El proyecto de la telecabina Benasque-Cerler afronta dos nuevos frentes tras el verano. Por un lado, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha abierto un expediente sancionador a raíz de las obras ejecutadas en el cauce del río Ésera el pasado mes de agosto. Por otro, la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, ha registrado en el Parlamento Europeo varias preguntas dirigidas a la Comisión en las que cuestiona el cumplimiento de las condiciones ambientales necesarias para que el proyecto reciba financiación de los fondos Next Generation. El alcalde de la localidad, Manuel Mora, sostiene que el proyecto “cumple todos los condicionantes medioambientales”.

Las intervenciones en el cauce del Ésera —realizadas por el Ayuntamiento de Benasque y el Instituto Aragonés del Agua (IAA)— han sido denunciadas por diversas entidades ecologistas, que alertan del uso de maquinaria pesada, la apertura de accesos, la eliminación de vegetación autóctona y la modificación de la morfología del río. Según la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, estas actuaciones “causan una fuerte degradación de su estado ecológico”. Tras analizar las denuncias, la CHE ha confirmado la apertura de un expediente sancionador, aunque sin ofrecer más detalles.

El alcalde de la localidad, Manuel Mora, sostiene que estas actuaciones no están directamente relacionadas con la construcción de la telecabina, sino que se enmarcan en las obras de “protección del casco histórico de Benasque frente a futuras avenidas del río”. Explica que se está levantando un muro y retirando material del cauce para aumentar el caudal y que lo extraído se deposita en la zona prevista para la estación inferior de la telecabina “para elevar el terreno y que deje de ser inundable”. Respecto al expediente de la CHE, Mora admite que se debe a que la empresa y el Instituto Aragonés del Agua no solicitaron los permisos adecuados para que la maquinaria operase dentro del cauce: “Hacer la actuación por dentro del cauce no estaba autorizado. Por eso han abierto el expediente, si se hubiera comunicado no habría problema. Toda la actuación de dentro del cauce será restituida, hay un plan de restitución que ha pedido la CHE y habrá una sanción por no haber informado”, afirma.

En paralelo, la Asociación SOS Ribagorza y varias organizaciones ecologistas y partidos políticos —entre ellos IU, CHA, Podemos y Sumar— han reclamado la paralización inmediata de la telecabina al entender que incumple el principio de “no causar un perjuicio significativo” (DNSH), requisito indispensable para optar a la financiación europea. El 90 % del proyecto está previsto que se costee con fondos Next Generation.

En su escrito registrado el 29 de agosto, la eurodiputada Estrella Galán advierte de que las obras ya iniciadas “están causando un daño medioambiental irreversible” en zonas declaradas lugares de importancia comunitaria (LIC), vulnerando directivas europeas de protección ambiental y contraviniendo la declaración de impacto ambiental aprobada. Sus preguntas a la Comisión Europea se centran en si está al tanto de estos hechos, si abrirá una investigación formal por posible violación del derecho comunitario ambiental y si exigirá la paralización cautelar del proyecto mientras se aclara su legalidad. Mora asegura que el Ayuntamiento de Benasque tiene concedidos los fondos porque “cumple todos los condicionantes medioambientales”.

Oposición al Plan Pirineos

El proyecto de la telecabina nació como una de las apuestas del Plan Pirineos anunciado por el Gobierno de Aragón en 2024, con una inversión de 57 millones de euros para impulsar el turismo en la montaña. De ellos, alrededor de 19 millones se destinan a la instalación que debe unir el casco urbano de Benasque con la estación de esquí de Cerler. La financiación se completa con fondos propios del Ejecutivo autonómico y con una subvención europea de 16 millones.

Tras la firma del contrato de adjudicación en enero de 2025, la empresa Teleféricos y Nieve S.L., filial del grupo Leitner, asumió la ejecución de la obra por un importe de 12,8 millones. El Ayuntamiento defendió entonces que la infraestructura, con 53 cabinas y capacidad para transportar a 2.400 personas por hora en apenas seis minutos, reducirá el tráfico por carretera y fomentará un desarrollo turístico sostenible. El calendario oficial prevé su puesta en marcha en la temporada de invierno 2026.

Desde el inicio de los trabajos, el proyecto ha estado acompañado por la oposición de colectivos ecologistas. En junio, Greenpeace y SOS Ribagorza reclamaron su paralización por el riesgo de afección a hábitats y especies protegidas en la Red Natura 2000, entre ellos el quebrantahuesos o el urogallo, y por la falta de un plan de evacuación en caso de emergencia. También denunciaron que la traza atraviesa bosques como el de la Mosquera, donde se han abierto nuevas pistas y se han talado árboles.

En julio, SOS Ribagorza insistió en que se estaban incumpliendo las condiciones fijadas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que establecía, entre otras medidas, el uso de helicópteros para instalar pilonas en zonas inaccesibles y limitar el corte de arbolado al mínimo necesario, conservando la vegetación arbustiva y herbácea bajo la traza. La asociación asegura que se han eliminado extensiones de masa vegetal en contra de lo previsto y que la adjudicataria desoyó las advertencias de agentes medioambientales y del SEPRONA, que incluso trasladó el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente de Huesca, según sostienen desde SOS Ribagorza. Sin embargo, desde la Fiscalía de Huesca niegan que exista tal denuncia.

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha aclarado que, efectivamente, se emitió un informe de un Agente de Protección de la Naturaleza (APN) por la realización de cortes en una zona de matorral, que fue notificado al Ayuntamiento, considerado el órgano sustantivo, que las actuaciones se corrigieron y que no se ha abierto ningún expediente sancionador.

Ante las críticas recibidas, el alcalde defiende el proyecto y su beneficio para el valle. Recuerda que en el pliego de condiciones técnicas ya se incluyó un plan de gestión y seguimiento ambiental a cargo de la empresa adjudicataria. “A todas las denuncias se les ha respondido. Somos un ayuntamiento pequeño que nos dedicamos a responder denuncias a un sector; los de Benasque no vamos a preocuparnos por lo que hacen en Zaragoza, Madrid y Bruselas, sino de que lo que se hace nos permita seguir viviendo en nuestra zona”, afirma Mora, quien también denuncia actos de sabotaje en la maquinaria que ejecuta las obras.

Vecinas y vecinos del Valle de Benasque se manifiestaron este martes para mostrar su malestar y desacuerdo frente a la construcción de la telecabina que una Benasque (Pirineo Oriental de Huesca- Comarca de Ribagorza) con la estación de esquí de Cerler. La población local quiere mostrar su rechazo a este macroproyecto, lo hace ahora debido a la inminente adjudicación de una empresa licitadora para la construcción del teleférico, para el que el Ayuntamiento solicitó 12,8 millones de euros de Fondos Next Generation.

Señalan como motivo de esta oposición al proyecto es tanto económico como ecológico y logístico. Creen que la motivación de este proyecto es la construcción de 1.100 viviendas alrededor del mismo, lo que triplicaría el tamaño de esta localidad pirenaica. Desde Vivienda Digna Benasque alertan de “las graves implicaciones ecológicas y sociales que esto conlleva y que acrecentaría aún más el problema de especulación en la vivienda”. Manifiestan además un profundo malestar, ya que “dichos fondos podrían haberse dedicado a fines mucho más beneficiosos para la comunidad y la sostenibilidad del Valle de Benasque como pudieran ser: transporte público eléctrico, servicios comunitarios o vivienda”.

En la concentración, organizada expontáneamente por los grupos vecinales de la localidad el día de antes, se explicaron de forma resumida para el público asistente los motivos por los que se oponen a este proyecto. Entre estas motivaciones se incluyen la dudosa viabilidad económica del proyecto, que puede llevar a la quiebra al ayuntamiento; la falta de planificación respecto a la explotación de la Telecabina y los problemas que ello pueda acarrear; el impacto que esta infraestructura pueda tener en el desarrollo urbanístico de la localidad y el precio de la vivienda; el impacto ambiental de la obra y los riesgos para la seguridad de los usuarios por no haberse diseñado correctamente las medidas de rescate y salvamento.

Por todos estos motivos, y ante la inminencia de la concesión de las obras a la empresa constructora que se encargaría de la ejecución de las obras, el pueblo demanda al ayuntamiento la paralización de las mismas, el replanteo del proyecto para convertirlo en un plan con menor impacto como podría ser la implantación de un sistema de transporte con autobuses lanzadera de tipo eléctricos, o la devolución de la subvención obtenida a través de los fondos Next Generation.

Denuncian que tampoco se cumplen los requisitos medioambientales, puesto que las pistas de acceso para la evacuación en caso de avería “no están recogidas en el informe de impacto ambiental, la estación de salida está en zona inundable de flujo preferente así como el impacto visual de tener pilonas de 19 metros a menos de 300 metros del casco histórico de la localidad”.

Consideran que es un “quebradero de cabeza” logístico: “No hay estudio del viento competente (más allá de una media anual), no hay estudios geotécnicos de las pilonas intermedias, la ubicación de Cerler es una morrena rellena que supone una nueva obra, no hay parking proyectado en la estación de salida en Benasque y para colmo la ubicación de llegada en Cerler está tan lejos de las pistas que no supone ningún ahorro de tiempo para los usuarios que vayan a esquiar”.