La Rioja se preparara para mejorar la lucha contra incendios forestales. Durante los últimos meses (febrero y marzo) se han organizado cinco jornadas de entrenamiento planificado en los términos municipales de San Román de Cameros, Cornago, Mansilla de la Sierra y Viniegra de Abajo. El objetivo de estas sesiones formativas has sido instruir al personal en el manejo del fuego técnico, en la mejora la capacidad de respuesta del dispositivo en entornos de mayor complejidad, reforzando aspectos como la toma de decisiones, la comunicación y el trabajo en equipo, y bajo condiciones de presión.

Estos cinco ejercicios con fuego técnico consistido en la aplicación planificada y controlada del fuego sobre parcelas previamente seleccionadas, bajo condiciones ambientales específicas que garantizaban su seguridad y correcta ejecución. 

Cada intervención cuenta con un plan de quema detallado, en el que se definen objetivos, condiciones meteorológicas, medios disponibles, organización del operativo y medidas de contingencia, así como la posible reconversión a incendio forestal en caso de producirse algún escape o incidente. Además, todas las variables han sido definidas y supervisadas por personal técnico especializado, con amplia experiencia en comportamiento del fuego, meteorología y operaciones de extinción.

Este tipo de prácticas permiten al personal interviniente familiarizarse con el comportamiento real del fuego para poder aplicarlo después como fuego técnico en la extinción, ya que esto permite aprender a manejar intensidades y velocidades de avance del mismo. El ambiente de estrés, tanto térmico como sonoro, y el caos que se genera a pesar de que esté controlado, ayuda a habituarse a este contexto y poder aplicar lo aprendido e interiorizado para una futura actuación en incendio real.

Garantizar respuesta rápida y coordinada

Desde el Área de Lucha contra Incendios Forestales, en el marco del Plan General de protección contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, actualmente en fase de información pública, se considera que este tipo de prácticas son un elemento clave para garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficaz ante posibles incendios forestales.

Todas las actuaciones se diseñan rigurosamente para evitar impactos negativos sobre el medio natural. Para ello, se analizan previamente parámetros como la humedad, la temperatura, el viento o el estado del combustible vegetal, asegurando que el fuego se mantenga dentro de niveles compatibles con la protección del suelo, el arbolado y la vegetación existente, asegurando que el efecto sobre el ecosistema sea mínimo. 

La celebración de estas jornadas de entrenamiento se enmarca en la estrategia de mejora continua del operativo, en un contexto en el que La Rioja presenta una baja incidencia de incendios forestales. Aunque esta situación es positiva desde el punto de vista ambiental, limita las oportunidades de entrenamiento en escenarios reales.

El PSOE llevará a las Cortes de Castilla y León el próximo mes de abril una iniciativa legislativa en materia de prevención y extinción de incendios forestales. Así lo ha asegurado, el secretario general autonómicos, Carlos Martínez, quien ha explicado que con esta medida se pretende responder a la “inacción” por parte de la Junta tras los grandes fuegos. La propuesta se registrará una vez quede constituido el nuevo Parlamento autonómico, previsto para el 14 de abril y según las cuentas del líder socialista será “el 15 o el 16 de abril” que se aborde el tema.

Martínez ha defendido el carácter “urgente” de esta iniciativa, que buscará adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal mediante la elaboración de dos marcos legales: uno para los bomberos forestales y otro para los agentes medioambientales. Según ha precisado, el objetivo es construir “una ley de toda Castilla y León”, aunque ha dejado claro que el proceso se impulsará al margen del Ejecutivo autonómico.

El líder socialista ha señalado la necesidad de corregir lo que ha calificado como carencias estructurales del actual operativo, en unos años en el que los incendios forestales han ganado intensidad y extensión. A su juicio, la Comunidad sigue expuesta a episodios similares a los vividos el pasado verano, cuando el fuego arrasó más de 140.000 hectáreas, sin que se hayan producido cambios de fondo en la organización ni en los recursos.

En la reunión con represantes sindicales de los trabajadores del operativo se ha puesto en marcha una Mesa de Trabajo sobre Incendios Forestales , en la además de sindicatos tendrán presencia los propietarios de los terrenos, ya sean privados o públicos. Este espacio, según ha señalado el líder socialista, servirá para recoger propuestas y trasladarlas a un borrador legislativo que será remitido también a ayuntamientos, propietarios forestales y otros colectivos implicados.

“Haremos lo que no hace la Junta”, ha resumido Martínez, quien ha acusado al Gobierno autonómico de limitarse a introducir ajustes parciales, como la ampliación de los contratos en la parte pública del operativo —que representa en torno a un 20 o 30% del total— mientras, ha dicho, el resto de trabajadores continúa en condiciones de precariedad. En este sentido, ha cuestionado que estas medidas supongan una mejora real del sistema y ha denunciado una falta de planificación ante incendios de nueva generación.

Entre los aspectos que el PSOE considera prioritarios figura la reforma del decreto de guardias, un texto que no se actualiza desde 2004 y que, según coinciden tanto el partido como los sindicatos, resulta insuficiente para afrontar la realidad actual. Martínez ha criticado que se mantenga un modelo organizativo “de hace más de dos décadas” para hacer frente a incendios cada vez más complejos.

También ha puesto el foco en la formación y las condiciones laborales del personal del operativo. En este punto, ha cuestionado que trabajadores con contratos fijos discontinuos y una formación limitada puedan ser enviados a primera línea de fuego, en ocasiones con escasa experiencia, lo que incrementa los riesgos. “Luego llegan las tragedias y nadie asume responsabilidades”, ha advertido.

Alta temporalidad, externalización de servicios y condiciones laborales insuficientes

Las críticas a la situación del operativo han sido compartidas por los representantes sindicales presentes en la reunión, que han coincidido en señalar que apenas ha habido cambios desde el pasado verano. Desde CSIF, CCOO y la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyL) han apuntado que el operativo sigue con graves deficiencias estructurales, con alta temporalidad, externalización de servicios y condiciones laborales precarias.

La representante de CSIF, Sara Mateos, ha asegurado que, a escasos meses del verano, “la triste realidad es que no ha cambiado nada absolutamente”. A su juicio, el operativo mantiene una estructura “decadente”, con deficiencias acumuladas y condiciones laborales precarias.

Mateos ha criticado la temporalidad y la situación en la que se encuentran de los trabajadores externalizados, que en muchos casos solo son contratados durante unos meses al año con “salarios en torno a los 1.200 euros”. Además, ha advertido de que el contexto climático y territorial hace prever que incendios como los registrados en los últimos veranos “se van a volver a repetir”, por lo que considera “lamentable” que no se hayan adoptado medidas para adaptarse a esta nueva realidad mientras aumenta la exposición al riesgo de las plantillas.

Por su parte, Jorge Nieto, de CCOO, ha señalado que la reforma del decreto de guardias es la “piedra angular” para revertir esta situación. Según ha denunciado, la Junta “incumple de forma reiterada” la normativa vigente, con prácticas como la asignación de equipos de protección inadecuados o la prolongación de las jornadas laborales más allá de los límites legales.

Nieto ha detallado que, aunque el máximo establecido es de 12 horas, hay trabajadores que encadenan turnos de “entre 16 y 20 horas”, lo que incrementa la fatiga y el riesgo en intervenciones ya de por sí complejas. En este contexto, ha reclamado retomar las negociaciones del decreto, que acumula más de un año y medio sin avances, para adaptarlo a las exigencias actuales del operativo.

Desde ATIFCyL, Sergio Fidalgo ha incidido en la falta de reconocimiento profesional como uno de los principales déficits del sistema. Según ha explicado, la no aplicación de la ley estatal de bomberos forestales impide que estos trabajadores sean reconocidos como tales, lo que tiene consecuencias directas en sus condiciones laborales y que no sean reconocidos sus enfemedades laborales.

Fidalgo ha alertado de situaciones como la presencia de trabajadores de edad avanzada en primera línea de fuego, al no aplicarse coeficientes reductores que permitan adelantar la jubilación. También ha criticado la elevada dependencia de empresas privadas en el operativo, a las que ha acusado de priorizar criterios económicos, lo que repercute en la calidad del servicio y en la estabilidad de las plantillas.

Cantabria registró el pasado mes de febrero de 2026 más de 200 incendios forestales intencionados, según las cifras provisionales que ha trasladado la Dirección General de Montes, siendo los municipios más afectados Luena, Selaya, Vega de Pas, Liérganes, Villacarriedo, Rasines y Saro.

En Cantabria -y en el norte de España- es históricamente habitual que haya fuegos en invierno, pero los datos oficiales en los últimos años marcan una dinámica: febrero es el mes con más incendios y marzo el segundo, acumulando cerca del 70% del total de los fuegos y de las hectáreas quemadas que se registran en todo el año.

Por qué febrero es el mes con más incendios

Por la regeneración de pastos. El Gobierno de Cantabria ha regulado lo que se conoce como 'quemas prescritas', con las que se busca regenerar los pastizales para que el ganado, después de haber pasado el invierno, salga a las zonas destinadas para pasto un año más, explican desde Ecologistas en Acción Cantabria.

Las yemas de los árboles están listas a la espera de abrirse para echar nuevas hojas en el equinoccio de primavera. La mayoría de la vegetación está despertándose de su letargo en el invierno. Los avellanos acaban de echar la flor y ya han polinizado. “Es el momento propicio de regeneración”, aclaran en Ecologistas en Acción.

¿Ha sido así históricamente?

Es tradición regenerar los pastos para el ganado a través del fuego en estas fechas, según explican desde la organización ecologista. Si se revisan los datos disponibles y consolidados mes por mes de los últimos años, registrados por la Consejería de Ganadería de Cantabria en su documentación oficial, queda clara la diferencia entre el número de incendios registrados en los meses de febrero y marzo con otros periodos a priori más habituales en otras zonas de España. El número de fuegos en los meses de verano es un dato casi testimonial.

¿Qué ha pasado en febrero de 2026?

Estos últimos incendios de febrero de 2026 han sido “descontrolados”, según advierten desde Ecologistas en Acción: Si estuviesen autorizados y, por lo tanto, controlados por la Administración, se habrían puesto en conocimiento a las autoridades competentes para que fuesen monitorizados como quemas prescritas. En cambio, son incendios que han durado días, abarcando valles enteros, aunque se inicien en zonas concretas que también ardieron en años anteriores.

Meteorológicamente, los incendios de este invierno no han coincidido con vientos fuertes de componente sur u oeste, como en otras ocasiones; han sido con viento sur suave y la entrada de una masa de polvo en suspensión de origen sahariano que se ha desplazado por toda Europa llegando hasta Escandinavia, explica Gonzalo Villarreal, del área de gestión forestal de Ecologistas en Acción Cantabria.

Cuando a estos episodios de polvo sahariano, que producen calima, se le añade los incendios de matorral y monte bajo, agrega el portavoz de la organización, se genera aire de muy mala calidad con altos niveles de partículas en suspensión que obligan a activar los protocolos de aviso a la población por mala calidad del aire, como ocurrió hace unos días en Cantabria, con la recomendación del uso de mascarilla en exteriores para personas con problemas respiratorios.

Cuál es la motivación de los incendios

Según el análisis técnico del Gobierno de Cantabria para el plan contra incendios de 2026, los datos evidencian “de forma rotunda” que en más del 90% de los casos, la motivación fundamental de los incendios forestales en la comunidad autónoma “es intencional para favorecer prácticas ganaderas, prácticas agrícolas o liberar el monte de vegetación sin pretender otro beneficio”. Entre 2013 y 2023, esta cifra alcanza el 96,3%.

Advierte la Consejería de Desarrollo Rural que “es rotundamente conocido en la realidad que la motivación principal de los incendios forestales en Cantabria es evitar la matorralización del terreno asociados a prácticas ganaderas”, es decir, que la razón principal es la quema para la regeneración de pastos.

Cómo influye el cambio climático en los incendios

El marco de cambio climático global, según Ecologistas en Acción, hace más virulentos los cambios de estación con sus efectos meteorológicos. En parte, aclaran, este escenario climático favorece que los incendios sean más virulentos e incontrolables.

Por qué es marzo el segundo mes con más incendios

La razón es la misma que en febrero: es antes del equinoccio de primavera cuando ya se ha hecho más fuerte la masa de matorral. El brezo es el que predomina después de los incendios durante años por su resiliencia ante el fuego. Esto provoca pérdida de biodiversidad.

“Lo que ocurre es que ignoramos el daño, la violencia contra la fauna y microfauna como insectos, reptiles, roedores, etcétera. El refugio que significa el sotobosque para ungulados y otros animales. Los jabalíes y cérvidos hacen sus camas entre helechos y retamas”, valora Gonzalo Villarreal.

¿⁠Ha cambiado algo en los últimos años?

Desde Ecologistas en Acción indican que la despoblación influye: hay menos personas implicadas en los incendios porque la actividad ganadera ha disminuido desde los años 60 del siglo XX. Al haber disminuido la población en dichas zonas rurales y, por lo tanto, la capacidad de reacción para controlar un incendio sea menor y más lenta.

“Son muchas aristas, pero las dos más importantes son que haya personas habitando el territorio sensibilizadas hacia los ecosistemas del mismo. Si falla una de estas dos, los ecosistemas no podrán seguir regenerándose ni albergar la biodiversidad que nos sustenta a nosotros también”, explica Gonzalo Villarreal.

El análisis de los datos de superficie quemada mes por mes también coincide con este periodo de tiempo y, lógicamente, a mayor número de incendios es más probable que también crezca el área afectada. El histórico de la década en la que los datos oficiales están ya consolidados no indica una gran variación y la tendencia es relativamente estable.

Dónde se concentran los incendios y por qué

Este tipo de incendios se concentran en el interior oriental y central de Cantabria, con mucha menor incidencia en el interior occidental. Son lugares donde no hay tanta población como antes, una mayor concentración de cabezas de ganado y, por lo tanto, menos capacidad de reacción y más tendencia histórica a estas prácticas de quemas en los montes, explica Gonzalo Villarreal como portavoz de Ecologistas en Acción..

¿⁠Cómo es el tipo de incendio?

Estos incendios se originan en el matorral. Dados los datos del gobierno de Cantabria, la causa es regenerar pasto o simplemente dejar libre el entorno de matorral no necesariamente para un uso productivo. Pero también hay un tanto por ciento que son disputas y venganzas y, por otro lado, en menor cantidad como eliminación de especies de animales como conejos, otros roedores, depredadores como los lobos y zorros, ungulados como jabalíes, etc.

Por qué no se da con los responsables

En parte, advierten desde Ecologistas en Acción, es un arraigo cultural: “Socialmente no está mal visto desde ciertos territorios, aun cuando los incendios se vuelven cada vez más virulentos. No sé si existirá alguna presión social a no delatar a quienes lo hacen. La alarma social ante un incendio ocurre en territorios donde hay más población”, valora Gonzalo Villarreal.

¿Se invierte lo suficiente para controlar los incendios?

Dentro del plan 2023-2027, el objetivo general 3, destinado específicamente a la prevención y a la mejora de conocimiento, se calculó una inversión de 7.625.000 millones de euros, en 2023, mientras que para 2026, fueron 4.768.000 millones.

“Bajo mi punto de vista, más allá de generar empleo durante todo el año para mantener a los operativos de incendios como engrosar su plantilla, esto no cambiará hasta que la conciencia medioambiental de los habitantes de los territorios tenga peso social”, opina Gonzalo Villarreal.

¿Hay voces críticas?

Este febrero, la Fundación Naturaleza y Hombre, junto con la Fundación Oso Pardo y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, se han pronunciado en contra del “silencio social”. Hay quienes piensan que esta regularización de las quemas hace más lenta la acción de quienes la desarrollan y otros que es una medida preventiva dentro de un marco legal ante una práctica que es “muy destructiva”.

“Han sentenciado a las especies que han reintroducido en la zona -haya, abedules, encinas, madroños, laureles, avellanos, aladiernos, cornejos, labiérnagos-. ”El incendio regenerará el pasto, pero sentencia a una homogeneidad impropia de un ecosistema, destruye la biodiversidad“, concluyen desde Ecologistas en Acción.

Cantabria registra cuatro incendios activos en distintos puntos de la comunidad autónoma este martes y el operativo contra el fuego ya tiene controlado el foco declarado en Luena.

Según la información actualizada a las 13.30 horas por el Gobierno de Cantabria, los incendios activos se localizan en Cabezón de Liébana, Vega de Pas, Peñarrubia y Arredondo.

El operativo de extinción y lucha contra el fuego se mantiene en nivel 2 ante el riesgo de incendios forestales por el ascenso de las temperaturas y el viento sur.

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, ha defendido este jueves en las Cortes de Castilla y León la actuación de la Junta durante la campaña de incendios de 2025. En su alocución, ha señalado a unas condiciones meteorológicas “extremas y sin precedentes” como responsable de la “tormenta perfecta” para los grandes incendios. Frente a ese relato, todos los grupos de la oposición reclamaron su dimisión y denunciaron fallos estructurales en prevención, gestión del territorio y un modelo del operativo que calificaron de “precarizado y privatizado”.

Arranz ha comparecido en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a petición de Vox y un día después de que lo hiciera el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones. Según los datos expuestos, en 2025 ardieron 143.880 hectáreas forestales en Castilla y León, de las que 42.815 eran masa arbolada, cifras que multiplican por siete a la media del último decenio.

Incendios “monstruosos” y récords en España

Arranz ha explicado el comportamiento “excepcional” de varios grandes incendios, especialmente los registrados en agosto. Como ejemplo ha citado el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que calcinó más de 37.000 hectáreas y alcanzó una intensidad récord en España de 90.000 kilovatios por metro de llama.

“Estamos hablando de auténticos monstruos”, ha afirmado el director general, que ha recordado que a partir de 3.500 kilovatios por metro un incendio ya se considera complejo para su extinción. En los momentos de mayor virulencia, el fuego llegó a avanzar a un ritmo de 4.000 hectáreas por hora, con llamas de más de 15 metros de altura, lo que hacía “ineficaz cualquier esfuerzo de control directo de la cabeza”.

En la explicación de Arranz, varios incendios del verano superaron los 40.000 kilovatios por metro, valores nunca documentados hasta ahora en Castilla y León y que situaron algunos fuegos “fuera de la capacidad de extinción de cualquier operativo”.

El responsable autonómico ha vinculado estos comportamientos a una combinación de factores climáticos que calificó de “tormenta perfecta”: una primavera húmeda que favoreció la acumulación de combustible fino, seguida de un verano con temperaturas muy por encima de la media, baja humedad relativa, vientos fuertes y cambiantes y tormentas secas, en el contexto de una ola de calor de 16 días consecutivos en agosto, la segunda más intensa desde al menos 1975.

“Podemos contar con mejores medios humanos y materiales, pero cuando la meteorología es adversa el incendio gana fuerza y peligrosidad”, ha indicado Arranz para eludir las críticas a la falta de medios en momentos de los incendios, subrayando que en muchos episodios no se produjeron las habituales “ventanas de oportunidad nocturnas” que permiten frenar el avance del fuego.

A ello se sumó, según ha explicado, una elevada simultaneidad: en 2025 hubo 83 días con más de 20 incendios activos, todos ellos en época de peligro alto, y un notable incremento de los incendios de nivel 2 en agosto.

Pese a la gravedad de la campaña, Arranz ha defendido la eficacia del operativo. Según los datos, en 2025 se registraron 1.216 incendios forestales, un 10% menos que la media del decenio, y el 71% se quedaron en conato, dos puntos por encima de la media histórica. Además, el dispositivo actuó en 856 incendios no forestales, principalmente agrícolas, lo que elevó a 2.072 las intervenciones totales, aunque no ha concretado la superficie agrícola afectada.

“A pesar de las malas condiciones, la eficacia del operativo aumentó dos puntos”, ha explicado, destacando que en las semanas más críticas de agosto se llegaron a movilizar más de 2.300 medios, con apoyo de otras comunidades autónomas, del Estado y de Portugal. “Nunca se había coordinado un número tan elevado de recursos durante tanto tiempo”, ha asegurado.

Prevención y “lecciones aprendidas”

En materia preventiva, Arranz, como también hizo Quiñones el miércoles, ha presentado actuaciones de selvicultura en más de 20.000 hectáreas, inversiones superiores a 50 millones de euros, mantenimiento y creación de cortafuegos y ayudas a municipios para maquinaria. También ha anunciado que las “lecciones aprendidas” de la campaña de 2025 se incorporarán al Plan Anual de Vigilancia, Prevención y Extinción de 2026, que se publicará la próxima semana.

El director general ha enmarcado el problema en un contexto global y defendió que la solución pasa por cambios no solo en las políticas forestales, sino también en las agrarias, ganaderas, urbanísticas y de ordenación del territorio. “Al igual que no es posible detener un tsunami o una erupción volcánica, tampoco lo es detener estos incendios”, ha afirmado.

También ha anunciado nuevas medidas para los próximos años, entre ellas la conversión de las cuadrillas en permanentes durante los 12 meses, su integración en el sector público, el refuerzo de maquinaria pesada, la ampliación de las unidades helitransportadas y un aumento de la inversión, que en 2026 alcanzará los 151 millones de euros en capítulos de inversión, más otros 16 millones en personal.

“Proteger nuestros montes no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de seguridad”, ha afirmado Arranz, que ha indicado que la Junta ha ido incorporando “las lecciones aprendidas” tras cada gran episodio de incendios.

La oposición pide su dimisión

Frente el relato técnico que culpa a las malas condiciones, la oposición al completo ha criticado la falta de autocrítica, como ya hicieron con Quiñones en su comparecencia de este miércoles, y han pedido la demisión de Arranz. Por parte de Vox, el procurador José Antonio Palomo ha acusado a la Junta de “negligencia por omisión” y ha ironizado con que Arranz había comparecido como “el hombre del tiempo”. Asimismo, el procurado ha reprochado el cierre de puestos de vigilancia por deficiencias en seguridad laboral, la reducción de cuadrillas y decisiones políticas “sin aval técnico”. “No es mala suerte, es mala gestión”, ha afirmado, recordando que la actuación de la Junta está bajo investigación judicial tras los fallecimientos registrados.

El portavoz socialista en la comisión Pedro González ha afirmado que Arranz “no debería estar aquí” y ha reprochado al Gobierno autonómico la falta de planificación a largo plazo y de prevención durante todo el año. “El cambio climático no empezó ayer, pero ustedes llevan 40 años gobernando”, ha apuntado.

Desde UPL-Soria Ya, Alicia Gallego ha criticado que provincias como León, Zamora y Salamanca concentran la mayor parte de la superficie calcinada sin recibir un refuerzo proporcional en prevención. “Esto ha empeorado porque no han cuidado a sus trabajadores”, ha apuntado.

En la misma línea, el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos), ha elevado el tono para recordar que Arranz es “un cargo político, no técnico”, y le ha acusado de haber “desmantelado, precarizado y privatizado” el operativo por decisiones del PP. “Con muertes y miles de hectáreas quemadas, debería pedir perdón e irse a su casa”, ha apostillado.

El PP defiende la excepcionalidad de las condiciones meteorológicas

El Grupo Popular cerró el debate defendiendo la excepcionalidad de la campaña y de las condiciones meteorológica. Su portavoz, Mercedes Cófreces, ha reclamado, por segundo día consecutivo, un modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta la extensión territorial y forestal, una reivindicación en la que coincidió el propio director general.

La Diputación de Álava ha finalizado los trabajos de restauración de áreas degradadas en el parque provincial de Garaio, en la zona de Ondoriz, donde se han restaurado y mejorado 10,87 hectáreas de bosque y se han plantado 2,35 nuevas hectáreas con especies autóctonas para mejorar la estructura de las masas arboladas para la prevención de incendios forestales.

Según ha detallado la Diputación en un comunicado, los trabajos han consistido en el desbroce, resalveo y poda baja del monte de Quejigal, así como revegetar con especies autóctonas áreas degradadas. De esta manera, ha añadido, se logra una mayor resiliencia del bosque ante los efectos del cambio climático, reduciendo el riesgo potencial de incendios en la zona, recoge Europa Press.

Por su parte, con las plantaciones se consigue generar una pantalla vegetal que ejerce una función múltiple y hace de filtro verde del embalse ante lixiviados, ha explicado la Diputación. Además, esa capa vegetal permite la fijación de carbono ya que “al mejorar las características ambientales y paisajísticas se logra una mejora del hábitat y refugio para muchas especies de la zona”, ha subrayado la diputada de Sostenibilidad, Saray Zárate.

Estas áreas degradadas son antiguos roturos y áreas de cultivo abandonadas del antiguo pueblo de Garaio, ha señalado el ente foral. Con el paso del tiempo algunas se han ido regenerando poco a poco de forma natural, aunque hay diversas zonas donde por diversos motivos la regeneración natural de especies autóctonas existente requiere de un refuerzo.

La portavoz de Política Forestal del PSdeG, Carmen Rodríguez Dacosta, ha denunciado que la Xunta “vuelve a incumplir un año más” la obligación legal de aprobar y publicar el plan de prevención de incendios (Pladiga) antes del 31 de octubre. En un comunicado remitido a los medios de comunicación, los socialistas gallegos han detallado que Dacosta presentó una batería de iniciativas parlamentarias para exigir a la Xunta que “tome de una vez en serio” las políticas de prevención contra los incendios.

Dacosta ha remarcado que “la dejadez” de la Xunta a la hora de tomar medidas preventivas contra los incendios forestales demuestra que “no han aprendido nada” tras la oleada de incendios que afectó a Galicia este verano, especialmente a la provincia de Ourense. En este sentido, ha incidido en que los incendios “se extinguen en inverno” y ha criticado que la “falta de gestión y de medidas” desde la Consellería do Medio Rural demuestra una “gestión irresponsable y peligrosa de la política forestal”.

Por ello, ha exigido a la Xunta que “no dejen en el olvido tanto sufrimiento, tantas propiedades perdidas y tanto daño hecho” por los incendios forestales de este verano, al tiempo que ha pedido que atiendan a todos los expertos, a los grupos parlamentarios y a la experiencia de los fuegos en Ourense, que tienen demostrado “por la vía de los hechos” que los fuego de nueva generación “son imposibles de extinguir una vez se inician”.

“Cada día que pasa sin presentar las medidas preventivas para el próximo verano aboca un poco más a Galicia a repetir la catástrofe forestal derivada de la negligencia de unos responsables de Medio Rural que no están a la altura de la responsabilidad que tienen entre manos”, ha lamentado la parlamentaria socialista. A renglón seguido, ha recordado que desde la aprobación del Real Decreto - Ley 15/2022, las comunidades autónomas están obligadas a aprobar y publicar los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción antes del 31 de octubre del año precedente.

“La Xunta nunca asumió esa obligación”, ha afirmado Dacosta, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo autonómico “lo incumple reiteradamente desde que fue aprobada”, lo que “evidencia un déficit de planificación y una desconexión preocupante entre la Xunta y la normativa estatal vigente”.

La oposición de las Cortes de Castilla y León, formada por PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya!, Por Ávila, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea, ha vuelto a imponer su mayoría parlamentaria al Partido Popular del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En esta sesión plenaria, tras tumbar la semana pasada con enmiendas a la totalidad el proyecto de Presupuestos presentado por el Ejecutivo autonómico, las siete formaciones han sacado adelante la votación para tramitar la proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales, registrada por el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! para incluir mejoras en los salarios y las condiciones laborales, aunque no dará tiempo a aprobarla al no haber margen en esta legislatura.

El PP también ha visto cómo la oposición ha tumbado los dos decretos que ha presentado sobre el operativo de incendios forestales. El consejero de la Presidencia, Luis González Gago, quien ha presentado el primero de ellos, ha instado a los grupos a aprobar las dos iniciativas, ya que la campaña de incendios está “a la vuelta de la esquina” y hay unas elecciones en marzo. Gago ha defendido que el decreto era fruto de varias reuniones con representantes sindicales y que su derogación afectará a la preparación del dispositivo para el próximo verano.

Las medidas de la Junta: “sin escuchar” y “tarde y mal”, según la oposición

El consejero ha tratado convencer a última hora el sentido de voto los grupos. Durante el debate, el PSOE adelantó la semana pasada había anunciado su voto en contra y ha criticado que la Junta “legisle sin escuchar” a los profesionales del operativo. Vox, que había sido sondeado en la tarde del martes por el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones para intentar salvar el decreto, también se alineó con el resto de grupos de la oposición al considerar que las medidas llegaban “tarde y mal”.

Las nuevas medidas previstas en los decretos contemplaban una inversión de 16 millones de euros. De ellos, 12,5 millones serían destinados a transformar a los fijos discontinuos en trabajadores estables durante todo el año y 3,5 millones para financiar un nuevo complemento específico para los bomberos forestales. Asimismo, la Junta quería contratará con Tragsa parte de los trabajos de prevención y extinción que hasta ahora se encargaban a empresas privadas. En paralelo, la Escuela de Administración Pública (ECLAP) prepara un programa de formación específico para los nuevos bomberos forestales a partir de 2026.

Los grupos han reprochado a la Junta haber presentado un texto “impuesto”, sin consenso sindical ni de la patronal forestal, y sin negociación previa pese a las protestas del sector ante la sede parlamentaria.

Desde el Grupo Mixto, Francisco Igea ha criticado que la Junta recurriera a decretos ley “sin urgencia justificada”, mientras Unidas Podemos ha tildado de “vergonzoso e indecente” que se hubieran ignorado los informes de los representantes laborales. Por Ávila y UPL-Soria ¡Ya! han defendido en que el operativo necesita “reformas de fondo” y una planificación estable “más allá de la guerra política”.

El consejero de la Presidencia ha alertado de que la derogación del decreto compromete la preparación del dispositivo de incendios para 2026 y responsabilizó a los grupos de bloquear unas medidas “largamente reclamadas”. “Cada uno debe ser responsable de sus actos”, ha dicho , antes de lamentar que las Cortes hayan dejado sin efecto las reformas diseñadas para evitar otro verano crítico como el vivido en 2022 y 2025.

Quiñones asegura que “es la única oportunidad para dar seguridad”

Para Suárez-Quiñones los decretos sobre el operativo contra incendios son “la única oportunidad en términos de ley para dar más protección y seguridad a los ciudadanos ante los incendios forestales en la próxima temporada de verano”.

El segundo decreto, promovido por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, también afrontaba modificaciones en la organización del operativo. Los grupos han rechazado por las mismas razones: ausencia de diálogo efectivo, oposición sindical y una reforma que consideraron insuficiente tras un verano marcado por los peores incendios forestales en la historia reciente de la Comunidad.

Este decreto creaba “anillos de seguridad” urbanos y modificaba varias leyes —montes, patrimonio natural, urbanismo y carreteras— con el objetivo de facilitar tareas preventivas, reducir burocracia y trasladar competencias a las administraciones locales. Suárez-Quiñones ha manifestado que el decreto introducía reformas necesarias para afrontar incendios de gran intensidad.

En el texto, según el consejero, recogía un “paquete relevante de reformas” dirigido a eliminar burocracia, integrar la perspectiva de la prevención en las administraciones, facilitar a propietarios públicos y privados la limpieza del entorno y el cumplimiento de normas que ya existen, entre otras cosas.

Los grupos han reprochado que la norma no contara con acuerdo social y que trasladara demasiadas obligaciones a ayuntamientos con escasos medios. El PSOE ha apuntado que los cambios no incluían incrementos de personal ni de recursos y que no constituían una estrategia forestal integral. Vox ha cuestionado el desplazamiento de responsabilidades hacia los propietarios forestales y dudó de la eficacia de las medidas.

UPL ha indicado que se pretendía cargar sobre entidades locales —incluidas juntas vecinales sin personal propio— obligaciones que la propia Junta no puede asumir. Por Ávila ha afirmado en que se imponían exigencias sin financiación adicional. Igea, por su parte, ha afirmado que Quiñones “hace tiempo se tenía que haber ido”. El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, no ha intervenido al no encontrarse en el hemiciclo cuando ha sido llamado a la tribuna de oradores.

La Junta considera excesivo los 10 millones que costaría implementar la ley de agentes Medio Ambientales

La Mesa de las Cortes había trasladado al pleno el criterio contrario de la Junta, que considera excesivo el coste previsto de estas mejoras laborales, cifrado en unos diez millones de euros anuales. Pese a ello, la iniciativa fue respaldada por todos los grupos de la oposición, mientras el PP y los dos procuradores no adscritos, ex de Vox, optaron por la abstención. Solo ha votado en contra el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, que se ha confundido a la hora de marcar el voto.

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha defendido que la regulación es “necesaria” para dar seguridad jurídica y reforzar el papel de los agentes medioambientales en la protección del territorio, especialmente en materia de prevención y extinción de incendios.

Durante el debate, PSOE, Vox, Unidas Podemos, UPL-Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto ha recordado que los agentes trabajan sobre más del 50% del territorio autonómico y han pedido una normativa específica acorde con la ley estatal aprobada hace un año. El PP, sin embargo, ha avisado del carácter “electoralista” de la propuesta y la imposibilidad de tramitarla antes de la disolución de las Cortes.

300 personas se manifiestan contra de los decretos de la Junta

A las puertas de las Cortes, varios centenares de trabajadores del operativo —unos 300 según fuentes policiales— se han concentrado desde primera hora de la mañana convocados por UGT, CCOO, CSIF, Uscal y CGT para denunciar lo que califican de “engaño”, “mentira” y “trampantojo” de la Junta con los decretos ley. Los sindicatos han acusado al Gobierno autonómico de intentar “vender” una reforma sin mejoras reales en vísperas de las elecciones autonómicas de marzo, y han exigido un operativo “estrictamente público”, “totalmente profesional” y permanente los doce meses del año. Según han apuntado, ni aumenta el número de efectivos ni los complementos específicos llegan a quienes “se queman las pestañas a pie de monte”, mientras las cuantías más altas recaen en personal alejado de la primera línea.

Los portavoces sindicales han coincidido en señalar que el texto ha sido una “imposición” sin negociación efectiva, y han recordado que también ha recibido el rechazo de asociaciones de propietarios forestales y de empresas del sector. “Cuando todos los colectivos afectados están en contra, será por algo”, han indicado antes de exigir a la Junta que “rectifique” y reformule el modelo para garantizar la profesionalización y la dignificación laboral del operativo. Durante la protesta, los manifestantes lanzaron petardos y tocaron bocinas, guardaron un minuto de silencio por las víctimas de los incendios de este verano y ha mostrado pancartas reclamando un operativo “100% público”, además de figuras satíricas con las caretas del presidente Mañueco, del consejero Suárez-Quiñones y del director general José Ángel Arranz, a quienes han pedido su dimisión.

El responsable del área de Medio Ambiente de CSIF, Agustín Argulo, ha afirmado que el decreto “no mejora absolutamente nada” y mantiene los 4.700 efectivos que la Junta anuncia “cada año”, por lo que alertó de que “cuando llegue otro verano extremo, volveremos a vivir pueblos desalojados, casas quemadas y pérdidas de vidas”. UGT ha lamentado que el Ejecutivo busca únicamente “poner un parche” para tranquilizar a la ciudadanía antes de las elecciones, y CCOO ha criticado que la reforma “solo cambia cromos” entre empresas públicas, semipúblicas o privadas sin garantizar condiciones de empleado público. Uscal, por su parte, ha aseverado que hay un “ataque frontal” a los agentes medioambientales por la incorporación de 97 técnicos —una medida de 6,5 millones— que, según el colectivo, busca “solapar” sus funciones y erosionar su autonomía como policía medioambiental.

Una avanzada iniciativa tecnológica está transformando la capacidad de respuesta ante emergencias en la Comunitat Valenciana. El Centro de Innovación RuralTEC, adscrito a la Red de Centros de Innovación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y dependiente de la Diputació de València, ha finalizado la instalación de una extensa red de sensores inteligentes en áreas de alto riesgo, centrando su última acción en el entorno del parque natural de las Hoces del Cabriel (Utiel-Requena).

Esta actuación crucial, que se suma a las ya realizadas en el Alto Turia y el Rincón de Ademuz, tiene como objetivo principal incorporar tecnología puntera a la red de observación de la Conselleria de Medio Ambiente para reforzar la seguridad anti incendios y la prevención frente a fenómenos meteorológicos extremos.

La acción más reciente ha permitido la sensorización de un espacio especialmente sensible y de gran afluencia de visitantes: el paraje conocido como 'El Tete'. Este lugar, que sirve como punto de partida para gran parte de las actividades de ocio y aventura en el área de influencia de las Hoces del Cabriel, ve transitar anualmente a más de 30.000 personas. La actuación, realizada a petición de los responsables del parque natural, ha cubierto una superficie superior a 1 kilómetro cuadrado.

La iniciativa ha contado con la colaboración de Iberdrola, propietaria de la superficie sensorizada, que ha mostrado una especial sensibilidad con este tipo de actuaciones y ha facilitado en todo momento la instalación de la tecnología de detección. La financiación de este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Con la culminación de estas tres acciones estratégicas, RuralTEC ha logrado incorporar a la red de emergencias de la Generalitat una superficie total superior a los 6 kilómetros cuadrados. Estas zonas se consideran de alto riesgo debido a la combinación de su importante valor medioambiental y la gran afluencia de visitantes que registran durante todo el año.

Los proyectos desarrollados por RuralTEC buscan proporcionar a la Generalitat Valenciana valiosas pruebas piloto para determinar y validar la tecnología de detección más adecuada en distintas situaciones y tipos de terrenos. Desde el inicio de 2025, el Centro RuralTEC impulsa el desarrollo rural en los entornos de Utiel-Requena, Alto Turia y Rincón de Ademuz, utilizando soluciones digitales, automatización y conectividad para mejorar la productividad, la sostenibilidad y la calidad de vida en estas comunidades.

Asturias ha registrado este jueves cuatro incendios forestales que ya se encuentran controlados y un quinto pendiente de revisión, según el balance actualizado esta mañana por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El último fuego que seguía activo y que se ha dado por controlado en las primeras horas de la jornada es el de Llonín, en Peñamellera Alta, donde los equipos de extinción continúan realizando labores de enfriamiento y vigilancia para evitar posibles reactivaciones.

Condiciones adversas

Además, permanecen controlados los incendios declarados en Trelles (Coaña), Leirio (Castropol) y Riensena (Llanes), mientras que el que está pendiente de revisión es el de Llanón (Grado), que ya se encontraba estabilizado durante la noche del miércoles.

El Ejecutivo asturiano activó a primera hora de ayer, miércoles, en fase de alerta el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA), ante la coincidencia de varios focos y las adversas condiciones meteorológicas. Esta fase de seguimiento, previa a la declaración de emergencia, permite organizar y poner en disponibilidad todos los medios y recursos del plan, incluidos los Bomberos de Asturias, las empresas forestales y la Guardería del Medio Natural.

Alerta naranja

Durante la jornada del miércoles, Asturias registró rachas de viento de hasta 161 kilómetros por hora, las más fuertes del país, coincidiendo con una situación de alerta naranja por este fenómeno meteorológico que fue desactivada a media tarde. Los fuertes vientos complicaron las tareas de extinción y favorecieron la propagación inicial de los fuegos, aunque la mejora de las condiciones atmosféricas ha permitido estabilizar todos los focos.

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyL) ha rechazado este viernes los decretos ley aprobados por la Junta para reformar el operativo de prevención y extinción de incendios, ya que los ve como un “desprecio a los que perdieron la vida” el pasado verano en los fuegos que arrasaron más de 160.000 hectáreas en la Comunidad.

En un comunicado, esta asociación ha denunciado que estos textos no incluye “ni una sola” de sus reivindicaciones y no plantea una voluntad política para prevenir y extinguir eficazmente los incendios con un operativo bien dimensionado y acorde a las necesidades actuales.

“Es solo un parche en el ojo, una mera estrategia política y propagandística que no contiene las medidas básicas y necesarias para evitar grandes incendios”, ha resumido esta asociación, crítica con que después del “peor verano de incendios” en esta Comunidad la mitad de los trabajadores del operativo están nuevamente en el paro.

En su opinión, la Consejería de Medio Ambiente diseña medidas “que no sirven para prevenir ningún gran incendio en 2026 y años sucesivos”.

Rechazan que estos decretos no reconozcan la categoría de bombero forestal a profesionales que “realmente previenen y apagan los incendios en los montes”, mientras que únicamente se la reconoce a técnicos (ingenieros) que desarrollan su labor en las oficinas provinciales, “sin tener que llegar ni a mancharse de ceniza” y a los agentes medioambientales, que consideran “mandos intermedios”.

“¿Para qué sirve un tejado sin muros sólidos que lo sostengan?”, se ha preguntado la asociación, convencida de que los decretos no recoge “ninguna mejora” para los trabajadores que arriesgan la vida en el operativo.

Este grupo de profesionales remarca que “una cuadrilla de verdaderos bomberos forestales es capaz de acometer la extinción de incendios sin que intervenga ningún ingeniero, pero las guardias que se pagan a los técnicos, sin que haya ni un solo trabajador en el monte para actuar en los incendios, son un despilfarro”, han argumentado.

La ATIFCyL cree que la Junta “normaliza y defiende su gestión nefasta de los incendios en los últimos años y desprecia a los trabajadores”.

El Gobierno de Asturias ha tomado nota y tras los incendios que asolaron este mes de agosto al Principado y que quemaron más de 5.000 hectáreas ha publicado un plan contra incendios que aplica más medidas de control en los pueblos y en las áreas protegidas o de alto valor natural. Fue precisamente el Parque Natural de Las Fuentes del Narcea el espacio más afectado por estos fuegos.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha publicado hoy el plan de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales para la campaña 2025-2026. Este documento refuerza la vigilancia en las zonas urbano-forestales e impulsa las medidas de autoprotección en los pueblos y las áreas de alto valor natural.

Guardias preventivas

El plan consolida un sistema de vigilancia y custodia del territorio que amplía la presencia de agentes medioambientales, con un horario más extenso, y se complementa con guardias preventivas operativas, durante 24 horas, los 365 días del año. Esta estructura forma parte del modelo integral de gestión del riesgo impulsado por el Gobierno de Asturias, que combina prevención, vigilancia territorial y capacidad de respuesta.

Entre las principales novedades destaca el refuerzo del sistema de inspección y control de las franjas de interfaz urbano-forestal en los montes gestionados por el Principado. Con este fin, los agentes medioambientales efectúan una campaña de revisión de oficio en las zonas de mayor riesgo para definir actuaciones que garanticen su adecuado mantenimiento. También ha realizado una revisión integral de los puntos de recarga de agua para medios de extinción, un proceso que se repetirá de forma periódica.

 Cerca de 28 millones

El documento también recoge el fortalecimiento de las medidas de autoprotección en pueblos, instalaciones y áreas de alto valor natural. Entre las actuaciones en marcha figura la creación de áreas silvopastorales en espacios naturales protegidos, que favorecen una gestión más eficaz frente a posibles incendios. En este sentido, la Red Natural de Asturias (RENA) se consolida como motor estratégico de prevención y conservación, al integrar la gestión de los espacios protegidos con la reducción de biomasa combustible y el desarrollo rural sostenible.

Los proyectos asociados a este plan movilizan cerca de 28 millones, que incluyen tanto inversiones del Principado como aquellas financiadas a través del Fondo de Infraestructuras Rurales, en colaboración con los ayuntamientos.

 Renovación de flota

Asimismo, se consolida el incremento progresivo de la capacidad operativa del Servicio de Emergencias (SEPA), que superará las 600 personas tras la incorporación de 83 profesionales en 2024 y otros 40 este año. Este crecimiento se enmarca en una estrategia de fortalecimiento organizativo que impulsa la formación continua, la mejora de las condiciones laborales y la modernización tecnológica.

El plan también prevé la renovación y ampliación de medios materiales y técnicos: flota de autobombas, vehículos todoterreno, camiones nodriza, equipos de intervención y sistemas de comunicación avanzada. El plan completo está disponible para consulta en el siguiente enlace: https://acortar.link/Q7iBWv

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido el “importante refuerzo” del operativo de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León previsto para 2026, con mejoras en materia de personal y estructura.

“Lo que ha anunciado el presidente y yo mismo en las Cortes es el refuerzo de la estructura del operativo de prevención y extinción de incendios forestales y, por tanto, muchísimas mejoras en materia de personal y en el número de personas que trabajarán en él”, ha asegurado Suárez-Quiñones en respuesta a preguntas de los periodistas en Palencia con motivo de las protestas convocadas por los agentes medioambientales este martes coincidiendo con el pleno de las Cortes.

Los sindicatos han denunciado que la contratación de 90 técnicos forestales incluida en el proyecto de presupuestos no ha sido consensuada con la representación sindical y que la figura del bombero forestal continúa fuera de la negociación.

En respuesta, el consejero ha subrayado que “es lógico que siempre haya reivindicaciones por parte de los sindicatos, que luchan por los intereses de los trabajadores”, y ha insistido en que la Junta mantiene el diálogo abierto.

“Contamos con los sindicatos en la mesa de negociación. Estas reclamaciones entran dentro del juego normal de cualquier reforma que afecte a personal público”, ha señalado.

Suárez-Quiñones ha pedido dejar que “las cosas transcurran” y ha confiado en que se alcance “el máximo acuerdo posible” en torno al futuro del operativo autonómico contra incendios.

Bomberos de Álava se han quejado, tras un gran incendio que ha asolado la sierra alavesa de Elgea durante el fin de semana, de la falta de efectivos y de la inexistencia, tras años de servicio, de protocolos con los que agilizar el despliegue de refuerzos en situaciones extraordinarias. La movilización de unidades de otros parques más lejanos al fuego, denuncian también, los deja con menor capacidad de respuesta en caso de que surjan otras situaciones en su área. Tampoco tienen convenio en vigor.

Enrique López es portavoz de la junta de personal de los Bomberos forestales de Álava, un cuerpo foral. Recalca que la reivindicación es clara y sostenida a lo largo del tiempo, de años ya: incluir un bombero más por turno para cada uno de los seis parques en los que se divide el territorio de Álava. Ahora, según explica, son tres efectivos para las situaciones ordinarias. En un incendio en una vivienda, por ejemplo, si dos bomberos entran dentro, ni siquiera queda una pareja adicional fuera en caso de que hubiera que entrar a ayudarles. “Cuantas más manos, mejor”, apostilla.

El incendio de este fin de semana en la sierra de Elgea es un caso diferente. Son situaciones extraordinarias, de las que se dan, por estadística, un máximo de cinco veces cada año. Caen dentro de esta categoría inundaciones o grandes incendios como el que asoló la planta de la empresa LEA en Vitoria. Su servicio, se queja López, tiene ya diez años de recorrido y todavía no se ha confeccionado un protocolo para efectuar los refuerzos en estas situaciones extraordinarias. Denuncia que no hay previsión ni listados de trabajadores para evitar, por ejemplo, llamar a personas que al día siguiente van a tener que cubrir una guardia. En el caso del incendio de Elgea, ya se preveía desde la mañana que se iban a requerir más efectivos, pero algunos no se pudieron movilizar hasta las 19:00 horas.

Los refuerzos, cuando llegan, lo hacen desde otros parques también, que se movilizan para hacer frente a la emergencia. En este caso, además del de Salvatierra-Agurain, que es el que corresponde a la zona del incendio, llegaron también efectivos desde los de Nanclares y Campezo. También ayudaron en las labores brigadas llegadas desde Bizkaia y Gipuzkoa. Denuncia López que tampoco hay suficientes refuerzos para cubrir a esos bomberos que han dejado su parque para ir a atender las necesidades de otra zona. Durante este fin de semana, mientras efectivos de esos dos parques estaban desplegados en Elgea, hubo constancia de otros dos incendios forestales de menor magnitud que no se atendieron hasta la llegada de refuerzos. Dejar estos parques desguarecidos es, según López, “jugar a la ruleta”. “En Álava hay la manía de dejar sin cubrir las zonas”, lamenta.

Algunos bomberos también han dejado sentir su malestar a través de las redes sociales. Recalcan allí que falta un “sistema de llamamiento al refuerzo de los compañeros”, en línea con lo expresado por López. “Elgea arde, turno saliente y entrante en el lugar mientras los parques quedan sin gente y la zona desprotegida. No hay protocolizado cómo llamar para reforzar. No hay nada pensado y todo es pura improvisación. No hay compensación ni una línea a seguir. Seguimos sin convenio, sin jefe del servicio, la jefatura hace aguas... Un despropósito”, se quejaba una cuenta llama SOS Suhiltzaileak Araba, crítica con la gestión que se está haciendo del servicio foral de Bomberos.

El fuego, declarado el sábado en torno a las 20:00 horas, se originó entre las localidades alavesas de Arriola y Narbaiza. Avanzó alentado por vientos favorables, se controló en la tarde del domingo y se ha dado por extinguido entrado ya el lunes, a las 1:30 horas de la madrugada. Se estima que ha calcinado alrededor de una treintena de hectáreas. Según los datos de SOS Deiak, han sido cuatro decenas de profesionales los que han participado en las labores de extinción, incluidos bomberos, bomberos forestales y técnicos de coordinación.

David Rodríguez, de la coalición Elkarrekin, que integra a Podemos, IU y Berdeak Equo, ha solicitado más información sobre el incendio en las Juntas Generales. Según el procurador, los vecinos han trasladado que la zona estaba seco y que “no se había limpiado la maleza y no había habido apoyo para limpiar y desbrozar por parte de la Diputación”. Según Europa Press, Elkarrekin interpela al diputado de Igualdad, Euskera y Gobernanza, Iñaki Gurtubai, para que informe sobre esas labores de limpieza y también por las causas del incendio y los daños que ha provocado. Elkarrekin Araba señala, además, que existe una brigada forestal para la limpieza y prevención de incendios cuyos trabajadores se encuentran en “precariedad laboral”.

Gurtubai, diputado alavés responsable del servicio de Bomberos, ha visitado la zona este lunes y, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, ha explicado que, si bien el fuego se había extinguido ya, se mantienen todavía un vehículo autobomba y un destacamento de bomberos para vigilar el lugar. Preguntado por las quejas de los vecinos sobre la falta de limpieza en los montes, Gurtubai ha recalcado que esas competencias, al tratarse de un monte público, recaen sobre las juntas administrativas. “Lo que desde Diputación podemos hacer es dar ayudas a las juntas administrativas para el mantenimiento de la zona”, ha añadido. Y después ha cifrado en 1,4 millones el dinero dedicado al mantenimiento de los montes. “Hay un esfuerzo público importante. Merece la pena gastar en prevención aun sabiendo que tenemos un buen sistema de extinción”, ha apostillado.

Todos los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León han aprobado una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE para reconocer antes de que empiece 2026 la categoría profesional de bombero forestal. También se han aprobado, aunque con la abstención de PP y Vox, otros puntos relativos para instar a la Junta a realizar mejoras en el operativo de prevención y extinción de incendios para transformarlo en un servicio público, estable y permanente, así como mejorar la coordinación, los equipos y la cobertura de plazas de agentes medioambientales.

El procurador socialista Pedro González, encargado de defender la propuesta, ha acusado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de ostentar “el triste récord” de mayor superficie arrasada por las llamas. Según ha indicado, tras los veranos de 2021, 2022, con cifras que han ido creciendo, en 2025 se ha alcanzando más de 160.000 hectáreas quemadas y además de la pérdida de cuatro vidas humanas. A su juicio, la gestión de la Junta ha sido “nefasta” y ha despreciado reiteradamente las demandas del colectivo, pese a que los incendios de gran magnitud o “de sexta generación” requieren dispositivos permanentes y bien dotados.

El parlamentario socialista ha recordado que Castilla y León es la única comunidad donde la figura profesional de bombero no está reconocida, para el Ejecutivo autonómico son peones forestales, siendo esta una de las reclamaciones de los trabajadores del operativo. González ha destacado la profesionalidad y entrega de los trabajadores del operativo de extinción, pero denunció las condiciones en las que desempeñan su labor: “son de los peor pagados de España, con contratos precarios que en muchos casos solo cubren seis meses al año”. Paralela al Pleno en las Cortes, en las calles de Valladolid una gran marcha de bomberos y agentes medioambientales de toda España reclamaba mejoras en las condiciones laborales.

El PP traslada la voluntad de la Junta para negociar

El PP ha trasladado la voluntad de la Junta para negociar el reconocimiento de la categoría de bombero forestal. El procurador `popular', José Alberto Castro, ha indicado que esta figura es una “obligación” que recoge la ley estatal, lo que ha propiciado que su grupo se haya mostrado favorable.

Para Castro esta iniciativa del PSOE solo sirve para “utilizar el dolor” para desgastar políticamente al Gobierno autonómico y ha reclamado que “el único culpable de los incendios es quien los provoca”. El procurador ha aludido a que en Castilla y León se han registrado más de 800 fuegos solo en este año y más de 20.000 en la última década, siendo la mayoría causados por negligencias o intencionalidad.

El 'popular' ha defendido que la Junta, aunque responsable de la gestión del operativo, ha incrementado el presupuesto para mejorar el operativo. Castro ha acusado al PSOE de “demagogia” y de utilizar este asunto en campaña, recordando que en ayuntamientos como Zamora o Valladolid los socialistas han mantenido modelos mixtos en lugar de apostar por una gestión íntegramente pública.

El PSOE avisa a la Junta de que las mejores deben ser “reales”

Durante el debate, Pedro González ha avisado a la Junta de que el reconocimiento de la categoría de bombero forestal no puede limitarse a un gesto simbólico: “no basta con una palmada en el hombro, debe incluir mejoras laborales y económicas reales”. Asimismo, el socialista ha reiterado que, en el caso de que los incendios sean provocados, sobre los autores debe recaer “todo el peso de la ley”, pero que la prevención y extinción es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo autonómico.

El PSOE ha puesto como ejemplo al Gobierno de España, que el pasado 16 de septiembre aprobó en Consejo de Ministros un coeficiente reductor de la edad de jubilación para los bomberos forestales. Esta medida permitirá a quienes acrediten 15 años de servicio reducir su edad de retiro en tres años, lo que, en palabras de González, demuestra que hay margen para reconocer los derechos de un colectivo que se juega la vida en cada campaña.

Igea califica a Suárez-Quiñones como “el pequeño Mazón”

Francisco Igea, del Grupo Mixto y exvicepresidente de la Junta, ha pedido votar por separado el reconocimiento de la categoría profesional —algo a lo que el PSOE se ha abierto—, convencido de que se trata de un asunto “clave”. Asimismo, ha aprovechado para acusar al PP de “soberbia y falta de empatía” y ha calificado al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como “el pequeño Mazón”, en alusión a su gestión comparada con la del presidente valenciano ante la DANA.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha señalado que lo vivido este verano en la Comunidad ha sido “una auténtica catástrofe” y ha responsabilizado directamente a la Junta, a la que acusó de ausentarse del debate parlamentario en un asunto de máxima gravedad al solo estar presentes una de las consejeras.

Desde Por Ávila, el procurador Pedro Pascual ha apuntado que la Comunidad necesita un dispositivo estable y ha criticado que este verano, mientras se quemaban 160.000 hectáreas, el operativo seguía siendo “temporal, precario y desbordado”.

En la misma línea, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ha afeado al PP que “le importen tres narices” las resoluciones de las Cortes, ya que muchas de las medidas aprobadas en anteriores sesiones no se han puesto en marcha. Santos ha lamentado que numerosos trabajadores lleven más de dos décadas encadenando contratos temporales, lo que refleja la precariedad estructural del operativo.

Vox carga contra la “ineficiencia de las administraciones públicas” y la Agenda 2030

Desde Vox, el procurador Ignacio Sicilia también se sumó a las críticas a la situación del operativo, aunque en un tono diferente. El parlamentario ha Asegurado que las carencias del operativo —en personal, medios, prevención, formación y coordinación— son consecuencia de la “ineficiencia de las administraciones públicas” y de la creación de un “Estado caro, burocrático e ineficiente” al servicio de “coches oficiales, despachos y sueldos”.

Sicilia ha relacionado la virulencia de los incendios con las políticas europeas del Pacto Verde y la Agenda 2030, que, a su juicio, han impuesto medidas alejadas de la realidad del campo. Vox ha presentado enmiendas a la propuesta socialista, algunas de adición, que fueron rechazadas por considerar que no respondían a las demandas planteadas.

El sindicato CSIF ha denunciado que el dispositivo de incendios en Castilla-La Mancha se quedará al 50 por ciento el día 19 de septiembre, cuando en esta fecha el riesgo de incendios aún es alto.

En rueda de prensa, Ana Nares y Miguel Ángel Pavón, trabajadores y delegados de CSIF en Geacam (empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha), han señalado que hasta el 30 de septiembre, fecha en la que culmina la temporada de riesgo alto de incendios, se va a quedar un 12% del personal trabajando.

“A pesar de las últimas previsiones meteorológicas que nosotros barajamos, nos dicen que las condiciones de propagación seguirán siendo elevadas debido a la falta de precipitación y a la alta disponibilidad que siguen teniendo los combustibles”, ha alertado Nares.

Tal y como han precisado, la plantilla asciende a un total de 2.205 trabajadores, pero solo 1.500, “apenas un 68%, cuentan con contratos fijos de 12 meses”.

El resto, ha afirmado Nares, 705 personas, se reparten entre un 10% de contratos fijos discontinuos, muchos de ellos de apenas cuatro meses, y un 22% de interinos que en muchos casos solo trabajan 96 días de los 122 días que comprende la época de peligro alto y extremo que viene definida en el plan Infocam.

“Pedimos que toda la gente estuviera a 122 días, que sería lo mínimo”, ha reclamado esta representante sindical.

Otro “punto negro”, a juicio de CSIF es “el hecho” de que no se ha cubierto el 100% del personal durante la campaña: “Medios con solo dos componentes cuando se exigían cuatro para que el trabajo sea seguro y eficaz; torres de vigilancia cerradas, lo que impide la detección temprana de los incendios; el 6% de los técnicos de incendios sin cubrir diariamente y trabajadores que están haciendo funciones de categoría superior sin la titulación oficial que se exige”.

Reclaman una gestión forestal “en condiciones”

En labores de desbroce, han precisado que en Castilla-La Mancha hay 1,1 millones de hectáreas forestales, de las que este dispositivo llega al 1 por ciento de monte público cada año.

Abogan por una gestión forestal “en condiciones” porque la realidad es que hay “un abandono de 60 años del monte”. “Necesitaríamos que hubiera mucha más gestión forestal a parte de nosotros, contratar más gente, contratar maquinaria para poder hacer prevención”

Además de estas demandas, desde CSIF reclaman la creación de una Agencia Pública de Bomberos Forestales con presupuesto propio de la Junta de Comunidades, puesto que, han lamentando, “Geacam subsiste gracias a subvenciones temporales y fondos europeos, en lugar de tener financiación propia de la Junta”.

Quieren contratos estables de 12 meses evitando la temporalidad para poder profesionalizar el sector y que las plazas de tasa de reposición sean de 12 meses, que es lo que está presupuestado, en lugar de generar contratos de fijos discontinuos de 4 meses.

Exigen además que se cumpla la Ley de Bombero Forestal, permitiendo la jubilación con coeficientes reductores. Describen que “hay un 11% de platilla con edades comprendidas entre 60 y 67 años y en 10 años este problema se agravará, ya que hay un 24% del personal que tiene entre 50 y 59 años”.

Personal sin experiencia

Respecto a la profesionalización de este colectivo, critican que el Gobierno regional presuma de que Castilla-La Mancha “sea un ejemplo para otras comunidades autónomas”, cuando “cada verano se contrata personal nuevo, sin experiencia previa, que debe ser formado desde cero, con apenas unos días de formación y en muchos casos incorporándose una vez iniciada la campaña”.

“En los últimos cinco años, más de 700 personas han sido incorporadas en estas condiciones, lo que refleja una rotación insostenible y una alarmante falta de estabilidad en los equipos”, han afirmado los representantes de CSIF.

En cuanto las retribuciones, Pavón explica que tienen un sueldo base de 1.200 euros netos, “con una disponibilidad absoluta de 24/7, que no se ajusta a la ley de desconexión digital ni al artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, donde no se puede conciliar la vida familiar y laboral”, y durante la campaña de incendios se estima que cobran “37 euros céntimos por hora y 2 euros al día” con un riesgo de peligrosidad y toxicidad.

Finalmente, han lamentado que existe una “fuga de talentos” de este personal a otras comunidades como Extremadura y Andalucía, y además, han afeado que la Consejería de Desarrollo Sostenible no les traslade ningún compromiso ni respuesta a sus demandas.

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia autonómica, Paula Fernández, ha reclamado al Gobierno de Cantabria (PP) que ponga la prevención de incendios forestales “en primera línea de su agenda” y reactive de inmediato las medidas de protección “completamente paralizadas” en los dos últimos años, desde la llegada del Partido Popular al Ejecutivo.

Fernández ha comparecido este martes en una rueda de prensa para presentar la proposición no de ley que ha registrado en la Cámara con este objetivo, en la que pide a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa la redacción y aprobación, en el plazo de tres meses, de las guías municipales de respuesta obligatorias establecidas en el Plan Especial de Incendios Infocant, así como ejecutar los dos millones de euros consignados en el presupuesto de este año, a instancias del PRC, para ayudar a las entidades locales a prevenir los riesgos de incendio.

Tras la oleada de fuegos vivida en España este verano, ha advertido que la época de máximo riesgo para Cantabria coincide con los meses de otoño e invierno, por lo que la iniciativa de los regionalistas, que ha definido como “una propuesta en positivo”, pretende que el Gobierno “haga los deberes” a tiempo y recupere medidas preventivas que puso en marcha este partido durante su mandato.

En este sentido, ha recordado la elaboración en 2021 del inventario de riesgos de la Comunidad Autónoma, donde quedaron definidos los diferentes peligros no sólo en materia de incendios, sino también de inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, accidentes con sustancias químicas y del transporte aéreo. “Nosotros siempre priorizamos la prevención y la planificación”, ha recalcado.

Guías “suspendidas” y ayudas “paralizadas”

Fernández ha reprochado al Gobierno presidido por María José Sáenz de Buruaga que las guías sobre incendios elaboradas la pasada legislatura en municipios como Arredondo, Rionansa y Vega de Liébana, y las de inundaciones de Reinosa, Cabezón de la Sal, Torrelavega o Los Corrales de Buelna, estén hoy “completamente suspendidas”, a pesar de que el Infocant obliga a disponer de ellas en los ayuntamientos con riesgo forestal.

Asimismo, ha lamentado la “paralización” de las ayudas específicas destinadas a entidades locales y juntas vecinales para actuaciones de prevención -como limpiezas o cortafuegos-, cuya convocatoria “fue suspendida en 2024 poco después de publicarse, sin que desde entonces se haya vuelto a saber nada más de ella , por lo que ha urgido su recuperación inmediata.

“Estamos viendo a un Gobierno que no gestiona, que es muy lento en las tramitaciones ordinarias y que tampoco cumple sus compromisos”, ha criticado Fernández, que ha opinado que “no se puede suspender lo que ya estaba en marcha”. “El trabajo de prevención era muy importante, en coordinación con los ayuntamientos, tanto en incendios forestales como en inundaciones, y eso es lo que queremos”, ha enfatizado.

La portavoz regionalista ha destacado además que Cantabria se enfrenta a riesgos crecientes asociados al cambio climático, que amplían la posibilidad de incendios fuera de la época habitual de otoño e invierno, por lo que ha defendido la necesidad de “fortalecer la prevención con planificación, educación en protección civil y simulacros”.

“Para que las cosas se hagan mejor, tenemos que reforzar las medidas de prevención. Se aprobaron, se presupuestaron y se estaban aplicando, y no podemos permitir que hayan quedado en suspenso”, ha concluido.

Ante estas peticiones que el PRC va a reclamar en su proposición no de ley , el PP ha respondido que el Gobierno de Cantabria ha hecho un nuevo mapa de riesgos en el que trabaja en colaboración con los ayuntamientos interesados, 13 en total.

“Creo que este verano se le ha colado y no lo ha estudiado la diputada regionalista”, ha reprobado el coordinador general del PP y portavoz parlamentario, Juan José Alonso, al ser preguntado por los medios en otra rueda de prensa posterior que también ha ofrecido esta mañana con motivo del inicio del curso político.

Además, el 'popular' ha criticado la “frivolidad” con la que trata los asuntos el “nuevo” Partido Regionalista con Fernández como candidata electoral. “Lo que me sorprende es que no haya incluido en la iniciativa que pidamos que llueva, porque es sorprendente la frivolidad con la que lanzan las iniciativas”, ha sentenciado.

El PSOE de Castilla y León presentará una iniciativa en materia de prevención y extinción de incendios para su debate en ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León. La propuesta busca que las corporaciones locales impulsen un cambio de rumbo en estas políticas ante lo que los socialistas han calificado de “gestión negligente, improvisada e imperdonable” de la Junta de Castilla y León.

El secretario de Política Municipal, Francisco Díaz, ha acusado al Ejecutivo autonómico de legislar desde los despachos de Valladolid sin escuchar a los ayuntamientos ni contar con ellos en la toma de decisiones. “Son los alcaldes y concejales quienes conocen el territorio, las necesidades reales de cada municipio y comarca. Sin embargo, una vez más han sido los grandes olvidados”, ha lamentado.

Díaz denunció que la improvisación ha sido la norma en la respuesta del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco frente a los incendios forestales. Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo del PP está en “un KO técnico, finiquitado y sin ideas” frente a las propuestas del PSE. El socialista ha instado a la Junta a mejorar la prevención de incendios más allá del verano e ir más allá, “durante todo el año, porque los incendios se previenen y se apagan en los meses que no son estivales”.

Falta de bomberos profesionales

La moción que el PSOE impulsa en el ámbito local también pretende exigir responsabilidades por lo que Díaz ha definido como “negligente gestión” de la Junta y de varias diputaciones provinciales gobernadas por el Partido Popular. Como ejemplo, mencionó el incendio de Cepeda de la Sierra, en Salamanca, que arrasó más de 10.000 hectáreas —el peor de la provincia— y que, según denunció, no pudo ser atendido con rapidez porque en el Parque Comarcal de Vitigudino “no había bomberos ese día”.

“Es inconcebible que, en pleno mes de agosto, con ola de calor y alerta roja de incendios, un parque supuestamente profesional no tuviera personal porque estaban de vacaciones. Eso es vergonzoso e inaceptable”, ha apostillado Díaz, quien responsabilizó directamente al presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y a la mayoría absoluta del PP.

El socialista ha extendido sus críticas a otras provincias, como Zamora, donde ha reprochado al presidente de la Diputación que culpara a los ayuntamientos en lugar de asumir responsabilidades, o en Ávila, donde ha asegurado que llevan décadas de retraso en realizar los parques comarcales prometidos. “Esta falta de medios y profesionalización cuesta vidas, arruina explotaciones agrícolas y ganaderas y pone en riesgo el futuro del medio rural”, ha advertido.

Vázquez: “Mañueco es culpable de la mayor tragedia ambiental en décadas”

El portavoz de Medio Ambiente en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, ha señalado que el presidente Mañueco es “responsable, negligente y culpable de la mayor tragedia que ha padecido Castilla y León en décadas”. Asimismo, ha Recordado que los incendios de este verano suponen una continuidad de lo ocurrido en 2022 en la Sierra de la Culebra y en otras provincias.

Vázquez ha defendido que el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ya está actuando “como si fuera presidente” frente a un Ejecutivo autonómico que a su juicio está “agotado y sin rumbo”. Según ha explicado, la iniciativa socialista pretende implicar a los 2.248 ayuntamientos de la comunidad para mantener la atención en la emergencia climática y en la necesidad de políticas eficaces.

Entre las propuestas concretas figuran la creación de un pacto autonómico económico y social contra los incendios, el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de prevención —que la Junta lleva décadas sin aplicar, según ha afirmado—, un plan de ayudas ágil y suficiente para los damnificados, y la puesta en marcha de brigadas autonómicas de élite, similares a las BRIF estatales, desplegadas en todas las provincias.

Vázquez ha reprochado también que Castilla y León es la única comunidad de España que no reconoce a los bomberos forestales como tales, pese a ser el territorio con mayor superficie forestal. “Es impresentable, negligente e imperdonable. No podemos permitirnos ni un verano más así”, sentenció.

Reconocimiento a las víctimas y exigencia de ayudas

Los socialistas han defendido la necesidad de reconocer a los profesionales que han perdido la vida en el operativo, como a los dos voluntarios muertos, así como a los alcaldes y concejales que arriesgaron su seguridad. “Su sacrificio no puede quedar en el olvido ni en la propaganda de un gobierno autonómico que ha despreciado sistemáticamente la prevención y la planificación”, ha recalcado Vázquez.

Asimismo, han insistido en que las ayudas deben llegar “sin propaganda, con rapidez y suficiencia”. Criticaron los retrasos en la gestión de las compensaciones tras el incendio de la Sierra de la Culebra en 2022 y alertaron de que la Junta vuelve a repetir los mismos errores. “Exigimos un procedimiento claro y eficaz. No valen anuncios de 40 millones que nunca se concretan. Los daños son reales y deben pagarse en su totalidad”, defendió Vázquez.

“La única alternativa es un cambio de gobierno”

Ya en clave electoral, Díaz ha indicado que “Castilla y León no puede volver a permitirse un verano así. Lo que ha ocurrido no puede salirle gratis al señor Mañueco”. Tanto él como Vázquez han coincido en que la única garantía de un cambio real en la política forestal es un relevo en la presidencia de la Junta. “La alternativa existe y se llama Carlos Martínez”, ha agregado Díaz.

El Gobierno de La Rioja recomienda maximizar las medidas preventivas en nuestra Comunidad durante los próximos días, en especial mañana, sábado, ante la situación de riesgo de incendios forestales en nuestra Comunidad. Entre otras, está prohibido el uso de asadores, la quema de restos vegetales y los fuegos artificiales y material pirotécnico en terrenos no urbanos.

A lo largo de la jornada mañana, sábado, 6 de septiembre, la previsión es que muestra Comunidad alcance niveles de “riesgo extremo” de incendio, según los indicadores contemplados en el Índice de Potencial de Gran Incendio Forestal (IPOGIF), específico para La Rioja y que analiza distintas zonas de la región. Los resultados pueden consultarse en: https://bi.larioja.org/pentaho/riesgo_incendios/zonas_peligro/

En este sentido, se aconseja limitar en la medida de lo posible todas las actividades que entrañen riesgo de ignición, especialmente en zonas de peligro de que un eventual incendio pueda alcanzar terreno forestal. 

En concreto, se recuerda que quedarán prohibidas en zonas de peligro:

- Con previsiones de “riesgo extremo” o superior, el uso de asadores de cualquier tipo, el uso de material pirotécnico desde terreno urbano que pueda alcanzar terreno no urbano, y la circulación de vehículos a motor en terrenos forestales, salvo determinadas pistas y causas concretas. También los trabajos de mantenimiento de infraestructuras que impliquen desbroce o que utilicen herramientas tipo radial o de soldadura.

-De la misma manera, en situaciones de “riesgo extremo” o superior, se prohíben los desbroces forestales y se deberán extremar la precauciones en caso de otros trabajos agrarios, especialmente en tareas relacionadas con la cosecha, en las que sólo se permitirá el uso de cosechadoras y empacadoras con un índice IPOGIF extremo o superior cuando las personas que vayan a realizarlas hayan facilitado un teléfono de contacto y acepten estar incluidas en la red de mensajes telefónicos de alerta implementada para este fin por la Consejería de Agricultura Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, denominada como ‘Red agroforestal de mensajes telefónicos de alerta’. A través de este canal se les avisará en tiempo real de la prohibición de realizar dichas labores en el momento en el que se alcancen en su zona de trabajo los 37ºC o velocidades medias de viento de 20 Km/hora (5,5 m/s) marcados por la estación SIAR (Sistema de Información Agroclimática para el Regadío) más cercana a su localización.

Con la ola de calor más larga desde que hay registros, según Aemet, los fuegos se han cebado en una parte importante del Estado español en un año que se ubica en el más catastrófico en cuatro décadas, según el sistema de vigilancia europeo Copernicus. La catástrofe debería servir al menos para extraer lecciones, aunque habrá que verlo.  

Más de 400.000 hectáreas quemadas, ocho personas muertas cuando luchaban contra los incendios y muy dañada la economía de muchos pueblos, convierte a 2025 en la peor temporada de incendios forestales de España en más de 30 años. 

El cambio climático sí eleva el riesgo de que se produzcan y, no solo eso, sino de que sean más intensos y afecten a una mayor superficie, y también los hace más difíciles, o incluso imposibles de controlar. De hecho, estos días se ha hablado de los incendios de sexta generación, fuegos que, por su tamaño y virulencia, son prácticamente imposibles de apagar.

Durante este verano se ha comentado mucho de la necesidad de prevención. La organización Greenpeace estima que con una inversión de 1.000 millones en auténtica prevención de incendios “se podría ahorrar hasta 99.000 millones en extinción”. Y utiliza para este cálculo las cifras de la Agenda Forestal Navarra que achaca un gasto de 10.000 euros por hectárea para apagar fuegos si intervienen medios aéreos, además del cálculo del Colegio de Ingenieros Forestales, que afirma que “cada euro preventivo reduce en 100 euros la factura de la extinción”.

A pesar de que ya se sabe que muchos siniestros serán inextinguibles por el cambio climático, los presupuestos siguen primando la extinción sobre las medidas preventivas

En esta ola de incendios tan devastadora, hay que destacar la nefasta política de los gobiernos autonómicos gobernados por el PP, que ha abrazado el negacionismo climático de VOX, donde hemos oído declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, como que “veía absurdo y un despilfarro mantener el operativo de incendios todo el año”, o, “que los ecologistas provocan los incendios”. Y, también las declaraciones de otros dirigentes del PP con la retahíla continua de que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha puesto todos los medios y capacidades disponibles del estado, tratando de evadir sus responsabilidades, cuando las competencias en materia de prevención y extinción de incendios, y en general en emergencias y protección civil, son autonómicas, según la legislación vigente.  

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó el pasado 25 de agosto, su propio plan de incendios, el llamado ‘Plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal’, con una iniciativa muy sorprendente, como la creación de un “Registro Nacional de Pirómanos” para identificar a los condenados por incendios, e imponer pulseras telemáticas, que es un intento más de más de “eludir el bulto” en la gestión de los incendios, cuando solo el 7% de los incendios intencionados tiene esa causa. La Fiscalía General del Estado señala que existen distintos tipos de delito relacionados con los incendios provocados por lo que, no corresponde centrar la atención de la lucha contra los incendios en la figura del pirómano. 

En el plan propuesto por el presidente del PP, tampoco hay ninguna mención a la necesidad de mitigar las causas del cambio climático, que incrementa el riesgo de incendio y multiplica su potencial, lo cual prueba su negacionismo climático. 

El Gobierno central, en el primer Consejo de Ministros y tras aprobar la declaración de zonas de emergencia los territorios afectados por los incendios, ponía en marcha las primeras iniciativas del pacto de Estado frente a la emergencia climática presentado por el presidente Pedro Sánchez. Un pacto que apela a la colaboración de todos y que, según sus propias palabras, debe quedar “fuera de la lucha partidista”. Un consenso que, en mitad de la bronca política que se vive parece totalmente imposible de alcanzar. Pero, además, como ha señalado Rebelión Científica su enfoque actual no está a la altura de las recomendaciones de la ciencia, ni de la tragedia de la DANA en Valencia con 232 muertos, ni de las cerca de 400.000 hectáreas quemadas que han dejado al Estado español herido como nunca. La ciencia prevé un escenario de aumento de 4 °C (o más) en Europa del Sur para 2100 y, como señaló el secretario general de la ONU, António Guterres, tras décadas de inacción, “hemos abierto las puertas del infierno climático”.

También se ha prodigado mucho este verano al calor de los incendios tan devastadores la expresión “limpiar el monte”. El catedrático de Botánica en la Universidad de Vigo, Luis Navarro, viene a decir en un interesante artículo publicado en su blog titulado “Limpiar el bosque… ¿hasta que no quede bosque?” que “es triste ver que, tras más de medio siglo de acumular conocimiento sólido sobre ecología del fuego, aún llamemos ”maleza“ a la vida del bosque. Triste es escuchar, una y otra vez, que ”los incendios se apagan en invierno“ con ”limpiezas“ que dejan el monte peinado como un green: homogéneo, brillante y, sobre todo, desprovisto de lo que no encaja en la postal. El mensaje cala porque es simple; pero el problema es mucho más complejo”.

Y, se pregunta, ¿significa eso que no debamos gestionar? Al contrario: gestionemos, sí, pero sin arrasar, sin repetir los errores que nos trajeron hasta aquí. La prioridad, pensando en las próximas décadas y sobre todo en las siguientes generaciones, es cortar la cadena humana de igniciones en su origen: educación, vigilancia inteligente y sanciones efectivas para quienes prenden fuego a nuestro mayor tesoro. Solo después, hablemos de gestión ecológica -no de “limpieza”- y discutamos, con datos fehacientes, sobre la necesidad o no de crear mosaicos que rompan la continuidad del combustible, recuperar usos del territorio (el tan manido pastoreo dirigido y silvicultura bien planificada) y de aplicar, donde proceda y con criterios científicos, quemas prescritas y clareos selectivos.