costes intermedios, por ejemplo, del transporte. 

La mayoría de gente no lo sabe, pero cuando los productos salen de una cooperativa, ya están listos. La tarrina de tomates cherry, por ejemplo; el brócoli, ya sale con su plástico, con la etiqueta de los gramos. En origen ya ponemos la etiqueta de la marca de la distribución. Sale tal cual se vende. Incluso a veces el transporte corre a nuestro cargo. Te dicen que lo tienes que llevar a determinado centro logístico. Es decir, al supermercado o a la distribución se le da todo el trabajo absolutamente hecho.

Con las promociones, las campañas de la segunda unidad al 70% de descuento o un '3 unidades al precio de 2', eso se nos exigen también a los proveedores. Es decir, dicen: “Mandas tres camiones y te voy a pagar dos”. No somos contrarios a las promociones, porque a veces son necesarias para estimular el consumo, pero sí decimos que tienen que estar pactadas con el sector.

Habláis de falta de transparencia y ahí la Ley de la Cadena es una herramienta, pero habéis criticado en muchas ocasiones que se ha quedado corta, en capacidad de inspección o de sanciones.

Veníamos del vacío más absoluto, por lo tanto, bienvenida sea. Es que no teníamos ni una sola norma. Por lo tanto, la ley de la cadena la vamos a defender porque es imprescindible. Nosotros abogamos por un mercado con normas, por una relación comercial que tenga normas establecidas. ¿Lo que tenemos es suficiente? No, hay que avanzar, también con las comunidades autónomas y las consejerías, para trabajar más en las denuncias. Creemos que la relación contractual es imprescindible. No os podéis imaginar la cantidad de agricultores que nos dicen “no me han pagado lo que hablamos y se han llevado el producto” o “se lo han llevado y ahora me quieren hacer una rebaja del 50%”. 

¿Y cómo hay que mejorar la Ley?

Hay que avanzar. También, en un marco europeo. No podemos olvidar que gran parte de nuestro producto se exporta; y buena parte de la relación comercial que tenemos es con cadenas que no son cadenas españolas. Y ahí hay fórmulas para hacer trampas. Hablamos de empresas que tienen su sede en Francia o en Alemania y que pueden eludir la Ley de la cadena. Por eso nosotros abogábamos por un reglamento europeo. Salió una Directiva, pero su aplicación en los diferentes Estados miembros deja bastante que desear y seguimos reclamando un reglamento europeo contra las prácticas abusivas.

La PAC cumple 40 años. ¿Qué creéis que ha aportado esta política común y cómo habría que mejorarla?

La PAC ha transformado la agricultura española, no reconocerlo es no ver la realidad, la ha transformado para mejor. Nuestra capacidad para exportar, para vender a otros países de la Unión Europea es fundamental. No son solo ayudas directas. Ha mejorado nuestra forma de producir y de comercializar. Sin ella las explotaciones familiares, profesionales, pero con poca base territorial, estaríamos en una situación de mucha más indefensión. 

Para nosotros es fundamental que las ayudas de la PAC estén vinculadas a la producción. Ahora también se habla de que se quieren desvincular las ayudas de las hectáreas. Para nosotros lo más importante es que el presupuesto de la PAC se mantenga. España no puede permitir que se reduzca el presupuesto de la PAC, porque es imprescindible. 

La PAC no puede perder recursos, tiene que estar al servicio de la soberanía alimentaria y ayudar a combatir procesos como la desertificación

Pero también se habla de reducirlo a nivel europeo y compensarlo con parches nacionales.

Rechazamos los parches nacionales porque generan una distorsión, por cómo va a interpretar cada Estado miembro su apoyo, a qué agricultura o a qué ganadería. Por lo tanto, nosotros abogamos por el mantenimiento de una PAC construida desde una concepción europea. Lo decimos claro: la PAC no puede perder recursos y tiene que estar al servicio de la soberanía alimentaria y tiene que ayudar a combatir procesos como la desertificación y fomentar el cuidado del medio ambiente. 

Una de las leyes que quedan pendientes es la de la agricultura familiar. ¿Os preocupa el relevo generacional? ¿Y cómo se puede aumentar la presencia de mujeres en la agricultura y en la ganadería?

El otro día vi un dato, que es de Almería, pero es significativo: en el proceso de incorporación de jóvenes se ha equiparado la proporción de hombres y de mujeres. Es un dato muy concreto, pero es positivo. Hay jóvenes que quieren formar parte de este sector porque ven que es más moderno, que no tiene una percepción peyorativa, pero necesita cambios. Se vincula demasiado el hecho de incorporarse al sector a una ayuda inicial. Eso no es suficiente. Cualquier persona que quiera entrar en este sector necesita estabilidad, certidumbre. Esa es la clave. Todos queremos pensar a largo plazo, que te puedes dedicar a esto, a vivir de ello, a poder estar con tu pareja, a vivir de forma estable, con una renta adecuada. Como hablábamos antes, se necesita una política de Estado. 

También tiene que llevar aparejado un plan para que nuestros pueblos sean sitios en los que apetezca vivir. Se puede tener esa concepción idílica de vivir en el medio rural, pero luego la realidad también es muy dura, que el pueblo está muy bien para ir un domingo por la mañana, pero un martes por la tarde es bastante duro. Quien entra en este sector quiere un proyecto de vida, una red de apoyo a esos jóvenes, en esos ámbitos, que en el pueblo haya médicos, colegios, servicios adecuados. Se tiene que trabajar mucho en eso.

La Viceconsejería de Medio Ambiente ha convocado nuevas ayudas para plantaciones de chopos en Castilla-La Mancha para su aprovechamiento maderero. Lo hace a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y están previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) detalla que podrán ser personas beneficiarias del régimen de estas ayudas personas o agrupaciones de personas, tanto físicas como jurídicas.

También pueden acogerse a las subvenciones, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que sean titulares forestales públicos o privados y sus agrupaciones, cuyas parcelas de plantación estén ubicadas en Castilla-La Mancha.

Sólo serán admisibles aquellas actuaciones necesarias para la plantación de chopos que se realicen sobre terrenos situados en Castilla-La Mancha y que cumplan una serie de requisitos, entre ellos, que las plantaciones deben ser coherentes con las Directrices Paneuropeas para la Forestación y la Repoblación Forestal.

Terrenos con la morfología adecuada

Asimismo, deben realizarse sobre terrenos forestales de Castilla La Mancha que tengan condiciones de morfología adecuadas para que la plantación sea “efectiva y rentable”, consignándose este aspecto mediante acta de viabilidad previa a la resolución aprobatoria de la ayuda.

También deben contar con una superficie de actuación mayor o igual de una hectárea y menor de 10 hectáreas; y la densidad de plantación debe ser menor o igual a 400 pies por hectárea con espaciamiento entre árboles de cinco metros o más.

Por último, en el caso de explotaciones forestales con una superficie superior a 100 hectáreas, se deberá contar con un plan de gestión forestal o instrumento equivalente vigente antes de la publicación de la convocatoria de la ayuda.

Para la convocatoria correspondiente al año 2026 se prevé la existencia de un crédito de 140.000 euros. Las solicitudes se podrán presentar durante un plazo de dos meses que comenzará a contar desde este miércoles, 3 de junio.

El Gobierno de La Rioja y once entidades financieras con presencia en la región (CaixaBank, Ibercaja, Caja Rural de Navarra, Banco Santander, Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Soria, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Abanca, Banco Sabadell, Laboral Kutxa y Eurocaja Rural) han firmado hoy, 1 de junio, un acuerdo de colaboración para facilitar un adelanto del pago del anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), y “dotar de liquidez a las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas, en un contexto marcado por el aumento de los costes y la incertidumbre de los mercados”, ha explicado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos.

La consejera ha agradecido la respuesta de todas estas entidades, a quienes ha reconocido “el compromiso con el sector para garantizar la continuidad de una actividad esencial para el mantenimiento de nuestra región y su viabilidad económica”.

Noemí Manzanos ha resaltado que, con este acuerdo, que forma parte del ‘Plan de acción para paliar el impacto de la crisis de Oriente Medio en los costes del sector agroganadero’, se pretende “facilitar el acceso rápido a la liquidez que necesitan los agricultores y ganaderos riojanos para afrontar los gastos corrientes y los costes de producción tras varias campañas difíciles, reforzando la viabilidad económica de sus explotaciones en un contexto de mercados inciertos”.

Esta medida ha sido diseñada para facilitar que las entidades financieras firmantes puedan, de una forma más sencilla, adelantar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a cerca de 4.300 explotaciones agrarias de La Rioja. Para ello, una vez finalizado el plazo de presentación de modificaciones, desde el Gobierno regional se verificará la elegibilidad de los datos de los perceptores de la ayuda conforme a lo enviado al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 

Dicho marco de colaboración regula de forma precisa las operaciones que los profesionales del campo podrán suscribir con las entidades financieras firmantes para el adelanto de los fondos correspondientes a la campaña de la PAC 2026. A este respecto, el importe máximo del anticipo al que podrán optar los beneficiarios alcanzará una cuantía equivalente a las ayudas de la PAC percibidas por el solicitante en la campaña anterior, o bien una estimación realizada conforme a los datos que estén disponibles para esta campaña de 2026. 

Para poder acogerse a esta vía de financiación preferente, se establecen tres requisitos obligatorios de cara a las personas físicas o jurídicas solicitantes: haber presentado en plazo la Solicitud Única de la PAC 2026, poseer una explotación agraria o ganadera radicada en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y cumplir fielmente las exigencias dictadas por la normativa reguladora de las ayudas europeas. 

Tramitación y garantías de cobro

Las personas interesadas podrán iniciar la tramitación del anticipo acudiendo a las oficinas de las 11 entidades financieras adheridas a partir del momento en el que formalicen el registro de su Solicitud Única (SU 2026). Como documentación obligatoria para la petición, deberán aportar la copia de dicha solicitud previamente registrada ante la Dirección General de Agricultura y Ganadería. 

Una vez evaluada la documentación y formalizada la operación, la entidad financiera efectuará el pago del anticipo de manera ágil. Por su parte, la devolución del crédito se realizará de forma automática en el momento en el que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, por medio del Organismo Pagador, ejecute el ingreso ordinario de las ayudas en la cuenta del beneficiario. Dicha regularización podrá instrumentarse mediante una cesión de los derechos de cobro derivados de la PAC o a través de la pignoración formal de tales derechos a favor de la entidad bancaria. 

La vigencia del acuerdo se extenderá desde el comienzo de la campaña de la Solicitud Única de 2026 y mantendrá sus efectos de forma ininterrumpida hasta que concluyan la totalidad de los pagos correspondientes a esta misma campaña. 

El Ejecutivo regional además de dar soporte a los agricultores, facilitar la gestión administrativa y colaborar en la difusión del convenio, gracias a una nueva línea de ayudas específicas, bonificara los intereses y los costos de apertura de estos y otros posibles préstamos suscritos por los titulares de las explotaciones agrarias de la región, facilitando el acceso a la liquidez de forma rápida.  

La familia real que gobierna Emiratos Árabes Unidos recibió, solo entre 2019 y 2024, más de 71 millones de euros en subvenciones europeas por cultivar alimentos en suelo comunitario que posteriormente son exportados al golfo Pérsico.

Los fondos llegaron a través de un entramado de empresas y filiales controladas por la dinastía Al Nahyan, la familia que dirige el país. Tras una agresiva campaña de adquisición de compañías europeas, los Al Nahyan controlan hoy cerca de 65.000 hectáreas de tierras agrícolas en España, Italia y Rumanía, dedicadas al cultivo de alfalfa, cereales y otros productos básicos.

En una investigación internacional junto a DeSmog (Reino Unido), G4Media (Rumanía) y The Guardian (Reino Unido), elDiario.es ha analizado las ayudas percibidas por la monarquía emiratí a través de una madeja de sociedades controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi, uno de los siete emiratos que forman el país.

El análisis identifica más de 110 pagos a empresas controladas por la familia real emiratí procedentes de fondos públicos de la Unión Europea durante ese periodo. 

A esta cifra hay que sumarle cerca de un millón aportado por la Generalitat de Catalunya entre 2020 y 2025 a una de las empresas del grupo y más de 16 millones pagados por el Ejecutivo de Rumanía a otra filial.

Buena parte de estas ayudas proceden de la Política Agraria Común (PAC), que reparte alrededor de 54.000 millones de euros al año entre agricultores de la UE. La mayoría de estos fondos se asigna en función de la superficie cultivada, lo que favorece a los grandes propietarios. Solo entre 2018 y 2021, diecisiete multimillonarios recibieron 3.300 millones de euros en ayudas.

En este caso, sin embargo, el dinero público europeo termina beneficiando a una autocracia en la que, según las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, se restringen las libertades políticas, se encarcela a activistas y la homosexualidad está tipificada como un delito grave. 

La familia Al Nahyan, además, está considerada la segunda más rica del mundo, con un patrimonio de 270.000 millones de euros procedentes de sus reservas de petróleo, entre otros. Se trata de la dinastía que protege a Juan Carlos I en Abu Dhabi tras el exilio forzoso del rey emérito a ese emirato por sus escándalos fiscales.

“La PAC no está ayudando a los agricultores de la UE; sigue enriqueciendo a los propietarios de tierras más ricos”, afirma Faustine Bas-Defossez, directora de medio ambiente de la entidad European Environmental Bureau. “Y ahora, aún peor, está alimentando a regímenes autocráticos”.

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

Hijo del presidente anterior y 'padre fundador' de los EAU

Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Príncipe heredero de Abu Dabi y probable próximo presidente de los EAU

L’IMAD (EAU)

El fondo soberano más reciente de Abu Dabi

Al Dahra (EAU)

Multinacional agroalimentaria con más de 60 explotaciones agrícolas

ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost

(Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

Hijo del presidente anterior y 'padre fundador' de los EAU

Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Príncipe heredero de Abu Dabi y probable próximo presidente de los EAU

L’IMAD (EAU)

El fondo soberano más reciente de Abu Dabi

Al Dahra (EAU)

Multinacional agroalimentaria con más de 60 explotaciones agrícolas

ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost (Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La silenciosa irrupción en el campo europeo

En poco más de 15 años, la dinastía emiratí, dueña también del fondo Mubadala (propietario en España de la petrolera Moeve, antigua Cepsa) se ha consolidado como uno de los grandes actores agrícolas globales tras adquirir tierras y empresas en África, Sudamérica y Europa, hasta el punto de controlar actualmente unas 960.000 hectáreas de cultivo en todo el mundo.

Esta expansión responde a una estrategia de “seguridad alimentaria” destinada a garantizar el suministro de alimentos hacia un país con fuertes limitaciones de agua.

En Europa, la expansión se ha canalizado a través de tres grandes empresas —una para España, otra para Italia y otra para Rumanía— controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi.

En España, el grupo opera actualmente a través de Al Dahra Europe, un holding encargado de gestionar participaciones en distintas empresas (en el registro mercantil aparecen hasta siete sociedades en España). La firma y sus filiales recibieron más de dos millones de euros en fondos europeos durante el periodo analizado, además del millón aportado por la Generalitat.

La filial española controla seis instalaciones concentradas en apenas 200 kilómetros cuadrados en el Pla de Lleida, además de una sede en Aragón. Su llegada a esta zona de Catalunya se produjo en 2012, cuando adquirió las principales empresas locales dedicadas al cultivo de alfalfa y cerró acuerdos con la mayoría de los productores locales.

“Aquí en el pueblo tienen el monopolio: o lo tomas o lo dejas”, explica Josep Ripoll, agricultor de Fondarella (Lleida) que vende su producción a la empresa emiratí. “Antes de que llegaran todo era más fácil y ganábamos tres veces más”.

Felip Llovera, responsable de Agricultura del Ayuntamiento de Bellvís, donde la compañía tiene otra de sus plantas, también sostiene que la situación se ha “monopolizado” tras la llegada de los jeques a la zona. “Antes había dos o tres empresas y ahora solo hay Al Dahra”, apunta. 

Jaume Pedrós, productor de alfalfa y coordinador local del sindicato Unió de Pagesos, reprocha que en ocasiones la empresa altera los precios del mercado porque pueden permitirse pérdidas al tener el dinero del petróleo detrás.

“Al final lo que ellos quisieran es que el resto de cooperativas cerráramos y así podrían imponer a todos su manera de trabajar”, señalaba durante una entrevista a mediados de abril en Linyola (Lleida).

La compañía mantiene un contrato a largo plazo con el Gobierno emiratí para suministrar forraje destinado a la alimentación animal. En Emiratos, estos cultivos están restringidos por su elevado consumo de agua —entre 8.000 y 10.000 metros cúbicos por hectárea al año—. Según datos de la propia empresa, el 98% de los alimentos producidos en España se exportan.

Los mayores ingresos por subvenciones a la familia real de Emiratos proceden, sin embargo, de Rumanía, donde el grupo controla la empresa Agricost. Esta explotación, situada en tierras arrendadas al Estado, es la mayor finca agrícola consolidada de la UE, con una extensión de unos 11 kilómetros de largo por 60 de ancho.

Agricost fue el principal receptor corporativo de ayudas de la PAC en Rumanía en 2020 y percibe alrededor de 11 millones de euros anuales. En Italia, donde el grupo adquirió la empresa Unifrutti, las ayudas fueron muy inferiores, sumando 186.000 euros entre 2019 y 2024.

Christian Henderson, profesor de estudios de Oriente Medio en la Universidad de Leiden, critica este modelo de inversión, especialmente en países como Rumanía. “La inflación es un problema. Hay pobreza [en el país]”, señala. “¿Qué implica que los recursos agrícolas pasen a manos de inversores extranjeros? La mayoría de la producción se exporta inmediatamente”.

También Greenpeace cuestiona estas ayudas, cuyo futuro se debatirá este año en la Comisión Europea. “Es otro ejemplo de la profunda crisis de legitimidad de la PAC”, afirma Marco Contiero, responsable de Agricultura de la ONG en Europa. “Millones de pequeñas explotaciones reciben poco apoyo mientras una minoría, normalmente rica, acapara la mayor parte de los subsidios”.

En una respuesta por escrito, la Comisión Europea señala a este grupo de medios que no gestiona directamente los pagos de la PAC, sino que son responsabilidad de los Estados miembros. Defiende, a su vez, que el sistema actual debe reformarse para dirigir las ayudas a quienes más las necesitan y limitar los pagos a grandes explotaciones.

Al Dahra, Agricost y Unifrutti no han respondido a las reiteradas peticiones de comentar esta publicación. Al cerrar esta edición, la Generalitat de Catalunya tampoco había respondido a diversas solicitudes trasladadas desde el miércoles pasado al Departamento de Empresas.

Lo público y lo privado se confunden

Las inversiones agrícolas son solo una parte de la estrategia global de Emiratos, que abarca desde molinos de grano en Grecia y Bulgaria hasta infraestructuras logísticas y portuarias, pasando por empresas que fabrican lácteos o se dedican a la compraventa de alimentos.

Entre 2008 y 2022, de hecho, el Gobierno emiratí controló la terminal de contenedores del puerto de Tarragona, utilizada para exportar la alfalfa cosechada en las empresas adquiridas en Lleida. La concesión fue retirada posteriormente por incumplimiento de los compromisos de tráfico.

Buena parte de estas inversiones se canalizan a través de estructuras donde lo público y lo privado se difuminan. Por un lado, el Estado utiliza el fondo soberano ADQ, del que dependen parte de las empresas que reciben subvenciones. Otras inversiones se vehiculan a través del conglomerado IHC, formalmente privado pero estrechamente vinculado al poder político.

En conjunto, los activos emiratíes en el extranjero superan los 2.100 millones de euros.

Aunque la estructura actual de la propiedad de Al Dahra no es pública, la compañía fue fundada por el hermano del presidente, el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, antes de que el fondo soberano ADQ adquiriera el 50% de la empresa en 2020. El consejo de administración está liderado por el hermano del mandatario del país y por su hijo, el jeque Zayed bin Hamdan Al Nahyan.

Aunque sobre el papel ADQ pertenece al Estado, la mayoría de expertos coinciden en que está bajo control directo de la familia Al Nahyan. Entre 2023 y 2026 estuvo presidido por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, otro hermano del presidente, conocido como el “jeque espía” por haber dirigido ciberataques contra disidentes en el país y en el extranjero

Desde enero, el fondo ADQ ha pasado a formar parte de L’imad Holding, presidido por el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hijo mayor del presidente y al que algunas fuentes señalan como posible sucesor. ADQ ha declinado comentar este reportaje.

“La idea de que estas empresas son independientes es simplemente una broma”, afirma Marc Valeri, profesor de economía política de Oriente Medio en la Universidad de Exeter. “Se trata de un régimen muy autoritario y represivo, por lo que la diferencia entre los presupuestos del Estado y los de la familia está completamente difuminada”.

Según varios expertos, este tipo de estructuras permiten a los países del Golfo invertir en tierras agrícolas en el extranjero a través de vehículos aparentemente privados, reduciendo el coste político de estas adquisiciones, conocidas como land grabs.

“El caso de Al Dahra ilustra bien cómo se diluye la frontera entre lo público y lo privado”, apunta Henderson, de la Universidad de Leiden. “Los beneficios pueden acabar en manos privadas, aunque también contribuyen a la estrategia nacional de seguridad alimentaria”.

La Guardia Civil de Zamora investiga a dos personas (un hombre y una mujer) por dos delitos de fraude de subvenciones en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y de falsedad documental, según ha informado el cuerpo a través de un comunicado.

El heredero de una de las parcelas que se utilizaban para el fraude denunció ante la Policía Nacional de Andalucía que uno de los investigados había cobrado las ayudas de la PAC entre 2021 y 2025 por una parcela en Valcabado (Zamora) que en realidad no tenía arrendada ni tenía permiso para cobrar las ayudas europeas.

Los agentes del Eprona (Equipo de Investigación del Seprona) han llevado el caso. El comunicado señala que los investigados solicitaron en un único trámite las ayudas de la PAC de varias parcelas “reflejando datos que no se ajustan a lo legalmente establecido”.

Esta es la última investigación sobre fraude de fondos europeos en Castilla y León Recientemente, la Guardia Civil ha detenido al exalcalde de Trabanca (Salamanca) José Luis Pascual (PSOE), como investigado por delitos económicos, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria bajo supervisión de la Fiscalía Europea. El fraude fiscal de Pascual habría alcanza los 3,3 millones, se prolongó durante 15 años y está relacionado con fondos de la Unión Europea para promover el empleo y fijar población en su provincia y en Zamora.

Hace tres años, la Guardia Civil también informó de que investigaba a 30 funcionarios y ganaderos por fraude en el cobro de subvenciones de la PAC con un beneficio económico ilícito de un millón de euros. Se trataba de 22 personas físicas y ocho empresas acusadas de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.

La batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034, ha empezado acentuando la clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. Vuelve la guerra dialéctica entre los países que aspiran a la austeridad –Alemania, Países Bajos, Austrias, Finlandia o Suecia– y los países que pretenden aumentar el gasto y hacer uso de la deuda –Francia, España, Grecia, Portugal o Italia–. Los 27 se enfrentan ahora divididos a diseñar el nuevo presupuesto en el que se pretende conjugar el avance hacia la soberanía económica con el incremento de partidas en defensa, competitividad y transición ecológica sin abandonar el gasto en cuestiones que han definido la esencia de la UE en los últimos años como la política agrícola y los fondos regionales. En esta diatriba, la opción de la deuda se ha vuelto a colar para distanciar aún más a los bloques.

La Comisión Europea presentó una propuesta legislativa con una asignación financiera de 1,7 billones de euros para el próximo presupuesto de la UE, lo que supone elevar un 59% la cuantía de las cuentas públicas europeas que correspondientes al período 2021-2027.

No solo va a ser una pugna entre países. Este martes, el Parlamento europeo ha aprobado su posición respecto al Presupuesto europeo en el que defiende un incremento del presupuesto del 10% sobre la propuesta de la Comisión, con un aumento nominal de 175.110 millones de euros. Ahora bien, la Eurocámara exige una particularidad: excluye los costes de reembolso de la deuda de los fondos NextGeneration EU, que ascienden a 149.300 millones de euros. Además, los parlamentarios europeos se oponen firmemente a cualquier renacionalización, rechazan un enfoque “a la carta” y advierten de que el modelo de la Comisión de “un plan por Estado miembro” podría debilitar las políticas europeas.

La Eurocámara quiere modificar la estructura del presupuesto presentada por el equipo de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y que haya líneas presupuestarias diferenciadas para políticas individuales que se han convertido en el objetivo de los frugales para su reducción: la PAC y pesca, la política de cohesión, el Fondo Social Europeo y los asuntos de interior. Finalmente, los eurodiputados reafirman la necesidad de la introducción de nuevos “recursos propios” para reembolsar la deuda de los fondos para luchar contra la crisis que provocó la pandemia. Estos nuevos ingresos deberían generar alrededor de 60.000 millones de euros anuales. Entre las propuestas presentadas están un gravamen a los servicios digitales, un impuesto al juego en línea, una ampliación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) o un gravamen sobre las plusvalías de criptoactivos.

“Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos”

El canciller alemán, Friedrich Merz, aprovechó la cumbre de Chipre para lanzar un mensaje en contra del incremento del presupuesto europeo. “Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos y esto también significa que tenemos que fijar nuevas prioridades”, aseguró Merz.

Sin nombrarlo, el canciller alemán pretende rebajar las partidas que menos afectan a una Alemania en una situación económica muy difícil: los fondos para la Política Agraria Común (PAC) y los dedicados a las políticas de Cohesión, que hasta el pasado presupuesto multianual suponía un poco más 60% del total de la cuantía.

Mucho más expeditivo fue el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, que además de apuntar que el incremento presupuestario propuesto por la Comisión era “inaceptable tanto por su tamaño como por las contribuciones nacionales”, subrayó la necesidad de reducir las cuantías con el eufemismo de la modernización y la eficiencia. “Es absolutamente crucial que la propuesta actual se reduzca considerablemente y que el presupuesto europeo se modernice significativamente en los próximos años para poder abordar nuestra seguridad y construir una economía más sólida. Podemos reasignar fondos, aún gastamos mucho dinero europeo en política agrícola. Eso se puede hacer de forma mucho más eficiente”, avisó Jetten.

Frugales frente a los amigos de la cohesión

Este bloque de austeridad, conocidos como 'frugales', además de Alemania y Países Bajos está respaldado por Austria y por el grupo de nórdicos, donde los líderes de países como Suecia o Finlandia se han posicionado por mantener las partidas de gasto y hacer otra redistribución de las cuantías que primen más los fondos destinados a competitividad o defensa.

Mientras, en el otro lado de la frontera del gasto se posicionaron los países del Sur. No es la primera vez que ocurre, en las negociaciones del pasado presupuesto se creó el grupo de “los amigos de la cohesión”, compuesto principalmente por España, Portugal, Polonia y Grecia, que defiende el mantenimiento y refuerzo de los fondos de cohesión y la PAC. Este grupo tiene ahora nuevas adhesiones como son Italia y Francia. España, al igual que Francia, lleva ya desde hace un año advirtiendo que si se quiere cumplir con las nuevas necesidades de gasto por los retos que impone el nuevo contexto geopolítico hay que “duplicar el presupuesto europeo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a los Estados miembros “a ser ambiciosos con los próximos presupuestos”, si se quiere ser coherente con las prioridades estratégicas de la Unión: competitividad, innovación, transición ecológica y digital, así como seguridad.

Sánchez además pidió “abrir un debate sobre la extensión de los Next Generation seis o 12 meses para que los fondos que no han sido utilizados, sean empleados para la electrificación y la transformación energética” y “una flexibilización de las reglas fiscales para la inversión en esa transformación energética, al igual que se ha hecho con el presupuesto de gasto en defensa”.

La flexibilización de las reglas fiscales es una petición que también ha hecho suya la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, además de admitir que “es una negociación muy difícil en la que las posiciones de partida son muy distintas”, también advirtió de que Italia tiene “unas líneas rojas” que son los fondos de cohesión y los fondos de la Política Agrícola Común.

Meloni argumentó su posición asegurando que “no implica desacuerdo, ya que compartimos una visión común tanto en materia de defensa como de competitividad estas cuestiones están inextricablemente ligadas. De poco sirve ocuparnos de nuestra seguridad si luego no abordamos la seguridad alimentaria; y es inútil intentar construir competitividad si no entendemos que la cohesión —poner a todos los territorios en condiciones de competir en igualdad de condiciones— es un requisito previo para cualquier forma de competitividad”.

“Mientras buscamos nuevos recursos para financiar nuevas prioridades —y, objetivamente, no son tantos y nos está costando encontrarlos—, también deberíamos dar una señal en lo que respecta a los gastos administrativos”, ha subrayado Meloni para criticar que se dediquen fondos para renovar la sede del Consejo Europeo.

Otro campo de batalla: la deuda

Y en la búsqueda de esos fondos es dónde se ha abierto otro campo de batalla: la deuda. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la deuda contraída por la Unión Europea durante la pandemia de Covid debería prorrogarse y que el bloque debería emitir nuevos bonos europeos.

“No tiene sentido devolver ahora la deuda de la covid, lo que tendría un impacto negativo en los presupuestos, cuando existe una fuerte demanda de títulos y bonos europeos. Nos endeudamos durante la covid. Hoy se nos dice: hay que devolverlo rápidamente. Eso es idiota. Renovemos esta deuda; emitamos de nuevo bonos, porque la gente quiere estos títulos a bajo coste. Eso nos da margen de maniobra”, remarcó Macron.

Si hay que devolver ya la deuda contraída por la covid el próximo presupuesto plurianual se resentirá. Hay que pagar unos 25.000 millones al año a partir de 2028 para cubrir la deuda que sirvió para la recuperación de las economías ahogadas por la pandemia.

Una vez más, Merz salió a marcar terreno con el discurso de la austeridad: “Lo que Alemania no se plantea es un aumento de la deuda ni tampoco bonos europeos en los mercados de capitales. Esta es una posición que no sostiene Alemania. Lo saben los colegas. Muchos comparten mi opinión”, poniendo sobre la mesa las líneas rojas alemanas.

Otra opción es que el incremento del presupuesto mayor no recaiga sobre los países de la UE, donde algunos tienen un grave problema para cumplir con las reglas fiscales. Aunque tampoco gusta en algunas capitales, una solución puesta sobre la mesa sería el incremento de impuestos que van directamente al presupuesto europeo.

“Al final, lo lograremos, Europa no puede permitirse quedarse fuera del juego frente a Estados Unidos y China”, puntualizó Macron. Al final habrá que aplicar la razón. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que al igual que Macron cuestionó la lógica de devolver ahora los préstamos del Fondo de Recuperación, explicó que el presupuesto europeo es “seguro y solvente, especialmente cuando el bloque se endeuda de forma conjunta”. “Habrá concesiones mutuas y cualquier resistencia será superada o Europa tendrá que aceptar expectativas más bajas. No podemos decir que queremos hacer más con menos”, concluyó Mitsotakis.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha presentado hoy el Plan regional para el Mantenimiento y Desarrollo de la Ganadería Extensiva en Castilla- La Mancha, “un plan que apuesta por un modelo que combina tradición, con competitividad y sostenibilidad”, tal como ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la presentación del documento junto a la directora de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez.

Con este plan, que ha sido demandando por las organizaciones agrarías, “cumplimos el compromiso del presidente Emiliano García-Page con el sector para impulsar políticas de apoyo al sector ganadero y en particular a la ganadería extensiva, en este caso con el Plan Estratégico de la Ganadería Extensiva”.

La Estrategia, “que está viva y tendrá que ir desarrollándose en virtud de la realidad” ha sido elaborada junto a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y ha estado trabajada y consensuada con organizaciones agrarias, asociaciones ganaderas (AECERIBER. ASOPROVAC, AGRAL, ANABE, GRAPA, RAEANI, etc.), colegio de veterinarios y Fundación Global Nature, participes activos en el proceso de elaboración. Por último, ha estado abierta a la participación de la ciudadanía de Castilla-La Mancha recibiendo más de 60 aportaciones en el proceso de exposición pública.

Todo ello para reconocer el “papel social de los ganaderos que son esenciales para fijar población, generar empleo y mantener vivos nuestros pueblos, no en vano la ganadería constituye un pilar estratégico dentro del sector primario, con una contribución relevante al PIB regional agrario de un 4%”, ha manifestado el consejero.

Contenido del Plan: objetivos, ejes y medidas 

Julián Martínez Lizán ha comenzado explicando que en la región conviven el modelo intensivo y el extensivo y este Plan Estratégico reconoce su complementariedad y promueve su convivencia equilibrada, entendiendo que ambos modelos son necesarios y compatibles para asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector ganadero. “No tiene por qué haber dicotomías entre la ganadería intensiva y la extensiva porque son compatibles y todas son importantes, pero en la extensiva es donde hemos visto mayor incidencia en la desaparición progresiva de este tipo de ganado y por lo tanto tenemos que intentar apoyarla”, en palabras del consejero.

En este momento, en Castilla-La Mancha hay más de 10.000 explotaciones de ganadería y en la PAC 5.600 piden ayudas vinculadas a pastos, lo que indica que el porcentaje de explotaciones vinculadas a la ganadería extensiva está por encima del 50 por ciento “y sobre todo, son las que más nos preocupan en su continuidad futura”.

La Estrategia combina modernización, sostenibilidad ambiental, sanidad animal, innovación y valorización de los productos, con el objetivo de reforzar la competitividad y viabilidad de la ganadería extensiva en Castilla-La Mancha.

Todo ello se ha articulado en 5 ejes de actuación y 40 medidas específicas. El Eje 1 dedicado a la ‘Mejora de la competitividad’ incluye medidas para reforzar la viabilidad económica de las explotaciones como la caracterización de los grados de extensividad, el análisis de los costes de producción, el apoyo a las razas autóctonas y mejora genética, incluyendo además trabajos en aras de simplificación administrativa y flexibilidad normativa

El Eje 2 sobre ‘Sostenibilidad ambiental’, reconoce la ganadería extensiva como una herramienta clave de gestión del territorio, fomentando el pastoreo como medida de conservación, prevención de incendios y protección de la biodiversidad, además de reforzar las ayudas agroambientales y poner en valor prácticas tradicionales como la trashumancia y la dehesa.

El tercer eje sobre ‘Sanidad animal’ prioriza la prevención y el control de enfermedades mediante una mejor comunicación con el sector, el refuerzo de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas y la aplicación del enfoque One Health, integrando salud animal, humana y ambiental.

El Eje 4 sobre ‘Formación, I+D+i’, apuesta por la profesionalización y la innovación a través de la colaboración con centros de investigación, la creación de una red de explotaciones de referencia, el impulso de la formación especializada y la transferencia de conocimiento al sector.

Y, por último, el Eje 5,‘Comercialización y promoción’, está orientado a mejorar la rentabilidad de los ganaderos mediante la diferenciación y promoción de los productos de origen extensivo, el impulso de figuras de calidad, la presencia en ferias y eventos y el fomento de canales cortos de comercialización.

Fondos e inversión

Desde el punto de vista económico, el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha explicado que, en total, son más de 184 los millones de euros que el sector ganadero tiene en estos momentos que vienen de fondos europeos, la Administración General del Estado y fondos propios de la Comunidad Autónoma “y queremos reforzarlo”. Algo que se hará en la medida en que, en la revisión para la aplicación del próximo programa de la PAC que se está negociando, “se puedan implementar nuevas medidas que contribuyan a seguir revitalizando la ganadería en nuestro territorio. Ganadería extensiva, pero también la intensiva que también supone una aportación importantísima en ese desarrollo socioeconómico de nuestra región”.

A ese importe, se suman otras líneas de ayuda que no son anuales y que se articulan dependiendo de las necesidades del sector, o la línea de Ayuda de Extensificación Avícola con casi 12 millones de euros.

También hay que añadir las ayudas a la incorporación de jóvenes y mejoras, “en las que vamos a seguir trabajando por su importancia para el futuro del sector”, y que han hecho posible que desde que Emiliano García-Page es presidente se hayan incorporado más de 1.400 jóvenes a la ganadería, recibiendo una ayuda de 48,5 millones de euros. En cuanto a la mejora de las explotaciones, han sido 1.025 jóvenes ganaderos los han recibido más de 55 millones de euros de ayudas, promoviendo una inversión 92,5 millones de euros.

En cualquier caso, ha abogado por hacer el sector todavía más atractivo “para que haya más chicos y chicas que quieran enfrentar este nuevo reto. El relevo generacional, en una actividad que tiene que dedicarle 365 días al año a mantener a sus animales, requiere de un gran sacrificio y de un gran amor al desarrollo de esta actividad, por eso vamos a ver si somos capaces entre todos le poder hacer atractivo este sector”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reprochado este martes los “giros” de la Comisión Europea en la Política Agraria Comunitaria (PAC) de la UE, para la que prevé “recortes” y una “convulsión”, y ha asegurado que los agricultores y ganaderos están siendo “los principales perjudicados” de esta legislatura comunitaria.

“De entrada han planteado no solo recortes, sino un cambio por completo de coordenadas que de pronto significan una convulsión. No está Europa para giros como el que ha planteado la Comisión. No es eso lo que se votó”, ha señalado García-Page en declaraciones a los medios antes de exponer un dictamen sobre relevo generacional en el Comité Europeo de las Regiones.

“Que los primeros perjudicados con los órganos salidos de las últimas elecciones sean los agricultores y los ganaderos choca mucho con el ambiente preelectoral y electoral que se vivió”, añadió el dirigente autonómico, que ve “matizaciones” y “reinterpretaciones” en la estructura financiera de la PAC que “chocan” con lo que se esperaba antes de las elecciones de junio de 2024.

García-Page se refirió así al futuro de la PAC para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, en el que las partidas destinadas al sector agrario y al desarrollo rural podrían encogerse por la propuesta de un gran fondo gestionado por los Estados miembros.

 “Desde luego rechazamos que se deshaga la política europea para volver al cheque nacional. Es decir, no se trata de que cada estado reciba un dinero y que ya se administren las cuentas como quiera”, dijo.

El socialista manifestó su intención de “torcerle el brazo” a la propuesta inicial de la Comisión Europea y aseguró ser “optimista” por revertir esa estructura de reparto : “No conviene bajar el presupuesto y la estructura de la anterior política agraria comunitaria en distintos pilares no se puede diluir”.

Relevo generacional

El presidente autonómico ha liderado el dictamen elaborado por Castilla-La Mancha para la promoción del relevo generacional en el sector primario, que ha sido aprobado prácticamente por unanimidad. En su intervención en la 8ª Reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité de las Regiones (CdR) ha urgido a abordar el relevo generacional en el sector primario, que supone “una cuestión de Estado” y “una cuestión estructural, que va más allá de las fronteras ideológicas”, ha remarcado, al tiempo que ha puesto como ejemplo a Castilla-La Mancha donde “en los últimos diez años, se ha conseguido incorporar a dos jóvenes al día”, una cifra que constituye “la mitad de los que se están incorporando en mi país, en España”.

En el seno de este órgano consultivo de la Unión Europea, el jefe del Ejecutivo regional ha subrayado que el relevo generacional constituye “un desafío de largo alcance” y ha apuntado que “estamos hablando de algo que choca por completo con el cortoplacismo y con las urgencias a las que se ve sometido hoy el mundo y también la Unión Europa”. A este respecto, ha advertido que “va a requerir tiempo para su implementación” y “una reflexión de varios mandatos”, por lo que ha considerado “esencial que exista un consenso”.

En palabras de Emiliano García-Page en el Edificio Jacques Delors, es “posible” afrontar con éxito este fenómeno, más aún, ante la llegada de la inteligencia artificial y la consolidación de la tecnificación en el campo, un escenario en el que “una buena tarea de la condición humana, del ser humano, una buena forma de buscarse la vida, va a ser su relación con el medio natural, con el campo, con la ganadería”. “Quizás aquí la inteligencia artificial tenga menos que aportar que en otros sectores donde se desplazará la mano de obra”, ha ahondado.

Todo ello en un escenario en el que se debate también el futuro de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, razón por la que el presidente autonómico ha aseverado que “la seguridad no solamente lo es frente a una amenaza de Rusia o de un Estado vecino”, sino que se refiere a “un concepto más completo” en el que, al igual que ocurrió con el COVID, la seguridad también es la necesidad de tener autonomía y soberanía alimentaria y la de tener, en definitiva, uno de nuestros motores económicos, el sector primario, absolutamente en funcionamiento y con autonomía“.

En esta intervención institucional, García-Page ha insistido en la necesidad de frenar el fenómeno de la despoblación y de hacerlo a través de la mejora “de las condiciones de vida” que se resumen, ha dicho, “en tener o no tener cerca la sanidad, los servicios públicos, buenas comunicaciones”, como factores que “influyen más en que una persona joven quiera o no quedarse en un municipio”. “Se requiere de un estímulo muy concreto de la cohesión social, que es cohesión en primera instancia entre el mundo rural y el urbano”, ha añadido.

En Bruselas, en el Edificio Jacques Delors en que se ha celebrado esta 8ª Reunión de la Comisión NAT, el presidente García-Page ha estado acompañado por el vicepresidente Segundo de la Junta, José Manuel Caballero; el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; y por la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido esta mañana, en la clausura de la Jornada Europea con Grupos de Desarrollo Rural en el Comité de las Regiones, “no solo el mantenimiento, sino el refuerzo de las políticas de desarrollo rural de la PAC. Me da igual que se llamen Pilar II o de otra manera, pero está demostrado que estas políticas funcionan y algo que funciona lo que tenemos que hacer es mejorarlo, en ningún caso retroceder con los recortes que se han planteado”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha dejado claro este posicionamiento durante la clausura de esta Jornada, inaugurada por el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que ha llevado a Bruselas a representantes de la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), con su presidente a la cabeza, Jesús Ortega, y de los 29 Grupos de Desarrollo Rural que hay en la Comunidad Autónoma.

Durante su intervención, Julián Martínez Lizán ha subrayado que acabar con el Pilar II sería desmantelar una de las políticas más eficaces de la Unión Europea y una herramienta clave para el medio rural, ya que ha mostrado su capacidad para generar inversión, empleo y cohesión territorial.

El consejero ha explicado que, para el Gobierno regional, ésta no es una política complementaria sino principal, cuyos resultados están contrastados. “En nuestra región el desarrollo rural ha impulsado en el período del PDR 2014-2022 más de 6.000 proyectos, ha generado más de 12.000 empleos y ha movilizado más de 520 millones de euros con una ejecución del 100% de los fondos asignados, lo que demuestra la capacidad de los grupos y, en definitiva, de la gente del territorio de gestionar y transformar la financiación europea en resultados reales para la gente”, ha indicado Martínez Lizán al respecto.

Unos datos que están teniendo continuidad en el actual período PEPAC 2023-2027, en el que de los 94 millones de euros asignados a las líneas LEADER ya se han ejecutado el 30% del presupuesto y se han puesto en marcha 189 convocatorias. “Esto ha supuesto apoyo para iniciativas como las convocatorias del Bono de Emprendimiento Rural, una cuestión fundamental, aparejada también a la actividad agraria, para que personas que van a iniciar su actividad por primera vez en el medio rural tengan ese apoyo para hacerse autónomos y generar, no solo empleo, sino también prestación de servicios”, ha explicado Martínez Lizán.

Por otro lado, el consejero ha advertido de que acabar con el segundo pilar o integrarlo en políticas genéricas supondría debilitar al medio rural, lo que supone una incoherencia con otros objetivos europeos de sostenibilidad, cohesión territorial y lucha contra la despoblación “y que a la postre debilitaría la PAC y generaría incertidumbre económica”.

Servicios para las personas que viven en el medio rural

Asimismo, el consejero ha puesto en valor el papel del programa LEADER, “uno de los más eficaces para la gobernanza local, para construir Europa desde el territorio y para la participación activa y efectiva en la toma de decisiones a través de los grupos, lo que refuerza el arraigo con el territorio. Las personas que viven en el medio rural también son Europa y no se puede dejarles abandonados a su suerte”.

Por todo ello, el consejero ha sido contundente al afirmar que “el desarrollo rural no es un gasto sino una inversión estratégica. Eliminarlo sería renunciar a una de las políticas más eficaces, que mejor funcionan y que más oportunidades generan en nuestros pueblos”. Asimismo, ha recordado que, a través de los Grupos de Desarrollo Rural, estos recursos están promoviendo el emprendimiento, inversiones, diversificación económica y la prestación de servicios necesarios en el medio rural, como tiendas de ultramarinos, pequeños comercios, dentistas, peluquerías, etcétera.

Todo ello sin olvidar una “cuestión clave” y es la vinculación entre el desarrollo rural y el relevo generacional en el sector agrario. En ese sentido, hay que tener claro que atraer y retener a los jóvenes en el campo no solo depende de las ayudas a la incorporación, sino de resolver otras cuestiones como el acceso a la tierra, las dificultades de financiación, la rentabilidad de las explotaciones o la falta de servicios en el medio rural.

“Por tanto, si queremos atraer y retener talento joven necesitamos algo más que incentivos económicos, debemos contar con territorios vivos en los que haya servicios, oportunidades de trabajo, de ocio e infraestructuras básicas educativas y sanitarias que hagan apetecible desarrollar un proyecto de vida en los pueblos”, ha indicado Martínez Lizán.

Por último, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha advertido de que debilitar el medio rural supone un riesgo para la soberanía y la seguridad alimentaria de Europa en un contexto cada vez más incierto. Por ello, “desde el Gobierno regional y desde nuestra comunidad autónoma lo tenemos claro: debemos preservar el segundo pilar como eje estructural de la PAC, debemos mantener el programa LEADER y rechazamos cualquier recorte de esta política”.

Recamder: Renunciar a los Leader “supone condenar al medio rural al abandono”

El presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega, ha alertado desde Bruselas que “renunciar a los fondos Leader supone condenar al medio rural al abandono”, al tiempo que ha incidido en la necesidad de “una Europa que siga confiando en Leader, en sus territorios rurales y en las personas que viven en ellos”.

De este modo, Recamder ha mostrado en las instituciones europeas su enérgico rechazo a los recortes de la PAC recogidos en la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028/2034 que afectarían de lleno al futuro de los pueblos.

Los presidentes y gerentes de los 29 Grupos de Desarrollo Rural que existen en la región han defendido la importancia de los fondos europeos Leader y han exigido que se mantenga una financiación específica, sólida y claramente identificada.

Según informa Recamder, lo han hecho en representación de 884 municipios, de miles de empresarios y emprendedores que han apostado por invertir en el medio rural y de más de 1,2 millones de personas que residen en las zonas rurales de Castilla-La Mancha y que quieren seguir haciéndolo.

La intensa jornada ha comenzado en el Comité Europeo de las Regiones, donde ha mantenido la reunión con eurodiputados y personal técnico, con la participación del vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

En este contexto, Ortega, tras resaltar que “Leader es una herramienta que ha demostrado con creces su utilidad, su éxito y su papel como palanca de desarrollo en el medio rural”, ha defendido que “no es ningún experimento, sino algo que funciona, que crea empleo local, fomenta el emprendimiento, apoya la innovación rural, garantiza servicios esenciales, mejora la competitividad de las empresas rurales, fomenta la sostenibilidad ambiental y genera arraigo”.

“En Castilla-La Mancha estamos consiguiendo que la gente vuelva al medio rural, y lo estamos haciendo gracias a Leader, al trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural y al apoyo firme del Gobierno de Castilla-La Mancha”, ha señalado.

Recamder también ha celebrado su Asamblea General Ordinaria y ha ratificado el acuerdo que se ha entregado por la tarde a la Comisión Europea. En este acuerdo en defensa del medio rural y de una financiación adecuada para Leader en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, se recuerda que la Política Agrícola Común (PAC) y los programas de desarrollo rural son “instrumentos fundamentales para garantizar la supervivencia y el desarrollo de las comunidades rurales”.

El documento expresa el rechazo firme a la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028/2034 por su impacto negativo en la Política Agraria Común (PAC) y el desarrollo rural, así como rechazar los recortes y el modelo de 'Fondo Único' puesto que elimina asignaciones específicas y debilita la gobernanza local.

También se exige el mantenimiento de los fondos destinados a la PAC en los niveles de la programación 2014/2020, solicitar a las instituciones europeas la continuidad de la financiación para el desarrollo rural (Leader) como herramienta esencial y mantener, al menos, los fondos asignados en el periodo 2014-2022.

Del mismo modo, se insta a los representantes españoles en la Unión Europea a defender estos fondos evitando recortes que perjudiquen al medio rural y garantizando la igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano.

También se han entregado en el Parlamento Europeo las más de 4.000 firmas recogidas en la región en apoyo al Manifiesto de Recamder en Defensa del Medio Rural, un manifiesto al que se han adherido las cinco diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha, ayuntamientos, empresas, asociaciones, cooperativas y sindicatos, además de organizaciones como APAG, Asaja, UPA, COAG, Cecam-CEOE Cepyme, Fademur, Afammer, Ecologistas en Acción y personas particulares.

Además, un total de 65 Grupos de Desarrollo Rural han firmado este manifiesto, entre ellos, los 29 Grupos de Castilla-La Mancha y 33 Grupos del resto de España, de Francia y de Italia.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ultimará la próxima semana en Bruselas el dictamen sobre relevo generacional como prioridad europea, encargado por el Comité Europeo de las Regiones a Castilla-La Mancha, como paso previo a su defensa y votación ante el pleno en los próximos meses.

Así lo ha señalado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, desde Tomelloso que ha detallado la agenda que el Ejecutivo autonómico desarrollará la próxima semana en la capital belga.

Así ha explicado que la agenda comenzará el lunes con la participación en encuentros vinculados a los grupos de desarrollo rural, tanto en el ámbito del Comité Europeo de las Regiones como en la Comisión Europea. “Ahí abordaremos el futuro de las políticas comunitarias en este ámbito”, ha señalado.

En estas reuniones participarán, junto al presidente regional, la eurodiputada Cristina Maestre; el consejero de Agricultura, Julián Martínez; y la directora general de Asuntos Europeo, Nazareth Rodrigo.

Caballero ha anunciado que el próximo lunes, en Bruselas, junto al consejero de Agricultura, “vamos a defender y reivindicar los fondos dirigidos al desarrollo rural” y ha subrayado la importancia de estos recursos para los grupos de desarrollo rural, que tienen un gran impacto en Castilla-La Mancha, destacando que “muchas de las iniciativas e inversiones que se realizan en los pueblos, tanto culturales como deportivas o de impulso a nuevas empresas, son posibles gracias a los fondos europeos”.

En este sentido, ha señalado que “estos fondos, canalizados a través de las asociaciones de desarrollo rural, hay que defenderlos”. Por lo que ha avanzado que “vamos a pedir a la presidencia de la Unión Europea y al Parlamento que la próxima Política Agraria Común esté bien dotada en lo que se refiere a estos recursos”.

El día 21 tendrá lugar la Comisión NAT, en la que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defenderá el dictamen. Una vez pase por esta comisión, comienza su camino hacia el pleno del Comité Europeo de las Regiones donde será expuesto por el presidente García-Page en julio “y del que se espera obtener un amplio consenso”.

Caballero ha destacado que el relevo generacional “no es solo una cuestión agraria, sino también territorial, ya que está directamente vinculado a la lucha contra la despoblación y a la cohesión social en las zonas rurales”.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha remarcado que esto “marcará la posición sobre el futuro del campo europeo”. Tras los trabajos de diálogo desarrollados con otros grupos políticos y entidades del sector agroalimentario europeo, el texto ya recoge propuestas concretas para facilitar la incorporación de jóvenes, como mejorar el acceso a la financiación, reducir la burocracia o reforzar el papel de las regiones en el diseño de las políticas agrarias“.

Además, Caballero ha vuelto a poner el acento en la importancia de que Europa avance hacia un compromiso financiero sólido que respalde estas medidas y garantice la viabilidad del sector a largo plazo, en línea con las demandas recogidas en las distintas enmiendas presentadas al dictamen. “Insistiremos en que, ante la incertidumbre internacional, se debe garantizar la soberanía alimentaria en Europa y eso pasa por el apoyo y la protección del sector agroalimentario con una financiación suficiente y justa”, ha remarcado.

La agenda institucional se completará con la participación en un acto en el Instituto Cervantes de Bruselas, donde se presentará el recetario ‘Entre gachas y gigantes’. Esta es obra que recupera la tradición gastronómica vinculada al universo cervantino. En este marco, Castilla-La Mancha promocionará sus productos agroalimentarios, especialmente sus vinos y alimentos de calidad, como parte de su estrategia de proyección exterior.

Finalmente, Castilla- La Mancha participará también en la Comisión ENVE del Comité Europeo de las Regiones, centrada en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático y la energía, ámbitos estrechamente vinculados al futuro del medio rural. “Para Castilla-La Mancha es una prioridad influir en estas políticas europeas e insistiremos en avanzar hacia un equilibrio entre el desarrollo sostenible y el desarrollo económico y social del territorio”, ha concluido.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este miércoles el nombramiento de José Manuel Martín Aparicio como viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

La decisión se ha tomado en el Consejo de Gobierno de esta semana y el nombramiento ya es efectivo desde hoy. Sustituirá al frente del departamento a Gracia Canales, que cesó a petición propia el pasado mes de febrero.

José Manuel Martín ya había ocupado el cargo de director gerente de la Agencia del Agua desde julio de 2019 hasta 2023 y también ha desempeñado fue director general de Desarrollo Rural, en la misma consejería que dirigió Francisco Martínez Arroyo.

UPA se reúne con el nuevo viceconsejero

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Castilla-La Mancha ha mantenido ya una reunión con el nuevo viceconsejero para abordar distintos aspectos que preocupan al sector y en los que trabajar los próximos meses.

Entre ellos la Política Agraria Comunitaria y la nueva propuesta del marco financiero que lanzó en fechas recientes la Unión Europa. “Los tremendos recortes anunciados se encontraron de bruces con el rechazo de todo el sector”, recuerda la organización agraria que ve “clave” mantener la unidad para defender al sector agrario frente a lo que califica de “un ataque” con la propuesta.

En la reunión han participado el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, y Elisa Fernández, secretaria de Organización además de Elena Pérez Payo, secretaria general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Desde la organización agraria destacan “el perfil profesional y arraigado al sector” del nuevo viceconsejero que es además alcalde de Mazarambroz (Toledo). Es ingeniero técnico agrícola y funcionario de la Junta de Castilla-La Mancha y según destaca UPA tiene “experiencia y conocimiento de la problemática del sector”.