La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, Isabel Durántez, ha rechazado una querella interpuesta por Vox contra Sofía Puente, firmante de la instrucción sobre la ley de nietos que cuestiona el Tribunal Supremo. Esta resolución contrasta con la acordada por otro juzgado de la capital, el 35, cuya titular, Inmaculada Lova Ruiz, admitió a trámite el pasado lunes otra querella similar formulada por la asociación ultracatólica HazteOír. 

En su auto, la magistrada Durántez concluye en primer lugar que en relación con el delito de prevaricación atribuido a Puente concurre la excepción de cosa juzgada. Explica que hace dos años, otro juzgado de Madrid examinó una querella similar a las de Vox y HazteOír presentada por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, un colectivo fundado en 2007 contra la primera ley de memoria. Y determinó que no había delito. Esa decisión fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid en 2025. Ese precedente ya hace imposible volver a abrir una causa por los mismos hechos.

La querella de Vox también atribuía a Puente el delito de usurpación de atribuciones. La magistrada afirma que es “indiscutible” que el dictado de instrucciones está dentro de sus atribuciones y competencias, con lo que no se le puede atribuir tampoco ese segundo delito.

Asimismo, Vox solicitaba la imputación de esos dos delitos a María Ester Pérez Jerez, actual directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Sobre esta alto cargo, la jueza Durántez reitera que para que haya delito de prevaricación la ilegalidad debe ser “patente, flagrante y grosera”, algo que no se aprecia en este caso.

El Gobierno asume ya que es imposible cumplir en tiempo y forma el mandato del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos. La decisión de los jueces supone revisar los expedientes de más de 160.000 descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma y a los que el Alto Tribunal pide sacar del censo para las próximas elecciones, cuenten o no con documentos que acrediten el exilio de sus antepasados.  

Fuentes del Ministerio de Justicia cifran en alrededor de 76.000 los expedientes que tienen formato electrónico y que figuran en el registro civil informatizado, lo que facilita su revisión para determinar si aportaron documentos del exilio de sus antepasados y, por tanto, sí tendrían derecho al voto. Se trata de quienes accedieron a la nacionalidad a partir de mediados de 2024. 

Sin embargo, hay otros 80.000 expedientes físicos que se encuentran en los archivos de los diferentes consulados y que, además, pueden estar mezclados con otros tipos de expedientes de Registro Civil. En este caso, la criba debe hacerse a mano, lo que hace prácticamente “imposible” que se pueda realizar en un espacio de tiempo tan breve, afirman estas mismas fuentes. 

En apenas dos semanas, entre el 24 y el 30 de octubre, la Oficina del Censo Electoral tiene que remitir a los electores la documentación para poder votar. Para no quedarse fuera de esos envíos, los consulados tendrían que localizar y certificar en apenas diez días esos miles de expedientes.

Este martes, un portavoz del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó al elDiario.es que, hasta el momento, ningún consulado ha remitido a la Oficina del Censo Electoral (OCE) —el órgano encargado de la formación del censo— las certificaciones necesarias para poder discriminar a los electores y levantarles la suspensión cautelar. 

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular.

De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar unos expedientes que, en más de la mitad de los casos, no están digitalizados. 

El caso Leire Díez se enreda entre bulos y nuevas revelaciones bajo sospecha. La causa abierta en la Audiencia Nacional investiga la existencia de una trama vinculada al PSOE y dirigida por la exmilitante Leire Díez, quien supuestamente maniobró con ayuda de otros entre abril de 2024 y mayo de 2025 para “desestabilizar” procedimientos judiciales en marcha que afectaban a exdirigentes socialistas (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) y a familiares del presidente del Gobierno (esposa y hermano). El juez Santiago Pedraz ha imputado a dos decenas de personas en este procedimiento, entre ellas a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a la gerente del PSOE, Ana Fuentes.

La unidad encargada de investigar el caso, la UCO de la Guardia Civil, es la misma a la que la trama de Leire Díez intentó desacreditar buscando trapos sucios de uno de sus jefes principales, el teniente coronel Antonio Balas.

El último informe de esta unidad incorporado al sumario del caso ha sido utilizado ahora por numerosos medios afines a la derecha para fabricar un nuevo bulo que implica a la actual secretaria general del ministerio de Justicia, Sofía Puente, en el intento de nacionalización del exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, y de paso, su supuesta colaboración con la trama de Leire Díez. Ambas acusaciones son falsas.

El Mundo tituló inicialmente: “La hermana de Óscar Puente habría ayudado a la trama de Leire Díez, según una nota hallada por la UCO: 'Pregunta la directora'. Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica, se habría interesado por el proceso de nacionalización del exiliado venezolano Nervis Villalobos, quien habría colaborado con Díez en el acoso al fiscal Grinda”. Horas más tarde eliminó esa idea del titular, e incluyó una versión distinta dentro del texto. VozPópuli: “La hermana de Puente usó su cargo en Justicia para interesarse por la nacionalización de un exviceministro chavista. La UCO subraya que Sofía Puente seguía de cerca la tramitación del expediente de Nervis Villalobos, en la que pudo intervenir Leire Díez”. El Debate: “La UCO documenta el interés de Sofía Puente por la nacionalización de un exviceministro chavista en la que trató de influir Leire Díez”.

Todos estos medios, y otros como Libertad Digital u Onda Cero, basan su información tergiversada en el informe de la UCO, donde se recoge un correo electrónico que envía un funcionario del ministerio de Justicia contando que la entonces directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente, se interesó por la situación del expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos el 15 de julio de 2020. Ninguno de esos medios aclara que cuando Sofía Puente recibió la respuesta a su pregunta, con informes policiales sobre los antecedentes del exdirigente venezolano, la directora general ordenó expresamente el 17 de julio de 2020 que se le denegara la nacionalidad.

Pero es que, además, cualquier vinculación de esa actuación de Sofía Puente con la trama de Leire Díez, como se sugería en esos medios, es pura ciencia ficción porque cuando sucedieron los hechos —la denegación de la solicitud de Nervis Villalobos ocurre el 17 de julio de 2020— faltaban aún cuatro años para el nacimiento de la red delictiva vinculada al PSOE que ahora investiga la Audiencia Nacional. Ni siquiera estaba en proyecto. El primer contacto de Leire Díez con Nervis Villalobos se produce en el verano de 2024, según la propia investigación. 

La Guardia Civil pretendía conocer si hubo un trato de favor en la concesión de nacionalidad al exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, quien residía en España desde 2014. La UCO citó como testigo a un subdirector general de Justicia encargado de esos trámites e incorporó junto a su escrito con la transcripción del interrogatorio un correo electrónico de 2020 que acreditaba el interés de Sofía Puente por el expediente del dirigente venezolano. Pero esos hechos en ningún caso podrían tener relación con la trama que dirigía Leire Díez y que empezó a funcionar en abril de 2024, tras una reunión mantenida en la sede socialista de la calle Ferraz con quien entonces era secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El interés del Gobierno del PP

Villalobos, según la investigación, colaboró a partir de 2024 con la trama de Leire Díez para desacreditar al fiscal José Grinda, quien a su vez había impulsado una causa penal que llevó al exdirigente venezolano a la cárcel, de la que salió posteriormente por decisión de instancias superiores.

Quién en realidad se interesó desde el principio por el expediente de Villalobos en Justicia fue el Gobierno del PP a través de la policía política que funcionó durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el ministerio del Interior. Villalobos solicitó la nacionalidad a mediados de 2017 y el Gobierno del PP acabó su mandato tras la moción de censura de julio de 2018 sin aprobar la solicitud del exdirigente venezolano. Desde entonces y ya bajo Gobierno socialista, el ministerio de Justicia ha denegado las distintas solicitudes de nacionalización de Villalobos hasta que en abril de 2025, a raíz de un recurso del venezolano demostrando que era nieto de española y acogiéndose a la Ley de 2022, el exviceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez consiguió la nacionalidad.

Villalobos fue captado por la policía política del PP en 2016 para que aportara información sobre el dinero que Jordi Pujol ocultaba en la Banca Privada de Andorra o sobre los pagos del régimen venezolano a los dirigentes de Podemos. Estos hechos están acreditados en diferentes investigaciones judiciales. El exviceministro venezolano llegó a declarar en el Congreso de los Diputados: “A mí se me ofreció que si yo podía colaborar con la policía española se me podía ayudar con los trámites de residencia y nacionalidad, tanto míos como de mi familia”. Pero Villalobos nunca tuvo la información contra Podemos o Jordi Pujol que buscaba la policía política durante el mandato del PP para desacreditar a sus adversarios. Esos hechos, ahora resucitados por el informe de la UCO, siguen impunes en los tribunales de Justicia.

La Junta Electoral Central acordó dividida este lunes no ir al choque con el Tribunal Supremo tras su decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. El órgano se limitó a acatar la decisión del Supremo sobre la ley de nietos, sin tratar de enmendar el embrollo jurídico generado, según informan elDiario.es varias fuentes conocedoras del contenido de esa reunión, que se alargó durante dos horas. 

El sector alineado con posiciones progresistas trató de dar la batalla para interponer un recurso contra la decisión que privará del ejercicio de ese derecho a miles de descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Pero su propuesta decayó por un ajustado resultado de siete votos a seis. En paralelo, el órgano electoral rechazó por ocho votos a cinco dar instrucciones concretas sobre cómo ejecutar la decisión del Supremo, un movimiento de parte de los vocales conservadores tras el que otros miembros del órgano ven un intento de “arreglar el desaguisado” generado. 

En relación con la impugnación ante el Supremo, a los magistrados y catedráticos de orientación conservadora se sumó en esta ocasión el presidente del órgano, Eduardo Calvo, un veterano magistrado del Supremo, que fue afiliado de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, y que aspira ahora a presidir la Sala del Alto Tribunal que la semana pasada falló sobre la ley de nietos. De acuerdo a las fuentes consultadas, Calvo expresó en sus intervenciones motivos a favor y en contra de recurrir y, finalmente, se decantó por la segunda opción.

Impugnar esas resoluciones habría supuesto un conflicto institucional sin precedentes con el Supremo, tribunal al que pertenecen ocho de los miembros de la Junta Electoral, órgano al que llegan tras ser elegidos por sorteo. Los otros cinco miembros de la Junta Electoral son catedráticos elegidos por el Parlamento: dos a propuesta del PP, otros dos a iniciativa del PSOE y una de Sumar. Estos tres últimos secundaron la propuesta de recurrir los autos que alientan la teoría del supuesto pucherazo de Vox y han supuesto el freno de la ley de nietos. A ellos se sumaron los magistrados del Supremo Pilar Teso, Concepción Ureste y Javier Hernández, a los que habitualmente se sitúa en el espectro progresista de ese órgano judicial. 

Antes de la votación, fueron varios los consejeros que expresaron dudas jurídicas sobre lo que consideran un “salto en el vacío” del Supremo y sobre la indefensión en la que quedan los electores a quienes se les retira cautelarmente un derecho vinculado a su nacionalidad sin ofrecerles trámite de audiencia previa. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, algunos de estos consejeros discrepantes con la decisión del Alto Tribunal calificaron de “despropósito” y “barbaridad” la decisión del Supremo y auguraron un “sinfín de litigiosidad” como consecuencia de la “inseguridad jurídica total” que ha generado en miles de personas a las que se les niega un derecho fundamental sin la posibilidad de presentar alegaciones. De hecho, alguno de los vocales apuntó que entre los afectados hay miles que ya pudieron votar en las autonómicas y generales de 2023. Sin embargo, algunos de estos mismos consejeros asumen que ese hipotético recurso “no tenía ninguna opción de prosperar” y podría añadir más ruido a una situación ya de por sí endemoniada. 

Por otro lado, los vocales discrepantes con la posibilidad de impugnar la decisión del Supremo consideraron que la vía del recurso no era apropiada y habría supuesto un choque de trenes inédito entre ambas instituciones. En este grupo de vocales están los cuatro que el pasado julio firmaron un voto particular contra la decisión de la Junta Electoral de declararse no competente para frenar los efectos de la ley de nietos. Sus argumentos acabaron, primero, en los escritos en los que Vox y el extraparlamentario Iustitia Europa llevaron el asunto al Supremo; y, después, en las propias resoluciones del Alto Tribunal.  

Los firmantes de ese voto particular son los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado y Javier Tajadura Tejada —elegidos a iniciativa del PP— y los magistrados del Supremo Vicente Magro y Fernando Marín, a los que este lunes se sumaron sus compañeros del Alto Tribunal Fernando Cerdá y Carmen Lamela y el presidente del órgano, el citado Eduardo Calvo, para evitar el recurso a una decisión que ha vuelto a tensar la situación entre el Gobierno y el Poder Judicial. 

De hecho, aunque en la Moncloa ponen el foco en la “salvajada” del Supremo, también critican la respuesta de la Junta Electoral. “Nos sorprende mucho que atienda esa decisión del Supremo, sinceramente”, apuntan desde el Ejecutivo, donde meten prisa al alto tribunal para que solvente la cuestión cuanto antes. 

“Esperábamos que la Junta Electoral cuestionara y reprobara la decisión del Supremo. Y en cualquier caso nos parece imprescindible que se resuelva cuanto antes, porque es muy grave restringir un derecho básico de la condición de ciudadanía como es el derecho al voto”, apuntan fuentes del Gobierno. Pese a acatar la medida cautelar, la Junta Electoral mantendrá su personación en el procedimiento para defender que no tiene competencias para fiscalizar la concesión de la nacionalidad ni la instrucción del Ministerio de Justicia que amplió la aplicación de la ley de nietos y que ahora cuestionan las derechas y el Supremo.

“Cumplirse en sus términos”

Según la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, solo podrán seguir en el censo aquellos descendientes de españoles que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Su pronunciamiento pone en el foco esa instrucción, de 2022, que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. 

Según los jueces, el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acordaron mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” de que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”. En una entrevista en Malas Lenguas de TVE, Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y autora de esa instrucción, recordó que se viene aplicando “pacíficamente” desde 2008, también por gobiernos del PP, ya que es calcada a la que se aprobó aquel año para completar la ley de memoria histórica. 

La Junta Electoral también abordó en su reunión de este lunes cómo hacer frente al mandato del Supremo. Por ocho votos a cinco, el órgano decidió limitar su actuación a trasladar a los organismos implicados las directrices del Supremo, que deben “cumplirse en sus términos”. Esto es, trasladar a la Oficina del Censo Electoral los autos del tribunal para que se cumplan sus requerimientos, así como instar a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que ordene a los Registros Consulares el desglose entre los nacionalizados que han “demostrado” su condición de descendientes de exiliados y a los que se les aplicó la presunción de exilio de acuerdo a la citada instrucción. 

De hecho, las fuentes consultadas aseguran que se llegaron a eliminar algunos pasajes del borrador inicial elaborado por los letrados para que el acuerdo fuera lo más “escueto” y “apegado” posible al texto de los autos del Supremo. Cuatro de los vocales de orientación conservadora propusieron elaborar una especie de instrucción propia que ordenara notificar la decisión del Supremo individualmente a los afectados, pero la mayoría se mostró en desacuerdo. A su juicio, eso suponía “arreglar los desaguisados del Supremo”, que ha suspendido el derecho fundamental a voto de miles de personas sin darles la opción de presentar alegaciones.

El nuevo curso en los tribunales ha arrancado con las espadas en alto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La publicación de un comunicado en el que nueve vocales progresistas pedían “autocrítica” a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, ha causado un enorme malestar en el resto de miembros del órgano. Tanto es así, que los consejeros del bloque conservador han trasladado que rompen relaciones con el otro grupo, cuyos votos son necesarios para sacar adelante cuestiones clave, como los relevantes nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo. 

A su juicio, ese comunicado en el que nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar pedían que el solemne acto de apertura de los tribunales no se redujera a una mera presentación estadística o un cruce de reproches supone una “deslealtad tremenda”. “Pretendían condicionar el discurso de la presidenta con un escrito a la prensa que ni nos habían comunicado. Afortunadamente, no lo consiguieron”, sostiene una fuente del grupo conservador. 

Por contra, la sensación en el bloque progresista es que ese comunicado que trasladaron de forma previa a la presidenta, aunque no al resto de sus compañeros, era un necesario “golpe en la mesa”. Consideran que era inevitable actuar con firmeza tras dos años de cierta subordinación a la presidenta y a los vocales de la derecha, que han “impuesto su rodillo” en cuestiones muy relevantes, como el reparto de poder dentro del órgano. “Estamos donde queremos estar: abiertos a hacer un programa de gobierno discutido y asumiendo que hay cosas en las que no hay acuerdo, pero no dispuestos asumir por asentimiento todo lo que ellos proponen”, apuntan en el bloque progresista. 

El nuevo escenario proyecta una sombra de bloqueo sobre el órgano en caso de que los conservadores mantengan su órdago. No obstante, algunas voces de este bloque consideran que aunque la situación será muy tensa en los próximos meses “no es insalvable”: “Ya hemos demostrado que podemos superar estas cuestiones y que, aunque discrepemos, tenemos capacidad de encapsular los conflictos”.

Los nombramientos en la cúpula judicial requieren una mayoría reforzada de 13 de los 21 votos, lo que obliga al acuerdo entre miembros de ambos bloques. Para otras decisiones, sin embargo, se necesita solo una mayoría simple de 11 votos que el grupo conservador podría lograr gracias a la presidenta y al vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado, con quienes ya se han aliado en otras ocasiones. La más relevante, en octubre del año pasado, cuando se pusieron de acuerdo para imponer una mayoría conservadora en ocho de las once comisiones en la que se organiza el trabajo de la institución.

Por mandato legal, esas comisiones tienen que volver a renovarse de nuevo en unas semanas, lo que también explica que se hayan desatado las hostilidades entre ambos grupos, de acuerdo a las fuentes consultadas. La más relevante es la Comisión Permanente, el núcleo duro formado por siete vocales y la presidenta y donde se toman muchas decisiones. Entre ellas, por ejemplo, si se abren expedientes disciplinarios a magistrados. Y ahí, los conservadores defienden que tanto Perelló como Preciado forman parte de la “cuota” progresista, lo que reserva solo dos puestos para los otros nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar.

Los nombramientos

De puertas afuera, sin embargo, la competencia más relevante del CGPJ es la de realizar designaciones en las cúpulas de los principales tribunales. En estos dos años, la política de nombramientos ha evidenciado que las cesiones del grupo progresista han blindado el enorme peso de la principal asociación de la derecha judicial, que ha copado casi el 40% de los ascensos del mandato, más que las otras tres asociaciones juntas.

Entre tanto, la presidenta se ha puesto de perfil en otros asuntos de calado, como en las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha tras el veto a las dos aspirantes mujeres propuestas por el grupo progresista. 

“Lo que ha pasado esta semana evidencia un cierto hartazgo con la presidenta y con el Tribunal Supremo”, dice un miembro del grupo de la izquierda. Este jueves, mientras se celebraba el tradicional cóctel con autoridades posterior al acto de apertura judicial, el Alto Tribunal difundió los autos que sustentan la decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo y en los que una mayoría de magistrados alienta la teoría de Vox —autor de uno de los recursos— sobre un supuesto pucherazo. 

El ponente de esa resolución es Antonio Narváez, uno de los juristas que en un encuentro privado de fiscales con Alberto Núñez Feijóo llegó a expresar su deseo de que el líder del PP llegara al Gobierno, según informó El País. Narváez ascendió al Supremo hace poco más de un año, con el respaldo de todos los vocales del órgano salvo Preciado. Este último respaldó a Pedro Moreno Brenes, que fue candidato de Izquierda Unida y ejerce como letrado en el Supremo. 

Preciado, que actúa como una suerte de verso suelto aunque se ha alineado con la presidenta y la derecha en cuestiones clave, también ha sido muy crítico con el texto difundido por los vocales progresistas. En otro comunicado, Preciado alude a la “instrumentalización” del órgano y acusa a sus compañeros de convertirse en “correa de transmisión de intereses políticos ajenos”. Las reacciones de Preciado y los vocales de la derecha evidencian que existe una total sintonía entre ambos al denunciar un supuesto alineamiento de sus compañeros con el Gobierno y el Ministerio de Justicia. 

El discurso de Perelló

En ese comunicado, nueve vocales elegidos a iniciativa del PSOE y una de Sumar reclamaron a Perelló que incorporara una reflexión crítica y autocrítica sobre la propia gestión del CGPJ y sobre las medidas que le corresponde asumir. “La credibilidad del Consejo exige autocrítica, ejercicio efectivo de sus competencias y compromisos susceptibles de evaluación”, decía el texto enviado a los medios. 

Pese a ello, Perelló volvió a desplegar un discurso muy corporativista en el que, además de los nombramientos, citó entre los “objetivos” logrados la emisión del informe sobre el sistema de elección de los vocales que exigió el Parlamento. Ese informe se realizó hace un año y medio, en febrero de 2025, y el órgano tuvo que hacer dos propuestas ante la falta de acuerdo entre conservadores y progresistas. Perelló no tomó partido y optó por votar en blanco. También aludió a la elaboración de una instrucción sobre Inteligencia Artificial o a la creación de un Grupo de Trabajo de Derechos Humanos. 

Por lo demás, la presidenta utilizó varios minutos para defender la independencia judicial y reprender a los políticos que emiten “descalificaciones personales” contra los jueces —son un “instrumento de presión”, dijo—. Y reservó apenas unos segundos para pedir a los jueces “mesura” en el ejercicio de sus atribuciones y “prudencia” en sus intervenciones públicas. Además, optó por obviar las encuestas que apuntan a que un 60% de los ciudadanos creen que hay lawfare [guerra judicial] en España y afirmó con rotundidad que los ciudadanos “confían” en la labor de los tribunales. 

En términos generales, su discurso gustó a los vocales conservadores, quienes creen que sus compañeros de la izquierda no lograron condicionar las palabras de la presidenta con el comunicado que tanta tensión ha provocado. Los consejeros de la derecha ven en Perelló “un ejemplo de contención”. “Siempre está moderando, apaciguando y buscando el consenso”, dice otra fuente de este bloque.

Los progresistas, por su parte, recuerdan que hace un año los consejeros de la derecha también contribuyeron a elevar la tensión del acto de apertura judicial cuando pidieron por carta a Perelló que instara a ausentarse de ese acto al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a que impidiera que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se sentara junto al rey Felipe VI y el resto de altas autoridades en los estrados del alto tribunal. Esa carta también acabó en la prensa.

La tensa situación que se vive en el CGPJ pone el foco en Perelló, que ha perdido el apoyo de parte de los vocales que la auparon a la presidencia. Y evidencia también las costuras del ajustado reparto de vocales pactado entre el Gobierno y el PP tras cinco años de bloqueo. Ahora, está por ver cómo afecta al día a día del órgano el estallido de unas hostilidades que parecían soterradas en los últimos meses. 

Entre los retos del nuevo curso está la renovación de cuatro vacantes en la Sala Segunda, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace más de dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio. La intención de los progresistas era que esa plaza fuera adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hasta este verano había 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora.

Sin embargo, esa negociación ha sido bloqueada por los vocales elegidos a iniciativa del PP. Su estrategia ha consistido en posponer las conversaciones hasta que se produjeran más vacantes por jubilación y buscar así una renovación en bloque con los puestos que dejaron en junio los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado, y con la plaza de Juan Ramón Berdugo, que se jubiló la semana pasada. También hay otra vacante en la Sala que acaba de fallar sobre la ley de nietos, que también debe renovar su presidencia. Son puestos de la máxima relevancia y sobre los que planea ahora la sombra del bloqueo si los conservadores mantienen su amenaza de romper el diálogo.

El año judicial arranca de nuevo bajo un clima de máxima tensión entre el Gobierno y una parte de los jueces. La decisión del Tribunal Supremo de frenar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo abre un nuevo frente al Ejecutivo en un momento especialmente sensible: la víspera del acto de arranque del curso en los tribunales que preside cada año el rey Felipe VI ante un despliegue de togas y autoridades.

El veredicto de los jueces tendrá posiblemente unos efectos electorales limitados, dado que el porcentaje de nacionales españoles residentes en el extranjero que votan en las elecciones generales habitualmente apenas supera el 7% del total. Pero da vuelo y argumentos jurídicos a las teorías conspirativas de la derecha y la extrema derecha sobre un supuesto plan del Gobierno para alterar los resultados de las urnas al engordar el censo a través de la ley que ha otorgado de momento la nacionalidad a 306.000 descendientes. Y, sobre todo, suma un nuevo episodio al capítulo de choques entre el Gobierno y el Poder Judicial apenas días después del encontronazo por el famoso informe policial sobre Ceuta.

En una breve intervención ante los medios en el Senado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, admitió este martes que en el Ejecutivo “no comparten” la decisión y reclamó al Supremo que dé “prioridad” a este asunto y resuelva sobre el fondo antes del próximo ciclo electoral. El tribunal adelantó este martes el fallo, todavía no se conocen los argumentos de los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para paralizar de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la ley de nietos salvo que acrediten que son descendientes de exiliados. Está previsto que los autos que sustentan esta decisión se notifiquen en los próximos días.

La ley que establece el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles represaliados del franquismo fue aprobada el 5 de octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación parlamentaria. Ha sido cuatro años después, al calor de un acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado julio que declinaba intervenir sobre el modo en que se conceden las nacionalidades y sobre la aplicación del censo, cuando ambos partidos alentaron el bulo de un supuesto pucherazo electoral.

El asunto llegó al Supremo de la mano de Vox y del partido extraparlamentario Iustitia Europa, un habitual de la acusación popular en diferentes causas de trascendencia pública. Su tesis es que una instrucción de octubre de 2022 del Ministerio de Justicia realiza una “interpretación expansiva” de esa norma al establecer que basta con acreditar con documentación que el antepasado —progenitor o abuelo— salió de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 para que se presuma la condición de exiliado que exige la ley para acceder a la nacionalidad.

En realidad, esa instrucción es similar a otra dictada en 2008, después de que la primera ley de memoria reconociera el derecho a obtener la nacionalidad española a los hijos de exiliados y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Durante la vista, la Abogacía del Estado defendió que suspender provisionalmente las nuevas altas automáticas privaría de forma masiva de un derecho reconocido en la Constitución Española a miles de ciudadanos.

La interpretación de la amnistía

Aunque con una envergadura mucho más limitada, el freno del derecho al voto de los descendientes de españoles evoca otras decisiones del Supremo que han cuestionado iniciativas del Ejecutivo. El asunto más patente fue la ley de amnistía, una norma que ha soliviantado como ninguna otra a los jueces conservadores, mayoritarios en la carrera y en la cúpula judicial.

Pese a la claridad de la ley que ya cuenta con el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Alto Tribunal capitaneó las maniobras judiciales para impedir su aplicación. Los jueces de la Sala de lo Penal fabricaron una interpretación sobre la malversación para excluir de la ley a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, sus dos primeros potenciales beneficiarios.

El Supremo interpretó que esos altos cargos debían haber pagado de su bolsillo los gastos del referéndum y, por tanto, se habían ahorrado ese dinero incrementando su patrimonio. Sus delitos se declararon no amnistiables. Y así continúan a la espera de si el Tribunal Constitucional corrige esta decisión el próximo otoño tras avalar la constitucionalidad de la norma en junio del año pasado.

Además, meses antes de que esa norma fuera aprobada de forma definitiva, esos mismos magistrados de la Sala de lo Penal habían llegado incluso a imputar al expresident de la Generalitat por terrorismo, uno de los delitos no amnistiable según la ley pactada con Junts a cambio de la investidura. Esa vía fue anulada por culpa de los errores en la instrucción del juez Manuel García Castellón, quien incumplió los plazos de prórroga en la investigación.

Esta última decisión del Supremo sobre el voto exterior otorga, además, una nueva victoria en los tribunales a Vox, quien se ha convertido en un actor habitual en las causas que afectan al Gobierno o al entorno del presidente. Junto a otras organizaciones ultras como Manos Limpias o HazteOír, el partido de extrema derecha obtuvo su primer gran espaldarazo en la cúspide de la judicatura con la condena al ex fiscal general del Estado por la filtración de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Con esa condena, también cuestionada por el Ejecutivo, el Supremo avaló la estrategia emprendida por la derecha política y judicial para que el entonces fiscal general fuera llevado al banquillo antes que el propio empresario, investigado desde 2024. En la apertura judicial de hace un año, Álvaro García Ortiz estaba a punto de ser juzgado por revelación de secretos. El acto se celebró también en medio de una tensión creciente derivada de su presencia institucional en un acto que se celebra en el mismo edificio que apenas unas semanas acabó acogiendo el juicio contra él.

Este jueves será su sucesora, Teresa Peramato, quien comparezca por primera vez para dar cuenta de la memoria de la institución. También será el tercer discurso solemne de apertura del año judicial de la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perelló, alineada con posiciones muy corporativistas y poco dadas a la autocrítica. Este martes, nueve vocales progresistas del órgano le pidieron por carta que no se limite en su discurso a “presentar cifras o a trasladar responsabilidades a otras instituciones”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene el pulso al Ministerio de Justicia tras la carta en la que este departamento urgía este lunes a agilizar los trámites para desbloquear los refuerzos en los juzgados de Ceuta tras la crisis migratoria.

La Comisión Permanente ha respondido este martes tomando conocimiento de las medidas adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía —del que dependen los órganos judiciales de la ciudad autónoma—, pero también reiterando al Ministerio que dirige Félix Bolaños la “urgente necesidad” de “ultimar y ratificar” un protocolo sobre refuerzos que no se actualiza desde 2019 a pesar de que debe tener una vigencia anual.

La petición ha sido acordada por los vocales del grupo conservador, a los que se han sumado la presidenta Isabel Perelló y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado. La mayoría de la Permanente ha reiterado la necesidad de convocar la Comisión Mixta de la que forman parte representantes del Ministerio y del CGPJ para “ultimar” el texto de ese protocolo “de forma que pueda procederse a su ratificación a la mayor brevedad posible”.

El pasado 7 de julio, la Permanente pidió al Ministerio la convocatoria urgente de esta misma Comisión Mixta después de que el departamento que dirige Félix Bolaños denegara la autorización económica para reforzar más de 60 juzgados.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha urgido por carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a agilizar los trámites administrativos necesarios para desbloquear la partida presupuestaria destinada a reforzar el Tribunal de Instancia de Ceuta tras la crisis migratoria.

En una misiva la que ha tenido acceso elDiario.es, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, afirma que el Ministerio “tiene todo preparado” para aprobar la autorización del crédito presupuestario en cuanto el CGPJ remita la solicitud del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) y el informe del Servicio de Inspección. Este órgano dependiente del CGPJ advirtió de que lo sucedido en la ciudad autónoma ha afectado de manera “extraordinaria” al desarrollo del servicio público de Justicia.

En la carta, el secretario de Estado afirma que el departamento que dirige Félix Bolaños “sugirió hace tres semanas” reforzar los tribunales de la ciudad autónoma. El pasado martes, la Comisión Permanente del CGPJ pidió refuerzos para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta para hacer frente a la saturación por la entrada de más de 80.000 personas en la ciudad autónoma.

Tal y como recoge la misiva y confirman fuentes del Ministerio de Justicia, en la mañana de este lunes el CGPJ todavía no había remitido la solicitud del TSJA y el citado informe de la Inspección. Se trata de documentación preceptiva para autorizar el crédito presupuestario y que se pueda así continuar con la tramitación de los refuerzos.

Otros refuerzos

Por otro lado, el secretario de Estado sostiene que “sería conveniente” que los refuerzos que finalmente apruebe el CGPJ se realicen con magistrados de otros tribunales o audiencias o, dentro del tribunal de instancia de Ceuta, de secciones distintas de la sección civil y de instrucción, y en su defecto, con sustitutos.

Asimismo, el Ministerio afirma que “en los próximos días” se incorporarán a los juzgados de Ceuta tres tramitadores, un gestor procesal y un auxilio y que se ha autorizado la ampliación de guardias para la tramitación de los procedimientos judiciales. Además, se han asignado tres abogados fiscales sustitutos como refuerzo, once médicos forenses, siete técnicos de autopsia y dos funcionarios de tramitación del Instituto de Medicina Legal o cinco abogados adicionales de guardia del turno de oficio de extranjería, entre otras medidas.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha concedido al decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel José Cervantes Martín, la Cruz Distinguida de 1.ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

La concesión ha sido resuelta por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, “en atención a los méritos y circunstancias que concurren en su persona”, según recoge la comunicación oficial.

La distinción supone un importante reconocimiento a la dedicación profesional e institucional de Cervantes y a su compromiso con la Abogacía, ámbitos a los que ha estado estrechamente ligado a lo largo de su carrera, según explica el Colegio de Abogados en un comunicado.

Ángel José Cervantes ha recibido la noticia con “enorme gratitud” y ha querido hacer partícipes de este reconocimiento a quienes le han acompañado durante estos años en el ejercicio profesional y en sus distintas responsabilidades institucionales.

“Es una distinción que recibo con especial emoción y que quiero compartir con mis compañeros y compañeras, y con todo el Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo, al que tengo el privilegio de representar como decano”, ha señalado.

Para el Colegio de la Abogacía de Toledo, la concesión de esta Cruz constituye también un motivo de especial satisfacción por el reconocimiento que supone a quien actualmente representa a la institución y a su dedicación a la defensa y representación de la profesión.

La Orden de San Raimundo de Peñafort

La Orden de San Raimundo de Peñafort reconoce los méritos relevantes de quienes intervienen en la Administración de Justicia, así como la labor desarrollada en el estudio y aplicación del Derecho y los servicios prestados en el ámbito jurídico.

La concesión de la Cruz Distinguida de 1.ª Clase a Ángel José Cervantes se suma así a los reconocimientos recibidos a lo largo de su actividad profesional e institucional.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de 33 nuevas plazas de jueces y otras ocho de fiscales para la administración de justicia en Canarias, una cifra que ha considerado “récord”, con un 11,1% de crecimiento en el caso de la judicatura y del 5,8% en la carrera fiscal.

En un comunicado, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, detalla que, a nivel estatal, estos dos reales decretos que ha aprobado el Ejecutivo permitirán la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales lo que supondrá una ampliación de la planta judicial del 8,5%.

Anunciado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Félix Bolaños, ha calificado la medida de “hito histórico” y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como ésta.

En el caso concreto de Canarias, estas cifras suponen aprobar más plazas de nueva creación en la judicatura en este año que lo hecho durante los diez previos -periodo en el que se crearon 32-, ha destacado en un comunicado la Delegación del Gobierno en el archipiélago.

Con este aumento de la planta, Bolaños pretende que “los ciudadanos tengan resoluciones judiciales en plazos más breves” y que “los jueces tengan cargas de trabajo más razonables”.

De las 33 nuevas plazas de jueces, 21 son para tribunales de instancia y otras seis para las Audiencias Provinciales, tanto de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife. A ellas se suman tres plazas más que son de adscripción territorial, es decir, movibles en función de la carga de trabajo, y otras tres se adscriben a las salas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados están los de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife (Lanzarote), Arucas, San Bartolomé de Tirajana, Telde (Gran Canaria), Arona, Granadilla de Abona y Güímar (Tenerife).

Del total de 500 nuevas plazas de jueces para toda España, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4). 34 plazas más son de adscripción territorial, destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia.

En total, la planta judicial, que cuenta con 5.887 plazas, crece un 8,5%.

Según explica la nota, la creación de ocho plazas de fiscales en Canarias supone una ampliación de la planta fiscal del 5,80% en esta comunidad. Las plazas se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos. Es el caso de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

Según Bolaños, la distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de justicia.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 21 plazas de jueces y ocho de fiscales en Castilla-La Mancha, con lo que la plantilla judicial crece un histórico 9,7% y la fiscal un 8%. Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en la historia de esta comunidad. Es más, con este incremento se crearán, en un solo año, tantas plazas judiciales como en la última década: 21.

En toda España, el Gobierno crea 700 plazas de jueces y fiscales. A través de un Real Decreto, 500 plazas judiciales, una cifra superior a las creadas en la última década y que supone una ampliación récord de la planta judicial (+ 8,5%). Con un segundo Real Decreto, se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla actual en un 7,13%. La cifra también es inédita: en los últimos 15 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños lo ha calificado de “hito histórico” y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, o que “nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia” ni tampoco se habían destinado tantos recursos para su modernización.

La creación de 700 plazas de jueces y fiscales se enmarca en lo que el Ejecutivo central califica de “ambiciosa transformación de la Justicia” impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.

La planta judicial de Castilla-La Mancha se amplía un 9,7%

De las 21 nuevas plazas de jueces para Castilla-La Mancha, 18 son para tribunales de instancia (TI), una para la Audiencia Provincial de Toledo y dos son de adscripción territorial, movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo. Entre los TI que se verán reforzados están los de Toledo, Talavera de la Reina, Torrijos, Ocaña, Illescas, Guadalajara, Cuenca, Puertollano, Ciudad Real y Albacete.

Del total de 500 nuevas plazas de jueces para toda España, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4). 34 plazas más son de adscripción territorial y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia. En total, la planta judicial, que cuenta con 5.887 plazas, crece un 8,5%. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.

La ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo, más eficiente, permite crear una plaza judicial por 100.000 euros, lejos de los 500.000 euros que costaba crear un juzgado tradicional. Así, crear 500 plazas supone una inversión de alrededor de 55 millones de euros. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones de euros.

La plantilla de la Fiscalía en Castilla-La Mancha crece un 8%

La creación de ocho plazas de fiscales en Castilla-La Mancha supone una ampliación de la planta fiscal del 8% en esta comunidad.

En toda España se crean 200, que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos. Es el caso de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de justicia.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado en segunda vuelta la nueva ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes, entre otras cuestiones. Tras la luz verde del Gobierno, el documento está listo para empezar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

El texto definitivo —impulsado por los Ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia— incluye varias novedades con respecto al primer documento aprobado en enero tras las aportaciones realizadas en el trámite de audiencia pública y de los informes recabados de, entre otros, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal. “Era uno de los hitos incluidos en el Plan de acción por la democracia y con él damos cumplimiento al 87% de esa iniciativa”, ha defendido el ministro Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha reivindicado “que las reglas del juego se adecuen a la realidad de nuestro tiempo”.

Las claves de la nueva legislación, que busca actualizar la norma de 1982 por los “enormes cambios tecnológicos” que han transformado la sociedad desde entonces, pasan por establecer en 16 años la edad en la que se puede prestar consentimiento para facilitar su propia imagen, amplía las personas que pueden ejercer derechos en nombre de fallecidos y pone coto a los llamados true crimes.

Las mujeres, las más afectadas por los 'deepfakes'

La ley incorpora como una intromisión ilegítima en el honor la utilización o difusión de la imagen o la voz de una persona “que haya sido creada, simulada o manipulada tecnológicamente para dotarla de una apariencia extremadamente realista”. Se refiere a los denominados en inglés deepfakes, que son, con frecuencia, imágenes pornográficas no consentidas y afectan de forma mayoritaria a las mujeres, según los datos que maneja Naciones Unidas. Se ha convertido en una nueva forma de violencia machista intensificada con el auge de las redes sociales y en los últimos años se han dado varios casos en España que afectan a menores de edad.

La legislación incluye como excepción a la consideración de “intromisión ilegítima” que el contenido generado a través de inteligencia artificial forme parte de una obra de ficción, satírica o artística. En este apartado se introduce una novedad con respecto a la redacción previa, añadida tras el trámite de información pública, y es que el creador solo tiene obligación de aclarar que el contenido es una manipulación hecha con inteligencia artificial cuando la obra pueda “inducir a una persona a pensar erróneamente que es auténtico o verídico”.

Hay otra excepción que contempla esta nueva ley, no prevista en la redacción de 1982, y es que se dispone que la revelación o difusión de comunicaciones privadas no se considerará “intromisión ilegítima” cuando el contenido revelado se limite a hechos que tengan carácter noticiable por su relevancia pública. “Se trata de una previsión en consonancia con la doctrina constitucional sobre el carácter preferente de la libertad de información en este tipo de supuestos”, explica el Gobierno en su exposición de motivos.

El caso de las obras sobre crímenes reales

También busca dar una mayor protección de las víctimas de los delitos que aparecen en las obras cinematográficas o libros que se basan en crímenes reales (los true crimes) en los casos en los que no haya un beneficio económico. El cambio frente a la legislación anterior es que incorpora como una intromisión ilegítima el caso de que un condenado en sentencia penal firme utilice su delito “de cualquier modo que dañe el honor, la intimidad o la propia imagen de las víctimas”. Es decir, no solo si es para conseguir “notoriedad pública” u “obtener provecho económico”.

La nueva norma actualiza el apartado referido a los derechos de las personas tras su muerte. Se podrá prohibir mediante testamento la utilización de la propia imagen o de la voz —originales o modificadas— para fines publicitarios o comerciales, y se podrá designar a una persona para que autorice o deniegue este tipo de usos tras el fallecimiento. Se amplía el apartado de quienes pueden defender los derechos de la persona fallecida más allá del matrimonio para incluir, por ejemplo, a las parejas de hecho (personas unidas “por análoga relación de afectividad”).

En el caso de que la persona afectada fallecida fuera menor de edad o tuviese una discapacidad que le impidiese el ejercicio de su capacidad jurídica, en el texto que ha salido adelante en segunda vuelta se recoge, a propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, que también estará legitimada la persona que tuviera conferida su representación legal o hubiera sido designada para la prestación de las medidas de apoyo.

Protección a los menores y personas con discapacidad

La ley incorpora más mecanismos para proteger a los menores ante el avance de las nuevas tecnologías. En la redacción del documento se explica que, en el caso de los niños y niñas, incluso aunque haya un consentimiento del menor o de sus representantes legales se puede considerar ilegítima “cualquier intromisión en los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de la persona menor de edad que implique menoscabo de su dignidad o de su reputación o sea contraria a sus intereses”.

Se establece en 16 años la edad en la que los menores de edad pueden prestar consentimiento para facilitar su propia imagen, en línea con el proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital, que está en tramitación parlamentaria. En los restantes casos, el consentimiento lo tiene que otorgar por escrito su representante legal y estará obligado a ponerlo en conocimiento previo del Ministerio Fiscal.

De igual manera se regula el consentimiento de las personas con discapacidad, que puede prestar consentimiento por sí misma o con los apoyos que en su caso precise. En caso de que deba hacerlo por medio de representante, también deberá hacerlo por escrito y poniéndolo en conocimiento previo de la Fiscalía.

Indemnizaciones

El apartado de indemnizaciones recoge un cambio a partir de las aportaciones del trámite de audiencia e información pública y de los informes recabados por el Gobierno. La ley prevé una serie de criterios para determinar la indemnización por daño moral (vulneración de derechos fundamentales, gravedad de las expresiones, repercusiones sociales derivadas de la intromisión...) y añade como novedad que se tendrá en cuenta la difusión de la noticia no solo a través de “medios de comunicación social”, sino también de “servicios de comunicación digital”.

La ley modifica un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir entre las medidas cautelares previstas la posibilidad de acordar la retirada de imágenes o voces de personas, ya sean reales o manipuladas, cuando puedan afectar a su honor, a su intimidad personal o familiar o a su propia imagen, o a su derecho fundamental a la protección de datos personales. Esta última es una incorporación a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos.

La implantación de la administración electrónica en la Justicia ha topado con un obstáculo inesperado que afecta de lleno a la identidad local en las Vegas Altas. La alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, ha reclamado formalmente al Ministerio de Justicia una modificación urgente en el sistema informático del Registro Civil. El motivo es una rigidez de la plataforma que provoca que, a efectos legales, ningún hijo de familias empadronadas en Villanueva conste como nacido en su ciudad si el parto se atiende en el hospital comarcal.

El problema radica en la entrada en vigor, en enero de 2025, del nuevo sistema digital conocido como DICIREG. Esta aplicación informática, diseñada para unificar los registros de toda España, impide realizar la inscripción en el municipio de residencia de los padres si este es distinto al del centro sanitario. Al estar el Hospital Don Benito-Villanueva ubicado físicamente en el término municipal dombenitense, el sistema asigna automáticamente esa localidad como el lugar de nacimiento de todos los bebés, borrando el arraigo familiar de los vecinos de Villanueva y de otros municipios de la comarca.

En una comparecencia a las puertas del centro hospitalario, Fernández ha defendido que la Ley 20/2011 de ordenación del Registro Civil buscaba modernizar y agilizar el funcionamiento del sistema, pero en ningún caso eliminar los derechos históricos de las familias. La normativa actual mantiene intacto el derecho de los padres a inscribir a sus hijos en el municipio donde están empadronados —conforme al Decreto de 1958—, un resquicio legal que la rigidez del código informático del Ministerio se está saltando por defecto.

Un derecho frente a la rigidez del algoritmo

Por ello, la regidora extremeña ha instado al Gobierno central a adaptar el programa informático para recuperar de inmediato la práctica que se venía realizando con normalidad hasta finales de 2024. Además, ha solicitado que la subsanación del error del DICIREG tenga carácter retroactivo desde enero de 2025, evitando así un agravio comparativo a las cientos de familias afectadas en el último año y medio que quieren que sus hijos mantengan su origen civil en Villanueva.

Consciente de la sensibilidad territorial de la zona, y después de que Don Benito haya dado esta semana carpetazo a la fusión con Villanueva, Ana Belén Fernández ha querido rebajar cualquier tensión local asegurando de forma tajante que esta reivindicación “no es una cuestión contra nadie, sino de justicia”.

Asimismo, ha recordado que el problema provocado por el software del Ministerio no es un caso aislado ni exclusivo de Villanueva de la Serena, sino que perjudica en cascada a todos los municipios del área sanitaria cuyos vecinos dan a luz obligatoriamente en el hospital y ven cómo la burocracia digital desdibuja el verdadero lugar de origen de las nuevas generaciones de la comarca.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declinado la invitación formulada por los ultracatólicos de HazteOir y el partido minoritario Iustitia Europa para participar en una jornada sobre acusaciones populares. En una misiva fechada el 25 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Bolaños esgrime motivos de agenda y señala que le habría gustado participar en el evento para explicar cómo, a su juicio, estas organizaciones llevan a cabo “persecuciones basadas en motivos ideológicos”. 

HazteOir, Iustitia Europa y otros colectivos vinculados a la extrema derecha impulsan en solitario los casos contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Han reclamado para ambos elevadas condenas de prisión: 24 años en el caso de Begoña Gómez y seis años en el de David Sánchez.

Además, ambas organizaciones ejercen la acusación popular en las causas en las que se investiga a los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en el procedimiento abierto contra José Luis Rodríguez Zapatero y en las pesquisas sobre las supuestas maniobras urdidas por la exmilitante Leire Díez para torpedear investigaciones que afectan al partido y al Gobierno. 

En la carta, el ministro acusa directamente a ambas organizaciones de “desnaturalizar” una institución concebida originalmente para la defensa del interés general y de utilizarla con el “único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias”. Bolaños afirma que estas entidades están “pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático” de llevar a cabo dichas persecuciones. Por todo ello, el ministro concluye que organizaciones como estas “no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales”.

Además, Bolaños expone que, ante este escenario, el Gobierno considera “urgente” modificar el desarrollo del artículo 125 de la Constitución para evitar que la acción popular se utilice para fines ajenos al proceso penal, “tal y como sucede actualmente”. 

En la carta, el ministro alude a la reforma de la acción popular que ha planteado el Ejecutivo. Esa reforma, que se encuentra en tramitación en el Congreso, limita la acusación popular al vetar a los partidos políticos y sindicatos, restringirla a determinados delitos —sí están incluidos los de corrupción— y exigir un “vínculo legítimo” con la causa en cuestión para poder ejercerla. La voluntad del Gobierno es tramitar ahora esta reforma, pero, si finalmente es aprobada, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará a los casos en curso.

“En definitiva, estaría encantado de decirles que están ustedes pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno. Esas son las razones por las que considero que organizaciones como las que ustedes representan no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular”, concluye el ministro en su carta. 

“Ninguna institución española sabe, ni de manera aproximada, cuántas sentencias se han dictado por los delitos sexuales más graves ni cuántas personas han sido juzgadas y condenadas por ello”.

Esta es la conclusión de una investigación de la Universitat de Girona (UdG) tras analizar las bases de datos sobre sentencias por estos tipos penales de las tres instituciones que los recogen: la Fiscalía General del Estado (FGE), el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS), dependiente del Ministerio de Justicia, y el Centro de Documentación del Poder Judicial (CENDOJ), que recopila resoluciones de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y el Tribunal Supremo.

El estudio, publicado en la Revista Española de Investigación Criminológica, revela las carencias a la hora de recopilar los datos, pese a que la última ley sobre delitos sexuales tenía un apartado específicamente dedicado a la necesidad de contar con encuestas y trabajos sobre “índices de condena y consecuencias” de la violencia sexual.

El catedrático de Derecho Penal y Criminología de la UdG, Daniel Varona, destaca que el objetivo del estudio no es criticar a las instituciones, sino que España se sitúe en la línea de los países europeos que mejor recogen las estadísticas de criminalidad.

La comparación de datos que Varona ha realizado junto a los profesores Steven Kemp y José María López Riba constata la disparidad entre las estadísticas de distintas instituciones, lo que, a juicio de los autores del estudio, implica que se infraestiman “de manera muy notable” las cifras penales para uno de los delitos de mayor relevancia. “Se recogen menos sentencias de las que realmente se dictan”, concluye Varona.

“En Inglaterra, las estadísticas del propio sistema judicial revelan que menos del 5% de las denuncias por violación terminan en condena, pero este porcentaje no podemos conocerlo oficialmente y con exactitud en España”, señala el catedrático.

ElDiario.es ha contactado con las tres instituciones comparadas en el estudio. El Ministerio de Justicia, del que depende el RCDS, ha indicado que no valora estudios académicos, mientras que la Fiscalía General sí ha admitido algunas dificultades en la recogida de datos.

Por su lado, el Poder Judicial explica que desde la entrada en vigor el año pasado de la nueva ley de organización judicial, los informes trimestrales del Observatorio contra la violencia de género incluyen algunos datos sobre asuntos relativos a violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja.

En 2023, por ejemplo, la memoria anual de la Fiscalía reportó un total de 145 sentencias (59 por violación y 86 por abuso sexual); el Registro Central, apenas 82 entre ambos delitos; mientras que el CENDOJ alcanzó las 575 sentencias en España por delitos sexuales graves.

Cinco años antes ya había ocurrido algo parecido: la memoria de la FGE recopiló 105 sentencias por delitos sexuales graves, por 64 el RCDS y 214 el CENDOJ.

Incluso dentro del portal estadístico del Poder Judicial, que es la institución que más sentencias recoge, se han detectado déficits. Al poderse filtrar por Audiencias Provinciales, el estudio ha descubierto que Alicante, a pesar de ser la cuarta provincia más poblada de España, presenta en el CENDOJ cuatro veces menos sentencias de violación que la trigesimosexta, Navarra. Y Valencia, que es la tercera provincia en número de habitantes, registra la mitad de sentencias que la vigésima, Guipúzcoa.

Pese a que, en el conjunto de España, la Fiscalía registra menos sentencias que el Poder Judicial, en Alicante la proporción es inversa: en 2023, la memoria anual del Ministerio Público contabilizó siete sentencias en Alicante por delitos sexuales graves, por solo cinco del CENDOJ.

“Hay algunas Audiencias Provinciales que parece que son objetoras del CENDOJ”, advierte Varona, que no ve “manos negras” en estos déficits, sino “una cuestión mucho más pedestre” vinculada al funcionamiento ordinario de las oficinas judiciales.

Por ejemplo, Varona explica que en Catalunya la aplicación informática interna en la que se tramitan las sentencias no incluye su envío automático al CENDOJ, por lo que si el funcionario se olvida de activar la casilla que lo habilita, la resolución no llega a la base de datos central. “No es algo que requiera mucha inversión, simplemente se tendría que habilitar el envío por defecto en los programas informáticos”, expone.

Varona enfatiza que para solucionar los déficits detectados por el estudio en la recopilación de datos “es más necesaria una voluntad de cambio de las instituciones que grandes inversiones”. “Si todos ponemos un poco de nuestra parte, se puede mejorar”, agrega.

Es más, Varona lamenta que en España ninguna institución realice una encuesta nacional de victimización (de todos los delitos, no solo de los sexuales). Solo Barcelona tiene una buena encuesta de este tipo, resalta el experto, pero limitada al ámbito municipal. “Recoger mejor los datos con unas reglas comunes nos permitiría conocer la magnitud de los problemas”, asevera.

La respuesta de las instituciones

Además de no comentar estudios académicos, desde el Ministerio de Justicia han considerado que la información contenida en el Registro “se considera suficiente para los objetivos para los que fue creado”. Sí han dado más explicaciones la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde la Fiscalía General han admitido que la variedad de sistemas de gestión informática en función de las comunidades autónomas “dificulta la recopilación de información estadística”.

Como la estadística de las memorias refleja tanto datos propios de la actividad de las fiscalías provinciales como de los procedimientos judiciales, “con carácter general resulta más difícil para las distintas fiscalías el control de la calidad estadística del detalle de la información, como es el caso de las sentencias”, explican fuentes de la FGE.

Desde la Fiscalía General, indican las mismas fuentes, se comprueba toda la información que remiten las fiscalías provinciales para realizar la memoria. Sin embargo, la FGE reconoce que no dispone de medios técnicos propios para comprobar “la exactitud de los datos estadísticos que se recopilan”, debido a los distintos sistemas de gestión informática, tal y como viene manifestando la propia institución en sus memorias.

La FGE, recuerdan desde la institución, ha pedido al Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) en varias ocasiones mejoras en la extracción automática de la información de los sistemas para su memoria, así como la necesidad de un mayor detalle en el desglose en la información estadística relativa a los delitos. También considera que hay que unificar los sistemas informáticos disponibles o, al menos, que el tratamiento de la información estadística sea uniforme.

Por su lado, fuentes del CGPJ explican que el CENDOJ no tiene una finalidad estadística de recuento de sentencias, sino que está concebido como una base de datos de consulta. En consecuencia, añaden, es posible que no estén todas las sentencias.

Desde el Poder Judicial también recuerdan que, desde la última reforma legal, los informes trimestrales del Observatorio contra la violencia de género incluyen algunos datos sobre asuntos relativos a violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, como las agresiones sexuales, la trata u otros tipos penales recomendados por el Convenio de Estambul. Ello permitirá “una estadística más pormenorizada”, defienden desde la institución. Los datos se están empezando a recoger y la estadística “tendrá que ir mejorando”, agregan.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha activado la plataforma digital Carpeta Justicia en Canarias. Se trata de un portal que permite que, desde un dispositivo móvil o un ordenador, ciudadanos, profesionales y empresas puedan consultar notificaciones, resoluciones o señalamientos de juicios, comprobar el estado de expedientes judiciales, etc.. También permite resumir o anonimizar documentos y consultar citas previas en el Registro Civil, los tribunales y las gerencias territoriales de Justicia, entre otros. En definitiva, según explica el Ministerio, facilita la relación digital entre la ciudadanía y la Administración de Justicia.

A través de su app y su web (www.carpeta.justicia.es), procuradores, abogados, graduados sociales, ciudadanía y empresas pueden hacer múltiples gestiones de forma más ágil, sin desplazamientos y en el momento en el que lo necesiten.

Carpeta Justicia ya está disponible en las comunidades autónomas que no tienen transferida la competencia de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Extremadura, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), además de en la Comunidad de Madrid, La Rioja, el Principado de Asturias y Galicia. En total, la plataforma del Ministerio ya da cobertura a cerca del 50% de la población española y pronto se activará en otras comunidades autónomas.

Carpeta Justicia supera los 753.000 usuarios

Actualmente, Carpeta Justicia supera los 753.000 usuarios únicos, de los cuales más de 60.000 son profesionales del ámbito judicial. Esto supone que el 36% de los profesionales en activo utilizan ya la plataforma. El grado de uso es especialmente destacado en procuradores (90,6%), abogados (33,6%) y graduados sociales (24,4%).

En los últimos 12 meses, más de 320.000 nuevos usuarios se han incorporado a esta herramienta, lo que representa un incremento del 75%.

Por su parte, la aplicación móvil de Carpeta Justicia registra ya más de 85.000 descargas desde su arranque, facilitando así el acceso a sus servicios desde cualquier dispositivo móvil.

El despliegue de esta herramienta se enmarca en la estrategia de digitalización de la Justicia impulsada desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para garantizar un servicio público más moderno, ágil, eficiente y cercano.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas fiscales que el Gobierno creará y convocará este 2026.

De estas 200 nuevas plazas, ocho se crearán en Castilla-La Mancha, lo que supondrá un incremento del 8% de su plantilla actual.

Se trata de “la mayor creación de plazas fiscales de la historia” y supondrá un incremento de la plantilla actual del Ministerio Fiscal del 7,13%, al pasar de 2.804 plazas a 3.004. La propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como el dimensionamiento actual de las plantillas.

El Ministerio de Justicia invertirá más de 22,5 millones de euros en crear estas 200 plazas de fiscales para mejorar y agilizar el Servicio Público de Justicia y la iniciativa se enmarca en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un modelo organizativo “más moderno y eficiente” ya que, detalla este departamento, “si crear un antiguo juzgado unipersonal tenía un coste aproximado de 500.000 euros, con los tribunales de instancia se pueden crear plazas judiciales gastando cinco veces menos”.

Castilla-La Mancha tendrá también 21 plazas judiciales nuevas

El ministro ha destacado que esta creación récord de plazas fiscales se suma a la también histórica creación de plazas judiciales, 500 este 2026, que supondrá un incremento del 8,5% de la planta judicial en nuestro país.

En Castilla-La Mancha se crearán 21 plazas de jueces para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia, que también se crearán este 2026.

Se trata de la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de Castilla-La Mancha.

El número de asuntos que han ingresado en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil —donde se ven desde divorcios o desahucios a cláusulas abusivas— han descendido un 20,4% en el último año, coincidiendo contra la entrada en vigor de la ley de eficiencia. Esta nueva regulación incluye la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en este tipo de asuntos antes de iniciar cualquier proceso judicial. Fuentes del Ministerio de Justicia valoran que estas cifras evidencian que empieza a cumplirse el objetivo de reducir litigios y agilizar la tramitación de conflictos.

La ley establece que, salvo las excepciones previstas —tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otras—, es obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda. En el Ejecutivo defienden que con esta medida se pretende pasar de “una cultura del litigio a una cultura del diálogo y del acuerdo” que, además, permita reducir la carga de trabajo de los tribunales y que los ciudadanos vean resueltos sus conflictos de forma más ágil. 

La mediación es especialmente útil en asuntos que afectan a un gran número de personas y sobre los que el Tribunal Supremo ya ha fijado el criterio a seguir por el resto de instancias. Es el caso, por ejemplo, de las cláusulas suelo, las preferentes o los fraudes de las clínicas dentales 'lowcost'. Las primeras cifras muestran que la obligación de recurrir a la mediación ha reducido el número de asuntos que ingresan en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

Sin embargo, no es posible saber el número de estos conflictos resueltos fuera de los juzgados que han acabado en un acuerdo que ha evitado ir a los tribunales porque no existen datos oficiales. Sí hay algunas evaluaciones parciales como una encuesta realizada por el Colegio de Abogados de Madrid que apuntó a que solo un 10% de los intentos de mediación acababa en acuerdo. El estudio, elaborado por la revista de la entidad profesional, advertía de una fuerte dispersión de criterios judiciales que aumenta la inseguridad jurídica.

Oficina judicial  

Además de la obligación de la mediación para determinados asuntos, la ley de eficiencia incluye como principal novedad la sustitución de los antiguos 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. El Ministerio defiende que eso permite “una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas”. 

Por ejemplo, en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez, según datos del Ejecutivo.

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. Los sindicatos han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales consultadas por elDiario.es apuntan que la reasignación masiva de funcionarios ha provocado que muchos desconozcan sus nuevas funciones. Estas fuentes también apuntan que se han registrado incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos. 

El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

Fuentes del Ministerio de Justicia reconocen que, a pesar de las “incidencias puntuales” no hay “incidencias estructurales” o “problemas de base” y ponen en valor el documento realizado por el CGPJ, que basa en los informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia. En el departamento que dirige Félix Bolaños afirman que entre el 1 de enero de 2026 y el 27 de marzo, antes del periodo vacacional de Semana Santa, las vistas realizadas aumentaron más de un 3% y las vistas señaladas alrededor de un 6%.

En Justicia admiten, asimismo, que la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de oficina judicial está siendo desigual, aunque “dentro de un orden”. De hecho, consideran que es algo entendible teniendo en cuenta que hay 12 autonomías que tienen la competencia de Justicia transferida. Según el informe del CGPJ, mientras algunas comunidades han diferido su puesta en marcha aprovechando la flexibilidad acordada, en otros territorios, como Andalucía y Canarias, la implantación ha sido solo “formal”, ya que los funcionarios y los órganos siguen trabajando físicamente y organizativamente igual que antes de la reforma. 

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que el Gobierno central ha atendido una “reivindicación histórica” de Castilla-La Mancha en lo que se refiere a juzgados de violencia contra la mujer.

Así ha reaccionado Bolaños este jueves, a preguntas de los medios, durante la inauguración del nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, un acto que ha tenido lugar después de una reunión mantenida con la presidenta del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray.

Esta reunión se ha producido después de que Astray, en una entrevista con Europa Press, denunciara que los tribunales de la región se encuentran “ante un colapso en violencia de género” que afecta directamente a las víctimas y que achacaba a la falta de personal, solicitando “adoptar medidas urgentes, activas y materiales” para que las políticas contra las agresiones machistas tengan eficacia.

Asimismo, también aseguraba que las solicitudes para aumentar la plantilla han sido trasladadas al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial pero no han sido “ni contestadas ni valoradas”.

Tres nuevas secciones en Guadalajara, Ciudad Real y Toledo

Preguntado por este asunto, Bolaños ha apuntado que la reunión con la presidenta del TSJCM ha sido “muy productiva” y ha remarcado que, en lo que respecta a violencia sobre la mujer, desde el Ministerio se han creado 50 nuevas secciones en toda España, de las que tres han ido a parar a Castilla-La Mancha, concretamente en Guadalajara, Ciudad Real y Toledo.

“Por tanto, ha habido una ampliación muy significativa de los recursos de los jueces, de los magistrados que se ocupan de la violencia sobre la mujer”, ha señalado.

Bolaños ha aseverado que este asunto es “fundamental” para el Gobierno y ha defendido un crecimiento de los recursos que era “una reivindicación histórica”, considerando que el Ejecutivo central “ha dado solución a un déficit que existía en Castilla-La Mancha”.

“Estamos trabajando, por supuesto, para que cuanto antes estén a pleno rendimiento”, ha finalizado el ministro.

Resultados “positivos” de los tribunales de instancia

De otro lado, también ha aseverado que ambos han estado “de acuerdo” en los “resultados positivos” que, afirma, ya están teniendo los tribunales de instancia.

Bolaños ha puesto de manifiesto que las cifras de los tribunales de instancia en Castilla-La Mancha son “verdaderamente positivas”, destacando que, desde principios de este año hasta el día de hoy, los juicios celebrados han aumentado un 12% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Es por ello por lo que, ha manifestado, todas las partes presentes en la reunión han puesto en común su “satisfacción” con un cambio “tan enormemente trascendente para la justicia” que está teniendo “resultados muy positivos”.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han aseverado que la reunión entre Astray y Bolaños ha sido “satisfactoria”.

Asimismo, han comentado que las necesidades de personal que existen en materia de violencia sobre la mujer “se van a ir encauzando en breve”.

El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez Correa, acude a Pamplona con motivo de una reunión de las comunidades autónomas sobre los sistemas de notificación de la violencia contra la infancia. En la capital navarra se inauguró hace pocos meses un centro Barnahus o 'casa de los niños', un espacio “adaptado a la infancia” en el que se centralizan todos los servicios y protocolos ante una denuncia por violencia sexual para facilitar el proceso al menor. En la entrevista con elDiario.es, Pérez Correa lamenta que “miles” de personas que han sufrido este tipo de violencia en etapa infantil no la han denunciado y asegura que el modelo Barnahus “funciona”, que “acelera” los procesos y que “ha venido para quedarse”.

Sobre la ley de Violencia Vicaria, que ha abierto una grieta en el Gobierno entre los ministerios de Infancia y Juventud, Justicia e Igualdad, sostiene que “un maltratador nunca es un buen padre”, por lo que aboga por suspender el régimen de visitas “cuando hay una denuncia de violencia de género”.

Un informe elaborado por Save The Children apunta que cuatro de cada diez procesos judiciales de violencia sexual en menores se prolongan más de tres años, dificultando así su recuperación. ¿Cómo se puede reducir ese tiempo?

Tenemos un serio problema, no solo de proceso judicial largo, sino incluso de información previa, de los pasos que se tienen que dar para hacer una denuncia sexual. La gente muchas veces se encuentra con un montón de ventanillas y administraciones diferentes y lo que estamos haciendo hoy [por el martes] en Navarra es un ejemplo de lo que hay que hacer: un sistema judicial adaptado a la infancia, un mecanismo de denuncia donde todos los servicios y todos los protocolos que entran en una denuncia estén en el mismo edificio. Ese es el modelo Barnahus, un modelo que reduce el tiempo de denuncia y hace que todo el peritaje y toda la parte de prueba preconstituida sirva al proceso judicial, lo que lo acelera mucho y da mecanismos magníficos para que no solo que no se dilate demasiado el proceso, sino que haya denuncias. El informe de prevalencia que hemos encargado habla de un 28% de personas que en etapa adulta dicen que han sido víctimas de violencia sexual en la infancia. Eso refleja que hay miles de personas que no están denunciando o que no han denunciado en etapa infantil.

El mismo informe también menciona el problema de que la víctima tenga que declarar en más de una ocasión, provocando así una revictimización.

Es así. No es lo mismo la casa Barnahus, que parece una escuela infantil, en la que hay muebles infantiles y zonas de juegos, donde se puede hacer desde la generación de la prueba preconstituida, la declaración del menor, el acompañamiento de un equipo de psicólogos e incluso lo que es la exploración forense y la exploración médica. También la declaración en el juzgado a través de una cámara con la presencia del juez y de los abogados de las partes. Creo que es un mecanismo absolutamente central ahora mismo, junto con el hecho de que hemos aprobado una ley de eficiencia del sistema judicial que por primera vez crea las secciones de infancia y adolescencia en los juzgados, con lo cual vamos a acelerar mucho los procesos de protección a la infancia en los procesos del ámbito judicial.

¿Ese modelo soluciona todos los problemas que han venido denunciando las asociaciones de víctimas?

Sin duda, en Europa está funcionando. En Catalunya, que es quien va más avanzada porque tiene ahora mismo 12 centros Barnahus, los primeros indicadores dicen que ese proceso se acelera, que es menos traumático, que las familias pueden acompañar al menor y que el menor está más cómodo para realizar la declaración, que es la que constituye la prueba. La Comisión Europea y el Consejo de Europa ya han dicho que esto es una parte estratégica del sistema de protección a la infancia en el ámbito europeo. 

¿Y va a servir para que haya más condenas? Asociaciones de víctimas venían reclamando la necesidad de que la declaración de un facultativo sirviese como prueba preconstituida.

El entorno donde el menor declara muchas veces genera contradicciones en su propia declaración y con Barnahus se evita eso. No es lo mismo declarar en un edificio vetusto del siglo XIX en sede judicial y que puede provocar que el menor declare algo que sea diferente a lo que declaró en sede policial. Esas contradicciones muchas veces se utilizan por parte de los jueces para no dar validez al testimonio del menor. El hecho de que haya un ambiente protector en todo el proceso de declaración, en la generación de la prueba, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también estén dentro del Barnahus, y que sea allí donde hablan y toman declaración al menor, sin duda va a evitar esa falta de pruebas o que el menor incurra en contradicciones y que se desestimen las demandas. Ya está teniendo un impacto muy positivo.

Mencionaba la creación de los juzgados especializados, pero por el momento solo se han anunciado tres.

Por el momento se han anunciado tres porque es cierto que la mayor parte de casos de violencia sexual, cuando es hacia niñas, se están vehiculizando en los juzgados de los juzgados de Violencia de Género. Es un debate que hay ahora mismo: nosotros creemos que no, que tienen que estar vehiculizados en las secciones de Infancia. Se han abierto las tres por el número y volumen de casos, pero es cierto que la revisión es anual. En septiembre se va a volver a revisar este número de necesidades que tiene el sistema judicial y nosotros entendemos que se van a abrir muchas más.

El modelo ha sido recientemente estrenado aquí en Navarra. En otras comunidades ya funciona, ¿se va a extender a todo el país?

Sí, Cantabria también acaba de abrir un centro, en Catalunya se ha abierto otro más en Terrassa, en Las Palmas también, en Andalucía hay varios… Es decir, es un modelo que ha venido para quedarse y el diálogo entre comunidades autónomas está funcionando muy bien. En unos años veremos este modelo como el modelo central. Si nuestras encuestas nos dice que uno de cada cuatro menores han sido víctimas de violencia sexual, tenemos que tener un sistema suficientemente coordinado para la prevención y, sobre todo, para la delimitación de los casos y las condenas.

¿Y cuál es el papel del Ministerio?

De formación y de autoevaluación del modelo. También entendemos que tenemos que poner muchas más garantías en todo el proceso judicial y eso es la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Tenemos una ley puntera en el ámbito del derecho comparado, en lo que son leyes de protección de los menores ante la violencia, pero hemos planteado una reforma de la ley, que estamos trabajando ya con el Ministerio de Justicia, de algunos aspectos que tienen que ver con la declaración del menor, no solo en sede judicial, sino también en todos los ámbitos donde interactúa la relación de los menores con personas adultas. 

También creemos que hay que hacer una protocolización del modelo de ajuste en España. Es cierto que cada comunidad está siguiendo unas pautas muy marcadas consensuadas en el ámbito europeo, pero estamos viendo la posibilidad de arbitrar un Real Decreto para homogeneizar la figura del Barnahus en cuanto a procedimientos, dotaciones, etc.

¿Cómo se puede mejorar la coordinación entre instituciones para facilitar el proceso a quien denuncia?

Precisamente le hemos planteado al Ministerio de Justicia la modificación de la LOPIVI por esta cuestión. Nosotros tenemos una muy buena ley, la conocida como 'ley Rhodes', que nace por una persona que ha sufrido abusos y se encontró con esa maquinaria burocrática de tocar muchas puertas, muchas ventanillas. Eso ahora se ha simplificado y se tiene todo en un mismo centro, pero también es necesario tener el mecanismo jurídico bien engrasado. Por ejemplo, tenemos que conseguir que los jueces escuchen al menor de manera muy clara, donde haya causa Barnahus y donde no la haya, donde haya sección de Infancia o donde no haya. Y para eso la LOPIVI tiene que cambiar.

También tenemos que cambiar algunos mecanismos que ahora mismo rigen en el ámbito de la prevención. Por ejemplo, la figura de los coordinadores de bienestar de los centros educativos, que son los que detectan de manera preventiva estos casos, los que pueden derivar a sede judicial y los que pueden establecer un protocolo y un seguimiento. Creemos que en esos mecanismos que se cambian en la LOPIVI se puede facilitar que la denuncia de un menor que es víctima de violencia sexual se dé por la identificación del personal educativo, la figura del coordinador de bienestar como elemento central en el ámbito educativo o el monitor de un centro de ocio y tiempo libre o el monitor o entrenador de un club de fútbol. Y eso sí que requiere una parte muy importante de formación que tiene que desarrollar la propia LOPIVI.

¿Hay ya fecha para llevar la reforma al Consejo de Ministros?

Hemos cerrado una propuesta de texto que le hemos trasladado al Ministerio de Justicia. Estamos trabajando ya esta semana en las reuniones con el Ministerio de Justicia y entiendo que en este primer tramo del año lo vamos a tener porque son cuestiones más técnicas que tenemos que consultar también con el Consejo General del Poder Judicial. Se puede llegar a un consenso en los próximos meses.

En Álava y en Navarra opera un campamento que ha recibido una veintena de denuncias por violencia sexual. Hay una investigación en curso, pero el Gobierno vasco quiere endurecer la ley vasca para que se pidan antecedentes de delitos sexuales. ¿No es algo que ya existe?

Existe, pero es cierto que tenemos que endurecerla mucho más. Ahora mismo un profesor condenado por un caso de violencia sexual, una vez acabada su condena, se puede reincorporar al ámbito educativo. Eso lo queremos endurecer. Vamos a hacer una reforma a algún artículo de la LOPIVI para que las personas que han tenido condenas de este tipo sean apartados de manera indefinida de la posibilidad de volver a ser docentes. Hay docentes que han sido abusadores y, cumplida su condena de inhabilitación, han regresado al ámbito educativo. La LOPIVI dejaba ahí un marco y es lo que queremos corregir, también por petición de los sindicatos, que nos han pedido que se aclare mucho más esta figura por una cuestión de protección a la infancia en el ámbito educativo.

El Gobierno ha chocado por la Ley de Violencia Vicaria, con diferencias entre ministerios. Juventud e Infancia se descolgó del primer texto al considerar que no garantizaba los derechos de las mujeres y los niños y adolescentes. Desde entonces, los ministerios implicados han seguido negociando. ¿En qué punto se encuentra actualmente?

Estamos intentando avanzar un texto, pero nosotros tenemos una premisa, y es que un maltratador nunca es un buen padre. Por lo tanto, para nosotros la suspensión del régimen de visitas cuando hay una denuncia de violencia de género debe estar reconfigurada. Hemos avanzado en algunas cosas, como lo que tiene que ver con la escucha de los menores, pero necesitamos desatascar esta cuestión, que no es solo nuestra visión como Ministerio, es algo demandado por una parte muy importante de la judicatura, sobre todo mujeres, que son las que dicen que están hartas de no poder determinar esas suspensiones muchas veces por falta de corpus jurídico. Aprovechando que es muy necesaria una ley de Violencia Vicaria, intentemos colocar esta cuestión como cuestión central. Y luego no disociar nunca la violencia vicaria como algo endógeno de la violencia de género. La verdad es que en estas semanas de negociación hemos avanzado mucho en un texto de consenso.

Una de las cuestiones en las que más se pone el foco en el Gobierno al hablar de juventud y violencias sexuales es en el consumo de pornografía. ¿Centrar el debate público en el porno puede estar desplazando la discusión de fondo sobre los déficits en educación afectivo-sexual?

Totalmente. Establecer el problema solo sobre la cuestión del porno desdibuja el problema que tenemos de la exposición de los menores en los entornos digitales. Nosotros siempre hablamos de los entornos digitales como elementos muy globales que tienen una incidencia sobre el ámbito educativo, sobre el ámbito afectivo, sobre la salud mental de los menores, sobre el concepto de soledad y la socialización y sobre patrones adictivos de adicciones sin sustancia, bien sea juegos online o juegos de azar. ¿Qué es lo que nos preocupa de la pornografía? La absoluta impunidad con la que operaban los suministradores de contenido pornográfico, sin ningún tipo de prevención y precaución del acceso de los menores. La mayor parte de veces el menor no busca esos contenidos, sino que le llegan a través de mensajería o a través de pop-ups o elementos de diseño de las propias apps. En este sentido hemos querido que la ley de Entornos Digitales haga el eje de protección y el de verificación de edad. 

Hay que volver a una cultura de prevención y de la educación afectivo-sexual en los centros educativos. No se puede permitir ese pensamiento más conservador de “Yo no quiero que mi hijo estudie educación sexual en el centro educativo”. Eso no es un derecho de la familia, es un derecho del menor. Así como un padre no puede prohibir que a su hijo le enseñen matemáticas, no se puede prohibir que le enseñen educación afectivo-sexual porque está teniendo una incidencia tremenda en la salud mental y en la salud afectiva de los menores. No nos corresponde a nosotros ese debate, hay 17 comunidades con competencias, pero nos consta que el Ministerio de Educación, que es consciente de este problema, está trabajando en su conferencia sectorial y con las comunidades para recuperar el currículum educativo en este ámbito y evitar las graves carencias que los menores están buscando en ChatGPT o en otros contenidos en Internet.

Estudios recientes apuntan a que el número de jóvenes que se identifica como feminista está cayendo. Aunque con grandes diferencias entre chicos y chicas, en ellas también parece estar calando el discurso antifeminista. ¿Debería el Gobierno hacer algo distinto a lo que está haciendo para intentar reconquistarles?

A veces somos muy pesimistas cuando hablamos de esta ola conservadora de los jóvenes. El Ministerio de Igualdad ha dado unos datos que dicen que el 70% de los jóvenes están de acuerdo en que sus compañeras cobren lo mismo que ellos y en que tengan sus mismos derechos. Es decir, lo que se considera que son las bases constitutivas del feminismo, los jóvenes de este país las aprueban, pero luego no quieren declararse feministas. Se ha convertido el término feminismo en algo pernicioso, al igual que ha hecho la extrema derecha con el término ‘MENA’. Es cierto que hay un sesgo importante de género, que hay una ola conservadora en algunos jóvenes, pero también es cierto que en este país los jóvenes están posicionados más a la izquierda, aunque luego en el eje de voto se explicite más el voto a Vox, quizás porque hay un voto contestatario que se puede entender como un elemento de protesta.

El Estado tiene que evitar que las redes sociales se conviertan en un elemento de mentira, de manipulación y de tergiversación. Que exista capacidad de verificar los contenidos, las informaciones y que las fake news no campen a sus anchas. También regular que los delitos de odio, los insultos, las vejaciones y las amenazas no puedan estar en los entornos digitales. La ley de Entornos Digitales ya está en fase de cerrar las enmiendas con los grupos parlamentarios y creo que va a ser un cambio de paradigma muy importante con estas cosas.

Se ha generado debate por la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales hasta una determinada edad. ¿Es una medida factible?

El debate tenemos que ponerlo encima de la mesa en los márgenes jurídicos en que nos movemos en España. En España un menor de 14 años ya no puede tener redes sociales porque la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que ninguna persona menor de 14 años puede ceder sus datos a un operador privado. Lo que vamos a hacer con la ley de Entornos Digitales es elevarla a 16. No se trata de prohibir el acceso a los menores de 16 años a todas las redes sociales, ese es el modelo de Australia, que no está funcionando porque lo que hace es que se generen unas nuevas redes sociales incluso con menos control. Lo que queremos es obligar al sector tecnológico a que si quiere que operen menores de 16 años, las redes tienen que estar adaptadas. ¿Y cómo se adapta a esa edad? Pues por ejemplo, haciendo que un menor de 16 años no pueda interactuar con un adulto que no esté autorizado por los padres. Por lo tanto, ahí introducimos la cuestión del control parental, que los padres decidan con qué personas adultas pueden interactuar sus hijos en WhatsApp.

Usted ha defendido adelantar la edad de voto a los 16 años. ¿Por qué?

Para que los jóvenes defiendan la democracia tenemos que hacerles partícipes de las reflexiones sobre los valores que sustentan la democracia en este país. Si con 16 años se puede trabajar, se puede tomar decisiones sobre salud sexual, reproductiva y del ámbito sanitario, también se tiene que poder votar. Tener derecho a votar al Gobierno que luego va a arbitrar con los sindicatos y la patronal el convenio colectivo que se me va a aplicar cuando empiece a trabajar con 16 años.