El Gobierno de Cantabria ha dado por controlado el incendio forestal declarado en las inmediaciones de la localidad de Arantiones, en el municipio de Valderredible, y ha comunicado que las condiciones de viento son “bastante adecuadas” para favorecer la extinción.

Así lo ha afirmado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, quien también ha destacado que, a estas alturas del año, en la comarca de los Valles del Sur baja bastante la temperatura por la noche.

Serdio ha explicado que agentes del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural investigan las causas de este fuego y que “todo parece indicar que fue debido a una negligencia”.

Por otro lado, ha agradecido la colaboración de dos brigadas helitransportadas, con dos helicópteros procedentes de Palencia y Burgos, y una brigada terrestre de la Junta de Castilla y León, que han participado “de manera muy activa” en la extinción.

Desde este martes, han intervenido varias brigadas de bomberos forestales de la Consejería de Desarrollo Rural y el helicóptero Delta Romeo del Ejecutivo cántabro. Entre ellas, dos con base en la comarca forestal 6, junto a una autobomba, y una tercera de la comarca 7, con otra autobomba y un vehículo de pronto socorro.

Castilla y León ha declarado riesgo meteorológico de incendios forestales del 3 al 6 de septiembre en todo el territorio. Las previsiones meteorológicas apuntan a la presencia de una dorsal anticiclónica sobre la Península y a la entrada, a partir del jueves, de una masa de aire tropical continental de origen norteafricano, según ha informado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado.

Estas condiciones provocarán un episodio de altas temperaturas, con valores que podrán situarse entre 35 y 37 grados, acompañado de un descenso general de la humedad relativa, con valores mínimos por debajo del 15 % en buena parte de Castilla y León. Esta es la sexta ocasión en que se declara este tipo de alerta desde el inicio de la Época de Peligro Alto de incendios forestales.

Además, se prevé la presencia de una DANA al oeste de la península durante los días 4 y 5, lo que favorecerá la formación de tormentas en distintos puntos de la Comunidad, especialmente el sábado. En cuanto al viento, se esperan rachas máximas superiores a 30-40 km/h entre el jueves y el domingo, con especial intensidad el sábado, cuando podrían superar los 50 km/h.

Durante el periodo de vigencia de la alerta quedan prohibidas las siguientes actividades en la zona de monte y en la franja de 400 metros a su alrededor:

La Junta Local de Seguridad ha acordado la suspensión de la sesión de fuegos artificiales prevista para eel 6 de septiembre por el riesgo de incendios.

Un nuevo Plan Forestal de aprovechamientos

Además, la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha comunicado a los integrantes de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, la próxima elaboración de un nuevo Plan Forestal Integral para impulsar la rentabilidad de los aprovechamientos forestales y favorecer la prevención de los incendios integrada en la gestión activa del territorio.

“Este nuevo plan reflejará el compromiso de la Junta con el sector y queremos que sea un instrumento útil, que sirva para movilizar todos los recursos, mejorar la gestión de los montes y fortalecer toda la cadena de valor de la madera”, ha señalado la consejera en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

El nuevo plan contemplará medidas dirigidas a agilizar los aprovechamientos forestales, simplificar los procedimientos, digitalizar los trámites, favorecer la agrupación y el asociacionismo, y apoyar la comercialización de los productos forestales, todo ello con el fin último de generar actividad económica y oportunidades en el medio rural.

El Consejo de Gobierno de Aragón ha autorizado a la Dirección General de Servicios Jurídicos a personar a la Administración autonómica como acusación particular en las diligencias previas abiertas por la presunta comisión de un delito de incendio forestal en relación con el fuego de Riglos. La medida permitirá a la comunidad autónoma “ejercer las acciones civiles y penales que puedan derivarse del procedimiento judicial” en defensa del interés público.

Hay un único investigado por el momento, un operario de la contrata que llevaba a cabo las obras en la carretera A-132. Aunque inicialmente el juez decretó prisión provisional sin fianza para él, posteriormente le dejó en libertad al no ver suficientes indicios para sostener su permanencia en la cárcel.

Se trata, según ha señalado la vicepresidenta autonómica y portavoz, Mar Vaquero, del “incendio de mayor magnitud registrado en Aragón desde 1994”, y provocó importantes daños sobre el medio natural, las infraestructuras públicas y las poblaciones de la zona, con afección a la masa forestal, los ecosistemas y el patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural.

Las llamas provocaron además el fallecimiento de Javier García Sancho, militar de la Unidad Militar de Emergencias, y dejó heridos a otros tres integrantes de la UME durante las labores de extinción.

La emergencia obligó también al desalojo y evacuación de numerosas localidades, y el confinamiento de otras durante varios días. El incendio afectó asimismo a espacios de especial valor ambiental y patrimonial, entre ellos los Paisajes Protegidos de San Juan de la Peña y Monte Oroel y de la Sierra de Santo Domingo.

La magnitud del fuego exigió el mayor despliegue de medios realizado hasta la fecha en Aragón para combatir un incendio forestal, con la participación de hasta 42 medios aéreos y más de un millar de efectivos de distintas administraciones y organismos, además de recursos internacionales movilizados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Zona catastrófica

En paralelo, el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Gobierno de España “la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” –la antigua zona catastrófica– para seis municipios oscenses golpeados por el mismo fuego: Las Peñas de Riglos, Bailo, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Caldearenas y Jaca.

Según el Ejecutivo aragonés, las llamas “quemó más de 14.500 hectáreas y causó importantes daños en masas forestales, infraestructuras públicas y privadas, campos de cultivo y explotaciones agrícolas y ganaderas”. La emergencia obligó a decretar la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo) y a movilizar medios extraordinarios, tanto nacionales como internacionales.

El despliegue, el mayor hasta la fecha en la comunidad para combatir un fuego forestal, llegó a sumar “hasta 42 medios aéreos y más de un millar de efectivos”, a los que se añadieron recursos internacionales activados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Aragón solicitó también apoyo a Francia mediante el Acuerdo de Málaga.

Durante los peores momentos del incendio se adoptaron medidas de protección para 21 poblaciones: 19 núcleos tuvieron que evacuarse y otros dos quedaron confinados por el humo. El fuego afectó también a espacios de especial valor ambiental y patrimonial, entre ellos los Paisajes Protegidos de San Juan de la Peña y Monte Oroel y de la Sierra de Santo Domingo.

El Gobierno de Aragón sostiene que “la extensión del incendio, las medidas de protección que fue necesario adoptar y los importantes daños sufridos justifican la solicitud de esta declaración”, que permitiría complementar los instrumentos autonómicos ya activados con nuevas ayudas para municipios, empresas y particulares afectados. El acuerdo autoriza al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, a remitir la petición a los ministerios de Hacienda e Interior.

La Xunta de Galicia le reclama a Naturgy casi 1,6 millones de euros por los daños causados y el coste de extinción del incendio que el pasado mes de junio arrasó algo más de 370 hectáreas en Padrón (A Coruña). El Gobierno gallego concluyó en su investigación que el fuego se debió a una negligencia de la empresa UFC Distribución Electricidad, S.A. por no haber desbrozado el área que debía alrededor de la línea eléctrica.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, informó, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su gabinete, de la medida. La Xunta asegura que los informes de su Unidade de Investigación de Incendios Forestais, que corroboró el parte oficial de incendios (sistema Egifweb), determinan que la causa del incendio fue esa negligencia y hace la reclamación amparándose en la ley de incendios de Galicia, que permite repercutir los gastos a las personas que resulten responsables cuando estas hayan incumplido las obligaciones de gestión de la biomasa vegetal que fija esa misma norma. Fuentes próximas a la compañía niegan, por su parte, cualquier responsabilidad en el origen del incendio y aseguran que van a recurrir la sanción.

Rueda expuso que, además, había denuncias previas al incendio por parte de agentes ambientales de la Xunta y de la propia Unidade de Investigación de Incendios Forestais. Avisaban de que en las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica no se estaba haciendo el mantenimiento que requería la ley. La primera tiene fecha de marzo de 2022, concreta la Xunta, que indica que en agosto de 2023 la empresa contestó a una reclamación de un vecino por este motivo que iba a actuar. Sin embargo, según el reclamante, no hubo ningún trabajo entre ese momento y el incendio.

De los fondos que la Xunta le reclama a UFC Distribución Electricidad, S.A. (perteneciente al grupo Naturgy), 884.724 euros son por la extinción y 699.949 euros por daños y pérdidas por destrucción de arbolado en montes vecinales con contrato con la Xunta. El Gobierno gallego recuerda que las llamas pusieron en riesgo varios núcleos de población.

El PSOE de Extremadura ha arremetido este martes contra el paquete de medidas para paliar los efectos de los incendios forestales anunciado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras el consejo de gobierno celebrado en Vegas de Coria. El portavoz socialista, Manuel González Andrade, ha calificado los anuncios como una repetición de propuestas “prácticamente calcadas” a las aprobadas el año pasado en Hervás tras el fuego de Jarilla, advirtiendo de que la experiencia demuestra que existe una “distancia importante” entre lo que anuncia el Ejecutivo autonómico y lo que finalmente ejecuta.

Para la formación socialista, el ejemplo más claro de esta brecha en la gestión se encuentra en la partida de prevención de incendios de los presupuestos de 2025, de la que el Gobierno regional dejó sin ejecutar el 46% de los fondos, tal y como desveló elDiario.es Extremadura.

En concreto, González Andrade ha denunciado que 44 millones de euros que podrían haberse destinado a la limpieza de montes, desbroces y gestión forestal se quedaron sin gastar antes del inicio de la época de alto riesgo. Asimismo, ha criticado que las ayudas a los apicultores vuelvan a fijarse en 100 euros por colmena quemada, una cifra que ya el año pasado situó a la región con “las cuantías más bajas de España”.

Plan de emergencia e infraestructuras pendientes

Frente a la falta de ejecución del Ejecutivo autonómico, el portavoz ha vuelto a poner sobre la mesa el Plan de Emergencia planteado en julio por el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina. La propuesta proponía movilizar 8 millones de euros por la vía de urgencia para realizar trabajos de limpieza y desbroce en los perímetros de los municipios situados en zonas de alto riesgo, una medida que defienden como “viable, razonable y ejecutable” para actuar antes de que el fuego ponga en peligro a las poblaciones.

Por último, el PSOE se ha referido a las deficiencias en el abastecimiento de agua que sufren núcleos de población como Nuñomoral, Cerezal y Rubiaco, criticando el retraso en las obras anunciadas para Ovejuela y Sauceda.

González Andrade ha recordado que sigue pendiente la instalación de la boya flotante prometida por la Junta desde el pasado mes de noviembre, mientras que soluciones provisionales como la captación en el arroyo de los Tejos se han tenido que acometer gracias a la actuación de la Diputación Provincial de Cáceres.

PP y Vox elevarán al Gobierno central una propuesta de pronunciamiento desde la Asamblea de Extremadura para modificar el artículo 50 de la Ley Estatal de Montes. La medida pretende eximir de la prohibición de cambio de uso forestal a las actuaciones de prevención de incendios, permitiendo permutas de fincas y la implantación de actividad agrícola o ganadera como cortafuegos naturales en zonas arrasadas, como las 3.700 hectáreas calcinadas este verano en Las Hurdes.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha anunciado este paquete de medidas tras la celebración del consejo de gobierno en la alquería de Vegas de Coria, en el municipio hurdano de Nuñomoral (Cáceres). La reunión se ha celebrado como gesto de apoyo a una comarca que ha sufrido el mayor incendio forestal de la temporada estival en la región, con un balance de cerca de 1.000 vecinos evacuados.

Guardiola ha defendido que, aunque la limitación de 30 años fijada en la norma estatal nació para evitar la especulación, “no podemos aceptar que con esa excusa se impida realizar labores de prevención”. Según la presidenta extremeña, la restricción estatal actual frena la gestión preventiva necesaria mediante cambios de uso en el suelo.

Cambios en la Ley Agraria regional y menos burocracia

De forma paralela, la Junta acometerá una modificación de la Ley Agraria de Extremadura, integrada en el Decreto Ley de ayudas, recuperación y protección frente a los incendios forestales. Esta reforma permitirá agilizar las permutas de pequeñas fincas en monte público, hasta ahora limitadas a parcelas de más de 10 hectáreas, para intercambiarlas por terrenos cercanos a los cascos urbanos. Con ello se busca que la actividad agrícola o forestal actúe como cortafuegos natural entre el monte y las viviendas.

Asimismo, se eliminará la carga burocrática en los bancales abandonados para su reaprovechamiento agrícola y se profundizará en la figura de la “infraestructura preventiva productiva”, permitiendo su instalación en cualquier punto del monte público para reducir combustible vegetal.

Sustitución de pinares y ayudas al pastoreo

Dentro del plan de actuaciones, la Junta impulsará la transformación progresiva de las masas forestales en Las Hurdes y Sierra de Gata para sustituir al menos el 20% de la superficie de pino por otras especies. “El problema no es una especie concreta, sino cuando las masas forestales no están suficientemente gestionadas y favorecen la propagación de las llamas”, ha señalado Guardiola.

El plan contempla también el respaldo al Proyecto Mosaico Gata-Hurdes de la Universidad de Extremadura, ayudas a ayuntamientos en zonas de alto riesgo para incentivar el pastoreo preventivo y 1,3 millones de euros para frenar la erosión del suelo mediante helimulching, retirada de madera quemada y recuperación de pistas.

Por último, se acometerán obras de emergencia para proteger embalses y sistemas de abastecimiento en Las Hurdes y Casas de Millán, al tiempo que la Casa Forestal del Buen Agua se reconvertirá en un Centro de Innovación y Desarrollo Forestal.

La Junta de Extremadura ha dado luz verde este martes a un decreto ley de medidas urgentes dotado con 10 millones de euros para reparar los daños provocados por los incendios forestales de este verano. La iniciativa, orientada tanto a la reconstrucción como a la prevención de futuros fuegos, se ha formalizado tras la reunión del consejo de gobierno celebrada de forma extraordinaria en la alquería de Vegas de Coria, perteneciente al municipio de Nuñomoral.

La elección de este enclave responde a un gesto de respaldo institucional a la comarca de Las Hurdes, la zona más castigada por la ola de incendios tras registrar 3.700 hectáreas calcinadas y la evacuación de un millar de vecinos en 12 alquerías. La norma entrará en vigor de manera inmediata, aunque deberá convalidarse en la Asamblea de Extremadura en el plazo de un mes. También incluirá una modificación puntual de la Ley Agraria regional para agilizar y mejorar la gestión de los montes.

Aunque la mayor severidad de los daños se ha concentrado en el norte cacereño, el Ejecutivo autonómico ha precisado que las coberturas económicas del decreto ley tendrán carácter regional para auxiliar a todas las zonas rurales golpeadas este verano. De este modo, los incentivos y compensaciones se extenderán también a explotaciones y municipios afectados como Grimaldo y Casas de Millán, en la provincia de Cáceres, junto a Jerez de los Caballeros y Montemolín, en la provincia de Badajoz.

Para el sector primario, calificado por la presidenta autonómica, María Guardiola, como uno de los más castigados por el fuego, se ha diseñado una línea especial de apoyo financiero compatible en todo momento con la percepción de indemnizaciones procedentes de las pólizas de seguro. En el ámbito agrícola, las explotaciones de cultivos permanentes como el cerezo, el olivar, el castaño y sus cultivos asociados percibirán ayudas directas de 3.000 euros por hectárea dañada. En el ámbito ganadero y apícola, el decreto fijará indemnizaciones de 700 euros por cada cabeza de ganado perdida (aplicable a especies de vacino, porcino, caprino y ovino) y de 100 euros por cada colmena destruida.

Junto a la inyección económica directa, la norma contempla un importante bloque de alivio fiscal diseñado para aliviar los costes operativos de las explotaciones a medio plazo. En concreto, desde la entrada en vigor del decreto y hasta el 31 de diciembre de 2027, las explotaciones ganaderas ubicadas en los municipios afectados estarán totalmente exentas del pago de las tasas autonómicas vinculadas a la prestación de servicios veterinarios facultativos, la realización de pruebas de sanidad animal y los trámites de gestión y suministro de los identificadores para el ganado. Asimismo, se bonificará al 100% el pago de impuestos y tasas vinculadas a la actividad cinegética en aquellos cotos de caza que hayan sufrido el impacto de los incendios.

Ayudas por la pérdida de la vivienda habitual

En lo relativo a los daños patrimoniales y residenciales, las ayudas compensatorias por pérdida total de la vivienda habitual alcanzarán un tope máximo de 132.000 euros. Para los casos en los que los inmuebles hayan sufrido desperfectos que requieran rehabilitación o reparación, la Junta cubrirá hasta el 80% del coste total de las obras, manteniendo ese mismo límite máximo de 132.000 euros.

A estas partidas se suma una línea específica para la reposición de menaje doméstico y enseres de primera necesidad, con asignaciones que oscilarán entre los 7.000 y los 14.000 euros por hogar, además de una prestación directa al alquiler de 300 euros mensuales destinada a aquellas familias que se hayan visto obligadas a abandonar temporalmente su residencia habitual.

Por último, el sector turístico dispondrá de un paquete de ayudas directas extraordinarias para compensar el impacto económico causado por los desalojos y las cancelaciones en plena campaña estival. Estas subvenciones beneficiarán a alojamientos rurales, hoteles, hostales, albergues, campamentos turísticos y establecimientos de restauración, con cuantías que irán de los 1.200 a los 3.000 euros.

En aquellos municipios o alquerías que sufrieron confinamientos o evacuaciones obligatorias, estos importes se multiplicarán por 2,5. Adicionalmente, se abrirá una línea de préstamos en condiciones preferentes de hasta 50.000 euros a cinco años, con un primer año de carencia.

Durante su comparecencia, la presidenta extremeña ha recordado que el 92% de las 50.000 hectáreas de superficie de Las Hurdes no ha sufrido daños y permanece intacta, por lo que ha hecho un llamamiento a reactivar la llegada de visitantes a la zona.

La Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León ha denunciado retrasos en el abono por parte de la Junta de Castilla y León de las guardias de incendios forestales realizadas por los agentes medioambientales en los meses de junio y julio.

El sindicato sostiene que los retrasos afectan al conjunto de la Comunidad, aunque señala una situación especialmente desfavorable en la provincia de Segovia, donde los agentes todavía no han percibido las retribuciones correspondientes a las guardias realizadas durante el verano.

Según APAMCYL-USCAL, en otras provincias se han producido retrasos en el pago de las guardias de junio, aunque ya se habrían pagado con la nómina de agosto; sin embargo, las guardias de julio continúan pendientes de abono en el conjunto de la Comunidad, según el sindicato.

Además, considera especialmente grave la situación de Segovia porque, según denuncia, se trata del segundo año consecutivo en el que se producen retrasos en el pago de estas retribuciones, ya que en 2025 las demoras fueron superiores a las registradas en otras provincias.

El sindicato ha denunciado de una “gestión administrativa ineficiente” y una “discriminación territorial continuada”, al considerar que los agentes destinados en Segovia se encuentran en peor situación de cobro que sus compañeros de otras provincias.

La organización ha vuelto a trasladar su reclamación a la Delegación Territorial de la Junta en Segovia y ha reclamado a la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Energía que adopte las medidas necesarias para que las guardias sean tramitadas y abonadas mensualmente y en tiempo y forma en toda Castilla y León.

Las guardias de incendios implican una disponibilidad de 24 horas, adicional a la jornada laboral habitual, para poder intervenir de forma inmediata ante una emergencia.

Los agentes medioambientales desempeñan, entre otras funciones, la dirección inicial de la extinción, la coordinación de medios, la vigilancia y los trabajos de campo, hasta que la dirección puede pasar a un técnico en función de la evolución y gravedad del incendio.

APAMCYL-USCAL considera que los retrasos resultan especialmente “incomprensibles” en una campaña que está siendo especialmente exigente para los agentes medioambientales de Segovia, por la cantidad y gravedad de los incendios registrados este verano, como los de Navas de San Antonio, Revenga y Brieva.

La organización ha recordado que ya presentó reclamaciones por este mismo motivo el pasado año y sostiene que “no puede normalizarse” que los agentes tengan que esperar varios meses para cobrar servicios de emergencia que ya han prestado.

El regreso de los residentes a sus viviendas tras la estabilización del incendio de la Devesa de El Saler no ha frenado el malestar de los vecinos. La Associació Veïnal del Saler ha emitido un comunicado en el que denuncia fallos en la coordinación y en la estrategia del operativo de emergencias tras el fuego que ha quemado más de 30 hectáreas de masa forestal en el paraje natura. La entidad exige que se depuren responsabilidades políticas y la puesta en marcha de un plan de acción efectivo que impida la repetición de episodios similares en este espacio protegido.

Los residentes cuestionan directamente el desarrollo de las tareas de extinción durante la jornada del jueves, cuando el fuego reactivó su virulencia. “Cómo es posible que un incendio que por la mañana parecía totalmente controlado, de repente fuera una amenaza real que de poco no ha acabado llegando al pueblo”, ha expuesto la entidad vecinal. Según la asociación, el giro del viento a mediodía —un fenómeno del que ya había avisado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)— cogió al dispositivo sin las decisiones pertinentes tomadas, lo que a su juicio generó una situación de extremo peligro.

En el comunicado, los residentes reflejan el temor sufrido por la población durante la evacuación preventiva del núcleo urbano y de los centros educativos próximos. “El jueves cuando nos evacuaron, todos y todas pensamos que no podríamos volver a ver el bosque tal y como lo conocíamos, porque veíamos las llamas junto al instituto”, ha recordado el colectivo. Tras el regreso a sus casas, la opinión mayoritaria entre el vecindario es que la estrategia “ha fallado” y que no solo “ha puesto en peligro la vida de los bomberos”, sino que estuvo a punto de desencadenar “una desgracia mucho mayor”.

Asimismo, la asociación de vecinos ha recordado que la Devesa requiere un protocolo forestal singular, tanto en la prevención como en los trabajos sobre el terreno, debido a la alta densidad de la vegetación y su cercanía a las zonas habitadas. La entidad ha remarcado que ya en 2024, tras sufrir una oleada de más de 17 fuegos, en su mayoría provocados, solicitaron un cambio de modelo a las administraciones públicas. “No podemos, después de ver lo que ha pasado, pensar que todo se ha hecho bien y que nada ha fallado”, han concluido los portavoces vecinales para instar al Ayuntamiento y a la Generalitat a actuar con inmediatez.

La rápida movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para atajar el reciente incendio de la Devesa de El Saler —con un impacto de apenas 37 hectáreas— no supone un hecho aislado en la gestión de las emergencias en la Comunitat Valenciana. Este episodio se ha convertido en una dinámica habitual de la Generalitat, en la que recurrir al Ejército ha pasado de ser el último escalón de auxilio ante catástrofes extremas a convertirse en un mecanismo habitual de contención del riesgo (tanto físico como político). La declaración del nivel 2 de preemergencia en las primeras horas de un fuego permite a las autoridades autonómicas solicitar la intervención militar, una estrategia que los sindicatos y la oposición interpretan como una cobertura preventiva ante la falta de recursos propios.

Este último caso, el del incendio declarado en la tarde del jueves en el paraje natural de la Devesa de El Saler -que las investigaciones apuntan a que pudo ser intencionado- ha provocado que se explicitara un malestar latente en la plantilla autonómica de los bomberos forestales. Mientras los partes oficiales destacaban el control del perímetro tras el despliegue nocturno, la sección sindical de CCOO en los Bomberos Forestales de la Generalitat censuró que el dispositivo valenciano “ha tocado fondo definitivamente” al requerir la presencia de la UME en un siniestro que ha afectado a una reducida extensión. Así, los representantes de los trabajadores llaman la atención sobre el hecho de que la llamada acelerada al Ejército revela la incapacidad de la administración autonómica para ofrecer una respuesta contundente con medios exclusivamente propios, por la dispersión de competencias entre consorcios provinciales, entidades locales y la propia Generalitat, además de por la falta de un mando único autonómico tras la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE).

Esta tendencia se observa también en los otros cinco incendios que han golpeado el territorio valenciano a lo largo del mes de agosto, con episodios de gran envergadura como el de La Vall d'Uixó, donde resultaron calcinadas más de 9.500 hectáreas. La portavoz de Emergencias del PSPV en las Corts, Alicia Andújar, ya denunció entonces que el 75% de los efectivos que participaron en las tareas de extinción correspondían a la Unidad Militar de Emergencias y del Gobierno de España. Los socialistas insistían en que la Conselleria de Emergencias abusa de la elevación rápida de la alerta para solicitar la intervención del Ejército, con el propósito de camuflar la escasez de brigadas y evitar el desbordamiento de las llamas por la vía de los hechos.

Hasta la fecha, la inervención de las fuerzas armadas ha sido reclamada por las autoridades valencianas hasta en cinco ocasiones, aunque han actuado en seis incendios. Además de los ya comentados de la Vall d'Uixò y El Saler, la UME fue requerida para los incendios forestales Soneja, donde el fuego devastó 183 hectáreas; Segorbe, donde se quemaron 395 hectáreas; y Serra d'en Galcerà, que arrasó 45 hectáreas, y desde donde los militares se trasladaron hasta el fuego declarado en Tirig, donde se calcinaron 404 hectáreas.

El día a día de las brigadas de bomberos forestales confirma las dificultades de la Generalitat para mantener sus unidades terrestres en condiciones óptimas. La reiterada petición de asistencia voluntaria al personal en turno saliente o en días de descanso —un mecanismo aplicado en numersas ocasiones durante los meses de julio y agosto— constata la presencia de vacantes sin cubrir y brigadas inoperativas, especialmente en áreas de alto riesgo como la provincia de Castellón. “Esto no es planificación, es improvisación”, alertaba la oposición, para advertir de que la sobrecarga de los brigadistas en activo es “pan para hoy y hambre para mañana”, al minar la capacidad de respuesta frente a episodios simultáneos de fuego.

En definitiva, la propensión a solicitar la UME responde a una doble salvaguarda: por un lado, una vía rápida para derivar o compartir el peso operativo con la administración central, sin asumir el coste directo de un dimensionamiento adecuado de la plantilla autonómica de bomberos; por otro, una especie de salvavidas política para amortiguar el impacto reputacional en caso de un gran incendio descontrolado. No obstante, la acumulación de requerimientos a la UME en escenarios de reducida envergadura deja en evidencia las costuras de un modelo de emergencias que requiere reformas organizativas urgentes, suficiencia presupuestaria y una verdadera planificación de su personal.

La ràpida mobilització de la Unitat Militar d’Emergències (UME) per a atallar el recent incendi de la Devesa del Saler —amb un impacte de només 37 hectàrees— no suposa un fet aïllat en la gestió de les emergències a la Comunitat Valenciana. Aquest episodi s’ha convertit en una dinàmica habitual de la Generalitat, en què recórrer a l’Exèrcit ha passat de ser l’últim escaló d’auxili davant catàstrofes extremes a convertir-se en un mecanisme habitual de contenció del risc, tant físic com polític. La declaració del nivell 2 de preemergència en les primeres hores d’un foc permet a les autoritats autonòmiques sol·licitar la intervenció militar, una estratègia que els sindicats i l’oposició interpreten com una cobertura preventiva davant la falta de recursos propis.

Aquest últim cas, el de l’incendi declarat la vesprada de dijous al paratge natural de la Devesa del Saler —que les investigacions apunten que podria haver sigut provocat—, ha provocat que s’explicitara un malestar latent en la plantilla autonòmica dels bombers forestals. Mentre els comunicats oficials destacaven el control del perímetre després del desplegament nocturn, la secció sindical de CCOO en els Bombers Forestals de la Generalitat va censurar que el dispositiu valencià “ha tocat fons definitivament” en requerir la presència de l'UME en un sinistre que ha afectat una extensió reduïda. Així, els representants dels treballadors criden l’atenció sobre el fet que la ràpida crida a l’Exèrcit revela la incapacitat de l’Administració autonòmica per a oferir una resposta contundent amb mitjans exclusivament propis, per la dispersió de competències entre consorcis provincials, entitats locals i la mateixa Generalitat, a més de per la falta d’un comandament únic autonòmic després de l’eliminació de la Unitat Valenciana d’Emergències (UVE).

Aquesta tendència també s’observa en els altres cinc incendis que han colpejat el territori valencià al llarg del mes d’agost, amb episodis de gran envergadura com el de la Vall d’Uixó, on van resultar calcinades més de 9.500 hectàrees. La portaveu d’Emergències del PSPV a les Corts, Alicia Andújar, ja va denunciar aleshores que el 75% dels efectius que van participar en les tasques d’extinció corresponien a la Unitat Militar d’Emergències i al Govern d’Espanya. Els socialistes insistien que la Conselleria d’Emergències abusa de l’elevació ràpida de l’alerta per a sol·licitar la intervenció de l’Exèrcit, amb el propòsit de camuflar l’escassetat de brigades i evitar el desbordament de les flames per la via dels fets.

Fins ara, la intervenció de les forces armades ha sigut reclamada per les autoritats valencianes fins en cinc ocasions, encara que han actuat en sis incendis. A més dels ja comentats de la Vall d’Uixó i el Saler, l’UME va ser requerida per als incendis forestals de Soneja, on el foc va devastar 183 hectàrees; Segorbe, on es van cremar 395 hectàrees; i Serra d’en Galceran, que va arrasar 45 hectàrees, i des d’on els militars es van traslladar fins al foc declarat a Tírig, on es van calcinar 404 hectàrees.

El dia a dia de les brigades de bombers forestals confirma les dificultats de la Generalitat per a mantindre les seues unitats terrestres en condicions òptimes. La reiterada petició d’assistència voluntària al personal en torn eixint o en dies de descans —un mecanisme aplicat en nombroses ocasions durant els mesos de juliol i agost— constata la presència de vacants sense cobrir i brigades inoperatives, especialment en àrees d’alt risc com la província de Castelló. “Això no és planificació, és improvisació”, alertava l’oposició, per a advertir que la sobrecàrrega dels brigadistes en actiu és “pa per a hui i fam per a demà”, en minvar la capacitat de resposta davant episodis simultanis de foc.

En definitiva, la propensió a sol·licitar l’UME respon a una doble salvaguarda: d’una banda, una via ràpida per a derivar o compartir el pes operatiu amb l’Administració central, sense assumir el cost directe d’un dimensionament adequat de la plantilla autonòmica de bombers; de l’altra, una espècie de salvavides polític per a esmorteir l’impacte reputacional en cas d’un gran incendi descontrolat. No obstant això, l’acumulació de peticions a l’UME en escenaris de reduïda envergadura deixa en evidència les costures d’un model d’emergències que requereix reformes organitzatives urgents, suficiència pressupostària i una verdadera planificació del seu personal.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) la estabilización del incendio forestal en la Devesa de El Saler, lo que permite la autorización del regreso a sus casas de los vecinos desalojados de la pedanía, de la Torre 1 y del camping. Para facilitar este retorno, el consistorio ha activado un servicio especial de la EMT con salidas desde la Fonteta de Sant Lluís.

No obstante, el Cecopal ha acordado el cierre preventivo de las playas de El Saler y de todo el entorno boscoso de la Devesa durante la totalidad del fin de semana, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar el trabajo de los bomberos en las labores de control y extinción definitiva.

En el ámbito de la movilidad, las autoridades mantienen cortadas las carreteras 401 y CV-500, de modo que solo los residentes en la pedanía de El Saler y los usuarios del camping podrán transitar por la CV-500 para acceder a sus destinos, con la prohibición expresa de acceso a los locales de hostelería del núcleo urbano.

Por su parte, los vecinos de los apartamentos de la zona, así como los residentes y clientes que deseen desplazarse a los establecimientos de restauración de El Palmar y El Perellonet, deberán realizar el trayecto de manera exclusiva desde el sur, con desvíos a través de Sueca mediante la A-38 y la Pista de Silla.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha finalizado la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana, que desescala a situación 1, según Emergencias, que también ha informado de que el Plan de Actuación Municipal ha bajado a Situación 2.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha valorado tras la última reunión del Cecopi la “coordinación de las administraciones” ante este incendio que ha afectado a 37 hectáreas con unos 5 kilómetros de perímetro.

“Hemos trabajado de forma coordinada, leal y responsable para responder a la ciudadanía como se merece y estando a la altura”, según Bernabé, quien ha asegurado que durante el fin de semana la playa de El Saler estará cerrada, así como el parque natural.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha incidido en que los servicios de Emergencias siguen trabajando en el incendio y ha valorado que su trabajo “duro y exigente” ha permitido estabilizarlo pero, al no estar todavía extinguido, “se van a mantener las limitaciones de acceso”.

La Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) han puesto en marcha un dispositivo conjunto de obras de emergencia en las comarcas de Las Hurdes y La Vera. El objetivo es atajar de manera inmediata los problemas de abastecimiento de agua potable causados por el arrastre masivo de cenizas tras las recientes lluvias torrenciales, un fenómeno que ha comprometido el suministro en al menos siete municipios y alquerías cacereñas.

La estrategia aborda la crisis desde un doble frente: la intervención en la masa forestal y la reforma rápida de las redes de distribución municipal. En el monte se van a instalar “barreras” para “intentar retener esa ceniza” y “evitar el arrastre de materiales”, frenando las escorrentías hacia los cauces fluviales. En los núcleos urbanos, las brigadas trabajan en la colocación directa de tuberías provisionales y en la purga intensiva de “filtros, depósitos y tuberías para que puedan tener agua potable los ciudadanos”.

Antes de la reunión técnica celebrada este viernes, la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha destacado la intención de “trabajar todas las administraciones” para actuar “lo más rápidamente posible” y de “una manera coordinada”. Morán ha explicado que se pretende replicar el modelo ejecutado tras el gran incendio de Jarilla del pasado verano, el más devastador en la historia regional tras arrasar 17.300 hectáreas, al haber resultado “muy efectivo” para resolver los problemas de potabilidad “de una manera o de otra, según las posibilidades y las herramientas” disponibles.

Siete municipios afectados y despliegue de cisternas

Mientras avanzan las obras sobre el terreno, el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres mantiene desplegado un operativo prioritario con camiones cisterna de 10.000 litros para garantizar el consumo humano en las zonas afectadas.

En Las Hurdes, la intervención busca paliar las consecuencias del incendio declarado el pasado 18 de agosto en Pinofranqueado, dado por extinguido el miércoles tras calcinar más de 3.700 hectáreas. Las incidencias se concentran en Pinofranqueado, especialmente en las zonas de Avellanar y Horcajo, donde el propio consistorio ya está “distribuyendo tuberías para solventar de manera inmediata” el corte, y en las alquerías de Martilandrán y El Gasco, de Nuñomoral.

En La Vera, el arrastre procede de las cenizas de un incendio registrado en primavera, tras la Semana Santa, comprometiendo la calidad del agua en Losar de la Vera, Robledillo de la Vera y Viandar de la Vera.

Reproche institucional a la prevención en La Vera

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha puesto en valor la “colaboración” entre las tres instituciones, autonómica, provincial y estatal, para “dar respuesta a problemas graves de los ciudadanos”, así como la “sensibilidad” mostrada por la consejera Morán.

Sin embargo, Morales ha introducido un matiz crítico respecto a la gestión municipal en la comarca verata, lamentando que sus tres ayuntamientos no hayan estado “diligentes” ni hayan tenido la “precaución” de “cuando han venido estas lluvias fuertes, cerrar la entrada a los depósitos”, una maniobra preventiva que habría impedido el paso de la ceniza a las balsas públicas. “En el caso concreto de La Vera, es algo que no esperábamos y que ha surgido, y en el que también estamos a disposición para intentar resolverlo”, ha concluido.

La movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para combatir el incendio forestal de la Devesa de El Saler —que ha afectado a poco más de 31 hectáreas en un perímetro de cuatro kilómetros— ha reavivado el debate sobre el modelo de respuesta del Gobierno valenciano. La sección sindical de CCOO en los Bomberos Forestales de la Generalitat ha calificado la necesidad de apoyo militar en un fuego de estas dimensiones como la constatación de un fallo estructural. “Cuando en un incendio forestal de apenas 30 hectáreas se moviliza a la UME, el dispositivo valenciano de emergencias ha tocado fondo definitivamente”, han expuesto los representantes de los trabajadores.

El sindicato ha recordado que la extinción del fuego en la Devesa requirió durante la noche del jueves la intervención de cuatro unidades y tres autobombas de la Generalitat, ocho dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de València y varias unidades de la UME desplegadas para el control de los puntos calientes. A juicio de la organización sindical, este despliegue fragmentado evidencia una crisis de modelo que CCOO denuncia desde hace años: “Necesitamos un Sistema Integral de Emergencias Autonómico. La Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) fue un intento de modernizar la respuesta a las complejas realidades actuales que algunos grupos interesados se cargaron por motivos corporativistas y cortoplacistas”.

Desde la sección sindical señalan que la extinción de incendios en el medio natural exige personal con alta cualificación en la materia, una función que, aseguran, corresponde de forma directa a una plantilla que depende de la administración autonómica: “Hacen falta equipos especializados expertos en cada tipo específico de emergencia. En el caso de incendios forestales, los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana somos ese equipo especializado, experto y preparado”.

Asimismo, CCOO ha arremetido contra la dispersión de competencias entre las distintas administraciones y consorcios provinciales. “El modelo actual de respuesta a los incendios forestales, asentado en reinos de taifas corporativos, es ineficiente en incendios forestales y grandes emergencias. La delegación de funciones de la Generalitat ha de terminar tras 32 años así”, han remarcado. Por todo ello, el sindicato ha reclamado valentía a los responsables políticos para transitar hacia una estructura organizativa única que agrupe medios, personal y presupuestos en favor del servicio público.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado este viernes que no hay causas naturales detrás del incendio forestal declarado el jueves en el Parque Natural de la Devesa de El Saler. Así, después de que el Seprona de la Guardia Civil, junto al grupo de investigaciones de la Generalitat Valenciana, hayan accedido a la zona donde se determinó el inicio del incendio y, tras primera evaluación, se han descartado las causas naturales: “No hubo rayos ni maquinaria que pudiese haber provocado ningún tipo de accidente y sí que se ve un impacto directo de llama”.

De este modo, Bernabé apunta a que el fuego podría haber sido intencionado “por una colilla, un mecherazo…”. El Seprona, en colaboración con la Policía Local y la Guardia Civil, sigue trabajando en la investigación para determinar las causas del inicio de las llamas: “Se monitorizará la zona a través de las cámaras que puedan haber a disposición de la investigación para llegar a las últimas consecuencias y determinar la autoría”.

Los medios aéreos han retomado esta mañana los trabajos para extinguir el incendio forestal, cuyo perímetro “prácticamente no ha avanzado”, según ha afirmado Bernabé.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que “estamos ganando la batalla al fuego” en la Devesa del Saler, aunque ha incidido en que el dispositivo permanece en máxima vigilancia ante la evolución del viento y la posibilidad de que se produzcan rebrotes. Catalá ha agradecido la labor de los equipos de extinción, emergencia, seguridad y vigilancia que han trabajado durante toda la noche y ha destacado que todos los mecanismos de protección y prevención continúan activados. “No podemos decir que hemos ganado el pulso al fuego, pero sí que le estamos ganando esta batalla progresivamente, con toda la prudencia del mundo”, ha señalado.

El último balance oficial informa de 37 hectáreas arrasadas en un perímetro de 4,21 kilómetros. A las nueve de esta mañana estaba previsto que comenzara una nueva reunión de coordinación de la emergencia del Cecopi, a cuyo término se actualizarán los datos y el estado del dispositivo de control.

Los trabajos de extinción han seguido durante toda la noche, con cuatro unidades y tres autobombas de la Generalitat y ocho dotaciones de bomberos del Ayuntamiento, según la última información del Centro de Coordinación de Emergencias.

Asimismo, las unidades de la Unidad Militar de Emergencia (UME) movilizadas desde ayer por la tarde siguen trabajando, con labores de ataque directo y liquidación de puntos calientes en el flanco derecho del incendio, en coordinación con el dispositivo de emergencias, ha informado el Ministerio de Defensa.

La delegada del Gobierno ha señalado en redes sociales que el viento es clave, por lo que tratan de “aprovechar la mañana con el viento de poniente hasta mediodía para poder continuar en las tareas contra el incendio”.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el paso de un frente en este territorio está renovando la masa de aire y produciendo una visibilidad horizontal “excepcional” debido a la transparencia del aire.

“La previsión es que las próximas tres horas continúo soplando viento de poniente débil, con ráfagas de 10 a 20 km/h. Con tendencia a girar a sur a partir de mediodía con ráfagas de 20 km/h”, ha detallado la Aemet en redes sociales.

Las evacuaciones por el incendio se mantendrán hasta que se logre estabilizar el fuego, algo que aún no ha ocurrido y en cuya extinción trabajan ya diez medios aéreos, 40 terrestres y más de 270 profesionales, según el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha respondido a la misiva remitida por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en la que se reclamaba una mayor implicación del Estado para restituir la conectividad tras el incendio de Las Hurdes.

Quintana ha cuestionado el valor de remitir comunicaciones a los medios de comunicación en lugar de centrar los esfuerzos en la gestión, recordando que restablecer los servicios básicos en la comarca es una obligación compartida en la que las instituciones y las empresas de telecomunicaciones están trabajando activamente desde el primer momento.

Según ha detallado el delegado, Telefónica, Orange y Vodafone se encuentran completamente volcadas en solucionar los graves daños provocados por las llamas, que destruyeron tanto el cableado como los postes que lo sustentaban a lo largo de un trazado de 15 kilómetros.

La intervención técnica no pudo iniciarse hasta que el fuego quedó extinguido y descendió la elevada temperatura del terreno, lo que permitió a las cuadrillas de operarios acceder a la zona damnificada e instalar grupos electrógenos en los puntos que perdieron el suministro eléctrico.

Las compañías prevén completar durante la jornada de este jueves la instalación provisional en superficie de la fibra óptica para devolver la línea a los municipios afectados.

No obstante, Quintana ha advertido de que esta solución de emergencia puede generar incidencias puntuales entre los usuarios mientras se lleva a cabo la reconstrucción definitiva de la infraestructura, una labor de mayor calado que requerirá el replantado de un número significativo de postes a lo largo de todo el tramo afectado.

El incendio que comenzó ayer en Salas de Bureba (Burgos) evoluciona esta tarde “muy favorablemente” y ya está estabilizado, según ha informado el servicio de extinción de Castilla y León. “Se ha realizado línea de seguridad con maquinaria pesada en la mayor parte de su perímetro, que no ha crecido desde esta mañana”, han explicado desde el Ejecutivo autonómico.

Los trabajadores están localizando los posibles puntos calientes para su eliminación y conseguir así enfriar todo el perímetro. Sin embargo, la situación meteorológica es aún inestable: hay previsión de tormenta y fuertes rachas de viento en la zona, por lo que se ha mantenido de momento el IGR 1 a la espera de tener la seguridad de que no se producirán reactivaciones por el viento.

La causa de este incendio aún está en investigación. Este mediodía hay una veintena de medios activados ante la previsión de “fuertes vientos” para esta tarde: seis agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, tres autobomba, una ELIF/BRIF y otro tipo de efectivos.

Los bomberos forestales activaron el nivel 1 de potencial riesgo ante la posibilidad de que afectara a una superficie mayor de 30 hectáreas o afectara a la población o a infraestructuras. La gran cantidad de humo dificultó este miércoles los trabajos de extinción del fuego, además de una baja humedad y fuertes rachas de viento, de hasta 50 km/h.

El alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal, ha reclamado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, un plan integral de prevención, recuperación y desarrollo para Pinofranqueado y los municipios afectados de Las Hurdes tras los incendios de 2023, 2025 y 2026.

El primer edil ha asegurado que aproximadamente el 30% de la superficie afectada por el fuego de 2023 continúa sin que se haya completado la retirada de los árboles quemados.

En una carta remitida a Guardiola, Azabal plantea actuaciones de prevención de incendios, gestión forestal, recuperación de las zonas quemadas y mejora de infraestructuras, especialmente las relacionadas con el abastecimiento de agua, las comunicaciones y las vías de evacuación.

Según el alcalde, el 30% de la superficie afectada por el incendio de 2023 continúa sin que se haya completado la retirada de los árboles quemados, mientras que en 2025 tampoco se realizaron, según sostiene, determinadas obras de emergencia relacionadas, entre otras cuestiones, con las captaciones de agua de La Muela y Robledo.

Entre las medidas propuestas figuran completar la retirada y tratamiento de los árboles quemados, realizar tratamientos selvícolas en las zonas que permanecen verdes, ampliar las zonas periurbanas de protección y declarar los montes afectados de Nuñomoral y Pinofranqueado como zonas de actuación urgente.

El alcalde ha reclamado que estas propuestas se concreten en un Plan Integral de Prevención, Recuperación y Desarrollo para Pinofranqueado y los municipios afectados de Las Hurdes, con calendario de actuaciones, presupuesto, financiación y mecanismos de seguimiento.

Azabal ha propuesto además a Guardiola impulsar un Pacto de Región sobre gestión forestal, prevención y extinción de incendios con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura.

En la carta, el Ayuntamiento solicita una reunión de trabajo con la Junta para concretar las actuaciones prioritarias, su financiación y los plazos de ejecución, así como mecanismos de coordinación con la Diputación de Cáceres, la Administración General del Estado, la Mancomunidad y el Grupo de Acción Local.

Entre las peticiones figura también que la BRIF de Pinofranqueado sea propuesta para recibir la Medalla de Extremadura, en reconocimiento a su labor en la prevención y extinción de incendios forestales.

“Necesitamos fechas, proyectos, presupuesto y ejecución”, ha señalado el alcalde, que ha reclamado que las propuestas no se queden en “reuniones, borradores o declaraciones de intenciones”.

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en manos de Vox, ha acusado este martes al sindicato OSTA de buscar “la confrontación política” con un correo electrónico con propuestas de endurecimiento del conflicto sindical de los bomberos forestales de la empresa pública SARGA, que no ha asumido formalmente el Comité Intercentros (CIS). La organización sindical ha respondido apelando a la “confidencialidad” del diálogo entre sindicatos y criticando al Ejecutivo autonómico por su intento de “desestabilizar”.

En una nota de prensa, el Gobierno de Aragón ha lamentado “el comunicado” atribuido a la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA), que ha sido conocido a través de los medios de comunicación, en el que representantes de este sindicato plantean “endurecer el conflicto” y boicotear actos de los dos partidos que conforman el Ejecutivo aragonés.

El Ejecutivo regional rechaza que “el legítimo derecho de las brigadas forestales de exponer sus reivindicaciones laborales sea utilizado para alimentar y fomentar la confrontación política”. “Una situación insólita en la que el propio sindicato dejaría de lado la defensa de los trabajadores para trabajar junto con, según sus términos, 'la oposición', llegando incluso a plantear el acoso a las sedes de los partidos que actualmente forman parte del Ejecutivo y que fueron elegidos democráticamente”.

Desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo “no se entiende el rechazo de OSTA a que el análisis y, en su caso, la revisión de las condiciones laborales de las brigadas forestales de Sarga sean abordadas por las partes implicadas –la empresa y los representantes de los trabajadores–, dentro de los cauces establecidos y con el tiempo necesario para estudiar las propuestas y determinar su viabilidad laboral, técnica, jurídica, organizativa y presupuestaria, tal y como lo establece el convenio laboral vigente”.

“Deriva ajena al debate”

El Gobierno de Aragón considera que “esta deriva aleja el debate de las condiciones reales de los trabajadores y dificulta la búsqueda de acuerdos útiles para la plantilla”. También han aseverado que, “después de un verano especialmente duro en el que Aragón ha afrontado algunos de los incendios más graves de su historia reciente, y habiendo sido golpeados por terribles fallecimientos, el Ejecutivo considera indispensable actuar con responsabilidad, respeto institucional y una visión amplia y estratégica de las necesidades de nuestros montes y de la protección del medio rural y la vida en él, partiendo siempre de la indispensable solidaridad colectiva que soslaye una lucha partidista ineficaz”.

“La prioridad común es la de mejorar las condiciones de las brigadas, reforzar el operativo Infoar, proteger a los trabajadores y prevenir los incendios del futuro, reforzando la gestión forestal para evitar la generación de grandes incendios forestales y para desarrollar una extinción aún más eficaz en la protección de las personas, de nuestros pueblos, de bienes y las infraestructuras y de la riqueza de nuestro patrimonio natural”.

“Lamentable” para OSTA

El presidente del Comité Intercentros de Sarga y delegado de OSTA, Carlos Martínez, ha indicado por su parte que este órgano de representación de los trabajadores solo da voz a los acuerdos “que se consensúan”, en alusión al listado de reivindicaciones que forman parte de la huelga comenzada el pasado 18 de agosto, como la falta de medios materiales y humanos o la exigencia del reconocimiento de la categoría laboral de bombero forestal.

“Los delegados están sujetos al principio de confidencialidad”, ha dicho Carlos Martínez, señalando que “un email que mande cualquier sección sindical a otra en ningún momento se debe filtrar” y observando que este principio “está regulado” y es de obligado cumplimiento. Durante los debates, “las propuestas que se lanzan son infinitas”, ha zanjado.

Martínez ha negado que la huelga de los bomberos forestales sea “una cuestión política” contra PP y Vox, recordando que durante la anterior etapa de gobierno cuatripartito presidido por el PSOE también realizaron una huelga y que la siguiente se convocará ante “quien sea”, ya que “aquí se hacen huelgas frente a quienes están en ese momento en el Gobierno”, al ser una empresa cien por cien pública autonómica.

“Nos parece lamentable que justo ahora, antes del jueves, que tenemos una reunión en el SAMA, se hagan estas declaraciones –por parte del Gobierno de Aragón– con la intención de desestabilizar”, ha continuado el presidente del Comité Intercentros de SARGA, rechazando la política de “desviar la atención” y decir “tonterías”, ha zanjado.

Huelva Renace, la nueva plataforma ciudadana surgida tras “los gravísimos incendios” que han afectado este verano a la provincia, celebró este lunes 24 de agosto su primera reunión abierta y ha comenzado a trabajar en una “gran movilización” ciudadana de ámbito provincial para el próximo 19 de octubre.

Según ha indicado la plataforma en una nota, la misma nace después de un verano “que ha dejado en Huelva el mayor incendio forestal de Andalucía de este verano” y con la “convicción” de “cuando las llamas desaparezcan de los informativos, la ciudadanía debe seguir mirando hacia los territorios afectados”.

Huelva Renace se define como una plataforma ciudadana, independiente y “sin color político”, creada para “informar, documentar, vigilar y movilizar” ante los incendios y “por el futuro de los montes de Huelva”. Su objetivo es “trabajar” sobre prevención, gestión forestal, recuperación de los territorios afectados, protección de suelo, fauna y flora, información pública, ayudas y “cumplimiento de las responsabilidades y compromisos de las distintas administraciones”.

“No queremos que cuando se apague el fuego se apague también la preocupación. Queremos entender qué ha ocurrido, trabajar para que no vuelva a ocurrir y conseguir que la ciudadanía tenga capacidad para vigilar, proponer y actuar”, señala la plataforma.

La primera reunión abierta de Huelva Renace tuvo lugar este lunes en La Enredadera, en Huelva, con participación presencial y online de personas procedentes de distintos puntos de la provincia y de ámbitos muy diversos. En ella participaron personas afectadas por los incendios y ciudadanía vinculada, siempre a título individual, a ámbitos como el ecologismo, los movimientos ciudadanos, la educación, el periodismo, la salud o el conocimiento del territorio.

La reunión permitió pasar de las primeras conversaciones a decisiones concretas como “crear una línea estable de divulgación ciudadana; construir una red de conocimiento que permita documentar y contrastar la información; realizar seguimiento de la gestión forestal, la prevención, las ayudas y los compromisos institucionales; incorporar especialmente a población de los municipios afectados; y comenzar a preparar acciones de movilización ciudadana”.

Huelva Renace cuenta ya con 318 personas en su comunidad de WhatsApp, organizada en diferentes espacios y grupos de trabajo para facilitar distintas formas de participación.

Huelva Renace es consciente de que la movilización ciudadana por los montes de Huelva no comienza ahora. Tras el devastador incendio que afectó a Berrocal y otros municipios en 2004 nació la iniciativa ciudadana Fuegos Nunca Más, “que mantuvo viva la reivindicación y la defensa del territorio tras aquel desastre”.

En estos días, Fuegos Nunca Más vuelve a reactivarse. Desde Huelva Renace han querido “reconocer expresamente” el trabajo realizado durante todos estos años y espera “trabajar de manera solidaria y coordinada” con Fuegos Nunca Más, así como con otros movimientos ciudadanos, colectivos, especialistas y personas “que llevan años defendiendo el territorio”.

Huelva Renace nace “para sumar capacidades, generar nuevas redes ciudadanas y ponerlas al servicio de una causa común, manteniendo su propia autonomía y buscando puntos de encuentro y colaboración con quienes ya estaban antes”.

Antes de la “gran movilización” de octubre, hay una fecha que Huelva Renace considera especialmente significativa: el 8 de septiembre. Ese día, La Vuelta Ciclista a España recorrerá la provincia de Huelva en una etapa entre Cortegana y La Rábida “y atravesará territorios duramente afectados por los incendios, con especial relevancia del entorno de Berrocal y la carretera hacia La Palma del Condado”.

La plataforma considera que el enorme alcance mediático de La Vuelta “representa una oportunidad excepcional para que las imágenes de esos territorios lleguen mucho más allá de Huelva”.

“La Vuelta va a pasar por lugares que hace apenas unas semanas estaban ardiendo. Esperamos que los medios y las cámaras miren también a los lados de la carretera y ayuden a mostrar qué ha ocurrido aquí. Que toda España pueda ver cómo han quedado nuestros montes y que esos territorios no desaparezcan de la conversación cuando desaparezcan las llamas”, señala la plataforma.

La principal fecha acordada durante la reunión es ya el 19 de octubre. Huelva Renace ha comenzado a trabajar en una movilización ciudadana con “vocación provincial” en Huelva capital, a la que quiere incorporar a las personas de los municipios afectados y “al conjunto de la ciudadanía onubense”.

El formato y el lugar concreto se definirán durante las próximas semanas, pero la plataforma quiere hacer pública desde ahora la fecha “para que Huelva reserve el 19 de octubre en el calendario”. El objetivo es que la recuperación de los territorios afectados, la prevención de nuevos incendios y la gestión de los montes de Huelva “sigan en la agenda pública mucho después de que termine el verano”.

Huelva Renace subraya que es una plataforma “abierta a cualquier persona que quiera participar”. “No es necesario pertenecer a ninguna organización ni disponer de conocimientos técnicos. Se puede colaborar desde el territorio, aportar experiencia profesional, ayudar a documentar información, participar en acciones ciudadanas, proponer proyectos o simplemente mantenerse informado”.

La comunidad cuenta con diferentes espacios de trabajo dedicados, entre otros ámbitos, a territorio y prevención, instituciones y acción ciudadana, propuestas y proyectos, comunicación y prensa, personas afectadas, red ciudadana y territorio y movilización ciudadana.