La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha ordenado el ingreso a más de 66.000 expedientes de agricultores y ganaderos del anticipo de los eco regímenes de la campaña de la PAC 2026, lo que supone un ingreso en las cuentas del sector de 102,7 millones de euros que se hará efectivo este viernes.

Este pago se suma a los más de 278,4 millones ingresados el pasado 16 de octubre, primer día en el que habitualmente se paga el anticipo de la PAC en Castilla-La Mancha. Cabe recordar que este año, de acuerdo con la autorización de la Comisión Europea respaldada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se eleva el límite máximo habitual del anticipo del 70 al 75% para dar respuesta a la crisis de Oriente Próximo y al incremento del coste de los fertilizantes. En las próximas semanas, seguirá el calendario habitual de pagos, según ha señalado la Junta en nota de prensa.

Regadíos

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha informado de esta cuestión en declaraciones a la prensa previas a la III Jornada Técnica de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Tajo, FERTAJO, que se celebra bajo el título ‘Regadío, Innovación y nuevas tecnologías. El futuro del campo está en el agua, cada gota cuenta y la innovación también’. Han asistido también el presidente de esta Federación, Primitivo Gómez, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, y la directora general del Agua, Montserrat Muro.

El consejero ha agradecido a FERTAJO la organización de esta Jornada, así como la participación de ponentes, expertos, empresas y comunidades de regantes presentes para avanzar en los grandes retos del regadío entre los que están la gestión eficiente del agua, la modernización de las infraestructuras, la disponibilidad de recursos hídricos y la incorporación de nuevas tecnologías.

Acto seguido, ha puesto en valor la importancia de las comunidades de regantes para el presente y el futuro de la agricultura ya que contribuyen a una gestión eficiente del agua y al mantenimiento de la actividad económica y el empleo en el medio rural. La cuenca del Tajo tiene en Castilla-La Mancha 96.000 hectáreas de superficie regada, de las que casi 50.000 son gestionadas por comunidades de regantes y de éstas, 27.600 están en la provincia de Toledo.

En la comarca de Talavera, el Canal Bajo del Alberche, con cerca de 9.000 hectáreas, constituye una infraestructura estratégica para el regadío, lo que pone de manifiesto “la gran infraestructura que tenemos que gestionar y, sobre todo, que tenemos que modernizar para poder acometer las necesidades reales que tiene el sector en estos momentos” además de seguir trabajando en “innovación y tecnología, que es lo que facilita el trabajo”.

Julián Martínez Lizán ha alabado el esfuerzo que están realizado las comunidades de regantes para que, en estos momentos, hasta el 75% del regadío de la región utilice sistemas de máxima eficiencia, fundamentalmente riego localizado o por goteo. Pero junto a la eficiencia, ha apuntado la necesidad de garantizar que el sector primario pueda adaptarse a los efectos del cambio climático, con sequías cada vez más prolongadas y precipitaciones más irregulares, para lo cual es necesaria una política del agua que, además de fomentar el ahorro, facilite recursos y herramientas que agricultores y ganaderos necesitan para seguir produciendo.

Para mejorar la eficiencia, el consejero ha destacado la necesidad de la innovación y, en ese sentido, el Gobierno regional, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP), han puesto a disposición de 35.000 regantes la herramienta digital RETOagua para facilitar la toma de decisiones y optimizar el uso del agua, la energía y los fertilizantes.

Planificación hidrológica

Por su parte, la directora general del Agua, Montserrat Muro, se ha referido a los derechos de agua de la región y los recursos necesarios para atender las demandas de abastecimiento y regadío. Así lo ha trasladado durante la inauguración de las jornadas, donde ha reiterado que las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha deben estar reconocidas en la planificación hidrológica, “como elemento fundamental para el desarrollo económico y social, la generación de empleo y la fijación de población en el medio rural”.

En este sentido, ha destacado el trabajo conjunto con los regantes, las comunidades de usuarios y los distintos agentes implicados en la elaboración de propuestas para el cuarto ciclo de planificación hidrológica. Este proceso ha contado con 71 participantes y ha permitido reunir cerca de 200 alegaciones, que se han traducido en un centenar de propuestas y sugerencias a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes de las siete demarcaciones hidrográficas que discurren por Castilla-La Mancha.

Muro subrayado la singularidad de una Comunidad Autónoma que participa en la planificación de siete demarcaciones y que las decisiones “deben atender las necesidades reales de cada cuenca, garantizar los derechos existentes y contemplar el desarrollo de los regadíos sociales”.

Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo del sector agrario de Castilla-La Mancha en la modernización y el uso eficiente del agua. La región utiliza un 5,5% menos de agua para riego que la media nacional.

La Junta de Castilla-La Mancha ha procedido a abonar este viernes, 16 de octubre, el anticipo de la PAC 2026, que este año supone más de 278 millones de euros y llegará a más de 73.000 agricultores y ganaderos de la región.

Para esta campaña, la Comisión Europea ha autorizado de forma excepcional el incremento de los pagos adelantados, permitiendo un anticipo de hasta el 75% de las ayudas directas por superficie, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Esta flexibilización, respaldada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) eleva el límite máximo habitual del 70 al 75% debido a la crisis de Oriente Próximo y al elevado coste de los fertilizantes.

De ello ha informado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha explicado que el objetivo no ha sido pagar unos días antes, sino pagar la mayor cantidad posible de expedientes, así como el mayor importe posible en cada uno de ellos para lo cual ha sido necesario completar todos los pasos de tramitación y aplicar los controles obligatorios antes de efectuar el anticipo, priorizando un pago amplio y con todas las garantías.

Reconocimiento a las mujeres rurales

El consejero ha informado de estas cuestiones antes de asistir a la representación teatral 'Yo nací en un surco de judías', de la compañía Almealera, organizada por su Departamento con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales con el objetivo de acercar la realidad de las mujeres rurales a través de testimonios de agricultoras y ganaderas, para abordar cuestiones que afectan al presente y al futuro de este sector como la falta de relevo generacional o las dificultades para vivir del campo.

Con esta obra, que forma parte del proyecto FARM (Factores que influyen en el relevo generacional agrario sostenible) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales y se reconoce su papel en la agricultura, la ganadería y el desarrollo de los pueblos y territorios.

Julián Martínez Lizán también ha felicitado a Laura Santos Álvarez, autora e interprete, que ayer mismo recibía el tercer premio en la categoría de Excelencia a la Comunicación de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2026 que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como el Premio al Mejor Espectáculo FETEN 2026.

El consejero ha indicado la necesidad de “manifestar ese compromiso en el que las mujeres tienen que ser visibles, demasiadas veces no se ha visto el trabajo que hacían”. Y por lo que respecta a la obra que se representa hoy, 'Yo nací en un surco de judías', ha indicado que “aunque pueda parecer inverosímil hoy, hay muchas mujeres que han tenido a sus hijos en el tajo del trabajo, segando, en el campo, esto hace apenas unas décadas”.

Por tanto, “tenemos que hacer todos los esfuerzos por eliminar barreras, facilitando el desarrollo vital y profesional de las mujeres y garantizando su participación en los diferentes órganos de decisión que hay en todos los estamentos”.

En ese sentido, Martínez Lizán ha indicado que, en 2019, se inició un trabajo a través del Estatuto de las Mujeres Rurales “que ponía de manifiesto esa inquietud que toda la sociedad debe de tener para visibilizar esa participación. Y creo que de ninguna de las maneras es posible no aprovechar el talento, la inteligencia y el trabajo que, el 50% de la sociedad, que son las mujeres, pueden ofrecer al mundo rural”.

Castilla-La Mancha ha defendido en Bruselas la necesidad de seguir avanzando en la participación y el protagonismo de las mujeres en el sector agrario y en el medio rural y reforzar en la futura PAC los instrumentos de igualdad. Ha sido durante el encuentro ‘Mujeres en Agricultura 2026: cultivando el futuro’ en el que ayer participaron la secretaria general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Elena Pérez Payo, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, y el director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Fernández Clemente.

En el marco de la Semana Europea de las Regiones y del Año Internacional de la Mujer Agricultora, la secretaria general de la Consejería presentó las buenas prácticas desarrolladas en la región para favorecer esa participación, dentro de una sesión internacional en la que hubo representantes de instituciones europeas, de la FAO, así como el presidente de la región de Toscana, Eugenio Giani, y en la que se abordaron la igualdad de género, el papel de las mujeres en los sistemas agroalimentarios y las zonas rurales y las medidas previstas para promover su posición en la PAC 2028-2034, según ha señalado la Junta en nota de prensa

De cara a la futura Política Agraria Común, Elena Pérez Payo explicó que Castilla-La Mancha plantea reforzar los instrumentos específicos de igualdad, facilitar el acceso de las mujeres a la tierra, la financiación, el asesoramiento y la innovación, aumentar su participación en la gobernanza agraria y coordinar las políticas agrarias con los servicios y los cuidados ya que participar en una formación, asumir un cargo o atender una explotación requiere tiempo, transporte, apoyos y corresponsabilidad.

En este contexto, la representante regional presentó la experiencia de Castilla-La Mancha para avanzar en la igualdad de oportunidades de las mujeres en el sector agrario y el medio rural, con medidas destinadas a favorecer su presencia en los órganos de decisión, mejorar su acceso a las ayudas y reconocer profesionalmente su trabajo. En ese sentido, Elena Pérez Payo explicó que para el Gobierno regional “la igualdad de oportunidades en el medio rural debe reflejarse en las normas, en las ayudas públicas y en los espacios de decisión”.

Con esa visión se aprobó en noviembre de 2019, el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, el principal instrumento de esta política, al incorporar la igualdad tanto a las ayudas públicas como a la gobernanza de las organizaciones agrarias y rurales.

La intervención también puso el foco en que la presencia de mujeres debe ir acompañada de una participación real en la toma de decisiones, así como en la necesidad de evaluar las políticas para identificar sus limitaciones y mejorar su aplicación.

El choque sobre la representación institucional de Extremadura en la negociación de la Política Agraria Común (PAC) ha desatado un enfrentamiento en el pleno de la Asamblea. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Juan José García García (Vox), ha justificado este jueves su plantón al Ministerio de Agricultura para el Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios celebrado en Madrid y su decisión de ceder la voz de la región, y la defensa de los intereses del campo extremeño, al consejero de Agricultura de Castilla y León, también de Vox.

Ante las recriminaciones de la oposición por dejar el futuro de los agricultores y ganaderos extremeños en manos de otra comunidad autónoma, García ha tirado de ironía para defender su ausencia en la reunión ministerial: “¿Por qué no fui a decírselo? Porque se lo había dicho antes por escrito. Porque entre que me conociese el ministro y estar con los agricultores de Tierra de Barros, prefiero estar con los agricultores de Tierra de Barros”. Respecto a delegar la representación autonómica en la Junta de Castilla y León, el titular de Agricultura ha argumentado que se trató de un mero criterio técnico al ser una sectorial entre consejeros del ramo.

Asimismo, García ha asegurado que la postura de Extremadura se remitió al Ministerio por escrito al Ministerio 15 días antes. Entre las exigencias, ha enumerado la reserva de entre un 7% y un 10% de los fondos para la incorporación de jóvenes, la negativa a asumir nuevas exigencias normativas que reduzcan la rentabilidad, la obligatoriedad de la degresividad de las ayudas y el rechazo a diluir la PAC dentro de un fondo único europeo.

Sectores desprotegidos y “ninguneo” a la consejera del PP

Las explicaciones del consejero no han convencido al Grupo Socialista. La portavoz de Agricultura del PSOE, Blanca Martín, ha criticado duramente que la representación autonómica se ponga en manos de una región cuyas prioridades productivas no coinciden con las de Extremadura. Martín ha reprochado al consejero que dejara sin defensa en Madrid a sectores estratégicos extremeños que nada tienen que ver con el modelo castellanoleonés, como el porcino ibérico extensivo, el tabaco, el vino, la apicultura, el olivar de montaña, el arroz, el tomate, los frutales o los cereales de bajo rendimiento.

“¿Por qué no fue a decírselo al ministro? ¿Por qué delegó en el consejero de Castilla y León y no en su compañera de Gobierno, la señora Morán, que algo sabrá de agricultura?”, le ha interpelado la diputada socialista, recordando que la actual consejera de Industria (PP) ostentó las competencias de Agricultura en la anterior legislatura.

El debate ha subido de tono con la intervención del parlamentario socialista Manuel Mejías, quien se ha dirigido directamente a Mercedes Morán para denunciar lo que considera un “ninguneo institucional” dentro del propio Gobierno de María Guardiola. “Su compañero de gobierno decidió que para representar a Extremadura era mejor un consejero de Castilla y León que usted. Desde que Vox está en el Ejecutivo, parece que los intereses del campo extremeño se tutelan desde Valladolid”, ha recriminado Mejías.

El diputado socialista ha exigido a la presidenta de la Junta que ponga orden de inmediato en la coalición autonómica: “No se puede tener el choto, la cabra y la leche: o gobiernan o se pelean. Si no son capaces de ponerse de acuerdo sobre quién representa a esta tierra, cese de una vez a los dos consejeros”.

Por su parte, Mercedes Morán ha negado sentirse apartada o marginada por sus socios de Gobierno. La consejera popular ha asegurado que ha acudido a las convocatorias del Ministerio en las materias de su competencia en Desarrollo Rural y ha asegurado que el PSOE también llegó a delegar la representación extremeña en el consejero de Castilla-La Mancha. Morán ha pedido a la oposición “no hacer ruido de lo que no existe” y centrar los esfuerzos en defender al sector primario de la región.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a la Unión Europea que “asigne presupuesto suficiente a la Intervención Sectorial Vitivinícola para que el sector pueda afrontar los retos que tiene por delante” entre otros el cambio climático y los cambios en los hábitos de consumo.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha explicado esta posición en declaraciones a los medios de comunicación que están cubriendo la 6º Reunión del Intergrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones y Comisión de Recursos Naturales (NAT) que se celebra por primera vez en Castilla-La Mancha.

En la Cooperativa Virgen de las Viñas, en Tomelloso, donde se celebra la primera de las dos jornadas de esta Comisión, el consejero ha insistido en la necesidad de que el Fondo Europeo de Prosperidad y Seguridad Sostenible, Territorial, Social, Rural y Marítimo, en el que se va a integrar la PAC, asigne un fondo específico al sector vitivinícola europeo, tal como ha sucedido hasta ahora.

Según informa el Gobierno regional, Julián Martínez Lizán ha defendido la importancia del sector para el conjunto de la Unión Europea y en particular para los 13 Estados que forman parte del Intergrupo del Vino entre los que esta España.

En este contexto, ha dicho, Castilla-La Mancha ocupa una posición clave por su capacidad productiva y el peso socioeconómico de la vitivinicultura que se sustancia en 437.000 hectáreas de viñedo, 80.000 viticultores y casi 500 bodegas que producen el 57% del vino de España, el 15% de la Unión Europea y el 9% a nivel mundial. La vitivinicultura es un motor de la economía regional al aportar el 5% del PIB y más de 2.000 millones de euros al año.

“Es ese peso estratégico que el sector tiene para Castilla-La Mancha, España y el conjunto de Europa, el que nos hace exigir con fuerza la continuidad de este apoyo que es fundamental para seguir avanzando en un sector más competitivo, más sostenible y mejor preparado para los desafíos del futuro”, ha dicho Martínez Lizán.

“Hay que pensar en la gente que trabaja en el sector y el relevo generacional debe jugar un papel fundamental, también en estos próximos años; evidentemente, protegiendo también a los mayores que han hecho que estemos donde nos encontramos”, ha añadido el consejero, que confía en que la reunión de este jueves del Intergrupo del Vino sea fructífera.

Por su parte, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha puesto en valor que Castilla-La Mancha es la anfitriona de dos importantes reuniones.

“Sin ninguna duda ponen el foco en nuestra región para que debatamos de esos temas que son tan importantes para el sector, pero también para que saquemos pecho por lo mucho y bueno que hacemos. Así que, de Tomelloso hacia Europa, seguro que se sacan conclusiones muy interesantes que van a marcar también la hoja de ruta en nuestro trabajo ante las instituciones europeas”.

Protección del origen

Otro de los temas que se ha abordado en las reuniones del Intergrupo del Vino es el de la protección en origen con las figuras de calidad vínicas, de las que Castilla-La Mancha cuenta con 25, todas integradas en la marca de calidad regional Campo y Alma, que además de aportar valor añadido son un motor de desarrollo territorial.

Julián Martínez Lizán ha defendido en una ponencia que, en un mercado global en el que los consumidores pueden acceder a productos procedentes de cualquier parte del mundo, una de las principales fortalezas del modelo vitivinícola europeo es su capacidad para vincular el producto a su origen.

En ese sentido, las Indicaciones Geográficas, y especialmente las Denominaciones de Origen, “contribuyen a generar valor añadido, mejorar el posicionamiento comercial de los vinos y distribuir la riqueza entre viticultores, cooperativas, bodegas y otros sectores vinculados, además de favorecer la estabilidad económica en las zonas rurales porque no se pueden deslocalizar”.

Por eso, ha defendido la importancia del relevo generacional como uno de los principales retos para garantizar el futuro de las zonas vitivinícolas. Para ello, ha considerado imprescindible la colaboración entre administraciones y el conjunto del sector con el fin de atraer a nuevos profesionales al cultivo de la viña y a la actividad de las industrias vitivinícolas.

Asimismo, ha subrayado que su impacto va más allá de la actividad agraria, al impulsar sectores como el turismo, la gastronomía y el comercio local. Por eso ha abogado por reivindicar “una visión más amplia de las figuras de calidad”, que no son solo mecanismos de protección, sino instrumentos de desarrollo económico y cohesión territorial ya que “al proteger el origen, se protege el futuro”.

El Intergrupo por primera vez en Castilla-La Mancha

El Intergrupo del Comité de las Regiones para la Naturaleza y la Economía del Vino se creó en abril de 2025 por iniciativa de la región austríaca de Burgenland con el objetivo de defender y promover los intereses del sector vitivinícola europeo en el ámbito de las instituciones de la UE. Forman parte del mismo 13 países en los que se ubican las regiones vitivinícolas más importantes de Europa, con Burgenland como presidenta inicial y Piamonte y Castilla-La Mancha en las vicepresidencias.

“Castilla-La Mancha asumió la Vicepresidencia el día 1 de julio de 2026, en reconocimiento a su papel activo en la defensa del sector. Y hay que destacar que es un honor para nuestra comunidad ser anfitriona porque se reconoce todo el trabajo que hemos realizado. Esta responsabilidad nos permite contribuir a la definición de la agenda política del sector, así como defender desde Bruselas los intereses de nuestros viticultores y de nuestro territorio”, ha dicho el consejero, que ha anticipado que, de cara a la próxima reunión, la región propondrá que aborden los nuevos hábitos de consumo y el reto del cambio climático.

Por último, ha agradecido al presidente de Virgen de las Viñas Bodega, Rafael Torres, “la generosidad de esta cooperativa para acoger esta reunión; al presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España y de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, su participación en esta jornada y a nuestra general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, el trabajo que ella y su equipo han realizado para que esta reunión se celebre con éxito hoy aquí, en Tomelloso, y mañana en Toledo”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha asegurado que la PAC que se está negociando para el período 2028-2034 es una oportunidad única para conseguir una política agraria común “fuerte, útil y sencilla, que fortalezca a Europa en el actual contexto geopolítico” y así lo ha reivindicado durante su intervención en el Foro Agro Santander.

Desde este espacio de debate, Julián Martínez Lizán ha explicado que este mes de septiembre han empezado a abordarse en Europa los debates esenciales que atañen directamente al fondo único y la PAC, su gobernanza, arquitectura y presupuesto, ante los que ha demando que se resuelvan de acuerdo con los intereses del sector agrario europeo, pero teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

En ese sentido, ha confiado en que en este período de negociación se logre que la PAC se siga definiendo por dos cuestiones. La primera, “una política común con autonomía financiera y regulatoria y no como un apartado más, que se puede negociar dentro de un gran plan nacional en el que haya que competir con otros fondos”; la segunda, que esta política tenga unas reglas comunes para todos los agricultores y ganaderos en Europa con el fin de conseguir que los recursos y las ayudas directas destinados al campo queden blindadas “frente a modelos de recortes o una gestión nacional en la que habría que competir con otras políticas”.

En cuanto al modelo de gobernanza, Castilla-La Mancha defiende que sea compartida entre el Estado y las comunidades autónomas para la planificación y gestión de las intervenciones agrarias. También que asegure la participación de las organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y demás agentes del sector y que sea el Ministerio de Agricultura quien mantenga las funciones de coordinación general y relación con la Unión Europea.

En resumen, el consejero ha abogado por “una PAC fuerte y previsible, en la que sepamos cuánto vamos a tener y cómo lo podemos organizar para tener un marco de trabajo previsible y seguro”, y con una arquitectura similar a la actual para garantizar recursos suficientes para cumplir sus objetivos, tanto en materia de ayudas directas como en desarrollo rural, sostenibilidad y regadío.

Sectores estratégicos para la región

En otro de los temas que ha enumerado, la ayuda decreciente a la renta por superficie, desde la región se apuesta por un modelo lo más simplificado posible, similar al existente en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, basado en una única región a nivel nacional con único importe por hectárea en todo el país, lo que permitiría avanzar en la simplificación de la gestión, y reforzar la igualdad de trato entre agricultores y ganaderos de todo el territorio.

Otra cuestión estratégica para Castilla-La Mancha es el relevo generacional, del que ha dicho “debe ser una prioridad como la única vía para garantizar el futuro de los pueblos, la agricultura, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria”. Con este fin, el Gobierno regional ha realizado desde 2015 seis convocatorias de ayudas que se han materializado en la incorporación de 5.300 jóvenes. Esta “experiencia nos ha convertido en una referencia en Europa” y así lo avala que hayamos liderado en el Comité de las Regiones el Dictamen sobre Relevo Generacional en el “proponemos que alrededor del 10% del presupuesto de la PAC se reserve para jóvenes y nuevos agricultores”.

En cuanto a las ayudas, ha demandado que se avance en su simplificación y flexibilización, así como en una proyección real de las mismas que tenga en cuenta los sectores con mayores dificultades como la ganadería extensiva.

Al mismo tiempo, Martínez Lizán ha pedido que se respalde sectores estratégicos que forman parte de la identidad productiva de Castilla-La Mancha como el vino, el azafrán, el olivar, así como otras actividades que aportan valor económico, social y ambiental. “Defendemos la continuidad de las intervenciones sectoriales y una financiación adecuada que permita afrontar los retos actuales de competitividad, comercialización e innovación”, ha dicho al respecto.

Dentro de éstas, ha mencionado específicamente las intervenciones sectoriales vitivinícola y apícola. Sobre la primera ha avanzado que, a propuesta de Castilla-La Mancha, la nueva propuesta de Reglamento de la OCM de septiembre recoge que la intervención sectorial vitivinícola pasa de ser meramente potestativa a configurarse como obligatoria. En cuanto a la Intervención Apícola, ha demandado que se garantice su continuidad “si es necesario con apoyo extraordinario”, por lo que representa el sector para la continuidad de la actividad agraria.

En lo referente a las medidas agroambientales, Castilla-La Mancha plantea que haya más incentivos y una revisión de la actual condicionalidad ambiental para evitar duplicidades y cargas administrativas; también mantener prácticas que han demostrado su eficacia, como los eco regímenes relacionados con pastoreo extensivo, rotación de cultivos, siembra directa o cubiertas vegetales, y adaptar lasintervenciones agroambientales y climáticas, especialmente aquellas vinculadas a la agricultura ecológica, la ganadería ecológica, el bienestar animal, la apicultura para la mejora de la biodiversidad, el girasol medioambiental y las plantas aromáticas.

“Con todos estos objetivos seguimos trabajando, junto al sector, en la defensa de una PAC fuerte, común y con presupuesto suficiente más allá de 2027. Hace apenas unos días mantuvimos una reunión bilateral con el ministro Planas para trasladarle estos y otros temas y desde que conocimos el primer borrador de la PAC no hemos dejado de trabajar con las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas para avanzar en una posición común que sea lo más beneficiosa posible para nuestro campo”, ha finalizado.

El cara a cara entre el líder del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, y la presidenta María Guardiola ha estado marcado por el intento de la oposición de señalar al Ejecutivo por la delegación de la defensa de la PAC en la Junta de Castilla y León.

Con más de 568 millones de euros anuales en juego, Sánchez Cotrina ha tachado la decisión de “bochorno” y ha exigido a la jefa del Ejecutivo que aclarase si respaldó o si tan siquiera conocía la cesión de la portavocía de los intereses extremeños.

Lejos de explicar la ausencia de un representante propio o argumentar los motivos de esa delegación, Guardiola ha optado por esquivar la cuestión central. La presidenta no ha respondido a la pregunta sobre Castilla y León y ha preferido cambiar el terreno de juego mediante un alud de datos.

Para neutralizar las críticas, la presidenta ha desplegado un balance financiero encabezado por 28 millones de euros para amortiguar los estragos de la lluvia en la cereza y los efectos de la lengua azul. A esta partida ha sumado 8,5 millones de euros en liquidez para el olivar y el viñedo de secano golpeados por la sequía, así como otros 7 millones de euros para paliar la enfermedad hemorrágica epizootica (EHE), asumiendo además el Ejecutivo autonómico el coste íntegro de las vacunas ganaderas, ha recordado.

En el tramo final, el líder socialista ha vuento a afear que la pregunta clave quedara en el aire, alertando de que la falta de explicaciones coincide con problemas estructurales como la caída del 30% en la producción de tomate o la incertidumbre del olivar tradicional.

Guardiola ha dado por concluido el intercambio pidiendo “rigor y honestidad” a la bancada socialista y acusándoles de intentar empañar la gestión con “mentiras”, pasando página sin detallar las razones de la delegación en la cumbre de la PAC.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural abonará este viernes un nuevo pago de las convocatorias de incorporación de jóvenes de 2023 y 2024 que ascenderá a 5,5 millones para 223 personas beneficiarias.

Con estos pagos, “son ya más de 25 millones de euros los que hemos abonado de estas dos convocatorias a un total de 967 beneficiarios”, ha destacado el viceconsejero de la Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio, en la inauguración del X Campus de Jóvenes Cooperativistas que promueve Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha.

En este contexto, el viceconsejero ha explicado que el relevo generacional es una de las prioridades de la política agraria y de desarrollo rural de la región “y así lo atestigua la política de relevo generacional llevada a cabo por el Gobierno de Emiliano García-Page que ha hecho posible incorporar en la última década a más de 5.300 jóvenes al sector agrario”.

El buen funcionamiento de esta política ha llevado a Castilla-La Mancha a liderar en Europa el Dictamen sobre el relevo generacional que fue defendido por el presidente del Ejecutivo autonómico en Bruselas el pasado 1 de julio y que logro el apoyo unánime del Comité de las Regiones.

Entre otras cuestiones, este texto defiende que un 10% de la PAC se destine a la incorporación de jóvenes al campo y vincula el futuro agrario con la soberanía alimentaria, la financiación, el acceso a la tierra y la calidad de vida en el medio rural.

La Junta de Castilla y León dará mañana la orden para abonar 575 millones de euros correspondientes al anticipo de las ayudas directas de la PAC de 2026 a 48.600 agricultores y ganaderos, más del 90 % de los potenciales perceptores, según ha anunciado este martes en las Cortes el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino (Vox).

Pino ha avanzado este pago durante una interpelación en el pleno de las Cortes presentada por el Grupo Socialista, en la que ha hecho balance de sus primeros cien días al frente de la Consejería y ha anunciado también para los próximos cien días reformas de las leyes Agraria, de Caza y de Sanidad Animal de Castilla y León.

El consejero ha asegurado que la orden de pago del anticipo de la PAC ya está dada y que Castilla y León será la primera comunidad en abonarlo, además de hacerlo “antes que nunca”.

“No es una cuestión de calendario administrativo”, ha defendido Pino, quien ha argumentado que el dinero llega en un momento en el que los profesionales necesitan afrontar la compra de semillas, fertilizantes y gasóleo para la siembra, además de suplementar la alimentación del ganado ante el agotamiento de los pastos.

Entre las próximas actuaciones legislativas, Pino ha anunciado que la Junta iniciará “inmediatamente” la modificación de la Ley de Sanidad Animal, con el objetivo de mantener las garantías sanitarias pero reducir cargas, reforzar el papel de los veterinarios habilitados y dar mayor capacidad de decisión al ganadero dentro del marco legal.

También ha avanzado que durante los próximos cien días se abordará la reforma de la Ley de Caza para eliminar procedimientos que ha calificado de “anacrónicos”, mejorar la seguridad jurídica y facilitar herramientas a los cazadores, además de acometer una reforma de la Ley Agraria.

El consejero ha anunciado además la movilización de 30 millones de euros para aliviar el coste de los carburantes en el sector agrario, de los que diez millones procederán de la asignación estatal vinculada a la reserva agrícola de crisis y otros veinte serán aportados por la Consejería mediante una reordenación de su presupuesto.

Por su parte, el procurador socialista Miguel Ángel Blanco ha acusado al consejero de tener un “serio problema”, que es el de “querer pedir y dar” y también “exigir y gobernar”, por sus peticiones de más dotación presupuestaria a su propio Ejecutivo ante la crisis del sector del cereal.

La eurodiputada castellenomanchega del PSOE, Cristina Maestre, ha sacado adelante su enmienda al Fondo Único para blindar la autonomía de la Política Agrícola Común (PAC) y garantizar que los recursos destinados al sector agrario queden protegidos. Los grupos PPE (Partido Popular Europeo) y Renew han votado en contra de esta propuesta, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

La reunión de los ponentes de la Comisión de Agricultura ha quedado en suspenso, una vez constatado el apoyo mayoritario a la enmienda propuesta por Maestre y los servicios jurídicos del parlamento europeo están analizando el alcance de la misma,

Maestre ha subrayado que la posición de los socialistas europeos “ha sido coherente desde el primer momento” y ha defendido que la PAC debe seguir siendo una política verdaderamente común, con autonomía financiera, regulatoria y política, frente al modelo planteado por la Comisión Europea.

Este modelo para la PAC a partir de 2028 realizado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, plantea un problema presupuestario y otro de gobernanza. Por un lado, el recorte económico y por otro deja políticas obligatorias para los Estados al albur de los presupuestos nacionales y regionales.

“No podemos aceptar que la PAC deje de ser una política verdaderamente común para convertirse en un capítulo negociable dentro de un gran plan nacional multisectorial”, ha señalado la eurodiputada socialista.

“Lo que está en juego no es solamente cómo se distribuyen los fondos, sino qué modelo de agricultura europea queremos para el futuro”, ha defendido Maestre.

“La PAC necesita seguir contando con una financiación específica y con reglas comunes para garantizar unas condiciones equilibradas para nuestros agricultores y ganaderos en toda Europa”.

La eurodiputada ha reivindicado que los socialistas han mantenido su posición pese a las presiones recibidas y han defendido su enmienda precisamente para evitar que la PAC quede integrada en un modelo de financiación nacional que, a su juicio, fragmentaría una política que debe seguir siendo común.

Maestre también ha lamentado la posición del Partido Popular durante este debate. Los grupos PPE y Renew han votado en contra de esta propuesta.

“Nos preocupa que hayan decidido abandonar al sector agrícola en un momento en el que nuestros agricultores y ganaderos necesitan certezas, estabilidad y una PAC fuerte”, ha señalado.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de Extremadura, Juan José García, de Vox, consideró “oportuno” delegar en el consejero de Agricultura de Castilla y León, también del partido de extrema derecha, su representación en la reunión del Ministerio sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC). La Junta de Extremadura confirma así que fue el propio consejero quien tomó la decisión, pero no explica por qué eligió a su homólogo de otra comunidad autónoma pese a que la consejera extremeña Mercedes Morán (PP) también estaba presente en el encuentro.

Fuentes de laa consejería han señalado que García fue invitado a la reunión por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y que “ejerció su derecho a delegar el voto en el consejero de Agricultura de Castilla y León, que es la persona en quien consideró oportuno delegarlo”.

La respuesta se produce después de que se preguntara expresamente a la Junta por el motivo de esa elección y por su posición sobre el hecho de que la representación de Extremadura quedara en manos del responsable de otra comunidad autónoma pese a la presencia de Morán en la reunión. La consejería no concreta ese motivo ni ofrece una valoración adicional sobre la decisión.

El encuentro se celebró este miércoles en Madrid y reunió al Ministerio de Agricultura y a las comunidades autónomas para abordar el futuro de la PAC y la posición de los territorios ante la reforma de la política agraria europea. García no acudió personalmente y su voto fue delegado en el consejero de Agricultura de Castilla y León, también de Vox.

La ausencia del consejero ya había sido objeto de críticas por parte de la oposición extremeña. PSOE y Unidas por Extremadura han cuestionado que García no participara directamente en una reunión en la que se abordaban cuestiones de especial relevancia para el campo de la región.

Críticas de organizaciones agrarias

La situación ha provocado también la reacción de La Unión Extremadura y de UPA-UCE Extremadura, que ha reclamado explicaciones al titular de Agricultura. Esta organización agraria recuerda que el pasado 26 de agosto las organizaciones profesionales agrarias fueron convocadas a una reunión con el consejero de Agricultura para trasladarle, con carácter previo, sus principales preocupaciones y propuestas ante el futuro de la PAC.

UPA-UCE señala que realizó un trabajo específico, con sus equipos técnicos y su Ejecutiva, para trasladar a García un posicionamiento elaborado “desde la realidad de las explotaciones extremeñas” y teniendo como referencia la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos de la región.

Por este motivo, considera “especialmente relevante” conocer las razones por las que el titular de Agricultura no estuvo presente en la reunión del Ministerio celebrada en Madrid.

La organización agraria precisa que no cuestiona que el consejero pueda tener otros compromisos en su agenda ni que la delegación de funciones forme parte del funcionamiento normal de una Administración. Su reclamación se centra en conocer por qué la representación de los intereses agrarios de Extremadura se delegó en el responsable de Agricultura de otra comunidad autónoma.

UPA-UCE destaca además que en el encuentro se encontraba presente otra consejera del Gobierno extremeño, que participó en la reunión dentro del ámbito de sus competencias relacionadas con el desarrollo rural.

“No cuestionamos que el consejero pudiera tener otros compromisos en su agenda, sino que creemos que una reunión de este calado requería una explicación sobre cómo se iba a garantizar la defensa directa de los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños”, ha señalado el líder de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos.

Para la organización, el futuro de la PAC es una cuestión estratégica para el campo extremeño por su incidencia en la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la incorporación de jóvenes y el mantenimiento de la actividad agraria y ganadera.

UPA-UCE reclama por ello que Extremadura participe “activamente y con voz propia” en todos los foros en los que se vaya definiendo la posición de las comunidades autónomas sobre la futura PAC, para trasladar las necesidades concretas del sector extremeño y defender las particularidades de la región.

El dirigente agrario ha señalado además que el caso del tabaco pone de manifiesto la importancia de que Extremadura cuente con una representación que conozca de primera mano la realidad de sus sectores productivos.

La organización espera que el consejero de Agricultura pueda ofrecer las explicaciones oportunas y que el asunto se aborde “desde la responsabilidad y el diálogo”, con el objetivo de garantizar que los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños estén presentes en las decisiones sobre el futuro de la PAC.

Agricultores y ganaderos llegados de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, acompañados de tractores, se concentrarán en Toledo delante la Consejería de Desarrollo Sostenible el próximo día 6 de octubre convocados por Asaja porque “así nos lo han pedido nuestros afiliados”.

El presidente de la organización en la región, José María Fresneda, ha detallado los motivos: “Porque a un agricultor no le hayan permitido cosechar en julio; que haya tenido invasión de conejos en una parte de sus parcelas; que no puede tener acceso al agua porque la administración no la va a poner los medios; y porque nos anuncian que de los pagos directos de la PAC la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural quiere detraer una parte importante para pagar los saraos que monta a través de las medidas compartidas en el presupuesto”. Y a todo esto, le ha añadido “la subida de los costes de producción”, en especial del gasóleo.  

Por las palabras de José María Fresneda se puede intuir que esta será la primera protesta de estos meses pero no será la última: “Tarde o temprano vamos a cosechar, vamos a regar, vamos a intentar evitar que las políticas conservacionistas no afecten al desarrollo fundamental y lo haremos negociando o con la fuerza”.

El responsable de la organización en la región se ha referido directamente al discurso de todos los partidos políticos como palabras que luego no tienen un resultado: “Si escuchamos los debates solo son debates, como consecuencia de los debates nunca pasa nada”.

“Convocamos porque no queremos más engaños, no aceptamos el discurso de confrontación que hay relativo al agua”, y ha asegurado también que tienen “la mano tendida desde un planteamiento profesional pero no aceptaremos el tejemaneje que se traen con el campo sobre todo cuando se acercan las elecciones”.

Sobre la falta de agua y las amenazas que se ciernen sobre la región ha asegurado que hay mucho relato pero “nadie hace nada para enfrentarse a la directiva marco del agua, todos son relatos; con el cuarto ciclo de planificación hidrológica que nos amenaza ya, nadie hace nada”.

En referencia al plan para el control del conejo de monte que puso en marcha el Gobierno regional, ha señalado que “desde el borrador que nos dieron a últimos de enero,  los conejos se han comido porcentajes importante de hectáreas en Castilla-La Mancha y nadie ha hecho nada. Llevamos denunciando más de 20 años esto y ya hemos llegado a una situación en que nos devoran”.

También ha cargado contra las políticas conservaciones que afectan a los agricultores: “Cada vez que sueltan un ave nueva a nosotros nos limitan nuestra capacidad productiva

Sobre las limitaciones para cosechar cuando hay riesgo de incendio, ha señalado que “la gente ha perdido un porcentaje alto de sus cosechas por evitar algo que no evita la administración. Y el colmo es que quieran que por ley se convierta en un delito”.

Y sobre la próxima negociación para la Política Agraria Común, ha asegurado que “lo último que se nos planteó por parte de la Consejería de Agricultura de cara al futuro de la PAC es que del primer pilar se detraigan medidas para atender necesidades que han generado otros actores que están vinculados al mundo rural, para que salga de ahí el dinero” en detrimento de los agricultores.

Precios del gasóleo

También la organización ha hecho una proyección de cómo se está afectando al sector la subida del precio del gasóleo. “Un tractor grande puede llevar un depósito de unos 350 litros. Si pagamos el gasóleo B al precio de hoy, a 1,60 euros el litro aproximadamente, llenar ese depósito cuesta aproximadamente 560 euros. En cuatro o cinco días, un tractor se chupa un sueldo de 1.800 euros y, en un mes de trabajo intensivo, podemos estar hablando de más de 11.000 euros solo en combustible”.

Ante el encarecimiento del combustible, la organización agraria pide conocer qué hay detrás de la subida: “Queremos saber por qué el precio del gasóleo sube tan rápido y por qué cuando baja no se produce con la misma rapidez, cuánto corresponde al coste del combustible, cuánto a márgenes y cuánto a impuestos. Porque los impuestos suponen la mitad, casi un 50% que se van a las arcas del Estado. Nuestra petición es muy concreta, -ha señalado Fresneda-, transparencia, vigilancia y explicaciones. Estamos hablando de un coste que el agricultor no puede trasladar al precio final de sus productos. Estoy totalmente convencido de que, más pronto que tarde, se convocarán movilizaciones en todo el territorio nacional”.

 “En un mes el agricultor tiene que pagar un sueldo al tractorista y cinco o seis sueldos al tractor. Su renta se va por el tubo de escape, y todavía hay que pagar las semillas, los fertilizantes, el mantenimiento y el resto de gastos. ¿Cómo puede ser rentable trabajar así?”, ha denunciado el presidente.

A esta concentración, según Asaja, se ha sumado Cooperativas Agroalimentarias. Fresneda ha invitado también al resto de organizaciones, consumidores, e industrias agroalimentarias a “colaborar con nosotros”.

“Yo afirmo aquí que la política alimentaria es más importante que la sanitaria, que la educación, que la del transporte y lo demuestro cuando quieran”, ha sentenciado.

El consejero de Agricultura de Extremadura, Juan José García, de Vox, no acudió este miércoles a la reunión convocada por el Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas para abordar la futura Política Agraria Común (PAC) y delegó la representación de Extremadura en otro consejero de Vox, el responsable de Agricultura de Castilla y León.

La decisión dejar en manos de otra comunidad autónoma la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños se produjo pese a que otra integrante de la Junta de Extremadura, la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, del PP, sí asistió presencialmente al encuentro celebrado en Madrid. Morán participó en la reunión en el ámbito de sus competencias de desarrollo rural, entre otras.

El Gobierno regional había publicado a primera hora la participación de García en esa reunión en Madrid, pero finalmente eliminó el acto de la agenda. El titular de Agricultura estuvo esa tarde con la comunidad de regantes de Tierra de Barros para informar sobre el inicio de las obras de esta infarestructura y los nuevos requisitos para los comuneros.

La posición española ante la PAC

El ministro de Agricultura, Luis Planas, convocó el Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios, para trabajar con las comunidades autónomas en un acuerdo que fije la posición española ante la reforma de la PAC para el periodo 2028-2034. Entre los asuntos sobre la mesa estuvieron el futuro sistema de ayudas directas, los pagos a pequeños agricultores, las ayudas asociadas y la arquitectura medioambiental de la nueva PAC.

La presidencia de turno irlandesa del Consejo de la Unión Europea tiene previsto que en este semestre quede cerrado el acuerdo político sobre el reglamento de la futura PAC, por lo que urge que los distintos Estados miembros se posicionen sobre aspectos fundamentales de la configuración del nuevo modelo.

Quejas a María Guardiola

Las críticas a esta decisión en la coalición de PP y Vox en Extremadura ya han escalado hasta la presidenta. María Guardiola. La Unión ha trasladado sus críticas a la presidenta en una carta en la que reclama que una situación como esta no vuelva a repetirse y que los intereses de Extremadura estén representados en las negociaciones sobre la futura política agraria europea.

La organización agraria considera “especialmente relevante” esta decisión del consejero extremeño “porque el encuentro reunía precisamente a los responsables autonómicos de Agricultura para perfilar la posición de España ante la reforma de la PAC”, cuya reforma tendrá una incidencia directa sobre agricultores y ganaderos.

Por eso, reclama que Extremadura “defienda sus intereses en todas las mesas de negociación”. La organización señala que la propuesta europea contempla cambios relevantes en el sistema de ayudas y cuestiona tanto el posible recorte de fondos como la cofinanciación de determinadas ayudas.

El consejero de agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, mantuvo en la tarde del martes en Madrid una reunión bilateral con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a quien ha traslado una serie de reivindicaciones estratégicas para Castilla-La Mancha relacionadas con la reforma de la PAC; la actualización de los criterios económicos para las ayudas agrarias; la defensa de intervenciones sectoriales; o la planificación hidrológica.

En declaraciones previas a la prensa según ha señalado la Junta en nota de prensa, el consejero ha explicado que la PAC posterior a 2027 debe avanzar en su simplificación y la flexibilización burocrática, una de las principales demandas del sector agrario. Así como hacer una proyección real de las futuras ayudas, sobre todo pensando en sectores con mayores dificultades como la ganadería extensiva, en este caso en concreto, teniendo en cuenta tanto la aplicación del Plan Estratégico de la Ganadería Extensiva de Castilla-La Mancha, como el Plan Estratégico Nacional de Ganadería Extensiva.

Julián Martínez Lizán también ha planteado al ministro la actualización de los criterios económicos que se utilizan para calcular las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes, los planes de mejora o el reconocimiento de explotaciones prioritarias, ya que estos cálculos se realizan teniendo en cuenta la Ley de Explotaciones Agrarias, una norma que determina rendimientos por cada uno de los cultivos y cuyos datos han quedado obsoletos. “Los márgenes brutos estándar, que es como se conocen, datan de hace muchos años y es necesaria una modernización de los importes asignados a cada superficie para responder al momento actual de los precios que los cultivos pueden estar ofreciendo a los productores”, ha detallado al respecto.

Otra de las cuestiones que en Castilla-La Mancha “preocupa muchísimo y que consideramos fundamental” es el futuro de las intervenciones sectoriales, especialmente en los ámbitos vitivinícola y apícola.

En el caso de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) ha recordado que el sector supone el 5% del PIB de la región y por tanto tiene una repercusión “importantísima”, a lo que ha sumado “las inquietudes que se están manifestando en cuanto al consumo del vino y los retos que los consumidores marcan”. Por todo ello, “claramente” es necesaria la continuidad de la ISV con un presupuesto adecuado para atender las demandas actuales que tanto al sector productor como el transformador y elaborador necesitan en estos retos.

Esta es una política determinante para Castilla-La Mancha que debe continuar, de hecho, a partir de mañana se enviarán las primeras resoluciones de reestructuración de viñedo para 1.800 hectáreas y prácticamente 500 agricultores, datos que dan cuenta de la importancia que tiene este instrumento para nuestra Comunidad Autónoma.

En cuanto a la Intervención Apícola, es imprescindible garantizar también su continuidad “con apoyo extraordinario, por lo que representa el sector apícola para la polinización y la garantía de la continuidad de la actividad agraria”. Además, ha contemplado la posibilidad de apoyar a esta actividad a través del Plan Estratégico de Ganadería Extensiva.

El consejero también ha abogado por “apoyar seriamente la innovación y la tecnología”, razón por la cual adquiere especial importancia el uso de drones en la agricultura. Con este fin ha valorado el trabajo del Ministerio, “que está alineado porque las líneas que ha marcado así lo indican”. Y ha considerado fundamental dar solución a la petición “que unánimemente nos realizan desde el sector sobre la utilización de los drones para aplicar fertilizantes y, sobre todo, fitosanitarios”.

Es esta una medida que puede ayudar “muchísimo” al ahorro en el coste de la aplicación de los insumos, así como en el tiempo de aplicación, “pero, sobre todo, también se pueden hacer aplicaciones en momentos de máxima dificultad, cuando hemos tenido, por ejemplo, las DANAS que han imposibilitado la entrada a los bancales y se necesitaba de esas aplicaciones”, ha explicado el consejero. Algo que además ayudaría a cumplir un objetivo de la Unión Europea que quiere reducir el uso de fitosanitarios. En este caso se garantiza un 30% como mínimo de reducción en el uso de este tipo de insumos.

Planificación hídrica

En materia hídrica, el consejero ha explicado que, aunque ni la Consejería ni el Ministerio tienen las competencias “sí tenemos una vinculación y una dependencia importantísima”, por eso ha traslado su preocupación por las consecuencias que pueda tener el próximo ciclo de planificación hidrológica en una región por cuyo territorio discurren “siete de las nueve confederaciones hidrográficas de España”. Por lo tanto, “es importantísimo este trabajo que tenemos que desarrollar juntamente con Transición Ecológica y con Desarrollo Sostenible para entender que necesitamos garantizar la continuidad del regadío en nuestra tierra” ha dicho.

Para finalizar, el consejero ha planteado cuestiones relacionadas con la próxima campaña de recolección en la región, que será la del olivar, un cultivo que en este momento en Castilla La Mancha es la principal superficie de cultivos leñosos. El consejero ha trasladado su preocupación por cuestiones administrativas relacionadas con el desarrollo de normativa que se tiene que implementar, así como por los bajos precios del aceite, “que no son suficientes, en campañas que realmente han sido cortas y cuando además se ha vendido ya prácticamente todo el aceite y por tanto los precios deberían estar más acorde a los costes de producción”.

Y todo ello, tal como ha referenciado, en un año difícil “en el que la geopolítica ha marcado el incremento del precio de los insumos, los fertilizantes, los combustibles y la energía”. Por tanto “es fundamental que entendamos que los productos agropecuarios deben de tener el precio adecuado y justo para poder atender la viabilidad y la rentabilidad de los agricultores y ganaderos” ha concluido.

Que el dinero de la PAC llegue prioritariamente a quienes trabajan de forma activa, que exista un único fondo comunitario de financiación y que la futura Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie sea equilibrada y esté adaptada a la realidad productiva de Castilla-La Mancha.

Esas son las principales prioridades que el Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones agrarias han consensuado en una reunión mantenida este jueves que ha servido para establecer una posición conjunta de cara al futuro diseño de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo posterior a 2027.

En la reunión han participado el viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio, mientras que por parte de las organizaciones agrarias han estado representantes de ASAJA, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha.

Los acuerdos alcanzados serán trasladados al Ministerio durante la primera semana de septiembre.

Propuestas consensuadas

El viceconsejero ha destacado, entre los principales puntos de acuerdo alcanzados, “la necesidad de reforzar la figura del agricultor activo, con el fin de asegurar que las ayudas europeas lleguen prioritariamente a quienes ejercen de manera efectiva la actividad agraria y obtienen de ella una parte significativa de sus ingresos”. Los participantes han coincidido en que este criterio debe seguir siendo uno de los pilares fundamentales de la futura PAC, “para garantizar una distribución más justa y eficaz de los fondos comunitarios”.

Asimismo, se ha defendido que las principales intervenciones de apoyo a la renta se financien íntegramente a través del futuro fondo único comunitario, “garantizando recursos suficientes para sostener la rentabilidad de las explotaciones agrarias”, ha indicado Martín Aparicio. En este contexto, también se ha abordado la configuración de la futura Ayuda Decreciente a la Renta por Superficie, intercambiándose distintas propuestas para lograr una aplicación equilibrada y adaptada a la realidad productiva de Castilla-La Mancha.

Otro de los asuntos analizados han sido los cultivos de las nuevas ayudas asociadas que la región trasladará al Ministerio para su posible incorporación en el próximo periodo de programación. Las organizaciones agrarias y Cooperativas han coincidido con la Consejería en la importancia de contar con herramientas de apoyo específicas para aquellos sectores estratégicos que presentan mayores necesidades de respaldo desde el punto de vista económico, social o territorial.

Por último, todas las partes han coincidido en situar el relevo generacional entre las principales prioridades de la futura PAC, apostando por un presupuesto específico y suficientemente dotado para las medidas de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos incluidas en el denominado ‘paquete de bienvenida’.

Una PAC “suficientemente dotada”

Durante el encuentro, celebrado en un clima de diálogo constructivo y consenso, las entidades participantes y el Gobierno regional han compartido sus impresiones con el objetivo de defender “una PAC suficientemente dotada desde el punto de vista financiero, que mantenga el apoyo a la renta de agricultores y ganaderos y que responda a los retos sociales, económicos y medioambientales que afronta el sector agrario”, tal y como ha explicado Martín Aparicio.

Esta reunión da continuidad a la mantenida por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, con las organizaciones representativas del sector el pasado mes de abril. Previamente a este encuentro, el trabajo con las OPAs y Cooperativas Agroalimentarias se había iniciado más de un año antes, materializándose en un documento conjunto entregado al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en febrero de 2025 en Madrid.

En abril de ese mismo año, el presidente de Castilla-La Mancha se lo volvió a entregar en una reunión en Bruselas. Y, ya en octubre, se dio otro documento al ministro de Agricultura, Luis Planas, para que, como representante de España en la Comisión Europea, trasladara la posición de Castilla-La Mancha.

El sector primari valencià pateix una sagnia continuada. Segons denuncia La Unió Llauradora i Ramadera a partir de les dades de les últimes campanyes de la Política Agrària Comuna (PAC), la Comunitat Valenciana ha perdut el 17,56% dels seus sol·licitants d’ajudes en només tres anys, un descens que situa el territori valencià al capdavant de la caiguda en el conjunt d’Espanya.

Les xifres confirmen que no es tracta d’una oscil·lació puntual, sinó d’un deteriorament estructural al llarg del període 2023-2027. D’aquesta manera, el territori valencià ha passat de registrar 40.764 sol·licituds el 2023 a comptabilitzar-ne 33.607 el 2026, la qual cosa equival a la pèrdua neta de 7.157 agricultors i ramaders. En concret, el 2024 es van perdre 3.288 sol·licitants, un 8,07%; el 2025, un total de 2.189, el 5,84%; i enguany la xifra cau en 1.680, el 4,76%. En termes pràctics, quasi un de cada sis professionals agraris valencians que sol·licitaven la PAC el 2023 ha eixit del sistema.

El ritme d’abandonament a la Comunitat Valenciana pràcticament duplica la mitjana estatal i supera el registrat en la resta de comunitats autònomes amb les caigudes més grans. Després de la Comunitat Valenciana se situen Navarra, amb el 15,13%; La Rioja, amb el 15,05%, i Catalunya, amb el 14,93%. En total, a Espanya s’ha passat de 622.404 a 563.095 sol·licitants, la qual cosa suposa una reducció del 9,53%.

Des de La Unió assenyalen que aquest diferencial autonòmic requereix una anàlisi específica: “Estem perdent sol·licitants a un ritme pràcticament el doble de la mitjana espanyola, per la qual cosa no pot explicar-se únicament com una tendència general de concentració d’explotacions o reducció de perceptors. Hi ha un diferencial valencià que ha d’analitzar-se i corregir-se”.

Pèrdua de superfície de cultiu i falta de rendibilitat

El retrocés de professionals va acompanyat d’una contracció del terreny conreat dins del sistema d’ajudes europees. El 2023, la superfície declarada a la Comunitat Valenciana ascendia a 435.120 hectàrees, enfront de les 404.263 hectàrees comptabilitzades el 2026. Aquesta xifra suposa la pèrdua de 30.857 hectàrees, un 7,09%, un indicador en què el territori valencià també lidera la reducció percentual en l’àmbit estatal.

Per a l’organització agrària valenciana, aquests resultats reflecteixen la falta de rendibilitat de moltes explotacions, l’abandonament constant del camp, les dificultats per a mantindre explotacions professionals i l’absència d’un relleu generacional efectiu.

Davant l’obertura del debat sobre el pròxim període financer de la PAC (2028-2034), la Unió exigeix un canvi de paradigma en la postura de les administracions públiques. L’entitat rebutja que la negociació es restringisca a mantindre la quota financera o “xec autonòmic” si la xifra de beneficiaris i d’hectàrees de cultiu continua en descens.

“La negociació de la futura PAC no pot tornar a limitar-se a discutir quants milions corresponen a cada comunitat autònoma. Hem de parlar de quants agricultors volem que continuen treballant, quina superfície agrària volem mantindre productiva i quin model d’agricultura volem conservar”, subratllen des de l’organització.

Entre les mesures proposades per al nou marc comunitari es troben la priorització dels professionals, dirigint els fons de manera estricta cap als agricultors i ramaders professionals i actius; el reforç redistributiu, incrementant l’ajuda complementària redistributiva cap a les explotacions familiars; un règim simplificat, establint un sistema àgil amb menys càrrega burocràtica per a petits perceptors amb ajudes inferiors a 5.000 euros; o l’atenció a cultius específics, atorgant un tractament diferenciat als cultius permanents i als secans mediterranis.

“La Comunitat Valenciana no necessita únicament mantindre el seu xec de la PAC; necessita una PAC que mantinga els seus agricultors i ramaders”, conclouen des de La Unió.

El sector primario valenciano sufre una sangría continuada. Según denuncia La Unió Llauradora i Ramadera a partir de los datos de las últimas campañas de la Política Agraria Común (PAC), la Comunitat Valenciana ha perdido el 17,56 % de sus solicitantes de ayudas en apenas tres años, un descenso que sitúa al territorio valenciano a la cabeza del desplome en el conjunto de España.

Las cifras confirman que no se trata de una oscilación puntual, sino de un deterioro estructural a lo largo del periodo 2023-2027. De este modo, el territorio valenciano ha pasado de registrar 40.764 solicitudes en 2023 a contabilizar 33.607 en 2026, lo que equivale a la pérdida neta de 7.157 agricultores y ganaderos. En concreto, en 2024 se perdieron 3.288 solicitantes (un 8,07 %), en 2025 un total de 2.189 (el 5,84 %) y este año la cifra cae en 1.680 (el 4,76 %). En términos prácticos, casi uno de cada seis profesionales agrarios valencianos que solicitaban la PAC en 2023 ha salido del sistema.

El ritmo de abandono en la Comunitat Valenciana prácticamente duplica la media nacional y supera al registrado en el resto de las comunidades autónomas con mayores caídas. Tras la Comunitat Valenciana se sitúan Navarra, con el 15,13 %; La Rioja, con el 15,05 %, y Cataluña, con el 14,93 %. En total, en España se ha pasado de 622.404 a 563.095 solicitantes, lo que supone una reducción del 9,53 %.

Desde La Unió señalan que este diferencial autonómico requiere un análisis específico: “Estamos perdiendo solicitantes a un ritmo prácticamente el doble de la media española, por lo que no puede explicarse únicamente como una tendencia general de concentración de explotaciones o reducción de perceptores. Existe un diferencial valenciano que debe analizarse y corregirse”.

Pérdida de superficie de cultivo y falta de rentabilidad

El retroceso de profesionales va acompañado de una contracción del terreno cultivado dentro del sistema de apoyos europeos. En 2023, la superficie declarada en la Comunitat Valenciana ascendía a 435.120 hectáreas, frente a las 404.263 hectáreas contabilizadas en 2026. Esta cifra supone la pérdida de 30.857 hectáreas (-7,09 %), un indicador en el que el territorio valenciano también lidera la reducción porcentual en el ámbito estatal.

Para la organización agraria valenciana, estos resultados reflejan la falta de rentabilidad de muchas explotaciones, el constante abandono del campo, las dificultades para mantener explotaciones profesionales y la ausencia de un relevo generacional efectivo.

Ante la apertura del debate sobre el próximo periodo financiero de la PAC (2028-2034), La Unió exige un cambio de paradigma en la postura de las administraciones públicas. La entidad rechaza que la negociación se restrinja a mantener la cuota financiera o “cheque autonómico” si la cifra de beneficiarios y de hectáreas de cultivo continúa en descenso.

“La negociación de la futura PAC no puede volver a limitarse a discutir cuántos millones corresponden a cada comunidad autónoma. Debemos hablar de cuántos agricultores queremos que continúen trabajando, qué superficie agraria queremos mantener productiva y qué modelo de agricultura queremos conservar”, subrayan desde la organización.

Entre las medidas propuestas para el nuevo marco comunitario, se encuentran: la priorización de profesionales, dirigiendo los fondos de forma estricta hacia los agricultores y ganaderos profesionales y activos; el refuerzo redistributivo, incrementando la ayuda complementaria redistributiva hacia las explotaciones familiares; un régimen simplificado, estableciendo un sistema ágil con menor carga burocrática para pequeños perceptores con ayudas inferiores a 5.000 euros; o la atención a cultivos específicos, otorgando un tratamiento diferenciado a los cultivos permanentes y a los secanos mediterráneos.

“La Comunitat Valenciana no necesita únicamente mantener su cheque de la PAC; necesita una PAC que mantenga a sus agricultores y ganaderos”, concluyen desde La Unió.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asignado más de 10,4 millones de euros de la reserva nacional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC), correspondiente a la campaña 2025, de los que 2,3 millones se destinan a 384 beneficiarios de Castilla-La Mancha

En concreto, con la asignación complementaria a la que ya se hizo el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en febrero, estos derechos benefician en total a 2.094 agricultores y ganaderos, de los que el 81% son jóvenes, que reciben una asignación media de 4.977 euros por titular.

Agricultura destaca que en la asignación de la reserva nacional de este año destaca de nuevo la concedida a los jóvenes, concretamente a un total de 1.705 agricultores y ganaderos, con una asignación media de 5.290 euros y un importe total de más de 9 millones de euros.

Estos jóvenes agricultores, además, se benefician de una ayuda complementaria, que supone un importe por hectárea igual al valor medio de la región donde esté ubicada la superficie de la explotación, hasta un máximo de 100 hectáreas.

Por su parte, los nuevos agricultores han recibido un total de 1,18 millones de euros , a repartir entre 257 beneficiarios, lo que supone una asignación media de 4.596 euros por beneficiario.

También se han concedido derechos a 132 beneficiarios por el caso de agricultores en desventaja, con una asignación media de 1.671 euros por cada uno.

En la campaña 2025 no se han registrado solicitudes correspondientes a agricultores participantes en programas de reestructuración, posibilidad contemplada en la Reserva Nacional desde 2023.

Los jóvenes y nuevos agricultores mantienen la prioridad en las asignaciones de la reserva nacional de la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad para el periodo 2023-2027, por lo que este mecanismo se confirma como una herramienta fundamental para favorecer el relevo generacional en la actividad agraria, ha señalado el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para que se pueda anticipar el pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) antes del 16 de octubre, sí así lo determina la Unión Europea, tal y como ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

En rueda de prensa a preguntas de los medios en Toledo, ha reaccionado de este modo después de que el diera su visto bueno el pasado martes para que los Estados de la Unión Europea puedan aumentar y adelantar la distribución de los anticipos de los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) para ayudar a los agricultores a hacer frente al encarecimiento de los fertilizantes.

El Parlamento Europeo aprobaba el pasado martes la posibilidad de que los Estados miembros puedan aumentar del 70% al 75 % los anticipos de los pagos directos de la PAC y abonarlos inmediatamente después de que presenten la solicitud, en lugar de esperar al 16 de octubre, como establecen las normas vigentes. La propuesta, que salió adelante con 576 votos a favor, 62 en contra y 15 abstenciones, deberá ser adoptado formalmente por el Consejo de la UE.

“Claro que lo contemplamos”, ha afirmado el consejero, aunque ha querido puntualizar que es un proceso “complicado” porque se pide el adelanto de estas ayudas antes del 16 de octubre y al mismo tiempo se atrasa el cierre de campaña de la tramitación de la PAC.

“Atrasamos el plazo de la PAC, con lo cual ya no podíamos revisar los expedientes. Si anticipamos en este caso el anticipo del 70%, tendríamos que entender que los funcionarios se van a dar una 'pechá' de trabajo, como se dice en mi pueblo, importantísima”, ha manifestado el consejero.

Si se atrasa el periodo de establecer la solicitud de los expedientes y se adelantan los anticipos, “por medio hay necesidades administrativas, revisiones de expedientes, que exige la propia Unión Europea y que tienen que determinar si los expedientes están perfectamente desarrollados o si tienen algún tipo de incidencia”, ha afirmado.

Además, hay que dar además posibilidad y plazo para que los agricultores y los solicitantes tengan esa posibilidad de poder solucionar esas incidencias, ya que, si no, no podrían cobrar a tiempo las subvenciones los anticipos que se han determinado.

En este punto, ha recordado que el año pasado Castilla-La Mancha fue la única comunidad de España que el 16 de octubre pagó el anticipo de la PAC en el 70 por ciento.

Caminos Rurales

Por otro lado, el consejero de Agricultura ha avanzado que este martes se va a publicar la orden de bases para la mejora de caminos rurales.

Es una subvención que vendrá posteriormente con la convocatoria que se realizará en los próximos días, “muy demandada” por muchos municipios de la región.

Todos los municipios que aparezcan en el anexo 1 de estas bases de convocatoria serán los que tendrán opción a poder acceder a las ayudas que se establecerán en la convocatoria y que se financiarán con cargos del Feader, en los que participa la Administración General del Estado y la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En este caso, se subvencionará el 100% de los gastos elegibles que vienen definidos en esas bases y tienen el objetivo de mejorar el acceso a las explotaciones agrarias y ganaderas de la región.

El dictamen para la Estrategia del Relevo Generacional en la Agricultura europea, que hoy ha defendido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ante el Comité de las Regiones que se ha celebrado en el Parlamento Europeo, se ha aprobado por unanimidad.

Esta es la primera vez que un presidente de Castilla-La Mancha defiende un dictamen ante el pleno, según ha señalado el propio Page momentos antes de entrar en la sesión donde también ha recordado que, precisamente, hoy se cumple 11 años de su primera Investidura como presidente de la región.

García-Page ha recordado en su intervención ante el Comité de las Regiones el “amplísimo  consenso” que había alcanzar este dictamen en comisión, “tras un proceso intenso de escucha y de participación de organizaciones agrarias, administraciones, entidades y responsables públicos”.

El ponente ha resumido el relevo generacional como “un reto síntesis de todos los que nos podemos plantear en el medio rural, el reto de los retos. Muchos de los retos que tiene el campo y la política europea pasan por la incorporación de jóvenes”, ha dicho.

Según ha expuesto, la propuesta que ha salido adelante plantea “una apuesta decidida por la PAC tal y como la venimos conociendo, en contra de las posiciones iniciales que la Comisión Europea mantiene para la PAC”, y que se “dedique un 10% de sus fondos de la Política Agraria a la incorporación de jóvenes al campo”. Sobre este tema ha puesto sobre la mesa la necesidad de una rectificación de la Comisión en la política agraria, para “volver a un planteamiento ambicioso, asumiendo que cualquier gasto adicional que tenga que hacer la Unión Europea en relación con otras políticas no lo sea a costa del campo, de nuestro campo y de la ganadería”.

Además, “se establecen estrategias obligatorias para estímulos fiscales para los jóvenes, ayudas para la adquisición de maquinaria e instalaciones, para ayudarles en el comienzo y los siguientes cinco años”. Para el presidente Page, esta política es la misma que se viene desarrollando en Castilla-La Mancha y por eso “abanderamos la estrategia nacional de incorporación de jóvenes, la mitad de los que se incorporan en toda España se produce en Castilla-La Mancha. Esto nos hace ser líderes y abanderar un dictamen para que nuestra policía sea la común en toda la UE”, ha dicho.

En su ponencia ha ofrecido también algunas cifras de la situación actual para un problema “grave”, ya que “solo un 12% de las personas que se dedican al sector agrario y ganadero están por debajo de 40 años”. Por ello, -ha dicho- “esta propuesta no solo se basa en la apuesta por la soberana alimentaria sino que también es un grito de auxilio para la pervivencia del mundo rural en perfecto conciliación con el mundo urbano”.

Para acabar, momentos antes de la votación, ha reseñado que apoyar a los jóvenes también es “una forma de rentabilizar la inversión que durante años y años ha venido haciendo la UE en la Política Agraria Común. Sería triste que después de tanto dinero invertido, el final de todo ese esfuerzo termine en la no incorporación de jóvenes”.