Castilla y León está en situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales los días 19,20, 21 y 22 de julio por una dana. El Bocyl publica este viernes la resolución del director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas para esos días se espera un “patrón sinóptico” muy desfavorable, conformado por una dana al noroeste de la península Ibérica, una dorsal anticiclónica y la afección de una continental Sahariana que afectarán de forma intensa al menos esos días. Castilla y León sufrirá un aumento de las temperaturas que será destacable a partir del domingo 19 de julio cuando se prevén temperaturas entre los 36-38 °C incluso llegando a los 39 °C en zonas del sur. Estas altas temperaturas podrán extenderse al menos hasta el miércoles 22 de julio. Se prevén además avisos Aemet por altas temperaturas o declaraciones de ola de calor en esos días. A la vez las humedades relativas serán extremadamente bajas tanto las mínimas que pueden bajar de forma generalizada a valores entre el 5-10%, como las máximas nocturnas que en las provincias del sur de la Comunidad podrán no subir durante la madrugada del 25-30%. El Índice de Peligro de incendios forestales de Aemet se situará en niveles extremos o muy altos en la Comunidad durante esos días.

Previsiblemente, las tormentas no serán generalizadas. Se esperan también rachas máximas muy destacables en la zona sureste de Castilla y León que pueden llegar a los 40-50 km/h en amplias zonas. De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia Aemet como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio implicará un incremento significativo de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio, lo que incrementa el peligro. Ello hace necesario adoptar las medidas oportunas, entre ellas la regulación de las actividades que tienen mayor probabilidad de originar incendios en estas circunstancias especiales. El plan Infocal prevé en el capítulo III que durante la época de peligro alto de incendios se pueden producir circunstancias meteorológicas extraordinarias que incrementan notablemente la probabilidad de ocurrencia de los incendios o provocan un comportamiento especialmente virulento del fuego, que puedan requerir predefinir una serie de medidas preventivas complementarias de aplicación obligatoria para minimizar los riesgos.

La Dirección General competente en materia de incendios forestales podrá declarar mediante resolución las situaciones de alerta, alarma y alarma extrema por peligro meteorológico de incendios en parte o toda la Comunidad Autónoma, estableciéndose las medidas preventivas extraordinarias previstas en la correspondiente normativa y está facultado para establecer otras medidas preventivas complementarias que estime procedentes.

Ni barbacoas, ni cohetes, ni uso de maquinaria a menos de 400 metros del monte

Debido a esa alerta, durante los días indicados no se puede encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello. Está prohibición del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas. Se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado, se prohíbe la introducción y uso de material pirotécnico y se suspenden las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

Por último, queda prohibido el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc. Se exceptúa de esta prohibición el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, etc. siempre y cuando éstas hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas por éstos, o aquellas otras en que expresamente haya sido autorizado su uso o que resulten necesarias para la extinción del incendio. Las empresas extremarán la precaución, contando con los medios necesarios para abordar la extinción de cualquier conato de incendio que se pudiera producir a consecuencia de su actividad. Esta resolución produce efectos desde las 0.00 horas del 19 de julio hasta las 23.59 del 22 de julio.

El reciente incendio en Los Gallardos (Almería) vuelve a traer al debate público si hacemos bien o mal las cosas en materia de prevención y extinción de incendios forestales, discusión sobre la que cada año, al final del verano, solemos tener un veredicto claro de que hay que mejorar en prevención y en recursos para la extinción.

Lo que al final del verano parece claro, va diluyéndose con el paso del invierno y llegamos al siguiente estío con las mismas dudas de siempre y una falta de inversión en política forestal y en política de incendios, que vuelve a lastrar nuestra respuesta.

Conviene siempre recordar que la competencia en prevenir y combatir los incendios forestales es exclusiva de las Comunidades Autónomas. Es, por lo tanto, la administración regional la responsable políticamente. Se trata de una responsabilidad sobre las decisiones en materia de recursos, inversiones, tareas de prevención y demás cuestiones que sí están en el ámbito de la política.

Y aquí hay muchas diferencias.

No es lo mismo, por ejemplo, contar con un sistema público, sin ánimo de lucro, con profesionales formados y capacitados, con contrato fijo durante todo el año y realizando tareas de prevención durante el invierno, que externalizar el servicio, con empresas privadas, recortando en prevención y priorizando el beneficio sobre el servicio público.

Así, alguna de las actuaciones de las que más orgulloso me siento de mi etapa de consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, entre 2015 y 2019, tienen que ver con la apuesta por la profesionalización y potenciación del servicio público en la política de incendios. Aumentamos, de 9 a 12 meses, la duración de los contratos de todos los trabajadores del servicio de incendios, lo que permitió incrementar exponencialmente la superficie sobre la que se trabaja; y se estableció una nueva estructura para la gestión y coordinación de los incendios forestales, liderada por ingenieros de montes especializados -que son los que deben tomar las decisiones-, y aumentamos y protegimos al cuerpo de agentes medioambientales, clave en la prevención y extinción de incendios forestales.

Que haya más trabajadores, que la toma de decisiones en la extinción sea técnica -y que no haya injerencias políticas-, o que se realice más prevención, no evita que haya incendios -va a seguir habiéndolos-, pero si contribuye a que sus efectos sean menos dramáticos.

Y ahora que el incendio de Los Gallardos se encuentra ya bajo control, y se apagan los rescoldos, es momento de agradecer el trabajo de los bomberos forestales, militares de la UME, agentes medioambientales, personal de protección civil, sanitarios y cuerpos de seguridad, que, en ocasiones en situaciones de mucha dificultad, sacan adelante su trabajo y cuidan de nuestro medio ambiente y de nosotros.

El 14 de julio ha sido el día en que Castilla-La Mancha ha publicado su plan para prevenir, vigilar y extinguir los incendios forestales en 2026, cuando ya han transcurrido 44 días de una campaña que comenzó el pasado 1 de junio y en plena época de riesgo extremo para que ocurran estos sucesos.

En el documento, que ha sido publicado en el Diario Oficial de la región, se realiza un análisis territorial del riesgo; se explican los detalles del dispositivo con el que Castilla-La Mancha hace frente a estos sucesos y determina puntos estratégicos de gestión y áreas de actuación específicas. Asimismo, también con qué recursos se cuenta para llevar a cabo las actuaciones contempladas.

Un dispositivo de 247 instalaciones y ocho euros de cada diez puestos por Europa

El operativo se apoya en 247 instalaciones repartidas entre las cinco provincias: un Centro Operativo Regional, cinco provinciales, 113 bases con unidades operativas, 12 con brigadas helitransportadas, cuatro aeródromos y 34 repetidores de comunicaciones.

Durante los meses de peligro alto y extremo, la región despliega 50 autobombas, 38 autobombas-retén, cinco nodrizas, 51 brigadas terrestres, 13 brigadas helitransportadas (BIFOR) y 16 unidades de maquinaria pesada. En el aire, helicópteros ligeros y medios en las cinco provincias, dos helicópteros pesados —en Ciudad Real y Cuenca—, cinco aviones anfibios y medios de coordinación con base en Toledo, con contratos de una media de 129 días.

La vigilancia se organiza en 114 puestos fijos —torres, casetas y observatorios— que solo prestan servicio 100 días al año, entre junio y septiembre, y en 45 patrullas móviles, de las que únicamente siete son nocturnas. Fuera de la campaña, el número de medios terrestres de extinción se reduce a entre dos y tres unidades por provincia.

Buena parte de ese dispositivo depende de fondos europeos. Los tres grandes contratos del plan —tratamientos selvícolas preventivos, vigilancia y detección, y mantenimiento de caminos y cortafuegos— se cofinancian con la misma fórmula: un 80 % con cargo al FEADER, un 14 % con fondos propios de la Junta y un 6 % de la Administración General del Estado.

Más superficie tratada, el mismo personal y ningún punto de agua nuevo

El plan incluye una batería de indicadores que permite comparar lo ejecutado en 2025 con lo previsto para 2026. El salto más visible está en la superficie destinada a trabajos preventivos, que pasa de 9.266 a 15.046 hectáreas, un 62 % más, con 588 operaciones frente a las 362 del año pasado. El presupuesto de prevención sube de 48,4 millones ejecutados en 2025 a 52 millones planificados para este año, y las brigadas de invierno pasan de 97 a 99.

Otros indicadores, en cambio, se estancan o retroceden. Los efectivos dedicados a prevención se mantienen exactamente en 1.685, los mismos que el año pasado. Los estudios de puntos estratégicos de gestión bajan de 40 a 31. Y la construcción de nuevos puntos de agua, la infraestructura de la que dependen los medios de extinción para recargar, vuelve a quedarse a cero por segundo año consecutivo.

El plan sitúa la época de riesgo extremo entre el 1 de julio y el 30 de agosto, y considera junio y septiembre meses de peligro alto. También identifica 24 Zonas de Alto Riesgo, entre ellas, los Montes de Toledo, el Alto Tajo, la Serranía de Cuenca, Sierra Morena y Madrona o la Sierra de San Vicente y los valles del Tiétar y el Alberche.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha han asegurado que el plan publicado este martes obedece a una obligación para establecer un marco de acción común a escala nacional, pero que en la región rige, en materia de extinción y prevención, el Plan Infocam, el cual está operativo los 365 días. Por ello, quitan importancia al hecho de haber publicado hoy este documento y aseguran que “siempre ha estado cubierta la campaña de prevenciñon y extinción a través del Plan Infocam”.

Balance de los incendios de la última década

El plan también incluye un balance de los incendios forestales ocurridos en Castilla-La Mancha durante los últimos 10 años (periodo 2016-2025).

En esta década, se iniciaron un total de 13.604 fuegos de este tipo, siendo 2021 el año que más incendios hubo (1.955), seguido del año pasado (1.606). Toledo es la provincia que concentra el mayor número de incendios del decenio, con 4.699 (1 de cada 3 que se producen en la región), seguida por Cuenca (2.553) y Ciudad Real (2.505). Guadalajara registró 2.173 incendios, mientras que la provincia de Albacete acumuló 1.674 fuegos.

El documento sugiere que el hecho de que Toledo acumule la mayoría de estos sucesos se debe a la combinación de factores como la extensión forestal, el uso del suelo, la densidad de población y la presión humana.

En cuanto a superficie quemada, 2022 se destaca como el peor año de forma clara, ya que entonces ardieron una de cada cuatro hectáreas quemadas en esos diez años (14.337,32 hectáreas frente a un total de 56.658,28).

No obstante, como dice de forma literal el plan, “unos pocos eventos concentran la mayor parte del daño total”. Se refiere a 22 grandes incendios forestales (entendiendo como tal a aquellos que queman más de 500 hectáreas) que acumularon el 55 % de todo el territorio quemado entre 2016 y 2025.

Sobre las causas, las negligencias fueron el principal detonante, ya que estaban detrás del 30,26 % de los incendios de la última década, intencionados 21,85 % y por causas naturales solo el 6,23 %. Destaca que quedaron sin determinar el 20,46 % de estos sucesos, mientras que “en blanco” son el 18,59 %. Es decir, cerca de cuatro de cada diez incendios forestales ocurridos en la década no tuvieron causa identificada, y el propio plan admite que esto “sugiere limitaciones en la investigación del origen”.

WWF pide “medidas urgentes” para luchar contra grandes incendios

El plan se publica en el mismo día en el que WWF reclama a las administraciones públicas un cambio de estrategia en los incendios forestales.

Para WWF, el aumento de incendios cada vez más intensos, extremos y difíciles de apagar es consecuencia de la emergencia climática y el abandono de usos tradicionales en el medio rural. La organización plantea un plan de acción con medidas urgentes para abordar los grandes incendios forestales desde todas las administraciones públicas, incluyendo el compromiso de la sociedad en su conjunto.

La ONG reclama que las administraciones de todos los niveles tomen medidas en ese sentido.

A escala autonómica, solicita a las CCAA que adapten sus planes de prevención para que prioricen la gestión estratégica del paisaje y no únicamente actuaciones puntuales de reducción de combustible, dotándolos además de los recursos necesarios.

También reclama identificar y gestionar zonas estratégicas mediante la creación de mosaicos agroforestales, la restauración de ecosistemas, la gestión forestal, la recuperación del pastoreo y otros usos tradicionales que dificulten la propagación de los incendios. “La comunidad técnica coincide en que es necesario gestionar anualmente el 1% de la superficie forestal a escala nacional, priorizando las zonas estratégicas, para ver cambios en el comportamiento del fuego”, asegura WWF.

“En unos días, lo veré todo calcinado”. Jorge Cantón conducirá hacia Almería por la AP-7, al costado de un paisaje arrasado en apenas unas horas. El tono amarillento del verano andaluz que da la aridez del terreno, lleno de arbustos y bajo las altas temperaturas, ha cambiado por una pátina de cenizas que recubre las más de 7.000 hectáreas quemadas por el incendio de Los Gallardos, que ya está estabilizado permitiendo el “regreso paulatino” de las 1.000 personas desalojadas. Un acontecimiento para el que pide medios y prevención: “Estamos perfectamente avisados de lo que está por venir y lo que ya está viniendo”. Una tarea que implica a instituciones públicas, propietarios y a la propia población que necesita prepararse, y que también tiene un coste económico: alrededor de 3.000 euros por hectárea para garantizar la vida útil entre los próximos cinco y diez años.

Cantón, técnico de planificación de incendios en Agresta - Sociedad Cooperativa, conoce de cerca la complejidad de los municipios de Los Gallardos, Antas y Bédar. Con un clima semiárido, caracterizado por la poca precipitación y la vegetación de matorral, es una “zona difícil” que ha estado “muy castigada” durante estas últimas décadas. Entre las razones, el abandono del pastoreo que limpiaba el suelo ha supuesto el crecimiento rápido de combustible vegetal, que, en inviernos como el de este año, marcado por lluvias torrenciales, ha crecido rápidamente.

“Llega el verano y este tipo de vegetación se seca y muere. Junto a las temperaturas con picos de 40 grados y muy poca humedad, hace que el incendio coja una intensidad muy importante, como sucede en otros territorios”, explica el experto.

Las llamas no discriminan entre especies, así que a su paso también ha acabado con aquellas plantas endémicas que mejoraban la biodiversidad del entorno. Una pérdida que “se va a tardar mucho en recuperar”, advierte, y para la que habría que ponerse cuanto antes manos a la obra. Entre barrancos, zonas escarpadas, difíciles accesos, Cantón estima una actuación en prevención de incendio oscilaría entre los 2.500 y 3.000 euros por hectárea, ya que la zona cuenta con una cantidad ínfima de arbolado, para lo que entonces ascendería a 5.000 euros.

Reducción de combustible vegetal y accesibilidad

¿A qué se dedicaría? Las actuaciones en prevención se centrarían en la disminución de la carga de combustible vegetal, tanto la eliminación o reducción en superficie, que está relacionado con los matorrales y pastizales, y en los árboles circundantes para evitar que las primeras ramas entren en contacto con las llamas y suba hasta las copas. Maniobras que se suelen dar en el borde de las pistas habilitadas para el acceso seguro de vehículos al monte, ya sean particulares o de equipos de emergencia en una situación crítica como la que está viviendo Almería.

“Se trabaja entre los 10 y 20 metros en alrededor dejando un 30% del matorral existente y en forma de golpes para que no haya continuidad del fuego y sirva como refugio para la fauna. Una labor que se intenta hacer con maquinaria siempre que sea posible, con desbrozadoras o tractores, pero en la mayoría de los casos los operarios trabajan a mano”, indica, “y esta zona de Los Gallardos es muy complicada, con muy poca accesibilidad, teniendo en cuenta que hay muy poco monte público y la mayor parte es privada”.

Los cerros almerienses, de poca altura pero muy escarpados, son un auténtico desafío para la planificación en emergencias. Por tanto, la clave es mejorar la accesibilidad. Con doce víctimas, Los Gallardos es el incendio más mortífero de este siglo en Andalucía y, también, del país, solo superado por el de Lloret de Mar (21 fallecidos en 1979) y el de La Gomera (20 muertos en 1984), con un abordaje dificultoso en cada una de las actuaciones. Mientras los equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Plan Infoca tenían dificultades para acceder con la maquinaria, se constató que cuatro de las muertes se produjeron cuando los afectados condujeron por un camino que los llevó directamente hasta las llamas.

“Aprender a protegerse”

“El entorno no es el mismo que hace 30 años, cuando el fuego avanzaba lentamente y se podía escapar con relativa facilidad. Ahora, la virulencia del incendio hace que la zona ya no sea tan segura, por lo que tenemos que aprender los riesgos que conlleva, conocer bien las rutas para evacuar y que las personas que viven ahí aprendan a protegerse”, detalla Cantón, “todo ello, junto a una buena accesibilidad para que los dispositivos de emergencias puedan circular e iniciar las maniobras de ataque o preventivas con seguridad desde diferentes puntos”, como ocurre con la construcción de las pistas, que pide que se les preste una mayor atención pese a que los planes de protección medioambientales dificulten su instalación.

La espontaneidad es la última opción en una situación tan extrema, pero para ello es necesario contar con las suficientes herramientas que permitan a cada vecino conocer previamente qué hacer en estos casos, en función de lo previsto por las autoridades. “El fuego puede estar subiendo despacio por una ladera y, de repente, se encañona, mientras que el miedo y el pánico hacen que vayas por un camino que termina por no ser adecuado”, lamenta.

Frente a las polémicas suscitadas por la falta de efectivos o la decisión de no enviar el mensaje por el sistema ES-Alert, el técnico se alinea con el resto de expertos en la materia: “Hay que tener el dispositivo adecuado y trabajar en prevención. Más allá de los números, tiene que haber más formación, más capacidad y equipos adecuados, también, mejores accesos, infraestructuras y recursos para preparar el monte”.

Cuando Cantón comienza en un proyecto, deja claro que, tarde o temprano, el monte se quemará. Una idea que necesita que cale en el otro para que el siguiente paso sea trabajar en paliar las consecuencias: que un fuego de alta intensidad arrase y el terreno quede baldío durante décadas, o preparar todo lo posible para que la regeneración sea más fácil y, sobre todo, no haya persona ni infraestructura dañada. “No es una cuestión política, sino de gestión: estar bien preparado, bien pagado, con las mejores condiciones para trabajar”, sostiene, “una vivienda bien defendida requerirá una pequeña brigada, pero una mal preparada obliga a llevar más efectivos para evitar que se queme”.

Más investigación

La consultora ambiental cuenta con experiencia internacional y en distintas autonomías, como Canarias, Comunitat Valenciana o Catalunya, además de en la propia Andalucía, en donde desarrolla dos importantes proyectos. El año pasaron entregaron a la Junta la cartografía de los modelos de combustibles forestales que hay en el territorio que sirve para conocer cómo se comportará el fuego en cada ecosistema, determinante para dirigir al lugar los efectivos y maquinarias adecuados. Esta herramienta permite planificar las actuaciones con mayor precisión, ya que da información sobre el tipo y la concentración de vegetación en según qué puntos, pistas, o si existen barrancos o zonas de cumbre más sensibles.

Asimismo, Cantón adelanta que, próximamente, comenzarán un estudio a nivel europeo con implicación de la comunidad para conocer a tiempo real la humedad de la vegetación y su relación con la carga del combustible. Es decir, ayudará a detectar qué zonas tienen mayor estrés hídrico, incrementando la vigilancia para evitar futuros conatos y la propagación de los incendios.

En el caso de Los Gallardos, se contaría con más conocimiento para saber dónde iniciar las labores de extinción tras haber perimetrado la zona. Así, los esfuerzos en la investigación se incrementan para tener más recursos contra los que combatir una realidad que ya está presente cada verano, donde el fuego se extiende sin freno y arrasa todo cuanto hay. “Nuestros vecinos portugueses ya lo vieron en las graves oleadas de incendios el año pasado. Estábamos sobre aviso de que esto podía pasar”.

El incendio mortal de Los Gallardos (Almería) ha vuelto a tensionar el estado del dispositivo de bomberos forestales de Andalucía. En plena temporada de alto riesgo, los profesionales denuncian que su situación no solo no cambia con respecto a años anteriores sino que no deja de empeorar.

El Plan INFOCA, que está adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) creada por la Junta para mejorar la gestión de este tipo de catástrofes, sigue repitiendo el listado de problemas que ya empiezan a ser tradicionales y que en incendios como el almeriense cobran especial relevancia: falta de plantilla, retenes incompletos en algunos casos, equipos inadecuados y obsoletos o medios insuficientes son la decoración de cada verano según testimonios de los trabajadores y representantes laborales.

Denuncias que se están dejando ver en el fuego de esta zona almeriense próxima al municipio de Bédar. Según explican fuentes de los bomberos sobre el terreno a este medio, la situación a la que se enfrentan llevan avisando de ella desde “hace tiempo”. Denuncian que el “dispositivo está actuando con un 75% del personal, cuando debería estar al 100%”. Es decir, está “incompleto”, lo que es grave por el agotamiento que genera en los profesionales sobre el terreno y porque debe estar al completo durante la temporada de alto riesgo de incendios que se alarga hasta octubre. El operativo desplegado sobre el terreno cuenta alrededor de 500 efectivos, según los datos ofrecidos el sábado por la mañana por el Consejero de Emergencias Antonio Sanz. Doscientos de ellos pertenecen al Plan Infoca, otros 200 son de la Unidad Militar de Emergencias y el resto son del MITECO y bomberos del Levante almeriense.

Además, según los mismos profesionales, “hay un grave problema con los vehículos autobombas (VCI) porque los medios solo tienen un miembro operativo”. En consecuencia, “están currando con extensión de jornada lo que no hay en los escritos”.

Todo ello ocurre mientras el Ejecutivo regional ha venido haciendo gala de un aumento en el presupuesto que destina cada año a los bomberos forestales andaluces, pero que no acaba de verse en el día a día del dispositivo, según sus protagonistas. Aunque es cierto que en estos últimos años sí se está logrando estabilizar a la plantilla durante los doce meses del año y no solo durante los cuatro que dura el periodo de alto riesgo de incendios, lo cierto es que los 271,6 millones de presupuesto que hay para Infoca este año -que supone un 60% más que en 2018, cuando Juanma Moreno llegó al Gobierno andaluz- son, para los profesionales, una cifra que no impacta aparentemente en sus reclamaciones.

La Junta rechaza ese diagnóstico y defiende que el dispositivo afronta la campaña de 2026 con el mayor despliegue de su historia. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, sostiene que el INFOCA cuenta con un presupuesto un 5% más alto que el año anterior y el citado 60% superior respecto al de 2018, además de 4.700 profesionales, 43 medios aéreos, 108 autobombas -el 84% renovadas en los últimos años-, una nueva unidad de maquinaria pesada y otra de fuego técnico, además de mejoras en los sistemas de comunicación. El Gobierno andaluz atribuye, además, a la rapidez de respuesta del operativo que, pese a haberse registrado más intervenciones durante los cinco primeros meses del año que en el mismo periodo de 2025, la superficie calcinada haya sido inferior.

Los seis sindicatos con representación en el dispositivo -CGT, CCOO, UGT, CSIF, SIBFI y UITA- coinciden este año en el diagnóstico. Aunque difieren en el tono de sus críticas a la dirección de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), todos sostienen que la campaña de alto riesgo comenzó sin que el operativo esté plenamente desplegado. CCOO calcula que aún falta por incorporar alrededor del 10% del dispositivo, lo que supondría unos 400 trabajadores (del total de 4.000), mientras que CSIF sitúa también el despliegue en torno al 90% a comienzos de julio. UGT, por su parte, asegura que es la primera vez que las tres Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRICA) inician la campaña con vacantes: 20 en Sevilla, 14 en Málaga y nueve en Granada.

La Junta rechaza estas cifras y asegura que todos los puestos operativos están cubiertos, salvo alrededor de un 5% correspondiente a bajas temporales o a trabajadores que han pasado a segunda actividad tras cumplir los 55 años. El Ejecutivo dice además que este año ha convocado dos ofertas públicas de empleo, con 234 y 348 plazas fijas a jornada completa, para seguir reforzando la plantilla del dispositivo.

Problemas sobre el terreno

Las consecuencias, según denuncian las organizaciones sindicales, ya son visibles sobre el terreno. Hablan de retenes que trabajan por debajo de su dotación mínima, autobombas con un único bombero forestal, puestos de vigilancia cerrados por falta de personal y brigadas incompletas en un momento en el que Andalucía afronta las semanas de mayor riesgo de incendios.

Más allá de la carga de trabajo, sostienen que estas carencias comprometen la seguridad de las intervenciones, ya que las dotaciones mínimas de los equipos están definidas precisamente para garantizar la protección de los profesionales durante la extinción.

A la falta de efectivos se suma otro problema que todos los sindicatos señalan desde hace años: los medios materiales. CGT y CCOO vuelven a denunciar que parte de la flota incorporada al dispositivo no es la adecuada para acceder a los incendios forestales, obligando en ocasiones a esperar otros vehículos para llegar al frente del fuego. También alertan de deficiencias en las comunicaciones durante las intervenciones, al asegurar que el sistema de radio presenta fallos en determinadas zonas y que, donde este no funciona, tampoco existe cobertura móvil.

Los equipos de protección individual (EPI) constituyen otro de los principales focos de conflicto. Las organizaciones sindicales denuncian problemas de reposición por falta de stock y critican que la EMA siga sin disponer de un servicio generalizado para la limpieza y descontaminación de estos equipos, pese a que están expuestos a partículas y sustancias potencialmente cancerígenas procedentes de la combustión. Según CCOO, únicamente la provincia de Huelva dispone actualmente de este servicio de forma operativa.

No obstante, la EMA niega estas carencias y sostiene que dispone de existencias suficientes para abastecer a toda la plantilla. Según sus datos, los almacenes cuentan con miles de prendas y elementos de protección, entre ellos más de 4.500 camisas ignífugas, más de 5.300 pantalones ignífugos, más de 600 cascos de emergencia y 900 pares de guantes de extinción.

La movilidad de la plantilla

Las críticas también alcanzan a la gestión de los recursos humanos. UGT y CSIF denuncian que la dirección de la Agencia está rechazando solicitudes de movilidad por motivos de conciliación familiar, incluso en casos relacionados con el cuidado de menores o familiares dependientes. CSIF asegura haber llevado este asunto ante la Inspección de Trabajo. Ambas organizaciones sostienen además que la falta de previsión ha dejado prácticamente agotadas las bolsas de empleo, obligando a recurrir al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir vacantes mientras, según denuncian, existen trabajadores del propio INFOCA con la formación y experiencia necesarias que podrían ocupar esos puestos.

En el caso de CGT, sindicato mayoritario entre los bomberos forestales, las críticas van un paso más allá. La organización considera que los problemas que ya existían antes de la creación de la Agencia de Emergencias de Andalucía no solo no se han resuelto, sino que se han agravado, y acusa al Gobierno andaluz de priorizar el anuncio de nuevas inversiones frente a la resolución de las deficiencias que, aseguran, siguen encontrando los profesionales durante las intervenciones.

Frente a estas denuncias, la Junta de Andalucía sostiene que el INFOCA de 2026 cuenta con el mayor presupuesto de su historia y defiende que el dispositivo dispone de 4.700 profesionales, 43 medios aéreos, más de un centenar de autobombas y nuevas unidades especializadas para reforzar la lucha contra los incendios forestales. El Ejecutivo andaluz insiste en que la creación de la Agencia de Emergencias ha permitido mejorar la coordinación de todos los servicios de emergencias y mantiene que Andalucía dispone de uno de los dispositivos de prevención y extinción de incendios más avanzados de Europa.

Sin embargo, para los representantes de la plantilla la fotografía es distinta. Su principal preocupación no es tanto el volumen de inversión anunciado como la capacidad real del operativo para responder durante las semanas más críticas del verano. Con la campaña ya iniciada y las altas temperaturas instaladas en buena parte de Andalucía, advierten de que el dispositivo continúa funcionando sin haber alcanzado la plantilla prevista y con problemas materiales que, a su juicio, siguen sin resolverse año tras año.

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ya se ha convertido en el más mortífero del siglo XXI en España. El fuego ha causado al menos 12 muertos, ocho heridos, cuatro de ellos graves, y otras 23 personas todavía no han podido ser localizadas.

Las primeras investigaciones analizan la posible caída de un cable de tendido eléctrico como posible origen de las llamas. Los expertos consideran que aún es “demasiado pronto para determinar qué provocó los incendios”, pero sí hablan de que hay varios factores por los que las llamas se han comportado de forma tan virulenta.

El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, calificaba la situación en la mañana de este viernes como una “tragedia sin precedentes”. Por su parte, esta misma tarde, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha revelado que la cifra de desalojados ha ascendido hasta las 1.000 personas: “Unas 130-140 personas siguen en algunos equipamientos de varios municipios colindantes que se ofrecieron desde el primer momento”.

La rápida evolución del incendio forestal

María Barbosa, científica especializada en incendios forestales del Centro Británico de Ecología e Hidrología (UKCEH), explica que para que el fuego avance a una velocidad parecida al de Almería necesita “una fuente de ignición, vegetación seca que pueda actuar como combustible y condiciones meteorológicas” que son favorables para su expansión.

“Las recientes olas de calor en toda Europa han contribuido a secar la vegetación, lo que ha hecho que los combustibles sean más inflamables”, asegura. “Además, el terreno montañoso de la región puede acelerar la propagación del fuego, especialmente cuesta arriba, al tiempo que dificulta las labores de extinción para los equipos de bomberos. Dada la dificultad de predecir con exactitud cuándo se darán las condiciones propicias para grandes incendios forestales, la adaptación es nuestra única vía de avance”.

Ferran Dalmau–Rovira, ingeniero forestal y director de la consultora de ingeniería ambiental Medi XXI GSA, miembro de la Fundación Pau Costa, coincide en que, en sus primeras fases, el incendio de Los Gallardos “presentó un comportamiento extremo y muy intenso, favorecido por las altas temperaturas, la baja humedad y el fuerte viento”.

“Existía simultaneidad en Andalucía, lo que ha tensionado al dispositivo de emergencias”, destaca. “El incendio afectó a varias carreteras y dificultó gravemente la movilidad y las operaciones de evacuación”.

Guillermo Rein, catedrático de Ciencias del Fuego en el Imperial College de Londres, también cree que la rápida evolución del fuego ha desbordado “a los cuerpos de bomberos que operan en circunstancias extraordinariamente difíciles”. Pero advierte de que el incendio forestal debe investigarse “minuciosamente”, porque “no se trata ni de una cuestión de destino ni del resultado de un simple error”.

“Las catástrofes provocadas por los incendios forestales suelen ser el resultado de años de negligencia y de una lentitud en la toma de decisiones a la hora de abordar un riesgo natural que se produce en nuestros bosques y ecosistemas y que amenaza cada vez más a nuestras comunidades”, señala.

Cómo hay que actuar y cómo no

La gran duda que dejan casos como el de Almería es cómo hay que actuar si un incendio se origina cerca de nuestra vivienda o en el lugar en el que nos encontramos en ese momento.

Ferran Dalmau–Rovira considera que entre las recomendaciones a tener en cuenta se encuentra, en primer lugar, la de maximizar la seguridad. “Permanecer en edificios resistentes ubicados dentro de un casco urbano consolidado, siempre que las autoridades no hayan ordenado la evacuación”, señala. “Estos entornos ofrecen una menor carga de combustible, mejores condiciones para la intervención de los servicios de emergencia y mayor protección frente a la radiación térmica”.

En el caso de que la situación sea intermedia, explica que “permanecer dentro de un vehículo dentro de casco urbano puede ofrecer una protección temporal frente al calor radiante, las pavesas y el humo”, pero si el incendio tiene un comportamiento extremo, con “cambios bruscos de dirección del viento”, puede convertirlo en una “situación de alto riesgo”.

María Barbosa también pone de manifiesto la necesidad de que, desde las administraciones, se invierta “en prevención, gestionar el combustible, mejorar los sistemas de alerta temprana y garantizar que las personas que viven en zonas de alto riesgo sepan cómo prepararse y actuar”.

“A medida que aumenta el riesgo de incendios forestales en muchas regiones, la creación de comunidades más resistentes al fuego será una de las formas más eficaces de reducir los impactos futuros”, destaca.

Thomas Smith, profesor asociado de Geografía Ambiental en la London School of Economics and Political Science (LSE), apunta a que cuando “las condiciones meteorológicas alcanzan niveles récord, debemos esperar que el comportamiento de los incendios también alcance niveles récord”. “El cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad del calor extremo y de las condiciones meteorológicas propicias para los incendios que crean estos entornos peligrosos”.

El Gobierno de Asturias ha aprobado una nueva delimitación de las Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal (ZAR) que afecta a la mayor parte del territorio de la comunidad y sustituye la clasificación vigente desde 2007. La resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), adapta la planificación autonómica a los cambios introducidos por la normativa estatal y establece una cartografía mucho más precisa, basada en criterios técnico-científicos desarrollados por la Universidad de Oviedo y los servicios forestales del Principado.

La principal novedad es que Asturias abandona el modelo que declaraba el riesgo por concejos para pasar a una delimitación parroquia a parroquia. El nuevo sistema identifica qué montes y terrenos forestales deben considerarse zonas de alto riesgo en función de variables como el historial de incendios, la carga de combustible vegetal, la vulnerabilidad del territorio, las infraestructuras de defensa y la capacidad de respuesta del operativo de extinción.

La resolución justifica este cambio por la pérdida de vigencia del marco legal que sustentaba la declaración de 2007 y por la necesidad de adaptarse a la legislación estatal aprobada tras los grandes incendios forestales de los últimos años. El Principado señala además que la experiencia acumulada, el aumento de la magnitud de los incendios y la evolución del combustible forestal hacen necesaria una revisión de la zonificación.

Aunque la declaración afecta a la mayor parte de Asturias, no todo el territorio queda incluido. Los montes de numerosos concejos del interior y de montaña pasan íntegramente a ser considerados de alto riesgo, mientras que en municipios costeros y urbanos la delimitación distingue entre parroquias con mayor o menor exposición al fuego. Así, ciudades como Gijón, Avilés, Corvera, Carreño, Llanera, Noreña, Muros de Nalón o Soto del Barco quedan fuera de la declaración, mientras que en otros municipios la protección se limita únicamente a determinadas parroquias forestales.

Se incluyen por defecto todos los montes forestales de numerosos concejos del interior y de montaña pasan a ser Zonas de Alto Riesgo, entre ellos Aller, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Laviana, Onís, Ponga, Proaza, Somiedo, Teverga, Tineo, Villayón o Yernes y Tameza.

El Ejecutivo autonómico subraya que esta nueva declaración servirá de base para la aplicación de los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, que la legislación estatal considera ahora el instrumento de planificación de las zonas de alto riesgo. La resolución entra en vigor este mismo viernes, día de su publicación en el BOPA.

La Generalitat ha establecido el nivel de premergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana desde este lunes, 6 de julio, hasta el próximo jueves, 9 de julio, ambos inclusive.

La decisión se ha adoptado a través de una resolución conjunta emitida por la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio ante las condiciones de “riesgo extremo de incendios forestales declarado en toda la Comunitat Valenciana, anudado a un episodio de temperaturas significativamente elevadas con posibilidad de tormentas secas en el interior”.

Esta declaración del nivel máximo de riesgo supone la entrada en vigor de una serie de prohibiciones de obligado cumplimiento en terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, como la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones y la suspensión del uso festivo-recreativo del fuego por motivos festivos en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros).

También figura la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros) y la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales.

Además, con motivo de esta situación meteorológica extraordinaria, se añaden una serie de restricciones adicionales, entre las que se encuentra la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, dentro de los parques naturales de la Serra d’Irta, Penyagolosa, Desert de les Palmes, Tinença de Benifassà, Serra d’Espadà, Serra Calderona, Chera-Sot de Chera, Puebla de San Miguel, Túria, Hoces del Cabriel, Serra de Mariola, Font Roja, El Montgó. Serra Gelada, Prat de Cabanes-Torreblanca, Marjal Pego-Oliva y la zona forestal de l’Albufera.

Se exceptúa de esta prohibición el tránsito de vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios enclavadas dentro de los parques naturales.

Igualmente, se ha establecido la prohibición de cualquier prueba deportiva que transcurra por terreno forestal y la suspensión de las ya autorizadas para el periodo indicado. Además, las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos gestionados por la Generalitat, y los albergues, campamentos y campings ubicados en terrenos forestales, no podrán realizar actividades deportivas y/o recreativas fuera de las instalaciones propias de los mismos.

Máxima prudencia a la ciudadanía

Esta instrucción pretende reforzar la concienciación individual y la responsabilidad colectiva, por lo que se hace un llamamiento a la sociedad en general pidiendo máxima prudencia a la ciudadanía a la hora de acceder al ámbito forestal y las zonas de interfaz agrícola-forestal y urbano-forestal, y efectúa también recomendaciones a la población para la situación de ola de calor.

Se aconseja así tener especial cuidado con menores, personas mayores, enfermos y personas vulnerables, mantener la casa fresca y ventilada, evitar la exposición directa al sol (sobre todo entre las 12.00 y las 16.00 horas), utilizar protección solar, realizar comidas ligeras y beber mucha agua, vestir con ropa de colores claros y cubriendo la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza, y no dejar a nadie en el interior de un vehículo cerrado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento a la prudencia de la ciudadanía para evitar que se cometan negligencias durante la situación de “peligro alto” de incendios forestales que atraviesa la región.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha informado este lunes de la evolución del incendio forestal declarado en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), que continúa activo, aunque presenta una evolución favorable gracias al trabajo desarrollado por el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, Infocam.

A las 16:18 horas el Plan Infocam señalaba que el incendio descendía a situación operativa de nivel 0, quedando abiertas ambas carreteras que habían sido cortadas (CR-5043 y CR-P 5041), así como el regreso de la vecindad de la pedanía de Huertezuelas a sus casas.

“Evitar conductas negligentes”

Durante su comparecencia, Gómez ha alertado de la situación de riesgo existente en la Comunidad Autónoma debido al aumento de las temperaturas y a las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días. “Nos encontramos en una situación de peligro alto de incendios en prácticamente toda Castilla-La Mancha y de peligro muy alto en amplias zonas de las provincias de Ciudad Real, Albacete y Toledo. Por eso pido a toda la ciudadanía que extreme la prudencia y evite cualquier conducta negligente en el medio natural”, ha subrayado.

Asimismo, ha incidido en el mensaje central de la campaña regional de este año. “La prevención salva. Prevenir significa proteger nuestro patrimonio natural, evitar riesgos para las personas y reducir las consecuencias de los incendios forestales. Nuestro deseo es no tener que intervenir porque hayamos sido capaces de evitar que se produzcan los incendios”, ha señalado.

Y ha recordado que la ciudadanía dispone de información actualizada sobre los incendios forestales a través de los canales oficiales de Infocam y del servicio de información vía Whatsapp, que permite conocer en tiempo real la evolución de las emergencias.

Balance de la campaña

Mercedes Gómez ha explicado que “durante la jornada de ayer se registraron siete incendios forestales en Castilla-La Mancha y 13 incendios si se contabilizan conjuntamente los días 28 y 29 de junio, todos ellos atendidos de manera simultánea por el dispositivo regional” y, por tanto, ha solicitado “extremar la precaución”.

Y ha apuntado que desde el inicio del año se han declarado 623 incendios forestales en Castilla-La Mancha, “lo que supone 123 más que en las mismas fechas del año anterior”, aunque la superficie afectada por el fuego es actualmente ligeramente inferior a la registrada el pasado año.

Por último, la consejera ha reiterado la importancia de avisar de forma inmediata ante cualquier indicio de incendio. “Ante cualquier columna de humo o sospecha de fuego forestal, es fundamental llamar cuanto antes al 112. La rapidez en la detección y en la actuación es clave para evitar grandes daños ambientales y materiales”, ha concluido.

En el Centro de Operaciones Regional (COR) del Plan Infocam se preparan para afrontar un día muy complicado.

Es lunes, y Castilla-La Mancha se encuentra metida de lleno en la primera ola de calor del verano. Las altas temperaturas se han dado la mano en esta jornada con la sequedad del suelo y la posibilidad de tormentas para dejar un escenario en el que prácticamente toda la región se encuentre este día en riesgo extremo por peligro de propagación de incendio forestal.

Por eso, en este centro operativo, el lugar desde donde se coordina todo el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla-La Mancha, la concentración es máxima.

Se ubica a las afueras de Toledo, y está en permanente conexión con los otros cuatro centros operativos que el Infocam tiene en cada provincia castellanomanchega -el de Toledo se localiza dentro del propio COR-.

Al frente de él está Juan José Fernández, ingeniero de montes con más de 15 años de experiencia trabajando en la prevención y extinción de los incendios en Castilla-La Mancha.

“Este año, la campaña de extinción ha empezado muy pronto, por lo que la probabilidad de que ocurran incendios será mayor”, nos cuenta cuando le preguntamos por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha en las que aseguraba que se han duplicado los conatos de incendios a estas alturas de temporada. “Cada año las campañas de extinción de incendios son más largas, empiezan antes y terminan después. Es una tendencia consolidada”.

En 2026 convergen varios factores que aceleran la llegada del riesgo de incendios: hubo un número alto de precipitaciones durante el invierno y la primavera que permitieron un rápido y abundante crecimiento de pastos. Tras ese periodo de lluvias, llegó uno de elevadas temperaturas desde el mes de abril. Eso secó el pasto. Y una vez que el pasto pierde la humedad, se convierte en combustible.

Por estas circunstancias, desde el sindicato CSIF denuncian que encuentran “muy insuficientes” los 103 días que dura la actual campaña de extinción. Bajo su punto de vista, esta debería extenderse “al menos” seis meses: del 1 de mayo al 31 de octubre.

Fernández reconoce que los dispositivos de extinción de incendios se encuentran ante un “paradigma” en el que, mientras científicos y técnicos coinciden en la necesidad de “reforzar” las labores de prevención para reducir el riesgo, la realidad obliga a realizar unas campañas de extinción “cada vez más extensas e intensas”.

“Existen unos recursos y lo que tenemos que hacer, como personas responsables de gestionarlos, es optimizar su uso para que den el mejor resultado posible. Necesitamos tener un balance entre prevención y extinción”, concluye.

Analizando columnas de humo

Cuando una columna de humo aparece en el horizonte, el aviso llega a uno de estos centros provinciales. Puede ser un incendio o no. Eso lo determinan los técnicos que trabajan en cada una de estas instalaciones.

En la de Toledo, en este lunes de ola de calor, hay dos técnicos, ingenieros de montes o ingenieros forestales, que, en paralelo, reciben todos los avisos.

“Lo más habitual”, nos cuenta el director operativo del COR, “es que los avisos nos lleguen del 112 gracias a avisos de ciudadanos al servicio de emergencias”.

Cuando la alerta llega, en el centro operativo provincial analizan toda la información disponible para determinar si es un incendio forestal o no. Y, en caso de que lo sea, se movilizan los recursos necesarios para hacer un primer ataque a las llamas.

“Analizar la información que entra respecto a ese aviso es muy importante, porque la respuesta que se le da al incendio no siempre es la misma. Hay que ajustarla a la gravedad potencial que pueda tener”, explica Fernández.

La decisión cobra todavía más importancia en jornadas como la de la visita al centro operativo, con gran parte de la región bajo Índice de Propagación Potencial extremo. En estas condiciones, cualquier conato puede multiplicar rápidamente sus dimensiones.

“Desde primera hora de la mañana cualquier incendio puede adquirir unas dimensiones muy elevadas en muy poco tiempo”, advierte.

Las 'armas' del Infocam

El dispositivo que Infocam ha preparado para este año cuenta con más de 2.700 profesionales y un total de 248 medios operativos. Entre ellos están helicópteros, aviones anfibios y 220 medios terrestres. A estos medios hay que sumar también 114 puntos de vigilancia fija distribuidos por toda la región que sirven para la detección temprana y una respuesta rápida ante cualquier conato o incendio forestal. La inversión por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner en marcha este dispositivo se cifra en 126 millones de euros.

Este año la campaña tiene el lema de la prevención salva, con el foco puesto en la prevención y en la responsabilidad individual. “Esa prevención es muy importante”, cuenta Juan José Fernández, “y es una prevención que se realiza en muchos niveles”.

Cuenta que la ciudadanía, especialmente aquellas personas que viven o utilizan el medio natural, tienen que ser conscientes de que están somentidos a la amenaza de los incendios forestales.

“Entonces hay que adoptar medidas, comportamientos, que reduzcan esa amenaza. Si vivo en el medio natural, tengo que estar informado cada día del riesgo al que estoy sometido, de nuestro índice de propagación potencial, adecuar las actividades que yo planifico para ese día a ese nivel de riesgo, adecuar mi casa y el entorno de mi casa para que, ante la posible llegada de un incendio forestal, mi casa, mi urbanización, mi vehículo, mi negocio, sufran el menor daño posible”.

El director operativo del COR incide tanto en la importancia de la prevención porque, señala, en Castilla-La Mancha, la mayoría de los incendios forestales, cerca del 90%, están porvocados por el hombre.

“La mayoría son negligencias y causas accidentales que se producen, sobre todo, en actividades agropecuarias, aunque depende mucho de las áreas geográficas, porque Castilla-La Mancha no es uniforme y homogénea”.

Cuando un incendio crece

La mayoría de los incendios pueden ser gestionados inicialmente desde los centros operativos provinciales. Sin embargo, cuando el fuego aumenta de tamaño, la situación se vuelve más compleja.

Los centros provinciales movilizan los recursos que tienen asignados, pero pueden llegar a necesitar más medios de otras provincias o incluso recursos estatales. Es entonces cuando interviene el Centro Operativo Regional.

Su función es coordinar los cinco centros operativos provinciales, gestionar los recursos de ámbito autonómico y mantener la relación con organismos como el 112, Guardia Civil, policías, el Ministerio para la Transición Ecológica o la Unidad Militar de Emergencias.

La estructura descentralizada responde a una necesidad cada vez más importante: la simultaneidad de incendios. Es decir, cuando hay activos varios fuegos de importancia al mismo tiempo. Algo que generó la “emergencia” de incendios forestales en agosto de 2025 y que compromete la respuesta del sistema de emergencias, que no pueden abarcarlo todo.

Fernández lo compara con lo que sucedió en el sistema sanitario durante la pandemia de 2020. “El problema está en el número de personas que requieren atención médica al mismo tiempo. Eso puede colapsar cualquier sistema sanitario. Con los incendios forestales ocurre algo parecido”.

Y concluye que las situaciones de simultaneidad son ya una realidad.

Bulos sobre los incendios forestales

Tras más de quince años trabajando en incendios forestales, Fernández observa una transformación acelerada del fenómeno. “Los incendios están cambiando, pero la tendencia es que cada vez cambian con más rapidez”.

Hay zonas que históricamente no generaban grandes incendios y que ahora sí pueden hacerlo. Al mismo tiempo, el crecimiento de población en áreas próximas a Madrid, especialmente en Toledo y Guadalajara, incrementa la exposición al riesgo.

“La presencia de personas en el territorio hace aumentar la vulnerabilidad”, señala.

Para finalizar, Fernández señala dos grandes bulos relacionados con los incendios forestales que complican su trabajo a la hora de extinguirlos y prevenirlos: la negación del cambio climático y que las talas de árboles se perciban como algo negativo para el monte y no como una herramienta clave de prevención.

“No podemos disociar los incendios del cambio climático”, afirma tajante sobre el primero, mientras que del segundo explica que la gestión forestal pasa por realizar talas de árboles “no para eliminar el bosque”, sino para “aumentar el vigor de la masa forestal y mejorar su estado para ser más resiliente frente a las amenazas como sequías, altas temperaturas, vendavales e incendios forestales”, concluye.

La jornada termina en el Centro Operativo Regional del Infocam sin que se haya producido ninguna alerta de relevancia. A pesar del riesgo extremo de propagación de incendios forestales en casi toda Castilla-La Mancha, no ha habido ninguna situación excepcional. Pese a ello, todavía queda un verano muy largo por delante en el que, seguramente, habrá muchas columnas de humo que interpretar.

Una grúa ha procedido en la mañana de este viernes a retirar el helicóptero de la Ertzaintza accidentado el miércoles cuando participaba en el operativo de extinción del incendio forestal de la localidad de Galarreta, en Álava. Un vídeo difundido en redes sociales muestra a una grúa desplazada a Zalduondo, donde aterrizó el aparato, elevándolo del suelo para cargarlo en un vehículo.

Los cuatro ocupantes del aparato resultaron ilesos. Es del modelo Eurocopter H135, matrícula EC-OPI y el más nuevo de la flota. Fabricado por la alemana Airbus, se incorporó en julio de 2025, en un esfuerzo del Gobierno vasco por “seguir reforzando la seguridad integral en Euskadi”. El lehendakari, Imanol Pradales, participó en su vuelo inaugural, acompañado de consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Según las primeras informaciones oficiales, el aparato sufrió este miércoles una “avería” y se vio obligado a acometer un “aterrizaje de emergencia”. Habría succionado un objeto y este le habría hecho empezar a “girar” perdiendo el control.

El incendio de Galarreta —originado por la caída de un rayo el viernes, reavivado en la madrugada del martes y agravado por el viento y las elevadas temperaturas del miércoles— se dio por controlado este jueves. Las estimaciones, en un primer balance, apuntan a una superficie quemada de 100 hectáreas, en un terreno que es sobre todo de pinares.

En el lugar han estado trabajando dotaciones llegadas desde diversos parques de Álava (Campezo, Espejo, Nanclares de la Oca y Salvatierra-Agurain), efectivos desplegados desde Vitoria y la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico llegada desde Soria, entre otros. Sobre el terreno había al menos una cincuentena de bomberos, así como hasta seis helicópteros, según indicó desde el puesto de mando establecido en la cercana localidad de Arriola el diputado general de Álava, Ramiro González.

Varias dotaciones de Bomberos continúan trabajando en la extinción de un incendio en el monte Milipiribil de la localidad alavesa de Galarreta. Originado por la caída de un rayo el viernes y reavivado en la madrugada del martes, el fuego se vio agravado por el viento y las elevadas temperaturas del miércoles. Aunque sigue activo, el incendio se ha dado por estabilizado este jueves y, con la mejora de las condiciones meteorológicas que se espera para la tarde, se prevé poder darlo por controlado. En un primer balance, las estimaciones apuntan a una superficie quemada de 100 hectáreas, sobre todo pinar.

“Ayer [por el miércoles] pasamos toda la tarde aquí viendo la evolución del incendio y el trabajo de los medios humanos que teníamos a disposición de la extinción. La primera reflexión que tenemos que hacer esta mañana es que la situación está mucho mejor que ayer por la tarde”, ha explicado en la mañana de este jueves Ramiro González, diputado general de Álava, desplazado hasta el puesto de mando. “El incendio está estabilizado. Se ha avanzado mucho en la perimetración y es perceptible a simple vista. Todavía queda una zona por perimetrar, una zona de difícil acceso, pero confiamos en que a lo largo del día consigamos cerrar por completo el perímetro y a última hora de la tarde controlar el incendio”, ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación. Parte de ese control se encomendaba al “cambio meteorológico” previsto para la tarde de este jueves, con “cambio de viento y descenso de la temperatura y mayor humedad”.

Hasta seis helicópteros han formado parte del despliegue este jueves. Ha estado movilizada desde Soria, por ejemplo, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. “Tenemos muchos medios tanto materiales como personales trabajando, en torno a 50 personas. Medios aéros (seis helicópteros), y creo que esta combinación de personas trabajando y medios aéreos (seis helicópteros) está consiguiendo estabilizar, perimetrar y, espero que finalmente, controlar un incendio en una zona que es de muy difícil acceso”, ha señalado el diputado general sobre los medios desplegados para hacer frente al incendio, a caballo entre los municipios de Zalduondo y San Millán.

Trabajando en el incendio de Galarreta ha habido Bomberos de diversos parques de Álava (Campezo, Espejo, Nanclares de la Oca y Salvatierra-Agurain), así como efectivos desplegados desde Vitoria y brigadas llegadas desde Soria.

Este miércoles, en torno a las 15:30 horas, un helicóptero de la Ertzaintza sufrió un accidente en una maniobra dentro del operativo de extinción del incendio. Los cuatro ocupantes del aparato resultaron ilesos. El suceso en el que se vio implicado un aparato modelo Eurocopter H135, el más nuevo de toda la flota, se debió a una “avería” sin precisar, que lo condujo a llevar a cabo “un atterizaje de emergergencia”. No hubo víctimas.

Efectivos de los Bomberos intentan sofocar un fuego declarado en la zona alta del monte de Galarreta, entre los municipios alaveses de Zalduondo y San Millán, según han informado a Europa Press fuentes de la Ertzaintza.

Los primeros avisos de la existencia de las llamas se han recidido a las 2:45 horas de este martes. Los Bomberos se han desplazado al lugar en el que prosiguen trabajando todavía, pasadas las 9:30 horas. Un helicóptero está sobrevolando la zona arrojando agua sobre el incendio. El área no está habitada, por lo que no ha sido preciso desalojar a ningún vecino.

Euskadi sigue este martes en alerta roja por temperaturas extremas, con máximas por encima de los 40 grados y mínimas de hasta 28.

El Ayuntamiento de Pamplona, mediante una Resolución del Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ha prohibido de forma temporal el uso recreativo del fuego en todo el término municipal “para garantizar la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente” durante la ola de calor. La medida afectará a la noche de San Juan, por lo que estarán prohibidas las hogueras y los fuegos artificiales.

Esta medida, apuntan desde el Ayuntamiento, responde a las altas temperaturas, el riesgo muy alto o extremo de incendio y la especial vulnerabilidad de la interfaz urbano-forestal y agrícola del municipio. Asimismo, secunda la recomendación del Gobierno de Navarra de extremar la precaución y evitar cualquier actividad que pueda producir incendios.

Se prohíben expresamente las tradicionales hogueras de San Juan, toros de fuego o kalejiras circenses con fuego, cualquier tipo de pirotecnia (petardos, bengalas, cohetes…), barbacoas, parrillas, planchas, camping-gas, quema de restos vegetales u otros restos en espacios exteriores, y cualquier actividad con llama abierta o chispas, para prevenir incendios en suelo urbano, zonas verdes, parcelas, taludes y espacios periurbanos, donde el fuego puede afectar a viviendas, vehículos e infraestructuras críticas. 

La prohibición se mantendrá mientras persistan las condiciones meteorológicas y de riesgo que la motivan. El Ayuntamiento de Pamplona solicita a la ciudadanía colaboración y autoprotección, evitando conductas de riesgo y avisando de inmediato al 112 ante cualquier humo o conato de fuego.

Se insta especialmente a no encender fuego ni utilizar artefactos que generen llama, calor intenso o chispas en exteriores; evitar conductas de riesgo como arrojar colillas, abandonar vidrio o realizar trabajos que puedan provocar ignición sin las debidas condiciones de seguridad; extremar la precaución en el entorno de viviendas próximas a vegetación, manteniendo limpios los espacios exteriores y retirando materiales fácilmente combustibles; y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios municipales y de emergencia.

El Ayuntamiento de Logroño recuerda a través de un bando municipal la obligación de los propietarios de desbrozar y limpiar los solares, terrenos sin edificar y suelo rural del término municipal.

El bando, publicado hoy en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), recuerda a los propietarios de dichos terrenos la obligación legal de mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato público, máxime ante la llegada del periodo estival y con el fin de prevenir los riesgos que entraña la proliferación de vegetación espontánea en solares, terrenos sin edificar y suelo rural.

Los trabajos de desbroce y limpieza deberán realizarse antes del 30 de junio. Esta obligación viene respaldada por la normativa urbanística vigente, así como por la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública.

El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la incoación de expediente sancionador correspondiente. Estas infracciones podrán ser sancionadas con multas de hasta 3.000 euros.

El Ayuntamiento de Fuentes de León (Badajoz, 2.120 habitantes) adelantó 15 minutos el espectáculo de fuegos artificiales previsto para la medianoche del pasado 7 de junio después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) situara al municipio en riesgo alto de incendio a partir de las 00.00 horas.

Según el bando municipal difundido a las 14.25 horas, el lanzamiento pirotécnico, inicialmente programado para las 12 de la noche, pasaba a celebrarse a las 23.45 porque se había recibido ese aviso de la AEMET, que suponía la prohibición de celebrar los fuegos artificiales. La decisión ha generado polémica y críticas por parte de Ecologistas en Acción, que considera que el cambio horario supuso una maniobra para evitar la entrada formal en vigor de la alerta sin que variaran las condiciones meteorológicas que motivaban el aviso.

En un comunicado, la organización ecologista sostiene que “la gestión de la seguridad pública y la protección del medio ambiente no pueden depender de la picaresca horaria ni de la improvisación de última hora”, por lo que el comunicado del ayuntamiento “demuestra que, en ocasiones, las instituciones locales prefieren buscar atajos burocráticos que ponen en peligro el entorno y la seguridad”. A su juicio, adelantar el espectáculo “apenas 15 minutos” no reduce el riesgo real sobre el terreno.

“Argumentar que este cambio de última hora está motivado exclusivamente por seguridad y prevención supone un insulto a la lógica y a la inteligencia de los ciudadanos. Todos sabemos que los factores climatológicos que determinan un riesgo alto de incendio (altas temperaturas, baja humedad relativa, sequedad del combustible vegetal y rachas de viento) no se activan de golpe como un interruptor al llegar la medianoche”, reprocha Ecologistas en Acción. Por lo tanto, lanzar material pirotécnico en esas circunstancias “no disminuye la probabilidad de que una chispa descontrole un fuego forestal” y puede sentar “un precedente negativo” en la gestión de alertas técnicas destinadas a prevenir emergencias.

El adelanto de los fuegos artificiales tampoco ha sido compartido por muchos vecinos, que en las redes sociales han criticado la decisión: “Es de coña ¿no? Alas 00 hay riesgo, pero alas 23.45 no”, “Menos tornillos que un globo”, “En ese cuarto de hora , se puede evitar una multa ,pero no se evitaría un posible incendio, así que seguridad y prevención más bien poca”, “¿Quién es el inteligente que lo ha decidido?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación del consistorio en Facebook.

La defensa del Ayuntamiento

Ante la polémica, el Ayuntamiento de Fuentes de León ha defendido que actuó “en todo momento dentro de la legalidad vigente y con criterios de prudencia y responsabilidad”. Sostiene que la normativa establece la entrada en vigor del riesgo alto a las 12 horas de ese día y que, tras recibir la notificación, decidió adelantar el espectáculo para ajustarse al marco legal. Asimismo, asegura que el lanzamiento contó con las medidas de seguridad exigidas y medios de prevención, y que se realizó dentro del casco urbano.

El equipo de gobierno considera “injustas y desproporcionadas” las acusaciones de negligencia y subraya que el municipio lleva a cabo labores preventivas de limpieza y desbroce durante todo el año.

La polémica reabre el debate sobre la aplicación práctica de las alertas por riesgo de incendio en una región como Extremadura, especialmente expuesta cada verano a incendios forestales y episodios de peligro alto.

Navarra contará este año con seis helicópteros y reforzará con 180 efectivos de bomberos la campaña estival de prevención y extinción de incendios forestales, que se inició el pasado 1 de mayo y finalizará el 12 de octubre. Así lo ha explicado a los medios de comunicación la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, durante la presentación, que ha tenido lugar en la base aérea de Miluce.

De esta manera, para este periodo estival Navarra contará con seis helicópteros, cuatro aportados por el Ejecutivo foral y dos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y todos ellos en la base de Miluce. 

El Gobierno de Navarra cuenta con una aeronave más respecto al año pasado, debido a que recientemente se adjudicó la licitación del nuevo contrato de helicópteros a la empresa Sky. Con este nuevo contrato, la comunidad foral contará todo el año con dos helicópteros, uno medicalizado y otro de rescate y de transporte de personal, que también pueden ser utilizados para la coordinación de incendios, el primero, y la extinción del fuego, el segundo. Por su parte, las otras dos aeronaves estarán disponibles 9 y 6 meses, respectivamente, para la extinción de incendios y transporte de personal. Asimismo, el MITECO pone a disposición de Navarra dos helicópteros bombarderos tipo Lima para incendios forestales, desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre. 

“Mejora continua” del dispositivo de la campaña estival

La consejera Jurío ha valorado positivamente el “completo dispositivo” que el Ejecutivo foral ha organizado para la presente campaña, que cuenta con “un cuarto helicóptero y el refuerzo de 21 efectivos de bomberos más que en 2025”. “Desde el departamento trabajamos para mejorar y reforzar de forma continua el dispositivo, destinado a reducir la vulnerabilidad del medio natural y de la población en caso de incendio forestal”, ha señalado la consejera. 

De igual manera, Jurío ha destacado la importancia de la labor de prevención de la ciudadanía. “Debemos actuar con responsabilidad, especialmente cuando el índice de riesgo de incendios es elevado, extremando las precauciones y siguiendo las indicaciones de las autoridades. Así, entre todas y todos, minimizaremos los riesgos y afrontaremos esta época con mayores garantías”, ha explicado la consejera.

Además de la consejera, han estado presentes la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, el director general de Interior, Salvador Díez; el director del Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil, José Joaquín Pascual; el director del Servicio de Bomberos / Nafarroako Suhiltzaileak, Iñaki Elías; el jefe de la sección de Planificación y Coordinación de Emergencias y Sistemas de Comunicaciones, Juan Manuel Lobo, y Néstor Gracia, responsable de la base y piloto de la empresa Sky, adjudicataria del nuevo contrato de helicópteros.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Navarra ha destacado la necesaria colaboración y coordinación entre administraciones porque, como ha señalado, “el fuego es una amenaza real para todos los territorios que no entiende ni de competencias ni de ideologías”. “Invertir en prevención es invertir en salvar vidas y en salvar nuestros espacios naturales”, ha añadido Alicia Echeverría. Ha recordado, además, que el Gobierno de España ha reforzado los recursos estatales para la lucha contra los incendios en la campaña de este año y los pone a disposición de las comunidades autónomas. Y ha apelado a la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía para minimizar el riesgo de incendios.

87 conductores y 93 peones reforzarán la campaña estival

Para la campaña de verano de este año, el Servicio Navarro de Bomberos / Nafarroako Suhiltzaileak se ha reforzado con 180 efectivos, 21 más que el año pasado, de los cuales 87 son conductores auxiliares y otros 93, peones auxiliares, que prestarán servicio en los parques de Tudela, Tafalla, Lodosa, Peralta, Cordovilla, Estella-Lizarra, Sangüesa y la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF).

El dispositivo diario rondará los 100 efectivos, entre bomberos, cabos, suboficiales y las brigadas forestales. De igual forma, la campaña contará con 21 autobombas forestales y 7 camiones nodriza para el abastecimiento de agua, además de los 6 helicópteros. 

Refuerzo en los parques de bomberos

Para las tareas de extinción forestal se cuenta con una plantilla de bomberos y mandos de bomberos distribuida en 12 parques, teniendo durante todo el año y 24 horas al día, al menos una brigada forestal por parque. Durante las épocas de mayor riesgo y para poder hacer frente al previsible aumento de incidencias, el Servicio de Bomberos de Navarra / Nafarroako Suhiltzaileak contrata personal para el refuerzo de la plantilla ordinaria para la prevención y extinción de incendios forestales.

Los refuerzos en los parques de bomberos en la campaña estival se producen en dos fases. En la primera, que tiene lugar en mayo, se refuerzan los parques de Tafalla, Lodosa, Peralta / Azkoien y Tudela. En junio, con dos tandas, se produce la segunda fase de incorporaciones, que llega, además de a los parques anteriores, a los de Estella-Lizarra, Cordovilla, Sangüesa-Zangoza y la base de Miluce. 

Además, se cuenta con siete parques de bomberos voluntarios, los cuales también tienen formación y equipamiento para la realización de tareas de extinción forestal.

Funciones del personal de refuerzo

El personal de refuerzo contratado para la campaña forestal debe tener la capacitación correspondiente impartida por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN) para los puestos de Peón Auxiliar de Bombero y de Conductor Auxiliar de Bombero.

Entre sus funciones están participar en la extinción de todos los incendios de vegetación que se originen en Navarra integrados en el operativo de intervención; detectar mediante la vigilancia diaria desde puestos móviles y dar aviso inmediato de alarma del inicio de incendios de vegetación; mantener a punto el material, el equipo, los vehículos y las instalaciones asignadas y adoptar y velar por las medidas de seguridad necesarias para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo. 

Igualmente deben realizar labores relacionadas con la prevención de incendios forestales, tales como aperturas de líneas de control o acondicionamiento de infraestructuras de apoyo a la extinción.

Canarias adelantaba al lunes 1 de junio su campaña contra los incendios forestales de este año. El Gobierno autonómico anunciaba un despliegue sin precedentes: 2.600 efectivos, 19 medios aéreos y 202 autobombas listos para combatir el fuego. Sin embargo, frente a este gran dispositivo la comunidad científica plantea una realidad incómoda: el problema actual no se soluciona con más medios de extinción, sino transformando la gestión directa del territorio.

Un reciente estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), publicado en la revista Geographies, plantea que “no es una cuestión de más medios, sino de ordenar el territorio. Ya no se trata de centrarnos sólo en la extinción y tener más aviones y más bomberos, sino de transitar hacia un modelo resiliente basado en la gestión del territorio”, asegura el geógrafo Fernando Medina, del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG), de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Este especialista en protección civil y miembro del Grupo de Investigación en Medio Ambiente y Tecnologías de la Información Geográfica (GEOTIGMA), ha publicado recientemente un estudio que revela una paradoja: Hay menos incendios, pero mucho más destructivos. 

Las cifras son inquietantes. Según el estudio, en los últimos 20 años en Gran Canaria ha habido cerca de mil incendios, “cada vez son menos, pero mucho más intensos”, explica Medina. Según su investigación, sólo cuatro de estos fuegos, el 0,4%, han calcinado el 97,6% de la superficie total quemada en las últimas dos décadas en la isla. 

Incendios de Sexta Generación en Gran Canaria

Según el estudio, estos cuatro grandes incendios son considerados como de sexta generación, es decir, son tan masivos y extremos que generan su propia meteorología, los fuegos tienen su propia dinámica atmosférica interna. Se vuelven inabordables, prácticamente imposibles de apagar con las estrategias tradicionales de los bomberos forestales. Son capaces de derretir el asfalto. 

El primer gran incendio de Gran Canaria ocurrió entre julio y agosto de 2007, afectó principalmente a Tejeda, San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Ha pasado a la historia por ser el mayor incendio de las islas hasta la fecha. Calcinó 18.972 hectáreas, casi la mitad de toda la superficie quemada los últimos 20 años. Provocó la evacuación de unas 4.000 personas. Se desarrolló bajo condiciones térmicas extremas con días que superaron los 40 grados. Aquel incendio fue provocado por un vigilante forestal. Según su confesión “se le fue de las manos”, su intención era denunciar los pocos medios con los que contaban los vigilantes forestales y ampliar su contrato. 

En septiembre de 2017, en Cruz de Tejeda se quemaron 1.893 hectáreas. Su capacidad destructiva no radicó tanto en la extensión total, sino en su impacto directo sobre la interfaz urbano-forestal, las zonas pobladas incrustadas en el bosque, lo que obligó a evacuar a unas 400 personas y expuso la vulnerabilidad de las viviendas en estas áreas.

En agosto de 2019 se encadenaron varios fuegos afectando a Artenara, Valleseco, y Tejeda. Se calcinaron 10.700 hectáreas en total, pero fue extremadamente peligroso, provocó la evacuación de unas 10.000 personas, el mayor desalojo en la historia de Gran Canaria, y el segundo del archipiélago. Sólo le superó el devastador incendio de Tenerife de agosto de 2023, que obligó a evacuar a más de 26.000 personas.

El cuarto de estos incendios de sexta generación que ha sufrido la isla de Gran Canaria ocurrió en 2020, entre Tasarte y La Aldea de San Nicolás. Se quemaron casi mil hectáreas. Pero su particularidad es que no fue en verano, si no en el mes de febrero, rompiendo las estimaciones estacionales habituales. La gran sequía de aquel año, y los fuertes vientos acompañados de calima elevaron mucho las habituales temperaturas invernales. 

El mito climático en los incendios de sexta generación. 

La ciudadanía asume sistemáticamente que el cambio climático es el único responsable de que las llamas sean ahora incontrolables. La ciencia confirma que el calentamiento global agrava el riesgo aumentando los días con temperaturas superiores a los 30 grados, como ocurrió con el fuego de Tasarte en pleno febrero de 2020. No obstante, el factor climático no explica por sí solo el surgimiento de los incendios de sexta generación. Para los expertos, la auténtica mecha de estos megaincendios radica en el abandono de las tierras rurales y la actual forma de ocupar el monte.

La trampa del bosque habitado

La masificación del territorio, el abandono de las zonas rurales y la búsqueda de la tranquilidad fuera de los núcleos urbanos ha provocado que cada vez aparezcan más viviendas en plena naturaleza, lo que se conoce como “disrupción urbanística”, viviendas dispersas en el monte. 

Cuando el fuego estalla en estas zonas pobladas, la dinámica de los efectivos contra incendios cambia. “En ese momento ya no se trata de apagar fuegos, se trata de salvar vidas”, asegura Medina.  

Cambiar la percepción del riesgo

Vivir bajo la sombra de los pinos es idílico, pero se olvidan los riesgos que conlleva. Solo alrededor del 9% de los planes municipales de Canarias han sido actualizados en la última década, dejando las zonas de riesgo en un limbo normativo alarmante.

Debido a la escasa regulación del monte, Fernando Medina, especialista en Protección Civil, aconseja enseñar a los vecinos a autoprotegerse. Se vuelve imprescindible limpiar los perímetros al menos de unos 15 metros alrededor de las fincas, parcelas y viviendas, o garantizar el acceso adecuados para los servicios de emergencia, además de contar con planes de evacuación.

Medina insiste en que “la población debe cambiar su percepción del riesgo” y entender los peligros reales de vivir en la naturaleza. También plantea que se permita activar las “fases de preemergencia” mucho antes de que ocurra el incendio para poder enviar mensajes a la población y obligar a tomar precauciones.

El paisaje mosaico y otras soluciones

Para Medina, una posible solución territorial para frenar la virulencia de los megaincendios serían los paisajes mosaicos. Consiste en romper la homogeneidad del monte, ya que una masa forestal continua favorece que se acelere la dispersión del fuego. 

Para construir este paisaje mosaico, los investigadores proponen alternar el bosque con zonas de cultivo. Además, propone las quemas controladas en invierno para crear cinturones que dificulten el avance de las llamas en verano. Y por supuesto recuperar el pastoreo y en especial, la trashumancia.  

Pero el paisaje mosaico por sí solo no basta. Debe haber “un cambio de modelo integral”, y dejar de centrarse solo en la extinción del fuego, para centrarse más en “la prevención y resiliencia”. Medina propone que la autoprotección y el conocimiento del territorio deben convertirse en una variable transversal en el sistema educativo.

Tecnología y táctica anticipatoria

Medina señala la importancia de mapear las Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZARI) para saber dónde hacer la prevención y utilizar sistemas tecnológicos como el programa ALERTAGRAN, el sistema inteligente del Cabildo de Gran Canaria para la prevención y gestión de emergencias como incendios forestales, inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos. Esta red tecnológica permite al CECOPIN anticipar riesgos mediante herramientas pioneras, incluyendo la monitorización en 3D y la gestión operativa en tiempo real. Esto permite anticipar por dónde se moverá el fuego, priorizar recursos y gestionar las complejas evacuaciones masivas con mayor eficacia.

“Aprender a vivir con los incendios forestales”

“Hay que aprender a vivir con los incendios forestales”, asegura Medina. Explica que el futuro pasa por asumir que el fuego es parte del ecosistema y hay que diseñar un territorio, y una sociedad, preparados para que surja el fuego, el incendio no se convierta en una catástrofe.

El estudio en el que participó este geógrafo y profesor de la ULPGC, se asegura que “el cambio implica entender el fuego como un fenómeno inevitable y recurrente en los ecosistemas insulares. El reto ya no es eliminar el fuego, sino convivir con él bajo un modelo que reduzca su impacto y evite que se convierta en un desastre”.

El mensaje científico es claro: el fuego ya no es solo un problema de extinción que se apaga sumando helicópteros, es un enorme desafío de diseño territorial y responsabilidad cívica colectiva. 

El PSOE ha alertado este viernes del “colapso” del operativo de extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León al contar con cerca de mil efectivos menos procedentes de las empresas privadas que no se han sumado a las labores de extinción.

Los procuradores socialistas por Zamora en las Cortes de Castilla y León han mostrado, en un comunicado, su preocupación por el hecho de que 950 bomberos forestales de empresas privadas forestales no se hayan incorporado, entre ellos entre 100 y 120 en Zamora, que es una de las provincias que ha sufrido “consecuencias devastadoras” por los fuegos de las últimas campañas.

El PSOE ha calificado de “inadmisible” que Castilla y León afronte un verano más la temporada de peligro alto de incendios “sin soluciones estructurales” y con un dispositivo que llega “tarde, mientras aumenta el riesgo de incendios”, ha declarado el procurador socialista por Zamora Iñaki Gómez.

Se ha preguntado además qué tiene que pasar para dejar de vivir la misma situación “año tras año” y ha recordado que en los incendios de la Sierra de la Culebra de Zamora fallecieron cuatro personas en 2022 y en los del pasado año se perdieron otras tres vidas en la Comunidad.

Ha agregado que aunque estos días se sufre en la Comunidad una ola de calor que dispara el riesgo de incendios, el operativo no está preparado y la Junta de Castilla y León sigue “en pausa” pese a la amenaza que eso supone para los pueblos.

Los procuradores socialistas por Zamora han considerado “especialmente grave” que, después de las tragedias vividas en los últimos años, “no se hayan producido cambios profundos en la gestión política” del operativo.

Han exigido al Gobierno autonómico que actúe “con urgencia” para garantizar “la estabilidad del operativo” y deje de afrontar cada campaña de incendios “desde la improvisación”.

Martínez exige explicaciones a Quiñones por la gestión de la campaña de incendios

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado este viernes la gestión de la Junta en materia de incendios forestales a las puertas de una nueva campaña de verano y ha exigido explicaciones por ello al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Martínez ha acusado, en declaraciones a los medios, al consejero de “presumir” de gestión mientras comienzan a aparecer dificultades derivadas, según ha señalado, de la privatización de determinados servicios vinculados a la prevención y extinción de incendios.

El dirigente socialista ha advertido de que algunos trabajadores no podrán incorporarse a sus puestos por problemas burocráticos que, a su juicio, la Administración autonómica “ha tenido tiempo suficiente para resolver”.

“Alguien tendrá que rendir cuentas. No pueden tener en vilo a una comunidad autónoma”, ha afirmado Martínez, quien ha mostrado su preocupación por la situación del operativo forestal ante el inicio de los meses de mayor riesgo de incendios.

El líder autonómico del PSOE ha insistido en la necesidad de garantizar una planificación adecuada y estabilidad para los profesionales encargados de la lucha contra el fuego, especialmente en una comunidad como Castilla y León, marcada en los últimos años por graves incendios forestales.

UGT critica este viernes la pasividad “absoluta” de la Junta

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez, ha criticado este viernes la pasividad “absoluta” de la Junta de Castilla y León en materia de incendios forestales pese a que se están dando “todos los condicionantes” para que se repita la situación del año pasado, ha recordado que “el fuego no se detiene porque no haya gobierno” y ha pedido medidas “urgentes”.

La autonomía, ha asegurado, está “a merced de la suerte o de un milagro” porque “quien tiene que vigilar la seguridad de los ciudadanos y de la masa forestal de Castilla y León es un gobierno que no está, porque sigue en funciones” y que, cuando estaba, “no hizo nada” ni para limpiar los montes, ni para formar a los agentes forestales ni para ampliar las plantillas.

“No sabemos quién va a ser el consejero de Medio Ambiente, por lo que no tenemos ni siquiera un interlocutor a quien trasladarle las reivindicaciones, ni de quien obtener información sobre cuáles son los planes para este verano”, ha insistido Pérez este viernes en una rueda de prensa en León.

El gobierno de Castilla y León ha mostrado durante todo el año, a juicio del sindicato, una “apatía” y un “desinterés” que contrasta con las condiciones meteorológicas que se han dado: una primavera muy lluviosa y mucho calor para esta época.

“Han pasado doce meses y no se ha desbrozado ni limpiado, es el combustible perfecto” para que se reproduzcan las condiciones del año pasado, cuando ardieron 220.000 hectáreas en Castilla y León, 150.000 de ellas en la provincia leonesa, ha dicho.

Ha insistido en que las condiciones climáticas “no dependen de nosotros, pero todo lo demás sí” y ha alertado de que los expertos ya han indicado que los incendios ya no son como en el pasado, sino que se han convertido en fuegos de sexta o séptima generación. “Hay que evitarlos, porque extinguirlos es muy difícil”.

El Gobierno autonómico comprometió que en un periodo de cuatro años gran parte del operativo privado pasaría a ser público, pero no ha sido así, ha denunciado Pérez.

A esta situación se suma que “los más de mil trabajadores que dependen de empresas privadas es posible que no acudan a apagar incendios, porque las empresas ya han dicho que no pueden asumir los costes para cumplir con la prevención de riesgo, por lo que harán un cierre patronal”, ha asegurado.

En cuanto a los medios materiales, ha criticado que dos torres de vigilancia de las dieciocho existentes están cerradas por deficiencias y que, de una flota de dieciséis camiones autobomba, el fin de semana pasado sólo estaban trabajando tres.

En relación con los helicópteros, ha asegurado que “ha quedado desierta” la licitación relativa a los dos de refuerzo que se iban a incluir en el operativo. 

El Gobierno de Aragón pone en marcha el próximo 12 de junio la fase de máxima activación de medios del Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales (INFOAR), que se prolongará hasta el 13 de septiembre. Supone un despliegue diario de 627 profesionales, cifra ampliable según el riesgo y las emergencias, con los días del 10 al 12 de agosto marcados en rojo por el eclipse y el desafío que supondrá para la movilidad y la gestión de cualquier incidencia. La financiación del dispositivo INFOAR este año supera los 54,8 millones de euros.

La directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, y la jefa del Servicio de Gestión de Incendios Forestales y Coordinación, Maribel Ureta, han detallado una campaña que comienza con un contexto favorable en cuanto al estado hídrico de la vegetación.

Las precipitaciones registradas a principios de mayo, especialmente en la mitad occidental de la Comunidad han contribuido a mantener los combustibles vivos en condiciones óptimas, lo que podría traducirse en un inicio con niveles de riesgo bajos, aunque por otra parte, ha advertido Ureta, ese aporte de agua “hace que la vegetación fina se mantenga durante más tiempo y, una vez que se agoste, puede propiciar propagaciones más rápidas de los incendios”.

Con todo, ha advertido Oliván, esta situación “está sujeta a la evolución meteorológica de las próximas semanas”. El incremento de las temperaturas y la posible ausencia de precipitaciones serán factores determinantes en la transición hacia escenarios de mayor peligrosidad. Y como es habitual, la campaña estará marcada por episodios de calor extremo y precipitaciones escasas.

En este contexto, es posible la aparición de “ventanas” propicias para Grandes Incendios Forestales (GIF), especialmente en la mitad sureste de Aragón. El déficit hídrico acumulado en esa zona podría adelantar estos episodios, incrementando la probabilidad de siniestros de alta intensidad.

El reto del eclipse

El eclipse del 12 de agosto preocupa al Departamento ante la previsible concentración de personas en espacios naturales que, unida a condiciones meteorológicas adversas, podría aumentar el riesgo de incendios y dificultar la respuesta operativa en caso de simultaneidad de siniestros. Por ello, el Gobierno de Aragón trabaja ya en un plan transversal con medidas específicas de prevención, como el refuerzo de la vigilancia e información pública.

La propia meteorología de ese día 12 puede condicionar el comportamiento de miles de espectadores del eclipse y comprometer la movilidad y la seguridad, según ha advertido Oliván. Por ello, Medio Ambiente y Fomento trabajan en un plan de movilidad que busca garantizar el buen estado de vías alternativas a las carreteras como caminos y pistas en caso de colapso.

Ante el debate existente en la calle, la jefa del Servicio de Gestión de Incendios Forestales y Coordinación, Maribel Ureta, ha reivindicado la gestión forestal: “La prevención de incendios es algo más que desbroces. Es evitar las igniciones y los incendios y esto se consigue con algo más que desbroces, con normativas, con planificación, con sensibilización, con tratamiento sobre la vegetación, con infraestructuras y con preparación del personal”.

Del 1 de junio al 15 de octubre la Dirección General de Gestión Forestal elabora y publica a diario el Nivel de Alerta por Peligro de Incendios Forestales (NAPIF), herramienta clave que establece cinco categorías de riesgo (verde, amarillo, naranja, rojo y rojo plus) y regula las actividades susceptibles de generar igniciones.

Para la rojo plus el decreto del Gobierno del pasado 18 de marzo recopila y aclara como prohibiciones el encender fuego en espacios abiertos, el uso de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros, el uso de material pirotécnico, las pruebas deportivas y actos públicos en el entorno forestal, así como el acceso mediante vehículos a motor a los montes de personas ajenas a la vigilancia, a la extinción y gestión, salvo el acceso a la propiedad, el desarrollo de actividades profesionales, agrícolas y ganadería.

La estadística es contundente: “El 90 % de la superficie forestal quemada en los últimos 15 años ha ardido en apenas el 1% de los incendios, coincidiendo con días de nivel naranja o rojo”, ha asegurado Ureta.

Refuerzo tecnológico y formación

La campaña de 2026 incorpora como novedades la creación de una nueva unidad de drones integrada por 16 profesionales y dos aeronaves no tripuladas, que permitirá mejorar las labores de vigilancia y apoyo a la extinción. En ella destaca, ha resaltado Oliván, la adquisición de un dron dotado de una cámara térmica para trabajar en las operaciones de remate y de noche e identificar mejor los puntos calientes de cara a planificar estrategias.

Asimismo, se consolida la aplicación FLAMA, que integra distintas herramientas digitales para una gestión más eficiente de los incendios. Entre ellas, la aplicación móvil 'Flamalight', mediante la que el personal podrá tomar datos y preparar cartografía en zonas sin cobertura para luego volcarlo al sistema cuando accedan a una zona con red. Además, se incorpora un nuevo vehículo autobomba con base en Villanueva de Gállego (Zaragoza).

Durante los meses previos se ha intensificado la formación del personal, con cursos de Dirección de extinción, capacitación de nuevos bomberos forestales contratados mediante la empresa pública SARGA y destaca la recuperación de la formación en investigación de causas, dirigida fundamentalmente a agentes para la protección de la naturaleza.

Medios disponibles

El dispositivo INFOAR cuenta con 62 brigadas forestales terrestres —57 simples y cinco dobles— y ocho helitransportadas, dirigidas cada una por un agente para la protección de la naturaleza, y nueve helicópteros.

En lo que se refiere a los medios de extinción, Aragón cuenta con ocho helicópteros de transporte y extinción (seis de carga ligera y dos de carga media) y una aeronave de coordinación.

También dispone de 41 vehículos autobomba tipo 2 —3.500 litros de capacidad—, de las que siete están conveniadas con las comarcas del Maestrazgo, Matarraña y Bajo Martín.

Asimismo, forman parte del dispositivo 26 vehículos 4x4 pick ups dotados con sistema de extinción —un depósito de 450 litros y bomba de impulsión—. Además, durante el periodo de máxima activación, se contratan 3 bulldozer con disponibilidad completa —uno por provincia—, montados sobre camión tractor con plataforma para su despacho inmediato.

La red de vigilancia se compone de un total de 80 puestos fijos en toda la comunidad: 24 en Huesca, 36 en Teruel y 20 en Zaragoza, distribuidos de forma homogénea por toda la geografía, en los que se realizarán un total de 9.496 jornadas.

Las instalaciones que completan el dispositivo de vigilancia y extinción constan de cuatro centros de Dirección y Coordinación y 122 estaciones base de cobertura TETRA y 3.569 puntos de agua. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pone a disposición de las comunidades distintos recursos de extinción.

Balance antes del verano

Los datos provisionales entre octubre de 2025 y abril de 2026 reflejan una situación favorable. Se han registrado 145 incendios forestales en Aragón, un 6,45% menos que la media histórica, y una superficie afectada de 139,96 hectáreas, lo que supone un descenso del 67,48%. El incendio más relevante tuvo lugar en Zuera (Zaragoza) el pasado 26 de marzo, con 15 hectáreas afectadas.

El 77,24% de los siniestros se han quedado en conatos, lo que evidencia la eficacia de la detección temprana y la rápida intervención. Sin embargo, el análisis de causalidad mantiene la preocupación estructural: el 97,2% de los incendios tienen origen humano, con especial peso de la intencionalidad (31%) y las negligencias (47,6%), muchas de ellas vinculadas a quemas agrícolas.