Sobre un escenario, a cubierto y ante la presencia de casi un centenar de medios de comunicación, China y España se han dado la mano con acento aragonés en el simbólico acto de colocación de la primera piedra de la gigafactoría de baterías Stellantis-CATL en Figueruelas.

Un día que todas las partes han coincidido en definir como “momento histórico” al que se ha llegado tras un camino marcado, han dicho, por la “colaboración leal entre las administraciones españolas”, Gobierno de Aragón y Ministerio de Industria, y la apuesta por la “confianza” entre dos países, China y España. El ministro de Industria, Jordi Hereu, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha intercambiado palabras de agradecimiento por la actuación de sus respectivas instituciones en este “hito histórico” que esperan sea “un punto y seguido” para seguir sumando “Aragón, España, China”. El embajador chino en España, Yao Jing, también presente en el acto, ha sido rotundo al afirmar que, por su parte, ambos países serán aliados “ahora y en el futuro”.

En todo caso, pocas novedades en cuanto a la información que ha trascendido hasta el momento. La más importante, la posibilidad mencionada por el responsable de la china CATL de que trabajadores españoles cualificados viajarán a la matriz en el país asiático con el fin de “aprender” en la tecnología de las baterías y convertirse, una vez de vuelta en España, en formadores del resto de plantilla. La empresa china ha querido subrayar la “sofisticación” del proceso de fabricación de sus baterías, por lo que será necesario componer un equipo de profesionales formados y preparados para llevar a cabo el mantenimiento.

Otro guiño que han hecho, tras las críticas surgidas por el empleo de mano de obra china para levantar la planta y con empresas extranjeras para el mismo fin, es su deseo de que la mayoría de los puestos que requieren personal con cualificación específica, dentro de los más 4.000 que generará la gigafactoría, se cubran con personal de la zona.

“Lo vamos a hacer muy bien”

Esta es la mayor inversión que el país asiático ha hecho en España hasta la fecha. El ministro Hereu ha agradecido la apuesta de China por la factoría aragonesa: “Es la mejor que podían hacer”, porque “en España no lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer muy bien”, aseguraba.

Para el Gobierno central, esta gigafactoría de Stellantis-CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, simboliza un “compromiso de transición energética” en un momento en el que “hay que apostar por la transformación” ya que “la electrificación de la movilidad es un proceso irreversible”, ha subrayado Jordi Hereu.

El de Figueruelas ha sido calificado por Azcón y por Hereu como “proyecto de primer nivel, un proyecto de país”. También ha sido puesto por el ministro como ejemplo del primer paso en firme hacia “la reindustrialización no solo de España sino de toda Europa”, a través de un ecosistema económico “estratégico y exigente”, “europeísta” y “abierto” a cooperar con potencias como China, “cerrarse sería un error”.

Números de Stellantis en Aragón

Aunque el presidente del Gobierno en Aragón, Jorge Azcón, ha insistido en que hoy no era el día de los datos, sino del “agradecimiento mutuo”, sí que ha avanzado una cifra: el 5%. Según el presidente aragonés esta será la aportación de la gigafactoría al PIB de la comunidad autónoma en el año 2027. También han anunciado que su impacto en la zona no solo se limitará a impulsar la economía, sino que también se fortalecerá la cadena de valor fomentando la colaboración y sinergias entre la gigafactoría y las universidades y centros de formación locales, para compartir conocimiento e investigación.

En cuanto al funcionamiento de la planta, la hoja de ruta marca varios hitos: a finales de 2026 se espera que ya se estén produciendo las primeras celdas en Figueruelas, en 2028 la factoría debería estar al 30% de su capacidad, al 65% en 2029 y será en 2030 cuando se prevé que funcione a pleno rendimiento. Para entonces, las previsiones dicen que habrá generado alrededor de 4.300 puestos de trabajo directos con un consumo de 50 GWh de energía procedente en un 80% de fuentes renovables eólicas y solares, lo que la convertirá, aseguran, en una planta “sostenible y eficiente”.

Con las 89 nuevas hectáreas, que se suman al terreno ya existente, y una inversión de 4.100 millones de euros, que asumirá Contemporary Star Energy, la empresa conjunta creada por el grupo Stellantis y la china CATL, la planta aragonesa se convertirá en uno de los complejos industriales más grandes de Europa. La nueva planta contará con “tecnología de vanguardia” para la fabricación de baterías del tipo LFP (litio-ferrofosfato) “líderes en seguridad, calidad y rentabilidad”, ha asegurado el CEO de la joint venture, Andy Wu.

Ni el grupo ni las administraciones públicas han dado datos sobre el número de trabajadores que se trasladarán desde China para construir a la planta en Figueruelas. Tampoco han concretado cuál es el plan para alojarlos durante el tiempo que están en la zona. Wu se ha desmarcado de la pregunta, apuntando que también se contratará mano de obra local. Lo que sí han avanzado, aunque con reservas, es la posibilidad de que algunos trabajadores españoles de la gigafactoría de baterías sean trasladados temporalmente a China con el objetivo de recibir formación específica.

El runrún no se queda en Zaragoza y alcanza las fronteras europeas: el propio comisario comunitario de Prosperidad y Estrategia Industrial ha advertido de que las inversiones chinas en la Unión no pueden emplear solo personal y proveedores vinculados con el país asiático. Las declaraciones del francés Stéphane Séjourné –“no está bien emplear componentes chinos y personal chino”– empiezan a encajar con lo sucedido en el último año con el proyecto de gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas (Zaragoza). La factoría coloca este miércoles su primera piedra tras una tramitación exprés, con un secretismo máximo sobre las conversaciones y dudas por la 'externalización' de todo el capital inicial: los trabajadores que van a llevar a cabo la construcción serán chinos y, además, tampoco los proveedores serán locales (o no todos).

El primer anuncio se dio hace menos de doce meses: el 10 de diciembre de 2024, Stellantis y CATL anunciaron una 'joint venture' construir una planta de baterías de litio hierro fosfato (LFP) a gran escala en Figueruelas (Zaragoza), donde Opel empezó a operar en 1982 con el Corsa. La inversión, 4.100 millones de euros, con el objetivo de iniciar la producción a finales de 2026 y alcanzar una capacidad de hasta 50 GWh.

Clave en este acuerdo privado fue también la ingente inyección de capital público: en total, el grupo Stellantis ha sido adjudicatario de casi 300 millones a través de convocatorias del Perte VEC para la reconversión de la planta, entre otros proyectos.

Para impulsar la planta, el Gobierno de Aragón ha echado mano de una herramienta administrativa que agiliza los plazos al máximo y de paso mutila los ingresos municipales, ya que exime del pago a los ayuntamientos del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO): la figura del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA). Solo así ha sido posible que la aprobación definitiva –y parcial– se produjera el pasado 12 de noviembre por el Consejo de Gobierno.

Las primeras dudas surgieron cuando trascendió que la plantilla destinada a construir la planta, hasta un total de 2.000 trabajadores en rotación, sería de origen chino. Un contingente de empleados al que hay que dar cobijo en los municipios del entorno, para lo que la empresa deberá levantar alojamientos en tiempo récord.

Una empresa rumana

Y ahora se ha conocido que tampoco la construcción de la planta se quedará del todo en Aragón. De hecho, la encargada de llevar a cabo la cimentación y levantar dos de las naves, con un coste presupuestado en unos 33 millones, será la firma rumana Synergy Construct, como informó días atrás 'Heraldo de Aragón'. Precisamente CATL ya acudió a esta compañía con la fábrica de baterías que ha impulsado en Febrecen (Hungría), algo que consta en su propia web.

Este hecho ha generado cierto malestar en el colectivo empresarial aragonés, ya que se aspiraba al menos a concentrar la construcción de la gigafactoría.

Synergy, eso sí, está ya buscando numeroso personal en origen, entre ellos coordinadores, contables, ingenieros de compras y técnicos de prevención de riesgos laborales, tal y como se puede comprobar en páginas de empleo.

Mientras, la aragonesa Consolis-Tecnyconta será la encargada de construir la estructura y tres edificios auxiliares.

La aprobación definitiva parcial del PIGA, publicada este lunes y denominada Proyecto Toro, apunta a un coste de 42,4 millones para la nave que va a cimentar Synergy, una de las principales empresas de fabricación de celdas. Con una superficie de más de 15 hectáreas, se levantará en un plazo de nueve meses. El propio PIGA incorpora la licencia de obras, con lo que los trabajos pueden arrancar de manera inmediata.

Retraso de los empleados chinos

En cuanto a los empleados chinos, pese a que se esperaba que empezaran a llegar en octubre, los plazos se retrasan. En conjunto se prevé echar mano de unos 2.000 trabajadores, pero en realidad se contempla un máximo de 800 a la vez, por lo que la presión residencial será menor de lo previsto.

La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ya informó tras el último Consejo de Gobierno de este retraso: “Su llegada podemos cifrarla en 2026”, manifestó. Se articulará con un mecanismo novedoso en España: el marco legal que incorpora la ley de Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos para iniciativas de este calado. El proceso de selección se llevará a cabo en China, mientras que la tramitación de la documentación se hará en bloque y apalabrado en origen.

Queda por conocer quién será la contratista para construir los alojamientos, que también según 'Heraldo' tendrán un coste de entre 5 y 10 millones. Aunque las ubicaciones ya están seleccionadas, ni el Gobierno de Aragón ni la empresa las han revelado. Consistirán en edificios con alojamientos compartidos de entre 18 y 20 metros cuadrados y con zonas comunes.

Los plazos, en todo caso, aprietan. Los promotores aspiran a que la factoría esté al 30% de su capacidad en 2028, aunque para el próximo año la 'joint venture' pretende iniciar de forma inicial la producción de baterías. Mientras, para 2029 está prevista la segunda fase, con un 65% de capacidad, y para 2030 la operativa deberá ser ya completa.

El primer contingente de trabajadores chinos destinados a levantar la planta de CATL y Stellantis en Figueruelas está cerca de desembarcar en la provincia de Zaragoza. Serán entre 80 y 100 –en este caso, personal cualificado– de los casi 2.000 empleados del país asiático que permenecerán aquí durante la fase de construcción. Así será si logran los permisos necesarios, algo de lo que se están ocupando las administraciones implicadas.

Aunque el secretismo es máximo, la fecha prevista ya está marcada en el calendario: 10 de octubre. Fuentes implicadas en estos trámites aseguran sin embargo que los plazos para que lleguen estas personas ese día van “muy justos”, pero también destacan que si las autoridades chinas aceleran “aún hay tiempo de cumplirlos”.

Stellantis, en 'joint venture' con la empresa china CATL, va a impulsar una la gigafactoría de baterías para los coches eléctricos en el término municipal de Figueruelas, al lado de la planta de vehículos que existe desde hace más de 40 años. Hay que recordar que esta iniciativa ha sido una de las beneficiarias de las ayudas contempladas en el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, con más de 270 millones de euros en total. La inversión total supera los 4.000 millones de euros.

Los promotores prevén crear unos 3.000 puestos de trabajo estables. Sin embargo, la compañía china decidió que fueran empleados de este país los que se encargaran de levantar la planta, lo cual supondrá que en torno a 1.850 trabajadores asiáticos –para hacernos una idea, un 50% más que toda la población de Figueruelas– permanezcan de forma temporal entre 2025 y 2026 en la zona, lo cual supone un reto logístico y habitacional para las administraciones autonómica y locales.

Desde Extranjería (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), el organismo encargado de visar la llegada de los empleados, solo confirman que “se están concediendo algunas autorizaciones”. En esa oficina aseeguran no tener conocimiento sobre las cifras de personal chino que va a venir a España, pero sí confirman que en el caso del personal técnico las autorizaciones se gestionarán a través de la figura novedosa e inédita: la de trabajadores altamente cualificados al amparo de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aprobada por el Gobierno de Rajoy con el objetivo de recuperar al país de los efectos de la crisis financiera.

Esta regulación introduce supuestos supuestos en los que, por razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de autorizaciones de residencia, con el objetivo en este caso de atraer inversiones a España. Los visados tendrán una validez de un año. La tramitación de las autorizaciones de residencia se efectuará por la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, a través de medios telemáticos y su concesión corresponderá a la Dirección General de Migraciones. El plazo máximo de resolución será de veinte días desde la presentación electrónica de la solicitud.

Opciones residenciales

Los municipios en torno a la planta están en la actualidad en conversaciones con el Gobierno de Aragón para que estos primeros trabajadores chinos encuentren alojamiento, para lo que se bajaran distintas opciones en un escenario de oferta residencial muy exigua. La más probable es que se instalen en módulos temporales en suelos que así lo permitan, incluso de uso industrial. “Nos han puesto varias opciones sobre la mesa. Quieren algo temporal, que no sea fijo, porque para ellos es un gasto transitorio, pero deben cumplir con la regulación”, explican de uno de los ayuntamientos afectados.

Por la forma de negociar del país asiático, las conversaciones mantienen un tono próximo a la confidencialidad. Aun así, los alcaldes piden claridad al Ejecutivo. “Claro que estamos dispuestos a participar. Pero cumpliendo la normativa y respetando todas las reservas. Ninguno de los alcaldes nos vamos a negar. No es la primera vez que recibimos un contingente de trabajadores extranjeros, aunque sí con este volumen”, admite un regidor.

Esta semana, las Cortes de Aragón han rechazado una iniciativa de Vox para agilizar los trámites administrativos vinculados con la construcción de viviendas destinadas a trabajadores. La iniciativa proponía buscar “soluciones habitacionales para los trabajadores” en un proyecto como el de Figueruelas. Todos los partidos lo rechazaron. El PP recordó que “las viviendas no se pueden construir dentro de los propios suelos industriales, como indica el texto de impulso”. “La implantación debe hacerse con respeto a la ordenación del territorio de los municipios”, argumentó el PSOE.

La china Leapmotor se plantea una inversión de 200 millones de euros, presumiblemente para la fabricación de un SUV eléctrico, en la fábrica de Stellantis en Figueruelas. Así lo ha adelantado el embajador de China en España, Yao Jing, al portal económico 'Bloomberg'. Este proyecto se haría de la mano de Leapmotor International, la 'joint venture' que ambas compañías tienen para fabricar y distribuir fuera de China.

Esta iniciativa se enmarcaría en la inversión adicional de 3.000 millones de euros que compañías chinas están negociando para España, en el marco del “acercamiento pragmático” que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene intención de adoptar hacia el país asiático.

Fuentes de Stellantis han rehusado comentar la información sobre la posible inversión de Leapmotor.

Estas nuevas inversiones, siempre según lo manifestado por el diplomático y recogido por el mencionado portal de noticias, se sumarían a los 7.000 millones de euros que las empresas chinas ya han anunciado desde septiembre en España; la mayor parte, en el sector automovilístico.

La combinación de energía a bajo coste y de una industria del motor muy diversificada ha atraído a inversores como Volkswagen o Stellantis de cara a entrar en la cadena de suministros de los vehículos eléctricos. El acercamiento de Pedro Sánchez también está despertando el interés de la potencia asiática, cuyos fabricantes de automóviles buscan establecer fábricas en Europa ante la guerra arancelaria que se plantea al otro lado del Atlántico.

En las inversiones mencionadas por Yao Jing se incluyen también la del grupo Chery en la antigua planta de Nissan en Barcelona junto a la española Ebro o la gigafactoría anunciada por CATL de la mano de Stellantis también en Figueruelas, según ha recogido este viernes 'El Faro de Vigo'. 

A todo esto se sumarían los planes de Leapmotor ahora conocidos, además de la gigafactoría extremeña de Envision o la inversión de Hygreen Energy, que proyecta una planta para producir hidrógeno verde en Andalucía.

Las palabras de Yao Jing en Madrid coinciden con la noticia, también recogida por Bloomberg, de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a China el próximo mes para reunirse con el presidente Xi Jinping.

La Sección Sindical de CGT Opel en España ha convocado paros por las altas temperaturas que, en sus palabras, deben soportar los trabajadores y trabajadoras. En concreto, apuntan desde el sindicato, en el centro de trabajo de Figueruelas “existe un grave problema derivado de temperaturas altas e inadecuadas que incumplen lo establecido en el Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”.

En toda la planta, explican, “se dan temperaturas por encima de los 25º C, límite correspondiente a trabajos ligeros en dicho RD”. Algo que se ha podido comprobar “a través de su propio sistema de sondas”, incluso la temperatura exterior, dicen, “es inferior en infinidad de ocasiones”. Sostienen, por añadidura, que “hay zonas en las que por falta o insuficiencia de sistemas de refrigeración se superan los 30º C, además de un alto porcentaje de humedad”.

Según CGT, “la empresa sigue aplicando sistemas de ahorro de costes apagando sistemas de refrigeración y extracción aleatoriamente a pesar de las altas temperaturas y las diferentes reclamaciones de este sindicato”

Estas situaciones, continúan, “están ocasionando todos los días disconfort a muchos trabajadores y lipotimias en muchas áreas”. Señalan que “ni tan siquiera se ha realizado una evaluación de riesgos específica de las condiciones ambientales existentes en nuestro lugar de trabajo (temperatura, humedad, etc.) para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo por estrés térmico”.

Lo ocurrido la semana pasada en la Opel de Figueruelas no ha generado debate público alguno. Prácticamente ha pasado desapercibido. Y, sin embargo que los trabajadores acepten en referéndum que se recorte casi un 20 % el coste de su trabajo a cambio de que la multinacional PSA no cierre la planta es un hecho terrible. Y si se recuerda que algo parecido pasó hace poco en la Citroën de Vigo y antes en la Fasa-Renault de Valladolid y Palencia y en la Seat de Martorell es para echarse a temblar. Porque sugiere que todo el sector del automóvil, la joya de la corona de nuestra industria, tiene el futuro dramáticamente comprometido. Y Rajoy sigue diciendo que la economía va bien.

Se desconoce cuánto ha puesto encima de la mesa el gobierno de Aragón –y el de España- para que PSA no se marcha de Figueruelas. No será poco. Como no lo fue en los casos citados anteriormente. Y en otros similares. Un país que no tiene grandes empresas industriales propias ni tecnología, y que lleva décadas sin hacer nada por tenerlas, tiene que aceptar la sumisión de pagar a las multinacionales lo que pidan y encima presentarlo como un triunfo. Eso es lo que hizo Rajoy cuando los franceses de Renault impusieron su chantaje para no abandonar sus plantas de Castilla-León. Y nadie le dijo nada. Probablemente porque habrían hecho lo mismo si hubieron estado ellos en el gobierno.

El fatalismo con que los dirigentes políticos españoles, particularmente los del PP, contemplan la desastrosa dinámica de nuestra industria es seguramente uno de los más claros indicadores de sus graves limitaciones. No hacen nada porque no saben qué hacer, o porque no se atreven o porque creen que ellos no están en el machito para cambiar la marcha de las cosas, sino solo para “gestionar”, es decir, para dejarse llevar. Y asisten impertérritos al hundimiento de lo que queda de nuestra industria, limitándose a tapar huecos o a poner un dinero que no va a resolver el problema sino solo aplazarlo un tiempo.

La industria española se hundió con la crisis. Perdió más de un 30 % de su producción en la etapa Zapatero. Y sigue un 14 % por debajo de su nivel de 2008, mientras que el conjunto de la industria europea ya ha recuperado sus niveles de producción de aquel año. La industria que fabrica bienes de consumo no duraderos –alimentación, bebidas, textil, limpieza, farmacia, tabaco- se ha rehecho al hilo del crecimiento del consumo. Pero la industria de bienes de equipo duraderos, la que fabrica vehículos, productos electrónicos, muebles y aparatos del hogar y que tiene un impacto más importante que la anterior sobre el conjunto de la actividad y el empleo industriales, sigue produciendo el 50 % menos que antes de la crisis. Y en ninguna tertulia sale esta cifra espantosa.

A diferencia de lo que está ocurriendo en el resto de Europa, el gobierno del PP ha tirado la toalla ante al reto de construir una estructura económica sólida para superar la crisis. Y los grandes empresarios han seguido ese camino de desidia. Y no digamos los bancos, que serían una pieza fundamental en cualquier proyecto de política industrial. Prefieren ganar dinero fácil, el que se obtiene en el mercado financiero o el de la vivienda, con la especulación. O con sus apaños con el gobierno para obtener rentas que, véase las eléctricas, no tendrían cabida en ningún país normal.

“No arriesgar”, es el lema de Rajoy. Y quienes deberían hacerlo en el terreno de la economía lo siguen al dedillo. En España sólo unas cuantas pymes arriesgan su capital en hacer algo nuevo. Las empresas españolas invierten en investigación y desarrollo (I+D) la mitad que la media europea. Y la mitad de esa inversión corre a cargo de pymes. España invierte en I+D un 10 % menos que en 2009 mientras que en el conjunto de Europa ese indicador ha crecido un 27,4%.

Sin inversión –la pública estuvo en 2017 en su nivel más bajo en 50 años-no hay mejora tecnológica en las empresas ni formación especializada de sus trabajadores. Y en un mercado globalizado como es el actual eso se paga. El tan cacareado éxito exportador español tiene un lado tan oscuro como el de que sólo el 5 % de lo que se exporta son productos de alto valor añadido, lo cual nos coloca a la cola de Europa, en donde ese indicador es como poco tres veces superior en los países punteros.

Aquí se exporta a base de abaratar el precio de venta, es decir los costes de producción y, por tanto, los salarios. Y no de mejorar la productividad industrial, que está un 34 % por debajo de la de la de los 15 miembros con que la UE contaba antes de su ampliación al este.

Sí el crecimiento del sector turístico está muy bien. Da empleo –aunque mal pagado- y sostiene varias economías regionales. ¿Pero qué pasará el día en el que, por lo que sea, las fabulosas cifras de visitantes que se han registrado en los últimos años empiecen a caer, por lo menos tanto como han subido desde 2013?

Lo ocurrido la pasada semana en Opel debería haber desatado la alarma sobre la gravedad de la situación del sector industrial español y su impacto en el conjunto de la economía. No ha ocurrido. Aragón, que depende de Figueruelas, ha respirado tranquilo. ¿Pero cuánto va a durar la alegría?

Con un resultado muy ajustado, 2.897 (58 %) votos a favor, 2008 en contra y 54 en blanco, los trabajadores y trabajadoras de la planta de Opel en Figueruelas han dado su visto bueno al preacuerdo firmado el pasado lunes entre dirección y sindicatos. A las 9:30 de este miércoles se cerraban las urnas y empezaba el recuento de votos del referéndum.

En declaraciones a Aragón Radio, la secretaria general de Industria de CCOO, Ana Sánchez, ha lamentado que “la premura de la votación, quizás haya impedido votar a todos los empleados”. No obstante, ha calificado de “positivo” el acuerdo.

Desde la dirección de Opel también se felicitan. En un comunicado, han asegurado que ha sido “un ejercicio de responsabilidad por ambas partes”. La competitividad, han dicho, “era la única vía para construir un futuro sostenible en esta planta. Este acuerdo contribuye al objetivo de Opel de alcanzar la rentabilidad en el año 2020”.

La liviana diferencia entre el ‘sí’ y el ‘no’ ya se percibía en las últimas horas de este martes, cuando la Secretaría de Comunicación de UGT - FICA en GM España emitió un comunicado interno alertando de que estaba ganando el ‘no’. “Pese al esfuerzo de información veraz y objetiva realizado por UGT por todos los medios, incluidas varias asambleas”, decía dicho mensaje, “no hemos conseguido transmitir la realidad de que el Corsa no esté en Zaragoza si gana el ‘no’. Lamentablemente, si finalmente ese es el resultado esa será la consecuencia”.

A los que aún no habían votado les decía: “Aquellos que podáis leer estas líneas y esté pendiente vuestro voto, os pedimos que reflexionéis y que votéis afirmativamente al preacuerdo. Lo primero es salvar el Corsa y la planta de Figueruelas, después habrá tiempo de hacer otras cosas. Si no lo hacemos así, habremos de enfrentar una situación diferente, dramáticamente distinta y que seguro que ninguno deseamos por sus consecuencias”.

El convenio

Aceptan, por tanto, un convenio para los próximos cinco años, hasta 2022, condicionado a un plan industrial. Y que supone una congelación salarial para este año, una subida del 50 % del IPC hasta 2020 y del 60 % en los dos años siguientes. Los empleados pierden 5 minutos de pausa, ven reducidos en un 5 % los pluses de nocturnidad y festivos y aceptan la eliminación progresiva (en cinco años) de los pluses de calendarios.

Lejos de la primera propuesta de la empresa, que establecía una rebaja salarial del 6%; y, por supuesto, antagónica al órdago del Grupo PSA cuando anunció, directamente, que se llevaba de Figueruelas la fabricación del Corsa y las inversiones vinculadas a nuevos modelos.

También difiere el texto definitivo en algunos de los cinco mínimos exigidos por el Comité de Empresa. Consistían estos en presentar un plan industrial con dos líneas de producción y tres turnos de trabajo, aplicar contratos de relevo desde los 60 años, contratar a los 170 trabajadores finiquitados en los últimos meses, rejuvenecer la plantilla con salidas pactadas a los 61 años e incluir en el convenio a los niveles 6 y 7 (mandos intermedios).

“No es el convenio que queríamos nosotros, pero tampoco el que quería PSA”, aseguraron en CCOO tras el preacuerdo.

El cambio de propietarios de Opel –de General Motors al Grupo PSA–, en marzo de 2017, provocó días de nervios entre los trabajadores y trabajadoras de la planta de Figueruelas (Zaragoza). Nada que ver, no obstante, con lo vivido en los últimos días. Temían por sus puestos de trabajo y por el mantenimiento de sus condiciones laborales. Sospechaban que las buenas palabras de la empresa podrían ser, en cierto modo, un ardid para contentar a los que desconfiaban de sus promesas. El tiempo les ha dado la razón.

Menos de un año después, la negociación del convenio ha estado muy cerca de tener un final catastrófico. Finalmente, la entente ha llegado, y los empleados votarán en referéndum –este martes y mañana miércoles– si dan el visto bueno al preacuerdo firmado este lunes, in extremis, entre dirección y sindicatos.

En marzo del pasado año, los trabajadores no se acababan de creer la, teórica, buena voluntad empresarial. Fue en los momentos de más dudas, cuando los máximos mandatarios autonómicos y nacionales, se alzaron con un mensaje común de tranquilidad y máxima confianza.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguraba que Mariano Rajoy le había llamado, tras hablar este con la empresa, para asegurarle “que no se iban a producir desinversiones ni pérdida de empleos. Todo lo contrario, era un mensaje de tranquilidad, de confianza y de compromiso con los nuevos propietarios”.

Carlos Tavares, presidente del Grupo PSA, transmitió al presidente de España –según se informó desde el Gobierno autónomo– “un mensaje de tranquilidad por la compra de Opel por el consorcio francés y ha asegurado que la empresa cumplirá en su totalidad los acuerdos firmados entre los sindicatos y General Motors”.

“Estoy por apostar que no hay nada que temer y que la trayectoria de Opel en Figueruelas seguirá siendo exitosa, y esa noticia que nos daban de que la planta vive el mejor momento de su historia será dada más veces por los nuevos responsables de la empresa”, llegó a decir el presidente de Aragón.

No solo los presidentes parecían convencidos, también los propios sindicatos: Pedro Bona, secretario general de FICA UGT Opel, señalaba que querían que el acuerdo se hiciera efectivo y afirmaba estar “muy satisfecho con que el interesado en la compra sea un fabricante”. Eso debía suponer, decía, “una oportunidad”, y, para aprovecharla, tenían una gran carta de presentación: “Demostrar a Tavares lo que somos capaces de hacer”.

Jordi Carmona, secretario sectorial de FICA UGT, pedía al Ejecutivo central que se implicara de verdad e hiciera una apuesta clara, “que sea más que un mero espectador y que no trate de solucionar los problemas con una llamada”.

“Una amenaza que ponía en juego 2.000 empleos”

No ha pasado ni un año, y todo ha estado a punto de saltar por los aires. Se acabaron las buenas palabras y llegó un sopapo de realidad. Después de semanas de negociaciones, las posiciones eran antagónicas, los sindicatos suspendieron las negociaciones y PSA anunció que se llevaba de Figueruelas la fabricación del Corsa y las inversiones vinculadas a nuevos modelos.

La planta zaragozana genera 6.000 puestos de trabajo directos y unos 25.000 indirectos. Si el órdago fructificaba, estaban en juego, según la presidenta del Comité de Empresa, Sara Martín (UGT), “unos 2.000 empleos”. Intercedió el Gobierno de Aragón y, el pasado viernes, ambas partes se volvieron a sentar.

Un intenso fin de semana dio paso al lunes, cuando se cumplía el plazo marcado por la empresa para alcanzar la sintonía. A las 21:00 horas de este día se firmaba un preacuerdo que los trabajadores votarán en referéndum.

“No es el convenio que queríamos, pero tampoco el que quería PSA”

En un primer momento, la empresa planteó una ampliación de jornada con una rebaja salarial del 6%, para modificar luego su propuesta por una congelación de tres años –que elevaría a 13 los de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores–, y terminar anunciando la congelación de las inversiones en la planta y la amenaza antedicha.

El Comité de Empresa exigía cinco mínimos: presentar un plan industrial con dos líneas de producción y tres turnos de trabajo, aplicar contratos de relevo desde los 60 años, contratar a los 170 trabajadores finiquitados en los últimos meses, rejuvenecer la plantilla con salidas pactadas a los 61 años e incluir en el convenio a los niveles 6 y 7 (mandos intermedios).

Y el preacuerdo se queda en un convenio colectivo para los próximos cinco años, hasta 2022, condicionado a un plan industrial “que utilice a plena capacidad la planta”. Supone una congelación salarial para este año, una subida del 50 % del IPC hasta 2020 y del 60 % en los dos años siguientes. Entre las cesiones de los empleados, figuran la disminución de 5 minutos de pausa, la reducción del 5 % de los pluses por nocturnidad y festivos y la eliminación progresiva (en cinco años) de los pluses de calendarios.

“No es el convenio que queríamos nosotros, pero tampoco el que quería PSA”, aseguraban tras la rúbrica en CCOO. Tanto este sindicato como UGT han elaborado documentos informativos en los que piden a los trabajadores que voten ‘sí’ en el referéndum.

Los sindicatos y la dirección de PSA han llegado a un preacuerdo este lunes sobre el convenio de negociación colectiva en la planta de Opel de Figueruelas (Aragón), que las organizaciones de trabajadores someterán a referéndum entre los empleados mañana, según han explicado fuentes de la negociación a eldiario.es. Poco antes de las 21 horas, las partes se encontraban firmando el principio de acuerdo, tras cuatro días de negociaciones en las que han apurado el límite que dio la empresa, hasta este lunes.

El acuerdo recoge un convenio colectivo para los próximos cinco años, hasta 2022, condicionado a un plan industrial “que utilice a plena capacidad la planta”. Supone una congelación salarial para este año, una subida del 50% del IPC hasta 2020 y del 60% en los dos años siguientes. Entre las cesiones de los empleados figuran la disminución de 5 minutos de pausa, la reducción del 5% de los pluses por nocturnidad y festivos y la eliminación progresiva (en cinco años) de los pluses de calendarios.

La multinacional francesa afirma en un comunicado difundido a los medios que el pacto ha requerido “un gran esfuerzo y entendimiento” por ambas partes y apela a “la responsabilidad” de los empleados para apoyar el acuerdo.

Por su parte, UGT y CCOO también han elaborado unos documentos informativos en los que piden a los trabajadores que voten 'sí' en el referéndum. “Hemos limitado los daños tanto como nos ha sido posible”, argumenta el texto de Comisiones Obreras, donde estiman que si hay un rechazo de los trabajadores a este acuerdo, no se tendrá que pelear por un mejor convenio sino por el propio futuro de la planta. “No es el convenio que queríamos nosotros pero tampoco el que quería PSA”, añade el sindicato.

El conflicto entre los trabajadores y la dirección de la planta llegó a su punto álgido este miércoles, cuando el grupo PSA-Opel anunció que se llevaba de la planta aragonesa la fabricación del Corsa y las inversiones vinculadas a nuevos modelos. La fábrica tiene 6.000 puestos de trabajo directos y unos 25.000 indirectos. Además, suma el 54% de las exportaciones de Aragón (el 87% de su producción se vende en otros países).

La multinacional comunicó esta decisión para lograr una mayor competitividad, tachada de “chantaje” por los sindicatos, después de que las organizaciones de trabajadores suspendieran las negociaciones del nuevo convenio colectivo, en el que exigían cinco mínimos que la compañía no había aceptado.

Estos consistían en presentar un plan industrial con dos líneas de producción y tres turnos de trabajo, aplicar contratos de relevo desde los 60 años, contratar a los 170 trabajadores finiquitados en los últimos meses, rejuvenecer la plantilla con salidas pactadas a los 61 años e incluir en el convenio de los llamados nivel 6 y 7.

Se llegaba a este punto después de que la multinacional francesa planteara una ampliación de jornada con una rebaja salarial del 6%, modificada luego por una congelación de tres años que elevaría a trece los de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Cuando el comité de empresa (UGT, CCOO, OSTA, CGT y Acumagme) puso sobre la mesa el documento de cinco reclamaciones que las asambleas consideran un punto de partida innegociable, la dirección comunicó la retirada de gran parte del futuro trabajo de la planta.

Los trabajadores y la dirección volvieron a sentarse a la mesa de negociación este viernes tras la intermediación del Gobierno de Javier Lambán, que pidió a las partes un “esfuerzo adicional” en una industria clave para la Comunidad Autónoma.

El grupo PSA es desde el pasado verano el nuevo dueño de la factoría Opel de Figueruelas, localidad a 20 kilómetros de Zaragoza, que proporciona unos 5.500 empleos directos, otros 3.000 puestos de trabajo en firmas auxiliares y de cuya actividad depende más del 20% del PIB de Aragón. La pasada semana anunció que paralizaría todas las inversiones en la planta y que buscaría otra ubicación para fabricar el nuevo Opel Corsa de no alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores en la negociación del nuevo convenio colectivo. Y puso como fecha límite este lunes.

La anulación del lanzamiento del próximo modelo del Corsa -previsto para 2020- y que supondría “llevarse media fábrica” según los operarios, supuso que PSA amenazase ya con la búsqueda de una nueva factoría para el proyecto, una reacción que los sindicatos ven como “chantaje” y estrategia negociadora tras negarse en principio al recorte salarial. Entre las candidatas, Madrid, Kénitra (Marruecos) y la planta de Balaídos en Vigo, que la dirección de Opel en España puso como ejemplo de rentabilidad y eficiencia a los trabajadores aragoneses. Su objetivo es reducir costes laborales y de plantel, mayor flexibilidad horaria y productiva, menos tiempo en la fabricación o rebaja en los gastos logísticos y en los componentes. En Galicia, los sindicatos se ven también “en el espejo, pero al revés”. “Ellos están sufriendo lo que nosotros en las negociaciones de 2014”.

Se abría (supuestamente) una posibilidad en Vigo, pero la respuesta de la mayoría de los sindicatos de la planta de Balaídos ha sido rotunda. Apoyan a sus compañeros aragoneses, rechazan pujar por el Opel Corsa y ven en las advertencias de la empresa un “chantaje” sin más. En la planta gallega, la central mayoritaria es el Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT). El resto de delegados mostraron su apoyo. CCOO se negó a entrar en la “subasta”, la CUT mostró su “total solidaridad” con los compañeros de Aragón, al igual que la CIG, y la UGT espera que las instalaciones de Figueruelas “tengan futuro y se consoliden”.

El delegado de la CUT en la planta de Vigo, Víctor Mariño, aclara que llevan años manteniendo contactos con varios sindicatos de la planta aragonesa a los que ya advirtieron “de lo que les podía pasar”. “Sabíamos que pondrían a Galicia como referencia y que debían prepararse para afrontar los recortes salariales y de condiciones laborales; nos dijeron que era inviable porque llevaban años sufriéndolos, pero nosotros ya conocíamos a PSA y el tiempo ha acabado por darnos la razón”, dice en conversación con Praza.gal.

Además, los sindicatos también advierten de que el volumen de producción para el nuevo modelo Corsa, por encima de los 200.000 vehículos, haría “inviable” que se fabricase en Vigo, donde la planta ensambla más de 430.000 coches al año. “Las horas y los días son los que son, no da para más”, dice Mariño, que compara la posición firme y de apoyo a los trabajadores del alcalde de Zaragoza con la mostrada por su homólogo Abel Caballero en 2014, así como los intentos por mediar en la negociación del Gobierno de Aragón con la “foto que se vino a sacar Feijóo”. “El grupo PSA es de los más subvencionados del Estado y las administraciones deberían y podrían presionar más para evitar sus chantajes”, explica, antes de añadir que “se hace lo que hace es porque la situación económica, social y sindical lo permite”.

Desde la CIG, la sección sindical en PSA envió la pasada semana una carta a los trabajadores de Figueruelas mostrándoles “toda la solidaridad” con su “lucha sindical” y el “apoyo” a las medidas tomadas en la negociación por parte del comité porque “a todo recorte hay que marcarle límites”. “Para eso no hay mejor mediciña que la unidad del conjunto de los trabajadores”, les dice el sindicato nacionalista.

La CIG les advierte también de que, “seguramente”, la empresa está utilizando los “recortes” pactados en 2014 en Vigo como “ejemplo” en sus “negociaciones” y acusan al sindicato independiente SIT, mayoritario en la planta gallega, de ser “cómplices del señor Tavares [presidente de PSA]” y de firmar “de espaldas a sus afiliados, el mayor recorte económico y socio-laboral del centro”. “No estáis solos en esta lucha; y esperamos que no os pase lo mismo que ocurrió aquí con ciertos representantes”, insisten. “Aunque no vistamos la misma funda, todos somos trabajadores”, rematan.

Además, este lunes, el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, apostó por un “acuerdo” en Aragón y ha pedido a los trabajadores que se adapten “al modelo vigués”. Así, ha rechazado pedir la producción para Galicia. “Soy una persona sensata, no haría una gestión para deslocalizar la planta”, ha insistido tras destacar la factoría de Balaídos como la “más productiva” del grupo PSA.

En Figueruelas, la empresa propuso primero una ampliación de jornada con una rebaja salarial del 6%, modificada luego por una congelación de tres años que elevaría a trece los de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, para responder con la congelación de las inversiones en la planta y la amenaza de trasladar el ensamblaje del Corsa a otras fábricas, cuando el comité puso encima de la mesa el documento de cinco reclamaciones que las asambleas consideraron un punto de partida innegociable. Este consiste en un plan industrial de futuro y tres turnos de trabajo, aplicar contratos de recambio desde los 60 años, contratar los 170 operarios finiquitados nos últimos meses o rejuvenecer el plantel con salidas pactadas a los 61 años.

Las negociaciones se rompieron en cuanto PSA oficializó la amenaza de traslado del proyecto del Corsa, que se fabrica en Zaragoza desde hace más de 35 años, a otras plantas y sólo la mediación del Gobierno de Aragón facilitó que volvieran a sentarse. Los trabajadores se sintieron ofendidos y vieron en la propuesta un órdago inaceptable, aunque confían en llegar a un acuerdo, después de intensas asambleas durante todo el fin de semana.

“Opel nos ha encabritado a todos, ahora la mayoría pensamos que plantean la negociación como una cuestión de huevos. Pues a echarle huevos, y a ver si tienen suficientes como para cumplir su amenaza y llevarse media fábrica”. V. M., veterano trabajador de la planta de Opel en Figueruelas (Zaragoza), expresa una sensación cada vez más generalizada en la plantilla de la factoría, más de 5.000 trabajadores que ensamblan más de 380.000 coches al año, ante la dureza que muestra la empresa, adquirida hace unos meses a General Motors por el grupo francés PSA, en la negociación del convenio.

Primero planteó una ampliación de jornada con una rebaja salarial del 6%, modificada luego por una congelación de tres años que elevaría a trece los de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, para responder con la congelación de las inversiones en la planta y la amenaza de trasladar el ensamblaje del Corsa a otras fábricas cuando el comité de empresa (UGT, CCOO, OSTA, CGT y Acumagme) puso sobre la mesa el documento de cinco reclamaciones que las asambleas consideran un punto de partida innegociable.

Este consiste en presentar un plan industrial con dos líneas de producción y tres turnos de trabajo, aplicar contratos de relevo desde los 60 años, contratar a los 170 trabajadores finiquitados en los últimos meses, rejuvenecer la plantilla con salidas pactadas a los 61 años e incluir en el convenio de los llamados nivel 6 y 7.

Fecha límite

Las negociaciones quedaron rotas a partir de ese momento, que es cuando PSA, que ya es líder de ventas en España con 311.673 vehículos en un año - aunque argumenta que Opel acumula pérdidas multimillonarias-, oficializó la amenaza de trasladar la cadena de ensamblaje del Corsa, que se fabrica en Zaragoza desde 1982, a otra de las plantas del grupo, que cuenta con una factoría de Citroën en Vigo y con otra de esa misma marca y de Peugeot en Villaverde (Madrid).

La ruptura de las negociaciones en Figueruelas, considerado uno de los motores de la economía aragonesa al sumar el 54% de las exportaciones (el 87% de su producción se vende en otros países), hizo que el Gobierno de Aragón mediara entre la empresa y el comité, que el jueves anunciaron que volvían a la mesa.

El comité, respaldado por el grueso de la plantilla, como pudo comprobarse en la concentración del jueves, ha mostrado su voluntad de alcanzar un acuerdo, aunque Opel, en principio, mantiene este lunes 29 como fecha límite para cerrar un pacto sobre el convenio.

Durante el fin de semana, los sindicatos han convocado multitudinarias asambleas de trabajadores, en las que, además de hacerse palpable lo tensa de la situación, se ha manifestado una vez más el rechazo a la propuesta de la empresa. Con todo, el comité confiaba en apurar el plazo de negociación, si bien ha advertido que Opel deberá dar tiempo para que la plantilla ratifique cualquier acuerdo.

Una amenaza inverosímil

La plantilla se muestra expectante ante las conversaciones, aunque la irritación ante la postura de la empresa es intensa. “Nos están diciendo que no hay nada que negociar, pero por huevos no se negocia nada. Eso es como pisarte la dignidad, y así, sin respeto, no se puede trabajar”, indica V. M.

“La gente está trabajando a disgusto y con la oreja en el transistor”, explica. No ayudó mucho a calmar los ánimos, en una crisis en la que comienzan a sonar ecos de la palabra “huelga”, la carta personalizada con la firma impresa del gerente de Opel España, Antonio Cobo, que cada trabajador de Figueruelas recibió el jueves.

Con todo, la plantilla considera también que las amenazas de la empresa tienen aspectos inverosímiles, como el eventual traslado del Corsa, ya que montar una línea de esas características puede requerir más de un año y medio. “Perderían mucho dinero. Y, por otra parte, ¿cómo van a cerrar si hay contratos con proveedores para suministrar material a partir del mes de marzo?”, plantea.

Los trabajadores negocian sin tregua para intentar evitar que la dirección de la planta de Opel de Figueruelas, en Aragón, se lleve la fabricación del Corsa y las inversiones vinculadas a nuevos modelos. Este miércoles, el grupo PSA-Opel anunció esta decisión después de que los sindicatos suspendieran las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Tras la intermediación del Gobierno de Aragón, ambas partes han retomado la negociación este viernes. De no llegar a un acuerdo hoy, las conversaciones se pueden alargar durante el fin de semana y el lunes, límite que ha fijado la dirección de la empresa para alcanzar un acuerdo, según los sindicatos.

Ayer, unos 3.000 trabajadores se concentraron en la planta de Opel de Figueruelas para protestar contra la decisión de la multinacional. La pausa de 18 minutos para tomar el bocadillo congregó en torno al 80-90% de la plantilla que trabaja en el turno de mañana y en el central en una acción en la que pudieron escucharse abucheos y consignas como “sí se puede” y “dignidad”, según recogió la agencia EFE.

La presidenta del Comité de Empresa, Sara Martín, de UGT, afirmó que con la “amenaza” de la empresa se ponía en juego unos “2.000 empleos”, pero esperaba poder llegar a un acuerdo con la dirección, como ha ocurrido en ocasiones previas. “No van a sacarnos de nuestras casillas. La plantilla está preocupada y muy enfadada”, añadió.

“La plantilla no se merece lo que puede ocurrir”

“La plantilla ha hecho muchos sacrificios, se ha portado muy bien y ha cumplido todos los objetivo prácticamente”, afirmó el delegado sindical de CCOO Pedro Navarro. “No se merece lo que lo que puede ocurrir”. Como muestra de apoyo a los trabajadores de Figueruelas, los sindicatos de PSA Peugeot Citroën aseguraron que no valoran “que el Corsa venga para Vigo”: “No vamos a quitarles el pan de la boca para seguir engordando nosotros”.

Este viernes, los representantes de los trabajadores y los de la dirección se encuentran reunidos en la negociación del convenio colectivo, aunque los sindicatos también defienden la pervivencia de los proyectos que la compañía quiere llevarse y que debilitaría en gran medida la fábrica. Las reuniones han comenzado pasadas las 12 de esta mañana y, tras un receso para comer, han vuelto a sentarse en búsqueda de un acuerdo.

Las partes han regresado a la mesa de negación después de que este jueves el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, pidiera un “esfuerzo adicional” para llegar a un acuerdo. La consejera de Economía, Marta Gastón, manifestó la “preocupación” del Ejecutivo por la “envergadura” de la situación, ante la que ha decidido actuar como intermediario para acercar posturas.

La empresa exige “competitividad”

Fuentes de la empresa PSA-Opel afirman que la empresa está dispuesta a hablar de las cinco peticiones de los sindicatos, siempre que se llegue a “un acuerdo de competitividad”. Esa competitividad, insisten, es nesaria para “recibir cualquier inversión”.

La presidenta del comité de empresa recordaba ayer los “cinco puntos muy importantes para empezar a hablar”: los contratos para los nacidos en 1957, contratación o vuelta para los 170 trabajadores “que se han ido o se irán en los próximos meses al desempleo”, el plan de rejuvenecimiento para 1.577 empleados, la inclusión de los niveles 6 y 7 (mandos intermedios) en el convenio y el Plan Industrial. Un Plan Industrial que para Sara Martín es el punto más importante y que debe garantizar “los tres turnos a las dos líneas y la capacidad completa que esta factoría es capaz de hacer”.

La secretaria de Industria de CCOO Aragón y miembro del comité en Figueruelas, Ana Sánchez, afirmó que para el sindicato también es muy importante mantener los tiempos de descanso.

Las partes tienen margen de acción hasta este lunes 29 cuando la empresa ha fijado el límite máximo para hablar, según el comité de empresa. Desde Opel, en cambio, no confirman a este medio que hayan fijado un ultimátum. Ayer, el director general de Opel España y de la planta zaragozana, Antonio Cobo, tampoco aclaró si de llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo, la dirección de la compañía cambiaría su decisión de retirar la fabricación del nuevo Corsa y paralizar las inversiones.

Este lunes, el presidente de Aragón, Javier Lambán, informaba de la conversación mantenida con Mariano Rajoy en la que este le transmitió tranquilidad ante la compra de Opel por parte del Grupo PSA y, por ende, la adquisición de la planta de Figueruelas (Zaragoza). La llamada a la calma parece haber llegado también a UGT (sindicato mayoritario del sector de la automoción). No obstante, estarán ojo avizor ante cualquier movimiento y piden el Ejecutivo central “que sea más que un mero espectador y que no trate de solucionar los problemas con una llamada”.

Para Jordi Carmona, secretario sectorial de la Industria Automovilística de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, el Gobierno “debe implicarse de verdad y hacer una apuesta clara”. En pos de formalizar esta exigencia, solicitarán una reunión urgente con el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Las plantas directamente afectadas por esta operación en España son las de Opel en Figueruelas (Zaragoza) y las de PSA en Madrid y Vigo. Sus responsables sindicales se reunieron este martes en la capital aragonesa y de este encuentro dimanaron varias exigencias más. Carmona las concretó en solicitar la participación directa de los sindicatos en todo el proceso, el mantenimiento de las tres plantas, de los compromisos de inversiones, de todos los trabajadores y de los acuerdos de adjudicación de nuevos modelos. Esperan ponerlas sobre la mesa en una pronta reunión con el presidente del Grupo PSA, Carlos Tavares.

Las mismas peticiones, explicó Carmona, se extenderán a todos los conglomerados de empresas que operan como proveedores alrededor de las fábricas. Transmitió tranquilidad y confianza, basada, principalmente, “en la gran competitividad, flexibilidad y calidad de estas plantas”, ganada, sobre todo, “gracias a los trabajadores: ese es su valor añadido”. Unas plantas más débiles, apuntó, “estarían en riesgo, pero estas no”.

“Esto es una oportunidad”

La compra, por parte de PSA, de Opel a General Motors se cerrará en 2.200 millones de euros. 1.300 correspondientes a la adquisición de la filial de GM Opel/Vauxhall y 900 de las actividades europeas de GM Financial. Se preveía que la planta de Opel en Figueruelas terminara el año actual con 6.000 trabajadores.

Pedro Bona, secretario general de FICA UGT Opel, pasó directamente de la tranquilidad al optimismo. Afirmó que quieren que llegue el acuerdo y que están “muy satisfechos con que el interesado en la compra sea un fabricante”. Para él, esto debe ser una oportunidad, y, para aprovecharla, tienen una gran carta de presentación: “Demostrar a Tavares lo que somos capaces de hacer”. La planta, dijo, está aprovechada al 70 % u 80 % y esta compra puede hacer crecer el porcentaje.

En el aire, empero, está el futuro del proyecto 9B-XX que, a la fabricación en Zaragoza del Crossland X y del sucesor del Citroën C3 Picasso, sumaba la del Corsa y el nuevo “crossover”. Esto llevaría hasta el medio millón el número de coches fabricados al año y garantizaría la creación de nuevo empleo.

Una tercera parte de la producción del nuevo grupo estará en España

Juan Manuel Gómez, secretario general de FICA UGT en PSA Peugeot Citroën Madrid, calificó como muy buena la noticia de la más que previsible compra. En la actualidad, dijo, entre las plantas de Vigo y la de la capital de España hay 8.000 trabajadores y se fabrican unos 600.000 vehículos al año. Con esta operación, “una tercera parte de la producción del nuevo grupo se hará en nuestro país”.

Gómez también requirió la necesaria implicación gubernamental, tanto del Gobierno central como de los autonómicos implicados: “En un país con 5 millones de desempleados, cualquier movimiento que pueda poner en cuestión un solo proveedor o una factoría sería muy mala noticia”. Envidió, además, la interlocución de los ejecutivos aragonés y gallego: “La presidenta de la Comunidad de Madrid no sabe ni dónde estamos”.

Ante la construcción, ya en su primera fase, por parte de PSA de una gran planta en Marruecos, reconoció que, “como cualquier otra puesta en marcha en una ubicación low cost, genera preocupación e incertidumbre”, aunque confía en que solo sirva al mercado africano.

Aragón ha sido la Comunidad con más incremento de trabajadores afectados por regulaciones de empleo en los primeros nueve meses de 2015, respecto al mismo periodo del año anterior: un 112 % más. Cifra que se incrementa hasta el 195,6 % si solo se tienen en cuenta los ERE temporales.

Y la segunda en número de afectados tras la Comunidad de Madrid: un total de 11.673 aragoneses -de los 73.817 en todo el país- se han visto afectados por despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La factoría General Motors (GM-Opel) de Figueruelas es la causante de que Aragón aparezca con el peor dato de toda la estadística nacional. Mientras los trabajadores afectados por regulaciones de empleo descendían en todo el país un 38 % en los primeros nueve meses de 2015, Aragón refleja el peor dato de todas las comunidades.

Manolo Pina, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Aragón, señala que “aunque se han conseguido reducir los despedidos colectivos y las reducciones de jornada, en el caso de la suspensión de contratos temporal una sola empresa es la que desequilibra las estadísticas”.

Las regulaciones de empleo son de tres tipos: ERE de suspensión, de extinción (despidos) y reducciones de jornada. El expediente de suspensión temporal de empleo que presentó GM empezó a aplicarse el pasado 15 de junio. Durante los 20 días acordados de suspensión de contrato, los trabajadores afectados cobraron el subsidio de desempleo, un hecho considerado como un mal menor desde algunos ámbitos “al convertirse en una bolsa de desempleo puntal pagada por el Estado”.

Fuentes sindicales reconocen que, “en realidad, se trata de una especie de ayuda encubierta con la que Opel ajusta la producción”.

El representante sindical de CCOO señala “que antes que tomar medidas drásticas, como lo es el despido de trabajadores, es mejor otras no traumáticas”. Con un expediente de regulación temporal de 20 días se mantienen todos los puestos de trabajo y la capacidad productiva de una factoría tan vital para la economía aragonesa. No solo hay que mirar a la factoría de Figueruelas; también a las empresas auxiliares que arrastra. “Solo hay que ver que en cuanto Opel presenta el ERE llegan otros 20 expedientes más”.

Reducciones de jornada y despedidos colectivos

Tal y como recoge la Estadística de Regulación de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el total de trabajadores afectados entre enero y septiembre de 2015 por regulaciones de empleo en Aragón fue de 11.673, un 112,2 % más que el año anterior, mientras que en todo el país descendió el número de trabajadores en un 37,9 %. En concreto, en Aragón hubo 376 personas afectadas por despidos colectivos (un 66,8 % menos), 10.797 trabajadores afectados por suspensión de contratos (un 195,6 % más) y 500 trabajadores por reducción de jornada (un 30 % menos).

En términos globales, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada ha bajado en 16 Comunidades Autónomas. Los mayores descensos se han producido en Castilla-La Mancha (-75,4 %), La Rioja (-62,6 %), Comunidad Valenciana (-59,6 %), Baleares (-57,7 %) y Andalucía (-57,1 %). Por el contrario, aumentó en Ceuta y Melilla en un 4,2%.

GM anuncia un nuevo expediente de regulación para 2016 de hasta 40 días

La semana pasada Opel anunció un nuevo ERE en 2016 para “acomodar la producción a la demanda del mercado”. Según informó la multinacional al comité de empresa, cada uno de los empleados de la factoría dejará de ir a trabajar un máximo de 40 días. El motivo del nuevo Expediente de Regulación de Empleo: la leve caída de las expectativas del sector automovilístico en Europa.

“Es un problema de dependencia económica -matiza Pina- pero también nos da una gran ventaja. El sector del automóvil es diferencial y la diferencia del paro en Aragón la explica Opel y sus empresas auxiliares”. El sector automovilístico es una de las piezas clave de la economía aragonesa con 150 empresas y 21.500 puestos de trabajo. De hecho, una quinta parte del empleo industrial aragonés se genera en las empresas del sector de automoción, de donde salen la mitad de las exportaciones aragonesas.