Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han procedido a la detención de un varón de 33 años, residente en Villamediana de Iregua, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación tuvo lugar en la calle Caballeros Templarios de la citada localidad, durante el desarrollo de un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana establecido por agentes del Núcleo de Servicios de Logroño. Este tipo de controles, realizados de manera periódica, tienen como finalidad reforzar la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de delitos y detectar conductas relacionadas con el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

Durante el operativo, los agentes procedieron a la interceptación de un turismo marca Renault cuyo conductor levantó las sospechas de los actuantes debido a su actitud nerviosa y esquiva ante la presencia policial. Tras su identificación y ante los indicios observados, se llevó a cabo un registro superficial de sus pertenencias.

En el interior de su cartera fueron halladas seis pastillas de éxtasis MDMA, así como 725 euros fraccionados en billetes de distinto valor. Posteriormente, en el registro de la mochila que portaba, los agentes localizaron otras doce pastillas de la misma sustancia estupefaciente.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, antes de su puesta a disposición de la autoridad judicial.

El Ministerio Fiscal solicita un total de 36 años de prisión -9 años cada uno- para cuatro acusados de hasta cuatro delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico e integración en grupo criminal para cometer un delito grave. El juicio por estos hechos está previsto que se celebre los próximos días 26, martes, y 27, miércoles, a partir de las 10 horas, en la Audiencia Provincial de Logroño.

De acuerdo con los hechos del escrito, la acusación se dirige contra los cuatro acusados que “desde su domicilio en el barrio de Varea de Logroño, han suministrado, indistintamente, heroína y cocaína a distintas personas”. Se indica, en concreto, que “la Policía, en distintos días y horas -todas ellas, entre los meses de mayo, junio y julio de 2019-, realizó vigilancias sobre el inmueble de la calle Calahorra” donde residían los acusados.

En estos seguimientos -hasta en una decena de ocasiones- se comprobó que personas, en varios casos el mismo individuo, entraban en el inmueble vigilado, y, tras salir de él, se les iba incautando diferentes cantidades de droga, sobre todo heroína, que se ha valorado por las autoridades en casi 458 euros.

A ello se suma que, al lado de la vivienda donde vivían los acusados, en el mismo rellano, se localiza un piso deshabitado desde el fallecimiento de su propietaria, cuya nieta y heredera autoriza a la Policía la entrada y registro del inmueble, que se llevó a cabo el día 25 de julio de 2019. El escrito indica que “este piso era utilizado por los acusados para esconder efectos que utilizaban para el tráfico al que se dedicaban y que fueron localizados en el registro”.

Armas y droga escondidos en el piso deshabitado

En concreto, cita “en el salón, debajo de un sillón, se encuentra un calcetín conteniendo un arma corta, de la marca ”Star“, con su cargador con siete cartuchos en su interior, y siete cartuchos más, fuera del cargador”. Igualmente, “debajo del cojín del mismo sillón, se localizaron tres bolsas de plástico, que conteníam tres envoltorios de plástico, con un peso bruto de 27,2 gramos, 26,4 gramos, y 26,8 gramos, de cocaína, en la primera”.

En otra bolsa de plástico, “con la inscripción ”200“, un envoltorio de plástico cerrado con alambre verde con 23,6 gramos de peso bruto de cocaína”. Y en una tercera bolsa de auto-cierre, aparecen tres envoltorios conteniendo 28 gramos, 50,1 gramos, y 51,7 gramos, de heroína, todo ello acompañado de recortes de plásticos negros“.

La sustancia intervenida resultó ser 94,36 gramos de peso neto de cocaína, con una pureza del 55,4 %, valorada en 6.802,97 euros; 124,75 gramos de peso neto de heroína, con una pureza del 23,4 %, por valor de 13.381,79 euros, de manera que, en total el valor asciende a 20.184,76 euros.

La pistola “Star”, y los 14 cartuchos del calibre 7,65 aptos para el uso con esa pistola, “se encontraban en perfecto estado de funcionamiento, careciendo los acusados de licencia, y guía de pertenencia”.

Además, “en el domicilio de los acusados se había realizado el corte de suministro de energía eléctrica, por falta de pago, el día 4 de agosto de 2018”, pese a lo cual, “girada visita el día 29 de julio de 2019, por el técnico correspondiente de Iberdrola, se pudo comprobar que el inmueble tenía electricidad, como consecuencia de que los acusados habían realizado el enganche directo al contador”, con un importe defraudado que asciende a 1.489,75 euros.

Para la acusación, todos estos hechos relatados constituyen un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud; un delito de tenencia ilícita de armas; un delito de defraudación de fluido eléctrico; y un delito de integración en grupo criminal para la comisión de un delito grave contra la salud pública, con el auxilio de armas de fuego.

De todos ellos se consideran autores a los acusados, sin que concurran en ellos circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Así, se considera que se deben imponer “a cada uno de los acusados”, por el delito contra la salud pública, 5 años de prisión, más una multa de 22.000 euros; por el de tenencia ilícita de armas, dos años de prisión; por el fraude en la electricidad, 6 meses de multa, con una cuota diaria de 8 euros -algo más de 1.400 euros-; y por el delito de pertenencia a grupo criminal, dos años de prisión.

El narcotraficant detingut aquest dimarts a Son Banya (Palma) ja va ser arrestat el passat mes d'octubre per suposadament haver provocat un accident en el qual va morir un home i fugir, també en els voltants del poblat, segons han confirmat a Europa Press fonts policials i ha publicat aquest dimecres el diari ' Última Hora'.

L'home va tornar a ser detingut aquest dilluns per la Policia Nacional per suposadament traficar amb cocaïna i marihuana al poblat de Son Banya després d'haver realitzat diversos trets a l'aire amb una arma de foc. Els fets van ocórrer sobre les 10.00 hores d'aquest dimarts, quan agents del Grup d'Estupefaents es trobaven en les proximitats del poblat i van escoltar diversos trets amb una arma de foc.

Després d'això, van sol·licitar reforços a la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) i es van dirigir cap a l'interior de Son Banya per tractar de localitzar l'autor dels trets. Va ser aleshores quan van observar un home que entrava i sortia d'una de les casetes que s'utilitzen habitualment com a punt de venda de substàncies estupefaents.

Quan el sospitós va veure els policies, es va pujar a un vehicle i va circular a gran velocitat pels carrers del poblat amb la intenció d'eludir-los.

En un moment de la persecució va llançar un objecte de plàstic per la finestra. Els agents ho van recuperar i van descobrir que es tractava d'un táper en l'interior del qual hi havia una pistola, dos carregadors i un canó embolicat en plàstic.

En el vehicle, a més, van trobar més de 2.100 euros en efectiu i diversos casquets detonats.

Els policies també van inspeccionar l'interior de la caseta de la qual el sospitós havia sortit fugint, on van trobar una catana, diverses quantitats de marihuana i cocaïna i més de 240 euros en efectiu.

Accident mortal

El detingut aquest dimarts seria el principal sospitós d'un accident ocorregut el mes d'octubre passat a prop de Son Banya. El presumpte narcotraficant seria la persona que conduïa el vehicle que va envair el carril contrari i va xocar contra el del mort, en un tram de la carretera que uneix el centre comercial Fan amb Mercapalma.

Cal recordar que l'ara arrestat, en aquell moment, es va presentar a les dependències de la Policia Local de Palma juntament amb la seva advocada, encara que es va acollir al seu dret a no declarar. La Policia Local el tenia identificat després que el copilot del cotxe fugit, ferit també en el sinistre, fos localitzat pels agents després de demanar una ambulància des del barri del Molinar.

El narcotraficante detenido este martes en Son Banya (Palma) ya fue arrestado el pasado mes de octubre por supuestamente haber provocado un accidente en el que murió un hombre y huir, también en las inmediaciones del poblado, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y ha publicado este miércoles el diario 'Última Hora'.

El hombre volvió a ser detenido este lunes por la Policía Nacional por supuestamente traficar con cocaína y marihuana en el poblado de Son Banya después de haber realizado varios disparos al aire con un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas de este martes, cuando agentes del Grupo de Estupefacientes se encontraban en las proximidades del poblado y escucharon varios disparos con un arma de fuego.

Tras ello, solicitaron refuerzos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y se dirigieron hacia el interior de Son Banya para tratar de localizar al autor de los tiros. Fue entonces cuando observaron a un hombre que entraba y salía de una de las casetas que se usan habitualmente como punto de venta de sustancias estupefacientes.

Cuando el sospechoso vio a los policías, se subió a un vehículo y circuló a gran velocidad por las calles del poblado con la intención de eludirles.

En un momento de la persecución lanzó un objeto de plástico por la ventana. Los agentes lo recuperaron y descubrieron que se trataba de un táper en cuyo interior había una pistola, dos cargadores y un cañón envuelto en plástico.

En el vehículo, además, encontraron más de 2.100 euros en efectivo y varios casquillos detonados.

Los policías también inspeccionaron el interior de la caseta de la cual el sospechoso había salido huyendo, donde encontraron una catana, diversas cantidades de marihuana y cocaína y más de 240 euros en efectivo.

Accidente mortal

El detenido este martes sería el principal sospechoso de un accidente ocurrido el pasado mes de octubre cerca de Son Banya. El presunto narcotraficante sería la persona que conducía el vehículo que invadió el carril contrario y chocó contra el del fallecido, en un tramo de la carretera que une el centro comercial Fan con Mercapalma.

Cabe recordar que al ahora arrestado, en aquel momento se presentó en las dependencias de la Policía Local de Palma junto a su abogada, aunque se acogió a su derecho a no declarar.

La Policía Local lo tenía identificado después de que el copiloto del coche huido, herido también en el siniestro, fuera localizado por los agentes tras pedir una ambulancia desde el barrio del Molinar.

Un grupo de presuntos narcos ha disparado la pasada madrugada en Vélez-Málaga contra agentes de la Policía que habían descubierto el lugar que utilizaban para esconder vaarias narcolanchas y gasolina, sin que se hayan producido mismo.

Como consecuencia de esta intervención, agentes del Grupo de Udyco-Costa del Sol de la Comisaría Local del municipio malagueño de Vélez-Málaga han detenido a dos personas, un hombre de 51 años y a una mujer, durante un dispositivo antidroga en la zona de la Axarquía.

Durante el mismo, los delincuentes abrieron fuego contra los agentes que resultaron ilesos, ha indicado desde la Policía Nacional en un comunicado.

Llegada de dos vehículos

Los disparos se han producido en el momento en el que los policías procedían a la detención del hombre, en la entrada de una nave utilizada por los narcotraficantes para el almacén de combustible y narcolanchas.

Se traba de una vigilancia en el marco de una operación abierta y destinada a la lucha antidroga, especialidad de estos los agentes. En un momento dado, cuando los mismos procedían a intervenir ante una posible descarga de mercancía, fueron abordados por dos vehículos, ocupados al parecer por cinco varones, que no dudaron en acometer con armas de fuego a los policías, los cuales ya habían procedido a realizar una de las detenciones.

Tras el intercambio de disparos, los vehículos de los delincuentes emprendieron la huida llegando a colisionar entre sí, iniciándose una persecución y tomando la A-7 dirección Málaga, causando un grave peligro para agentes y otros conductores, llegando incluso a tirar a un motorista al suelo, el cual ha resultado ileso.

Huida e investigación

Así, tras el dispositivo de búsqueda y comunicación al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, los vehículos y sus ocupantes implicados aún no han sido localizados. Durante esta misma investigación, y pocas horas después de estos hechos, los investigadores han detenido a una mujer como colaboradora de la organización.

En estos momentos, miembros de la Policía Científica, incardinados en la Brigada Local de la Comisaría de Vélez-Málaga, se encuentran en la nave donde se han producido los hechos, realizando la correspondiente Inspección Ocular Técnico Policial, al objeto de recoger los vestigios y analizar las pruebas.

En el interior de la nave, usada como almacén, se han localizado, narco lanchas, garrafas usadas para el “petaqueo” y en el interior de una furgoneta dos tanques de gasolina, que podrían alcanzar los 5.000 litros. Se trata de una investigación abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La Audiencia Provincial juzga este martes, 19 de mayo, a un acusado de venta de droga en Logroño, en concreto MDMA, al que se detuvo tras una persecución en patinete y al que el Ministerio Fiscal pide cuatro años y medio de cárcel, y multa de 9.000 euros.

Tal y como relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, O.F.V., mayor de edad, se encontraba sobre las 20:10 horas del 28 de octubre de 2021 en la calle Beratúa, cruce con Luis Barrón, de Logroño.

Al ser observado “en actitud sospechosa con un tercero”, se fue del lugar en patinete, comenzando una persecución que finalizó con su detención. En un “cacheo superficial” se le encontró, entre sus pertenencias, una bolsa tipo bandolera en cuyo interior se encontraba un paquete envasado al vacío con cinco piedras de color marrón.

Se trata de MDMA, con una riqueza de 77,2 por ciento. Un total de 85,13 gramos “preordenada para su venta ilegal”. El MDMA, apunta el Ministerio Fiscal, es una sustancia estupefaciente que causa grave daño a la salud. El valor de la droga asciende en el mercado ilícito a 3.711,66 euros y el acusado portaba, además, dos terminales móviles que utilizaba para la actividad de la que se le acusa.

Para el Ministerio Fiscal los hechos narrados son constitutivos de un delito contra la salud pública de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.

Procede imponer a acusado la pena de 4 años y 6 meses de prisión, accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y multa de 9000 euros.

El Ministerio del Interior, la National Crime Agency (NCA) y la organización independiente Crimestoppers han presentado este jueves en Alicante la denominada como Operación Captura para localizar a “los 12 criminales más buscados” por Reino Unido, para lo que España ha pedido “colaboración ciudadana”.

La iniciativa se centra en la posible presencia de estos fugitivos en regiones con una “alta concentración de ciudadanos británicos”, como la Costa del Sol, el Levante o las Islas Canarias, según el Ministerio.

Así, las investigaciones apuntan a posibles vínculos con comunidades en Marbella, Alicante, Málaga o Tenerife, entre otras zonas de España. Todos son hombres y acumulan en su historial delitos de “especial gravedad”.

Las campañas de la Operación Captura comenzaron hace 20 años, impulsadas por la NCA británica y la organización no gubernamental Crimestoppers. En este periodo, el “esfuerzo conjunto” entre cuerpos policiales, agencias de seguridad y ciudadanos ha permitido la captura de 98 fugitivos de los 111 denunciados públicamente.

Nombres, rasgos e historial

En este contexto, la lista de Most Wanted, distribuida por las autoridades británicas, cuenta con el perfil de esos 12 criminales “potencialmente refugiados en España”. Entre los más buscados está Simon Dutton, de 49 años. Se le acusa de organizar importaciones masivas de cocaína y blanqueo de capitales, con una de las interceptaciones valorada en 1,5 millones de libras. Además, tiene el nombre Rachel tatuado en el brazo izquierdo y cicatrices en la barbilla, la mano izquierda y la pierna derecha.

Otro de ellos es Dean Eighteen, de 48 años, buscado por presentar presuntamente reclamaciones falsas de reembolso de IVA en nombre de dos empresas de las que es el administrador único. Es un hombre blanco y se cree que abandonó Reino Unido en enero de 2019.

También se busca a Derek McGraw Ferguson, de 62 años, en relación con el asesinato de Thomas Cameron ocurrido en Glasgow en 2007. Ha sido incluido en campañas anteriores y es “uno de los fugitivos más buscados de Police Scotland”. Según detalla el Ministerio, es “probable” que viva bajo un alias y, además, hay imágenes suyas con una simulación de una mayor edad en la web de la NCA Most Wanted.

Philip Barry Foster, de 50 años, es otra de las personas buscadas para comenzar su condena de ocho años y medio de prisión por fraude y blanqueo de capitales. Sus víctimas se deshicieron de una cantidad considerable de dinero por fotos de mala calidad con la promesa de conseguir trabajo profesional como modelo.

La lista también incluye a Alexsandr Kuksov, de 23 años y de nacionalidad rusa, al que se le acusa de estar implicado con un grupo de crimen organizado que blanqueó millones de libras en efectivo criminal entre septiembre y octubre de 2022. Es robusto, tiene el pelo castaño y también ha sido incluido anteriormente en una campaña de Most Wanted.

Asimismo, Spencer Dillon Lamb, de 33 años, es buscado por presuntamente suministrar y cultivar drogas. Tiene múltiples tatuajes en la cabeza, cuello, brazos y abdomen, así como una cicatriz bajo el ojo izquierdo.

También se cree que Francis David Parker, de 40 años, es un miembro proactivo del grupo de crimen organizado Coggins. Es buscado por al parecer dirigir mensajeros de drogas y recaudar dinero en nombre de la OCG. Es robusto, con pelo corto castaño y canoso.

Otro de los 12 es Kevin Thomas Parle, buscado por los asesinatos de Liam Kelly en 2004 y Lucy Hargreaves en 2005. El hombre, de 45 años, tiene el pelo rojo y ha sido incluido en campañas anteriores. Los investigadores creen que tiene vínculos con el sur de España.

Por su parte, Matthew Purves, de 41 años, es buscado por su presunta implicación en una conspiración para suministrar varios kilos de cocaína en todo el Reino Unido. Mide 1,83 metros, tiene el pelo castaño rojizo cortado y se considera que tiene vínculos con el sur de España, así como con Corby y Peterborough.

De otro lado, Liam Michael Murray es buscado por su posible implicación en el suministro de cocaína, cannabis y posesión de dinero criminal. Este hombre, blanco y de 34 años, tiene complexión media y acento del noreste.

La lista también incluye el nombre de John Rocks, de 37 años, acusado de cometer delitos sexuales entre 2012 y 2022. Es un hombre británico blanco de complexión delgada y pelo claro. Se cree que tanto Rocks como Michael Murray tienen vínculos con Alicante.

Finalmente, Charlie Salisbury está buscado bajo sospecha de suministrar cocaína y blanquear los beneficios de los delitos. Este varón, de 34 años, que también usaba EncroChat, tiene un tatuaje de carpa koi y un dragón en todo el brazo derecho, así como en la pierna inferior derecha.

Desde el Ministerio del Interior han resaltado que las personas que dispongan de información sobre el paradero de estos fugitivos pueden dirigirse a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062). Además, Crimestoppers cuenta con un canal de denuncia anónima en su web.

Operación conjunta

El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) del Ministerio del Interior, Javier Marín, ha asegurado que “perseguir al fugitivo es reconocer a las víctimas” y ha señalado que es “un acto de justicia” porque significa “empatizar con su pérdida o con su sufrimiento”. “Cada causa abierta mantiene vivo el daño sufrido, por eso la constancia en la búsqueda es una forma de reconocimiento”, ha añadido.

También ha destacado la “importancia” de la “colaboración policial” en el desarrollo de estas operaciones y ha apuntado que “España y Reino Unido son un ejemplo consolidado de cooperación”, con “décadas de trabajo conjunto” entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de cada país que han demostrado, a su juicio, que “compartir información, coordinar esfuerzos y confiar mutuamente funciona, incluso en contextos jurídicos complejos”.

En la misma línea, el director general de Operaciones de la NCA, Rob Jones, ha insistido en “el valor de la colaboración como herramienta para la seguridad pública de ambos países”.

“España no es un refugio seguro para fugitivos y esta colaboración ha demostrado una y otra vez que, si huyes, no dejaremos de buscar. Te encontraremos y te traeremos de vuelta para que te enfrentes a la justicia”, ha enfatizado.

Por último, Jones ha sostenido que, gracias a la “solidez” de la relación entre las fuerzas del orden españolas y británicas y a la “determinación y capacidades combinadas”, el 90 por ciento de las personas que se han destacado en la Operación Captura han sido localizadas “en las últimas dos décadas”.

Así, desde el año 2019, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido en España a 254 fugitivos de origen británico con órdenes internacionales de busca y captura. De ellos, 86 arrestos se produjeron en la provincia de Málaga y 54 en Alicante.

De otro lado, la ministra consejera del Reino Unido en Madrid, Sarah Cowley, ha resaltado la “importancia” de la “cooperación” entre cuerpos de seguridad y ha asegurado que “los fugitivos de la comunidad británica no van a estar tranquilos en España”.

En relación con la organización no gubernamental Crimestoppers, su CEO, Mark Hallas, ha explicado que el objetivo es dar “voz” a aquellas personas que quieren “hacer lo correcto” pero “no se atreven a hablar directamente con la policía”.

Por ello, ha afirmado que mantienen el anonimato y que “con Crimestoppers no hay represalias”, ya que “no” piden “datos personales”. Además, se ha mostrado “orgulloso” de hacer “todo lo posible” para llevar ante la justicia a presuntos delincuentes. “Si te has fugado a España, la policía te va a dar caza, no hay escapatoria”, ha concluido.

La Guardia Civil y la Policía Local de Calahorra están llevando a cabo dispositivos preventivos conjuntos en zonas urbanas consideradas especialmente sensibles, así como en áreas de ocio y de mayor afluencia de personas. Estos operativos tienen como objetivo principal prevenir y detectar actividades relacionadas con el tráfico minorista y el consumo de sustancias estupefacientes, la tenencia ilícita de armas prohibidas y otros delitos que generan inseguridad y alarma social.

Asimismo, estas actuaciones permiten intensificar la vigilancia policial, identificar conductas incívicas, reforzar la presencia de agentes en la vía pública y aumentar la sensación de seguridad entre vecinos y visitantes, especialmente durante los fines de semana y en horarios de mayor actividad nocturna.

Intervenciones destacadas:

En la calle Mediavilla, los agentes procedieron a la interceptación de un vehículo marca Volkswagen Golf. Tras identificar al conductor y a su acompañante, se constató que ambos contaban con numerosos antecedentes policiales, principalmente por delitos contra el patrimonio (hurtos y robos con fuerza), así como por infracciones administrativas relacionadas con la tenencia y consumo de estupefacientes.

Durante el registro, los agentes hallaron ocultas en el pantalón de uno de los ocupantes un total de 21 dosis de cocaína, preparadas y dispuestas para su distribución directa. Ante la evidencia de una clara finalidad de venta, se procedió a la detención del portador, un varón de 47 años, de nacionalidad española y residente en Calahorra, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Por otro lado, durante el Festival Kalagurrirock, agentes de la USECIC identificaron a un joven de 16 años que circulaba en patinete eléctrico sin luces, chaleco ni casco. Tras registrar sus pertenencias, intervinieron una bolsa de plástico que contenía cocaína en roca (suficiente para elaborar 49 dosis) y heroína en roca (para 105 dosis), lo que motivó su inmediata detención.

En total, se han retirado del mercado ilícito 175 dosis de sustancias estupefacientes, destacando especialmente las 105 dosis de heroína, una droga de elevada peligrosidad y alto poder adictivo cuya presencia resulta poco habitual en este tipo de dispositivos.

Además, cabe destacar que durante estos operativos también se han incautado diversas armas blancas. Sus portadores han sido sancionados conforme a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que prohíbe el porte de este tipo de objetos peligrosos en espacios públicos. De esta manera, se refuerza el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la prevención de incidentes violentos en la localidad.

La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento de dos agentes en acto de servicio en la mañana de este viernes, tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Si bien en un primer momento se informaba de un fallecido, así como de dos heridos graves y otro leve, finalmente fuentes del Instituto Armado han confirmado la muerte de otro de los agentes que se encontraban heridos.

Según han indicado fuentes conocedoras del caso a Europa Press, el suceso se habría producido a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, en una zona equidistante entre las provincias de Huelva y Cádiz, aunque de momento no ha trascendido zona concreta.

Hace dos años murieron otros dos guardias civiles por un choque similar en Barbate (Cádiz). El suceso, en el que dos agentes perdieron la vida tras ser embestidos por una narcolancha, puso en entredicho las condiciones en las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan su trabajo contra las redes de tráfico de drogas en el Estrecho de Gibraltar y se alzaron las voces para reclamar más medios materiales y humanos.

Los acontecimientos de hace un año se produjeron cuando una zodiac de la Guardia Civil acudió a un operativo para tratar de disuadir la presencia de varias embarcaciones de alta velocidad y gran envergadura –las llamadas gomas– que se estaban refugiando del temporal en el puerto de Barbate. Una de ellas arremetió en varias ocasiones contra la de los agentes, que era inferior en potencia y tamaño.

La última embestida fue la mortal, al pasar por encima de la zodiac y causar la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez. Además, otros tres guardias civiles quedaron gravemente heridos.

Dos guardias civiles con amplia experiencia en Servicio Marítimo

Desde la dirección general de la Guardia Civil se ha precisado que el accidente ha ocurrido en torno a las 11:00 horas, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Entonces se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuándo era trasladado al hospital. Además, han resultado heridos otros dos agentes, que en estos momentos están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración.

Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo JM, nacido en Villanueva del Rosario (Málaga), que ingresó en la Guardia Civil en 1994. Estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005, ocupando los empleos de guardia civil, cabo y sargento, antes de ir destinado a la Comandancia de Málaga, ya como alférez, en el año 2005. Como teniente, ocupó destino en las comandancias de Córdoba y Málaga, entre los años 2010 y 2018, antes de ingresar como capitán en el Servicio Marítimo Provincial de Huelva, en 2020. Contaba con numerosas felicitaciones y distintivos.

El otro guardia civil fallecido es Germán PG, nacido en Teruel, que ingresó en la Guardia Civil en 1989. Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad. En concreto, estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994, donde se encontraba destinado en la actualidad. Contaba con numerosas felicitaciones y distinciones. Entre ellas, una Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y cuatro cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

La Guardia Civil y la Policía Local de Logroño han desmantelado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba bajo la apariencia de un establecimiento clandestino dedicado a tatuajes, micropigmentación y piercing.

La intervención ha permitido retirar del mercado ilícito 824 dosis de cocaína y poner fin a una actividad completamente irregular, carente de cualquier control sanitario o administrativo. El local carecía de licencia y era utilizado como cobertura para ocultar el constante trasiego de pequeños traficantes y consumidores procedentes del núcleo urbano y del área metropolitana de Logroño, que acudían al lugar para abastecerse de droga.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha detenido a un varón de 39 años, de nacionalidad española y residente en Ventosa, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Asimismo, agentes de la Policía Local han tramitado contra este individuo las correspondientes infracciones administrativas derivadas de las irregularidades detectadas en el establecimiento. Entre ellas figuran la falta de autorización sanitaria, la ausencia de seguro de responsabilidad civil, el deficiente estado higiénico, la inexistencia de consentimiento informado, la falta de registro de clientes y la carencia de medidas de seguridad contra incendios.

Estas infracciones, catalogadas como graves, conllevan sanciones económicas que oscilan entre 601 y 15.025 euros.

La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando el Grupo de Apoyo de la Guardia Civil en Logroño puso en marcha un operativo para esclarecer si un vecino de Ventosa se dedicaba al tráfico de drogas.

Meses antes, en enero, este individuo había denunciado un robo en su vivienda, cometido por autores desconocidos que forzaron la entrada y sustrajeron diversos efectos y dinero en efectivo. Sin embargo, se negó a permitir el acceso de los agentes al interior del inmueble para verificar los hechos y realizar la correspondiente inspección ocular, lo que generó sospechas sobre la posible relación del robo con un ajuste de cuentas o un “vuelco” de droga.

Las gestiones practicadas permitieron constatar que ejercía como tatuador en un local de Logroño de forma completamente irregular, al carecer de inscripción y autorización para el desarrollo de esta actividad, lo que suponía un evidente riesgo para la salud de los clientes.

Asimismo, los agentes detectaron dos patrones de comportamiento claramente diferenciados: por un lado, clientes que accedían al establecimiento para la realización de tatuajes; por otro, una inusual afluencia de personas que entraban y salían en apenas unos minutos. Muchos de estos individuos contaban con antecedentes por delitos contra la salud pública o infracciones por tenencia y consumo de drogas.

Todos estos indicios permitieron concluir que, bajo la apariencia de una actividad de tatuaje, el establecimiento se había convertido en un punto de venta de sustancias estupefacientes. Además, su ubicación en las proximidades de un centro escolar incrementaba la gravedad de los hechos, al suponer un riesgo añadido para menores y para el entorno educativo.

Ante esta situación, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, junto al Servicio Cinológico con perros especialistas en la detección de sustancias estupefacientes, procedieron a la inspección del local y al registro de la vivienda en Ventosa, donde intervinieron cocaína en roca para la elaboración de 824 dosis, hachís, marihuana, comprimidos de viagra, dinero en efectivo, útiles para el pesaje y la distribución de las sustancias, así como armas prohibidas, entre ellas una defensa eléctrica, una catana y una pistola de CO₂ calibre 5,5. También se incautaron diversos objetos de dudosa procedencia, como teléfonos móviles y patinetes, presuntamente entregados como medio de pago para la adquisición de droga.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. Asimismo, las infracciones administrativas detectadas han sido remitidas a las administraciones competentes en materia sancionadora, al tiempo que se ha ordenado el precinto cautelar del local.

Mayte y Antonio llevan más de 20 años viviendo en la calle Botica, a escasos metros del número 12, un inmueble que esta misma semana ha sido tapiado por el Ayuntamiento de Cádiz tras ser señalado por los vecinos como un punto de venta de sustancias estupefacientes. Ambos superan los 70 años y, como tantas otras personas del barrio de Santa María, han empezado a cambiar rutinas. “Antes bajábamos tranquilos”, cuenta ella. “Ahora ya no”. Mayte ha dejado de llevar bolso por miedo a un tirón. Como ella, son muchos los mayores que evitan salir de noche y las familias que ya no dejan a sus hijos ir solos a comprar a las tiendas cercanas. El pasado viernes, Mayte y Antonio encabezaron la manifestación con la que el barrio quiso escenificar su rechazo a un mal que sienten de nuevo en sus calles: la droga.

Desde hace unos días, Santa María —el primer barrio del casco antiguo tras cruzar las Puertas de Tierra— está cubierto de pancartas hechas a mano, colgadas de los balcones. “Nuestro barrio no es un punto de venta”, se lee en una de ellas. La iniciativa ha sido fruto de una acción comunitaria acordada por una representación vecinal cansada de incidentes violentos, visitas indeseadas y una creciente sensación de inseguridad.

En los últimos meses se han sucedido los episodios que han colmado la paciencia del vecindario. La ocupación de una vivienda en la plaza de la Merced, que acabó derivando en una reyerta. Peleas con armas blancas. Y la detección de distintos puntos de compraventa de droga en pisos del barrio. La intervención policial en la finca de la calle Botica, con el desalojo y posterior tapiado del inmueble, ha sido el último ejemplo de una situación que ya había desbordado la convivencia.

El clamor vecinal se hizo visible el viernes pasado en una manifestación multitudinaria que recorrió todas las calles del barrio, sin dejarse ni una. El Ayuntamiento ha reforzado desde entonces la seguridad y la presencia policial en la zona.

“Menos menudeo y más menudo”

“Menos papelinas y más papelillos. Menos menudeo y más menudo”, reza otra de las pancartas, tirando de humor como forma de resistencia. Porque la inseguridad no solo está alterando hábitos y rutinas: también amenaza una de las señas de identidad de Santa María: su alegría.

Cuna de grandes flamencos y sede del Nazareno, alcalde perpetuo de Cádiz, en Santa María siempre se ha vivido todo con intensidad. Ha sido tradicionalmente uno de los núcleos más densamente poblados de la ciudad. Llegaron a concentrarse en torno a 5.000 en sus momentos de mayor ocupación repartidos en casas de vecinos, fincas antiguas y patios compartidos que alimentaban una vida comunitaria intensa. Hoy esa cifra ha descendido de forma notable: se estima que residen entre 2.000 y 3.000 personas, en un parque de viviendas compuesto por varios centenares de fincas, muchas envejecidas o transformadas por el auge del alquiler turístico.

“Lo más triste es que haya vuelto lo que conseguimos que desapareciera hace tiempo”, lamenta Antonio Setién, antiguo propietario de un comercio de alimentación emblemático del barrio y encargado de leer el comunicado final de la manifestación. En los años 80 y 90, Santa María protagonizó movilizaciones similares para expulsar el tráfico de droga de sus calles. Algunas de las personas que hoy vuelven a concentrarse ya estuvieron entonces.

“A nuestro barrio le han dado palos de sobra. Hemos visto cómo se marchaban los vecinos de toda la vida por problemas con las casas. Cómo cerraban las tiendas, entre ellas la mía. Y cómo nuestras plazas se quedaban sin niños. Nos han dejado de la mano de Dios. Pero después de todo lo que hemos pasado no vamos a permitir que la droga nos vuelva a robar la tranquilidad”, proclamó Setién entre aplausos. Las protestas actuales apelan a la memoria colectiva de un barrio que aún recuerda los estragos de la heroína, las vidas truncadas y las noches en vela.

“Los camellos, al desierto”

“Los camellos, al desierto”, se lee en otra tela que cruza de balcón a balcón. “Antes mandaban a los niños a comprar, ahora ya no bajan solos”, explica uno de los tenderos desde detrás del mostrador. Habla de consumidores que buscan dinero o cualquier objeto de valor con urgencia, y de un clima de amenaza constante que afecta tanto a los negocios como a la vida cotidiana.

Desde hace una semana, los vecinos se organizan en brigadas nocturnas para impedir que compradores y vendedores de droga actúen con impunidad. Cuando detectan movimientos sospechosos, avisan a la Policía. La presión vecinal ya ha tenido un efecto inmediato: tras la repercusión mediática, el Ayuntamiento ha incrementado la presencia de la Policía local. El alcalde, Bruno García (PP), que asistió a la protesta junto a concejales de su gobierno, recuerda no obstante que la lucha contra la droga y la seguridad ciudadana son competencias de la Policía Nacional, dependiente del Gobierno central.

Más allá del reparto de responsabilidades, los mensajes que cuelgan hoy de las fachadas del barrio insisten en una misma idea: frente al miedo, la unidad. Santa María ya sabe lo que es perder demasiado y no está dispuesta a repetir la historia. El barrio que un día se organizó para expulsar la droga vuelve ahora a hacerlo, con la memoria intacta y el miedo controlado. Para que las pancartas ya no hagan falta. Para que Mayte y Antonio puedan bajar otra vez tranquilos por la calle Botica.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que trató de deshacerse de dos paquetes de cocaína circulando a gran velocidad con un patinete eléctrico en Carabanchel, mientras era perseguido por una patrulla de agentes. Ocurrió el pasado 10 de abril en este distrito de Madrid, y ahora le acusan de un posible delito contra la salud pública.

Ese día, varios policías del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) se percataron de que un hombre circulaba a velocidad excesiva con su patinete y ponía en peligro al resto de usuarios de la vía. En un comunicado emitido por el cuerpo se explica que este hombre también ignoró las indicaciones previas que emitieron las autoridades.

En ese momento la Policía inició una persecución, momento en el que el sospechoso se deshizo de dos paquetes arrojándolos a la vía e intentó acceder a un domicilio. Sin embargo, los agentes lograron interceptarle antes, y también consiguieron recuperar los dos paquetes, los cuales se comprobó que eran dos kilos de cocaína.

Durante el cacheo del sospechoso se le incautaron más de mil euros en efectivo y, posteriormente, durante el registro de su vivienda y dos trasteros se encontraron útiles para la preparación y venta de sustancias estupefacientes. Por estos hechos, el sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Ciudad Real ha interceptado un vehículo en la A-4, que circulaba sentido Madrid y que llevaba una carga de más de 45 kilos de cocaína.

Durante la realización de este dispositivo a la altura del término municipal de Manzanares (Ciudad Real) este vehículo, una furgoneta pequeña, fue introducida en el control para su inspección por parte del perro del servicio cinológico y su posterior registro por los agentes. Avanzando por el vehículo el guía canino con el perro de servicio, este detectó varios puntos que necesitaban de una revisión más profunda, por lo que el vehículo fue trasladado a el acuartelamiento de Manzanares donde se podría inspeccionar a fondo.

Un perro del servicio cinológico marcó el escondite

Una vez allí, se revisaron todas las zonas que una vez más volvió a marcar el perro especializado en la detección de estupefacientes, levantando los asientos y la moqueta se consiguió vislumbrar a través de una rendija lo que parecían ser unos paquetes de color verdoso, marrón y negro. Una vez que el hueco fue totalmente abierto se localizaron 40 paquetes rectangulares de lo que se presumía era cocaína. Una vez pesados los paquetes, estos arrojaron un peso total de 45.6 kilogramos de cocaína según el narcotest.

La carga será enviada a la Delegación de Sanidad que fijará tanto el peso total exacto como su pureza.

En cuanto al único ocupante y conductor, residente en Madrid, fue detenido por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, siendo remitidas estas diligencias y el detenido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Manzanares.

Un operativo conjunto entre Policía Nacional y Guardia Civil ha permitido desarticular en Sevilla a una organización criminal que se dedicaba a la distribución y venta de droga. La investigación se ha saldado con 17 detenidos y 3.370 kilos de hachís, 288 kilos de cocaína y seis armas de guerra incautadas. La banda contaba con “guarderías” y “buzones” en Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz para guardar y distribuir las sustancias. 

La operación “Itálica 153 Legs/Avant”, como ha sido llamada por las autoridades, tenía su sede principal en la provincia de Sevilla, si bien contaba con puntos para esconder la droga, conocidos coloquialmente como “guarderías”, y otros puntos de entregas o “buzones” en el resto de provincias de Andalucía occidental. En un principio, Guardia Civil y Policía Nacional mantenían investigaciones abiertas en paralelo pero, tras la unificación, se permitió conocer a todos los integrantes del grupo criminal y averiguar sus roles específicos. 

Su modus operandi destacaba por el uso de vehículos en funciones de lanzadera, que tenía como objetivo detectar con antelación los dispositivos operativos policiales y garantizar la seguridad del vehículo de carga hasta su destino final. La gran movilidad e itinerancia de los narcotraficantes, hizo que los investigadores se vieran obligados a precipitar una primera fase de explotación durante el transcurso de uno de los “narcoviajes”, lo que permitió la interceptación simultánea de los detenidos en las provincias de Almería, Murcia y Sevilla. 

Como consecuencia se ha desarticulado la banda y se han detenido a 17 personas, de los cuales a 12 se les ha decretado el ingreso en prisión provisional. Por otro lado, se han incautado un total de 3.370 kilos de hachís y de 288 de cocaína y se han intervenido seis armas de guerra, entre las que hay cuatro subfusiles “Skorpion” con silenciadores y dos fusiles de asalto “AK-47”, todos ellos con munición. 

Entre el total de la droga incautada durante la investigación, destaca la intervención de 500 kilos de hachís en Jerez de la Frontera (Cádiz) y otros 720 kilos en Burgos. Asimismo, la investigación ha podido demostrar que la red logró mover un volumen aproximado de 285 fardos, con unos 9.400 kilogramos de hachís, entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026. 

El operativo ha sido desarrollado y ejecutado de forma conjunta por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil de Sevilla, la Sección de Crimen Organizado de la UDYCO Costa del Sol de Málaga y el GRECO de Cádiz, perteneciente a la Brigada Central de Policía Judicial de Policía Nacional. 

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y Policía Nacional, han detenido a 13 personas que formaban una organización criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa.

Ha sido desmantelado un 'macrolaboratorio' de extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína en una nave industrial de la localidad de Gerindote (Toledo), según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

También se han realizado cuatro registros más en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid, con la incautación de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego y chalecos antibalas, además de intervenciones en Málaga, La Rioja y Bizkaia, en nuestro país, y en Cartagena (Colombia).

Las investigaciones de esta operación, de nombre 'Sircan', se remontan al año 2022, cuando la Guardia Civil descubrió el posible tráfico de cocaína desde Hispanoamérica a Europa mediante su ocultación en contenedores marítimos con destino Rotterdam (Países Bajos).

Desde allí era distribuido a España y a distintos puntos europeos. Las actuaciones policiales conjuntas descubrieron la existencia de un 'macrolaboratorio' clandestino de cocaína en un pueblo de Toledo. Estaba ubicado en un polígono industrial, integrado con otros negocios e industrias, dando una apariencia totalmente lícita.

Sin embargo, en el interior de la nave se habían acondicionado distintas dependencias destinadas de forma específica a la extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína.

El laboratorio estaba operado por expertos 'cocineros' colombianos traídos expresamente por la organización para procesar la sustancia estupefaciente. El área principal del laboratorio estaba organizada en varias zonas diferenciadas: extracción, precipitación y filtrado, y, por último, prensado y empaquetado.

En cada una de estas zonas se desarrollaba una actividad continua, en turnos durante las 24 horas del día, orientada al procesamiento de cocaína base y su posterior transformación en clorhidrato de cocaína, que era presentado en forma de 'ladrillos' y sellado con los distintos logotipos utilizados por la organización para diferenciar su producto en el mercado ilícito.

Laboratorio en plena producción

En el momento de la intervención, el laboratorio se encontraba en plena producción y con sustancia en distintas fases del proceso, desde mezclas liquidas de cocaína base con disolventes, hasta ya el clorhidrato de cocaína finalizado.

Fueron intervenidas más de siete toneladas de harina de maíz utilizada como medio de ocultación y transporte, impregnada con cocaína base. También se encontraron nueve kilos de cocaína de una pureza próxima al 93% ya procesada y empaquetada, dispuesta para su venta.

Durante el desmantelamiento de la infraestructura se intervinieron 3.500 kilos de distintos precursores, tanto sólidos como líquidos, utilizados en las diversas fases de la extracción y procesamiento de la droga.

El laboratorio estaba equipado con todos los útiles y materiales necesarios, y constituía para la organización una fuente estable y continua de producción de sustancias estupefacientes.

Además del clorhidrato de cocaína se han incautado diversas cantidades menores de otras sustancias como cocaína rosa, 'MDMA', 'popers', marihuana, 90 comprimidos para la disfunción eréctil y bolsas de 'Paprika'.

Intervenciones en Colombia y en cinco provincias españolas

La operación se desarrolló en tres fases principales. La primera, llevada a cabo en Cartagena (Colombia) en abril de 2025, donde se incautó cerca de una tonelada de clorhidrato de cocaína.

La segunda fase y principal se llevó a cabo en febrero de este año en España. En ella, se desmanteló el laboratorio en Gerindote (Toledo) y se realizaron cuatro registros más en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. Durante esta intervención fueron detenidas siete personas, entre ellos el líder de la organización criminal.

Se incautaron alrededor de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, cientos de cartuchos de munición de distintos calibres, tres chalecos antibalas, dos pistolas eléctricas incapacitantes, una máquina de contar dinero, móviles, documentación, una gran cantidad de sustancias estupefacientes y tres vehículos de alta gama.

La última fase tuvo lugar en marzo, con intervenciones en las provincias de Málaga, La Rioja y Bizkaia, donde se incautaron alrededor de 70.000 euros en efectivo, procedentes del tráfico de drogas, o relojes de marcas de lujo, entre otros efectos.

La operación culminó con la práctica del resto de detenciones, con un total de 13 personas integrantes de la organización criminal arrestadas.

Investigación de blanqueo

Paralelamente, la Unidad Operativa de Toledo de Vigilancia Aduanera ha realizado el estudio de las relaciones patrimoniales y económicas entre los investigados, que han dado como resultado la adopción de medidas cautelares contra siete inmuebles, 17 vehículos y once cuentas bancarias.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Operativa de Toledo de Vigilancia Aduanera, la Policía Judicial de la Guardia Civil en Toledo, y la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En Colombia fue la Policía Antinarcóticos de dicho país la que efectuó la inspección y aprehensión en el puerto de origen.

Durante el desarrollo de la operación ha sido de gran importancia la cooperación policial internacional entre diversos países (EEUU, Colombia, Perú y Uruguay), así como de Europa (Francia, Países Bajos y Portugal), habiéndose llevado a cabo incluso actividad operativa en Colombia, Perú y Portugal, que ha sido crucial para el resultado conseguido.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de tráfico de drogas, tras intervenirle más de 700 gramos de marihuana y hachís que transportaba en su vehículo cuando circulaba por la carretera N-630, a la altura del término municipal de Oliva de Plasencia, en la provincia de Cáceres.

La actuación tuvo lugar en la madrugada del pasado 10 de abril, en el marco de un dispositivo de seguridad ciudadana orientado a prevenir el tráfico de drogas en zonas de ocio y diversión de la provincia, según ha informado la Guardia Civil. Durante el control, los agentes interceptaron un turismo en el que viajaban dos hombres, ambos vecinos de Plasencia (Cáceres), y al proceder a su identificación percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo.

Ante esta circunstancia, los guardias civiles realizaron un registro del coche, en cuyo interior localizaron una bolsa con cogollos de marihuana en la parte trasera, así como tres tabletas de resina de hachís en la guantera. La sustancia intervenida fue trasladada al puesto de la Guardia Civil de Zarza de Granadilla donde, tras su pesaje, se confirmó que se trataba de 420 gramos de marihuana y 300 gramos de hachís.

El conductor del vehículo reconoció ser el propietario de la droga, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Plasencia.

El Ministerio Fiscal solicita un total de 23 años y seis meses de prisión para tres acusados de delitos contra la salud pública y por pertenencia a grupo criminal. El juicio -con previsión de conformidad- se celebrará en la Audiencia Provincial de Logroño este próximo martes.

De acuerdo con el escrito de la acusación, los hechos se remontan al año 2025, cuando, “tras haberse detectado la proliferación del comercio de sustancias estupefacientes alrededor de la calle Gonzalo de Berceo de Logroño, por parte de las fuerzas policiales se practicaron diversas aprehensiones”. Entre ellas, destacan “entre febrero y abril del año 2025 un total de 16 aprehensiones de sustancias, de ellas 8 a los tres acusados-, tanto de marihuana como de hachís y cocaína”.

Esto provocó su seguimiento por parte de las fuerzas del orden, “consecuencia del cual se pudo detectar hasta en 31 ocasiones que las sustancias que portaban eran distribuidas entre conocidos consumidores de las mismas tanto en la vía pública como en su domicilio”.

Consecuencia de estos descubrimientos, “se solicitó la entrada y registro del domicilio en el que se encontraban domiciliados los tres acusados”, en la calle Gonzalo de Berceo, así como en otra vivienda, en la calle Pérez Galdós también de la capital riojana, donde vivía uno de ellos. En concreto, en el domicilio de la calle Pérez Galdós fueron halladas, además de bolsas con recortes, una balanza de precisión, bolsitas zip termoselladas con restos de cocaína y tussi, bolsas de plástico como las aprehendidas a los distintos compradores, y 1.170 euros.

A ello se suman tres pastillas de color rosa con la inscripción “kenzo” de MDMA ÉXTASIS con un peso bruto de 1,82 gr. y neto de 1,56 y un precio de 39,93 euros; dos bolsas transparentes con cocaína al 68.0 y al 67,3 % y un peso bruto de 6,11 gr y un valor de 366,78 gr; un trozo de sustancia marrón, tratándose de hachís, con un peso de 1,93 gr brutos y 1,83 netos de cannabis al 25,7 % y un precio de 13,18 euros; cogollos de marihuana con envases de 60 gr., 18 gr. Y 9 gr. (total 87 gr brutos) y un precio de 546,36 euros; y una bolsa con polvo de color rosa con un peso de 246 gr. (226,12 netos). El precio total de la droga asciende a 1.116,97 euros.

En la calle Gonzalo de Berceo, por su parte, se hallaron un cigarrillo de marihuana de un peso de un gramo (0,48 neto) y un valor de 6,28 euros; una balanza de precisión de la marca “silver crest”; trozos de éxtasis y envoltorios con placas de hachís con el anagrama “super lemon haze”; dos bolsas de marihuana con un peso bruto de 26,50 gr y 12,50 gr; una papelina de cocaína con un peso de 0,7 gr y un precio de 42,02 euro; sustancia en polvo consistente en MDMA EXTASIS con 1,1 gr y 58,56 euros de precio; un rollo de film transparente, una báscula de precisión; anotaciones manuscritas con nombres de personas y cantidades y trece envoltorios con cogollos de marihuana con un peso bruto de 39 gr y un valor de 244,92 euros.

De este modo, las sustancias vendidas por uno de los acusados que cuenta con antecedentes de condena por delito de tráfico de drogas-, aprehendidas a los compradores alcanza los 19,9 gr. de marihuana con un valor de 124,97 euros y la cocaína vendida a x con un peso de 0,65 gr, con un precio de 39,02 euros. Las sustancias vendidas por otro acusado con un peso total de 24 gr. de marihuana asciende a 150,72 euros. Las sustancias vendidas por el tercer acusado intervenidas a los distintos compradores asciende a un total de 27,29 gr de hachís y un precio de 376,33 euros.

La marihuana aprehendida a los distintos compradores arrojan un total de 24 gr con un precio de mercado de 150,72 euros.

Todas las sustancias encontradas están catalogadas como sustancias que causan un grave daño a la salud. Los tres acusados “actuaban de consuno repartiendo bajo precio las sustancias de la misma naturaleza”. Por consiguiente, por parte de la acusación se considera que todos estos hechos constituyen un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y no grave daño a la salud, así como otro delito de pertenencia a grupo criminal.

Así, se plantea que procede imponer, por el primero de los delitos, a uno de los acusados una pena de 6 años de prisión y multa de 2.500 euros; a un segundo, cuatro años de cárcel y multa de 2.500 euros; y al tercero, cuatro años de prisión y multa de 2.500 euros.

Por el segundo de los delitos, además, se pide para cada uno de ellos 30 meses de prisión, además de expulsión del territorio nacional por diez años una vez cumplan la pena de prisión.

El Ministerio Fiscal solicita un total de 24 años y 3 meses de prisión para seis personas acusadas por varios delitos de posesión y tráfico de drogas, a lo que se suma que a tres de estos acusados se les solicita un total de 4 años y 6 meses más de cárcel por otro delito de integración en grupo criminal. Estos hechos van a ser juzgados en dos sesiones, que están previstas para estos próximos días 13 y 14 de abril, lunes y martes, en la Audiencia Provincial de Logroño.

Como detalla el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan al año 2022, cuando en la Jefatura Superior de Policía de Logroño “se recibieron diferentes quejas vecinales en relación a la posible existencia de dos puntos 'negros' de venta de sustancias estupefacientes”. Según la información recabada, prosigue la acusación, “los encargados de la venta y distribución de esas sustancias serían dos familias de etnia gitana, con parentesco entre sí”.

Serían, además, “conocidas por ese Grupo de Investigación -en referencia a la UDYCO de la Policía Nacional-, ya que a diferentes miembros de las mismas se les había detenido con anterioridad como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas”.

Los referidos puntos de venta de sustancias estupefacientes se corresponderían con dos domicilios situados en otras tantas calles del barrio de Varea de la capital riojana, en los que se fueron realizando diferentes seguimientos y actuaciones policiales. En este sentido, se cita en primer lugar un 'pase' de droga detectado en la zona de Avenida de la Solidaridad de Logroño, en enero de 2022; otro, en la zona de las calles Cigüeña con Beatos Mena y Navarrete, en febrero del mismo año; una tercera, ya en mayo de 2023 -el día 16, en concreto-, en una de las viviendas del barrio de Varea.

Justo un día después, el 17 de mayo de 2023, el escrito refiere hasta otras cuatro actuaciones también relacionadas con este mismo domicilio. En todas ellas -excepto en una, en las que el presunto comprador apuntó que “había acudido a pillar pero que no se le había vendido nada”-, se intervinieron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes, sobre todo heroína y cocaína.

A ello se suman otras dos intervenciones policiales, una el 18 de mayo de 2023, en la que se realizó un seguimiento desde uno de los domicilios de Varea hasta la localidad de Villamediana; y otra, el 24 de mayo, cuando se autorizó la entrada y registro en los dos domicilios situados en este barrio logroñés, así como en sus trasteros y garajes anexos.

Como resultado de esta práctica, en el escrito de la Fiscalía se detalla que, en el primero de los pisos se encontraron, entre otros efectos, varias básculas de precisión, alguna de ellas “con restos de sustancias pulverulentas de color blanco (cocaína) y marrón (heroína)”; tres cuchillos tipo machete; ocho navajas; un puñal; una carabina de aire comprimido; varios dispositivos móviles; o cinco relojes de marca.

A ello se suman “un envoltorio de color blanco que su interior contiene 17,13 gramos brutos de sustancia marrón en roca, heroína (peso neto 14,34 gramos, con una riqueza media del 13,4%), con un valor en el mercado ilícito de 2.743 euros, sustancias destinadas a su venta a terceros en el mercado ilícito”.

También “una bolsa transparente con un peso bruto de 27,54 gramos de sustancia blanca en roca, cocaína (peso neto 27,14, con una riqueza media del 52,1% y un valor en el mercado ilícito de 3.551,95 euros)”.

E, igualmente, una tercera bolsa “de color blanco con goma de color rosa y transparente de cierre conteniendo sustancia blanca en polvo, cocaína, con un peso bruto de 2,96 gramos (peso neto 2,21 gramos, con una riqueza media del 14,2% y con un valor en el mercado ilícito de 96,13 euros), con un valor total en el mercado ilícito de 1.065,56 euros, sustancias destinadas a su venta a terceros en el mercado ilícito”.

Además, en este primer domicilio se hallaron diversas cantidades de dinero repartidas en varias cajas de caudales, que sumaban un total de 1.677 euros, tanto en billetes de 50, 20 y 10 euros, como en monedas de 1 y 2 euros, “procedentes -dice el escrito- de la venta a terceros de sustancias estupefacientes”.

En el segundo de los pisos, por su parte, se hallaron, en este caso en billetes de 100, 50, 20 y 10 euros, una cantidad total de 12.580 euros, igualmente “procedentes -dice el escrito- de la venta a terceros de sustancias estupefacientes”, así como una balanza de precisión, entre otros efectos.

Todo ello, para la acusación, supone varios delitos: uno, contra la salud pública en su modalidad de posesión con fines de tráfico; y otro, de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, de los que se responsabiliza a los seis acusados -uno de ellos, con el agravante de reincidencia-. Además, en el caso de tres de ellos se considera que han incurrido en un delito de integración en grupo criminal.

Por eso, se apuntan condenas individuales que van desde los 6 años de cárcel -en un caso-; 4 años y tres meses de prisión -para otro de los acusados-; y 3 años y seis meses para los otros cuatro acusados, así como multas -de entre 100 y 10.000 euros- que suman 30.800 euros. A ello se añade que, para tres de los acusados, en el caso del delito de integración en grupo criminal, se piden penas individuales de un año y seis meses de prisión.

La investigación de la Policía Nacional sobre una de las mayores redes de tráfico de hachís asentadas en Ceuta dibuja un entramado en el que la corrupción de agentes —principalmente de la Guardia Civil— aparece como una pieza estructural del negocio. Las conversaciones intervenidas revelan que los sobornos a miembros de las fuerzas de seguridad —tanto en Marruecos como en España— no solo facilitaban el paso de la droga, sino que resultaban imprescindible incluso para acceder a grandes partidas en origen. “Sin agentes pagados ni nos venden la droga”, llega a reconocer uno de los cabecillas.

En paralelo, la trama mantiene vínculos con figuras del narcotráfico internacional, como el conocido como ‘Messi del Hachís’, que, según relata un ex guardia civil implicado, llegó a regalar relojes de lujo —un Patek Philippe— tanto a él como al futbolista Sergio Ramos. Todo ello en una organización que operaba mediante lanchas, camiones y narcotúneles, incluido un segundo paso subterráneo en construcción tras el descubierto en el Tarajal. A lo largo de los casi 500 folios de investigación, hay una constante que se repite en distintos momentos, escenarios y conversaciones: la necesidad de “pagar” para que la droga circule.

Los investigadores detectan referencias explícitas a pagos de hasta 120.000 euros a agentes, descritos en las conversaciones como “los de las gorras”, a cambio de facilitar el tránsito de la mercancía. En otros momentos, los propios integrantes de la red atribuyen fracasos en operaciones a fallos en la cadena de sobornos. Tras la incautación de un cargamento de 15 toneladas en Almería —ocultos en patatas simuladas con plástico y escondidas en sacos dentro de un camión que venía de Nador—, uno de los líderes especula abiertamente con esa posibilidad: la droga no habría pasado porque el dinero no llegó a tiempo a quienes debían mirar hacia otro lado. La reacción inmediata no es replantear la logística, sino verificar si el pago se ejecutó correctamente.

Ese patrón se repite en múltiples conversaciones. La organización da por hecho que el paso de grandes cantidades de hachís depende de la compra de voluntades entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto es así que uno de los cabecillas admite que sin esos pagos previos ni siquiera los proveedores acceden a vender grandes cantidades de droga.

Construyendo el segundo narcotúnel

El otro eje fundamental de la investigación es el uso de infraestructuras subterráneas para introducir la droga en Ceuta. La organización ya había estado detrás primer narcotúnel descubierto en el polígono del Tarajal —conducto que reconocen haber detonado antes de que la Guardia Civil lo encontrara—, y lejos de abandonar esa vía, trabaja en la construcción de un segundo paso. Las conversaciones intervenidas sitúan a los cabecillas planificando la obra, hablando de materiales, mano de obra y de la necesidad de reducir la presión policial en la zona. En uno de los diálogos, un colaborador advierte de la presencia constante de la gendarmería marroquí en el entorno donde se ubicaría la entrada.

El propio líder de la red asume la responsabilidad directa sobre la infraestructura. En conversaciones anteriores ya había reivindicado la autoría del primer túnel, asegurando haber introducido toneladas de droga por esa vía. Ahora, el objetivo es consolidar una alternativa más discreta frente a las rutas marítimas, cada vez más expuestas.

La construcción del nuevo túnel se convierte en una prioridad operativa. Hablan de metros pendientes, de la necesidad de introducir a trabajadores de forma clandestina en Ceuta y de coordinar el reparto de funciones: uno se encargaría de la entrada de la droga y otro de su distribución en territorio español.

Exagentes, contactos y relaciones peligrosas

Dentro de ese entramado, la figura de un ex guardia civil resulta especialmente significativa. Ángel A.F., ya retirado, mantiene una relación directa con la organización, participando en operaciones y actuando como intermediario. Las conversaciones revelan que no solo facilita contactos dentro del Instituto Armado, sino que también participa en la compraventa de droga y en la gestión de información tras incautaciones. En un momento dado, el cabecilla recurre a él para averiguar qué ha fallado tras una intervención policial en Almería. Su papel va más allá de lo operativo. En una conversación con un conocido, relata un encuentro con una figura de primer nivel en el narcotráfico internacional: Abdellah El Haj Sadek El Menbri, conocido como el ‘Messi del Hachís’. Describe con detalle su casa, su colección de relojes y un episodio concreto en el que este le habría regalado un Patek Philippe.

El relato incluye una referencia llamativa: ese mismo narco habría hecho un regalo similar al futbolista Sergio Ramos en una noche de fiesta. La escena, narrada con naturalidad, muestra el nivel de relaciones en el que se movían algunos de los implicados. Días después, el ex agente aparece contando grandes cantidades de dinero en efectivo junto a otros individuos, con el objetivo de comprar décimos premiados de la Lotería de Navidad. Los investigadores interpretan esta práctica como un mecanismo para blanquear capitales.

Una logística sostenida sobre sobornos

La red dirigida por ‘Amandis’ —nombre de la empresa de la luz marroquí en la que trabajaba antaño el investigado— y ‘El Holandés’ operaba a gran escala. Movía toneladas de hachís desde Marruecos hacia España y Europa utilizando una combinación de rutas marítimas, terrestres y subterráneas, merced a la colaboración de narcos de la Costa del Sol y Galicia. En cada fase del proceso, la corrupción aparece como un elemento transversal. Desde la salida de la droga en origen hasta su distribución final, los implicados hablan de pagos, contactos y garantías. La existencia de agentes que no aceptan sobornos también forma parte de sus conversaciones, identificados como un riesgo añadido.

En uno de los diálogos, los cabecillas mencionan expresamente a un inspector de la UDYCO que, según dicen, no entra en la dinámica. La incertidumbre que genera la incorruptibilidad de algunos condiciona decisiones operativas, incluyendo la elección de rutas o el volumen de los cargamentos. La red busca constantemente minimizar riesgos dentro de un esquema en el que el soborno es la base.

A lo largo de la investigación, la Policía Nacional logra interceptar numerosos cargamentos: 600 kilos en Arcos Quebrados —gracias a un incendio en la casa de uno de los miembros de la red—, más de 400 en el Serrallo (ambos barrios de Ceuta), otros 650 en Écija o casi 500 en una furgoneta interceptada en Málaga. Los golpes policiales muestran las conversaciones grabadas, generan tensiones internas, sospechas de chivatazos y reajustes en la operativa. Sin embargo, la actividad no se detiene. Tras cada intervención, los miembros de la organización analizan qué ha fallado, reparten pérdidas y preparan nuevos envíos. En muchos casos, la primera hipótesis vuelve a ser la misma: si alguien no ha cobrado.

La red mantiene contactos en distintos puntos de España —Andalucía, Galicia, Madrid o Valencia— y en varios países europeos. También explora nuevas rutas y métodos, desde narcolanchas hasta túneles, pasando por vehículos con dobles fondos o convoyes con lanzaderas.

El volumen económico del negocio es elevado. Manejan cifras de cientos de miles de euros por operación y gastos millonarios en logística, combustible para las narcolanchas, que en ocasiones permanecen en la mar hasta quince días esperando a descargar o pagos a colaboradores.

Violencia, amenazas y control interno

El funcionamiento de la organización no se limita al tráfico de droga. Las conversaciones intervenidas reflejan un clima de presión constante, con amenazas hacia quienes consideran responsables de filtraciones. El nombre de Himad T.B., vinculado al descubrimiento del primer narcotúnel, aparece de forma recurrente. Los cabecillas lo señalan como “chivato” y llegan a plantear acciones violentas contra él, incluyendo la contratación de terceros para atacarlo.

Ese episodio evidencia el grado de control que intenta mantener la organización sobre su entorno y las consecuencias de romper la omertá.

El Grupo de Protección y Atención Ciudadana de la Comisaría de Elizondo de la Policía Foral ha interceptado, en tres intervenciones recientes, un total de 56 kilos de droga y ha detenido a siete personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Las operaciones han sido realizadas en la  N-121-A y su entorno, “un eje de paso para los grupos especializados en el tráfico de drogas y estupefacientes hacia la Unión Europea”.

En una de las intervenciones, los agentes de la Comisaría de Elizondo abordaron durante una patrulla en un turno de noche a un vehículo con dos ocupantes que levantó “sus sospechas”. El coche, matriculado en Alicante, hizo “el amago de detenerse”, pero de forma “brusca” huyó cuando los agentes se acercaron. En ese momento, comenzó una persecución hasta la localidad de Sunbilla, lugar en el que uno de los ocupantes escapó del turismo con una maleta. A estos agentes se les unieron otros efectivos que buscaron a los dos hombres por las orillas del Bidasoa y sus rutas cercanas (Vía Verde). A uno de ellos lo localizaron en un parque de Santesteban, aunque “emprendió una nueva huida a la carrera”. Tras una noche de persecuciones, y con el apoyo de efectivos de Pamplona, los dos fugitivos, dos varones de 21 y 23 años, fueron encontrados en la misma localidad con sus ropas mojadas. El vehículo también fue localizado en Santesteban y la maleta que portaban contenía 49 kilos de hachís y 7 de marihuana. Las autoridades judiciales decretaron con posterioridad el ingreso de prisión de ambos detenidos.

En otra operación, se interceptó por la mañana una furgoneta durante un control rutinario de los agentes de la comisaría baztanesa. Aunque en un principio solamente había tres ocupantes, en la inspección del vehículo apareció un cuarto tumbado entre unos cojines. Todos ellos mostraban una “actitud nerviosa y esquiva”. De hecho, uno de ellos arrojó al exterior una bolsa de polvo blanco y en los cacheos a otro le encontraron en el bolsillo 2.000 euros y a un tercero diferentes dosis de marihuana. Cuando se le realizó un registro “minucioso” del vehículo, junto a otra patrulla, se ecnontró una mochila escondida con 10.000 euros y 175 gramos de una sustancia pulverulenta (compatible con cocaína). los cuatro ocupantes fueron detenidos por un presunto delito de tráfico de drogas.

En una tercera intervención, realizada durante la tarde, los agentes detectaron a alta velocidad a un vehículo cuyo conductor tenía un amplio “historial”. Ante “el nerviosismo mostrado por el joven en el momento” de ser parado por la patrulla, se le practicó un registro en el que se encontraron 207 gramos de speed en el maletero del coche. Fue detenido también por un delito contra la salud pública.

La vía “es un territorio de paso que los agentes de la Policía Foral conocen y controlan en el día a día, para luchar contra este fenómeno criminal”. La Comisaría de Elizondo, pero también unidades del resto de comisarías, en especial las unidades de seguridad ciudadana y de investigación criminal, “atesoran una práctica operativa y judicial que se traduce en controles, conocimiento del entorno y de las prácticas criminales, lo que les conduce” a resultados estos.