El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria (UC) ha aprobado hoy la oferta de titulaciones oficiales para el curso académico 2026-2027, que incorpora tres nuevos grados y un itinerario de doble titulación en el ámbito de la Ingeniería Civil.

La nueva oferta incluye el grado en Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil, que será impartido por la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; el grado en Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos, promovido por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; y el grado en Terapia Ocupacional, que será ofertado por el centro adscrito Gimbernat Cantabria.

Además, se ha dado luz verde a un itinerario de doble titulación que permitirá cursar de forma simultánea el grado en Ingeniería Civil y el nuevo grado en Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil. Este programa contará con un cupo inicial de 20 plazas de nuevo ingreso en el curso 2026-2027, ha informado la institución académica.

Por otra parte, se ha aprobado la modificación del plan de estudios del grado en Logopedia, culminando así el proceso de adaptación de todos los títulos de grado al Real Decreto 822/2021. Dentro de la planificación académica para el próximo curso, el Consejo de Gobierno ha acordado igualmente el aumento de plazas en el doble grado en Derecho y Administración de Empresas, atendiendo a la demanda registrada en cursos anteriores.

En el ámbito de los estudios oficiales de posgrado, la universidad adelantará a marzo la apertura de los procesos de admisión y prematrícula para buena parte de los programas de Máster Universitario, con el objetivo de facilitar la planificación académica del estudiantado.

Calendario académico y PAU

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el calendario académico para el curso 2026-2027, que mantiene una estructura similar a la del curso actual. Así, las clases del primer cuatrimestre comenzarán el 7 de septiembre y finalizarán el 15 de diciembre; mientras que el segundo periodo comenzará el 3 de febrero y finalizará el 20 de mayo.

Además, la institución académica prevé la creación de un grupo de trabajo para analizar posibles modificaciones, a partir de un estudio de los datos e indicadores académicos y de sus implicaciones administrativas y docentes.

Por otro lado, el órgano ha dado luz verde también a los criterios de ponderación de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) correspondientes a las nuevas enseñanzas. Entre el resto de temas abordados en la reunión está la actualización del Plan de Medidas Antifraude y se ha presentado el informe anual de la Comisión de Convivencia correspondiente a 2025.

Mi relato es el relato compartido de muchos compañeros que pasamos por una universidad privada de Granada llamada Campus Europeo de Estudios Superiores de Granada (ESCO) -hoy rebautizada como New Digital Talent-. Una institución que, bajo la promesa de ofrecer titulaciones que no estaban disponibles en la Universidad de Granada, jugó con las ilusiones y el capital económico de decenas de jóvenes y sus familias, llegando incluso a los tribunales, sin que la justicia actuase.

Todo comenzó en 2009, recién salida de Selectividad. Un panfleto me llevó a conocer aquella universidad en Granada. Nos convencieron con instalaciones bien equipadas, discursos esperanzadores y promesas de títulos válidos a nivel internacional. Mis padres, con mucho esfuerzo, aceptaron pagar 450 euros al mes durante cuatro años. Una “gran oportunidad”. Las tarifas: 4.200 euros por curso, con reserva anual de otros 450. En total, unos 17.000 euros por una carrera universitaria que, decían, equivalía a cualquier grado oficial en España y el resto de Europa. Que era Plan Bolonia, pero no.

Durante los años de estudio todo parecía normal. Profesores admirables, compañeros increíbles y un ambiente optimista. Eso sí, las becas nunca llegaban y las prácticas eran un poco precarias para lo que pagábamos. A mitad de la carrera comenzaron a sonar alarmas: noticias en El País (2007), El Mundo (2008) y la BBC (2011) alertaban sobre irregularidades en los títulos de la ESCO. En clase, cuando un compañero mostró el artículo de la BBC, el profesor bromeó, pero nosotros no teníamos ganas de reír. La dirección envió una carta de siete páginas intentando tranquilizarnos: aseguraban que el título seguía siendo “válido y oficial dentro de la Unión Europea”, amparado por el Espacio Europeo de Educación Superior.

Sin embargo, esa carta solo escondía un problema que ya existía. Nadie nos había advertido de que la Junta de Andalucía había modificado la Ley Andaluza de Universidades en 2011, dejando fuera de reconocimiento los títulos expedidos por universidades extranjeras. Nosotros, jóvenes de 17 o 18 años, no teníamos por qué conocer la legislación universitaria. La responsabilidad era de la universidad, que siguió vendiendo ilusión.

Un título no reconocido

En 2014 llegó el día de la graduación. Vestido, aplausos, orgullo. Pero cuando intenté inscribirme en la bolsa de empleo me dijeron que mi título no existía. Ni grado ni nada. Volví llorando a casa. La dirección de la universidad me dijo que “sólo faltaba la traducción jurada”. Me la hicieron y volví a la oficina con todos los papeles: título, traducción, carta del British Council y la esperanza intacta. La funcionaria llamó a ESCO y, tras escuchar la respuesta, me dijo con pena: “Lo siento, tu título no se reconoce como universitario”. Me rompí. Cuatro años, miles de euros y toda mi ilusión se habían ido al suelo.

Busqué respuestas. Algunos compañeros habían denunciado, pero perdieron. Incluso algunos profesores habían demandado al centro. En 2018, me uní a un proceso judicial abierto contra el director, “Papá Noel”, como irónicamente lo llamábamos porque nos debía muchos regalos, pero sobre todo un título universitario. En mi declaración relaté cómo mis padres habían confiado en que el título, “homologado por la Universidad de Gales”, sería válido en toda Europa, y sobre todo, en España. El Ministerio de Educación confirmó que no lo era, cerrándome todas las puertas: oposiciones, becas, másteres públicos. Nos considerábamos víctimas de una estafa y de publicidad engañosa.

"Me rompí. Cuatro años, miles de euros y toda mi ilusión se habían ido al suelo".

A pesar de tener al fiscal de nuestra parte perdimos. Una compañera, que había conseguido el trabajo de su vida, fue despedida porque su título no era válido. Tuvo que estudiar periodismo dos veces. Imaginarlo duele: volver a empezar una carrera, con más de treinta años y la mochila del desencanto a cuestas.

Hoy seguimos sin respuestas. Nadie ha explicado cómo se permitió que una universidad privada ofreciera títulos sin validez oficial. Recibimos cartas del Ministerio confirmando que nuestros títulos no son universitarios, mientras la ESCO seguía funcionando con total impunidad. Fuimos muchos los “duendecillos” que creímos en un Papá Noel académico que nunca existió. Lo más doloroso no es el dinero, sino el tiempo perdido, la juventud invertida y la ilusión rota.

Han pasado los años. Mi padre, ya mayor, sigue preguntando si “lo del título” se arregló. Yo sonrío y miento: “Estamos en ello, papá”. Pero sé que no. Nadie vendrá a salvarnos. Esta crónica se la dedico a mis padres, lo más valioso que tengo. Pero también es para mis compañeros. Para los que se sintieron fracasados sin serlo. Para los que hoy siguen luchando por ese hueco que ya era suyo. Estuvimos hundidos pero seguimos aquí. Somos lo que sabemos hacer: somos periodistas.

Ser 'Ciudad Europea del Deporte' parece estar de moda. Pero tiene un precio. En euros. La insignia honorífica se extiende cada vez por más localidades españolas, que lo defienden como una forma de atraer inversión, impulsar una actividad saludable entre sus vecinos o sacar cabeza en el exterior. Es un reconocimiento a la calidad de sus infraestructuras y a una apuesta consciente por promover la actividad física. Sin embargo, no es ninguna entidad pública la que lo emite, sino una empresa privada. Aces Europe lleva años otorgando una amplia saga de títulos que las ciudades adquieren (y pagan) a cambio de promocionarse como destino deportivo en Europa.

Muchos no son exclusivos de una sola urbe: Valladolid, Oviedo, Palencia, Cáceres, Móstoles, Torrejón de Ardoz aspiran a la misma categoría que ha ostentado Alcobendas, donde este viernes se ha celebrado el I Congreso de Ciudades Europeas del Deporte. En él se han citado por primera vez los representantes de distintos ayuntamientos en España –todos del PP y uno donde gobierna el PSOE–, técnicos o miembros de clubes deportivos vinculados a esta denominación. “Esta ciudad se siente muy orgullosa de su actividad deportiva”, inauguraba el acto la directora general de Deportes en la ciudad anfitriona, Milagros Díaz.

Entre los invitados y ponentes estaban la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García, o el catedrático Alfonso Jiménez, que dirige el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte de la URJC; así como el concejal de Deportes de Zaragoza (Félix Brocate) y otros homólogos procedentes de distintas comunidades. El invitado especial era Gian Francesco Lupatelli, el presidente y fundador de la compañía que entrega este reconocimiento. Fue el primero al que, por orden de intervención, ofrecieron una menina honorífica en agradecimiento a su labor; una estatuilla que recibió de la alcaldesa.

Lupatelli, de origen italiano, dio un breve discurso en español. En él, un nombre se repetía: el de José María Álvarez del Manzano. El exalcalde popular de Madrid durante los noventa plantó la semilla de esta fiebre por convertirse en una Ciudad Europea del Deporte. En su intervención, el presidente de Aces Europe recordó cómo Del Manzano le contactó un día para ayudarle a preparar la candidatura de la capital a los Juegos Olímpicos de 2012, aunque finalmente se celebraron en Londres. Pero ese momento fue el germen que, con el tiempo, popularizó otro reconocimiento, que a la vez es una oportunidad de negocio.

Aces Europe otorga diferentes títulos desde el año 2001. Desde entonces, han ido sumando nuevos reconocimientos y categorías según la población de cada municipio: Capital Mundial del Deporte, Capital Europea del Deporte, Capital Mediterránea del Deporte, Capital Europea del Ciclismo, Región Europea del Deporte, Ciudad Europea del Deporte, Ciudad Africana del Deporte, Ciudad Sudamericana del Deporte, Isla Europea del Deporte, Villa Europea del Deporte, Comunidad Europea del Deporte o Pueblo Europeo del Deporte. Estas varían en función de los habitantes del lugar que quiere ser distinguido, pero también de la cuantía económica que desembolsa cada ayuntamiento.

De todas las administraciones locales representadas en el acto de este viernes, la de Alcobendas es la única que ha recibido hasta en dos ocasiones la insignia de Ciudad Europea del Deporte. El secretario general de Aces Europe, Hugo Alonso, resume en uno de los descansos cuáles son los principales requisitos para ostentar dicha categoría: principalmente las políticas deportivas que se impulsen, la posibilidad de formar redes de ejercicio o las infraestructuras públicas para prácticas o campeonatos de las que dispongan.

Cuotas por títulos: un sello de calidad deportiva

“Es un reconocimiento internacional que pone en valor el trabajo realizado para impulsar el deporte en cada municipio”, destaca en declaraciones a Somos Madrid. Con el asesoramiento de Aces Europe y la iniciativa de las administraciones públicas, considera que estas últimas tienen –gracias al reconocimiento que conceden– más opciones de captar fondos europeos. “Tenemos conexiones con la EPSI [una red europea de comunidades deportivas] y con muchas instituciones de Bruselas, así que hacemos de enlace y damos una marca de calidad”, se explaya.

Pero no solo basta con estar a la altura: también hay que pagar. Para ser Capital Europea del Deporte, las ciudades deben abonar 12.000 euros en la inscripción. En el resto de títulos, la aportación difiere según la población: las Ciudades Europeas del Deporte deben pagar 2.350 euros y los Pueblos Europeos del Deporte tienen que ceder 1.000 euros. Existen también otras cantidades para los títulos que requieren asociación como la Región Europea del Deporte, que en este caso es de 6.000 y 12.000 euros, según el número de municipios.

Aces Europe es una entidad privada creada en 1999 y que define como una organización que promueve el deporte entre todos los ciudadanos de la Unión Europea, especialmente entre grupos desfavorecidos, niños, mayores y personas con discapacidad. Sus premisas son el fomento de la cohesión social, la salud o la calidad de vida; y apoyar tanto la iniciativa pública como privada. Disfrutar del ejercicio, superarse, fortalecer la comunidad, practicar el juego limpio y mejorar la salud son algunos de sus objetivos.

Para obtener la categoría que les ha reunido en Alcobendas hace falta cumplir 12 criterios de evaluación. La cifra varía según la categoría a la que se aspire, pero el título ofrece un plus de reconocimiento en materia deportiva para el currículum de las ciudades. La empresa impulsora no pertenece directamente a la Comisión Europea, pero es su socia en la Semana Europea del Deporte de la Comisión Europea junto a conocidas federaciones como la FIFA, entidades privadas como la Euroliga de baloncesto o televisiones. En su presentación, Aces señala también que es socio oficial de la UNESCO y cuenta con socios gubernamentales, institucionales o del sector privado.

Durante este primer congreso –que esperan repetir en otras localidades– se han repasado los beneficios del deporte no solo en la salud física y mental de la ciudadanía, sino también en ámbitos aparentemente ajenos como la sanidad, la educación o incluso el cuidado de la tercera edad. En su presentación, el investigador Alfonso Jiménez ha hecho hincapié en cómo las políticas públicas pueden afrontar uno de los grandes problemas en la actualidad: la inactividad física. “No solo no se reduce con los años, sino que empeora”, ha reseñado el experto.

La guerra en el PP de Riba-roja no tiene fin. O eso parece. Si en los últimos meses la número dos en la candidatura conservadora en las elecciones de 2023 y el presidente del partido dimitían de su puesto, ahora es el número cuatro de la candidatura, Salva Ferrer, el que podría tener problemas con su líder y portavoz municipal en la oposición, Alberto Gimeno. Según ha podido confirmar elDiario.es, Ferrer estaría detrás de una cuenta de Gmail anónima y una identidad falsa que envió un mensaje el pasado 4 de agosto a los medios de comunicación donde acusaba a Gimeno de mentir en su currículum por asegurar que tiene una diplomatura que no existe, algo que el propio Gimeno ha desmentido ante sus compañeros y medios de comunicación. Este presunto fuego amigo pretendía infundir falsas sospechas sobre su jefe de filas en plena tormenta sobre las titulaciones de los políticos que, entre otros, le ha costado el puesto a la diputada del PP Noelia Núñez y al comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel.

El pasado 4 de agosto llegó a varios de comunicación un correo electrónico desde la cuenta prensaribarroja@gmail.com y en nombre de Francisco Javier Hidalgo. En el mensaje se vertían graves acusaciones sobre el portavoz del PP, Alberto Gimeno, policía local de profesión y ahora coordinador de asesores del PP en la Diputación de Valencia. Según el mensaje del tal Hidalgo, que ha resultado ser un nombre ficticio, se aseguraba que Gimeno tendría una diplomatura en Ciencias Empresariales por la Universidad Católica que no existe. Sobre esta afirmación, en el correo electrónico se realiza una extensa argumentación en la que se intenta demostrar que la titulación no existe, por lo que el popular habría mentido en su currículum, según esta denuncia.

Ante la gravedad de las acusaciones, este periódico ha podido acreditar que Francisco Javier Hidalgo no es una persona real y que el correo prensaribarroja@gmail.com está relacionado en realidad a Salvador Evaristo Ferrer, conocido en su vida política como Salva Ferrer. De hecho, vinculados al correo anónimo de Gmail están, tanto el correo personal de la asesoría profesional propiedad de Salva Ferrer como su número de teléfono móvil particular. El correo personal de Ferrer, que ofrece de manera abierta en su currículum público del ayuntamiento, así como su teléfono privado, son los necesarios para que Gmail autorice el rescate de la contraseña en caso de pérdida de la clave en el correo prensaribarroja@gmail.com.

Ferrer reconoce la vinculación, pero se desmarca de la autoría: “Lo denunciaré”

A preguntas de elDiario.es, Salva Ferrer se ha mostrado “sorprendido” porque su correo y su móvil estén vinculados a ese correo electrónico que intentó difamar sin éxito a su jefe de filas. “No tengo ni idea de ese correo. No sé cómo se ha generado y por qué están vinculados mi teléfono y mi cuenta”, ha explicado. Sobre si podría ser que hubieran utilizado sus datos de manera fraudulenta, Ferrer ha afirmado: “No sabría decirte qué ha pasado. Hasta ahí te puedo decir. Mío no es, yo no tengo acceso a esta cuenta”.

En una segunda conversación minutos después, Ferrer ha explicado que ha podido comprobar que en la carpeta de spam de su correo electrónico profesional le aparecen intentos de “acceso de verificación” del correo prensaribarroja@gmail.com. “De hoy, de ayer y de la semana pasada”, ha explicado, alegando que podrían haber utilizado sus datos de manera fraudulenta. Por estos motivos, Ferrer ha asegurado que va a presentar una denuncia para esclarecer los hechos. El concejal del PP ha aprovechado para defender el currículum de su compañero Alberto Gimeno y aportar los títulos que acreditan todos los méritos que refleja y que desmontan el correo anónimo.

En esta historia, llama mucho la atención que un correo que envía a la prensa una información tan sensible de un político del PP de Riba-roja, esté tan directamente vinculado a un miembro del propio PP de Riba-roja. Por temas de privacidad, este medio no ha mostrado ni el correo profesional de Salva Ferrer vinculado a prensaribarroja@gmail.com ni el número de teléfono particular, pero dispone de todas las pruebas en imágenes de las vinculaciones por si acaso se elimina la cuenta al aparecer la información.

Salva Ferrer fue el fichaje estrella de Alberto Gimeno para las listas municipales del PP. Ferrer, que fue concejal de Ciudadanos en la legislatura 2019-2023 dejó el partido naranja a las puertas de las elecciones municipales de 2023 y anunció su fichaje por los conservadores. Como Ferrer fueron decenas en la Comunitat Valenciana los que en una estrategia orquestada por el actual presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, y el exsecretario de Organización de Ciudadanos Emilio Argüeso se cambiaron de chaqueta a última hora para dinamitar su anterior partido y pasarse al PP a cambio de cargos y puestos de salida en las listas.

La guerra en el PP de Riba-roja no té fi. O això sembla. Si en els últims mesos la número dos en la candidatura conservadora en les eleccions del 2023 i el president del partit dimitien del seu lloc, ara és el número quatre de la candidatura, Salva Ferrer, el que podria tindre problemes amb el seu líder i portaveu municipal en l’oposició, Alberto Gimeno. Segons ha pogut confirmar elDiario.es, Ferrer estaria darrere d’un compte de Gmail anònim i una identitat falsa que va enviar un missatge el 4 d’agost passat als mitjans de comunicació en què acusava Gimeno de mentir en el seu currículum per assegurar que té una diplomatura que no existeix, cosa que Gimeno mateix ha desmentit davant els seus companys i els mitjans de comunicació. Aquest presumpte foc amic pretenia infondre sospites sobre el seu cap de files en plena tempesta sobre les titulacions dels polítics que, entre altres, ha costat el lloc a la diputada del PP Noelia Núñez i al comissionat del Govern per a la DANA, José María Ángel.

El 4 d’agost passat va arribar a diversos mitjans de comunicació un correu electrònic des del compte prensaribarroja@gmail.com i en nom de Francisco Javier Hidalgo. En el missatge es llançaven greus acusacions sobre el portaveu del PP, Alberto Gimeno, policia local de professió i ara coordinador d’assessors del PP en la Diputació de València. Segons el missatge d’aquest Hidalgo, que ha resultat ser un nom fictici, s’assegurava que Gimeno tindria una diplomatura en Ciències Empresarials per la Universitat Catòlica que no existeix. Sobre aquesta afirmació, en el correu electrònic es fa una argumentació extensa en què s’intenta demostrar que la titulació no existeix, per la qual cosa el popular hauria mentit en el seu currículum, segons aquesta denúncia.

Davant la gravetat de les acusacions, aquest diari ha pogut acreditar que Francisco Javier Hidalgo no és una persona real i que el correu prensaribarroja@gmail.com està relacionat en realitat amb Salvador Evaristo Ferrer, conegut en la seua vida política com a Salva Ferrer. De fet, vinculats al correu anònim de Gmail estan tant el correu personal de l’assessoria professional propietat de Salva Ferrer com el seu número de telèfon mòbil particular. El correu personal de Ferrer, que ofereix de manera oberta en el seu currículum públic de l’Ajuntament, així com el seu telèfon privat, són els necessaris perquè Gmail autoritze el rescat de la contrasenya en cas de pèrdua de la clau en el correu prensaribarroja@gmail.com.

Ferrer reconeix la vinculació, però es desmarca de l’autoria: “Ho denunciaré”

A preguntes d’elDiario.es, Salva Ferrer s’ha mostrat “sorprés” perquè el seu correu i el seu mòbil estiguen vinculats a aquest correu electrònic que va intentar difamar sense èxit el seu cap de files. “No tinc ni idea d’aquest correu. No sé com s’ha generat i per què hi estan vinculats el meu telèfon i el meu compte”, ha explicat. Sobre si podria ser que hagueren utilitzat les seues dades de manera fraudulenta, Ferrer ha afirmat: “No sabria dir-te què ha passat. Fins ací et puc dir. Meu no és, jo no tinc accés a aquest compte”.

En una segona conversa minuts després, Ferrer ha explicat que ha pogut comprovar que en la carpeta de correu brossa del seu correu electrònic professional li apareixen intents d’“accés de verificació” del correu prensaribarroja@gmail.com. “De hui, d’ahir i de la setmana passada”, ha explicat, al·legant que podrien haver utilitzat les seues dades de manera fraudulenta. Per aquests motius, Ferrer ha assegurat que presentarà una denúncia per a esclarir els fets. El regidor del PP ha aprofitat per a defensar el currículum del seu company Alberto Gimeno i aportar els títols que acrediten tots els mèrits que reflecteix i que desmunten el correu anònim.

En aquesta història, crida molt l’atenció que un correu que envia a la premsa una informació tan sensible d’un polític del PP de Riba-roja estiga tan directament vinculat a un membre del PP de Riba-roja mateix. Per temes de privacitat, aquest mitjà no ha mostrat ni el correu professional de Salva Ferrer vinculat a prensaribarroja@gmail.com ni el número de telèfon particular, però disposa de totes les proves en imatges de les vinculacions per si de cas s’elimina el compte en aparéixer la informació.

Salva Ferrer va ser el fitxatge estrela d’Alberto Gimeno per a les llistes municipals del PP. Ferrer, que va ser regidor de Ciutadans en la legislatura 2019-2023, va deixar el partit taronja a les portes de les eleccions municipals del 2023 i va anunciar el seu fitxatge pels conservadors. Com Ferrer van ser desenes a la Comunitat Valenciana els que en una estratègia orquestrada per l’actual president del PP valencià, Carlos Mazón, i l’ex-secretari d’Organització de Ciutadans Emilio Argüeso es van canviar de jaqueta a última hora per a dinamitar el seu partit anterior i passar-se’n al PP a canvi de càrrecs i llocs d’eixida en les llistes.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, evitó publicar en la web oficial de la Cámara Alta varias titulaciones que figuran en los portales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y del Partido Popular del municipio madrileño, donde se le asume una diplomatura en Marketing en la Escuela Superior de Estudios de Marketing. Fuentes de Presidencia restan importancia a esta contradicción y la reducen a una decisión de Rollán, que obvió estos títulos por su carácter privado y no oficial, y porque son “de hace muchos años”.

Sin embargo, Rollán fue cambiando su currículum en los diferentes cargos públicos que ha ocupado. Cuando era alcalde de Torrejón aseguró tener, además de la diplomatura, un máster en Administración y Dirección de Empresas en la misma escuela, sin mencionar la naturaleza no universitaria de estos títulos. Tal y como adelantó este fin de semana Antonio Maestre en La Sexta, esta escuela no puede emitir titulaciones universitarias oficiales, pues figura como un centro de 'Educación secundaria técnica y profesional'. La web del PP de Torrejón le adjudica, además, otro máster en Liderazgo y Administración Pública del Instituto de Empresa del que no figura más información.

La avalancha de modificación de currículums en el seno del PP comenzó con la dimisión de la diputada Noelia Núñez tras admitir que nunca terminó el doble grado del que se había jactado, y ha salpicado este lunes a una de las más altas autoridades del Estado. Fuentes de Presidencia del Senado aseguran que este cambio en su currículum se realizó cuando Rollán se convirtió en senador en 2019. Sin embargo, la diplomatura no oficial sigue figurando en su perfil de LinkedIn, en la web del Ayuntamiento de Torrejón, del PP de Torrejón, de Nuevas Generaciones de Torrejón y en numerosas informaciones periodísticas.

En la web del Canal de Isabel II, de cuyo Consejo de Administración formó parte Rollán de 2015 a 2019, se pueden contar hasta tres másteres en su currículum, donde se suma otro título posuniversitario de Marketing en la misma escuela de formación técnica, según adelantó Maestre.

Otro de los populares en el punto de mira este lunes por modificar su currículum es el alcalde de Badalona, Xavier Albiol, que ha matizado en la web del cabildo que no es licenciado en Derecho, como aseguraba desde el inicio de su carrera política, pues abandonó sus estudios en la Universitat de Barcelona. Albiol ha corregido su currículum, incidiendo en que terminó su formación en Derecho a distancia en la Universidad Internacional de La Rioja en 2007, con el nuevo plan universitario que sustituyó las licenciaturas de cinco años por los grados de cuatro. En ese momento ya ostentaba el cargo de vicesecretario de Organización del PPC.

La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha reivindicado conseguir una nueva residencia universitaria, mejoras en las comunicaciones y más ciclos formativos para la sede que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) tiene en el municipio ciudadrealeño.

En su opinión, la Escuela de Almadén “necesita mucho más” y requiere “un cuidado muy especial”, algo que, en su opinión, el rector, Julián Garde, “ha sabido valorar”. “Nos ha cuidado en muchos aspectos”, ha abundado, haciendo alusión a las específicas campañas de promoción de la institución académica.

En todo caso, ha reclamado a Julián Garde sumar fuerzas para solicitar al Gobierno autonómico una nueva residencia universitaria, así como mejorar las líneas de comunicación “para poder atraer más estudiantes”.

Sobre este asunto, ha reparado en que existía una propuesta por parte del Ejecutivo autonómico para incentivar la puesta en el mercado de más pisos de alquiler, algo que rechaza. “Intentaré hablar con Julián para intentar hacer una propuesta conjunta”, ha dicho al respecto.

En otro orden de cosas, ha hecho referencia al título de Máster en formato semipresencial, una modalidad en la que los estudiantes solo recalan cuatro semanas repartidas entre enero y junio en la localidad para afrontar prácticas y exámenes, con el resto de docencia telemática.

“Eso nos ha permitido incrementar la matrícula, pero también hemos intentado participar en el Máster de Ingeniería Industrial, y hasta hoy no se ha conseguido”, ha lamentado, proponiendo tener en cuenta al campus de la localidad también para esta formación.

Mejorar las comunicaciones para incrementar el número de estudiantes

Además, la también profesora en el campus, ha recordado que hay dos institutos en Almadén, ante lo que ha sugerido que la Universidad regional también apoye la reivindicación de conseguir más ciclos formativos como pasarela de entrada a la formación universitaria que se imparte. “Sería bueno incluso para la propia institución. Habría que apostar por esos ciclos formativos”.

En este capítulo de reivindicaciones, también ha planteado la necesidad de mejorar las comunicaciones, reparando en que cuando un estudiante Erasmus llega a estudiar, desembarca en la estación de Almadén-Almadenejos, “en medio del campo, en medio de la nada”.

“Necesitamos comunicaciones acordes para incrementar el número de estudiantes, y esta lucha no solo atañe a la Escuela o al Ayuntamiento, también debe involucrar a la propia universidad”, ha agregado.

Por último, y también como petición, ha apelado al recién renombrado rector para que en el futuro tenga en cuenta a algún profesor de la Escuela Universitaria de Almadén para su equipo de vicerrectores. “Sería una forma de dar visibilidad a la Escuela”.

Un total de 195 titulados extranjeros están a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre la suspensión cautelar de la transferencia a Euskadi de la homologación de títulos de extranjeros. El tribunal decretó la paralización en el mes de julio de este año, apenas unos meses después del acuerdo político para la transferencia, y ha dejado en tierra de nadie a estos profesionales porque la mayoría de ellos tuvieron que anular los expedientes de homologación iniciados en el Gobierno español para arrancar el nuevo proceso en Euskadi y ahora esos expedientes están bloqueados. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha detallado en una respuesta parlamentaria que están paralizados un total de 195 expedientes, que se corresponden con 136 solicitudes de homologación y 59 de declaración de equivalencia.

Interpelado por el parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea, el consejero señala que “el Gobierno vasco ha continuado trabajando internamente en el estudio de los expedientes, a la espera de la resolución del Supremo”, pero reconoce que no puede hacer nada más que esperar la decisión del tribunal, que es “el órgano competente para decidir sobre la suspensión cautelar”. “Corresponde esperar a conocer la respuesta para adoptar cualquier medida al respecto”, señala. 

Indica Pérez Iglesias que el Gobierno vasco se puso en contacto con cada uno de los afectados para explicarles “cuál era la situación” dos días después del auto del Supremo, fechado en el 24 de julio. Pero insiste en que desde el departamento no se puede hacer más que esperar la resolución judicial sobre la competencia.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo suspendió de modo cautelar el decreto estatal que transfería a Euskadi la competencia de homologación de titulaciones extranjeras. El recurso fue interpuesto por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. La suspensión cautelar del decreto dejó en suspenso todas las solicitudes que ya se habían presentado ante la administración vasca.

Esta transferencia entró en el paquete que se acordó con Urkullu como lehendakari en el que se transfirió también la gestión de Cercanías y la acogida de migrantes. El Gobierno vasco daba mucha importancia a esta transferencia por la necesidad de contar con profesionales extracomunitarios para la plantilla de Osakidetza. De hecho, la mayoría de los solicitantes de homologación tienen titulaciones relacionadas con los ámbitos sanitarios.

Las convalidaciones autonómicas iban a ser plenamente válidas no solamente en Euskadi sino en España y en el conjunto de la Unión Europea y el tribunal considera que se deben “extremar todas las cautelas, en particular, las encaminadas a asegurar que se observan pautas homogéneas en la aplicación de las disposiciones generales vigentes”. “De otro lado, no se oculta la trascendencia que para los intereses públicos generales, los que debe preservar el Estado, tiene la garantía de la actuación homogénea en esta materia en toda España, pues trasciende la dimensión meramente educativa, ya de vital importancia por sí sola, y se proyecta sobre la no menos relevante del ejercicio de las profesiones que requieren una determinada titulación universitaria”, agrega.

El mayor problema ahora de estos 195 solicitantes es que para presentar la solicitud de homologación en Euskadi tuvieron que anular previamente la presentada en Madrid, lo que les obligaría a empezar de cero en el caso de que se anulara definitivamente su solicitud en Euskadi. En el mes de agosto sacaron sus reivindicaciones a la calle para pedir ante la subdelegación del Gobierno central el Bilbao que “decisiones burocráticas no arruinen sus vidas” y para hacer hincapié en que Euskadi necesita de profesionales como ellos del sector sociosanitario.

Las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para personas mayores de 18 años serán el 6 de febrero en el Centro de Personas Adultas (CEPA) Plus Ultra de Logroño. El plazo para inscribirse comienza el próximo lunes, 25 de noviembre, y se prolonga hasta el 9 de diciembre.

El objetivo es que puedan adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades y conocimientos para su desarrollo personal y profesional. Las pruebas constarán de tres partes, correspondientes a los tres ámbitos en que se organizan las enseñanzas de ESO para personas adultas: ámbito de comunicación, ámbito social y ámbito científico tecnológico. 

La primera parte comprende los ejercicios relacionados con los aspectos básicos del ámbito en las materias de Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera: inglés, con una duración de dos horas y media. La segunda parte, comprende ejercicios de las materias integradas en el ámbito social y tendrá una duración de una hora y media. La tercera parte, que comprende las materias de Ciencias de la naturaleza y aplicadas y Matemáticas, tendrá un ejercicio de dos horas de duración.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes en alguno de los siguientes centros: CEPA Plus Ultra de Logroño; IES Gonzalo de Berceo de Alfaro; IES Virgen de Vico de Arnedo; IES Marco Fabio Quintiliano de Calahorra; IES Bartolomé Cossío de Haro; IES Rey Don García de Nájera; IES Valle del Oja de Santo Domingo de la Calzada; así como a través de la Oficina Electrónica del Gobierno de La Rioja. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción para la prueba, el 13 de diciembre se publicará en el tablón de anuncios de los centros de recepción de solicitudes y en el tablón de anuncios virtual del Gobierno de La Rioja la relación provisional de personas admitidas y excluidas. El plazo de alegaciones tendrá lugar los días 16 y 17 de diciembre y antes del 17 de enero se publicará la relación definitiva de personas admitidas. 

Además de esta convocatoria de febrero, se realizará una segunda prueba el 22 de mayo de 2025, cuyo plazo de inscripción comenzará el 17 de marzo y se prolongará hasta el día 28 del mismo mes.

Héctor Alberto tiene 31 años y es médico de formación, especializado en medicina familiar. Desde que llegó a Euskadi hace ya tres años desde Colombia ha trabajado como agente de seguridad, como obrero de la construcción... Nada que ver con la medicina, pese a que en la sanidad pública vasca hacen falta médicos y, precisamente, de su especialidad. Cuatro veces ha pagado ya las tasas para pedir la homologación de sus titulaciones sin haber obtenido respuesta. Tres veces presentó la solicitud ante el Gobierno central, de las que tuvo que desistir para poder inscribirse en la convocatoria del Gobierno vasco después de materializarse el acuerdo de la transferencia de esta competencia a Euskadi. La decisión del Supremo de paralizar el proceso tras un recurso de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid contra la transferencia de la homologación de títulos de extranjeros a Euskadi, le ha vuelto a dejar en el limbo. “Es como si nuestra vida estuviera en suspenso, siempre a la espera”, dice.

Como el de Héctor Alberto hay muchos casos más. Al menos 200, que son los que se suscribieron a la convocatoria abierta por el Gobierno vasco, aunque asegura que serán alrededor de 1.000 los extranjeros que se encuentran en Euskadi con titulaciones superiores, en su mayoría médicos y enfermeras, dedicados al cuidado de mayores, la limpieza, la hostelería o la construcción a la espera de que se homologuen sus títulos. “No todos tiene capacidad económica para hacer frente a las tasas de 180 euros, y para presentarse aquí había que anular la del Ministerio, si al final se paraliza el traspaso a Euskadi tenemos que empezar de cero, con lo que eso supone de desgaste económico y emocional”, señala.

Los que presentaron la solicitud de homologación en Euskadi tuvieron que anular previamente la presentada en Madrid. “Si ahora se paraliza todo, en Euskadi nos quedamos a la deriva” , dicen. Y por eso han sacado este viernes sus reivindicaciones a la calle y se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno central el Bilbao para pedir que “decisiones burocráticas no arruinen sus vidas” y para hacer hincapié en que Euskadi necesita de profesionales como ellos del sector sociosanitario. “Nosotros, los migrantes, y más los que tenemos estudios, venimos aquí al país a aportar una mayor economía, no venimos a hacer daño, no venimos a robar, sino que venimos antes a aportar cosas positivas”, insisten.

Melva, ecuatoriana de 35 años, dice con orgullo que acumula 11 años de experiencia en el campo de la enfermería y de la salud pública. Lleva en Bilbao un año y cinco meses, donde llegó huyendo la violencia de Ecuador, y es otra de las profesionales a las que la decisión del Supremo de paralizar la transferencia de las homologaciones cayó como un jarro de agua fría.

“Inicié el proceso de homologación hace un año tres meses y el expediente no ha dejado de estar en revisión”, señala. Cuando surgió la posibilidad de presentar la solicitud en Euskadi lo vio como una posibilidad que ha quedado truncada con la decisión del Supremo de cancelarlo. “Tienes que trabajar en cualquier otras actividades que no son lo que te formaste. Es trabajo al fin, pero que no te garantiza unas condiciones dignas para poder subsistir, y no trabajas en la formación que tienes. Trabajo cuidando a personas, mayores, limpiando sus casas”, agrega.

Valentina, es médico de Colombia. También desestimó la solicitud en Madrid para poder presentarla en Euskadi: “Ahora estamos a la deriva, ni allá ni acá. Hay un déficit de médicos porque me han escrito muchas para oportunidades laborales que me ha tocado rechazar pues todavía no puedo ejercer acá y estoy trabajando de camarera y con el miedo de que si paraliza todo en Euskadi tenemos que empezar de cero”.

“Lo que nos falta y lo que pedimos es información”, dice Ramón. Está junto a su mujer Marili en la concentración en representación de su hija Lianet, que “está trabajando, aunque no en la medicina, que es lo suyo”. “Lleva dos años detrás de una barra”, dice desde que vinieron de Cuba. “Nos choca mucho la falta de información que tenemos, nadie no dice qué va a pasar y seguimos en el limbo”, rematan.

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) se ha convertido en la primera universidad en línea con la acreditación institucional del Consejo de Universidades de todas sus facultades.

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, la de creación más reciente, ha recibido la resolución favorable del Consejo de Universidades, en reconocimiento de la excelencia de su oferta educativa, como ha sido reflejado en la reciente publicación de la web del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Con esta certificación, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se une a las de Educación, Derecho, Empresa y Comunicación, Ciencias de la Salud y la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT) de UNIR, que ya contaban con este importante reconocimiento.

“Con este nuevo respaldo que el Consejo de Universidades ha dado a UNIR, se culmina un proceso iniciado hace varios años y que tenía como objetivo lograr una universidad acreditada en el total de sus centros de grado y postgrado”, ha declarado el rector de la Universidad, José María Vázquez García-Peñuela. “Esta certificación constituye un paso firme en nuestro empeño por lograr que la Universidad Internacional de La Rioja sea la mejor universidad en línea del mundo en español”, añadió.

La Acreditación institucional del Consejo de Universidades, integrado por representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los rectores de todas las universidades de España, es un aval de máxima confianza institucional a cada centro que la recibe, por mantener criterios y directrices de calidad en los estudios que imparte.

Solo cinco de 92 universidades

Este reconocimiento garantiza al alumnado que UNIR proporciona una formación de calidad en todos sus aspectos, tanto en el plan de estudios como en el claustro académico.

Además de UNIR, solo cinco de las 92 universidades españolas que figuran en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) cuentan con la acreditación institucional del Consejo de Universidades en todos sus centros que imparten titulaciones de Grado y Máster.

Más de un 60% de las universidades españolas registradas no tiene ningún centro acreditado.

Solo un 6,6% de las facultades de las universidades españolas del RUCT cuentan con la Acreditación institucional del Consejo de Universidades.

La calidad como “principio desde el principio”

Para Ignacio Hierro, director de Calidad de UNIR, la calidad académica ha sido para esta universidad “un principio desde el principio” de su existencia. “Además, esta acreditación significa un compromiso con la cultura de la calidad y la mejora continua, lo que, a su vez, contribuirá a elevar sus estándares y fortalecer la reputación académica de UNIR”.

Según Hierro, la acreditación “facilita las alianzas con otras instituciones nacionales e internacionales del máximo nivel académico e investigador” y “consolida la posición de UNIR como una de las universidades más destacadas de España”.

Ignacio Hierro lidera uno de los equipos más amplios de especialistas en calidad entre las universidades españolas. Junto a más de 25 expertos (sin contar con la parte internacional), se dedica minuciosamente a evaluar los estándares y los resultados de sus programas de grado y posgrado en España.

El equipo de calidad diseña y organiza la oferta educativa según las necesidades de la sociedad y realiza una evaluación constante de los programas académicos. A través del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad, se ejecutan actualmente 57 procesos que incluyen auditorías internas y evaluaciones específicas de cada título académico para asegurar el cumplimiento de los estándares y renovar las acreditaciones. UNIR sigue trabajando en este aspecto, ya que la calidad siempre ha sido una prioridad para la institución.

Cada vez que se comienza a impartir un nuevo título académico, la Universidad se compromete a cumplir una serie de requisitos establecidos en la documentación enviada a la Agencia Nacional de Acreditación (ANECA), siguiendo las directrices de calidad que se desarrollan en la mayoría de las naciones del Espacio Europeo de Educación Superior. Estos requisitos abarcan aspectos como el método didáctico, evaluación, perfil del profesorado, criterios de admisión de estudiantes y recursos materiales, para así garantizar su reconocimiento total en el mencionado Espacio Europeo y facilitar en el resto del mundo los procesos de homologación de los títulos emitidos.

Desde antaño se ha asociado a las personas inmigrantes con puestos de baja cualificación con la justificación de que son personas carentes de formación, pero no siempre es así. Ylsa Rodríguez, de 46 años y madre soltera, aterrizó a España en 2022 con la única compañía de su hija. Lo hizo huyendo de la “grave crisis” que atraviesa su país, Venezuela. Al llegar a Andalucía se encontró con un problema que no contemplaba: las dos carreras universitarias que poseía no tenían validez ante las empresas y los trámites de convalidación eran muy complejos, costosos y se dilataban demasiado en el tiempo.

Esa situación la obligó a empezar desde cero pues, ante los ojos de empresas y administraciones, era una persona sin formación ni experiencia laboral pese a poseer una carrera universitaria en Contabilidad y una Maestría en Educación Especial Integral. “Fue muy duro pasar de ejercer como profesional y tener estabilidad a no servir para casi nada porque no valían mis títulos”, afirma Rodríguez.

Ante ello, Rodríguez se vio obligada, como hacen muchas otras mujeres migrantes, a realizar labores de limpieza, cuidado de personas mayores o clases particulares. Todo ello, afirma, bajo unas “condiciones bastante precarias”. Así, y pese a todas las dificultades con las que se ha ido encontrando, mira a la vida con optimismo. “Rendirse no es una opción, tengo que seguir haciendo el camino y formándome”, asegura.

Codenaf forma como mediadores interculturales a personas inmigrantes que previamente fueron atendidos en la organización y que se incorporan a trabajar

Desde su llegada, Ylsa Rodríguez ha realizado varios cursos formativos de auxiliar, sociosanitaria, auxiliar de almacén y uno de mediación intercultural en la organización Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (Codenaf), que le ha brindado la oportunidad de ejercer como mediadora en la organización durante tres meses, adquiriendo así experiencia laboral en el sector. Codenaf tiene varios programas, uno de ellos de inclusión de personas inmigrantes, consistente en la formación como mediadores interculturales de personas inmigrantes que, previamente, han sido atendidos ahí. Tras la formación, se incorporan a trabajar en la entidad.

Limitaciones, estereotipos y discriminación

El ejemplo de Rodríguez no es un fenómeno aislado. Como ella, otras personas inmigrantes están sometidas a los estereotipos que transcienden al ámbito laboral y que les condenan a ocupar puestos de baja cualificación, dificultando así su ascenso social. También es el caso de Pierina Merina, natural de Perú, quien huyó de su país en compañía de su marido. Pese a poseer formación en turismo, asistencia administrativa y secretaria de gerencia, ella también se vio obligada a ocupar puestos de limpieza y cuidado de personas mayores ante la imposibilidad de acceder a puestos acordes a su formación por no tener los títulos homologados.

Su aterrizaje en España tampoco fue fácil. Merina llegó en plena pandemia y, tras permanecer seis meses encerrada con su marido en casa de un familiar, les negaron el asilo. A la la barrera formativa se sumaba la burocrática. “Sólo podía acceder a puestos sin contrato”, recuerda. Tras mucho esfuerzo consiguió obtener la residencia gracias al nacimiento de su segundo hijo y, en mes y medio, consiguió homologar su bachillerato, que era el trámite más sencillo. Solo contar con ese título le ha abierto las puertas para acceder a otras formaciones posteriores.

La barrera del idioma

Mohamed El Maimouni, procedente de Marruecos y licenciado en derecho administrativo, llegó a España con la ilusión de encontrar un futuro mejor: “En mi país estudias a sabiendas de que nunca vas a ejercer de ello. Los puestos de trabajos están adjudicados a dedo y existe mucha corrupción, mucho despotismo”, opina. El problema para El Maimouni es que su carrera, al estar especializada en el código marroquí, no tiene convalidación directa en España, pues los trámites son mucho más complejos. Por eso, desde su llegada, Mohamed ha pasado por diferentes puestos de trabajo, desde pescador en las costas de Ceuta, donde lo contrató un amigo de su padre, a trabajar como camarero en un restaurante de Málaga o en una empresa de almacenaje en Sevilla.

Actualmente, junto con Ylsa y Pierina, Mohamed es una de las cuatro personas seleccionadas para el programa de mediación intercultural de Codenaf. Para Carmen Cano, pedagoga y formadora de Condenaf, el perfil de Mohamed aporta un valor especial a la organización, ya que domina cuatro idiomas diferentes: inglés, español, francés y árabe. Eso le permite ejercer de mediador con aquellas personas que llegan a España sin entender el idioma.

“Debe de enfocarse desde una doble perspectiva, el inmigrante, por un lado, tiene que aprender a dominar el idioma del país al que va y, por otro, las administraciones deberían de facilitarle los documentos en su idioma”, señala Mohamed. Tras finalizar el curso, una orientadora de la organización les informará de las formaciones que deben de seguir realizando para obtener un certificado de profesionalidad que les permita acreditarse y ejercer de mediadores en otras empresas que lo requieran.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha informado de que esta semana se conocerá la nueva oferta de titulaciones para el curso tras la aprobación el pasado junio del decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias de Andalucía. En ese sentido, durante un desayuno informativo con la prensa, a Castro le parece “raro” poder contar ya con la norma específica de carácter autonómico que reorientará el actual mapa académico y se acabe de cerrar la encuesta para establecer un diagnóstico de la situación de partida del sistema universitario andaluz y sus potencialidades, esto es, la llamada Estrategia Universitaria para Andalucía 2023-2027.

Según ha expuesto el rector, “primero sería la estrategia y luego las actuaciones”, pero hace frente a “una realidad inversa” ante una “situación trascendental” en el ámbito universitario, a la que se suma el nuevo modelo de financiación o la aprobación de nuevas universidades privadas. Respecto al asunto meramente económico, Castro ha aludido a “una serie de incertidumbres” a la hora de referirse al desarrollo del marco financiero, confiando en que para 2024 “se cubran las necesidades” con una “dotación adecuada”.

Además de mostrar su “preocupación” respecto al nuevo mapa de titulaciones de la Hispalense con “un diseño inverso a lo que la racionalidad invita”, ha agradecido que la Junta le haya aplazado hasta este mes de diciembre la presentación de la oferta de títulos. La propuesta tendrá dos focos estratégicos, según ha explicado Castro, la internacionalización y la alianza con otras universidades públicas, adelantando que, como una de las novedades, contendrá “estudios de Inteligencia Artificial”.

Imagen a la sociedad

El rector ha destacado que la Universidad de Sevilla es “la más demandada” de Andalucía, acaparando el 29% de las solicitudes para estudiar y con un 99,54% de ocupación entre las plazas ofertadas por sus centros propios. “No tenemos ni una ingeniería que no se llene”, presumiendo en líneas generales de “una oferta extraordinaria” en la que se aseguró habrá “avances” y en la que se va a “afinar la oferta actual”.

Además de comentar que la Universidad de Sevilla avanzará durante el año que viene en el proyecto del museo universitario y de que ha visto “sensible” al alcalde, José Luis Sanz, para que la Hispalense crezca en la Isla de la Cartuja, Miguel Ángel Castro se ha referido también al comienzo de las clases de Medicina por parte de la Universidad Loyola, lamentando que el propio consejero de la Junta lo observara como “prematuro”.

Según ha comentado el rector, “en una semana” al consejero le pareció prematuro ese inicio de clases, habló de irregularidades y anunció un servicio de inspección en universidades privadas. En todo caso, Castro se expresa en este ámbito donde puede, esto es, en el Consejo Andaluz de Universidades donde, según ha repetido, las universidades públicas aprobaron un informe desfavorable a la puesta en marcha de las clases de Medicina antes mencionadas.

“Eso es su competencia”, ha añadido, asegurando que no tiene “nada” en contra de las universidades privadas pero, como ya ha expresado en otras ocasiones, “sí” en los casos en los que no cumplan los requisitos exigidos, puesto que “se ofrece a la sociedad una imagen que no es propia de una institución de educación superior”.

El director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Íñigo Cortázar, ha abogado hoy por “actualizar” la configuración de los grupos de titulación para “desterrar definitivamente” los subgrupos, como el A2 al que están adscritos actualmente los profesionales de Enfermería y Fisioterapia.

En este aspecto Cortázar ha manifestado el “compromiso” del Gobierno regional para impulsar el debate en este sentido. Lo ha dicho durante la inauguración del VI Congreso de Investigación ‘Ciudad de Toledo’, organizado por SATSE y la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, en el que ha estado acompañado por el presidente estatal de Sindicato de Enfermería, Manuel Cascos, y en el que durante dos días se dan cita más de 600 profesionales de Enfermería y Fisioterapia.

“No puede ser que una persona que estudia un grado universitario, el que sea, de cuatro años, esté adscrito de manera provisional, con todas las comillas que ello implica, desde el año 2007, en un grupo superior al de la enfermera”, ha señalado el director general, quien ha añadido que “la enfermera tiene que estar situada en el mismo grupo de titulación que un periodista o que un historiador, porque la carga académica es la misma”.

Eso no quiere decir, ha precisado, que haya otras categorías u otros estamentos que tengan que tener su correspondiente adscripción provisional, pero lo que está claro, en su opinión, es que, “si en el futuro hay que tender a Grupos A, B y C, sin subgrupos, la Enfermería tiene que estar en el grupo A”. En Castilla-La Mancha, se ha hecho una apuesta firme por ello “y vamos a apoyarlo en todos los foros en los que estemos”.

“Los puestos de liderazgo, por competencia y no por categoría”

Por otra parte, ha destacado la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por el liderazgo enfermero con el nombramiento de dos profesionales de Enfermería como directoras generales en el SESCAM, en concreto, de la de Cuidados y Calidad y la de Atención Primaria, Begoña Fernández Valverde y Ángeles Martín Octavio, respectivamente, así como dos gerentes también pertenecientes a este colectivo profesional.

“Vamos a seguir por esa senda porque, poco a poco, la capacitación para puestos de liderazgo tiene que venir dada por las competencias y no mayoritariamente por la categoría”, ha afirmado Cortázar.

Se ampliará la bolsa de trabajo enfermero a las especialidades de Geriatría y Pediatría

Por otro lado, el director general ha asegurado que la profesión enfermera ha estado en el centro de las preocupaciones del SESCAM en las dos últimas legislaturas en las que se ha trabajado especialmente para reforzar el aspecto cuantitativo. “Tenemos más enfermeras, cobran más y han recuperado derechos”, ha indicado, añadiendo que ahora toca centrarse también en el aspecto cualitativo.

En este sentido, ha recordado que al desarrollo del Decreto de Especialidades de Enfermería ya en marcha, se van a unir otra serie de acciones como la ampliación de la Bolsa de Trabajo a dos nuevas especialidades de Enfermería, las de Geriatría y Pediatría.

“Va a haber bolsa para estas especialidades; antes teníamos para Enfermería de Salud Mental, para Trabajo y Familiar y Comunitaria y, con estas dos incorporaciones, completamos el catálogo de especialidades enfermeras que tienen bolsa dentro de nuestra estrategia de desarrollo de las especialidades”, ha explicado.

Asimismo, y como ya anunció a principios de esta semana, todas las enfermeras internas residentes que finalicen su formación durante 2023 en el SESCAM recibirán una oferta de trabajo de tres años, dentro del Plan de Perspectiva Contractual y de Retención del Talento, que incluirá por primera vez este año a las matronas.

SATSE: “Faltan enfermeras en Castilla-La Mancha y hay que sentarse a hablar”

Durante este congreso el presidente estatal de Sindicato de Enfermería, Manuel Cascos, ha recordado que SATSE ha elaborado un documento con 50 propuestas que ha sido enviado a partidos políticos, Ministerio de Sanidad y consejerías del ramo, en el que repasan las principales reivindicaciones del colectivo.

“Es necesario cambiar de modelo, éste está agotado, hay lista de espera, demora de urgencias, falta de camas y falta de enfermeras. Coincidimos todos en que hay que cambiar de modelo, y la columna vertebral han de ser enfermeras y fisioterapeutas”, ha dicho, según recoge Europa Press.

Y es que, decía, es mejor “prevenir” y fomentar en educación como “piedra angular” del trabajo de este sector, que ha presentado además un proyecto de ley para prevenir agresiones a sanitarios y reclamando una mayor plantilla, ya que actualmente ha 6,1 profesionales de enfermería cada mil habitantes, lejos de los 9 que marca la media europea.

Incluso, ha apuntado que hay 8.000 enfermeras que han dejado España después de formarse para buscar trabajo en otros países del entorno europeo.

“Estamos permanentemente generando ideas para mejorar el sistema sanitario y las condiciones de las enfermeras y fisioterapeutas, que no son bien reconocidos”, ha abundado.

En presencia del director general de Recursos Humanos del SESCAM Íñigo Cortázar, ha asegurado que “faltan enfermeras” en la Comunidad Autónoma, por lo que ha pedido sentarse para hablar “con rigor” de este problema.

Dos veterinarios colegiados que trabajan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los únicos que en la actualidad poseen la certificación oficial española como especialistas en clínica equina, obtenida hace escasos días. Se trata del tinerfeño Mario González-Coviella Ulrich y del palmero Mauro Fernández. 

Esas titulaciones intermedias han sido impulsadas por el Consejo General de Colegios Veterinarios. Los exámenes de la convocatoria de 2019 se realizaron el 23 de febrero pasado y la aprobación del proceso dio acceso a ambos al certificado CertESpCEq.

Los citados colegiados poseen así un título oficial que los acredita como especialistas en équidos, para lo que han tenido que superar los exigentes baremos que se contemplaban en el mencionado proceso selectivo.

La Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma) ha puesto en marcha, desde el pasado 1 de octubre, el proyecto Titúlate al empleo 2.0 destinado a desempleados palmeros que posean estudios medios o superiores. Se trata de un proyecto financiado, en esta segunda edición, por el Cabildo Insular de La Palma y el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), enmarcado dentro de la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos generadores de empleo, se informa en nota de prensa.

Tras unos resultados excepcionales en su primera edición, el programa Titúlate al empleo 2.0, pretende ofrecer, en esta segunda edición, nuevas opciones de inserción laboral a los jóvenes y no tan jóvenes que aún teniendo estudios de alta cualificación no consiguen incorporarse al mercado laboral.

La actividad tiene prevista su finalización el 30 de abril de 2019 y entre las acciones que lleva aparejadas, se encuentra la visita a empresas y empresarios de la isla de La Palma, con el fin de dar a conocer el servicio, captar ofertas de empleo y ponerlos en contacto con posibles aspirantes incluidos en el programa Titúlate al empleo 2.0 Actualmente, el servicio es prestado desde las oficinas de Fedepalma ubicadas en Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma.

Sin embargo, también, se está contactando con las diferentes Asociaciones de Desarrollo Local de los municipios más alejados, con el fin de atender a desempleados que cumplan con el perfil, ahorrándoles así el desplazamiento. Los requisitos para poder formar parte del proyecto Titúlate al empleo 2.0 son: estar en situación de desempleo e inscritos en las oficinas del Servicio Canario de Empleo, aportar DARDE y acreditar estar en posesión de un título formativo superior (título de bachiller, ciclo formativo o estudios de grado universitario).

Pueden pedir cita previa pasando por cualquiera de las oficinas de Fedepalma, llamando previamente a los teléfonos de contacto 922 415 248 (Santa Cruz de La Palma) o 922 401 891 (Los Llanos de Aridane) o enviando e-mail a coordinador.goip@fedepalma.net.

El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de La Palma celebró con éxito la tradicional ceremonia de apertura del curso 2018-2019 y en esta ocasión, el lugar elegido fue el Espacio Cultural CajaCanarias, en Santa Cruz de La Palma, se informa en nota de prensa.

Al acto fue presidido por el vicerrector de Centros Asociados de la UNED, Tomás Fernández; el presidente del Cabildo Insular, Anselmo Pestana; el director del Centro Asociado de la UNED en La Palma, Javier Neris, así como otras autoridades, profesorado y alumnado titulado de este año.

El acto como ya es habitual arrancó con la lectura de la memoria del curso 2017-2018 a cargo de la secretaria del Centro, Ana María González Rodríguez, quien aprovechó para reconocer el trabajo de los 13 titulados de este año y los 10 que aprobaron el curso de acceso a la Universidad. Entre los datos que aportó destaca que para este año hay un total de 370 matriculados entre los que sigue en alza un mayor número de mujeres, un 64% frente a un 36% de hombres. Un dato importante es que este año el centro ha contado con 18 alumnos del Grado de Turismo, 18 de Criminología y siguen siendo las cuatro titulaciones más demandadas las de Derecho, Psicología, Trabajo Social y Administración y Dirección de Empresas. Y por último agradeció la labor de los patronos para que los palmeros puedan realizar sus estudios sin tener que salir de su Isla.

La lección inaugural estuvo a cargo de la reconocida periodista y escritora Nieves Concostrina Villarreal, bajo el título Momias y momios en los medios. Bajo su personal toque de humor, hizo un repaso por el cómo y por qué y las peripecias de los dictadores que siguen de cuerpo presente expuestos en grandes mausoleos del mundo. De este modo, habló de “cómo a lo largo de la historia, los científicos han trabajado para embalsamar de forma que algunos dictadores estén incluso mejor después de muertos, y puedan ser venerados por la población. Pero lo que la población no sabe es que estos momios necesitan constantes cuidados y un ejemplo de ello es el dictador ruso Lenin que a pesar de sus costosos cuidados, sigue interesando que siga expuesto porque es un claro ejemplo de cómo embalsamar a una persona y muchos ricachones piden ser embalsamados como él, con el consiguiente gasto de 1.000.000 de dólares más 800.000 euros al año de mantenimiento”.

En esta línea, de una forma magistral, Nieves Concostrina, hizo un repaso por la historia de los grandes dictadores y cómo en países donde la hambruna y la miseria era mayor, más grande y majestuoso era el mausoleo que le dedicaban a estos dictadores. Aunque en palabras de la comunicadora “los muertos decentes están en los cementerios alejados del mundo y sus tiranías”.

Por su parte, el director del centro, Javier Neris recordó que pronto será el 40 aniversario de la apertura del Centro Asociado de La Palma como un servicio público que conjuga calidad y rigor produciendo un efecto claro, titulados y tituladas bien valorados. “Afirmamos que cuando los estudiantes se adaptan a las altas exigencias de la metodología UNED consiguen el éxito en sus estudios y ejemplo son los estudiantes que hoy recogen sus titulaciones y nuestra mejor carta de presentación”, apostilló el director, sin olvidar agradecer el apoyo recibido por el Consorcio con el objetivo de seguir mejorando cada día.

En esta línea, el presidente del Cabildo Insular, Anselmo Pestana Padrón, recordó que “el aniversario de la UNED casualmente coincide con los 40 años de democracia en nuestro país, donde la educación es lo realmente revolucionario pacíficamente y que es lo que hace avanzar a una sociedad”. Pestana destacó que UNED La Palma “es sin duda nuestra universidad en la Isla”.

A continuación, se hizo entrega de los diplomas a los 13 estudiantes, un momento emotivo donde pudieron recoger todo el esfuerzo realizado para lograr sus titulaciones.

El vicerrector de Centros Asociados de la UNED, Tomás Fernández, fue el encargado de dar por inaugurado el nuevo curso pero antes tuvo unas palabras para los allí presentes donde aclaró que se siente palmero después de tantos años visitando la Isla no solo profesional sino personalmente, y agradeció la buena acogida un año más el acto de apertura. Asimismo, recordó que “somos la universidad más importante de España y la segunda de Europa con una oferta formativa de lo más amplia, con 28 grados, 78 másteres, 570 cursos de extensión universitaria y 600 de formación permanente. Además, ha ampliado la labor social fundamental con la Universidad Senior con más de 9.000 estudiantes mayores de 50 años, y un 47% de matrículas son personas con algún tipo de discapacidad y la única que ofrece su formación en centros penitenciarios. Todo este conjunto ha posibilitado que más de 140.000 estudiantes se hayan titulado. Pero sin duda ”la punta de lanza“ son los más de 3 millones de videoclases que los estudiantes pueden descargarse desde los servidores de la UNED a sus móviles y estas tecnologías ayudan a mantener los 61 centros asociados, 120 aulas asociadas que son la base de la sociedad.

Por último, el vicerrector dio las gracias a las instituciones que hacen posible su viabilidad, Cabildo, ayuntamientos y Gobierno de Canarias no solo por su apoyo económico sino por su apoyo moral, para conseguir juntos una sociedad más culta, más justa y más equitativa.

La jornada inaugural concluyó con la canción Gaudeamus Igitur, el himno universitario por excelencia que como ya es tradicional fue cantado por el Orfeón Elías Santos Abreu de Los Llanos de Aridane.

Como cada verano, las playas españolas se llenan estos días de masajistas ambulantes. No son profesionales diplomados, sino personas sin formación alguna que recorren la arena en busca de veraneantes ociosos e incautos a los que vender un servicio que en apariencia se antoja barato y lúdico. El servicio que aparentemente nos relajará el cuerpo y la mente.

Sin embargo, los masajes playeros no profesionales comportan numerosos riesgos derivados tanto de la falta de condiciones que ofrece el entorno como de la poca profesionalidad de quieres prestan el servicio. El precio medio de este tipo de masajes realizados sobre la marcha suele ser de un euro por minuto y su duración, de unos 20 minutos; el precio para nuestra salud puede ser mucho más alto. No dejemos que nos amarguen el agosto.

A continuación se dan seis razones para no aceptarlos.

1. La carencia de higiene

Los masajistas ambulantes van de bañista en bañista masajeando las distintas partes del cuerpo de estos, actuando así como vectores infecciosos muy activos, ya que trasladan de unos clientes a otros posibles enfermedades contagiosas de la piel o las mucosas. Así, por ejemplo, si a una persona le masajean con profusión los pies, zona muy frecuente de infecciones por hongos, a otra pueden centrarse en la cabeza, con el peligro de alcanzar los ojos o los oídos, de modo que se transmitan posibles infecciones.

Estos falsos profesionales no solo no se lavan entre un cliente y otro, ya que no tienen agua y jabón para desinfectarse, sino que para complicarlo, aplican aceites de masaje de origen que no podemos certificar como garantizado por las normas de la UE, que pueden formar una película que acumule patógenos. Esta película se transmite, a través de las manos del masajista, de un cliente a otro con los potenciales microbios dérmicos, y queda pegada y expuesta al calor, propiciando su crecimiento. 

2. La piel está muy sensible debido a deshidratación y la exposición al sol

Una piel insolada está deshidratada y es más sensible a las agresiones y las fisuras por donde pueden entrar agentes patógenos. Es el caso de los bañistas a los que convencen para hacerles un masaje. Si el anterior punto es motivo suficiente para rechazar este tipo de servicios, cuando se tiene en cuenta que la piel del cliente ha estado, y seguirá estando, expuesta al sol, los riesgos se disparan.

El aceite que se aplica pretende tener un efecto reparador de la agresividad del masaje, pero si se mezcla con granos de arena, un agente altamente abrasivo, la posibilidad de lesiones cutáneas aumenta todavía más. 

3. Faltan unas condiciones mínimas

Un masaje profesional debe hacerse en una camilla acondicionada o una silla profesional. Pero la toalla sobre la arena nunca es una situación recomendable. Se trata de una superficie irregular debido a los montículos de arena sobre los que se extienden las toallas. La manipulación corporal en estas condiciones aumenta el riesgo de lesiones.

Dada la irregularidad del terreno, que hace que unos músculos tengan que trabajar más que otros para mantener la postura, un cuerpo que lleva rato echado sobre la arena presenta cansancio muscular. En tales condiciones, un masaje intenso dado por un no profesional sobre un músculo cansado puede provocar lesiones serias.

4. Se trata de falsos profesionales sin titulación ni conocimientos

Nos ponemos en manos de personas que carecen de titulación alguna y por tanto tampoco conocimientos de anatomía humana, al menos como para dar este tipo de masajes, que suelen ser muy intensivos. Aplican la presión sobre los músculos sin ningún conocimiento y si en el miembro que manipulan tiene previamente algún tipo de lesión, esta es susceptible de empeorar. 

También hay que tener en cuenta que no se debe realizar un masaje si hay previamente en una zona un proceso infeccioso o tumoral, así como fiebre, hernias o lesiones agudas. Tampoco es aconsejable si se toman medicaciones como los anticoagulantes, ya que las maniobras agresivas generan posibilidad de crear hematomas por rotura de capilares.

5. Pueden acentuar lesiones ya existentes

Los masajistas pueden presionar inadecuadamente sobre hernias discales y zonas con problemas degenerativos de las articulaciones -en personas mayores de 40 años-, con lo que pueden agravar lesiones de carácter crónico o provocar elongaciones musculares o de tendones que nos obliguen, entonces sí, a acudir a la consulta de un fisioterapeuta profesional.

6. Fomentamos la explotación de personas

Las personas que dan este tipo de masajes suelen ser de origen asiático y pasan en la playa muchas más horas de las que nosotros podríamos soportar al calor del sol. No es difícil entender que no se dedican a esto por gusto y que están sometidos a una total explotación laboral, con toda probabilidad por mafias.

Aceptar uno de estos masajes significa dar la rúbrica a este tipo de negocios llenos de desigualdad, e ilegalidad y auspiciar su prosperidad económica, con lo que perpetuamos la injusticia que se comete con estas personas. Es posible que no se consiga nada mediante una denuncia, incluso que perjudiquemos a la persona explotada, pero debemos ser conscientes de que el dinero que ganan los masajistas ambulantes playeros nunca va a parar a sus bolsillos sino al de sus explotadores.

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha felicitado este sábado al coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Ricardo Arranz, por haber destituido a varios agentes que estaban en comisión de servicio sin la titulación precisa al aplicar el nuevo reglamento que entra en vigor el 22 de marzo.

En un comunicado, la AUGC en Canarias confía en que esta sea la nueva dinámica de proceder en esta comandancia, al tiempo que valora el nuevo reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil como “un gran avance”.

Según la AUGC, la anterior norma generaba “gran malestar” entre muchos guardias civiles porque evitaba acceder a las comisiones de servicio a agentes con igual o mayor formación y experiencia, con los beneficios que ello conlleva.

La Patrulla Fiscal de Fronteras (PAFIF) de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ha instruido dos actas-denuncias a una mujer y un hombre de 43 y 57 años, respectivamente, por ejercer de guías turísticos sin la titulación oficial en dos guaguas y grupos diferentes.

En un comunicado, la Guardia Civil ha explicado que se les acusa de una infracción a lo establecido en el Real Decreto 59/1997, de 30 de abril, por el que se regulan las actividades turístico-informativas.

Durante el servicio que se encontraban prestando los agentes por la zona de la playa de Las Teresitas, observaron dos guaguas. En una viajaba un grupo de 55 turistas extranjeros y en otra un grupo de 35, acompañados ambos de una persona que, conforme a sus comportamientos, se encontraban ejerciendo las funciones de un guía de turismo, lo cual fue posteriormente confirmado por los conductores de ambas guaguas.

Por su parte, cuando los agentes se entrevistan con los supuestos guías para solicitarles la titulación oficial, éstos, con actitud nerviosa y poco colaboradora, manifestaron no poseerla.

Por este motivo, y tras las comprobaciones correspondientes, se procedió a comunicarles la instrucción de una denuncia a ambos por infracción al citado Real Decreto, tanto por ejercer de guía de turismo sin titulación oficial como por organizar excursiones sin la debida autorización.