La defensa del exmagistrado Manuel Piñar ha solicitado a la Audiencia de Granada la nulidad de las actuaciones y el archivo de la causa abierta contra él por presunto delito de odio, al sostener que los mensajes que se le atribuyen en redes sociales son “fotocomposiciones falsas” fabricadas mediante manipulación digital y que se han incorporado al procedimiento “sin las garantías de veracidad que impone la normativa”.

La acusación particular y la defensa del juez Piñar comparecieron el pasado 1 de octubre ante la Audiencia Provincial de Granada sin llegar a un acuerdo de conformidad. La acusación particular solicita para Piñar una pena de 18 meses de prisión y una multa de 6.600 euros por unos comentarios que, según la acusación, habría publicado en Facebook y que serían despectivos hacia determinados colectivos de migrantes y minorías étnicas, siendo constitutivos de un delito continuado de odio. El Consejo General del Poder Judicial le abrió un expediente por esos comentarios.

Por su parte, la Fiscalía, que inicialmente impulsó la investigación, ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones. El procedimiento fue archivado inicialmente, aunque la Audiencia de Granada ordenó su reapertura en 2023 después de revisar el contenido de las publicaciones incluidas en la denuncia.

El juez Piñar se hizo conocido cuando condenó a cinco años de cárcel Juana Rivas por sustracción de menores, acusándola “explotar el argumento del maltrato” o utilizar los medios de comunicación. Posteriormente se opuso a su indulto. Fue el abogado de la granadina quien le denunció por los mensajes que supuestamente escribió. Además, el CGPJ le multó con 1.500 euros por trasladar datos de uno de los hijos de Rivas a un periódico. Tras acumular un largo historial de polémicas, especialmente en casos relacionados con mujeres y violencia machista, e insultar a medio Gobierno, se jubiló en junio de 2024.

La petición de nulidad fue presentada por la defensa de Piñar durante la vista preliminar del pasado 1 de octubre. La Audiencia Provincialdeberá resolver sobre los motivos de nulidad articulados por la defensa --basados en informes periciales que descartan la autoría de los mensajes-- antes de pronunciarse sobre la vista para juicio, según informan a Europa Press fuentes del caso.

En el escrito, la defensa del juez sostiene que las capturas de pantalla aportadas por la acusación no corresponden a publicaciones realizadas por Piñar, sino a fotocomposiciones elaboradas mediante inteligencia artificial o herramientas de edición gráfica. Algo que ya ha señalado en ocasiones anteriores, asegurando que es víctima de una conspiración.

Para fundamentarlo, aporta informes periciales informáticos y de la Guardia Civil, concluyendo que ninguna de las publicaciones o comentarios denunciados constan en el historial de su cuenta de Facebook.

“Meras fotocomposiciones” incorporadas sin mandato judicial

Solicita así el exmagistrado a la Audiencia la nulidad del auto del 18 de diciembre de 2024 que transformó la diligencias en procedimiento abreviado y el posterior auto que decretó la apertura de juicio oral al entender que no se cumplen las exigencias legales. Ello, porque se acoge como relevantes penalmente “unas supuestas publicaciones, que no pasan de ser meras fotocomposiciones, que se incorporan a la causa sin mandato judicial” y sin “las garantías de veracidad que impone la normativa”.

También pide la nulidad del auto de apertura de juicio oral por falta de legitimación, en tanto que se hizo a instancia de la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional a pesar de que la personación de dicha entidad como acusación popular había sido “denegada” y de que el escrito de acusación se presentó en nombre del abogado Carlos Aránguez y no de la citada asociación.

Junto a ello, censura en su escrito la omisión judicial de incorporar pruebas exculpatorias que considera vitales para demostrar su inocencia (registros oficiales de Meta de su cuenta presentados en abril, julio y diciembre de 2024) y que habría presentado en repetidas ocasiones.

Asimismo, la representación letrada alega que la causa ha incurrido en una investigación “prospectiva”, al atribuirle supuestas expresiones despectivas hacia los gitanos que “no aparecían en ninguna de las denuncias ni en la instrucción”.

A ello suma la vulneración del secreto de las comunicaciones, al entender que se accedió de forma ilegítima a un perfil privado de Facebook con apenas 15 seguidores, según constata un informe de la Guardia Civil, para extraer contenidos sin el preceptivo mandato judicial.

Además, alega que la vista preliminar del pasado octubre es nula por formar sala dos magistrados en quienes concurría causa legal de abstención, pues habían suscrito el auto de 2023, por el que se decidió incoar el procedimiento contra el juez, si bien esa recusación ya fue rechazada en su momento.

Allí argumentaron que, tras examinar el contenido concreto de las publicaciones, habían hallado epítetos, expresiones o calificativos despectivos entre, otros, al colectivo de los gitanos, cuando --según sostiene la defensa del exmagistrado-- nadie había denunciado ese hecho, “ni la palabra gitano aparecía en ningún pasaje como para fundamentar un error”.

Entiende la defensa de Piñar que ese auto es nulo, e imposibilita deliberar y decidir la nulidad por los mismos magistrados que lo suscribieron. Argumenta la nulidad en que se abre una causa prospectiva, “lo que se llama ir a pescar, con violación de la presunción de inocencia; porque viola el principio acusatorio, pues nadie debe ser investigado por un hecho por el que no ha sido denunciado”.

Supuesto atentado contra su honor

Expone además que “atenta contra su honor y su propia imagen, pues se ha afectado a su reputación social”, al haberse difundido “en multitud de medios” el párrafo entrecomillado de la Audiencia, “dando a conocer en cualquier lugar del mundo que se le ha investigado por ese hecho, sin ningún indicio de existencia”.

La defensa del magistrado incide en que éste “siempre ha mantenido una estrecha relación con el colectivo de los gitanos, hasta el punto de haber recibido distinciones honoríficas” por parte de la Hermandad Gitana de Andalucía, por sus investigaciones sobre el origen de los gitanos y su papel en el nacimiento del flamenco, aportando datos inéditos sobre ambos aspectos.

Una vez aceptada la abstención se deberá formar nueva Sala y resolver estas peticiones de nulidad, antes de decidir sobre la vista para juicio. La Fiscalía ha venido solicitando el archivo de la causa.

Juana Rivas no tendrá que ir a juicio por el presunto delito de sustracción de menores por el que estaba siendo investigada al tratar de que su hijo menor se quedase con ella en España el año pasado. La Justicia ha archivado la causa abierta contra ella tras la denuncia presentada por su expareja, el italiano Francesco Arcuri, en marzo de 2025. El Tribunal de Primera Instancia 4 de Granada considera que no resulta debidamente justificada la comisión del delito y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

La resolución, contra la que cabe recurso, coincide con la petición formulada por la Fiscalía Provincial de Granada, que la semana pasada solicitó también el sobreseimiento provisional al considerar que las diligencias practicadas durante la investigación no aportaban elementos suficientes para formular acusación contra Rivas. El juzgado pone el foco en la forma en la que la madre actuó durante los meses en los que su hijo menor permaneció en España. La resolución considera que Rivas utilizó los instrumentos legales y procesales disponibles para oponerse al regreso del niño a Italia y que, cuando finalmente existió un requerimiento judicial efectivo para su entrega, cumplió la resolución.

La causa se inició después de que Arcuri denunciara a Juana Rivas en marzo de 2025 por la supuesta sustracción del menor, que permanecía en España después de que un tribunal italiano hubiera ordenado su regreso a Italia. La investigación quedó inicialmente archivada, pero la Audiencia Provincial de Granada ordenó en julio de 2025 continuar las diligencias para determinar si podía existir un delito de sustracción.

Ahora, el juzgado concluye que la conducta investigada no alcanza la relevancia penal necesaria para integrar el delito previsto en el artículo 225 bis del Código Penal. La resolución considera especialmente relevante que, cuando se presentó la denuncia, Rivas y su equipo de abogados estaban haciendo uso de los resortes legales para evitar que el menor se marchase con su padre, previo aval de la justicia granadina en primera instancia. El auto destaca además que durante ese periodo la granadina, a diferencia de lo sucedido en 2017, permaneció localizada y estuvo representada jurídicamente, mientras que las actuaciones posteriores se desarrollaron a través de los procedimientos previstos. El juzgado señala asimismo que, una vez que se produjo el requerimiento efectivo para la entrega del menor, esta se llevó a cabo.

El niño había permanecido inicialmente en España gracias a una medida cautelar acordada el 7 de enero de 2025 por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada tras escucharle narrar presuntos episodios de malos tratos por parte del padre. Después de escuchar al menor, el juzgado suspendió de forma provisional su regreso a Italia ante el temor expresado por el niño respecto a su retorno con Francesco Arcuri. La medida fue posteriormente mantenida por el Juzgado de Instrucción número 9 y confirmada por la Audiencia Provincial de Granada. Meses después, el 25 de julio de 2025, Rivas entregó al menor en Granada para que regresara con su padre a Italia cuando así lo determinó la justicia.

La resolución conocida ahora establece una diferencia entre esta actuación y los hechos por los que Rivas fue condenada en 2017. En aquella ocasión, la Justicia consideró probado que la entonces condenada había retenido a sus dos hijos y permanecido durante semanas sin hacer efectiva su entrega. La Audiencia Provincial de Granada le impuso inicialmente cinco años de prisión, una pena que el Tribunal Supremo redujo en 2021 a dos años y medio al considerar que los hechos constituían un único delito y no dos. Posteriormente, Rivas recibió un indulto parcial que redujo la pena de prisión a un año y tres meses.

La defensa de Rivas entiende que esta resolución del juzgado avala su tesis de que la actuación de la madre en 2025 se produjo dentro de los procedimientos judiciales disponibles. “La resolución confirma algo que hemos sostenido desde el inicio: Juana Rivas no actuó al margen de la Justicia, sino utilizando los instrumentos legales y procesales disponibles para tratar de proteger a su hijo. Y cuando existió una resolución judicial que ordenaba efectivamente su entrega, la cumplió”, señalan sus abogados.

Italia sigue investigando

El archivo de esta causa no afecta en todo caso al procedimiento que se sigue en Italia contra Francesco Arcuri por los presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus hijos. Esta investigación penal, independiente de la causa seguida en Granada contra Rivas, continúa abierta en Italia y se encuentra actualmente en fase de juicio. La causa contra Arcuri investiga presuntos episodios de violencia física y psicológica contra los menores y ha incluido la declaración de Juana Rivas y de su hijo mayor, Gabriel, así como de distintos profesionales que tuvieron contacto con los niños. El procedimiento penal italiano sigue pendiente de resolución.

En paralelo, el Tribunal Supremo italiano confirmó en julio de este año la atribución de la custodia del hijo menor a Arcuri, después de varios años de litigios en los tribunales italianos. La resolución sobre la custodia se sitúa en el ámbito civil y no supone el cierre del procedimiento penal por los presuntos malos tratos, que continúa de forma independiente.

Con el auto dictado este 24 de septiembre, la investigación penal abierta en España contra Juana Rivas por la actuación de 2025 queda archivada provisionalmente. La decisión coincide con la posición de la Fiscalía y concluye que no existen elementos suficientes para sostener que la permanencia del menor en España y la posterior actuación de su madre constituyeran un delito de sustracción de menores. Falta por ver qué decidirá Italia con respecto a los presuntos malos tratos de Arcuri contra sus hijos, toda vez que hace tan solo unos meses le ratificó la custodia del menor de ellos, pese a estar siendo investigado por esos hechos.

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra Juana Rivas por un presunto delito de sustracción de menores al considerar que las diligencias practicadas durante la investigación no son suficientes para investigar a la granadina, que trató de evitar que Daniel, su hijo menor, se marchase a Italia junto a su padre al temer por su integridad física. El informe, firmado el pasado 14 de septiembre y del que se ha hecho eco el equipo jurídico de Rivas, sostiene que no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de un nuevo delito y establece una diferencia expresa entre lo ocurrido en 2017 y la actuación de la granadina en 2025.

El Ministerio Fiscal considera que Rivas no actuó hace un año con la voluntad de retener al menor al margen de los procedimientos legales para hacerse con su custodia. Al contrario, señala que permaneció localizada, estuvo asesorada jurídicamente y recurrió a distintos procedimientos judiciales para intentar suspender o retrasar la entrega del niño. La Fiscalía otorga además especial relevancia a que, cuando comenzaron los hechos en enero de 2025, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada dictó una medida cautelar de protección tras escuchar al niño y para que pudiese permanecer en España. Tras una batalla legal, el menor fue finalmente entregado a su padre el 25 de julio de 2025, cuando la orden de restitución pasó a ser ejecutiva.

La Fiscalía entiende que lo sucedido en 2025 no se parece a lo que ocurrió cuando fue condenada por la retención de sus dos hijos en 2017. En aquella ocasión, recuerda la Fiscalía, permaneció durante aproximadamente un mes en paradero desconocido pese a los requerimientos judiciales de entrega. En esta segunda ocasión, según el Ministerio Público, la situación fue distinta: la madre no se ocultó con el menor y utilizó los cauces judiciales para oponerse a su retorno. La petición de archivo llega después de que la Audiencia Provincial de Granada ordenara en julio de 2025 continuar investigando la posible sustracción, pese a que el Juzgado de Instrucción había archivado inicialmente la denuncia. Juana Rivas está citada para declarar como investigada el próximo 30 de octubre.

Un proceso diferente a 2017

Ahora, el fiscal considera especialmente relevante que la permanencia de Daniel en España no comenzara como una decisión unilateral de su madre, sino después de que un juzgado de Granada adoptase una medida cautelar de protección. El 7 de enero de 2025, la jueza de guardia escuchó al menor y acordó suspender provisionalmente su regreso a Italia ante el temor que dijo tener por su propia seguridad. La medida fue posteriormente mantenida por el Juzgado de Instrucción 9 de Granada y confirmada por la Audiencia Provincial. Precisamente esa resolución fue la que llevó a la jueza del Instrucción 4 a archivar inicialmente la denuncia de Arcuri en mayo de 2025, al considerar que Rivas estaba amparada por una decisión judicial española y que no había cometido un delito de sustracción.

Aquel auto sostenía además que tampoco existían indicios suficientes de los delitos de malos tratos habituales y lesiones psicológicas denunciados por Arcuri. La magistrada rechazaba que las acusaciones sobre una supuesta manipulación del menor pudieran sustentarse en el llamado síndrome de alienación parental y recordaba la prohibición de utilizar planteamientos sin aval científico, tal y como señala la Ley de Infancia. La Audiencia Provincial de Granada revocó parcialmente aquel archivo en julio de 2025 y ordenó investigar únicamente la posible sustracción del menor, al considerar que los hechos relatados podían presentar inicialmente caracteres de delito. La propia Audiencia descartó, además, reabrir la investigación por el supuesto maltrato psicológico atribuido a Rivas.

Ahora, la Fiscalía vuelve ahora a poner la diferencia entre lo que ocurrió cuando Rivas saltó a la primera plana periodística y lo que ha sucedido ahora: lo ocurrido en 2025 no fue, a juicio del Ministerio Público, una repetición de la conducta por la que Rivas fue condenada años atrás. La granadina fue condenada inicialmente en 2018 a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos, después de haber permanecido durante aproximadamente un mes en paradero desconocido en 2017 y haber incumplido los requerimientos judiciales para entregarlos a su padre. El Tribunal Supremo redujo posteriormente la pena a dos años y seis meses al considerar que se trataba de un único delito y no de dos. En 2021, el Gobierno concedió a Rivas un indulto parcial que redujo la pena de prisión a un año y tres meses y sustituyó la inhabilitación para ejercer la patria potestad por trabajos en beneficio de la comunidad.

Esta penúltima legal se suma a un historia judicial que comenzó mucho antes y que durante años ha transitado entre España e Italia. Rivas y Arcuri se trasladaron a Cerdeña después de una primera denuncia por malos tratos presentada por ella en 2009. En 2016, Rivas abandonó Italia con sus dos hijos y regresó a Granada, donde volvió a denunciar a su pareja. El conflicto por la custodia y el regreso de los menores acabó desembocando en la causa penal que terminó con su condena por sustracción de menores y convirtió el caso en uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años en España.

Arcuri, investigado en Italia

En paralelo a lo que ocurre sobre la presunta sustracción del hijo menor de la expareja, Italia mantiene abierto un procedimiento penal contra Francesco Arcuri por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus dos hijos. Las acusaciones se refieren a hechos investigados durante años en Cerdeña y el juicio comenzó finalmente en 2025 después de que la Fiscalía de Cagliari reabriese unas actuaciones que habían permanecido sin avances durante años. El propio fiscal general de Cagliari llegó a reconocer en 2024 un retraso “inadmisible” en la tramitación del caso. En febrero de 2026, Rivas y su hijo mayor, Gabriel, declararon como testigos ante el tribunal de Cagliari en el proceso contra Arcuri. El proceso continúa en fase de declaraciones testificales y, según fuentes del caso, podría prolongarse varios años más.

Precisamente, la investigación italiana es uno de los elementos que la Fiscalía de Granada considera relevantes para analizar qué ocurrió en enero de 2025. El Ministerio Público señala que en aquel momento existían actuaciones penales en Italia relacionadas con presuntos malos tratos y que la medida de protección adoptada en Granada se produjo después de la exploración del menor y a petición de la propia Fiscalía Provincial. Esto no significa que las acusaciones contra Arcuri esté confirmadas, sino que el procedimiento penal italiano sigue abierto y será ese tribunal el que tenga que determinar si existe responsabilidad penal. En junio, el juicio continuó con la declaración de testigos, entre ellos trabajadores de los servicios sociales de Carloforte y profesionales que habían intervenido en la atención de los menores.

La causa italiana convive además con el procedimiento civil sobre la custodia de Daniel. El Tribunal de Casación italiano confirmó hace dos meses que la custodia del menor corresponde a su padre, después de varios años de decisiones contradictorias y recursos. La resolución dejó abierta, no obstante, la causa penal por los presuntos malos tratos que continúa en Cerdeña. El hijo menor regresó finalmente con Arcuri el 25 de julio de 2025 y permanece desde entonces en Italia.

De este modo, el archivo que ahora reclama la Fiscalía no pone fin a toda la batalla judicial que enfrenta a Rivas y Arcuri, pero sí puede cerrar uno de sus frentes principales en España. La decisión final corresponde a la Audiencia de Granada, que deberá pronunciarse sobre la petición del Ministerio Público. Mientras tanto, el procedimiento italiano contra Arcuri continúa pendiente de resolución, mientras Gabriel, el hijo mayor de Rivas, vive con ella desde hace ya tres años.

El Tribunal Supremo de Casación de Italia ha rechazado el último recurso presentado por Juana Rivas contra la resolución que dio la custodia de su hijo menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, que convive con el pequeño en Carloforte.

Así el alto tribunal ha ratificado que la custodia la tenga el progenitor, que está siendo juzgado en el país alpino por presunto maltrato físico y psicológico a los dos vástagos que tiene en común con Juana Rivas. La madre de Maracena ya ha anunciado que recurrirá a los tribunales internacionales para tratar de modificar esta decisión.

Su equipo jurídico ha lamentado a través de un comunicado la postura de la justicia italiana tras haber “instado todos los recursos posibles” para evitar lo que a su juicio “es una barbaridad”: que un niño tenga que “convivir y depender de su padre, sentado en el banquillo por maltratarle”.

Lamentan así que la Corte de Casación italiana haya rechazado su último recurso para “evitar esta terrible situación” y que considere por tanto que “Daniel debe seguir viviendo con su padre acusado de agredirle”.

A juicio de esta parte, se trata de “una nueva incoherencia en este largo proceso, en el que se están violando derechos fundamentales de la infancia y de las víctimas del delito que consagra la normativa nacional y europea”.

Su intención es acudir a tribunales internacionales para que examinen la respuesta que los tribunales italianos y españoles, civiles y penales, están dando a un caso que comenzó hace más de diez años, y que se ha convertido en un laberinto jurídico que “está destrozando la vida de Daniel, Gabriel y Juana”, sostienen.

Junto a ello lamentan la “lentitud insoportable” en un caso “tan grave” como el juicio abierto contra Arcuri en el Tribunal Penal de Cagliari por presunto maltrato, que comenzó en septiembre del año pasado, y que, según estiman, no va a finalizar antes de que termine este año, pues ya hay sesiones programadas hasta el mes de diciembre.

Juana Rivas denuncia incomunicación con su hijo

Juana Rivas afirma que no ha podido comunicarse con su hijo menor desde que el 25 de julio de 2025 regresara por orden judicial con el padre a Italia, hechos que ha denunciado en Italia.

“En la madrugada del día 31 de mayo pasado recibimos una llamada de una amiga residente en Carloforte informándonos que estaba viendo a Daniel en silla de ruedas, llevado por otros adolescentes”, expone Juana Rivas en una carta abierta a los medios.

Acusa a Arcuri de no haberle “informado de nada” de lo que le ha ocurrido al menor y ante sus “insistentes llamadas” responder “con un escueto mensaje” en el que dice que “el niño está muy bien”.

Afirma que ha puesto este asunto en conocimiento de las autoridades italianas y que hay “sólo prevista una audiencia para el 19 de agosto, ante el juzgado civil de Cagliari”.

En este contexto ha censurado que “frente a la rapidez” con la que se tramitan todas las cuestiones judiciales contra ella “los procesos contra Francesco Arcuri se eternizan”.

Ella declaró a finales de octubre del año pasado en un Juzgado de Granada como investigada por presunta sustracción de menores tras la denuncia presentada por su expareja a raíz de que el hijo pequeño no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de esa Navidad en España.

Ello, después de que un juzgado de guardia de Granada acordara la suspensión provisional de la entrega al padre tras escuchar al menor y en la línea de lo que habían solicitado tanto la Fiscalía como la representación legal de la madre atendiendo a la citada causa contra Arcuri en Italia. El pequeño no regresó a Italia hasta seis meses después tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes.

Fuentes judiciales han señalado a Europa Press que el juzgado ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes para que informen sobre su posicionamiento, ya sea el archivo o la continuación de la causa contra la madre de Maracena, por lo que no se esperan novedades al respecto de este caso hasta, al menos, mediados de septiembre.

Juana Rivas afirma que no ha podido comunicarse con su hijo menor desde que hace ahora un año regresara por orden judicial con el padre a Italia, que está siendo juzgado en el país alpino por presunto maltrato físico y psicológico a los dos vástagos que tienen en común.

En una carta remitida a los medios, la madre de Maracena afirma que desde aquel 25 de julio de 2025 ni ella ni nadie de su familia ha podido comunicarse con Daniel “por impedirlo su padre”, hechos que ha denunciado en Italia. “En la madrugada del día 31 de mayo pasado recibimos una llamada de una amiga residente en Carloforte informándonos que estaba viendo a Daniel en silla de ruedas, llevado por otros adolescentes”, expone Rivas.

Acusa a Arcuri de no haberle “informado de nada” de lo que le ha ocurrido al menor y ante sus “insistentes llamadas” responder “con un escueto mensaje” en el que dice que “el niño está muy bien”. Afirma que ha puesto este asunto en conocimiento de las autoridades italianas y que hay “sólo prevista una audiencia para el 19 de agosto, ante el juzgado civil de Cagliari”.

Procesos que se “eternizan”

En este contexto ha censurado que “frente a la rapidez” con la que se tramitan todas las cuestiones judiciales contra ella “los procesos contra Francesco Arcuri se eternizan”.

Mantiene que, pese a que después de cuatro años de instrucción se abrió el 18 de septiembre de 2025 en Italia el juicio contra Arcuri, “a día de hoy, aún ni tan siquiera se han escuchado a todos los testigos, en un correr insoportable de meses entre las distintas audiencias, habiendo sido la última el 2 de julio y no estando la próxima convocada por el Tribunal Penal de Cagliari hasta finales de noviembre de 2026”.

En el caso han declarado hasta ahora como testigos propuestos por la Fiscalía Juana Rivas y su hijo mayor; pero también trabajadores sociales y psicólogos que han atendido a los hijos en distintos momentos. Rivas lamenta que mientras se juzga este caso, una de las dos presuntas víctimas, “está bajo el control exclusivo y absoluto (sin contacto con ningún familiar) de su presunto agresor”, en relación al hijo pequeño.

Sin regreso a España

Por su parte, ella declaró a finales de octubre del año pasado en un Juzgado de Granada como investigada por presunta sustracción de menores tras la denuncia presentada por su expareja a raíz de que el hijo pequeño no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad en España.

Ello, después de que un juzgado de guardia de Granada acordara la suspensión provisional de la entrega al padre tras escuchar al menor y en la línea de lo que habían solicitado tanto la Fiscalía como la representación legal de la madre atendiendo a la citada causa contra Arcuri en Italia. El pequeño no regresó a Italia hasta seis meses después tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes.

Fuentes judiciales han señalado a Europa Press que el juzgado ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes para que informen sobre su posicionamiento, ya sea el archivo o la continuación de la causa contra la madre de Maracena, por lo que no se esperan novedades al respecto de este caso hasta, al menos, mediados de septiembre.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y los diez vocales conservadores del órgano han sumado sus votos para otorgar amparo a la jueza Aurora Angulo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada que decidió inhibirse en la causa por la que Juana Rivas pedía que su hijo se quedara en España con ella, informan a elDiario.es fuentes del órgano de gobierno de los jueces. 

La magistrada denunció una “campaña de desprestigio” y señalamiento puesta en marcha por el abogado de la mujer que, a su juicio, fue amplificada por la “cobertura mediática” y el “ataque intolerable” de determinadas “personas que ostentan o han ostentado cargos públicos”. Entre ellas, las ministras de Igualdad (Ana Redondo) e Infancia (Sira Rego) o la eurodiputada y exministra Irene Montero. 

En su petición de amparo, la magistrada denunció que la actuación coordinada del abogado Carlos Aránguez junto con distintas personalidades de la política y las instituciones buscaba crear un ambiente intimidatorio que pretendía vulnerar su independencia judicial e influir en su libre capacidad de resolución. 

El 10 de enero de 2025, después de que la jueza rechazara pronunciarse sobre si el hijo menor de Juana Rivas debía volver a Italia con su padre o permanecer con su madre en España, el letrado que asume la defensa de la mujer difundió un comunicado en el que la acusaba de haber archivado denuncias pasadas, de dictar autos equivocados y afirmaba que era “un hecho gravísimo que una magistrada especializada en violencia de género no comprenda lo que es la violencia vicaria”. “Quédense con este nombre: Aurora Angulo”, podía leerse también. 

La magistrada vincula ese comunicado con otro publicado por el Ministerio de Igualdad que recordaba la necesidad de que prevaleciera el interés superior del menor. Ese comunicado del departamento que dirige Ana Redondo apuntaba también que “en relación a la indeterminación o discrepancias sobre cuál es el órgano judicial en España para decidir sobre la situación del hijo pequeño de Juana Rivas y el riesgo de que tenga que regresar a Italia con su padre”, existen varias normas internacionales por las que se debería escuchar al menor y tener en cuenta su opinión para “garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador”. 

Además, tres días antes de la decisión de la magistrada, la titular de Juventud e Infancia, Sira Riego, publicó el siguiente post: “He escuchado a Daniel, hijo de Juana Rivas, decir que muchas veces piensa que se va a morir. Estamos preocupadas por su seguridad. Su testimonio es desgarrador. Yo le creo”. Su mensaje tuvo 90.400 visualizaciones. 

En sus alegaciones, la ministra de Igualdad defendió que su comunicado no era susceptible de interferir en la independencia de la magistrada y que tampoco contenía una valoración respecto de sus decisiones, por lo que no ponía en riesgo su capacidad de decidir sin presiones. La ministra de Infancia, por su parte, señaló que sus declaraciones fueron una manifestación de preocupación por el menor y que no hubo voluntad de interferir en el procedimiento judicial. 

En un comunicado publicado en la tarde de este miércoles, el CGPJ afirma que del acuerdo se han excluido las referencias a las declaraciones realizadas sobre este asunto por las ministras de Igualdad y de Infancia “por considerar que se formularon en un tono respetuoso con la función judicial y que entran dentro del ámbito de su actuación política”.

No obstante, las fuentes consultadas sostienen que el acuerdo al que se ha llegado en el pleno ha sido eliminar un párrafo en la fundamentación jurídica que recogía las declaraciones de las ministras, pero se han mantenido tanto en los antecedentes, como en la parte dispositiva. Y que, por tanto, el amparo se ha concedido en los términos solicitados. De hecho, se ha debatido la posibilidad de otorgar el amparo únicamente en lo relativo a las declaraciones del abogado, pero esa propuesta no ha salido adelante, de acuerdo a las citadas fuentes.

Sanción al letrado de Rivas

En su petición de amparo, la jueza también alude a la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero, quien la acusó de estar “fuera de la ley”, calificó su decisión como “violencia institucional insoportable” y afirmó que “hay jueces que están haciendo política contra las leyes feministas y la infancia”. Por su parte, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias publicó en la red social X una fotografía de la jueza refiriéndose a ella como “la jueza conservadora que no quiere escuchar al hijo de Juana Rivas”. 

Además, la magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell, comparó el caso con situaciones donde otros menores fueron asesinados por sus progenitores y afirmó que el menor estaba en riesgo. 

Precisamente en relación con estos hechos, el Ilustre Colegio de Abogados de Granada impuso una sanción de suspensión del ejercicio de la abogacía durante el plazo de dieciséis días al abogado Carlos Aránguez. Los hechos objeto de reproche disciplinario iban referidos a las alusiones personales que el letrado dirigió a la magistrada en el citado comunicado. 

El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha acogido este jueves las declaraciones como testigos de Juana Rivas y de su hijo mayor de edad en el proceso judicial abierto contra la expareja de ésta y padre de sus dos hijos, Francesco Arcuri, por presunto maltrato a sus vástagos, narrando unos episodios que hicieron, han mantenido, que sus vidas se convirtieran en un “infierno”.

La sesión, prevista para las 10.00 horas, ha arrancado con retraso tras la finalización de la vista de un juicio previo, que han apuntado que la declaración de Rivas y su hijo se ha prolongado durante horas, sin que a las 14.30 horas hubiera terminado de declarar este último.

Estas mismas fuentes han incidido en el testimonio de él por ser, además de testigo una supuesta “víctima” por los cinco años viviendo con el padre antes de regresar a España con la madre, y por lo que habría vivido siendo niño y aún estaban juntos. La causa contra Arcuri se sigue por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia los dos hijos que tiene en común con la madre de Maracena (Granada).

“Pesadilla absoluta”

Rivas ha narrado episodios de malos tratos que al parecer le decían sus hijos que vivían con su padre, en una declaración en la que ha estado separado de Arcuri por un biombo. En similares términos, el hijo por su parte ha abundado en “la pesadilla absoluta y una situación de tortura permanente” en la que los vástagos “han vivido”, han abundado estas mismas fuentes.

Este joven ha apuntado a “vejaciones”, “amenazas de muerte”, y a “maltrato físico y psicológico continuado” en el marco de una “situación permanente de miedo y de terror” en el domicilio, han añadido estas mismas fuentes, que han aludido al “detalle” con que lo ha venido exponiendo ante el tribunal.

El juzgado ha dispuesto un calendario con las fechas en las que se escucharán los distintos testigos propuestos por las partes, el cual ha comenzado este jueves con las declaraciones de Rivas y su hijo mayor, y continuará en marzo, según detallaron a Europa Press fuentes del caso.

“Gravísimos hechos”

El equipo jurídico de Juana Rivas viene confiando en que “se demuestren los gravísimos hechos que constan en el escrito de imputación de la Fiscalía italiana” en esta causa, en el que se narran presuntos insultos y agresiones a los hijos. Este caso es independiente al que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada contra Juana Rivas por presunta sustracción de menores, tras la denuncia presentada por su expareja después de que el hijo pequeño no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en España.

El pequeño no regresó a Italia hasta el pasado 25 de julio tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes. Juana Rivas declaró por este asunto el pasado 30 de octubre sin que hasta el momento el juzgado haya resuelto la petición de archivo por parte de sus abogados.

La madre de Maracena ya fue condenada por sustracción de menores a raíz de que en 2016 sacara a sus dos hijos de Italia sin consentimiento del padre alegando que huía de una situación de maltrato. Más tarde, en verano de 2017, permaneció un mes en paradero desconocido con los niños.

El Tribunal Supremo rebajó de cinco a dos años y medio de prisión la pena que le fue impuesta y el Gobierno le concedió el indulto parcial en 2021, a condición de que no cometiera el mismo delito en el plazo de cuatro años. Ello, desde la publicación del real decreto en el BOE, que es del 17 de noviembre de 2021, por lo que una hipotética condena podría afectar a la medida de gracia.

Juana Rivas ha vuelto a sentarse ante un tribunal por un delito de sustracción de menores. Ahora, como sucediera en 2018, la granadina ha comparecido para defender su inocencia en el marco de la denuncia que interpuso su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por la presunta sustracción de su hijo Daniel, al impedir que el niño se marchase con él a Cagliari (Italia). Rivas ha comparecido este jueves ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada insistiendo en la tesis en que todo lo que ha hecho ha sido para proteger al niño, que ahora tiene 11 años.

La granadina, que solo ha respondido a las preguntas de sus abogados, ha llegado al tribunal pasadas las 10 de la mañana, en una declaración ante la jueza que ha durado menos de una hora. A la salida, Juana Rivas ha comparecido brevemente para mostrar su confianza en la justicia y su letrado ha insistido en que se debe escuchar al menor y en que existe base documental y pruebas suficientes que avalan las decisiones adoptadas por la granadina en los últimos meses y que demuestran la violencia a la que se habría sometido a su hijo.

Así, en esta causa, sus letrados basan su argumento legal en que Rivas ha cumplido en todo momento con lo dispuesto por los tribunales, recordando que si Daniel se quedó en Granada el pasado mes de enero es porque una jueza así lo dictaminó con una medida cautelar. Por ello, este viernes presentarán un escrito solicitando al archivo de la causa que pesa contra Juana.

Recorrido judicial en dos países

No en vano, la cronología de los acontecimientos respalda en parte la postura de Juana Rivas y sus abogados. En primer lugar por la medida cautelar que dictó la Justicia el pasado invierno evitando que Daniel se marchase a Italia tras escuchar al menor. Aquello permitió que el niño se quedara en Granada y fuese escolarizado, a la espera de que se adoptase una decisión definitiva. Una situación, la del menor, que empezó a complicarse cuando en febrero la Justicia italiana volvió a otorgarle la custodia en exclusiva a Francesco Arcuri. Esa decisión judicial ha estado rodeada de polémica por varias razones.

La primera es que, según la misma jueza que ordenó la cautelar, Cagliari no había sido informada de que Daniel estaba en España tras invocar el Convenio de la Haya y el interés superior del menor ante los indicios de presuntos malos tratos contra él. La segunda es que cuando en marzo Francesco Arcuri denunció a Juana Rivas por el delito de sustracción de menores por el que está imputada y ha comparecido ante el tribunal, no existe prueba documental de que Juana Rivas hubiese sido notificada de la decisión de Cagliari sobre la custodia.

A ese cruce de decisiones judiciales le siguieron varios episodios procesales más que, tras un intento de la propia jueza de salirse de la causa, finalmente acabó con el archivo de la denuncia en primera instancia el pasado mes de mayo. La magistrada entendía entonces que Rivas no había obrado al margen de la legalidad y que todas las decisiones adoptadas se ajustaban a las leyes y que, de hecho, si se habían cometido irregularidades habían sido a la hora de documentar las dos causas: la de la custodia en Italia y la de la denuncia en Granada. Además, recuerda en su auto de sobreseimiento que el tribunal italiano que decidió la custodia sigue basándose en el falso síndrome de alienación parental (SAP) que está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico al carecer de base científica.

Una causa reabierta

Sin embargo, la Audiencia de Granada reabrió la causa en julio, justo en la semana en la que Juana Rivas y su hijo volvieron a estar en el foco mediático. En aquellos días en los que la presión social e institucional intentaba que Daniel no tuviese que irse a Italia al decaer la medida cautelar que le mantenía en Granada, la Audiencia volvió a imputar a Juana Rivas por la presunta comisión del delito de sustracción de menores por el que ha tenido que declarar ante el Juzgado de Instrucción 4. Daniel finalmente se marchó con su padre y Rivas volvió a recordar el peligro que presuntamente corre el menor por los episodios de violencia física y psicólogica que el niño habría descrito.

Invocando la protección de Daniel, la defensa de Rivas va a solicitar el archivo de nuevo. Porque, dicen, Rivas sólo ha buscado proteger a sus hijos. De hecho, los abogados se retrotraen al inicio de todo el caso cuando en 2016 la granadina presentó una denuncia por malos tratos que no fue tramitada cuando Juana ya había huido junto a sus hijos del domicilio que compartía con Arcuri en Italia. Según la defensa, todo lo que ha ocurrido después se explica por la ineficacia a la hora de dar curso a aquella primera querella, que no sirvió de nada porque Rivas acabó siendo condenada en 2018 a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos al no devolverlos hasta el verano de 2017 cuando pesaban diferentes órdenes judiciales para que lo hiciese. Rivas recibió entonces un indulto parcial que le devolvió la libertad.

Ahora, de nuevo, la estrategia de la defensa se basa en que se está cometiendo de nuevo un error al no escuchar a Daniel, ignorando el interés superior del menor ante la sospechas que pesan sobre Arcuri por presuntos malos tratos contra el niño. De hecho, el italiano está imputado en Italia por la presunta comisión de estos hechos y ya compareció en septiembre en el marco de la causa, que en todo caso puede dilatarse varios años.

“Daniel solamente ha sido escuchado una vez en España por una única jueza, que decidió otorgarle su protección. La ausencia de coordinación entre el Procedimiento Civil y Penal en Italia ha permitido una situación excepcional: que Daniel, con 11 años, sea el principal testigo/víctima del procedimiento por malos tratos impulsado por la Fiscalía Italiana contra su padre, pero que tenga que acudir al juicio de su mano y viviendo en su casa”, lamentan los letrados de Juana Rivas.

En todo caso, confían en que este procedimiento sea archivado y entienden que es un “error en la estrategia legal” de Francesco Arcuri porque les permite poner el foco en la protección del menor. “Juana por fin ha tenido la oportunidad de exponer en España una tras otra, las múltiples pruebas que acreditan la terrible violencia física y psíquica a la que Arcuri ha sometido a Daniel durante todos estos años”, sentencian su defensa.

“Los hechos no son constitutivos de delito ni tienen la proyección penal que se pretende. El denunciante se ha precipitado con la interposición de la denuncia, fruto seguramente del loable deseo de tener contacto con su hijo”, escribió en mayo la jueza titular del Juzgado de Instrucción 4 sobre la denuncia de Francesco Arcuri contra Juana Rivas por la presunta sustracción de su hijo Daniel. Según la magistrada, que archivaba así la causa, no existían entonces indicios para investigar a la granadina porque había una medida cautelar del mismo juzgado que la amparaba para que el niño se quedase en Granada. Pero, finalmente, la Audiencia de Granada reabrió la causa en julio y la granadina tiene que declarar este 30 de octubre como investigada.

Antes de que Juana Rivas tenga que sentarse ante el juzgado para defenderse de la presunta sustracción de menores que habría cometido, según la Audiencia, al impedir en enero que Daniel volviese a Italia con su padre Francesco Arcuri, fue el progenitor el que compareció ante el tribunal. Lo hizo a principios de octubre para insistir en que Rivas volvió a cometer el mismo delito por el que en 2018 fue condenada a 5 años de prisión en primera instancia por marcharse durante más de un año con sus hijos sin permiso del padre de estos. Sin embargo, a diferencia de aquel primer juicio, en esta ocasión la Justicia sí le dio la razón archivando en mayo una causa que no tenía indicios hasta que la Audiencia la reabrió justo en la semana en la que Daniel debía volver a Italia de manera definitiva.

La defensa de Juana alega ahora que, aunque fueron informados del archivo “definitivo” de la denuncia en primera instancia, no habían tenido acceso hasta ahora al auto que exponía los motivos por los que la jueza no veía delito en la actuación de la granadina. Y lo cierto es que el documento, al que ha tenido acceso este medio, deja poco margen para procesar a Juana Rivas ya que se ampara sobre todo en la medida cautelar que dictó la misma magistrada en enero para que el niño se quedase con su madre después de escucharle relatar su miedo a posible maltrato por parte de su padre.

La clave de la medida cautelar

El auto, firmado por la jueza Susana Álvarez Civantos, es extenso -29 páginas- y minucioso. En él desmonta la denuncia de Francesco Arcuri y argumenta que no se produjo ningún delito, ni siquiera en grado de tentativa. La magistrada escribió en mayo que otro juzgado y la Audiencia Provincial, durante la instrucción, reconocieron la existencia de la medida cautelar que suspendía la entrega del menor, por lo que Rivas estaba actuando bajo el amparo de una resolución judicial española.

Para entender esto es importante la cronología de lo sucedido en los últimos meses. En primero lugar, en enero la jueza que dicta la medida cautelar tras hablar con Daniel invoca el Convenio de La Haya alegando el interés superior del menor para que el niño se quede en Granada. Después, en febrero, el tribunal civil de Cagliari vuelve a darle la custodia en exclusiva de Daniel a Arcuri, pero sin tener constancia de que había una medida cautelar en España vigente y ratificada por otro juzgado para que el niño se quedara con Juana. Según la jueza, esto es clave porque Italia no puede revocar una medida española que ni siquiera conoce.

Ya en marzo es cuando Arcuri denuncia a Juana Rivas por sustracción de menores y dice en su escrito que la granadina ya había sido notificada oficialmente de la custodia por parte de Italia, pero la magistrada señala que no existe prueba documental de ello en los autos. Al mismo tiempo que presenta la denuncia, solicita medidas cautelares contra Rivas, pero se le deniegan. Días después, la Audiencia de Granada ratifica la medida cautelar, lo que sigue amparando a Juana Rivas para no estar cometiendo ningún delito de sustracción.

Por último, tras varios pasos procesales más en los que la jueza llega a solicitar salir de la causa e incluso Arcuri le recusa por haber dictado una medida en favor de Juana Rivas, finalmente la magistrada continúa con el procedimiento por orden de la Audiencia Provincial y firma en mayo el archivo definitivo del presunto delito de sustracción de menores alegando lo que se recoge en este auto. “La denunciada estaba protegida por una resolución judicial vigente que permanece en vigor para no retornar al menor a Italia”, señala la jueza, insistiendo en que ninguna autoridad italiana había revocado aquella orden, ya que incluso no se había informado correctamente de las resoluciones cruzadas entre ambos países.

Entonces, el razonamiento de la magistrada fue claro: no podía imputarse un delito de sustracción a una madre que seguía al pie de la letra lo ordenado por los tribunales de su país. Tampoco encontró indicios de malos tratos o de daño psicológico al menor, una acusación que el propio auto relaciona con el llamado síndrome de alienación parental, una teoría “sin aval científico” y expresamente prohibida por la Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En el escrito, Álvarez Civantos cita ese artículo de la ley que prohíbe que se tomen en consideración planteamientos de este tipo en sede judicial, recordando que no toda desavenencia familiar puede transformarse en un delito. Un síndrome que, sin embargo, sí se reconoce en Italia y que ha sido la base de la acusación de Arcuri durante todos estos años.

“La jurisdicción penal es la última ratio sancionadora”, apunta la magistrada, advirtiendo del riesgo de llevar por la vía penal asuntos que pertenecen al ámbito civil. Según su auto, no se puede hablar de incumplimiento ni de delito de sustracción si la madre nunca fue notificada oficialmente del decreto italiano que ordenaba la restitución del menor ni si seguía vigente una medida española de protección. De hecho, siempre según el auto, el Tribunal de Cagliari que ordenó la vuelta de Daniel no había comunicado al juzgado español que la suspensión hubiese sido levantada, por lo que el niño podía seguir en Granada.

Eso sí, la jueza sí decidió investigar una parte menor de la denuncia de Arcuri: la presunta falsificación documental y suplantación de identidad en el proceso de escolarización del niño. No en vano, Daniel estuvo acudiendo a una escuela de Granada desde enero y hasta final de curso. Por esa presunta falsificación, la Guardia Civil abrió una investigación sobre cómo se matriculó al menor y qué funcionarios intervinieron en el trámite. Una investigación paralela que avanza de manera discreta y no está relacionada con el delito por el que se investiga de nuevo a Juana.

Una causa reabierta

Pese a la contundencia del archivo dictado en mayo, la Audiencia Provincial ordenó reabrir las diligencias dos meses después, justo cuando se cumplía el plazo para el regreso definitivo de Daniel a Italia. Esa decisión, recurrida por la defensa, ha devuelto a Rivas a un escenario que creía cerrado: volver a declarar como investigada por sustracción de menores. Su defensa recuerda que el auto de mayo no sólo archivó la causa, sino que expuso con detalle que no existía base alguna para buscar delitos en la actuación de una madre que actuó amparándose en una orden judicial española y en defensa del interés superior de Daniel.

Por ello, los letrados de Juana Rivas también van a solicitar que tanto el propio Daniel como su hermano mayor Gabriel hablen en esta causa. Algo que, en todo caso, solo podrá suceder si la Audiencia admite la petición que tienen prevista hacer los letrados cuando se inicie la fase de recogida de pruebas que tendrá que suceder próximamente. La defensa de la granadina confía en que este procedimiento acabe volviéndose en contra de Arcuri, basándose en el archivo que se recoge en este auto de mayo.

El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha citado como testigos el próximo 26 de febrero a Juana Rivas y a su hijo mayor de edad en el proceso judicial que va a seguir por las denuncias por malos tratos a sus vástagos contra Francesco Arcuri, la expareja de la madre de Maracena (Granada). Ella, por su parte, tendrá que declarar a su vez el próximo 30 de octubre en sede judicial en la capital granadina, investigada por supuesta sustracción de menores tras la estancia con ella del hijo menor desde Navidad hasta finales de julio en España.

Según las fuentes del caso consultadas por Europa Press, en una vista celebrada este jueves, el juzgado italiano ha decidido también no nombrar a un tutor especial al cargo de la representación del menor en el proceso judicial (función que ejerce la propia Juana Rivas) hasta que pudiera surgir “un verdadero conflicto de intereses” y en función también de la evolución del proceso penal español en el que está siendo investigada por sustracción.

El inicio del proceso penal en Italia se aplazaba el pasado 18 de septiembre con la presentación de esta cuestión procesal previa por parte del equipo jurídico de Arcuri, sobre la que se volvía a emplazar a las partes para este 23 de octubre.

El juzgado ha dispuesto además este jueves un calendario con las fechas en las que se escucharán los distintos testigos propuestos por las partes, el cual comenzará a finales de febrero con las declaraciones de Rivas y su hijo mayor, y continuará en marzo, han detallado estas mismas fuentes.

Un juicio que puede durar años

Todo ello tras una audiencia que tenía como principal objeto la petición del equipo jurídico de Arcuri para examinar la pertinencia de que, en este proceso que se sigue contra él por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia sus hijos, el menor estuviera representado por un administrador especial y no por Rivas.

El juicio, según estas mismas fuentes, puede prolongarse durante años, conforme a la normativa italiana. El niño, de 11 años, volvía con el padre tras permanecer desde fechas navideñas con la madre en España, un asunto por el que ha de declarar en una causa aparte el 30 de octubre como investigada por la presunta comisión de un delito sustracción de menores en el edificio judicial de Caleta, en Granada capital, Rivas, que ya fue condenada previamente por este ilícito después de que en el verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre.

El pasado septiembre, a raíz del inicio de la vista oral en Italia, el equipo jurídico de Juana Rivas se mostraba confiado en una nota de prensa en que “se demuestren los gravísimos hechos que constan en el escrito de imputación de la Fiscalía italiana”.

Una audiencia preliminar celebrada el pasado 17 de junio en Cagliari para el análisis de varias denuncias de Juana Rivas contra su ex y padre de sus dos hijos determinó que un nuevo tribunal de tres jueces analizara los hechos para “establecer la veracidad” de los mismos, según explicó en un comunicado la representación legal de Francesco Arcuri en nombre del italiano.

Mantiene la custodia

En la audiencia que daba lugar a la apertura de la vista oral que se ha producido este jueves no se decretaba “ninguna medida restrictiva, ni modificación de la custodia otorgada por el Decreto del Tribunal de Familia competente” al italiano sobre su hijo menor.

El 3 de diciembre anterior, la representación jurídica de Juana Rivas se congratulaba de que la Fiscalía italiana hubiera procesado por presuntos maltrato a los hijos comunes de ambos a Arcuri.

En un comunicado, expuso que el 14 de noviembre anterior, tras el procedimiento penal correspondiente, la Fiscalía de Cagliari, responsable de la instrucción de las actuaciones contra Arcuri, había concluido las investigaciones y “presentado formalmente escrito de procesamiento” contra la expareja de Rivas.

Los letrados de Rivas proseguían lamentando que el hijo menor de edad, continuaba “estando obligado a vivir en Carloforte con su padre” mientras que el mayor, que tiene 19 años y vive en España, pedía “ayuda a la Fiscalía General de Cagliari” y expresaba “con rotundidad que su padre no es capaz de controlar su impulsividad y su ira”, viendo a su hermano “en gran peligro”, según un mensaje esgrimido por la representación de la madre.

Acusada de sustracción de menores

En paralelo al proceso penal en Italia continúa en España la tramitación de la denuncia interpuesta por Arcuri contra la madre de Maracena por la presunta comisión de sustracción de menores respecto del niño menor.

“El próximo día 30 de octubre, Juana Rivas prestará declaración sobre estos hechos”, precisaron en septiembre sus abogados, que apuntaron que se producirá a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada “considerara que no eran delictivos, mediante una exposición razonada de los motivos para el archivo de la denuncia”, ante el que el equipo jurídico de Arcuri recurrió.

La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del pasado 24 de julio, estimó parte del recurso planteado por el equipo de Arcuri contra el archivo de su denuncia por lo que la investigación se reabría.

De este modo una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, y consultada por Europa Press, citaba a declarar a Rivas como investigada a las 10,00 horas del 30 de octubre en sede judicial. El pasado 8 de octubre Arcuri, citado como denunciante a través de su representación legal, ratificó su denuncia por vía telemática.

Vuelta suspendida de enero a julio

El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara “el terror” de regresar a su lado. La vuelta se producía el pasado 25 de julio tras un intento frustrado en el punto de encuentro familiar esa misma semana.

La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre.

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores en relación con los hechos del verano de 2017, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometiera el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto, el 17 de noviembre de 2021.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha recibido este miércoles por videoconferencia desde Italia la ratificación por Francesco Arcuri de la denuncia que interponía contra su expareja y madre de sus dos hijos, Juana Rivas, en la investigación que se sigue contra ella por supuesta sustracción del más pequeño de ambos, menor de edad. En la citación de este miércoles se han acotado los términos en los que se limita la investigación, habiendo pedido la autoridad judicial discreción en el caso a las partes, según ha indicado a Europa Press el letrado de Arcuri Enrique Zambrano.

La citación tiene su origen en una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, en la que se cita a declarar a Rivas como investigada a las 10 horas del 30 de octubre en sede judicial. El 22 de septiembre se citaba a través de su representación procesal a Arcuri como denunciante, si bien fue aplazado a este 8 de octubre, según fuentes consultadas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por “dificultades en la tramitación de la personación de sus representantes legales”.

Estas citaciones se producen a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada “considerara que no eran delictivos, mediante una exposición razonada de los motivos para el archivo de la denuncia”, ante el que el equipo jurídico de Arcuri recurrió.

Dos juicios pendientes

La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del pasado 24 de julio, estimó parte del recurso planteado por el equipo de Arcuri contra el archivo de su denuncia, que se producía por la no vuelta del niño a Italia tras el último receso navideño, cuando permaneció en Maracena con la madre.

El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara “el terror” de regresar a su lado. La vuelta se producía el pasado 25 de julio tras un intento frustrado en el punto de encuentro familiar esa misma semana.

La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre. Hay una audiencia en este proceso fechada para el próximo 23 de octubre tras el aplazamiento que se producía este pasado jueves por una cuestión procesal presentada por Arcuri en relación con la representación del menor en este juicio.

Investigación por sustracción

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores en relación con los hechos del verano de 2017, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometiera el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto, el 17 de noviembre de 2021.

Este pasado martes, la representación legal de Rivas anunciaba que pedirá la declaración del niño en el nuevo proceso abierto contra ella en el Juzgado de Instrucción 4 de la capital granadina, basado, señaló, en una “gravísima acusación” la cual “supone una excelente oportunidad para que Juana y sus hijos puedan escapar del laberinto jurídico en el que se encuentran atrapados”.

El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha acogido en la mañana de este jueves el inicio del juicio penal por supuesto maltrato a sus hijos contra Francesco Arcuri con la presentación de una cuestión procesal previa por parte de su equipo jurídico sobre la que se ha vuelto a emplazar a las partes para octubre. En la audiencia no han estado presentes ni su expareja, la vecina de Maracena (Granada) Juana Rivas ni ninguno de sus dos vástagos.

Precisamente, según las fuentes del caso consultadas por Europa Press, la cuestión procesal previa ha tenido que ver con la petición al tribunal sobre la representación en el juicio del menor de ellos, de 11 años y que volvía con su padre, que tiene la custodia, el pasado julio a Italia. Fue tras permanecer desde fechas navideñas con la madre en España, un asunto por el que ha de declarar el próximo 30 de octubre como investigada por la presunta comisión de un delito sustracción de menores en el edificio judicial de Caleta, en Granada capital, Rivas, que ya fue condenada previamente por este ilícito después de que en el verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre.

En Italia, este jueves, el equipo jurídico de Arcuri pide examinar la pertinencia de que, en este proceso que se sigue contra él por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia sus hijos, el menor esté representado por un administrador especial y no por Rivas. La próxima audiencia es el 23 de octubre en un juicio, que según estas mismas fuentes, puede prolongarse durante años, conforme a la normativa italiana.

Este pasado miércoles, a raíz del inicio de la vista oral en Italia, el equipo jurídico de Juana Rivas se mostraba confiado en una nota de prensa en que “se demuestren los gravísimos hechos que constan en el escrito de imputación de la Fiscalía italiana”.

Una audiencia preliminar celebrada el pasado 17 de junio en Cagliari para el análisis de varias denuncias de Juana Rivas contra su ex y padre de sus dos hijos determinó que un nuevo tribunal de tres jueces analizara los hechos para “establecer la veracidad” de los mismos, según explicó en un comunicado la representación legal de Francesco Arcuri en nombre del italiano.

En la audiencia que daba lugar a la apertura de la vista oral que se ha producido este jueves no se decretaba “ninguna medida restrictiva, ni modificación de la custodia otorgada por el Decreto del Tribunal de Familia competente” al italiano sobre su hijo menor.

El 3 de diciembre anterior, la representación jurídica de Juana Rivas se congratulaba de que la Fiscalía italiana hubiera procesado por presuntos maltrato a los hijos comunes de ambos a Arcuri.

En un comunicado, expuso que el 14 de noviembre anterior, tras el procedimiento penal correspondiente, la Fiscalía de Cagliari, responsable de la instrucción de las actuaciones contra Arcuri, había concluido las investigaciones y “presentado formalmente escrito de procesamiento” contra la expareja de Rivas.

Los letrados de Rivas proseguían lamentando que el hijo menor de edad, continuaba “estando obligado a vivir en Carloforte con su padre” mientras que el mayor, que tiene 19 años y vive en España, pedía “ayuda a la Fiscalía General de Cagliari” y expresaba “con rotundidad que su padre no es capaz de controlar su impulsividad y su ira”, viendo a su hermano “en gran peligro”, según un mensaje esgrimido por la representación de la madre.

En paralelo al proceso penal en Italia continúa en España la tramitación de la denuncia interpuesta por Arcuri contra la madre de Maracena por la presunta comisión de sustracción de menores respecto del niño menor.

“El próximo día 30 de octubre, Juana Rivas prestará declaración sobre estos hechos”, precisaron este pasado miércoles sus abogados, que apuntaron que se producirá a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada “considerara que no eran delictivos, mediante una exposición razonada de los motivos para el archivo de la denuncia”, ante el que el equipo jurídico de Arcuri recurrió.

La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del pasado 24 de julio, estimó parte del recurso planteado por el equipo de Arcuri contra el archivo de su denuncia por lo que la investigación se reabría.

De este modo una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, y consultada por Europa Press, citaba a declarar a Rivas como investigada a las 10,00 horas del 30 de octubre en sede judicial, a la misma hora y en el mismo sitio que, el 22 de septiembre, se cita a través de su representación procesal a Arcuri como denunciante.

El italiano Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas y padre de sus hijos, comparecerá este jueves ante el Tribunal Penal de Cagliari (Italia) acusado de maltrato físico y psicológico habitual contra Daniel y Gabriel. Será la primera vez que Arcuri se enfrente a un proceso penal por presuntos malos tratos a los menores, después de años de denuncias archivadas y pese a la condena por violencia de género que ya recibió en Granada en 2009 por agredir a Juana.

De este modo, el inicio de un juicio que se puede demorar años supone un punto de inflexión en el caso Juana Rivas. Hasta ahora, la única que se había sentado en el banquillo por todo lo sucedido había sido la madre de Maracena. Sin embargo, Arcuri tendrá que responder por primera vez a lo que la defensa de la granadina señala como un caso de violencia de género que derivó, hace ya mucho tiempo, en violencia vicaria. Durante años, sostiene su equipo jurídico, los niños han sido víctimas directas de malos tratos en Carloforte (Italia), donde residían con su padre, y ahora la Justicia italiana tendrá que determinar si esas denuncias se sostienen con pruebas e indicios suficientes.

En todo caso, la vista oral arranca con un hecho paradójico de fondo: desde julio, Daniel, el hijo pequeño, vive en Italia con Arcuri, después de que el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ordenara su entrega forzosa. La defensa de Rivas considera que es una “anomalía jurídica y social” que una de las principales víctimas y testigos de la causa esté viviendo junto con la persona que está imputada precisamente por malos tratos. Además, recuerdan que el menor ya dijo en varias ocasiones que no quería volver con su padre y que incluso compareció el pasado 7 de enero ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada para pedir de permanecer con su madre.

De hecho, ese mismo juzgado archivó en mayo una denuncia por sustracción de menores interpuesta por Arcuri contra Rivas, aunque la Audiencia de Granada sí mantiene abierta la investigación, hasta el punto de que Juana Rivas tendrá que declarar por ese presunto delito el próximo 30 de octubre. En todo caso, en su auto de mayo, la magistrada del Juzgado de Instrucción 4 sostuvo que la cuestión de fondo no era de custodia, sino penal, y que correspondía al tribunal italiano.

El falso Síndrome de Alienación Parental

Además, la jueza dejó claro que la jurisdicción penal es siempre preferente a la civil, algo que, según la defensa de Rivas, ha sido sistemáticamente ignorado en este caso. El auto también desmontaba la base sobre la que Arcuri ha sustentado su estrategia procesal durante años, con el apoyo de la Justicia italiana: el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), un pseudodiagnóstico sin aval científico, prohibido en nuestro país, que ha sido empleado para desacreditar a madres que denuncian violencia.

A juicio de los abogados de Rivas, que Daniel viva con su padre, pese a estar imputado por presuntos malos tratos, ha hecho que Arcuri haya podido cumplir la amenaza que, según el equipo jurídico de la madre, le lanzó su pareja cuando se separaron: “Te quitaré a los niños y te haré la vida imposible”. No en vano, los letrados consideran que se ha producido una cadena de desprotección institucional que ha culminado con la entrega del niño a su padre, pese a la existencia de resoluciones penales que aconsejaban lo contrario. Hablan de violencia institucional, ya que entienden que las decisiones de los juzgados civiles en Granada y de la Corte de Apelación de Cagliari han dejado sin amparo al menor.

Eso sí, la Fiscalía de Cagliari aprecia indicios suficientes de malos tratos, lo que ha permitido que se instruya la causa por la que Arcuri tiene que comparecer. El tribunal deberá decidir a partir de ahora si el italiano es culpable de haber sometido a daño físico y psicológico de manera continuada a sus hijos, como sostienen los informes forenses y los testimonios de los propios menores. Gabriel, el mayor, que vive en Granada con su madre desde hace tres años, ya ha dicho públicamente en varias ocasiones que tanto él como su hermano fueron víctimas de malos tratos y humillaciones.

Por primera vez en casi una década de batalla legal, Arcuri se sienta en el banquillo para responder de las acusaciones que pesan sobre él. Para Juana Rivas y su defensa, el proceso representa un motivo de esperanza porque por primera vez existe la posibilidad de que la Justicia italiana reconozca la violencia que denuncian y siente las bases para que Daniel pueda regresar a España bajo la custodia exclusiva de su madre.

Ocho años de litigios

Al mismo tiempo, este nuevo capítulo procesal se suma a ocho años de litigios por la custodia de los menores. Desde que Juana Rivas decidió marcharse en la primavera de 2016 del domicilio que compartía en Italia con Arcuri y sus hijos, permanecer más de un año sin volver a dicha casa y estar un mes en paradero desconocido para no entregar a los menores, las denuncias no han dejado de cruzarse. La mayoría de ellas han caído del lado favorable al italiano y en contra de los intereses de Rivas, hasta ahora.

Juana llegó a ser condenada en primera instancia a cinco años de prisión y a la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos, pero dos rebajas de condena, con indulto parcial del Gobierno incluido, dejaron a la granadina en libertad, pero con la advertencia de no poder delinquir de nuevo si no quería entrar en prisión. Pese a aquella condena y a que la relación entre Rivas y Arcuri ha sido inexistente en este tiempo, llegó a haber un régimen de visitas pactado que casi en cada ocasión se saldó con una nueva demanda de Juana contra su expareja por malos tratos sobre sus hijos. Demandas, todas ellas, archivadas hasta que la Fiscalía y el Tribunal Penal de Cagliari han decidido imputar ahora a Arcuri y que se siente este jueves en el banquillo.

En este tiempo, el hijo mayor, Gabriel, ya no es menor de edad, vive en Granada junto a su madre y es una de las figuras que más ha hablado pública y judicialmente en defensa de su hermano Daniel. El joven, que ya tiene 18 años, llegó a pedir incluso amparo a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, para que intercediese para que Daniel no tuviese que volver a Italia, como finalmente acabó pasando el pasado mes de julio.

No en vano, el niño viajó a Granada la pasada Navidad y se quedó gracias a una suspensión cautelar de la entrega dictada por parte de la Justicia española tras escucharle. Pasó más de medio año junto a su madre y su hermano, llegando a estar escolarizado. Todo con el objetivo de lograr que no se tuviese que ir a Italia y que la presión social y judicial liderada por los letrados de Juana Rivas permitiesen revisar la custodia del menor y que recayese sobre ella, teniendo en cuenta que Arcuri está imputado por malos tratos en un juicio que empieza ahora y que, según apuntan fuentes de la defensa del italiano, podría prolongarse varios años y acabar sin una resolución si se dilata demasiado. Para entonces, Daniel ya podría haber decidido voluntariamente, a partir de los 16 años -ahora mismo tiene 11-, volver a Granada o quedarse con su padre.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha citado a declarar como investigada el próximo 30 de octubre a Juana Rivas, tras la denuncia presentada por su expareja, que la acusó de un delito de sustracción de menores por evitar que el menor de sus dos hijos regresase en enero a Italia con el padre, que tiene la custodia.

La providencia del juzgado instructor, a la que ha tenido acceso EFE, se produce después de que la Audiencia de Granada admitiera en julio un recurso de su expareja, el italiano Francesco Arcuri, al archivo de la causa.

Antes de esta cita declarará Arcuri, que acusó a Juana Rivas de incumplir la orden dictada por un tribunal italiano el pasado febrero para que el menor, que desde agosto vive con él en Italia, volviera a su domicilio habitual.

“Tendente a alterar el régimen de custodia”, según la Audiencia

Aunque inicialmente el juzgado instructor archivó la denuncia de Arcuri, la Audiencia de Granada admitió en julio de manera parcial el recurso presentado por el italiano y acordó investigarla por no haber facilitado la vuelta del menor a Italia. Este procedimiento deriva de la negativa de Juana Rivas a devolver al menor con su padre, niño que viajó a España para pasar las vacaciones de Navidad con la familia materna y que debió regresar a Italia el 2 de enero.

En esa semana, Rivas solicitó a un juzgado en funciones de guardia medidas cautelares, que suspendieron la vuelta del niño con el padre. Al final, esta se efectuó el pasado 25 de julio después de varios intentos del entorno y la representación legal de la madre de frenar la orden judicial que así lo determinaba.

En sus argumentos sobre el delito de sustracción de menores, la Audiencia de Granada apuntó en un auto fechado en julio que Juana Rivas es “tendente a alterar unilateralmente el régimen de custodia de su hijo Daniel”, a lo que añadió que lo hacía “reteniéndolo en su compañía con incumplimiento” de lo dictado por la justicia italiana.

El auto de la Audiencia recordó que Rivas incumplió en enero la devolución del menor con el padre y “provocó” que se dictara una resolución con medidas cautelares. Recalcó, además, que las medidas cautelares que frenaban la vuelta de Daniel había quedado sin efecto por una nueva sentencia de la Corte de Cagliari. También calificó de “incontestable” la documental que aportó en su denuncia Arcuri por la “gravedad” de la conducta de Juana Rivas, que forzó al padre a pedir por la vía civil la vuelta del menor.

El mismo delito por el que fue condenada

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada tomará declaración a Rivas como investigada por el mismo delito por el que ya fue condenada a cinco años de prisión, una pena que el Tribunal Supremo redujo en 2021 a la mitad al interpretar que, aunque estuvo en paradero desconocido con sus dos hijos, solo era un delito.

El 16 de noviembre 2021, el Consejo de Ministros acordó el indulto parcial a Juana Rivas, una medida que redujo esa pena de prisión a un año y tres meses. La vigencia del indulto está condicionada a que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de 4 años.

Los hechos tuvieron lugar en el verano de 2017, cuando Juana Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos de Arcuri.

No hay vuelta atrás: Daniel se marcha a Italia con su padre. El hijo menor de Juana Rivas ha vuelto con su progenitor, el italiano Francesco Arcuri, después de que la granadina haya cumplido este viernes con la orden judicial que le obligaba a entregar al niño de 11 años de edad. La devolución se ha producido a pesar de los intentos por evitarlo que han protagonizado no solo desde el gabinete jurídico de Juana Rivas, sino incluso su hijo mayor, Gabriel, que vive con ella en Granada desde 2022. El joven, que ya tiene 19 años, ha enviado varias cartas e interpuesto una denuncia contra su padre por acoso contra su hermano.

La entrega del menor se ha producido después de que el pasado martes se aplazase durante una jornada que resultó muy tensa para el niño y las familias. Estaba previsto que Daniel se marchase el pasado 22 de julio, pero el niño se negó tajantemente tanto en la puerta del Punto de Encuentro Familiar (PEF) como ya en el interior. En todo momento alegó sentir miedo hacia su padre y temer por su integridad física. Una circunstancia que provocó que la justicia aplazase la entrega a este viernes para fijarla con nuevos criterios que expusiesen menos al menor.

Cabe recordar que Daniel tuvo que caminar durante varios metros escoltado por una avalancha de medios de comunicación mientras su madre, Juana Rivas, se mostraba abatida, hasta el punto de que tuvo que recibir asistencia médica. En este caso, no se han repetido escenas similares porque el tribunal encargado de ejecutar la orden de devolución del menor ha establecido que las partes se encontrasen en el interior de la Audiencia de Granada para evitar que se produjesen hechos similares a los del pasado martes.

La entrega se ha producido finalmente en la sede judicial de La Caleta, en Granada, bajo estrictas medidas de privacidad impuestas por el Juzgado de Primera Instancia 3. En un auto dictado el pasado 23 de julio, la magistrada denunció la “sobreexposición innecesaria y altamente nociva” que sufrió el menor durante el intento fallido de entrega anterior, cuando fue rodeado por medios de comunicación y obligado a enfrentarse a una situación emocionalmente desbordante.

Para evitar que se repitieran escenas similares, el tribunal ordenó que Daniel accediera por el garaje oficial del edificio, acompañado exclusivamente por su madre y su abogado, sin público ni cámaras, y con la asistencia de personal técnico especializado. La resolución insistía en que el cumplimiento de la orden de entrega dictada por la justicia italiana era “inevitable” y que debía ejecutarse sin más sufrimiento, en cumplimiento del Reglamento europeo 1111/2019, que obliga a los Estados miembros a colaborar en la ejecución de resoluciones de otros países de la UE.

Además, la marcha de Daniel se produce en medio de una maraña jurídica y mediática que vuelve a situar el caso Juana Rivas en el centro de la actualidad. Al igual que sucediese hace 8 años cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido para evitar entregar a sus dos hijos a su padre para que se marchasen también a Italia, la granadina ha intentado por todos los medios que su hijo menor no volviese al país transalpino alegando que corre peligro por los presuntos malos tratos a los que se ha visto sometido. Incluso el Ministerio de Justicia se ha pronunciado recordando que el asunto está judicializado y que corresponde a los tribunales dirimirlo.

Daniel, que cumplió 11 años el pasado mes de enero, llevaba desde la pasada Navidad conviviendo en Granada con su madre y su hermano mayor, merced a una medida cautelar adoptada por la justicia española tras escucharle denunciar episodios de violencia física y psicológica por parte de su padre, Francesco Arcuri. Aquellas palabras, pronunciadas por el niño por primera vez en suelo español, hicieron que se adoptase una cautelar que le mantenía en España, pero que decayó hace tan solo unos días cuando el Juzgado de Instrucción 3 acordó cumplir con el requerimiento de Italia que le obliga a Juana a devolver a su hijo a su progenitor.

Custodia en exclusiva para el padre

Esto sucede porque Francesco Arcuri mantiene la custodia en exclusiva del menor, ratificada el pasado mes de febrero, al entender la justicia italiana que no ha habido hasta la fecha motivos para que Daniel deje de estar al cuidado de su padre. Pese a las numerosas denuncias presentadas por Juana Rivas por presuntos malos tratos, ninguna ha prosperado, salvo la última en la que la Fiscalía de Cagliari sí aprecia indicios de delito. Algo que hace que Arcuri deba sentarse en el banquillo de los acusados por estos hechos el próximo mes de septiembre en Cagliari.

A ese extremo es al que se agarraba el gabinete jurídico de Juana Rivas y el Gobierno central para pedir que Daniel no se marchase a Italia. Entienden que si hay un juicio pendiente por malos tratos contra su padre, hay indicios de peligro para que el menor no esté bajo su custodia, al menos de momento. Sin embargo, la justicia española entiende que carece de competencias para contradecir a la justicia italiana porque se basa en el principio de confianza al tratarse de otro estado miembro de la Unión Europea.

En todo caso, Italia se ha basado en el falso síndrome de alienación parental (SAP), que no reconocen organismos internacionales y que en España está en desuso y previsto para su prohibición en la próxima ley de infancia, para otorgarle la custodia al padre, asegurando que Juana Rivas ha manipulado a sus hijos durante todo este tiempo. Según la justicia de Cagliari, la granadina ha hecho que sus hijos estén en contra de su progenitor y la consideran incapaz de estar al cargo de ellos, mientras que de Francesco sí determinan que está capacitado para hacerse cargo ahora de Daniel.

Además, en las últimas horas la Audiencia de Granada ha decidido abrir una investigación por una nueva presunta sustracción de menores por parte de Juana Rivas, fruto de una denuncia precisamente del gabinete jurídico de Arcuri. El tribunal va a indagar si se ha producido ese hecho al considerar que ha habido posibles presiones por parte de la granadina para que el menor no regrese a Italia, aunque es cierto que le amparaba la medida cautelar adoptada por la justicia española que hacía que Daniel se quedase en España hasta ahora, que vuelve a Cagliari en cumplimiento de la orden judicial que le obliga a ello.

Desde el entorno de Juana Rivas consideran inconcebible que Daniel haya sido entregado “a su padre, condenado por violencia de género en España y acusado por la Fiscalía italiana por maltratamento in famiglia”, causa por la que será juzgado el próximo 18 de septiembre con los dos hijos, Daniel y Gabriel, como testigos principales. “Nos parece increíble que un niño de 11 años llegue al tribunal de la mano de su padre acusado de maltratarlo”, sostienen sus abogados, que anuncian que la lucha judicial se traslada ahora a Italia.

Recuerdan que la custodia concedida a Francesco Arcuri está recurrida ante el Tribunal Supremo italiano, el mismo que ya revocó una decisión anterior del Tribunal de Cagliari, y que solicitarán medidas de protección para el menor. “Con el tiempo, Daniel podrá contar en primera persona todo el sufrimiento que le ha generado esta situación, como ya hizo su hermano cuando alcanzó la mayoría de edad”, afirman los letrados de Rivas.

La Audiencia de Granada ha admitido parcialmente el recurso presentado por Francesco Arcuri contra el archivo de la denuncia en la que acusó a su expareja, Juana Rivas, de un delito de sustracción de menores y ha acordado investigarla por no haber facilitado que el menor de sus hijos vuelva a Italia.

El auto de la Sección Segunda de la Audiencia, notificado este jueves y al que ha tenido acceso EFE, admite el recurso presentado por Arcuri contra la decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que, el pasado mayo, archivó su denuncia contra Juana Rivas por sustracción de menores y maltrato habitual en el ámbito familiar, que también presentó en enero en Italia.

La Audiencia ha acordado investigar el delito de sustracción de menores al entender que Juana Rivas está incumpliendo la orden dictada por un tribunal italiano el pasado febrero de que su hijo menor, de 11 años, vuelva con su padre, que tiene la custodia.

No ha admitido el recurso en lo referido a un delito de maltrato al interpretar que si el menor ha sufrido daño psicológico, no ha sido provocado de manera intencionada por la madre.

Querella por supuestas coacciones

Al tiempo, el hijo mayor de Juana Rivas ha presentado una querella contra su padre y una psicóloga a la que éste, según mantiene en la denuncia, habría instado a que “compareciera” en el punto de encuentro familiar de Granada el pasado martes para “doblegar” la voluntad de su hermano menor de edad “y que admitiera de buen grado irse a Italia para vivir con él”, interesando como medidas cautelares urgentes orden de alejamiento y suspensión de la entrega de éste, ya que el progenitor tiene la custodia, la cual se pospuso por orden judicial a este viernes en un lugar que garantice la intimidad del niño.

Según el resumen de hechos de la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, el menor habría sido sometido el martes por la profesional a “un durísimo interrogatorio en el que le conminaba a volver con su padre pese a que este había expresado claramente su voluntad de no hacerlo”, generando al parecer, prosigue, “la lógica ansiedad y desasosiego en el niño que repetidamente expresó su malestar, llegando a llorar y suplicar que lo dejaran en paz en varias ocasiones”.

Pese a la “petición desgarradora” para que la profesional se ausentara, y la demanda del querellante de que “ayudaran a su hermano, nadie hizo nada al respecto”, unos hechos de los que la denuncia especifica que habrían sido testigos los profesionales del punto de encuentro. A su vez, el hermano mayor “fue expulsado de la sala, impidiéndole continuar junto a su hermano, pese a pedir” el menor que “no lo echaran”, indica la querella.

Fuentes del caso conocedoras del caso apuntaron a Europa Press que la actitud del querellante también habría sido puesta en entredicho en el punto de encuentro, situado en el centro de Granada capital, al haberse al parecer extralimitado en lo que corresponde a un familiar que no es el padre ni la madre en una operación de este tipo.

Sea como sea, el hijo mayor pide en su querella ante el Juzgado de Guardia de Granada en la que recaiga por reparto que se tomen de manera urgente como medidas cautelares orden de protección para el menor de tal modo que se impida al padre a “comunicarse con él por cualquier medio o aproximarse al mismo a menos de 200 metros”.

Igualmente “se solicita que se deje sin efecto la orden de entrega del menor” prevista para este viernes por el supuesto “gravísimo padecimiento psicológico que las presiones psicológicas para que acepte marcharse a Italia” estarían “provocando” en el niño.

Refiere en este punto al relato de “forma detallada” de “los malos tratos físicos y psíquicos que le inflige su padre, en su declaración de 7 de enero de 2025 prestada ante el Juzgado de Guardia de Granada, y que además ha manifestado en múltiples ocasiones y ante distintas autoridades, su voluntad de permanecer en su casa de Maracena con su madre y con su hermano por el miedo que tiene”.

Esta querella se produce después de escribir una carta a “cualquier autoridad competente de España” este jueves para que eviten la entrega de su hermano menor, de 11 años, al padre, que tiene pendiente un proceso judicial por supuestos malos tratos en el ámbito familiar en Italia.

Logroño se suama a las concentraciones convocadas este jueves en apoyo de Daniel Arcuri Rivas, el hijo de Juana Rivas. En la capital riojana, la cita será a las 19:15 frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja en el Paseo del Espolón. La iniciativa circula ya en redes con el hashtag #EscuchenADaniel y pide la palabra para el hijo de Juana Rivas, que rechaza volver a Italia junto a su padre, Francesco Arcuri, quien tiene un proceso abierto por maltrato continuado contra Daniel y su hermano.

Una veintena de ciudades de todo el país, incluida la capital riojana, acogerán este jueves, 24 de julio, concentraciones frente a juzgados y lugares significativos para pedir una justicia con mayúsculas, una donde prime el “interés superior” de Daniel Arcuri Rivas, permitiéndole permanecer con su madre en Maracena, en su entorno seguro y libre de violencia.

Convocadas por madres protectoras y profesionales comprometida/os con la erradicación del maltrato infantil, a través de asociaciones, colectivos y entidades defensoras de los derechos de la mujer, la infancia, la adolescencia y los derechos humanos, la cita comenzará 19:15 y culminará con la lectura unánime de un Manifiesto que recordará que en toda España hay miles de menores sufriendo violencia vicaria y violencia institucional.

La violencia vicaria la ejerce el progenitor “sobre la desobediente que osó dejarlo, la castiga con lo que más le duele, arrancándole a sus hijos, llegando, en los casos más extremos, a suprimir la vidas de sus propios hijos. La segunda la ejerece la judicatura otorgando custodias compartidas y hasta exclusivas a maltratadores, convitiéndose así en complice y responsible del mayor daño de madres y de sus criaturas”.

Bajo el lema ‘Escuchen a Daniel’, esta iniciativa de la sociedad civil exige a la titular del juzgado nº 3 de Granada que escuche a este niño y deje de violar el derecho que la LO de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia (Lopivi), vigente desde 2021, le garantiza a Daniel y a toda/o menor: ser escuchada/o. Y que se tenga en cuenta su deseo de permanecer con su madre y familia en Maracena. La jueza aplazó hasta el viernes 25 su marcha con Arcuri, condenado en España por violencia de género y actualmente procesado en Italia por malos tratos. El pasado martes, en la entrada del Punto de Encuentro Familiar (PEF) Daniel manifestó entre lágrimas su negativa a irse con Arcuri y su miedo a que le asesine.

El caso de Daniel ha conmocionado a la opinión pública y a miembros del Gobierno nacional, pero “no es ni mucho menos un caso aislado”. Miles de menores en todo el país atraviesan situaciones similares: sentencias y resoluciones judiciales que incumplen el Código Civil y la normativa de protección a la infancia obligándoles a relacionarse y convivir con padres denunciados y/o condenados por violencia de género y por violencia y abuso contra ellos mismos, exponiéndoles a grave riesgo para su bienestar físico y emocional, incluso a que sus vidas sean suprimidas. A día de hoy, 66 niñas y niños han sido asesinados por sus progenitores.

En este contexto, multitud de voces críticas señalan la mala praxis e irresponsabilidad de Judicatura y Fiscalía de Menores, además de su frecuente incumplimiento de la Lopivi, vigente desde 2021, al desproteger en la práctica a las y los menores e ignorar su sufrimiento.

Las concentraciones se celebrarán en numerosas ciudades, entre ellas, Gijón, Tarragona, Barcelona, Boltaña (Huesca), Zaragoza, Córdoba, Jaén, Cádiz, Sevilla, Málaga, León, Salamanca, Murcia, Navarra, Lugo, Logroño y Ourense.

Un nuevo informe psicológico pone en el foco la presión que padeció Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, el pasado lunes en el acto por el que debía marcharse junto a su padre, Francesco Arcuri, a Italia. El niño, de 11 años y sobre el que pesa la orden de regreso porque la justicia italiana dicta que la custodia la mantiene en exclusiva su progenitor -que tiene un juicio por malos tratos pendiente para el próximo mes de septiembre- se vio sometido a mucha presión en ese momento, según describe la psicóloga que le acompañó al Punto de Encuentro Familiar (PEF) en el que se tenía que producir la entrega.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, es tajante en cuanto a la situación que vivió Daniel. De acuerdo con la psicóloga que acudió al encuentro, el niño mostró en todo momento su rechazo a irse con su padre alegando miedo a ser maltratado, una situación que acabó provocando el aplazamiento de la entrega hasta este próximo viernes. Según los letrados de su padre, Francesco Arcuri, y según él mismo, Daniel acudió a la entrega sin maletas y “manipulado” por el entorno de Juana Rivas para que dijera que no quería marcharse. Sin embargo, el informe psicológico describe una mañana muy tensa y de una alta presión sobre el menor.

Según el testimonio de la psicóloga que acompañó a Daniel ese día, y que firma el informe como integrante de la Asociación Damos la Cara, el niño expresó desde el primer momento un rechazo rotundo a marcharse. En la misma puerta del Punto de Encuentro Familiar dijo que no quería irse, verbalizó su miedo a “que le matara” si regresaba con su padre y aseguró: Lllevo muchos años intentando estar aquí y no me deja en paz“. Ya dentro del centro, ante la psicóloga y la trabajadora social del PEF, insistió llorando en que no podía volver con ”un maltratador“ y gritó que ”ha estado siete años pegándome“ y que no aguantaba más. ”Me va a matar si vuelvo, me va a matar“, repetía, en medio de un episodio de fuerte angustia emocional.

La situación, lejos de calmarse, fue a peor. Aunque en un primer momento se indicó que Daniel podría quedarse acompañado por su hermano mayor, Gabriel, se introdujo en la sala a una psicóloga externa que, según el informe, fue facilitada por el propio Francesco Arcuri. Esta profesional, de acuerdo con el relato recogido, tomó el control de la intervención con el menor, intentando convencerlo de que irse a Italia era una buena opción y cuestionando su versión de los hechos, pese a la insistencia de Daniel en que sufría malos tratos. En ese momento, el niño llegó a pedirle que saliera de la sala porque “no le estaba ayudando”, pero ella no lo hizo.

Desde el exterior, según la profesional firmante, se escucharon los gritos desesperados del niño: “Ayuda, ayuda, ayuda… me estáis arruinando la vida… me estáis matando”. A pesar de la intensidad del momento, ninguna de las personas presentes acudió a ver qué ocurría. Incluso cuando se solicitó permiso para entrar en la sala, este fue denegado por los agentes policiales. El hermano mayor también pidió poder estar con él, sin éxito, y llegó a ser amenazado con posibles consecuencias legales si insistía en acompañarlo.

El informe también recoge que, pese a la negativa expresa de Daniel, se permitió al padre entrar a la sala a solas con él mientras Gabriel se encontraba fuera. Además, el menor llegó a pedir asistencia médica en un momento de dificultad para respirar, pero le contestaron que “aunque viniera el médico no iba a cambiar nada”, por lo que no se atendió su petición.

A lo largo del documento, la psicóloga denuncia un proceso marcado por la presión, la falta de escucha activa al menor y decisiones que, en su opinión, ignoraron su bienestar emocional. Asegura que se le pidió incluso que intentara convencer a Daniel de ceder o que su hermano saliera de la sala, algo a lo que se negó al considerar que el niño había expresado su voluntad de forma clara y desgarradora.

Más peticiones de auxilio

Este informe psicológico se suma a las peticiones de auxilio que ha realizado en las últimas horas Gabriel, el hermano mayor de Daniel. El joven, que tiene 19 años y que vive en Granada junto a su madre desde 2022, ha solicitado ayuda a diferentes estamentos como la ONU o Amnistía Internacional. También al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que pide amparo para evitar que el niño acabe marchándose a Italia junto a su padre. Una vez más, Gabriel describe su temor por los episodios de malos tratos a los que se podría exponer Daniel, recordando que la justicia italiana le juzgará por ello en septiembre.

En todo caso, la entrega de Daniel a Francesco Arcuri sigue en curso y pendiente de producirse este viernes de nuevo en Granada. Esta vez, para evitar el revuelo mediático y la presión a la que se vio sometido el menor, no trascenderá el punto de entrega y se evitará que el niño tenga que vivir de nuevo lo que ya padeció al pasado lunes, cuando fue el protagonista de unas escenas en las que incluso su madre, Juana Rivas, tuvo que ser atendida por una ambulancia merced a un desvanecimiento. Si bien los letrados de la granadina siguen trabajando para lograr apoyo institucional para que Daniel no se vaya, hasta el momento no hay nada que frene la entrega. No obstante, desde el Ministerio de Juventud e Infancia insisten en que van a agotar todas las vías que estén a su disposición para evitar que el niño se vaya.

Daniel se queda, de momento, en España. Pese a que esta mañana Juana Rivas había entregado a su hijo menor en un punto de encuentro a su padre Francesco Arcuri para viajar a Italia, finalmente, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, Daniel no saldrá del país. La jueza ha aplazado al viernes esta entrega definitiva.

Este giro inesperado de los acontecimientos lo es todavía más porque esta misma mañana el Tribunal Constitucional había avalado la entrega del menor a su padre, aduciendo que la via judicial no había quedado agotada todavía. Con esta decisión, el alto tribunal cerraba la última vía urgente que la familia había activado a contrarreloj para evitar un regreso que consideran traumático y peligroso.

La entrega del niño, ordenada por la Corte de Apelación de Cagliari, llegó a producirse poco antes de las 11 de la mañana, cuando expiraba el plazo previsto por la orden judicial. Llorando, a las puertas del punto de encuentro, antes de encontrarse con su padre, el niño ha manifestado, también en presencia de su hermano, ya mayor de edad y residente en España, el miedo que le producía la vuelta por que le pudieran “matar”, informa Europa Press.

La defensa había presentado un recurso de amparo ante el Constitucional y ante la Audiencia Provincial de Granada, que habían sido rechazados. En ese recurso, se alegaban riesgos graves para la integridad física y psicológica del menor, en base al procedimiento penal abierto contra el padre, Francesco Arcuri, por presuntos malos tratos, y al testimonio directo del hermano mayor, Gabriel, que en los últimos días ha pedido públicamente ayuda para proteger al niño. Ninguna de esas razones había sido asumida por los tribunales como base suficiente para frenar la ejecución inmediata, pero finalmente la jueza ha cambiado de opinión.

La decisión del Constitucional había sido tajante: el recurso de amparo fue inadmitido por “falta de agotamiento de la vía judicial previa” y por “carecer de especial trascendencia constitucional”. La demanda había sido considerada prematura porque la resolución impugnada aún no era firme al estar pendiente de apelación en la Audiencia Provincial de Granada. Además, el Constitucional, que se ha limitado este lunes a rechazar la cautelarísima solicitada para evitar que el menor se marchase, alegando un principio de falta de competencia y de confianza en la jurisdicción de otro estado miembro de la Unión Europea como lo es Italia.

El Constitucional sostiene que las cuestiones planteadas por la defensa de Rivas no superan el umbral de relevancia constitucional, al tratarse de asuntos de legalidad ordinaria ya resueltos en la justicia ordinaria. Dicho lo cual, el fallo, votado por unanimidad en el seno del alto tribunal cierra de forma definitiva cualquier posibilidad de frenar judicialmente la entrega del menor, aunque no las vías legales para que en el futuro Daniel regrese.

Sin margen judicial en España

Con todo, la resolución del Constitucional ha llegado tras 24 horas frenéticas en los que la defensa de Juana Rivas ha intentado por todos los medios frenar la entrega. Primero, presentando un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, que fue estudiado de urgencia por la Sección Quinta y rechazado en un auto emitido este lunes. El tribunal entendió que los jueces españoles actúan en este caso como órgano de ejecución de una resolución firme dictada por un Estado miembro de la UE, y que no tienen margen legal para suspenderla por el mero hecho de que haya un procedimiento penal abierto. “No podemos compartir el argumento de que el retorno del menor aboca a una desprotección total”, sentenció el tribunal, apelando al principio de confianza mutua entre sistemas judiciales europeos.

Con esa negativa sobre la mesa, la defensa esperaba al recurso de amparo presentado ante el Constitucional como solución a la entrega de Daniel. Pero el resultado ha sido el mismo. Ni el riesgo penal ni el arraigo generado por el menor desde enero en Granada -donde ha vivido, ha estado escolarizado y ha retomado vínculos familiares- han bastado para paralizar el mandato de devolución.

Gabriel, el hermano de Daniel, también se ha pronunciado en defensa del menor. En una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, advertía de que su hermano “corre un peligro real” si es devuelto a su padre. “No puedo permitir esta barbaridad e incoherencia”, escribió. “Nadie ha tenido en cuenta sus derechos”. En su carta, recordaba también que él mismo tuvo que huir de Italia por miedo y que su padre está procesado por malos tratos, con un juicio penal señalado para el próximo 18 de septiembre.

Las palabras de Gabriel se suman a las de su madre, Juana Rivas, que ha mantenido en todo momento que el regreso del menor supondría revivir una situación de violencia. La defensa también ha señalado que el auto judicial ignora la evolución del niño durante estos meses de estancia en Granada, donde ha generado vínculos, ha recibido apoyo psicológico y ha expresado su voluntad de quedarse.

Arcuri acusa a Rivas de “manipulación”

Por otro lado, el propio Francesco Arcuri ha dicho tener “ganas de abrazar” a su hijo y escuchar su voz después de varios meses sin contacto alguno. Mientras, el equipo jurídico de Francesco Arcuri ha cargado contra Juana Rivas acusándole de “manipular” a sus hijos, incumplir resoluciones judiciales y construir un relato falso. Sostienen que el menor no está en peligro, que desea vivir con su padre y que todo lo que rodea esta causa es una instrumentalización interesada. “No se puede invocar la protección del menor mientras se vulneran, una tras otra, las resoluciones dictadas precisamente para salvaguardar su bienestar”, afirman.

Los letrados de Arcuri recuerdan que Juana Rivas fue condenada por sustracción de menores y que el indulto que se le concedió es parcial y condicionado. También señalan que la Fiscalía de Menores italiana ha descartado que el menor corra riesgo alguno en Italia y que, por el contrario, ha advertido sobre los efectos perjudiciales que tendría para él seguir expuesto al entorno materno, al que acusa de inducirle a declarar falsamente.

Aunque ya no hay margen y Daniel vuelve a Italia tras siete meses en Granada junto a su madre, la defensa de Juana Rivas ha confirmado que seguirá adelante con las acciones legales y políticas. Durante estos días, se han dirigido también al Ministerio de Juventud, al Defensor del Pueblo y a la Junta de Andalucía para pedir su implicación, aunque sin éxito.

Bolaños: “La imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo”

Félix Bolaños y Ana Redondo, titulares de las carteras de Justicia e Igualdad respectivamente, se han referido tras el Consejo de Ministros a la entrega de Daniel. “Es un asunto que nos duele, empatizamos con esa familia que está sufriendo, con ese niño”, ha dicho Redondo. “Les confieso que a mí la imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo y entiendo la angustia y la preocupación de la madre, la familia y gran parte de la sociedad española al ver esas imágenes”, ha asegurado Bolaños.

Rivas ha llevado este mediodía a su hijo menor al punto designado para entregárselo a Arcuri, que fue condenado por maltrato en 2009 y a quien tanto ella como su hijo mayor acusan de violencia machista, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado suspender la entrega de forma cautelar. “El asunto sigue judicializado y, por tanto, no solo respeto, sino también precaución, sigue judicializado tanto en España como en Italia”, ha explicado también el ministro de Justicia, informa Alberto Pozas.

La defensa de Juana Rivas ha movido ficha a contrarreloj para intentar frenar la entrega de su hijo menor, Daniel. Este mismo lunes ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada y otro ante el Tribunal Constitucional contra el auto que obliga a devolver al niño a Italia, a pesar del riesgo que denuncian para su integridad física y psicológica por los episodios de malos tratos que describen. La solicitud incluía, además, la petición expresa de suspender la ejecución de esa resolución mientras se resolvía el recurso. La vida del menor, insistían, no podía quedar a merced de un trámite sin garantías. Pero la Audiencia ya ha rechazado esa suspensión.

El tribunal granadino se ha pronunciado esta misma tarde y ha denegado expresamente la suspensión cautelar solicitada. La Sección Quinta de la Audiencia ha desestimado el argumento de la defensa, que pedía frenar la entrega de Daniel mientras se resolvía un procedimiento penal abierto en Italia contra el padre del menor, Francesco Arcuri, por presuntos malos tratos. La sala entiende que la ejecución de la orden dictada en Cagliari no puede ser paralizada por ese motivo, dado que la ley europea no contempla la existencia de una “prejudicialidad penal” como causa para frenar la cooperación judicial entre Estados miembros.

La solicitud de suspensión había sido presentada como medida cautelarísima: una última barrera antes de que el niño sea entregado en el Punto de Encuentro Familiar este martes a las 10 de la mañana. Pero, tras analizar el recurso, la Audiencia ha considerado que no existen fundamentos legales para impedir la ejecución y ha rechazado intervenir en una decisión que, según la resolución, compete exclusivamente a la autoridad judicial italiana. “No podemos compartir el argumento de que el retorno del menor aboca a una desprotección total”, señala el auto, que apela al principio de confianza mutua entre Estados de la Unión Europea.

Además del recurso ante la Audiencia, la defensa ha planteado también un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que sí ha sido admitido. La estrategia busca agotar todas las vías posibles para proteger al menor. Porque, más allá de los formalismos judiciales, está en juego -como denuncian la defensa, su hermano Gabriel y su madre, Juana- la seguridad y el bienestar de un niño que, según ellos, ha sido amenazado por su padre y que no quiere regresar con él. Las próximas horas siguen siendo determinantes.

Una lucha contra el reloj

La defensa de Juana Rivas sigue librando una batalla legal y emocional para evitar que Daniel tenga que regresar a Italia junto a su padre, Francesco Arcuri. Alegan que el niño corre peligro por los presuntos malos tratos a los que se expone con él, hasta el punto de que Arcuri deberá enfrentarse a un juicio en septiembre por ese motivo. Además, Daniel permanece en Granada desde enero, ha estado escolarizado y ha comenzado a construir un arraigo que su entorno no quiere que vuelva a romperse.

En todo caso, si finalmente nada logra impedir la entrega, los abogados de Rivas ya han anunciado que acatarán la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que reconoce la custodia a Francesco Arcuri. Aun así, aunque Daniel tenga que volver a Italia, los letrados aseguran que seguirán agotando todas las vías legales disponibles. Entre ellas, ya han llamado a las puertas del Ministerio de Juventud, que encabeza Sira Rego, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.