El portavoz de XTF-NC en La Laguna, Santiago Pérez, consideró este miércoles en rueda de prensa un escándalo que la empresa de recogida de residuos Urbaser siga prestando ese servicio y el de limpieza viaria según un contrato público que venció, incluidas todas sus posibles prórrogas, el pasado 31 de octubre.

Según afirmó Santiago Pérez, “se trata de un contrato por el que se paga mensualmente 1,3 millones de euros. Y lo que es peor, atendiendo a ese contrato toda la flota de Urbaser ya pasó a ser de propiedad municipal desde el 31 de octubre de 2018, como estipula el pliego de condiciones. Así, desde ese momento, Urbaser, sin contrato, a dedo, sigue prestando ese servicio cobrando lo mismo que si lo siguiera prestando con sus propia flota y camiones, que ya son del Ayuntamiento de La Laguna”, explicó el concejal en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna.

Pérez añadió que “el Ayuntamiento le sigue pagando a Urbaser como si la flota de camiones siguiera siendo de ella, sin la menor reducción del precio que se le abona de 1,3 millones de euros por mes. El beneficio económico, ilegal e injustificado, para Urbaser es tan espectacular como el quebranto económico que esa decisión supone para los contribuyentes laguneros”.

El concejal de XTF-NC considera que “Clavijo instauró su marca: paraíso de ilegalidad en materia de contratación de servicios en el Ayuntamiento de La Laguna. La mayoría de las empresas que gestionan servicios municipales continúan haciéndolo desde hace años, después de que se extinguieron los contratos que les fueron adjudicados mediante concurso en algunos casos hace ya más de un decenio”.

Cuando el contrato se extingue, la obligación es tramitar un nuevo concurso. Es el abecé de la legislación en materia de contratación pública, “pero Clavijo y su sucesor lo han derogado en La Laguna. Se les prorroga a dedo. En el caso de Urbaser, el procedimiento para tramitar el nuevo concurso lo inició el Ayuntamiento justo 10 días antes de que ese contrato venciera. Se trata de un concurso de tanta importancia que su importe alcanza los 150 millones de euros y debe ser publicado en los boletines oficiales. Era evidente que no estaría a tiempo”.

El portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, aseguró este miércoles que se “descojona” de la denuncia que el alcalde, José Alberto Díaz (CC), ha presentado por un acuerdo del pleno de la Corporación municipal.

En rueda de prensa, Santiago Pérez dijo que con esa denuncia el alcalde lo que pretende es dar la impresión de que “todos somos iguales”, cuando los imputados en los juzgados son de Coalición Canaria (CC), que está “inundada en corrupción”.

Recordó el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias que el pleno municipal aprobó por unanimidad que 5,6 millones de euros del superávit se destinen a pagar las deudas que el Ayuntamiento de La Laguna tiene con la empresa municipal Muvisa.

Santiago Pérez indicó que el alcalde pretendía que los ocho millones de euros se destinasen a pagar la deuda que la Corporación municipal tiene con el Banco Santander y así pagar los “pufos” que han dejado los anteriores alcaldes, Fernando Clavijo y Ana Oramas, ambos de CC.

Pero la oposición planteó que 5,6 millones de euros se destinen al pago de la deuda con Muvisa, que, señaló Santiago Pérez, es una empresa pública que tiene que ser viable financieramente o de lo contrario hay que disolverla.

Por ello, añadió, los grupos de la oposición propusieron que antes de pagar la deuda con los bancos se abonasen los fiados a Muvisa, a la que no se paga y por ello tiene que utilizar el dinero que es para la reposición de las viviendas de Las Chumberas y que es un dinero finalista.

Santiago Pérez, que desde hace unos meses es el presidente de Muvisa, aseguró que el consejo de administración de esta empresa no permitirá que se siga con esa práctica.

Explicó que la propuesta aprobada por el pleno municipal se sustentó en la certificación de que el Ayuntamiento de La Laguna adeuda 5,6 millones de euros a Muvisa por diversos encargos, y agregó Santiago Pérez que el interventor municipal dice en un informe que el superávit hay que dedicarlo a pagar la deuda, pero antes hay que pagar a proveedores.

También se refirió Santiago Pérez a los delegados de Comisiones Obreras (CCOO) en Muvisa, a quienes dijo que han dado muestras de “estar vendidos” a Coalición Canaria.

Santiago Pérez también habló en la rueda de prensa de una sentencia por la cual la Audiencia Provincial da la razón a los grupos de la oposición, que denunciaron que se les había privado del derecho de contar con personal de apoyo.

La denuncia se presentó porque, como desde 2000 está prohibido por ley que los grupos destinen su dinero a personal de apoyo como secretariado y comunicación, es el ayuntamiento el que hace los nombramientos.

Pero el grupo de gobierno, CC-PSOE, “acaparó” todos los cargos, con lo que la oposición no pudo contar con ese personal y por ello se presentó la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, declaró Santiago Pérez.

El juzgado de lo contencioso administrativo denegó la vía del derecho fundamental que se alegaba en la denuncia y ante esa actuación de “ignorancia y frivolidad intolerable” se recurrió a la Audiencia Provincial, que “nos ha dado la razón” en que se trata de un ataque a un derecho fundamental.

Ante esta sentencia de la Audiencia Provincial, Santiago Pérez espera que el alcalde, José Alberto Díaz, “se trague las palabras que dijo cuando el contencioso administrativo nos denegó esa vía”.

El presidente del consejo de administración de Muvisa, Santiago Pérez (también concejal de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna), convocó este martes a los medios de comunicación para objetar sobre la decisión del grupo de gobierno en esa Corporación, de Coalición Canaria (CC), de dar por finalizada la encomienda a esa empresa pública para determinadas tareas relacionadas con el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), establecido al inicio del actual mandato, en 2015. Esa decisión se adopta tras pasar el control de la sociedad municipal lagunera a manos de la oposición.

Pérez criticó que se trata de una estrategia que responde al “fracaso continuado de José Alberto Díaz”, que de esta manera vuelve a justificar su mala gestión en la empresa pública.

Hay que recordar que el concejal de XTF-NC y candidato a las próximas elecciones por la nueva formación Avante La Laguna es presidente de Muvisa desde el pasado mes de febrero, cuando la oposición del pleno municipal votó a favor de destituir a los que hasta entonces formaban su consejo de administración, con el alcalde José Alberto Díaz presidente hasta ese día.

Santiago Pérez aseguró que en 2015, a través del Plan General de Ordenación, el grupo de gobierno planeaba que hasta seis millones de metros cuadrados de suelo rústico del municipio pasaran a ser urbanizables, enmascarando la situación al otorgar suelo agrícola a lugares que carecían de ello hasta ese momento. Con ese objetivo, se le otorgaron a Muvisa los trabajos técnicos para poder realizar los planes del Gobierno local, dando un plazo máximo de un año para dar por finalizadas esas labores.

Sin embargo, ahora se descubre que el alcalde da por finalizado el mandato actual y con ello la encomienda a la empresa municipal sin haber conseguido, cuatro años después, el resultado de esos trabajos. Los trabajos que debía realizar Muvisa en el año 2015 se basaban en dos grandes puntos: la contratación de personal cualificado y seguir las instrucciones dadas por la Gerencia de Urbanismo. “El Ayuntamiento daba a Muvisa esa potestad para no tener que realizar esa contratación y así evitar los plazos y las premisas necesarias para efectuar un contrato de titularidad pública”, afirmó el portavoz de XTF-NC.

El concejal Santiago Pérez aprovechó la ocasión para criticar los gastos llevados a cabo por los gobiernos que ha tenido CC en el Ayuntamiento de La Laguna, haciendo hincapié en los comandados por Ana Oramas, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz.

Pérez aseguró que el Ayuntamiento ha destinado una mayor cantidad de dinero a la partida de fiestas locales que a las ayudas a familias necesitadas o a entidades sin ánimo de lucro. Además, también comparó los gastos llevados a cabo por el Consistorio en plena crisis económica, en el año 2011, con los actuales. “En 2011, a 31 de diciembre, el Ayuntamiento gastó 52.323.000 euros en el funcionamiento de los bienes públicos, mientras que en 2018 el resultado fue de 51.128.000 euros. ¿Cómo es posible que se gaste más en crisis y menos cuando finalizó la recesión económica?”.

El pleno del Ayuntamiento de La Laguna celebrado este jueves ha acordado reprobar la gestión pública de Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño, todos imputados por el caso Grúas, debido a las resoluciones administrativas que en su momento adoptaron en relación con ese servicio municipal. “sin fundamentos jurídicos que pudieran prevalecer sobre los reparos de la Intervención General, y por la ausencia de acciones de control de unos graves incumplimientos notificados en numerosas ocasiones, sin realizar la más mínima acción sancionadora o al menos el inicio de expedientes para ello”, señala el partido en la oposición y denunciante de ese caso XTF-Nueva Canarias (NC).

Esta formación además añade que ello se hizo “para favorecer a un grupo de empresarios afines, en contra de la legalidad y de los intereses generales” de los ciudadanos de La Laguna.

Esa ha sido la propuesta de acuerdo incluida en una moción presentada por Santiago Pérez, líder de XTF-NC, para revocar el acuerdo plenario de julio de 2017 en relación con las conclusiones de la comisión de estudio del caso Grúas. La moción ha salido adelante con 14 votos a favor y 11 en contra.

Esa será ya la conclusión de los trabajos de análisis de la comisión especial de estudio de la gestión del servicio de grúas municipales y no el dictamen impuesto “que frustró la función institucional que se había encomendado a la comisión especial de estudio: esclarecer hechos de interés público y fiscalizar el comportamiento político para su debate y control público”.

Santiago Pérez explica en un comunicado que “las resoluciones judiciales señalan la existencia de indicios de la comisión de diversos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, de los que aparecen indiciariamente como autores Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño, mientras que el dictamen antes aprobado por el pleno se sustentaba en un relato que contradice plenamente la realidad de los hechos, tal y como van quedando de manifiesto tras una prolongada investigación judicial”, remata el concejal.

Frente al relato del expediente administrativo, “queremos poner sobre la mesa las responsabilidades políticas, teniendo en cuenta también las comparecencias realizadas”. La externalización del servicio, prosigue la nota, se hizo según un informe del año 2003 que en la propia página 12 del dictamen de la comisión reconoce que “nunca se llegó al máximo de retiradas de vehículos necesarios según el mencionado documento para que la facturación fuese la establecida en el contrato”.

El pliego de condiciones, que obligaba a unos requisitos técnicos en los vehículos prestadores del servicio, al pago regular de las nóminas, a estar al día en las obligaciones tributarias y que establecía entre 2005 y 2013 la contratación de 22 operarios, “no se cumplió durante largos periodos”.

Además, esto se puede comprobar de forma sencilla viendo cómo durante todo ese periodo nunca hubo más de 16 operarios de grúas; por la certificación de los más de 300.000 euros de deudas tributarias que los directores del servicio detectaron en 2014; por los incumplimientos muy graves o gravísimos del contrato; por la ausencia de tarjetas de transporte notificada en reiteradas ocasiones, incluso por la propia Guardia Civil, entre 2013-2014, y por los impagos de nóminas que fueron denunciados por los propios empleados que prestaban ese servicio, al menos en 26 escritos diferentes entregados entre 2012 y 2014 por el registro de este Ayuntamiento.

Ante todos esos acontecimientos, solo hubo una actuación municipal: “El silencio y el encubrimiento de estas responsabilidades. No existe en todo el expediente administrativo una sola actuación sancionadora por parte del Consistorio contra esta empresa que claramente estaba incumpliendo, ni el intento de sacar nuevamente a concurso este servicio, incluso de gestionarlo a través de Muvisa, como se llegó a plantear formalmente durante el pasado mandato y reconoció el propio José Alberto Díaz en la citada Comisión”, expone Santiago Pérez.

Este mismo concejal añade que eso no fue lo único, sino que “la respuesta fue la de salvaguardar a los propietarios de Autogrúas Poli, SL, de cualquier consecuencia económica, llegando al extremo de realizar -al margen de la ley- un préstamo de 120.000 euros para dar a la empresa una apariencia de solvencia y tratar de justificar la prórroga del servicio. Frente al interés general, se puso el interés particular de personas vinculadas a responsables políticos de CC”, sostuvo Pérez.

Con independencia de lo que ocurra en los tribunales de Justicia, “ese comportamiento merece una reprobación política como conclusión del trabajo de la comisión especial investigadora de la gestión del servicio municipal de las grúas”, remata el concejal de XTF-NC. Sin embargo, “la finalidad del dictamen aprobado en su día por el pleno fue la de evitar que la Comisión condenara tales comportamientos”.

El vicepresidente de la empresa pública lagunera Muvisa y candidato de Unidas Se Puede a la alcaldía en ese mismo municipio, Rubens Ascanio (además en la actualidad el principal líder de la oposición en el Ayuntamiento), subrayó este lunes que la documentación que están analizando en esa sociedad mercantil municipal, antes controlada por el Gobierno de CC, “permite afirmar que los fondos públicos recibidos para la reposición y reurbanización de las viviendas sociales de Las Chumberas se han usado para otros fines”.

El concejal lagunero aseguró en una nota de prensa de su partido político remitida a los medios que de los 14,8 millones de euros recibidos para la reposición de Las Chumberas se han justificado, según la auditoría adelantada, solo 3,8 millones y constan en caja a mes de enero de este año 8,7 millones. “Si partimos de que no todo el dinero que aparece en la cuenta de Muvisa viene de ese proyecto, se puede afirmar que al menos hay 2,2 millones que deberían estar y no están, fondos que suponemos que se han usado para otros fines”, manifestó Ascanio.

El concejal de Unidas Se Puede entiende que “de los casi 15 millones de euros que se han entregado a Muvisa para la reposición de Las Chumberas apenas se ha ejecutado el 26%, el 15% si miramos el monto total de las cantidades aportadas” (unos 25 millones de euros).

Rubens Ascanio cree que “La Laguna se enfrenta a un problema muy serio, más aún cuando los informes de la Intervención del Cabildo y de la Abogacía del Estado indican que esas cantidades no se podían destinar a otro fin”, recuerda el hoy vicepresidente de la firma pública Muvisa.

Desde la confluencia lagunera se advierte de que “las cantidades que se han asignado para esta obra parece que han sido usadas como un fondo económico de financiación de otros proyectos” y además se entiende que “los vecinos y vecinas de Las Chumberas han sido usados como una entidad bancaria: han prestado, sin saberlo, varios millones de euros destinados a su obra para otros fines”. Esto es, afirma Unidas Se Puede, un “mal uso de recursos públicos y una irresponsabilidad, ya que no se ha atendido al problema de seguridad que se vive en la zona como prioridad”.

Ascanio indicó que “espera que la auditoría oficial, acordada en la última sesión plenaria, confirme esa información y además permita conocer el resultado de las cantidades que se han dejado en las cuentas del Ayuntamiento”. “Me parece una absoluta desvergüenza que la responsable de Urbanismo siga en la línea de quitar importancia a la justificación que nos están exigiendo desde otras administraciones públicas y que, por el incumplimiento de Coalición Canaria, podría obligar a devolver casi 25 millones de euros”, finalizó Ascanio.

Ciudadanos (Cs) ha dado de plazo hasta las 9.00 este viernes para que Coalición Canaria (CC) entregue toda la documentación que justifique los 25 millones de euros de las viviendas de Las Chumberas, o de lo contrario apoyará que se cambie el consejo de administración de Muvisa.

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de La Laguna, Teresa Berástegui, ha pedido en un comunicado al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), que “no mire para otro lado y cumpla con la transparencia, sobre todo cuando se trata de dinero público con un fin social”.

“CC se ha preocupado por implantar la sombra de la sospecha durante el presente mandato”, pero “ya es hora de que deje de pesar sobre la corporación local y sobre la ciudadanía lagunera”, ha afirmado la edil de Cs.

Asimismo, ha asegurado que la razón por la que los vecinos afectados de Las Chumberas siguen en el mismo punto desde hace más de diez años tiene que ver “con la inacción de los nacionalistas”, así como “su empeño en seguir aplicando en el municipio sus viejas y desgastadas políticas, sello indiscutible de Coalición Canaria”.

“Es inadmisible que los vecinos de La Laguna tengan que sufrir las consecuencias de la pésima gestión que han llevado a cabo los nacionalistas en el municipio, a quienes parece importarle poco el futuro de los laguneros”, ha concluido Berástegui. 

El Comisionado de Transparencia de Canarias ya ha resuelto la reclamación presentada el 21 de marzo de 2018 por Rubens Ascanio, portavoz de Unidos Se Puede en La Laguna, respecto a la gestión de servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua que realiza la empresa municipal Teidagua, SA (de carácter mixta).

En la rueda de prensa del grupo Unidos Se Puede celebrada en la mañana de este lunes, el concejal José Luis Hernández recordó que se recurrió a ese organismo ante “el poco apego del Ayuntamiento a ser transparente con  la oposición”. Además, el concejal lagunero consideró que el grupo de gobierno local priva a los concejales de la oposición de su derecho a la información, algo que considera que se ha llevado a cabo durante todo el mandato actual.

El grupo de izquierdas reclamó esa información al Ayuntamiento a principios del año 2018, ya que consideró que existían irregularidades en la gestión de la empresa mixta Teidagua, SA, de la cual posee el 49% Canaragua, SA, aunque, según Rubens Ascanio, esta “gestiona el 100%” de ese recurso en la localidad.

Para el portavoz de Unidos Se Puede, los laguneros y laguneras “no se merecen la gestión de Teidagua”, pues afirma que esta supone “un derroche de 25 millones de euros de dinero público sin justificar”. Además, dijo que el interventor del Ayuntamiento reconoció que en los últimos ocho años de gestión del agua no ha habido un control legal de la auditoría de Teidagua, por lo que se desconocen las actuaciones de esta empresa con mayoría accionarial del Ayuntamiento (51%), así como de las cuentas internas de la sociedad mercantil.

El Ayuntamiento de La Laguna se negó a ofrecer esa información al grupo municipal de Unidos Se Puede alegando que la oposición “no tiene derecho a recibirla”, según sostuvo este lunes Rubens Ascanio, aunque en el dictamen del Comisionado de Transparencia de Canarias se niega que la postura del grupo de gobierno local sea la correcta. Y no solo eso: también se afirma que esa información debe de ser entregada a los grupos de la oposición municipal.

Además, el portavoz considera que lo ocurrido es un ejemplo más de la “rebeldía” de José Alberto Díaz desde que asumió el bastón de mando en el municipio en 2015, y subrayó que esa información debía estar colgada en el apartado de transparencia de la web del Ayuntamiento lagunero.

Ahora, tras la resolución dictada por el reseñado Comisionado, el Ayuntamiento de La Laguna dispone de 15 días hábiles, hasta el 28 de febrero, para ofrecer esa información a los grupos de la oposición.

Si por el contrario el grupo de gobierno no la entregara, ello constituiría una infracción grave o muy grave prevista en el artículo 68 de la ley que regula la transparencia. En este artículo, se considera la posibilidad de la inhabilitación durante tres años del alcalde por tal posible incumplimiento, aunque el Ayuntamiento en ese caso dispondría de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo, este una vez se ponga fin a la vía administrativa. 

El portavoz municipal de XTF-NC, Santiago Pérez, que concurrirá a las próximas elecciones al frente de una agrupación de electores (Avante La Laguna), continúa su batalla judicial contra la gestión de CC en el Ayuntamiento lagunero.

Este martes Pérez ha anunciado la ampliación de su denuncia por el caso Reparos; esto es, por la decisión del Gobierno local que preside José Alberto Díaz de prolongar el contrato con Urbaser, hasta que salga a concurso el nuevo, así como por haber perdonado a esta ahora multinacional china la compra de 34 de los 46 vehículos nuevos a la que estaba obligada inicialmente, extremo este que al edil le ha producido “cara de espanto” descubrirlo.

Con esta ampliación, Santiago Pérez ha denunciado ya 118 decretos ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de La Laguna, por un montante de casi 47 millones de euros, mediante los que el entonces alcalde lagunero, Fernando Clavijo, y su sucesor, José Alberto Díaz (ambos de CC), autorizaron hasta a 24 empresas continuar gestionando servicios públicos municipales una vez ya se habían extinguido sus respectivos contratos, decisiones que se tomaron en todos estos casos con el informe negativo del interventor general, que advirtió de su ilegalidad.

Es lo que el concejal denomina “un paraíso de la ilegalidad”, en el que a su juicio “CC ha convertido la contratación pública en el Ayuntamiento de La Laguna”. En el caso que describe en esta nueva dosis del caso Reparos, el concejal expone que el 31 de octubre de 2018 la Junta de Gobierno que preside Díaz amplió el contrato con Urbaser para el servicio de recogida y transporte de residuos, y de limpieza viaria, a pesar de que desde el día anterior ya se habían agotado las dos prórrogas legales previstas.

Con esa decisión política, Urbaser sigue embolsándose cada mes 1,3 millones de euros, al menos hasta abril de este año, pero, en todo caso, hasta que se resuelva el nuevo concurso, cuya tramitación comenzó el 19 de octubre pasado, es decir, apenas 11 días antes de que finalizara por ley el contrato actual. Es un modus operandi que ya no permite la nueva Ley de Contratos del Sector Público -aunque en este caso no se aplica sino la legislación anterior-, que obliga a que en estas situaciones se haya convocado el nuevo concurso con tres meses de antelación a la prolongación del suscrito con la adjudicataria actual.

La “cara de espanto” cuanto leyó el expediente

Pero lo que le ha puesto “cara de espanto” al concejal denunciante del caso Reparos es comprobar cómo Clavijo, alegando las dificultades económicas del Ayuntamiento por la crisis, solicitó en 2012 a Urbaser una rebaja del contrato del 20%, que finalmente, tras una negociación, quedó en el 6,34% y, como aparente “contrapartida”, le “dispensó” a esta empresa de incumplir el pliego de condiciones con que se externalizó el servicio, al permitirle que no se renovaran 34 de los 46 vehículos previstos, a lo que además Urbaser añadía una reducción del 5% de los salarios negociada con sus trabajadores.

Aunque XTF-NC no ha cuantificado la cuantía perdonada “de forma ilegal ”a Urbaser, sí estima que puede ser una cifra económica elevada, pues se trata de siete furgones (cinco de barrido), cuatro barredoras de calzadas y aceras, tres motobarredoras de aceras, tres cisternas de baldeo, dos baldeadoras de aceras, ocho camiones recolectores, cuatro camiones con volquete (uno de ellos con doble cabina), un 4x4 para limpieza auxiliar, un furgón volquete con caja abierta, un furgón con caja cerrada, una pala cargadora y un camión con gancho portacontenedor.

“Lo grave”, sostiene el portavoz de XTF-NC, “es que saltándose la legalidad, Clavijo renuncia a que el Ayuntamiento, al final del contrato, dispusiera de esa flota renovada, con lo que ahora carece de ese valor patrimonial, pues desde el 30 de octubre pasado todos los vehículos son de propiedad municipal, pese a lo cual se le sigue pagando a Urbaser 1,3 millones de euros al mes como si la flota continuara siendo aportada por la empresa”.

En su criterio (Pérez está prejubilado como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna), “Clavijo no tenía como alcalde facultades legales para exigirle una reducción de la facturación a Urbaser ni para cambiar los contratos, ni la dispensa de renovar la flota tiene fundamento legal”.

Desde su punto de vista, además, aprecia que con el caso Reparos “hay indicios de que el actual alcalde le cubre la espalda a Clavijo para ejecutar aquellos pactos ilícitos” del pasado mandato.

Según el veterano político lagunero, “hay empresas que llevan más tiempo prestando el servicio público a dedo que el que duraba la propia concesión”, y entre ellas algunas son de “muy influyentes nombres, muy conocidas en el mundo empresarial tinerfeño”.

El alcalde de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de La Laguna, José Alberto Díaz, con el apoyo de la secretaria del pleno, volvió a conseguir, ahora en la sesión de este jueves (y ya van dos veces seguidas), que los grupos políticos en la oposición (y con ellos los ciudadanos del municipio), todos menos CC, se quedaran sin conocer los detalles de los problemas que afectan al convenio de colaboración (25 millones de euros aportados) firmado por el Ayuntamiento y otras administraciones públicas (Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y Estado) para la financiación de la demolición y reposición de las viviendas sociales afectadas por aluminosis en el barrio de Las Chumberas.

En el pleno de este jueves, primero se aceptó la inclusión en el orden del día con carácter de urgencia de la petición de “acuerdo del pleno para constituirse en junta general universal de la entidad mercantil Muvisa [la empresa pública municipal que gestiona la solución para Las Chumberas], en aplicación del artículo 16º, apartado tercero, de los estatutos de la Entidad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna, SA, sociedad unipersonal”.

Pero dado ese paso, que el pleno se constituyera en el principal órgano ejecutivo de la referida sociedad anónima municipal, el alcalde, amparándose en un artículo del reglamento orgánico de la Corporación local (y con una buena manga de la secretaria del pleno), dejó el asunto sobre la mesa por “supuestas dudas sobre la legalidad” de proceder a la votación del nuevo consejo de administración de Muvisa. José Alberto Díaz, llegados a ese punto, mandó a parar, y por eso Unidos Se Puede ya ha habla de otra “alcaldada”, la segunda consecutiva que tiene que ver con Las Chumberas.

La decisión del alcalde, que contó con el respaldo de la secretaria del pleno, evitó, como se ha dicho, que se votará la constitución del nuevo consejo de administración de Muvisa y que, por lo tanto, acto seguido se debatiera sobre los problemas que se han detectado en la gestión pública de las soluciones para los vecinos de Las Chumberas, acciones con financiación pública que aún no se sabe cómo las ha ejecutado esa empresa pública aún controlada por CC (en un gobierno en minoría) y convenio sobre el que pesa la amenaza de varios reintegros de partidas abonadas por el Estado y el Cabildo de Tenerife.

El bloqueo ordenado por el alcalde impidió la creación del nuevo consejo y a su vez condujo a que quedara sobre la mesa la posibilidad de conocer la “situación del convenio con las demás administraciones públicas sobre la demolición y reposición de las viviendas de Las Chumberas”.

Una vez más, el alcalde se salía con la suya e impedía el ejercicio de la transparencia, lo que más criticaron tras el pleno sus opositores en el Ayuntamiento lagunero. También en esta ocasión lo hizo con el argumento de que lo primero es que se renueve el convenio de colaboración caducado a 31 de diciembre de 2018. José Alberto Díaz de esta manera consiguió no dar información fehaciente sobre cómo se ha gastado el dinero público destinado a la solución acordada para las viviendas de Las Chumberas, el que parece por ahora su principal objetivo político, máxime con las elecciones locales ya a la vuelta de la esquina.

La estratagema del alcalde, respaldada por la secretaria del pleno, ha levantado ampollas en la oposición, de manera especial en Unidos Se Puede, XTF-Nueva Canarias y en dos de los concejales no adscritos que antes eran del PSOE, entre ellos Javier Abreu.

Antes de ese bloqueo de José Alberto Díaz, que deja sobre la mesa la cuestión central del pleno, según la que ahora es mayoría absoluta, y retrasa sine die el acceso a la información oficial cuestionada, una cuarta parte de los concejales, sobre todo integrantes de los grupos señalados, había conseguido que se votara la constitución del pleno en junta general universal de Muvisa. Pero hasta ahí llegó todo, tras el alcalde acogerse a un artículo del reglamento orgánico.

Tras levantarse la sesión, que estuvo repleta de sobresaltos, el portavoz de XTF-Nueva Canarias, Santiago Pérez, afirmó que iba a estudiar con toda la diligencia la posibilidad de mandar al alcalde de La Laguna y a la secretaria del pleno al juzgado de guardia por “aplicar el reglamento orgánico del Ayuntamiento a una junta general de accionistas, lo que consideró un escándalo”.

En la misma sesión plenaria, uno de los portavoces de los vecinos con viviendas afectadas por aluminosis en Las Chumberas, Richard González, que es un representante ciudadano vinculado a CC, tuvo que ser expulsado del recinto por agentes de la Policía Local debido al mantenimiento de una conducta inapropiada en defensa de las tesis de Coalición.

No bastó con que el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, anunciara a las vecinas y vecinos de Las Chumberas que acababa de cerrar lo que él llamó “un convenio puente” con el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que “va a poner el dinero” y les va a permitir “seguir pagando los alquileres a las familias que han sido realojadas y continuar con el expediente de expropiación” (último paso antes de comenzar las obras) mientras el Ministerio de Fomento se digna a consensuar una salida al conflicto. 

Afectados desde hace más de una década por los problemas de aluminosis que amenazan a sus casas, los vecinos de Las Chumberas y, sobre todo, las vecinas, están “hartas de esperar” y así se lo hicieron saber en la noche de este viernes a Díaz y a sus asesores, especialmente a Silvestre Suárez, que acudió a la asamblea en calidad de técnico de la empresa municipal de viviendas (Muvisa) y se permitió incluso suplantar el papel del alcalde en muchos momentos de esta.   

Coalición Canaria (CC) siguió apelando a la unidad al tiempo que excluía al resto de fuerzas políticas del meollo de la información y las decisiones (algo que le costó una reprobación del pleno lagunero al propio Díaz), pero los vecinos no se dejaron envolver por esos cantos a la unidad. 

En resumen, “la sensación que nos queda es que tienen ustedes tanta buena voluntad como incompetencia. Llevamos 11 años esperando por una casa y aquí no pasa nada”, le espetaron a los gobernantes de La Laguna los primeros residentes de Las Chumberas que decidieron tomar la palabra. 

Y la cosa no quedó ahí: muchos de ellos no están de acuerdo con el justiprecio previsto para las expropiaciones (17.000 euros por vivienda); consideran “técnicos de parte” a los del Ayuntamiento y no se fían, y sembraron de dudas el futuro de las familias tras la reposición de las viviendas. 

“A mí me han dicho que si tengo otra vivienda o si cobro una determinada cantidad al año no me van a poder dar una vivienda porque, como son de protección oficial, hay que cumplir unos requisitos”, se quejó en voz alta una vecina.

“Eso no puede ser. Hay gente contando cosas que no son verdad. ¿Quién le ha dicho eso?”, le preguntó el alcalde a la afectada. 

“El que está sentado a su lado”, contestó la afectada en alusión a Silvestre Suárez, que tuvo en ese momento la primera intervención de la noche. 

Y lo hizo para tratar de aclarar las cosas: “Eso era así antes. Había que cumplir dos requisitos: no tener otra vivienda y no superar un tope salarial porque las que se construyan serán viviendas de protección oficial. Pero acabamos de hacer un cambio en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma que nos permitirá otorgar una vivienda de protección oficial incluso a quienes tengan otra o superen determinado nivel de ingresos”, explicó. 

Aun así, quedó claro que quienes no tengan en Las Chumberas su “vivienda habitual” no podrán recibir luego otra. Y eso obliga a algunos vecinos y vecinas con sus casas apuntaladas a quedarse dentro porque los informes técnicos no las consideran aún necesitadas de desalojo. El problema es que cada desalojo nuevo es un alquiler más al que tiene que hacer frente el Ayuntamiento. 

“¿Cómo es que me tengo que quedar en mi casa con puntales y todo si me vecino ya ha sido desalojado?”. “Me he ido del bloque porque está mal, a casa de mis hijos, y ahora pretenden no darme otra vivienda por no vivirla”, expusieron un joven y una señora. 

“Hace seis meses nos dijeron que en Navidades empezaban las obras, que fuéramos cambiándonos. Hemos ido saliendo de nuestras casas de toda la vida, con la pena en el corazón, y aquí no empieza nada...”. 

El remate lo puso otra señora “harta de aguantar 11 años por unas promesas que no se han cumplido. ¿Por qué no viajó a Madrid entre julio y diciembre? ¿Por qué esperó a última hora? Hemos tenido paciencia hasta ahora, pero la culpa primero fue de ZP, luego de Rajoy, ahora de Sánchez... ¿Todos son responsables de lo que está pasando menos ustedes?”, se quejó abiertamente. 

Silvestre Suárez volvió a salir al rescate para decir que lo importante era estar de acuerdo en que había que empezar las obras cuanto antes: “Ese es el acuerdo de la asamblea, por unanimidad, por mayoría, y al que no le guste...”. 

Por si no hubiera sonado muy convincente remarcó, de la misma manera que había hecho en otras ocasiones con las palabras del alcalde, su último mensaje: “Si no fuera por Clavijo...  ¿Pero cómo van a arremeter ustedes contra el Ayuntamiento si es la única administración que ha estado siempre a su lado? Si es gracias a Clavijo que esto se ha podido hacer. Yo no quiero decir nada, ¿pero hace falta que les recuerde contra quién tuvimos que manifestarnos, contra quién cortamos el tráfico en la rotonda, contra quién fuimos a manifestarnos a Madrid?”.

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), que se encuentra investigado por el caso Grúas, defiende su actuación y la del equipo de gobierno en el anterior mandato en el proceso de rescate del servicio de grúas municipal, caso por el que también se investiga al portavoz municipal, Antonio Pérez-Godiño, y se está a la espera de lo que suceda finalmente con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, una vez perdida su condición de aforado.

“No me arrepiento de lo que hemos hecho”, ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press, resaltando que tiene la “plena certeza” de que se actuó “por el interés general y conforme a la ley” con la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la empresa para salvar el servicio y equilibrar la compañía.

Díaz, que era concejal de Seguridad en el pasado mandato, resalta que la operación “no ha costado ni un solo euro” al Ayuntamiento, pues también se han recaudado los intereses, y con ella se garantizó el servicio de recogida de vehículos.

“No sé de qué se me acusa; se ha hecho lo mejor para el municipio”, ha señalado en una causa en la que se investigan los presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Además, señala que la denuncia surge por la “incapacidad” de la oposición de articular una moción de censura en el municipio, de ahí que utilicen una herramienta judicial “desde el punto de vista político”, resaltando el “descrédito” de uno de los denunciantes, Santiago Pérez (Nueva Canarias-Por Tenerife), que dijo ante el pleno que también hubiera levantado los reparos de la Intervención.

Sobre la actuación de la Fiscalía en la instrucción del caso, considera que es “muy significativo” que se “paralizara desde arriba” un informe que en principio abogaba por archivar el caso, algo que le “sorprende” que “no llame la atención” a los denunciantes, que son “tan defensores de la democracia”.

“Es de una gravedad que atenta contra el Estado de derecho”, resalta, mostrando su convencimiento, no obstante, de que al final “va a haber justicia” y los ciudadanos también van a entender que CC sufre un “acoso político” en La Laguna.

Díaz no cree que sea irresponsable criticar la labor de la Fiscalía y se pregunta si hay actuaciones que “atentan contra lo político”, lamentando que se haya “instrumentalizado” la Justicia y que los políticos estén “vilipendiados” con carácter general porque parece que son “todos corruptos hasta que se demuestre lo contrario”.

Critica las sentencias “en plaza pública”

En esa línea, demanda “rapidez” en la resolución del caso y mientras tanto apunta que tiene que “preservar” su derecho a la inocencia.

“Yo no soy el que tiene que probar mi inocencia; es el otro el que tiene que probar que he cometido una irregularidad y, hasta que no lo pruebe y haya sentencia, no puede haber sentencias en plaza pública, que es lo que ha hecho la oposición”, ha dicho.

En el caso de que se decretara la apertura del juicio oral, dice que deja su futuro político “en manos del partido”, que siempre le ha manifestado su “apoyo total”, aparte de que CC tiene su propio código ético “y no es el que deciden otros partidos; aquí cada uno tiene su vara de medir y su libro”.

El portavoz de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha acusado este miércoles a CC de usar el municipio como “un cromo” al copiar el eslogan de Donald Trump. También ha ironizado con que el partido que intentó la anexión a Santa Cruz ahora proclama que La Laguna es lo primero.

Santiago Pérez alude de esta manera en un comunicado a lo que califica como “soflama” del alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, en la inauguración del local de Coalición Canaria (CC) en el municipio, sobre lo que consideró “un auténtico sarcasmo y la penúltima falta de respeto a la inteligencia de los laguneros”.

“Usar un eslogan copiado de Trump, personaje amenazador para la democracia y la paz, diciendo La Laguna es lo primero, es una falta de respeto a los hechos que han protagonizado: convertir el municipio, su Ayuntamiento y su Alcaldía en un cromo, en una carta intercambiable, engañando al PSOE con una maniobra de trileros en la que los socialistas se dejaron embarcar, para impedir que se cumpliera la voluntad de la ciudadanía, que marcó con toda rotundidad cambio político”, indica Pérez.

Pérez señala que a CC “lo único que le importa de La Laguna es ostentar el poder, y encima para sumir al municipio en el retroceso y estancamiento, porque la abrumadora mayoría de la ciudadanía lagunera considera que en estos cuatro años La Laguna se ha estancado o ha retrocedido”. 

Es además “un auténtico sarcasmo que el partido que en su día intentó suprimir a La Laguna como municipio, anexionándolo al de Santa Cruz, en un contexto de lucha fratricida entre los canarios, pretenda ahora representar el papel de adalid y de liderazgo en La Laguna”, aseguró el político lagunero de izquierdas.

Coalición Canaria (CC) en La Laguna estrenó este lunes su nueva sede, un remozado local ubicado en la plaza del Cristo y que supone la puesta de largo del proyecto que lideran los nacionalistas para el municipio, la “única fuerza que garantiza gestión, solidez y coherencia para gobernar”, aseguró durante el acto de presentación el alcalde y candidato de CC a las elecciones de 2019, José Alberto Díaz.

En el local reformado, según una nota remitida por ese partido, aparecen representados todos los barrios y pueblos del municipio- Además, el acto del lunes sirvió para dar a conocer varios de los lemas de la campaña nacionalista de cara a los próximos comicios, como son La Laguna, lo primero y #LiderandoLaLaguna, mensajes que suponen un claro reflejo de que CC es el único partido “con un proyecto ilusionante, sólido y de futuro para la ciudad”. “Frente a los intereses políticos del resto, para nosotros, la prioridad se llama La Laguna”, insistió el actual alcalde, José Alberto Díaz.

Las dos concejalas socialistas en el Ayuntamiento de La Laguna, Mónica Martín y María José Castañeda, han comunicado este martes formalmente al alcalde José Alberto Díaz (CC) sus renuncias a las áreas de gobierno que le fueron delegadas en virtud del pacto existente hasta ahora en La Laguna.

Según un comunicado del PSOE lagunero, con esta decisión ambas ediles dan “estricto cumplimiento” a la resolución del Comité Ejecutivo regional trasladada este martes tras los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva local del pasado 28 de octubre.

A propuesta de su secretario general, Luis Yeray Gutiérrez, la Ejecutiva local entonces acordó, en una sesión extraordinaria de carácter urgente, “dejar sin efecto” y “abandonar” el pacto de gobierno con Coalición Canaria en el Ayuntamiento lagunero, salir del equipo de Gobierno municipal y renunciar a todas sus áreas y competencias.

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, declaró hace una semana que nadie le había presentado la dimisión de las dos concejalas socialistas y quiso transmitir “tranquilidad” a los laguneros porque, pese al abandono socialista, el equipo de gobierno seguiría funcionando con los siete concejales de Coalición Canaria.

La formación política Unidos Se Puede, la principal fuerza de la oposición en La Laguna (con solo un concejal menos que CC, o sea, con seis por los siete del segundo partido), anunció este lunes que en 24 horas ya se reunirá con la dirección local del PSOE, con Luis Yeray Gutiérrez, para explorar la posibilidad de una moción de censura en La Laguna y así sacar de la alcaldía a José Alberto Díaz, de Coalición Canaria (CC).

Este partido gobernaba en Aguere gracias a un pacto político con un devaluado PSOE, tras las expulsiones de tres concejales de ese grupo municipal que lo dejaron con solo dos representaciones: las de María José Castañeda y Mónica Martín.

La decisión comunicada por Unidos Se Puede en la rueda de prensa convocada este lunes junto a Santiago Pérez, líder de XTF-NC, y con presencia de Rubens Ascanio y de María José Roca, ambos de Unidos Se Puede, ha sido apoyada por la primera formación política, con tres concejales, debido a que Unidos Se Puede es el partido de la oposición más votado.

Tanto Unidos Se Puede como XTF-NC se mostraron cautos sobre el resultado de esta iniciativa política, a la espera de que el PSOE demuestre su “responsabilidad” y tras la ruptura del pacto de gobierno con CC en La Laguna acordada este domingo, de manera que esa decisión “no sea para que sigan en el poder los nacionalistas”.

Ambas formaciones de izquierda en La Laguna confían en que Ciudadanos, con dos concejales, sea un partido consecuente y al menos se abstenga en la votación de la moción de censura, sobre todo porque, como ha dejado claro en numerosas ocasiones, no está de acuerdo con mantener como alcalde a un político imputado. Este es el caso de José Alberto Díaz, investigado por el llamado caso Grúas.

XTF-NC, por un gobierno “limpio para las elecciones”

Santiago Pérez, que recordó que desde 1983 la izquierda no tenía mayoría en La Laguna, pero que en 2015 “el PSOE no respetó la voluntad de cambio de los laguneros”, puso los tres votos de su partido en el salón de plenos “a disposición de un cambio de gobierno, como desde el minuto cero, y a cambio de nada”. Y abogó por un “nuevo gobierno municipal que sea un factor de limpieza en las elecciones de 2019”, pues “CC está acostumbrada a hacer trampas en los comicios, y más ahora en que está bancarrota, sin líderes, con un camada que es la peor versión de este partido y con una gestión municipal fracasada, en la que se han gastado a veces más dinero en fiestas y propaganda que en diversión”.

Puestos a hacer números, el líder de XTF-NC asegura que hay “muchas fórmulas” para apear del poder a Díaz del poder, incluyendo la de que los concejales expulsados del PSOE por no apoyar el pacto con CC - Javier Abreu y Yeray Rodríguez- sean reincorporados al partido, pues ahora, como no adscritos, no pueden votar en la moción de censura. Un trámite para el que, según subrayó, solo basta un escrito de la portavoz municipal del PSOE.

En todo caso, Pérez observó que “casi todos los caminos ponen ahora la pelota en el tejado del PSOE, por lo que veremos si irse del grupo de gobierno es un gesto para la galería o una cabriola electoral, o bien es porque el PSOE ha vuelto a sus lares”.

Si todo el PSOE, salvo Zebenzuí González, apoya la moción de censura (cuatro concejales), más los partidos promotores (nueve) y con al menos la abstención de Ciudadanos (dos), esta saldría adelante. Tanto XTF-NC como Unidos están convencidos de que el PP no va a participar en estos movimientos a favor de un “pacto progresista”. Pero en determinadas combinaciones, los números cuadran para ello y por ahora todo está abierto.

Es cierto que los sueldos de los políticos son un terreno abonado a los debates facilones y simplificadores de la realidad. Viene siendo así gracias a la posibilidad de los regidores locales y de los responsables políticos de otras administraciones de aplicarse el sueldo con escasos criterios.

En La Laguna, además, la cuestión viene aparejada con la realidad de una Ley de Grandes Ciudades que abrió la puerta a regular el cobro de sueldos a parte de la oposición para facilitarle una actividad de control y de atención a la ciudadanía que también era demandada.

En nuestro municipio, fue José Alberto Díaz, como alcalde, el principal artífice de mantener unos sueldos que ya en el anterior mandato fueron objeto de debate y que lo convierten en el alcalde que más cobra de Canarias y en el sexto del Estado. No pasó igual en otros municipios en los que por coherencia con la situación económica y la realidad social de buena parte de sus habitantes se apostó por reducir sensiblemente el gasto político municipal.

En el pleno en el que se votaron estas cuestiones, en julio de 2015, nuestro grupo municipal defendió una enmienda que implicaba más de 300.000 euros anuales de ahorro basada en salarios éticos similares a los acordados en otros municipios y que, en este caso, los votos de CC y PSOE rechazaron. No hubo manera de lograr afrontar un debate que estaba en la calle y que afecta a todos los sueldos, también los de la oposición, que son igualmente poco éticos en el momento presente.

Nuestro grupo solo tiene dos personas de seis con dedicación exclusiva, ambos donamos lo que excede de los tres salarios mínimos mensuales para vivir acorde con esa idea de salarios éticos que demandamos, para ser coherentes con la realidad de la mayoría de las familias. No solo eso, hemos presentado en cada debate sobre los presupuestos municipales medidas que permitirían reducir hasta en 500.000 euros el gasto político municipal, siempre nos hemos encontrado de frente con el voto contrario del actual grupo de Gobierno y su aliado en este mandato, el Partido Popular.

La defensa de José Alberto Díaz ha sido un ataque a la oposición, como si no fuera él el que marcara los sueldos de la oposición, como si no hubiese votado pleno tras pleno contra la reducción de este gasto. No solo eso, el propio alcalde ha promovido que, para mantener bajo su control el 100% del personal de libre designación de los grupos políticos, un incremento de las asignaciones a los partidos con presencia en el pleno de 35.000 euros anuales a cada uno, en total 210.000 euros llevados a pleno en 2016 frente al rechazo frontal de solo dos grupos municipales, que rechazamos cobrar ese indecente regalo del alcalde. Hemos tratado de mantener esa coherencia que demandamos a los demás con acciones concretas, como la rendición periódica de cuentas y su publicación, la primera de ellas a los 100 días del nuevo gobierno.

Hay que hablar de racionalización del gasto político municipal y nos gustaría hacerlo en el próximo pleno municipal, sin excusas técnicas y con datos. Superar ampliamente los dos millones de euros anuales en este concepto creo que sigue siendo difícil de explicar a la ciudadanía y además también lo es de entender.

Hay que pedir coherencia, hay que pedir ética y responsabilidad. Recibir un sueldo público debe ser para cumplir unas funciones, en el caso de la oposición atender las quejas y demandas de la ciudadanía, pero también ser especialmente escrupuloso en el control de la labor del gobierno, presentando propuestas e iniciativas con las que mejorar su acción o dando alternativas. Una oposición que cobra y va a las comisiones sin leer un papel, que no se lee las ordenanzas, que no realiza alegaciones o aportaciones, que no trabaja los presupuestos municipales, que no está presente en las calles, que no rinde cuentas, supone un problema igual al de un alcalde que cobra demasiado y no cumple.

*Portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna

Los portavoces de los cuatro partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio (Unidos Se Puede), Antonio Alarcó (PP), Santiago Pérez (XTF-NC) y Teresa Berástegui (Ciudadanos), han presentado un escrito por registro en el que se requiere al alcalde, José Alberto Díaz (CC), para que ejecute de inmediato el acuerdo plenario que lo obliga a “adscribir a cada grupo político, con carácter proporcional al de los concejales que lo integren, un número adecuado de personal eventual para la realización de las tareas de apoyo y asesoramiento indispensables, las que corresponden a los grupos como órganos del Ayuntamiento, tal y como prevé el artículo 55.4 del Reglamento Orgánico municipal”.

Además, el mismo escrito advierte al alcalde de las consecuencias legales del incumplimiento de su obligación de ejecutar el acuerdo del pleno del Ayuntamiento lagunero de la semana pasada.

Los portavoces de la oposición recuerdan en su escrito que en la sesión ordinaria del pleno celebrada el día 12, en el punto nº 5 del orden del día, se rechazó por mayoría absoluta (14 votos contra 10) el dictamen de la comisión de Presidencia y Planificación (había sido aprobado con el voto de calidad de Mónica Martín, presidenta de la comisión) sobre el recurso de reposición presentado por Santiago Pérez acerca de la adscripción de personal eventual a los grupos políticos.

“El rechazo del pleno al dictamen de la Comisión supone la estimación del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del pleno de 12 de abril, punto nº 31, y por lo tanto de la solicitud formulada en dicho recurso, que es la siguiente:

- Primero, adscribir a cada grupo político, con carácter proporcional al número de miembros que lo integren y dentro de los límites establecidos en el art. 104, bis 1.f), de la LRBRL, un número adecuado de personal eventual, nombrado por la Alcaldía a propuesta del grupo respectivo, para la realización de las tareas de apoyo y asesoramiento indispensables para el ejercicio de sus funciones corporativas que corresponden a los grupos como órganos del Ayuntamiento. Todo ello en cumplimiento del artículo 55.4 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento y en garantía de los derechos fundamentales a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) y de participación política en condiciones de igualdad (art. 23.1 y 2 CE), es decir sin discriminaciones injustificadas.

- Segundo, instar a la Alcaldía, en cumplimiento del artículo 21.1.r de la LRBRL, a ejecutar este acuerdo con carácter inmediato“.

Rubens Ascanio, portavoz de Unidos Se Puede, asegura que es inédito en la etapa democrática reciente que el equipo de Gobierno acapare el 100% del personal eventual, un equipo de solo nueve concejales con 27 personas adscritas y un coste para las arcas municipales de cerca de un millón de euros.

Ascanio afirma que José Alberto Díaz ha usado “informes a la carta para justificar que el Gobierno controle a ese personal, e incrementó las asignaciones previstas a los grupos municipales de forma injustificable”.

Estas asignaciones incrementaron el coste político del Ayuntamiento lagunero, con la modificación presupuestaria nº 27/2016, que detraía unas cantidades destinadas a las obras de San Luis Gonzaga y un incremento inicial de 43.750 euros para los seis grupos políticos. Estos acordaron un incremento de esas partidas de 210.000 euros, 35.000 euros anuales para cada uno de los grupos, aunque Unidos Se Puede y XTF las rechazaron al entender que era ilegal su uso para contratación directa de personal.

“Hemos pedido en varias ocasiones en el pleno que se produzca una reducción del gasto político municipal, acabando con el incremento de asignaciones acordado y adaptando los salarios políticos y de eventuales a la realidad social y económica del municipio, un ahorro que se podría cuantificar en cerca de 500.000 euros anuales”, explica Ascanio.

El gobierno de CC-PSOE, según el portavoz de la formación lagunera, “está haciendo un acaparamiento de este personal que no se corresponde a lo que sucede en otros municipios, donde se aplica la Ley de Grandes Ciudades, lo que no deja de ser indicativo del nivel político que tenemos en este momento en La Laguna, aparte de su coste para la ciudadanía”.

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), será requerido este jueves en el pleno municipal por orden judicial para que el ayuntamiento que preside proceda a ejecutar una sentencia favorable a un contratista, al que la corporación no le ha abonado facturas por valor de casi 7.000 euros.

Así lo recoge un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 25 de junio, en el que se insta a la Secretaría General del Ayuntamiento a que efectúe ese requerimiento personal al alcalde, “para que disponga lo preciso para efectuar el pago íntegro de las cantidades a las que fue condenada dicha Administración (en una sentencia de 2017) en el plazo máximo de dos meses”.

El juzgado advierte a la secretaría de que “en caso de no verificar en plazo y forma cualquiera de los plazos acordados en este Auto se procederá a la imposición de una multa de 600 euros mensuales a la persona que en estos momentos ocupe la Alcaldía del Ayuntamiento y a deducir testimonio por la presunta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad”.

Además solicita que “efectuado dicho requerimiento deberá remitir a este Juzgado, en el plazo de cinco días, el acta de la sesión con identificación del nombre y apellidos, documento nacional de identidad, domicilio y si percibe retribuciones del Ayuntamento de la persona que actualmente ocupa la Alcaldía, a efectos de la imposición de multas coercitivas y, en su caso, remisión de testimonio de particulares al Ministerio Fiscal por desobediencia judicial”. Y además impone las costas del incidente al Ayuntamiento.

El auto hace alusión a un procedimiento abreviado, seguido en el propio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 en fecha 20 de diciembre de 2017, tras el que se dictó una sentencia que resolvió estimar el recurso interpuesto por ese contratista. Añade que el recurrente presentó escrito de súplica de ejecución forzosa de la sentencia referida, dándose traslado a la Administración que formuló las alegaciones que obran en autos y efectuó propuesta de calendario de pagos.

El juzgado remarca que “en el presente caso, la sentencia no sólo condenó al abono del principal de 6.847, 50 euros, sino también al abono del interés legal del dinero desde la fecha de cada una de las facturas hasta el efectivo pago. Por tanto, no estamos aquí en la aplicación del incremento del interés en dos puntos al que alude la directora de la Asesoría Jurídica”.

De otro lado, termina el auto, “la sentencia sólo se cumple con el efectivo abono de dichas cantidades y es lo cierto es que no consta ni el abono del principal (un decreto ordenando un pago del principal no equivale al pago del principal si no se acompaña documento acreditativo del efectivo pago del principal e intereses en la forma indicada en el Fallo de la Sentencia)”.

“Una prórroga sería contraria al ordenamiento jurídico al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de contratos y a lo estipulado por las partes”. Esta fue la frase más repetida por el interventor general del Ayuntamiento de La Laguna en sus informes contrarios a los 118 decretos de prórrogas de contratos de servicios públicos firmados en su gran mayoría por el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y por su sucesor al frente de la alcaldía lagunera, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria. Algunos contratos se prorrogaron por espacio de hasta 80 meses más de lo estipulado en la adjudicación inicial.

Así se recoge en la ampliación de la denuncia del caso Prórrogas entregada este lunes en el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna por el veterano concejal Santiago Pérez, que ya había denunciado una primera tanda de decretos en enero pasado dando lugar a la apertura de las diligencias previas 323/2018. Si en aquel momento Pérez había podido entregar en el juzgado 24 contratos y convenios con empresas que suponían un coste para las arcas municipales de algo más de 18,1 millones de euros, esta ampliación llega a 118 decretos por un importe que se aproxima a los 47 millones de euros. En total hay 81 empresas implicadas.

La información sigue llegando a los concejales de la oposición en La Laguna y alguna de ella ha dado lugar a la ampliación de esta denuncia por un presunto delito de prevaricación continuada de la que podrían ser autores los firmantes de los decretos por los que se levantaban los reparos del interventor general del Ayuntamiento para proceder a la concesión de prórrogas de contratos de servicios públicos ya vencidos y con sus ampliaciones agotadas. Si en la denuncia inicial se aportaron decretos correspondientes al periodo de marzo de 2015 a febrero de 2017, la ampliación abarca ahora los ejercicios 2013 y 2014, dos de los años de mandato de Fernando Clavijo en la alcaldía.

El actual presidente de Canarias firmó un total de 47 decretos contrarios a los criterios del interventor otorgando prórrogas, encomiendas, revisiones de precios y hasta procedimientos de apertura de procesos de contratación que el alto funcionario habilitado estatal consideraba contrarios a la Ley de Contratos del Sector Público. Su sucesor en la alcaldía y actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ha firmado en este periodo 48 decretos.

No son los únicos que aparecen mencionados en la ampliación de la denuncia. También firman decretos Agustín F. Hernández (14), Aymara Calero (1), Mónica Martín (1) y María José Castañeda (1), estas dos últimas concejalas del PSOE compartiendo gobierno con Coalición Canaria. Bajo la denominación de “alcalde accidental” aparecen siete decretos que completarían los 118 aportados al juez por el concejal de Por Tenerife.

El denunciante ha solicitado a la jueza instructora, Ana Serrano, que cite a declarar como testigo al interventor municipal y como investigados a todos los cargos municipales que han firmado decretos ampliando prórrogas.

En el caso de que la jueza apreciara indicios de delito en el comportamiento de Fernando Clavijo durante su etapa como alcalde, deberá remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, competente para investigar a las personas aforadas.

Fernando Clavijo se encuentra en un trance similar por el llamado caso Grúas, también en tramitación en los juzgados de La Laguna al detectarse irregularidades en la gestión del servicio municipal de retirada de vehículos. También en contra del criterio del interventor, Clavijo, el actual alcalde y el actual portavoz de CC en el consistorio prestaron dinero público a la empresa concesionaria del servicio y le ampliaron la concesión a pesar de incumplir con todas las exigencias legales. De la concesionaria se habían hecho cargo previamente siete trabajadores, algunos de los cuales mantenía relaciones personales con el alcalde Clavijo, según han confirmado en la instrucción. El concesionario original había denunciado previamente que el Ayuntamiento le retrasaba los pagos para perjudicar la buena marcha de la empresa.

Un informe de la nueva secretaria general del pleno en el Ayuntamiento de La Laguna, Ana Merino, habilitada nacional, da la razón a los grupos de la oposición de izquierdas, Unidos Se Puede y XTF-NC, en dos asuntos fundamentales que se vienen discutiendo durante todo el mandato: que la Ley de Bases prohíbe literal y taxativamente dedicar las asignaciones de los grupos políticos al pago de remuneraciones de personal y que no hay obstáculo legal alguno que impida adscribir personal eventual a los grupos de la oposición.

Los portavoces de ambas formaciones, Rubens Ascanio y Santiago Pérez, recordaron este viernes en una nota de prensa conjunta que el alcalde José Alberto Díaz “se sirvió a principios de mandato de un informe sesgado, encargado verbalmente a una funcionaria de los servicios jurídicos, para imponer su decisión de monopolizar todo el personal eventual, despojando a los grupos de la oposición del derecho que les reconoce la legislación vigente”, se recoge en un comunicado.

Ahora, la Secretaría confirma que, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Bases y el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), “no existe impedimento legal para adscribir personal eventual a los grupos políticos”. Ante esto, la oposición estudia presentar una querella contra el alcalde por prevaricación, por su decisión de acaparar todo el personal eventual para el Gobierno local y por la violación del derecho fundamental a la participación en condiciones de igualdad de los cargos públicos establecido en las leyes.

Pérez afirmó que “en el anterior informe, como decimos encargado verbalmente y a posteriori, con la decisión de despojar a la oposición de sus derechos ya consumada, señalaba en sus conclusiones que todo el personal eventual correspondía al Gobierno municipal”. Y también que los grupos políticos de la oposición podían “contratar en régimen de derecho civil o laboral con cargo a su dotación económica (y por tanto violando el art. 73.3 de la Ley de Bases) al personal de apoyo necesario, ya que 'no existe obstáculo legal' para que el grupo político, en ejercicio de su autonomía y con cargo a la dotación económica que le sea asignada, formalice los contratos privados que considere convenientes con profesionales externos (por ejemplo de asesoramiento), así como las contrataciones laborales oportunas, respondiendo solidariamente respecto a todos los aspectos derivados de ellas”.

El portavoz de XTF aclaró que esta actuación se hizo “para quedarse con todo el personal eventual, por lo que impusieron a los concejales y grupos políticos de la oposición un doble régimen jurídico ilegal y discriminatorio”. El alcalde “quería obligar a los grupos y concejales de la oposición a violar la legalidad y a asumir responsabilidad jurídica y patrimonial (”respondiendo solidariamente respecto a todos los aspectos derivados de ellas“) por la contratación del personal de apoyo y asesoramiento que necesitan para el ejercicio de su cargo representativo”.

En la misma línea, Rubens Ascanio, portavoz de Unidos Se Puede, cree que con aquel informe, el de la nueva secretaria, “queda en evidencia una alcaldada que hemos sufrido desde el minuto uno y nos colocaba como el único municipio de similar población de Canarias en el que los grupos de la oposición no podían disponer de personal de apoyo para el desempeño de sus funciones, algo que no ocurría en La Laguna al menos desde 1999”.