A Kouadio Konan Rene le brillan los ojos cuando el dermatólogo y doctor Kaloga Mamadou entran en su sala de hospitalización. Al fondo, su camilla está postrada bajo el alféizar de la ventana, por donde se cuelan los rayos de sol del mediodía en la localidad de Divo en Costa de Marfil. Con tan solo 20 años, Kouadio recibió la noticia que al Dr.Kaloga le gustaría dejar de dar: “Tiene úlcera de buruli”, explica el dermatólogo. Su pie izquierdo está vendado y aunque los días de hospital ya están contados después de nueve meses de hospitalización, el joven dice echar de menos jugar al fútbol o andar sin las muletas. “La vida es sagrada, y más a esta edad”, recuerda Kaloga.

En la siguiente habitación, un niño de nueve años apoya ambas piernas sobre su cama. Con los brazos cruzados y una mueca tímida en su rostro, enseña su pierna derecha, ahora recuperada tras una operación de injerto. “En los casos en los que el tratamiento primario basado en antibióticos y cuidados de heridas no funcionan y nos encontramos ante úlceras grandes o en áreas críticas, tenemos que recurrir al injerto”, explica Kaloga sentado sobre la cama del niño, que también le mira con admiración. En 2023 se detectaron 207 casos de úlcera de Buruli en Costa de Marfil, una cifra que disminuye en comparación con otros años: en 2020 fueron 232; en 2021, 239; y, en 2022, alrededor de 270 casos.

Desde 2019, Dr. Kaloga es director del Programa Nacional de Lucha contra la Úlcera de Buruli y otras enfermedades cutáneas ulcerativas endémicas en Costa de Marfil. Un cargo al que el propio Kaloga no le da importancia: “Que yo sea director no es lo importante. Yo lo único que quiero es aportar mi grano de arena como dermatólogo en la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD)”, explica desde la Unidad médico-quirúrgica para la lucha contra la úlcera de buruli y la lepra de Divo. Los pasillos laterales del centro recuerdan a los pacientes que no están solos. Madres, hermanas, hijos, sobrinos y amigos preparan la comida del mediodía al ritmo de la música de una pequeña radio. “Esto también es sanador: el acompañamiento”, cuenta uno de los médicos del hospital que trabajan junto con el Dr.Kaloga.

Integración de las enfermedades de la piel

Aun así, desde el terreno, y como explica Kaloga y su equipo médico, se observa una gran variedad de dermatosis más allá de la úlcera de Buruli como, por ejemplo, la escabiosis, tiñas o úlceras crónicas… “Muchos pacientes presentaban enfermedades cutáneas que no estaban cubiertas por el programa nacional”, explica el dermatólogo. “La falta de cobertura de medicamentos para estas otras dermatosis generaba desconfianza, estigmatización y abandono de campañas sanitarias. Hay pacientes que destruían las recetas médicas porque no podían pagar los medicamentos y la escasez de recursos impide una cobertura geográfica adecuada del país”, añade.

Ante la falta de cobertura, el primer paso fue cambiar el nombre del propio programa nacional para incluir “otras enfermedades cutáneas ulcerativas endémicas”, pero la propuesta no solo se quedó en casa. “Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como Fundación Anesvad, el Ministerio de Salud de Costa de Marfil, la Liga Internacional de Dermatología y países aliados como Nigeria, Togo y Micronesia, presentamos una iniciativa en salud dermatológica a la Organización Mundial de la Salud”.

Es la primera vez que Costa de Marfil lidera una propuesta y estrategia eficiente en el contexto internacional “al integrar recursos y programas y formar personal capacitado en diagnóstico y tratamiento”, explica con orgullo el director. “Este liderazgo africano también rompe estereotipos occidentales: sí, en África hay hospitales, médicos competentes y capacidad organizativa”, añade entre risas.

Llegar a la OMS

El pasado 23 de mayo, la idea de la delegación de Costa de Marfil que nace, entre otros sitios, en hospitales como el de Divo, convocó la 156ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, donde se consagró la aprobación de la resolución con nombres y apellidos: Resolución EB156(24): Enfermedades de la piel como prioridad de salud pública global. Como menciona el texto, en 2021 hubo 4.690 millones de casos incidentes de enfermedades cutáneas, provocando 41,9 millones de años de vida ajustados por discapacidad.

En este contexto, se reconoce por primera vez que las enfermedades de la piel, más allá de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, son muy comunes y abarcan afecciones infecciosas que provocan consecuencias sociales, económicas y emocionales, incluyendo la estigmatización, discriminación y problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. En lo estructural, muchos de los tratamientos dermatológicos son costosos en un contexto de falta de recursos y algunos ascienden hasta los 100.000 CFA en Costa de Marfil (lo equivalente a 150 euros), mientras que otros medicamentos dermatológicos ni siquiera están incluidos en los seguros, pues se consideran “cosméticos”.

“La mayoría de los casos de enfermedades de la piel que se identifican gracias a nuestra colaboración con los Ministerios de Salud son enfermedades de la piel, pero no ETDs. Tan sólo este hecho, justifica que necesitemos una resolución sobre enfermedades de la piel que nos permita trabajar de forma más global”, explica desde Ginebra, Iñigo Lasa, director general de Fundación Anesvad. “Por ejemplo, en 2017 en Benín, el 94% de los casos que analizamos no eran ETDs, pero sí enfermedades de la piel”, añade. Desde el mismo espacio de discusión, Brahim Socé Fall, director de Enfermedades Tropicales Desatendidas en la OMS insiste en que “integrar la atención dermatológica en la atención primaria de salud es la vía más sencilla y accesible para aplicar esta resolución”. Por su parte, la fundadora y directora ejecutiva de Health Diplomacy Alliance, Katherine Urbaez, cuenta que la resolución “es una herramienta clave para la acción política y la sensibilización”.

Entre las acciones recomendadas para los Estados Miembros a raíz de la resolución de la OMS destacan la asignación de recursos adecuados y prioridad de las enfermedades de la piel, reforzar capacidades diagnósticas (incluyendo métodos avanzados como la inmunología o la microbiología), la integración de servicios dermatológicos en políticas de rehabilitación, discapacidad y salud mental así como el cumplimiento de metas dermatológicas del plan de Enfermedades Tropicales Desatendidas al 2030, entre otras propuestas. Todo esto bajo un plan de acción global con metas claras y en consulta con Estados y actores claves que informen sobre el progreso en las Asambleas Mundiales de la Salud de 2027, 2029 y 2031.

Desde la habitación de hospitalización en Divo hasta una de las salas del hotel President Wilson en Ginebra, Kaloga defiende la importancia de la resolución: “Es un alivio para los pacientes con enfermedades dermatológicas, especialmente en países en desarrollo. Esta resolución facilitará la atención global e inclusiva, con diagnóstico temprano, acceso a medicamente, promoción de campañas de sensibilización y formación de personal sanitario”, explica. “La piel, al ser un órgano visible, es también un motor de estigma, lo cual puede evitarse con una atención digna, accesible y humana”, añade desde Ginebra.

Rescatar las culturas negras contemporáneas, valorizar la raíz africana y erradicar los prejuicios raciales, mucho más allá de revisar el hecho colonial, priorizando los lazos que unen a la cultura negroafricana con América y la península ibérica. Es el fin que persigue la cátedra UNESCO de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Alcalá (UAH).

Acaba de cumplir 30 años y forma parte del sistema español de cátedras UNESCO. “Su misión es llevar al terreno los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En nuestro caso se trata de rehabilitar y estudiar la herencia africana”, explica su coordinador, Luis Mancha.

Esta unidad universitaria nació en 1994 de la mano del entonces vicerrector de Relaciones Internacionales, Luis Beltrán Repetto, sociólogo especializado en africanía fallecido en 2017. “Vivió 20 años en África y fue su impulsor hasta que se jubiló”.

Luis Mancha tomó el testigo de la cátedra en 2011. “Se trata de reconocer esa africanía, la tercera raíz. En Iberoamérica se habla de la raíz indígena y de la europea, pero siempre se olvida de la raíz africana”. Por eso, el objetivo pasa por estudiarlo y reconocerlo.

“Es cierto que los africanos llegaron a América esclavizados, pero tuvieron la generosidad de contribuir a la configuración y a la herencia de las sociedades y culturas iberoamericanas. Muchos de sus elementos, desde su gastronomía hasta la bachata, no se entienden sin la raíz africana”, reconoce. “Hablamos de relaciones de ida y vuelta entre el continente africano y el americano”.

Hoy, el 30% de la población americana está conformada por afrodescendientes. “En Brasil o Cuba superan el 50%”, apunta Luis Marcha. “Su contribución al desarrollo socioeconómico a Europa y a América, incluidos los Estados Unidos ha sido fundamental. Hay que recordar que fueron mano de obra esclava y gratuita. Es algo que requiere estudio y rehabilitación”.

Matiza que “no se trata de revisar el fenómeno”, pero sí de dar a conocer, por ejemplo, que entre 12 y 20 millones de hombres y mujeres en edad productiva desde el siglo XVI al XIX fueron secuestrados en África, deportados a las Américas y vendidos como esclavos.

Desde la cátedra preparan un documental que permita la difusión sobre aspectos desconocidos de África y sus relaciones con América y Europa. “Hoy el continente africano no se entiende sin la presencia europea, entre otras cosas porque las fronteras las creamos nosotros. Fueron antinaturales para los habitantes africanos”.

Luis Mancha ve en África un gran objetivo geoestratégico. “Queremos fomentar las relaciones con un continente que España tiene un poco abandonado, pese al interés que hay por ejemplo, por la lengua española”.

En 2025, el congreso internacional de la cátedra se celebrará en Benín

Cada dos se organiza un congreso internacional en Costa de Marfil para estudiar, en el ámbito universitario y desde diferentes puntos de vista, las relaciones entre África y América, aderezado con actividades culturales como exposiciones, conferencias o concursos.

“Es un congreso multidisciplinar en el que damos cabida a diferentes voces”, explica Luis Mancha, con ayuda entre otras muchas personas de Jean-Arsène Yao, doctor por la Universidad de Alcalá y catedrático de la Universidad Félix Houphouët-Boigny de Costa de Marfil.

Uno de los hitos de la cátedra en sus tres décadas de vida es, precisamente, este congreso. “Ha contribuido a mejorar las relaciones con África, a través del intercambio de profesorado y estudiantes. Nuestras publicaciones han ayudado a los investigadores de varios continentes”.

Queremos crear una red tricontinental que favorezca el diálogo y las relaciones interculturales

En noviembre de 2025 la cita con la que será ya la sexta edición del congreso se trasladará a Benín y no descartan llevarlo después a Senegal. “Queremos que vaya rotando y extender la iniciativa. Nos gustaría también llevarlo a Iberoamérica, pero es más complicado”, dice, pese que durante sus tres décadas de vida la red de colaboradores de la cátedra se ha ido ampliando.

Entre ellos se encuentran, el ya citado Jean-Arsène Yao, Teresa Cañedo-Argüelles, catedrática emérita de la Universidad de Alcalá, Miguel Ángel Sotelo, catedrático de la Universidad de Alcalá, Rodrigo Escribano, investigador ‘Marie Curie’ del CSIC; Susana Castillo-Rodríguez, de la Universidad de New Hampshire y Gema Valdés Acosta, de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, en Cuba. Todos ellos son “núcleo duro” de la cátedra, aunque hay otros muchos colaboradores.

“Queremos crear una red tricontinental que favorezca el diálogo y las relaciones interculturales”. Una tarea que comparten con la Cátedra UNESCO de Educación Científica para América Latina y el Caribe, también adscrita a la Universidad de Alcalá. 

Han pasado diez días desde que elDiario.es destapara el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Desde aquel primer día y hasta hoy hemos publicado como 22 informaciones exclusivas con detalles de la trama de empresas pantallas y facturas falsas. Esta trama nos ha llevado a El Arahal, un pueblo de Sevilla en el que vive gente muy humilde. Pero la trama de la pareja de Ayuso se extiende con al menos 8 empresas más. Algunas de ellas, fuera de España: México, Costa de Marfil, Panamá y Florida. 

Hacemos este repaso con el jefe de la sección de política de elDiario.es Marcos Pinheiro. 

De los “tiesos” de Sevilla al ático de lujo: viaje a la trama de la pareja de Ayuso

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Hace algo más de dos años, el entorno de Isabel Díaz Ayuso presentó a Alberto González Amador, su pareja, como un “técnico sanitario” sin dar más detalles sobre una persona que buscaba permanecer en el anonimato. La investigación de Hacienda y la denuncia de la Fiscalía han revelado, sin embargo, que trabaja para el grupo sanitario Quirón desde hace dos décadas y que hizo fortuna con la venta de material sanitario durante la peor fase de la pandemia. 

En 2020, se embolsó dos millones de euros por mediar entre dos empresas en un contrato de compraventa de mascarillas. En esta ocasión, pactó para sí mismo unas ganancias del 4,5% del contrato, que alcanzaba los 42 millones de euros. Un año después recurrió a una de esas empresas para intentar hacer una operación similar pero vendiendo vacunas a Costa de Marfil. Aunque la operación se frustró, la comisión que había planeado cobrar en este caso era todavía mayor: del 7,5%, más de dos millones de dólares para repartirse con su socio mexicano. 

Son trabajos que la pareja de la presidenta madrileña habría realizado sirviéndose de dos sociedades sin trabajadores contratados ni apenas medios materiales. La principal, Maxwell Cremona, facturó 3,7 millones en dos años sin tener ningún empleado en plantilla. De hecho, a su nombre constan como únicos bienes un portátil, unas cortinas, una impresora y dos coches de lujo: un Porsche Panamera y un Maserati. Además de él mismo, los medios personales con los que contaba eran autónomos a los que contrataba de manera eventual. A su nombre también consta otra compañía, Masterman & Whitaker, que es calificada directamente por Hacienda como “una mera sociedad interpuesta”. 

Hasta la irrupción del coronavirus la principal empresa de González Amador, Maxwell Cremona, no había hecho unos números que hubieran llamado la atención de la Agencia Tributaria. Fue creada en 2016 y hasta el comienzo de la pandemia su tope de ingresos estaba ligeramente por encima de 357.000 euros. Entonces estaba dedicada, sobre todo, a la asesoría relacionada con los certificados ISO. Y así fue hasta que llegó la COVID-19, cuando sus ingresos se dispararon. 

En 2020, su facturación escaló hasta los 2,3 millones de euros. En 2021, con el fin de la crisis sanitaria, los ingresos se moderaron hasta los 1,3 millones. Detrás, tal y como reveló elDiario.es, estaba el negocio de compraventa de uno de los productos sanitarios más demandados de los primeros dos años de pandemia: las mascarillas. Esta es la sociedad que, según Hacienda, recogió los ingresos millonarios de la pareja de Ayuso pero que también presentó ante las arcas públicas hasta 15 facturas falsas por un valor de 1,7 millones de euros para aumentar de forma ficticia los gastos y pagar menos impuestos.

El "entramado" de empresas de Alberto González Amador

Alberto González

Amador

Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente

Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering

Quirón Salud

Ginmosur SL

11.495€

Gayani Ltd.

922.585,63€

20.000€

Mke

Manufacturing SA

Baluarte Desarrollo

Centro Especial de Empleo

620.000€

Desarrollo Social de CEE

el Manantial SL

Purpura Star SL

76.800€

21.200€

Bianconera

SPA SLU

Bianconera de

Servicios

Profesionales SL

10.500€

66.000€

Maximiliano Eduardo

Niederer González

D. H. L.

A. C. S.

JM. C. S.

El "entramado" de empresas de

Alberto González Amador

Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente

Gayani Ltd.

922.585,63€

Mke

Manufacturing SA

620.000€

Purpura Star SL

76.800€

Bianconera de

Servicios

Profesionales SL

66.000€

Alberto

González

Amador

Ginmosur SL

11.495€

Baluarte

Desarrollo

Centro Especial

de Empleo

20.000€

Desarrollo

Social de CEE

el Manantial SL

21.200€

Bianconera

SPA SLU

10.500€

Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering

Quirón Salud

Maximiliano Eduardo

Niederer González

D. H. L.

A. C. S.

JM. C. S.

Dos meses antes de la declaración del estado de alarma, la empresa de González Amador firmó un contrato con FCS Select Product para “intermediar” en la compraventa de guantes y mascarillas. La Inspección de Hacienda describió a la firma de la pareja de Díaz Ayuso como “un mero intermediario” que se limitaría a “poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos” y destacó que “en ningún caso” aparecería “ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo”.

Según figura en la contabilidad aportada a Hacienda, FCS Select Products pagó a la empresa de la pareja de la presidenta de Madrid 1.973.000 euros en dos comisiones por venderle a la firma gallega Mape Asesores –sociedad que administra un directivo de Quirón vinculado con González Amador en otras empresas– material sanitario por 42 millones de euros. Esto es, una comisión del 4,5% que, en cifras absolutas, se traducen en un beneficio de 1,97 millones de euros, casi la totalidad de sus ingresos en 2020. 

Las vacunas de Costa de Marfil

Una comisión mayor, del 7,5%, es lo que González Amador trató de cobrar por ejercer de intermediario en un negocio para vender vacunas del coronavirus a Costa de Marfil. La operación consistía en vender al país africano dosis de AstraZeneca a 16,9 dólares (15,51 euros), cuando no costaban más de tres euros. El objetivo era repartirse con su socio más de dos millones de euros en comisiones de un contrato de 33,8 millones de dólares.

El Gobierno de Costa de Marfil frustró el acuerdo por el elevado precio de las dosis. Pese a ello, la pareja de Ayuso intentó convencer a la Agencia Tributaria de que el negocio le había provocado unos gastos que en realidad nunca tuvo. Lo hizo a través de una factura de 922.585 euros que forma parte de la ristra de documentos falsos que González Amador presentó ante Hacienda para intentar pagar menos impuestos. De hecho, la Agencia Tributaria sólo dio por válido un pago de 27.000 euros por unos gastos en “gestión y desplazamiento” para la “apertura de mercado” en ese país. 

El relato de lo ocurrido está contenido en el informe de la Agencia Tributaria que ha servido de base para la denuncia de la Fiscalía. Y es el propio González Amador quien da todos los detalles, a través de una carta enviada a Hacienda. En ella, explica que en 2021 él y el empresario mexicano Maximiliano Niederer trazaron un plan para entrar en el mercado sanitario en ese país y que fueron sus autoridades las que, después, les trasladaron la necesidad de “adquirir vacunas covid-19” y otros medicamentos.

Empezó entonces una carrera contra reloj para encontrar alguna empresa que les proporcionara vacunas que, después, pudieran vender a Costa de Marfil, que había puesto en marcha un concurso para ello. No era tarea fácil porque, en aquel momento, los laboratorios no vendían dosis a empresas privadas y solo establecían tratos directamente con los estados. 

Al final, a pesar de que no tenían garantizado el suministro de ninguna farmacéutica, se presentaron al concurso ofreciendo un precio de 15 dólares con la esperanza de conseguir de algún modo esas dosis. Pero la operación se frustró por el precio de las vacunas, superior al de otras empresas que se presentaron. No ganaron el concurso y, por tanto, tampoco pudieron acceder a la comisión del 7,5% que habían planeado. 

Los vínculos con Florida y Panamá 

El conjunto de sociedades y facturas no terminaba en España. En plena investigación fiscal, tal y como reveló elDiario.es, Alberto González Amador creó una sociedad en Florida a medias con uno de sus socios, César Nieto. Su expansión a Florida se produjo pocos meses después de la compra en 2022 del piso en el que reside junto con Isabel Díaz Ayuso en Madrid. 

A esta sociedad se suma otra más que González Amador administró en Panamá hasta 2022, cuando se liquidó: una sociedad que en 2013 creó Fernando Camino, actual director de Quirón Prevención, empresa que ha contado con los servicios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en los últimos años. Fue disuelta justo después de los dos ejercicios en los que, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, defraudó más de 350.000 euros a Hacienda. 

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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Un rugido recorre el estadio Alassane Ouattara de Abiyán cuando el árbitro pita el final del partido. Es domingo 11 de febrero y Costa de Marfil acaba de ganar a Nigeria por 2 goles a 1, en la final de la Copa de África de la que es el país anfitrión. Los aficionados marfileños empiezan a bailar, y los millones que lo han seguido por televisión lo celebrarán durante toda la noche. Jugando en casa, en un campeonato que ha servido para mostrar la mejor cara del país, los marfileños obtienen su tercera Copa de África en su particular historia de resurrección. Catorce días antes de la final, el equipo perdió 4-0 contra Guinea Ecuatorial y todo estaba a punto de romperse: hubo enfrentamientos entre aficionados y policía, y la tregua futbolística entre Estado y ciudadanía parecía haber llegado a su fin. Una carambola de resultados les salvó, y con un nuevo entrenador pasaron todas las rondas hasta este momento: el de celebrar la victoria definitiva. El presidente Ouattara, en su tercer mandato –pese a que la constitución marfileña los limita a dos–, sale al campo entre aplausos y entrega la copa. La consigna es clara: hoy no hay política, solo marfileños celebrando. 

La fragilidad de los Elefantes –el apodo del equipo nacional– constituye la metáfora perfecta para describir el estado de Costa de Marfil, considerado por algunos analistas como un nuevo milagro económico tras una guerra civil que acabó en 2011. Un milagro con muchos claroscuros. El país tiene índices de crecimiento de hasta un 8% en años consecutivos, pero también miles de jóvenes que acaban recorriendo el desierto para llegar hasta Libia o que incluso llegan en patera hasta las islas Canarias.

En ese milagro económico conviven los barrios con cortes de luz y sin agua corriente con los restaurantes con platos a 30 euros y cocktails a 15 en las zonas más pudientes. “Para los niños de papá, la fiesta solo acaba de empezar”, comenta Thomas con un punto de ironía, cuando recorre las calles de Plateau –uno de los barrios más adinerados de la capital económica– durante la fiesta de celebración de la copa. Criado en Abiyán, ahora vive en Burkina Faso, pero cuando él viaja por la ciudad no ve los puentes y las infraestructuras que se acaban de estrenar, solo ve el intento de borrar los rastros de la guerra. Y recuerda cómo él mismo fue expulsado del lugar para crear lo que ahora es el barrio de la élite marfileña: “La zona no tenía una buena reputación, había violencia y drogas: un barrio así en el corazón de Abiyán solo podía acabar de una manera: demolido”.

Vencedores y vencidos

La guerra civil que de forma intermitente golpeó al país se esconde bajo una serie de eufemismos: “Cuando hablamos de ese periodo, nadie habla abiertamente de guerra civil, sino que la conocemos como 'la crisis'”, cuenta a elDiario.es Edwige Dro, escritora marfileña y fundadora de la biblioteca “1949”. Ese fue el año en el que una serie de mujeres encabezó una huelga contra las instituciones coloniales; la más conocida de ellas, Marie Koré, se convirtió en un símbolo de la lucha por la independencia. La lucha entre distintas facciones –unas más cercanas a Occidente, otras más partidarias de una mayor autonomía para los africanos– ha sido una constante en la Costa de Marfil, donde los primeros 33 años de independencia fueron una clara victoria de los cercanos a Occidente.

Felix Houphouet-Boigny, un terrateniente de cultivos de cacao, se convirtió en el gran interlocutor de París en la región. Presidente durante el llamado ‘milagro económico marfileño’, con un crecimiento frenó en seco cuando se desplomaron los precios del cacao, la principal exportación del país. Con deudas y sin capacidad de pedir más préstamos, fue entonces cuando llegó la austeridad presupuestaria, recomendada por el Fondo Monetario Internacional. Su director para África en esos años, Alassane Ouattara, es el actual presidente de Costa de Marfil.

Para entender los orígenes de la guerra, Dro recuerda un poema de la poeta marfileña Werewere Liking, en el que esta dice que la crisis no empezó ni en 2002 ni en 1999, sino mucho más atrás: cuando el país aceptó como un hecho el ‘milagro económico marfileño’ de la mano de Houphouet-Boigny. La muerte del ‘padre de la nación’ en 1993 dejó al país tres caminos: el del izquierdista Laurent Gbagbo, el del continuista Henri Konan Bedié y el del tecnócrata Alassane Ouattara. Los tres gobernarían el país en algún momento de los 30 años siguientes.

Gbagbo, presidente entre 2000 y 2011, fue el que se encontró con mayores dificultades. Renunciando a parte de su programa económico, tuvo que hacer frente a la rebelión de guerrillas en el norte, que sentían que no estaban incluidas en su Gobierno y querían tomar el país por la fuerza. Entre 2002 y 2011 hubo enfrentamientos, que se saldaron con los bombardeos de Francia contra las posiciones de Gbagbo y sus seguidores, cuando este había proclamado su victoria electoral en las últimas elecciones. Ouattara también se proclamó ganador, y el desempate se hizo por la vía militar: Gbagbo acabó en el Tribunal Penal Internacional acusado de crímenes contra la humanidad por la violencia postelectoral; Ouattara acabó como presidente del país. Gbagbo fue absuelto en 2021, pero el poder de su adversario ya estaba plenamente consolidado. Hoy los seguidores de Gbagbo critican mucho al Gobierno actual, pero se muestran poco en público.

Vender cacao para comprar arroz

Costa de Marfil disfruta de la atención mediática que le ha dado la Copa de África. No se habló de otra cosa durante un mes entero, y la victoria es el colofón definitivo. El partido de la final se retransmitió pocas horas después en televisión, con las calles que se llenaron de aficionados para recibir a los jugadores, que fueron recibidos por Ouattara el 13 de febrero. Mientras tanto, los precios del cacao están en máximos y superan los cinco dólares (unos 4,6 euros) el kilo, un precio inédito; el país seguirá en una senda de crecimiento, también aupado por los gastos en infraestructuras, pagadas en parte vendiendo eurobonos en los mercados internacionales.

El día que los marfileños se clasificaron para octavos, el Gobierno vendió dos eurobonos por un valor de 2.600 millones de dólares (unos 2.400 millones de euros). Con la deuda nueva se pagará parte de la deuda vieja, cuyo vencimiento parcial es en 2024. La deuda nueva, sin embargo, acarrea unos intereses anuales que representan hasta el triple de lo que se pagaba en contratos anteriores.

En un país que dedica un tercio de los cultivos al cacao, no hay arroz suficiente para alimentar a los 28 millones de marfileños: el 60% se compra fuera, en un momento donde los precios del arroz también se han disparado. Mientras el precio del cacao esté alto, las deudas se podrán pagar, aunque sea tensionando a una población acechada por el aumento del precio de los alimentos y la gasolina: el litro cuesta 1,33 euros, en un país donde el salario de un médico funcionario es de 300 euros, y el 30% del PIB se encuentra en la economía informal. ¿Pero qué pasará si los precios del cacao caen en algún momento? Los versos del poema de Werewere Liking suenan como una advertencia:

Las semillas de la crisis marfileña estaban bien plantadas (…)

Solo esperaban que llegara la temporada idónea

Para ofrecer toda su cosecha miraculosa:

Golpes de Estado, rebeliones, y después batallones.

La Comunidad participa en el proyecto de cooperación de promoción del derecho de las niñas a una educación de calidad, en un entorno escolar inclusivo que permita su empoderamiento en la comunidad que lleva a cabo Unicef y que se desarrolla en Folon, Kabadougou y Bafing, tres regiones situadas al noroeste de Costa de Marfil.

En un comunicado, el Gobierno regional ha señalado que la consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública destinó 30.000 euros para el desarrollo de esta iniciativa que está directamente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto el número cuatro, “Educación de calidad” e “Igualdad de género”.

Estas intervenciones están dirigidas a incorporar a las adolescentes más vulnerables a las escuelas, lograr que no abandonen sus estudios y empoderarlas, incluyendo un enfoque de género en todo el planteamiento del proyecto.

A su vez, se pretende mejorar la coordinación entre los distintos niveles educativos y el seguimiento de la calidad de la educación, así como fortalecer en el plano social a toda una red de personas que se movilizan por los derechos de las niñas, tanto de forma interactiva, para generar conciencia entre los más jóvenes con “influencers” en redes sociales, como física, con una red de voluntarios que acompañan a las niñas en su actividad escolar y desarrollo. 

Un lunes de enero, Laurent Barthélémy Guibahi Ani no se presentó en la escuela. Recorrió a pie los 30 kilómetros que separaban su casa del aeropuerto de Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil. Nadie sabe los motivos exactos por los que Laurent, con 14 años, decidió introducirse en un avión con destino a Europa sin avisar a nadie. Solo que, durante el último año, tras la muerte de un amigo en el contexto de una huelga de educación, había tenido la cabeza en otra parte. Tal vez lo suficiente como para arriesgarse a viajar muy lejos, aunque pudiera costarle la vida.

Su cuerpo fue encontrado en el tren de aterrizaje de un avión que llegó el pasado 8 de enero al aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle de París. Laurent “hablaba mucho de la torre Eiffel, decía que quería verla. De mayor quería ser científico”, afirmó, días después, uno de sus compañeros de clase a RFI. Al igual que Yaguine Koita y Fodé Tunkara, los dos niños que fallecieron en circunstancias parecidas en 1999 y cuyo caso removió a Europa, Laurent era un buen estudiante. Tal vez por eso era consciente, a una corta edad, de la falta de oportunidades en su tierra natal.

El adolescente vivía en Youpogon, uno de los suburbios más grandes y humildes de Abiyán. Era el menor de una familia de cuatro hermanos, que lo apodaba cariñosamente Prince [Príncipe]. Unos días después de lo ocurrido, Ani Marius, su padre, un profesor particular de matemáticas y física que estaba muy orgulloso de los méritos escolares de Laurent, lamentaba entre lágrimas “la locura” que su hijo había cometido.

Durante el último año, afirmó a Le Monde, su hijo parecía tener la cabeza “en otra parte”. En 2019, durante la huelga en la que los docentes marfileños paralizaron escuelas y universidades para exigir mejores condiciones, Laurent había visto a uno de sus amigos morir apuñalado. “Después de eso, hablaba menos, le afectó mucho y decía que se había dado cuenta de lo peligroso que era ser estudiante en este país”, aseguró al diario francés uno de sus hermanos.

Las huelgas de funcionarios marfileños que reclaman mejoras salariales y un sistema justo de pensiones vienen sucediéndose desde 2016. Costa de Marfil es conocido por ser el primer productor del mundo de cacao y una de las principales potencias de África occidental, pero también por las altas tasas de analfabetismo, paro y trabajo infantil ligado a las plantaciones de cacao y a la industria extractiva.

Un 46,3% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, según estimaciones de 2015 del Banco Mundial. A ello se suma el conflicto que comenzó tras la muerte de su padre fundador a principios de los 90 y que no terminó hasta 2011, cuando el entonces presidente Laurent Gbagbo fue detenido y posteriormente trasladado a La Haya para ser juzgado ante la Corte Penal Internacional. El país continúa inmerso en la cultura de la violencia, con un contexto político tenso que podría agravarse tras las elecciones presidenciales que se celebrarán este 2020.

Vidas perdidas, dos décadas después

Laurent acudía al instituto Simone Gbagbo, que tiene 7.000 alumnos, 115 por clase y tres o cuatro por banco previsto inicialmente para dos. Su padre y su madrastra se extrañaron mucho cuando no regresó el lunes a casa, y el martes acudieron al centro preocupados. “Constatamos que no había acudido el lunes y lo buscamos por todos lados mientras sus padres denunciaban su desaparición”, relató a Le Monde Liliane NGoran, la directora de la escuela, recordando que Laurent destacaba en las materias de ciencias y flojeaba en las de humanidades.

“Tres días después, la policía del aeropuerto de Abiyán vino con una bolsa encontrada cerca de la pista de aterrizaje que contenía las pertenencias de un niño”, explicó NGoran. “Nos preguntaron si reconocíamos la camiseta. Era la camiseta de deporte que llevaba el logotipo del establecimiento. De los estudiantes de cuarto. Era la suya”.

La tragedia ha causado un fuerte debate en el país africano debido la facilidad para burlar las medidas de seguridad del aeropuerto, insuficientes, según denuncian medios nacionales. Laurent se introdujo en el tren de aterrizaje minutos antes del despegue del avión. Horas después, fue encontrado en París, muerto por congelación ante la imposibilidad de resistir las bajas temperaturas del compartimento sin presurizar. De la misma forma fallecieron Yaguine y Fodé, los niños guineanos que llevaron consigo una carta para los líderes europeos.

“Sus muertes no tuvieron ningún efecto. En los años 1999-2000, esta carta sacudió a la gente, pero luego se olvidó”, advertía este verano Liman Koita, padre de Yaguine. Esta vez, la muerte de Laurent ni siquiera ha arrancado promesas a las altas esferas europeas, en un contexto en el que Francia planea endurecer su política migratoria.

Y, apenas un mes después de lo ocurrido, el Tribunal de Estrasburgo ha avalado las devoluciones en caliente en la frontera española, un cambio de criterio que condenan de forma unánime las organizaciones de derechos humanos, insistiendo en la ilegalidad de estas prácticas, contrarias a las garantías del derecho internacional. Uno de los dos demandantes, N.T., provenía de Costa de Marfil.

Entidades como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) han reiterado numerosas veces la necesidad de establecer rutas seguras para los migrantes. Según la OIM, en 2019 murieron 148 migrantes dentro de las fronteras europeas, aunque 1.885 fallecieron en el Mediteráneo, en un intento por alcanzar el continente. Pese a que Costa de Marfil tiene tradición como país receptor de inmigración intracontinental, la crisis política y económica de la década de los 2000 hizo que aumentara el número de migrantes y solicitantes de asilo marfileños, tanto hacia otros países de África como a Europa. Francia, de la que Costa de Marfil fue colonia hasta 1958, siempre ha sido uno de los principales destinos.

El instituto de Laurent puso en marcha una campaña de sensibilización inmediatamente después de lo ocurrido. A principios de mes, la Comunidad de San Egidio de Abiyán organizó una charla en el centro. Miembros locales de la ONG hablaron del futuro negado a muchos jóvenes africanos y de la necesidad de intentar construirlo en lugar de origen. “Muchos de estos jóvenes sufren marginación y pobreza, y lo primero en lo que piensan, ya desde una corta edad, es en ayudar a sus familias”, señala a eldiario.es Jesús Romero, director de la organización. Condena, una vez más, que vidas como las de Laurént, Yaguine o Fodé, continúen perdiéndose mientras se endurecen las políticas migratorias.

La semana pasada, Marius Ani pudo viajar finalmente a París tras casi dos meses de trámites burocráticos. El viernes regresó a Costa de Marfil acompañando el féretro de Laurent. “Me siento aliviado, estoy contento por traer el cuerpo de mi niño con su familia”, afirmó a medios del país africano poco después de aterrizar. Antes, pudo contemplar con sus propios ojos la torre Eiffel de la que tanto hablaba su hijo.

Un niño de unos diez años ha sido encontrado sin vida en el tren de aterrizaje de un avión que ha llegado este miércoles al aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle de París procedente del aeropuerto de Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil.

La aerolínea Air France ha confirmado vía Twitter el hallazago de un “pasajero clandestino” sin vida en el vuelo AF703, que había despegado desde la ciudad marfileña el martes por la noche, y la apertura de una investigación. Fuentes policiales han explicado a varias agencias internacionales que se trata de un niño de unos diez años que habría intentado llegar a Francia desde Costa de Marfil colándose en una parte de la nave que no está protegida de las bajas temperaturas ni de los efectos de la presión atmosférica.

“Más allá de la tragedia humana, esto indica un gran fallo de seguridad en el aeropuerto de Abiyán”, ha señalado a AFP una fuente de seguridad marfileña, preguntándose cómo un niño de unos diez años ha podido acceder a un avión, y si ha contado con ayuda externa.

En los últimos años, varios polizones, la mayoría adolescentes procedentes de África, han sido encontrados muertos por congelación o aplastados en los trenes de aterrizaje. Las temperaturas descienden a -50°C entre 9.000 y 10.000 metros, la altitud a la que vuelan los aviones. Las carcasas de los trenes de aterrizaje no se calientan ni se presurizan.

En agosto de 1999, dos adolescentes de Guinea-Gonkary murieron congelados en un tren de aterrizaje de un avión con destino Bruselas. Se llamaban Yaguine y Fodé y tenían 14 y 15 años, respectivamente. Junto a sus cuerpos se encontró una carta escrita en francés y dirigida a las autoridades comunitarias. “Les presentamos nuestros saludos más deliciosos, adorables y respetuosos con la vida. Con este fin, sean ustedes nuestro apoyo y nuestra ayuda. Son ustedes para nosotros, en África, las personas a las que hay que pedir socorro”, rezaba la misiva, en la que explicaban sus motivos para intentar alcanzar Europa.

Los gobiernos de Ghana y de Costa de Marfil están diseñando planes para terminar con la deforestación después de que una investigación de the Guardian desvelara que la industria del cacao estaba destruyendo sus bosques pluviales.

Los dos países del África occidental han estado elaborando nuevas medidas para recuperar los bosques que aún les quedan y replantar los ya degradados.

En una investigación de septiembre, the Guardian publicó que el cacao vinculado a la deforestación había entrado en las cadenas de suministro de algunos de los mayores actores de la industria del chocolate. El grupo ambientalista Mighty Earth publicó a la vez “El secreto oscuro del chocolate”, un estudio según el cual “una gran cantidad del cacao utilizado en el chocolate producido por Mars, Nestlé, Hershey's, Godiva y otras grandes empresas chocolateras venía de cultivos ilegales”.

Funcionarios corruptos de Costa de Marfil cuyo trabajo era proteger los parques nacionales y bosques protegidos del país estaban aceptando sobornos enormes para que pequeños agricultores pudieran talarlos y cultivar el cacao. El cacao era adquirido por intermediarios que luego lo vendían a grandes jugadores del sector, como Barry Callebaut y Cargill, que a su vez lo vendían a Mars, Cadbury y Nestlé.

Según Mighty Earth, las medidas tomadas por los gobiernos son muy prometedoras pero no tendrán éxito si los comerciantes de cacao y los fabricantes de chocolate no aportan dinero. De acuerdo con Etelle Higonnet, la principal autora del informe, “el gran peligro ahora es que la industria culpe a los gobiernos de Ghana y a Costa de Marfil y los obligue a solucionar el problema sin ayudarlos económicamente. Pero las personas que tienen el dinero y los recursos técnicos necesarios para arreglarlo son las de la industria”.

Contactados por the Guardián, los chocolateros Mars, la empresa Hershey y los dueños de Cadbury (Mondelez) no dijeron haber previsto ninguna partida para los planes de los gobiernos africanos. Mondelez se refirió a su programa de abastecimiento sostenible Cocoa Life. Hershey dijo que más del 75% del cacao que adquiere está certificado como sostenible y que en el año 2020 ese porcentaje sería del 100%. Mars dijo que en la conferencia sobre el cambio climático daría a conocer “marcos de acción conjunta” en los que detallarían “las acciones clave, los plazos y los compromisos técnicos y financieros para la protección y recuperación de los bosques de Ghana y Costa de Marfil”.

Según los planes de Costa de Marfil, aparentemente sancionados por la oficina del primer ministro, cada uno de estos grandes jugadores se deberá hacer cargo de una serie de bosques protegidos degradados para convertirlos en bosques densamente sombreados, organizando a los agricultores para que planten árboles mientras cultivan cacao bajo ellos.

En busca de la sostenibilidad

Se trata de una forma mucho más sostenible para cultivar el cacao (una planta de la que dependen las economías de Ghana y Costa de Marfil) que la manera actual, en la que muchos agricultores talan árboles antiguos para asegurar que sus plantaciones de cacao reciban todo el sol.

Además del efecto que sobre el cambio climático tiene la tala de bosques tropicales en África occidental, los científicos dicen que también se reducen drásticamente las precipitaciones. Si los patrones actuales continúan, tampoco habrá suficiente lluvia para cultivar cacao.

El puñado de bosques protegidos de Costa de Marfil que aún no ha perdido franjas de árboles se convertirán en parques nacionales. El parque nacional de Marahoué se encuentra en tan mal estado que probablemente será degradado, tal vez hasta el rango de bosque protegido.

No está claro quién pagará los planes del gobierno de Costa de Marfil. Se espera que los comerciantes aporten, pero no queda claro cuáles serán las consecuencias si se niegan. El número de personas que viven dentro de las áreas protegidas hace del programa una tarea complicada y llena de riesgos: el gobierno ya ha sido acusado de abusos contra los derechos humanos por desalojar a miles de cosechadores de cacao en el parque nacional Mont Péko.

En Ghana los planes son de largo alcance. Si se promulgan, podrían transformar el panorama, aunque no está claro si los que redactan estas estrategias tienen la influencia o el dinero que hacen falta para ponerlas en marcha. Además de comprometerse a no emprender nuevas medidas de deforestación; de reformar la tenencia de la tierra y de los árboles; y de asegurar la transparencia en la cadena de suministro para que el cacao pueda ser rastreado hasta la puerta de la granja (una forma de asegurar que ninguna parte procede de áreas protegidas ilegales), el gobierno también está teniendo en cuenta el High Carbon Stock Approach, un enfoque sobre el uso de la tierra que protege a los bosques de baja y de alta densidad, lo que significaría que aún más bosques de Ghana podrían ser recuperados.

Pero la financiación de todo eso está aún menos clara que en Costa de Marfil. Los precios del cacao en los dos países han bajado un tercio en el último año y Ghana también se ha visto afectada por los bajos precios del oro y del petróleo, así como por una crisis fiscal que el FMI ha cubierto con créditos de 565 millones de dólares por el momento. Controlar y replantar los bosques costará decenas de millones de dólares que al país le va a costar encontrar.

Según Higgonet, las empresas y comerciantes de chocolate son los que deben pagar. “Las compañías tienen que pagar por plantar los árboles el próximo año. Es probable que cosechen un beneficio inesperado de 4.000 millones, porque el precio de las tabletas de chocolate se ha mantenido igual mientras que el precio del cacao se está derrumbando”, dijo. “¿Qué pueden hacer con ese dinero extra? Bueno, pueden usarlo para plantar árboles”.

Muchos de los principales actores de la industria del cacao dicen que el 17 de noviembre publicarán un “marco conjunto de acción” junto a los gobiernos. Pero también preocupa la posibilidad de que un endurecimiento de la normativa en África occidental empuje el comercio hacia otra zona.

Como dijo Higgonet, “el cacao se está moviendo hacia estos bosques fronterizos en África central, Indonesia y el Amazonas”. “Y seguiremos reproduciendo los mismos desastres que en África occidental a menos que protejamos esos bosques ya”.

Traducido por Francisco de Zárate

Desde el verde paisaje del parque nacional de Marahoué se alzan fuertes árboles plateados, con lisos troncos que únicamente lucen ramas en su parte más alta. Marahoué es uno de los ocho parques nacionales de Costa de Marfil. Hace 20 años estaba cubierto de bosques y era el hogar de chimpancés y manadas de elefantes.

Hoy en día es más común ver el esqueleto de unos árboles que fueron quemados lentamente para librarse de la sombra que proyectaban sobre los campos de cacao. O simplemente unos tocones aserrados.

Henri, líder tribal en la cercana ciudad de Diafla, creció junto al bosque y habla con cariño de sus imponentes árboles de iroco. Pero él también participó en su destrucción. Como tantos otros, Henri tiene plantaciones de cacao dentro del parque y emplea a personas de Burkina Faso para trabajar ahí.

“Todo esto estaba cubierto de árboles, pero los agricultores los quemaron para plantar cacao”, dice. Cuando Henri era joven, solía ver chimpancés y elefantes caminando por el parque. Ahora los animales han sido reemplazados por personas.

Como se le acabó el combustible de camino a Marahoué, Henri ha dejado su motocicleta cerca del camino y está terminando a pie su viaje. Pasa cerca del ganado, de las omnipresentes y deshilvanadas plantas de cacao y de los restos de un albergue turístico destruido en 2008, poco antes de que se fundara la cercana aldea de Zanbarmakro.

Poblaciones ilegales

Nadie utiliza la palabra “aldea” para referirse a Zanbarmakro. Prefieren “campamento”, que suena más pasajero. Pero la enorme iglesia construida en un extremo y la mezquita al otro, así como los hogares, las tiendas y la clínica privada disipan cualquier indicio de que este lugar, habitado por 13.000 personas, no vaya a estar aquí por mucho tiempo.

Los hombres llegan desde las plantaciones en sus motocicletas a media tarde y descansan en las escalinatas de una tienda de refrescos. Las mujeres despliegan su mercadería: una mujer exhibe una pila desordenada de calzados; otra, un estante con guadañas, de esas que todos los niños llevan para cosechar. Zumban los molinos de yuca. Según algunas estimaciones, hay 50 aldeas ilegales dentro del parque. Zanbarmakro es de las más grandes.

En la entrada hay un puesto de vigilancia soportado por pilares construido hace años por la OIPR (Oficina de Parques y Reservas de Costa de Marfil), la autoridad estatal de los parques. Los guardaparques de este organismo tienen el deber de garantizar que no se tale ningún árbol, que no se cace ningún animal silvestre y, por supuesto, que no se construya ninguna aldea dentro del parque. Extrañamente, parece ser que no se percataron de la llegada de los ladrillos y el cemento utilizados para la iglesia y la mezquita, ni de la salida de camiones cargados de madera y granos de cacao.

Henri presenta a Zoughory Laji Bourema, el jefe de Zanbarmakro, que camina alrededor de una gran lona blanca sobre la que está secándose el cacao para llegar hasta el porche. “Tengo algunos problemas con la OIPR”, admite Laji Bourema, alisando su brillante bubu violeta (una especie de túnica que visten los hombres).

Tarifas de soborno

Los guardaparques de la OIPR pasan la mayoría de su tiempo bebiendo té y revisando el WhatsApp en la residencia detrás de la oficina, a pocos kilómetros de los límites del parque. De vez en cuando, sin embargo, salen para ir “de caza”. Aparecen en alguna de las plantaciones, arrestan a varios agricultores todas las semanas y los dejan encerrados hasta que la comunidad paga por su libertad. El precio de los sobornos es conocido por todos: 100.000 francos (152 euros) por persona, o 150.000 francos (228 euros) si los encuentran con una motocicleta.

“Vienen a las aldeas, recogen el dinero, unos millones de francos cada vez, y luego se vuelven a ir”, dice Henri, buscando en vano la sombra de un árbol para protegerse del sol. “Vienen unas dos veces por mes a buscar dinero en sus todo terreno”.

La gente del lugar dice que el soborno que tuvieron que pagar en mayo fue más alto que nunca: equivalente a 16.800 euros entregados al jefe de la OIPR local. (La petición que hicimos para hablar con el jefe de la OIPR, el coronel Tondossama Adama, no obtuvo respuesta).

A cambio los dejan quedarse y cultivar el cacao, que venden a compradores en las  ciudades cercanas de Bouaflé y Bonon. Estos intermediarios lo venden a su vez a Saco, una subsidiaria de Barry Callebaut, que provee de cacao a varias marcas internacionales de chocolate.

Cuando pedimos hablar con la empresa, Barry Callebaut no negó específicamente la acusación de que haya cacao producto de la deforestación ilegal en su cadena de suministro. “Hay cultivos de cacao en áreas con un alto valor de conservación en África Occidental”, dijeron. Barry Callebaut volvió a reafirmar su compromiso de terminar con los productos de deforestación para el año 2025.

Ilegalidad en las cadenas de producción

El periódico the Guardian viajó por Costa de Marfil junto al grupo ambientalista Mighty Earth para investigar el impacto del cacao en los cada vez más escasos bosques tropicales. Ambos entrevistamos a comerciantes y directores de cooperativas que dijeron comprar el cacao en áreas protegidas para vendérselo a Olam, una empresa agrícola mundial. Olam reconoció un incidente que según la empresa había sido aislado y añadió que había puesto en práctica varias medidas para garantizar una cadena de suministro limpia.

“Olam tiene absolutamente claro que la deforestación hecha por los pequeños agricultores de cacao debe terminar”, dijo un portavoz antes de añadir que, de todas formas, “se trata de una cadena de suministro compleja y altamente fragmentada”: “Las dificultades para rastrear el cacao hasta cada pequeño agricultor son inmensas”.

En el campo de cacao de un comprador llamado Sivacco, en la ciudad de Man, los hombres cuelan los granos en tamices metálicos rectangulares y con palas los meten en talegas. Uno de ellos tiene puesto un sombrero de Papá Noel. Frente al campo hay un extenso aserradero lleno de pilas de serrín, tablones y troncos. Por detrás se ve cómo sube el humo.

“Desde luego que nos llega cacao de las reservas forestales”, dice el jefe de almacén, que prefiere no ser nombrado. “Los pisteurs (motociclistas) lo traen hasta aquí y nosotros no sabemos exactamente de dónde viene. Vendemos a todas las grandes empresas”. Detrás de él hay un mural que incluye el símbolo de la Alianza para Bosques y una lista de actividades prohibidas.

“No nos importa. Ni siquiera preguntamos a los productores de dónde viene el chocolate. Las grandes empresas tampoco preguntan nunca de dónde viene”, dice Bamogo Arouna, un comprador de la ciudad de Taobly, en la base del monte Tia (un bosque de acceso reservado en el oeste de Costa de Marfil). Arouna dice vender a dos grandes exportadores que a su vez venden productos derivados del cacao a empresas como Nestlé, Mars y Hershey.

Los agricultores van en sus bicicletas cargadas de cacao desde la reserva hasta la bodega de Arouna, desde donde sale el empalagoso olor a cacao crudo. Paradójicamente, no se parece en nada al del chocolate. Un agricultor baja una talega de cacao a medio llenar del portaequipajes de su bicicleta. Los otros vierten su contenido dentro de los enormes tamices.

“El cacao es el cacao”, dice un comerciante encogiéndose de hombros y mirando el frondoso paisaje delante de él. “Nosotros solamente pagamos a quien lo tenga. No hacemos diferencia entre las reservas forestales y las no forestales”.

Hace doce años, cuando llegó a la zona, proveniente de Burkina Faso, la vista era la de un bosque tropical. Hoy todo son cultivos. Para él, no hay diferencia.

“Cuando llegué, era verde”, dice el agricultor. “Y aún lo es”.

Traducido por Francisco de Zarate

Ninguna madre debería tener que pronunciar jamás una frase tan escalofriante sobre su hijo. Pero en Costa de Marfil, una mujer contó recientemente a nuestros investigadores la desgarradora historia de cómo su hija de 12 años sobrevivió a un ataque mortal en su localidad, situada al oeste del país, durante la oleada de violencia que se desencadenó tras las elecciones celebradas a principios de 2011.

Las armas y la munición empleadas por las milicias dozo se incluyen entre las que entran ilegalmente en el país a través de Burkina Faso, incumpliendo el embargo de armas impuesto por la ONU y vigente desde 2004. Desde antes del embargo, se enviaban de manera irresponsable armas y munición a los dos bandos del conflicto armado de Costa de Marfil.

Casi dos años después de ese salvaje ataque, la pequeña sigue padeciendo hemorragias nasales y cefaleas, por no mencionar el trauma psicológico que tanto ella como su familia deben soportar. Además de los disparos que la niña recibió, la familia también perdió a un hijo de cuatro años en la oleada de violencia, y la madre fue violada por hombres armados.

Ellos y otros habitantes viven con el temor de que los grupos armados que todavía merodean por la zona cometan nuevos ataques.

Esta historia parece increíble, pero lamentablemente no es infrecuente en Costa de Marfil. En el último decenio, el comercio ilegal e irresponsable de armas y munición ha provocado que cientos de marfileños hayan perdido la vida, las mujeres y las niñas hayan sido violadas y miles de personas se hayan visto obligadas a huir de sus hogares, todo ello bajo la amenaza de la violencia armada.

Ojalá esta mujer pudiese acudir esta semana a las Naciones Unidas para compartir su mensaje con diplomáticos de todo el mundo que están ultimando el texto definitivo de un tratado histórico que regule el comercio mundial de armas convencionales.

Cuando escucho lo que le sucedió a su familia, me pregunto cómo un país podría querer excluir la munición —como las dos balas alojadas en la cabeza de esta niña— del texto del proyecto de tratado.

Pero esta es precisamente la postura de Estados Unidos, el mayor exportador mundial de armas y municiones; y no es el único.

Durante una ronda anterior de negociaciones para la elaboración del tratado, celebrada en el mes de julio, un miembro del personal del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que la munición “es fungible, se puede consumir y recargar, y no se puede marcar de ninguna forma práctica que permita rastrearla o seguirle la pista. Cualquier propuesta práctica con respecto a la munición debería tener en cuenta las importantes dificultades asociadas a los permisos, autorizaciones y registro de la munición que se produce y transfiere en cantidades de miles de millones anuales.”

¿Pero qué hay de los millones de vidas afectadas anualmente por armas y munición que caen en las manos equivocadas? Sin duda estos seres humanos merecen el papeleo adicional.

Y en todo caso, al gobierno estadounidense ya se le exige regular su propia importación y exportación de munición, con lo que el argumento no se sostiene.

Por este motivo resulta alentadora la noticia de que el 19 de marzo —segundo día de la conferencia final de nueve días acerca del Tratado sobre el Comercio de Armas que se celebra en la ONU— 69 Estados firmaron una declaración para exigir que el Tratado regule la munición.

Muchos eran países africanos y latinoamericanos cuyas sociedades sufren la lacra generalizada de la violencia provocada por las armas pequeñas y ligeras. En su opinión, para que el Tratado sirva para salvar vidas, es evidente que en el alcance se debe incluir no sólo la transferencia de armas, sino también la munición que se puede emplear para cometer atrocidades y abusos.

Delegados de Amnistía Internacional de cada región del mundo se encuentran en Nueva York hasta la finalización de la conferencia, y presionarán a todos los Estados al objeto de garantizar que balas como las dos alojadas en la cabeza de la niña de Costa de Marfil ya no se puedan comprar ni vender por todo el mundo sin que se hayan establecido los controles adecuados.

Ningún país debe tomar parte en el negocio de suministrar armas y munición a regímenes represivos o grupos armados en lugares donde existe un riesgo real de que se utilicen para cometer o favorecer la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

Espero que, tras estas dos semanas, nuestros investigadores puedan volver a esa pequeña población del oeste de Costa de Marfil con la noticia de que el mundo ha escuchado y ha tomado medidas para controlar el irresponsable comercio de armas transfronterizo que tanto sufrimiento les ha causado.

En Amnistía Internacional seguimos trabajando para que

Estados Unidos apoye el Tratado Internacional que regule el Comercio de Armas. Actúa.Actúa

Hoy, tanto Amnistía Internacional como Greenpeace publicamos en nuestros blogs de eldiario.es este mismo post. La razón es que se presenta en Dakar, la capital de Senegal, el informe The Toxic True, elaborado conjuntamente por investigadores de ambas organizaciones. Dicho informe detalla cómo la compañía Trafigura realizó vertidos ilegales de basura tóxica en Abiyán, Costa de Marfil, en agosto de 2006. A consecuencia de dichos vertidos, varias decenas de personas fallecieron y decenas de miles resultaron damnificadas. No estamos hablando de una película, aunque pudiera parecerlo. Estamos hablando de hechos reales.

Podríamos pensar que la historia del Probo Kola es el guion de una película de esas tristes que parece que van a tener un final feliz que no termina de llegar. Pero una vez más, la realidad supera a la ficción y este caso, lamentablemente, de película tiene bien poco.

Pero si pensáramos que hablamos de una ficción, la historia del Probo Koala sería simplemente la recreación de un nuevo crimen corporativo, ocurrido en 2006, con abusos de los derechos humanos como hilo conductor y con el fracaso de los Gobiernos para proteger a las personas y al medio ambiente como telón de fondo.

El argumento demostraría una vez más que el cumplimiento del derecho internacional es una quimera, sobre todo cuando hay países pobres de por medio y empresas sin escrúpulos que tienen abogados caros.

El malo de la peli no sería el Probo Koala, un simple barco, sino la empresa que lo fletó, Trafigura, quien produjo una gran cantidad de residuos altamente tóxicos y los embarcó a bordo del buque para llevarlos a tratar, pero claro, todo tiene un precio, y a Trafigura el precio que le pedían en los Países Bajos le pareció muy alto, por lo que decidió que ese precio lo podrían pagar otras personas, aunque fuera con su salud. Esas “otras” las encontró Trafigura en Costa de Marfil. Trafigura sabía que en la empresa que contrató en el país africano no tenía capacidad para la correcta gestión de los residuos, pero aún así lo hizo.

La víctima es la gente de Abiyán en Costa de Marfil, cuya pesadilla comenzó cuando el 20 de agosto de 2006 se despertaron con por un mal olor que procedía de los desechos altamente tóxicos que habían sido arrojados ilegalmente y sin tratar en numerosos lugares alrededor de su ciudad. La empresa llevó allí su basura aportando documentación falsa o engañosa.

Más de 100.000 personas tuvieron que ser atendidas por náuseas, dolores de cabeza, dificultad para respirar, picazón en los ojos y en la piel. El pánico se extendió por la ciudad y las autoridades locales se vieron desbordadas. Al menos 15 personas murieron. El miedo y las secuelas en la salud de la población aún persisten hoy en día.

Una investigación de tres años de Amnistía Internacional y Greenpeace ha puesto de manifiesto que la razón central de la tragedia no fue otra que la ambición de la empresa. Investigación en la que España también ha sido escenario. Parte de las operaciones ocurrieron en aguas españolas, de Gibraltar y aguas internacionales cercanas al Estrecho en las que se produjeron a lo largo de más de dos meses operaciones de transferencia barco a barco y de suministro de las materias primas que llevaron a la generación de los residuos. Aunque Trafigura fue condenada en un tribunal holandés por exportación ilegal de residuos desde los Países Bajos, la empresa nunca se ha enfrentado a cargos por el vertido en Costa de Marfil. Trafigura, haciendo un alarde de cinismo, afirma que el vertido y sus consecuencias no fueron culpa suya, algo que la investigación ha demostrado que no es cierto.

Como una buena película, el Gobierno de Costa de Marfil concedió entonces total inmunidad a Trafigura y la libró de un juicio penal a cambio de un acuerdo económico, y Países Bajos, el país en mejores condiciones para haber garantizado que los residuos se tratasen correctamente, miró para otro lado y no actuó legalmente. Además, Trafigura Ltd., la filial del Reino Unido que dirigió las operaciones a bordo del Probo Koala, nunca ha sido investigada.

Lamentablemente, esta historia que no termina de acabar, no ha servido para que se tomen las medidas adecuadas y prevenir así nuevos crímenes corporativos en el futuro. Así que igual algún día vamos al cine y nos encontramos en la cartelera con la película Probo Koala Connection II, o simplemente la vemos en el telediario mientras comemos, sin actores, con personas de carne y hueso que se mueren intoxicadas en algún país pobre y lejano de la África más olvidada.

Podríamos pensar que la historia del Probo Koala es el guión de una película de esas tristes que parece que van a tener un final feliz que no termina de llegar. Pero una vez más, la realidad supera a la ficción y este caso, lamentablemente, de película tiene bien poco.

Pero si pensáramos que hablamos de una ficción, la historia del Probo Koala sería simplemente la recreación de un nuevo crimen corporativo, ocurrido en 2006, con abusos de los derechos humanos como hilo conductor y con el fracaso de los Gobiernos para proteger a las personas y al medio ambiente como telón de fondo.

El argumento demostraría una vez más que el cumplimiento del derecho internacional es una quimera, sobre todo cuando hay países pobres de por medio y empresas sin escrúpulos que tienen abogados caros.

El malo de la peli no sería el Probo Koala, un simple barco, sino la empresa que lo fletó, TrafiguraTrafigura, quien produjo una gran cantidad de residuos altamente tóxicos y los embarcó a bordo del buque para llevarlos a tratar, pero claro, todo tiene un precio, y a Trafigura el precio que le pedían en los Países Bajos le pareció muy alto, por lo que decidió que ese precio lo podrían pagar otras personas, aunque fuera con su salud.

Esas “otras” las encontró Trafigura en Costa de Marfil. Trafigura sabía que en la empresa que contrató en el país africano no tenía capacidad para la correcta gestión de los residuos, pero aún así lo hizo.

La víctima es la gente de Abiyán en Costa de Marfil, cuya pesadilla comenzó cuando el 20 de agosto de 2006 se despertaron con por un mal olor que procedía de los desechos altamente tóxicos que habían sido arrojados ilegalmente y sin tratar en numerosos lugares alrededor de su ciudad. La empresa llevó allí su basura aportando documentación falsa o engañosa.

Más de 100.000 personas tuvieron que ser atendidas por náuseas, dolores de cabeza, dificultad para respirar, picazón en los ojos y en la piel. El pánico se extendió por la ciudad y las autoridades locales se vieron desbordadas. Al menos 15 personas murieron. El miedo y las secuelas en la salud de la población aún persisten hoy en día.

Una investigación de tres años de Amnistía Internacional y Greenpeace ha puesto de manifiesto que la razón central de la tragedia no fue otra que la ambición de la empresa. Investigación en la que España también ha sido escenario. Parte de las operaciones ocurrieron en aguas españolas, de Gibraltar y aguas internacionales cercanas al Estrecho en las que se produjeron a lo largo de más de dos meses operaciones de transferencia barco a barco y de suministro de las materias primas que llevaron a la generación de los residuos.

Aunque Trafigura fue condenada en un tribunal holandés por exportación ilegal de residuos desde los Países Bajos, la empresa nunca se ha enfrentado a cargos por el vertido en Costa de Marfil. Trafigura, haciendo un alarde de cinismo, afirma que el vertido y sus consecuencias no fueron culpa suya, algo que la investigación ha demostrado que no es cierto.

Como en una buena película, el Gobierno de Costa de Marfil concedió entonces total inmunidad a Trafigura y la libró de un juicio penal a cambio de un acuerdo económico, el Gobierno de Costa de Marfil concedió entonces total inmunidad a Trafigura y la libró de un juicio penal a cambio de un acuerdo económico y Países Bajos, el país en mejores condiciones para haber garantizado que los residuos se tratasen correctamente, miró para otro lado y no actuó legalmente. Además, Trafigura Ltd., la filial del Reino Unido que dirigió las operaciones a bordo del Probo Koala, nunca ha sido investigada.

Lamentablemente, esta historia que no termina de acabar, no ha servido para que se tomen las medidas adecuadas y prevenir así nuevos crímenes corporativos en el futuro. Así que igual algún día vamos al cine y nos encontramos en la cartelera con la película Probo Koala Connection II, o simplemente la vemos en el telediario mientras comemos, sin actores, con personas de carne y hueso que se mueren intoxicadas en algún país pobre y lejano de la África más olvidada.