El número de asuntos que han ingresado en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil —donde se ven desde divorcios o desahucios a cláusulas abusivas— han descendido un 20,4% en el último año, coincidiendo contra la entrada en vigor de la ley de eficiencia. Esta nueva regulación incluye la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en este tipo de asuntos antes de iniciar cualquier proceso judicial. Fuentes del Ministerio de Justicia valoran que estas cifras evidencian que empieza a cumplirse el objetivo de reducir litigios y agilizar la tramitación de conflictos.

La ley establece que, salvo las excepciones previstas —tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otras—, es obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda. En el Ejecutivo defienden que con esta medida se pretende pasar de “una cultura del litigio a una cultura del diálogo y del acuerdo” que, además, permita reducir la carga de trabajo de los tribunales y que los ciudadanos vean resueltos sus conflictos de forma más ágil. 

La mediación es especialmente útil en asuntos que afectan a un gran número de personas y sobre los que el Tribunal Supremo ya ha fijado el criterio a seguir por el resto de instancias. Es el caso, por ejemplo, de las cláusulas suelo, las preferentes o los fraudes de las clínicas dentales 'lowcost'. Las primeras cifras muestran que la obligación de recurrir a la mediación ha reducido el número de asuntos que ingresan en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

Sin embargo, no es posible saber el número de estos conflictos resueltos fuera de los juzgados que han acabado en un acuerdo que ha evitado ir a los tribunales porque no existen datos oficiales. Sí hay algunas evaluaciones parciales como una encuesta realizada por el Colegio de Abogados de Madrid que apuntó a que solo un 10% de los intentos de mediación acababa en acuerdo. El estudio, elaborado por la revista de la entidad profesional, advertía de una fuerte dispersión de criterios judiciales que aumenta la inseguridad jurídica.

Oficina judicial  

Además de la obligación de la mediación para determinados asuntos, la ley de eficiencia incluye como principal novedad la sustitución de los antiguos 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. El Ministerio defiende que eso permite “una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas”. 

Por ejemplo, en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez, según datos del Ejecutivo.

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. Los sindicatos han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales consultadas por elDiario.es apuntan que la reasignación masiva de funcionarios ha provocado que muchos desconozcan sus nuevas funciones. Estas fuentes también apuntan que se han registrado incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos. 

El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

Fuentes del Ministerio de Justicia reconocen que, a pesar de las “incidencias puntuales” no hay “incidencias estructurales” o “problemas de base” y ponen en valor el documento realizado por el CGPJ, que basa en los informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia. En el departamento que dirige Félix Bolaños afirman que entre el 1 de enero de 2026 y el 27 de marzo, antes del periodo vacacional de Semana Santa, las vistas realizadas aumentaron más de un 3% y las vistas señaladas alrededor de un 6%.

En Justicia admiten, asimismo, que la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de oficina judicial está siendo desigual, aunque “dentro de un orden”. De hecho, consideran que es algo entendible teniendo en cuenta que hay 12 autonomías que tienen la competencia de Justicia transferida. Según el informe del CGPJ, mientras algunas comunidades han diferido su puesta en marcha aprovechando la flexibilidad acordada, en otros territorios, como Andalucía y Canarias, la implantación ha sido solo “formal”, ya que los funcionarios y los órganos siguen trabajando físicamente y organizativamente igual que antes de la reforma. 

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que el Gobierno central ha atendido una “reivindicación histórica” de Castilla-La Mancha en lo que se refiere a juzgados de violencia contra la mujer.

Así ha reaccionado Bolaños este jueves, a preguntas de los medios, durante la inauguración del nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, un acto que ha tenido lugar después de una reunión mantenida con la presidenta del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray.

Esta reunión se ha producido después de que Astray, en una entrevista con Europa Press, denunciara que los tribunales de la región se encuentran “ante un colapso en violencia de género” que afecta directamente a las víctimas y que achacaba a la falta de personal, solicitando “adoptar medidas urgentes, activas y materiales” para que las políticas contra las agresiones machistas tengan eficacia.

Asimismo, también aseguraba que las solicitudes para aumentar la plantilla han sido trasladadas al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial pero no han sido “ni contestadas ni valoradas”.

Tres nuevas secciones en Guadalajara, Ciudad Real y Toledo

Preguntado por este asunto, Bolaños ha apuntado que la reunión con la presidenta del TSJCM ha sido “muy productiva” y ha remarcado que, en lo que respecta a violencia sobre la mujer, desde el Ministerio se han creado 50 nuevas secciones en toda España, de las que tres han ido a parar a Castilla-La Mancha, concretamente en Guadalajara, Ciudad Real y Toledo.

“Por tanto, ha habido una ampliación muy significativa de los recursos de los jueces, de los magistrados que se ocupan de la violencia sobre la mujer”, ha señalado.

Bolaños ha aseverado que este asunto es “fundamental” para el Gobierno y ha defendido un crecimiento de los recursos que era “una reivindicación histórica”, considerando que el Ejecutivo central “ha dado solución a un déficit que existía en Castilla-La Mancha”.

“Estamos trabajando, por supuesto, para que cuanto antes estén a pleno rendimiento”, ha finalizado el ministro.

Resultados “positivos” de los tribunales de instancia

De otro lado, también ha aseverado que ambos han estado “de acuerdo” en los “resultados positivos” que, afirma, ya están teniendo los tribunales de instancia.

Bolaños ha puesto de manifiesto que las cifras de los tribunales de instancia en Castilla-La Mancha son “verdaderamente positivas”, destacando que, desde principios de este año hasta el día de hoy, los juicios celebrados han aumentado un 12% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Es por ello por lo que, ha manifestado, todas las partes presentes en la reunión han puesto en común su “satisfacción” con un cambio “tan enormemente trascendente para la justicia” que está teniendo “resultados muy positivos”.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han aseverado que la reunión entre Astray y Bolaños ha sido “satisfactoria”.

Asimismo, han comentado que las necesidades de personal que existen en materia de violencia sobre la mujer “se van a ir encauzando en breve”.

El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez Correa, acude a Pamplona con motivo de una reunión de las comunidades autónomas sobre los sistemas de notificación de la violencia contra la infancia. En la capital navarra se inauguró hace pocos meses un centro Barnahus o 'casa de los niños', un espacio “adaptado a la infancia” en el que se centralizan todos los servicios y protocolos ante una denuncia por violencia sexual para facilitar el proceso al menor. En la entrevista con elDiario.es, Pérez Correa lamenta que “miles” de personas que han sufrido este tipo de violencia en etapa infantil no la han denunciado y asegura que el modelo Barnahus “funciona”, que “acelera” los procesos y que “ha venido para quedarse”.

Sobre la ley de Violencia Vicaria, que ha abierto una grieta en el Gobierno entre los ministerios de Infancia y Juventud, Justicia e Igualdad, sostiene que “un maltratador nunca es un buen padre”, por lo que aboga por suspender el régimen de visitas “cuando hay una denuncia de violencia de género”.

Un informe elaborado por Save The Children apunta que cuatro de cada diez procesos judiciales de violencia sexual en menores se prolongan más de tres años, dificultando así su recuperación. ¿Cómo se puede reducir ese tiempo?

Tenemos un serio problema, no solo de proceso judicial largo, sino incluso de información previa, de los pasos que se tienen que dar para hacer una denuncia sexual. La gente muchas veces se encuentra con un montón de ventanillas y administraciones diferentes y lo que estamos haciendo hoy [por el martes] en Navarra es un ejemplo de lo que hay que hacer: un sistema judicial adaptado a la infancia, un mecanismo de denuncia donde todos los servicios y todos los protocolos que entran en una denuncia estén en el mismo edificio. Ese es el modelo Barnahus, un modelo que reduce el tiempo de denuncia y hace que todo el peritaje y toda la parte de prueba preconstituida sirva al proceso judicial, lo que lo acelera mucho y da mecanismos magníficos para que no solo que no se dilate demasiado el proceso, sino que haya denuncias. El informe de prevalencia que hemos encargado habla de un 28% de personas que en etapa adulta dicen que han sido víctimas de violencia sexual en la infancia. Eso refleja que hay miles de personas que no están denunciando o que no han denunciado en etapa infantil.

El mismo informe también menciona el problema de que la víctima tenga que declarar en más de una ocasión, provocando así una revictimización.

Es así. No es lo mismo la casa Barnahus, que parece una escuela infantil, en la que hay muebles infantiles y zonas de juegos, donde se puede hacer desde la generación de la prueba preconstituida, la declaración del menor, el acompañamiento de un equipo de psicólogos e incluso lo que es la exploración forense y la exploración médica. También la declaración en el juzgado a través de una cámara con la presencia del juez y de los abogados de las partes. Creo que es un mecanismo absolutamente central ahora mismo, junto con el hecho de que hemos aprobado una ley de eficiencia del sistema judicial que por primera vez crea las secciones de infancia y adolescencia en los juzgados, con lo cual vamos a acelerar mucho los procesos de protección a la infancia en los procesos del ámbito judicial.

¿Ese modelo soluciona todos los problemas que han venido denunciando las asociaciones de víctimas?

Sin duda, en Europa está funcionando. En Catalunya, que es quien va más avanzada porque tiene ahora mismo 12 centros Barnahus, los primeros indicadores dicen que ese proceso se acelera, que es menos traumático, que las familias pueden acompañar al menor y que el menor está más cómodo para realizar la declaración, que es la que constituye la prueba. La Comisión Europea y el Consejo de Europa ya han dicho que esto es una parte estratégica del sistema de protección a la infancia en el ámbito europeo. 

¿Y va a servir para que haya más condenas? Asociaciones de víctimas venían reclamando la necesidad de que la declaración de un facultativo sirviese como prueba preconstituida.

El entorno donde el menor declara muchas veces genera contradicciones en su propia declaración y con Barnahus se evita eso. No es lo mismo declarar en un edificio vetusto del siglo XIX en sede judicial y que puede provocar que el menor declare algo que sea diferente a lo que declaró en sede policial. Esas contradicciones muchas veces se utilizan por parte de los jueces para no dar validez al testimonio del menor. El hecho de que haya un ambiente protector en todo el proceso de declaración, en la generación de la prueba, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también estén dentro del Barnahus, y que sea allí donde hablan y toman declaración al menor, sin duda va a evitar esa falta de pruebas o que el menor incurra en contradicciones y que se desestimen las demandas. Ya está teniendo un impacto muy positivo.

Mencionaba la creación de los juzgados especializados, pero por el momento solo se han anunciado tres.

Por el momento se han anunciado tres porque es cierto que la mayor parte de casos de violencia sexual, cuando es hacia niñas, se están vehiculizando en los juzgados de los juzgados de Violencia de Género. Es un debate que hay ahora mismo: nosotros creemos que no, que tienen que estar vehiculizados en las secciones de Infancia. Se han abierto las tres por el número y volumen de casos, pero es cierto que la revisión es anual. En septiembre se va a volver a revisar este número de necesidades que tiene el sistema judicial y nosotros entendemos que se van a abrir muchas más.

El modelo ha sido recientemente estrenado aquí en Navarra. En otras comunidades ya funciona, ¿se va a extender a todo el país?

Sí, Cantabria también acaba de abrir un centro, en Catalunya se ha abierto otro más en Terrassa, en Las Palmas también, en Andalucía hay varios… Es decir, es un modelo que ha venido para quedarse y el diálogo entre comunidades autónomas está funcionando muy bien. En unos años veremos este modelo como el modelo central. Si nuestras encuestas nos dice que uno de cada cuatro menores han sido víctimas de violencia sexual, tenemos que tener un sistema suficientemente coordinado para la prevención y, sobre todo, para la delimitación de los casos y las condenas.

¿Y cuál es el papel del Ministerio?

De formación y de autoevaluación del modelo. También entendemos que tenemos que poner muchas más garantías en todo el proceso judicial y eso es la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Tenemos una ley puntera en el ámbito del derecho comparado, en lo que son leyes de protección de los menores ante la violencia, pero hemos planteado una reforma de la ley, que estamos trabajando ya con el Ministerio de Justicia, de algunos aspectos que tienen que ver con la declaración del menor, no solo en sede judicial, sino también en todos los ámbitos donde interactúa la relación de los menores con personas adultas. 

También creemos que hay que hacer una protocolización del modelo de ajuste en España. Es cierto que cada comunidad está siguiendo unas pautas muy marcadas consensuadas en el ámbito europeo, pero estamos viendo la posibilidad de arbitrar un Real Decreto para homogeneizar la figura del Barnahus en cuanto a procedimientos, dotaciones, etc.

¿Cómo se puede mejorar la coordinación entre instituciones para facilitar el proceso a quien denuncia?

Precisamente le hemos planteado al Ministerio de Justicia la modificación de la LOPIVI por esta cuestión. Nosotros tenemos una muy buena ley, la conocida como 'ley Rhodes', que nace por una persona que ha sufrido abusos y se encontró con esa maquinaria burocrática de tocar muchas puertas, muchas ventanillas. Eso ahora se ha simplificado y se tiene todo en un mismo centro, pero también es necesario tener el mecanismo jurídico bien engrasado. Por ejemplo, tenemos que conseguir que los jueces escuchen al menor de manera muy clara, donde haya causa Barnahus y donde no la haya, donde haya sección de Infancia o donde no haya. Y para eso la LOPIVI tiene que cambiar.

También tenemos que cambiar algunos mecanismos que ahora mismo rigen en el ámbito de la prevención. Por ejemplo, la figura de los coordinadores de bienestar de los centros educativos, que son los que detectan de manera preventiva estos casos, los que pueden derivar a sede judicial y los que pueden establecer un protocolo y un seguimiento. Creemos que en esos mecanismos que se cambian en la LOPIVI se puede facilitar que la denuncia de un menor que es víctima de violencia sexual se dé por la identificación del personal educativo, la figura del coordinador de bienestar como elemento central en el ámbito educativo o el monitor de un centro de ocio y tiempo libre o el monitor o entrenador de un club de fútbol. Y eso sí que requiere una parte muy importante de formación que tiene que desarrollar la propia LOPIVI.

¿Hay ya fecha para llevar la reforma al Consejo de Ministros?

Hemos cerrado una propuesta de texto que le hemos trasladado al Ministerio de Justicia. Estamos trabajando ya esta semana en las reuniones con el Ministerio de Justicia y entiendo que en este primer tramo del año lo vamos a tener porque son cuestiones más técnicas que tenemos que consultar también con el Consejo General del Poder Judicial. Se puede llegar a un consenso en los próximos meses.

En Álava y en Navarra opera un campamento que ha recibido una veintena de denuncias por violencia sexual. Hay una investigación en curso, pero el Gobierno vasco quiere endurecer la ley vasca para que se pidan antecedentes de delitos sexuales. ¿No es algo que ya existe?

Existe, pero es cierto que tenemos que endurecerla mucho más. Ahora mismo un profesor condenado por un caso de violencia sexual, una vez acabada su condena, se puede reincorporar al ámbito educativo. Eso lo queremos endurecer. Vamos a hacer una reforma a algún artículo de la LOPIVI para que las personas que han tenido condenas de este tipo sean apartados de manera indefinida de la posibilidad de volver a ser docentes. Hay docentes que han sido abusadores y, cumplida su condena de inhabilitación, han regresado al ámbito educativo. La LOPIVI dejaba ahí un marco y es lo que queremos corregir, también por petición de los sindicatos, que nos han pedido que se aclare mucho más esta figura por una cuestión de protección a la infancia en el ámbito educativo.

El Gobierno ha chocado por la Ley de Violencia Vicaria, con diferencias entre ministerios. Juventud e Infancia se descolgó del primer texto al considerar que no garantizaba los derechos de las mujeres y los niños y adolescentes. Desde entonces, los ministerios implicados han seguido negociando. ¿En qué punto se encuentra actualmente?

Estamos intentando avanzar un texto, pero nosotros tenemos una premisa, y es que un maltratador nunca es un buen padre. Por lo tanto, para nosotros la suspensión del régimen de visitas cuando hay una denuncia de violencia de género debe estar reconfigurada. Hemos avanzado en algunas cosas, como lo que tiene que ver con la escucha de los menores, pero necesitamos desatascar esta cuestión, que no es solo nuestra visión como Ministerio, es algo demandado por una parte muy importante de la judicatura, sobre todo mujeres, que son las que dicen que están hartas de no poder determinar esas suspensiones muchas veces por falta de corpus jurídico. Aprovechando que es muy necesaria una ley de Violencia Vicaria, intentemos colocar esta cuestión como cuestión central. Y luego no disociar nunca la violencia vicaria como algo endógeno de la violencia de género. La verdad es que en estas semanas de negociación hemos avanzado mucho en un texto de consenso.

Una de las cuestiones en las que más se pone el foco en el Gobierno al hablar de juventud y violencias sexuales es en el consumo de pornografía. ¿Centrar el debate público en el porno puede estar desplazando la discusión de fondo sobre los déficits en educación afectivo-sexual?

Totalmente. Establecer el problema solo sobre la cuestión del porno desdibuja el problema que tenemos de la exposición de los menores en los entornos digitales. Nosotros siempre hablamos de los entornos digitales como elementos muy globales que tienen una incidencia sobre el ámbito educativo, sobre el ámbito afectivo, sobre la salud mental de los menores, sobre el concepto de soledad y la socialización y sobre patrones adictivos de adicciones sin sustancia, bien sea juegos online o juegos de azar. ¿Qué es lo que nos preocupa de la pornografía? La absoluta impunidad con la que operaban los suministradores de contenido pornográfico, sin ningún tipo de prevención y precaución del acceso de los menores. La mayor parte de veces el menor no busca esos contenidos, sino que le llegan a través de mensajería o a través de pop-ups o elementos de diseño de las propias apps. En este sentido hemos querido que la ley de Entornos Digitales haga el eje de protección y el de verificación de edad. 

Hay que volver a una cultura de prevención y de la educación afectivo-sexual en los centros educativos. No se puede permitir ese pensamiento más conservador de “Yo no quiero que mi hijo estudie educación sexual en el centro educativo”. Eso no es un derecho de la familia, es un derecho del menor. Así como un padre no puede prohibir que a su hijo le enseñen matemáticas, no se puede prohibir que le enseñen educación afectivo-sexual porque está teniendo una incidencia tremenda en la salud mental y en la salud afectiva de los menores. No nos corresponde a nosotros ese debate, hay 17 comunidades con competencias, pero nos consta que el Ministerio de Educación, que es consciente de este problema, está trabajando en su conferencia sectorial y con las comunidades para recuperar el currículum educativo en este ámbito y evitar las graves carencias que los menores están buscando en ChatGPT o en otros contenidos en Internet.

Estudios recientes apuntan a que el número de jóvenes que se identifica como feminista está cayendo. Aunque con grandes diferencias entre chicos y chicas, en ellas también parece estar calando el discurso antifeminista. ¿Debería el Gobierno hacer algo distinto a lo que está haciendo para intentar reconquistarles?

A veces somos muy pesimistas cuando hablamos de esta ola conservadora de los jóvenes. El Ministerio de Igualdad ha dado unos datos que dicen que el 70% de los jóvenes están de acuerdo en que sus compañeras cobren lo mismo que ellos y en que tengan sus mismos derechos. Es decir, lo que se considera que son las bases constitutivas del feminismo, los jóvenes de este país las aprueban, pero luego no quieren declararse feministas. Se ha convertido el término feminismo en algo pernicioso, al igual que ha hecho la extrema derecha con el término ‘MENA’. Es cierto que hay un sesgo importante de género, que hay una ola conservadora en algunos jóvenes, pero también es cierto que en este país los jóvenes están posicionados más a la izquierda, aunque luego en el eje de voto se explicite más el voto a Vox, quizás porque hay un voto contestatario que se puede entender como un elemento de protesta.

El Estado tiene que evitar que las redes sociales se conviertan en un elemento de mentira, de manipulación y de tergiversación. Que exista capacidad de verificar los contenidos, las informaciones y que las fake news no campen a sus anchas. También regular que los delitos de odio, los insultos, las vejaciones y las amenazas no puedan estar en los entornos digitales. La ley de Entornos Digitales ya está en fase de cerrar las enmiendas con los grupos parlamentarios y creo que va a ser un cambio de paradigma muy importante con estas cosas.

Se ha generado debate por la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales hasta una determinada edad. ¿Es una medida factible?

El debate tenemos que ponerlo encima de la mesa en los márgenes jurídicos en que nos movemos en España. En España un menor de 14 años ya no puede tener redes sociales porque la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que ninguna persona menor de 14 años puede ceder sus datos a un operador privado. Lo que vamos a hacer con la ley de Entornos Digitales es elevarla a 16. No se trata de prohibir el acceso a los menores de 16 años a todas las redes sociales, ese es el modelo de Australia, que no está funcionando porque lo que hace es que se generen unas nuevas redes sociales incluso con menos control. Lo que queremos es obligar al sector tecnológico a que si quiere que operen menores de 16 años, las redes tienen que estar adaptadas. ¿Y cómo se adapta a esa edad? Pues por ejemplo, haciendo que un menor de 16 años no pueda interactuar con un adulto que no esté autorizado por los padres. Por lo tanto, ahí introducimos la cuestión del control parental, que los padres decidan con qué personas adultas pueden interactuar sus hijos en WhatsApp.

Usted ha defendido adelantar la edad de voto a los 16 años. ¿Por qué?

Para que los jóvenes defiendan la democracia tenemos que hacerles partícipes de las reflexiones sobre los valores que sustentan la democracia en este país. Si con 16 años se puede trabajar, se puede tomar decisiones sobre salud sexual, reproductiva y del ámbito sanitario, también se tiene que poder votar. Tener derecho a votar al Gobierno que luego va a arbitrar con los sindicatos y la patronal el convenio colectivo que se me va a aplicar cuando empiece a trabajar con 16 años.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue uno de los primeros en reaccionar a la elección de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Tras un lustro de bloqueo, Bolaños afirmó en septiembre de 2024 que su elección era una “magnífica noticia” y que estaba “muy contento”. Esta semana, cuando ese mandato está a punto de superar el año y medio, el titular de Justicia no pudo disimular su malestar con uno de los últimos discursos de Isabel Perelló, que tachó de “político”. 

Por segundo año consecutivo la presidenta del Poder Judicial y del Supremo había empleado su intervención institucional de bienvenida a los nuevos jueces en Barcelona para censurar proyectos del Gobierno. Meses atrás, en la apertura del año judicial y de nuevo ante el rey Felipe VI, Perelló también pidió frenar las “inoportunas y rechazables (...) descalificaciones” a los jueces después de que Pedro Sánchez afirmara en televisión que algunos jueces “hacen política”. Meses antes, en junio, había hablado de “presiones intolerables” tras el cuestionamiento por parte de algunos ministros de la causa contra el ex fiscal general del Estado. 

En privado, fuentes del Ejecutivo consideran que Perelló ha decidido situarse en una posición política de confrontación que “no le corresponde” como sexta autoridad del Estado. Por contra, sus discursos son alabados por el bloque conservador del CGPJ, cuyos vocales se sienten cómodos con sus exposiciones de tinte corporativista, en las que hace constantes alusiones a la independencia judicial y únicamente admite como aceptables las críticas “razonables”, tal y como dijo en su discurso de esta semana. 

Esa sintonía se deja ver también en sus movimientos dentro del órgano. El pasado octubre unió sus votos al grupo conservador para acordar un nuevo reparto de poder claramente favorable a los vocales elegidos a iniciativa del Partido Popular. Con la nueva configuración, ocho de las once comisiones en las que se organiza el trabajo institucional tienen mayoría conservadora. El vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado también participó en esa operación y logró mantener su puesto en la Comisión Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. 

Fue un reparto negociado a espaldas de los progresistas, lo que elevó la tensión hasta límites no vistos durante este mandato. En un duro comunicado, ocho vocales elegidos a iniciativa del PSOE y otra de Sumar acusaron a la presidenta de haber impuesto de “manera abrupta y deliberada” un cambio de reglas que les “excluye”. El líder en la sombra de los vocales de la izquierda amenazó incluso con presentar su dimisión. 

En esa nueva distribución es clave el posicionamiento de la presidenta, que tiene voto de calidad en caso de empate y que se ha puesto de perfil en asuntos de calado. Es el caso de las propuestas sobre el sistema de elección de los vocales o las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha.

De forma reciente, su voto permitió la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Pero también se volvió a unir a los consejeros de la derecha y Preciado para situar a una magistrada vinculada a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura en un puesto de carácter técnico. 

Malestar en el grupo progresista

En el grupo de vocales elegidos a iniciativa de Sumar no ven a Perelló como una de las suyas. Distintas fuentes de este grupo coinciden en señalar que el malestar viene de lejos y subrayan la incomodidad que sintieron el pasado martes, en el acto institucional de bienvenida a los nuevos jueces. Recuerdan que el año pasado, en este mismo acto, el objeto de reproches fue el nuevo sistema de oposiciones a la carrera que prepara el Gobierno y que se encuentra en tramitación parlamentaria.

Cuestionan que esta semana Perelló hiciera, de nuevo, un discurso “sesgado”. La presidenta señaló, por ejemplo, que la mayoría de los nuevos jueces no tienen vínculos familiares previos con la Carrera Judicial —tal y como confirman los datos—, pero también dijo que son “representativos de la sociedad”. Según la propia encuesta realizada por el CGPJ, el 97,32% contó con el soporte económico de sus padres durante la preparación de la oposición, que la mayoría preparó durante más de cinco años. Además, el 69,49% no había trabajado anteriormente. 

También critican que hiciera alusión a cuestiones “absolutamente políticas” y sobre las que “no hay consenso” en el CGPJ, como la ley de eficiencia que supone una nueva organización de los juzgados. Perelló aludió a la “preocupación” del órgano sobre este cambio. Y afeó al Ministerio que haya implantado la reforma “desconociendo el papel del juez y su relación con los procedimientos”, además de no haber contado con los magistrados. “Las reformas han de hacerse de forma ordenada, garantizada y con el tiempo necesario”, apostilló.

Por otro lado, tildó de “buena noticia” la creación de 500 plazas de juez anunciada por el Ministerio, pero a renglón seguido lamentó que “no aborda ni resuelve el problema de fondo”. “No incrementa el número real de jueces disponibles, de modo que las vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando”, aseveró. “Me sorprende que el Consejo solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda (...) y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, respondió Bolaños un día después. 

En el bloque conservador, por contra, sostienen que la presidenta hizo un discurso “muy correcto”. “Estoy conforme con todo lo dicho”, dice una fuente de este grupo. “No sé cómo el Gobierno anuncia la creación de 500 plazas cuando solo ha convocado 120 [en la oposición del turno libre]”, apostilla otro vocal que sostiene que la información que les llega sobre los nuevos tribunales de instancia es que su implantación está siendo “caótica”. 

El cruce de reproches entre los máximos responsables del CGPJ y del Ministerio de Justicia se produce precisamente en un momento en el que ambas instituciones están negociando asuntos de enorme calado. Es el caso de la implantación de los tribunales de instancia y la cobertura de esas 500 nuevas plazas que no se pueden dotar de personal solo con la tradicional oposición memorística debido a la falta de Presupuestos.

El Gobierno pretende que el órgano de gobierno de los jueces mueva ficha y active el llamado cuarto turno, la vía reservada a profesionales del Derecho con un mínimo de 10 años de ejercicio que deberían ser el 25% de la carrera y solo llegan al 9% por el incumplimiento histórico del CGPJ. Está obligado a convocar este proceso cada dos años. Pero la última convocatoria es de febrero de 2023 y todavía no hay nueva fecha. Las negociaciones siguen abiertas. 

El Ministerio de Justicia quiere revertir el “déficit” histórico de jueces del llamado cuarto turno de juristas de reconocido prestigio y cubrir así gran parte de las 500 nuevas plazas que se crearán este 2026. En un oficio remitido este miércoles al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que ha tenido acceso elDiario.es, el departamento dirigido por Félix Bolaños urge al órgano de gobierno de los jueces a convocar “de inmediato” esta vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El CGPJ está obligado a convocar este proceso cada dos años. La última convocatoria es de febrero de 2023, por lo que lleva un año de retraso. 

El compromiso del Gobierno de crear 500 nuevas plazas de jueces, que busca empezar a revertir el déficit estructural de magistrados, enfrenta el reto de una implementación que no será ni mucho menos inmediata y que se produce en un escenario de tensión creciente con el CGPJ. Su presidenta, Isabel Perelló, dijo este martes ante el rey Felipe VI que el proyecto del Gobierno “no resuelve el problema de fondo” de falta de magistrados a pesar de que el órgano había reclamado este incremento. El ministro Bolaños tachó de “político” su discurso y cuestionó el “inmovilismo” de la cúpula judicial. 

La ley establece desde 1985 que de cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría magistrado dos deben cubrirse por concursos por escalafón (antigüedad), una a través de pruebas de especialización (civil, penal, contencioso, violencia sobre la mujer...) y otra por este cuarto turno. Se llama así porque se suponía que sería una cuarta parte de las plazas: el 25%. La realidad es que solo el 9% de los jueces en activo ha entrado así debido al incumplimiento histórico del CGPJ. El Gobierno afirma que hay un “déficit” de 781 jueces elegidos por esta vía teniendo en cuenta todas las vacantes producidas en ejercicios anteriores, aunque el órgano de gobierno de los jueces lo reduce a 230, según las cifras recogidas en ese oficio. 

El Ministerio pretende que el CGPJ mueva ficha y convoque cuanto antes un proceso sobre el que tiene la competencia “exclusiva” ante “la necesidad de cubrir urgentemente las 500 nuevas plazas que se crearán” este año. Su movimiento se explica también por las enormes dificultades que tiene para dotar de personal a esas plazas por otras vías como la tradicional oposición memorística debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno. 

Por un lado, continúa en tramitación la ley que reforma el acceso a la carrera, que contempla la incorporación de 480 nuevos jueces al año durante los próximos tres ejercicios, así como la puesta en marcha de un proceso de estabilización que permitiría el acceso de alrededor de 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes. Por otro, la ausencia de Presupuestos acota a 200 las plazas que se pueden convocar este año del llamado turno libre (la oposición) porque es el límite previsto en las últimas cuentas aprobadas, las de 2023, que se prorrogarán si no hay acuerdo parlamentario.

Como un efecto dominó

El pasado 27 de enero representantes de Justicia y del CGPJ se reunieron en la llamada comisión-mixta para abordar la dotación de esas 500 nuevas plazas que el Ejecutivo confía en tener creadas después del verano. Pero una cosa es la creación administrativa de la plaza y otra la llegada efectiva de un juez que la ocupe. “Eso es una silla con una mesa, no es el señor o la señora que va a dictar sentencias”, explica una fuente. 

El proceso funciona como un efecto dominó en el que las nuevas plazas se ofrecen a los magistrados más veteranos, que tienen la opción de optar a los nuevos destinos en función de su antigüedad. Solo cuando la vacante llega al final de cadena se puede ofrecer a quienes acaban de entrar en la carrera. Ese proceso no estará culminado hasta dentro de un año, según el horizonte temporal con el que trabaja el Ministerio.

Distintas fuentes presentes en esa reunión confirman que los miembros del CGPJ reclamaron al Ejecutivo que aumente el número de plazas de la convocatoria de acceso por oposición de 2026, que alcanza un total de 200. Citaron el precedente de 2004, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión similar. El Gobierno está analizando esta petición, pero sus técnicos lo ven difícil, ya que la ley dice explícitamente que se pueden convocar “como máximo 200 plazas” para el acceso a la carrera judicial y fiscal. Argumentan que en 2004 la redacción de la ley presupuestaria era más flexible. 

Es por ello que los representantes del Ministerio defendieron que la única opción para completar esos huecos de forma más o menos rápida es potenciar el cuarto turno, a quienes se sumarían los jueces de las últimas promociones que no tenían puesto de titular y, en última instancia, jueces sustitutos de la bolsa de casi un millar que hay en esta situación. 

Según datos del CGPJ, desde 2014 hasta la actualidad se han convocado 208 plazas para el cuarto turno: 11 en 2013, 50 en 2015, 12 en 2018, 50 en 2020 y 85 en 2023. Por contra, las plazas del turno libre han ascendido en el mismo período en 1.232. Son unas cifras que muestran el boicot permanente del órgano a una vía de acceso que es una especie de puente para que juristas ya en activo y con más de diez años de experiencia profesional –académicos, abogados…– se puedan convertir en jueces por medio de un concurso de méritos donde no se mide su capacidad para recitar de memoria el Código Penal.

Documentación interna del CGPJ reconoce un déficit de plazas del cuarto turno en la última década y recoge que “en la práctica no se vienen haciendo” las reservas que establece la ley, si bien rebaja la cifra a 88. El argumento es que las plazas del cuarto turno “se convocan a largo plazo” y “resulta poco operativo reservar plazas sin juez titular durante periodos de tiempo extensos”. Así, se ha dado preferencia a la modalidad de ascenso por escalafón con la tesis de que eso posibilita que se ofrezcan más plazas a las nuevas promociones que salen de la Escuela Judicial tras haber hecho la oposición. 

En realidad, el proceso del cuarto turno puede ser más ágil: tras superar un concurso con tres fases (valoración de méritos, dictamen y entrevista), su paso por la Escuela Judicial dura solo cuatro meses, en contraste con los dos años que requieren los aspirantes del turno libre. La última promoción del cuarto turno inició el proceso en febrero de 2023 y recogió sus despachos tres años después, en enero de 2026. En el turno libre, desde la publicación de las bases hasta la recogida de despachos celebrada este martes en Barcelona pasaron casi tres años y medio. 

Fuentes del CGPJ explican que se están valorando opciones para agilizar la convocatoria del cuarto turno. Esas medidas, que todavía están en fase de estudio, pasarían por realizar en primer lugar el dictamen y hacer la valoración de méritos de solo aquellos aspirantes que hayan pasado esa primera prueba.

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la tramitación de urgencia de un real decreto que recoge las nuevas retribuciones para los abogados del turno de oficio. El nuevo reglamento, al que ha tenido acceso elDiario.es, supone la culminación de la ampliación del derecho a la justicia gratuita, con independencia de su nivel de renta, para las mujeres y menores víctimas de violencia sexual. La llamada ley de eficiencia, que entró en vigor hace un año, les reconoció este derecho, pero todavía no se habían publicado los baremos que se utilizan para retribuir a los profesionales que asumen estos casos, así como los de las víctimas de terrorismo y de trata y las personas con discapacidad necesitadas de “especial protección”.

En el catálogo que acompaña al texto se recoge la retribución que tendrán a partir ahora los abogados de oficio que representen a estas víctimas, que están exentas de todo el coste judicial (tasas, abogado y procurador) en aquellos pleitos que tienen que ver con su condición de víctima. La cuantía se fija en 87,63 euros, que se eleva hasta los 131,22 euros si el letrado acompaña a la víctima al formular la denuncia o solicitar una orden de protección después de haberla asesorado. La estimación del Ejecutivo es que esté aprobado dentro de dos meses y que, entonces, entre en vigor.

Esa cantidad es similar a la recibida por asesorar a las mujeres que han sufrido maltrato, que también gozan de este derecho con independencia de que tengan o no recursos para litigar y cuya remuneración fue actualizada hace un año. “La modificación asimila a todas estas víctimas con las víctimas de violencia de género con el mismo nivel de protección y garantizando la asistencia inmediata”, afirman fuentes del Ejecutivo. La asistencia a estos nuevos colectivos de víctimas tendrá un coste estimado de 144.000 euros en 2026. 

Audiencia Nacional

Por otro lado, el Ministerio de Justicia busca con este real decreto reducir la tensión existente con los letrados adscritos al turno de oficio en la Audiencia Nacional, donde se instruyen casos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado o corrupción. En los últimos meses se ha producido la renuncia de algunos profesionales ante la falta de medios para garantizar una defensa adecuada en procedimientos de especial complejidad, según un comunicado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Según esta organización, los letrados reciben apenas 244,95 euros netos por asunto en procedimientos que pueden alargarse durante meses o años. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha llegado a expresar su “preocupación” por esta situación. 

El nuevo reglamento incrementa un 38% el importe de las guardias de 24 horas ante la Audiencia Nacional que perciben los abogados del turno de oficio: pasa de 170,25 a 235,40 euros. También hay un aumento en la remuneración de los procedimientos penales “de especial complejidad” que se instruyen en este tribunal, que sube de 408,24 a 642 euros, lo que supone un incremento de más del 50%. El coste estimado de esta partida es el más elevado de todas las medidas que contempla el reglamento y supera los 250.000 euros. 

Acuerdo extrajudicial

La introducción del Real Decreto advierte de que el trabajo de los abogados de oficio “ha ido evolucionando” con el tiempo, sobre todo a partir de la Ley Orgánica 5/2024 que regula el Derecho de Defensa. Entre las novedades del reglamento está la inclusión de una “compensación superior” para el letrado a la que ofrece el propio procedimiento judicial si este culmina en acuerdo. Se trata, dice el texto, de “promover una cultura de diálogo y acuerdo que beneficie al conjunto de la ciudadanía y al buen funcionamiento de la administración de justicia”.

Así, se incentiva económicamente la negociación y el acuerdo extrajudicial con el objetivo de reducir la litigiosidad. Con la nueva norma, si el profesional logra un acuerdo —a través de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) o de una transacción extrajudicial— percibirá el 125% de la cuantía aplicable al procedimiento judicial. Si se participa en un MASC pero no se logra acuerdo, se establece una compensación de 30 euros. La citada ley de eficiencia establece que para admitir una demanda civil es requisito probar un intento previo de acuerdo mediante MASC. 

Por otro lado, el Real Decreto también modifica el momento en el que los profesionales cobran sus honorarios. El nuevo marco normativo reestructura el calendario de cobros e implanta, como regla general, un sistema de pagos fraccionados como regla general. Los profesionales percibirán el 70% de los honorarios al inicio del proceso —tras la admisión de la demanda, recurso o apertura de juicio oral— y el 30% restante al finalizar la instancia con la sentencia. 

No obstante, el reglamento contempla excepciones para garantizar una retribución ágil en actuaciones específicas. En los nuevos MASC y transacciones extrajudiciales, se tramitará un expediente único y se abonará la totalidad tras acreditar el resultado de la negociación. En las visitas a prisión y los expedientes de extranjería devengarán el 100% del importe una vez certificada la actuación o resolución administrativa. 

El Gobierno creará diecinueve plazas de jueces en Castilla y León en 2026, “la mayor ampliación de la planta judicial en la historia”, lo que supondrá un crecimiento del 5,8%, ha informado este lunes el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en nota de prensa.

En total, en España, el gobierno creará 500 plazas judiciales en 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, con lo que la actual planta judicial crecerá un 8,5% en un año.

De las 19 nuevas plazas en Castilla y León, 18 serán para tribunales de instancia (TI) y una para la Audiencia Provincial de León. Entre los TI que se verán reforzados figuran los de Valladolid, León, Burgos, Salamanca, Segovia y Ávila.

Con las diecinueve previstas para Castilla y León, se crearán, en un año, casi tantas plazas judiciales como en la última década -en ese tiempo se crearon veintidós-.

La creación de nuevas plazas en España es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000.

Por tanto, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260.

La distribución de las nuevas plazas en España se ha realizado atendiendo a criterios como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia.

El Ministerio también sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado diciembre.

El Gobierno ha anunciado este lunes que creará 500 plazas de jueces este año para reforzar especialmente los tribunales de instancia, además de otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. “Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año” de la historia judicial española, recoge un comunicado del Ministerio de Justicia. 

El departamento que dirige Félix Bolaños resalta que la creación de ese medio millar de plazas en un año es “una cifra superior a la suma de las creadas durante la última década” y es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La planta judicial crecerá un 8,5% en un solo año y que la medida tendrá un coste de 55,7 millones de euros. 

Esa ley introduce un “nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente” al eliminar los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico.

Ese modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de poner en marcha un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras que activar un juzgado tradicional “costaba alrededor de 500.000 euros. ”En total, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones“, ha contrapuesto, para resaltar que con esta iniciativa ”la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año“.

Justicia ha explicado que, de las 500 nuevas plazas, 363 serán para tribunales de instancia, dos para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3). Las 50 plazas restantes serán de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales, ha precisado.

Según Justicia, para la distribución de las 500 nuevas plazas se ha tenido en cuenta criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma, así como los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de justicia.

Juezas y Jueces para la Democracia celebra la medida 

El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha calificado de “muy relevante” el anuncio de Justicia. Rodríguez considera que “la medida ha sido posible gracias a la transformación estructural que suponen los tribunales de instancia, que, a diferencia de los antiguos juzgados, facilita incrementar el número de integrantes de la judicatura que trabaja en los mismos”.

Rodríguez también considera un “acierto” que la nueva creación de plazas judiciales se haga en los tribunales con mayor carga de trabajo“, puesto que ”los casos más relevantes se encuentran en la primera instancia y en aquellas localidades que desde tiempo atrás se ha detectado padecen más problemas como consecuencia del significativo aumento de la litigiosidad“.

Juezas y Jueces para la Democracia espera que esta medida permita dar acomodo a las últimas promociones judiciales —en particular la 73 y 74— que estaban abocadas a trabajar como juezas y jueces en expectativa de destino, una figura que, a su juicio, debería ser suprimida por el Consejo General del Poder Judicial.

La matinada del 21 de gener de 2019, les flames van començar a expandir-se al número 4 del carrer Isidor Macabich de Vila. El foc, provocat per dos homes que van ser condemnats, cada un, a quatre anys i un dia de presó, va grimpar per la façana dels antics jutjats mentre els cossos d'emergències es desplaçaven a tot córrer cap al cor de la ciutat. Així es va quedar Eivissa sense la seu judicial que havia aixecat en 1981. Ara fa sis anys del succés que va precipitar la complexa reorganització de la Justícia que arrossega l'illa. Des d'aquesta matinada en què F.F.F. i J.C.V., el major dels germans Cazorla -condemnats per diversos robatoris en Balears i acusats d'altres delictes-, van provocar que el foc calcines parcialment la segona i tercera planta de l'edifici, que roman buit des de llavors i simbolitza el punt de partida d'una mudança precipitada. Es van perdre, a més, incomptables expedients judicials, el que ha provocat demores de fins a dos anys en els procediments.

A finals d'aquell mateix any, el 2 de desembre, es va inaugurar la nova seu judicial en una jornada que el llavors jutge degà, Juan Carlos Torres, va batejar com a “històrica”. El dimarts següent, la vida arrencava a l'edifici recentment estrenat a la plaça de Sa Graduada, que va posar ràpid en marxa els seus engranatges. Des de llavors, es concentren allà els jutjats d'instrucció, els penals, el deganat penal, l'Institut de Medicina Legal i Forense, l'Oficina d'Assistència a les Víctimes, el Jutjat de Violència sobre la Dona, la Fiscalia i el jutjat social. És, sobre el paper, el nucli principal de l'activitat judicial a l'illa.

Però les funcions judicials es reparteixen entre aquesta seu i l'edifici Cetis, on es mantenen els sis jutjats d'instància, el Registre Civil, el deganat civil i el Servei Comú d'Actes de Comunicació i Execució. Denominacions que es transformaran a mesura que entri en vigor la reforma judicial recentment aprovada. La repartició ha causat desesper entre jutges, advocats i altres treballadors de la Justícia. En 2021, la ministra de Justícia en aquells dies, Pilar Llop, va visitar l'illa i ja va avisar que la dispersió de les seus provocaria “serioses disfuncions”, fet que s'ha anat palpant al llarg dels anys.

Un pressupost inicial de 16 milions

El retard de la nova seu no és nou, sinó que arrossega gairebé una dècada de burocràcia i promeses incomplertes per part de l'Administració. El projecte va començar a prendre forma a l'octubre de 2015, quan la llavors subsecretària del Ministeri de Justícia, Àuria Roldán, va anunciar la construcció de l'edifici a l'emplaçament de l'antiga escola de Sa Graduada.

La presentació va arribar acompanyada d'un pressupost de 16 milions d'euros i d'una explicació que augurava futures demores. L'obra -va compartir Roldán- es dividiria en dues fases “per motius pressupostaris”. Així ho detallava també la memòria justificativa del Ministeri, publicada tres anys enrere per a reactivar la segona fase del projecte, la mateixa que actualment segueix sense executar-se.

La dimensió del projecte plantejat era considerable: una seu de 12.251 metres quadrats pensada per a unificar tots els jutjats. D'ells, 8.173 metres ja estan acabats i en ús des de fa anys. Aquesta primera fase, l'única culminada, es va inaugurar al desembre de 2019 i va permetre traslladar part de l'activitat judicial al nou edifici. La resta, els 4.000 metres quadrats pendents, que inclouen espais essencials com les àrees de reserva i serveis complementaris, continuen esperant que es completi una obra anunciada fa gairebé deu anys i que continua lluny de materialitzar-se.

L'obra, prevista per a 2028

L'empresa Santatecla Arquitectos S.L, adjudicatària de la redacció i direcció del projecte, va lliurar el seu treball el gener passat de 2024, després d'haver estat triada en el procés de licitació. Posteriorment, es va treure a concurs el projecte d'execució de les obres i, encara que diverses constructores van mostrar interès per fer-se amb el contracte i fins i tot van visitar l'edifici per a avaluar la complexitat de l'obra pendent, només va arribar fins al final del procés l'empresa valenciana Vilor Infraestructuras. La companyia va ser l'única a presentar una oferta formal per a completar els treballs, que han tornat a sortir a concurs.

La proposta de Vilor va quedar descartada d’immediat. L'empresa havia plantejat un pressupost de 6,85 milions d'euros, una xifra que superava el límit fixat pel Ministeri -5,99 milions sense impostos- i que, per tant, implicava la seva exclusió automàtica de la licitació. Amb la seva caiguda, el projecte va tornar a quedar en punt mort. Ara, la Secretaria d'Estat de Justícia ha tornat a treure a concurs les obres de condicionament de la coneguda com a ‘zona de reserva’ del nou edifici judicial.

El projecte, valorat en 8,63 milions d'euros, cerca completar aquesta segona fase que acumula gairebé tres anys de retard. El contracte, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), preveu un termini d'obra de 20 mesos que des de la unitat Territorial de Justícia a l'illa van estimar, en un principi, que es podrien reduir a 15. Una promesa que cada vegada sembla menys factible.

Fonts judicials consultades per elDiario.es han advertit que, amb aquest nou retard, és impossible que l'edifici pugui donar-se per finalitzat abans de 2028. De fet, encara estan pendents de condicionar-se 4.078 metres quadrats de l'immoble. Fins avui, han coexistit -i continuaran coexistint, de moment- les dues seus judicials i s'han mantingut externalitzats serveis que haurien d'estar integrats al nou immoble, amb el sobrecost que això implica.

Fins a mínim 2028 continuaran coexistint les dues seus judicials i es mantindran externalitzats serveis que haurien d'estar integrats al nou immoble, amb el sobrecost que això implica

Un lloguer de 600.000 euros anuals

Tan sols el lloguer de l'espai en l'edifici Cetis, on es situen els sis jutjats de la jurisdicció civil, suposa cada any centenars de milers d'euros per a l'Estat. D'altra banda, la Secretaria d'Estat ha elevat 1,4 milions d'euros en aquest segon concurs per a licitar l'execució de les obres (després de que l'altra convocatòria quedés deserta) perquè les empreses estiguin interessades a presentar les seves ofertes.

Per ara, la situació implica continuar prorrogant el contracte de lloguer al Cetis, propietat de l'empresa de transport públic Sagalés, que també fa ús de part de les instal·lacions. El sobrecost ronda els 600.000 euros anuals, assenyalen les mateixes fonts judicials consultades. elDiario.es ha intentat posar-se en contacte amb el Ministeri de Justícia per a accedir a aquest contracte per via telefònica i per correu electrònic, sense haver obtingut resposta sobre aquest assumpte concret en el moment en què es publica aquest article.

Quan va néixer fa gairebé una dècada el projecte de la nova seu judicial, ho va fer amb una previsió molt diferent a l'actual: sense augurar les interminables dilacions del procés d'obra. El Ministeri va fixar agost de 2020 com a data límit per a la inauguració completa de l'edifici i, encara avui dia, només es pot donar ús a dos terços del complex i la finalització del conjunt es continua ajornant sense data de fi. Però el Govern central ja ha avançat que, en efecte, els treballs no començaran fins a, mínim, mitad del pròxim 2027.

Amb això, la Justícia eivissenca porta, en total, vuit anys funcionant amb un edifici parcialment executat, el que ha generat perjudicis a la ciutadania, com ja va vaticinar Llop durant la seva visita. La problemàtica ha afectat sobretot serveis essencials, com per exemple, en el funcionament dels equips forenses, que han hagut de treballar durant anys en instal·lacions cedides per l'empresa Pompas Fúnebres, ofertes de manera gratuïta, segons informacions publicades per Diario de Ibiza. És una evidència més de la urgència de completar quan abans la seu judicial.

La madrugada del 21 de enero de 2019, las llamas empezaron a expandirse en el número 4 de la calle Isidor Macabich de Vila. El fuego, provocado por dos hombres a los que les cayeron, por cabeza, cuatro años y un día de cárcel, trepó por la fachada de los antiguos juzgados mientras los cuerpos de emergencias se desplazaban a toda prisa al corazón de la ciudad. Así se quedó Eivissa sin la sede judicial que había levantado en 1981. Ahora hace seis años del suceso que precipitó la compleja reorganización de la Justicia que arrastra la isla. Desde esa madrugada en que F.F.F. y J.C.V., el mayor de 'los hermanos Cazorla' –condenados por varios robos en Balears y acusados de otros delitos–, provocaron que el fuego calcinara parcialmente las plantas segunda y tercera del edificio, que permanece vacío desde entonces y simboliza el punto de partida de una mudanza precipitada. Se perdieron, además, incontables expedientes judiciales, lo que ha provocado demoras de hasta dos años en los procedimientos.

A finales de ese mismo año, el 2 de diciembre, se inauguró la nueva sede judicial en una jornada que el entonces juez decano, Juan Carlos Torres, bautizó como “histórica”. El martes siguiente, la vida arrancaba en el edificio recién estrenado de la plaza de Sa Graduada, que puso rápido en marcha sus engranajes. Desde entonces, se concentran allí los juzgados de instrucción, los penales, el decanato penal, el Instituto de Medicina Legal y Forense, la Oficina de Asistencia a las Víctimas, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la Fiscalía y el juzgado de lo social. Es, sobre el papel, el núcleo principal de la actividad judicial en la isla.

Pero las funciones judiciales se reparten entre esta sede y el edificio Cetis, donde se mantienen los seis juzgados de instancia, el Registro Civil, el decanato civil y el Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución. Denominaciones que se transformarán a medida que entre en vigor la reforma judicial recientemente aprobada. La repartición ha causado desesperación entre jueces, abogados y demás trabajadores de la Justicia. En 2021, la ministra de Justicia por entonces, Pilar Llop, visitó la isla y avisó de que la dispersión de las sedes provocaría “serias disfunciones”, algo que se ha ido haciendo palpable a lo largo de los años.

Un presupuesto inicial de 16 millones

El retraso de la nueva sede no es nuevo, sino que arrastra casi una década de burocracia y promesas incumplidas por parte de la Administración. El proyecto comenzó a tomar forma en octubre de 2015, cuando la entonces subsecretaria del Ministerio de Justicia, Áurea Roldán, anunció la construcción del edificio en el emplazamiento de la antigua escuela de Sa Graduada. 

La presentación llegó acompañada de un presupuesto de 16 millones de euros y de una explicación que auguraba futuras demoras. La obra –compartió Roldán– se dividiría en dos fases “por motivos presupuestarios”. Así lo detallaba también la memoria justificativa del Ministerio, publicada tres años atrás para reactivar la segunda fase del proyecto, la misma que actualmente sigue sin ejecutarse.

La dimensión del proyecto planteado era considerable: una sede de 12.251 metros cuadrados pensada para unificar todos los juzgados. De ellos, 8.173 metros ya están terminados y en uso desde hace años. Esa primera fase, la única culminada, se inauguró en diciembre de 2019 y permitió trasladar parte de la actividad judicial al nuevo edificio. El resto, los 4.000 metros cuadrados pendientes, que incluyen espacios esenciales como las áreas de reserva y servicios complementarios, siguen esperando a que se complete una obra anunciada hace casi diez años y que continúa lejos de materializarse.

La obra, prevista para 2028

La empresa Santatecla Arquitectos S.L, adjudicataria de la redacción y dirección del proyecto, entregó su trabajo el pasado enero de 2024, después de haber sido escogida en el proceso de licitación. Posteriormente, se sacó a concurso el proyecto de ejecución de las obras y, aunque varias constructoras mostraron interés por hacerse con el contrato e incluso visitaron el edificio para evaluar la complejidad de la obra pendiente, solo llegó hasta el final del proceso la empresa valenciana Vilor Infraestructuras. La compañía fue la única en presentar una oferta formal para completar los trabajos, que ha vuelto a salir a concurso. 

La propuesta de Vilor quedó descartada de inmediato. La empresa había planteado un presupuesto de 6,85 millones de euros, una cifra que superaba el límite fijado por el Ministerio –5,99 millones sin impuestos– y que, por tanto, implicaba su exclusión automática de la licitación. Con su caída, el proyecto volvió a quedar en punto muerto. Ahora, la Secretaría de Estado de Justicia ha vuelto a sacar a concurso las obras de acondicionamiento de la conocida como ‘zona de reserva’ del nuevo edificio judicial. 

El proyecto, valorado en 8,63 millones de euros, busca completar esta segunda fase que acumula casi tres años de retraso. El contrato, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevé un plazo de obra de 20 meses que desde la unidad Territorial de Justicia en la isla estimaron, en un principio, que se podrían reducir a 15. Una promesa que cada vez parece menos factible.

Fuentes judiciales consultadas por elDiario.es han advertido que, con este nuevo retraso, es imposible que el edificio pueda darse por finalizado antes de 2028. De hecho, aún están pendientes de acondicionarse 4.078 metros cuadrados del inmueble judicial. Hasta hoy, han coexistido –y seguirán coexistiendo, por el momento– las dos sedes judiciales y se han mantenido externalizados servicios que deberían estar integrados en el nuevo inmueble, con el sobrecoste que ello implica.

Hasta mínimo 2028 seguirán coexistiendo las dos sedes judiciales y se mantendrán externalizados servicios que deberían estar integrados en el nuevo inmueble, con el sobrecoste que ello implica

Un alquiler de 600.000 euros anuales

Solo el alquiler del espacio en el edificio Cetis, donde se ubican los seis juzgados de la jurisdicción civil, supone cada año cientos de miles de euros para el Estado. Por otro lado, la Secretaría de Estado ha elevado 1,4 millones de euros en este segundo concurso para licitar la ejecución de las obras (después de que la otra convocatoria quedara desierta) para que las empresas estén interesadas en presentar sus ofertas.

Por ahora, la situación implica seguir prorrogando el contrato de alquiler en el Cetis, propiedad de la empresa de transporte público Sagalés, que también hace uso de parte de las instalaciones. El sobrecoste ronda los 600.000 euros anuales, señalan las mismas fuentes judiciales consultadas. ElDiario.es ha intentado ponerse en contacto con el Ministerio de Justicia para acceder a este contrato por vía telefónica y por correo electrónico, sin haber obtenido respuesta sobre este asunto concreto en el momento en que se publica este artículo. 

Cuando nació hace casi una década el proyecto de la nueva sede judicial lo hizo con una previsión muy distinta a la actual: sin augurar las interminables dilaciones en el proceso de obra. El Ministerio fijó agosto de 2020 como fecha tope para la inauguración completa del edificio y, aún a día de hoy, solo se puede dar uso a dos tercios del complejo y la finalización del conjunto se continúa aplazando sin fecha de fin. Pero el Gobierno ya ha adelantado que, en efecto, los trabajos no comenzarán hasta, mínimo, mediados del próximo 2027.

Con esto, la Justicia ibicenca lleva, en total, ocho años funcionando con un edificio parcialmente ejecutado, lo que ha generado perjuicios a la ciudadanía, como ya vaticinó Llop durante su visita. La problemática ha afectado sobre todo a servicios esenciales, como por ejemplo, en el funcionamiento de los equipos forenses, que han tenido que trabajar durante años en instalaciones cedidas por la empresa Pompas Fúnebres, ofrecidas de manera gratuita, según informaciones publicadas por Diario de Ibiza. Es otra de las evidencias que se suma a la urgencia de completar cuanto antes la sede judicial.

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha aprobado este viernes, 7 de noviembre, elevar al Consejo General del Poder Judicial el acuerdo por el que se solicita al órgano de gobierno de los jueces que evalúe el cambio o ajuste de la nueva cartelería que el Ministerio de Justicia ha comenzado a instalar en las diferentes sedes judiciales de la comunidad autónoma. De igual modo, le insta a que requiera al Ministerio de Justicia a su “retirada”, pues considera que genera “confusión” y “devalúa su apariencia de independencia”.

En un comunicado, el Alto Tribunal explica que, con motivo de la entrada en funcionamiento de la tercera fase de los Tribunales de Instancia el próximo 31 de diciembre de 2025, y que afecta a los Partidos Judiciales de las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Justicia ha procedido a instalar nueva señalética y cartelería en las diferentes sedes judiciales de la región, incluyendo los edificios de las audiencias provinciales y del propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

“Constatado que dicha nueva cartelería responde en su modelo y diseño a los utilizados por el Gobierno de España para rotular los servicios propios de la Administración del Estado, el Pleno ha aprobado solicitar al órgano de gobierno de los jueces que evalúe el cambio o ajuste de dicha cartelería y, en su caso, requiera al Ministerio de Justicia a su retirada”.

Lo considera “improcedente por cuanto provoca confusión”

El Pleno de la Sala de Gobierno del TSJ de la comunidad autónoma considera que la señalética y nueva cartelería en los edificios judiciales es “improcedente por cuanto provoca confusión”.

“El modelo por el que ha optado el Ministerio de Justicia y la expresión Gobierno de España, sitúa a los tribunales como espacios del Ejecutivo, lo que fomenta una imagen de dependencia del Poder Judicial y devalúa, a los ojos del ciudadano que accede a los servicios, la apariencia de independencia de juzgados y tribunales”, sostiene en su comunicado.

Se da la circunstancia de que la nueva cartelería se ha instalado, además, en órganos como el Tribunal Superior de Justicia o las audiencias provinciales, cuya denominación no cambia con la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia, aclara.

Critican que también se haya efectuado en edificios históricos como el de la Audiencia Provincial de Toledo, “afectando a su fachada”.

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dice también no desconocer que el Ministerio de Justicia dota de medios materiales a los tribunales en las comunidades autónomas sin competencias en materia de Justicia transferidas, como es el caso de Castilla-La Mancha, pero insiste en “la improcedencia de la señalética y cartelería instalada por los motivos expuestos anteriormente”.

El acuerdo, además de elevarse al Consejo General del Poder Judicial, se comunicará al Ministerio de Justicia.

El Gobierno sigue adelante con su agenda legislativa en materia de Justicia. Y lo hace con la reforma de la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que, como principal novedad, incluye la creación de la figura del fiscal investigador. El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes de forma definitiva el proyecto de ley que establece que la dirección de la investigación de las causas penales pasará de los jueces a los fiscales, que decidirán los pasos a dar para esclarecer quién ha cometido un delito, informan fuentes del Gobierno a elDiario.es. 

El texto, que será enviado a las Cortes para su tramitación, incluye una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esa reforma establece que el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y ya no coincidirá con el del Gobierno. También atribuye en exclusiva al máximo representante del Ministerio Público la potestad para nombrar, ascender o sancionar a fiscales. Y limita la acusación popular al vetar a los partidos políticos, restringirla a determinados delitos —sí están incluidos los de corrupción— y exigir un “vínculo legítimo” con la causa en cuestión para poder ejercerla. 

Con el nuevo modelo, los representantes del Ministerio Público impulsarán las investigaciones y, durante la fase de investigación, los jueces se limitarán a velar por que se cumplan los derechos de todas las partes. La prisión provisional, las escuchas o los registros domiciliarios requerirán su autorización. Finalizada esta fase, un segundo juez —llamado juez de audiencia preliminar— será responsable de decidir si se abre juicio oral. Si es así, un tercer juez juzgará los hechos. 

Se trata de una ley muy extensa: cuenta con 1.023 folios distribuidos en nueve libros. Y en la que han trabajado medio centenar de personas, principalmente jueces, fiscales y catedráticos. La voluntad del Gobierno es tramitar ahora esta reforma, pero, si finalmente es aprobada en el Congreso de los Diputados, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028.

No afectará, por tanto, a ninguno de los procedimientos que están en marcha, como la causa contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán o la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, donde están personadas varias acusaciones populares de extrema derecha. Tampoco afectará al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que será juzgado próximamente por el Tribunal Supremo, dado que su segundo y último mandato finaliza en 2027. 

El posible cambio de papeles sobre quién dirige la investigación en las causas penales lleva abordándose casi tres lustros por gobiernos socialistas y conservadores. Tres de los predecesores en el cargo del actual ministro –Francisco Caamaño (PSOE), Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y Juan Carlos Campo (PSOE)– esbozaron propuestas similares, pero quedaron en un cajón. Está por ver si este proyecto es el definitivo. De hecho, este texto se basa en las propuestas elaboradas durante 15 años y cuenta con dictámenes favorables del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. El Consejo Fiscal emitió un dictamen crítico. 

Que los fiscales asuman la instrucción es una reivindicación histórica de muchos juristas que consideran que es una reforma que equiparará a España a otros países europeos, lo que evitará, por ejemplo, las disfunciones que se producen ahora en materia de cooperación jurídica internacional. Este es el modelo que impera en todos los países del entorno europeo salvo Francia y Austria.

Sus defensores mantienen que es el más apropiado para conseguir una justicia efectiva, pues sostienen que son los fiscales los que realmente saben qué pruebas se necesitan para sostener la acusación en el juicio o, en su caso, pedir el archivo de los procedimientos. Y que el papel de los jueces debe limitarse al enjuiciamiento y a ejercer de jueces de garantías cuando los fiscales necesiten su autorización en caso de diligencias que supongan la invasión de derechos fundamentales. 

Recomendaciones del GRECO

Los más críticos con la reforma arguyen, sin embargo, el riesgo de que el Gobierno instrumentalice a los fiscales y les diga a quién tienen o no que investigar y de que se politice la instrucción de los procedimientos. Para ello, esta nueva ley va acompañada de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que, entre otras medidas, propone que el mandato del fiscal general no coincida con el del Gobierno. También prohíbe expresamente que el Ejecutivo central o los de las comunidades autónomas le soliciten promover cualquier tipo de actuación en procedimientos concretos. Y elimina la posibilidad de que el fiscal general pueda ser llamado a comparecer en el Consejo de Ministros o establece que sus comunicaciones con el Gobierno sean públicas y por escrito. 

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) viene solicitando a España en recientes informes mayores garantías en relación con el refuerzo de la independencia, la transparencia y la autonomía del Ministerio Fiscal. Una de esas recomendaciones es que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con el del Gobierno, que es el encargado de su elección. 

El nuevo Estatuto aumenta de cuatro a cinco años el mandato del fiscal general, que seguirá siendo no renovable salvo en caso de que haya ostentado el cargo durante menos de un año (ahora es durante dos). Además, si el fiscal general cesa antes de que se cumpla su mandato, el nuevo tendrá un mandato que no excederá del tiempo que quedase al cesado para agotar esos cinco años.

El proyecto de ley también incluye novedades en el régimen de cese. Así, establece que la destitución “por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones” solo podrá aplicarse previo informe del CGPJ “con el fin de que esta causa no ampare ceses discrecionales que anulen los efectos de la reforma”, explican fuentes del Ejecutivo. 

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará previsiblemente este miércoles un informe que cuestiona determinados aspectos del anteproyecto de ley del Gobierno que prevé regular el derecho de los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes ni cualquier otra información que pudiera conducir directa o indirectamente a su identificación.

El borrador del dictamen, al que ha tenido acceso elDiario.es, afirma que la nueva regulación hace “imprevisible” para los informadores en determinados supuestos saber “qué fines justifican la restricción” del derecho a no revelar sus fuentes. La propuesta ha sido elaborada por las vocales Isabel Revuelta, del grupo conservador; y Lucía Avilés, del sector progresista. 

El artículo 5.1 del anteproyecto del Gobierno afirma que jueces y tribunales podrán ordenar “diligencias o actuaciones” para “identificar la fuente de información” cuando esa actuación esté justificada, caso por caso, “por una razón imperiosa de interés general y resulte proporcionada, atendiendo a los principios de excepcionalidad, necesidad e idoneidad”. 

El borrador de informe del CGPJ cuestiona la falta de “claridad y precisión” en la limitación de este derecho y critica que eso hace “imprevisible” para los periodistas “saber qué fines justifican la restricción del derecho y cuáles son las reglas de prevalencia condicionada de otros derechos y bienes de relevancia constitucional cuando entran en conflicto con el derecho al secreto profesional”. 

El texto que valorará el pleno considera que el legislador debería haber “identificado” qué “razones imperiosas de interés general” justificarían la restricción de ese derecho. Y afirma que “cláusula general” que contiene el citado artículo “supone dejar en manos del juez la tarea de identificar los derechos y bienes que justifican la restricción del derecho al secreto” a partir de la interpretación de “un concepto jurídico indeterminado especialmente abierto como el de razones imperiosas de interés general”. 

A este respecto, el borrador de informe del CGPJ alude a la definición que se hace de ese concepto jurídico en el ámbito del Derecho de la Unión Europea. En concreto, a una directiva relativa a los servicios en el mercado interior en la que ese concepto abarca ámbitos como el orden, la seguridad y la salud pública, el mantenimiento del orden en la sociedad o la protección de trabajadores, consumidores o el bienestar animal. 

El borrador de dictamen también afirma que el artículo sobre los límites del derecho al secreto profesional “contiene previsiones (...) que entran en tensión y generan perplejidad”. Así, afirma que la citada “cláusula general de limitación” del apartado 1 convive con una “cláusula específica para la fase de instrucción del proceso penal” contenida en el apartado 2.

Esa “cláusula específica” establece que jueces y tribunales podrán establecer límites al secreto profesional “cuando la revelación de la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente que afecte a la vida, integridad física o seguridad de las personas” o cuando “la fuente sea el único medio para evitar un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional o afecte gravemente a los elementos esenciales del sistema constitucional”. 

El borrador del CGPJ afirma que esa “cláusula específica” es “una limitación especialmente rigurosa” que hace que el juez penal resulte “más constreñido” para acordar medidas restrictivas del secreto profesional que los jueces y tribunales de los demás órdenes jurisdiccionales. Algo que, a su juicio, resulta “contraintuitivo” pues es justamente en el ámbito del proceso penal donde se plantean la mayoría de supuestos de conflicto.

Fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes afirman que estudiarán el informe cuando tengan acceso a él una vez aprobado y recuerdan que esta ley es fruto del acuerdo con las principales asociaciones y colegios de periodistas. Admiten que la voluntad es que el texto final se enriquezca con las aportaciones de los órganos consultivos, si bien consideran que “cumple” con lo que establece el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que ya establece un marco común de protección de las fuentes periodísticas.

El borrador de dictamen ha detectado otras “insuficiencias y fallas” que insta a corregir, al tiempo que urge a aclarar en qué medida la regulación que propone el Gobierno mejora el marco de protección garantizado por el derecho comunitario. Así, cuestiona que el texto del Ejecutivo “aborda la regulación del derecho al secreto profesional sin explicitar el espacio normativo que pretende ocupar” de forma paralela al citado Reglamento.

Por ello, cree que el “anteproyecto debería contener un planteamiento claro” y señalar “en qué medida contiene normas más detalladas o estrictas que las establecidas” en el citado Reglamento y “en qué sentido ofrece una protección más elevada del derecho al secreto profesional que la fijada por la norma europea”.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha enviado una carta al rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, ante la “sorpresa y preocupación” que le ha generado la existencia de lo que asegura que es “un ‘taller’ en dicho centro universitario que podría interpretarse como una guía para identificar mecanismos que permitan eludir la prohibición legal vigente en España” de los vientres de alquiler. Se trata de un curso dirigido al alumnado que desee adquirir “las competencias profesionales necesarias para ayudar a los padres o madres que quieren inscribir en el Registro Civil español” a bebés nacidos de vientres de alquiler en el extranjero. Así figuraba en la descripción original —ahora eliminada— de su página web a la que tuvo acceso elDiario.es esta misma semana a raíz de una denuncia de CCOO.

En respuesta a las preguntas de este diario, el centro defendió la existencia de este curso argumentando que “la universidad pública es y debe ser un espacio de respeto de los derechos y libertades protegidos constitucionalmente: libertad académica o de cátedra, de investigación y de estudio, así como la libertad de expresión”. “Tal respeto incluye la investigación y el estudio de todas las disciplinas jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de nuestra Universidad, y en concreto, respecto de esta formación, la impartida desde el área de conocimiento del Derecho Internacional Privado”, argumentan. Además, esta tesis fue avalada por la Unidad de Igualdad de la Universidad y por una de las docentes que impartirá la formación. 

Ante esta justificación, el Ministerio responde que la libertad de cátedra “no puede tener como objetivo el otorgar herramientas para el incumplimiento del ordenamiento jurídico, y menos aún para el incumplimiento de normas que se encargan de evitar el abuso de situaciones de necesidad y la mercantilización de las mujeres y los menores”. En su carta, Bolaños hace un repaso de la normativa española y recuerda que “tanto la legislación como la jurisprudencia” se basan en dos consideraciones esenciales sobre la gestación subrogada: “Que implica una explotación de la mujer contraria a su dignidad y un daño a los intereses superiores del menor”. Por ello, el ministro reclama que el rector “actúe para impedir que su institución pueda amparar este tipo de prácticas”. 

La formación lleva por título “Microcredencial Universitaria Grandes Novedades en la Validez de la Gestación Subrogada en España”. Está prevista para el próximo diciembre y la impartirán la directora del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado, Esperanza Castellanos Ruiz, y la vicedecana de Orientación, María José Castellanos Ruiz. La matrícula cuesta 300 euros y consta de 16 horas de clase que se dan de manera no presencial, según figura en la página web. No se requiere de titulación universitaria para ser admitido y ofrece dos créditos a quienes la completen.

Tras la reciente eliminación de la frase que figuraba en la descripción original del curso, esta ha sido reemplazada por otra que, en el fondo, expresa lo mismo, aunque de forma más indirecta y con un lenguaje más técnico: “Se desarrollarán competencias orientadas a la asesoría jurídica en relación con la gestación subrogada y los problemas legales que plantea en el ámbito del Derecho Internacional Privado, español y comparado”.

Una de las docentes que lo imparte es la catedrática Esperanza Castellanos Ruiz, que publicó en 2024 el trabajo titulado 'Novedades en torno a los efectos legales de la gestación subrogada según el derecho internacional privado español: El caso de Ana García Obregón'. En él, se analizan los conflictos normativos y los mecanismos del derecho internacional privado aplicables a esta materia, tomando como ejemplo un “supuesto extraordinario”: el caso de la presentadora, que decidió ser madre mediante gestación subrogada en Florida, a los 68 años, utilizando material genético de su hijo fallecido tres años antes.

Por su parte, María José Castellanos Ruiz ha escrito varios artículos académicos abordando la misma temática. En uno de ellos, habla de la posibilidad de adopción para los españoles que recurren a vientres de alquiler. Analiza la sentencia del Tribunal Supremo español del 31 de marzo de 2022 en relación con un caso de gestación por sustitución realizada en México. En ese fallo, el Supremo rechaza reconocer una filiación natural para una mujer española que había contratado un vientre de alquiler en el extranjero, dado que no existía conexión genética entre ella y el menor, pero concede la filiación mediante adopción. Es relevante señalar que este texto es anterior a la Instrucción del 1 de mayo de 2025.

“¡Moncloa tenemos un problema! Las seis de La Suiza llevan dos meses en prisión”, clama la plataforma de apoyo a las sindicalistas asturianas que ingresaron el pasado 10 de julio para cumplir una condena de tres años y medio de cárcel. El indulto concedido ayer, martes, a dos sindicalistas de “Los seis de Zaragoza” abre las expectativas para la pronta recuperación de la plena libertad para las condenadas en el Principado.

Las conocidas como “Las seis de La Suiza” por las manifestaciones de protesta que realizaron a las puertas de una confitería con esa denominación, ubicada en Gijón, como rechazo al despido de una trabajadora, fueron condenadas por su autoría en sendos delitos de coacciones graves y contra la Administración de Justicia.

Actualmente cumplen la condena en tercer grado, pendientes de que llegue el indulto que han solicitado al Ministerio de Justicia y que cuenta con el apoyo del Gobierno de Asturias, de numerosos colectivos sociales y sindicales y de partidos políticos, además de un amplio sector de la ciudadanía.

El compromiso de Yolanda Díaz

Estos apoyos sociales se refuerzan además con el firme compromiso adquirido por la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien anunció que trasladará la petición de indulto para su tramitación al Gobierno central y se lo comunicó personalmente a las seis sindicalistas en la reunión que mantuvieron en Oviedo el pasado 4 de julio, apenas una semana antes del ingreso en prisión.

Unas palabras de apoyo que reiteró en una rueda de prensa junto al consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y el diputado Xabel Vegas, como se puede ver en el video incluido unas líneas más arriba.

Indulto a dos sindicalistas de Zaragoza

Su situación ha sido comparada en más de una ocasión con la de “Los seis de Zaragoza” por guardar cierto paralelismo por las importantes movilizaciones en la calle que se llevaron a cabo en ambos casos, como rechazo a las condenas de cárcel y el pago de grandes indemnizaciones económicas impuestas por actuaciones derivadas de sus protestas enmarcadas dentro del ámbito sindical.

El Consejo de Ministros, celebrado ayer en Madrid, aprobó la concesión del indulto a dos de los sindicalistas de Zaragoza. Ambos habían participado en una manifestación antifascista contra un mitin de Vox en 2019. Los dos sindicalistas indultados son Francisco Javier Aijón Vázquez, conocido como Javitxu, y Adrián Latorre Rayo, quienes llevaban 491 y 526 días en prisión, respectivamente.

Las movilizaciones en redes

Si las movilizaciones en la calle comenzaron antes del ingreso en prisión y han continuado una vez que las seis sindicalistas asturianas han traspasado las puertas de la cárcel, no ha decaído el mensaje de solidaridad que reciben desde las redes sociales.

Algunos post recurren a las ilustraciones que, como ocurre en la mayoría de las ocasiones no necesitan texto que las acompañe porque por sí solas ya cuentan más que mil palabras, en las que se critica especialmente a la judicatura y a sus representantes, como la siguiente de Viking en la red social X en respuesta al mensaje de la plataforma, tal y como ambos se reproducen a continuación.

Una de las más recientes ha llegado incluso desde la ciudad mexicana de Guadalajara, donde en el homenaje al anarcosindicalista Joan García Oliver, colocaron sobre su tumba, entre otros símbolos de “lucha y libertad”, una camiseta de “Las Seis de La Suiza”.

De momento, el colectivo de apoyo a las seis sindicalistas asturianas está esperanzado en que el indulto, al igual que ha ocurrido ahora con dos de sus compañeros de Zaragoza, siga un camino igual de paralelo con la concesión de esta medida de gracia.

El Ministerio de Justicia se ha dirigido por carta a las asociaciones de jueces y fiscales que este jueves se quejaban de que no se les hubiera detraído el sueldo correspondiente por su huelga de hace un mes. El secretario de Estado, Manuel Olmedo, recuerda en esta misiva que es el “pagador” pero no el “empleador” de estos funcionarios y lamenta que “no existen mecanismos autónomos para conocer de manera fehaciente y oficial el nombre de las personas que hicieron huelga esos días” e invita a estas asociaciones, la mayoría de corte conservador, a enviar un listado de jueces y fiscales para poder restar ese dinero de su nómina.

Todas las asociaciones y fiscales, salvo la Unión Progresista de Fiscales y Juezas y Jueces para la Democracia, fueron a la huelga con paros convocados entre el 1 y el 3 de julio. Una protesta contra las reformas recientes impulsadas por el departamento que dirige Félix Bolaños: los cambios en el acceso a ambas carreras, y la reforma de la regulación de la Fiscalía para facilitar que los fiscales se hagan con las investigaciones en el futuro. También por abrir la puerta a regularizar a más de un millar de jueces sustitutos.

Las asociaciones convocantes cifraron el seguimiento de la huelga en un 70% mientras que desde el Ministerio de Justicia se planteó un problema: no había manera de saber de forma fehaciente y exacta cuántos jueces y fiscales habían hecho huelga. Ese problema se trasladó a otro de los puntos básicos de una huelga: sería a coste cero para los juristas. El antecedente de la huelga de 2018 recordaba que la Audiencia Nacional terminó obligando a Justicia a devolver 200 euros a cada juez al no ser el competente.

Este jueves, el Ministerio de Félix Bolaños ha comunicado públicamente cuántos jueces y fiscales comunicaron formalmente su adhesión a los paros y, por tanto, los que perderán esa fracción de su sueldo: un juez y 28 fiscales. La respuesta de las asociaciones convocantes fue un comunicado acusando al Ministerio de un “burdo ejercicio de propaganda y manipulación”. No detraerles el sueldo, añadían, “no solo transmite a la ciudadanía la falsa impresión de que esta huelga no ha tenido efectos económicos, sino que también invisibiliza nuestra movilización”.

La respuesta del secretario de Estado ha llegado por carta a primera hora de este viernes. Recuerda que los datos que han difundido vienen del Consejo General del Poder Judicial –que recordó que a día de hoy una huelga de jueces y fiscales “carece de soporte normativo”– y de la Fiscalía, además de las gerencias territoriales del Ministerio.

“Esto impide cualquier detracción de haberes adicional a las antes mencionadas”, añade el comunicado remitido este viernes a las asociaciones que secundaron la huelga. E invita a estas asociaciones a remitir listados “verificados y autorizados” si los tienen “tal y como han manifestado públicamente”. “Les solicitamos que lo envíen al CGPJ y la Fiscalía General o bien directamente a este Ministerio a la mayor brevedad para proceder a la deducción de salario”.

El Ministerio de Justicia ha aprobado una instrucción que “clarifica” el derecho de las parejas de lesbianas a inscribir a sus hijos recién nacidos en los hospitales aunque ellas no estén casadas. El texto, al que ha tenido acceso elDiario.es y que será publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pretende acabar con las “dudas de interpretación” surgidas tras la entrada en vigor de la ley trans, que desde 2023 permite la filiación de hijos de parejas de mujeres sin que exista matrimonio.

A pesar de que esa norma eliminó el requisito que se exigía anteriormente —la existencia de matrimonio—, se habían detectado disfunciones a la hora de inscribir a esos menores en algunos hospitales. Esas disfunciones tienen que ver con el hecho de que no se ha derogado ni modificado de forma expresa la ley de reproducción asistida, de 2006, que era la que establecía que las parejas de mujeres debían casarse para que la progenitora no gestante pudiera filiar al bebé y que dejaba la adopción como única alternativa.

La instrucción reconoce la existencia de “alguna duda de interpretación” acerca de la “convivencia” de ambas normas. Pero reitera que no cabe “un conflicto de normas”, dado que lo que hizo la ley trans fue “ampliar” un derecho que ya existía para las parejas de mujeres casadas entre sí. Esto es, la aclaración destaca que la ley de reproducción asistida de 2006 es anterior y no prohíbe expresamente la filiación no matrimonial en estos casos. Y lo que hace la ley posterior es ampliar este derecho.

Así, el nuevo texto recoge que “para una mayor claridad y seguridad jurídica” procede modificar la instrucción sobre comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios, en la que pasará a figurar de forma expresa que “la firma del formulario por el progenitor no gestante implica reconocimiento de la filiación” conforme a lo reflejado en el artículo 120.1 del Código Civil. El nuevo texto también dice que “queda sin efecto cualquier mención de la Instrucción de 9 de octubre de 2015 sobre comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios que resulte contraria a la legislación vigente”.

Discriminación frente a las parejas heterosexuales

Hasta 2023 las parejas de mujeres estaban sometidas al requisito de casarse para poder inscribir en el Registro Civil a las criaturas como hijos e hijas de ambas. Eso suponía una discriminación respecto a las parejas heterosexuales, pues con la declaración del hombre ya hay presunción de paternidad aunque no hubiera vínculo matrimonial.

En el caso de las parejas de lesbianas que no estuvieran casadas, la única alternativa era que la progenitora no gestante iniciara un proceso de adopción. Es un proceso complejo en el que ambas tienen que acudir a prestar declaración, pasar por la Fiscalía y ser evaluadas por un equipo psicosocial.

Los problemas que tradicionalmente han enfrentado las parejas lesbianas que quieren ser madres no son nuevos, tal y como demuestra lo que ocurrió con la aprobación del matrimonio igualitario en 2005. La reforma del Código Civil que permitió a las parejas del mismo sexo casarse vio la luz entonces, pero pasó por alto la filiación de las lesbianas y no modificó los artículos de la norma relacionados con ello.

La consecuencia, hasta que dos años más tarde se cambió la ley, fue que las madres lesbianas casadas obtenían dos libros de familia, uno para el matrimonio y el otro para la madre gestante y el bebé. Y la pareja necesitaba adoptar al niño o niña para ser considerada legalmente su madre también.

Jueces y fiscales protagonizan a partir de este martes la sexta huelga de la democracia con tres días consecutivos de paros. La convocatoria parte de todas las asociaciones —menos las dos progresistas—, que ven una amenaza a los “principios básicos del Estado de Derecho” en los proyectos con los que el Ejecutivo pretende modificar el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía. Los convocantes piden una retirada total de esos proyectos, que también incluyen medidas como el blindaje por ley de becas para opositores.

En diferentes comunicados hechos públicos en los últimos días, las asociaciones han esgrimido sus argumentos para unas jornadas de paro a las que precedió una concentración ante el Tribunal Supremo el pasado sábado a la que decenas de jueces y fiscales acudieron con las togas que tienen la obligación de vestir en los actos procesales. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha calificado de “infundados” los motivos de la protesta y ha defendido que “ni una sola línea de las reformas de la Justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho”.

El plan para hacer fijos a mil jueces interinos

En el centro de la polémica está el plan para regularizar a un millar de jueces y fiscales sustitutos que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias. El proyecto prevé un proceso abierto y no se limita a quienes han desempeñado esas funciones dentro de las carreras judicial y fiscal, aunque sí está pensado “especialmente” para quienes llevan años en esta situación. Los aspirantes deberán acreditar cinco años de ejercicio profesional jurídico para poder presentarse a un dictamen práctico al que seguirá una fase de méritos. Ningún juez sustituto logrará una plaza directamente.

Según las asociaciones, este proceso “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios”. Y otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras las prácticas, sin equipararse en exigencia al proceso ordinario del turno libre, que requiere una preparación superior a los cinco años de media. En el Ejecutivo defienden que se celebrará un concurso-oposición de acuerdo a los criterios de “igualdad, mérito y capacidad fijados por el Tribunal Constitucional” y aseguran que la estabilización viene obligada por la Comisión Europea. En paralelo, el Gobierno ha asegurado que convocará 1.440 plazas del turno libre en los próximos tres años.

Este plan es criticado también por la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que no secunda la huelga. Según esta asociación se deberían exigir al menos diez años de experiencia profesional —tal y como se contempla para la entrada por el llamado cuarto turno que existe desde 1985— y el proceso debería limitarse únicamente a quienes han desempeñado tareas de jueces sustitutos.

La reforma del Estatuto fiscal

El otro gran proyecto que los convocantes piden retirar es la nueva redacción del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ya estaba prevista en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que incluye una transferencia de funciones de jueces a fiscales y que pasarán a dirigir las investigaciones y a decidir los pasos a dar para esclarecer los delitos. La reforma establece que el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y ya no coincidirá con el del Gobierno. También reduce las funciones del Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Ministerio Público en el que la mayoría de sus miembros son elegidos por sus compañeros, entre otras medidas.

Las asociaciones creen que la reforma del Estatuto de la Fiscalía supone “un grave retroceso en la autonomía del Ministerio Fiscal”. Sostienen que se da incluso pasos atrás, al “incrementar injustificadamente” el poder del fiscal general del Estado “sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”.

También han criticado que se proponga precisamente ahora, en un momento convulso en el Ministerio Público, con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, al borde del banquillo tras la querella que presentó la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero esta reforma no entrará en vigor hasta el año 2028 y, en consecuencia, no afectará a García Ortiz, que deberá dejar su cargo, como tarde, en julio de 2027.

La “excelencia” en el acceso a la carrera

Uno de los pilares del proyecto de Justicia es una reforma integral del actual modelo de oposiciones del turno libre, en el que prima la capacidad de memorizar normas jurídicas a través de la superación de un test y dos ejercicios orales. La nueva regulación suprime una de las dos pruebas orales e introduce una prueba escrita y anonimizada que consistirá en un caso práctico, tal y como ocurre en otros cuerpos como los notarios, los registradores o los abogados del Estado.

Según los convocantes, el cambio supone “rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial” e “introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. Fuentes del Ejecutivo reiteran que las pruebas memorísticas —un examen tipo test y una prueba oral— no se eliminan. Y que lo que se hace es introducir un caso práctico que permite evaluar otras aptitudes necesarias para el ejercicio de la jurisdicción, como la capacidad de redacción, la argumentación jurídica o la aplicación del derecho a casos concretos.

El centro público de preparación de opositores

La reforma también acaba con la preparación de oposiciones como un negocio eminentemente privado, en el que siguen existiendo pagos en B. Así, pretende convertir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ubicado en Madrid, en un espacio público de preparación de oposiciones para jueces y fiscales. Además, el objetivo es que el CEJ llegue a acuerdos con otros entes provinciales para que los opositores que no residan en la capital tengan la oportunidad de acudir allí para preparar parte de sus oposiciones.

Los convocantes cuestionan que se pretende crear “un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales”. En el Gobierno insisten en que la voluntad es que el CEJ se convierta en un lugar asequible y con presencia en todo el territorio para preparar las oposiciones. Pero ni será obligatorio prepararlas allí ni se intervendrá en los contenidos de la preparación de cada preparador que preste allí sus servicios. Tampoco se hará ninguna selección para crear un cuerpo de preparadores.

Los cambios en el órgano que vela por la ética de los jueces

Los convocantes cuestionan la politización de la Comisión de Ética Judicial, un órgano independiente del CGPJ cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial. En la actualidad está compuesta por seis jueces elegidos de forma directa por sus compañeros. Estos seis jueces eligen, a su vez, a un académico experto en ética o filosofía del derecho. Este modelo ha provocado que miembros y exintegrantes de las asociaciones conservadoras de la judicatura copen sus principales puestos. Este órgano avaló las concentraciones de jueces vestidos con togas contra la amnistía.

El proyecto amplía la composición de este órgano con un total de cuatro catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral que serán designados por el Congreso y el Senado. Para lograr una mayor representación de los diversos grupos parlamentarios, cada diputado o senador votará a un solo candidato y resultarán elegidos los dos que obtengan el mayor número de votos. Los jueces, que seguirán siendo elegidos por sus compañeros, seguirán siendo mayoría con un total de cinco representantes.

Coto a las subvenciones de las asociaciones

La reforma también prohíbe todo tipo de patrocinio o subvención privada para las asociaciones profesionales judiciales, que ya reciben dinero público para su mantenimiento. El Gobierno argumenta que ese dinero privado puede comprometer su apariencia de imparcialidad. La mayoría de las asociaciones mantienen convenios con el Banco Santander, de quien aseguran recibir importes “muy pequeños” dedicados a formación.

Las asociaciones rebaten que “no se refuerza la independencia limitando las fuentes de financiación, sin contemplar incremento de las permitidas” y afirman que el incremento de cuotas de asociados desincentiva la asociación de un colectivo que tiene prohibido por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación.

Jueces y fiscales intensifican su pulso al Gobierno por las reformas judiciales. A la concentración convocada este sábado ante el Tribunal Supremo, donde se espera que muchos acudan ataviados con las togas que tienen la obligación de vestir durante los actos procesales, seguirán tres jornadas consecutivas de huelga a partir del 1 de julio. La convocatoria parte de las cinco asociaciones del centroderecha judicial, que ven una amenaza a los “principios básicos del Estado de Derecho” en los proyectos con los que el Ejecutivo pretende modificar el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía.

Los promotores —entre los que no están las dos únicas asociaciones progresistas— han optado por mantener la huelga a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió esta semana por unanimidad que el ejercicio de este derecho por parte de los jueces carece de “soporte” legal. El órgano dio por no “anunciada” la convocatoria y rechazó establecer servicios mínimos, que serán determinados por el comité de huelga. No obstante, el CGPJ ya ha comunicado que no habrá sanciones para los huelguistas. El Ministerio de Justicia sí tiene previsto descontarles el salario, lo que no ha ocurrido en cuatro de las cinco movilizaciones que han tenido lugar durante la democracia.

En el centro de la polémica está el plan del Ejecutivo para regularizar a un millar de jueces y fiscales sustitutos que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias. El proyecto prevé un proceso abierto y no se limita a quienes han desempeñado esas funciones dentro de las carreras judicial y fiscal, aunque sí está pensado “especialmente” para quienes llevan años en esta situación. Los aspirantes deberán acreditar cinco años de ejercicio profesional jurídico para poder presentarse a un dictamen práctico al que seguirá una fase de méritos. Justicia asegura que la estabilización viene obligada por la Comisión Europea.

Según las asociaciones, este proceso “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales”. Y otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras las prácticas, sin equipararse en exigencia al proceso ordinario del turno libre, que requiere una preparación superior a los cinco años de media. En el Ejecutivo defienden, sin embargo, que se celebrará un concurso-oposición de acuerdo a los criterios de “igualdad, mérito y capacidad fijados por el Tribunal Constitucional”.

De hecho, la ley permite desde 1985 el acceso a la carrera por concurso de méritos a profesionales con más de diez años de experiencia, sin pasar una oposición. Es el llamado cuarto turno que el Ejecutivo también quiere potenciar. La ley prevé que deben suponer el 25% de la carrera, pero en la actualidad solo el 9,33% de los magistrados han accedido a la carrera por esta vía. Lo que hace la reforma es garantizar que sus convocatorias deberán ser “anuales y simultáneas” con las de la oposición libre, donde la previsión es de que se convoquen 1.440 plazas en los próximos tres años.

Jueces y fiscales consultados reconocen que el temor a que la estabilización de los sustitutos vaya a perjudicar sus intereses particulares a la hora de ocupar determinados destinos ha hecho que la movilización haya prendido especialmente entre los profesionales más jóvenes, los que acaban de estrenarse en la carrera o hace pocos años que aprobaron la oposición. De hecho, miembros de estas últimas promociones impulsaron un grupo de WhatsApp que ya aglutina a más de un millar de profesionales de diferentes generaciones y donde se hacía un llamamiento a la huelga que finalmente fue acogido por las asociaciones.

Ese grupo ha difundido un manifiesto plagado de tergiversaciones. Se afirma, por ejemplo, que el Gobierno “controlará la preparación de la oposición” por su propuesta para que los aspirantes tengan la posibilidad de acudir a un centro público. También figura que las reformas implican que las carreras “pasarán a estar politizadas de base”, sin ofrecer argumentos que sostengan una acusación de ese calado.

Dictamen escrito

Otros de los elementos más criticados es la inclusión de una prueba escrita en la oposición que da acceso a la carrera. Las asociaciones convocantes defienden que el dictamen “supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales”.

“El examen práctico se quitó en su momento con el argumento de que permitía elegir cierto perfil de candidatos. Además, la parte práctica ya existe en la Escuela Judicial. La reforma reduce el nivel de exigencia”, afirma el magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que secunda el paro junto a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que agrupan al 47% de la carrera judicial, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

Fuentes del Ejecutivo reiteran que las pruebas memorísticas —un examen tipo test y una prueba oral— no se eliminan. Y que lo que se hace es introducir un caso práctico que permite evaluar otras aptitudes necesarias para el ejercicio de la jurisdicción, como la capacidad de redacción, la argumentación jurídica o la aplicación del derecho a casos concretos. Recuerdan, además, que otros cuerpos como los notarios, los registradores o los abogados del Estado también deben pasar exámenes escritos en sus oposiciones. Estos exámenes serán anonimizados y las pruebas orales se grabarán, lo que no ocurre ahora.

Las asociaciones, sin embargo, exigen la retirada de una reforma que ya ha pasado el primer trámite de su camino parlamentario con su toma en consideración en el pleno del Congreso, donde será tramitada por el procedimiento de urgencia. Y que incluye otras medidas como blindar por ley el sistema de becas en un contexto en el que el 98,71% de los jueces de la última promoción contaron con el apoyo económico de sus padres durante la preparación de la oposición, según datos del CGPJ. El 64,52 % del total no había trabajado antes.

Las asociaciones también piden la retirada de la reforma del Estatuto de la Fiscalía “por suponer un grave retroceso en la autonomía del Ministerio Fiscal”. Sostienen que se da incluso pasos atrás, al “incrementar injustificadamente” el poder del fiscal general del Estado “sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”. La reforma establece que el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y ya no coincidirá con el del Gobierno y reduce las funciones del Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Público en el que la mayoría de sus miembros son elegidos por sus compañeros, entre otras medidas.

Jueces y fiscales ya protagonizaron un ensayo de sus protestas el pasado 11 de junio, cuando se celebraron paros de diez minutos ante las sedes de juzgados y tribunales. Algunos acudieron vestidos con togas y, en determinados emplazamientos, ciudadanos que les apoyaban profirieron insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La concentración de este sábado ante el Supremo también está abierta a “la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una Justicia independiente y al servicio del interés general”. Pero sus promotores insisten en que debe quedar fuera “cualquier adscripción o reivindicación partidista”.

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad que el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados “carece, en el momento actual, de soporte normativo”. En consecuencia, “no procede tener por anunciada” la convocatoria de paros prevista para los días 1, 2 y 3 de julio por todas las asociaciones menos las progresistas. Además, el órgano subraya que no tiene competencia para fijar servicios mínimos. Así lo recoge el acuerdo propuesto por la presidenta del órgano, Isabel Perelló, y que ha tenido el respaldo de todo el pleno en la sesión extraordinaria celebrada este jueves.

Un portavoz del CGPJ afirma que el acuerdo adoptado va en el mismo sentido que todos los aprobados en relación con las cinco huelgas que se han celebrado desde 2009 y que nunca ha habido sanciones para quienes las han secundado.

Los diez vocales conservadores se han sumado, además, a una versión más amplia de ese mismo texto que respalda parte de las reivindicaciones de los promotores de los paros, al tiempo que reconoce a los jueces “los años de dedicación y esfuerzo invertidos en la superación de las pruebas de acceso a la carrera judicial, así como su profesionalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional en situaciones no siempre favorables”.

Ese acuerdo salido adelante por 11 de los 21 votos: los diez vocales elegidos a iniciativa del PP y la presidenta Perelló. Nueve vocales progresistas han votado en contra y otro se ha abstenido. El texto incluye también críticas al proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos. Considera la medida “injustificada” y contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Convocatoria “ilegal”, según los progresistas

En paralelo, el pleno ha rechazado un segundo documento presentado por nueve de los diez vocales del grupo progresista, que calificaba la convocatoria de “ilegal”. Según su propuesta, el CGPJ “no sólo debería abstenerse de reconocer derecho o fijar servicios esenciales, sino que debería reservarse las actuaciones correspondientes por la convocatoria de una movilización claramente ilegal”.

La ley del Poder Judicial establece que la ausencia injustificada y continuada por más de un día natural y menos de cuatro de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado es una falta leve. Este tipo de sanciones pueden acarrear una advertencia o una multa de hasta 500 euros.

Además, el vocal Carlos Hugo Preciado, elegido a iniciativa de Sumar, ha presentado un tercer texto que apostaba por reconocer el derecho a la huelga de los jueces, pero finalmente lo ha retirado y no se ha llegado a votar, de acuerdo a las fuentes consultadas. Su tesis es que hay que distinguir la doble naturaleza del juez, como titular de un poder y empleado público. Y que, en tanto que empleado público, tiene derecho a la huelga.

El precedente de 2009

Con esta decisión, el CGPJ mantiene el criterio expresado en 2009, cuando se celebró la primera huelga de jueces de la democracia. Entonces, el órgano afirmó por unanimidad que no había “cobertura legal” para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces. Así que dio por no anunciada la convocatoria y tampoco fijó servicios mínimos.

La huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución. Pero en el caso de jueces y fiscales está en un limbo legal porque no existe soporte normativo que lo sustente. Tampoco que lo prohíba. Por ejemplo, son los propios huelguistas los que fijan los servicios mínimos.

En las cinco convocatorias previas —con gobiernos del PP y del PSOE— quienes las secundaron no perdieron la parte del salario correspondiente a ese día, como le ocurre al resto de trabajadores, pero solo quedó reflejado a efectos estadísticos. Y fueron únicamente ciudadanos y abogados los que pagaron las consecuencias de los paros con la suspensión de juicios u otras actuaciones judiciales previstas.

El pasado lunes, el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños remitió un oficio al CGPJ en el que apuntaba que si el órgano optaba por dar por no anunciada la convocatoria de paro —como finalmente ha ocurrido— deberá tomar “medidas” para restar el salario a “quien cese la prestación del servicio voluntariamente y sin una causa justificada”. Justicia pide al CGPJ una respuesta antes del 1 de julio, cuando está prevista la primera de las tres jornadas de paros consecutivos.