El proyecto estrella de la Consejería de Presidencia para esta legislatura es unificar la gestión de los servicios de protección civil de Cantabria. Para ello, primero compró un edificio en Peñacastillo -la antigua sede del periódico ALERTA por 4,5 millones de euros- y después anunció la creacion de la futura Agencia de Seguridad y Emergencias.

Un organismo que unifica la Dirección General de Seguridad -gestionada por Mónica Escobedo- y el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) -dirigido por Samuel Ruiz- que desaparecerán cuando entre en funcionamiento.

De esta manera, la nueva Agencia -bautizada ya con las siglas ASECAN- asumirá todas las competencias de protección civil, seguridad, coordinación de policías locales, espectáculos públicos, prevención y extinción de incendios, salvamento y gestión del teléfono europeo 112, del teléfono de urgencias sanitarias 061 y de la emisora de Montes que moviliza a los bomberos forestales.

Pero la iniciativa de la consejera Isabel Urrutia no parece haber generado demasiado entusiasmo ni entre los trabajadores -los sindicatos han criticado que el Gobierno pretenda crear una estructura más compleja cuando el problema es la falta de personal- ni de sus propios compañeros de gobierno. De hecho, hay un informe negativo sobre la iniciativa del director general de Tesorería del Gobierno de Cantabria, Luis Oláiz, que discrepa de la previsión de gasto recogida en el anteproyecto que presentó en julio la consejera.

En un documento de cuatro páginas se hacen cuatro aportaciones para corregir el texto. Entre ellas, que el anteproyecto tiene que ir acompañado de una propuesta de estatutos y un plan de actuación.

Pero tal vez lo más relevante corresponde al ámbito económico: las cifras del presupuesto estaban incrementadas “sin mayor justificación” un 5% respecto al ejercicio anterior. “No parece creíble que todas las magnitudes se prevea que vayan a incrementarse año tras año exactamente un cinco por ciento respecto al ejercicio interior”, aduce. Al hilo de esta cuestión, considera que es importante tener en cuenta que la mayor parte del importe presupuestario “lo produce la gestión real”.

Por último, el informe de Tesorería también cuestiona que una de las justificaciones para crear esta Agencia es que el ingreso procedente de UNESPA (los seguros) entrará directamente en la caja del nuevo organismo y que, de lo contrario, entraría en la caja general del Gobierno cántabro y no podría utilizarse solo para prevención, extinción de incendios y salvamento. “Esto dista mucho de la realidad”, precisa la Dirección General de Tesorería, porque como todos los ingresos que llegan a la administración “con financiación afectada” se emplean exactamente en esos gastos, no en otros.

Estas advertencias se realizaron a finales de agosto y habrán de estar subsanadas en el proyecto de Ley que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno y que llegará al Parlamento para su tramitación antes de que acabe el periodo de sesiones a finales de marzo, por la cercanía de las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2027.

El presupuesto de este año para protección civil y emergencias asciende a 31,5 millones de euros.

Futura sede

La unificación no solo será administrativa, sino también física. La futura sede de ASECAN se ubicará en el antiguo edificio del periódico ALERTA adquirido por el Gobierno en Peñacastillo con una operación exprés en 16 días y mediante un contrato directo, para evitar el concurso público. Una operación que supuso un desembolso de 4,5 millones de euros.

Allí ya se encuentra trasladado el Servicio de Protección Civil y antes de finalizar el verano estaba previsto que se incorporase el personal administrativo del Servicio de Emergencias de Cantabria. Posteriormente se trasladará también la Sala 112.

Las nuevas instalaciones dispondrán de un “moderno Centro de Atención de Emergencias” -explicó la propioa consejera Urrutia- con una sala de 167 metros cuadrados y un espacio específico para la activación del Centro de Coordinación Operativa (CECOP).

Una plantilla insuficiente, según CCOO

El proyecto de Ley de la Agencia regula cómo se van a integrar todos los servicios, en cuanto a personal y medios.

La consejera de Seguridad dice que hay un 37 por ciento más de gestores de llamadas en el Centro 112, que se ha reforzado la plantilla de bomberos autonómicos, -de 106 efectivos fijos a 152- y que cuando culminen los actuales procesos selectivos se incorporarán tres nuevos rescatadores y el nuevo contrato del helicóptero de emergencias, con guardias presenciales para reducir los tiempos de respuesta.

Ante la creación de este organismo, el sindicato Comisiones Obreras considera imprescindible “analizar previamente la realidad actual”, que continúa deteriorándose tras tres años de legislatura, con graves deficiencias de gestión que afectan directamente tanto a los profesionales como a la calidad del servicio“. El sindicato -escéptico con la nueva Agencia- estima que la prioridad debe ser ”gestionar mejor, no crear una administración más compleja“ y cuestiona que se aborde un cambio de estructura administrativa ”sin resolver los problemas que vienen lastrando el servicio“.

Manuel Herrero, funcionario del cuerpo de bomberos y portavoz de CCOO en este servicio, denuncia que “el funcionamiento ordinario del servicio depende, en gran medida, del esfuerzo extraordinario realizado por su plantilla, que soporta una jornada anual superior en aproximadamente 120 horas respecto al resto de empleados públicos en el mismo régimen de dedicación”.

En cifras, durante el primer semestre del año la plantilla ha realizado más de 14.000 horas extra, “reflejando un modelo organizativo basado en el sobreesfuerzo continuo de los trabajadores y no en una adecuada planificación de los recursos humanos”, señala Herrero.

El sindicato también subraya la “incapacidad preocupante” para ejecutar las inversiones durante esta legislatura en la que, a pesar de disponer de financiación específica para mejorar estos servicios, procedente de fondos que aporta UNESPA -“no del dinero del Gobierno de Cantabria”, precisa- solo se ha ejecutado menos del 20% de inversiones previstas para la legislatura.

Algo que, en su opinión, repercute directamente en la seguridad de los profesionales “y en la capacidad operativa, con infraestructuras deficientes, vehículos envejecidos y más riesgos en cada intervención”.

Con máximas previstas de 39 grados en pleno mes de septiembre, el dispositivo especial contra los incendios comienza a reducirse. De hecho, este pasado miércoles, 2 de septiembre, el Gobierno de La Rioja procedió al cierre de las torretas de vigilancia de 'Los Agudos', en Calahorra, y 'Nájera'. El cierre se produce antes que los años anteriores a pesar de haber sido este uno de los veranos más secos que se recuerdan y de seguir con previsiones de temperaturas en el valle muy poco habituales para el mes de septiembre.

Desde la consejería de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja alegan que las quince torretas se planifican anualmente “según necesidades, teniendo en cuenta su ubicación, si se encuentran en una zona con más influencia agrícola o forestal, condiciones del año climático e histórico de peligro”, pero no dan ningún argumento sobre la decisión de cerrar estas dos el segundo día de septiembre. Se limitan a responder que la decisión sobre las otras trece se tomará durante la última quincena de septiembre y, en función del riesgo, se empezarán a desmontar en la primera quincena de octubre.

La previsión anual contempla un periodo de apertura de los puestos de tres meses, con inicio del montaje en torno al 1 de julio y finalización del desmontaje a finales de octubre, “si bien estas fechas podrán ajustarse en función de las condiciones meteorológicas y la evolución del riesgo de incendios”. A efectos de planificación, el Gobierno de La Rioja preveía una campaña de entre 60 y 120 días, con la posibilidad de activar una bolsa adicional de hasta 60 días más en función de las necesidades detectadas por la Dirección General de Medio Natural.

La realidad es que las primeras torretas ya han sido desmanteladas nada más comenzar septiembre sin ninguna explicación y el propio personal encargado de la prevención y extinción de incendios en la comunidad asegura no entender esta decisión que califican como un “cierre incomprensible por el contexto climático actual”.

El pasado mes de junio, el Gobierno de La Rioja anunció a través de todos sus canales y de los medios de comunicación, un adelanto del inicio de temporada con la apertura de dos torretas. Eran las torretas de Yerga y Cabimonteros, dos torretas útiles para incendios agrícolas que adelantaban su apertura por el inicio también prematuro este año de los trabajos agrícolas debido al calor. Sin embargo, ahora que se cierran otras dos de forma prematura, no hay ningún tipo de comunicación por parte del Gobierno ni siquiera explicaciones cuando se piden.

La mayoría de las torretas de vigilancia de La Rioja, las torretas de montaña, comenzaron su actividad durante la segunda semana del mes de julio, entre los días 6 y 10. Sólo la de Moncalvillo abrió antes, el día 22 de junio.

La dinámica general que sigue el Gobierno de La Rioja, no sólo este año sino también los anteriores, incluida la pasada legislatura, es la apertura y cierre atendiendo más al calendario previamente fijado que a las necesidades climáticas, naturales y atmosféricas.

La Rioja cuenta en total con quince torretas: Yerga (Autol-Alfaro), Cabimonteros (Arnedillo), Moncalvillo (Santa Coloma), Alcarama (Cornago), Los Agudos (Calahorra), Nido Cuervo (Hornillos de Cameros), El Horquín (Lumbreras), Mojón Alto (Villoslada), Nájera, La Fonfría (Villarejo), Pancrudo (Viniegra de Abajo), El Hombre (Ezcaray), San Pelayo (Gimileo), Brínzola (mancomunidad de Villavelayo-Canales-Mansilla) y Cerro Urbaña (Ventrosa de la Sierra).

Ecologistas en Acción-La Rioja ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) la situación generada por el almacenamiento al aire libre de numerosos bidones de material plástico pertenecientes a una empresa de Entrena.

La organización considera que la acumulación de estos materiales en el exterior supone un evidente riesgo de incendio, especialmente por tratarse de recipientes de material plástico almacenados al aire libre, y reclama que los hechos sean investigados y que se adopten las medidas necesarias para eliminar el riesgo. La entidad ecologista explica que ya han trasladado la queja ante el Ayuntamiento de Entrena. Concretamente, presentaron una queja el 20 de abril de este año alertando “expresamente del peligro de incendio” que implica la acumulación de dichos bidones.

Y la respuesta obtenida desde el Consistorio, “se limitó a señalar que el Ayuntamiento ya tenía conocimiento de los hechos y que desde diferentes administraciones públicas, se han llevado a cabo actuaciones para revertir dicha situación”. Sin embargo, en la respuesta, el Ayuntamiento de la localidad “no concretó cuáles habían sido esas actuaciones, qué medidas se habían adoptado ni cuándo se produciría la solución definitiva”.

Meses después, los bidones continúan almacenados al aire libre por lo que Ecologistas en Acción considera que “las actuaciones comunicadas por el Ayuntamiento no han resuelto la situación denunciada”. Y por esta razón, la organización ha trasladado el asunto al SEPRONA para que “investigue los hechos, determine las responsabilidades que correspondan y compruebe el cumplimiento de la normativa aplicable, así como las condiciones en las que se está produciendo el almacenamiento de estos materiales”. La denuncia cuenta con toda la documentación y el objetivo es que “se compruebe sobre el terreno la situación y se adopten las medias necesarias”.

Desde la entidad ecologista consideran “especialmente preocupante que, pese a que el Ayuntamiento reconoce conocer la situación y afirma que distintas administraciones han intervenido, el problema siga sin estar solucionado. No hay que esperar a que se produzca un incendio para actuar porque el riesgo está identificado, la Administración conoce la situación y los materiales continúan al aire libre”.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido este jueves que, gracias al operativo y medios desplegados por el Gobierno regional para luchar contra las llamas en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, no se quemó ninguna vivienda pese a la magnitud del “mayor incendio de la historia de Castilla-La Mancha”, y que a ningún profesional “le ha faltado de nada”.

Así lo ha puesto de manifiesto en el transcurso del pleno de las Cortes regionales para responder a las críticas de PP y Vox, que han exigido explicaciones sobre medios, prevención y el plan de recuperación.

En el debate, PP y Vox, han cuestionado la gestión del Gobierno regional en materia de prevención, mientras que el Ejecutivo autonómico, a través del Grupo Parlamentario Socialista y de la consejera de Desarrollo Sostenible, han defendido el Plan Infocam y la respuesta dada al incendio, así como el plan de recuperación y el fondo de contingencia puestos en marcha para la zona afectada.

Vox recrimina “un monte sucio”

El portavoz de Vox, Iván Sánchez, ha abierto el turno de intervenciones con un reconocimiento a los bomberos forestales, agentes medioambientales, la Guardia Civil, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a los agricultores y vecinos que colaboraron durante el incendio.

Según ha denunciado, el fuego de La Mierla, iniciado el 16 de julio, calcinó alrededor de 32.000 hectáreas, obligó a evacuar más de 30 pueblos, confinó a otros 14 y forzó el desalojo de más de 1.200 personas, sin que el propio Ejecutivo regional lo diera por controlado hasta el 3 de agosto. El diputado ha recordado que, según ha podido comprobar, a 1 de septiembre, seguía sin figurar como extinguido en el sistema oficial.

El dirigente de Vox ha acusado a la Junta de mantener “el monte sucio y descuidado, con acumulación de maleza y falta de tratamientos selvícolas”, y ha asegurado que él mismo había alertado públicamente un año antes del riesgo que representaba la zona de La Mierla.

Asimismo, ha reprochado al PSOE y al Gobierno de Emiliano García-Page haber intentado, en su opinión, “encubrir el fracaso de su gestión desviando la atención hacia un presunto responsable”, en referencia a las informaciones que en los primeros días vincularon al alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, de Vox, con el origen del fuego.

Sánchez ha defendido que dicho regidor “no se encontraba manejando la maquinaria agrícola” en el lugar donde se originó el incendio y ha reclamado el respeto a la presunción de inocencia, subrayando que, mes y medio después, la investigación judicial seguía abierta sin que se hubieran concretado responsabilidades.

El PP denuncia falta de medios y planificación

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Ignacio Redondo ha centrado su intervención en la falta de medios y de planificación que, a su juicio, ha lastrado la respuesta al incendio. Redondo ha recordado que el mismo 16 de julio los bomberos forestales se manifestaban denunciando “falta de personal, unidades incompletas y campañas de contratación demasiado cortas”.

El diputado popular ha comparado los datos del dispositivo de la provincia de Guadalajara en 2025 y 2026 -en torno a 500 profesionales, seis medios aéreos y 26 torres de vigilancia en ambos ejercicios- para sostener que el refuerzo anunciado por la Junta tras el incendio del Pico del Lobo, en 2025, no se tradujo en un aumento real de la capacidad operativa.

Asimismo, ha alertado de que, según documentación de la empresa pública Geacam, en marzo de este año seguían figurando vacantes en unidades de bomberos, conductores y jefes de unidad en Guadalajara, meses antes del inicio de la campaña de incendios.

Redondo ha reclamado una evaluación técnica independiente, la cronología completa de la movilización de medios y el detalle de la plantilla real disponible el 16 de julio, y ha exigido explicaciones sobre denuncias de jornadas de hasta 15 o 16 horas entre trabajo y desplazamientos.

El PSOE acusa al PP y Vox de “enredar”

Por su parte, el diputado socialista Francisco José Barato ha respondido a ambos grupos defendiendo la actuación del Gobierno regional, al que ha atribuido como prioridad “proteger vidas y preservar los pueblos” durante el incendio, que obligó a desalojar una treintena de localidades y a confinar otras sin que se registraran víctimas mortales.

Barato ha destacado la coordinación con la Diputación de Guadalajara, el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones, y ha lamentado que representantes del PP y de Vox hayan mantenido, en su opinión, una actitud de crítica “poco constructiva” durante y después del incendio.

El diputado del PSOE ha puesto en valor que el Plan Infocam cuenta en 2026 con una dotación de 126 millones de euros, diez millones más que el año anterior, cerca de 3.000 profesionales, 250 medios operativos -28 de ellos aéreos- y 114 puntos de vigilancia, además de 48 millones de euros previstos para actuaciones de prevención como tratamientos selvícolas, podas, rozas, cortafuegos y quemas prescritas.

Barato ha reprochado a la Diputación de Ciudad Real, gobernada por el PP, no haber enviado efectivos de apoyo al incendio de La Mierla, y ha recordado que el plan de recuperación para Guadalajara se anunció el 19 de julio, antes de que el PP registrara su propia propuesta, el 27 de agosto.

La consejera de Desarrollo Sostenible defiende el Plan Infocam

La consejera de Desarrollo Sostenible ha intervenido en representación del Consejo de Gobierno para defender la gestión del dispositivo INFOCAM, del que ha destacado su despliegue permanente los 365 días del año, “una de las pocas comunidades autónomas, junto a Cataluña y Andalucía, que mantiene esta cobertura continua”.

La consejera ha explicado que el incendio de La Mierla se desarrolló bajo condiciones climatológicas extremas, con temperaturas superiores a 30 grados, vientos de más de 30 kilómetros por hora y humedad relativa por debajo del 30%, y ha recordado que en España se han quemado este año 264.656 hectáreas, de las que 39.083 corresponden a Castilla-La Mancha hasta finales de agosto.

En el operativo desplegado en La Mierla participaron 2.733 personas, según ha detallado la consejera, que ha asegurado que “no faltaron medios, equipos de protección individual, avituallamiento ni descansos”, y que no consta ninguna denuncia del personal de Infocam al respecto.

Ha subrayado que, de los 34 municipios evacuados y los 10 confinados, no se quemó ninguna vivienda, lo que atribuye a la decisión de priorizar la protección de personas y núcleos urbanos, incluso asumiendo el “sacrificio de hectáreas de un parque natural”.

La consejera ha explicado también que el fuego, pese a llevar 50 días desde su inicio, no se ha declarado oficialmente extinguido por prudencia, ante la persistencia de puntos con temperaturas superiores a los 1.000 grados y tocones ardiendo.

Sobre la dotación de medios e inversión, la consejera ha señalado que en lo que va de año se han registrado 1.100 incendios en la región, de los que el 84% quedaron en fase de conato gracias a la actuación del Infocam, y ha defendido que en los últimos cinco años se han ejecutado actuaciones preventivas en 10.566 hectáreas solo en el perímetro de La Mierla, si bien el fuego estuvo varios días fuera de capacidad de extinción por la virulencia de las llamas.

La consejera ha rechazado además que los medios aéreos actuaran con retraso, atribuyendo los primeros vuelos de la mañana a las inversiones térmicas nocturnas, que generaban densas columnas de humo.

Tras el debate, los grupos han reflejado su postura en tres propuestas parlamentarias, de las cuales solo ha quedado aprobada la de los socialistas, gracias a su mayoría absoluta.

El regreso de los residentes a sus viviendas tras la estabilización del incendio de la Devesa de El Saler no ha frenado el malestar de los vecinos. La Associació Veïnal del Saler ha emitido un comunicado en el que denuncia fallos en la coordinación y en la estrategia del operativo de emergencias tras el fuego que ha quemado más de 30 hectáreas de masa forestal en el paraje natura. La entidad exige que se depuren responsabilidades políticas y la puesta en marcha de un plan de acción efectivo que impida la repetición de episodios similares en este espacio protegido.

Los residentes cuestionan directamente el desarrollo de las tareas de extinción durante la jornada del jueves, cuando el fuego reactivó su virulencia. “Cómo es posible que un incendio que por la mañana parecía totalmente controlado, de repente fuera una amenaza real que de poco no ha acabado llegando al pueblo”, ha expuesto la entidad vecinal. Según la asociación, el giro del viento a mediodía —un fenómeno del que ya había avisado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)— cogió al dispositivo sin las decisiones pertinentes tomadas, lo que a su juicio generó una situación de extremo peligro.

En el comunicado, los residentes reflejan el temor sufrido por la población durante la evacuación preventiva del núcleo urbano y de los centros educativos próximos. “El jueves cuando nos evacuaron, todos y todas pensamos que no podríamos volver a ver el bosque tal y como lo conocíamos, porque veíamos las llamas junto al instituto”, ha recordado el colectivo. Tras el regreso a sus casas, la opinión mayoritaria entre el vecindario es que la estrategia “ha fallado” y que no solo “ha puesto en peligro la vida de los bomberos”, sino que estuvo a punto de desencadenar “una desgracia mucho mayor”.

Asimismo, la asociación de vecinos ha recordado que la Devesa requiere un protocolo forestal singular, tanto en la prevención como en los trabajos sobre el terreno, debido a la alta densidad de la vegetación y su cercanía a las zonas habitadas. La entidad ha remarcado que ya en 2024, tras sufrir una oleada de más de 17 fuegos, en su mayoría provocados, solicitaron un cambio de modelo a las administraciones públicas. “No podemos, después de ver lo que ha pasado, pensar que todo se ha hecho bien y que nada ha fallado”, han concluido los portavoces vecinales para instar al Ayuntamiento y a la Generalitat a actuar con inmediatez.

El hierro colgado en las fachadas todavía cuenta una historia que empezó con urgencia. Ese entramado que hoy se ve en edificios antiguos nació como respuesta a incendios que dejaban a la gente atrapada en pisos altos, y ahí entra la figura de Anna Connelly, una inventora que ideó una forma de salir cuando las escaleras interiores ya no servían.

La escalera exterior surgió como una solución pensada para evacuar edificios en llamas sin depender del interior. Esa idea tomó forma a finales del siglo XIX y dio paso a estructuras fijas ancladas a las fachadas, que permitían bajar planta a planta hasta la calle o cruzar hacia otro edificio.

La patente permitió cruzar hasta otro edificio por las azoteas

Connelly vivía en Filadelfia y presentó su patente en 1887 con apenas 19 años, en una época en la que las mujeres tenían un acceso muy limitado a ese tipo de trámites. El censo de 1920 la sitúa trabajando en una fábrica textil y viviendo como inquilina, lo que da una idea de su entorno. Sus padres eran de origen inglés y no hay apenas datos sobre su infancia, aunque su vida transcurrió en una ciudad en pleno crecimiento industrial.

Connelly describió su invento en la patente explicando que su “invención se refiere a mejoras en los escapes de incendios y consiste en un puente rodeado por una barandilla con aberturas en sus extremos”. Ese diseño permitía subir hasta el tejado y cruzar a otro edificio a través de una estructura estable.

El sistema se apoyaba en una pasarela fijada en las azoteas con accesos alineados con las salidas del edificio. A partir de esa base, la idea evolucionó hacia plataformas metálicas unidas por escaleras en el exterior de una sola construcción. Esas plataformas tenían anchura suficiente para el paso de varias personas y contaban con barandillas que evitaban caídas mientras se descendía.

Las plataformas metálicas sustituyeron a soluciones mucho menos fiables

Antes de ese planteamiento, las salidas de emergencia dependían de cuerdas o escaleras portátiles que cada vivienda debía desplegar por su cuenta. Esos métodos fallaban con frecuencia porque se enredaban o no soportaban el peso de varias personas. También existían sistemas con poleas o cestas, aunque sufrían atascos o roturas en situaciones de tensión. En ese escenario, las soluciones fijas en el exterior empezaron a ganar terreno.

Tras la concesión de la patente, propietarios de edificios comenzaron a instalar estructuras metálicas para mejorar la evacuación, sobre todo en zonas con viviendas contiguas. Esa adopción se produjo en paralelo a nuevas exigencias legales que pedían más de una salida en caso de incendio, y así muchas construcciones incorporaron escaleras exteriores como vía adicional.

Algunos informes de la época recogen evacuaciones realizadas gracias a estos sistemas, aunque también aparecen fallos por falta de mantenimiento en estructuras deterioradas.

La madera y el queroseno favorecieron la propagación del fuego

El contexto en el que surgió la escalera exterior explica su expansión. Entre 1870 y 1920, millones de personas se trasladaron a ciudades en Estados Unidos, lo que llevó a edificios más altos y con mayor densidad de población.

Muchas construcciones estaban hechas con madera y utilizaban lámparas de queroseno o estufas de carbón, factores que favorecían la propagación del fuego. En ese entorno, los incendios eran frecuentes y difíciles de controlar, sobre todo en plantas elevadas.

La aportación de Connelly se integró en ese cambio y abrió el camino a sistemas que hoy siguen presentes en muchas ciudades. Su diseño resolvía un problema concreto con una estructura fija, accesible desde el exterior y pensada para funcionar incluso cuando el interior del edificio quedaba inutilizado. Con el tiempo, ese planteamiento se convirtió en un pilar para la seguridad en edificios.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias pondrá en marcha talleres de autoprotección ante incendios forestales en 60 concejos asturianos clasificados de alto riesgo.

El programa ayudará a trasladar conocimientos y herramientas prácticas que permitan reducir la vulnerabilidad de viviendas, explotaciones agrarias y entornos habitados, al tiempo que fortalecerá la capacidad de respuesta de la población ante posibles incendios. La actuación se desarrolla en el marco del proyecto PIMA Eventos Adversos y abre una nueva fase de trabajo centrada en acercar la prevención a las zonas donde conviven espacios forestales, viviendas e infraestructuras.

Los talleres contarán con la participación de profesionales del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), a través de Bomberos de Asturias y Protección Civil; agentes medioambientales, representantes de los equipos de prevención integral de incendios forestales (EPRIF), y personal técnico de la Dirección General de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios.

Durante las sesiones, las personas participantes conocerán los principales factores de riesgo asociados a la interfaz urbano-forestal y aprenderán medidas para mejorar la protección de viviendas y entornos habitados. Además, se presentará la guía de autoprotección elaborada para cada localidad y se desarrollarán demostraciones prácticas sobre prevención y actuación ante emergencias.

El programa arrancará en el municipio de Ibias con el foco en las localidades de Sisterna y El Bao tras la afección sufrida durante los fuegos registrados en agosto de 2025.

Esta actuación se suma a la línea de ayudas autonómicas de cinco millones de euros destinada a municipios menores de 50.000 habitantes para labores de desbroce y fajas de protección, informa la consejería.

El PSOE de Castilla y León ha acusado a la Junta de Castilla y León de no haber ejecutado los más de 127 millones de euros destinados a programas de prevención de incendios, según los datos que los socialistas han extraído del Portal de Gobierno Abierto del Ejecutivo autonómico a fecha de 1 de agosto.

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Pedro González Reglero, ha asegurado que en 2025 la Junta también habría dejado sin ejecutar más de 28 millones de euros en estas partidas.

González ha considerado “de auténtica vergüenza” que el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, continúe afirmando que existe preocupación por el territorio y los incendios forestales mientras, a su juicio, permanecen pendientes de ejecución unas cantidades tan importantes en esta materia.

Según ha trasladado el dirigente socialista, varios trabajadores del dispositivo se han quejado ante su partido de problemas de organización, falta de personal para cubrir bajas y vacaciones y jornadas superiores a las 12 horas.

A estas críticas, González ha añadido las dificultades en las comunicaciones entre los profesionales, hasta el punto de que, según ha indicado, algunos trabajadores han tenido que recurrir a sus propios teléfonos móviles durante las intervenciones.

González ha apuntado además a la coordinación de los medios desplegados durante los incendios y ha puesto como ejemplo el episodio ocurrido el pasado 27 de julio, cuando, según su versión, un operativo que inicialmente se dirigía a Ávila fue movilizado hacia León. Para el socialista, este tipo de situaciones evidenciarían una falta de dirección política y técnica.

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista ha cuestionado también el mantenimiento de las labores de prevención en torno a determinadas instalaciones fotovoltaicas. Según ha explicado, su grupo ha registrado preguntas parlamentarias para conocer si algunos incendios se han originado en estos entornos y si las empresas concesionarias están cumpliendo con la obligación de mantener limpios sus perímetros.

Anuncio para encontrar a un jefe técnico

González ha calificado como “la gota que colma el vaso” que, después del gran incendio declarado en Burgohondo (Ávila), la Junta se encuentre buscando un jefe técnico para el Servicio de Incendios Forestales. El puesto quedó vacante tras el nombramiento del anterior responsable, Ángel Sánchez, como director general, según ha explicado el dirigente socialista y no fue hasta este lunes 17 de agosto que la Junta no publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León el anuncio para cubrir el puesto.

El PSOE considera que la Administración autonómica conocía esta circunstancia desde el mes de junio y entiende que no existe justificación para que la plaza continúe pendiente de cubrir.

Ante esta situación, los socialistas han registrado en las Cortes una solicitud de comparecencia de la consejera de Medio Ambiente, María González Corral, para que explique la gestión del operativo durante este verano y dé cuenta de las cuestiones planteadas por la formación.

Los socialistas también van a plantear a la consejera si la Junta tiene previsto personarse como acusación particular en los procedimientos judiciales relacionados con los incendios que, según la investigación, pudieran haber sido provocados, como adelantó en el incendio de Burgohondo el propio Mañueco.

El PSOE cuestiona el concierto de Aguilar

El PSOE también ha cargado contra la segunda edición del festival 'Música en la Montaña Palentina', celebrado el pasado 8 de agosto en la playa de la Virgen del Llano de Aguilar de Campoo, con un escenario flotante instalado en el embalse.

El procurador socialista por Palencia y coordinador de Agricultura, Miguel Ángel Blanco, ha defendido que la combinación de cultura y naturaleza puede servir para promocionar los espacios naturales de la provincia, pero ha cuestionado la forma en la que la Junta y el Ayuntamiento de Aguilar han planteado el evento.

Según Blanco, el concierto no habría generado el retorno económico esperado en la Montaña Palentina y tampoco, a su juicio, en el propio municipio de Aguilar, pese a la celebración del evento.

Los socialistas han criticado que se haya vuelto a utilizar el entorno del embalse después de que la Confederación Hidrográfica del Duero sancionara a la Administración autonómica en 2025 por la instalación de la plataforma, según ha señalado el partido.

Blanco ha planteado que el festival podría haberse trasladado a otros puntos de la Montaña Palentina, como Cervera de Pisuerga, La Pernía o Velilla del Río Carrión, y ha cuestionado que se haya optado nuevamente por Aguilar de Campoo.

El PSOE ha cifrado en 300.000 euros el coste del evento y considera que esos recursos podrían haberse destinado a reforzar el dispositivo de prevención de incendios. En concreto, Blanco ha apuntado a las dos brigadas que, según ha apuntado, han desarrollado labores de prevención durante el invierno en el Parque Natural de la Montaña Palentina.

Los socialistas han registrado además una batería de preguntas en las Cortes para conocer la documentación administrativa relacionada con el festival, entre ella las autorizaciones y los informes necesarios para la celebración del evento.

Un año después del incendio de Jarilla, el mayor registrado en Extremadura desde que existen datos, los vecinos de Villar de Plasencia afrontan el verano con “inquietud” y “miedo” ante la abundancia de pasto en unos montes que, según el municipio, no han sido limpiados como esperaban. El fuego, que arrasó más de 17.300 hectáreas en los valles del Ambroz y del Jerte, obligó a evacuar Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia y a realojar a centenares de personas en Plasencia. En las primeras horas se activó la Situación Operativa 2 del Infocaex.

“Este verano se afronta con mucha preocupación, con mucho miedo; yo tengo miedo”, reconoce la alcaldesa de Villar de Plasencia, María José Pérez, que admite que el recuerdo de aquellos días sigue muy presente entre los vecinos. “Cada vez que nos reunimos, vuelve a salir”, especialmente por las dimensiones del incendio y por la evacuación del municipio durante tres días, ha señalado en una entrevista con Efe.

El pueblo había vivido otros incendios, pero la respuesta era distinta: “Tocaban las campanas, salíamos todos y apagábamos el fuego”, ha recordado Pérez. El del año pasado, sin embargo, obligó a abandonar las casas y esperar el aviso del CECOPI para regresar. La alcaldesa ha rememorado “la emoción y las ganas de volver” cuando se autorizó el retorno, que supervisó junto a psicólogos y la Guardia Civil.

El incendio calcinó una vivienda, aunque no causó daños personales. Los días posteriores estuvieron marcados por el olor a humo y por un paisaje “teñido de negro”. Aun así, los vecinos decidieron celebrar las fiestas del municipio, una decisión que, según Pérez, ayudó a recuperar la normalidad.

Un año después, la vegetación comienza a regenerarse. El pasto ha rebrotado con fuerza tras las lluvias, mientras que los árboles afectados tardarán años en recuperarse. “Ha llovido mucho y hay muchísimo pasto”, señala la alcaldesa, que lamenta que la limpieza del monte prevista tras el incendio no se haya llevado a cabo. “Temo que una tormenta pueda provocar otro fuego”, ha afirmado tras recordar que el origen del incendio se atribuyó a uno de los 702 rayos que cayeron sobre Extremadura aquel 12 de agosto, jornada en la que llegaron a declararse 17 incendios simultáneos en plena ola de calor. El fuego quedó estabilizado el 22 de agosto, controlado el día 24 y extinguido el 28 de septiembre.

Pérez ha reclamado también responsabilidad a los vecinos para mantener limpios los terrenos junto a las viviendas. En el municipio hay numerosos huertos entre las casas y asegura que está siendo difícil conseguir que sus propietarios los adecenten. “Me parece increíble que, después de lo que vivimos, haya que insistir tanto”, ha lamentado.

El despoblamiento, ha añadido, ha reducido la presencia de ganado en el monte y apenas se transitan los caminos, lo que incrementa la acumulación de vegetación. Por ello, su petición a las administraciones sigue siendo la misma un año después: “Que se limpie el monte”.

El fuego forma parte de los ecosistemas mediterráneos desde hace milenios. Hay que aprender a convivir con él. Lo que distingue el cambio actual en los incendios es la magnitud y rapidez. En la Región de Murcia, desde el 1 de junio, hemos tenido más de 130 incendios, según la administración regional, aunque no con la intensidad, virulencia y tamaño de otras zonas de la península. Sin embargo, todavía persisten carencias en recursos humanos, económicos, infraestructuras y prevención para atajar el fuego.

Los incendios son fenómenos cuya realidad es compleja. El cambio climático, el calentamiento global, influye en todos elementos necesarios para que un incendio se produzca y se propague. Es un problema transversal y requiere cambios en instituciones, coordinaciones y mecanismos de prevención. En definitiva, se necesita una gestión forestal adaptada a las nuevas condiciones climáticas, alertas tempranas y cooperación en la extinción.

Fernando Valladares, científico y ecólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), señala que los incendios actuales son muy distintos a los de décadas anteriores y no se puede entender su comportamiento sin tener en cuenta el impacto del cambio climático que es un elemento fundamental. En los últimos años, según describe el Ministerio para la Transición Ecológica, aunque el número total de fuegos disminuye, son los Grandes Incendios Forestales (GIF) los que persisten, superando las 500 hectáreas. Son fuegos más extensos, pero también más virulentos que llegan a crear su propio ecosistema, por lo que con frecuencia sobrepasan la capacidad de extinción. La contaminación del aire por los incendios viaja, impulsada por los fuertes vientos que se generan, a cientos de kilómetros.

Hay que construir, a medio plazo, paisajes resilientes, capaces de limitar la propagación y severidad del fuego, favorecer estructuras en mosaico, quemas controladas, mejora de la gestión forestal, más recursos humanos, así como modificar la estructura y composición de la vegetación. En los lugares donde se han producido incendios es necesario favorecer estructuras más abiertas y más heterogéneas antes que reproducir el paisaje que se ha quemado. La gestión del paisaje debe plantearse en soluciones basadas en la naturaleza:

Los incendios forestales no son solo un problema de protección de la naturaleza, sino que se convierten en un problema de protección civil, de protección de las vidas de las personas. No se es consciente del peligro que se corre cuando se compra o se construye una casa en un sitio rodeado de árboles, con un solo camino de entrada y salida. Es un problema de autoprotección, de protegernos a nosotros mismos, a nuestros vecinos/as y a nuestras familias.

Necesitamos reducir el riesgo e Incorporarlo a la planificación territorial y urbanística con perímetros de protección de los núcleos habitados y un cartografía actualizada que oriente las decisiones urbanísticas y las acciones de protección civil. La normativa obliga a municipios, urbanizaciones e infraestructuras situadas en zonas de alto riesgo a disponer de planes de autoprotección. El problema es que muchas veces esos planes ni se aplican ni se desarrollan. La inversión fundamental es prevenir y evitar que los incendios ocurran. Prevenir que se queme una hectárea cuesta en torno a 3.000 euros, pero apagarla cuesta 30.000.

Se necesita educación ambiental y sensibilización ciudadana. Una ciudadanía mejor informada es capaz de distinguir los bulos circulantes del conocimiento científico. Hacen falta campañas de divulgación permanentes, no solo cuando comienza el verano, sino durante todo el año. Hay que introducir esta formación en la enseñanza primaria y secundaria para que la sociedad conozca el gran problema que tenemos y que irá a más.

La sociedad civil y las instituciones tienen que construir consensos políticos y sociales que permitan afrontar un problema que afecta a todos los territorios. Las soluciones solamente van a venir si nos ponemos de acuerdo, con independencia de la ideología política.

Es necesario impulsar un pacto estatal que permita adaptar las políticas forestales y climáticas a una realidad completamente distinta a las de hace unas décadas y sumar esfuerzos entre distintas administraciones. El desafío consiste también en comprender por qué los fuegos son cada vez más intensos y actuar antes de que comiencen. Hay que cambiar prioridades y realizar mayores esfuerzos reales en prevenir los incendios. Convivir con los incendios no significa aceptar sus consecuencias. El margen de respuesta es prevenirlos, intentar evitarlos y minimizar sus impactos en nuestra sociedades y nuestros ecosistemas.

Ya lo dijo la AEMET: la noche del eclipse tendrá un imán para los incendios. La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido que este miércoles será un día caluroso en buena parte del país, con alto riesgo por calor en casi toda la sierra de Guadarrama. La preocupación crece especialmente en el norte de la región, donde a raíz de los últimos fuegos que este verano han asolado el monte han surgido voces críticas con los desplazamientos masivos.

Aunque las administraciones han anunciado que se reforzará la vigilancia en zonas clave con más de 1.700 agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, además de otros tantos voluntarios de Protección Civil, quedan algunos flecos por cubrir: “Lo que necesitamos son más bomberos forestales”.

Es la petición que lanza Ignacio Martínez, trabajador durante 20 años en una torre de vigilancia de la Comunidad de Madrid y, desde semanas, portavoz de la plataforma vecinal Monte en Pie. Nació como consecuencia de los últimos fuegos en la sierra Oeste, donde ardieron más de 27.000 hectáreas, bajo la premisa de que proteger los montes era “una responsabilidad compartida”. Se manifestaron por primera vez en una plaza de Lozoyuela, otra localidad afectadada por un fuego provocado que se extendió hasta Puentes Viejas y Buitrago de Lozoya. El miércoles pasado, justo una semana antes del eclipse, volvieron a hacerlo en este último municipio, solicitando precaución ante la llegada de múltiples visitantes a zonas rurales para avistar mejor el cielo oscurecido.

“Entendemos que la gente quiera ir a ver el eclipse, y no queremos prohibirlo, pero si no se refuerzan las medidas de seguridad y se forma a personal especializado podemos volver a tener otro incendio devastador”, resume Martínez. Al otro lado del teléfono, el portavoz de Monte en Pie asegura que “muchos ayuntamientos se han asustado y han intentado tomar medidas”, pero la “presión hostelera” ha frenado cualquier intento de paralizar actividades.

Únicamente Tres Cantos, una ciudad de 54.000 habitantes que hace justo un año perdió 2.000 hectáreas calcinadas por un gran fuego, ha dado un paso al frente siendo el primero en suspender los eventos que se habían organizado para el día del eclipse, desde food trucks hasta conciertos y un escenario temporal. Sin embargo, y aunque pocos ayuntamientos han seguido esa misma senda, desde el Sindicato de Bomberos de Madrid reconocen –en declaraciones a El País– que, si por ellos fuera, “no se celebraría ningún acto con peligro de incendios”, temiendo que la movilización hacia la sierra aumente su siniestralidad.

En la cuenta atrás para el fenómeno astronómico, y a la vista de esta inquietud, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid solicitó formalmente al Gobierno autonómico que se restrinja el acceso peatonal fuera de los puntos de observación autorizados, tanto en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama como en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Es decir, que nadie pueda entrar a pie salvo en áreas planificadas y controladas para ver el eclipse.

Una petición aceptada a medias

La petición del delegado Francisco Martín pasa también por delimitar el acceso para vehículos a motor en los montes de utilidad pública, y pide que estas restricciones se apliquen al menos entre las cuatro de la tarde y las diez de la noche del 12 de agosto, con la excepción de algunos servicios autorizados. “La prioridad es garantizar la seguridad de la ciudadanía, proteger nuestros espacios naturales, reducir al máximo el riesgo de incendio y facilitar el trabajo de los servicios de seguridad y emergencias”, concluyeron desde Delegación a preguntas de Europa Press. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local es la que debía sopesar la medida, con el eclipse a la vuelta de la esquina.

Este martes, un día después del requerimiento, anunciaron su respuesta: no se restringirá directamente el acceso en moto a los montes, pues se considera que tanto la normativa regional como la legislación forestal ya prohíben con carácter general la entrada a zonas de la sierra, y en caso de limitar el paso de otros vehículos a la montaña tendrá que ser la propia Delegación –pues controla a la Guardia Civil– quien articule cómo hacerlo.

Por su parte, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un dispositivo de vigilancia y coordinación especial por el eclipse, pero de momento no declarará una situación de emergencia. Con esta medida, se reforzarán las patrullas de agentes forestales para intensificar la vigilancia en los accesos cerrados al monte o velar por el cumplimiento de otras medidas preventivas contra incendios forestales. El Gobierno autonómico no ha detallado cuántos miembros de este cuerpo se incorporarán el miércoles para controlar los entornos rurales.

Más capacidad del 112 y abiertos a activar alertas

Sí se ha anunciado la activación del Platercam, el plan de Protección Civil, en situación operativa 0. Esto quiere decir que, además de los agentes forestales y el despliegue policial, se dispondrán voluntarios del servicio público de emergencias y se ampliará la capacidad de atención del 112, de cara a agilizar los avisos al Cuerpo de Bomberos y que estos lleguen a tiempo a posibles incidencia junto a las zonas de observación. Si se diera el caso, la Comunidad de Madrid anticipa que se podrá activar el sistema de alertas en el móvil para informar de alertas, nuevas restricciones o evacuaciones eventuales.

Estas medidas, sumadas a las que ya se anunciaron después de una reunión de la Junta de Seguridad, en la sede de la Delegación del Gobierno, son las que finalmente –salvo anuncios de última hora– cuidarán el estado de los montes madrileños ante un evento extraordinario. El representante de la plataforma ciudadana Monte en Pie apunta a que ni siquiera estos refuerzos serán suficientes para garantizar que el libre albedrío en los puntos altos de la sierra o las previsibles aglomeraciones no provoquen un incidente en zonas difíciles de evacuar.

“En Buitrago [de Lozoya] se han agotado las entradas para un festival con 3.000 personas. Son muchas y sigue siendo peligroso, pero si al menos tenemos localizados todos los puntos en los que hay peligro de incendio será más rápida la intervención. Si cada uno va por su cuenta, será muy difícil controlar que no haya sustos”, conviene. No solo Madrid, sino toda España se prepara para vivir el primero del excepcional Trío de Eclipses que cruzará la península ibérica entre 2026 y 2028. Será el mayor evento astronómico de este tipo en cien años, iniciándose este miércoles 12 con un eclipse total de sol que cruzará el norte de España —desde Galicia hasta Baleares— alrededor de las 20:30, hora peninsular.

La Generalitat Valenciana eliminarà la canya invasora en 400 hectàrees de les conques dels barrancs de Poio, Túria, Magre i Picassent —l’equivalent a uns 570 camps de futbol— i plantarà uns 400.000 arbres i plantes amb l’objectiu de renaturalitzar l’entorn i augmentar la resiliència d’aquestes conques davant d’incendis i riuades.

L’actuació impulsada pel Govern valencià persegueix un doble objectiu: d’una banda, augmentar la resistència davant dels incendis, que la presència de canyes agreuja pel caràcter inflamable de les seues fulles seques i tiges buides; de l’altra, augmentar la capacitat hidrològica d’aquests llits en substituir aquesta espècie invasora per vegetació autòctona de bosc de ribera, fet que millora la capacitat d’infiltració davant de futures avingudes d’aigua.

Raúl Mérida, comissionat autonòmic per a la Recuperació, ha destacat que la Generalitat durà a terme el projecte més gran de neteja de canyes i renaturalització de llits en l’àmbit estatal als barrancs de Poio i Picassent i als rius Túria i Magre “per a incrementar la capacitat hidràulica d’aquestes conques i habilitar zones verdes de passeig, oci i contacte amb la natura obertes a la ciutadania”.

Els treballs suposaran una inversió de 56,4 milions d’euros a càrrec de la Generalitat en aquesta primera fase i les tasques s’estendran al llarg de llits de rius i barrancs que travessen un total de 53 termes municipals.

Així, l’actuació beneficiarà onze municipis a la conca del Poio —Chiva, Cheste, Riba-roja, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Torrent, Picanya, Paiporta, Catarroja i Massanassa—; catorze a la conca del Túria —Calles, Domeño, Loriguilla, Sot de Chera, Chulilla, Gestalgar, Bugarra, Pedralba, Vilamarxant, Benaguasil, Riba-roja, Paterna, Manises i Quart de Poblet—; 23 a la conca del Magre —Alborache, Alfarb, Algemesí, Buñol, Camporrobles, Carlet, Catadau, Caudete de las Fuentes, Dos Aguas, Fuenterrobles, Guadassuar, l’Alcúdia, Llombai, Macastre, Montroi, Montserrat, Real, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Turís, Utiel i Yátova—, i tres al barranc de Picassent —Picassent, Alcàsser i Beniparrell—.

Durant la dana es van generar més d’un milió de tones de residus, incloses més de 20.000 tones de canyes que les inundacions van arrossegar. La Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació va retirar i va gestionar aquestes restes en el que va representar la partida pressupostària més gran de la reconstrucció, amb 225 milions d’euros.

“L’experiència ens ha ensenyat que cal mantindre la regulació hidrològica dels llits i, per a això, és necessari retirar els arbres danyats i els obstacles per a millorar la seua coberta vegetal i dur a terme un pla integral d’erradicació de la canya invasora”, ha assenyalat Mérida.

Per això, des de la Generalitat —encara que la competència sobre els llits correspon a l’Administració General de l’Estat— s’ha decidit fer un pas endavant i es procedirà a la neteja i renaturalització de 160 quilòmetres de llits, especialment en aquelles zones on no ha actuat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ). “A més de netejar els llits per a augmentar la seua capacitat hidràulica i la seua resistència al foc, també volem reconciliar la ciutadania amb els seus barrancs i riberes, que tornen a percebre’ls com espais verds segurs que, a més, ofereixen alternatives d’oci i esbarjo”, ha explicat Raúl Mérida.

Aquesta actuació s’emmarca en el Pla Endavant, que preveu 343 mesures per a impulsar la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana i la creació de millors condicions per a afrontar futurs episodis climatològics extrems.

Barrancs T500 en una segona fase

La Generalitat preveu actuar en aquesta primera fase a les conques del Túria, Magre, Poio i Picassent que van resultar afectades per la dana, per a ampliar posteriorment l’actuació.

La perillositat d’una inundació a causa del desbordament d’un determinat barranc o llit es mesura en tres nivells de probabilitat estadística de freqüència: període de retorn de deu anys —T10, alta probabilitat—, 100 anys —T100, probabilitat mitjana— i 500 anys —T500, baixa probabilitat—, segons el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables del Miteco.

Els barrancs de Poio o del Pozalet, per exemple, se situen en un escenari entre T50 i T75, mentre que altres barrancs, com el Carraixet, se situen en T500. El terme T500 indica un escenari d’avinguda extraordinària amb un període de retorn de 500 anys, és a dir, una probabilitat d’1/500.

La Generalitat Valenciana eliminará la caña invasora en 400 hectáreas de cuencas de los barrancos del Poyo, Túria, Magro y Picassent —el equivalente a unos 570 campos de fútbol— y plantará unos 400.000 árboles y plantas con el objetivo de renaturalizar el entorno y aumentar la resiliencia de estas cuencas frente a incendios y riadas.

La actuación impulsada por el Gobierno valenciano persigue un doble objetivo: por un lado, aumentar la resistencia frente a incendios, que la presencia de cañas agrava por el carácter inflamable de sus hojas secas y tallos huecos; por otro lado, aumentar la capacidad hidrológica de estos cauces al sustituir esta especie invasora por vegetación autóctona de bosque de ribera, lo que mejora la capacidad de infiltración ante futuras avenidas de agua.

Raúl Mérida, comisionado autonómico para la Recuperación, ha destacado que la Generalitat va a llevar a cabo el mayor proyecto de limpieza de cañas y renaturalización de cauces en el ámbito estatal en los barrancos del Poyo y Picassent y en los ríos Túria y Magro “para incrementar la capacidad hidráulica de estas cuencas y habilitar zonas verdes de paseo, ocio y contacto con la naturaleza abiertas a la ciudadanía”.

Los trabajos supondrán una inversión de 56,4 millones de euros a cargo de la Generalitat en esta primera fase y las labores se extenderán a lo largo de lechos de ríos y barrancos que atraviesan un total de 53 términos municipales.

Así, la actuación beneficiará a 11 municipios en la cuenca del Poyo (Chiva, Cheste, Riba-roja, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Torrent, Picanya, Paiporta, Catarroja y Massanassa); 14 en la cuenca del Túria (Calles, Domeño, Loriguilla, Sot de Chera, Chulilla, Gestalgar, Bugarra, Pedralba, Vilamarxant, Benaguasil, Riba-roja, Paterna, Manises y Quart de Poblet); 23 en la cuenca del Magro (Alborache, Alfarb, Algemesí, Buñol, Camporrobles, Carlet, Catadau, Caudete de las Fuentes, Dos Aguas, Fuenterrobles, Guadassuar, l'Alcúdia, Llombai, Macastre, Montroi, Montserrat, Real, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Turís, Utiel y Yátova) y tres en el barranco de Picassent (Picassent, Alcàsser y Beniparrell).

Durante la dana se generaron más de un millón de toneladas de residuos, incluidas más de 20.000 toneladas de cañas que las inundaciones arrastraron. La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación retiró y gestionó estos restos en lo que representó la partida presupuestaria más grande de la reconstrucción, con 225 millones de euros.

“La experiencia nos ha enseñado que hay que mantener la regulación hidrológica de los cauces y para ello es necesario retirar los árboles dañados y obstáculos para mejorar su cubierta vegetal y llevar a cabo un plan integral de erradicación de caña invasora”, ha señalado Mérida.

Por ello, desde la Generalitat —si bien la competencia sobre los cauces corresponde a la Administración General del Estado— se ha decidido dar un paso adelante y se procederá a la limpieza y renaturalización de 160 kilómetros de cauces, especialmente en aquellas zonas donde no ha actuado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

“Además de limpiar los cauces para aumentar su capacidad hidráulica y su resistencia al fuego, también queremos reconciliar a la ciudadanía con sus barrancos y riberas, que vuelvan a percibirlos como espacios verdes seguros que además ofrecen alternativas de ocio y esparcimiento”, ha explicado Raúl Mérida.

Esta actuación se enmarca en el Plan Endavant, que prevé 343 medidas para impulsar la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana y la creación de mejores condiciones para afrontar futuros eventos climatológicos extremos.

Barrancos T500 en una segunda fase

La Generalitat prevé actuar en esta primera fase en las cuencas del Túria, Magro, Poyo y Picassent que resultaron afectadas por la dana para ampliar la actuación posteriormente.

La peligrosidad de una inundación a causa del desbordamiento de un determinado barranco o cauce se mide en tres niveles de probabilidad estadística de frecuencia: periodo de retorno de 10 años (T10, alta probabilidad), 100 años (T100, probabilidad media) y 500 años (T500, baja probabilidad), según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Miteco.

Los barrancos del Poyo o del Pozalet, por ejemplo, se sitúan en un escenario entre T50 y T75, mientras que otros barrancos, como el Carraixet, se sitúan en T500. El término T500 indica un escenario de avenida extraordinaria con un período de retorno de 500 años, es decir, una probabilidad de 1/500.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado con datos oficiales lo que la temporada de incendios de este verano ya sugería: la superficie quemada en la región europea ha crecido un 57% en solo cuatro años, pasando de 1,4 a 2,2 millones de hectáreas entre 2022 y 2025. España y Portugal han duplicado el número de incendios respecto al año pasado, y solo entre enero y el 22 de julio de 2026 se han contabilizado en Europa más de 1.250 fuegos, con emisiones superiores a 8,3 millones de toneladas de CO2. Los registros del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales muestran que España y Portugal multiplican con creces los valores medios de años anteriores.

Pero no es solo la península Ibérica la que sufre los incendios, sino que Europa en general ha pasado de tener que lidiar con 1.194 incendios en 2016 a 10.403 sólo durante los seis primeros meses de 2026. Señalar también los graves incendios de las Landas, o los que está habiendo en Grecia. Y también en otros lugares del planeta como Chile, Canadá, Australia, o en el noroeste de EEUU, como Oregón.

Más allá de los daños materiales, la OMS subraya el coste sanitario: el humo de los incendios agrava enfermedades del corazón y los pulmones, afecta a la salud mental y golpea con más fuerza a mayores, menores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La organización insiste en que el cambio climático, con temperaturas más altas y ambientes más secos, está detrás de este aumento sostenido y pide reforzar los sistemas de alerta y los servicios sanitarios de emergencia.

La adaptación al cambio climático es un reto urgente e inaplazable que exige revisar los presupuestos, transformar la gestión del territorio y reforzar los servicios públicos. La mitigación de emisiones es vital, pero la preparación ante fenómenos extremos ya no puede ser la prioridad menor. Necesitamos adaptarnos a una realidad que cada vez nos golpea con más fuerza. El modelo actual está claro que no funciona, la gestión clásica del territorio y de los montes no responde a lo que necesitamos, la información y alerta al ciudadano sigue siendo escasa, y nuestros sistemas de salud siguen sin estar preparados. Cada vez resulta más evidente la necesidad de cambiar de rumbo, de un cambio profundo, y asumir que convivimos con un riesgo climático estructural.

La prevención y la seguridad son las bases principales para proteger vidas y propiedades frente a los incendios forestales. La necesidad de establecer planes de autoprotección en las zonas vulnerables, especialmente en las viviendas y urbanizaciones construidas en la interfaz urbano-forestal, la gestión del territorio, y la prevención, son auténticas prioridades.

Pero también es fundamental que aumente la sensibilidad social, que haya un cambio de conciencia basado en la percepción del riesgo. Necesitamos municipios preparados, con verdaderos planes de actuación frente a incendios forestales, actualizados, coordinados y conocidos por la población. Cada euro invertido en prevención evita costes infinitamente mayores en extinción y reconstrucción. Y, sobre todo, necesitamos una auténtica cultura de prevención.

En esa línea destacaría la reacción vecinal ante el incendio transcurrido en Salinas de Pamplona, donde vivo a remolque con Bilbao, y que se extendió a otros concejos, declarado el pasado 24 de julio, que quedó controlado en menos de cinco horas gracias, a que desde los primeros momentos reaccionaron el propio Concejo con su presidente y concejantes, vecinos y vecinas que sabían dónde estaban las bocas de riego y los mayores riesgos en un incendio, y a los avisos que se dieron que hizo que comenzaran a llegar agricultores y efectivos de distintos servicios, como los bomberos, protección civil, policía, etcétera. Desde el Ayuntamiento se activó inmediatamente el Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF).

Necesitamos municipios preparados, con verdaderos planes de actuación frente a incendios forestales, actualizados, coordinados y conocidos por la población. Cada euro invertido en prevención evita costes infinitamente mayores en extinción y reconstrucción

También tenemos otros ejemplos cercanos, como el plan AdapTe, en el municipio navarro de Legarda, en el Valdizarbe o valle de Izarbe, que como respuesta al incendio que en 2022 asoló el pueblo y sus alrededores, esta localidad puso en marcha un ambicioso Plan para la prevención y actuación en caso de incendios, y que cuenta con medidas tecnológicas, silvopastorales -el plan de las vacas bomberas utiliza la ganadería extensiva para reducir la biomasa seca-, pero fundamentalmente con un enfoque comunitario de abordaje de los incendios forestales y la adaptación al cambio climático que le proporciona una mejor respuesta y una más adecuada preparación ante posibles catástrofes.

En Euskadi, la gestión directa ante el fuego recae principalmente en las tres diputaciones forales, mientras que a nivel local se engloba dentro de los Planes de Emergencia Municipal (PEM). Los riesgos de fuego se integran de manera supramunicipal en el Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales de Euskadi, complementado por los planes de prevención y extinción de las diputaciones (como el plano foral en Álava o el dispositivo INFOBI en Bizkaia)

La web Prevenir Incendios Forestales recopila las primeras experiencias de vecinos y vecinas que empiezan a formar parte de la prevención y la emergencia. En ella, aparece Legarda, y otras 28 experiencias más.

En el contexto actual no habrá paisajes seguros sin la participación activa de los vecinos y vecinas, quienes deben crear planes locales de autoprotección para reducir el riesgo real frente a los incendios forestales. Las claves de la autoprotección local, están en la prevención activa, gestionando adecuadamente la llamada interfaz urbana-forestal, y, que se convierta en una barrera natural frente a los incendios; la participación vecinal, y la toma de decisiones comunitarias sobre cómo actuar antes de que llegue el fuego; y el apoyo técnico, combinando el saber de los bomberos con el trabajo diario de la gente del lugar.

Es totalmente necesario mejorar sobre todo las medidas de prevención y de extinción. Pero también es el momento de aumentar la capacidad de las poblaciones de participar de su seguridad y su autoprotección.

Entre la información cruzada y la desinformación en la comunicación actual, uno puede invertir horas leyendo para terminar saliendo de la lectura más desinformado que cuando empezó a leer. En este artículo enlisto ideas y vías básicas desde el terreno para prevenir incendios. Les adelanto que en cada uno de los siguientes factores que señalo caben matices, por supuesto, imposible desarrollar todo en dos páginas. Así que intentaré ser claro, conciso y breve. Vamos al lío que no nos sobra tiempo, el cambio climático antropogénico se nos echó encima. Sí, antropogénico, provocado por el ser humano. ¿Que siempre ha habido cambios en el clima? Claro que sí. Y los seguirá habiendo. Pero éste, el actual, tiene un protagonista estelar, somos nosotros.

Política económica forestal. El modelo económico actual de crecimiento rápido para rápida recuperación de la inversión es incompatible con una gestión forestal que tenga como meta prevenir incendios. Pinares y eucaliptales son la punta de lanza de una peligrosa política económica forestal en lo que se refiere a la prevención de incendios. Otras especies arbóreas (la familia 'quercus', por ejemplo, dada su lenta ignición) deben ser la base de una nueva política económica forestal que piense más a largo plazo (la inversión se recupera más tarde pero en mayor cantidad) para priorizar la conservación medioambiental y la seguridad de personas, viviendas, infraestructuras críticas y negocios rurales. No se piensen en las ciudades que la cosa les pilla tan lejos, este año tenemos el ejemplo de Burdeos (Francia), donde un gran incendio llegó a escasos kilómetros de la ciudad.

Propiedad privada y pública. Más de 70% de la superficie forestal en el Estado es privada. Y sí, está regulada para que cada propietario se responsabilice de sus superficies forestales y gestione los excesos de biomasa, sean de carácter productivo o no. Si, además, se tiene el derecho a recibir ayudas para una plantación forestal a la cual se le va a sacar un beneficio también se está obligado a gestionar convenientemente dichas plantaciones. Respecto a la propiedad pública, las AAPP (pequeñas y grandes) tienen accesos a todo tipo de ayudas enmarcadas en la agenda 2030, hay posibilidades para elaborar planes de gestión de mira más larga que la del pino o el eucalipto. Hay que pensar también a largo plazo, las próximas generaciones lo agradecerán, mucho.

Repoblación rural. La base de la vigilancia antiincendios de un territorio es que el territorio esté habitado. A más personas habitando un territorio más capacidad tendremos de detectar antes los focos de incendios. Cuanto antes se detecta el inicio de un incendio antes se puede avisar o actuar para comenzar con su extinción. Esto ha sido siempre fundamental, hoy lo es más aún si cabe por dos razones: la virulencia de los incendios bajo las nuevas condiciones climáticas y el volumen de combustible acumulado por la falta de actividades agroganaderas en el medio rural.

Sector primario. La producción primaria agrícola y ganadera extensiva son fundamentales para la prevención de incendios, ambas por su capacidad para crear estructuras territoriales en mosaico. Estos diseños en mosaico se basan en superficies agrícolas y pastos, ambos de bajo potencial incendiario, que separan masas boscosas entre sí a cientos de metros de distancia, frenando la rápida expansión del fuego. La ganadería extensiva tiene buena capacidad para rebajar el volumen de biomasa que se genera tras inviernos y primaveras lluviosas y que sirve como combustible para la expansión de los incendios. La labor del pastoreo dirigido por humanos (pastores) que dirigen a los rebaños hacia las zonas con más biomasa o las nuevas tecnologías que mediante cercados virtuales delimitan las zonas donde los animales pastan son fundamentales. Particularmente prefiero a la persona pastora que está en el monte, que yo sepa los cercados virtuales aún no tienen ojos para ver focos de incendios. Este tipo de ganadería fertiliza a la vez que se alimenta de la biomasa acumulada generando así un ciclo 'win-win' en el que salen ganando los suelos y el ganado, produciendo a su vez alimentos y empleo rural: 'win-win-win-win'.

Aprovechamiento de la biomasa para generación de energía. Aquí viene el gran elefante en la habitación de la transición energética vs. la sobreexplotación medioambiental. Hace tiempo venimos viendo grandes empresas muy interesadas en el uso de la biomasa para generación industrial de energía eléctrica y térmica. Cuidado. Cuando cualquier modelo industrial/intensivo de explotación de un recurso entra en juego las consecuencias son ya conocidas. No sería raro que este modelo industrial/intensivo generara un modelo de gestión forestal en monocultivo de crecimiento rápido. Y por muy pirófito que fuera, no dejaría de ser otra política económica forestal que seguiría degradando ecosistemas y sobreexplotándolos, poniendo en peligro el elemento clave de la habitabilidad de los territorios: el agua. Cuando propongo el aprovechamiento de la biomasa sobrante para generación de energía hablo de la sobrante que se pueda aprovechar, no de producir en masa para generar una electricidad que, además, hoy no se consume (buena parte de la producción eléctrica fotovoltaica, hoy, no se usa, se pierde).

Ciclos naturales de autofertilización. En un territorio esquilmado de habitantes, con AAPP endeudadas/empobrecidas y propietarios de fincas que no cumplen sus obligaciones el combustible se acumula durante años. Si hay una gestión regular de estos territorios el nivel de combustible que se acumula es mucho menor y, por lo tanto, los incendios encontrarían más dificultades para propagarse. Ahora bien, hay que encontrar puntos intermedios entre dejar en suelo parte de la materia orgánica que generan los bosques y zonas de matorral (hojas, ramas) para autofertilizarse y los excesos de madera que pueden ayudar a expandir un incendio. Cuando uno llega a una finca forestal biodiversa abandonada durante años, renaturalizada, se encuentra madera en diferentes estados (tamaños, grosores, durezas,…). Pero hay un factor clave para dilucidar la madera a extraer: el estado de descomposición. La madera que ya ha iniciado su proceso de descomposición es fundamental para la autofertilización y generación de biodiversidad micro y macrobiológica. Esta madera en descomposición es fundamental pues retiene grandes cantidades de agua que ayuda a mantener humedad (un básico en prevención antiincendios) con un añadido a tener en cuenta: la madera en descomposición ni arde ni sirve para generar energía, así que su lugar correspondiente es el suelo. A partir de aquí, una parte de la madera seca se puede dejar en suelo para que siga su proceso de degradación y una parte de la madera seca sobrante es susceptible de ser usada para producir energía térmica/eléctrica en los pueblos aledaños. Energía km0.

Agua. No existen bosques sin agua. El abandono rural tiene como efecto acompañante el abandono de manantiales y afloraciones de agua, hoy bajo tierra, piedras, ramas u hormigón. Cada pueblo tenía sus manantiales propios y eran mantenidos cada año por pura necesidad. He realizado este tipo de búsquedas y trabajos a mano, en general no es ni difícil ni excesivamente duro físicamente (además con una pala, un pico y una azada se pueden realizar). Poder recuperar estas fuentes de agua nos permitiría repartirla por las laderas para mantener los suelos más húmedos, con el consiguiente freno a la expansión de las llamas.

Estimadas lectoras y lectores, el cambio climático es el factor desencadenante de los incendios de sexta generación, esos que no tenemos capacidad de extinguir, pues no tenemos ni medios ni tecnología para ello. Así que necesitamos prevención más que extinción, el prevenir mejor que curar de toda la vida y que, además, nos sale más barato. Ya hay informes que demuestran que por cada euro invertido en prevención se ahorran cien en extinción. No sé, igual la cuenta es tan apabullante que le podríamos dar una oportunidad. Al mismo tiempo necesitamos muchísimos más recursos también para la extinción, que bien podrían salir del ahorro anterior. No sé, no me parece tan difícil de entender que los beneficios de estos cambios son muchos y para todos. Además, permítanme recordarles que nos estamos jugando, literalmente, el futuro más próximo.

Gracias por su atención.

La vegetación seca acumulada en montes y cunetas alimenta incendios capaces de avanzar durante horas antes de que los equipos logren frenar su avance. Los incendios que están arrasando España en 2026 encuentran así terrenos preparados para que cualquier chispa alcance una dimensión devastadora.

Las altas temperaturas, la falta prolongada de lluvias y el abandono de amplias zonas rurales favorecen una propagación rápida que obliga a desalojar poblaciones y movilizar numerosos medios. La repetición de estos episodios devuelve una cuestión antigua que afecta tanto a la prevención como a la forma de administrar los bosques.

Un incendio del siglo XVII destapó fallos en el pinar de Leiría

Esa necesidad de proteger el territorio ya provocó una transformación profunda hace más de cuatro siglos en el pinar de Leiría, una reserva forestal portuguesa destinada a abastecer a la armada. Koldo Trápaga Monchet, historiador de la Universidad Rey Juan Carlos, ha reconstruido el incendio de 1613 mediante documentos inéditos conservados en el Archivo General de Simancas y el Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

Su trabajo, publicado en 2026 por Brill dentro del volumen Conservation and Production of Woodlands and Royal Forests in the Early Modern Iberian Peninsula, muestra cómo aquel desastre reveló fallos que llevaban años debilitando la protección del bosque.

Las reformas posteriores exigieron abrir franjas rectas y despejadas que impidieran que las llamas pasaran de una zona a otra. Gonçalo de Sousa propuso que la Corona comprara la madera a los propietarios, buscara suministros en Brasil e India y construyera un cortafuegos de unos 24 kilómetros desde la desembocadura del río Lis hasta São Pedro de Moel.

Jerónimo de Souto, enviado en 1615 por el Conselho da Fazenda, ofreció readmitir a los guardas despedidos cuando cada uno limpiara 150 palmos, equivalentes a unos 33 metros. La Corona prometió elevar la plantilla de 33 a 40 trabajadores, aunque el aumento jamás llegó.

La carga recayó sobre hombres que carecían de salario y recibían a cambio exenciones fiscales, leña y acceso a los pastos. Muchos renunciaron cuando se les exigió realizar aquella labor sin remuneración, mientras las franjas terminaron abiertas pese a la escasez de personal.

El conflicto dio paso a un pleito que se prolongó durante casi 20 años y mostró que una norma podía perder eficacia cuando la administración incumplía sus propios compromisos. Las quejas presentadas durante la década de 1630 confirmaron que la plantilla prometida seguía incompleta.

Una investigación descubrió abusos en la gestión del bosque

El origen de las reformas estuvo en los dos fuegos que alcanzaron el pinar durante la última semana de septiembre de 1613. Manuel Veloso Cabral, juez de Leiría, movilizó a vecinos de Matoeira y pasó la noche abriendo a mano un cortafuegos de más de nueve kilómetros junto a Lagoa Limpa.

Poco después, el obispo de Leiría le avisó de otro incendio en São Pedro de Moel, donde la población permanecía paralizada por el miedo. Cabral abrió otra franja para contener las llamas y, cuando llegó a Coucinheira el 30 de septiembre, encontró indicios de una acción deliberada.

La investigación oficial encargada por la Corona examinó además la explotación económica del pinar y descubrió abusos que habían debilitado su conservación. El informe redactado por Sousa en 1614 atribuyó parte de la propagación a las ampliaciones forestales promovidas durante el reinado de Felipe II, que habían alterado la disposición del terreno.

También describió contratistas que extraían más madera de la autorizada, propietarios que esperaban meses una tasación y troncos de primera calidad que acababan desperdiciados. Algunos dueños respondieron transformando sus pinares en olivares o viñedos.

Los grandes fuegos siguen poniendo a prueba los montes

La amenaza sigue presente siglos después, aunque las dimensiones actuales muestran una capacidad de destrucción mucho mayor. El incendio de 2017 arrasó el 86% de la masa forestal de la Mata Nacional de Leiria, mientras el balance provisional del Ministerio para la Transición Ecológica situaba en agosto de 2026 un total de 186.544 hectáreas quemadas y 38 grandes incendios forestales en España.

El pinar portugués había sido administrado desde el siglo XV para garantizar madera naval, con guardas, ordenanzas y labores periódicas tras Pascua. Aquella organización permitió conservar una reserva de más de 11.000 hectáreas, aunque sus fallos demostraron que la vigilancia, el personal suficiente y los cortafuegos necesitan recursos reales para cumplir su función.

“Tenemos un doble sentimiento, de tristeza y de rabia. Hemos perdido algo que lleva muchos años con nosotros, árboles con siglos en nuestro territorio”. Son las palabras de Álvaro Cuevas, el presidente de la Asociación Cultural Serranía de Guadalajara, tras pasar los peores días del incendio forestal de La Mierla.

El fuego, que todavía permanece activo con pequeños focos desde que se detectase la primera llama el 16 de julio, ha calcinado alrededor de 32.000 hectáreas y lo ha convertido en el más extenso de Castilla-La Mancha desde que se tienen datos. Obligó a evacuar 34 localidades y confinar una decena de municipios.

Aunque por suerte, y gracias a los equipos de extinción, según las primeras estimaciones no se ha lamentado ninguna perdida material en lo que se refiere a viviendas, el territorio ha quedado calcinado y ha afectado a la flora y la fauna salvaje.

El presidente de esta entidad sin ánimo de lucro, señala que para todos los habitantes de la Sierra, esta comarca “representa arraigo, costumbres, tradición y una forma de vida que actualmente no se lleva como tal, pero que está muy arraigada. Somos un área extensa que abarcamos toda la parte norte de Guadalajara”.

Asegura que lo primero que sintió cuando recibió la noticia del incendio fue “preocupación y rabia” de no estar allí in situ. “Ya el año pasado también tuvimos este problema (con el incendio del Pico del Lobo)”. En cuanto el fuego comenzó a subir desde La Mierla hacia el Parque Natural de la Sierra Norte se dieron cuenta de que “por la vegetación, debido a lo salvaje que está y a que la zona está despoblada, pues iba a ir a más”.

Cuevas quiere mostrar su profundo agradecimiento a quienes han colaborado en controlar el incendio hasta casi su extinción: “Quiero poner en valor que desde el minuto uno todos colaboraron. Bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, la UME... No estábamos tranquilos, pero sabíamos que se habían centrado todos los esfuerzos. También a los alcaldes y alcaldesas que nos han mantenido informados y han estado trabajando también con ellos”, recalca.

Sin embargo, reflexiona que de cara al futuro, la prevención de incendios debería tener mayor peso: “Tenemos que comentar el tema de los desbroces, los retenes, los trabajos que se tienen que hacer en invierno e intentar evitar de manera preventiva todo lo que ha ardido, quitando la maleza salvaje que hay en la Sierra”.

No obstante, Álvaro Cuevas no se muestra derrotista. “La asociación no puede apagar incendios, pero puede avivar la llama del sentimiento de pertenencia. Hay que continuar y el sentimiento de rabia se tiene que transformar en un sentimiento de construcción, de volver a reconstruir lo que se ha perdido”.

También se muestra realista. “Obviamente todo no se podrá, pero lo que recuperemos lo haremos con el esfuerzo de todos y todas. Vamos a por ello”, señala orgulloso.

Una plataforma para recuperar “el pulmón de la provincia”

La Asociación Cultural Serranía de Guadalajara está impulsando también la creación de una plataforma para coordinar la recuperación del territorio afectado y también paliar los efectos en la economía local. El objetivo es “recuperar todo lo quemado, recuperar montes, pueblos y tejido económico de la Sierra”, pero también “exigir medidas de prevención y extinción de incendios”, además de divulgar iniciativas de ayuntamientos, asociaciones, empresas, profesionales y particulares.

“A través de la Plataforma Sierra Norte de Guadalajara, vamos a coordinar y contar con todos los actores que se quieran sumar a esta causa. Sabemos que hay miedo e incertidumbre, pero las ayudas a nivel provincial y regional se están generando. Esto es una mesa de debate y de apoyo, pero para llenar la Sierra con todo lo que tenía hace falta dinero, lo más importante es que tengamos ganas desde todos los estamentos, porque la Sierra sigue viva”, señala.

Cuevas nos reitera la importancia de este paraje natural para ellos, que define como “el pulmón de la provincia” y por el que tienen “la suerte de poseer mucho patrimonio natural, que se ha visto afectado. Nuestros mayores trabajaron y cuidaron esta tierra y les debemos el poder reconstruir lo que se ha perdido”.

La asociación ha creado un canal de WhatsApp para coordinar todas las acciones y “dar voz a todas las iniciativas propuestas”.

Dice sentir rabia “por todo lo que se ha perdido y por la impotencia de no poder parar el fuego”, pese al “gran trabajo” de todas las personas involucradas. Cuando le preguntamos por el origen del incendio, todavía en fase de investigación, asegura que desde la plataforma no buscarán “culpables”, sino “reconstruir lo dañado que no es poco y trabajar para que no vuelva a ocurrir”.

“Por el momento no entramos en ese debate. Estamos enfocados en la reconstrucción y la prevención”.

Día de la Sierra 2026

Cuevas abandera que entre los pocos vecinos que viven en la comarca y también los que no viven pero proceden de allí es de “profunda pertenencia”, y que “estamos de corazón con ellos, lo que queremos es colaborar. Unos podrán hacerlo desbrozando, otros como nosotros podremos hacerlo generando más actividades. Para ver la Sierra florecida tenemos que sembrar”.

Tenemos que comentar el tema de los desbroces, los retenes, los trabajos que se tienen que hacer en invierno e intentar evitar de manera preventiva todo lo que ha ardido, quitando la maleza salvaje que hay en la Sierra

Este 2026 el Día de la Sierra, festividad que se suele celebrar en el mes de octubre desde hace 18 años, se celebrará en Palazuelos -pedanía de Sigüenza-. Aunque todavía no puede adelantar las actividades que van a llevar a cabo, pero señala que “va a ser un día de fiesta, reivindicativo, en el que vamos a hablar de lo que ha pasado. Intentaremos que sea un día bonito y de unión. La Sierra somos todas y todos, no hay que generar confrontación, sino unirnos”.

“Como guadalajareño, alcarreño y serrano tengo la certeza de que vamos a salir adelante. Somos un pueblo humilde, trabajador, noble y que cree en lo que hace. Nos vamos a unir y vamos a reconstruir lo que se ha llevado el fuego”, concluye.

Hace casi un año, a mediados de agosto de 2025, los titulares de prensa que hoy ocupan los incendios de Ávila, Castelló o Almería los ocupaba el incendio de Jarilla, el peor en la historia de Extremadura. El fuego arrasó más de 17.300 hectáreas en los valles del Jerte y el Ambroz y tardó casi dos semanas en quedar controlado. Pese al desastre, el presupuesto de la Junta de Extremadura destinado a combatir y, sobre todo, a prevenir los incendios forestales volvió a cerrar el ejercicio pasado con una importante tajada de fondos públicos sin gastar. Según los datos oficiales de ejecución presupuestaria del ejercicio 2025, publicados por la Intervención General en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), el Gobierno de María Guardiola dejó en los cajones más de 50,9 millones de euros en prevención y extinción. Por eso también hay que buscar ahí la elevada ejecución en extinción del año pasado.

El mayor desfase presupuestario se sitúa precisamente en las labores estructurales que evitan que las masas forestales ardan cuando llegan las altas temperaturas. En concreto, el programa de 'Conservación, protección y mejora de los montes' contó en 2025 con un crédito definitivo de 96,19 millones de euros, pero solo se llegaron a reconocer obligaciones por valor de 52,18 millones. Esto supone un porcentaje de ejecución del 54,25%, por lo que el año pasado se dejaron sin ejecutar 44,01 millones de euros.

El programa de 'Protección y defensa contra los incendios', centrado en el dispositivo directo de respuesta y extinción, registró una mayor tasa de gasto. Sobre un presupuesto definitivo de 70,01 millones de euros, la Junta de Extremadura ejecutó 63,10 millones, es decir, el 90,14% de lo previsto, dejando un remanente sin gastar de 6,90 millones de euros, según los datos de la Intervención General.

Antes Vox, ahora PP

Estas competencias estaban en manos de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que cambió de titulares precisamente en agosto de 2025, unos días antes del incendio de Jarilla. Ignacio Higuero presentó su dimisión en verano tras conocerse que había mentido al incluir en su currículum una titulación universitaria que no tenía y que ni siquiera existía cuando aseguró que se licenció en ella. Higuero, además, había sido nombrado por Vox en el primer gobierno de coalición en Extremadura y decidió permanecer junto al PP de María Guardiola cuando la extrema derecha salió a mediados de 2024 de todos los Ejecutivos autonómicos que compartía con el PP.

Su sustituto fue Francisco Ramírez, que solo ha estado unos meses al frente de esa consejería. Ese departamento ha desaparecido en el nuevo Gobierno de PP y Vox en Extremadura y las competencias en prevención y extinción están dividas en la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, y en la de Industria, Energía, Ciencia y Territorio.

La escasa ejecución de inversiones contra incendios también sucedió en el presupuesto de 2024. Como publicó elDiario.es Extremadura, el Gobierno de Guardiola dejó sin invertir casi 43 millones de euros en ese ejercicio y ejecutó solo el 41% de las inversiones que estaban previstas para prevención y extinción.

La ejecución más baja de los últimos años

La respuesta que entonces dio la Junta de Extremadura es similar a la de ahora. El Gobierno resalta que las partidas para extinción se han incrementado año tras año, con lo que la inversión ha sido mayor. Según los datos que ha facilitado a este periódico, en 2021 el presupuesto fue de 42,2 millones de euros y el de 2025 superaba los 69,6 millones.

También reconoce que la ejecución de inversiones en prevención se quedaron en 2025 en un 54,2%, “pero la cuantía ejecutada es superior a años anteriores porque el presupuesto ha ido creciendo en los últimos años”. “No es lo mismo ejecutar 52 millones sobre un presupuesto de 96 millones (año 2025) a 29 millones sobre un presupuesto de 51 millones (año 2022)”.

A pesar de ello, los datos de los ejercicios 2024 y 2025, los dos únicos gestionados hasta ahora en exclusiva por el Gobierno de Guardiola, son los de menor ejecución en prevención de incendios de los últimos años. Ese programa en concreto, tuvo una ejecución del 49,48% hace dos años, del 57,03% en 2023, 56,50% en 2022 y 58,18% en 2021.

Desde la Junta atribuyen la imposibilidad estructural de ejecutar el 100% del programa dos ventanas de inactividad obligatoria impuestas por la normativa medioambiental. Por un lado, las paradas biológicas por nidificación y cría de especies protegidas entre febrero y julio, dependiendo de la especie. Por otro, entre el 1 de junio y el 15 de octubre es época de alto riesgo de incendios, por lo que está prohibido “introducir maquinaria pesada o realizar trabajos de desbroce y silvicultura”.

No les vengo a contar si los incendios los provoca algún malnacido intencionadamente, o algún pirómano con su correspondiente problema de salud mental, o algún irresponsable autónomo cosechando su cereal por necesidad, o algún urbanita 'sobrao' que dejó su 'six' de cervezas en el monte o algún rayo de una tormenta eléctrica. No tengo porcentajes al respecto. Lo que sí vengo a contarles es lo que ya sabemos hacer para que a cualquiera de los anteriores perfiles o eventos citados se les hiciera mucho más difícil generar y expandir un incendio. De eso se trata la prevención.

Llevamos años viendo cierres de torres de vigilancia de incendios, recortes en retenes y brigadas forestales, bomberos en pésimas condiciones laborales..., algo muy irresponsable ante la peligrosa inercia del clima. Todos estos trabajos, ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLES (discúlpenme la estridencia), aportan empleo a habitantes rurales en lugares donde es difícil encontrar algún empleo con un contrato que te ampare. A esto le acompaña una política económica forestal demasiado centrada en el monocultivo industrial de especies como pino o eucalipto, que es algo similar a plantar cerillas en el monte. Esta es buena parte de nuestra realidad forestal. Aunque no toda, por suerte.

El origen de los incendios masivos se gesta décadas atrás, mediante factores que influyen directamente en la situación actual. Hablaré sobre los dos que considero más importantes, ambos previos a los grandes impactos del cambio climático.

Despoblación rural. Comienza en los movimientos migratorios internos entre mediados y finales del siglo pasado, migraciones fruto de la industrialización de la economía a base de carbón, petróleo y gas. Los tres materiales base de las emisiones de CO2 han generado un cambio climático antropogénico (provocado por las actividades industriales humanas). El resultado hoy presenta pueblos vaciados o esquilmados de habitantes que, en su gran mayoría, hace mucho que merecidamente se jubilaron. Hagamos un ejercicio de sentido común y matemáticas para infantes. A menos personas en los pueblos más falta de vigilancia y atención. Es más fácil que alguien de entre los 100 habitantes de un pueblo vea una columna de humo que alguien en un pueblo con 5 habitantes la vea. Convengamos que 100 habitantes mejor que 5, pues cuanto antes se ve una columna de humo antes se avisa y cuanto antes se avisa antes comienza la extinción. Fácil, ¿no? En el actual escenario climático los incendios se propagan con más virulencia y velocidad como consecuencia de altas temperaturas, mayor irradiación solar, sequías más largas y vientos más frecuentes e intensos. Estas variables hacen que todo territorio sea más propenso a arder y cada vez con más virulencia. Necesitamos relevo generacional en el terreno, la repoblación rural mediante agricultores y pastores es hoy más importante que nunca. Relevo que, por cierto, anda cojeando de una pierna teniendo la otra ya amputada. Un relevo sin un plan estatal aterrizado que requiere, al igual que estos eventos meteorológicos, pactos de estado a 40-50 años vista. Ya se habla ahora de ellos. Más vale tarde que nunca.

Cambio de modelo productivo agroganadero y forestal. El cambio en el modelo productivo del sector primario ha sido tan grande en los últimos 50 años que ya no cumple las funciones preventivas (ni económicas, ni ecológicas, ni socioculturales) que antes cumplía.

La hoy llamada ganadería extensiva incluye modelos productivos dispares y prácticamente ha perdido la profesión de pastor. Un pastor que vive de y con su rebaño es una persona al frente de un equipo de desbroce rumiante que dirige al rebaño a los lugares donde más vegetación se acumula. El rebaño ingiere dicha vegetación mientras abona la tierra, mejorándola, consiguiendo que retenga más agua. Suelo húmedo = prevención ante incendios. La ganadería extensiva sin pastores no dirige rebaños, los sigue, algo muy distinto. Un rebaño de herbívoros no planifica ni gestiona las zonas a pastar, el rebaño simplemente pasta, donde más le apetece, que no es igual a donde más se necesita. Sin humano que los dirija no hay plan de pastoreo eficiente para prevención de incendios. Ni que decir tiene que los herbívoros salvajes tampoco planifican ni gestionan.

La agricultura producida en los perímetros de los pueblos conseguía crear anillos de producción agrícola que separaban el fuego de las viviendas. En las zonas más lejanas al pueblo se realizaban cultivos de cereales/leguminosas junto con fincas de pastos para pastoreo y siega. Estas superficies agroganaderas creaban diseños en mosaico: superficies con muy bajo potencial de inflamación que separaban unas zonas boscosas de otras.

Es muy interesante observar de cerca la virulencia y velocidad del fuego en un pinar y cómo ese mismo fuego disminuye y se ralentiza al entrar en contacto con un robledal. Más tiempo = mayor posibilidad de extinción. Así que tenemos aquí dos modelos a elegir: un modelo económico forestal de dinero fácil y rápido (que arde fácil y rápido) versus un modelo económico forestal de dinero fácil y lento (que arde lento y nada fácil).

Los expertos, científicos e investigadores multidisciplinares de primer nivel mundial, llevan décadas avisándonos. Los trabajadores del campo que recurrimos a sus investigaciones corroboramos muchas de sus hipótesis en el día a día desde hace años. Pregúntenle a cualquier agricultor por sus cosechas, a cualquier ganadero por sus pastos, a cualquier trabajador forestal sobre montes y ríos, a cualquier biólogo especializado en biodiversidad o a cualquier bombero forestal… todos hemos notado la frecuencia y gravedad de estos cambios.

La repoblación rural y la producción primaria ya eran objetivos que requerían pactos de estado, pues su capacidad para influir positivamente en la economía es enorme para cualquier país que aspire a algún tipo de estabilidad económica, máxime en un escenario geopolítico en el que a diario se ven nuevas alianzas, nuevas desavenencias y cambios de piezas en el tablero. A esto hay que añadirle algo que está pasando por encima a toda la clase política, especialmente a la negacionista: el cambio climático ha llegado para quedarse.

No sabemos ni cuánto tiempo se quedará, ni cuántos kilómetros cuadrados quemará, ni cuántas viviendas inundará, ni cuántas cosechas destrozará. Lo que sí sabemos es que ya está aquí y que su capacidad de destrucción es tan grande que ni las más avanzadas tecnologías se ven capaces de frenarlo como pensábamos. Es por esto que necesitamos cambios estructurales en las políticas de repoblación rural y en el modelo del sector primario. Necesitamos altas inversiones en personal/medios para extinción y prevención (de incendios y otros eventos meteorológicos) y un plan interdisciplinar para poder afrontar esta nueva realidad.

Me despido con una fórmula de prevención de incendios que espero no olviden de aquí en adelante. Le llaman la regla del 30:

Si más de 30 grados de temperatura

si más de 30 km/hora de viento

si menos de 30% de humedad

estén atentos, como ven, es muy peligroso.

Gracias por su atención.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que ha remès una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb l'objectiu que el nou hub per a la lluita contra els incendis al Mediterrani occidental s'ubiqui a Mallorca, concretament a la base aèria de Son Sant Joan. Von der Leyen va anunciar l'any passat que aquest centre s'instal·laria a Xipre.

Durant la seva intervenció davant els mitjans després de reunir-se amb el rei Felip VI en el tradicional despatx d'estiu que tots dos mantenen a Mallorca, Sánchez ha demanat a la ciutadania que extremi les precaucions davant les “altes temperatures que s'esperen aquests dies” i que s'informi a través dels canals oficials, evitant “els bulos i la desinformació”.

En aquests moments, ha dit, hi ha deu incendis actius a Espanya, el darrer dels quals s'ha declarat a Zamora, mentre que a Àvila i a la Comunitat de Madrid ja han començat els desconfinaments i els reallotjaments. Amb tot, ha assenyalat que la situació continua sent “crítica” i que les ratxes de vent estan afavorint la propagació dels focs.

Pel que fa al hub, Von der Leyen va anunciar el setembre de l'any passat la creació d'“eines” com aquesta per combatre els incendis forestals, agreujats pel canvi climàtic a mesura que els estius esdevenen “més calorosos, més durs i més perillosos”.

Contenció dels fluxos migratoris

D'altra banda, Sánchez ha explicat que durant el seu recent viatge oficial a Alger va traslladar a l'Executiu algerià la necessitat d'activar els mecanismes de repatriació de migrants amb l'objectiu de reduir les arribades irregulars per mar, una qüestió que afecta directament les Balears.

Sánchez ha revelat que la qüestió migratòria va ocupar un lloc destacat en la trobada que la setmana passada va mantenir a Alger amb el president d'Algèria, Abdelmayid Tebune. En aquesta reunió, ha dit, va plantejar la necessitat de reforçar la cooperació bilateral per contenir els fluxos migratoris irregulars i va reclamar l'activació dels mecanismes de retorn.

El president ha defensat que la seva recent visita a Alger marca “un punt d'inflexió en la relació bilateral” entre tots dos països i ha confiat que aquest acostament permeti avançar en la gestió dels fluxos migratoris. En aquest sentit, ha insistit que va traslladar a les autoritats algerianes la necessitat d'“activar els mecanismes de repatriació” per evitar que l'arribada de migrants irregulars “tensi unes illes que estan patint una situació que veiem amb cautela”.

Així mateix, ha assegurat que el Govern espanyol abordarà aquesta qüestió de manera coordinada amb l'Executiu autonòmic. “He traslladat a la presidenta que ho tractem de manera conjunta per intentar reduir la pressió”, ha afirmat Sánchez, que ha defensat la cooperació entre administracions per fer front a l'augment de les arribades de pasteres a les Balears.