La Comisión Europea ha anunciado este viernes reglas más estrictas para la concesión de visados a los ciudadanos rusos. Bruselas ha explicado que esta medida responde a “los mayores riesgos de seguridad derivados de la guerra de agresión no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania, incluyendo la utilización de la migración como arma, actos de sabotaje y el posible uso indebido de los visados”.

Kaja Kallas, la Alta Representante de Asuntos Exteriores de la UE ha explicado que “ahora nos enfrentamos interrupciones y sabotajes sin precedentes con drones en nuestro territorio. Tenemos el deber de proteger a nuestros ciudadanos. Se aplicarán reglas más estrictas a los ciudadanos rusos que soliciten una visa para viajar a la UE. Viajar y moverse libremente dentro de la UE es un privilegio, no un derecho”.

La medida se ha aprobado tras varios incidentes que ha provocado el cierre de varios aeropuertos en Bélgica por el vuelo de drones durante esta semana y la creciente preocupación de las autoridades europeas y la Otan de posibles ataques de guerra híbrida por parte de Rusia para desestabilizar a la UE.

A partir de ahora, los ciudadanos rusos ya no podrán recibir visados de entrada múltiple. Esto significa que los ciudadanos rusos tendrán que solicitar una nueva visa cada vez que planeen viajar a la UE. La Comisión asegura que esta medida permitirá tener “un control más minucioso y frecuente de los solicitantes para mitigar cualquier riesgo potencial de seguridad”.

La comisario de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha señalado que “la guerra de Rusia contra Ucrania sigue representando una grave amenaza para la seguridad europea, con riesgos aumentados relacionados con el sabotaje, la desinformación y las incursiones de drones en la Unión. Al restringir aún más las normas de visado, estamos dando un paso adicional y necesario para salvaguardar la seguridad de la Unión Europea y sus ciudadanos”.

Bruselas asegura que “el objetivo es mitigar las amenazas a la política pública y la seguridad interna, permitiendo excepciones para casos limitados y justificados, como periodistas independientes y defensores de los derechos humanos, asegurando una aplicación uniforme en todos los Estados miembros”.

La medida se basa en una evaluación conjunta de los Estados miembros bajo la cooperación local de Schengen en Rusia y sigue la aprobación de todos los Estados miembros en el Comité de Visados.

Desde la invasión de Ucrania por Rusia, la UE aprobó la suspensión del acuerdo de concesión de visados con Rusia y la adopción de directrices para apoyar a los Estados miembros a limitar los visados para los rusos , aumentando los controles de seguridad y fronterizos.

A partir del 30 de septiembre de 2025, el visado ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes) para ingresar a Estados Unidos experimenta un aumento en su coste. Esta autorización permite a los ciudadanos de países participantes en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) viajar al país por turismo, negocios o tránsito durante un máximo de 90 días sin necesidad de tramitar una visa tradicional.

El ESTA es uno de los principales mecanismos de control previo a la entrada en Estados Unidos, ya que facilita la verificación de datos de los viajeros antes de su llegada al país. La autorización tiene validez temporal y permite múltiples entradas dentro del período estipulado, siempre que se respeten los fines del viaje y los límites de estancia.

El sistema electrónico también contribuye a la organización y gestión de los trámites migratorios, al permitir que las autoridades estadounidenses planifiquen con antelación la entrada de viajeros y detecten posibles incidencias o irregularidades antes de que se produzca el embarque. De este modo, se agiliza el flujo de pasajeros en los aeropuertos y se refuerzan los controles de seguridad sin necesidad de procesos presenciales adicionales.

Cuánto cuesta ahora el visado

El coste del visado ESTA ha pasado de 21 a 40 dólares estadounidenses, casi el doble del valor anterior. Al cambio, el importe equivale aproximadamente a 34 euros. La nueva tarifa entra en vigor el 30 de septiembre de 2025 y se aplica a todas las solicitudes presentadas a partir de esa fecha.

El aumento no afecta a las personas que ya hayan obtenido un ESTA válido antes de la entrada en vigor del nuevo coste. El pago de la solicitud debe realizarse en línea mediante tarjetas de crédito o a través de PayPal.

Cómo se solicita el visado, cuánto tarda el trámite y cuáles son los requisitos

La solicitud del visado ESTA debe realizarse únicamente a través de la página oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El proceso consiste en completar un formulario digital con los datos personales del solicitante, información del pasaporte y detalles del viaje previsto.

Se recomienda tramitar el ESTA al menos 72 horas antes de la fecha de viaje, para garantizar que la autorización esté disponible antes de embarcar. El tiempo de procesamiento puede ser inmediato, aunque en casos excepcionales puede tardar hasta 72 horas. Una vez aprobado, el permiso tiene una validez de dos años o hasta la caducidad del pasaporte, lo que ocurra primero, y permite realizar múltiples entradas a Estados Unidos, siempre que cada estancia no supere los 90 días, en caso de excerder ese período de tiempo puede conllevar sanciones, como la prohibición de volver a ingresar al país durante un período de tres a diez años.

Para presentar la solicitud, además del pasaporte válido, es necesario proporcionar domicilio y número de teléfono del solicitante, así como los datos de contacto de emergencia, incluyendo teléfono y correo electrónico.

Estados Unidos anunció este martes que exigirá una fianza de 15.000 dólares a los solicitantes de visados de turismo y negocios provenientes de Malaui y Zambia, con el objetivo de disuadir estancias irregulares en el país.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, informó en una rueda de prensa que Malaui y Zambia serán los dos países incluidos en este programa piloto, que fue publicado el lunes en el Registro Federal, aunque entonces no se especificaron las naciones afectadas.

Bruce explicó que, a partir del 20 de agosto, los ciudadanos de Malaui y Zambia que soliciten los visados B1 y B2 deberán depositar una fianza de hasta 15.000 dólares, una medida con la que la Administración de Donald Trump busca evitar la “sobreestancia” en el país.

Según datos del Gobierno estadounidense, el 14 % de los visitantes de Malaui y el 11 % de los de Zambia excedieron el tiempo autorizado de estancia durante el año fiscal 2023.

El programa estima que cerca de 2.000 solicitantes afrontarán el pago de una fianza promedio de 10.000 dólares durante el programa piloto y que, después de demostrar que no permanecen en Estados Unidos, los extranjeros obtendrán el reembolso total de la fianza.

La Administración de Trump estima que más de 500.000 personas excedieron la permanencia de sus visados en el año fiscal 2023, los datos más recientes.

Esta fianza se suma al incremento de costos para visados aprobado en julio en el plan fiscal del Gobierno de Trump, como la 'tarifa de integridad de visa', de al menos 250 dólares a los permisos de todos los extranjeros que ingresen al país con visados.

Estados Unidos emitió casi 11 millones de visas de no inmigrante en 2024, según cifras del Departamento de Estado.

La ley de Trump también impone incrementos en el valor de otras solicitudes, pues por primera vez los migrantes no solo deben pagar una tarifa para solicitar asilo, fijada en 100 dólares, sino un precio adicional de 100 dólares cada año que la solicitud esté pendiente de resolución.

Vuelven las citas, las entrevistas y los procesos para los visados de estudiantes extranjeros que quieran ir a EEUU. Pero con más restricciones, que pasan por la fiscalización de las redes sociales, según ha anunciado este miércoles el Departamento de Estado de EEUU. “Un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho”, sentencia el departamento de Marco Rubio.

De acuerdo con la nota difundida, la Administración Trump anuncia que utilizará “toda la información disponible” en la “selección y verificación de visados para identificar a los solicitantes que no son admisibles en EEUU, incluidos aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional”.

Según las nuevas directrices, realizarán “una verificación exhaustiva y minuciosa, incluidos los perfiles online, de todos los solicitantes de visados de estudiante y de intercambio”. Y añade: “Para facilitar esta investigación, se indicará a todos los solicitantes de visados de no inmigrante que ajusten la configuración de privacidad de todos sus perfiles en las redes sociales a 'pública”.

El Departamento de Estado, así informa de que sus oficinas en el extranjero reanudarán “pronto” la programación de solicitudes de visados de no inmigrante –los tipos de visado F, M y J–: “Los solicitantes deben consultar el sitio web de la embajada o el consulado correspondiente para conocer la disponibilidad de citas”.

“Cada decisión sobre la concesión de un visado es una decisión de seguridad nacional”, dice la Administración Trump: “Hay que estar alerta durante el proceso de expedición de visados para garantizar que quienes solicitan la admisión en EEUU no tienen la intención de perjudicar a los estadounidenses ni a nuestros intereses nacionales, y que todos los solicitantes demuestran de forma creíble su elegibilidad para el visado solicitado, incluyendo su intención de participar en actividades coherentes con los términos de su admisión”.

El Departamento de Estado también ha pedido a los consulados que dieran prioridad a los estudiantes que desean matricularse en universidades en las que los extranjeros representan menos del 15% del alumnado, según informó una fuente a Associated Press.

Los estudiantes extranjeros representan más del 15% del alumnado en casi 200 universidades estadounidenses, según un análisis de AP de los datos federales sobre educación de 2023. La mayoría son universidades privadas, incluidas las ocho universidades de la Ivy League, pero también se incluyen 26 universidades públicas, entre ellas la Universidad de Illinois y la Universidad Estatal de Pensilvania.

Los estudiantes internacionales en EEUU se están enfrentando a un mayor escrutinio desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero pasado.

En primavera, la administración Trump revocó el permiso para estudiar en EEUU a miles de estudiantes, entre ellos algunos que solo habían cometido infracciones de tráfico. El Gobierno de EEUU también amplió los motivos por los que se puede revocar la condición legal de los estudiantes extranjeros.

Como parte de la campaña de presión a la Universidad de Harvard, la Administración Trump ha tomado medidas para impedir que los estudiantes extranjeros asistan a este centro, que cuenta con los estudiantes internacionales para obtener ingresos por matrículas y representan una cuarta parte de su alumnado. Trump ha dicho que Harvard debería limitar los extranjeros al 15%.

El Gobierno aprovechará la tramitación de la ley orgánica de medidas de eficiencia en la justicia y de protección de los consumidores para introducir, vía enmienda, la supresión de las 'Golden Visa' para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda, una medida que se inició en 2013 durante el Gobierno del Partido Popular. Aunque estos visados se otorgaban a las personas que hicieran cualquier tipo de inversión en España, la gran mayoría se concedían por la compra de vivienda. En la enmienda que presentará este miércoles el grupo socialista en el Congreso también se incluye la eliminación de los permisos por una inversión en un proyecto empresarial, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es. 

“La compra de viviendas por extranjeros ha aumentado considerablemente en los últimos trimestres, y además se observa una importante concentración geográfica que podía estar ejerciendo una presión excesiva sobre la demanda de vivienda en estos ámbitos, y por tanto sobre el precio”, señala la enmienda.

Además el texto legislativo recalca que esta herramienta no ha conseguido atraer inversiones empresariales por lo que no crean empleo. Por otro lado, el Ejecutivo recuerda que varios países de la Unión Europea han eliminado este tipo de visados, una acción que se ha acelerado con la guerra de Ucrania, ya que muchos de los solicitantes eran de origen ruso.

En abril el Ejecutivo ya anunció su intención de suprimir la 'Golden Visa', algo en lo que PSOE y Sumar mostraban sintonía aunque el socio minoritario venía demandando celeridad y llegó a presentar una proposición de ley específica para ello.

Solo en los últimos cinco años, desde 2018, millonarios extranjeros han realizado inversiones inmobiliarias por un valor de al menos 4.800 millones de euros como vía para conseguir un visado de oro en España, según los datos obtenidos por elDiario.es a través de la Ley de Transparencia que detallan las inversiones de más de 3.060 visados concedidos por la adquisición de inmuebles entre 2018 y 2022.

En total, desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó estos 'Visados Dorados' en 2013 y hasta finales de 2023, España ha emitido más de 6.200 visados por inversión en inmuebles. La mayoría de los que se solicitan se conceden, porque solo se han rechazado alrededor de un millar

La semana pasada el diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, instaba al Gobierno a derogar “de forma urgente” estos visados de residencia a extranjeros que compran inmuebles de más de 500.000 euros, dado que habían pasado más de 100 días desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su fin.

Ibáñez, que es portavoz de vivienda del grupo plurinacional, ha proclamado que la 'Golden Visa' es una medida “discriminatoria” que impulsaba “la especulación inmobiliaria”. Por tanto, valora positivamente que el Ejecutivo reaccione a sus demandas y acelere su eliminación.

Un total de 69 ciudadanos bolivianos no pueden desembarcar de un crucero amarrado en el puerto de Barcelona porque no disponen de un visado válido para ingresar en el espacio Schengen europeo, unos documentos que la Policía Nacional cree que son falsos.

El Ministerio boliviano de Exteriores ha informado de que “ha tomado conocimiento de la situación” de estas personas “que se encuentran actualmente a bordo del crucero MSC Armonía en Barcelona”, y que salió de Brasil para “cubrir una ruta en el mar Mediterráneo”.

“Debido a que los connacionales no cuentan con los documentos de ingreso al espacio Schengen, tienen dificultades para desembarcar en los puertos de Europa”, ha indicado en un comunicado el Gobierno boliviano.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han informado a EFE de que los visados de estos ciudadanos bolivianos son falsos y que están investigando si los responsables del crucero tenían conocimiento de esta presunta infracción.

El Gobierno de Bolivia ha informado de que su embajada en España y el consulado general del país suramericano en Barcelona “se encuentran realizando las gestiones pertinentes para atender este caso” mediante “coordinaciones con las autoridades españolas” y con la empresa MSC Cruceros.

No obstante, el Ejecutivo boliviano considera que es la empresa la que debe otorgar “una inmediata solución” a estos ciudadanos, “puesto que su obligación era corroborar los documentos de ingreso o salida a cualquier destino que ofrezca sus servicios” para evitar “este tipo de imprevistos”.

Fuentes de MSC Cruceros han informado a Efe de que están trabajando con las autoridades españolas para gestionar la situación que afecta a pasajeros de Bolivia, que incluyen familias y niños, y han confirmado que estos viajaban con una “documentación no válida”.

Las mismas fuentes han indicado que estos pasajeros “parecía que tuvieran documentación apropiada en su embarque en Brasil”.

Sin embargo, MSC Cruceros fue informada posteriormente “por las autoridades de que los visados no son válidos para su entrada en el área Schengen”, por lo que no han podido desembarcar en Barcelona, que era el destino final, ha informado la compañía.

Según MSC Cruceros, el barco continúa en el puerto de Barcelona mientras la compañía trabaja con las autoridades pertinentes para facilitar este proceso y ha informado al pasaje a bordo de la situación.

Los ciudadanos bolivianos no requerían visado para hacer viajes de corta estancia, de 90 días, a los países que son parte del espacio Schengen hasta 2007, cuando entró en vigencia una decisión adoptada por los gobiernos europeos para responder al aumento del flujo migratorio procedente de Bolivia.

En 2015, el Gobierno boliviano y la Unión Europea (UE) iniciaron negociaciones para suprimir el requisito del visado Schengen para los bolivianos que hagan viajes de corta duración a estos países.

El asunto se volvió a abordar en 2022 en un diálogo de “alto nivel” en La Paz, si bien actualmente sigue vigente la exigencia del visado para los bolivianos.

Hay salas en el aeropuerto de Barajas en Madrid que viven una situación de colapso. Son las salas reservadas para personas en situación de petición de asilo. Y se han saturado. Hay gente permanentemente, a veces duermen allí durante días. Durante las últimas semanas ha llegado a haber al mismo tiempo 330 personas en este lugar. Sin ventanas, sin contacto con el exterior, sin poder alimentarse o lavarse correctamente. Tiradas en el suelo.

Conocemos los casos de Mathias y de Patricia, dos personas que han estado hacinadas en Barajas y que han hablado con la periodista de elDiario.es Gabriela Sánchez, que nos explica cómo se ha llegado a este colapso en el aeropuerto.

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La doctora Doseline Kiguru, experta keniana en literatura mundial, se sintió muy afortunada cuando consiguió un puesto permanente en la Universidad de Bristol. Sin embargo, su estado de ánimo cambió hace dos semanas cuando supo que el Ministerio del Interior del Reino Unido había rechazado la solicitud de visado que hubiera permitido que su hija de seis años, que todavía vive en Kenia, se reuniera con ella.

Los compañeros de la académica han criticado la decisión con contundencia y la han calificado de “acto de crueldad inimaginable”. Lo cierto es que esta decisión aviva el temor de que el Gobierno esté bloqueando de forma desproporcionada la llegada al Reino Unido de académicos del sur global, a pesar de la promesa del primer ministro, Rishi Sunak, de convertir al país en una “superpotencia científica y académica” mundial. La situación recuerda a dos casos similares ocurridos en 2019, en los que el Ministerio del Interior se vio obligado a rectificar una decisión de denegar la entrada a los hijos de dos investigadoras de la Universidad de Oxford, tras recibir duras críticas de académicos de todo el mundo.

Los académicos afirman que no se trata de un caso aislado, ya que las autoridades rechazan con frecuencia los visados de los hijos de los investigadores, pero los padres optan por no denunciar la situación por miedo a represalias dado que su permanencia en el Reino Unido también depende de un visado de trabajo. Kiguru ha señalado que estaba “desolada” por la “horrible” decisión de prohibir a su hija mudarse al Reino Unido y que no puede soportar “pensar en lo sola y aislada que se siente” en Kenia. Kiguru cuenta que su hija le pregunta por teléfono todos los días cuándo irá a recogerla: “Por supuesto, una niña no entiende estas complejidades [del visado]. Cree que la he abandonado”.

“Dan a entender que eligió abandonar a su hija”

La académica llegó a Bristol en 2021 como investigadora asociada en un proyecto sobre el activismo literario en África, financiado por la UE con un presupuesto de un millón y medio de euros. Su trabajo de campo requería que pasara mucho tiempo en Kenia, por lo que en ese momento la familia decidió que no era necesario desarraigar a la niña. Sin embargo, cuando la Universidad de Bristol le ofreció un puesto permanente de profesora, decidió establecerse en la ciudad con su hija. Su marido, también académico, no puede cuidar de su hija porque viaja continuamente para investigar, y también le gustaría establecerse en el Reino Unido.

En julio, Kiguru regresó a Kenia para solicitar el visado de su hija. No esperaba tener ningún problema: ya la había matriculado en una escuela primaria de Bristol a partir de septiembre y le había comprado el uniforme. El proceso de obtención del visado debía durar 15 días laborables, pero no fue hasta que la Universidad de Bristol intervino a principios de noviembre cuando supo que la solicitud de su hija había sido rechazada a principios de octubre. Ahora solo le queda una semana para presentar un recurso.

La denegación del Ministerio del Interior del Reino Unido alega que no aprecia “ningún motivo basado en la compasión” para permitir que la niña se reúna con su madre. La carta, dirigida a la niña de seis años, añade: “Fue una decisión personal de tu madre marcharse al Reino Unido”. Una colega que apoya el recurso de Kiguru, y que pide el anonimato por temor a represalias del Ministerio del Interior con su propio visado, afirma: “Dan a entender que Doseline eligió abandonar a su hija. La hostilidad de ese razonamiento, que solo puede proceder de un lugar racista y misógino, me deja sin aliento”.

Motivos “arbitrarios y subjetivos”

Madhu Krishnan, catedrática de Literaturas Africana, Mundial y Comparada en la Universidad de Bristol, asegura: “La decisión de separar a una niña pequeña de su madre por motivos tan espurios es un acto de crueldad impensable, con el que tristemente nos hemos familiarizado en los últimos años”. Describe a Kiguru como una “destacada académica a nivel mundial” y dijo que su pérdida se sentiría “ profundamente” si esto la expulsaba del Reino Unido.

Según un informe reciente de la Royal Society, la sociedad científica más antigua del Reino Unido, los visados académicos se deniegan a menudo por motivos “arbitrarios y subjetivos”. De acuerdo con el informe, los ciudadanos africanos que solicitan un visado de visitante –que los científicos necesitan para asistir a conferencias de investigación en el Reino Unido– tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de ser rechazados que los solicitantes de Asia oriental.

El documento describía una conferencia de investigación centrada en recabar ideas del sur global, pero que acabó sin asistentes de esa parte del mundo. La sociedad ha denunciado el aumento “desproporcionado” de las tasas de visado, previsto a partir del año que viene, por considerarlo un “impuesto punitivo sobre el talento”, ya que los investigadores de alto nivel que vienen al Reino Unido se enfrentan a costes hasta 10 veces superiores a los de otros países que están en la vanguardia científica.

Adrian Smith, presidente de la sociedad científica, ha declarado que “si el Reino Unido quiere ser realmente un líder mundial en el competitivo entorno global de la investigación, necesitamos medidas urgentes para eliminar estas barreras”.

Contactado por The Guardian, un portavoz del Ministerio del Interior ha indicado que no hacen comentarios sobre casos individuales, pero ha añadido que “todas las solicitudes de visado se estudian en función de sus méritos individuales de acuerdo con las normas de inmigración”. 

Traducido por Emma Reverter.

Tras difundir que cinco estados caribeños habían vendido visados europeos a a 88.000 nacionales de Irán, Rusia y China, entre otros países, la Unión Europea (UE) ha comunicado su preocupación por el comercio de los llamados 'golden visa', que concede la residencia a cambio de inversiones. Bruselas ha anunciado su intención de reforzar el control de visados.

La Comisión Europea deja por primera vez al descubierto en un informe la magnitud del comercio de visados en el Caribe, donde hay varios países vendiendo la ciudadanía a precios que comienzan en 100.000 dólares por cabeza (unos 82.326 euros).

De acuerdo con el informe, la nación insular de Dominica (con una población aproximada de 72.000 habitantes) ha expedido un total de 34.500 visados, cuatro veces más que el total declarado en la última estadística del gobierno. En la nación de San Cristóbal y Nieves (con una población de 48.000 habitantes) se expidieron 36.700 permisos, el doble de lo estimado hasta 2018.

En el conjunto de cinco estados caribeños (Dominica, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Granada, y Santa Lucía) se han expedido un total de 88.000 visados.

El anuncio de la UE llega tras la publicación de la investigación Dominica: Pasaportes del Caribe, desarrollada por el periódico The Guardian y otros medios de comunicación junto a la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project [Proyecto de investigación contra la corrupción y el crimen organizado, OCCRP por sus siglas en inglés].

La investigación periodística examina con un detalle inédito el sistema puesto en marcha por Dominica para vender ciudadanías a cambio de inversiones. La venta de pasaportes en esta pequeña nación se disparó en 2015, cuando los ciudadanos de varios países del Caribe obtuvieron permiso para viajar sin visado durante 90 días a una mayoría de los países miembros de la UE (el acuerdo de exención de visa para los ciudadanos de San Cristóbal y Nieves es anterior, de 2009).

La UE mantiene acuerdos de exención de visado con 60 países. La propuesta de la Comisión es revisar la normativa para evitar que estas 'golden visa' permitan “la infiltración de la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción”. El objetivo es reservarse el derecho de suspender la exención de visado cuando los países venden su ciudadanía a personas sin un “vínculo genuino” con el país. En el sistema puesto en marcha por Dominica los compradores de la nacionalidad ni siquiera necesitan visitar la isla o adquirir una vivienda.

“La UE debe reservarse el derecho de suspender la exención de visado a un tercer país que decida aplicar un régimen de concesión de nacionalidad a inversores en el que la ciudadanía se otorgue sin ningún vínculo genuino con dicho tercer país”, escribió la Comisión en la petición de nueva legislación que elevó al Parlamento Europeo.

Según la Comisión, a las personas que adquieren una segunda nacionalidad se les está permitiendo el cambio de nombre y de identidad, una práctica que puede obstaculizar los controles de fronteras, así como la aplicación de sanciones y de órdenes de arresto de Interpol.

“Dentro del régimen de exención de visados con la UE, hay países vendiendo a precios bastante bajos el pasaporte o la nacionalidad a personas que representan o podrían representar un riesgo para la seguridad de la UE”, dijo la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson. “A veces les permiten cambiar de nombre y de identidad en varias ocasiones tras obtener la nueva ciudadanía, algo que por supuesto también representa un riesgo para la seguridad de la UE que debemos investigar”, sostuvo.

A Johansson también le preocupa la inmigración. Ante los periodistas dijo que unas 150.000 personas habían aprovechado la exención de visado para entrar a la UE y solicitar asilo: “Por supuesto, así no es como debe utilizarse la exención de visado”, dijo.

Según el informe, en las naciones de Dominica y de San Cristóbal y Nieves el índice de rechazo de solicitudes de ciudadanía es “extremadamente bajo (entre el 3% y el 6%)”, algo que unido a los breves plazos de tramitación (en algunos casos, de solo dos meses) hace que surjan dudas sobre la rigurosidad en los controles de seguridad“.

El informe también alertó por la nacionalidad de origen de las personas que compran 'golden visa', con una mayoría procedente de China, Rusia, Siria, Irán, Irak, Yemen, Nigeria y Libia, todos países en los que parece haber niveles altos de corrupción. “El acceso sin visado a la UE no debe utilizarse como una mercancía que se compra y se vende”, asegura el informe.

“Nuevas razones para suspender los visados”

Según Margaritis Schinas, la vicepresidenta de la Comisión Europea que coordina los cambios en temas de inmigración, hay que “afilar” la legislación incluyendo una lista de “nuevas razones para suspender los visados”. Aunque la exención de visados haya beneficiado a Europa por el aumento en los viajes de turismo y de negocios, sostuvo, es necesario “asegurarse de que no se hace un mal uso de nuestro marco de política de visados”.

Dominica publicó el nombre de las 7.700 personas que entre 2009 y 2018 recibieron la ciudadanía por inversión (y por otras vías, como el matrimonio). Pero, según un análisis de los datos presupuestarios llevado a cabo por The Guardian y el OCCRP, otras 19.000 personas podrían haberse naturalizado entre 2016 y 2022. De acuerdo con la información de la UE, incluso esa estimación podría representar solo el 80% de la cifra real.

Dominica no ha respondido a preguntas detalladas sobre su sistema. El primer ministro, Roosevelt Skerrit, defendió la venta de visados durante dos ruedas de prensa que se celebraron después de que los periodistas le pidieran comentarios. Skerrit dijo que las comprobaciones de antecedentes que se hacían a los solicitantes eran “consistentes” y que los candidatos debían pasar por “capas de diligencia debida”. También comparó a los periodistas con “terroristas” y pirómanos.

La exención de visado para viajar a Estados Unidos y a países de la UE es uno de los principales atractivos para los programas de ciudadanía por inversión del Caribe. Cualquier cosa que amenace ese privilegio puede afectar directamente a los ciudadanos dominiqueses nacidos en el país. Ya ocurrió algo así en julio, cuando el Reino Unido retiró a su antigua colonia la exención de visado, alegando “un claro y evidente abuso del sistema, incluida la concesión de la ciudadanía a personas que se sabe suponen un riesgo para el Reino Unido”.

Traducción de Francisco de Zarate

Shamael Ahmadzai nació en la provincia de Kunduz, al norte de Afganistán. “Antes de que llegaran los talibanes la situación era compleja. Vivíamos con miedo día a día. Pero teníamos la esperanza de que un día todo esto acabara y viviéramos en un país seguro”, cuenta esta fiscala afgana a elDiario.es. Nunca pensó que la situación acabaría por empujarla a huir a un país del que poco sabía: España.

Ahmadzai es una de las 21 mujeres, de las 30 juezas y fiscalas que solicitaron asilo a la embajada de España en Pakistán - con el apoyo de las organizaciones de la Unión Progresista de Fiscales, Juezas y Jueces para la Democracia y 14lawyers-, que ya han llegado a España. Desde que las milicias talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, los jueces, fiscales y abogados se convirtieron en uno de los principales objetivos de los talibanes.

La fiscala cuenta que comenzó sus estudios jurídicos en su provincia natal. “Me gustaba esa carrera, siempre quise ser fiscal, por eso empecé a estudiar derecho en Kunduz”. Estudiar, sin embargo, llevaba consigo un riesgo: “Mi padre era policía, le amenazaron, a él y a su familia, por permitir que mi hermana y yo estudiáramos”. Las amenazas les empujaron a huir a Kabul, donde se mudó junto a su familia.

A pesar de las dificultades, ella consiguió graduarse y convertirse en fiscal. Ahmadzai se especializó en casos de violencia de género. “Me encantaba poder ayudar a esas mujeres. Siempre que acudían a nuestro despacho, yo les ayudaba con mucho gusto. Era mi pasión”, cuenta con una sonrisa en la cara. Sin embargo, cuando los talibanes tomaron el poder, su familia y ella decidieron marcharse de Afganistán a Pakistán.

Islamabad

Mientras Ahmadzai se recoloca el velo, cuenta que cuando su familia y ella consiguieron los visados viajaron a la capital de Pakistán, Islamabad. El recibimiento fue desagradable: “La imagen que nosotros teníamos de Pakistán era totalmente distinta a la que nos encontramos”, dice muy seria. Explica que las autoridades los maltrataban y discriminaban por ser afganos.

“Vivimos durante mucho tiempo indocumentados, eso nos hizo quedarnos rápidamente sin recursos económicos. Intentamos muchas veces trabajar y hacer algo por la sociedad, sin embargo en cuanto se enteraban que éramos afganos sin papeles, nos empezaban a tratar muy mal”, dice. 

Cuando se les caducaron los visados, no tenían derecho a nada y casi no podían salir a la calle. “El Gobierno de Pakistán nos informó a través de un SMS de que teníamos que abandonar el país antes de diciembre de 2022, de lo contrario nos enfrentábamos a tres años de cárcel”, dice la fiscala afgana Obaida Sharar. Según la organización 14lawyer, todavía hay 150 fiscales, hombres y mujeres, que han pedido asilo a España en Islamabad y otros 120 que se encuentran en la misma situación en Teherán.

Familias en un “limbo”

A pesar del maltrato vivido en Islamabad, Ahmadzai cuenta entre lágrimas que el momento más duro en Pakistán tuvo lugar cuando le concedieron el visado para viajar a España. “Cuando me enteré que había una resolución favorable para que yo pudiera ir a España, compré todos los billetes para mí y mi familia. Sin embargo, cuando envié la información de los billetes [a la embajada] me dijeron que la resolución era únicamente para mí, y que mi familia no podía viajar”, dice Ahmadzai. “Yo no quería abandonar a mis padres ni a mi hermano, entonces les dije que yo tampoco me iba. Pero la situación era tan compleja que mis padres me dijeron que me fuera”.

A día de hoy, su familia aún continúa en Islamabad. Desde que llegó a España, su única esperanza es poder reencontrarse con ellos algún día, “me da igual cómo vivamos aquí, voy a luchar por sacar a mi familia de Pakistán”.

Ignacio Rodríguez, presidente de 14lawyers, cuenta a elDiario.es que las familias que todavía viven en Islamabad se encuentran en un “limbo”. Además, añade que “su única opción es solicitar la reagrupación familiar”. Desde distintas organizaciones “están intentando centrar sus esfuerzos en conseguir reagrupaciones familiares para que estas personas consigan traer a sus familias” a España.

“Me negué a hacerlo”

Farestha Parwani nació en la provincia afgana de Laghman, donde la sociedad era bastante conservadora, por ello se fue, junto con su familia, a estudiar a Kabul a muy corta edad. Cuando aún estaba en el colegio, fue a visitar su pueblo natal con su padre. Observó que los colegios estaban cerrados. Las niñas no tenían oportunidades para estudiar y mucha gente no tenían una buena imagen de las chicas que estudiaban. En ese momento, Parwani decidió estudiar derecho y convertirse en fiscal: “Quería luchar por los derechos de esas niñas”.

Parwani finalmente acabó siendo fiscal de investigación. Vivía con amenazas constantes. “Uno de los criminales a los que interrogué me dijo: ‘Pregunta lo que quieras, y, luego, que me sentencien lo que quieran, pero todas estas preguntas te harán volar por los aires”. También dice que se encargaba de redactar listas para liberar a presos que tuvieran condiciones especiales, como enfermedades graves o madres lactantes. Un día los talibanes fueron a su casa y la chantajearon para intentar meter a su gente en esas listas: “Yo me negué a hacerlo”.

Cuando llegaron los talibanes Parwani se mudó a una zona fronteriza con Pakistán, “nosotras éramos caras conocidas, estábamos en la oficina y atendíamos de cara al público, ellos nos conocían”. La fiscal, quien durante toda la entrevista había permanecido con un rostro serio, recuerda entre lágrimas a su padre, quien no llegó a salir de Afganistán: “Él era Ministro del Interior, y le asesinaron cuando fue a cobrar su sueldo al banco”.

Tras la pérdida de su padre, su familia y ella tardaron tres meses en conseguir un visado para ir a Pakistán, allí se fue junto con su familia, “tuvimos que cambiarnos de casa tres veces”. Una de ellas amenazaron a su hermano: “Se le acercaron varias personas y le preguntaron si su hermana era la fiscal afgana que estaba intentando salir, y le dijeron que querían hablar conmigo”, cuenta la fiscala. “Él negó que fuera su hermana, y salió corriendo. Cuando llegó a casa me contó la situación y decidimos mudarnos”. 

Según Rodríguez, cuando las fiscalas y juezas llegan a España comienzan un momento muy duro para ellas. “Están contentas por estar en un país seguro. Pero se encuentran con una realidad complicada”. Añade que además se suma que desde el Ministerio las ha dispersado, “creo que para nosotros es un error. Una cosa es no crear guetos y otra cosa es con un número tan bajo, dispersar a distintas ciudades a estas mujeres, sobre todo ahora que necesitan prestarse apoyo mutuo y sentirse acompañadas”. 

Al igual que Ahmadzai, a la familia de Parwani no le permitieron venir a España. “Ahora mismo, mentalmente no me encuentro muy bien, soy positiva con mi futuro aquí, pero hasta que no me reencuentre con mi familia va a ser difícil vivir en España”.

La artista y DJ keniata Emma Nzioka llevaba casi un año esperando impacientemente la llegada del festival Terra Sagrada de Cabo Verde, donde actuaría y podría ver a Boddhi Satva, entre algunos de sus artistas africanos favoritos. Pero Nzioka, más conocida como Coco Em, se quedó sin poder salir del país para acudir al festival el pasado mes de diciembre.

En el mostrador de facturación del aeropuerto, en Kenia, le dijeron que no podía embarcar si no compraba un billete de vuelta con la misma aerolínea (ella tenía un pasaje de regreso con otra compañía) para “demostrar” que volvería a casa. Aunque el destino final de Nzioka era Cabo Verde, el vuelo hacía escala en Ámsterdam.

“El personal de la aerolínea dice que mucha gente ha ido a 'causar problemas' en Europa, que han roto sus documentos, se han negado a salir y han tenido que ser deportados”, tuiteó Nzioka, añadiendo que los responsables de la aerolínea habían expresado abiertamente dudas sobre su “relación” con el país de tránsito.

Su mensaje se hizo viral y generó un torrente de historias parecidas de africanos que viajan al extranjero y se enfrentan a injustas restricciones de viaje y “humillaciones rituales”.

A principios de este año, quedó sin respuesta la solicitud de un visado Schengen de la estrella nigeriana del afropop Yemi Alade. A la artista, con varias giras mundiales a sus espaldas, también le negaron un visado en Canadá para el festival International Africa Nights. Suzanne Rousseau, cofundadora del festival, dijo a la cadena canadiense CTV que se la habían denegado por “razones financieras” y por el temor de que la artista “no quisiera salir de Canadá”.

Para los africanos, viajar a Europa y moverse entre sus países es complicado. Las tres mayores tasas de rechazo son de solicitudes de visados Schengen originadas en países del continente africano: a Guinea-Bissau le rechazaron el 53% de las solicitudes; a Senegal, el 52%; y a Nigeria, el 51%. La mayoría de los países africanos está en la mitad inferior de la clasificación mundial de pasaportes [por su capacidad de viajar a otros países sin necesidad de visado]. Salvo algunas pocas excepciones, los ciudadanos de África necesitan obtener un visado antes de viajar a más de 100 países.

Entre el gran número de documentos que se exigen para obtener un visado Schengen figuran extractos bancarios, un billete de ida y uno de vuelta, una dirección durante la estancia en el extranjero y un seguro de viaje. “El umbral es cada vez más alto y cambia de forma muy radical”, dice Nanjala Nyabola, autora del libro Travelling While Black [Viajar siendo negra].

Abundan las historias de africanos sometidos a indignidades durante sus viajes, o teniendo que cumplir con requisitos de los que no habían oído hablar. Las personas con costumbre de viajar como Nzioka saben que su capacidad para subirse al avión depende de algo más que de sus documentos. 

Discriminación racial

La artista, que suele viajar por sus giras y actuaciones, ya se había encontrado con barreras similares a las que impidieron el viaje a Cabo Verde. En 2019, cuando viajaba hacia Túnez pasando por Italia para asistir a otro festival, le requisaron el pasaporte. Cuenta que cinco personas diferentes la interrogaron durante tres horas preguntándole por su visado y por los motivos por los que no había tomado una ruta directa.

Nzioka cree que los funcionarios la estereotiparon por ser una mujer de trenzas largas y piel oscura. “Sabemos qué tipo de cosas hacen allí las chicas como tú”, recuerda que le dijeron mientras le hablaban de mujeres que se habían fugado con hombres extranjeros o se habían establecido en Europa sin los permisos necesarios.

“La percepción es que ciertos viajeros con un origen racial diferente son intrínsecamente más peligrosos por ser quienes son”, dice Nyabola.

“¿Tienes bienes en tu país?”

En Reino Unido, la tasa de denegación de visado para los ciudadanos africanos que desean viajar al país por motivos profesionales o de negocios es más del doble que para el resto de nacionalidades. 

Nzioka se ha perdido espectáculos en Reino Unido por los estrictos requisitos de visado, que incluyen demostrar que el solicitante tiene propiedades en su país de origen. “No basta con decir que vivo aquí, que estoy casada aquí, que tengo hijos aquí”, dice Nzioka. “Te preguntan: '¿Tienes bienes en tu país?'”.

Estos requisitos pueden limitar la visibilidad de los artistas africanos, dice. “Se pueden contar con los dedos de una mano las DJ africanas que están de gira por Europa”.

Traducción de Francisco de Zárate

El Tribunal Supremo ha establecido que es discriminatorio exigir visado a los menores de Marruecos para empadronarse en Melilla al considerar que el padrón no es la vía para controlar la inmigración ilegal. Bajo esta premisa, ha anulado un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma que fue aprobado en mayo de 2019 y por el que se establecía dicho requisito para hacer efectivo el empadronamiento de menores procedentes de la ciudad de Nador.

En una sentencia de 25 de abril, recogida por Europa Press, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de casación que presentó Cáritas Española contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ratificaba el acuerdo del Consejo de Gobierno de Melilla.

Dicho acuerdo fijaba “las instrucciones para la gestión del padrón municipal de habitantes de Melilla” y establecía la exigencia de visado para el empadronamiento de los menores de edad no emancipados procedentes de Nador.

En 20 folios, los magistrados han explicado que el texto “carece de cobertura legal y constituye un trato discriminatorio tanto en relación con los menores españoles como respecto de menores extranjeros de otras procedencias”.

Además, han subrayado que el padrón “no es el instrumento para controlar las estancias irregulares” y ha insistido en que si de su inscripción se desprenden derechos para los menores de edad “no cabe imponer exigencias no previstas por la Ley Orgánica que los protege”.

Interés superior del menor

En su recurso, Cáritas Española alegaba que el empadronamiento constituye un requisito necesario para acceder a servicios básicos esenciales que se encuentran íntimamente vinculados con el ejercicio y disfrute de derechos fundamentales tales como la educación o servicios sanitarios y asistenciales.

En este sentido, defendía que no se pueden establecer requisitos discriminatorios para acceder a esos derechos por parte de menores de edad. Insistía en que esta exigencia suponía una vulneración de los derechos fundamentales a la educación e integridad física.

En su sentencia, el Supremo ha indicado que en este caso --al afectar a menores de edad-- hay dos normas prioritarias a la Ley de Bases de Régimen Local como son la Convención de Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección de Jurídica del Menor, que priorizan el interés superior del menor y reconocen el derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas a los menores extranjeros que se encuentren en España.

En la resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Celsa Pico, la Sala ha subrayado que, “dada tal regulación, no cabe entender que unas instrucciones para la gestión del padrón municipal en un municipio concreto puedan innovar el ordenamiento jurídico que ha de examinarse en su totalidad teniendo en cuenta esencialmente, en este caso, la Convención de los Derechos del Niño”.

Así las cosas, ha dado la razón a Cáritas Española y ha estimado su recurso de casación, por lo que se anula el acuerdo del Consejo de Gobierno de Melilla en lo relativo a la exigencia de visado a los menores domiciliados en Nador.

Victoria Rumyantseva es una abogada de origen ruso que lleva en España cerca de 12 años. Su trabajo está centrado en ayudar legalmente a compatriotas establecidos en el país, por lo que conoce bien cómo funciona la tramitación de visados y, en especial, una figura que los ciudadanos rusos conocen bien, las llamadas 'golden visas', es decir, permisos especiales de residencia para quienes inviertan una determinada cantidad. “Hay mucha inquietud por lo que puede pasar y la gente tiene miedo. A algunos les han bloqueado sus cuentas bancarias y no pueden utilizar sus tarjetas de crédito rusas”, indica Rumyantseva.

Según explica esta abogada, el pánico entre los rusos ha crecido sobre todo a raíz de la noticia de que no se iban a conceder más visados o, incluso, que se iban a retirar. “Eso es falso, porque hay una confusión entre lo que son visados 'golden' y la residencia golden visa”, indica. Según explica, aunque las condiciones son similares, el primero lo da el consulado español en Moscú mientras el segundo se expide directamente en España. “Se está poniendo trabas al primero pero no al segundo y, evidentemente, no se van a retirar los ya concedidos. Al menos de momento”, incide.

Eso no implica que los ciudadanos rusos que ya tienen sus residencias establecidas en España gracias a las inversiones realizadas no estén encontrando obstáculos. “Si las sanciones se alargan algunos lo van a pasar mal”, asegura Mijail Honcharenko, abogado socio de Rumyantseva y, en su caso, de origen ucraniano. La razón es que los pagos desde cuentas rusas se están viendo muy restringidos y eso está haciendo que los propietarios de inmuebles no puedan pagar suministros ni impuestos. “Una persona con un casa de medio millón de euros puede pagar hasta 6.000 anuales de gastos. Y si no los pagas, tendrás una deuda con Hacienda que incluso puede acabar en embargo”, explica Honcharenko.

Por esta razón, en su despacho están conociendo el caso de rusos que ya han puesto a la venta sus casas. “No se quieren volver a Rusia, sino continuar en España pero asegurarse de que pueden pagar sus viviendas”, explica Rumyantseva. “Hay que tener en cuenta que el rublo ha bajado mucho y que, como los pagos están muy restringidos, algunas personas necesitan tener efectivo”, asegura. Es por eso que algunos de estos ciudadanos están vendiendo sus propiedades.

Visado de residencia, desde 2013

El concepto de Golden Visa, formalmente, se denomina 'visado de residencia para inversores'. Lo aprobó en verano de 2013 el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, en plena crisis financiera, en un intento por atraer inversores y capital extranjero. Este tipo de visado permite un tiempo de residencia de, al menos, dos años, siempre que se realice una actividad inversora, fundamentalmente ligada a la compra de inmuebles, de acciones o de deuda y se mantenga.

Respecto a la compra de inmuebles, pueden ser uno o varios, siempre que valgan, en conjunto, más de 500.000 euros. También se permite lograr ese permiso de residencia a través de la compra de más de 2 millones de euros en títulos de deuda pública; o más de un millón de euros en depósitos bancarios o en acciones de empresas. 

En cuanto a la apuesta por compañías españolas, la 'golden visa' se concede si el inversor apuesta por un proyecto empresarial que “sea considerado y acreditado como de interés general”, ya sea para la creación de puestos de trabajo, constituya una inversión “con impacto socioeconómico de relevancia” o “una aportación relevante a la innovación científica o tecnológica”, según la ley aprobada hace casi una década.

Y hay una tercera vía para lograr un permiso de residencia para inversores a través de la inyección de capital en empresas. Puede ser un inversor particular que invierta a través de una sociedad, aunque no esté ubicada en España, pero siempre que no esté en un paraíso fiscal y que el inversor tenga la mayoría de derechos de voto del consejo de administración. Es decir, tome las decisiones por tener mayoría accionarial en esa sociedad. 

Casi un millar de inversores rusos

Desde 2013, España ha expedido a ciudadanos rusos 1.005 visados de inversores, según indica la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. De ellos, 938 fueron visados por inversión en inmuebles, 60 visados por invertir en capital (deuda o depósitos bancarios) y 7 visados han sido por inversiones en proyectos empresariales. También indican que la identidad de estos inversores no puede comunicarse por protección de datos personales.

Tras la invasión de Ucrania, la Unión Europea puso sobre la mesa la exigencia de eliminar este tipo de visados para ciudadanos rusos. El Gobierno español no ha hecho una comunicación oficial al respecto, pero sí ha frenado nuevas concesiones de visados. De hecho, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores explica a elDiario.es que la decisión de no conceder más visados se ha comunicado a través de una entrevista a José Manuel Albares en el diario 'El Español'.

“España está actuando ya tanto bilateralmente como en el plano europeo. Se ha suspendido la concesión de las llamadas Golden Visa, las visas de oro que se daban a aquellas personas que tenían un patrimonio determinado y que hacían una serie de adquisiciones aquí en España”, asegura el ministro en la citada entrevista.

Otros tipos de permisos de residencia

Esos datos de Exteriores no son los únicos que reflejan el número de ciudadanos de origen ruso que han conseguido el permiso de residencia en España en los últimos años. La mayoría, por contar con un significativo colchón financiero. 

Entre 2016 y 2020, España ha concedido más de 57.200 permisos de residencia a ciudadanos de esa nacionalidad, según los datos que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De ellos, prácticamente el 40% obtuvieron la denominada 'residencia no lucrativa', más de 23.500 personas

Esta modalidad de residencia, además de exigir que no se tengan antecedentes penales o no tener prohibida la entrada en España, tiene como requisito disponer de los medios económicos necesarios para sufragar los gastos de estancia en España, así como de regreso al país de origen si se opta por esa opción.

Fondos suficientes, en dos sentidos: Por un lado, para un sostenimiento personal, mensual, equivalente al 400% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Es decir, tener más de 231.000 euros para gastos mensuales. Por otro, más de 57.900 euros mensuales para mantener a cada uno de los familiares a cargo.

En cambio, los datos de Inclusión ponen de relieve que 535 ciudadanos rusos han conseguido un permiso de residencia en España por razones humanitarias, entre 2016 y 2020. Otros 2.500 lo han obtenido por arraigo y más de 5.300 tras demostrar que contaban con contratos de trabajo por cuenta ajena.

Hace cuatro días, al comenzar la invasión de Ucrania por Rusia, en la cuenta personal de Twitter del máximo responsable de la política exterior y de seguridad de la UE, Josep Borrell, apareció un mensaje que chocó a muchos por su insólito estilo. Escrito en inglés, decía: “No más: compras en #Milán, fiestas en #Saint-Tropez, diamantes en #Amberes. Este es un primer paso. #EstamosUnidos”. Estaba evidentemente dirigido a los magnates rusos que forman parte de la corte cleptocrática de Putin y que se pegan la vida padre en Europa con sus incalculables fortunas. Al tuit, posteriormente eliminado, le faltó en cualquier caso una frase: “Y no más Golden Visas en #España”.

España forma hoy parte de un restringido y nada selecto club de países que ofrecen a extranjeros la Golden Visa, como se denomina un permiso especial de residencia a cambio de inversiones en bienes inmuebles, participaciones en empresas o adquisiciones de deuda pública. En el caso español, la práctica totalidad de los extranjeros que se acogen a este cambalache jurídico lo hacen mediante la compra de inmuebles por un mínimo exigido de 500.000 euros. El tratamiento privilegiado les permite, entre otras cosas, renovar la residencia sin necesidad de salir del país e incluir en el ‘pack’ a sus familiares. Y es que, claro, una vez compran los inmuebles, hay que facilitarles su disfrute junto a su parentela, ni más faltaba. Muchos de los ricachones rusos que compran diamantes en Amberes y rumbean a lo loco en Saint-Tropez se pueden mover a sus anchas por Europa gracias a las Golden Visas que han conseguido en España, Portugal, Grecia o Italia.

La Golden Visa fue introducida en España en 2013 por el Gobierno de Rajoy, con el objetivo declarado de atraer inversiones en un momento de dificultades económicas por la crisis del 2008. Aunque la ley que la regula establece varias vías para acceder al preciado documento, el ladrillo ha sido desde el primer momento el principal atractivo del programa, con todas las consecuencias que ello ha tenido en el encarecimiento de los precios de la vivienda en Madrid y otras ciudades. Los mayores beneficiarios de las Golden Visas españolas son, de lejos, chinos y rusos. En la lista destacan también iraníes, colombianos, venezolanos, egipcios y saudíes. Con todas las cautelas que podamos tener para evitar generalizaciones indeseables, y sin pretender que las democracias avanzadas sean modelo de conducta intachable, sí podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los grandes receptores de las Golden Visas en España son ciudadanos de países no democráticos, o con democracias débiles, en los que está muy extendida la corrupción amparada desde el poder político.

Por mucho que se intente disfrazar al mono, la Golden Visa representa una de las caras más repugnantes del capitalismo: la potestad de unos cuantos ricos para saltarse la fila solo porque sueltan una buena propina al controlador. No vamos a pecar de ingenuidad: es cierto que el propio capitalismo ya coloca en una posición ventajosa a los más ricos, y que eso de la igualdad de oportunidades no es más que una milonga, pero de lo que aquí estamos hablando es de una política específica promovida por el propio Estado para consagrar sin el menor pudor un estatus legal que, para la inmensa mayoría de los mortales, resulta muy difícil, cuando no imposible, obtener. Mientras cientos de africanos perecen en el Mediterráneo intentando alcanzar las costas europeas o son devueltos en caliente a sus países, mientras miles de profesionales que no ven futuro en sus países esperan en una tortuosa cola para acceder a un permiso de trabajo en España, mientras legiones de perseguidos aguardan desesperados que les abran la puerta de la UE, unos cuantos ricos, dueños de fortunas cuyo origen nadie se toma la molestia de investigar porque de lo que se trata es de que nos traigan al menos la calderilla, reciben un permiso de residencia que les permite moverse libremente junto a sus familias por el espacio Schengen.

El Gobierno de Sánchez, si de verdad se considera progresista, debería enterrar la Golden Visa. No esperamos, ni mucho menos, que una medida de este tipo corrija los desequilibrios inherentes a un modelo económico que sigue sin resolver adecuadamente el problema de la redistribución de la riqueza. Pero al menos tendría el valor simbólico de mostrar a la sociedad que el Estado no favorece a los ricos, por el solo hecho de serlo, en el trámite para la obtención de un permiso de residencia. Que otros países también ofrezcan la Golden Visa no hace más ético el engendro.

Ahora, con la invasión de Ucrania, esta visa es un espejo que nos devuelve una imagen desagradable de lo que somos, porque de repente –¡sorpresa!– caemos en la cuenta de que les hemos estado vendiendo residencias a ricachones rusos. Mientras redacto esta columna, me entero de que Portugal ha decidido “suspender” la concesión de “nuevas” Golden Visas a ciudadanos rusos como medida cautelar tras las sanciones aprobadas por la UE por la guerra en Ucrania. No se trata, como puede verse, de una supresión de la figura jurídica ni afecta a quienes ya disfrutan de ella, muchos de los cuales probablemente sean más afectos a Putin que los que intentan en este momento sacar su dinero de Rusia. La medida, no exenta de hipocresía y banalidad, pretende ‘apretar’ a los oligarcas rusos e indisponerlos contra el Kremlin. Veremos. 

Por supuesto que hay que eliminar –no solo “suspender”– la concesión de Golden Visas a los ricos rusos. Pero no solo a ellos. Este instrumento para obtener ingresos sin miramientos morales debe desaparecer por la indignidad que entraña su propia concepción. El presidente Sánchez puede emular al Ejecutivo portugués y frenar su entrega a ciudadanos rusos. Seguramente muchos se lo aplaudirán. Pero en algún momento deberá dar el siguiente paso.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está tanteando diferentes vías para conseguir su objetivo de reforzar el acceso legal de inmigrantes para trabajar en España. Una de las medidas concretas estudiadas por José Luis Escrivá, junto a la reforma de la Ley de Extranjería, se basa en el refuerzo de los visados de búsqueda de empleo, una opción que, aunque está contemplada en la normativa española, apenas ha sido aplicada.

El año pasado, esta posibilidad se activó por primera vez a través de un proyecto piloto que obtuvo escasos resultados, por lo que el equipo del ministro trabaja ahora en una “evaluación integral” para identificar los problemas y ampliar su uso.

El reglamento de la Ley de Extranjería incluye la posibilidad de establecer anualmente un número de visados concretos concedidos para que determinados extranjeros puedan permanecer en España durante tres meses con la finalidad de buscar empleo. La normativa marca dos tipos de perfiles de solicitante: estos permisos únicamente están dirigidos a hijos y nietos de ciudadanos de origen español; y a trabajadores extranjeros “con ocupaciones determinadas y en un ámbito territorial concreto”.

Aunque esta posibilidad está definida en la normativa española desde el año 2011, el Ministerio reconoce que desde entonces no ha tenido resultados destacables. “Es una opción que apenas estamos utilizando”, sentenció Escrivá este jueves en el Congreso de los Diputados. Su departamento pretende desarrollar “una evaluación integral” para “que sea más eficaz para todos: trabajadores y empresas”, explican a eldiario.es fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones. Desde el Ministerio reconocen “dificultades en varios aspectos” de la aplicación del proyecto piloto, que en 2019 abrió un cupo de 1.500 visados destinados a hijos y nietos de ciudadanos de origen español residentes en Argentina.

La Secretaría de Estado de Migraciones apuesta por extender estos visados a otros países, para lo que será necesaria la negociación con distintos actores y la coordinación con los ministerios de Exteriores e Interior. El reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería sostiene que, si transcurrido los tres meses de estancia temporal el ciudadano extranjero no ha obtenido un contrato, esta persona está obligada a salir del territorio nacional.

Para mejorar los resultados de este tipo de visados y evitar que los beneficiarios regresen a sus países sin trabajo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere entablar conversaciones al respecto con las comunidades autónomas, para lograr “una mejor identificación de empleos”.

Los problemas del proyecto piloto

A finales del año 2018, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social –entonces liderado por Magdalena Valerio– emitió una orden para regular la gestión colectiva de contrataciones en origen para el año 2019, en la que estableció un cupo de 1.500 visados para la búsqueda de empleo dirigidos a hijos y nietos de español de origen.

Para ponerlo en marcha, la Secretaría de Estado de Migraciones aprobó en abril del año pasado un proyecto piloto para conceder el cupo de visados ofrecido en 2019, dirigido únicamente a hijos y nietos argentinos de ciudadanos españoles, siempre que no tuviesen la nacionalidad española. Lo llamaron el 'Programa Visar'. Era la primera vez que se activaba este tipo de permisos, a pesar de que la posibilidad existe desde hace nueve años.

Los visados tuvieron, como establece la ley, una duración de tres meses y permitían a los interesados desplazarse a España para buscar un empleo. Según informaba el Ministerio, tuvieron preferencia los trabajadores con “alta cualificación profesional”, especialmente las personas especializadas en “sectores de ingeniería informática y tecnologías de la información, científico, financiero o marketing”.

Si las personas seleccionadas conseguían un permiso de trabajo de un año a jornada completa, estas adquirían la residencia y trabajo renovable en España. Su empleador era el responsable de realizar la solicitud de dicha autorización.

Un total de 3.064 trabajadores argentinos registraron su solicitud, de los que el Ministerio seleccionó a 1.084 candidatos, pero finalmente solo lograron viajar a España cerca de 400, informa la prensa argentina. Desde el Ministerio aseguran que este proyecto no se ha dado por culminado y aún no han aportado información oficial sobre el número de trabajadores que finalmente lograron obtener empleo. No obstante, desde la cartera de Escrivá sí reconocen las dificultades surgidas en el proyecto piloto que pretenden corregir durante esta legislatura.

Francisco Solans, portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas, asegura que el proyecto fue “un fracaso”. El letrado trabajó para algunos de los inmigrantes argentinos que buscaron obtener la residencia en España a través de esta vía. Según indica, varios de los requisitos exigidos por el Gobierno obstaculizaban su meta. Entre ellos, el jurista cita el “corto” periodo de estancia en España permitida para buscar trabajo –tres meses–, la exigencia de contar con una oferta de contrato de un año a jornada completa y la falta de la documentación solicitada por los empleadores (los beneficiarios del proyecto aún no tenían NIE).

“Sus resultados evidencian de nuevo una descompensación entre la Ley de Extranjería y la normativa laboral. Por lo general, muchas empresas suelen hacer un primer contrato de seis meses. Para conseguir la residencia, a los extranjeros se les exige uno de un año, por lo que muchos empleadores los rechazan”, argumenta Solans.

Algunas de las palabras del abogado experto en Extranjería recuerdan a los argumentos con los que José Luis Escrivá justifica la reforma de la ley que rige las autorizaciones de residencia en España. “Tomamos decisiones sobre permisos de trabajo sin conocer la realidad del mercado laboral”, asumió este jueves. El ministro se comprometió a flexibilizar los permisos de migración legal porque, según su diagnóstico, el sistema “no responde a las necesidades”.

Son estas deficiencias, como las visibilizadas en el Proyecto Visar, las que el actual equipo se compromete a corregir de una manera más amplia: conocer mejor las necesidades del mercado laboral en España y adecuarlas a los requisitos ligados a los permisos de trabajo a ciudadanos extranjeros.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones entienden los visados de búsqueda de empleo como una “medida excepcional”, pues la preferencia del Ministerio es potenciar las contrataciones en origen. El Ministerio prevé mejorarlo como un mecanismo complementario enmarcado en la reforma de la Ley de Extranjería anunciada el pasado jueves, que busca “flexibilizar, simplificar y reordenar” la normativa para encajar las necesidades del mercado laboral español y los demandantes de empleo en el exterior, destacan las mismas fuentes. Desde su nombramiento, el ministro ha insistido en la necesidad de la llegada de inmigrantes para sostener el Estado de Bienestar, y sobre esta idea basa su meta de aumentar las vías legales de acceso a España.

Uno de los puntos a modificar de la normativa busca eliminar algunos de los límites sectoriales y territoriales impuestos sobre cualquier autorización de trabajo a ciudadanos extranjeros. Según explican fuentes del Ministerio, hasta ahora esos permisos de residencia y trabajo “estaban sometidos a un ámbito geográfico determinado y a empleadores determinados”.

El cupo de visados para la búsqueda de empleo aprobados en el proyecto piloto de 2019 se centraba en los hijos y nietos de españoles en Argentina porque, según informaba entonces la Secretaría de Estado de Migraciones, el resto de las opciones existentes para obtener la residencia por la vía ordinaria solo permite trabajar en provincias y sectores concretos, algo con lo que Escrivá también quiere acabar. Desde el Ministerio, no descartan ampliar los visados de búsqueda de empleo a ciudadanos extranjeros que carezcan de vínculo familiar con España, sino que dependerá de los resultados de su próxima evaluación, así como del desarrollo de la reforma de la normativa.

El pasaporte, esa herramienta que abre o cierra fronteras dependiendo del país de su expedición. Mientras que para algunos el pasaporte es una puerta abierta al mundo, para otros es una barrera que frena la libertad de movimientos fuera de su territorio.

Un pasaporte es considerado poderoso cuando es aceptado por el mayor número de países posible, y ahí están Japón y Singapur, demostrándonos que pueden entrar en 190 destinos sin que les sea necesario solicitar un visado con antelación. Conforme los acuerdos internacionales varían el ranking de pasaportes se actualiza, y cada cierto tiempo se recompone con nuevas cifras y un nuevo orden. Aunque la tendencia es de encontrar unas fronteras cada vez más abiertas, como verás no todos los pasaportes corren la misma suerte.

El índice de pasaportes Henley & Partners

Esto lo sabemos gracias al índice de pasaportes Henley & Partners, uno de los sistemas más completos y fiables de los que podemos recurrir para medir el poder y reconocimiento de un pasaporte. Un índice basado en los datos proporcionados por IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, y que se mantiene actualizado en tiempo real a lo largo del año según sean los acuerdos internacionales entre países. Otro ranking importantes es el índice de pasaportes de Arton Capital, pero no llega a ser tan completo.

El índice Henley & Partners permite consultar las posibilidades de cada pasaporte, país por país, sabiendo a qué destinos tiene acceso sin necesidad de visado y a cuáles no, y en tal caso indicando qué tipo de visado es el requerido. Permite conocer cómo ha evolucionado y cambiado cada pasaporte en los últimos 14 años y comparar un pasaporte con otro, siempre atendiendo a términos de libre movilidad.

Los pasaportes más poderosos del mundo

La última actualización del índice Henley & Partners deja en primera posición y como pasaportes más poderosos del mundo a dos países asiáticos: Singapur y Japón. Tanto uno como otro tiene acceso a un total de 190 países y solo necesitan visado en 36 destinos.

En la segunda posición encontramos a Finlandia, Alemania y Corea del Sur, con acceso a 188 países cada uno. Son tres históricos de los primeros puestos y los dos europeos han solido ocupar el primer lugar en los últimos años.

En la tercera posición están Dinamarca, Italia y Luxemburgo con acceso a 187 países cada uno, un lugar agridulce en el caso danés al haber encabezado la lista de 2006 a 2012.

España está en el cuarto puesto, junto a Francia y Suecia. Sus pasaportes pueden visitar 186 países sin necesidad de solicitar un visado. Mientras que en la quinta encontramos a Austria, Países Bajos y Portugal con 185 países cada uno.

Un índice de 200 pasaportes

Desde Japón y Singapur, los primeros con 190, hasta Afganistán, el último con solo 25 destinos a los que puede acceder sin visado, son 200 los pasaportes que componen el índice de Henley & Partners.

Si nos fijamos en América Latina, Chile es el primer pasaporte del ranking, se encuentra en la decimotercera posición con un total de 174 destinos posibles, seguido de cerca por Argentina y Brasil, con 170.

Estados Unidos y Reino Unido son dos casos interesantes. Ambos se encuentran en la sexta posición, pueden entrar en 184 países sin necesidad de visado, pero hace solo cinco años ambos eran considerados los pasaportes más poderosos del mundo al compartir la primera posición. Y es que en el caso inglés el Brexit se ha dejado notar antes incluso de hacerse realidad.

Mientras que Croacia es el país de la Unión Europea con más limitaciones para viajar, estando aceptado libremente en 168 destinos, por otro lado llama la atención la rápida subida de países como Emiratos Árabes Unidos, que en menos de diez años ha pasado de la 65ª posición a la actual 15ª. Como solemos ver año tras año, los pasaportes africanos son los más limitados junto a los de Oriente Medio.

El pasaporte español, uno de los mejores

Cuando viajamos con pasaporte español y pasamos de un país en el que no es necesario visado a otro en el que sí, entonces somos realmente conscientes de la suerte que tenemos de movernos libremente por Europa y por tantísimos destinos en los que no se nos requiere un visado.

A día de hoy el pasaporte español ocupa la cuarta posición en el índice Henley & Partners, tiene permitida la entrada sin visado en un total de 186 destinos, lo que le permite ser considerado uno de los mejores del mundo, pero sí se le exige la expedición de un visado previo en otros 40 países. Algunos de ellos muy turísticos, como por ejemplo Cuba, China, India, Myanmar, Rusia o Turquía.

Pero eso sí, aunque un pasaporte tenga permitida la entrada en un país no significa que a veces se tenga que tramitar una eTA, una autorización electrónica previa, como ocurre en Canadá o Estados Unidos, aunque por lo general son procesos rápidos y sencillos. En los últimos 14 años el pasaporte español se ha mantenido generalmente en la cuarta posición, salvo en 2010, cuando bajó a la sexta, y en 2014, 2016 y 2017, que subió a tercer puesto del ranking mundial.

Visa, Mastercard, eBay, Mercado Pago y Stripe se van. Apenas una semana después de que PayPal cortara con el proyecto, otras cinco grandes empresas han decidido en estos últimos días abandonar la Asociación Libra y dejar a Facebook sin apoyos clave para lanzar la criptomoneda “que empoderará a millones de personas”, según la compañía. La decisión viene después de que el pasado miércoles, dos senadores demócratas del Congreso de EEUU instaran a Visa y Mastercard a reconsiderar su apoyo a Libra (≋).

La huida de los grandes procesadores de pagos deja a la criptodivisa sin compañías financieras fuertes con las que respaldar su stablecoin, un tipo de activo financiero que se asienta sobre el valor de otra divisa y que en el caso de Libra es el dólar. Por eso, los planes de Facebook pasaban (y pasan) por crear un producto con “volatilidad baja” que fluctuará a la vez que la moneda estadounidense. Junto a ella, Facebook también creó la empresa Calibra, encargada de llevar a cabo la transición y posterior implantación de la cripto en WhatsApp y Facebook en 2020.

Al frente de Calibra está David Marcus, el expresidente de PayPal ahora convertido en portavoz de la criptodivisa. Es revelador que la gran compañía de pagos en línea abandonara el proyecto la semana pasada sin una razón específica, aunque sí dejo abierta la puerta para el futuro: “Continuaremos apoyando y asociándonos con Facebook en varias capacidades”, dijeron.

Como Paypal, Visa también ha mantenido un resquicio abierto de cara al futuro. En un comunicado remitido a The Verge, aseguran que continuarán evaluando su “decisión final”, que estará basada “en una serie de factores” incluyendo “la capacidad de la Asociación [Libra] para satisfacer plenamente todas las expectativas regulatorias requeridas”. Stripe, otra plataforma de pagos similar a PayPal, considera que Libra “tiene potencial” y que seguirán su progreso “de cerca” para trabajar con ellos en una “etapa futura”. Más explícitas han sido las explicaciones de eBay, que han preferido centrarse en sus propias plataformas de pago.

El éxodo de las grandes para cumplir la ley

Para Pablo F. Burgueño, responsable legal de Nevtrace y experto en criptodivisas, la huida de las grandes compañías financieras tiene más que ver con un tema regulatorio que con una cuestión de ruptura total con Libra. “El hecho es que actualmente, más allá de la soberanía de los estados, lo que estamos encontrando es soberanía de las grandes empresas”, explica. Al crear Facebook una criptodivisa propia y organizar un consorcio de compañías en torno a ella, “hace que el sector privado pueda llegar a controlar de alguna forma la economía a nivel mundial, quitándole ese poder a los estados sobre, precisamente, el mercado financiero y monetario”, continúa.

Cuando la compañía de Zuckerberg presentó Libra, el proyecto no fue del todo bien recibido por el Gobierno de Donald Trump: “Lo que dijeron de forma pública es que un sistema monetario internacional controlado por una empresa no casa con la estabilidad monetaria que aportan los diferentes estados a través de los bancos centrales”, sostiene Burgueño. “Lo que se establece, por tanto, no es una prohibición de un sistema como Libra, sino una serie de restricciones de tipo legal ante este tipo de elementos que sobrepasan las posibilidades de actuación de los propios estados ante el sistema financiero”, continúa.

A pesar de que EEUU pusiera la venda antes de la herida, las consecuencias sobre la economía mundial que tendrá el desembarco de Libra aún son una incógnita. Sin embargo, el responsable legal de Nevtrace ya anticipa que algunas de ellas podrían ser la desestabilización de los mercados financieros, “haciendo que las empresas sean las que controlen el valor de las cosas allá donde se vayan a comprar o a disfrutar los servicios”. Si cada vez más empresas crean su propia criptodivisa, la economía mundial pasará a estar dominada por las grandes compañías en vez de por los estados.

Por tanto, el experto en criptomonedas achaca el éxodo de las multinacionales financieras del proyecto Libra a algo que tiene más que ver con el cumplimiento de la ley que con otra cosa. “La salida de Visa, MasterCard u otras empresas que puedan salir del consorcio ahora o en el futuro se basa precisamente en ese choque frontal de la normativa, no solamente en EEUU, sino en diferentes partes del mundo”, explica Burgueño. “No es contrario al sentido común, sino que va en esa línea de seguir un esquema legal racional”, concluye.

EEUU ha comenzado a exigir a los solicitantes de un visado para entrar en el país información sobre todos sus perfiles en una veintena de redes sociales diferentes, así como las direcciones de correo electrónico o números de teléfono empleados en los últimos cinco años. Turistas, estudiantes y trabajadores deberán suministrar esta información para conseguir el permiso de entrada.

Solo ciertos tipos de visados diplomáticos quedarán excluidos de esta nueva exigencia, que hasta ahora solo se aplicaba en casos extremos, como cuando se detectaban relaciones entre el individuo y grupos que EEUU situaba en su lista de organizaciones terroristas. Cuando anunció su intención de implementar esta medida hace un año, Departamento de Estado de EEUU calculó que afectaría a unos 15 millones de personas anualmente.

Entre las redes sociales que entran a formar parte del formulario para solicitar un visado están con más usuarios a nivel mundial, como Facebook, Instagram, YouTube o Twitter, otras que ya están en franco desuso como MySpace, así como las principales redes chinas, como Weibo o Youku. Además de las veinte listadas, el Gobierno de EEUU insta a ofrecer voluntariamente cualquier información sobre los perfiles en otras redes sociales. 

El menú también permite declarar que no se es usuario de redes sociales, pero cualquier solicitante de visado que mienta en la información de sus redes sociales se enfrenta a “graves consecuencias de inmigración”, ha advertido un miembro del Gobierno estadounidense a The Hill, el medio americano que destapó la inminente aprobación de la medida. 

“Este es un paso crítico para establecer una mejor selección de los ciudadanos extranjeros que intentan entrar en los Estados Unidos”, afirmó el mismo funcionario: “Como hemos visto en todo el mundo en los últimos años, las redes sociales pueden ser un foro importante para la actividad terrorista. Esta será una herramienta vital para evitar que los terroristas, las amenazas a la seguridad pública y otras personas peligrosas obtengan beneficios de inmigración y pongan pie en el suelo de los Estados Unidos”.

Endurecer la política de inmigración fue una de las principales promesas de Donald Trump en su campaña presidencial de 2016. El Departamento de Estado ha anunciado esta media cuando el magnate ya prepara la carrera para su reelección, que se desarrollará en las elecciones de 2020.

Junior Valcin Theodore, un joven inmigrante haitiano en Chile, es uno de los protagonistas de Perro bomba, una película que pone el foco en el “racismo institucional” que sufre esta comunidad en el país andino. El pasado martes, durante la presentación de la película en el Festival de Málaga, una silla vacía marcaba la ausencia de Valcin.

El actor, que tiene la residencia temporal en Chile, no pudo acudir porque el consulado de España en Santiago de Chile le denegó el visado. Alegó que no quedaba demostrada su voluntad de abandonar el territorio Schengen en un plazo de 90 días. Valcin había presentado la invitación al festival y un billete de regreso, documentos que ha podido comprobar este medio. Perro bomba ha ganado la biznaga de plata a la mejor película iberoamericana en la sección Zonazine y Steevens Benjamin –primo de Junior Valcin–, el premio a mejor actor.

Junior Valcin, de 20 años, debía acompañar a Ugarte y al director, Juan Cáceres, para presentar la película en la sección Zona Zine del festival de Málaga, que concluyó este domingo, y en el festival de cine latinoamericano de Toulouse, que se celebra esta semana. Sin embargo, se quedó en Chile. “No se ha podido establecer su intención de abandonar el territorio de los Estados miembros antes de que expire el visado”, respondió el consulado español para denegar la petición, en un documento al que ha tenido acceso eldiario.es.

Los responsables de la película aseguran que cumplieron todos los requisitos. “Presentamos pasaje de vuelta [que había pagado el festival], la invitación del festival donde decía los días que iba a estar acá y la cantidad de noches de hotel. En total, seis días en Málaga”, asegura Alejandro Ugarte.

El festival de Málaga ha confirmado que invitó al actor mediante una carta de 5 de febrero, y este medio ha comprobado que el 26 de febrero el propio festival reservó los billetes de ida y vuelta a nombre del actor, con salida de Santiago el 16 de marzo y regreso el 21. Por petición del productor, el festival llegó a emitir una carta de invitación oficial en la que aseguraba que se hacía cargo de sus pasajes y su alojamiento.

Según explica el productor, pagaron unos 70 euros al cambio por la tramitación y acompañaron a la solicitud los documentos de viaje, los motivos del mismo, el seguro médico suscrito o la prueba de que dispondría de los medios de subsistencia para pasar estos días en España. “Transferimos dinero a la cuenta de Junior para que él pudiese justificar la cantidad de dinero mínimo diario, que son 600 euros por día”, explica Ugarte.

La resolución que deniega el visado se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses. De nada les valdría ganar el eventual recurso. “Estamos tristes sobre todo por la desolación de Junior. Cumplió el sueño de ser actor y cuando le avisamos de que está invitado a venir al festival se emocionó mucho. Lloró cuando le dijimos que no podía venir”, dice el productor, que agradece el gesto simbólico del festival de dejar vacía la silla que correspondía al actor, que aparece en los créditos de la película como Junior Benjamin.

Este medio se ha puesto en contacto con el consulado para conocer sus motivos para denegar el visado y cuáles son los documentos que podrían acreditar la voluntad de regresar a Chile. Siguiendo la normativa de protección de datos, el consulado no comenta el caso concreto y se remite a la resolución denegatoria.

Según Ugarte, no se les requirió un documento específico para acreditar su intención de volver. Para emitir el visado, el Ministerio de Exteriores advierte en su página web de que el solicitante deberá estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia y disponer de medios económicos suficiente, y señala que para los viajes de carácter profesional, político, científico, deportivo o religioso o por otros motivos, “se podrá” requerir la presentación de invitaciones, tarjetas de entrada, reservas o programas con indicación, en la medida de lo posible, del nombre del organismo que invita y la duración de la estancia o cualquier otro documento que indique el propósito de la visita.

Respecto a los requisitos para obtener el visado de corta duración, el consulado español en Chile remite a información generalizada según la cual se debe aportar “documentos que permitan establecer la intención del solicitante de abandonar el territorio Schengen antes de la expiración del visado solicitado”, sin dar más detalles.

El festival de Málaga evita posicionarse oficialmente. “El festival no puede opinar sobre decisiones administrativas ajenas a la organización y cuyos detalles desconoce”, explican fuentes de la muestra malagueña.

Una película sobre el racismo en Chile

Perro bomba cuenta la historia de un chico haitiano con una vida estable en Chile que reacciona con violencia ante un episodio de racismo. Esto lo aísla de la comunidad y termina llevándolo a los márgenes de la sociedad chilena. La cinta mezcla el documental con recursos del cine de ficción. “Hacemos cine social, sin guion, improvisado, que trabaja directamente con las comunidades marginalizadas”, señala el director, que siguió una técnica de montaje en la que el guion se construye a partir del material rodado.

Los migrantes haitianos comenzaron a llegar a partir de 2015 a Chile, un país históricamente receptor de inmigrantes que no había recibido hasta entonces población negra. “Surgieron ciertos problemas de racismo y discriminación”, dice Cáceres. Ese es el germen y el sustrato de la película.

El sábado se supo que Perro bomba es la ganadora de la biznaga de plata a la mejor película iberoamericana en la sección Zonazine, “por ser capaz”, según el jurado, “de hacer un retrato social complejo desde la vitalidad y el riesgo”. De Stevens Benjamin, biznaga de plata al mejor actor en la sección Zonazine (donde tienen cabida obras más arriesgadas a las de la sección oficial), el jurado destaca que “nos conecta con un conflicto universal desde la intimidad, la crudeza y la calidez”.

Además de Junior Valcin, la película cuenta en su reparto con el galardonado Steevens Benjamin, familiar del primero. Ninguno de los dos son actores profesionales, aunque esa es la aspiración de Steevens, que después de Perro bomba acaba de lograr un papel en una telenovela. Junior quiere ser cantante. “La mayoría de la gente haitiana en Chile son gente proletaria que no tiene acceso a formación profesional, universitaria y menos a formación artística”, explica el director. “A pesar de eso son una cultura muy talentosa, porque las iglesias en Haití constituyen una especie de centro social en cada barrio donde se performan centros de teatro, canto…”.

El episodio en Málaga recuerda a las dificultades que tuvo uno de los protagonistas mexicanos de Roma para acudir a la gala de los Oscar en Estados Unidos. Logró el visado al tercer intento. “Nosotros somos conscientes de que no es una cosa del festival, ni de la Unión Europea, sino global contra las personas de Haití y de países empobrecidos”, denuncia Cáceres, que cuenta que ya les ocurrió algo similar cuando presentaron la película en el festival de Miami, la semana pasada.

En aquella ocasión iba a acompañarles Steevens Benjamin. “Ahí nos dimos cuenta de que es una cosa que viven las personas de Haití en el día a día cuando deciden movilizarse. Haití es el país más vulnerable y marginalizado de América Latina. Esto demuestra que la película es necesaria”, sentencia.

pretende con esta innovadora medida sustituir de forma paulatina el uso de los tradicionales cepillos. Y al mismo tiempo, este sistema podría aportar una solución al constatado descenso de los donativos.

En concreto, la Diócesis va a instalar dispositivos electrónicos en tres de sus templos de la capital vizcaína: la basílica de Begoña, la Iglesia del Carmen (Indautxu) y San José de la Montaña, de los Padres Agustinos, para que los feligreses también puedan hacer sus donativos mediante el uso de tarjeta o el teléfono móvil.

El primer templo que va a contar con este sistema en Bizkaia es el santuario de Begoña. El atril, diseñado para facilitar la transición entre los métodos tradicionales y las nuevas tecnologías, presenta dos cajones independientes, con posibilidad de realizar los donativos pagando en efectivo o con tarjeta.

Además, durante el Roscón Solidario a beneficio de Cáritas, se instalará un terminal temporal en la Plaza Nueva del Casco Viejo para que quien participe en la tradicional donación lo pueda hacer de una manera “sencilla y segura”, tal y como ha señalado el gerente de la Diócesis de Bilbao, José María Ziarrusta.

Una vez finalizado el acto del Roscón Solidario, el soporte, que es desmontable, será trasladado a la Iglesia de El Carmen, en Indautxu donde quedará instalado de forma permanente.

El tercer dispositivo electrónico, el que irá ubicado en el templo San José de la Montaña, de los Padres Agustinos, dispondrá del dispositivo a partir de la próxima semana.

El aparato permitirá a los fieles, peregrinos o turistas, realizar “transacciones fáciles y seguras, por importes inferiores a 20 euros”, según la Diócesis. Los destinatarios de la recaudación serán las propias parroquias que se encargarán de asignar el dinero a fines socio-caritativos, pastorales o de mantenimiento de los templos.

De momento, estos nuevos atriles digitales no van a sustituir de forma permanente ni definitiva a las colectas que se realizan en las celebraciones.

La iniciativa de instalar estos dispositivos surgió en Estados Unidos y está extendida tanto en Francia como en Gran Bretaña. La primera diócesis del Estado que instaló el también denominado 'cepillo electrónico' fue la de Madrid.

El prototipo, que ha sido desarrollado por el Banco Sabadell, fue colocado en la catedral de La Almudena el pasado año. Posteriormente se fue expandiendo por varias comunidades.