El casco de oro de Coțofenești ha vuelto a aparecer tras más de un año desaparecido y el hallazgo ya está en manos de la policía neerlandesa, que lo recibió tras una negociación con los sospechosos antes del juicio previsto para abril. La pieza, datada en torno al siglo V a.C., había sido robada en enero de 2025 del Museo Drents de Assen junto a tres brazaletes también de oro.

Un grupo armado entró de madrugada con explosivos en Assen

El robo ocurrió de madrugada, cuando un grupo armado usó explosivos para entrar en el museo y acceder a la vitrina donde se exponían las piezas cedidas por el Museo Nacional de Historia de Rumanía. La investigación avanzó con rapidez y llevó a la detención de varios implicados pocos días después, aunque en ese momento no apareció el botín.

Los investigadores llegaron a temer que el oro hubiera sido fundido, una posibilidad real en este tipo de delitos, y esa idea marcó las primeras semanas del caso.

La recuperación llegó tras meses de silencio por parte de los detenidos, que decidieron facilitar información a cambio de una rebaja en sus posibles condenas. La fiscal neerlandesa Corien Fahner explicó ante los medios que “estamos increíblemente satisfechos” y añadió que “ha sido una montaña rusa, especialmente para Rumanía, pero también para los empleados del museo”. Las piezas se entregaron bajo supervisión policial y pasaron a exhibirse de nuevo en Assen dentro de una vitrina protegida.

El casco presenta golpes leves y puede restaurarse

El casco presenta daños leves, con una abolladura y restos de una reparación antigua que se han desprendido, aunque puede restaurarse sin dificultad, tal y como ha comentado Robert van Langh, el director del museo.

Los dos brazaletes recuperados se conservan en buen estado, mientras que el tercero sigue sin localizarse y se desconoce en qué condiciones puede estar.

El robo provocó tensiones políticas y un pago millonario

El impacto del robo se sintió con fuerza en Rumanía, donde el casco se considera un símbolo nacional. La fiscal Daniela Buruiană afirmó ante la prensa que “es un resultado largamente esperado” y añadió que “estamos felices de poder presenciar la recuperación de los artefactos rumanos”.

En paralelo, el fiscal Rareș-Petru Stan destacó el trabajo conjunto con las autoridades neerlandesas y señaló que “seguimos investigando para encontrar el último brazalete”.

El caso generó tensión entre ambos países, con reclamaciones políticas y una compensación de 5,7 millones de euros que el gobierno neerlandés abonó como seguro. Las autoridades rumanas evitaron aclarar el destino final de ese dinero tras la recuperación de las piezas. Además, el entonces responsable del museo nacional en Bucarest perdió su cargo pocos días después del robo, en medio de críticas por haber autorizado el préstamo.

Un hallazgo casual en 1929 dio origen a su historia

El casco tiene una historia singular que se remonta a su hallazgo en 1929, cuando un niño lo encontró en el pueblo de Poiana Coțofenești y lo usó como objeto bebedero para animales hasta que un comerciante lo adquirió y lo donó al museo.

Investigaciones posteriores situaron la pieza en un asentamiento geto-dacio y descartaron que formara parte de una tumba o de un tesoro enterrado. Su peso cercano a un kilo y su decoración con figuras simbólicas apuntan a un propietario de alto rango dentro de esa sociedad.

El periodo dacio, que se extendió hasta la conquista romana en el año 106 d.C., dejó un rastro claro en los Cárpatos y en las llanuras cercanas. Las comunidades vivían en asentamientos fortificados y trabajaban el metal con gran habilidad, como demuestra este casco. Las escenas grabadas en la pieza incluyen motivos rituales y animales, y conectan con tradiciones que comparten distintas zonas de Europa y Asia Menor.

Ahora el casco espera su regreso definitivo a Rumanía, mientras el proceso judicial sigue su curso y la búsqueda del tercer brazalete continúa abierta.

La Guardia Civil ha detenido a una vecina Villafranca de los Barros como presunta autora de la sustracción de joyas en el interior de una vivienda de este municipio pacense valoradas en más de veinte mil euros.

Los hechos ocurrieron el pasado marzo cuando una vecina de la localidad denunció la sustracción de las joyas de oro, anillos, pulseras, sellos, colgantes y cadenas que tenía en el interior de en su domicilio sin haberse forzado ninguno de los accesos al mismo.

Con la inspección pericial, se pudo comprobar que para adentrarse en el inmueble supuestamente se utilizaron llaves de la propia vivienda, ha informado este miércoles el instituto armado en una nota.

En el transcurso de la investigación, al tratarse de material susceptible para su comercialización en establecimientos de compraventa de oro, se inspeccionaron los comercios más próximos, pudiendo localizar en Mérida y Almendralejo la totalidad de las alhajas sustraídas, que entregó para su venta una villafranquesa.

La mujer fue detenida este pasado lunes y supuestamente habría sustraído las llaves de la vivienda a un familiar de la víctima.

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un varón de 41 años y a una mujer de 36 como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda. Ambos cuentan con un amplio historial delictivo. Además, contra la mujer también se ha tramitado una denuncia por infracción administrativa a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, por falta de respeto y consideración a los agentes.

La actuación se inició en la localidad de Villamediana de Iregua, cuando agentes de la USECIC que realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana detectaron a dos individuos conocidos por su implicación en hechos delictivos. Ambos al percatarse de la presencia policial mostraron un evidente estado de nerviosismo y actitud esquiva mientras portaban una bolsa en la mano que querían ocultar.

Tras ser interceptados e identificados, los agentes procedieron a la inspección de la bolsa, en la que localizaron diversas piezas de joyería y bisutería. Los implicados no pudieron acreditar su lícita procedencia, incurriendo en continuas contradicciones sobre su origen, lo que incrementó las sospechas de que los objetos pudieran haber sido sustraídos recientemente.

Ante estos indicios, y tras detectar el vehículo de uno de los implicados en las inmediaciones, los agentes realizaron una inspección del mismo, localizando en su interior un pasamontañas y el bombín de una cerradura, elementos compatibles con la comisión de robos con fuerza en viviendas. Por todo ello, las actuaciones fueron puestas a disposición de agentes de Seguridad Ciudadana del Puesto de Villamediana de Iregua para el total esclarecimiento de los hechos.

La investigación abierta permitió determinar que ambos individuos habían accedido a una vivienda ubicada en la localidad de Alberite tras forzar sus elementos de seguridad, actuando de forma planificada y aprovechando la ausencia de sus moradores. En el interior sustrajeron diversas piezas de joyería y bisutería, que han sido recuperadas en su mayor parte.

Finalmente, los dos implicados fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La Fiscalía de Badajoz pide 51 años de prisión para tres varones acusados de amenazar, golpear y retener en octubre de 2021 a los miembros de una familia en su vivienda La Alconera (Badajoz) con la intención de robarles, hechos que juzgará la Audiencia pacense el próximo 20 de mayo.

El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, acusa a los tres hombres de los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, lesiones agravadas, amenazas graves y leve de maltrato de obra.

Según el escrito de la acusación particular, que pide por su parte 47 años de prisión para los tres procesados, estos, de forma consensuada con más personas no identificadas, acudieron al domicilio ubicado en una finca de La Alconera ataviados con trajes “para dar una apariencia de dispositivo policial”.

Una vez en la finca los varones gritaron “policía, policía” a la vez que abrían a la fuerza la entrada principal del inmueble, donde sorprendieron al propietario de la casa junto al hijo menor de éste, a los que tiraron al suelo y maniataron, para realizar la misma maniobra de retención en relación a la mujer propietaria y al hijo mayor.

Los procesados golpearon en diversas ocasiones a los propietarios, y los amenazaron con machetes y armas de fuego, mientras que les requerían para que les aportaran información sobre el lugar donde presuntamente guardaban droga, 200.000 euros y oro. Revisaron las estancias de la vivienda y rompieron distintos objetos con la intención de encontrar lo pretendido.

Después de haber registrado la vivienda, dos de los investigados, en compañía de un tercero no identificado, se llevaron a la mujer, la introdujeron en el maletero de un coche y se dirigieron con el vehículo hacia un segundo inmueble de propiedad de ésta en Zafra, vivienda que registraron para después regresar a la finca.

Los procesados volvieron a golpear al propietario en ese momento para preguntarle por los objetos mencionados, pero al no conseguir su propósito se marcharon, no sin antes amenazarlos con regresar y matarlos si hablaban con la Guardia Civil.

La investigación realizada por el instituto armado por este episodio derivó en el registro de distintos inmuebles en Castilla-La Mancha en noviembre de 2023, donde se encontraron bridas, entre otros objetos, utilizados durante estos hechos, los cuales iban a ser juzgados a principios de este mes en la Audiencia de Badajoz, pero la vista se ha pospuesto al próximo 20 de mayo. 

Tres cuadros de los artistas impresionistas Matisse, Cèzanne y Renoir fueron robados de la colección de la Fundación Magnani Rocca, una de las más importantes de Italia, en la localidad de Mamiano di Traversetolo, en la provincia de Parma (norte).

La banda que realizó el robo, que se produjo durante la noche del 22 al 23 de marzo, pero sólo este domingo fue publicada la noticia, se llevó las obras “Los peces” de Renoir, “Odalisca en una terraza” de Matisse y “Naturaleza muerta y con cerezas” de Cézanne.

Los Carabineros de Parma están investigando el caso, junto con la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural, y por el momento se han obtenido grabaciones de las cámaras de videovigilancia que han podido detectar a varias personas encapuchadas.

Según las primeras reconstrucciones, los ladrones lograron entrar en la villa, que fuera residencia del renombrado coleccionista, burlando los sistemas de vigilancia y robando las pinturas de la habitación donde se encontraban.

Aún se están investigando los detalles del robo, pero la precisión de la acción sugiere un plan meticulosamente elaborado, explican los medios italianos.

El cuadro de Renoir es un óleo sobre lienzo, valorado en varios millones , y es una de las pocas obras del artista que forman parte de una colección permanente en Italia.

La Fundación Magnani-Rocca es una de las instituciones artísticas más importantes de Europa y cuenta con obras de Monet, Renoir, Cézanne, Goya, Tiziano, Durero, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio, Burri, De Pisis, Tiepolo, Canova, entre otros.

La fundación gestiona la colección de Luigi Magnani (1906-1984) que fue un crítico musical y escritor italiano que entabló amistad con el célebre pintor boloñés Giorgio Morandi, de quien adquirió o recibió como regalo numerosas obras.

Aún hoy, la villa de Mamiano alberga la colección de arte que creó y amplió continuamente hasta su muerte, y para la cual impulsó la creación de la Fundación Magnani-Rocca.

Un animal doméstico puede desaparecer sin dejar rastro en cuestión de horas y sin que nadie vea cómo ha pasado. En China, esa incertidumbre se repite en casos donde perros desaparecen y sus dueños no vuelven a saber de ellos, en un contexto donde existe consumo de carne de perro aunque no siempre se mencione de forma abierta. Esa relación no siempre queda probada en cada caso concreto, pero sí aparece de forma recurrente en denuncias locales.

En algunos barrios, los robos se producen en la calle o dentro de viviendas sin vigilancia. A partir de ese momento, el animal entra en un circuito difícil de seguir. Esa situación deja a los propietarios sin pistas claras sobre el destino de sus mascotas.

Siete animales recorrieron más de 17 kilómetros hasta regresar a casa

Ese patrón ayuda a entender un episodio que acabó de forma distinta a lo habitual. Siete perros que habían sido robados lograron salir de un transporte ilegal y caminar más de 17 km durante dos días hasta volver a sus casas, según South China Morning Post. Todo ocurrió en la provincia de Jilin y el regreso se completó entre el 16 y el 18 de marzo. Los animales llegaron con vida y solo presentaban lesiones leves tras ser revisados.

La localización no fue inmediata, sino que se construyó poco a poco a partir de vídeos y avisos compartidos en redes sociales. Varias personas reconocieron a los perros y siguieron su recorrido hasta que voluntarios y vecinos pudieron intervenir.

La organización Bitter Coffee Stray Dog Base explicó a South China Morning Post que todos procedían del mismo pueblo y ya se conocían, algo que explica que no se separaran durante el trayecto. Ese lazo previo hizo posible que avanzaran como grupo hasta el final. El 19 de marzo, cada uno volvió con su propietario.

Las pistas señalaron un traslado con destino a mercados de carne

Antes de ese regreso, las pistas apuntaban a un robo organizado con destino a la venta de carne. Los animales habrían sido recogidos y trasladados en un camión junto a otros ejemplares. No hay testigos que vieran el momento exacto de la huida, pero la secuencia de vídeos permite situarla durante el transporte. Este tipo de capturas suele incluir perros domésticos, animales abandonados o cría destinada a ese fin. El destino habitual son mercados donde se venden vivos.

Un testigo que se identificó como Lu contó a Dahe Daily que observó al grupo avanzar unido y dijo que “se parecen a una banda de hermanos pequeños en apuros, moviéndose al unísono”. Intentó guiarlos hacia un lugar seguro en varias ocasiones, pero no logró cambiar su dirección. También explicó que los perros ignoraron su ayuda y continuaron avanzando. En el grupo había un pastor alemán herido, junto a un corgi, varios golden retriever, labradores y un pequinés.

Las grabaciones que circularon en internet muestran a los siete animales desplazándose por el arcén de una autopista mientras los coches pasaban a gran velocidad. En las imágenes se les ve juntos, atentos al entorno y sin dispersarse. En otros momentos aparecen atravesando campos cercanos, lo que indica que no siguieron un único tipo de terreno.

Los vídeos se difundieron en plataformas como Douyin y también en YouTube, lo que facilitó que distintas personas reconocieran a los perros y aportaran datos sobre su recorrido.

El consumo de carne de perro persiste y convive con cambios legales

Este caso se enmarca en una realidad más amplia en la que el consumo de carne de perro sigue presente en algunas zonas de Asia. Se estima que unos 30 millones de perros son sacrificados cada año, aunque no existe un registro exacto. En países como Vietnam, China o Corea del Sur, donde se ha fijado 2027 para prohibir la cría y venta, esta práctica se asocia a tradiciones o a creencias sobre la salud. En algunos lugares se atribuyen efectos sobre la virilidad o el sistema digestivo.

En China, el marco legal ha empezado a cambiar, aunque no existe una prohibición nacional completa. Desde 2020 los perros dejaron de figurar como ganado en el catálogo oficial y pasaron a ser considerados animales de compañía, lo que dificulta su uso comercial como carne. Esa modificación complica la actividad de mataderos, restaurantes y mercados.

Aun así, el consumo por parte de particulares no está tipificado como delito en todo el país. Algunas ciudades han dado pasos más firmes, como Shenzhen, que prohibió la producción, venta y consumo mediante una ordenanza en vigor desde mayo de 2020. Otras ciudades han seguido esa línea y apuntan hacia posibles cambios más amplios.

A todo eso se suma un problema sanitario que no siempre se tiene en cuenta. La carne puede contener parásitos como Toxoplasma gondii o Trichinella, además de bacterias derivadas de las condiciones de cría y transporte. Eso aumenta el riesgo de infecciones y enfermedades transmisibles a humanos. La falta de controles y de higiene agrava esa situación. En muchos mercados, los animales se mantienen vivos hasta el momento de la venta.

El recorrido de estos siete perros terminó de forma distinta a la mayoría de casos similares. Lograron escapar, mantenerse juntos durante dos días y encontrar el camino de vuelta sin ayuda en el momento de la fuga. Por suerte, sus dueños los recuperaron antes de que entraran en el circuito de venta. Ese desenlace no cambia el contexto general, pero muestra hasta qué punto los animales pueden orientarse y avanzar en grupo cuando la situación lo exige.

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de cuatro personas, por su presunta participación en la sustracción de forma continuada de joyas en una joyería de Logroño, y su posterior venta a otros establecimientos para obtener dinero efectivo a cambio de las joyas sustraídas.

Los autores actuaban aprovechándose de la confianza que tenían con la propietaria de la joyería. Por un lado, una amiga íntima tenía permiso para acceder libremente a las zonas privadas del local, lo que le facilitaba apoderarse de las joyas. Y por otro lado, un empleado del taller de la joyería realizaba funciones que le permitían manejar joyas y metales preciosos. Ambos presuntamente se apropiaron de joyas durante meses.

Tras la sustracción de las joyas o el oro, la hermana de la amiga, presuntamente a cambio de un beneficio económico, acompañaba a esta a los establecimientos donde ambas por separado y en nombre propio vendían lo sustraído. De igual forma y por otro lado, actuaba la mujer del empleado del taller, que le acompañaba también a su marido para vender las joyas de las que se había apropiado vendiéndolas también por separado y en nombre propio.

El pasado día 22 de enero de este año, se personó en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, una mujer para confesar ser la autora del hurto de joyas en una joyería de una amiga. Se atribuía la sustracción de una pulsera valorada en 5.000 euros que había devuelto unos días después. Cuando la propietaria se dio cuenta de que le faltaba, la volvió a colocar en la joyería para que la encontrara. Pero a pasar de ello la propietaria, se dio cuenta y además comprobó que le había sustraído más anteriormente por lo que le reclamó que le devolviera todo lo sustraído y si no lo hacía la denunciaría. Y así procedió a devolverle joyas por valor de 11.300 euros. Y por ese motivo se había personado en la Policía Nacional para confesar los hechos.

Tras esta declaración auto inculpatoria, se inicia una exhaustiva investigación por el grupo UDEV de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja para el total esclarecimiento de los hechos, en la que se procedió a recopilar toda la información disponible de fuentes propias y también la facilitada por la propietaria de la joyería, analizando pormenorizadamente la trazabilidad de las joyas, piedras y metales preciosos que formaron parte del inventario del establecimiento.

Dentro de las averiguaciones llevadas a cabo por el grupo de investigación, se han podido recoger indicios de los que se infiere que no solo presuntamente la amiga le habría sustraído joyas, sino que también el empleado del taller de la propia joyería presuntamente le habría sustraído piezas de diferente valor, incluso llegando a trocear alguna joya de oro para su venta por piezas para eludir la trazabilidad de las joyas.

Los hechos investigados, concluyen que tanto la amiga que se auto inculpa en compañía de su propia hermana, y por otro lado el empleado del taller acompañado de su propia mujer, habían vendido las joyas y metales sustraídos en otros establecimientos, con la finalidad de obtener dinero en efectivo. Tanto la amiga como el empleado, como quienes les acompañaba en las ventas, lo hacían vendiendo las joyas por separado para evitar superar la cantidad de 1.000 euros en cada operación y así obtener los pagos en efectivo y no dejar rastro del dinero recibido.

De la propia investigación se desprende que la amiga presuntamente habría usado también los servicios del empleado del taller para trocear joyas sustraídas, además de ayudarle a guardar dinero con el fin de eludir la investigación policial.

El grupo de investigación de la Policía Nacional, aporta indicios de que las sustracciones de las joyas por ambos alcanzan al menos los 75.000 euros aproximadamente, si bien en fases posteriores de la investigación se podría determinar que esta cifra es mayor.

La conclusión de la investigación, ha dado lugar a la entrada y registro en dos domicilios, y una caja de seguridad de una entidad bancaria, en la que se han incautado diversas joyas y metales preciosos por un valor aproximado de unos 300.000 euros en una primera valoración. Resultando por todo ello detenidas las cuatro personas por la sustracción de las joyas y su posterior venta en otros establecimientos.

La Guardia Civil ha detenido a dieciocho personas y está  investigando a otras once más como autores de un delito de pertenencia a grupo criminal por la comisión de varios hurtos de aceituna en explotaciones agrícolas en la comarca del Campo de Montiel, siendo detenida también una persona propietaria de una empresa dedicada a comprar aceituna sustraída en la localidad de Malagón, todo en la provincia de Ciudad Real.

Según un comunicado enviado por la Comandancia de Ciudad Real, durante el mes de noviembre del pasado año 2025 se puso en marcha la orden de servicio que regula las actuaciones de la Guardia Civil en el olivar ciudadrealeño, sobre la protección de la sustracción de aceituna y aceite, acentuando sus esfuerzos en la investigación de todo tipo de hechos delictivos en explotaciones agrarias.

De esta forma ante una serie de denuncias de hurto de aceituna en diferentes explotaciones agrícolas de la provincia se inició por parte de los agentes de Valdepeñas esta investigación, para lo que se recabaron todo tipo de datos y se realizaron diferentes gestiones tendentes al esclarecimiento de estos hechos, lo que puso de manifiesto que todos tenían en común su 'modus operandi'.

Una vez identificados los presuntos autores, se pudo verificar que se trataba de un grupo criminal muy numeroso, tanto hombres como mujeres, todos ellos con gran cantidad de antecedentes policiales por hechos delictivos similares, relacionados con la sustracción de aceituna.

Además, gracias a la colaboración ciudadana, los agricultores de la zona que manifestaron como testigos, así como al apoyo de las Policías Locales de las localidades de Villanueva de los Infantes, Montiel y Valdepeñas, se consiguieron datos que sirvieron para reducir el cerco de las personas que estaban relacionadas con los hechos.

Una vez identificada la mayoría de los integrantes del grupo criminal, así como el lugar de residencia de los mismos, se continúo con la práctica de gestiones y vigilancias, para recabar así más pruebas incriminatorias, poder detenerlos y ubicar el lugar exacto donde estas personas vendían la mercancía sustraída.

Dichas gestiones arrojaron un resultado positivo gracias a las continuas vigilancias, pudiendo comprobar que las citadas entregas de aceituna eran llevadas a cabo en una empresa o almazara de la localidad de Malagón, dedicada a la compra de aceituna, y ya investigada en otras ocasiones por los mismos hechos.

Las citadas entregas eran siempre realizadas por la tarde-noche en esta empresa de Malagón, que con total conocimiento de la procedencia ilícita de las aceitunas las compraba a un precio muy inferior al del mercado, omitiendo la mayoría de los datos obligatorios en los libros de registro, dificultando con ello cualquier investigación que llevara a la identificación de dichas personas.

Explotación de la operación

Como resultado de todos los operativos, se llegó a intervenirles más de 3.000 kg de aceituna sustraída en diferentes fases, las cuales les fue interceptada algunas veces infraganti en los vehículos en los que circulaban, y otras veces en la misma almazara donde las vendían, paralizando de este modo dichas ventas y los pagos hasta averiguar el lugar de procedencia de las mismas.

Una vez que se obtuvieron todas las pruebas e indicios sobre la autoría de estos hechos delictivos se procedió a la detención de dieciocho personas y once investigados por delitos de hurto e integración en grupo criminal, y una persona más detenida por un delito continuado de receptación en la localidad de Malagón. Se han esclarecido hasta el momento un total de 17 hurtos en explotaciones agrarias.

Las diligencias instruidas, así como los detenidos han sido puestos a disposición del correspondiente Tribunal de Instancia de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)

El magistrado de la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha dictado un auto por el que prohíbe cautelarmente a dos presuntas carteristas entrar en el término municipal de Valencia durante el periodo de Fallas.

El instructor adoptó ayer domingo esta decisión tras recibir durante su guardia a estas dos mujeres en calidad de detenidas por un delito de hurto y de pertenencia a grupo criminal, “a fin de evitar la continuidad delictiva”, pues existen indicios que apuntan a una actuación “coordinada con otros autores que no pudieron ser detenidos”.

La prohibición de acceso a la ciudad de Valencia estará vigente hasta las 20 horas del próximo 20 de marzo y en caso de incumplimiento las investigadas podrían incurrir en un delito de quebrantamiento y “motivarse la agravación de las medidas, incluida, en su caso, la prisión provisional”, señala la resolución judicial.

Las dos mujeres fueron arrestadas por robar presuntamente al descuido la cartera que una turista llevaba en su bolso. “Véase cómo en grupo, mientras nos distraían a la víctima, nacional italiana de turismo en las fallas, otros vigilaban y otros se dedicaban a hurtar la cartera de dentro del bolso”, recoge el auto a partir del atestado policial.

A juicio del magistrado, esa forma de actuar “revela una casi profesionalidad típica de los grupos organizados que se dedican a tales menesteres delictivos, y que eligen grandes ciudades como Valencia, y más particularmente en periodos de gran afluencia como son las Fallas”.

El juez aplica a este caso lo dispuesto en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la prohibición cautelar de residir o acudir a determinados lugares e incluso ciudades o provincias, ya que considera que no es “posible evitar de otro modo” esta forma de actuar y resulta una medida menos gravosa que la prisión provisional.

“Se acuerda la medida por tiempo estrictamente necesario y, ponderando que su libertad deambulatoria debe ceder frente al derecho a la propiedad y a la seguridad ciudadana”, argumenta el responsable de la plaza 13 de Instrucción del Tribunal de Instancia valenciano.

“Es imprescindible a fin de evitar la continuidad delictiva de las detenidas, manifestada tanto en su forma de actuar en grupo coordinado con otros autores que no pudieron ser detenidos, como en los antecedentes penales obrantes”, concluye.

El Ministerio Fiscal solicita un total de 7 años y 3 meses de prisión para un hombre, acusado de aprovecharse de dos mujeres, a una de las cuales tuvo trabajando sin contrato, acosó laboralmente y robó dinero, y a la segunda, también le hurtó dinero y una joya. Está previsto que el juicio se celebre este miércoles, día 11, a partir de las 9,30 horas, en la Audiencia Provincial.

De acuerdo con el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, fue en el año 2024 cuando el acusado L.M.F., dueño de un bar en Logroño, llevó a cabo estos hechos “abusando de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban extranjeros sin permiso de residencia legal y necesitados de encontrar un trabajo para obtener unos ingresos económicos”.

Así, mantuvo durante febrero de 2024 “conversaciones con N.B.H., con autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales sin permiso a trabajar, de nacionalidad marroquí, en situación de vulnerabilidad y con necesidad tanto de obtener unos ingresos económicos como un pre contrato laboral con la finalidad de poder solicitar el permiso de residencia y de trabajo”.

Acordaron que la víctima empezara a trabajar a partir del 1 de marzo de 2024 en el local del acusado “con su compromiso de facilitarle el precontrato que tanto ansiaba N.B.H.”, a quien, además, facilitó una habitación con un coste de 330 euros mensuales.

Sin embargo, una vez que la víctima empezó a trabajar para el acusado, “éste empezó a poner excusas para redactarle el contrato”, “le impuso jornadas de al menos 11 horas diarias y en ocasiones hasta 13 horas” y “no le abonaba cantidad alguna por el trabajo realizado”, pese a haber pactado un salario de 1.330 euros mensuales, de los que se le descontaría el alquiler de la habitación en la que vivía la víctima. Finalmente, “y después de mucho insistirle”, la víctima consiguió que el acusado le firmara su contrato, tras lo cual, “el acusado le dijo que no era necesario que lo llevara a extranjería ya que él no iba a informar favorablemente ni a darle de alta”.

Esta situación laboral se mantuvo “hasta el día 4 de mayo de 2024 donde el acusado le envió un whattssap diciendo a N.B.H., que no volviera a trabajar, sin dar más explicaciones” y pagándole “después de insistirle, por los meses de marzo y abril del 2024, exclusivamente la cantidad de 1.250 euros”.

A ello se suma que en un día sin determinar “entre 6 y el 14 de mayo de 2024”, el acusado “accedió con la llave que tenía al interior de la habitación donde vivía N.B.H., sin el consentimiento de ésta, y, con ánimo de enriquecerse injustamente de los bienes ajenos, cogió un monedero con 100 euros”.

Además, mientras la mujer estuvo trabajando para el acusado “éste, con ánimo de atentar contra la indemnidad sexual, de alterar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana ajena y de menoscabar la libertad y sentimiento de seguridad ajeno, le decía multitud de frases” con referencias a su físico y referencias sexuales, aprovechando incluso “para ”tocar“ o ”rozarse“ con ella en cada oportunidad que tenía”.

Por otro lado, “el acusado firmó un contrato en calidad de cocinera con G.B. el día 17 de abril de 2024, dando de alta a dicha trabajadora el día 22 de dicho mes”, de nuevo ofreciéndole una habitación por importe de 330 euros mensuales, a la que esta segunda mujer accedió tras pagar la mensualidad correspondiente más una más de fianza.

Y de nuevo, el día 13 de mayo de 2024, “el acusado, actuando con ánimo de enriquecerse injustamente de los bienes ajenos y con la llave que tenía en la habitación donde vivía G.B., entró en ella, revolvió todo los elementos propiedad de esta, los dejó en otra habitación cercana, cogió 600 euros y una pulsera de oro y abandonó el lugar”.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, todos estos hechos suponen tres delitos en el caso de la primera víctima: uno, contra los derechos de los trabajadores; otro, de hurto; y un tercero, de acoso laboral, mientras que, en el caso de la segunda mujer, se contempla otro delito de hurto. De todo ellos, es responsable el acusado sin que concurran circunstancias modificativas de su responsabilidad.

Por ello, en el caso de la primera víctima, la acusación considera que procede imponer a L.M.F. una pena de 4 años de prisión por el delito contra los derechos de los trabajadores; por el de hurto, dos meses de multa con una cuota diaria de 8 euros; y, por el acoso, otros dos años de cárcel. A ello se suma, en el caso de la segunda víctima, una pena de 15 meses de prisión. Además, el acusado deberá indemnizar a N.B.H. con la cantidad de 1.100 euros y a G.B. con la cantidad de 600 euros más el valor que se determine por el coste de la pulsera que presuntamente se llevó de forma ilícita.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, en el marco de la operación Taglio, ha detenido a seis personas pertenecientes a un grupo criminal itinerante dedicado al robo en cajeros automáticos utilizando la técnica conocida como “paleta del pizzero”, consistente en la utilización de cargas explosivas para robar los cajeros.

A dos de los detenidos, se les vincula con otros siete robos con fuerza en cajeros automáticos cometidos en las localidades de Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca.

En los registros practicados se ha incautado un arma de fuego, 1.700 euros y 1,9 kilogramos de bellotas de hachís y dos pinzas de excarcelación profesionales.

Tras el robo en una misma noche de dos cajeros automáticos en la provincia de Granada en junio del 2024, los agentes iniciaron la investigación. Uno de los robos se cometió en localidad de Santa Fe y otro en la capital granadina. En los dos robos, los autores introdujeron cargas explosivas en la ranura de dispensación de los billetes para acceder, tras la detonación, a los cajetines interiores del dinero. Solamente en estos dos robos, sustrajeron más de 140.000 euros.

Fruto de las investigaciones realizadas por los agentes, se pudo vincular a dos de los autores de los robos con explosivos con otros robos en cajeros cometidos en diversas provincias.

Los detenidos tenían su residencia en Madrid y Valencia

Los integrantes del grupo criminal tenían fijada su residencia en Madrid y Valencia, desplazándose desde estas ciudades hasta las provincias donde cometían los robos en los cajeros. Para cometer los robos, sustraían previamente vehículos que posteriormente utilizaban para perpetrar los robos, abandonándolos tras la obtención del botín. Actuaban con el rostro cubierto y regresaban inmediatamente a sus lugares de residencia. El carácter itinerante del grupo criminal, el uso de vehículos robados y las medidas de seguridad que adoptaban para dificultar su identificación incrementaron la complejidad de la investigación.

Una vez identificados todos los integrantes de la organización, se procedió de manera simultánea a la detención de tres personas en Madrid y tres en Valencia como presuntos autores de los robos en cajeros.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, en colaboración con la UDEV Central de la Policía Nacional.

En 2009, el FBI llamó a las puertas del Museo Field de Historia Natural de Chicago para pedir la colaboración de sus científicos. La agencia necesitaba que analizaran un trozo de musgo habían encontrado en algunas tumbas del cementerio de Burr Oak en Alsip (Illinois), inmerso en un escándalo sin precedentes. Se había acusado a algunos de sus trabajadores de exhumar tumbas antiguas, arrojar los restos en otros terrenos del cementerio y revender las parcelas.

Y el trabajo del personal del museo terminó siendo determinante para que el tribunal condenase a este grupo de empleados a penas de prisión. Ahora, en un nuevo estudio publicado en la revista Forensic Sciences Research, los investigadores comparten el primer relato científico completo del caso, detallando con precisión cómo el musgo influyó en la prueba de un crimen.

Antigüedad y tipo de musgo

Los hechos se remontan a 2009, cuando se destapó un escándalo en un cementerio a las afueras de Chicago. Los protagonistas eran trabajadores del sitio, que fueron acusados de exhumar tumbas antiguas, arrojar los restos en otros terrenos del cementerio y revender las parcelas. Un caso en el que estuvo implicado el FBI, responsable de recolectar pruebas para demostrar su culpabilidad. 

Fue ahí cuando llamaron a las puertas del Museo Field de Historia Natural. “Un día de 2009, contesté el teléfono y era del FBI, preguntándome si podía ayudarlos a identificar unas plantas”, explica en un comunicado Matt von Konrat, autor principal del artículo y jefe de las colecciones de botánica del Museo Field de Chicago.

La agencia le entregó un trozo de musgo que se había encontrado a veinte centímetros de profundidad, junto con los restos humanos enterrados de nuevo en el cementerio. A partir de este resto, le pidieron averiguar varias cuestiones: qué tipo de musgo era y cuánto tiempo había estado enterrado en el suelo. Y se puso manos a la obra. 

Pusieron la muestra de musgo bajo el microscopio y la compararon con especímenes que guardaban en las colecciones del museo para determinar su tipo. Así, determinaron que el musgo encontrado en el cementerio correspondía a Fissidens taxifolius. Fue el primer hallazgo importante, porque después cotejaron que, en el cementerio, había una enorme colonia de esa especie creciendo en la misma zona donde se sospechaba que se habían extraído los huesos. 

El otro dato clave fue su antigüedad. Eso se pudo averiguar gracias a la actividad metabólica, que “indica cuánto tiempo hace que se recolectó una muestra de musgo”. A su vez, eso puede estimarse en función de su clorofila, sigue Von Konrat. El musgo encontrado tenía solo uno o dos años, lo que dejaba en evidencia uno de los argumentos de la defensa. Un trabajo que terminó siendo fundamental para el juicio. 

Von Konrat lo celebra: “A menudo se pasa por alto a los musgos, y esperamos que nuestra investigación ayude a generar conciencia sobre el hecho de que existen otros grupos de plantas, además de las plantas con flores, y que estos cumplen una función muy importante en la sociedad y a nuestro alrededor”.

La Guardia Civil en La Rioja da por finalizada la operación “Capoeir”, que ha permitido detener a dos jóvenes de 20 y 22 años, como presuntos autores -en distintos grados de participación- de un total de 45 delitos de robo con fuerza y tentativas: 26 en trasteros y 19 en viviendas, perpetrados en las localidades de Haro y Gimileo. Sobre un tercer implicado, un joven de 19 años, natural de Bulgaria y residente en Cantimpalos (Segovia), se ha dictado una orden de búsqueda, localización y detención, al estar igualmente señalado como presunto autor de los referidos hechos.

Estos individuos actuaban siguiendo un modus operandi perfectamente planificado. Antes de cada robo, realizaban un reconocimiento de la zona, estudiaban las vías de escape y seleccionaban cuidadosamente el inmueble que iban a atacar. Operaban de madrugada, aprovechando la ausencia de movimiento y la mayor vulnerabilidad de los edificios, y empleaban fuerza física y herramientas para fracturar puertas de acceso tanto a trasteros como a viviendas.

Una vez en el interior, sustraían objetos de fácil transporte y rápida salida en el mercado ilícito, centrando su acción en herramientas, material electrónico, bicicletas, patinetes, televisores y otros efectos de alto valor y sencilla reventa. El valor de los efectos sustraídos en estas acciones delictivas superó los 20.000 euros, mientras que los daños ocasionados en los inmuebles afectados excedieron los 12.000 euros, lo que da una idea del importante perjuicio económico causado a las víctimas.

La investigación ha permitido constatar que ya habían sido detenidos con anterioridad por otros 19 robos en trasteros en la provincia de Salamanca, cometidos mediante el mismo procedimiento, lo que para la Guardia Civil evidencia la continuidad delictiva y la especialización de los implicados.

Esta operación, llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Apoyo de Haro, se enmarca en el “Plan contra el Robo en Viviendas”, que la Guardia Civil desarrolla en todo el territorio nacional con el objetivo de prevenir y combatir los delitos contra el patrimonio, reforzando la seguridad ciudadana, especialmente en zonas residenciales y rurales.

La investigación se inició meses atrás, tras detectarse un aumento sostenido y significativo de robos con fuerza en trasteros comunitarios y segundas residencias de las localidades riojanas de Haro y Gimileo. Esta sucesión de hechos delictivos generó una creciente preocupación entre los vecinos, motivada por la persistencia de los asaltos y la sensación de inseguridad en las zonas afectadas.

La intensidad de la actividad delictiva quedó patente al comprobarse que los autores habían llegado a actuar hasta en tres ocasiones en un mismo edificio de viviendas y en dos ocasiones en un mismo chalé. En uno de los robos, incluso, fueron sorprendidos por el morador de una vivienda, lo que les obligó a huir del lugar.

Estos hechos motivaron el refuerzo de los servicios preventivos y el despliegue de medios técnicos y operativos, con el objetivo de intensificar la vigilancia, prevenir nuevos asaltos y garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana. El análisis preliminar de cada uno de los robos permitió a los investigadores establecer un perfil nítido de los sospechosos. La repetición sistemática del patrón delictivo -con horarios, un modus operandi constante y una selección de objetivos muy específica- facilitó centrar las actuaciones sobre tres individuos concretos.

Para cometer su actividad delictiva, empleaban herramientas contundentes para fracturar las puertas de entrada tanto de viviendas como de trasteros. En estos últimos, accedían apalancando la parte inferior de las puertas o forzando las cerraduras, llegando incluso a practicar orificios por los que podían introducirse. Mientras tanto, uno de ellos ejercía labores de vigilancia, controlando la presencia de vecinos o patrullas policiales y manteniendo en todo momento un estricto control del entorno para evitar ser sorprendidos.

La operación culminó con la detención de dos de los implicados y la emisión de una orden de búsqueda, localización y detención para el tercero.

Acudió vestido de uniforme a la calle donde un hombre había muerto, robó el móvil y los auriculares al finado y volvió a la comisaría a terminar su turno. Así lo ha sentenciado la Audiencia de Barcelona, que ha condenado a un agente de los Mossos d'Esquadra a 13 meses de prisión por apropiación indebida.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona no expresa dudas. “En el ejercicio de sus funciones policiales”, destaca la resolución, el agente “se adueñó” del móvil y los auriculares inalámbricos de un hombre que había fallecido en una calle de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

El fallo, que es recurrible, también impone al mosso una inhabilitación para ejercer de policía de 13 meses y una indemnización de 850 euros para la viuda del fallecido. Al carecer de antecedentes, el agente no entrará en prisión. Una vez la sentencia sea firme, la Generalitat podrá decidir si sanciona administrativamente al uniformado.

Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2021. Junto a su compañero de patrulla, el agente, destinado entonces en la unidad de investigación de la comisaría de Mataró (Barcelona) en el turno de noche, acudió a Santa Coloma porque un hombre había muerto en plena calle. En el lugar ya estaba un policía local, sanitarios y otras dos dotaciones de la policía catalana, del turno de tarde.

Cuando sus compañeros mossos le entregaron la mochila del finado, en ella había un iPhone, unos auriculares inalámbricos, un anillo y un reloj, además de su documentación personal. Pero al llegar a la comisaría de Mataró, en el acta de custodia de los objetos del fallecido, el teléfono ya no estaba.

La maniobra no tardó en ser detectada: el jefe de la unidad de investigación de la comisaría de Santa Coloma solicitó al agente acusado y a su compañero un informe policial al considerar que la cadena de custodia no estaba bien hecha. El mosso condenado insistió en que no había teléfono ninguno y reseñó unos “auriculares blancos”, en vez de “auriculares inalámbricos”, como constaba en la primera acta.

Los problemas crecieron cuando, cinco días después, la viuda del finado se personó en comisaría para recuperar sus efectos personales. Allí se dieron cuenta de que faltaba su teléfono móvil y sus auriculares. Activaron en ese instante la aplicación que permite localizar el iPhone. Los resultados fueron reveladores.

La aplicación, como el algodón, no engañó: las últimas señales del iPhone del fallecido se localizaron en el repetidor que abarca la comisaría en la que trabajaba el acusado en Mataró a las 00:32 h y a las 03:35 h de la madrugada, esto es, durante su turno.

Los auriculares también dejaron rastro de su uso una vez muerto su dueño y acorralaron más al acusado, pues la última señal se situó a 40 metros del domicilio del mosso.

Para los jueces no hay otra explicación posible que el robo. A esa conclusión llegan tras haber escuchado al agente de la policía local, que fue el primero en acudir al lugar donde había muerto el hombre y vio que llevaba encima su teléfono. Es más, indicó a los mossos que entre las pertenencias del finado “había objetos de valor”.

El tribunal también escuchó al compañero del mosso, que explicó que la cadena de custodia no la redactó hasta llegar a la comisaría de Mataró, pero que quien había colocado la bolsa en el maletero del coche en Santa Coloma fue el acusado. También declararon agentes de Asuntos Internos que señalaron al uniformado como responsable del robo.

En su declaración exculpatoria, a la que el tribunal no da credibilidad, el agente alegó que no tocó la mochila del finado. Sobre por qué la localización del teléfono y los auriculares los situaba cerca de su casa, el mosso dijo desconocerlo. También dijo que no sabía cómo funcionaban unos auriculares inalámbricos como los del muerto.

El mosso, incide la sentencia, “se adueñó, con ánimo de enriquecimiento ilícito” del teléfono antes de que su compañero empezara a redactar el documento de cadena de custodia de los objetos del fallecido, y procedió además a sustituir los auriculares del muerto por otros de color blanco. El color de los auriculares no estaba en el acta de cadena de custodia.

“El acusado cometió el delito prevaliéndose de su carácter de agente de la autoridad y aprovechándose de esta circunstancia para una mayor facilidad al no levantar, en principio, sospechas de su actuación en el ejercicio de sus funciones profesionales para su comisión”, asevera el tribunal.

La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que deberá confirmar si, como ha concluido la Audiencia, el mosso pasó de policía a ladrón.

El Equipo Arroba de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de estafa y apropiación indebida, en una residencia de ancianos de la localidad de Burbáguena.

El presunto autor, trabajador del centro, aprovechando la relación de confianza que había establecido con la víctima y aprovechando su situación de vulnerabilidad, realizó 14 extracciones en diferentes días, utilizando la cartilla de ahorro del perjudicado, llegando a extraer alrededor de 12.600€.

Los agentes de la Guardia Civil iniciaron la investigación a raíz de una denuncia interpuesta por un familiar de la víctima, al observar movimientos bancarios extraños en la cuenta corriente, tales como extracciones de dinero sin autorización.

Por lo anterior, el Equipo Arroba procedió a la detención del presunto autor de los hechos. Tanto las diligencias instruidas como la persona detenida fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calamocha nº1. 

La Guardia Civil ha esclarecido 16 delitos de robo por la sustracción de cable de cobre de la vía férrea que discurre por la provincia de Zaragoza. Estos robos de más de 750 metros de cableado causaron retrasos a 76 trenes, tanto de alta velocidad como de la línea convencional.

Esta investigación ha sido llevada a cabo durante los últimos tres meses por la Guardia Civil en Zaragoza por varios robos de cobre cometidos en esta provincia. Las sustracciones ocurrieron en tramos de cableado de cobre del sistema de señalización ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid Barcelona, además de líneas convencionales Zaragoza-Bilbao, Madrid Barcelona e intermodal de mercancías Zaragoza-La Cartuja, que causaron retrasos e incluso paradas de trenes a consecuencia de los mismos.

Del estudio y análisis de los datos recabados se pudo determinar que todos ellos habrían sido cometidos por la misma persona, aumentando su actividad delictiva desde finales de diciembre del pasado año. Los robos fueron cometidos en zonas próximas a caminos de servicio paralelos a las vías férreas donde, tras la rotura de la valla que protege el trazado, el detenido cortaba los cables de toma de tierra o de los lazos de circuito de la vía, con una herramienta tipo cizalla, causando además numerosos desperfectos en las losetas de hormigón que cubre el cableado. Tras cometer el robo transportaba el material sustraído hasta su vehículo y abandonaba el lugar.

Finalmente se logró determinar la identidad del presunto autor de los hechos, un hombre de 44 años que ha sido localizado y detenido a mediados de este mes. Se le imputan 16 delitos de robo con fuerza, daños y desórdenes públicos.

Estas sustracciones, de más de 750 metros de cableado de cobre, afectaron al normal funcionamiento de los trenes a su paso por la provincia de Zaragoza. Los retrasos en las circulaciones afectaron a un total de 76 trenes (27 de la línea convencional y 49 de alta velocidad) y superaron en algunos casos las cuatro horas.

Además de las afecciones, estos hechos conllevaron un grave riesgo para los usuarios ya que, a consecuencia de la rotura de las vallas, podrían haber accedido animales a la vía férrea provocando arrollamientos y graves daños. A todo ello hay que sumar el valor de los daños ocasionados, los cuales ascienden a más de 38.000 euros.

La Guardia Civil de Talavera de la Reina ha detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en la iglesia de Santa Catalina, en la localidad toledana de Puente del Arzobispo.

El pasado 10 de febrero, el párroco del templo interpuso denuncia en el acuartelamiento de Puente del Arzobispo tras detectar un robo en el interior de la iglesia.

Los autores accedieron al templo durante el horario de mañana, aprovechando la escasa afluencia de fieles. Una vez en el interior, tras observar las joyas que portan las imágenes religiosas, forzaron uno de los lampadarios y, mediante el uso de un imán atado a una cuerda, lograron extraen el dinero depositado en su interior.

Volvieron por segunda vez el día 13 de febrero y fueron reconocidos por el párroco, quién de manera inmediata alertó a la Guardia Civil ante la sospecha de que pudieran intentar cometer un nuevo robo.

Los agentes se desplazaron rápidamente al lugar, procediendo a la identificación e interceptación de ambos varones, que resultaron ser hermanos. Finalmente, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas y otro delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Por parte de la Guardia Civil, no se descarta su posible vinculación con un grupo criminal afincado en la provincia de Badajoz, cuyos integrantes se desplazarían a distintas localidades alejadas de su domicilio habitual para cometer este tipo de hechos delictivos.

Fin de semana antes de Navidad. Gelsenkirchen, histórica ciudad minera de Alemania. Un grupo de ladrones hace un enorme agujero en la pared de la caja de ahorros Sparkasse, donde cientos de clientes guardan dinero, oro, joyas y otros objetos de enorme valor. Los ladrones rebuscan en las cajas de seguridad y se llevan un botín multimillonario. Operación terminada con éxito. 

Parece la sinopsis de una película, pero ocurrió de verdad a finales del año pasado en esta ciudad alemana. La policía explicó entonces que los perpetradores accedieron al banco desde un aparcamiento y consiguieron entrar en edificio de una forma muy peculiar: instalaron un taladro industrial y perforaron un agujero de 40 centímetros de ancho en la pared.

Esta conducía a la bóveda del banco, donde se guardaban las cajas de seguridad. En total, los ladrones forzaron alrededor de 3.200 casilleros que contenían dinero y objetos con un valor estimado en 30 millones de euros. Para los clientes afectados, el robo fue una auténtica ruina no solo económica, sino también sentimental; muchos guardaban allí joyas familiares. 

¿Por qué nadie se enteró?

El 27 de diciembre a primera hora de la mañana, los bomberos de Gelsenkirchen y una empresa de seguridad privada recibieron una alerta de incendio del banco, la cual pudo fácilmente ser activada por los ladrones. La policía se trasladó a la caja de ahorros, pero no encontraron nada raro en la primera inspección.

Lo cierto es que los agentes no pudieron entrar en la bóveda porque estaba cerrada. Al no ver ni humo ni olor a fuego, pensaron que se trataba de una falsa alarma y salieron de allí como si nada. No se podían imaginar que los sistemas informáticos del banco acabarían demostrando que los ladrones forzaron la primera de las cajas a las 10:45 horas de aquel mismo día.

El robo no se descubrió hasta dos días más tarde, el 29 de diciembre, cuando se activó otra alarma de incendios. Los bomberos regresaron al banco y se encontraron el pastel. Cientos de miles de objetos repartidos por el suelo y visiblemente destrozados por los ladrones cubrían prácticamente todo el suelo de la bóveda de la Sparkasse. 

“El lugar parece un vertedero”, señaló entonces Herbert Reul, ministro del Interior del estado federado de Renania del Norte-Westfalia. Más de siete semanas después del robo navideño de Gelsenkirchen, los autores continúan en libertad, y las víctimas esperan justicia por todo lo que han perdido. 

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han procedido a la detención de un varón de 52 años, de nacionalidad española y residente en Villamediana de Iregua, como presunto autor de dos delitos de hurto de gasoil y baterías sustraídas en máquinas excavadoras que trabajaban en el término municipal de Viguera.

La actuación se enmarca dentro de los dispositivos de vigilancia establecidos en la zona, tras haberse detectado varios robos de combustible y baterías en maquinaria empleada en labores de acondicionamiento de cauces, con el objetivo de favorecer la movilidad de la fauna piscícola. Durante uno de los servicios, los agentes sorprendieron in fraganti a un varón portando una garrafa de gasoil en la mano.

En el momento de ser identificado, el sospechoso manifestó de manera espontánea: “Me has pillado con las manos en la masa”, reconociendo que se encontraba sustrayendo gasoil. En el lugar se intervino una garrafa de 30 litros llena, y en las inmediaciones se localizaron otras dos de 20 litros cada una.

A preguntas de los agentes, el detenido indicó que en una finca de su propiedad -situada a escasos metros del punto del suceso- guardaba otra garrafa de 20 litros, también sustraída días antes. En cuanto a las baterías faltantes, indico haberlas vendido en una empresa de reciclaje ubicada en Logroño, aunque finalmente manifestó su intención de entregar otras tres baterías que aún tenía en su poder.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

El Congreso ha dado luz verde este jueves a la ley de multirreincidencia, que endurece las penas para algunos delitos menores cometidos de forma reiterada, como el hurto de teléfonos móviles en la calle. Y lo ha hecho con una extraña mayoría: el PSOE ha unido sus votos a Junts y a la derecha para sacar adelante este texto, que era uno de los principales compromisos que adquirió con la formación de Carles Puigdemont para dar estabilidad a la legislatura. Esquerra Republicana se ha abstenido y el resto de socios de izquierda ha votado en contra. 302 votos a favor, incluido el PNV, los 36 en contra de Sumar, Podemos y el BNG y la abstención de los independentistas catalanes y Coalición Canaria.

El texto, que registró Junts durante la legislatura, tenía los apoyos garantizados desde diciembre, cuando en la ponencia llegaron a un acuerdo con el PSOE para impulsar un texto que ha sido una de las principales obsesiones de la derecha y la ultraderecha desde hace años, tal y como han criticado durante el debate grupos de izquierda, que han acusado a los independentistas catalanes de dejarse arrastrar ideológicamente por el ascenso de Aliança Catalana. Vox ya registró en 2022 una ley como esta, que ha utilizado frecuentemente para vincular la delincuencia con la inmigración.

Los primeros movimientos de los socialistas para llegar a un acuerdo en esta ley se produjeron precisamente pocos días después de que Junts confirmase su ruptura con el Gobierno y dejase en suspenso su apoyo a todas las votaciones provenientes de sus partidos, PSOE y Sumar. En pocas semanas, los partidos de la comisión llegaron a un acuerdo para desbloquear el texto.

La multirreincidencia es la comisión de un mismo delito en repetidas ocasiones, sobre todo pequeños robos o hurtos. En la exposición de motivos de la ley, Junts habla de las quejas de muchos alcaldes y alcaldesas catalanes que desde 2021 denuncian una “alarma social” por una “oleada de delitos”, sobre todo hurtos pero también peleas, por parte de un “reducidísimo grupo de personas” que el “sistema no era capaz de evitar”. 

El actual Código Penal ya incluye, en realidad, castigos más duros para las personas que cometan robos de forma continuada. Si una persona es condenada por un hurto en más de tres ocasiones y la cuantía de lo robado supera los 400 euros, el juez pasará a imponerle una pena de prisión de seis a dieciocho meses, en lugar de una multa. 

Lo que propone Junts en su texto –y apuntalan las enmiendas pactadas– es que el delincuente sea condenado con pena de prisión si acumula “tres delitos de la misma naturaleza” y siendo al menos uno de ellos leve, incluso aunque el valor de lo sustraído sea menor a 400 euros.

La norma aprobada ya por el Congreso también plantea que los hurtos “menos graves o graves” continuados (a partir de tres condenas) sean castigados con penas de uno a tres años. Y aplica esta horquilla a los robos de teléfonos móviles: “Dispositivos móviles informáticos o de comunicación, o dispositivos electrónicos o tecnológicos”. 

“Es una ley que nace de los territorios y no de los despachos. Una ley muy esperada y que llega demasiado tarde, marcada por bloqueos en la tramitación”, ha lamentado la diputada de Junts Marta Madrenas. “Es una ley necesaria y equilibrada, no es una ley ideológica sino una respuesta a la realidad. Una realidad incontestable”, ha defendido.

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reprochado al PSOE haber desbloqueado la norma tras la ruptura entre ambas formaciones. “Queda clara cuál es la manera de que entiendan las cosas. Y no es precisamente allanarse como hacen sus socios, que priorizan 'frenar a la derecha' mientras que en realidad lo que acaban frenando son los trenes de Catalunya”, ha escrito en su perfil oficial de X.

El PP, por su parte, ha aprovechado el debate para atacar al Gobierno y a los migrantes. “¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar la residencia con la regularización. Si tienen antecedentes, de premio la residencia. Están convirtiendo la regularización en un coladero para delincuentes. El que venga a delinquir, a su país. La residencia en España se gana, no se regala”, ha cargado la diputada del PP Cuca Gamarra.

Poco antes había criticado la corrupción del Ejecutivo. “La única multirreincidencia hasta hace poco era la de sus números doses. La única que hoy preocupa en las filas del PSOE es la de los fajos de billetes de 50 euros que señalan ya al PSOE por financiación irregular. La única que les ha ocupado era la de los condenados de EH Bildu que les exigían libertad a cambio de sus votos”, ha dicho. 

El único partido del bloque de izquierdas en el Congreso que no ha rechazado el texto ha sido Esquerra Republicana, que a pesar de no estar de acuerdo con el espíritu del texto, se ha terminado absteniendo a petición de los alcaldes del partido que, según ha relatado la diputada Pilar Vallugera, les han trasladado su preocupación por este asunto en los últimos meses. “No pondremos trabas, nos abstendremos como muestra de que hemos escuchado a los alcaldes, pero la realidad no se cambia a golpe de código penal. No somos punitivos, somos realistas”, ha dicho en la defensa de su posición, en la que ha recordado que los datos hablan de una reducción de los delitos y no al revés.

Esquerra ha alcanzado en paralelo un acuerdo con el Gobierno este martes para incrementar el número de jueces y juezas en Catalunya. Según fuentes de la formación, el Gobierno aprobará 91 nuevas plazas en 2026, vía real decreto y otras 90 plazas en 2027. “Ambos aumentos se enmarcan en el crecimiento de la planta judicial en todo el Estado gracias a la Ley de Eficiencia y, entre otras cosas, garantizan que la nueva regulación sobre multirreincidencia, que se aprobará este jueves en el Congreso, vaya acompañada de más recursos y más capacidad para actuar”, han trasladado fuentes de la formación.

Críticas de la izquierda: “Criminaliza la pobreza”

Sumar ha sido muy crítico con lo que han calificado de “delirio populista”. “¿Esto qué es? ¿Un experimento de la gran coalición?”, ha dicho el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, que ha censurado que al mismo tiempo siga sin haber acuerdo parlamentario para derogar la ley mordaza o solucionar el problema de la vivienda. “Existe una mayoría para endurecer el Código Penal para delincuentes de poca monta. ”Será un reflejo de lo mal que está el mundo: mano dura con los débiles e impunidad con los fuertes. Los demócratas no se deberían dejar llevar por esta ola populista“, ha denunciado Santiago contra el PSOE.

“El endurecimiento de penas no sirve para prevenir los delitos”, ha reprochado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que se ha dirigido a Junts en catalán. “Amics de Junts, esto no servirá para parar los hurtos ni para frenar a Aliança Catalana”, les ha dicho. “España es un Estado seguro, donde los niveles de delincuencia son bajos, pero tenemos unos centros carcelarios con una población de las más altas de Europa y uno de los códigos penales más severos de la Unión Europea y hoy se intenta endurecer un poco más. Al mismo tiempo sabemos que el endurecimiento de esas penas no va a servir”, ha insistido Iñarritu en sus críticas.

Podemos también ha sido muy crítico con la ley, que ha tildado de “racista”, “clasista” y de imponer un “populismo punitivo” contra los “robagallinas” mientras que deja fuera a los multirreincidentes de grandes delitos. “Solo busca criminalizar la pobreza y estigmatizar a la gente con pocos recursos”, ha criticado la diputada Martina Velarde.

El PSOE se ha desembarazado de esas críticas. El diputado Francisco Aranda ha defendido que el compromiso del Gobierno es firme para atajar el fenómeno de la multirreincidencia pero ha descartado que se haya fiado todo “al punitivismo”. “Sin fiarlo todo al punitivismo ni entrar en los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha. Por eso nosotros también trabajamos en medidas adicionales al Código Penal para reducir y atajar que haya quien haga de la multirreincidencia su modus vivendi”, ha defendido.