En demasiadas partes del mundo dar a luz sigue estando más asociado al miedo que a la esperanza: una clínica sin electricidad, una enfermera sin suministros, una madre que sabe que dar vida puede costarle la suya. Estos temores no son meramente emocionales; están respaldados por los hechos. Cada dos minutos una mujer muere en el mundo al dar a luz. Cada año casi cinco millones de niños no llegan a cumplir cinco años. Una cifra que aumentará si continúan los recortes de ayuda. The Lancet estima que para 2030 podrían morir más de 14 millones de personas adicionales, incluidos 4,5 millones de niños menores de cinco años, el equivalente a borrar la población de ciudades del tamaño de Abuja, Brasilia o Roma.

La verdadera medida del progreso global no se encuentra en los mercados financieros ni en las declaraciones de las cumbres internacionales. Se encuentra en si una mujer sobrevive al embarazo y al parto, en si un niño es vacunado y está bien alimentado, y en si un adolescente puede crecer sano, seguro y con esperanza. Cuando mujeres, niños y adolescentes prosperan, las sociedades son más fuertes, las economías más resilientes y las naciones están mejor preparadas para el futuro. Cuando fallan, los costes no solo se miden en muertes evitables y sufrimiento, sino en la pérdida masiva de potencial humano.

Por eso, invertir en la salud de mujeres, niños y adolescentes es una de las inversiones más importantes que cualquier gobierno puede realizar. La evidencia es abrumadora. Cerrar la brecha en la salud de las mujeres por sí sola podría añadir al menos 1 billón de dólares a la economía global cada año para el 2040. Cada dólar invertido en vacunación infantil o en salud mental adolescente genera alrededor de 20 dólares a lo largo de la vida —en ahorro sanitario, en productividad, y en vidas que continúan construyendo algo—. Las mujeres sanas sostienen las familias y las economías. Los niños sanos se convierten en trabajadores y ciudadanos. Los niños y adolescentes sanos están mejor preparados para participar en la sociedad, desarrollar medios de vida y construir futuros más estables y prósperos.

Sin embargo, los sistemas de salud en todo el mundo están siendo llevados al límite por los recortes de ayuda, la deuda, los conflictos y la reducción del espacio fiscal. En 2025, la ayuda oficial al desarrollo cayó un 23,1%, el mayor descenso anual de la historia. En más de cincuenta países los trabajadores sanitarios están perdiendo sus empleos y se están rompiendo las cadenas de formación. En algunos lugares, la atención materna, la vacunación y la respuesta de emergencia se han reducido en un 70%. Al mismo tiempo, la salud y los derechos sexuales y reproductivos sufren crecientes ataques políticos, poniendo en riesgo avances logrados tras décadas de esfuerzo.

Las mujeres y las niñas soportan la carga más pesada. En 2023, seis de cada diez muertes maternas en el mundo ocurrieron en países en situación de conflicto o fragilidad. De hecho, una mujer que vive en un país afectado por conflictos tiene cinco veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que una mujer en un país estable. Demasiadas mujeres siguen sin acceso a una atención materna de calidad, a servicios anticonceptivos y a servicios reproductivos esenciales. Demasiadas niñas se enfrentan a violencia, discriminación y barreras de acceso a la salud que limitan no solo su bienestar, sino su libertad y su futuro. Cuando los presupuestos se recortan, mujeres y niños son con demasiada frecuencia los primeros en sufrirlos y los últimos en ser protegidos.

Esto no es inevitable. Es una cuestión de voluntad política.

En Sudáfrica, estamos trabajando para fortalecer la atención primaria de salud, ampliar el acceso equitativo a servicios de calidad, invertir en el personal sanitario y construir un sistema más inclusivo que llegue a quienes más lo necesitan. Entendemos que el progreso en salud es inseparable del progreso en igualdad y desarrollo. Una sociedad no puede prosperar si se niega atención a las mujeres, si los niños quedan desprotegidos o si los adolescentes son excluidos de los servicios y oportunidades que necesitan para prosperar.

En España, un sistema nacional de salud público ha proporcionado cobertura universal y una de las tasas más bajas de mortalidad materna e infantil del mundo. Creemos que —con visión, determinación y solidaridad—lo que hemos logrado en nuestro país puede lograrse a escala global. Por eso, la Estrategia Española de Salud Global 2025–2030 sitúa la equidad, los sistemas sanitarios resilientes y la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el centro de nuestra acción internacional; y por eso trabajamos para elevar la ambición global en la financiación del desarrollo sostenible y para defender la igualdad de género como un imperativo democrático y de desarrollo.

En la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla el año pasado, a través del Compromiso de Sevilla y la Plataforma de Acción de Sevilla, contribuimos a centrar la atención internacional en la deuda, la inversión sostenible y la reforma de la arquitectura financiera global.

Estas cuestiones pueden parecer técnicas, pero sus consecuencias son profundamente humanas. Determinan si los sistemas de salud pueden contratar y retener personal, si los medicamentos llegan a las clínicas, si las mujeres pueden acceder a la atención de forma segura y si los niños y adolescentes tienen una oportunidad justa en la vida.

También debemos ser inequívocos en la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos no son secundarios ni negociables. Son fundamentales para la dignidad, la igualdad y la salud pública. Ninguna mujer o niña debería ser privada de atención vital por razones políticas, económicas o de discriminación. Ninguna sociedad puede afirmar que valora la justicia mientras tolere la violencia de género persistente o la erosión sistemática de la autonomía y los derechos de las mujeres.

La cuestión que se plantea a la comunidad internacional no es si podemos permitirnos invertir en mujeres, niños y adolescentes, sino si podemos permitirnos no hacerlo. La respuesta es clara. Los costes a largo plazo de la inacción —mayor inestabilidad, más desigualdad, economías más débiles y millones de muertes evitables— son mucho mayores que el coste de actuar ahora. Mayores que el coste de mantener encendida la luz en esa clínica.

Este es el espíritu con el que España se incorpora a la Red de Líderes Globales, que reúne ya a doce jefes de Estado y de Gobierno comprometidos con avanzar en la salud y los derechos de mujeres, niños y adolescentes. Pero este esfuerzo no puede quedarse ahí. Los desafíos son demasiado grandes y los riesgos demasiado altos como para que el liderazgo recaigasolo en unos pocos países.

Necesitamos que más gobiernos den un paso al frente para proteger los servicios sanitarios esenciales, invertir en el personal de primera línea, defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y garantizar que las reformas de financiación beneficien a quienes más lo necesitan. Necesitamos más líderes que reconozcan que mujeres, niños y adolescentes no son una preocupación secundaria de las políticas globales. Son su mayor desafío.

Este es un momento de valentía política. Un momento para elegir la inversión frente al repliegue, la solidaridad frente a la indiferencia y la acción frente a la complacencia. Sobre todo, es un momento para reconocer una verdad simple: si mujeres, niños y adolescentes no están en el centro de nuestras decisiones, el futuro no será justo, estable ni sostenible. Pero si lo están, un futuro mejor permanece a nuestro alcance.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del sistema de copago farmacéutico para hacerlo más proporcional a los ingresos, para lo cual ha introducido cuatro nuevos tramos de aportación y topes mensuales progresivos para beneficiar a las rentas medias y bajas y un aumento para las más altas.

Lo ha hecho mediante un real decreto impulsado por los ministerios de Sanidad y Hacienda que modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria y que, con un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros, busca reducir las desigualdades y garantizar la continuidad de los tratamientos.

El nuevo sistema adaptará el copago “a la realidad de muchas familias” a las que el modelo actual penalizaba, especialmente a pacientes crónicos y polimedicados de rentas bajas que no podían pagarse su medicación, todo ello sin incrementar lo que hoy en día pagan los ciudadanos por sus medicamentos, ha destacado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Mónica García.

Tres nuevos tramos para personas activas y sus beneficiarios

Ahora, los tramos de renta para el copago, que han permanecido invariables desde 2012, son tres: rentas inferiores a 18.000 euros, que pagan el 40%; las de 18.000 a 100.000, que abonan la mitad; y más de 100.000, que desembolsan el 60%.

La reforma propone crear nuevos tramos, hasta los seis, para beneficiar a las rentas medias y bajas, pero sin incrementar ninguna de las aportaciones, introduciendo por primera vez máximos mensuales en las rentas inferiores a los 35.000 euros, que hasta ahora no disponían de límites específicos, con el objetivo de limitar el impacto económico en las personas con tratamientos prolongados y en polimedicados.

De esta forma, los tramos quedan así: hasta 9.000 euros y de 9.000 a 17.999 euros, que tendrán que contribuir con el 40% hasta un máximo de 8,23 euros y 18,52 euros mensuales, respectivamente.

También, las rentas de 18.000 a 34.999 euros y las de 35.000 a 59.999 euros, en cuyo caso pagarán el 45%, pero las primeras no superarán los 61,75 euros, mientras para las segundas no hay ningún tope.

Un quinto tramo, el de 60.000 a 99.999 euros, abonará el 50% de su medicación, y el sexto, el 60%, sin que ninguno de los dos tenga topes mensuales.

Y uno nuevo para pensionistas

Con el sistema actual, los pensionistas comparten los mismos tramos que los activos, aunque con distintos topes mensuales, que son de 8,27, 18,52 y 61,75 euros en cada horquilla, respectivamente. Mientras, con la reforma, habrá cuatro tramos para pensionistas: el tramo de menos de 18.000, de 18.000 a 59.999 y de 60.000 a 99.999, que seguirán sufragándose el 10 % de la medicación, hasta un tope mensual de 8,23 euros, 13,37 euros y 18,52 euros, respectivamente.

Los que tengan pensiones superiores a los 100.000 euros, el porcentaje de copago se mantiene en el 60% hasta un máximo de 61,75 euros al mes.

Asimismo, se mantienen las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o afectados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También se incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia.

La reforma del copago formaba parte inicialmente de la denominada ley del medicamento, pero finalmente el Ministerio de Sanidad la dejó fuera del anteproyecto de la citada norma para convertirla en un real-decreto ley.

El Ejecutivo espera así reforzar la equidad en el acceso a los medicamentos y garantizar que las condiciones económicas no supongan una barrera para la continuidad de los tratamientos, sobre todo en un contexto marcado por el incremento del coste de vida y la incertidumbre económica internacional.

Se basa en diversos análisis técnicos elaborados por el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica, que han constatado que determinados niveles de aportación pueden afectar negativamente a la adherencia terapéutica y favorecer interrupciones o reducciones de los tratamientos por motivos económicos, con el consiguiente impacto sobre la salud de los pacientes y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

La decisión del área de salud de Badajoz de ofrecer un menú especial inspirado en la Feria de Abril de Sevilla, que se celebra esta semana, a pacientes ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario ha generado un intenso debate en redes sociales. Según explicaba en Facebook el propio servicio, la iniciativa busca acercar un ambiente festivo a quienes no pueden salir del hospital, siempre que su situación clínica y prescripción dietética lo permitan, con el objetivo de hacer la estancia “más cercana, humana y agradable”.

Las bandejas, con salmorejo y pescaíto frito, decoradas con elementos asociados a la feria —abanicos, farolillos y motivos flamencos—, no han pasado desapercibidas. Parte de las críticas se centran en la elección de una festividad vinculada a Sevilla, cuestionando qué relación tiene con Badajoz o con las tradiciones extremeñas. Algunos usuarios consideran que este tipo de acciones deberían inspirarse en celebraciones locales, apelando a un mayor arraigo cultural.

Junto a ese debate identitario, también han surgido comentarios sobre la pertinencia de este tipo de iniciativas en el ámbito sanitario. En el trasfondo, aparece una discusión habitual: si este tipo de gestos simbólicos pueden desviar la atención de las prioridades asistenciales o si, por el contrario, forman parte de una concepción más amplia del cuidado.

Frente a las críticas, algunas voces han defendido la propuesta destacando su dimensión humana. Algunos usuarios y familiares de pacientes subrayan que cualquier elemento que rompa la rutina hospitalaria puede tener un efecto positivo en el ánimo de quienes permanecen ingresados, especialmente en estancias largas. “Cualquier cambio que saque de la rutina del hospital provoca una sonrisa”, resumía uno de los comentarios.

El intenso debate en Facebook acumula ya más de 900 'me gusta', 158 comentarios y se ha compartido más de un centenar de veces, cifras muy superiores a las de cualquier otra publicación de la cuenta del área de salud de Badajoz. Pero la controversia no se ha quedado ahí porque un usuario también lo ha compartido en X con el siguiente contenido: “¿Qué hace la Junta de Extremadura dando menú ”de Feria“ en los hospitales extremeños? ¿A caso es nuestra feria? ¿Este es el ”orgullo“ que sienten por la región? Con esta acción están pisoteando nuestras tradiciones a cambio de importar el postureo”.

En esta red social también se ha creado debate entre quienes la considera una iniciativa positiva para que los pacientes “salgan de la rutina” y quienes esperan que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ponga en marcha menús especiales coincidiendo con la celebración de San Juan (Badajoz), San Fernando (Cáceres) y Santa Eulalia (Mérida), aunque la feria de la capital extremeña se celebra a principios de septiembre y no coincide con el día de su patrona.

En el marco de la III Jornada de Inteligencia Artificial y Tecnología de elDiario.es, expertos del sector tecnológico, académico, clínico e institucional se reunieron en la última de las mesas redondas, moderados por la redactora de Sociedad de elDiario.es Marta Borraz, para debatir cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el paradigma sanitario actual, con el foco puesto en mejorar la eficacia y accesibilidad del sistema.

Carlos Jouve, responsable de sanidad en Amazon Web Services España (AWS), abrió el debate señalando que ya existen tecnologías para acelerar diagnósticos, especialmente en radiología y subrayó la importancia del marco regulatorio: “Esta tecnología debe ser creada, debe ser certificada, debe cumplir los estándares de seguridad y de privacidad con los que tenemos que cumplir”.

Por su parte, Noemí Cívicos Villa, directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, aportó, por videollamada, datos concretos sobre la penetración de las soluciones tecnológicas en España. “Hay 155 algoritmos de inteligencia artificial que están en uso en el sistema público y el 64% de ellos en la etapa diagnóstica”, informó.

La validación científica y clínica fue señalada como un paso crítico antes de la adopción masiva de cualquier tecnología. Juan José Beunza, director de IASalud de la Universidad Europea, subrayó que el sistema necesita “unidades de validación que empiecen a encontrar qué valor clínico aportan realmente estos algoritmos, qué errores cometen y qué riesgos tienen”.

Laura García Bermejo, directora científica del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), añadió que estas validaciones siguen procesos “escrupulosos”, equiparables a los de cualquier otra herramienta clínica, como una PCR o un marcador en sangre.

El salto cualitativo

Uno de los puntos clave de la conversación fue sobre la transición de una medicina reactiva a una preventiva. Beunza explicó que el machine learning permite adelantar diagnósticos a la “fase preclínica antes de que los síntomas aparezcan”. En el campo de la oncología, García Bermejo destacó que la gran oportunidad también reside en la detección temprana, por historial, por hábitos o por área demográfica: “La IA permite identificar de forma precisa a la población en riesgo y hacer un seguimiento a esas personas va a ser un salto tremendamente cualitativo”.

El debate dejó claro que la IA también está revolucionando el desarrollo de fármacos y terapias. La propia García Bermejo incidió en que “hay algoritmos que permiten hacer ese desarrollo en escasos días”, lo que reduce tiempos que antes eran de décadas y mejora la sostenibilidad económica del sistema. En este punto, Carlos Jouve recordó cómo el uso de la nube permitió a Moderna “secuenciar la vacuna del Covid en dos días”, algo impensable con tecnologías anteriores.

Seguridad y confianza

Sobre la gestión de los datos, Jouve defendió la importancia de las plataformas seguras, apuntando a la prioridad de que “los datos estén almacenados de manera segura, privada y de manera confiable para el ciudadano”. Para evitar desigualdades territoriales, Noemí Cívicos Villa detalló el funcionamiento del Espacio Nacional de Datos de Salud, un modelo federado donde “esos datos no se mueven de su sitio” y su acceso está estrictamente regulado por protocolos de seguridad.

La humanización de la asistencia fue otro de los ejes centrales del debate. Cívicos Villa presentó los beneficios de los “escribas digitales”, herramientas que transcriben la consulta para que el médico pueda mirar al paciente a los ojos en lugar de al teclado: “La IA utilizada de forma adecuada en muchas medidas reduce esa incertidumbre y esa vulnerabilidad del paciente”. García Bermejo complementó esta visión recordando que, ante el miedo a la enfermedad, los pacientes siguen exigiendo “humanidad en todo el proceso”, una labor que solo el clínico puede realizar.

“Yo no confío en la IA, yo confío en un clínico que utiliza la IA con su criterio personal, con su experiencia, con todas las validaciones en el ámbito local que se han realizado y yo seguiré confiando en ese clínico”, dijo tajante Juan José Beunza. En cuanto a la responsabilidad legal y ética, el experto tampoco dudó en colocar al profesional humano en el centro del sistema que se vale de la tecnología como una herramienta más: “¿Quién tiene la última responsabilidad? Para mí, el médico”.

En este sentido, uno de los grandes desafíos identificados fue el auge de plataformas que ofrecen asistencia sanitaria directa al paciente sin consulta médica, basadas en modelos de IA generativa. Beunza calificó la tendencia como un “gran riesgo”, ya que la información se ofrece “sin filtro clínico” y son propensas a sufrir alucinaciones. Ante este escenario, los participantes destacaron la necesidad de un debate profundo y de la formación, tanto para la ciudadanía como para los sanitarios, como el motor necesario para que esta revolución tecnológica tenga éxito.

Para concluir, los ponentes ofrecieron su visión de la sanidad a largo plazo para las próximas décadas. Carlos Jouve imaginó una “medicina personalizada, proactiva, donde no vamos a tratar enfermedad, sino que vamos a tratar salud”; Juan José Beunza se inclinó por la “IA agéntica”, Laura García Bermejo por “las herramientas de IA que permitan identificar poblaciones en riesgo” y Noemí Cívicos Villa añadió que el “gemelado digital también va a ser una cosa que vamos a ver muy normal dentro de 20 o 30 años”.

Planta H4B de Digestiu i Neurologia, 22.00. Comença el torn de nit en el quart pis de l'Hospital Son Llàtzer de Palma, encara que podria ser qualsevol altre d'Espanya, on 353.635 infermers col·legiats i més de 151.000 tècnics en cures auxiliars d'infermeria treballen en l'atenció de pacients. José Luis comença la seva jornada al costat d'altres dos infermers i dos auxiliars. S'encarregaran de 28 ingressats, quatre de la recentment inaugurada Unitat d’Ictus; abans eren 33. No penjaran el pijama sanitari fins a les 8.00, quan els donarà el relleu altre equip de tres infermers i tres auxiliars fins a les 15.00. Altres companys, en mateix número i composició, faran la sessió vespertina. En total són 17 sanitaris que van girant en torns. Són els guardians de la cura. Perquè ells, entre llums fredes i portes que s'obren davant incertesa mèdica, sostenen un fil d'humanitat que es cus amb cada gest. El títol el tenen tots, però la implicació personal i l'empatia és el que marca la diferència. 

Ara mateix cada infermer de la planta atén 12 pacients. Les visites matutines comptades i fugaces dels metges contrasten amb el trànsit permanent dels professionals de suport que recorren quilòmetres pels passadissos i entren i surten de les habitacions. Com si fos ja un apèndix propi, empenyen un carret amb medicaments i material higiènic i sanitari. Les infermeres i infermers s'encarreguen d'administrar els tractaments pautats, monitorar l'evolució del pacient i buscar solucions immediates davant qualsevol necessitat. Enfront d'un sofriment que gairebé es fa tangible, cal convertir la tècnica en carícia i la rutina en alè. Els auxiliars renten als pacients, atenen la seva alimentació i la seva mobilització, inclosos canvis posturals, i els mesuren les constants vitals. L'atenció d'alguns és tan delicada que la seva presència és reconfortant i guaridora. 

Un ofici feminitzat

Infermeria requereix un grau universitari i és una professió molt feminitzada. El 85,5% són dones. José Luis de Pablos és un dels homes que integren l'altre 14,5%. És un dels més antics de la planta H4B, on porta gairebé dues dècades. Rep elogis de pacients i familiars i s'observa el respecte dels seus companys. És un dels 7.900 que treballen a les Balears. Nascut a Segòvia, té 45 anys i viu la meitat de la seva vida a Mallorca, on es va desplaçar en 2002 des de Soria en concloure els seus estudis per a cobrir un contracte d'estiu en l'UCI d'un hospital privat.

Després de l'estiu, va deixar que l'illa li atrapés. Va passar a l'hospital públic de referència, Son Dureta, que va tancar el 2010 i avui està en obres per a renéixer com un macrocentre sociosanitari. “Jo volia estudiar Medicina, però no em va arribar la nota i, per a no perdre l'any, em vaig matricular en Infermeria. I des del primer moment ja vaig saber que era la meva professió, perquè per a mi no hi ha res com el tracte al pacient”, explica. Desborda vocació i veure-li treballar proporciona alleujament. És un exemple d'aquesta professionalitat que exigeix tracte humà i empatia. Davant diagnòstics i pronòstics que cauen com a gerros d'aigua gelada que deixen a pacients i familiars en hipotèrmia severa, el seu consol és com una manta calenta que tracta de recuperar-los. Pronuncia amb delicadesa el nom de cada malalt i a cada punxada antecedeix un murmuri explicatiu i una carícia.

Jo volia estudiar Medicina, però no em va arribar la nota i, per a no perdre l'any, em vaig matricular en Infermeria. I des del primer moment ja vaig saber que era la meva professió, perquè per a mi no hi ha res com el tracte al pacient

José Luis de Pablos — Infermer

Fuga de talents

Hi ha molta mobilitat en aquesta professió. Més de 8.000 infermeres es van traslladar en 2023 recant millors condicions laborals, segons les últimes dades disponibles del Consell General d'Infermeria (CGE, sigles en castellà): 6.646 a una altra província o comunitat autònoma i 1.473 a un altre país. Les principals destinacions estrangeres van ser Noruega i els Estats Units, amb 336 i 226, respectivament. La raó principal és la precarietat laboral que viu el sector i, dins d'ella, la temporalitat i les males condicions laborals, apunten des de l'organisme, que xifra en un 30% l'eventualitat de les contractacions. 

Gisela Marí és una d'elles. És de Villena, Alacant, i té 37 anys. Va estudiar en la Universitat d'Alacant i es va traslladar a Mallorca el 2009, amb 21 anys, per a ocupar una vacant en un hospital privat, on va estar en les plantes de maternitat i pediatria. “M'atreia la sanitat, encara que realment no m'havia plantejat estudiar Infermeria i, després d'exercir, tinc clar que és la meva vocació. M'encanta el tracte amb els pacients, parlar amb ells, que confiïn en mi…”, exposa.

M'atreia la sanitat, encara que realment no m'havia plantejat estudiar Infermeria i, després d'exercir, tinc clar que és la meva vocació. M'encanta el tracte amb els pacients, parlar amb ells, que confiïn en mi…

Gisela Marí — Infermera

Va anar encadenant substitucions i compaginant contractes parcials fins a obtenir plaça per oposició en el sector públic. Va treballar en cardiologia, pneumologia, trasplantaments, urgències pediàtriques i reanimació abans d'incorporar-se a la planta H4B de Son Llàtzer. “M'agrada molt la neurologia i abordar nous casos per a aprendre, intentant donar sempre el millor de mi”, afegeix. Gisela, que ha passat per moltes especialitats, és un exemple de la preparació que tenen les infermeres espanyoles, la qual cosa les fa “molt sol·licitades als països més desenvolupats del món”, assenyalen des del CGE. La cara negativa és la fugida del talent i, en canvi, s'està incorporant al sistema espanyol un important nombre d'infermeres de Llatinoamèrica. En 2021, última dada disponible, es va homologar el títol a 305 extracomunitàries, segons dades del CGE.

La precarietat laboral empeny a molts infermers a emigrar als Estats Units i Noruega. Enfront d'aquesta fugida de talent, el sistema espanyol incorpora a un important nombre d'infermers de Llatinoamèrica: en 2021, última dada disponible, es va homologar el títol a 305 extracomunitaris

Compania i dignitat

En la planta H4B es troben ingressats homes i dones de diferents edats. Uns quants passegen en camisa de dormir pel passadís amb una certa dificultat, evidenciant les seqüeles d'un accident cerebrovascular. A una dona li acaben de subministrar sedació per a minvar el seu dolor. El metge coordinador de pal·liatius entra a algunes habitacions i parla pausadament amb familiars i pacients. Hi ha un jove, estranger, operat d'un greu problema digestiu. Ha estat inconscient, li han practicat una traqueotomia i no han pogut localitzar a cap familiar ni amic. Una senyora que té al seu marit de 92 anys a l'hospital per un vessament cerebral entra a veure-li i li somriu. “Portem aquí dos mesos i ningú ha vingut a visitar-li. Em fa pena i, encara que sembla que no em sent, jo li parlo perquè senti companyia”, diu Pilar. Els sanitaris li recorden amb suavitat que no pot entrar a l'habitació. Però ella ho oblida. O no vol fer-los cas. 

Els metges dicten un diagnòstic i pronòstic i fixen un tractament. El dia a dia, infermers i auxiliars són valuoses figures de suport. Hi ha moments de tensió que afronten anteposant enteresa a cansament: un pacient que respira amb dificultat i necessita oxigen, un altre amb una sonda nasogàstrica que se surt, un altre amb febre alta, un altre al qual cal fer una anàlisi de sang, un altre amb bolquer que cal canviar… I així encarnen una altra medicina, que complementen amb sanitat humana: la que baixa la veu en la nit per a no despertar a qui per fi dorm, la que acomoda el coixí sense que ningú ho demani, la que explica amb paciència per què fa mal una via o com afrontar el dolor.

“És una cura invisible fins que falta”, comenta Berta, la filla d'un ingressat. “És fonamental per a mantenir la dignitat del malalt, que està fora de la seva casa, amb gent desconeguda, amb por i dubtes enfront de la seva evolució, vulnerable davant la seva incapacitat de valer-se per si mateix i mantenir una cosa tan bàsica com la seva higiene, la seva intimitat. Els agraeixo molt la seva tasca, perquè sostenen la vida amb la lògica de qui entén que sanar no és només curar”, afegeix.

És una cura invisible fins que falta. És fonamental per a mantenir la dignitat del malalt, que està fora de la seva casa, amb gent desconeguda, amb por i dubtes enfront de la seva evolució, vulnerable davant la seva incapacitat de valer-se per si mateix i mantenir una cosa tan bàsica com la seva higiene, la seva intimitat

Berta — Filla d'un ingressat

Falta de professionals

Alejandro Ávalos és auxiliar d'infermeria, un títol que s'obté a partir d'un grau mitjà de Formació Professional. Va néixer a Elx i té 35 anys. La seva vocació va partir d'una experiència personal. “Veus aquestes cicatrius? Amb 14 anys vaig travessar per accident una porta de cristall i em van haver de cosir: 60 punts interns i externs”, compta. “En aquest moment vaig saber que volia dedicar-me a això”, agrega. Després dels estudis, va començar a treballar a una residència de gent gran. “La gestió era dolenta, poc material i moltes restriccions”, detalla. Després es va incorporar a un hospital privat de Palma, va passar per altres dos públics, Son Espases i Inca, i des de fa set treballa a Son Llàtzer. Des de fa uns mesos el seu destí és la Planta H4B. Prefereix l'hospitalització: “És més pausada i permet conèixer al pacient”.

Maribel Bisquerra també és auxiliar. Va néixer a Palma i té 45 anys. Ella va acabar en això gairebé per atzar. “Em vaig ficar en aquests estudis sense tenir-ho molt clar, perquè una amiga es va matricular, però, com m'agrada ajudar als altres, ho vaig veure una opció”, compta. Ha treballat a una residència geriàtrica, una clínica dental, un hospital privat i fa 22 o 23 anys que va entrar a Son Llàtzer, on porta més de 20 en la unitat de Neurologia i Digestiu. “Afronto el dia a dia tractant de donar als pacients un somriure, empatia, afecte, el màxim respecte… ajudar-los a estar tan bé com sigui possible durant el seu temps d'hospitalització”, assenyala. “Crec que és important escoltar el malalt, però també els familiars. Escoltar les seves pors, les seves emocions, perquè som els que més temps passem amb ells i els que millor podem percebre com se senten”, matisa. 

És important escoltar el malalt, però també els familiars. Escoltar les seves pors, les seves emocions, perquè som els que més temps passem amb ells i els que millor podem percebre com se senten

Maribel Bisquerra — Auxiliar d'infermeria

Alguns malalts passen llarg temps a la planta i les relacions s'estrenyen. “M'ha afectat la mort fa uns dies d'un pacient que portava mesos aquí, sense familiars i derivat per una associació”, confessa José Luis. A vegades el sanitari s'emporta a casa al malalt en el seu pensament i l'endemà apareix amb una solució que ningú li ha demanat. “He demanat a urologia unes pólvores que utilitzen en quiròfan per veure si així reforça l'adhesiu i no se surt el col·lector”, li explica a un pacient que porta una espècie de preservatiu amb un tub que condueix l'orina a una bossa. “Si hi ha una professió que la Intel·ligència Artificial no podrà suplir mai aquesta és la infermeria i les cures auxiliars. El tracte humà delicat, una paraula amable, una carícia, és impossible de substituir”, sentència un familiar.

No obstant això, segons l'informe Situació actual i estimació de la necessitat d'infermeres a Espanya de 2024, “es necessitarien almenys 100.000 infermeres addicionals perquè Espanya aconsegueixi la ràtio mitjana de la UE, una situació que, al ritme actual de creixement, s’assoliria entre 22 i 29 anys”. Això, sense tenir en compte que “el 39,4% de les infermeres enquestades va manifestar la seva intenció de deixar la professió en els pròxims 10 anys”, prossegueix. Alguns informes de CCOO parlen d'una falta de gairebé 50.000 auxiliars. En aquests moments la ràtio a Espanya és de 6,3 infermeres per 1.000 habitants enfront de la mitjana de la UE que aconsegueix les 8,5. I hi ha cinc autonomies que se situen per sota de la mitjana espanyola: Múrcia (4,79), Galícia (5,13), Comunitat Valenciana (5,46), Andalusia (5,51) i les Illes Balears (5,93).

“En temps d'especialització extrema i velocitat mèdica, i també de gestió que persegueix reducció de despesa, convindria recordar que la salut també es defensa amb mans que sostenen i mirades que comprenen. Els sanitaris sense tracte delicat, que també els hem vist, són dolents professionals”, puntualitza la filla d'Alberto, un metge amb sis especialitats convertit en pacient per un ictus, que ha mort en concloure aquest reportatge i que cada dia del seu ingrés va donar les gràcies als infermers i auxiliars que li van cuidar amb coneixement i moixaina.

Planta H4B de Digestivo y Neurología, 22.00. Empieza el turno de noche en el cuarto piso del Hospital Son Llàtzer de Palma, aunque podría ser en cualquier otro de España, donde 353.635 enfermeros colegiados y más de 151.000 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería trabajan en la atención de pacientes. José Luis arranca su jornada junto a otros dos enfermeros y dos auxiliares. Se encargarán de 28 ingresados, cuatro de la recientemente inaugurada Unidad de Ictus; antes eran 33. No colgarán el pijama sanitario hasta las 8.00, cuando les dará el relevo otro equipo de tres enfermeros y tres auxiliares hasta las 15.00. Otros compañeros, en mismo número y composición, harán la sesión vespertina. En total son 17 sanitarios que van rotando en turnos. Son los guardianes del cuidado. Porque ellos, entre luces frías y puertas que se abren ante incertidumbre médica, sostienen un hilo de humanidad que se cose con cada gesto. El título lo tienen todos, pero la implicación personal y la empatía es lo que marca la diferencia. 

Ahora mismo cada enfermero de la planta atiende a 12 pacientes. Las visitas matutinas contadas y fugaces de los médicos contrastan con el trasiego permanente de los profesionales de apoyo que recorren kilómetros por los pasillos y entran y salen de las habitaciones. Como si fuera ya un apéndice propio, arrastran un carrito con medicamentos y material higiénico y sanitario. Las enfermeras y enfermeros se encargan de administrar los tratamientos pautados, monitorizar la evolución del paciente y buscar soluciones inmediatas ante cualquier necesidad. Frente a un sufrimiento que casi se hace tangible, hay que convertir la técnica en caricia y la rutina en aliento. Los auxiliares asean a los pacientes, atienden su alimentación y su movilización, incluidos cambios posturales, y les toman las constantes vitales. La atención de algunos es tan delicada que su presencia es reconfortante y sanadora. 

Un oficio feminizado

Enfermería requiere un grado universitario y es una profesión muy feminizada. El 85,5% son mujeres. José Luis de Pablos es uno de los hombres que integran el otro 14,5%. Es uno de los más antiguos de la planta H4B, donde lleva casi dos décadas. Recibe elogios de pacientes y familiares y se observa el respeto de sus compañeros. Es uno de los 7.900 que trabajan en Balears. Nacido en Segovia, tiene 45 años y lleva la mitad de su vida en Mallorca, donde se desplazó en 2002 desde Soria al concluir sus estudios para cubrir un contrato de verano en la UCI de un hospital privado.

Tras el estío, dejó que la isla le atrapara. Pasó al hospital público de referencia, Son Dureta, que cerró en 2010 y hoy está en obras para resurgir como un macrocentro sociosanitario. “Yo quería estudiar Medicina, pero no me llegó la nota y, para no perder el año, me matriculé en Enfermería. Y desde ese momento ya supe que era mi profesión, porque para mí no hay nada como el trato al paciente”, explica. Rebosa vocación y verle trabajar proporciona alivio. Es un ejemplo de esa profesionalidad que exige trato humano y empatía. Ante diagnósticos y pronósticos que caen como jarros de agua helada que dejan a pacientes y familiares en hipotermia severa, su consuelo es como una manta caliente que trata de recuperarlos. Pronuncia con delicadeza el nombre de cada enfermo y a cada pinchazo antecede un susurro explicativo y una caricia. 

Yo quería estudiar Medicina, pero no me llegó la nota y, para no perder el año, me matriculé en Enfermería. Y desde ese momento ya supe que era mi profesión, porque para mí no hay nada como el trato al paciente

José Luis de Pablos — Enfermero

Fuga de talentos

Hay mucha movilidad en esta profesión. Más de 8.000 enfermeras se trasladaron en 2023 en busca de mejores condiciones laborales, según los últimos datos disponibles del Consejo General de Enfermería (CGE): 6.646 a otra provincia o comunidad autónoma y 1.473 a otro país. Los principales destinos extranjeros fueron Noruega y Estados Unidos, con 336 y 226, respectivamente. La razón principal es la precariedad laboral que vive el sector y, dentro de ella, la temporalidad y las malas condiciones laborales, apuntan desde el organismo, que cifra en un 30% la eventualidad de las contrataciones. 

Gisela Marí es una de ellas. Es de Villena, Alicante, y tiene 37 años. Estudió en la Universidad de Alicante y se trasladó a Mallorca en 2009, con 21 años, para ocupar una vacante en un hospital privado, donde estuvo en las plantas de maternidad y pediatría. “Me atraía la sanidad, aunque realmente no me había planteado estudiar Enfermería y, después de ejercer, tengo claro que es lo mío. Me encanta el trato con los pacientes, hablar con ellos, que confíen en mí…”, expone.

Me atraía la sanidad, aunque realmente no me había planteado estudiar Enfermería y, después de ejercer, tengo claro que es lo mío. Me encanta el trato con los pacientes, hablar con ellos, que confíen en mí…

Gisela Marí — Enfermera

Fue encadenando sustituciones y compaginando contratos parciales hasta obtener plaza por oposición en el sector público. Trabajó en cardiología, neumología, trasplantes, urgencias pediátricas y reanimación antes de incorporarse a la planta H4B de Son Llàtzer. “Me gusta mucho la neurología y abordar nuevos casos para aprender, intentando dar siempre lo mejor de mí”, añade. Gisela, que ha pasado por muchas especialidades, es un ejemplo de la preparación que tienen las enfermeras españolas, lo que las hace “muy solicitadas en los países más desarrollados del mundo”, señalan desde el CGE. La cara negativa es la fuga del talento y, en cambio, se está incorporando al sistema español a un importante número de enfermeras de Latinoamérica. En 2021, último dato disponible, se homologó el título a 305 extracomunitarias, según datos de la CGE.

La precariedad laboral empuja a muchos enfermeros a emigrar a Estados Unidos y Noruega. Frente a esta fuga del talento, el sistema español incorpora a un importante número de enfermeros de Latinoamérica: en 2021, último dato disponible, se homologó el título a 305 extracomunitarios

Compañía y dignidad

En la planta H4B se encuentran ingresados hombres y mujeres de diferentes edades. Varios pasean en camisón por el pasillo con cierta dificultad, evidenciando las secuelas de un accidente cerebrovascular. A una mujer le acaban de suministrar sedación para menguar su dolor. El médico coordinador de paliativos entra a algunas habitaciones y habla pausadamente con familiares y pacientes. Hay un chico joven, extranjero, operado de un grave problema digestivo. Ha estado inconsciente, le han practicado una traqueotomía y no han podido localizar a ningún familiar ni amigo. Una señora que tiene a su marido de 92 años en el hospital por un derrame cerebral entra a verle y le sonríe. “Llevamos aquí dos meses y nadie ha venido a visitarle. Me da pena y, aunque parece que no me oye, yo le hablo para que sienta compañía”, dice Pilar. Los sanitarios le recuerdan con suavidad que no puede entrar a la habitación. Pero ella lo olvida. O no quiere hacerles caso. 

Los médicos dictan un diagnóstico y pronóstico y pautan un tratamiento. En el día a día, enfermeros y auxiliares son valiosas figuras de apoyo. Hay momentos de tensión que afrontan anteponiendo entereza a cansancio: un paciente que respira con dificultad y necesita oxígeno, otro con una sonda nasogástrica que se sale, otro con fiebre alta, otro al que hay que hacer un análisis de sangre, otro con pañal rebosante que hay que cambiar… Y así encarnan otra medicina, que complementan con sanidad humana: la que baja la voz en la noche para no despertar a quien por fin duerme, la que acomoda la almohada sin que nadie lo pida, la que explica con paciencia por qué duele una vía o cómo afrontar el dolor.

“Es un cuidado invisible hasta que falta”, comenta Berta, la hija de un ingresado. “Es fundamental para mantener la dignidad del enfermo, que está fuera de su casa, con gente desconocida, con miedo y dudas frente a su evolución, vulnerable ante su incapacidad de valerse por sí mismo y mantener algo tan básico como su higiene, su intimidad. Les agradezco mucho su labor, porque sostienen la vida con la lógica de quien entiende que sanar no es solo curar”, añade. 

Es un cuidado invisible hasta que falta. Es fundamental para mantener la dignidad del enfermo, que está fuera de su casa, con gente desconocida, con miedo y dudas frente a su evolución, vulnerable ante su incapacidad de valerse por sí mismo y mantener algo tan básico como su higiene, su intimidad

Berta — Hija de un ingresado

Falta de profesionales

Alejando Ávalos es auxiliar de enfermería, un título que se obtiene a partir de un grado medio de Formación Profesional. Nació en Elche y tiene 35 años. Su vocación partió de una experiencia personal. “¿Ves estas cicatrices? Con 14 años atravesé por accidente una puerta de cristal y me tuvieron que coser: 60 puntos internos y externos”, cuenta. “En ese momento supe que quería dedicarme a esto”, agrega. Tras los estudios, empezó a trabajar en una residencia de ancianos. “La gestión era mala, poco material y muchas restricciones”, detalla. Después se incorporó a un hospital privado de Palma, pasó por otros dos públicos, Son Espases e Inca, y desde hace siete trabaja en Son Llàtzer. Desde hace unos meses su destino es la Planta H4B. Prefiere la hospitalización: “Es más pausada y permite conocer al paciente”.

Maribel Bisquerra también es auxiliar. Nació en Palma y tiene 45 años. Ella acabó en esto casi por azar. “Me metí en esos estudios sin tenerlo muy claro, porque una amiga se matriculó, pero, como me gusta ayudar a los demás, lo vi una opción”, cuenta. Ha trabajado en una residencia geriátrica, en una clínica dental, en un hospital privado y hace 22 o 23 años que entró en Son Llàtzer, donde lleva más de 20 en la unidad de Neurología y Digestivo. “Afronto el día a día tratando de dar a los pacientes una sonrisa, empatía, cariño, el máximo respeto… ayudarles a estar lo mejor posible en su tiempo de hospitalización”, señala. “Creo que es importante escuchar al enfermo, pero también a los familiares. Escuchar sus miedos, sus emociones, porque somos los que más tiempo pasamos con ellos y los que mejor podemos percibir cómo se sienten”, matiza. 

Es importante escuchar al enfermo, pero también a los familiares. Escuchar sus miedos, sus emociones, porque somos los que más tiempo pasamos con ellos y los que mejor podemos percibir cómo se sienten

Maribel Bisquerra — Auxiliar de Enfermería

Algunos enfermos pasan largo tiempo en planta y las relaciones se estrechan. “Me ha afectado el fallecimiento hace unos días de un paciente que llevaba meses aquí, sin familiares y derivado por una asociación”, confiesa José Luis. A veces el sanitario se lleva a casa al enfermo en su pensamiento y al día siguiente aparece con una solución que nadie le ha pedido. “He pedido a urología unos polvos que utilizan en quirófano para ver si así refuerza el adhesivo y no se sale el colector”, le explica a un paciente que lleva una especie de preservativo con un tubo que conduce la orina a una bolsa. “Si hay una profesión que la Inteligencia Artificial no podrá suplir jamás ésa es la enfermería y los cuidados auxiliares. El trato humano delicado, una palabra amable, una caricia, es imposible de sustituir”, sentencia un familiar.

Sin embargo, según el informe Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España de 2024, “se necesitarían al menos 100.000 enfermeras adicionales para que España alcance la ratio promedio de la UE, una situación que, al ritmo actual de crecimiento, se tardaría en conseguir entre 22 y 29 años”. Esto, sin tener en cuenta que “el 39,4% de las enfermeras encuestadas manifestó la intención de dejar la profesión en los próximos 10 años”, prosigue. Algunos informes de CCOO hablan de una falta de casi 50.000 auxiliares. En estos momentos la ratio en España es de 6,3 enfermeras por 1.000 habitantes frente al promedio de la UE que alcanza las 8,5. Y hay cinco autonomías que se sitúan por debajo de la media española: Murcia (4,79), Galicia (5,13), Comunidad Valenciana (5,46), Andalucía (5,51) y Balears (5,93).

“En tiempos de especialización extrema y velocidad médica, y también de gestión que persigue reducción de gasto, convendría recordar que la salud también se defiende con manos que sostienen y miradas que comprenden. Los sanitarios sin trato delicado, que también los hemos visto, son malos profesionales”, puntualiza la hija de Alberto, un médico con seis especialidades convertido en paciente por un ictus, que ha fallecido al concluir este reportaje y que cada día de su ingreso dio las gracias a los enfermeros y auxiliares que le cuidaron con conocimiento y mimo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha finalizado el Protocolo de Detección Precoz y Manejo de la Disfagia Orofaríngea en el adulto, una herramienta “clave” destinada a identificar tempranamente los problemas de deglución, estandarizar la valoración clínica y garantizar un abordaje integral y seguro de las personas afectadas por esta patología.

La disfagia orofaríngea es la dificultad para iniciar la deglución y transportar alimentos desde la boca hasta el esófago.

Este protocolo culmina un proceso de trabajo coordinado por la Dirección General de Cuidados y Calidad, con el objetivo de reforzar la seguridad del paciente y mejorar la calidad asistencial, especialmente en población vulnerable y en personas con patologías neurológicas, oncológicas o en situación de fragilidad.

La directora general de Cuidados y Calidad, Montserrat Hernández, ha señalado que “el protocolo responde a la necesidad de anticiparnos a los problemas de deglución y de ofrecer una respuesta homogénea y basada en la evidencia en todo el sistema sanitario público regional, poniendo la seguridad del paciente en el centro de la atención”.

Elaborado por un equipo multidisciplinar de profesionales

El documento tiene como finalidad detectar de forma precoz los trastornos de la deglución en cualquier ámbito asistencial -hospitalario, Atención Primaria y centros sociosanitarios-, con el objetivo de prevenir complicaciones graves como la broncoaspiración, la desnutrición y la deshidratación, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante intervenciones adaptadas a sus necesidades.

El protocolo establece un circuito asistencial común, apoyado en herramientas validadas y en la “mejor evidencia científica disponible”, que permite unificar criterios de actuación entre los distintos profesionales y niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad de cuidados y el uso eficiente de los recursos sanitarios.

Tal y como ha destacado Hernández, “la coordinación desde Cuidados y Calidad ha permitido integrar la mirada clínica, organizativa y de cuidados, garantizando que el protocolo sea aplicable, útil para los profesionales y coherente con los estándares de calidad y humanización de la asistencia”.

El documento ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de enfermería -del ámbito hospitalario, Atención Primaria y centros sociosanitarios-, medicina -especialmente geriatría y otorrinolaringología-, logopedia, nutrición, farmacia y áreas de calidad asistencial, procedentes de distintas gerencias y direcciones generales del SESCAM.

“Este trabajo colaborativo refleja el valor del enfoque multidisciplinar y del papel estratégico de los cuidados en la detección precoz y el abordaje de la disfagia, desde la valoración clínica hasta la educación sanitaria de pacientes y cuidadores”, ha añadido la directora general.

Incluye formación de los profesionales sanitarios

El Protocolo de Detección Precoz y Manejo de la Disfagia Orofaríngea en el adulto supone un “avance significativo” en la atención integral a las personas con disfagia, alineado con los principios de calidad, seguridad y humanización de los cuidados. Su implantación tendrá un impacto directo en la salud de la población, al mejorar la seguridad en la alimentación, prevenir complicaciones respiratorias y nutricionales, reducir ingresos hospitalarios evitables y favorecer la autonomía y el bienestar de las personas afectadas.

Asimismo, el protocolo incorpora la formación de los profesionales sanitarios y la educación sanitaria de pacientes y cuidadores como ejes fundamentales, contribuyendo a una atención más segura, coordinada y centrada en la persona.

Nuestros sistemas de incentivos (económicos, políticos y sociales) parecen, a menudo, diseñados para premiar lo que genera daño. No es cuestión de mala fe individual, sino de un sistema que recompensa, con dinero, fama o poder, las malas prácticas. Se paga, se aplaude o se da visibilidad a aquello que, en teoría, todos deberíamos rechazar.

Pensemos en la salud. Las farmacéuticas obtienen grandes beneficios gracias a suministrar tratamientos crónicos para dolencias como la diabetes, la hipertensión o el colesterol. A esto se ha unido, desde hace unos años, la pastilla para el déficit de vitamina D. Raro es que vayas a hacerte unos análisis de sangre y no te salga carencia de dicha vitamina. Pero lo paradójico es que en una región como Andalucía, con sol a raudales, los sanitarios no te prescriban radiaciones solares, sino cajas de pastillas. El sistema de recompensas está montado de tal modo que mantener una dolencia crónica puede ser más rentable que curarla. La investigación se dirige hacia lo que garantiza ventas a largo plazo, no a lo que previene o cura definitivamente.

En la medicina privada, la lógica es similar: un hospital cobra por cada prueba, por cada visita, por cada intervención. Cuantos más pacientes, más ingresos. ¿Dónde está el incentivo a la prevención, a la educación sanitaria, a la vida saludable? La mayoría de médicos, por supuesto, actúan con ética. El problema no es moral, sino estructural: el sistema premia la enfermedad más que estar sanos.

Y este modelo se ha extendido a casi todos los ámbitos de la vida.

En el periodismo digital un titular engañoso, una declaración incendiaria o un bulo pueden generar millones de visitas, e ingresos publicitarios. En este modelo, la precisión, la serenidad o la verdad no se premia, la viralidad y el sensacionalismo sí.

Ni siquiera la ciencia o la academia escapan a esta lógica. Los investigadores son evaluados por métricas, en muchos casos absurdas, que priorizan la cantidad de artículos publicados, y no su impacto o contribución

En la política, los discursos moderados, que requieren matices, se pierden en el ruido mediático. En cambio, los mensajes simplistas y emocionales, los que prometen soluciones fáciles, triunfan en las urnas. La radicalidad da visibilidad; la calma, anonimato. En el juego de la confrontación política más carroñera ya sabemos que “cuanto peor, mejor”.

De igual modo, en el mundo de los influencers, los mensajes misóginos, teorías conspirativas o discursos de odio son los que logran fama y dinero, mientras los contenidos educativos, de análisis o más serenos apenas tienen repercusión. El algoritmo de plataformas como TikTok, Instagram o X premia los contenidos que más emociones intensas generan: rabia, miedo o indignación, y cuantos más adictos a las pantallas, más ingresos publicitarios obtienen.

La misma lógica opera en el mundo empresarial, las firmas tecnológicas que despiden a miles de empleados, como Meta, Amazon o Google, vieron sus acciones dispararse tras anunciar recortes. El mensaje implícito es claro: destruir empleo es un signo de éxito financiero.

Y qué decir de la industria alimentaria, los productos ultraprocesados se formulan para maximizar el bliss point, esa proporción perfecta de azúcar, sal y grasa que lo hace irresistible, activando la liberación de dopamina. En otras palabras, que lo hace adictivo, es decir, rentable, pero no porque sea nutritivo o saludable, sino porque fideliza. Nuevamente se constata que la rentabilidad se sustenta en la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, en el malestar ajeno.

La administración pública tampoco se queda atrás. Es notorio que muchos ayuntamientos utilizan las multas con afán recaudatorio, se incentiva aumentar sanciones, no mejorar la circulación o la seguridad vial. Por otro lado, los pluses que reciben algunos empleados públicos por la realización de horas extraordinarias puede ser otro ejemplo de “incentivo perverso”. En muchos países, incluyendo España, una parte del salario que recibe un bombero puede aumentar considerablemente por hacer horas extras durante las emergencias. Dicho de otro modo: si hay incendios, hay más ingresos, si la temporada es tranquila, se cobra menos. Nadie desea incendios, y el trabajo de los bomberos es admirable, heroico, pero el sistema recompensa la emergencia, no la prevención. Las tareas más importantes (limpieza de montes, vigilancia, formación, mantenimiento de cortafuegos...) son las menos reconocidas. La prevención, el esfuerzo silencioso por evitar un fuego no da titulares ni visibilidad, ni se remunera mejor.

Ni siquiera la ciencia o la academia escapan a esta lógica. Los investigadores son evaluados por métricas, en muchos casos absurdas, que priorizan la cantidad de artículos publicados, y no su impacto o contribución al bien común o a resolver problemas de nuestra sociedad. El compromiso social, que debería ser inherente en una universidad, no da rédito ni reputación.

La propuesta de la economía del bien común va en la dirección de premiar aquellas organizaciones que tienen un impacto social positivo, medido éste por su contribución al bien común y no sólo por su éxito financiero

¿Y qué hacer para evitar este círculo vicioso? ¿Cómo habría que proceder para que el éxito económico, político o mediático dependiera de mejorar la vida de la gente y no de aprovechar sus debilidades, de resolver problemas y no de cronificarlos?

Algunos países están experimentando con modelos que premien la prevención, la transparencia o el impacto positivo, en los que, por ejemplo, los sistemas de salud pública bonifiquen a centros que logren reducir las rehospitalizaciones o mejorar la calidad de vida del paciente. En Finlandia y Canadá se experimenta con contratos de “impacto social”: los inversores financian proyectos preventivos, por ejemplo, reducir la obesidad infantil, la pobreza o la exclusión, y sólo cobran si los resultados se consiguen.

La propuesta de la economía del bien común va en la dirección de premiar aquellas organizaciones que tienen un impacto social positivo, medido éste por su contribución al bien común y no sólo por su éxito financiero. Ventajas fiscales, créditos más baratos, privilegios en la compra pública, cooperación con universidades públicas en investigación y ayudas directas son ejemplos de lo que podríamos denominar “incentivos virtuosos”.

Necesitamos, por tanto, repensar nuestro modelo de sociedad, redefinir nuestros indicadores de lo que consideramos éxito, alinear nuestros incentivos con el bien común. En definitiva, diseñar sistemas en los que hacer el bien sea lo más rentable. Que curar sea más rentable que mantener enfermos. Que prevenir incendios dé más reconocimiento que apagarlos. Que informar con rigor genere más ingresos que manipular. Que la serenidad y la cooperación sean más virales que el conflicto. 

Que cuanto mejor… mejor.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha denunciado la falta de profesionales en la plantilla orgánica del servicio de Traumatología del Hospital Comarcal de Laredo, una “grave situación” que habría desembocado en la suspensión de guardias de esta especialidad por primera vez en 34 años.

El sindicato ha detallado que entre los días 12 y el 15 de septiembre no ha habido traumatólogo de guardia en el centro hospitalario y la solución que ha dado la Consejería de Salud “es que se derivasen a Valdecilla estas urgencias”.

Una situación que, según el delegado de CCOO en el Hospital de Laredo, Carlos Ateca, ya han comprobado que “se va a alargar y cronificar al contar únicamente con los traumas del hospital, puesto que los de Valdecilla ya no acuden”.

Este escenario “implica una sobrecarga especial de los profesionales de este servicio en el Hospital de Laredo, que se ocuparán de las guardias entre semana, con las que ya cumplen sus horas de jornadas y de jornada complementaria estipuladas en la normativa, y, además, los fines de semana estarán localizados de manera consultiva”.

En este sentido, Ateca ha advertido que “la escasez de personal repercute directamente en la ciudadanía de la zona oriental de Cantabria, que ya sufre listas de espera superiores a los dos años en Traumatología y, en muchos casos, es derivada a centros privados”.

El sindicalista ha precisado en un comunicado que actualmente, de una plantilla prevista de 11 traumatólogos, solo cinco se prestan servicio y cuatro de ellos realizan guardias que superan “con frecuencia” las 48 horas de jornada laboral semanal.

En su opinión, esta situación pone de relieve la “insuficiencia e ineficacia” de la medida que tomó la Consejería de Salud, que plantea que traumatólogos de Valdecilla cubran algunas guardias de Laredo de lunes a jueves, y que “provoca no solo que los fines de semana sigan recayendo en el personal del hospital comarcal y se produzcan situaciones como la de este puente, con una ausencia total de guardias, sino que además genera agravio comparativo entre unos y otros profesionales”.

CCOO ha recordado que no firmó ese acuerdo por considerar que “infravalora a los compañeros” del hospital, que son quienes han estado realizando las guardias y a quienes “no se las quisieron pagar como al resto de desplazados, además de no permitir abrir esas plazas a traslados”. Una serie de decisiones por parte de Salud que “ahondan en la discriminación de una parte de profesionales y dejan claro que los comarcales no son importantes para esta Consejería”, según Ateca.

Así, el sindicato ha instado a la Consejería a adoptar medidas urgentes de gestión de personal y mostrar un compromiso “real” con los hospitales comarcales de la región, para garantizar que la población de la comarca oriental no padezca listas de espera más largas que en otras zonas de la comunidad.

Además, ha insistido en que la sanidad de Cantabria “necesita un acuerdo global” para ocupar plazas de difícil cobertura en todo el Servicio Cántabro de Salud, incluida la Atención Primaria, y “no se puede actuar a salto de mata”.

Respecto a las listas de espera, CCOO ha denunciado “falta de transparencia” en la información pública, ya que destaca que “desde febrero de 2024 no se publican los datos de listas de espera del Hospital de Laredo y, en su lugar, la Consejería difunde únicamente un promedio de los cuatro hospitales públicos de la comunidad, lo que impide conocer la situación real de cada centro”.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha destinado en los últimos tres años 50 millones de euros para cubrir la atención sanitaria de ciudadanos con una TIS (tarjeta individual sanitaria) de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en otras zonas de España o incluso en el extranjero. Fueron 15,59 millones en 2022, 17,87 millones en 2023 y 16,55 millones en 2024, según las tablas estadísticas enviadas al Parlamento Vasco por el consejero de Salud, Alberto Martínez, en respuesta a una pregunta de Vox.

En detalle, son casi 38 millones de euros por prestaciones adelantadas por otros servicios autonómicos de Salud y algo más de 12 millones, el 24,09%, por el mismo concepto en “países extranjeros”. El consejero matiza que, en este segundo capítulo, ni se conoce el lugar ni el motivo de la prestación, “únicamente la cantidad económica”. Un matiz muy relevante es que los gastos imputados a 2022 se corresponden con facturas del año anterior y así sucesivamente, por lo que los 50 millones abonados de 2022 a 2024 son por atenciones recibidas entre 2021 y 2023.

El gasto en este capítulo en 2021, liquidado en 2022, fue de 11,85 millones de euros en España y de 3,73 destinado a países extranjeros. En 2023 se liquidaron con respecto a 2022 13,37 millones en España y 4,49 del exterior. Y en 2024 se asumieron facturas de 2023 por valor de de 12,72 millones, 3,81 de terceros países.

La partida de coberturas en España se divide en tres patas, la atención primaria -claramente la más alta-, la hospitalización y los procesos ambulatorios. Fueron 27,64 millones los gastados por los gastos generados en centros de salud de otras comunidades autónomas. Es el 72% del gasto total en España y el 55% del presupuesto total. Después se destinaron 6,69 millones por ingresos hospitalarios y 3,63 por otros procesos ambulatorios.

Por comunidades autónomas, es a Castilla y León a la que más dinero se ha destinado en el trienio, 7,7 millones, frente a los 7,3 de otra zona limítrofe, Cantabria. Por detrás están Madrid (3,8 millones), Catalunya (3,6), Valencia (2,8), La Rioja (2,4), Galicia (2,2), Extremadura y Navarra (1,7 en ambos casos) y Andalucía (1,5). Las que menos han facturado a Euskadi son Canarias (0,6), Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Baleares (0,4 todas ellas), y Murcia (menos de 0,2). Con Ceuta y Melilla, cuya Sanidad es gestionada por el Estado, los gastos son mínimos, de 5.145 y 3.480 euros en tres años, respectivamente.

Aunque ahora no se precisa, en un informe enviado el pasado año, el consejero de Salud indicó que el saldo para Euskadi suele ser “negativo”, es decir, que los vascos usan más otros servicios sanitarios que los foráneos Osakidetza. Ello se debe a que alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos poseen de muchas segundas residencias fuera de la comunidad autónoma y a que, cuando viajan, lo hacen durante estancias mucho más largas que las que dedican los turistas que llegan a Euskadi, según indicaban las autoridades sanitarias.

Aquel documento, además, incorporaba otro capítulo que no aparece en las actuales estadísticas y que suele disparar el gasto, la compensación farmacéutica. Desde 2018, fruto de la interconexión informática, se pueden recoger recetas de Osakidetza con la TIS electrónica en cualquier farmacia del Sistema Nacional de Salud. En 2023 rondó ya los 20 millones de euros, por ejemplo.

La menopausia está dejando de ser un tabú para convertirse en tema de conversación y, como consecuencia, en materia prima en redes sociales de nutricionistas, preparadores físicos, influencers... Al calor de esta conversación florece toda una industria de complementos alimenticios y todo tipo de productos para afrontar un cambio al que muy pocas mujeres llegan preparadas por culpa de un sistema sanitario que tiende a minimizar e ignorar unos síntomas que, sin embargo, tienen un enorme impacto serio en la salud de las mujeres.  

En el episodio de hoy escuchamos a María José, Laura, Eme y María, cuatro amigas que nos cuentan cómo les afecta, de repente, quedarse sin unas hormonas con las que han regulado su cuerpo durante la mayor parte de su vida. Con Sonia Sánchez, ginecóloga y miembro de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, respondemos a la pregunta de por qué el sistema de salud hace tan poco caso a las mujeres en esta etapa y las consecuencias que esto supone. 

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Desde 1987, el Hospital Virgen del Valle funciona como un centro de referencia en la atención a pacientes de Geriatría en Castilla-La Mancha. Forma parte del Complejo Hospitalario de Toledo desde el año 1995. A pesar de toda la historia y arraigo que tiene el centro en el edificio actual -situado en un punto estratégico entre Toledo capital y otras localidades de los alrededores-, el Gobierno regional planea su traslado a las instalaciones del Hospital Universitario de Toledo.

Así lo anunció Emiliano García-Page durante la apertura de la Mezquita de Tornerías en Toledo, cuando puntualizó que la intención era licitar el proyecto de traslado antes de verano de 2025. Desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha confirman que este proceso no se ha iniciado. El traslado incluye también lo que resta de los servicios que se mantienen en el Hospital Provincial.

García-Page señalaba entonces que el edificio del Hospital del Valle tiene “pocos años de vida útil”, y que transferir los servicios será en “beneficio de los usuarios y los trabajadores”. 

“No saben lo cómodo, caro y difícil que es trasladar de un hospital a otro porque no hay quirófanos, o por realizar pruebas. Hay días en los que se han llegado a mover 100 ambulancias para prestar el servicio”, detallaba entonces. A pesar de todos los beneficios que señalaba García-Page entonces, el personal sanitario ha reunido, junto a pacientes y familiares, unas 2.880 firmas para mostrar su rechazo al traslado y que se han presentado ante las administraciones competentes.

El sindicato CSIF ha mostrado la “necesidad” de mantener el centro, al resaltar que es el “único” centro de referencia y especializado en tratamientos geriátricos de la región, junto al del Hospital del Perpetuo Socorro de Albacete. Esto, señalan, es “fundamental” para la formación de personal que se especialice en estos tratamientos. Otros sindicatos como CCOO han declinado hacer declaraciones al respecto, al no conocerse de forma firme el traslado del servicio.

Desde CSIF resaltan que su “inserción” en el nuevo Hospital Universitario “iría en detrimento de la cada vez más numerosa población geriátrica del área sanitaria” de Toledo. “El Sescam vuelve a no tener en cuenta el interés de la cada vez más numerosa población geriátrica dependiente (que se beneficia más de cuidados específicos que de alta tecnología) con el proyectado cierre de un hospital geriátrico”, lamentan. 

Miguel Ángel González, médico en Urgencias del Hospital Universitario de Toledo y sindicalista de CSIF explica que la organización se opone a este traslado porque el Hospital Universitario toledano está ya “colapsado” y que esto solo haría que dicha saturación aumente. 

Tampoco consideran que esta medida redundaría en beneficio de los pacientes, sino todo lo contrario. “Son pacientes que necesitan de estos centros”, explica González, no solo en relación a Geriatría, sino también a los servicios psiquiátricos que se ofertan en el Hospital Provincial.  En cuanto a la falta de vida útil de los edificios a la que alude García-Page, el profesional lo tiene claro: “Si no inviertes en las instalaciones, si no se mantienen, se estropean”. 

Los pacientes de Geriatría, explica González, no son “al uso”, sino que requieren de una atención especializada y un seguimiento también específico. Una atención que, resalta, no se ofrece en el Hospital Universitario. 

González insiste en que el Hospital está “colapsado” y que ese colapso se vive “todos los días”. “No hay camas de hospitalización suficientes, tenemos más de 40 pacientes pendientes de ingreso todos los días; las consultas y pruebas diagnósticas siguen por el mismo camino y no va a mejorar, por lo que vemos de falta de profesionales”, describe el profesional. 

El traslado de los servicios del Hospital del Valle supondría más de 100 camas, más los profesionales que atienden que son más de 700. “Imagínate el movimiento de personas que significará para estas infraestructuras. Y la demanda de pacientes geriátricos es cada vez mayor. Antes encontrar un paciente con 90 años era algo muy raro, pero ahora lo normal es tener pacientes de 100 años”, concluye el profesional.  

Los sindicatos médicos y de enfermería de Aragón, agrupados en Cemsatse, mantienen la convocatoria de huelga en la Atención Primaria para el próximo 24 de marzo. Así lo han confirmado fuentes del Gobierno autonómico, después de que el Servicio Aragonés de Salud (Salud) y Cemsatse hayan pasado “toda la mañana” reunidos para llegar a un acuerdo en torno al nuevo decreto que reorganiza los equipos de la Atención Primaria.

El Salud ha asegurado que mantiene su postura de negociación que se ha avanzado “en diversos puntos”, pero han rehusado hacer más declaraciones por el “sigilo” solicitado por los representantes sindicales. Las conversaciones continuarán el próximo martes, 25 de marzo. Los sindicatos no han hecho declaraciones y será el lunes cuando comuniquen su postura.

Los representantes de los profesionales sanitarios han venido avisando del “clamor” que existe en el sector contra la propuesta de la Consejería de Sanidad y de que la huelga del próximo lunes va a ser “masiva”. “Nosotros no vamos a reblar”, aseguraron este jueves, aunque remarcaron que seguirán negociando.

Han subrayado que el decreto afecta negativamente a la calidad asistencial y genera una “impotencia absoluta” entre los profesionales, a los que les quita el sueño.

Desde el Salud, han recalcado que “nunca” llevarían a cabo ninguna medida que no buscara mejorar la calidad asistencial. En este sentido, han justificado que la reorganización se debe a la falta de profesionales y al aumento de la demanda asistencial, especialmente en la ciudad de Zaragoza, cuya población “en los últimos años ha aumentado” y, además, “está más envejecida”.

Conflicto

El pasado lunes 24 de febrero, en la Mesa Sectorial de Sanidad, el Gobierno de Aragón presentó una modificación del decreto que regula el funcionamiento de los equipos de Atención Primaria, que afecta a la Atención Continuada (la que se presta fuera de los horarios ordinarios en los centros de salud, en tardes y festivos). Esta propuesta supone que los profesionales en el medio urbano deben realizar de forma obligatoria los turnos de atención continuada en los puntos que se establezcan, en horario de 15:00 a 22:00 de lunes a viernes y de 09:00 a 21:00, sábados, domingos y festivos.

Además, tanto en el medio urbano como en el medio rural, una vez completada la jornada ordinaria, los turnos de atención continuada se distribuirán con carácter obligatorio y de forma equitativa en cuanto a número de horas, días de la semana, tipo de guardia y duración.

Estas medidas esconden que los médicos y enfermeras en Zaragoza estarán obligados a trabajar en lugares fuera del centro de salud donde tienen su plaza asignada, y que todos, además, tendrán que hacer tardes sumadas a su jornada ordinaria sin que se respeten los plazos mínimos de descanso que fija la ley ni las excepciones reconocidas por razones como edad, sumando así horarios maratonianos que no permiten una atención de calidad.

Los profesionales destacan que el texto presentado supone “un cheque en blanco para cubrir estos horarios”, y modifica de forma sustancial las condiciones de trabajo sin respetar ni la normativa legal ni acuerdos como el de Mejora de la Atención Primaria firmado en 2023. Así, las acciones sindicales se completarán con alegaciones al texto del decreto, que ahora está en proceso de exposición pública, y en su caso con recursos judiciales.

Frente al sistema de atención a urgencias que propone el Gobierno de Aragón, los sanitarios defienden un modelo con un equipo de profesionales separado de la Atención Primaria y dependiente del 061.

Los hombres se suicidan más, tienen más accidentes de tráfico y su esperanza de vida es más reducida. Sin embargo, acuden menos a las consultas médicas –en el último barómetro sanitario del CIS, el 16,7% de los hombres aseguraron que no habían ido a ninguna consulta en el último año frente al 10,7% de las mujeres– y tienen una mejor percepción sobre su salud. ¿Qué hay detrás de estos datos que se reproducen en todas las estadísticas, más allá de situaciones individuales? La construcción masculina hegemónica.

“¿Cuántos carteles hay en los centros de salud para que los hombres se cuiden que no sean tabaco y próstata?”, preguntó la especialista en intervención comunitaria Ayelén Losada al público en unas jornadas organizadas esta semana por el Ministerio de Sanidad bajo el título de 'Salud, hombres y masculinidad'.

“Los hombres no van al médico, van al mecánico a que les arreglen”, aseguró la terapeuta ocupacional, miembro del equipo directivo del Centro de Desarrollo de Salud Comunitaria Marie Langer, una organización que impulsa desde 2023 una serie de talleres en centros de salud de Castilla y León para, por un lado, formar a los médicos en la atención con perspectiva de género a los pacientes y, por otro, crear espacios de reflexión entre hombres en torno a la salud y los cuidados.

Los hombres no van al médico, van al mecánico a que les arreglen

Ayelén Losada, del Centro de Desarrollo de Salud Comunitaria Marie Langer

¿La masculinidad es un factor de riesgo para la salud?

Incorporar estas prácticas al ámbito sanitario permite llegar a un “perfil de hombre” que no se alcanzaría, por ejemplo, en un espacio de igualdad. La potencia, defiende Losada, se multiplica porque en el centro de salud aterrizan demandas individuales de angustia, desconcierto y miedo: “No solo llegamos a Joaquín que está intentando cuestionar su masculinidad, sino a Manolo el del bar de abajo, al que está desempleado y se siente perdido, al que está angustiado, al que está enfermo. Ahí el profesional te puede decir que hay una parte de lo que te pasa tiene que ver con lo que se exige a los hombres hoy, esa llave es muy importante”.

“El problema, lo que es un factor de riesgo para la salud, no es tanto la masculinidad sino la masculinidad hegemónica. Pongo un ejemplo: algunos hombres demoran la atención porque no se permiten a sí mismos tener el miedo que pueden generar ciertas dudas de salud”, explica Adrián Carrasco, coordina el grupo que estimula las actividades comunitarias en Atención Primaria dentro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyC) y médico en un centro de salud del barrio madrileño de Vallecas. Lo que puede verse como algo positivo, como que tengan una mejor autopercepción de su salud, esconde que se preocupan menos por los malestares, su actitud preventiva es menor y a menudo pueden no dar importancia a hacer cambios positivos para el cuidado de su salud, desarrolla Carrasco.

En el caso de hombres con una masculinidad muy hegemónica hay un riesgo de que piensen que está dañando su posibilidad de autoreparación, como si no validaras su propia agencia

Adrián Carrasco, médico de familia y comunitaria y coordinador en SemFyC.

El objetivo de ir a la consulta es “venga, me lo solucionas y no nos liemos con más cosas”. Percibir ese espacio como un lugar de cuidados es algo poco habitual, sostienen los especialistas. “En el caso de hombres con una masculinidad muy hegemónica hay un riesgo de que piensen que está dañando su posibilidad de autoreparación, como si no validaras su propia agencia. Así que hay que aproximarse con cuidado, usando en ocasiones sus propios códigos, para hacer posible un seguimiento y que no se agobien”, según el médico, que ha participado también de varios talleres en los que se tratan los roles de género en lo relacionado con la salud, como las adicciones.

“Buscar ayuda es inherente a la salud y eso es un riesgo en ciertas masculinidades porque se ve como signo de debilidad que genera un estigma”, razonaba Julio Ángel Camacho, experto en igualdad e intervención con enfoque de género en Proyecto Hombre, dentro de las jornadas organizadas por Sanidad.

Quienes tienen experiencias con los talleres advierten de que es fácil que los hombres participantes terminen identificando los estereotipos que reproducen, pero “otra cosa es que se replanteen su posición en la red de cuidados”. “El reto es aterrizar las intenciones en las prácticas”, subrayó Losada, que recordó que el objetivo de los cursos es, al final, “conectar con el malestar que están teniendo como seres humanos y ese proceso es bonito porque tras la capa de cebolla hay alguien”. “Tenemos que pensar desde dónde dirigimos los discursos: si la aproximación es decirles que hacen todo mal no vuelven al día siguiente y esto no interesa. Por una cuestión estratégica y porque son sujetos de derechos”.

Como zanjó el secretario de Estado, Javier Padilla, al cierre de las jornadas: “Todo esto nos interpela como Ministerio de Sanidad: ¿queremos que la masculinidad sea un determinante de enfermedad o un activo para la salud?”.

“Sabes que pasa algo, a la vez no sabes lo que está pasando. Tenemos muchísima incertidumbre”, explica Amelia, -nombre ficticio-, una de las empleadas de los laboratorios de la planta 0 del Hospital Universitario de Toledo, donde los trabajadores y trabajadoras llevan meses enfermando sin saber por qué.

El último caso se produjo el pasado jueves 30 de enero, cuando una sus compañeras sufrió una “descarga de aire” tras lo cual quedó “inhabilitada para trabajar” por vómitos. La mujer fue trasladada al Servicio de Urgencias del mismo hospital, en donde se concluyó que su caso era de una “intoxicación”.

 “Los episodios de intoxicación no han dejado de producirse desde el pasado 27 de noviembre, cuando dos personas que tuvieron que ser atendidas por personal sanitario y llegaron a acumularse más de 107 partes de accidente laboral y un total de 28 bajas”, resaltan desde el sindicato CSIF, que exigió la intervención “urgente” de la Inspección de Trabajo ante los numerosos casos que se suceden sin encontrar razones. Los inspectores no encontraron nada concluyente.Tampoco lo ha hecho el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que ofrece siempre la misma respuesta: se sigue investigando.

Los sindicatos llevan semanas denunciando la situación y el pasado mes de enero UGT advertía que el problema se había extendido al servicio de transfusiones del Banco de Sangre. “Nos hace pensar que los riesgos, lejos de aminorar se están extendiendo”, señalaba este sindicato.

Exigen el cierre temporal de algunos laboratorios

Este viernes habrá una concentración de protesta, frente al centro sanitario, a las 11 de la mañana. Se pedirá la paralización de la actividad en los laboratorios mientras no se esclarezca lo que está ocurriendo.

Amelia, que prefiere mantener su identidad en en anonimato, explica que las personas que trabajan en las dependencias afectadas no son un colectivo muy numeroso, como pueda ser el de Enfermería, pero incide en que hay un centenar de personas afectadas por la incertidumbre y que van a trabajar con mucha “frustración”. Exigirán el cierre de los laboratorios de Anatomía Patológica y Bioquímica mientras no se pueda aseguriar la seguridad de los trabajadores.

“La concesionaria - en el centro hay parte de los servicios externalizados- y el hospital son conscientes de que algo no está bien, pero las mediciones que se han hecho han salido valores normales y por lo tanto dicen que no hay nada. Van a seguir buscando, pero mientras dicen que se trabaje como siempre, al 100%. Tenemos muchísima incertidumbre, porque además cuando alguien se pone malo, la mutua se niega a llamarlo accidente laboral”, resalta Amelia.

Vamos a salir para que la gente lo sepa. Vamos a salir con nuestras mascarillas de gases para que se sepa qué ocurre. Tenemos el mismo objetivo, saber qué pasa

Ella trabaja en uno de los laboratorios y ha visto a sus compañeros y compañeras afectadas por la situación, cuyo origen se desconoce. Vio el caso de la compañera del pasado jueves 30 de enero y relata que es la “tercera vez” que ocurre en la misma sala. “La tuvo que subir una supervisora en una silla de ruedas, sin parar de vomitar. En Urgencias sí que lo llaman intoxicación, porque claramente es lo que es, aunque no sepan de qué. Tuvieron que ponerle oxígeno, estuvo en Urgencias hasta las seis de la tarde y en la mutua se negaron a reconocerlo como accidente laboral, porque dicen que todo está bien”, describe.

Es como buscar una “aguja en un pajar”, lamenta. Se están buscando otro tipo de partículas, para poder clarificar el origen de los episodios, pero mientras tanto, el personal debe ir a trabajar como si no pasara nada. “Pero sí pasa”. El pasado viernes 31 de enero, mantuvieron una reunión con la Gerencia, la concesionaria y el Servicio de Prevención, entre otros. “Hicimos preguntas de todo tipo, a todo tipo de niveles, facultativos, técnicos, administrativos. Una de ellas fue que si se planteaba parar la actividad, hasta que se encuentre alguna solución. Nos dijeron: 'vamos a trabajar'”, recalca la trabajadora.

La concesionaria “se lava las manos”

“En la concesionaria se lavan las manos”, lamenta Amelia. Se han hecho pruebas, como la de soltar humo desde la planta cero hasta la séptima y todo “parece normal”. “Han mirado todo y está aparentemente bien”, recalca. Pero lo que vive el personal en los laboratorios es distinto. “Va todo in crescendo, además. Nos llegan los olores de la cocina, todos los días sabemos qué menú habrá, aunque nos dicen que es imposible. Pero molesta muchísimo”, recalca.

También perciben los olores del laboratorio de genética, en concreto el “ácido con el que trabajan”, mientras que los otros laboratorios también huelen su formol y las sustancias específicas de otros lugares como las que se usan en Microbiología. “Así estamos”, lamenta. Han decidido protegerse por su cuenta, con medidas adicionales de seguridad.

La concentración tendrá un mensaje claro “para que la gente lo sepa. Vamos a salir con nuestras mascarillas de gases para que se sepa qué ocurre”, recalca la trabajadora. “Tenemos el mismo objetivo, saber qué pasa”, concluye.

A principios de 2003, la pequeña Judith ingresó en urgencias de un hospital de Valencia y a sus padres les dijeron que estaba muy mal y que se iba a quedar “vegetal” para siempre. La niña tenía entonces 15 meses y, tras muchas pruebas, le diagnosticaron la enfermedad rara con la que nació, una aciduria glutárica tipo I, un problema genético que hace que el ácido glutárico se acumule en la sangre como un veneno y que le provocó daños cerebrales graves e irreversibles. 

Tiempo después, los padres supieron que si Judith hubiera nacido en Galicia, donde ya se incluía la detección de esta enfermedad en la prueba del talón, la habrían tratado a tiempo y no tendría las dificultades cognitivas y motoras que ahora trata de superar tras años de rehabilitación. “A los 15 meses me quedé como una muñeca y mis padres no sabían lo que tenía”, dice Judith, a la que le sigue costando un gran esfuerzo expresarse. “[Siento] rabia y mucha impotencia; cuando yo nací ya estaba la prueba del talón, pero en Valencia mi enfermedad no estaba en el plan nacional”.

Judith Ruiz es la protagonista y conductora del documental La vida en una gota, que pretende reflejar esta situación de injusticia que produce la diferencia en el número de enfermedades que se detectan en el cribado neonatal en cada comunidad autónoma. Desde 2014 la Cartera de Servicios Comunes estableció la obligación de cribar un mínimo de 7 enfermedades, pero en algunas regiones se elevó ese número a más de 30, generando situaciones de gran injusticia. “¿Por qué en unos sitios te sacan X enfermedades y en otros no?”, se pregunta el padre de Judith en el documental. “¿Es por tema de dinero? Creo que no es por dinero, ¿por qué es entonces?”.

Un sobrecogedor juego de espejos

A lo largo de los 105 minutos que dura el largometraje, dirigido por Pedro Lendínez y con la colaboración de la asociación MasVisibles, el espectador acompaña a Judith en un viaje que comienza en la cocina de su casa, preparando el cóctel de medicamentos y nutrientes que tiene que tomar cada día para compensar su dieta restringida. 

A continuación nos adentramos en un juego de espejos en el que Judith conoce el caso de Izara, una niña de Santander que ahora tiene 11 años y acabó mucho peor que ella por la misma falta de diagnóstico, y el de Alejandra, una cría de ocho años de Jaén que sí se benefició de la detección temprana de la enfermedad en el sistema de salud en 2016. 

No puedo con esa injusticia. Que Izara esté así y que yo esté como estoy. Es muy duro

Judith Ruiz — Afectada por la aciduria glutárica tipo I y protagonista del documental

“El caso de Izara me tocó mucho”, confiesa Judith durante la grabación. “¿Por qué gente como ella tienen que estar así? No lo entiendo. No puedo con esa injusticia. Que Izara esté así y que yo esté como estoy. Que siga pasando esto me parece fatal, porque ella no debería estar así, debería estar normal. Es muy duro”.

Conversación con tu ‘yo’ sano

Aunque el caso más grave es el de Izara, posiblemente la secuencia más impactante del documental sea la breve conversación que tiene Judith con Alejandra, la niña que está perfectamente gracias a la detección y tratamientos tempranos. Porque, de alguna manera, está hablando con la niña “sana” que ella podría haber sido de haberse hecho las cosas bien. 

“¿Te diagnosticaron en la prueba de talón, no? ¡Qué maravilla!”, se asombra Judith durante el diálogo, y acto seguido le explica lo que les pasó a sus neuronas debido al diagnóstico tardío, que “pegan más vueltas que un cerebro normal y corriente” y a las que tuvieron que “reeducar” para pudiera andar y hablar.

Esta diferencia en el desenlace dependiendo del diagnóstico temprano fue uno de los efectos más llamativos observados tras el descubrimiento de las primeras enfermedades metabólicas en 1934, por el médico noruego Ivar Asbjørn Følling. Tras detectar los primeros casos de fenilcetonuria, el especialista puso en marcha un sistema para detectarla en bebés y hay una famosa imagen que resume este contraste: en ella vemos a un niño de 11 años visiblemente afectado por el daño cerebral producido por la enfermedad no detectada a tiempo y a su sonriente hermana de dos años que se ha beneficiado del diagnóstico temprano y lleva una vida normal gracias a la dieta protectora. Una diferencia abismal, un destino diferente gracias al análisis de una simple gota.

“Teníamos tres casos a mano que nos permitían dibujar el mapa completo”, explica Lendínez a elDiario.es, quien reconoce la semejanza de la puesta en escena del documental y la famosa fotografía de tiempos del doctor Følling. El documental nos muestra otros casos de niños afectados y esos padres que “lo pesan todo” en la báscula, conscientes de que cualquier ingesta de las proteínas o grasas que sus hijos no pueden procesar les puede conducir a una crisis. 

Cada día que pasa el riesgo de que haya una nueva Judith o una nueva Izara es real, es injusto y tiene que acabar ya

Pedro Lendínez — Director de 'La vida en una gota'

En abril de 2024 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el aumento de la cartera de enfermedades detectables de 7 a 11 y se comprometió a duplicar ese número de aquí al primer trimestre de 2025, hasta llegar a 22, un paso que las asociaciones agradecen pero siguen viendo insuficiente. La intención del Lendínez con el documental es que la gente conozca mejor esta situación y aumentar la presión para remediarla. “Aunque el mapa ha cambiado, sigue siendo incompleto”, asegura el director del documental. “Y cada día que pasa el riesgo de que haya una nueva Judith o una nueva Izara es real, es injusto y tiene que acabar ya”, concluye.

“El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”. El Ministerio de Sanidad ha elaborado un informe para analizar el impacto que tendría sobre el sistema sanitario la incorporación del millón de usuarios de Muface que ha optado por la atención privada si finalmente no se adjudica la cobertura y concluye que la situación puede devenir incluso en oportunidad, aunque el departamento que dirige Mónica García no cierra la puerta a ninguna salida.

El plante que las aseguradoras privadas dieron a Sanidad en el concurso para renovar el concierto de Muface en 2025 y 2026 ha provocado que el ministerio se plantee, quizá por primera vez de manera realista, acabar con el sistema que actualmente permite a los funcionarios públicos elegir cada año entre una cobertura privada o pública. El informe, al que ha tenido acceso este diario, estudia durante 17 páginas qué pasaría si se extinguiera o modificara profundamente Muface, acusa a las aseguradoras privadas de la “más que evidente” práctica de derivar pacientes económicamente no rentables para ellas al sistema público y concluye finalmente que “el SNS (Sistema Nacional de Salud) debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición”, aunque no apuesta por ninguna solución concreta.

La negociación la lleva el Ministerio de Función Pública, que el viernes explicó que está estudiando la posibilidad de que los mutualistas elijan el tipo de cobertura sanitaria que quieren “para siempre” y no anualmente, de manera que sería “más fácil planificar las fuentes de ingresos del sistema y su sostenibilidad”, según explicaron fuentes del departamento que dirige Óscar López.

Mientras, según el análisis pormenorizado que ha realizado Sanidad de los usuarios de Muface que han elegido la sanidad privada (los que tendrían que incorporarse al sistema público), las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León y Extremadura, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, serían las más afectadas tanto por el número de mutualistas general como por la proporción de mayores de 65 años, los pacientes que más gasto sanitario generan.

Como se puede ver en la siguiente tabla, son las únicas regiones que añadirían más de un 3% de nuevos usuarios al sistema (o casi, en el caso de Andalucía). Baleares, Catalunya, Euskadi y Navarra serían las que menos lo notarían en términos numéricos.

Una subida ¿insuficiente?

El pasado 8 de octubre las aseguradoras privadas decidieron no presentar ofertas para la renovación del concierto de Muface, que vence el 31 de enero de 2025. Pese a que el Gobierno subió la oferta un 17% respecto a la actual hasta una cuantía total de más de 1.337 millones de euros para 2025 y 1.345 millones para 2026, con un incremento total bianual de 304 millones de euros, ni Adeslas, Asisa o DKV, las tres compañías que prestan el servicio actualmente, decidieron participar, alegando que la subida es “insuficiente” incluso si fuera de un 25%. Dicen las empresas que los mutualistas jóvenes (los que dan beneficios a las aseguradoras privadas) eligen cada vez más la sanidad pública mientras los mayores, económicamente menos rentables, se quedan en la privada.

Los datos que aporta el informe de Sanidad validan estas afirmaciones: la edad media del mutualista ha subido 3,7 años en una década y si se compara la distribución de ciudadanos por grupos de edad en el sistema sanitario público y entre los usuarios de Muface con seguro privado, se observa que en el SNS los mayores de 65 son un 20,39% del total, mientras en Muface son un 31,9%. Pero el ministerio analiza esta diferencia como otro problema a futuro: “Hace prever que en el caso de continuar el modelo actual de provisión de servicios, los incrementos de cápita que tendrían que producirse a futuro serían de una cuantía importante, al no existir una distribución etaria (y, probablemente, de consumo de recursos sanitarios) que permita la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo”.

Traducido: como no hay jóvenes incorporándose al sistema privado –quitando a los bebés y a los mayores de 90, lo que menos tiene Muface son veinteañeros y treintañeros– pagar este concierto será cada vez más caro.

Ante esta ruptura –de la que las partes se culpan mutuamente–, Sanidad especula con las dos opciones que tiene. La primera es subir la oferta económica para convencer a las aseguradoras privadas. Pero, contextualiza el ministerio, probablemente sea una solución “insuficiente (las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación); insostenible (porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas de Muface); e inequitativa por suponer incrementos porcentuales que serían impensables en el ámbito de la provisión pública directa”. Y concluye que en realidad se podría considerar que esto es “postergar una decisión que habrá que tomar antes o después”.

Sanidad denuncia "la existencia más que evidente de prácticas de selección de riesgos por parte de las aseguradoras privadas". Esto es, derivan al sistema público los pacientes que les salen económicamente no rentables

Pero esta posibilidad plantea un problema, continúa el informe. “Hay que destacar que la existencia más que evidente de prácticas de selección de riesgos por parte de las aseguradoras privadas que prestan la asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface es un fenómeno que supone una asunción por parte del SNS de los riesgos y costes que deberían asumir las aseguradoras sanitarias privadas”.

Dado que la “selección de riesgos” a la que alude Sanidad es, de manera resumida, el tecnicismo con el que las aseguradoras privadas “evitan la cobertura de los que, por poder originar frecuentes siniestros o de elevado importe, originarían un desequilibrio económico en los resultados de la empresa”, según su propia definición, Sanidad está acusando a las compañías de derivar los pacientes más caros al sistema público. “Supone un problema del cual es imposible escapar a la hora de plantear un análisis de este asunto”.

La alternativa a subir la oferta pasa por ejecutar una prórroga de nueve meses en el concierto prevista en la ley y durante ese plazo preparar el ingreso de ese millón de mutualistas con seguro privado en el sistema público. En este supuesto –para el que se propone hasta un método: “Podría plantearse una incorporación paulatina estratificada por letra de comienzo del primer apellido, edad y aseguradora prestadora de servicios”– el sistema tendría que tener en cuenta factores como la identificación de pacientes inmersos en procesos terapéuticos que precisen continuidad (oncológicos, por ejemplo), que serían los últimos en cambiar de red, o elaborar un plan de transición para garantizar la continuidad en tratamientos crónicos de alta complejidad y otros elementos, describe Sanidad.

Un 2% más

El informe evalúa de manera pormenorizada el impacto de añadir un millón de usuarios nuevos al sistema. En conjunto el SNS recibiría un 2,1% de nuevos usuarios: un 2% en el grupo entre 0 y 14 años, un 1,3% de 15 a 34, un 2% de 35 a 64 y un 3,3% de 65 años en adelante. Pero la realidad es muy diferente según cada comunidad autónoma. Sanidad ha dividido las autonomías en tres grupos en función del número de mutualistas que tienen, por grupos de edad.

Las que salen peor paradas, según este análisis, son Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Ceuta y Melilla. Todas ellas tienen un aumento que es superior al medio punto porcentual respecto a la media, y en todos los casos el porcentaje de población mutualista privado mayor de 65 años respecto al total de los mayores de 65 años es aún mayor. Andalucía es la comunidad que más destaca en este aspecto, con un aumento teórico del 4,6% en este colectivo, exceptuando Ceuta y Melilla, que superan el 9%.

En medio, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, Comunitat Valenciana y La Rioja están ligeramente por encima o por debajo de la media. Sanidad destaca en este grupo el caso de Madrid, que pese a que presenta cifras estándar en general se dispara ligeramente entre los mayores de 65 años, que subirían un 4,5%.

Por último, en Baleares, Cataluña, Euskadi y Navarra la población mutualista no supera el 1,2% de la población general “por diferentes motivos”, guarismos que suponen “una cifra similar a la del incremento anual de la población que puede afrontar una comunidad autónoma”. Sanidad señala en este caso la anomalía de Euskadi, que pese a presentar una alta tasa de mutualistas con sanidad privada mayores de 65 años (un 35,65%) apenas sufriría un impacto del 1,63% entre el colectivo.

El informe no apunta hacia ninguna vía de actuación, aunque sí explica que sería “viable” y “razonable” incorporar ese millón de personas al sistema público. O, dicho de otra manera, extinguir Muface, al menos tal y como funciona ahora. “Esto se produce por la conjunción de dos elementos, uno puramente coyuntural y otro estructural”, argumenta el ministerio. “El primero es la falta de concurrencia de las aseguradoras privadas a las condiciones ofertadas por el Gobierno de España. El motivo estructural (...) muestra un envejecimiento de la población base de Muface con ausencia de elementos de contrapeso que sirvan para ajustar la cápita a cantidades más bajas y controladas de cara a los próximos años. El modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita, porque ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso”.

Y concluye: “Si la financiación actualmente destinada a la asistencia sanitaria de las personas mutualistas de Muface que acuden a la aseguradora privada se transfiriera a la sanidad pública en el proceso de internalización de la provisión de dicha asistencia, el SNS debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición”.

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*El artículo ha sido editado a las 11.16 para añadir la Comunitat Valenciana en el grupo de comunidades autónomas que tendría un impacto medio por la incorporación de mutualistas a la sanidad pública.

El Ministerio de Sanidad está evaluando el “impacto” que tendría asumir en el sistema público al millón de mutualistas de Muface cuya asistencia sanitaria pende de un hilo tras quedar desierto el concurso de cobertura médica de los funcionarios. El equipo de Mónica García ha empezado a realizar este trabajo “de manera exploratoria” para, en el caso de que se produjera el trasvase, dimensionar qué efecto tendría en los recursos públicos según los territorios y los diferentes grupos de edad, han avanzado fuentes ministeriales, que aseguran que no quieren “interferir” en un proceso de negociación en el que Sanidad no participa.

De acuerdo con los cálculos que hasta el momento ha hecho Sanidad, el paso de los funcionarios de Muface a la sanidad pública supondría incrementar un 3,7% el volumen de población cubierta por el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la franja de 64 a 79 años –los llamados babyboomers– y un 2,35% en mayores de 80. El porcentaje de personas de más atendidas, de producirse finalmente esta situación, se sitúa entre un 2 y un 3% respecto a los que ya tienen su tarjeta sanitaria pública. Habría más gente, recuerda Sanidad, pero también más recursos, porque el presupuesto que ahora se destina a Muface se dirigiría al SNS: 3.571 millones de euros según el último concierto.

La ministra Mónica García ha manifestado en las últimas semanas sin ambages que el sistema de Muface “no es ninguna prioridad” para su equipo y lo ha tildado de “anacrónico”. “Da unas condiciones que son diferentes del resto de los ciudadanos y, para mi gusto, no son mejores”, aseguró en una entrevista en la Cadena Ser. Con el rechazo de las aseguradoras a presentar oferta para el concurso, el Ministerio reitera que “no es entendible que en un país que tiene la sanidad pública como uno de sus orgullos, sus empleados públicos sean atendidos por la sanidad privada”. No obstante, añaden fuentes ministeriales, “hay que respetar los procesos de negociación y no vamos a entrar a enturbiar o interferir en dicho proceso”.

Adeslas, Asisa y DKV, las tres aseguradoras que prestan el servicio, dieron un portazo este martes a las condiciones que planteaba el Ministerio de Función Pública: una cuantía total de más de 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 para el segundo, con un incremento total bianual de 304 millones de euros respecto al último año de vigencia del concierto anterior, un 17% más. La prima media por mutualista se situaba en unos 1.032,12 euros este año y en 1.208,81 en 2026. Tras esta renuncia, Muface avanzó primero que preparaba una nueva licitación, aunque este escenario inédito ha hecho al Ejecutivo plantearse prorrogar el contrato con las aseguradoras mientras los sindicatos amenazan con movilizaciones ante la “falta de un plan claro”.

Un eventual aterrizaje de funcionarios en el sistema público es un incremento de calibre que “supondría un reto enorme” aunque “esta forma de plantearlo”, advierte José Ramón Repullo, “es un argumento de las compañías de seguro para forzar la negociación”. El experto en planificación sanitaria y economía de la salud piensa que la “amenaza” no se va a cumplir, pero que sí puede tener un efecto de “incrementar las cantidades” que ofrezca el Gobierno para los conciertos. “El SNS no está en buena situación, pero no me cabe duda de que acabaría superando la prueba”, añade.

Hace un mes, el Ministerio de Sanidad apelaba a que “las personas cubiertas por aseguradoras suelen tener un menor uso de servicios sanitarios debido a un mejor estado de salud promedio” y anticipaba que “no necesariamente habría un uso intensivo e inmediato de los servicios de salud” en un escenario donde todos los funcionarios pasaran a la pública para contrarrestar el argumento del “colapso” usado por el lobby de la sanidad privada.

Tres precedentes de reincorporación

Hay precedentes de reincorporaciones de altos volúmenes de pacientes a la sanidad pública. “En 1983 fueron 400.000 autónomos que de un día para otro se incorporaron al INSALUD; en 1989, 250.000 personas pobres (del régimen de la beneficencia) siguieron el mismo camino; y en la actualidad cerca de 700.000 inmigrantes no regularizados son ”clientes“ inevitables del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, recuerda Repullo, que plantea también la siguiente reflexión. “¿Alguien hubiera esperado que el SNS superara el aluvión de demanda y morbilidad que supuso la COVID?”.

“En términos relativos no sería catastrófico”, resuelve la catedrática e investigadora en Economía de la Salud Beatriz López-Valcárcel, pero habría un problema “de transición” a corto plazo. “Incorporar de golpe a este colectivo de un millón de personas induciría una enorme presión añadida en el sistema asistencial de la red pública, que tendría que adaptar su oferta y organización y eso requeriría un plan. Teniendo en cuenta el numero medio de tarjetas sanitarias por médico de familia (1400) harían falta de forma inmediata unos 714 médicos de familia más”, desarrolla López-Valcárcel, autora de el informe 'El misterio Muface, ¿selección por riesgo o empeoramiento de la calidad percibida?'. El estudio ya apuntaba en 2019 que el factor de envejecimiento y la selección del riesgo eran clave para entender el fenómeno. 

La Fundación IDIS, que agrupa al sector privado, afirmó en septiembre que un aumento del 25% –incluso mayor al que se ha producido– era también insuficiente para lograr unas condiciones “justas”. Su presidente, Juan Abarca, ha apelado al crecimiento de la edad de los mutualistas como una de las causas de la “ineficacia” del modelo para la sanidad privada: “en Muface hay un 31% de asegurados y beneficiarios que superan los 65 años, frente a un 21% en Isfas (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y un 16% en Mugeju (funcionarios de Justicia). ”A nadie se le escapa que a mayor edad mas siniestralidad. Ya sabemos que el 80% del coste sanitario es consumido por el 20% de la población; los mayores y los enfermos crónicos“, justificó Abarca esta semana.

Hay diversas posturas en función de a quién se pregunte. Una que comparten una porción de expertos, como Repullo, es la que llaman “Muface a extinguir” y supone caminar hacia una eliminación progresiva de este sistema de conciertos. “Los nuevos colectivos van al SNS, y los cambios hacia el SNS no son reversibles. Con esta opción no se daña a nadie, y, aportando suficiente información, no se frustrarían expectativas de asegurados”, argumenta en conversación con elDiario.es.

Esto permitiría, según su criterio, un trasvase con “un periodo de tiempo razonablemente amplio” que evitaría “muchos problemas”. “Si se acompaña de una buena financiación de los mutualistas residuales, la exigencia de Atención Primaria, y la incorporación a los sistemas de información (y a la prescripción) del SNS ayudaría a manejar las disfuncionalidades del modelo y sus interferencias con el esquema mayoritario”, zanja. López Valcárcel coincide: si se produce una absorción, debería ser paulatina y ordenada “con criterios de necesidad médica y factibilidad”.

El “importante flujo” de alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos “que se desplazan a segundas residencias” y permanecen fuera de Euskadi “largas temporadas”, así como los “desplazamientos de larga duración por motivos de turismo”, están disparando la partida que el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) destina anualmente para cubrir sus gastos sanitarios en el resto de España. Según los datos oficiales enviados al Parlamento Vasco por el consejero, Alberto Martínez, la factura ha pasado de 2,98 millones de euros en 2013 a 28,62 en 2023. Aún no se ha cerrado 2024 y la previsión para 2025 es que alcance ya la barrera de los 30 millones.

El denominado Sistema Nacional de Salud (SNS) permite a los titulares de una tarjeta de Osakidetza ser atendidos con carácter universal en cualquier otro organismo autonómico. Al revés, también los pacientes de otras comunidades autónomas tienen acceso a las prestaciones en Euskadi. Anualmente, se hace un saldo entre ambos capítulos y se abonan las compensaciones pertinentes. Son los denominados “fondo de cohesión sanitaria” y “fondo de garantía asistencial”. El primero recoge el coste de atenciones que sí o sí han de derivarse a otro lugar por carecer de un centro de referencia y el segundo es el que regula los gastos fuera de Euskadi propiamente dichos.

El total de ambos es claramente “negativo” para Osakidetza, es decir, se gasta mucho más de lo que se ingresa. En total, la cantidad abonada es de 169,2 millones de euros en los últimos diez años y siempre con una cantidad creciente. Se constata también que los visitantes en Euskadi hacen mucho menos gasto sanitario porque sus estancias “suelen ser de corta duración”.

El informe fue solicitado en el Parlamento por la portavoz sanitaria del PP, Laura Garrido. Explica en él Osakidetza que “el mayor gasto” es debido en buena medida a la compensación por la compra de medicamentos. Se registró en 2018 “un incremento sustancial” en esta partida ya que Euskadi “se incorporó a la interoperabilidad [de la] red electrónica [del] Sistema Nacional de Salud”, lo que “permitió obtener los medicamentos en otras comunidades autónomas utilizando la tarjeta individual sanitaria [TIS]”. “Esto permite que los ciudadanos de la comunidad del País Vasco no tengan que desplazarse con la medicación para todo el período de desplazamiento, sino que pueden retirarla en las farmacias de las poblaciones de destino”, explica Martínez.

En detalle, esa partida de gastos farmacéuticos estaba a cero en 2013, se estrenó en 2014 con un coste de unos 9 millones, bajó hasta los 6-7 millones en los ejercicios siguientes pero se disparó, en efecto, desde 2018. En 2023 rozó ya los 19,5 millones de euros. El resto de capítulos son más estables y hay diferentes tendencias. Por ejemplo, el coste por atención primaria de vascos fuera de Euskadi fue de 7,6 millones en el último año. Es también el dato más alto en diez años y en 2013 era de 5,8 millones. Sin embargo, en lo tocante a “procesos con hospitalización” el pago fue de 0,82 millones en 2023 por los 1,93 de diez años atrás. El Gobierno recalca que en 2018 se realizó una auditoría sobre estos fondos.

La fundación Unoentrecienmil, dedicada a impulsar proyectos de investigación para la cura de la leucemia infantil, ha lanzado una campaña titulada “Leucemia, vete ya” protagonizada por el actor Luis Tosar, en la que asegura que los niños que padecen leucemia en España se tratan con un protocolo distinto a los del resto de Europa. Con un 84,7% de índice de supervivencia, España ocupa la decimotercera posición, detrás de países como Finlandia (94,5%), Reino Unido (92,2%) y Alemania (91%).

Estos países aplican el protocolo “ALL Together”, introducido en España por la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP) a través de un proyecto piloto financiado con fondos privados. La fundación Unoentrecienmil ha invertido casi un millón de euros y gracias a ello, los laboratorios de los hospitales Niño Jesús de Madrid y Sant Joan de Déu en Barcelona han sido acondicionados para realizar una prueba que facilita el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Aunque 100 niños en España se benefician de esta iniciativa, los esfuerzos actuales aún no son suficientes para cubrir todas las necesidades: se diagnostican en todo el territorio unos 300 casos al año.

Para garantizar que el tratamiento llegue a todos los pacientes es necesario que sea asumido y financiado por las administraciones públicas. “No es un tema del gobierno, tampoco de colores ni de partidos, es un tema de colaboración para que entre todas las autonomías nos sentemos y hagamos que esto funcione. No se necesitan nuevos tratamientos, solo hay que saber administrarlos”, explica Elena Huarte-Mendicoa, directora de Unoentrecienmil, a elDiario.es. Además, asegura que el coste adicional por paciente sería de tan solo 5.500 euros: “No es algo que le corresponda a una organización con fondos privados sino al Sistema Nacional de Salud”.

Este protocolo innovador para el tratamiento de la Leucemia Linfoblástica Aguda (LAA) tiene como objetivo mejorar la eficacia del tratamiento, reducir la toxicidad y personalizar el enfoque terapéutico en función de las características individuales de cada paciente. Los enfermos sobreviven más y el porcentaje de muerte por recaída ha disminuido notablemente. Se trata de un paso más en lucha contra la principal causa de mortalidad infantil en España.