El Ministerio Fiscal solicita un total de 24 años y 3 meses de prisión para seis personas acusadas por varios delitos de posesión y tráfico de drogas, a lo que se suma que a tres de estos acusados se les solicita un total de 4 años y 6 meses más de cárcel por otro delito de integración en grupo criminal. Estos hechos van a ser juzgados en dos sesiones, que están previstas para estos próximos días 13 y 14 de abril, lunes y martes, en la Audiencia Provincial de Logroño.

Como detalla el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan al año 2022, cuando en la Jefatura Superior de Policía de Logroño “se recibieron diferentes quejas vecinales en relación a la posible existencia de dos puntos 'negros' de venta de sustancias estupefacientes”. Según la información recabada, prosigue la acusación, “los encargados de la venta y distribución de esas sustancias serían dos familias de etnia gitana, con parentesco entre sí”.

Serían, además, “conocidas por ese Grupo de Investigación -en referencia a la UDYCO de la Policía Nacional-, ya que a diferentes miembros de las mismas se les había detenido con anterioridad como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas”.

Los referidos puntos de venta de sustancias estupefacientes se corresponderían con dos domicilios situados en otras tantas calles del barrio de Varea de la capital riojana, en los que se fueron realizando diferentes seguimientos y actuaciones policiales. En este sentido, se cita en primer lugar un 'pase' de droga detectado en la zona de Avenida de la Solidaridad de Logroño, en enero de 2022; otro, en la zona de las calles Cigüeña con Beatos Mena y Navarrete, en febrero del mismo año; una tercera, ya en mayo de 2023 -el día 16, en concreto-, en una de las viviendas del barrio de Varea.

Justo un día después, el 17 de mayo de 2023, el escrito refiere hasta otras cuatro actuaciones también relacionadas con este mismo domicilio. En todas ellas -excepto en una, en las que el presunto comprador apuntó que “había acudido a pillar pero que no se le había vendido nada”-, se intervinieron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes, sobre todo heroína y cocaína.

A ello se suman otras dos intervenciones policiales, una el 18 de mayo de 2023, en la que se realizó un seguimiento desde uno de los domicilios de Varea hasta la localidad de Villamediana; y otra, el 24 de mayo, cuando se autorizó la entrada y registro en los dos domicilios situados en este barrio logroñés, así como en sus trasteros y garajes anexos.

Como resultado de esta práctica, en el escrito de la Fiscalía se detalla que, en el primero de los pisos se encontraron, entre otros efectos, varias básculas de precisión, alguna de ellas “con restos de sustancias pulverulentas de color blanco (cocaína) y marrón (heroína)”; tres cuchillos tipo machete; ocho navajas; un puñal; una carabina de aire comprimido; varios dispositivos móviles; o cinco relojes de marca.

A ello se suman “un envoltorio de color blanco que su interior contiene 17,13 gramos brutos de sustancia marrón en roca, heroína (peso neto 14,34 gramos, con una riqueza media del 13,4%), con un valor en el mercado ilícito de 2.743 euros, sustancias destinadas a su venta a terceros en el mercado ilícito”.

También “una bolsa transparente con un peso bruto de 27,54 gramos de sustancia blanca en roca, cocaína (peso neto 27,14, con una riqueza media del 52,1% y un valor en el mercado ilícito de 3.551,95 euros)”.

E, igualmente, una tercera bolsa “de color blanco con goma de color rosa y transparente de cierre conteniendo sustancia blanca en polvo, cocaína, con un peso bruto de 2,96 gramos (peso neto 2,21 gramos, con una riqueza media del 14,2% y con un valor en el mercado ilícito de 96,13 euros), con un valor total en el mercado ilícito de 1.065,56 euros, sustancias destinadas a su venta a terceros en el mercado ilícito”.

Además, en este primer domicilio se hallaron diversas cantidades de dinero repartidas en varias cajas de caudales, que sumaban un total de 1.677 euros, tanto en billetes de 50, 20 y 10 euros, como en monedas de 1 y 2 euros, “procedentes -dice el escrito- de la venta a terceros de sustancias estupefacientes”.

En el segundo de los pisos, por su parte, se hallaron, en este caso en billetes de 100, 50, 20 y 10 euros, una cantidad total de 12.580 euros, igualmente “procedentes -dice el escrito- de la venta a terceros de sustancias estupefacientes”, así como una balanza de precisión, entre otros efectos.

Todo ello, para la acusación, supone varios delitos: uno, contra la salud pública en su modalidad de posesión con fines de tráfico; y otro, de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, de los que se responsabiliza a los seis acusados -uno de ellos, con el agravante de reincidencia-. Además, en el caso de tres de ellos se considera que han incurrido en un delito de integración en grupo criminal.

Por eso, se apuntan condenas individuales que van desde los 6 años de cárcel -en un caso-; 4 años y tres meses de prisión -para otro de los acusados-; y 3 años y seis meses para los otros cuatro acusados, así como multas -de entre 100 y 10.000 euros- que suman 30.800 euros. A ello se añade que, para tres de los acusados, en el caso del delito de integración en grupo criminal, se piden penas individuales de un año y seis meses de prisión.

La investigación de la Policía Nacional sobre una de las mayores redes de tráfico de hachís asentadas en Ceuta dibuja un entramado en el que la corrupción de agentes —principalmente de la Guardia Civil— aparece como una pieza estructural del negocio. Las conversaciones intervenidas revelan que los sobornos a miembros de las fuerzas de seguridad —tanto en Marruecos como en España— no solo facilitaban el paso de la droga, sino que resultaban imprescindible incluso para acceder a grandes partidas en origen. “Sin agentes pagados ni nos venden la droga”, llega a reconocer uno de los cabecillas.

En paralelo, la trama mantiene vínculos con figuras del narcotráfico internacional, como el conocido como ‘Messi del Hachís’, que, según relata un ex guardia civil implicado, llegó a regalar relojes de lujo —un Patek Philippe— tanto a él como al futbolista Sergio Ramos. Todo ello en una organización que operaba mediante lanchas, camiones y narcotúneles, incluido un segundo paso subterráneo en construcción tras el descubierto en el Tarajal. A lo largo de los casi 500 folios de investigación, hay una constante que se repite en distintos momentos, escenarios y conversaciones: la necesidad de “pagar” para que la droga circule.

Los investigadores detectan referencias explícitas a pagos de hasta 120.000 euros a agentes, descritos en las conversaciones como “los de las gorras”, a cambio de facilitar el tránsito de la mercancía. En otros momentos, los propios integrantes de la red atribuyen fracasos en operaciones a fallos en la cadena de sobornos. Tras la incautación de un cargamento de 15 toneladas en Almería —ocultos en patatas simuladas con plástico y escondidas en sacos dentro de un camión que venía de Nador—, uno de los líderes especula abiertamente con esa posibilidad: la droga no habría pasado porque el dinero no llegó a tiempo a quienes debían mirar hacia otro lado. La reacción inmediata no es replantear la logística, sino verificar si el pago se ejecutó correctamente.

Ese patrón se repite en múltiples conversaciones. La organización da por hecho que el paso de grandes cantidades de hachís depende de la compra de voluntades entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto es así que uno de los cabecillas admite que sin esos pagos previos ni siquiera los proveedores acceden a vender grandes cantidades de droga.

Construyendo el segundo narcotúnel

El otro eje fundamental de la investigación es el uso de infraestructuras subterráneas para introducir la droga en Ceuta. La organización ya había estado detrás primer narcotúnel descubierto en el polígono del Tarajal —conducto que reconocen haber detonado antes de que la Guardia Civil lo encontrara—, y lejos de abandonar esa vía, trabaja en la construcción de un segundo paso. Las conversaciones intervenidas sitúan a los cabecillas planificando la obra, hablando de materiales, mano de obra y de la necesidad de reducir la presión policial en la zona. En uno de los diálogos, un colaborador advierte de la presencia constante de la gendarmería marroquí en el entorno donde se ubicaría la entrada.

El propio líder de la red asume la responsabilidad directa sobre la infraestructura. En conversaciones anteriores ya había reivindicado la autoría del primer túnel, asegurando haber introducido toneladas de droga por esa vía. Ahora, el objetivo es consolidar una alternativa más discreta frente a las rutas marítimas, cada vez más expuestas.

La construcción del nuevo túnel se convierte en una prioridad operativa. Hablan de metros pendientes, de la necesidad de introducir a trabajadores de forma clandestina en Ceuta y de coordinar el reparto de funciones: uno se encargaría de la entrada de la droga y otro de su distribución en territorio español.

Exagentes, contactos y relaciones peligrosas

Dentro de ese entramado, la figura de un ex guardia civil resulta especialmente significativa. Ángel A.F., ya retirado, mantiene una relación directa con la organización, participando en operaciones y actuando como intermediario. Las conversaciones revelan que no solo facilita contactos dentro del Instituto Armado, sino que también participa en la compraventa de droga y en la gestión de información tras incautaciones. En un momento dado, el cabecilla recurre a él para averiguar qué ha fallado tras una intervención policial en Almería. Su papel va más allá de lo operativo. En una conversación con un conocido, relata un encuentro con una figura de primer nivel en el narcotráfico internacional: Abdellah El Haj Sadek El Menbri, conocido como el ‘Messi del Hachís’. Describe con detalle su casa, su colección de relojes y un episodio concreto en el que este le habría regalado un Patek Philippe.

El relato incluye una referencia llamativa: ese mismo narco habría hecho un regalo similar al futbolista Sergio Ramos en una noche de fiesta. La escena, narrada con naturalidad, muestra el nivel de relaciones en el que se movían algunos de los implicados. Días después, el ex agente aparece contando grandes cantidades de dinero en efectivo junto a otros individuos, con el objetivo de comprar décimos premiados de la Lotería de Navidad. Los investigadores interpretan esta práctica como un mecanismo para blanquear capitales.

Una logística sostenida sobre sobornos

La red dirigida por ‘Amandis’ —nombre de la empresa de la luz marroquí en la que trabajaba antaño el investigado— y ‘El Holandés’ operaba a gran escala. Movía toneladas de hachís desde Marruecos hacia España y Europa utilizando una combinación de rutas marítimas, terrestres y subterráneas, merced a la colaboración de narcos de la Costa del Sol y Galicia. En cada fase del proceso, la corrupción aparece como un elemento transversal. Desde la salida de la droga en origen hasta su distribución final, los implicados hablan de pagos, contactos y garantías. La existencia de agentes que no aceptan sobornos también forma parte de sus conversaciones, identificados como un riesgo añadido.

En uno de los diálogos, los cabecillas mencionan expresamente a un inspector de la UDYCO que, según dicen, no entra en la dinámica. La incertidumbre que genera la incorruptibilidad de algunos condiciona decisiones operativas, incluyendo la elección de rutas o el volumen de los cargamentos. La red busca constantemente minimizar riesgos dentro de un esquema en el que el soborno es la base.

A lo largo de la investigación, la Policía Nacional logra interceptar numerosos cargamentos: 600 kilos en Arcos Quebrados —gracias a un incendio en la casa de uno de los miembros de la red—, más de 400 en el Serrallo (ambos barrios de Ceuta), otros 650 en Écija o casi 500 en una furgoneta interceptada en Málaga. Los golpes policiales muestran las conversaciones grabadas, generan tensiones internas, sospechas de chivatazos y reajustes en la operativa. Sin embargo, la actividad no se detiene. Tras cada intervención, los miembros de la organización analizan qué ha fallado, reparten pérdidas y preparan nuevos envíos. En muchos casos, la primera hipótesis vuelve a ser la misma: si alguien no ha cobrado.

La red mantiene contactos en distintos puntos de España —Andalucía, Galicia, Madrid o Valencia— y en varios países europeos. También explora nuevas rutas y métodos, desde narcolanchas hasta túneles, pasando por vehículos con dobles fondos o convoyes con lanzaderas.

El volumen económico del negocio es elevado. Manejan cifras de cientos de miles de euros por operación y gastos millonarios en logística, combustible para las narcolanchas, que en ocasiones permanecen en la mar hasta quince días esperando a descargar o pagos a colaboradores.

Violencia, amenazas y control interno

El funcionamiento de la organización no se limita al tráfico de droga. Las conversaciones intervenidas reflejan un clima de presión constante, con amenazas hacia quienes consideran responsables de filtraciones. El nombre de Himad T.B., vinculado al descubrimiento del primer narcotúnel, aparece de forma recurrente. Los cabecillas lo señalan como “chivato” y llegan a plantear acciones violentas contra él, incluyendo la contratación de terceros para atacarlo.

Ese episodio evidencia el grado de control que intenta mantener la organización sobre su entorno y las consecuencias de romper la omertá.

El Grupo de Protección y Atención Ciudadana de la Comisaría de Elizondo de la Policía Foral ha interceptado, en tres intervenciones recientes, un total de 56 kilos de droga y ha detenido a siete personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Las operaciones han sido realizadas en la  N-121-A y su entorno, “un eje de paso para los grupos especializados en el tráfico de drogas y estupefacientes hacia la Unión Europea”.

En una de las intervenciones, los agentes de la Comisaría de Elizondo abordaron durante una patrulla en un turno de noche a un vehículo con dos ocupantes que levantó “sus sospechas”. El coche, matriculado en Alicante, hizo “el amago de detenerse”, pero de forma “brusca” huyó cuando los agentes se acercaron. En ese momento, comenzó una persecución hasta la localidad de Sunbilla, lugar en el que uno de los ocupantes escapó del turismo con una maleta. A estos agentes se les unieron otros efectivos que buscaron a los dos hombres por las orillas del Bidasoa y sus rutas cercanas (Vía Verde). A uno de ellos lo localizaron en un parque de Santesteban, aunque “emprendió una nueva huida a la carrera”. Tras una noche de persecuciones, y con el apoyo de efectivos de Pamplona, los dos fugitivos, dos varones de 21 y 23 años, fueron encontrados en la misma localidad con sus ropas mojadas. El vehículo también fue localizado en Santesteban y la maleta que portaban contenía 49 kilos de hachís y 7 de marihuana. Las autoridades judiciales decretaron con posterioridad el ingreso de prisión de ambos detenidos.

En otra operación, se interceptó por la mañana una furgoneta durante un control rutinario de los agentes de la comisaría baztanesa. Aunque en un principio solamente había tres ocupantes, en la inspección del vehículo apareció un cuarto tumbado entre unos cojines. Todos ellos mostraban una “actitud nerviosa y esquiva”. De hecho, uno de ellos arrojó al exterior una bolsa de polvo blanco y en los cacheos a otro le encontraron en el bolsillo 2.000 euros y a un tercero diferentes dosis de marihuana. Cuando se le realizó un registro “minucioso” del vehículo, junto a otra patrulla, se ecnontró una mochila escondida con 10.000 euros y 175 gramos de una sustancia pulverulenta (compatible con cocaína). los cuatro ocupantes fueron detenidos por un presunto delito de tráfico de drogas.

En una tercera intervención, realizada durante la tarde, los agentes detectaron a alta velocidad a un vehículo cuyo conductor tenía un amplio “historial”. Ante “el nerviosismo mostrado por el joven en el momento” de ser parado por la patrulla, se le practicó un registro en el que se encontraron 207 gramos de speed en el maletero del coche. Fue detenido también por un delito contra la salud pública.

La vía “es un territorio de paso que los agentes de la Policía Foral conocen y controlan en el día a día, para luchar contra este fenómeno criminal”. La Comisaría de Elizondo, pero también unidades del resto de comisarías, en especial las unidades de seguridad ciudadana y de investigación criminal, “atesoran una práctica operativa y judicial que se traduce en controles, conocimiento del entorno y de las prácticas criminales, lo que les conduce” a resultados estos.

Cinco supuestos integrantes de una organización dedicada al tráfico de grandes cantidades de speed han sido detenidos en diferentes localidades de Bizkaia cuando intentaban entregar un cargamento de casi 300 kilos de sulfato de anfetamina.

Según ha informado la Policía Nacional, esta operación contra el narcotráfico y el crimen organizado se desarrolló el pasado mes, cuando los agentes interceptaron en la localidad vizcaína de Mungia un cargamento de 287 kilos de sulfato de anfetamina —speed— que los investigados pretendían suministrar a terceros, informa Europa Press.

En esta intervención, llevada a cabo con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones (GEO), se procedió al arresto de tres personas. Posteriormente, se solicitó al juez la entrada y registro de cuatro inmuebles, domicilios de los investigados, en las localidades de Bilbao y Galdakao, donde hallaron otros 6,5 kilos de sulfato de anfetamina, 300 gramos de cocaína y 700 gramos de hachís dispuestos para su venta, además de diversas cantidades de euros y dólares americanos en efectivo.

Un día después, fueron localizadas y detenidas otras dos personas relacionadas con el transporte de sustancia estupefaciente y que había logrado evadirse de la anterior la actuación policial. Hasta la fecha, se ha procedido al bloqueo preventivo de ocho bienes inmuebles de los investigados, así como al bloqueo de todas sus cuentas bancarias.

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Puesto de Nalda, han procedido a la detención de una mujer de 49 años, de nacionalidad española y vecina de Albelda de Iregua, como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La detenida es conocida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que los agentes han intervenido sobre ella en numerosas ocasiones anteriores por la presunta comisión de delitos de diversa tipología, así como por infracciones administrativas.

La intervención se enmarca en las actuaciones preventivas que la Guardia Civil desarrolla para combatir el menudeo y la distribución de sustancias estupefacientes. Durante el operativo, llevado a cabo en la localidad de Albelda de Iregua, los agentes observaron a una mujer conocida por su historial delictivo que, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud claramente nerviosa y realizó un cambio brusco de sentido en su marcha.

Tras ser interceptada, los agentes advirtieron que la mujer desprendía un fuerte olor a marihuana, motivo por el cual procedieron al registro de sus pertenencias. Durante la inspección localizaron diversas cantidades de “hachís” y “speed”, así como 100 euros en moneda fraccionada, indicios compatibles con la actividad de menudeo. Estos hechos motivaron su detención inmediata.

Las actuaciones posteriores permitieron recopilar información relevante que apuntaba a una creciente alarma vecinal, ante la sospecha de que la vivienda de la detenida se había convertido en un punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes. Ante estos indicios, se realizó la entrada y registro del domicilio, donde los agentes hallaron “heroína” y diversos útiles necesarios para la preparación, dosificación y distribución de las sustancias.

Una vez finalizadas las diligencias, se procedió a su puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

La Audiencia Provincial volverá a juzgar este miércoles, 18 de marzo, a cuatro miembros del clan de los 'Altimasveres' por tráfico de drogas, a los que el Ministerio Fiscal pide cuatro años, a dos de ellos, y tres a otros dos.

Tal y como relata el escrito de acusación, tras las investigaciones de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) la Policía Nacional pudo conocer que el clan de 'Los Altimasveres' tenía un nuevo domicilio en Logroño.

Se trata de un grupo que se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente heroína y hachís, en la capital riojana y que había sido objeto de numerosas intervenciones policiales.

Desde este domicilio, en el que los acusados, P.A.M, nacido en Logroño y con 30 años, y A.B.M, nacida en Zaragoza y con 26 años, vivían con dos hijos menores, se procedía a la venta de droga.

Todos los días acudían, a primera hora de la mañana y última de la tarde, el encausado F.A.M., alias 'Chorri', logroñés de 45 años, hermano y cuñado respectivamente de los moradores; y M.M.A., madre y suegra respectivamente, nacida en Navarra y con 64 años.

Dentro de las labores de vigilancia de la UDYCO, sobre las 20:05 horas del 13 de abril de 2019 los policías nacionales sorprendieron a una persona oculta entre vehículos consumiendo cocaína, con papel de plata, que acababa de adquirir en el domicilio.

Los policías, tres días más tarde, intervinieron a otro consumidor una servilleta de papel con tres papelinas selladas con heroína, también comprada en este domicilio; una situación que se siguió sucediendo, con parecidas intervenciones, durante otros días.

Por otro lado, en el domicilio de Varea donde residían M.M.A. y F.A.M. los policías locales, sobre las 07:15 horas del 23 de marzo de 2019, vieron llegar un individuo y salir con una bolsa con hachís.

Para el fiscal, los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la salud pública en modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud pública.

Pide cuatro años de cárcel, y multa de 139 euros a F.A.M y M.M.A, a lo que aplica la agravante de reincidencia; y tres años para P.A.M y A.B.M además de la misma multa.

El Ministerio Fiscal pide tres años y dos meses de prisión para J.A.S. de 54 años, por un delito de tráfico de droga, que le fue intervenido en un control rutinario de la Guardia Civil. Además, le reclama 1.300 euros de multa. El juicio se desarrollará este miércoles, 18 de marzo, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial. Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se produjeron el 13 de mayo de 2025, en la N-232.

Ese día, a las 13,00 horas, la Guardia Civil estaba desarrollando un control rutinario, dando el alto al vehículo del acusado. Una vez registrado el coche, le intervinieron 4 envoltorios que contenían sustancias toxicas -cocaína, una piedra de hachís- que tenía previsto vender. Además, le fueron descubiertos 470 euros en billetes de diversos valor producto de dicha actividad ilícita a la que se estaba dedicando, y una báscula de precisión 'Tanita'.

En total se le incautaron 64,39 gramos de cocaína, valorando su precio en 876,51 euros, y 1,99 gramos de hachís, con un valor de 6,83 euros.

Para el Fiscal estos hechos, de los que considera en concepto de autor el acusado, constituyen un delito de tráfico de drogas -sustancia que causa grave daño a la salud-, por el que le pide tres años y dos meses de prisión y una multa de 1.300 euros.

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe a la principal organización dedicada al tráfico de éxtasis en Asturias en una operación que ha permitido incautar 6.700 pastillas de esta droga, en el mayor alijo de esta sustancia estupefaciente aprehendida en la comunidad autónoma hasta ahora.

La intervención policial se ha saldado con la detención de diez presuntos integrantes de la red, de los que tres han ingresado ya en el Centro Penitenciario del Principado y los siete restantes han quedado en libertad con cargos.

La investigación policial ha sido bautizada con el nombre de 'Operación Maya'. Los agentes asturianos han contado con la colaboración de compañeros de la Policía Nacional de Organismos Centrales de Madrid, así como de unidades de León y Vitoria.

Identificados y detenidos

La 'Operación Maya' ha permitido identificar a las diez personas que, según la Jefatura Superior de Policía de Asturias, formaban parte de la organización de narcotráfico que estaba considerada como “una de las más activas del área central de la región”.

Con la identificación y posterior arresto de los presuntos miembros de la banda, la Policía Nacional da por desarticulada a la organización.

Cifra récord

La Jefatura Superior de Policía ha resaltado la importancia de la 'Operación Maya' al haber facilitado la retirada del mercado negro de 6.700 pastillas de éxtasis, “una cifra récord en los registros recientes de la región, además de importantes cantidades de heroína, cocaína y marihuana que abastecían a consumidores locales”.

La investigación policial comenzó a principios del año pasado tras las reiteradas quejas de los vecinos de Oviedo, quienes alertaron sobre el “constante trasiego de personas” en torno al domicilio de uno de los sospechosos.

Los agentes de la Policía Nacional desplegaron un dispositivo de vigilancia que permitió confirmar que la persona investigada utilizaba establecimientos hosteleros para realizar intercambios rápidos de sustancias, camuflándolos como encuentros sociales cotidianos.

En Asturias y León

A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes descubrieron que la red no solo vendía al por menor, sino que contaba con una logística profesionalizada. Se identificaron dos nodos de suministro: uno liderado por un conocido traficante con antecedentes y otro que operaba desde la provincia de León, concretamente desde la localidad de Palanquinos, desde donde se coordinaba la entrada de estupefacientes al Principado.

El pasado 2 de marzo, con la autorización judicial pertinente, la Policía Nacional llevó a cabo ocho entradas y registros simultáneos en los partidos judiciales de Oviedo, Siero, Mieres y León.

Los registros

El hallazgo más significativo se produjo en una vivienda utilizada exclusivamente como “guardería” o almacén de seguridad. Allí, oculta en una caja fuerte, se encontró la mayor parte del alijo: 2.019 gramos de éxtasis (MDMA).

La Policía Nacional asegura que la peligrosidad de la banda quedó patente tras la intervención de un pequeño arsenal compuesto por dos escopetas recortadas, armas simuladas y dispositivos de defensa eléctrica (táser).

Además, la red contaba con tecnología avanzada para su actividad ilícita, incluyendo máquinas de contar billetes, sistemas de envasado al vacío para evitar que el olor de la droga fuera detectado y terminales móviles para coordinar las entregas.

Otras drogas incautadas

Además de las 6.730 pastillas de MDMA, se localizaron otras drogas de gran pureza que incluía 620 gramos de cocaína, 396 gramos de heroína y más de un kilo de marihuana, además de diversas unidades de fármacos como ciclofalina.

Los registros sacaron a la luz también “la estructura económica y el nivel de peligrosidad del grupo”, señala la Policía Nacional.

Un arsenal de armas

Los agentes intervinieron 12.315 euros en efectivo y abundante documentación contable que ya está siendo analizada para rastrear el blanqueo de capitales. La infraestructura se completaba con 11 básculas de precisión y un arsenal compuesto por escopetas recortadas, una defensa extensible y un dispositivo táser, armas que la organización mantenía para asegurar sus operaciones y proteger la mercancía.

Los ocho hombres y dos mujeres que han sido detenidos en esta actuación policial fueron puestos a disposición del juzgado.

Tres detenidos, en prisión

El titular del juzgado decretó el ingreso en prisión provisional para tres de los principales responsables, mientras que el resto quedó en libertad con cargos.

Con esta intervención, la Policía Nacional considera neutralizada “una estructura criminal que durante años ha mantenido el control de la distribución de drogas sintéticas y opiáceos en el centro de la región”, ha destacado la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

La Policía Nacional ha localizado en Marbella el primer narcozulo con una tonelada de cocaína en su interior en una operación en la que se llegó a abrir fuego contra los agentes y que finalizó con cuatro detenidos y la intervención, además, de armas largas consideradas de guerra. “Es el primer narcozulo localizado en el sur de España de estas características, ya que antes lo que se había intervenido era bidones enterrados o estructuras ocultas en interiores de naves o casas”, ha señalado el comisario de la Udyco Alberto Morales en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid). Los detenidos son tres marroquíes y un español.

Además, en otra operación policial diferente, la Udyco también ha intervenido en el interior de un coche marca Toyota con las matrículas dobladas abandonado en Algeciras (Cádiz) un depósito de 25 armas de fuego, entre ellas 19 AK-47 y seis armas cortas, destinadas al suministro de narcos. En este caso, ha sido arrestado un marroquí gracias a la vigilancia policial en el marco de una investigación judicializada.

La Udyco ha subrayado la relevancia del narcozulo de grandes dimensiones excavado bajo tierra, “a modo de caleta”, en la zona del bosque de Ricmar, en Marbella, donde se ocultaban 30 fardos que contenían 1.056 kilos de cocaína. Contaba con vigilancia con una cámara y con inhibidores como medida de seguridad. En concreto, la operación se desarrolló en el distrito municipal de Las Chapas de Marbella, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un alijo de droga en una zona costera de la provincia malagueña, cercana a una zona residencial.

Una vez establecido el correspondiente dispositivo en la zona, los policías observaron un vehículo de alta cilindrada en dirección a la playa, por lo que se extremó la vigilancia y se controlaron los diferentes puntos de salida de la zona del bosque de Ricmar. El vehículo estuvo realizando maniobras por la zona durante una hora, todas ellas con el fin de detectar posible presencia policial en el lugar, hasta que se terminó alejando del lugar.

Disparos con armas de guerra

En ese momento, los agentes decidieron adentrarse en la zona boscosa y localizan a tres personas, dos de ellas portando subfusiles y chalecos de la Guardia Civil, golpeando a una tercera persona para robarle la droga, lo que se conoce en el argot policial como un vuelco. Tras una persecución a pie, en la que los narcos no dudaron en disparar varias ráfagas de disparos contra los agentes, fueron arrestados los cuatro implicados en los hechos.

En la intervención fueron incautados tres vehículos de alta gama –dos de ellos robados en Francia y en España–, así como armas largas consideradas de guerra por ser un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI. También se intervinieron tres armas cortas, diverso material policial, equipos de transmisiones e inhibidores de frecuencia.

Tras la actuación policial, se realizó un rastreo en la zona en busca del estupefaciente, lo que permitió a los agentes hallar un narcozulo de grandes dimensiones con una tonelada de cocaína dentro, vigilado por una cámara de videovigilancia que controlaba un camino que daba acceso a la zona.

Los detenidos son tres marroquíes y un español con múltiples antecedentes y reincidentes, por lo que fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, grupo criminal, robo/hurto con uso de vehículo y falsedad documental.

Armas de guerra provenientes de Ucrania

El comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes ha recordado que han cambiado los protocolos para aumentar la autoprotección policial desde el incidente en Isla Mayor (Sevilla), que dejó un agente herido de gravedad al ser alcanzado por un disparo en un operativo contra el narcotráfico.

En concreto, ha señalado que se han intervenido en los últimos seis meses más de 50 armas largas, la mayoría provenientes del conflicto en Ucrania que llegan a España por tierra y en un estado de conservación que dificulta su trazabilidad.

El precio oscila entre los 2.000 y 2.500 euros por unidad y las armas, como en este caso, están “customizadas como un símbolo de distinción” entre las diferentes organizaciones criminales.

Los narcotraficantes también recurren a armas cortas, muchas de ellas originarias de Turquía. “Cuando los 'narcos' tienen que usar las armas, la usan, ya sea contra otros 'narcos' o contra los policías para proteger la droga”, ha advertido el comisario.

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal integrada por ocho personas dedicada al tráfico de cocaína. Operaban en al Corredor del Henares y se han neutralizado dos importantes puntos de venta de cocaína en las localidades de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Torrejón del Rey (Guadalajara).

Las primeras investigaciones se iniciaron gracias a la colaboración ciudadana, alertando de la posible existencia de un punto de venta de cocaína en un domicilio de la urbanización 'Parque las Catillas' de la localidad de Torrejón del Rey (Guadalajara), según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Las primeras actuaciones permitieron constatar que en dicho inmueble residían cuatro personas que conformaban un grupo criminal estructurado dedicado a la distribución de estupefacientes. El responsable recibía envíos con importantes cantidades de cocaína, que posteriormente era preparada y distribuida en dosis más pequeñas para su venta directa y redistribución a otros puntos de menor entidad.

Fruto de la estrecha coordinación policial y el intercambio de información se logró ubicar otro domicilio vinculado a la organización en Torrejón de Ardoz, hecho que motivó la colaboración de ambos cuerpos policiales para el desmantelamiento de esta organización.

En este sentido, apoyados por el Grupo de Especial de Operaciones (GEO), por una Unidad de Intervención Policial (UIP) y por unidades caninas especializadas en la detección de drogas y explosivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, se practicaban dos registros domiciliaros en las localidades de Torrejón de Ardoz y de Torrejón del Rey (Guadalajara) que permitieron el desmantelamiento de esta organización.

El líder ya intentó atropellar a un agente

Como resultado de esta operación se han desmantelado dos importantes puntos de venta de sustancias estupefacientes en las localidades referidas con anterioridad, se ha detenido a 8 personas y se han incautado 750 gramos de cocaína, 10 cajas y 220 comprimidos de productos de estimulación sexual, diversas cantidades de hachís y marihuana, un arma simulada, tres armas blancas, munición, así como otros efectos y enseres destinados al tráfico de drogas.

Cabe destacar el perfil violento del responsable de la organización, con numerosos antecedentes policiales, que estaba reclamado por distintas estancias judiciales desde el año 2024 con varias órdenes de detención y de ingreso en prisión y que incluso intentó atropellar a un agente de la Guardia Civil que trataba de darle el alto en un control policial.

Una persona ha sido detenida en una operación antidroga, que se ha desarrollado a primera hora de la mañana, en el número 31 de Avenida de la Paz en Logroño, según ha confirmado Policía Nacional de La Rioja.

En el dispositivo, en el que han participado varios agentes de policía, se ha realizado una entrada y registro al domicilio en el que vivía el detenido.

Les rutes marítimes entre Sud-amèrica, la península i Eivissa servien, fins ara i de manera gairebé invisible, a una xarxa de narcotràfic internacional per a transportar quantitats estratosfèriques de cocaïna, haixix i marihuana. Havien assentat la seva base d'operacions a l'illa i s'havien desplegat, de manera molt organitzada i amb un complex modus operandi, entre l'arxipèlag balear (inclosa Mallorca), la ciutat de València i diversos punts del continent Sud-americà. Però una macrooperació conjunta entre la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària batejada com 'Cavalieri' ha assestat un dur cop a la xarxa: el resultat del dispositiu ha estat la intervenció de 1,5 tones de cocaïna, onze d'haixix i la detenció de 26 persones vinculades a l'organització.

La xarxa transportava les substàncies en camions per rutes marítimes i en vehicles caletejats -amb doble fons- per a ocultar la droga durant els viatges entre l'illa i la península. La cocaïna també viatjava en contenidors que es carregaven en el ports mediterranis de Dénia i València, així com en ràpides narcolanches que atracaven a la costa i que també traslladaven haixix. Una de les operacions contra aquesta organització es va dur a terme el passat octubre en la badia de Porroig (Sant Josep), com han explicat fonts de la Guàrdia Civil a elDiario.es. Allà es va detectar un iot de color vermell que va fer sospitar a una patrulla de l'institut armat que vigilava des de terra.

Els efectius de l'Institut Armat van començar a seguir a l'embarcació, que navegava en paral·lel a la costa i que, després de percebre la presència del servei marítim, va intentar envestir als agents. Després va fugir en direcció a Platja d’en Bossa, on va quedar encallada en les proximitats de la Torre des Carregador. Els ocupants van fugir a la carrera, abandonant la llanxa, que emmagatzemava a la cabina 21 fardells de cocaïna: en total, 521 quilos.

Les actuacions, dutes a terme al llarg de l'any passat sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número 3 i de la Fiscalia Antidroga d'Eivissa, apunten al fet que es tractava d'una xarxa amb un elevat grau d'especialització i de diversificació i un complex sistema d'organització. L'entramat combinava múltiples formes de criminalitat i diverses vies d'introducció dels estupefaents a les illes. Comptaven, a més, amb un especialista en tecnologia -que es troba entre els detinguts-, encarregat de distribuir i gestionar sistemes de missatgeria encriptada. De fet, l'organització s'encarregava de proporcionar logística, contactes i de trasllat ràpid de grans partides a altres organitzacions nacionals i internacionals.

El fil de l'operació

El servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària va començar a tirar del fil de la recerca durant una operació de control de costes a l'octubre de 2023 a Eivissa en la qual es van confiscar 8,3 tones d'haixix, segons va publicar Diario de Ibiza: la major aprehensió de droga realitzada fins al moment en tot Balears, tal com van assenyalar des de Duanes. També es van intervenir 686.000 euros localitzats en el traster d'un domicili de l'illa.

Aquesta primera actuació va arrencar quan una patrulla terrestre del servei de vigilància va detectar tres furgonetes de gran capacitat i magatzematge en una zona costanera entre Sant Joan i una de les cales del municipi. Els sospitosos vehicles circulaven gairebé sense llums i en detectar el cotxe policial van frenar de sobte, el que va provocar la col·lisió entre tots dos. Després de donar avís a la resta d'unitats de Vigilància Duanera, que es van desplaçar immediatament, va començar una persecució per terra i un rastreig intensiu de la zona que va culminar finalment amb la localització dels sospitosos.

En total, les furgonetes carregaven 216 embalums d'arpillera, utilitzats per a transportar l'haixix mitjançant transport marítim. Així era com l'organització criminal ara desmantellada per la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Duanes distribuïa la droga pels seus principals punts de venda. En 2023, després de confiscar la gran partida, els agents duaners la van traslladar al port d'Eivissa i van carregar els fardells en el patruller ‘Paíño’ per a portar la droga a la base, a Palma. La mercaderia era tanta que van haver de comptar a més amb una altra embarcació de l'Agència Tributària. L'organisme ja va indicar que les recerques relacionades amb el cas continuarien obertes i no descartava detencions en els següents dies.

Eivissa: el centre de totes les operacions

També se sospitava que la xarxa criminal usava Eivissa com a punt de recepció temporal d'haixix per a la seva posterior distribució a punts de consum del continent europeu, encara que ara s'ha determinat que la pitiusa era el centre de totes les operacions. Després d'un any i mig d'esbrinaments, van començar, el 24 de maig de 2025, les actuacions operatives, amb l'arrest, en el polígon de Montecristo, d'una persona que carregava amb un paquet d'un quilo de cocaïna transportat en un camió que havia viatjat en un ferri des de València.

La següent operació es va produir al juny, en el port d'Eivissa, on es van confiscar deu quilos de cocaïna que s'havien introduït a l'illa de la mateixa manera: dins d'un camió, dins d'un ferri que havia partit del mateix port de la Comunitat Valenciana. Poc després es van intervenir a Mallorca vuit quilos de cocaïna, així com, de manera gairebé simultània, altres quatre quilos de marihuana a la zona portuària de Vila. Es va produir una segona detenció relacionada amb el cas.

Però les intervencions més importants encara estaven per produir-se. Els desplegaments van comptar amb la Unitat Combinada de Vigilància Duanera d'Eivissa, la UDYCO de la Policia Nacional de l'illa, el EDOA de la Guàrdia Civil a Balears i l'Equip de Policia Judicial d'Eivissa, amb suports arribats des de València i Elx, tant de Vigilància Duanera com de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. A més, es van reforçar amb grups especials d'intervenció i seguretat, com el Grup de Reacció i Intervenció (GRI), els Grup de Reserva i Seguretat (GRS), la Unitat de Seguretat Ciutadana de Comandància (USECIC) i la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR).

Durant el mes de juliol es van fer les aprehensions més importants: el dia 17, amb la temporada turística a ple rendiment, es van confiscar de 2,4 tones d'haixix que s'havien intentat introduir seguint el mateix modus operandi però fent el camí contrari: des del port de Vila fins al port de València. Va haver-hi un detingut. En el mateix mes de juliol els agents van detenir a altres dues persones i es van fer en els molls valencians amb més d'una tona de cocaïna i amb dos quilos de la mateixa droga a l'illa. En aquest cas, procedents de Dénia.

A la tardor es van intervenir les últimes partides, la major d'elles, 525 quilos de cocaïna a bord d'una embarcació a la platja de Ses Salines (Eivissa) en un operatiu que es va saldar amb altres quatre arrestats. L'operació va culminar entre desembre i febrer amb nou registres i setze detencions en diferents municipis d'Eivissa, però encara hi ha dotze persones en crida i cerca i els agents esperen realitzar encara més detencions en els pròxims dies.

Las rutas marítimas entre Sudamérica, la península y Eivissa servían, hasta ahora y de manera casi invisible, a una red de narcotráfico internacional para transportar cantidades estratosféricas de cocaína, hachís y marihuana. Habían asentado su base de operaciones en la isla y se habían desplegado, de manera muy organizada y con un complejo modus operandi, entre el archipiélago balear (incluida Mallorca), la ciudad de València y varios puntos del continente Sudamericano. Pero una macrooperación conjunta entre la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria bautizada como 'Cavalieri' ha asestado un duro golpe a la red: el resultado del dispositivo ha sido la intervención de 1,5 toneladas de cocaína, once de hachís y la detención de 26 personas vinculadas a la organización.

La red transportaba las sustancias en camiones por rutas marítimas y en vehículos caleteados -con doble fondo- para ocultar la droga durante los viajes entre la isla y la península. La cocaína también viajaba en contenedores que se cargaban en el puertos mediterráneos de Dénia y València, así como en rápidas narcolanchas que atracaban en la costa y que también trasladaban hachís. Una de las operaciones contra esta organización se llevó a cabo el pasado octubre en la bahía de Porroig (Sant Josep), como han explicado fuentes de la Guardia Civil a elDiario.es. Allí se detectó un yate de color rojo que hizo sospechar a una patrulla del instituto armado que vigilaba desde tierra.

Los efectivos del Instituto Armado comenzaron a seguir a la embarcación, que navegaba en paralelo a la costa y que, tras percibir la presencia del servicio marítimo, intentó embestir a los agentes. Después huyó en dirección a Platja d’en Bossa, donde quedó varada en las proximidades de la Torre des Carregador. Los ocupantes se dieron a la fuga a la carrera, abandonando la lancha, cuyo camarote almacenaba 21 fardos de cocaína: en total, 521 kilos.

Las actuaciones, llevadas a cabo a lo largo del año pasado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 y de la Fiscalía Antidroga de Eivissa, apuntan a que se trataba de una red con un elevado grado de especialización y de diversificación y un complejo sistema de organización. El entramado combinaba múltiples formas de criminalidad y diversas vías de introducción de los estupefacientes en las islas. Contaban, además, con un especialista en tecnología -que se encuentra entre los detenidos-, encargado de distribuir y gestionar sistemas de mensajería encriptada. De hecho, la organización se encargaba de proporcionar logística, contactos y de traslado rápido de grandes alijos a otras organizaciones nacionales e internacionales.

El hilo de la operación

El servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria empezó a tirar del hilo de la investigación durante una operación de control de costas en octubre de 2023 en Eivissa en la que se incautaron 8,3 toneladas de hachís, según publicó Diario de Ibiza: la mayor aprehensión de droga realizada hasta el momento en todo Balears, tal como señalaron desde Aduanas. También se intervinieron 686.000 euros localizados en el trastero de un domicilio de la isla.

Esta primera actuación arrancó cuando una patrulla terrestre del servicio de vigilancia detectó tres furgonetas de gran capacidad y almacenaje en una zona costera entre Sant Joan y una de las calas del municipio. Los sospechosos vehículos circulaban casi sin luces y al detectar el coche policial frenaron de repente, lo que provocó la colisión entre ambos. Tras dar aviso al resto de unidades de Vigilancia Aduanera, que se desplazaron de inmediato, comenzó una persecución por tierra y un rastreo intensivo de la zona que culminó finalmente con la localización de los sospechosos.

En total, las furgonetas cargaban 216 bultos de arpillera, utilizados para transportar el hachís mediante transporte marítimo. Así era como la organización criminal ahora desmantelada por la Guardia Civil, la Policía Nacional y Aduanas distribuía la droga por sus principales puntos de venta. En 2023, tras incautarse del gran alijo, los agentes aduaneros lo trasladaron al puerto de Eivissa y cargaron los fardos en el patrullero ‘Paíño’ para llevar la droga a la base, en Palma. La mercancía era tanta que tuvieron que contar además con otra embarcación de la Agencia Tributaria. El organismo ya indicó que las investigaciones relacionadas con el caso continuarían abiertas y no descartaba detenciones en los siguientes días.

Eivissa: el centro de toda las operaciones

También se sospechaba que la red criminal usaba Eivissa como punto de recepción temporal de hachís para su posterior distribución a puntos de consumo del continente europeo, aunque ahora se ha determinado que la pitiusa era el centro de todas las operaciones. Tras un año y medio de averiguaciones, empezaron, el 24 de mayo de 2025, las actuaciones operativas, con el arresto, en el polígono de Montecristo, de una persona que cargaba con un paquete de un kilo de cocaína transportado en un camión que había viajado en un ferry desde València. 

La siguiente operación se produjo en junio, en el puerto de Ibiza, donde se incautaron diez kilos de cocaína que se habían introducido en la isla de la misma manera: dentro de un camión, dentro de un ferry que había partido del mismo puerto de la Comunidad Valenciana. Poco después se intervinieron en Mallorca ocho kilos de cocaína, así como, de manera casi simultánea, otros cuatro kilos de marihuana en la zona portuaria de Vila. Se produjo una segunda detención relacionada con el caso.

Pero las intervenciones más importantes aún estaban por producirse. Los despliegues contaron con la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Ibiza, la UDYCO de la Policía Nacional de la isla, el EDOA de la Guardia Civil en Baleares y el Equipo de Policía Judicial de Ibiza, con apoyos llegados desde Valencia y Elche, tanto de Vigilancia Aduanera como de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, se reforzaron con grupos especiales de intervención y seguridad, como el Grupo de Reacción e Intervención (GRI), los Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Durante el mes de julio se hicieron las aprehensiones más importantes: el día 17, con la temporada turística a pleno rendimiento, se incautaron de 2,4 toneladas de hachís que se habían intentado introducir siguiendo el mismo modus operandi pero haciendo el camino a la inversa: desde el puerto de Vila con destino al puerto de Valencia. Hubo un detenido. En el mismo mes de julio los agentes detuvieron a otras dos personas y se hicieron en los muelles valencianos con más de una tonelada de cocaína y con dos kilos de la misma droga en la isla. En este caso, procedentes de Dénia.

En otoño se intervinieron los últimos alijos, el mayor de ellos, 525 kilos de cocaína a bordo de una embarcación en la playa de Ses Salines (Ibiza) en un operativo que se saldó con otros cuatro arrestados. La operación culminó entre diciembre y febrero con nueve registros y dieciséis detenciones en distintos municipios de Ibiza, pero todavía hay doce personas en búsqueda y captura y los agentes esperan realizar aún más detenciones en los próximos días.

El Equipo Roca 42 de la Compañía de la Guardia Civil de Illescas ha desarticulado una organización dedicada al cultivo indoor masivo y tráfico de marihuana en la comarca de la Sagra, en el marco de la operación RUBOX.

Ha esclarecido un total de seis delitos de tráfico de drogas, seis delitos de defraudación de fluido eléctrico y un delito de pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones comenzaron en el mes de octubre del año pasado, tras recibir informaciones de varias fuentes, que apuntaban a la existencia de una organización, con varios chalets situados en varias localidades de La Sagra y que estarían cultivando marihuana masivamente.

Tras una investigación minuciosa y compleja, se identificaron a los principales miembros de la organización, su vinculación, además de las viviendas donde estarían los cultivos indoor y las personas que las cuidaban.

Registros en viviendas de Illescas, Borox y Ugena

En la madrugada del martes 27 de enero, agentes de la Guardia civil de la Compañía de Illescas llevaron a cabo de manera simultánea ocho entradas y registros en viviendas de las localidades de Illescas, Borox y Ugena consiguiendo desarticular al completo la estructura de la organización.

Junto con las 14 personas detenidas y la marihuana incautada se han recuperado 400.000 euros en billetes de 50 y 100 euros, diferentes joyas y relojes de marca, teléfonos móviles, ordenadores y 6 vehículos (2 de ellos de alta gama).

Durante la fase de explotación de la operación, la Unidad investigadora contó con el apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Toledo y Albacete.

La presencia de narcolanchas frente a las costas de Pulpí ha alterado el ritmo normal de este pequeño municipio situado al noreste de la provincia de Almería. Según denuncia su alcalde, Juan Pedro García (PP), estas embarcaciones están ganando terreno frente a las playas de todo el litoral en los últimos meses y sobre todo en las últimas horas. Debido al mal tiempo, explica el regidor, los presuntos delincuentes están atracando las embarcaciones buscando el abrigo de los acantilados de Pulpí, generando inquietud entre la población local.

Debido a su presente, desde el Consistorio solicitan que se refuerce la seguridad y que se disuada a este tipo de actividades delictivas que soliviantan el ritmo normal de una localidad que apenas supera los 12.000 habitantes. Una localidad que, según su alcalde, también está empezando a sufrir los efectos de las presencias de narcolanchas por la participación de jóvenes del pueblo en las actividades ilícitas de estas embarcaciones.

Para tratar de lograr una respuesta y frenar lo que está ocurriendo, desde el Ayuntamiento de Pulpí se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno que refuerce la seguridad, ya que con los efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de la zona no hay medios suficientes. Por ello, dado que las narcolanchas son visibles a la vista de todos, se ha producido una reunión entre ambas instituciones.

“El problema es la sensación de impunidad”, explica Juan Pedro García en conversación con este medio. “Los ves allí, tranquilos, con la lancha abrigada en la costa y con personas a bordo, y eso transmite una impotencia y una inseguridad muy preocupantes”. El alcalde explica que su denuncia no pretende cuestionar la labor de los cuerpos policiales, sino advertir de la falta de recursos con los que cuentan. “La Guardia Civil hace lo que puede, pero no tiene medios suficientes para cubrir toda la costa ni para enfrentarse a embarcaciones mucho más potentes”, señala.

Cientos de garrafas de gasolina

Uno de los indicios más visibles de esta actividad es la acumulación de garrafas de combustible en el litoral. Según el regidor, la Policía Local ha llegado a incautar más de 200, aunque insiste en que “en toda la costa hay miles”. “Es la prueba de que el problema está ahí y de que no es algo puntual”, añade. A ello se suma, según denuncia, el riesgo de que estas dinámicas acaben normalizándose entre la población más joven. “Ya tenemos conocimiento de chavales del pueblo a los que se les paga 200 o 250 euros por el petaqueo. Es dinero fácil y muy tentador, y no podemos permitir que esto se incruste en la sociedad, porque cuando entran en ese mundo luego no les dejan salir”.

Desde el ámbito institucional, fuentes cercanas al caso explican que la presencia reciente de estas embarcaciones está condicionada por el temporal marítimo. Según trasladan, las narcolanchas se habrían acercado a la costa buscando refugio por el mal estado de la mar, lo que desaconseja intervenciones directas con medios marítimos o aéreos por motivos de seguridad. Estas fuentes subrayan que la Guardia Civil tenía localizadas las embarcaciones y realizaba labores de seguimiento, aunque ese control no siempre sea visible desde tierra.

Las mismas fuentes apuntan además a que, en este momento, las embarcaciones detectadas en el litoral almeriense estarían vinculadas principalmente al tráfico irregular de personas en la conocida como ruta argelina, más que al tráfico de hachís u otras drogas, al menos en este episodio concreto. En cuanto al petaqueo, recuerdan que no constituye delito por sí mismo si no puede acreditarse su relación directa con narcotráfico o trata, una limitación legal que dificulta las actuaciones policiales, aunque se esté estudiando una posible modificación del Código Penal.

Un problema “que va a más”

Una visión muy distinta es la que mantiene la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que alerta de un agravamiento sostenido del problema en la costa almeriense. La organización sitúa el foco en el Levante de la provincia y en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde la presencia de narcolanchas es, según denuncia, cada vez más visible. “Cada año se hacen más fuertes y vienen más”, advierte su portavoz en Almería, Víctor Vega, que habla abiertamente de una “pérdida total del principio de autoridad”.

Desde la AUGC sostienen que las embarcaciones se desplazan a lo largo del litoral en función de la presión policial. “Cuando tú achuchas y vas detrás de ellos, se van desplazando”, resume Vega, que explica que la interceptación sólo suele producirse cuando las lanchas sufren averías o problemas de combustible. “En el resto de situaciones es casi imposible”, añade, al tiempo que critica que “las penas son irrisorias” y que los agentes trabajan “sin medios ni reconocimiento”.

La asociación rechaza los mensajes oficiales que hablan de avances frente a las mafias y asegura que la realidad es la contraria. “Se ha perdido el control de nuestras aguas territoriales”, afirma Vega, que llega a concluir que “hoy en día, los dueños y señores de estas aguas son las mafias del narcotráfico”. Un diagnóstico que contrasta con la prudencia institucional, pero que coincide con la alarma expresada desde municipios como Pulpí, donde la presencia de estas embarcaciones ya forma parte del paisaje cotidiano.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con Guardia Civil y Policía Nacional, han llevado a cabo una investigación que ha culminado con 30 personas detenidas y la desarticulación de tres organizaciones criminales, vinculadas con el 'Balkan Cartel', que trabajaban de manera coordinada, desmantelando toda la infraestructura que utilizaban para la introducción de grandes cantidades de cocaína procedente de Colombia en España mediante el asalto a buques portacontenedores.

Según ha indicado la Agencia Tributaria en una nota, han sido detenidas 30 personas y se han realizado 19 registros en los que se han intervenido más de 2.475 kilos de cocaína, más de 166.000 euros en efectivo, joyas y relojes por valor de 100.000 euros, ocho vehículos de alta gama, armas de guerra, 215 garrafas de gasolina, diverso equipo náutico y escalas utilizadas para los asaltos, así como dispositivos de geolocalización.

De igual manera, se han bloqueado activos inmobiliarios por valor de casi cinco millones de euros y cuatro monederos virtuales de criptomonedas.

De Colombia a España

La investigación se inició tras la aprehensión de 88 kilos de cocaína en el interior de un vehículo en la localidad malagueña de Mijas en octubre de 2024, donde los investigadores pudieron conocer la existencia de tres organizaciones criminales dedicadas a la introducción de la droga en España. Una de ellas vinculada al 'Balkan Cartel' y propietaria de la droga y otra formada por personas de origen colombiano que operaban tanto en su país de origen como en España.

Según ha explicado la Agencia Tributaria, para introducir los alijos de cocaína en contenedores marítimos transportados a bordo de buques portacontenedores utilizaban la técnica de los 'trepadores'. Se trata de una forma de tráfico de drogas que consiste en utilizar a jóvenes que sean buenos nadadores y de familias de pocos recursos para que carguen el estupefaciente en las embarcaciones que se encuentran en alta mar.

Posteriormente miembros de esta misma organización se desplazaban a España con la intención de asaltar los contenedores interceptando los buques antes de su llegada al Estrecho de Gibraltar. Para ello, contaba con la infraestructura logística proporcionada por la tercera organización criminal asentada en el Campo de Gibraltar.

A mediados de este año la tripulación de un buque con destino al puerto de Cádiz avisó al Servicio de Salvamento Marítimo ante la presencia de polizones en la cubierta, logrando la incautación de 1.355 kilos de cocaína ocultos en un contenedor. Las investigaciones realizadas pudieron comprobar cómo tres varones que tenían la misión de recuperar la sustancia regresaron precipitadamente a su país.

Poco tiempo después, según ha indicado la Agencia Tributaria, otro buque a su paso por aguas portuguesas alertaba a las autoridades de ese país sobre el secuestro de la embarcación por parte de unos polizones portando armas largas, los cuales consiguieron descargar diversos fardos ocultos en un contenedor, logrando en este caso el rescate de la sustancia estupefaciente por parte de la organización.

Del Golfo de Cádiz a otros países europeos

Continuando con la investigación, durante los meses de septiembre y octubre se detectó otro nuevo rescate de droga, cuando tres miembros de la organización colombiana y dos hombres pertenecientes a la célula del 'Balkan Cartel' asentada en Costa del Sol, apoyados por la organización encargada de proporcionar las embarcaciones de alta velocidad, pudieron recuperar la sustancia de uno de los contenedores mediante la técnica del 'drop off'.

Este método consiste en arrojar la mercancía desde un mercante para su recogida por embarcaciones más pequeñas cerca del país de destino, sometiendo a la tripulación de los buques y extrayendo la droga del interior de los contenedores, usando técnicas militares y con armas de guerra.

De esta manera, la cocaína era introducida en poblaciones ubicadas en Golfo de Cádiz, donde la ocultaban y transportaban finalmente por carretera hasta países europeos.

Así, avanzada la investigación se pudieron localizar las distintas guarderías utilizadas para almacenar la droga, llevándose a cabo 19 entradas y registros y logrando la intervención de 1.032 kilos de cocaína, ocho vehículos de alta gama, armas de guerra, 215 garrafas de gasolina, diverso equipo náutico y escalas utilizadas para los asaltos, así como dispositivos de geolocalización. En total, han sido incautados 2.475 kilos de cocaína, más de 166.000 euros en efectivo y joyas y relojes por valor de 100.000 euros, ha concluido la Agencia Tributaria.

 La investigació que va permetre desarticular una de les xarxes de narcotràfic més grans que han operat a Mallorca, presumptament liderada per Stefan Milojevic, suma ara un nou moviment des de l’interior mateix de la causa. Faustino Nogales, exresponsable del Grup d’Estupefaents de la Policia Nacional a les Balears i en presó provisional per la seva presumpta col·laboració amb la trama, ha sol·licitat al jutjat que instrueix el procediment la compareixença de diversos caps de Duanes i d’un comandament del Servei Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil.

L’escrit, presentat pel seu advocat davant el Jutjat d’Instrucció número 7 de Palma i al qual ha tingut accés elDiario.es, sosté que Nogales mantenia amb aquests responsables una relació professional directa en diferents operatius conjunts contra el narcotràfic. La defensa considera que les seves declaracions són rellevants per contextualitzar actuacions policials que ara estan sent examinades per la Justícia.

Nogales està investigat per suborn, revelació de secrets i omissió del deure de perseguir delictes, il·lícits pels quals el jutge va acordar el seu ingrés a la presó el passat mes d’agost en apreciar risc de fuga i d’interferència en la investigació. El seu paper és especialment sensible per la posició que ocupava i pel possible accés a informació operativa d’alt nivell. Després d’haver estat investigat per Afers Interns, ara correspon a la Justícia valorar si aquestes indagacions van ser vàlides i si no es van sobrepassar els límits legals.

Una xarxa amb mètodes d’organització mafiosa

La causa es va originar arran d’una investigació de gran abast que va situar Stefan Milojevic com a presumpte líder d’una suposada estructura criminal amb capacitat per introduir grans quantitats de droga a l’illa i redistribuir-les a altres punts d’Europa i de la península. La xarxa operava amb mètodes propis d’organitzacions estructurades i, segons els investigadors, hauria comptat amb suports interns per esquivar controls i anticipar-se a les actuacions policials.

És en aquest context on s’emmarquen les sospites sobre Nogales, a qui s’atribueix haver afavorit presumptament l’organització des de dins del sistema. La petició de noves declaracions introdueix ara una possible ampliació del focus de la investigació, que es va saldar amb 76 detinguts i la incautació, entre d’altres, de 687 quilos de cocaïna i 2.500 quilos d’haixix.

Entre els arrestats en la macrooperació d’aquest estiu de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil també hi figura l’advocat Ignacio Gonzalo Márquez, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic, així com Stefan Milojevic, líder de la banda motera neonazi United Tribuns a Espanya i lluitador d’MMA.

Converses interceptades

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional van interceptar diverses converses entre Nogales i Milojevic. En una d’elles, Milojevic parlava per telèfon amb l’inspector i l’informava que havien desaparegut “diverses llapes” dels seus vehicles a Eivissa i Alemanya, és a dir, balises de seguiment instal·lades pels agents especialitzats per vigilar els narcotraficants.

— “Saps què ha passat?”, va preguntar Milojevic a Nogales.

— “El què?”, va respondre aquest.

— “Han desaparegut les llapes d’Eivissa”, va afirmar.

— “Han desaparegut?”, va qüestionar l’inspector.

— “Una del pàrquing on el cotxe fa tres o quatre mesos que no es mou i l’altra a Alemanya”, va dir Milojevic.

— “Estava clar”, va acabar dient Nogales.

Així mateix, el presumpte líder de la banda va comentar en una conversa recollida al sumari, al qual va tenir accés elDiario.es, que existien “conills”, un sinònim de “talps”, és a dir, individus que, aprofitant les seves funcions laborals, tenen accés a informació privilegiada i la faciliten als narcotraficants.

La investigación que desarticuló una de las mayores redes de narcotráfico que han operado en Mallorca, presuntamente liderada por Stefan Milojevic, suma ahora un nuevo movimiento desde el interior de la propia causa. Faustino Nogales, exresponsable del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional en Balears y en prisión provisional por presuntamente colaborar con la trama, ha solicitado al juzgado que instruye el procedimiento la comparecencia de varios jefes de Aduanas y de un mando del Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil.

El escrito, presentado por su abogado ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma y al que ha tenido acceso elDiario.es, sostiene que Nogales mantenía con estos responsables una relación profesional directa en distintas operaciones conjuntas contra el narcotráfico. La defensa considera que sus declaraciones son relevantes para contextualizar actuaciones policiales que ahora están siendo examinadas por la Justicia.

Nogales está investigado por cohecho, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos, ilícitos por los que el juez acordó su ingreso en prisión el pasado agosto al apreciar riesgo de fuga y de interferencia en la investigación. Su papel resulta especialmente sensible por la posición que ocupaba y por el posible acceso a información operativa de alto nivel. Tras ser investigado por Asuntos Internos, ahora debe valorar la Justicia si dichas indagaciones fueron válidas y no se sobrepasaron.

Una red con métodos de organización mafiosa

La causa se originó tras una investigación de gran envergadura que situó a Stefan Milojevic como presunto líder de una supuesta estructura criminal con capacidad para introducir grandes cantidades de droga en la isla y redistribuirlas a otros puntos de Europa y la península. La red operaba con métodos propios de organizaciones estructuradas y, según los investigadores, habría contado con apoyos internos para eludir controles y anticiparse a las actuaciones policiales.

Es en ese contexto donde se encuadran las sospechas sobre Nogales, al que se atribuye haber favorecido presuntamente a la organización desde dentro del sistema. La petición de nuevas declaraciones introduce ahora una posible ampliación del foco de la investigación, que se saldó con 76 detenidos y la incautación de, entre otros, 687 kilos de cocaína y 2.500 kilos de hachís.

Entre los arrestados en la macrooperación de este verano de la Policía Nacional y la Guardia Civil se encuentra también el abogado Ignacio Gonzalo Márquez por presuntamente blanquear dinero procedente del narcotráfico y Stefan Milojevic, líder de la banda motera neonazi United Tribuns en España y peleador de MMA.

Conversaciones interceptadas

La Guardia Civil y la Policía Nacional interceptaron diferentes conversaciones entre Nogales y Milojevic. En una de ellas, Milojevic hablaba por teléfono con el inspector y le informa que habían desaparecido “varias lapas” en sus vehículos de Eivissa y Alemania, es decir, balizas de seguimiento instaladas por los agentes especializados para vigilar a los narcos. 

—“¿Sabes qué ha pasado?”, preguntó Milojevic a Nogales. “¿El qué?”, le respondió este. “Han desaparecido las lapas de Ibiza”, afirmó. “¿Han desaparecido?”, cuestionó el inspector. “Una del parking que está el coche ahí tres cuatro meses sin moverse y la otra en Alemania”, afirmó Milojevic. “Estaba claro”, terminó diciendo Nogales. 

Asimismo, el presunto líder de la banda comentó en una conversación recogida en el sumario, al que tuvo acceso elDiario.es, que existían “conejos”, un sinónimo de “topos”, es decir, individuos que, aprovechando sus funciones laborales, tienen acceso a información privilegiada y se la trasladan a los narcos.

La Fiscalía de Cáceres ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra un hombre acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser interceptado con más de 260 gramos de cocaína destinados a su distribución, por lo que piden cuatro años de prisión y 40.000 euros de multa.

Según el escrito de conclusiones provisionales presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres, los hechos ocurrieron cuando el acusado, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, viajaba como copiloto en un vehículo. Durante una actuación policial, los agentes iniciaron una persecución que culminó con la interceptación del coche.

En ese momento, el acusado arrojó al suelo una bolsa que portaba, la cual fue recuperada por la Policía. En su interior se hallaron 280,045 gramos de cocaína, que tras su análisis arrojaron un peso neto de 266,44 gramos, con una pureza superior al 54,54%.

La sustancia incautada, destinada al tráfico ilícito, habría alcanzado en el mercado ilegal un valor aproximado de 18.355 euros.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, tipificado en el artículo 368.1 del Código Penal (CP), y atribuye al acusado la condición de autor del delito.

No obstante, la Fiscalía Provincial aprecia la concurrencia de una circunstancia atenuante analógica, relacionada con la alteración psíquica o el consumo de sustancias, conforme a los artículos 21.7, 21.2 y 20.2 del CP, según el escrito de acusación, recogido por EFE.

Por todo ello, solicita la imposición de una pena de cuatro años de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 40.000 euros, con cinco días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como que el acusado sea condenado al pago de las costas procesales.

La Fiscalía también ha pedido que la droga intervenida reciba el destino legal previsto, conforme a la normativa sobre decomiso de sustancias estupefacientes y su integración en el Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas.

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han interceptado un paquete postal que contenía 515 gramos de hachís, procediendo a la detención de su destinatario, un joven de 29 años, de nacionalidad española y con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Esta actuación se enmarca en las labores de vigilancia y control que desarrolla el Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en La Rioja, orientadas a detectar redes criminales y pequeños traficantes que utilizan los envíos postales para introducir estupefacientes en la provincia, ocultándolos entre paquetes de ropa, calzado, alimentos u otros objetos.

Durante una de estas actuaciones, los agentes detectaron un envío postal con destino a Logroño que podría contener sustancias estupefacientes. Por este motivo, procedieron a la apertura del paquete, conforme a lo establecido en la Ley de Represión del Contrabando, encontrando en su interior 515 gramos de hachís de distintas variedades -Lemon Sorbet, Grapefruit y Blue Gelato 41-, envasados al vacío para evitar la emanación de olores.

Tras el hallazgo, la Unidad Fiscal remitió las diligencias al Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Logroño, cuyos agentes confirmaron la identidad del destinatario y el lugar previsto para la recepción del paquete, un establecimiento comercial ubicado en la capital riojana.

El implicado empleaba un modus operandi habitual en este tipo de delitos, utilizando identidades y datos de contacto falsos con el fin de evitar su detección y ocultar su verdadera identidad. Con esta información, se solicitó a la autoridad judicial la correspondiente autorización para llevar a cabo una entrega controlada y vigilada del envío.

Una vez obtenida la autorización judicial, se estableció un discreto dispositivo policial en torno al establecimiento, que permitió la detención del sospechoso en el momento en que recepcionaba el paquete.

Posteriormente, los agentes se desplazaron hasta Sojuela, lugar de residencia del detenido, donde se realizó la entrada y registro voluntario de su domicilio. En el interior se intervinieron 3.720 euros en billetes de diverso valor, así como material destinado a la distribución del hachís, entre ellos herramientas de corte y básculas de precisión.

El valor total de la sustancia estupefaciente incautada y retirada del mercado asciende a 3.450 euros. Las diligencias instruidas, junto con el detenido y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.