La Viceconsejería de Medio Ambiente ha convocado nuevas ayudas para plantaciones de chopos en Castilla-La Mancha para su aprovechamiento maderero. Lo hace a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y están previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) detalla que podrán ser personas beneficiarias del régimen de estas ayudas personas o agrupaciones de personas, tanto físicas como jurídicas.

También pueden acogerse a las subvenciones, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que sean titulares forestales públicos o privados y sus agrupaciones, cuyas parcelas de plantación estén ubicadas en Castilla-La Mancha.

Sólo serán admisibles aquellas actuaciones necesarias para la plantación de chopos que se realicen sobre terrenos situados en Castilla-La Mancha y que cumplan una serie de requisitos, entre ellos, que las plantaciones deben ser coherentes con las Directrices Paneuropeas para la Forestación y la Repoblación Forestal.

Terrenos con la morfología adecuada

Asimismo, deben realizarse sobre terrenos forestales de Castilla La Mancha que tengan condiciones de morfología adecuadas para que la plantación sea “efectiva y rentable”, consignándose este aspecto mediante acta de viabilidad previa a la resolución aprobatoria de la ayuda.

También deben contar con una superficie de actuación mayor o igual de una hectárea y menor de 10 hectáreas; y la densidad de plantación debe ser menor o igual a 400 pies por hectárea con espaciamiento entre árboles de cinco metros o más.

Por último, en el caso de explotaciones forestales con una superficie superior a 100 hectáreas, se deberá contar con un plan de gestión forestal o instrumento equivalente vigente antes de la publicación de la convocatoria de la ayuda.

Para la convocatoria correspondiente al año 2026 se prevé la existencia de un crédito de 140.000 euros. Las solicitudes se podrán presentar durante un plazo de dos meses que comenzará a contar desde este miércoles, 3 de junio.

El Gobierno de La Rioja y once entidades financieras con presencia en la región (CaixaBank, Ibercaja, Caja Rural de Navarra, Banco Santander, Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Soria, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Abanca, Banco Sabadell, Laboral Kutxa y Eurocaja Rural) han firmado hoy, 1 de junio, un acuerdo de colaboración para facilitar un adelanto del pago del anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), y “dotar de liquidez a las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas, en un contexto marcado por el aumento de los costes y la incertidumbre de los mercados”, ha explicado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos.

La consejera ha agradecido la respuesta de todas estas entidades, a quienes ha reconocido “el compromiso con el sector para garantizar la continuidad de una actividad esencial para el mantenimiento de nuestra región y su viabilidad económica”.

Noemí Manzanos ha resaltado que, con este acuerdo, que forma parte del ‘Plan de acción para paliar el impacto de la crisis de Oriente Medio en los costes del sector agroganadero’, se pretende “facilitar el acceso rápido a la liquidez que necesitan los agricultores y ganaderos riojanos para afrontar los gastos corrientes y los costes de producción tras varias campañas difíciles, reforzando la viabilidad económica de sus explotaciones en un contexto de mercados inciertos”.

Esta medida ha sido diseñada para facilitar que las entidades financieras firmantes puedan, de una forma más sencilla, adelantar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a cerca de 4.300 explotaciones agrarias de La Rioja. Para ello, una vez finalizado el plazo de presentación de modificaciones, desde el Gobierno regional se verificará la elegibilidad de los datos de los perceptores de la ayuda conforme a lo enviado al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 

Dicho marco de colaboración regula de forma precisa las operaciones que los profesionales del campo podrán suscribir con las entidades financieras firmantes para el adelanto de los fondos correspondientes a la campaña de la PAC 2026. A este respecto, el importe máximo del anticipo al que podrán optar los beneficiarios alcanzará una cuantía equivalente a las ayudas de la PAC percibidas por el solicitante en la campaña anterior, o bien una estimación realizada conforme a los datos que estén disponibles para esta campaña de 2026. 

Para poder acogerse a esta vía de financiación preferente, se establecen tres requisitos obligatorios de cara a las personas físicas o jurídicas solicitantes: haber presentado en plazo la Solicitud Única de la PAC 2026, poseer una explotación agraria o ganadera radicada en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y cumplir fielmente las exigencias dictadas por la normativa reguladora de las ayudas europeas. 

Tramitación y garantías de cobro

Las personas interesadas podrán iniciar la tramitación del anticipo acudiendo a las oficinas de las 11 entidades financieras adheridas a partir del momento en el que formalicen el registro de su Solicitud Única (SU 2026). Como documentación obligatoria para la petición, deberán aportar la copia de dicha solicitud previamente registrada ante la Dirección General de Agricultura y Ganadería. 

Una vez evaluada la documentación y formalizada la operación, la entidad financiera efectuará el pago del anticipo de manera ágil. Por su parte, la devolución del crédito se realizará de forma automática en el momento en el que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, por medio del Organismo Pagador, ejecute el ingreso ordinario de las ayudas en la cuenta del beneficiario. Dicha regularización podrá instrumentarse mediante una cesión de los derechos de cobro derivados de la PAC o a través de la pignoración formal de tales derechos a favor de la entidad bancaria. 

La vigencia del acuerdo se extenderá desde el comienzo de la campaña de la Solicitud Única de 2026 y mantendrá sus efectos de forma ininterrumpida hasta que concluyan la totalidad de los pagos correspondientes a esta misma campaña. 

El Ejecutivo regional además de dar soporte a los agricultores, facilitar la gestión administrativa y colaborar en la difusión del convenio, gracias a una nueva línea de ayudas específicas, bonificara los intereses y los costos de apertura de estos y otros posibles préstamos suscritos por los titulares de las explotaciones agrarias de la región, facilitando el acceso a la liquidez de forma rápida.  

La familia real que gobierna Emiratos Árabes Unidos recibió, solo entre 2019 y 2024, más de 71 millones de euros en subvenciones europeas por cultivar alimentos en suelo comunitario que posteriormente son exportados al golfo Pérsico.

Los fondos llegaron a través de un entramado de empresas y filiales controladas por la dinastía Al Nahyan, la familia que dirige el país. Tras una agresiva campaña de adquisición de compañías europeas, los Al Nahyan controlan hoy cerca de 65.000 hectáreas de tierras agrícolas en España, Italia y Rumanía, dedicadas al cultivo de alfalfa, cereales y otros productos básicos.

En una investigación internacional junto a DeSmog (Reino Unido), G4Media (Rumanía) y The Guardian (Reino Unido), elDiario.es ha analizado las ayudas percibidas por la monarquía emiratí a través de una madeja de sociedades controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi, uno de los siete emiratos que forman el país.

El análisis identifica más de 110 pagos a empresas controladas por la familia real emiratí procedentes de fondos públicos de la Unión Europea durante ese periodo. 

A esta cifra hay que sumarle cerca de un millón aportado por la Generalitat de Catalunya entre 2020 y 2025 a una de las empresas del grupo y más de 16 millones pagados por el Ejecutivo de Rumanía a otra filial.

Buena parte de estas ayudas proceden de la Política Agraria Común (PAC), que reparte alrededor de 54.000 millones de euros al año entre agricultores de la UE. La mayoría de estos fondos se asigna en función de la superficie cultivada, lo que favorece a los grandes propietarios. Solo entre 2018 y 2021, diecisiete multimillonarios recibieron 3.300 millones de euros en ayudas.

En este caso, sin embargo, el dinero público europeo termina beneficiando a una autocracia en la que, según las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, se restringen las libertades políticas, se encarcela a activistas y la homosexualidad está tipificada como un delito grave. 

La familia Al Nahyan, además, está considerada la segunda más rica del mundo, con un patrimonio de 270.000 millones de euros procedentes de sus reservas de petróleo, entre otros. Se trata de la dinastía que protege a Juan Carlos I en Abu Dhabi tras el exilio forzoso del rey emérito a ese emirato por sus escándalos fiscales.

“La PAC no está ayudando a los agricultores de la UE; sigue enriqueciendo a los propietarios de tierras más ricos”, afirma Faustine Bas-Defossez, directora de medio ambiente de la entidad European Environmental Bureau. “Y ahora, aún peor, está alimentando a regímenes autocráticos”.

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

Hijo del presidente anterior y 'padre fundador' de los EAU

Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Príncipe heredero de Abu Dabi y probable próximo presidente de los EAU

L’IMAD (EAU)

El fondo soberano más reciente de Abu Dabi

Al Dahra (EAU)

Multinacional agroalimentaria con más de 60 explotaciones agrícolas

ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost

(Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La red de filiales en la UE de la familia real Al Nahyan

Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nayhan

Hijo del presidente anterior y 'padre fundador' de los EAU

Jeque Zayed Bin Hamdan Al Nahyan

Casado con la hija del presidente

Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Príncipe heredero de Abu Dabi y probable próximo presidente de los EAU

L’IMAD (EAU)

El fondo soberano más reciente de Abu Dabi

Al Dahra (EAU)

Multinacional agroalimentaria con más de 60 explotaciones agrícolas

ADQ (EAU)

El fondo soberano de Abu Dabi, con más de 212.000 millones de euros en activos

Agricost (Rumanía)

La mayor explotación agrícola de Europa, dedicada a la producción de piensos y semillas oleaginosas

Al Dahra Europe (España)

Principal productor, procesador y exportador de piensos para animales

Unifrutti (Italia)

Produce cítricos, peras y uvas

La silenciosa irrupción en el campo europeo

En poco más de 15 años, la dinastía emiratí, dueña también del fondo Mubadala (propietario en España de la petrolera Moeve, antigua Cepsa) se ha consolidado como uno de los grandes actores agrícolas globales tras adquirir tierras y empresas en África, Sudamérica y Europa, hasta el punto de controlar actualmente unas 960.000 hectáreas de cultivo en todo el mundo.

Esta expansión responde a una estrategia de “seguridad alimentaria” destinada a garantizar el suministro de alimentos hacia un país con fuertes limitaciones de agua.

En Europa, la expansión se ha canalizado a través de tres grandes empresas —una para España, otra para Italia y otra para Rumanía— controladas en última instancia por un fondo soberano de Abu Dabi.

En España, el grupo opera actualmente a través de Al Dahra Europe, un holding encargado de gestionar participaciones en distintas empresas (en el registro mercantil aparecen hasta siete sociedades en España). La firma y sus filiales recibieron más de dos millones de euros en fondos europeos durante el periodo analizado, además del millón aportado por la Generalitat.

La filial española controla seis instalaciones concentradas en apenas 200 kilómetros cuadrados en el Pla de Lleida, además de una sede en Aragón. Su llegada a esta zona de Catalunya se produjo en 2012, cuando adquirió las principales empresas locales dedicadas al cultivo de alfalfa y cerró acuerdos con la mayoría de los productores locales.

“Aquí en el pueblo tienen el monopolio: o lo tomas o lo dejas”, explica Josep Ripoll, agricultor de Fondarella (Lleida) que vende su producción a la empresa emiratí. “Antes de que llegaran todo era más fácil y ganábamos tres veces más”.

Felip Llovera, responsable de Agricultura del Ayuntamiento de Bellvís, donde la compañía tiene otra de sus plantas, también sostiene que la situación se ha “monopolizado” tras la llegada de los jeques a la zona. “Antes había dos o tres empresas y ahora solo hay Al Dahra”, apunta. 

Jaume Pedrós, productor de alfalfa y coordinador local del sindicato Unió de Pagesos, reprocha que en ocasiones la empresa altera los precios del mercado porque pueden permitirse pérdidas al tener el dinero del petróleo detrás.

“Al final lo que ellos quisieran es que el resto de cooperativas cerráramos y así podrían imponer a todos su manera de trabajar”, señalaba durante una entrevista a mediados de abril en Linyola (Lleida).

La compañía mantiene un contrato a largo plazo con el Gobierno emiratí para suministrar forraje destinado a la alimentación animal. En Emiratos, estos cultivos están restringidos por su elevado consumo de agua —entre 8.000 y 10.000 metros cúbicos por hectárea al año—. Según datos de la propia empresa, el 98% de los alimentos producidos en España se exportan.

Los mayores ingresos por subvenciones a la familia real de Emiratos proceden, sin embargo, de Rumanía, donde el grupo controla la empresa Agricost. Esta explotación, situada en tierras arrendadas al Estado, es la mayor finca agrícola consolidada de la UE, con una extensión de unos 11 kilómetros de largo por 60 de ancho.

Agricost fue el principal receptor corporativo de ayudas de la PAC en Rumanía en 2020 y percibe alrededor de 11 millones de euros anuales. En Italia, donde el grupo adquirió la empresa Unifrutti, las ayudas fueron muy inferiores, sumando 186.000 euros entre 2019 y 2024.

Christian Henderson, profesor de estudios de Oriente Medio en la Universidad de Leiden, critica este modelo de inversión, especialmente en países como Rumanía. “La inflación es un problema. Hay pobreza [en el país]”, señala. “¿Qué implica que los recursos agrícolas pasen a manos de inversores extranjeros? La mayoría de la producción se exporta inmediatamente”.

También Greenpeace cuestiona estas ayudas, cuyo futuro se debatirá este año en la Comisión Europea. “Es otro ejemplo de la profunda crisis de legitimidad de la PAC”, afirma Marco Contiero, responsable de Agricultura de la ONG en Europa. “Millones de pequeñas explotaciones reciben poco apoyo mientras una minoría, normalmente rica, acapara la mayor parte de los subsidios”.

En una respuesta por escrito, la Comisión Europea señala a este grupo de medios que no gestiona directamente los pagos de la PAC, sino que son responsabilidad de los Estados miembros. Defiende, a su vez, que el sistema actual debe reformarse para dirigir las ayudas a quienes más las necesitan y limitar los pagos a grandes explotaciones.

Al Dahra, Agricost y Unifrutti no han respondido a las reiteradas peticiones de comentar esta publicación. Al cerrar esta edición, la Generalitat de Catalunya tampoco había respondido a diversas solicitudes trasladadas desde el miércoles pasado al Departamento de Empresas.

Lo público y lo privado se confunden

Las inversiones agrícolas son solo una parte de la estrategia global de Emiratos, que abarca desde molinos de grano en Grecia y Bulgaria hasta infraestructuras logísticas y portuarias, pasando por empresas que fabrican lácteos o se dedican a la compraventa de alimentos.

Entre 2008 y 2022, de hecho, el Gobierno emiratí controló la terminal de contenedores del puerto de Tarragona, utilizada para exportar la alfalfa cosechada en las empresas adquiridas en Lleida. La concesión fue retirada posteriormente por incumplimiento de los compromisos de tráfico.

Buena parte de estas inversiones se canalizan a través de estructuras donde lo público y lo privado se difuminan. Por un lado, el Estado utiliza el fondo soberano ADQ, del que dependen parte de las empresas que reciben subvenciones. Otras inversiones se vehiculan a través del conglomerado IHC, formalmente privado pero estrechamente vinculado al poder político.

En conjunto, los activos emiratíes en el extranjero superan los 2.100 millones de euros.

Aunque la estructura actual de la propiedad de Al Dahra no es pública, la compañía fue fundada por el hermano del presidente, el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, antes de que el fondo soberano ADQ adquiriera el 50% de la empresa en 2020. El consejo de administración está liderado por el hermano del mandatario del país y por su hijo, el jeque Zayed bin Hamdan Al Nahyan.

Aunque sobre el papel ADQ pertenece al Estado, la mayoría de expertos coinciden en que está bajo control directo de la familia Al Nahyan. Entre 2023 y 2026 estuvo presidido por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, otro hermano del presidente, conocido como el “jeque espía” por haber dirigido ciberataques contra disidentes en el país y en el extranjero

Desde enero, el fondo ADQ ha pasado a formar parte de L’imad Holding, presidido por el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hijo mayor del presidente y al que algunas fuentes señalan como posible sucesor. ADQ ha declinado comentar este reportaje.

“La idea de que estas empresas son independientes es simplemente una broma”, afirma Marc Valeri, profesor de economía política de Oriente Medio en la Universidad de Exeter. “Se trata de un régimen muy autoritario y represivo, por lo que la diferencia entre los presupuestos del Estado y los de la familia está completamente difuminada”.

Según varios expertos, este tipo de estructuras permiten a los países del Golfo invertir en tierras agrícolas en el extranjero a través de vehículos aparentemente privados, reduciendo el coste político de estas adquisiciones, conocidas como land grabs.

“El caso de Al Dahra ilustra bien cómo se diluye la frontera entre lo público y lo privado”, apunta Henderson, de la Universidad de Leiden. “Los beneficios pueden acabar en manos privadas, aunque también contribuyen a la estrategia nacional de seguridad alimentaria”.

La Guardia Civil de Zamora investiga a dos personas (un hombre y una mujer) por dos delitos de fraude de subvenciones en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y de falsedad documental, según ha informado el cuerpo a través de un comunicado.

El heredero de una de las parcelas que se utilizaban para el fraude denunció ante la Policía Nacional de Andalucía que uno de los investigados había cobrado las ayudas de la PAC entre 2021 y 2025 por una parcela en Valcabado (Zamora) que en realidad no tenía arrendada ni tenía permiso para cobrar las ayudas europeas.

Los agentes del Eprona (Equipo de Investigación del Seprona) han llevado el caso. El comunicado señala que los investigados solicitaron en un único trámite las ayudas de la PAC de varias parcelas “reflejando datos que no se ajustan a lo legalmente establecido”.

Esta es la última investigación sobre fraude de fondos europeos en Castilla y León Recientemente, la Guardia Civil ha detenido al exalcalde de Trabanca (Salamanca) José Luis Pascual (PSOE), como investigado por delitos económicos, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria bajo supervisión de la Fiscalía Europea. El fraude fiscal de Pascual habría alcanza los 3,3 millones, se prolongó durante 15 años y está relacionado con fondos de la Unión Europea para promover el empleo y fijar población en su provincia y en Zamora.

Hace tres años, la Guardia Civil también informó de que investigaba a 30 funcionarios y ganaderos por fraude en el cobro de subvenciones de la PAC con un beneficio económico ilícito de un millón de euros. Se trataba de 22 personas físicas y ocho empresas acusadas de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.

La batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034, ha empezado acentuando la clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. Vuelve la guerra dialéctica entre los países que aspiran a la austeridad –Alemania, Países Bajos, Austrias, Finlandia o Suecia– y los países que pretenden aumentar el gasto y hacer uso de la deuda –Francia, España, Grecia, Portugal o Italia–. Los 27 se enfrentan ahora divididos a diseñar el nuevo presupuesto en el que se pretende conjugar el avance hacia la soberanía económica con el incremento de partidas en defensa, competitividad y transición ecológica sin abandonar el gasto en cuestiones que han definido la esencia de la UE en los últimos años como la política agrícola y los fondos regionales. En esta diatriba, la opción de la deuda se ha vuelto a colar para distanciar aún más a los bloques.

La Comisión Europea presentó una propuesta legislativa con una asignación financiera de 1,7 billones de euros para el próximo presupuesto de la UE, lo que supone elevar un 59% la cuantía de las cuentas públicas europeas que correspondientes al período 2021-2027.

No solo va a ser una pugna entre países. Este martes, el Parlamento europeo ha aprobado su posición respecto al Presupuesto europeo en el que defiende un incremento del presupuesto del 10% sobre la propuesta de la Comisión, con un aumento nominal de 175.110 millones de euros. Ahora bien, la Eurocámara exige una particularidad: excluye los costes de reembolso de la deuda de los fondos NextGeneration EU, que ascienden a 149.300 millones de euros. Además, los parlamentarios europeos se oponen firmemente a cualquier renacionalización, rechazan un enfoque “a la carta” y advierten de que el modelo de la Comisión de “un plan por Estado miembro” podría debilitar las políticas europeas.

La Eurocámara quiere modificar la estructura del presupuesto presentada por el equipo de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y que haya líneas presupuestarias diferenciadas para políticas individuales que se han convertido en el objetivo de los frugales para su reducción: la PAC y pesca, la política de cohesión, el Fondo Social Europeo y los asuntos de interior. Finalmente, los eurodiputados reafirman la necesidad de la introducción de nuevos “recursos propios” para reembolsar la deuda de los fondos para luchar contra la crisis que provocó la pandemia. Estos nuevos ingresos deberían generar alrededor de 60.000 millones de euros anuales. Entre las propuestas presentadas están un gravamen a los servicios digitales, un impuesto al juego en línea, una ampliación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) o un gravamen sobre las plusvalías de criptoactivos.

“Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos”

El canciller alemán, Friedrich Merz, aprovechó la cumbre de Chipre para lanzar un mensaje en contra del incremento del presupuesto europeo. “Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos y esto también significa que tenemos que fijar nuevas prioridades”, aseguró Merz.

Sin nombrarlo, el canciller alemán pretende rebajar las partidas que menos afectan a una Alemania en una situación económica muy difícil: los fondos para la Política Agraria Común (PAC) y los dedicados a las políticas de Cohesión, que hasta el pasado presupuesto multianual suponía un poco más 60% del total de la cuantía.

Mucho más expeditivo fue el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, que además de apuntar que el incremento presupuestario propuesto por la Comisión era “inaceptable tanto por su tamaño como por las contribuciones nacionales”, subrayó la necesidad de reducir las cuantías con el eufemismo de la modernización y la eficiencia. “Es absolutamente crucial que la propuesta actual se reduzca considerablemente y que el presupuesto europeo se modernice significativamente en los próximos años para poder abordar nuestra seguridad y construir una economía más sólida. Podemos reasignar fondos, aún gastamos mucho dinero europeo en política agrícola. Eso se puede hacer de forma mucho más eficiente”, avisó Jetten.

Frugales frente a los amigos de la cohesión

Este bloque de austeridad, conocidos como 'frugales', además de Alemania y Países Bajos está respaldado por Austria y por el grupo de nórdicos, donde los líderes de países como Suecia o Finlandia se han posicionado por mantener las partidas de gasto y hacer otra redistribución de las cuantías que primen más los fondos destinados a competitividad o defensa.

Mientras, en el otro lado de la frontera del gasto se posicionaron los países del Sur. No es la primera vez que ocurre, en las negociaciones del pasado presupuesto se creó el grupo de “los amigos de la cohesión”, compuesto principalmente por España, Portugal, Polonia y Grecia, que defiende el mantenimiento y refuerzo de los fondos de cohesión y la PAC. Este grupo tiene ahora nuevas adhesiones como son Italia y Francia. España, al igual que Francia, lleva ya desde hace un año advirtiendo que si se quiere cumplir con las nuevas necesidades de gasto por los retos que impone el nuevo contexto geopolítico hay que “duplicar el presupuesto europeo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a los Estados miembros “a ser ambiciosos con los próximos presupuestos”, si se quiere ser coherente con las prioridades estratégicas de la Unión: competitividad, innovación, transición ecológica y digital, así como seguridad.

Sánchez además pidió “abrir un debate sobre la extensión de los Next Generation seis o 12 meses para que los fondos que no han sido utilizados, sean empleados para la electrificación y la transformación energética” y “una flexibilización de las reglas fiscales para la inversión en esa transformación energética, al igual que se ha hecho con el presupuesto de gasto en defensa”.

La flexibilización de las reglas fiscales es una petición que también ha hecho suya la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, además de admitir que “es una negociación muy difícil en la que las posiciones de partida son muy distintas”, también advirtió de que Italia tiene “unas líneas rojas” que son los fondos de cohesión y los fondos de la Política Agrícola Común.

Meloni argumentó su posición asegurando que “no implica desacuerdo, ya que compartimos una visión común tanto en materia de defensa como de competitividad estas cuestiones están inextricablemente ligadas. De poco sirve ocuparnos de nuestra seguridad si luego no abordamos la seguridad alimentaria; y es inútil intentar construir competitividad si no entendemos que la cohesión —poner a todos los territorios en condiciones de competir en igualdad de condiciones— es un requisito previo para cualquier forma de competitividad”.

“Mientras buscamos nuevos recursos para financiar nuevas prioridades —y, objetivamente, no son tantos y nos está costando encontrarlos—, también deberíamos dar una señal en lo que respecta a los gastos administrativos”, ha subrayado Meloni para criticar que se dediquen fondos para renovar la sede del Consejo Europeo.

Otro campo de batalla: la deuda

Y en la búsqueda de esos fondos es dónde se ha abierto otro campo de batalla: la deuda. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la deuda contraída por la Unión Europea durante la pandemia de Covid debería prorrogarse y que el bloque debería emitir nuevos bonos europeos.

“No tiene sentido devolver ahora la deuda de la covid, lo que tendría un impacto negativo en los presupuestos, cuando existe una fuerte demanda de títulos y bonos europeos. Nos endeudamos durante la covid. Hoy se nos dice: hay que devolverlo rápidamente. Eso es idiota. Renovemos esta deuda; emitamos de nuevo bonos, porque la gente quiere estos títulos a bajo coste. Eso nos da margen de maniobra”, remarcó Macron.

Si hay que devolver ya la deuda contraída por la covid el próximo presupuesto plurianual se resentirá. Hay que pagar unos 25.000 millones al año a partir de 2028 para cubrir la deuda que sirvió para la recuperación de las economías ahogadas por la pandemia.

Una vez más, Merz salió a marcar terreno con el discurso de la austeridad: “Lo que Alemania no se plantea es un aumento de la deuda ni tampoco bonos europeos en los mercados de capitales. Esta es una posición que no sostiene Alemania. Lo saben los colegas. Muchos comparten mi opinión”, poniendo sobre la mesa las líneas rojas alemanas.

Otra opción es que el incremento del presupuesto mayor no recaiga sobre los países de la UE, donde algunos tienen un grave problema para cumplir con las reglas fiscales. Aunque tampoco gusta en algunas capitales, una solución puesta sobre la mesa sería el incremento de impuestos que van directamente al presupuesto europeo.

“Al final, lo lograremos, Europa no puede permitirse quedarse fuera del juego frente a Estados Unidos y China”, puntualizó Macron. Al final habrá que aplicar la razón. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que al igual que Macron cuestionó la lógica de devolver ahora los préstamos del Fondo de Recuperación, explicó que el presupuesto europeo es “seguro y solvente, especialmente cuando el bloque se endeuda de forma conjunta”. “Habrá concesiones mutuas y cualquier resistencia será superada o Europa tendrá que aceptar expectativas más bajas. No podemos decir que queremos hacer más con menos”, concluyó Mitsotakis.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha presentado hoy el Plan regional para el Mantenimiento y Desarrollo de la Ganadería Extensiva en Castilla- La Mancha, “un plan que apuesta por un modelo que combina tradición, con competitividad y sostenibilidad”, tal como ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la presentación del documento junto a la directora de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez.

Con este plan, que ha sido demandando por las organizaciones agrarías, “cumplimos el compromiso del presidente Emiliano García-Page con el sector para impulsar políticas de apoyo al sector ganadero y en particular a la ganadería extensiva, en este caso con el Plan Estratégico de la Ganadería Extensiva”.

La Estrategia, “que está viva y tendrá que ir desarrollándose en virtud de la realidad” ha sido elaborada junto a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y ha estado trabajada y consensuada con organizaciones agrarias, asociaciones ganaderas (AECERIBER. ASOPROVAC, AGRAL, ANABE, GRAPA, RAEANI, etc.), colegio de veterinarios y Fundación Global Nature, participes activos en el proceso de elaboración. Por último, ha estado abierta a la participación de la ciudadanía de Castilla-La Mancha recibiendo más de 60 aportaciones en el proceso de exposición pública.

Todo ello para reconocer el “papel social de los ganaderos que son esenciales para fijar población, generar empleo y mantener vivos nuestros pueblos, no en vano la ganadería constituye un pilar estratégico dentro del sector primario, con una contribución relevante al PIB regional agrario de un 4%”, ha manifestado el consejero.

Contenido del Plan: objetivos, ejes y medidas 

Julián Martínez Lizán ha comenzado explicando que en la región conviven el modelo intensivo y el extensivo y este Plan Estratégico reconoce su complementariedad y promueve su convivencia equilibrada, entendiendo que ambos modelos son necesarios y compatibles para asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector ganadero. “No tiene por qué haber dicotomías entre la ganadería intensiva y la extensiva porque son compatibles y todas son importantes, pero en la extensiva es donde hemos visto mayor incidencia en la desaparición progresiva de este tipo de ganado y por lo tanto tenemos que intentar apoyarla”, en palabras del consejero.

En este momento, en Castilla-La Mancha hay más de 10.000 explotaciones de ganadería y en la PAC 5.600 piden ayudas vinculadas a pastos, lo que indica que el porcentaje de explotaciones vinculadas a la ganadería extensiva está por encima del 50 por ciento “y sobre todo, son las que más nos preocupan en su continuidad futura”.

La Estrategia combina modernización, sostenibilidad ambiental, sanidad animal, innovación y valorización de los productos, con el objetivo de reforzar la competitividad y viabilidad de la ganadería extensiva en Castilla-La Mancha.

Todo ello se ha articulado en 5 ejes de actuación y 40 medidas específicas. El Eje 1 dedicado a la ‘Mejora de la competitividad’ incluye medidas para reforzar la viabilidad económica de las explotaciones como la caracterización de los grados de extensividad, el análisis de los costes de producción, el apoyo a las razas autóctonas y mejora genética, incluyendo además trabajos en aras de simplificación administrativa y flexibilidad normativa

El Eje 2 sobre ‘Sostenibilidad ambiental’, reconoce la ganadería extensiva como una herramienta clave de gestión del territorio, fomentando el pastoreo como medida de conservación, prevención de incendios y protección de la biodiversidad, además de reforzar las ayudas agroambientales y poner en valor prácticas tradicionales como la trashumancia y la dehesa.

El tercer eje sobre ‘Sanidad animal’ prioriza la prevención y el control de enfermedades mediante una mejor comunicación con el sector, el refuerzo de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas y la aplicación del enfoque One Health, integrando salud animal, humana y ambiental.

El Eje 4 sobre ‘Formación, I+D+i’, apuesta por la profesionalización y la innovación a través de la colaboración con centros de investigación, la creación de una red de explotaciones de referencia, el impulso de la formación especializada y la transferencia de conocimiento al sector.

Y, por último, el Eje 5,‘Comercialización y promoción’, está orientado a mejorar la rentabilidad de los ganaderos mediante la diferenciación y promoción de los productos de origen extensivo, el impulso de figuras de calidad, la presencia en ferias y eventos y el fomento de canales cortos de comercialización.

Fondos e inversión

Desde el punto de vista económico, el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha explicado que, en total, son más de 184 los millones de euros que el sector ganadero tiene en estos momentos que vienen de fondos europeos, la Administración General del Estado y fondos propios de la Comunidad Autónoma “y queremos reforzarlo”. Algo que se hará en la medida en que, en la revisión para la aplicación del próximo programa de la PAC que se está negociando, “se puedan implementar nuevas medidas que contribuyan a seguir revitalizando la ganadería en nuestro territorio. Ganadería extensiva, pero también la intensiva que también supone una aportación importantísima en ese desarrollo socioeconómico de nuestra región”.

A ese importe, se suman otras líneas de ayuda que no son anuales y que se articulan dependiendo de las necesidades del sector, o la línea de Ayuda de Extensificación Avícola con casi 12 millones de euros.

También hay que añadir las ayudas a la incorporación de jóvenes y mejoras, “en las que vamos a seguir trabajando por su importancia para el futuro del sector”, y que han hecho posible que desde que Emiliano García-Page es presidente se hayan incorporado más de 1.400 jóvenes a la ganadería, recibiendo una ayuda de 48,5 millones de euros. En cuanto a la mejora de las explotaciones, han sido 1.025 jóvenes ganaderos los han recibido más de 55 millones de euros de ayudas, promoviendo una inversión 92,5 millones de euros.

En cualquier caso, ha abogado por hacer el sector todavía más atractivo “para que haya más chicos y chicas que quieran enfrentar este nuevo reto. El relevo generacional, en una actividad que tiene que dedicarle 365 días al año a mantener a sus animales, requiere de un gran sacrificio y de un gran amor al desarrollo de esta actividad, por eso vamos a ver si somos capaces entre todos le poder hacer atractivo este sector”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reprochado este martes los “giros” de la Comisión Europea en la Política Agraria Comunitaria (PAC) de la UE, para la que prevé “recortes” y una “convulsión”, y ha asegurado que los agricultores y ganaderos están siendo “los principales perjudicados” de esta legislatura comunitaria.

“De entrada han planteado no solo recortes, sino un cambio por completo de coordenadas que de pronto significan una convulsión. No está Europa para giros como el que ha planteado la Comisión. No es eso lo que se votó”, ha señalado García-Page en declaraciones a los medios antes de exponer un dictamen sobre relevo generacional en el Comité Europeo de las Regiones.

“Que los primeros perjudicados con los órganos salidos de las últimas elecciones sean los agricultores y los ganaderos choca mucho con el ambiente preelectoral y electoral que se vivió”, añadió el dirigente autonómico, que ve “matizaciones” y “reinterpretaciones” en la estructura financiera de la PAC que “chocan” con lo que se esperaba antes de las elecciones de junio de 2024.

García-Page se refirió así al futuro de la PAC para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, en el que las partidas destinadas al sector agrario y al desarrollo rural podrían encogerse por la propuesta de un gran fondo gestionado por los Estados miembros.

 “Desde luego rechazamos que se deshaga la política europea para volver al cheque nacional. Es decir, no se trata de que cada estado reciba un dinero y que ya se administren las cuentas como quiera”, dijo.

El socialista manifestó su intención de “torcerle el brazo” a la propuesta inicial de la Comisión Europea y aseguró ser “optimista” por revertir esa estructura de reparto : “No conviene bajar el presupuesto y la estructura de la anterior política agraria comunitaria en distintos pilares no se puede diluir”.

Relevo generacional

El presidente autonómico ha liderado el dictamen elaborado por Castilla-La Mancha para la promoción del relevo generacional en el sector primario, que ha sido aprobado prácticamente por unanimidad. En su intervención en la 8ª Reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité de las Regiones (CdR) ha urgido a abordar el relevo generacional en el sector primario, que supone “una cuestión de Estado” y “una cuestión estructural, que va más allá de las fronteras ideológicas”, ha remarcado, al tiempo que ha puesto como ejemplo a Castilla-La Mancha donde “en los últimos diez años, se ha conseguido incorporar a dos jóvenes al día”, una cifra que constituye “la mitad de los que se están incorporando en mi país, en España”.

En el seno de este órgano consultivo de la Unión Europea, el jefe del Ejecutivo regional ha subrayado que el relevo generacional constituye “un desafío de largo alcance” y ha apuntado que “estamos hablando de algo que choca por completo con el cortoplacismo y con las urgencias a las que se ve sometido hoy el mundo y también la Unión Europa”. A este respecto, ha advertido que “va a requerir tiempo para su implementación” y “una reflexión de varios mandatos”, por lo que ha considerado “esencial que exista un consenso”.

En palabras de Emiliano García-Page en el Edificio Jacques Delors, es “posible” afrontar con éxito este fenómeno, más aún, ante la llegada de la inteligencia artificial y la consolidación de la tecnificación en el campo, un escenario en el que “una buena tarea de la condición humana, del ser humano, una buena forma de buscarse la vida, va a ser su relación con el medio natural, con el campo, con la ganadería”. “Quizás aquí la inteligencia artificial tenga menos que aportar que en otros sectores donde se desplazará la mano de obra”, ha ahondado.

Todo ello en un escenario en el que se debate también el futuro de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, razón por la que el presidente autonómico ha aseverado que “la seguridad no solamente lo es frente a una amenaza de Rusia o de un Estado vecino”, sino que se refiere a “un concepto más completo” en el que, al igual que ocurrió con el COVID, la seguridad también es la necesidad de tener autonomía y soberanía alimentaria y la de tener, en definitiva, uno de nuestros motores económicos, el sector primario, absolutamente en funcionamiento y con autonomía“.

En esta intervención institucional, García-Page ha insistido en la necesidad de frenar el fenómeno de la despoblación y de hacerlo a través de la mejora “de las condiciones de vida” que se resumen, ha dicho, “en tener o no tener cerca la sanidad, los servicios públicos, buenas comunicaciones”, como factores que “influyen más en que una persona joven quiera o no quedarse en un municipio”. “Se requiere de un estímulo muy concreto de la cohesión social, que es cohesión en primera instancia entre el mundo rural y el urbano”, ha añadido.

En Bruselas, en el Edificio Jacques Delors en que se ha celebrado esta 8ª Reunión de la Comisión NAT, el presidente García-Page ha estado acompañado por el vicepresidente Segundo de la Junta, José Manuel Caballero; el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; y por la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido esta mañana, en la clausura de la Jornada Europea con Grupos de Desarrollo Rural en el Comité de las Regiones, “no solo el mantenimiento, sino el refuerzo de las políticas de desarrollo rural de la PAC. Me da igual que se llamen Pilar II o de otra manera, pero está demostrado que estas políticas funcionan y algo que funciona lo que tenemos que hacer es mejorarlo, en ningún caso retroceder con los recortes que se han planteado”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha dejado claro este posicionamiento durante la clausura de esta Jornada, inaugurada por el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que ha llevado a Bruselas a representantes de la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), con su presidente a la cabeza, Jesús Ortega, y de los 29 Grupos de Desarrollo Rural que hay en la Comunidad Autónoma.

Durante su intervención, Julián Martínez Lizán ha subrayado que acabar con el Pilar II sería desmantelar una de las políticas más eficaces de la Unión Europea y una herramienta clave para el medio rural, ya que ha mostrado su capacidad para generar inversión, empleo y cohesión territorial.

El consejero ha explicado que, para el Gobierno regional, ésta no es una política complementaria sino principal, cuyos resultados están contrastados. “En nuestra región el desarrollo rural ha impulsado en el período del PDR 2014-2022 más de 6.000 proyectos, ha generado más de 12.000 empleos y ha movilizado más de 520 millones de euros con una ejecución del 100% de los fondos asignados, lo que demuestra la capacidad de los grupos y, en definitiva, de la gente del territorio de gestionar y transformar la financiación europea en resultados reales para la gente”, ha indicado Martínez Lizán al respecto.

Unos datos que están teniendo continuidad en el actual período PEPAC 2023-2027, en el que de los 94 millones de euros asignados a las líneas LEADER ya se han ejecutado el 30% del presupuesto y se han puesto en marcha 189 convocatorias. “Esto ha supuesto apoyo para iniciativas como las convocatorias del Bono de Emprendimiento Rural, una cuestión fundamental, aparejada también a la actividad agraria, para que personas que van a iniciar su actividad por primera vez en el medio rural tengan ese apoyo para hacerse autónomos y generar, no solo empleo, sino también prestación de servicios”, ha explicado Martínez Lizán.

Por otro lado, el consejero ha advertido de que acabar con el segundo pilar o integrarlo en políticas genéricas supondría debilitar al medio rural, lo que supone una incoherencia con otros objetivos europeos de sostenibilidad, cohesión territorial y lucha contra la despoblación “y que a la postre debilitaría la PAC y generaría incertidumbre económica”.

Servicios para las personas que viven en el medio rural

Asimismo, el consejero ha puesto en valor el papel del programa LEADER, “uno de los más eficaces para la gobernanza local, para construir Europa desde el territorio y para la participación activa y efectiva en la toma de decisiones a través de los grupos, lo que refuerza el arraigo con el territorio. Las personas que viven en el medio rural también son Europa y no se puede dejarles abandonados a su suerte”.

Por todo ello, el consejero ha sido contundente al afirmar que “el desarrollo rural no es un gasto sino una inversión estratégica. Eliminarlo sería renunciar a una de las políticas más eficaces, que mejor funcionan y que más oportunidades generan en nuestros pueblos”. Asimismo, ha recordado que, a través de los Grupos de Desarrollo Rural, estos recursos están promoviendo el emprendimiento, inversiones, diversificación económica y la prestación de servicios necesarios en el medio rural, como tiendas de ultramarinos, pequeños comercios, dentistas, peluquerías, etcétera.

Todo ello sin olvidar una “cuestión clave” y es la vinculación entre el desarrollo rural y el relevo generacional en el sector agrario. En ese sentido, hay que tener claro que atraer y retener a los jóvenes en el campo no solo depende de las ayudas a la incorporación, sino de resolver otras cuestiones como el acceso a la tierra, las dificultades de financiación, la rentabilidad de las explotaciones o la falta de servicios en el medio rural.

“Por tanto, si queremos atraer y retener talento joven necesitamos algo más que incentivos económicos, debemos contar con territorios vivos en los que haya servicios, oportunidades de trabajo, de ocio e infraestructuras básicas educativas y sanitarias que hagan apetecible desarrollar un proyecto de vida en los pueblos”, ha indicado Martínez Lizán.

Por último, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha advertido de que debilitar el medio rural supone un riesgo para la soberanía y la seguridad alimentaria de Europa en un contexto cada vez más incierto. Por ello, “desde el Gobierno regional y desde nuestra comunidad autónoma lo tenemos claro: debemos preservar el segundo pilar como eje estructural de la PAC, debemos mantener el programa LEADER y rechazamos cualquier recorte de esta política”.

Recamder: Renunciar a los Leader “supone condenar al medio rural al abandono”

El presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega, ha alertado desde Bruselas que “renunciar a los fondos Leader supone condenar al medio rural al abandono”, al tiempo que ha incidido en la necesidad de “una Europa que siga confiando en Leader, en sus territorios rurales y en las personas que viven en ellos”.

De este modo, Recamder ha mostrado en las instituciones europeas su enérgico rechazo a los recortes de la PAC recogidos en la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028/2034 que afectarían de lleno al futuro de los pueblos.

Los presidentes y gerentes de los 29 Grupos de Desarrollo Rural que existen en la región han defendido la importancia de los fondos europeos Leader y han exigido que se mantenga una financiación específica, sólida y claramente identificada.

Según informa Recamder, lo han hecho en representación de 884 municipios, de miles de empresarios y emprendedores que han apostado por invertir en el medio rural y de más de 1,2 millones de personas que residen en las zonas rurales de Castilla-La Mancha y que quieren seguir haciéndolo.

La intensa jornada ha comenzado en el Comité Europeo de las Regiones, donde ha mantenido la reunión con eurodiputados y personal técnico, con la participación del vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

En este contexto, Ortega, tras resaltar que “Leader es una herramienta que ha demostrado con creces su utilidad, su éxito y su papel como palanca de desarrollo en el medio rural”, ha defendido que “no es ningún experimento, sino algo que funciona, que crea empleo local, fomenta el emprendimiento, apoya la innovación rural, garantiza servicios esenciales, mejora la competitividad de las empresas rurales, fomenta la sostenibilidad ambiental y genera arraigo”.

“En Castilla-La Mancha estamos consiguiendo que la gente vuelva al medio rural, y lo estamos haciendo gracias a Leader, al trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural y al apoyo firme del Gobierno de Castilla-La Mancha”, ha señalado.

Recamder también ha celebrado su Asamblea General Ordinaria y ha ratificado el acuerdo que se ha entregado por la tarde a la Comisión Europea. En este acuerdo en defensa del medio rural y de una financiación adecuada para Leader en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, se recuerda que la Política Agrícola Común (PAC) y los programas de desarrollo rural son “instrumentos fundamentales para garantizar la supervivencia y el desarrollo de las comunidades rurales”.

El documento expresa el rechazo firme a la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028/2034 por su impacto negativo en la Política Agraria Común (PAC) y el desarrollo rural, así como rechazar los recortes y el modelo de 'Fondo Único' puesto que elimina asignaciones específicas y debilita la gobernanza local.

También se exige el mantenimiento de los fondos destinados a la PAC en los niveles de la programación 2014/2020, solicitar a las instituciones europeas la continuidad de la financiación para el desarrollo rural (Leader) como herramienta esencial y mantener, al menos, los fondos asignados en el periodo 2014-2022.

Del mismo modo, se insta a los representantes españoles en la Unión Europea a defender estos fondos evitando recortes que perjudiquen al medio rural y garantizando la igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano.

También se han entregado en el Parlamento Europeo las más de 4.000 firmas recogidas en la región en apoyo al Manifiesto de Recamder en Defensa del Medio Rural, un manifiesto al que se han adherido las cinco diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha, ayuntamientos, empresas, asociaciones, cooperativas y sindicatos, además de organizaciones como APAG, Asaja, UPA, COAG, Cecam-CEOE Cepyme, Fademur, Afammer, Ecologistas en Acción y personas particulares.

Además, un total de 65 Grupos de Desarrollo Rural han firmado este manifiesto, entre ellos, los 29 Grupos de Castilla-La Mancha y 33 Grupos del resto de España, de Francia y de Italia.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ultimará la próxima semana en Bruselas el dictamen sobre relevo generacional como prioridad europea, encargado por el Comité Europeo de las Regiones a Castilla-La Mancha, como paso previo a su defensa y votación ante el pleno en los próximos meses.

Así lo ha señalado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, desde Tomelloso que ha detallado la agenda que el Ejecutivo autonómico desarrollará la próxima semana en la capital belga.

Así ha explicado que la agenda comenzará el lunes con la participación en encuentros vinculados a los grupos de desarrollo rural, tanto en el ámbito del Comité Europeo de las Regiones como en la Comisión Europea. “Ahí abordaremos el futuro de las políticas comunitarias en este ámbito”, ha señalado.

En estas reuniones participarán, junto al presidente regional, la eurodiputada Cristina Maestre; el consejero de Agricultura, Julián Martínez; y la directora general de Asuntos Europeo, Nazareth Rodrigo.

Caballero ha anunciado que el próximo lunes, en Bruselas, junto al consejero de Agricultura, “vamos a defender y reivindicar los fondos dirigidos al desarrollo rural” y ha subrayado la importancia de estos recursos para los grupos de desarrollo rural, que tienen un gran impacto en Castilla-La Mancha, destacando que “muchas de las iniciativas e inversiones que se realizan en los pueblos, tanto culturales como deportivas o de impulso a nuevas empresas, son posibles gracias a los fondos europeos”.

En este sentido, ha señalado que “estos fondos, canalizados a través de las asociaciones de desarrollo rural, hay que defenderlos”. Por lo que ha avanzado que “vamos a pedir a la presidencia de la Unión Europea y al Parlamento que la próxima Política Agraria Común esté bien dotada en lo que se refiere a estos recursos”.

El día 21 tendrá lugar la Comisión NAT, en la que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defenderá el dictamen. Una vez pase por esta comisión, comienza su camino hacia el pleno del Comité Europeo de las Regiones donde será expuesto por el presidente García-Page en julio “y del que se espera obtener un amplio consenso”.

Caballero ha destacado que el relevo generacional “no es solo una cuestión agraria, sino también territorial, ya que está directamente vinculado a la lucha contra la despoblación y a la cohesión social en las zonas rurales”.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha remarcado que esto “marcará la posición sobre el futuro del campo europeo”. Tras los trabajos de diálogo desarrollados con otros grupos políticos y entidades del sector agroalimentario europeo, el texto ya recoge propuestas concretas para facilitar la incorporación de jóvenes, como mejorar el acceso a la financiación, reducir la burocracia o reforzar el papel de las regiones en el diseño de las políticas agrarias“.

Además, Caballero ha vuelto a poner el acento en la importancia de que Europa avance hacia un compromiso financiero sólido que respalde estas medidas y garantice la viabilidad del sector a largo plazo, en línea con las demandas recogidas en las distintas enmiendas presentadas al dictamen. “Insistiremos en que, ante la incertidumbre internacional, se debe garantizar la soberanía alimentaria en Europa y eso pasa por el apoyo y la protección del sector agroalimentario con una financiación suficiente y justa”, ha remarcado.

La agenda institucional se completará con la participación en un acto en el Instituto Cervantes de Bruselas, donde se presentará el recetario ‘Entre gachas y gigantes’. Esta es obra que recupera la tradición gastronómica vinculada al universo cervantino. En este marco, Castilla-La Mancha promocionará sus productos agroalimentarios, especialmente sus vinos y alimentos de calidad, como parte de su estrategia de proyección exterior.

Finalmente, Castilla- La Mancha participará también en la Comisión ENVE del Comité Europeo de las Regiones, centrada en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático y la energía, ámbitos estrechamente vinculados al futuro del medio rural. “Para Castilla-La Mancha es una prioridad influir en estas políticas europeas e insistiremos en avanzar hacia un equilibrio entre el desarrollo sostenible y el desarrollo económico y social del territorio”, ha concluido.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este miércoles el nombramiento de José Manuel Martín Aparicio como viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

La decisión se ha tomado en el Consejo de Gobierno de esta semana y el nombramiento ya es efectivo desde hoy. Sustituirá al frente del departamento a Gracia Canales, que cesó a petición propia el pasado mes de febrero.

José Manuel Martín ya había ocupado el cargo de director gerente de la Agencia del Agua desde julio de 2019 hasta 2023 y también ha desempeñado fue director general de Desarrollo Rural, en la misma consejería que dirigió Francisco Martínez Arroyo.

UPA se reúne con el nuevo viceconsejero

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Castilla-La Mancha ha mantenido ya una reunión con el nuevo viceconsejero para abordar distintos aspectos que preocupan al sector y en los que trabajar los próximos meses.

Entre ellos la Política Agraria Comunitaria y la nueva propuesta del marco financiero que lanzó en fechas recientes la Unión Europa. “Los tremendos recortes anunciados se encontraron de bruces con el rechazo de todo el sector”, recuerda la organización agraria que ve “clave” mantener la unidad para defender al sector agrario frente a lo que califica de “un ataque” con la propuesta.

En la reunión han participado el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, y Elisa Fernández, secretaria de Organización además de Elena Pérez Payo, secretaria general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Desde la organización agraria destacan “el perfil profesional y arraigado al sector” del nuevo viceconsejero que es además alcalde de Mazarambroz (Toledo). Es ingeniero técnico agrícola y funcionario de la Junta de Castilla-La Mancha y según destaca UPA tiene “experiencia y conocimiento de la problemática del sector”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a ampliar el plazo de presentación de la Solicitud Única de la PAC, que concluía el 30 de abril, hasta el próximo 15 de mayo y así quedará publicado en los próximos días.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha precisado al respecto que la dinámica de presentación de solicitudes está siendo adecuada, dado que ya hay unos 70.000 expedientes gestionados, registrados, finalizados o abiertos, que están tramitándose por parte de las entidades colaboradoras.

Sin embargo, dado que hubo problemas con las aplicaciones vinculadas al desarrollo de los expedientes, “queremos dar esa oportunidad para que haya más garantía de que lleguemos a tiempo y sin prisas para poder hacer bien los expedientes y de esa manera minimizar al máximo las incidencias que se pudieran desarrollar”.

Salón Gourmet

Según informa el Ejecutivo regional, Martínez Lizán ha hecho esas declaraciones en Madrid tras asistir a la inauguración del Salón Gourmets, en el que Castilla-La Mancha vuelve a participar con el stand de Campo y Alma, en el que tienen presencia 13 empresas de sectores como el vino, el aceite, el queso, los frutos secos, la carne de caza o las frutas y verduras. En el cómputo total, son cerca de 80 las empresas castellanomanchegas que participan en esta feria.

A su juicio, esta participación “demuestra la variedad y la riqueza agroalimentaria de la región” respaldada en un dato fundamental y es que el sector agroalimentario supone el 17 por ciento del PIB de Castilla-La Mancha, porcentaje que le hace ser el sector de mayor peso en la economía regional.

Además del espacio para las empresas, en la zona institucional del stand regional está prevista la celebración de varias acciones de cocina en vivo, a cargo de conocidos chefs de Castilla-La Mancha, que se encargarán de hacer elaboraciones con productos de Castilla-La Mancha amparados por figuras de calidad, y varias catas de diferentes productos. También como en ediciones anteriores, Castilla-La Mancha ha reservado durante una mañana el escenario principal de la Feria para realizar actividades promocionales para las figuras de calidad de la región.

En relación con la promoción de las producciones agroalimentarias en ferias, el consejero ha indicado que hoy se publica en el Diario Oficial de la región las ayudas en especie para la participación agrupada en el estand que contratará la Consejería para la asistencia Fruit Attraction 2026, “una feria en la que Castilla-La Mancha tiene una participación importante”.

Cinco años de Campo y Alma

Fue precisamente en el Salón Gourmets cuando hace cinco años el Ejecutivo autonómico presentó la marca de calidad Campo y Alma, que identifica los productos con denominación de origen o indicación geográfica protegida de la Comunidad, y que hoy en día ha logrado el objetivo con el que se creó que es que las personas consumidoras la identifiquen con los productos de calidad de nuestra región, “algo que nos enorgullece”.

Será el próximo 13 de mayo cuando de nuevo se pueda ver lo mejor de estas producciones durante la entrega de los premios Gran Selección Campo y Alma en Quintanar del Rey (Cuenca), “un escaparate para nuestros alimentos de calidad, amparados bajo la marca de garantía de calidad, que cuenta con 214 empresas registradas, pertenecientes a alguna de las 41 figuras de calidad de la región”.

40º aniversario de la DOP Arroz de Calasparra

El consejero, que está visitando a las empresas castellanomanchegas asistentes a la feria, también ha estado en el estand del Consejo Regulador de la DOP Arroz Calasparra, que celebra su 40º Aniversario como figura de calidad.

Tras felicitar a esta DOP, Julián Martínez Lizán ha puesto en valor que el de Calasparra fue el primer arroz del mundo con Denominación de Origen y es uno de los tres arroces reconocidos en España.

En Castilla-La Mancha se cultiva arroz en Hellín, donde hay una superficie integrada dentro de lo que se denomina Coto Arrocero, junto con Moratalla y Calasparra, con una superficie importante dentro de ese coto arrocero, “con la que aportamos un producto extraordinario, un arroz que tiene unas peculiaridades muy importantes con dos variedades principales, Balilla x Sollana y Arroz Bomba, que nos dan ese reconocimiento a nivel global”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha mantenido esta mañana una reunión con los presentantes de las principales organizaciones profesionales agrarias de Castilla-La Mancha, ASAJA y UPA y con Cooperativas Agroalimentarias, para seguir avanzando en la postura común sobre la la Política Agraria Común (PAC) que entrará en vigor después de 2027.

En declaraciones a los medios, Martínez Lizán ha señalado que esta reunión, continuación de las dos que se habían celebrado anteriormente, “viene a afianzar la posición común que venimos manteniendo el compromiso de la Administración de trabajar en línea con las organizaciones profesionales agrarias reconocidas a tal efecto en la región y con cooperativas agroalimentarias”.

En la reunión se ha puesto a disposición de todas las organizaciones un cuestionario con la intención de “empezar a perfilar las líneas de actuación orientadas a trabajar en el desarrollo de las ayudas agroambientales futuras, las ayudas asociadas, y, sobre todo, en la orientación que queremos darle a nuestra ganadería, especialmente fijándonos en nuestra ganadería extensiva”.

Una vez esté listo este documento, se organizarán grupos de trabajo para elaborar un documento común “que queremos enviar a consulta pública para que todo el mundo que se sienta afectado pueda participar en la posición común que tengamos desde Castilla-La Mancha”.

Organizaciónes agrarias

Las organizaciones agrarias también han señalado algunos de los temas importantes antes de la reunión. Así el secretario general de UPA en la región, Julián Morcillo, ha bajado a temas concretos que interesan a la región, señalando que el documento debe incluir una ayuda para el viñedo de secano, pues más de la mitad del viñedo de la región es de secano, y que “la apicultura tenga una ayuda concreta dentro de las ayudas acopladas”.

En cuanto a la incorporación de jóvenes y el relevo generacional en el campo, lo ha considerado “fundamental”, por lo que ha opinado que se debe reforzar “el acceso a la tierra y al agua”.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha señalado que venían principalmente a escuchar las propuesta de la Consejería y ha destacado la necesidad de mantener “un buen modelo de soberanía alimentaria”, que “desgraciadamente” no tiene ni “el primer eslabón de la cadena ni el último, que son los consumidores”.

Por su lado, Nuria Villanueva, responsable de Ayudas Horizontales de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, ha señalado que los dos pilares fundamentales de este documento deben pasar por “una estrategia europea de relevo generacional y por el futuro de la política agraria común”.

Seguir intentando cambiar las bases de la propuesta de la futura PAC, trabajando “también en el lápiz pequeño”, porque “dentro un año y medio o dos años y medio, habrá que poner en práctica esta reforma y aplicarla con órdenes concretas en nuestra región”, ha reseñado Villanueva.

Guerra de Irán

Por otro lado y en relación al momento actual, Martínez Lizán ha considerado más importantes  “seguir manteniendo una política agraria como un fuerte, sobre todo por las injerencias que la geopolítica y en este mismo momento la guerra de Irán puede estar planteando”

Se ha referido a “el incrementos de los costes de producción energéticos, de combustibles y sobre todo de fertilizantes, que prácticamente han doblado sus precios, algo que es inasumible totalmente para el campo” y cree que esto puede hacer “que se retiren muchos agricultores por la simple inviabilidad de sus explotaciones”.

Ante esta situación ha reivindicado el respaldo “de quien hoy regula al sector más regulado de todos los sectores productivos de Europa, y el único que produce sin realmente poner un precio mínimo a las producciones que tienen en sus explotaciones”.

Cada vez que hay una crisis que afecta al precio de los alimentos, la mirada se vuelve sobre el campo. Esta vez, con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y el conflicto bélico en Oriente Medio, la situación no es diferente. De nuevo, se vuelve a hablar de la necesidad de ser lo suficientemente autónomos, tanto en España como en la Unión Europea, para resistir este tipo de envites. Ahora, ese debate coincide con el acelerón del acuerdo de Bruselas con Mercosur y con Australia, para intentar abrir alternativas, tanto en el acceso a más países a los que vender, como para comprar alimentos. Una situación que no solo convive con la escasez de fertilizantes por el cierre del estrecho de Ormuz, sino también con EEUU desplegando –con vaivenes– el esquema arancelario ideado por la Administración de Donald Trump.

Ese cierre de Ormuz y la guerra en Oriente Medio han vuelto a poner de relieve la poca capacidad de Europa para ser autosuficiente y contar con productos esenciales para el campo, como los fertilizantes y el gasóleo agrícola, que han disparado sus precios en origen. De momento, aquí no faltan alimentos, pero en países con menos poderío económico ya empieza a haber problemas.

En España, para tratar de paliar esa escalada de precios, el Gobierno ha aprobado ayudas por valor de más de 870 millones de euros con los que tratar de dar oxígeno a las finanzas de los productores del sector primario.

Sin embargo, el trasfondo es que, cada vez que hay un revés, se hace énfasis en proteger al campo, a sus productores y productoras, porque son quienes sustentan la alimentación del conjunto de la sociedad. “Siempre digo que es un sector estratégico, del que la opinión pública se acuerda cuando tenemos, por ejemplo, la pandemia, con la invasión rusa de Ucrania, cuando hay sequía, con el cierre del estrecho de Ormuz. El sector primario es estratégico haya o no haya problemas”, recalcó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la VI edición del Foro Económico de elDiario.es. “La gran vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, para nosotros, es que suba el IPC de la alimentación un 0,2% o 0,3%. En Sudán es vivir o morir. Hay que tener una visión más amplia”, resumió. 

Reglas justas en un mercado que no siempre funciona

“Con cada situación complicada, con cada crisis, se vuelve la mirada al campo; pero, cuando se pasa, dejamos de estar en el foco”, critica a elDiario.es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). “El sector agrario tiene que ser considerado estratégico, porque esto no va de deslocalizar, de comprar no se sabe dónde y a qué precio. Si perdemos la soberanía alimentaria, si pensamos que la solución es comprar fuera, evidentemente estamos ante un claro riesgo”, argumenta.

Cano ahonda en la necesidad de “reglas justas”. “El mercado libre no funciona. Vivimos en la ley del más fuerte, dejémonos de tonterías”, enfatiza. “La ley de la oferta y la demanda es de boquillas, necesitamos que haya una retribución justa en cada eslabón de la cadena”. Por eso, apunta, ve necesario reforzar la Ley de la Cadena, “para que haya precios justos”. “No hay más que ver las cuentas de la distribución, da igual lo que pase, una crisis, incendios, a ellos nunca les va mal”. “Hay que tener valentía para intervenir y que haya condiciones dignas. Y todo pasa por el primer paso, que es la rentabilidad, respeto al medio ambiente, generando economía y empleo”. 

En gran medida, ese enroque tiene que venir desde Bruselas. “Tenemos claro que necesitamos una Europa fuerte, fortaleciendo las instituciones, no debilitándolas, porque hay fuerzas que se erigen como defensoras del campo y, en realidad, hay que ponerlas un espejo para que se vean sus incoherencias”. En ese tablero también juega un papel fundamental la PAC, la Política Agraria Común de la UE. “Es fundamental que no sea solo presupuesto, sino un reparto más social de las ayudas, que vaya a los agricultores que lo merecen, no a empresas de la industria, que muchas veces incumplen la Ley de la Cadena. Y, a nivel de productores, que haya un techo máximo de ayudas que limite la percepción de los latifundios, primar las primeras cabezas de ganado, a los sectores más vulnerables y a las explotaciones más familiares”, enumera.

Por su parte, Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), recalca que “España es una potencia. Tendríamos que garantizar a la población que, en casos de emergencia, podemos alimentar a nuestra población”. “Hablamos de una Seguridad Social Alimentaria”, propone. “Igual que está garantizada la Sanidad, que se provea en momentos complicados de los alimentos necesarios para vivir, sobre todo a los más vulnerables”, añade. Todo, en un marco donde la legislación española tiene que ir de la mano de la UE, porque “porque no podemos legislar en contra de las directrices que marca la UE”, recuerda Padilla.

“Tenemos tanta diversidad en agricultura y ganadería”, argumenta el responsable de COAG. “Tenemos el potencial, la fruta, las hortalizas, la mayor parte de lo que nos alimentamos cada día, es una producción muy completa, no nos falta casi nada”. Con un par de matices. Uno, “la leche, que le compramos a Francia”. Otro, que “en la producción ganadera necesitamos mucha proteína, como la soja, para la alimentación animal. Sería donde menos riesgo podría haber”, reconoce.

También la visión del campo ligada al agroecologismo pone sobre la mesa la necesidad de que haya un cambio de visión. “Hay que dar más paso para apostar por la resiliencia en base a los recursos que tenemos”, explica David González, socio de la cooperativa Sustraiak y experto en regeneración de suelos y fertilización orgánica. “Desde la agroecología llevamos años demandándolo, después del COVID, cuando se atascó el barco en el Canal de Suez, en los momentos en los que nos damos cuenta de nuestra fragilidad, es necesaria la relocalización de productos en nuestros territorios que, además, pueden crear empleo y revertir la llamada España vaciada”.

González también señala a la PAC que podría servir para financiar la transición hacia la agroecología y favorecer, con ello, a los circuitos cortos y de proximidad. “La planificación es fundamental, el papel de la administración y de lo público”, añade. 

En cuanto al peso del sector agroalimentario, esta semana el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), junto a Cajamar, han publicado un análisis donde señalan que se trata de un “pilar estratégico” para la economía nacional, ya que supone casi 131.000 millones de euros de valor añadido bruto (VAB), aunque los datos son a cierre de 2024. Este análisis también destaca que en su mayoría son microempresas (más del 60%) y hay más de 27.800 empresas activas, principalmente concentradas en los territorios de Andalucía, Catalunya y Castilla y León. “La mayoría pertenece a la industria de alimentos (82,5%), mientras que solo el 1,1% son grandes empresas, con mayor presencia en Navarra y Murcia”. “La mayoría de la superficie en España es productiva, con un 88,3% de tierras agrícolas y forestales” y, añaden en su análisis, que “regiones como Andalucía, con el 32,1% de las explotaciones, y Castilla y León, con el 22,6% de la superficie agrícola útil”, son las que tienen más peso por territorio. 

Naciones Unidas ya detecta una subida de precios

Al margen de ver cómo afecte a España, sobre todo si el conflicto se prolonga, la situación provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha derivado en un terremoto para el sector primario de muchos países. “Es una grave conmoción, con importantes implicaciones para la producción y los precios internacionales de los alimentos”, reconoce la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en sus siglas en inglés), el organismo que aspira a presidir el ministro de Agricultura, Luis Planas. De nuevo, señalan el impacto tanto de los combustibles como de los fertilizantes.

Otra derivada, que los precios suben. La FAO ya apunta un aumento de los precios de productos básicos importantes como el trigo, el arroz y los aceites vegetales. Una situación global que afecta, especialmente, a los países de Oriente Medio, pero hay más consecuencias. “El aumento de costes de los insumos lleva a los agricultores a reducir el uso de fertilizantes, lo que podría disminuir el rendimiento de los cultivos”, explican las citadas fuentes del organismo de ONU. “Este efecto es particularmente preocupante en las regiones de Asia y África que dependen de las importaciones, donde los pequeños agricultores son muy sensibles a los aumentos de precios”.

Además, FAO apunta que “más allá de la agricultura, el conflicto podría reducir las remesas de los trabajadores migrantes del Golfo, lo que afectaría aún más los ingresos de los hogares en los países en desarrollo y agravaría los riesgos de inseguridad alimentaria”. “La situación tiene un gran potencial para reducir la producción de alimentos y elevar los precios a nivel mundial, con mayores repercusiones en las regiones vulnerables y dependientes de las importaciones”, concluye FAO.

La Asociación Nacional de Comercializadores y Productores de Ajo (ANPCA), reunida en la localidad conquense de Las Pedroñeras, ha alertado de la difícil situación que atraviesa el cultivo y la comercialización del ajo español, y ha incidido en la necesidad urgente de que las administraciones públicas adopten medidas concretas y eficaces de cara a la próxima campaña.

En esta asamblea, se puso de relieve el peso estratégico que tiene el ajo español en el contexto europeo: España representa más del 70% de la producción total de ajo en la Unión Europea, lo que convierte al país en el principal productor y garante del abastecimiento del mercado comunitario. Castilla-La Mancha es la principal productora en España con un 60% del total.

“Esta posición de liderazgo, lejos de ser una fortaleza consolidada, se encuentra hoy seriamente amenazada por una serie de factores estructurales que el sector viene denunciando desde hace años y que exigen una respuesta política a la altura del desafío”, alertan en nota de prensa.

Según indican, uno de los puntos centrales del debate fue la pérdida sostenida de rendimientos por hectárea que el sector viene registrando campaña tras campaña, con especial incidencia en el ajo morado, la variedad más tradicional, de mayor calidad y con mayor valor añadido de cuantas se cultivan en España.

“Esta caída de productividad es consecuencia directa de la política fitosanitaria de la Unión Europea, que ha ido eliminando materias activas imprescindibles para el control eficaz de plagas y enfermedades que afectan al cultivo, especialmente en los meses de mayo, junio y julio”, explican.

Las herramientas fitosanitarias actualmente disponibles son no solo ineficaces en comparación con las que existían anteriormente, sino también significativamente más costosas, lo que ha disparado los costes de producción por hectárea. Al distribuirse esos costes crecientes entre un volumen de kilos cada vez menor, el impacto económico sobre el productor se multiplica.

Desde la Asociación alerta de que “muchos agricultores han optado por sustituir el cultivo de ajo morado por variedades más tempranas, que permanecen menos tiempo en el campo, ofrecen algo más de rendimiento y se ven menos afectadas por las plagas y enfermedades de la segunda mitad de la primavera y el verano. Esta tendencia, sin embargo, supone un retroceso en la calidad y en el valor añadido del ajo español”.

Un arancel obsoleto

De igual modo, desde esta asociación apuntan a que la pérdida de competitividad interna se ve agravada por la “ineficacia” del actual arancel específico al ajo, fijado en 1.200 euro/tonelada, que no ha sido actualizado desde el año 2001.

El efecto acumulado de la inflación registrada en la zona euro durante los últimos veinticinco años ha erosionado por completo su capacidad protectora: el precio de entrada del ajo chino y, sobre todo, del ajo egipcio, incluso aplicando el arancel vigente de 1,20 euro/kg, se sitúa, desde 2019, por debajo de los costes de producción de los agricultores europeos.

“Esta situación ha propiciado un aumento significativo de las importaciones procedentes de terceros países, principalmente China y Egipto, con productos de menor calidad y menores garantías de seguridad alimentaria, que están desplazando al ajo europeo en el mercado comunitario en las dos últimas campañas”, alertan.

Por ello, el presidente de ANPCA, Juan Salvador Peregrín, ha hecho un llamamiento directo a las autoridades nacionales y europeas para que adopten acciones contundentes que permitan “salvaguardar un cultivo de enorme relevancia social y económica, tanto a escala nacional como europea”.

En sus palabras, el sector no puede seguir afrontando en solitario el coste de unas políticas que lo dejan en manifiesta desventaja competitiva frente a países terceros que no están sujetos a las mismas exigencias medioambientales, fitosanitarias ni sociales.

Actualización de los seguros

Mientras, el vicepresidente de la asociación, Antonio Escudero, en referencia a la línea 330 de Agroseguro, destinada a cubrir el cultivo del ajo, ha alertado de que no recoge adecuadamente los avances tecnológicos y productivos que se han producido en el sector, en particular los relacionados con los modernos sistemas de recolección mecanizada.

Escudero ha anunciado que ANPCA presentará próximamente ante Enesa y Agroseguro un estudio técnico y una propuesta formal de actualización de dicha línea, con el objetivo de adaptar la cobertura a la realidad actual del cultivo y garantizar una protección real y efectiva para los productores.

El “alma” de comarcas enteras

Desde la Asociación Nacional de Comercializadores y Productores de Ajo han defendido que hablar del ajo es hablar del “alma” de comarcas enteras donde este cultivo ha vertebrado durante generaciones la actividad económica, el empleo y la propia identidad del territorio.

“El ajo es un cultivo social en el más amplio sentido del término: su laboreo exige una mano de obra intensiva que genera miles de jornales en zonas rurales donde apenas existen alternativas de empleo”.

Según destacan, cada campaña moviliza trabajadores locales, empresas de servicios, almacenes, transportistas y cooperativas que, en conjunto, sostienen un tejido productivo que va mucho más allá del campo.

“En un contexto de despoblación galopante, el ajo cumple además una función irreemplazable como cultivo fijador de población. Allí donde permanece una explotación ajera, permanece también una familia, una cuadrilla, un negocio, una escuela con niños y un pueblo con futuro”.

Por ello, alertan de que renunciar a este cultivo “no es solo una decisión agronómica o económica: es condenar a la desaparición a comunidades que llevan décadas apostando por él como fuente de vida y de arraigo”.

De ahí que la ANPCA exija que el ajo sea reconocido por las instituciones como lo que verdaderamente es: un cultivo “estratégico” para la sostenibilidad del medio rural español.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha mostrado este lunes su confianza en que el paquete del vino, que va a ser aprobado a nivel europeo, sirva de impulso al sector vitivinícola de la región.

Durante el XI concurso al mejor sumiller de Castilla-La Mancha que se ha desarrollado en Bodegas Familia Bellido de Manzanares, Caballero ha señalado que “el próximo miércoles, 18 de marzo, entrará en vigor el paquete vino, un conjunto de normativa de la Unión Europea aprobado con un amplio consenso de los países y de los agentes que intervienen en Europa en el sector vitivinícola”.

Ha explicado que este paquete “viene a sustituir normativas de la Organización Común de Mercados y normativa vigente en materia de etiquetado, además de flexibilizar la aplicación de la PAC en el ámbito de la viticultura”.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno regional estará “muy pendiente de que este paquete del vino tenga una aportación significativa y positiva para el viñedo de Castilla-La Mancha en todos sus ámbitos”, especialmente en aspectos como “la reestructuración y la adaptación del viñedo al cambio climático, que es una realidad”.

Asimismo, ha avanzado que “los proyectos presentados para la comercialización en terceros países van a contar con la ayuda solicitada”, lo que permitirá movilizar recursos “por valor de cinco millones de euros, con una subvención cercana al 50%”.

“Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha mantenemos una clara apuesta por el sector vitivinícola”. Caballero ha explicado que esta apuesta permite afirmar que “solo el año pasado se destinaron 72,5 millones de euros al sector” y ha añadido que “en el conjunto de los casi once años que lleva Emiliano García-Page al frente del Gobierno regional, se han dedicado más de 810 millones de euros al sector vitivinícola”.

En este sentido, según ha informado la Junta en un comunicado, ha detallado que estas inversiones incluyen “la reestructuración del viñedo, que va dirigida directamente a los agricultores; las destilaciones de sus productos, que benefician también al sector industrial; y la comercialización en terceros países, que tiene un impacto muy positivo para quienes deciden exportar y abrir nuevos mercados”.

Precisamente en materia de impulso a la comercialización internacional, Caballero ha lanzado un mensaje respecto a las posibilidades que abren los acuerdos comerciales. Ha reconocido que “estamos en un mundo revuelto, en el que de vez en cuando se amenaza con nuevos aranceles” pero ha subrayado que “la realidad es que el vino español y, desde luego, el vino de Castilla-La Mancha tiene un mercado muy importante en Europa”.

El vicepresidente segundo ha destacado que existen “posibilidades de nuevos mercados en países tan relevantes como los que representa el Mercosur, de manera particular Brasil, y también en los acuerdos comerciales conseguidos con India y muy próximamente, confío, también con Filipinas”.

En este sentido, ha asegurado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha estará apoyando y ayudando a las bodegas y a los productores de vino de nuestra región para que puedan llegar los primeros a esos mercados y obtener las mejores rentabilidades”.

Reconocimiento al papel del sumiller

Desde Bodegas Familia Bellido en Manzanares, José Manuel Caballero ha felicitado a Diego Ortega, tras alzarse con el título a mejor sumiller de Castilla-La Mancha hoy, así como al resto de finalistas. Además, ha dado la enhorabuena a la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha y Amigos del Vino por la organización.

“En el Gobierno de Castilla-La Mancha queremos poner en valor el papel de los sumilleres como prescriptores de los vinos de calidad de la región”, ha señalado Caballero. Los finalistas se han enfrentado a diferentes ejercicios, como decantación, cata y servicio de un vino frente al jurado. Serán cuatro representantes, que han sido seleccionados en este concurso, los que lleve Castilla-La Mancha al certamen regional.

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha defendido “la seguridad alimentaria como un factor de seguridad estratégica también” que hay que preservar, durante su intervención en el Diálogo de Alto nivel sobre la PAC y el Desarrollo Rural del Comité de las Regiones que esta mañana se ha celebrado en Bruselas.

Page, que ha intervenido junto a otros ponentes europeos, ha rechazado “la propuesta agresiva que se ha planteado porque lo que esconde es una reducción de la Política Agraria Común en el volumen del gasto financiero”, en referencia a la propuesta que la Comisión Europea ha realizado para el próximo periodo. “Mi planteamiento es un planteamiento no de rechazo a matices, a propuestas concretas, es simplemente una enmienda global al concepto, al hecho de relativizar la política agraria, de ir desocupándose, de ir reduciendo peso en el seno de la Unión Europea”, ha señalado.

El presidente regional, que ya venía manifestando su rechazo desde que se dio a conocer hace meses, ha señalado que “nadie esperaba una propuesta tan agresiva de la UE que cambia por completo el enfoque” que se mantenía hasta el momento para la política agraria.

Una propuesta “incoherente con algunos de los objetivos estructurales de la UE” y “rupturista” y que impedirá, entre otras cosas según ha dicho, alcanzar el objetivo comunitario de que un 25% de la producción sea en ecológica y garantizar la incorporación de los jóvenes al campo“. Ha lamentado que Europa plantee esta reducción ”de ahora y para el futuro, cambiando el modelo, desplazando parte de la responsabilidad a los estados miembros“.

Page se ha pregunta por qué se hace esta propuesta y ha señalado que “en el fondo hay un intento de la Comisión de reducir el peso de la PAC en el conjunto financiero de la UE. Abocarlo a que con el tiempo fuera menor el dinero que se destinara” a esta política con lo que dejaría de ser un factor de cohesión.

Así ha señalado que “pareciera que en tan poco tiempo la UE haya olvidado la lección del COVID o la invasión de Rusia en ucrania”, cuando se puso sobre la mesa la necesidad de que la UE mantuviera su soberanía alimentaria.

“Emerge en Europa un concepto de preocupación por la seguridad, nosotros creemos que lo más caro es la inseguridad. El conjunto de la UE tiene que hacer más esfuerzo en seguridad, pero intentar responder con los mismos recursos que ya se ocupan de todo, significa no atender ni lo excepcional, ni a lo que ya está consolidado”, ha remarcado

Además ha rechazado que “los agricultores o los ganaderos terminen siendo víctimas de la necesidad de seguridad. Si Europa quiere más seguridad, tendrá que poner más dinero en conjunto al bloque europeo o estado miembro por estado miembro”, ha argumentado.

Del mismo modo, ha considerado que, si “la propuesta definitiva sobre la Política Agraria Comunitaria se tuviera que fraguar en el seno del Comité de las Regiones, sería relativamente fácil conseguir un consenso”. En el mismo sentido, se ha mostrado convencido de que hay un posicionamiento del Comité de las Regiones que va muy en línea de una importante mayoría de los Estados miembros.

La Junta de Castilla y León ha solicitado este jueves al Gobierno de España ampliar la declaración de zonas afectadas gravemente por la emergencia de Protección Civil -zonas catastróficas- vinculada al paso de las borrascas, para añadir los efectos del 7 al 12 de febrero, a la vez que ha acordado declarar como “excepcional” la campaña agrícola 2025-2026 por estos mismos daños asociados a la climatología.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha detallado que en las últimas semanas se han contabilizado por parte de Protección Civil hasta 1.500 incidentes vinculados a las bajas temperaturas, la nieve, la lluvia, el viento y la crecida de ríos, con especial incidencia en las provincias de León y Salamanca.

En el caso de la declaración de zonas catastróficas, la Junta entiende que a las ya acordadas hasta el 7 de febrero deben unirse ahora las afectadas por las borrascas de alto impacto de la última semana, con “incidencias relevantes en bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma sustancial la normalidad en las zonas afectadas”, en palabras de Carriedo.

Como consecuencia de los efectos de las borrascas han sido activados planes autonómicos de protección civil, en particular el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL), con el fin de garantizar la seguridad de las personas y minimizar los daños.

Mediante este acuerdo, la Junta solicita al Gobierno de España la adopción de las medidas previstas en el capítulo V de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que permitan la adecuada recuperación económica y social de las zonas afectadas y la compensación de los daños producidos por las borrascas registradas entre el 7 y el 12 de febrero de 2026.

Flexibilización de las ayudas PAC

Del mismo modo, otro acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Gobierno ha servido para declarar como excepcional la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el pasado noviembre, especialmente por la intensa lluvia.

En palabras de Carriedo, la declaración formal es un primer paso para la adopción de medidas acordes a las necesidades del sector agrario, entre otras cosas para flexibilizar las condiciones en las que los agricultores y ganaderos podrán acceder a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

Para acceder a esa flexibilización, la Junta analizará si en cada explotación se ha producido un “fenómeno meteorológico grave que afecte seriamente a la explotación”, de acuerdo con la normativa europea.

La declaración de excepcionalidad de la actual campaña agrícola se produce tras los continuos episodios de lluvia registrados desde noviembre que han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo como la saturación del suelo, la imposibilidad de que la maquinaría pueda entrar en las parcelas para la siembra, el abono o los tratamientos y el incremento del riesgo de compactación, o mayor incidencia de asfixia radicular, entre otros.

E

En 2025 Aragón perdió 385 profesionales del sector primario. Según UAGA, Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, “las nuevas incorporaciones al sector no compensan el número de bajas por jubilación” y por otros motivos, apunta José María Alcubierre. En este sentido, desde ASAJA, su secretario general, Ramón Solanilla, añade que “nunca se ha invertido tanto en incorporaciones al sector y, sin embargo, nunca tanta gente ha decidido abandonar la actividad pasados los cinco primeros años”. Un síntoma, según Solanilla, de que el éxito de la incorporación no va aparejado con la inversión, sino con el hecho de que la actividad sea rentable para aquellos que deciden seguir al frente de una explotación agraria en Aragón. 

Las cuatro principales organizaciones agrarias en la comunidad autónoma: UPA, UAGA, ASAJA y ARAGA, se han reunido este miércoles en el segundo día de celebración de la FIMA, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, que acoge Zaragoza desde el 10 hasta el 14 de febrero. Bajo el paraguas de Caja Rural de Aragón, y moderados por Rubén Artieda, director de Negocio Agrario de la entidad, los representantes de las OPAS se han sentado a debatir sobre los dos principales caballos de batalla del sector primario en estos momentos: la reforma de la Política Agraria Común y el acuerdo Mercosur. 

La situación del sector es delicada, el número de explotaciones desciende sin parar, en un momento en el que la media de edad de los profesionales del sector es de 62 años y medio, y las bajas que se registran cada año superan a la cifra de incorporaciones, por muy buena voluntad que los jóvenes tengan, como han demostrado en las últimas movilizaciones organizadas por las OPAS. El panorama no se presenta fácil para quienes optan por ser agricultores o ganaderas. A lo que se suma un dato importante, “si no tienes tierras o animales y herramienta e infraestructura previas, emprender en este sector es prácticamente inasumible, por la inversión que conlleva”. Lo denuncian las OPAS y la única solución, para Alcubierre, es “hacer política”. 

La PAC, una herramienta para compensar pérdidas y exigencias

A pesar de las discrepancias entre las cuatro organizaciones, Aragón vive en este momento un periodo marcado por el diálogo entre las OPAS, una actitud de Concordia que está llevándolas a alcanzar “acuerdos positivos” para el sector. Uno de los puntos en los que coinciden es ver la PAC como una herramienta “para compensar las exigencias de producción respecto a otros países” al entender la agricultura y la ganadería como un sector profesional que no solo busca beneficios, sino que reporta al territorio en puntos clave como “mantenimiento de los montes y el territorio” o en la “lucha contra la despoblación”, como apunta José Manuel Roche, desde la UPA. 

Las organizaciones confiesan “no entender el recorte del presupuesto” de la PAC en un momento marcado por “precios bajos en mercado y el incremento de costes de producción”, que “hacen peligrar la viabilidad de las explotaciones de origen familiar en Aragón”, ha subrayado Federico Lorente de ARAGA. “Somos empresarios que trabajamos en desigualdad” respecto a otros países productores, apunta Ramón Solanilla, que ha querido recordar que “el objetivo de la PAC no es enriquecernos, es compensar las exigencias de producción a las que nos enfrentamos y que otros países no tienen”. 

Unas exigencias que pasan también por la carga burocrática a la que denuncian, están sometidos los profesionales del sector: “Deberíamos estar más tiempo encima del tractor y menos haciendo cuentas y rellenando papeles”, ha denunciado Federico Lorente. Ligado a esta queja, desde UAGA, José María Alcubierre se ha mostrado en desacuerdo por la burocracia que puedan llegar a sumar las “auditorías anuales que la reforma de la PAC quiere imponer a los profesionales del campo”, dice. 

Recortes, derechos históricos y planes de desarrollo rural

Bruselas ha puesto sobre la mesa una nueva PAC con un recorte del 20% del presupuesto. Aunque los sindicatos tienden la mano para colaborar, confiesan que ni entienden ni apoyan esta propuesta: “Vamos a estar para negociar, pero sin que nos pongan la soga al cuello”, advierte José Manuel Roche. 

Pero no solo el presupuesto preocupa al sector, también ponen el foco sobre la necesidad de revisar la “arquitectura” de la nueva PAC. Piden que se acabe por fin con los derechos históricos, que en opinión de la UPA han lastrado al campo aragonés, y al español, por ende, cuando, tal y como recuerdan desde UAGA, “en otros países hace años que se ha acabado con ellos”. Para las OPAS la nueva política tiene que hacer una defensa clara de la figura del agricultor y ganadero profesional, “que se priorice a las mujeres, a los jóvenes, y a las zonas más desfavorecidas”, pide Roche. En este punto UAGA aporta un dato: “Mientras que en España hay 250.000 altas en el RETA, se registran 650.000 solicitudes de la PAC”. Una descompensación que tanto para ARAGA como para ASAJA, manifiesta “la competencia desleal a la que el sector está sometido” y que le está asfixiando. 

La incertidumbre que genera el reparto de los fondos finalistas, que será decidido por cada Estado miembro, es otro de los puntos perjudiciales para el sector que según las organizaciones presenta la nueva PAC. “Podrán invertir estas partidas en armamento, si lo consideran”, apunta UAGA. 

La desaparición del segundo pilar de la PAC es otro de los puntos ciegos con los que las OPAS no están de acuerdo. El segundo pilar ha sostenido hasta ahora proyectos de carácter social “muy importantes para una comunidad autónoma como Aragón”, apunta Solanilla, principalmente debido a un reparto desigual de la población. Los principales perceptores de loa fondos del segundo pilar han sido los Grupos de Acción local, que han contribuido con el reparto de este dinero a poner en marcha proyectos que dan respuesta a necesidades sociales de las zonas rurales, luchando así para frenar la despoblación en un importante número de zonas y pueblos de Aragón. 

No vale el café para todos

Las OPAS defienden que se respete la identidad y las necesidades de cada Estado miembro, “pensar que el café para todos vale, es un error”, reconoce José Manuel Roche que ve en la nueva reforma de la Política Agraria Común “una oportunidad” para poner puntos de sutura a temas abiertos como heridas por las que se desangra el sector primario español. Para UPA la cuenta pendiente es, sin duda, “abordar el mercado y los precios y márgenes comerciales”, un capítulo que la PAC no contempla. 

UAGA incide en la necesidad urgente de acabar con la “competencia desleal que sufre el sector”, y que la PAC refleje que sea el agricultor que trabaje la tierra o que lleve la explotación familiar ganadera el único posible perceptor de las ayudas de la Política Agraria Común. 

Mientras, ARAGA y ASAJA ponen el acento en la acuciante necesidad de “rebajar el nivel de burocracia” a la que se enfrentan los profesionales del campo, además de reclamar una normativa “clara y concreta”. Todos coinciden en que la regulación en el sector es necesaria, “pero no así”, sentencian. 

Los protestas del campo han llegado a Logroño este miércoles 11 de febrero. Treinta tractores han entrado en la ciudad, acompañados de 1.600 de agricultores, según datos de las organizaciones convocantes, con el lema “Estamos hasta los mismísimos”. Una protesta que ha recordado a la movilización de hace dos años, aunque con menos intensidad. El sector agrario ha llevado hasta la Delegación del Gobierno y el Parlamento de La Rioja “el malestar y el hartazgo” por la “falta de rentabilidad que le está colocando al borde de la extinción”.

Las organizaciones agrarias han reclamado “medidas eficaces” que ayuden al sector a “recuperar la rentabilidad perdida” ante una situación de, según han descrito, “aumento constante de costes de producción, competencia internacional cada vez más intensa y desleal y unas decisiones políticas incomprensibles que juegan en contra de los agricultores y ganaderos”. “El campo ya no puede más”, ha recalcado el presidente de Arag-Asaja, que ha pedido a la clase política “más apoyo y menos palos en las ruedas. ”La situación que atraviesa el campo riojano está atacando al futuro de muchas explotaciones, dificultando relevo generacional y abandonando la actividad“.

La movilización ha comenzado a primera hora de la mañana en el Paseo del Espolón, frente a la Delegación del Gobierno, hasta donde han llegado los tractores y seis representantes de las organizaciones agrarias convocantes se han reunido con la delegada, Beatriz Arraiz, a quien le han transmitido las principales reclamaciones para que las traslade al ministro de Agricultura. Después, la marcha ha continuado hasta los aparcamientos junto al Revellín, donde han aparcado los tractores y tres de ellos han entrado hasta la Plaza del Parlamento de La Rioja durante el transcurso del pleno.

Allí se han concentrado los manifestantes y los ánimos se han caldeado algo más, aunque la concentración ha transcurrido sin incidencias en términos generales. Eso sí, agricultores y ganaderos han proferido gritos, pitos, abucheos y bocinazos para exigir a los políticos regionales que salieran a hablar con ellos y escucharan sus reclamaciones. Así, han leído el manifiesto ante los portavoces de todos los partidos políticos y algunos diputados, aunque ni el presidente Gonzalo Capellán ni la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, han salido a la plaza.

Las reclamaciones del sector se han centrado en la pérdida de rentabilidad, en los acuerdos comerciales internacionales y en la reforma de la PAC. Ante ello, han pedido “medidas eficaces que ayuden al sector a recuperar la rentabilidad perdida, fomentar el relevo generacional y luchen por la existencia de las explotaciones familiares”. Según han descrito en el manifiesto, “el incremento constante de los costes de producción contrasta con los precios de venta, unos precios ruinosos en seis campañas consecutivas”. Y han destacado: “Sin rentabilidad no hay continuidad, sin continuidad no hay campo y sin campo desaparece una parte esencial del equilibrio territorial, social y ambiental de nuestros pueblos”.

La protesta también se ha posicionado en contra del acuerdo de Mercosur. “Los acuerdos internacionales ponen en la picota la supervivencia del sector agraria”, han defendido para pedir “un cambio en políticas comerciales con reciprocidad en normas, controles sanitarios y estándares ambientales”. “Sin las mismas reglas estamos abocados al fracaso”. También la reforma de la PAC ha sido otra de las grandes críticas de la movilización: “El campo riojano merece una PAC justa, realista y adaptada a quienes trabajan la tierra y sostienen la ganadería”, han dicho para denunciar la pérdida presupuestaria para ayudas directas y el aumento de la burocracia previstas.

Tras la lectura de este manifiesto, los portavoces parlamentarios han tomado el megáfono para transmitir su apoyo en los manifestantes y sus posturas, si bien la mayoría de los discursos han sido abucheados por los agricultores. Finalmente, los representantes de las OPAs han entrado a la cámara regional par reunirse con la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a llevar a cabo una flexibilización, que permite la norma de la Política Agraria Común, en cuanto al cumplimiento de determinados requisitos para que las pérdidas provocadas por las sucesivas borrascas que están azotando a la península no afecten a la renta de agricultores y ganaderos a la hora de cobrar ayudas.

Así lo ha avanzado el titular regional de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que, antes de presidir en Toledo la reunión del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles, ha sido preguntado por los daños que las intensas lluvias están generando en el campo castellanomanchego.

Ha adelantado que la consejería ha pedido un informe de daños a cada una de las provincias de la región, para hacer una primera estimación.

“Pero sigue lloviendo y habrá que esperar todavía unos días para ver el alcance total de daños que se han producido y ver qué medidas se pueden ir implementando, evidentemente con ayudas europeas que están para eso y que están en el ofrecimiento actualmente”, ha manifestado.

Lizán ha añadido que, de momento, el cultivo que más preocupa, porque aún no ha terminado sus labores de recolección, es el de la aceituna. “Puede quedar entre un 20 y un 30 por ciento de esa recolección, que va a afectar finalmente a la previsión estimada que había de producción del aceite y, evidentemente, va a tener un perjuicio para el agricultor que pueda tener sin recoger toda su aceituna”.

Sobre este asunto, el consejero ha añadido que “evidentemente” esas pérdidas de cosecha las cubren los seguros agrarios.

De igual modo, ha lamentado que la climatología también vaya a dificultar las labores de siembra, sobre todo de leguminosas, que tendrían que llevarse a cabo en estas fechas.

“Habrá que ver cómo evoluciona también el contexto climatológico y qué posibilidades hay de hacer las labores agropecuarias que hay que realizar en nuestras explotaciones”, ha terminado añadiendo.

Además, el consejero ha recordado que el pasado martes su departamento informaba de la activación del protocolo de actuación que permite aplicar en las solicitudes de la PAC el reconocimiento de causa de fuerza mayor de forma individualizada en aquellas explotaciones de ovino y caprino que se hayan visto afectadas por la lengua azul. Esto permite, ha explicado, cierto “incumplimiento” de determinados conceptos, para que no perjudique a los ganaderos en el cobro de ayudas.