La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha afirmado este miércoles que la denominada “operación reforzada” del sistema eléctrico, el refuerzo antiapagones que la compañía tiene en marcha desde el histórico cero energético del pasado 28 de abril, va a continuar hasta que no se esclarezca “la causa”de la “oscilación forzada” que, como reveló elDiario.es, provocó media hora antes de ese gravísimo incidente la megaplanta fotovoltaica Núñez de Balboa, de Iberdrola.

Durante una conferencia en el Club Diálogos para la Democracia, y sin citar a esa planta ni a su titular, Corredor ha explicado que “mientras no se acredite, se demuestre y se ponga de manifiesto cuál fue la causa de la oscilación anómala de las 12.03”, Red Eléctrica (REE) seguirá aplicando esa operación reforzada. “Sabemos en qué planta fue, pero no sabemos la causa”. “Lo tiene que acreditar el titular de esa planta”. “Mientras no estemos seguros de que todo el mundo cumple, seguiremos aplicando la operación reforzada”, ha insistido.

elDiario.es reveló en junio que la central fotovoltaica que está en el origen del apagón es esa megaplanta de Iberdrola en Badajoz, cuya oscilación según ha explicado Corredor tuvo un efecto comparable a “una arritmia” que tuvo “repercusiones en el sistema”.

Sin citar a Iberdrola, Corredor dijo en una comparecencia en el Senado que la propietaria de esa planta había realizado “un experimento” con esa instalación un año antes del apagón. La compañía lo interpretó como un ataque a su honor, con la correspondiente amenaza de demanda contra la exministra socialista.

La presidenta de Redeia ha cifrado el coste de esa operación reforzada hasta ahora en 486 millones de euros, “unos cuatro céntimos de euro al día para los consumidores de PVPC”, la tarifa regulada, a la que la propia Corredor está acogida.

“Puede ser una cantidad astronómica para según que consumidor”, pero “ni un solo euro va a la cuenta de resultados de REE, que es independiente del precio de la electricidad”, sino que “va a la cuenta de resultados de las compañías generadoras de electricidad”. Ha defendido que este noviembre el recibo ha sido más barato que el del mismo mes de 2024. Y que los denominados vertidos, la renovable que se desperdicia, están en “apenas el 3,5%”, un porcentaje “sumamente eficiente” y por debajo de otros países europeos.

En noviembre, el mix eléctrico se cubrió en casi un 57% de fuentes renovables y en lo que llevamos de año el porcentaje ha sido del 56%, lo que sitúa a España “a la cabeza de Europa tanto por potencia instalada” (es el segundo país que más tiene) “como en generación” (tercero). “Esto evidentemente tiene una ventaja competitiva para nuestro país”, con “precios sumamente competitivos para la industria”.

La presidenta de REE ha afirmado que “la verdad es una y la verdad en la física es muy tozuda”. “Los datos eléctricos están registrados al milisegundo”, no son “nada manipulables” y “los equipos de REE cumplieron en todo momento, antes durante y después toda la normativa”.

Ha insistido en que la programación del día 28 “fue correcta y ajustada a derecho”, con “más de 40 grupos convencionales acoplados al sistema” y “dos fenómenos anómalos y peligrosos”: esa “oscilación forzada” y otra “natural” que alteraron la tensión y la frecuencia, a lo que siguieron “desconexiones masivas, intempestivas e indebidas en la red de distribución” y “un inadecuado desempeño en las obligaciones de control de tensión” de los grupos convencionales, “especialmente en la zona suroeste y centro”. Fue una concatenación de eventos “inédita en el mundo”.

Corredor ha subrayado que los informes de REE, el Gobierno o la Agencia Internacional de la Energía reflejan que “la tensión era correcta y el comportamiento de los grupos convencionales en Portugal y en España fueron distintos”, con “vaivenes bastante evidentes”. Aunque “evidentemente cada agente del sistema tiene su propio relato”.

Preguntada por el futuro de las nucleares, Corredor ha dicho que REE no tiene “ninguna opinión” sobre el futuro del mix, que forma parte de la política energética. Se ha felicitado por que la Comisión Europea haya incorporado como proyectos de interés comunitario dos nuevos proyectos transpirenaicos a través de Navarra y Aragón.

La interconexión, ha recordado, es “crítica” para España y Europa. La conexión submarina con Francia que se está construyendo a través del Golfo de Vizcaya es una obra “muy compleja” que va a elevar el porcentaje a solo el 5%. “Tampoco vamos a estar muy bien”.

Corredor ha justificado la venta de Hispasat a Indra en que “una de las prioridades de Europa es la defensa y la seguridad” y “tanto Hisdesat como Hispasat tienen experiencia, infraestructura y dispositivos muchos más adecuados a lo que ahora necesita la UE”. Corredor ha sido presentada por el exministro socialista Miguel Sebastián, consejero de Indra en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista de Redeia (20%) y de Indra (27%), que ha definido a Corredor como “una persona en la que se puede confiar”.

El histórico empresario de las renovables José María González Vélez, ex presidente de la patronal Appa, ha felicitado a Corredor por su labor y por que no haya “arrojado la toalla a pesar de los ataques”.

El presidente de Gesternova ha apuntado que “a lo mejor” el apagón “no hubiera pasado” si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hubiera aprobado antes el procedimiento para permitir a la fotovoltaica controlar tensión que REE pidió al regulador en 2021 y que el regulador anunció en junio, aunque no estará vigente hasta 2026.

Cuatro representantes de empresas administradas por el abogado ultracatólico Javier Cremades, fundador del bufete Cremades & Calvo, cliente de las grandes eléctricas y a su vez secretario general de la asociación de accionistas minoritarios Aemec, han copado este lunes la junta de accionistas de Redeia, dueña de Red Eléctrica, para pedir la dimisión de su presidenta no ejecutiva, la exministra socialista Beatriz Corredor, por la gestión de Red Eléctrica (REE) en el histórico apagón del pasado 28 de abril.

El apagón ha monopolizado las preguntas de los accionistas en una junta celebrada de forma exclusivamente telemática por primera vez desde la pandemia. En la asamblea más larga de los últimos años, tres horas de duración, la compañía ha tenido que adaptar sus sistemas para someter a votación un punto no comprendido en el orden del día para forzar el cese de Corredor, que ha sido rechazado por no alcanzar el número de votos necesarios. En concreto, se ha rechazado “con el 98% de los votos”, explican fuentes de Redeia.

Antes de las votaciones, cuatro representantes de empresas administradas por Cremades, miembro del Opus Dei que se encargó del polémico informe sobre los casos de pederastia en la Iglesia Católica en España, han acusado a Corredor de desinformar al mercado con “informaciones contradictorias” antes y después del apagón, negando riesgos pese a la “preocupación” por las “reiteradas ocasiones” en que, han afirmado, la empresa avisó de la necesidad de adaptar la red a la evolución del mercado eléctrico.

También han preguntado si los incumplimientos de los generadores que ha aducido Redeia como causa del apagón son “frecuentes” y “cómo es posible” que tuvieran un efecto mayor que la DANA de Valencia. Han subrayado que Aemec “no había hecho nunca” una petición de dimisión de este tipo. El bufete de Cremades ha trabajado por ejemplo para Iberdrola en una demanda por competencia desleal de ACS.

Corredor, que ha subrayado que las empresas vinculadas a Cremades han comprado acciones en las últimas semanas de cara a la junta, ha cortado la intervención de otro accionista que ha tachado a los consejeros de Redeia de “cobardes” y a Corredor, de “títere en manos del Gobierno”. La ex ministra ha finalizado la junta subrayando que la empresa “cumplió con su deber, antes, durante y después del apagón”.

Previamente, y durante su largo discurso a los accionistas, Corredor ha insistido “rotundamente” en que “no habríamos tenido apagón” si las eléctricas hubieran cumplido con sus obligaciones. Ha asegurado que las centrales de generación disponibles ese día “no resultaron confiables”. Ha negado un error de REE al programar la potencia de reserva del mercado conocido como restricciones técnicas, que “deben ser modificadas lo mínimo indispensable” respecto al mercado diario “que gestiona Omie”, el operador en el que participaneléctricas y bancos.

Hubo un “incumplimiento por parte de la generación de sus obligaciones en el control de tensión”. “La red de transporte no falló”. “No fue el problema, sino parte de la solución”, ha abundado el consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino.

La empresa, según Corredor, “tomó las decisiones adecuadas y siempre considerando que los operadores cumplirían” la programación de los grupos convencionales. Ha defendido que se asignaron “recursos suficientes al sistema” pero “a la hora de la verdad” los grupos de generación que debían prestar ese servicio (y cobrar por ello) no cumplieron sus obligaciones.

También ha defendido que “no fue un problema de inercia” y los grupos acoplados por restricciones técnicas “fueron suficientes”; y que siguió los protocolos para amortiguar los “muy peligrosos” fenómenos oscilatorios que comenzaron en la megaplanta fotovoltaica Núñez de Balboa de Iberdrola en Badajoz media hora antes del apagón.

En su discurso a los accionistas, Corredor ha lamentado las “acusaciones infundadas y en ocasiones muy graves” contra una empresa “que blinda un servicio público esencial desde hace cuarenta años”. Ha cargado contra el uso “malintencionado” en medios de comunicación de informes de la compañía sobre advertencias de los riesgos que entraña la creciente penetración de renovables.

Y ha dicho que “carece de fundamento” hablar de “posible conflicto de interés” entre las funciones del transportista (dueño de la red de alta tensión) y el operador del sistema que aglutina Redeia. Ha subrayado que ese es el modelo en 22 de los 27 países de la UE, que lo han adoptado “en algunos casos, precisamente, tras sufrir apagones”, caso de Italia en 2003. Ha defendido la “incontestable ventaja” que, según ha explicado, mostró este modelo en la rápida reposición del servicio tras el cero total.

Corredor ha lamentado las “dificultades” para recabar información de los agentes para su informe sobre el apagón, cuyas conclusiones se basan “en datos de fiabilidad máxima”. “Nosotros no especulamos. Nosotros analizamos y comprobamos”. Se ha felicitado de que “buena parte” de las recomendaciones y medidas de Red Eléctrica han “vertebrado” el Real Decreto-Ley recién aprobado por el Gobierno con las lecciones aprendidas del apagón.

Y ha cargado contra quienes “ponen en duda la agenda verde” para tratar de frenar el cambio climático. Ha destacado que la penetración de renovables en el mix eléctrica “sigue su evolución positiva” en 2025 tras el récord del 57% registrado en 2025.

Hasta junio de este año, las fuentes limpias han cubierto el 59% de la producción eléctrica y en mayo su cuota fue del 61,5% pese a la “operación forzada”, con más gas, con la que está operando el sistema desde el apagón para tener un colchón extra de seguridad. Corredor ha confiado en que “muy próximamente” el Ministerio para la Transición Ecológica someta a consulta pública la nueva planificación de las redes hasta 2030, que se va a traducir en nuevas inversiones récord de Redeia, como ha señalado García Merino.

La junta ha aprobado los nombramientos como nuevos miembros del consejo de administración a Arancha González Laya, ex ministra de Exteriores del primer gobierno de Pedro Sánchez, en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y, como independientes, de la catedrática Natalia Fabra, hija del expresidente de REE y ex consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Jorge Fabra, y de Albert Castellanos, vinculado a ERC.

España está muy por debajo del nivel de interconexión eléctrica que establece la Comisión Europea. Y ese fue uno de los puntos débiles durante el apagón que dejó al país sin luz durante todo un día a finales de abril. Los proyectos están en marcha, aunque van despacio. Este lunes se ha dado un paso más al firmarse con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) préstamos por valor de1.600 millones de euros para avanzar en la interconexión a través del Golfo de Bizkaia, que serán 400 kilómetros, de los cuales 300 serán por debajo del mar, convirtiéndose en la primera interconexión submarina de España.

La rúbrica del acuerdo de financiación con la entidad que preside Nadia Calviño se ha producido a primera hora de este lunes en Luxemburgo, aprovechando la reunión de ministros de Energía de la UE. Al acto, cerrado a los medios de comunicación, han acudido, además de la exvicepresidenta, el comisario de Energía, Dan Jørgensen; el ministro francés Marc Ferracci, y el subsecretario español de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Miguel González; la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor; y el directos general de Finanzas, Estrategia y Economía de la red de transporte eléctrico francesa, Thomas Veyrenc.

El proyecto, que supondrá la interconexión a través del Golfo de Bizkaia, lo lleva a cabo una empresa conjunta de Red Eléctrica y su homóloga francesa (RTE). La intención es que esté listo en 2028 y que permita duplicar la capacidad de intercambio de electricidad entre Francia y España hasta los 5.000 megavatios. “Eso significa energía más limpia, segura y asequible para millones de ciudadanos a la vez que evitará la emisión de 600.000 toneladas de CO2 anuales”, señala Red Eléctrica en un comunicado.

Esa interconexión es un proyecto de interés común para la UE y ya cuenta con 578 millones de euros del fondo 'Conectar Europa'. La firma del acuerdo con el BEI supone un primer tramo de préstamos por valor de 1.200 millones de euros. “El proyecto del Golfo de Vizcaya, junto con el proyecto subterráneo entre Baixas-Santa Llogaia y la mejora de la infraestructura existente Argia-Hernani contribuirán a incrementar la capacidad de interconexión entre la península ibérica y el resto de Europa, al tiempo que permitirán su mejor integración en el mercado energético de la UE”, señala Red Eléctrica. Es uno de los planes para llegar al 15% de interconexión en 2030, que es el objetivo establecido por la Comisión Europea y del que España está aún muy lejos (se sitúa en el 3% con el resto del continente).

La semana arrancó con una nueva experiencia en nuestras vidas, una que no necesitábamos probar. Un apagón total que duró la mayor parte de un día. Para algunas personas, una situación angustiosa y hasta terrorífica si su vida dependía de que volviera la luz cuanto antes. Para la sociedad en su conjunto, una prueba de que este país es mejor de lo que dicen algunos de sus supuestos defensores. No está a diez minutos de irse a la mierda y tiene capacidad de resistir lo que no está escrito. 

Tampoco hay que pasarse de optimistas o de tener una visión romantizada y bucólica de esos momentos en que te ves obligado a prescindir de la tecnología. El apagón fue un desastre. Algo que no debería haber sucedido. A día de hoy, no se conoce ningún acontecimiento externo que propiciara la catástrofe. Una caída del sistema eléctrico no te convierte en un país tercermundista, como bien saben en Estados Unidos. Pero en este caso no hubo ningún fenómeno meteorológico que lo desencadenara. No había temperaturas extremas ni un consumo excesivo de electricidad que pusiera al sistema en el límite. Alguien cometió un error en algún momento de todo el proceso de generación de electricidad. 

Descubrir sin ningún género de dudas cuál fue el origen del apagón es algo para lo que se necesitará mucho tiempo. Aquí hay una paradoja que es normal que confunda a la gente. Nos dicen eso, que es cierto, y al mismo tiempo nos comunican que no sólo es posible saber cómo estaba funcionando el sistema eléctrico en cada segundo, sino que puedes tener esa información sobre cada milisegundo. Pero la caída de todo el sistema es algo tan insólito que hay que descubrir cómo interactuaron cada uno de los elementos que lo componen. En otras palabras, es muy posible que no sea sólo un factor el que produjo el hundimiento, sino que se trate de una combinación de factores. Una especie de principio de Murphy elevado a la máxima potencia.

En un artículo del jueves, el compañero Antonio M. Vélez explica lo que ocurrió y las distintas hipótesis que se manejan. Si al leerlo, te parece que algunas cosas son difíciles de entender para un profano, no desesperes. Es un tema realmente complejo. Plantea la hipótesis de tres factores que se unieron de forma sucesiva: la parada de una central solar quizá situada en Extremadura, unos cortafuegos que gestiona Red Eléctrica (REE) que no funcionaron adecuadamente y la desconexión con Francia para evitar el contagio al resto de Europa. La mayoría de los análisis indica que esto último era casi inevitable. Así que hay que centrarse en los dos anteriores. 

En otro artículo interesante, el de Santiago Carcar en El País, se cita la opinión de Jorge Sanz, que fue director general de Política Energética en el Gobierno de Zapatero, que cree que Red Eléctrica programó para el lunes 28 de abril una combinación de tecnologías de generación arriesgada: un alto porcentaje de renovables junto a uno escaso de las centrales combinadas de gas y las hidroeléctricas que sirven para compensar el sistema en caso de que se produzca cualquier contingencia. En ese momento, sólo había dos centrales nucleares en funcionamiento, por decisión de las empresas privadas propietarias. Esto último no hay que verlo en un tono conspiratorio. Ha ocurrido antes, no ha ocasionado problemas irresolubles y REE lo sabía. 

En cualquier caso, se trata de hipótesis. No se puede dar por hecho que eso es lo que ocurrió. Como ejemplo de todas las alternativas, están estos tres minutos en una tertulia de la SER en que Jorge Morales de Labra, un experto en el sistema eléctrico que tiene la virtud de explicar asuntos complejos de forma comprensible, cuenta por qué hay muchos factores que hay que tener en cuenta, que aún no conocemos, y que algunos de ellos están delimitados por normativas publicadas en el BOE. Eso no quiere decir que todo el sistema esté cogido con pinzas en una especie de improvisación permanente. Si fuera así, tendríamos un apagón cada mes. Pensemos en una cadena en que algunos eslabones tienen un elemento de vulnerabilidad. Sus responsables lo saben y trabajan en función de esos factores para que no se produzca un desastre. Son profesionales con experiencia y saben lo que tienen que hacer. Y lo han hecho durante décadas. Eso es lo que hace que toda esta situación sea tan incomprensible.

Más allá de los megavatios, la crisis cuenta con repercusiones políticas indudables. Red Eléctrica no es una empresa pública –el 80% de sus acciones está en manos privadas–, pero el control de su gestión está en manos del Gobierno, que es quien nombra a su presidente. La actual responsable, Beatriz Corredor, fue ministra de Vivienda en el Gobierno de Zapatero y diputada socialista. Ese es el punto débil para el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un gesto absentista que es inexplicable, Corredor decidió no dar explicaciones en público el lunes y el martes. El miércoles, dio dos entrevistas y parece que ni se planteó dar una rueda de prensa. Algunas de sus respuestas carecían de lógica: “Tenemos el mejor sistema eléctrico y más resiliente”. Si fuera así, no habríamos sufrido un apagón generalizado. Este tipo de triunfalismo después de una catástrofe de la que aún no se conoce el origen no lo puede entender nadie. Suena a negación de la realidad.

Tampoco explicó de forma convincente por qué un informe de REE de febrero enviado a los inversores mencionaba que un cierre futuro de centrales de carbón, ciclo combinado y nuclear implicaba una vulnerabilidad, ya que “podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales que puedan afectar el suministro”. Es cierto que este tipo de informes se envían para resguardarse de posibles demandas en caso de que algo funcione mal, pero se debería haber explicado mejor. En definitiva, la actitud de Corredor fue un regalo para el Partido Popular.

No es que Alberto Núñez Feijóo lo necesitara. Desde el primer momento, exigió lo que el Gobierno no podía darle, una explicación concreta y detallada de un apagón que nadie sabía por qué había ocurrido. Parece que el PP tiene una marcada carencia de ingenieros que le expliquen cómo funciona el sistema eléctrico. Decidió que era el mejor momento para hacer énfasis en su defensa de la energía nuclear. Todo lo demás era secundario.

“Han pasado cuatro días y ni el Gobierno ni Red Eléctrica han explicado a los españoles lo que ha ocurrido”, dijo el viernes. Al tener en cuenta esa opinión, hay que recordar lo que dijo el lunes a primera hora de la tarde: “No creo que sea razonable que tres horas después del apagón no tengamos información detallada sobre lo que ha ocurrido”. Días, horas... todo le da igual a Feijóo. Y de ahí que el PP apostara por el eslogan del “apagón informativo”. 

Sánchez era muy consciente del riesgo político. Por eso, tomó la decisión discutible de ser él mismo quien compareciera dos veces el lunes, y una tercera el martes en rueda de prensa, para dar explicaciones que sabía que iban a ser insuficientes. Eso dejó fuera de las pantallas a la vicepresidenta Sara Aagesen, que es ministra de Cambio Climático y que fue secretaria de Estado de Energía. En estos casos, el lado cruel de la política consiste en sostener que todos los ministros son prescindibles y que una de sus funciones es proteger al presidente. Pero además Aagesen está cualificada para hablar de energía y de hecho es quien se ocupa ahora de dirigir la investigación sobre el origen del apagón, más allá de lo que esté haciendo Red Eléctrica.

En un artículo que publicamos este domingo, Esther Palomera nos cuenta qué hicieron Sánchez y sus ministros en el momento en que comenzó la crisis. Su lectura es muy reveladora. Sánchez no se conformó con tirar de teléfono. Se presentó en la sede central de Red Eléctrica acompañado de seis ministros, que debe de ser el equivalente político de la situación por la que pasaron los griegos cuando vieron llegar a centenares de miles de tropas persas en el siglo V AC. A Sánchez no le gustó mucho lo que escuchó. “La tensión por la falta de respuestas era evidente”, según uno de los asistentes.

Por la noche, Sánchez volvió a la sede de REE y cada vez más cabreado, cuenta Palomera. El tono del presidente “fue tremendamente duro” con los directivos de la empresa. “Quiero información y la quiero ya”, dijo. Ya sabía que este es el tipo de situaciones críticas que pueden hundir la reputación de un Gobierno. Y si alguien no lo tiene claro, que se lo pregunte a Carlos Mazón. 

La recuperación del suministro en menos de doce horas en casi toda España, y del 99% en menos de veinticuatro, fue un gran éxito de todos los implicados, empezando por REE, pero no se puede olvidar lo que sucedió en esos cinco segundos malditos y, sobre todo, en los planes previstos con anterioridad que debían haber funcionado mejor en caso de un percance del sistema. No pasa nada con tener paciencia, pero necesitamos respuestas claras cuando sea posible obtenerlas.

Feijóo, dale las gracias a Tezanos

Nunca falta José Félix Tezanos en la lista de errores no forzados. El CIS difundió este sábado los resultados de una encuesta de urgencia –ellos la llaman “flash”– con preguntas sobre el apagón. Es ridículo que el centro público de encuestas se dedique a estas tareas que ya pueden hacer los medios de comunicación. Y lo más importante: hacer un sondeo cuando ha pasado tan poco tiempo después de los hechos y la gente no tiene toda la información necesaria sobre el suceso, y más en este caso, te da respuestas que podrían ser muy diferentes una semana o un mes después. Te sirve para conseguir un titular y por eso a los periodistas les encantan. Pero se supone que el CIS está para otras cosas. 

La encuesta dice que el 60% de los españoles piensa que la información que dio el Gobierno durante el apagón del 28 de abril “fue insuficiente”. Como si no lo supiera el Gobierno. La gente tiene una necesidad lógica de contar con la mayor información posible en una emergencia. Como ya he explicado antes, y ha salido en todos los sitios, eso no era posible en este caso. Empezando por lo que más interesaba a la gente, saber exactamente cuándo volvería la luz. 

Puestos a hacer el sondeo, hubiera sido interesante conocer la respuesta de la gente sobre algunos de los asuntos relacionados con el debate sobre la energía, su opinión sobre cómo funciona en España y su posición sobre las renovables o la energía nuclear. No, de eso no se nos ha ocurrido preguntar. Por qué será.

La encuesta es un problema para el Gobierno. Seguro que Feijóo la utilizará en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso el próximo miércoles. Si alguien en el PSOE no entiende por qué pasan estas cosas en el CIS, sólo tiene que llamar a Moncloa. 

Ayuso se apropia del Ejército y la bandera

Madrid celebró este viernes el Dos de Mayo, fiesta oficial de la comunidad. Muerte a los franceses y todo eso. Tocaba el acto institucional de costumbre con sus medallas y discursos. Lo que no hubo este año fue un desfile militar –en realidad, minidesfile– e Isabel Díaz Ayuso se lo tomó como algo personal. El año anterior, se subió a una tarima, reservada para ella, para que las tropas pasaran ante su excelencia, como si fuera la presidenta del Gobierno (de toda España). Claro que sí, Madrid es España dentro de España, como dice ella, y Díaz Ayuso es Madrid con lo que también es España. Lo que no sé es si Ayuso está dentro de España o es al revés. 

Esta vez, el Ministerio de Defensa no cedió las tropas, porque las relaciones entre los dos gobiernos no están para tener estos detalles. Ayuso convirtió el acto institucional en uno de carácter partidista en la calle para el que reclamó la asistencia de altos cargos y militantes del PP. “No podemos acostumbrarnos al desastre, ni al sectarismo, ni a la mentira”, dijo en el discurso. Se supone que se refería al apagón. Por otro lado, la frase no está mal tirada pensando en el estado de la sanidad pública madrileña. 

Hubo espacio también para los delirios históricos que ha apuntado en otros discursos. Sus elogios al Ejército contrastaron con la realidad de los numerosos pronunciamientos militares del siglo XIX con los que intimidar o derrocar a las autoridades civiles, por no hablar de ese golpe de Estado del siglo XX que ella nunca llama así. Especialmente risible fue su interpretación de que España había sido romana y visigoda antes de combatir durante ocho siglos para ser “europea”. Estas cosas pasan cuando crees que José María Aznar era un historiador.

Ayuso apareció vestida con la bandera española, por decirlo de alguna manera. Para gustos, los colores, pero el rojo y el amarillo, o una versión aproximada de este último, no pegan mucho. En la sección de moda de El Mundo, lo llamaron “una arriesgada combinación”. Digamos que es una conjunción osada en el vestuario, como es ella. Casi parecía que se había disfrazado de semáforo. 

La cuenta de la Comunidad de Madrid en Twitter difundió un vídeo de resumen del acto. Como dicen en la tele, muy picadito, un montaje de muchos planos para una duración de un minuto y 26 segundos. ¿En cuántos planos cercanos o generales aparece Díaz Ayuso? Yo he contado veintiocho. Cómo se pasan en Corea del Norte con el culto a la personalidad. Menos mal que en Europa somos diferentes.

A las 12.40 del lunes 28 de abril España y Portugal se fueron a negro y en El ala oeste de La Moncloa aseguran que nadie perdió los nervios durante las horas críticas. El Gobierno de Pedro Sánchez está entrenado en crisis sobrevenidas. Tras afrontar la gestión de una pandemia, un volcán en erupción, las consecuencias de una DANA, la guerra en Ucrania o la Filomena, los protocolos de gestión de crisis están sobradamente ensayados. Otra cosa es la percepción ciudadana. La crítica de la oposición. Y si la experiencia es un grado, a ojos de los expertos o de según qué opinión publicada.

Lo que sigue es una reconstrucción de cómo se vivió en el Gobierno el apagón que dejó al país sin luz ni telecomunicaciones durante horas, a tenor de los testimonios directos que elDiario.es ha recabado entre ministros, jefes de gabinete y secretarios de Estado. No están todos, pero sí gran parte de los que integran la cápsula monclovita que gestiona un trance que nadie vio venir. Ni el Gobierno ni las operadoras ni Red Eléctrica ni los millones de ciudadanos que experimentaron estupefactos un viaje al pasado de la era analógica que permanecerá en el recuerdo colectivo durante años.

“Tenemos una emergencia nacional”

En el instante en el que se produjo el apagón, el presidente del Gobierno está reunido con su homólogo de Chipre, Nikos Christodoulides. Diez minutos más tarde, le pasan una nota para comunicarle que su jefe de gabinete, Diego Rubio, necesita que salga con urgencia. “Entiendo que no me sacas de la reunión para darme buenas noticias”, le espetó al abrir la puerta y encontrarse con su mano derecha. Así era. “Tenemos una emergencia nacional, una caída a cero del suministro eléctrico”, le soltó sin más preámbulos Rubio.

Desde Red Eléctrica ya habían comunicado a Presidencia el apagón masivo. No sabían la causa, pero aseguraban que ya trabajaban en la recuperación del servicio. Los datos reflejaban que, hasta el momento del apagón, la demanda programada era de casi 25.000 megavatios (MW) y, que sin embargo, la real se situó en poco más de 10.000. Es decir, 15.000 megavatios se habían esfumado sin dejar rastro. A partir de ese momento, todos los aparatos del país conectados a la luz dejaron de funcionar, salvo en Baleares y Canarias. 

Una hora antes y, tras la habitual reunión de los lunes con su equipo más cercano, el presidente había recibido otra pésima noticia: la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz había dictado un auto con el que daba el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a su único hermano, David Sánchez, por la supuesta adjudicación irregular de un puesto de alta dirección en la Diputación pacense en 2017 y la posterior adaptación del cargo a sus necesidades. Abril es el mes más cruel, escribió el poeta y Pedro Sánchez debe de estar muy de acuerdo, a tenor de lo que vivió el de este 2025 y el de 2024, que le llevó a tomarse un kit kat para decidir si seguía o no en el cargo.

Una Malla B de telefonía encriptada

Los lunes son para el Gobierno un día en el que se perfila la estrategia de la semana en los diferentes comités de dirección y por eso casi todos los ministros, con alguna excepción –a Óscar Puente le pilló la noticia en AENA reunido con el comisario europeo de Transportes– se encontraban en sus dependencias habituales. Este extremo facilitó que Sánchez pudiera comunicar rápidamente con ellos para citarlos en La Moncloa, ya que el complejo presidencial y los ministerios están conectados por lo que se conoce por la “Malla B”, un sistema fijo de telefonía encriptado que aumenta la resistencia de la red en caso de que falle un nodo o una conexión.

El atasco para regresar a Moncloa desde Red Eléctrica

Pasadas las 13 horas, casi sobre la marcha y ante la falta de respuestas de los responsables de Red Eléctrica, un Sánchez “frío, sereno y en estado puro”, describen quienes estaban allí, decide plantarse en las instalaciones de la empresa que transporta la energía eléctrica desde los puntos de generación hasta la red de distribución para exigir in situ la información. Hasta allí se desplazan también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el titular de Transformación Digital, Óscar López; el de Transportes, Óscar Puente; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Defensa, Margarita Robles; el de Economía, Carlos Cuerpo, el director de la oficina económica de La Moncloa, Manuel de la Rocha y Diego Rubio.

“La tensión por la falta de respuestas era evidente”, asegura uno de los presentes, que recuerda de este modo la primera conversación entre Sánchez y la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor:

–¿Cuál ha sido la causa?

–No sabemos.

–¿Cómo? ¿Cuánto se tarda en restablecer el suministro?

–Estamos haciendo comprobaciones, pero no sabemos el motivo, sólo que han desaparecido 15.000 megavatios. Aproximadamente, entre seis y diez horas.

Un miembro del gabinete recuerda que las caras de perplejidad de los presentes y el estado de shock de los técnicos eran notables por la situación inédita y por la profusión de las explicaciones técnicas. Sánchez ordenó que la prioridad debía ser restablecer el suministro e informar inmediatamente de lo ocurrido a la opinión pública, pero sin dar una estimación de la hora en que regresaría la electricidad a los hogares por si no podían cumplirlo. “Entre seis y diez horas” fue lo primero que soltó Eduardo Prieto, director de Servicios de Red Eléctrica, desoyendo la recomendación del presidente cuando compareció a las 14.30 y habló de “una oscilación muy fuerte en los flujos de potencia” de las redes y de “la desconexión del sistema eléctrico español del europeo” que llevó al colapso y el consiguiente apagón generalizado. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, no compareció y Prieto volvería a hacerlo sobre las nueve de la noche con el director de la Oficina Económica de La Moncloa, Manuel de la Rocha, instalado en la sede de la empresa, que no abandonaría hasta casi las 5 de la mañana, ya con el servicio restablecido al 99%. 

Mientras el coche del presidente regresaba a La Moncloa en medio del gran atasco que registraron las principales carreteras de acceso y salida de Madrid, Sánchez convocó para las tres de la tarde la primera de las seis reuniones que en 36 horas celebró el Consejo de Seguridad Nacional. Ninguna de ellas tuvo lugar en el búnker de La Moncloa, sino en la sala de reuniones contigua a su despacho. Allí pidió primero un mapeo a los ministerios de la situación de sus respectivos ámbitos (transportes, comunicaciones, seguridad, ciberseguridad, hospitales…). La experiencia de la DANA, en el caso del Ministerio de Puente, facilitó parte del trabajo, ya que el ministro mantenía aún abiertos los chats que abrió durante la tragedia de Valencia para intercambiar información con delegados del gobierno, subsecretarios y presidentes de las empresas públicas. Es en ese momento cuando Sánchez ordena prioridades a sus ministros, tras obtener de fuente directa el control de daños y comunica a su equipo que comparecerá personalmente a las 6 de la tarde, como si la “tenebrosa sombra de Mazón y su desaparición durante las horas críticas de la Dana planeara en sus pensamientos”.

El tren atrapado en el túnel de Pajares

Para entonces ya sabían que más de 30.000 personas estaban atrapadas en trenes por toda España y que el peor situado para el rescate fue el que quedó parado en el túnel de Pajares, en Asturias, a ocho kilómetros de la salida. El sistema ferroviario fue el que más preocupación despertó, ya que puertos y aeropuertos pudieron funcionar con total normalidad. De hecho, por razones de seguridad, se decidió cancelar un 20% de los vuelos y, finalmente, sólo un 8% de los programados no pudo despegar.

“¿Nos puedes explicar qué es venirse a cero?”

El ministro del Interior desplegó en menos de una hora un operativo con más de 30.000 agentes de Policía y Guardia Civil durante la emergencia, pero si algo se ha puesto en valor internamente en el Gobierno, además de la proeza del restablecimiento del suministro en 14 horas o la reducción del índice de delincuencia en un 40%, ha sido la alta capacitación de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, en quien Sánchez ha delegado el peso técnico de la crisis. El presidente, de hecho, está convencido de que el perfil de esta ingeniera química de profesión que fue antes secretaria de Estado de Energía es el más apropiado para transmitir “seguridad y conocimiento a la ciudadanía en estos momentos de incertidumbre”, aunque no tenga desarrollado aún el registro político.

De hecho, tan profusas y llenas de tecnicismos fueron las explicaciones sobre el funcionamiento de la red eléctrica en la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional que el presidente tuvo que invitarla a que hablara para los legos en la materia. “Sara, por favor, háblanos en castellano para que lo entendamos”, le espetó. “¿Nos puedes explicar qué es venirse a cero?”, le apostilló en otro momento de su exposición inicial mientras la vicepresidenta encadenaba términos como “energía síncrona” o “ciclo combinado”.

Antes de esa primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Sánchez habló telefónicamente con el ministro marroquí, Aziz Ajanuch; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; el jefe de Estado, Felipe VI y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.  

Tardó en comparecer por primera vez ante la opinión pública, sí, cinco horas y media, lo que dio pie a que la oposición hablara de otro apagón –el informativo–, de la falta de explicaciones e incluso de la asunción de responsabilidades. Pero en su equipo defienden que “estuvo al mando, estuvo donde correspondía y en menos de 24 horas compareció en tres ocasiones con la escasa información que le proporcionaba Red Eléctrica”. 

La única licencia para la carcajada: un bulo

La situación era grave y ya circulaban algunos bulos que desatan la histeria entre ciudadanos que acuden en tropel a cargar alimentos, pilas, transistores y papel higiénico a algunas grandes superficies que mantenían sus puertas abiertas. Entre los “cazabulos” que trabajan en Moncloa leyeron en un presunto medio de comunicación una información sin firma que atribuía el episodio a Argelia. Fue el único momento donde en La Moncloa sucumbieron a la mofa y se concedieron licencia para la carcajada.

En la primera reunión del CSN, Sánchez ya informó a su equipo que había intentado sin éxito hablar hasta en dos ocasiones con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se encontraba en Valencia en el Congreso de los populares europeos. Indicó por ello al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que informara de la situación al portavoz parlamentario del PP y al resto de grupos, como así fue. Cuando Tellado habló con Bolaños era consciente de que Feijóo estaba incomunicado como el resto de los españoles. 

Durante su comparecencia, Sánchez no descarta ninguna hipótesis y anuncia que el Gobierno llegará al fondo del asunto pero sigue sin tener explicaciones de por qué un supuesto sistema infalible que es la envidia de Europa ha fallado estrepitosamente y “la información que reclama le llega a cuentagotas”, se queja otro ministro del gabinete de crisis satisfecho de que “todos los mecanismos estuvieran engrasados de otras tantas crisis sobrevenidas” desde que Sánchez está en el Gobierno.

La batalla por librar las indemnizaciones

Cuando el presidente vuelve a comparecer ante la opinión pública sobre las 23.00 horas del lunes, el suministro ha vuelto a gran parte de España, pero las dudas y la inquietud persisten en el Ejecutivo. Ya hay plena conciencia de la batalla que operadoras y Red Eléctrica están dispuestas a librar para eludir la asunción de responsabilidades y, sobre todo, el pago de las multimillonarias indemnizaciones. 

La situación del suministro ya es otra, pero Sánchez decide trasladarse de nuevo a las instalaciones de Red Eléctrica insatisfecho y “muy cabreado” por los escasos datos que le facilitan. Allí permanece hasta pasadas las dos de la madrugada y le acompañan las vicepresidentas primera y tercera, el ministro de Transformación Digital y su jefe de gabinete.

El tono del presidente en esta segunda visita “fue tremendamente duro” con los directivos de la empresa. Corredor seguía sin aparecer en público, pero las explicaciones privadas tampoco convencían. “Quiero información y la quiero ya”, requirió el presidente a los directivos de Red Eléctrica. “Que fallen 35 centrales eléctricas en cinco segundos tiene que tener alguna explicación”, añadió. Algunos directivos del sector ya habían reclamado la asesoría de sus equipos jurídicos y las operadoras privadas se resistían a facilitar datos al Gobierno. Uno de los debates técnicos que se libró es si el Ejecutivo podía entrar o no directamente en el sistema informático de Red Eléctrica.

En el Ejecutivo siguen hoy sin descartar ninguna hipótesis y, aunque “no hay un sólo indicio de un ciberataque”, según varios ministros, esa puerta no está tampoco cerrada, si bien todo apunta a un fallo sistémico ante el que la red de distribución “no pudo reaccionar”. El porqué está aún por aclarar. Hay varias investigaciones abiertas, una de ellas en la Audiencia Nacional y otra en la Comisión Europea, pero los millones de datos de las operadoras y de Red Eléctrica que ha recibido el Gobierno no aportarán luz en un horizonte inmediato. Más bien hablaríamos de un plazo de entre tres y seis meses, según la estimación de Bruselas.

Pero en cuestión de tiempos, no hay sincronía entre lo político y lo técnico. La oposición quiere saber ya, y esta semana ha preparado una batería de preguntas dirigidas a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética en el Congreso y en el Senado. El presidente comparecerá además el miércoles en la Cámara Baja. “Será una verdadera prueba de fuego para Sara [Aagesen] en quien el presidente tiene plena confianza y anima a que explote su formación técnica en sus comparecencias porque es señal de conocimiento y competencia”, responde un ministro a la pregunta sobre si las explicaciones de la ministra son inteligibles para la ciudadanía. 

Si el PP esperaba igualar la gestión de la DANA que hizo la Generalitat Valenciana con la que el Gobierno está haciendo del apagón “pincha en hueso”, según palabras del equipo de Sánchez, para quien más allá de que aún se desconozcan las causas del incidente la ciudadanía ha visto “quién sí y quién no tiene al frente de las crisis a equipos competentes y a dirigentes que están donde tienen que estar, dan la cara y toman las riendas de la situación desde el primer momento”. 

“Una cabeza de turco fácil”

Cuestión distinta es que la apuesta de este Gobierno por las renovables esté en el punto de mira, que el apagón haya reabierto el debate sobre el mantenimiento de las nucleares o que una empresa semipública como Red Eléctrica con un 80% de accionistas privados haya estado o no a la altura. Beatriz Corredor, que descarta su dimisión, es para varios ministros que recelan de su actuación “una cabeza de turco fácil”, si bien admiten que su continuidad al frente de la compañía dependerá de la colaboración que esté dispuesta a prestar en los próximos días para esclarecer la situación. De momento, en La Moncloa a nadie le consta que Sánchez esté pensando en un relevo, aunque sepa que “su análisis como el de las operadoras privadas será sesgado” por lo que hay en juego, que son las diferentes cuentas de resultados. El motivo: aquí todos son parte y se pasan la pelota constantemente entre unos y otros por el impacto económico del incidente.

Pero si algo ya tienen interiorizado en el Gabinete de Sánchez es que en estos tiempos la gestión de crisis es una parte integral de la acción de gobierno. Y, también, bromea un asesor del presidente, que las películas de ciencia ficción “están equivocadas porque todas trasladan el hecho disruptivo de que cuando falla una pieza básica [en este caso la electricidad] empieza el Apocalipsis”, algo que el apagón del 28 de abril ha desmentido categóricamente.

La electricidad se cayó, pero “el sistema funcionó porque se regeneró en tiempo récord”. Y así se ha reconocido internacionalmente, pese a que los responsables de la red fueran ágiles en reparar el suministro pero no en encontrar las causas que provocaron el apagón y el Ejecutivo asuma que llevará tiempo señalar a los responsables y en que se producirá un nuevo choque con las eléctricas. De momento, las responsabilidades que se atribuyen son compartidas entre las operadoras y la red de distribución, pero todos los escenarios están abiertos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este viernes que, de acuerdo a su experiencia política, el hecho de que Red Eléctrica de España sea pública “garantiza que siempre va a haber una autoridad pública encima, pero no garantiza ni que funcione mejor ni que sea más eficaz”.

Durante una visita a Orgaz, en Toledo, ha sido preguntado por la propuesta de Sumar para nacionalizar al cien por cien Red Eléctrica. La idea la lanzó el diputado del grupo Sumar, Enrique Santiago, que se desplazó ayer a Toledo a participar en la manifestación del Primero de Mayo. Una forma, dijo, de que “se garanticen las necesarias inversiones”, además de avisar de que el “lucro” no puede redundar en la reducción de estas inversiones y en “inseguridad”.

Page ha comentado que no sabe a qué se refiere Sumar con esta propuesta. Ha señalado que el Estado “ya está encima del sistema eléctrico”, que “está permanentemente intervenido” y “no pueden hacer lo que les dé la gana”.

“Es más, el Estado ha legislado taponando las inversiones. Ninguna empresa puede hacer de su capa un sayo, ni siquiera Red Eléctrica”, ha dicho, señalado que el sistema está “intervenido con multitud de regulaciones, tanto nacionales como europeas”, ha aseverado.

Beatriz Corredor, “enormemente competente”

Además, ha pedido este viernes que primero se dirima la causa del apagón del pasado lunes para que después se puedan derivar responsabilidades, al tiempo que ha destacado la profesionalidad de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.

“Beatriz es una persona enormemente competente, además es de Castilla-La Mancha, precisamente de Quintanar de la Orden, en Toledo”, ha afirmado el presidente regional a preguntas de los medios tras la inauguración de una hospedería en Orgaz.

Lo verdaderamente importante para poder derivar cualquier responsabilidad es primero saber qué ha pasado, ha remarcado García-Page, que ha apelado a “ir primero al relato de los hechos”, que debe ser “veraz y contrastado”.

A su juicio, “más allá de los tiras y aflojas de la clase política, la responsabilidad fundamental la dirimen los ciudadanos, que son los que saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal”.

“La etapa de responsabilidades llegará después de saber cuál es la causa, si no es como empezar la casa por el tejado”, ha remarcado.

La picota era el lugar donde se impartía justicia en la Edad Media, donde se exponía a los delincuentes, se azotaba a los malhechores o se mostraban los restos de los ajusticiados. Las había de madera o de piedra y, generalmente, estaban a las afueras de los pueblos como advertencia a los forasteros. Un decreto de las Cortes de Cádiz ordenó su demolición, pero como Fernando VII suprimió gran parte de su legislación, incluso en 1817 se construyó una en Rioseco de Soria. Hoy todavía algunas siguen en pie, pero la expresión “poner en la picota” ha quedado para señalar el descrédito de alguien por haber cometido algún error o falta.

El apagón que sufrió España el pasado lunes mantiene abiertas, 72 horas después, muchas preguntas sobre las causas del accidente y sobre quién o quiénes fueron los responsables de que todo el país se fuera a negro. Y las distintas investigaciones ya abiertas no parece que vayan a arrojar luz de forma inmediata porque hay millones de datos que analizar y demasiados intereses cruzados que dificultarán, seguro, llegar al fondo de la cuestión. Pasarán meses hasta conocer la verdad y determinar quién o quiénes tendrán que hacer frente a las multimillonarias indemnizaciones que empezarán a llegar. Pero si hay alguien que desde el primer momento ha estado en la picota esa ha sido la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Por su clamoroso silencio durante las primeras 48 horas tras el incidente, por sus contradictorias afirmaciones en las dos entrevistas que tuvo a bien conceder cuando ya habían transcurrido tres días del apagón y se había restablecido la totalidad del servicio y porque no se puede garantizar, como hizo después de tres días, que no había riesgo de que se repitiera el incidente sin saber la causa que lo había provocado. Es una contradicción y es una temeridad. 

Aunque el Gobierno haya mostrado, con más que evidente tibieza, su respaldo a Beatriz Corredor, no hay un solo técnico que no haya señalado a la empresa privada y cotizada con un 20% de  participación del Estado. O porque pecara de optimista en la planificación eléctrica y no previera un respaldo suficiente de otras tecnologías distintas a la solar y eólica que compensaran las oscilaciones. O porque descuidara la seguridad del suministro. O porque la compañía descartara un posible sabotaje, sin que el Gobierno hubiera cerrado la puerta a este extremo. O porque, a posteriori y sin saber la causa del incidente, dijese con pasmosa locuacidad que la red no tuvo ningún fallo y que si hubo algún incidente extraordinario, no fue en la red.

El caso es que, aunque el fallo se hubiese producido en una generadora gestionada por una operadora privada, la responsable de activar los mecanismos de seguridad es en último caso Red Eléctrica. De ahí el enfado que en algunos ministerios ha provocado la rapidez con la que REDEIA se sacudió cualquier responsabilidad y de ahí también la exigencia de que entregara los datos brutos de la “caja negra” de la red de distribución para que sea examinada por técnicos ajenos a Red Eléctrica. 

Si el propio Gobierno desconfía, como es el caso, de la actuación de una presidenta que fue nombrada por Pedro Sánchez no debe sorprender que la oposición del PP, en su habitual estado de sobreexcitación haya pedido con urgencia la dimisión de Corredor. Lo verdaderamente extraño es que haya hecho del eje de su crítica la militancia socialista de la que fuera ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero teniendo en sus filas una larga lista de exministros y altos cargos que también han estado en nómina de Red Eléctrica y de diferentes operadoras privadas que han servido de puerta giratoria para políticos de distinto signo desde tiempo inmemorial.  Sin duda este es otro ángulo ciego a no perder de vista en la batalla que aún está por librar porque aquí en la picota, además de Corredor, estarán otros muchos. Y tampoco el de los motivos del enfrentamiento entre la hoy Vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y el anterior presidente de REDEIA, Jordi Sevilla que llevaron a la dimisión de este último y el nombramiento sobrevenido de Corredor.

A Beatriz Corredor (Madrid, 1968) le sonó el teléfono en mitad de una comida que tuvo que abandonar en un céntrico y concurrido restaurante de Madrid. Corrían los últimos días de febrero de 2020 y, unas semanas antes, Jordi Sevilla había presentado su dimisión como presidente de Red Eléctrica por un choque frontal con Teresa Ribera, entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra competente en Energía. La llamada volvería a sacar a esta registradora de la propiedad del ostracismo del que ha ido y venido varias veces a lo largo de su trayectoria política, que empezó oficialmente en 2003 cuando se afilió al Partido Socialista. 

El día de aquella comida aún nadie imaginaba a esas alturas que el mundo se encontraba a las puertas de una pandemia global por culpa de un coronavirus cuyos contagios ya se extendían como una mancha de aceite por el mapa, pero que, en Europa, no se convirtieron en un problema grave hasta bien entrado el mes de marzo. La perspectiva del paso del tiempo, y ante la dimensión de una emergencia sanitaria que, según registros oficiales, le costó la vida a más de 160.000 personas en España, dibujan hoy como una nimiedad que una de las preocupaciones que mantenía enredada aquellos días a la Moncloa fuese taponar la crisis que azotaba a la dirección de la compañía semipública que gestiona el transporte de la red eléctrica. Pero lo cierto es que se había convertido en un quebradero de cabeza para Pedro Sánchez. 

Jordi Sevilla, economista y exministro de José Luis Rodríguez Zapatero, había accedido a la presidencia de Red Eléctrica cuando el PSOE ganó la moción de censura a Mariano Rajoy. Y se había pasado meses contándole a todo el que lo quisiera oír que no soportaba las injerencias de Teresa Ribera, con quien chocó desde el primer minuto, según quienes trabajaron entonces cerca de ambos. Algo que no sorprendió a los que conocen de primera mano el carácter temperamental y la poca facilidad que tienen para dar su brazo a torcer. 

Una de las personas a las que Sevilla recurrió como desahogo en aquellos tiempos cuenta que incluso verbalizó informalmente un órdago que prometía trasladar al presidente: “O Ribera o yo, pero así no sigo”. No se sabe a ciencia cierta si llegó a pronunciar su ultimátum en la Moncloa, pero el final de la historia es esclarecedor: el presidente de Red Eléctrica dimitió y Teresa Ribera se consolidó como una de las personas de referencia para Pedro Sánchez en su Consejo de Ministros hasta que salió para convertirse en vicepresidenta de la Comisión Europea, tal vez la española con más poder en un organismo internacional. 

Sánchez buscó entonces para la máxima responsabilidad de la compañía eléctrica participada a un perfil que fuese visto con buenos ojos en el ministerio de Transición Ecológica y que también contara con su propia confianza personal. Una persona que aunara capacidad de gestión y lealtad. Que solucionara problemas y no los creara. Una especie de ‘pacificadora’ entre Red Eléctrica y el Gobierno. Y el casting, si es que lo hubo, lo ganó Beatriz Corredor. 

Corredor y Sánchez fueron compañeros en el ayuntamiento de Madrid en tiempos de Miguel Sebastián como candidato del PSOE, justo en la época en la que, en los corrillos periodísticos, se aludía al hoy presidente del Gobierno como “el concejal de guardia”. Esto es, el que atendía a los medios de comunicación en navidad, en verano, en Semana Santa o en San Isidro, mientras los compañeros de más rango disfrutaban de vacaciones. Pero no coincidieron mucho tiempo porque ella, poco arraigada a los papeles secundarios, fue nombrada ministra de Vivienda por José Luis Rodríguez Zapatero. Su salto a la política nacional conllevó un movimiento inédito: de concejala de la oposición a ministra, primero, para luego desescalar hasta secretaria de estado cuando la gran crisis se llevó por delante tantas cosas, incluidas la mayoría de promesas de aquel Gobierno socialista y dos de sus ministerios estrella: Vivienda e Igualdad. 

El terremoto interno que asoló al PSOE cuando perdió el poder y la travesía del desierto posterior los vivió Beatriz Corredor del lado triunfador de la historia. Es decir, cerca de Pedro Sánchez, al que apoyó cuando casi nadie creía en él para volver a la secretaría general de Ferraz después de ser desahuciado por sus propios compañeros. Esa lealtad tuvo premio. Primero, el líder socialista la puso al frente de la Fundación Pablo Iglesias. Y luego la incluyó en las listas al Congreso en las segundas elecciones generales de 2019. 

Después de esa cita de noviembre, Corredor salió elegida diputada y, al segundo intento, Sánchez consiguió ser investido presidente tras un acuerdo de coalición con Unidas Podemos. Nadie en el PSOE se atreve a asegurar al cien por cien que ella tuviera expectativas de entrar a formar parte de ese primer Gobierno de coalición, pero lo cierto es que en cuanto se conformó y se quedó fuera del mismo, volvió a rehuir un papel secundario: entregó su acta y dejó de ser diputada rasa. 

Quienes la conocen aseguran que se fue “bien” y que tuvo la oportunidad incluso de explicarle sus motivos personalmente al presidente. Y que éste le prometió que no la dejaría de tener en cuenta para un futuro que llegó enseguida. Su renuncia en el Congreso fue oficial el 13 de enero de 2020. Dos semanas después, dimitió Jordi Sevilla. Y el 21 de febrero fue nombrada como nueva presidenta de Red Eléctrica. 

Aunque soñó con ser neurocirujana, se decantó finalmente por estudiar Derecho. Cuenta que descartó el quirófano porque “no podría soportar convivir de forma permanente con el sufrimiento humano, y menos aún no ser capaz de aliviarlo”. La carrera jurídica, asegura, le ha dado “la satisfacción de servir a la sociedad desde diferentes posiciones”. Las más relevantes las alcanzó de la mano del PSOE. Pero mucho antes de afiliarse se había sacado una plaza como registradora de la propiedad tras estudiar las oposiciones en casa de Inés, su abuela por parte de padre, portera de finca y de quien adquirió, afirma, “su dignidad y sus valores”.

A la nieta de Inés le pilló el mayor apagón de la historia de España al frente de la compañía con más responsabilidad en el sistema eléctrico del país. Su gestión de la crisis ha causado desasosiego en el seno del mismo Gobierno que la nombró. Tras tardar 48 horas en salir públicamente a dar explicaciones, sostuvo que en Red Eléctrica no se produjo fallo alguno y descartó su dimisión de un puesto remunerado con 546.000 euros anuales mientras se hacía viral un vídeo de hace cuatro años en el que afirmaba que pudiera ocurrir lo que ocurrió el pasado lunes.

En privado, desde el Ejecutivo critican su “connivencia” con los operadores privados y su falta de liderazgo. En público, su compañero de corporación en el Ayuntamiento de Madrid y la persona que la propuso para el puesto dijo que se enteró por la prensa de la conclusión de Red Eléctrica (en la que negaba la posibilidad de un ciberataque). Y que le parecía muy bien pero que el Gobierno que preside prefiere llevar a cabo su propia investigación. Cuando se preguntó al Ejecutivo tras el Consejo de Ministros si la presidenta de la compañía contaba con respaldo, la respuesta fue gélida.

Desde aquella pandemia que asoló España justo a continuación de que Corredor pusiera un pie en su actual puesto, en el PSOE y en el Gobierno se convirtió en paradigmática la figura de Salvador Illa como muestra de una certeza: que las grandes crisis son siempre una amenaza para la reputación de quienes se ponen al frente de su gestión, pero también una oportunidad de encumbrar liderazgos de referencia. Fue el caso de Illa como ministro de Sanidad. Pero la resaca del “cero absoluto” que colapsó el sistema eléctrico el pasado lunes no parece acercar a Beatriz Corredor a esa senda. 

La política no entiende de complejidades. Los políticos huyen de las explicaciones complejas porque temen que los votantes no las entiendan. Algunos de ellos no son capaces de explicar cuestiones complicadas de forma simple. Eso no les convierte necesariamente en idiotas. Tampoco es que los periodistas puedan decir que son expertos en todo. Sólo hay que escuchar algunas tertulias televisivas o radiofónicas. La situación más dramática es cuando surge un tema en que los que saben de verdad son ingenieros y no todos piensan igual. Políticos y periodistas empiezan a sudar para saber qué es lo que tienen que decir. 

Todo es más fácil cuando te llega el argumentario o el partido tiene claro cuál es el mensaje por el que hay que apostar. Ahí no necesitas que los ingenieros digan nada. Sacas la ametralladora y empiezas a disparar. El que más acierte en la diana tendrá premio. Lo mismo se puede decir de los periodistas en algunos medios. ¿Hay alguien que tenga claro cómo se puede contar que el Gobierno o la oposición tiene la culpa y no hay nada más que hablar? El que primero levanta la mano se convierte en el mensajero elegido.

El apagón ha provocado una situación ante la que la política tiene todas las cartas para reaccionar mal. Por un lado, es imprescindible conocer las causas del desastre para que no vuelva a ocurrir. Y de ahí es lógico que se exijan las responsabilidades correspondientes. Por otro lado, es un asunto extremadamente complejo en el que es muy difícil saber lo que ocurrió –casi imposible si queremos saberlo en cuestión de unos pocos días– y dónde estuvo el error o cadena de errores que hizo posible el hundimiento del suministro eléctrico en tan sólo cinco segundos.

El Gobierno ha respondido a esta crisis a través de tres comparecencias de Pedro Sánchez, una de ellas con preguntas de periodistas. Fue una decisión arriesgada, porque quiso ser él quien diera las primeras explicaciones cuando no podía saber qué es lo que había fallado. Fue el miércoles cuando se celebró la rueda de prensa después del Consejo de Ministros con la primera comparecencia de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Horas antes, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, había dado dos entrevistas, a la Cadena SER y a un programa de TVE, las primeras desde que se desencadenó la crisis. En una actitud que molestó al Gobierno –es posible que lo dejara atónito–, Corredor no había considerado necesario aparecer ante los medios ni el lunes ni el martes tras la mayor catástrofe energética sufrida en este país desde hace al menos cincuenta años.

Lo más llamativo de la rueda de prensa fue que Aagesen y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, evitaron dar un respaldo claro y directo a la labor de Corredor, que fue ministra de Vivienda en el Gobierno de Zapatero, y eso que tuvieron varias oportunidades de hacerlo.

La vicepresidenta Aagesen se limitó a decir que el Gobierno está trabajando con Red Eléctrica y las empresas energéticas privadas para analizar las razones del apagón. También elogió la rapidez con que Red Eléctrica consiguió recuperar el suministro en toda España después de un incidente de consecuencias catastróficas. Dijo que la compañía y su presidenta habían hecho ahí un trabajo “extraordinario”. Pero se refería a su reacción después del apagón. No hubo un respaldo directo a su gestión hasta el apagón.

Es probable que el Gobierno tema que al final se descubra que el error inicial que propició el apagón tuviera su origen en Red Eléctrica. Le conviene dejar abiertas sus opciones. La compañía no es pública, porque la SEPI sólo cuenta con el 20% de sus acciones. Tampoco es totalmente privada, como lo son Iberdrola o Endesa, y por eso es algo más que discutible que Sánchez la denominara “operador privado”. El Estado tiene el control de su gestión, ya que el resto de acciones está repartido entre inversores en el mercado internacional. Los gobiernos nombran al máximo responsable de Red Eléctrica. Por eso, los anteriores presidentes fueron Luis Atienza y Jordi Sevilla con gobiernos socialistas y José Folgado con el Gobierno de Rajoy.

La parte más importante del mensaje del Gobierno consistió en intentar transmitir confianza en el sistema eléctrico a pesar de lo ocurrido el lunes. “Entendemos que esto va a ser un incidente aislado, pero no sabemos cuál ha sido el origen”, dijo Aagesen. Las dos partes de la frase pueden sonar un poco contradictorias en la medida en que es difícil garantizar que no se repita algo sin conocer antes las causas. Para esto último, se necesitará más tiempo.

El debate sobre las razones del apagón se ha visto contaminado por otro asunto que es legítimo, y es la discusión sobre el modelo energético de España. Varios medios se han dado mucha prisa en elegir al culpable señalando a las energías renovables que han sido una prioridad para el Gobierno de Sánchez. El porcentaje que aportan las renovables al mix energético ha sido contemplado con admiración fuera de España, pero no está exento de riesgos.

Eso no debería provocar ninguna alarma. Siempre han existido esos riesgos. La industria de los combustibles fósiles (carbón, petróleo o gas) ha sido esencial para el progreso en el mundo occidental desde el siglo XX y al mismo tiempo ha provocado infinidad de consecuencias negativas. Crisis económicas globales por el aumento de su precio desde 1973. Guerras en Oriente Medio influidas de forma decisiva por el control del petróleo. Daños medioambientales inmensos y un altísimo número de muertes por sus efectos en la salud.

La decisión del Gobierno de poner fin a las centrales nucleares de forma progresiva a partir de 2027 ha desencadenado un debate ideológico inevitable que ha ocurrido en otros países desde que Angela Merkel tomó en Alemania esa medida después del accidente de la central de Fukushima. No fue un paso que careciera de efectos medioambientales negativos. En ese momento, Merkel también adoptó la decisión de aumentar las explotaciones de carbón con las inevitables consecuencias perniciosas en la lucha contra el cambio climático.

Otros países, como Francia y Reino Unido, han seguido apostando por la energía nuclear. Sus problemas han sido otros. Francia conectó su reactor Flamanville 3 a su red eléctrica en diciembre de 2024, la primera vez que aumentaba su capacidad nuclear con una nueva central en 25 años. Con un nuevo diseño que estaba llamado a ser el modelo de central nuclear del futuro, Flamanville 3 entró en funcionamiento doce años después del plan original y con un coste total de 13.000 millones de euros, cuatro veces superior al presupuesto original.

Las nuevas centrales previstas en Reino Unido están afrontando retrasos y sobrecostes similares. La construcción del reactor de Hinkley Point iba a finalizar en 2027, pero no concluirá hasta finales de la década o más probablemente hasta 2031. Cuando se planteó el proyecto en 2016, el coste se situó en 18.000 millones de libras. Ahora está en 47.000 millones (55.000 millones de euros). Los gobiernos que siguen invirtiendo en energía nuclear tienen la molesta costumbre de no estar en condiciones de cumplir sus promesas en cuanto al coste y el tiempo de construcción de las centrales.

En España, el parón nuclear cuenta con la oposición del PP, que no ha tardado en relacionarlo con el apagón del lunes. Un editorial de El Mundo del miércoles exigió al Gobierno que responda por “los efectos de un modelo energético en el que el Ejecutivo ha antepuesto el sectarismo ideológico al interés general”. Curiosamente, estos medios nunca aceptan que la apuesta nuclear tenga que ver con la ideología y ni mucho menos pueda tacharse de “sectarismo ideológico”.

Lo que sí es cierto es que la apuesta por las renovables introduce otros elementos de riesgo cuya gestión es responsabilidad de Red Eléctrica. Una de sus funciones es equilibrar la demanda de electricidad con la oferta. Un exceso de oferta, de producción eléctrica, puede ser negativo. En el peor de los casos, puede hacer caer el sistema. Ante un exceso de producción fotovoltaica, lo que hace la compañía, por ejemplo, es parar una parte del parque solar con el fin de equilibrar el sistema. En ese juego de utilizar una u otra fuente, algunas son más manejables que otras y pueden cometerse errores.

Corredor descartó por completo que el origen del problema estuviera en las renovables. “El mix renovable es seguro”, dijo en la Cadena SER. “Relacionar el incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad. No es correcto”. Red Eléctrica ya ha informado que hubo una pérdida de generación fotovoltaica en el suroeste de la península que terminó arrastrando a todo el sistema. Pero el motivo de esa súbita desconexión aún se desconoce.

En la rueda de prensa, Sara Aagesen destacó que el mix energético no ofrecía antes del apagón un panorama muy distinto al normal. En plena primavera, no hubo un aumento repentino de la demanda a causa de temperaturas muy bajas o muy altas. La energía solar estaba aportando el 54% del suministro de energía y la eólica, el 10%. Son porcentajes que entran dentro de lo habitual en un país como España. Las renovables han llegado a cubrir el 100% de la demanda en momentos puntuales sin que todo el sistema se haya venido abajo.

Complejidad. Intereses económicos contrapuestos. Una investigación que sólo acaba de comenzar. No confíen en soluciones rápidas ni acertadas de políticos y periodistas. Habrá que esperar a ver qué dicen los ingenieros.

La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha negado este miércoles responsabilidad del operador del sistema en el histórico apagón del lunes, ha descartado dimitir y lo ha desvinculado de la alta penetración de renovables. En una entrevista en la SER, en sus primeras declaraciones desde el gravísimo incidente, ha dicho que “no es correcto” relacionarlo con un exceso de producción fotovoltaica.

“El mix renovable es seguro, puede participar en todos los sistemas de seguridad del sistema eléctrico, del operador del sistema, porque está dotado de los servicios para hacerlo. Por tanto, relacionar el incidente tan grave de lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto”. “No es un problema de cuánta generación entra porque hemos operado en condiciones mucho más extremas de renovables”. Además, ha afirmado, las renovables “tienen mecanismos que les permiten operar con mecanismos de generación convencional”.

Corredor ha señalado que “no había ninguna circunstancia el lunes distinta a circunstancias habituales” de otros días. Se ha remitido a las explicaciones que hasta ahora ha dado Red Eléctrica sobre el incidente, con “dos desconexiones con un segundo y medio de diferencia” y una “desconexión masiva que desequilibró el sistema”. Pero no ha aclarado la causa porque ha dicho que “a día de hoy” se desconoce.

Preguntada por si se ha planteado dimitir, ha señalado: “Mi trayectoria es asumir las responsabilidades”. “Si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho mal, la primera que me lo plantearía sería yo”. “En esta casa se ha trabajado bien” y “a la altura de lo que esperaba”. “Sería como decir que los servicios no han funcionado correctamente y no es así”. Posteriormente, en otra entrevista en TVE, ha insistido en que REE ha estado “a la altura” antes, durante y después del apagón.

En Valencia, donde se celebra el Congreso de los populares europeos, y tras estas declaraciones, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado, preguntado por los periodistas sobre Corredor y su negativa a dimitir, que “ella y el presidente” del Gobierno, Pedro Sánchez, “sabrán lo que tienen que hacer”, informa Irene Castro.

La presidenta de REE, cuyo mayor accionista (20%) es el Estado, ha explicado que además del centro de control nacional que tiene el operador del sistema “hay otros 35 centros de control que dependen de la red de distribución” a los que reportan todos los generadores. “Esos informes es lo que se ha pedido desde aquí” y desde el Ministerio para la Transición Ecológica, para “saber milisegundo a milisegundo cuál era el comportamiento del sistema” y “poder determinar en concreto qué generación se desconectó” y conocer “la causa” del apagón. Ha explicado que el Gobierno ha dado “hasta esta tarde” para facilitar esos datos y “después hay que analizarlos”.

Corredor ha explicado que las eléctricas ofertan su electricidad cada hora “según sus planes de negocio” y son “las que determinan el mix”. Y ha defendido que REE aplicó la normativa “rigurosamente” y que “el n-2”, esos dos fallos consecutivos que provocaron la desconexión masiva de 15 gigavatios del sistema eléctrico, no está previsto por la normativa en “ningún país del mundo”. Se sucedieron “elementos en cascada que no están previstos por la normativa”, ha insistido. Ante “acontecimientos excepcionales fuera de los rangos de seguridad, tenemos la obligación de ver qué ha pasado y tomar las medidas de salvaguarda que sean necesarias”.

Corredor ha defendido que el sistema eléctrico español es “el mejor de Europa” y ha atribuido a un “cierto malentendido” el malestar del Gobierno con REE por falta de información sobre el incidente.

Ha señalado que se ha dado acceso a los datos técnicos para descartar un “incidente” de ciberseguridad, como ya ha hecho Red Eléctrica. “Nuestros informes preliminares descartan que haya indicios de un ciberataque, pero evidentemente tenemos la disposición para que los servicios oficiales del Ministerio entren en el sistema físicamente, in situ, y puedan darnos las herramientas que tiene a disposición el Estado a nosotros y a los demás distribuidores” para “ver si hay algo que los servicios tradicionales no hayan podido detectar”. Es “razonable” que el Gobierno haga una investigación pero “a día de hoy” se descarta ese ciberataque.

Respecto a si está en disposición de afirmar que no va a volver a ocurrir un episodio como este, ha indicado que es “la primera vez que pasa en 50 años” y hay que “investigar” y poner “todos los remedios” para que “no vuelva a pasar”. “A día de hoy no va a poder ocurrir”. “Los ciudadanos deben estar tranquilos”.

También ha pedido “dar un poco de contexto” a la advertencia que Redeia, matriz de REE, incluyó en sus cuentas en febrero pasado sobre los riesgos de la alta penetración de renovables. Se trata de información que la empresa está obligada a incluir por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Ley de Sociedades de Capital, pero “eso no es un informe técnico”. El consejo de administración, que aprueba las cuentas, es “un órgano de dirección, pero no técnico que pudiera tener competencias para avisar” de una circunstancia de ese tipo.

Corredor se ha felicitado por la rapidez en la reposición del servicio tras el cero nacional, con un proceso muy complejo en el que “no falló nada” y “sin retrocesos”. “Los mejores cerebros del mundo eléctrico están en esta casa”. “Ningún sistema del mundo” ha podido reponerse a esa velocidad, ha defendido.

El consejo de administración de Red Eléctrica ha nombrado este martes a la exministra de Vivienda Beatriz Corredor nueva presidenta de la compañía, en sustitución del dimitido Jordi Sevilla.

La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que su consejo, previo informe de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado “designar a Dª Beatriz Corredor Sierra presidenta del Consejo de Administración y presidenta no ejecutiva de la Compañía”, cuyo mayor accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria de un 20% de las acciones.

Corredor, cuya propuesta de designación se conoció el viernes, ha sido nombrada consejera de la sociedad con la categoría de “otros externos” hasta que “se reúna la primera Junta General, a fin de cubrir la vacante existente en el Consejo de Administración, producida como consecuencia de la dimisión presentada por D. Jordi Sevilla Segura como consejero y presidente de la Compañía el día 28 de enero de 2020”.

Sevilla, que al igual que Corredor fue ministro en la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, dejó su cargo argumentado desavenencias con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Corredor, de 51 años, es licenciada en Derecho y registradora de la propiedad desde 1993. Considerada muy cercana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda en la Ejecutiva Federal de los socialistas y fue diputada en el Congreso por el PSOE hasta que el pasado 13 de enero anunció que abandonaría su escaño aduciendo motivos personales.

Afiliada al PSOE desde 2003, tras su paso por el Ayuntamiento de Madrid (entre 2007 y 2008), en 2008 Corredor fue nombrada ministra de Vivienda, cargo que ocupó hasta que en 2010 esa cartera quedó subsumida en Fomento, con lo que su ministerio quedó reducido a secretaría de Estado. Tras su salida del Gobierno, se incorporó a su plaza como registradora de la propiedad a Majadahonda, la localidad al oeste de Madrid donde reside la ministra Teresa Ribera. Desde septiembre de 2018 es presidenta y directora de la Fundación Pablo Iglesias.

En Red Eléctrica, tendrá una retribución estimada superior al medio millón de euros. Será la segunda mujer que presida Red Eléctrica tras Paulina Beato, que estuvo al frente de la empresa tras su creación en la década de los 80.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones del consejo de administración de Red Eléctrica va a proponer el nombramiento como presidenta no ejecutiva de la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, según ha anunciado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El nombramiento se hará efectivo el próximo martes.

Corredor sustituirá al dimitido exministro Jordi Sevilla en la empresa, cuyo mayor accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sevilla, que al igual que Corredor fue ministro en la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, dejó su cargo el pasado 28 de enero argumentado desavenencias con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La nota remitida a la CNMV indica que la comisión de nombramientos y retribuciones de la dueña de la red de alta tensión ha resuelto “informar favorablemente el nombramiento de Dª Beatriz Corredor Sierra, como presidente del Consejo de Administración y presidente no ejecutivo de la Compañía, siempre y cuando sea nombrada previamente consejera por el Consejo de Administración”.

Corredor, de 51 años, es licenciada en Derecho y registradora de la propiedad desde 1993. Considerada muy cercana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda en la Ejecutiva Federal de los socialistas y fue diputada en el Congreso por el PSOE hasta que el pasado 13 de enero anunció que abandonaría su escaño aduciendo motivos personales.

Afiliada al PSOE desde 2003, tras su paso por el Ayuntamiento de Madrid (entre 2007 y 2008), en 2008 Corredor fue nombrada ministra de Vivienda, cargo que ocupó hasta que en 2010 esa cartera quedó subsumida en Fomento, con lo que su ministerio quedó reducido a secretaría de Estado. Tras su salida del Gobierno, se incorporó a su plaza como registradora de la propiedad a Majadahonda, la localidad al oeste de Madrid donde reside la ministra Teresa Ribera. Desde septiembre de 2018 es presidenta y directora de la Fundación Pablo Iglesias.

En Red Eléctrica, tendrá una retribución estimada superior al medio millón de euros. Será la segunda mujer que presida Red Eléctrica tras Paulina Beato, que estuvo al frente de la empresa tras su creación en la década de los 80.

La exministra de Vivenda, Beatriz Corredor pasa a ser presidenta y directora de la Fundación Pablo Iglesias, según adelanta El Huffington Post. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha tomado esta decisión en su primera reunión tras las vacaciones de verano.

Corredor ocupará la presidencia en sustitución de José Félix Tezanos, actual presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que llevaba alrededor de un año en el cargo. Como directora de la fundación, Corredor sustituirá a Ibán García del Blanco, que pasa a ocupar una posición de patrono.

Beatriz Corredor fue nombrada ministra de Vivienda en la segunda legislatura de Zapatero, en 2008. Actualmente ocupa el cargo de secretaria federal de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda en la ejecutiva del PSOE.

No es el único cambio en la Fundación Pablo Iglesias. Francisco Martín Aguirre ocupará el lugar de Félix Bolaños como secretario, número dos de la misma. Martín Aguirre fue responsable de la asociación Bancal de Rosas, a través de la cual Pedro Sánchez canalizó la recaudación de fondos para su campaña dentro del PSOE. En la actualidad es jefe de gabinete del secretario general de Presidencia, Bolaños, a quien sustituye en este cargo.

Cuatro patronos han presentado su renuncia (María Angelina Costa Palacios, Francisco José Salazar Rodríguez, María Rosario Sánchez Morales y Juan José Solozábal Echavarría) y la ejecutiva del PSOE ha propuesto como sustitutos a Beatriz Corredor, Mercedes González Fernández y Francisco Martín Aguirre, además del citado García del Blanco.

La titular del Jutjat d'Instrucció número 24 de Madrid ha imputat a l'antic sotssecretari del Ministeri d'Habitatge Marcos Vaquer i a Nicolás Mateos, que va ser cap de Gabinet de la ministra socialista Beatriz Corredor, per un contracte de publicitat que va poder finançar irregularment al PSPV.

Se'ls imputen els suposats delictes de prevaricació i malversació i han sigut citats a declarar el 21 de maig juntament amb Eva Cuesta, que va ser cap de premsa de l'exministra, i Irene Domíngez-Alcahuz. El 30 de maig hauran de declarar com investigats altres quatre excàrrecs del departamente que dirigia Corredor: Eva Santiago, Pedro Plasencia, Rita Lorente i Andrés Lara.

La jutgessa María de les Mercedes Pérez ha pres aquesta decisió en una interlocutòria en el qual constata “irregularitats” en l'adjudicació d'un contracte de publicitat institucional del Pla Habitatge 2009-2012 per 126.208 euros a l'empresa Crespo Gomar pel Ministeri de l'Habitatge en 2009.

Segons la interlocutòria, Vaquer va ser qui va signar el contracte d'adjudicació i el certificat de conformitat amb la factura, mentre que Mateos “va redactar o va signar” el plec de prescripcions tècniques per a la realització de la campanya de publicitat contractada i “la declaració d'urgència” del procediment.

Aquest divendres estaven citats a declarar tres membres de la Mesa de Contractació que va adjudicar el contracte de publicitat amb Crespo Gomar després de la investigació iniciada en el jutjat d'Instrucció número 21 de València -que va ser derivada a quatre jutjats de Gandia, Benidorm i Madrid (2)- en el qual s'advertia de pràctiques que “indiciàriament” podrien ser constitutives de finançament il·legal del PSPV per a les campanyes de les eleccions municipals i autonòmiques de 2007. La magistrada Nieves Molina va descartar el delicte electoral, en el qual també estava implicat el Bloc, en estar prescrit.

A més del contracte del Ministeri d'Habitatge, s'investiguen altres adjudicats a empreses del mateix grup de comunicació des dels ajuntaments de Gandia i Benidorm baix governs socialistes, i altres signats en època de José Luis Rodríguez Zapatero amb els ministeris de Sanitat -amb Bernat Soria com a ministre- i Medi Ambient -la seua titular era Cristina Narbona-, a través de les empreses públiques Acuamed i Aguas del Júcar.

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha imputado al antiguo subsecretario del Ministerio de Vivienda Marcos Vaquer y a Nicolás Mateos, que fue jefe de Gabinete de la ministra socialista Beatriz Corredor, por un contrato de publicidad que pudo financiar irregularmente al PSPV.

Se les imputan los supuestos delitos de prevaricación y malversación y han sido citados a declarar el 21 de mayo junto a Eva Cuesta, que fue jefa de prensa de la exministra, e Irene Domíngez-Alcahuz. El 30 de mayo deberán declarar como investigados otros cuatro excargos del departamente que dirigía Corredor: Eva Santiago, Pedro Plasencia, Rita Lorente y Andrés Lara.

La jueza María de las Mercedes Pérez ha tomado esta decisión en un auto en el que constata “irregularidades” en la adjudicación de un contrato de publicidad institucional del Plan Vivienda 2009-2012 por 126.208 euros a la empresa Crespo Gomar por el Ministerio de la Vivienda en 2009.

Según el auto, Vaquer fue quien firmó el contrato de adjudicación y el certificado de conformidad con la factura, mientras que Mateos “redactó o firmó” el pliego de prescripciones técnicas para la realización de la campaña de publicidad contratada y “la declaración de urgencia” del procedimiento.

Este viernes estaban citados a declarar tres miembros de la Mesa de Contratación que adjudicó el contrato de publicidad con Crespo Gomar después de la investigación iniciada en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia -que fue derivada a cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid (2)- en el que se advertía de prácticas que “indiciariamente” podrían ser constitutivas de financiación ilegal del PSPV para las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. La jueza Nieves Molina descartó el delito electoral, en el que también estaba implicado el Bloc, al estar prescrito.

Además del contrato del Ministerio de Vivienda, se investigan otros adjudicados a empresas del mismo grupo de comunicación desde los ayuntamientos de Gandía y Benidorm bajo gobiernos socialistas, y otros firmados en época de José Luis Rodríguez Zapatero con los ministerios de Sanidad -con Bernat Soria como ministro- y Medio Ambiente -cuya titular era Cristina Narbona-, a través de las empresas públicas Acuamed y Aguas del Júcar.

“No nos preocupa absolutamente nada”. Así responden en Ferraz sobre la investigación judicial que ha terminado salpicando de refilón a la exministra Beatriz Corredor, miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, por la adjudicación de un contrato del Ministerio de Vivienda cuando ella estaba al frente a una de las empresas encargadas de la campaña del PSPV en 2007. La dirección socialista resta importancia a esa parte del contrato con el convencimiento de que quedará en nada, aunque evitan pronunciarse sobre qué pasará con el resto de la investigación sobre la presunta financiación de la federación valenciana.

El juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado a declarar como investigados a tres miembros de la mesa de contratación del Ministerio de Vivienda, que en 2008 adjudicó a la empresa Crespo Gomar, la agencia de cabecera del PSPV, un contrato para la campaña institucional del Plan Vivienda 2009-2012 por un valor de 148.000 euros. Esos tres funcionarios –la abogada del Estado, el interventor general y la oficial mayor– dieron el visto bueno a ese contrato, que fue suscrito en último término por el subsecretario de Estado.

En Ferraz sostienen, por tanto, que la adjudicación fue conforme a la legalidad y, en el caso de Corredor, subrayan que no tuvo nada que ver porque ni siquiera pasó por sus manos la decisión. Fuentes próximas a la exministra explican que en contratos inferiores a 300.000 euros existía una “delegación de competencias” por la que el ministro no firmaba esas contrataciones 'menores'.

La investigación judicial se produce a instancias de una denuncia del PP sobre la presunta financiación ilegal del PSPV y del Bloc. En el caso concreto de ese contrato, la jueza pidió un informe a la Intervención General del Estado que concluye que la “cronología” de la adjudicación “resulta incoherente e imposible” ya que el 29 de diciembre se adjudicó el contrato y se firmó el mismo día.

En Ferraz insisten en que esa es la conclusión de un perito a raíz de los datos que ha recabado, pero aseguran que el proceso fue legal y justifican las prisas de la adjudicación en el carácter urgente de la misma ya que el Plan de Vivienda se aprobó en diciembre y entraba en vigor a principios de 2009, con lo que era necesario acelerar el procedimiento de adjudicación. Las fuentes consultadas muestran su total confianza en que los tres miembros de la mesa de contratación que la jueza ha citado este viernes disiparán todas las dudas.

Las posibilidades de Corredor para Madrid

Corredor abandonó la política tras su salida del Gobierno de Zapatero, pero volvió a primera línea de la mano de Pedro Sánchez durante las primarias en las que se impuso a Susana Díaz. El secretario general contó con la exministra para su Ejecutiva, donde se encarga del área de Ordenación y Vivienda, una actividad que compatibiliza con su profesión como registradora de la propiedad.

Sánchez no descarta ahora que sea la cabeza de cartel para el Ayuntamiento de Madrid, una apuesta que no ven clara en la dirección del PSOE regional. En la dirección federal aseguran que este caso no mina las posibilidades de que sea la candidata y lamentan que se pretenda “ensuciar su nombre” y “cargarse su reputación”.

El Gobierno ha vetado la proposición de ley de medidas para fomentar el alquiler de vivienda del PSOE, que proponía volver a los contratos de alquiler de cinco años, ofrecer desgravaciones fiscales para arrendadores y arrendatarios y limitar la subida de los alquileres a la evolución del IPC.  La Secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda, Beatriz Corredor, ha lamentado que el Gobierno haya ejercido su prerrogativa de veto ya que demuestra “una insensibilidad total  con un problema que toda la ciudadanía ve acuciante, una cuestión donde la sociedad es consciente de que se están disparando los precios, especialmente en las grandes ciudades”. 

La dirigente socialista ha destacado que “la proposición socialista, registrada el 15 de marzo, es una reforma integral, no sólo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino además de la Ley del Suelo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con diferentes medidas de incentivo fiscal tanto para arrendadores como para arrendatarios”.

“Es una proposición que buscaba proteger al inquilino a la vez que incentivaba al arrendador, movilizando la oferta de alquiler para reducir los precios, terminando con los efectos perniciosos de la reforma del PP de 2013 y buscando que la regulación del mercado de alquiler se adaptase a las necesidades de la sociedad”, ha señalado Corredor.

Corredor ha mostrado su disconformidad con los argumentos empleados por el Ejecutivo para vetar la proposición del PSOE: “parece que han elaborado un veto deprisa y corriendo, en el último día de plazo y sin leerse la proposición, ya que han aportado cifras que se basan en el actual sistema de beneficios fiscales y no en el que propone la medida vetada. Así han engordado el coste de las medidas sobre bases erróneas, lo que hace que, a lo desacertado del veto, se sume la falacia de los argumentos empleados por el Ejecutivo”.

La propuesta del PSOE buscaba sacar al mercado una buena parte del parque de vivienda vacía mediante un sistema público de precios de alquiler de referencia por distritos (o barrios). Los propietarios se podían beneficiar de hasta un 60% de reducción en el IRPF del alquiler. La desgravación llegaba al 100% si además alquila la vivienda a jóvenes de entre 18 y 30 años con ingresos bajos.

Beatriz Corredor (Madrid, 1968) reapareció en política al lado de Pedro Sánchez en la campaña de las primarias. Dio el paso por el rechazo que le produjo la crisis que atravesó el PSOE al final del primer mandato del secretario general. Ahora ha vuelto a Ferraz como responsable de Ordenación del Territorio y Vivienda mientras compatibiliza la actividad política con su trabajo como registradora de la propiedad. La exministra defiende en esta entrevista que el PSOE no se ha podemizado sino que ha actualizado su defensa de la socialdemocracia y desgrana su posición sobre algunos de los retos en materia de vivienda a los que se enfrenta España, como las nuevas plataformas de alquiler vacacional.

Usted salió de la primera línea y ahora ha vuelto. ¿Qué le ha llevado a volver?

El sentimiento de orfandad. Soy militante desde hace muchos años, me siento socialista desde los 14 años y lloré de felicidad el día de 1982 que Felipe González y Alfonso Guerra en el balcón de esta Casa. Los valores del PSOE son los que siempre me han representado. Soy hija de esa generación que pudo estudiar gracias al sistema de becas que puso en marchar el PSOE. Mi toma de decisiones en la vida siempre ha estado marcada por los principios del PSOE. Me sentí absolutamente desolada por el famoso 1 de octubre, avergonzada y muy triste. Me sentí desorientada. Perdí mis referencias. No me gustó lo que se hizo ni cómo se hizo. No entendí que se utilizaran determinados medios para torcer la voluntad de los militantes. 

Hubo otro episodio que fue el de la abstención. Lloré de rabia. Me pareció una renuncia a los principios. Entendí a los que se abstuvieron por disciplina de partido pero también a los que votaron que no. Este es uno de los motivos por los que yo quiero recuperar al PSOE, quiero que el partido recupere su esencia y que demostremos a los que nos apoyaron y nos dejaron de apoyar que somos los mismos, que no hemos perdido los principios, que sabemos dónde estamos y dónde tenemos que estar y que no podemos alejarnos de nuestra base social.

¿Cuándo se hizo pedrista?pedrista

Lo siguiente que me animó fue la dimisión de Pedro Sánchez, cuando renunció al acta de diputado, me pareció un acto admirable de coherencia política. Ese día me hice pedrista. Cuando dijo que iba a seguir trabajando por la esencia del partido, dije: “En este proyecto sí creo”. Pero fue una cosa natural, me puse en el lado donde mis principios me dijeron que tenía que estar. 

Ha dicho que perdió las referencias. ¿Quién ha cambiado: Felipe González o el PSOE?

Naturalmente ha cambiado Felipe González. Ha hecho una evolución personal que respeto. Ha sido un gran presidente que consiguió modernizar España tras una época negra y oscura. Soy hija ideológica de Felipe González. Ha sido una referencia siempre y luego salió del gobierno y me sentí defraudada no porque trabaje en empresas privadas, que es una decisión personal, pero sí por que perdiera la perspectiva de la lealtad que se le debe al secretario general del partido que forma parte. El PSOE es un partido profundamente democrático en los procedimientos y en el respeto a los órganos que nos damos. Felipe González cometió un error y fue un acto de deslealtad. Entonces sí, fue una pérdida de referencias para mí. 

¿Qué tiene el PSOE de Pedro Sánchez respecto al PSOE de Zapatero?

Es un nuevo PSOE en cuanto que ha reformulado los principios socialdemócratas de los que nunca nos hemos movido para adaptarlos a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. Esto pasa por darle a todo el programa un eje transversal básico que es la transición ecológica de la economía y en la reconfiguración de la economía puesto que el progreso tecnológico y digital va a suponer un cambio en muchísimas de las profesiones que conocemos y va a suponer una redistribución de los puestos de trabajo. Toda la línea de la transición ecológica de la economía, de la economía digital, de recuperación de derechos civiles y de recuperación del estado de bienestar es la misión de la socialdemocracia.

Se ha destruido una parte del tejido social que va a costar mucho recuperar porque la sociedad se ha acostumbrado a que esto sea lo normal. No se puede consentir que haya una generación entera de jóvenes formados españoles que se conforma con trabajos precarios porque no les ofrecemos otra cosa. No se les puede dejar en la desesperanza absoluta. Hay que sentar las bases para que puedan trabajar y acceder a una vida digna y solo lo puede hacer la socialdemocracia aquí y fuera de España. 

¿No es una línea continuista con la política de Zapatero?

En la época de Zapatero tocó lidiar con la peor crisis económica desde 1929 y se lidió siguiendo las pautas que se dictaban desde la UE. Es verdad que se dictó una política después de recorte social y de austeridad que llevó a un austericidio y que lógicamente estamos pagando las consecuencias. Tocó gobernar en aquella época pero aquello se ha superado y desde entonces ha venido gobernando el PP, cuya forma de gobernar ha sido recortar el gasto social y hacer recaer el peso de la crisis sobre los asalariados y sobre los trabajadores y la esperanza de los jóvenes.

El PSOE tiene la obligación de contrarrestarlo. ¿Hay continuismo? Somos el PSOE, éramos el PSOE también cuando lo fundó Pablo Iglesias, y tiene dos características básicas: es el partido que mejor refleja la realidad española y es el que mejor se adapta a la realidad. ¿Ofrece el PSOE del siglo XXI lo mismo que en los 80? No. ¿Es el mismo partido? Sí. Pero es que la sociedad no es la misma, ni las necesidades de la sociedad. Estamos en la mayor revolución de cambio disruptivo mundial. En esta coyuntura quien mejor se está adaptando es el PSOE. 

Ha hablado de que les tocó gobernar cuando estalló la crisis. ¿Se hicieron las cosas mal?

Nadie acierta siempre. Se tomaron decisiones dolorosas, que a nadie le gustó tomar, que tuvieron una consecuencia política obviamente. Pero después llegó un gobierno que no ha mejorado la situación de la gente que sufre por la crisis. ¿Se cometieron errores? La historia lo juzgará, pero la historia está demostrando que se tomaron decisiones acordes con lo que venía planteándose desde Europa y que se trató de minimizar el daño a los que más sufren. Cuando ha empezado la recuperación económica, los que más sufren no lo han visto en su salario y en su vida.

Habiendo formado parte del equipo de Zapatero, ¿entiende que Zapatero no apoyara a Pedro Sánchez?

Con Zapatero tengo una relación personal excelente y cuando comenzaron las primarias yo le manifesté mi desacuerdo con el procedimiento que se había utilizado para derrocar al secretario general y le manifesté mi intención de apoyarle, que su proyecto era el más moderno, coherente y el que mejor conecta con los votantes que están esperando una solución del PSOE. Se lo dije desde el principio y me dijo que estaba en otra opinión, pero nunca hemos tenido ningún roce. Hemos hablado tanto antes como después de las primarias. Él es un hombre de partido, leal y entiende perfectamente lo que significa la lealtad al secretario general.

Yo he estado en su equipo, estoy muy orgullosa y le agradezco muchísimo la oportunidad que me dio. Ahora estoy en el de Pedro Sánchez porque mi proyecto es el socialdemócrata. Cuando hay primarias es que hay candidatos, lo que no tiene sentido es que si hay primarias se piense que está todo el mundo de acuerdo porque si las hay es porque dos proyectos plantean alternativas diferentes. Y cuando hay alternativas hay confrontación de proyectos. 

En esa adaptación al nuevo tiempo, ¿se ha podemizado el PSOE?podemizado

No entiendo qué significa podemizarse. El PSOE ha estado desde hace casi 140 años al servicio de la gente y tratando de que desaparezcan las desigualdades. Por tanto, el PSOE siempre ha estado ahí. Es evidente que hay un fenómeno social que se ha convertido en un fenómeno político derivado de una insatisfacción de una enorme masa de población que no se sintió representada por el PSOE y sintió que tenían otra opción política que podía representarles. Y esa base social es de izquierdas.

Nosotros no nos hemos podemizado, hemos estado siempre aquí. Otra cosa es que tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos, que es una obviedad. ¿Se trata de recuperar votos? No, se trata de dar a la sociedad la esperanza y los recursos que necesita. El mejor situado para hacerlo es el PSOE por su tradición inequívoca de partido de gobierno y no tiene que demostrar su vocación socialdemócrata. No existe podemización, el PSOE tiene que recuperar la confianza de los votantes que un momento determinado que consideraron que había una fuerza política que les ofrecía una esperanza que nosotros no. No nos hemos podemizado, quizás simplemente tenemos un proyecto que conecta netamente con lo que la sociedad del siglo XXI espera de un partido socialdemócrata. 

Con la mesa de coordinación permanente, ¿se puede desdibujar el PSOE?

No, porque el PSOE mantiene su posición desde hace muchos años adaptándola a la realidad. Existe una realidad social y política y es que hay un partido que tiene una enorme representación parlamentaria, por lo que muchos ciudadanos confiaron en ellos, y es una opción de izquierdas. Naturalmente que en temas de agenda social podemos coincidir con Unidos Podemos y, teniendo en cuenta la debilidad parlamentaria del PP, la obligación de las fuerzas de izquierdas es ponerse de acuerdo para servir a la sociedad.

Servimos mejor poniéndonos de acuerdo en medidas que puedan revertir recortes de derechos y de estado de bienestar. En otras cuestiones vamos a discrepar de Podemos porque somos dos partidos autónomos y hay cuestiones, por ejemplo, de regeneración en las que podemos coincidir con Ciudadanos. No hay nada desdibujado, hay un escenario parlamentario que obliga al diálogo y el consenso. 

En cuanto a la política de vivienda. ¿Asistimos a una nueva burbuja inmobiliaria?

No parece. Desde el punto de vista de la construcción, no. Desde el punto de vista macroeconómico ha caído mucho el peso de la construcción en el PIB y sobre todo en el empleo, que es lo que preocupa. Tiene que adaptarse a la demanda. Cuando estábamos en el trabajo ya hablábamos de reequilibrio. Se provocó que la única salida de vivienda fuera la compra que estaba desorbitada y dejó mucha gente fuera y, segundo, un déficit de viviendas destinadas al alquiler que es imprescindible en una sociedad moderna.

Tiene que haber un sector de la construcción que dé salida a las necesidades de vivienda de la población. ¿Tiene que hacer nueva vivienda solo? No, tiene que hacer nueva vivienda donde haga falta con un crecimiento razonable y sostenible y sobre todo debe intervenir en la ciudad consolidada. Tenemos núcleos de población que se han ido deteriorando con los años y que tienen que ser mejorados y el sector de la construcción no se ha dedicado a la rehabilitación, que crea mucho empleo. 

¿Se ha mercantilizado el alquiler?

Hay que distinguir dos planos: el mercado libre y el mercado protegido, donde incide la política social. En los dos se puede intervenir. En el plano social se decidió concentrar las ayudas públicas en las ayudas al alquiler y a la rehabilitación. No se ha dedicado medios suficientes para dar respuesta a una demanda que está muy por debajo de lo que se pide. Tenemos mucho menos alquiler social del que hace falta. Se puede destinar suelo público a vivienda en alquiler, dar sistemas de financiación o hacer alojamientos dotacionales. Desde el punto de vista del mercado privado, tradicionalmente ha estado en manos de particulares porque no hay grandes empresas que se dediquen a gestionar parques amplios de vivienda en alquiler para el público en general. Cuando hay poca oferta y mucha demanda suben los precios y es uno de los problemas que hay. 

El siguiente problema es que han irrumpido en el mercado plataformas especializadas en el uso turístico o vacacional que en algunos centros de población y en ciudades ha revertido en subida de precios y escasez de viviendas. Hay determinados propietarios que lo en más rentable. Una de las derivadas es la expulsión de los vecinos de esa población porque se pierde el comercio de proximidad y llegan las franquicias y los barrios tradicionales se convierten en parques temáticos de turistas con maletas; la convivencia ciudadana es otra derivada porque se crean problemas, como el ruido; y un problema de inseguridad. 

Pero el problema es que suben los precios...

Porque se ofrece alquiler por días. Falta alquiler familiar o profesionales que se desplazan...

¿Esto se puede regular de alguna forma?

Hay iniciativas de muchos tipos. En ciudades europeas se determinan por áreas los precios máximos de venta; en otros municipios se trata de hacer en positivo intentando incentivar a los propietarios de las viviendas disponibles para que fijen las rentas en determinados niveles apoyándoles en servicios adicionales, como seguros de impagos de rentas o de protección jurídica... Hay muchos aspectos que son de política social aunque la ley de arrendamientos urbanos es estatal y hay aspectos que se tienen que revertir, porque desprotege a los inquilinos desde el punto de vista de fijación de la renta y de la estabilidad. Cuando una familia decide vivir de alquiler no lo hace para que al año siguiente le suban la renta según le parezca al dueño y una familia no tiene estabilidad a tres años, sino en más tiempo porque depende del colegio, el trabajo....

¿Se puede poner algún límite a plataformas como Airbnb?

Existen porque hay una necesidad social. Hay una cosa que me parece equívoca que es la referida a la economía colaborativa. La parte de que colaboren particulares en favorecer la vida de otros particulares es colaboración, pero que una determinada plataforma que no pone ningún recurso más que su propio software tenga un determinado enriquecimiento y no pague los impuestos que correspondan a costa de que se ofrezca un determinado servicio, pues en fin... Las empresas que ofrecen un servicio tienen que competir en una cierta igualdad de condiciones, es decir, revertir a la sociedad los beneficios que obtienen y eso se hace por vía impositiva o vía regulación.

Lo que es evidente es que no se puede poner puertas al campo y la economía colaborativa está, es un servicio que la gente demanda y cubre una necesidad social porque si no no existiría. Ahora eso tiene que ser que revierta en la sociedad el beneficio que obtienen.

También hay que tratar de regular la seguridad de los usuarios. Cuando uno usa un servicio sabe que puede poner una determinada reclamación, pero tiene que saber a quién tiene que reclamar. Ya que utilice ese servicio porque quiere y no porque no puede usar un servicio oficial. Hay que tener cuidado con de qué manera un determinado servicio se está dejando fuera la obligación de procurar vivienda digna a una generación de jóvenes y un grupo de personas que lo requieren y no la encuentran. ¿Hay que regularlo? Sí. 

¿Cuál sería su propuesta? 

Hay que sentarse y verlo porque hay algunas propuestas de ayuntamientos que están en fase beta. Uno de los déficits del sector del alquiler es que no hay estadísticas fiables sobre los precios, cuesta ver los precios medios de verdad. Ahí se puede trabajar. Teniendo esa referencia se puede trabajar mucho mejor para ver cómo se ofrece alquiler sin que se vayan por las nubes. Una es el alquiler social, pero requiere presupuesto público y otro es ver qué incentivos se dan para que los precios no se disparen. Desde luego que la referencia sea el IPC, que se ha suprimido, es una garantía de que no se va a subir de manera desorbitada. Ahora los contratos que vencen se están subiendo. El inquilino está en situación inferior. Hay que intentar que sin desincentivar se protejan los derechos de los inquilinos dentro de una normalidad estabilidad y económica. 

¿Y qué medidas sería partidaria de implementar?

La idea que tengo es que hacer una limitación de rentas por determinadas zonas no favorece la bajada de precios sino una gentrificación mayor de determinadas zonas e incluso que se tomen iniciativas de economía sumergida para complementarlas y eso no es una buena idea. La penalización de las viviendas vacías tampoco me parece porque es difícil de determinar y es muchísimo mejor dar medidas de incentivo positivo para que los propietarios de esas viviendas consideren que poniéndolas en el mercado es su mejor opción. Para ello la renta es una decisión, pero no solo la renta: la protección, el estado de devolución, que haya un servicio de mantenimiento que te permitan despreocuparte...

¿Y los jóvenes?

El plan de rescate para jóvenes es imprescindible y también por la vivienda. Para que sean independientes han de tener una casa. Desde el punto de vista del empleo, hay que favorecer que tengan un trabajo en la que es su ocupación y que estén en lo que han estudiado. Hay una generación de jóvenes que dejó de estudiar para ir a trabajos con una alta remuneración, sobre todo vinculados con la construcción que después se han ido de forma masiva al paro. A estos jóvenes no se les puede condenar a la desesperanza ni a la precariedad.

Hay que formarlos para que puedan acceder al mercado laboral y hay un ámbito dentro de la construcción claro y nítido que es la rehabilitación: requiere dar trabajo a pymes locales, a los complementarios de la construcción, es decir, que genera actividad económica y laboral y requiere una mayor cualificación. En la obra nueva metes maquinaria pesada pero la rehabilitación es una labor de orfebrería por lo que requieres más mano de obra y más cualificada. También hay un campo en la eficiencia energética. 

¿El plan de rescate a jóvenes se ha cuantificado y se va a llevar al Congreso?

Tiene muchas ramas y, en la que me compete que es la de vivienda, una propuesta es la vivienda de alquiler social y la reconversión de jóvenes sin trabajo para que puedan encontrar una ocupación. Es una prioridad. No se puede condenar a la desesperanza a una generación de jóvenes ni decirles que su futuro pasa por tener un trabajo precario cada tres meses y no poder hacer una proyección de vida.

Probablemente los millennials, y yo tengo dos hijas millennials, tienen unas expectativas que no coinciden con las nuestras: ya no tienen en la cabeza casarse, comprar una casa, tener hijos y trabajar siempre en el mismo sitio. Su perspectiva es distinta porque la sociedad ha cambiado y tienen una visión más amplia y no es tanto trabajar al lado de casa sino cambiar y reciclarse. Pero no podemos condenar a la desesperanza, que es como están: desesperados. Hay que rescatarles ahora y darles una perspectiva de futuro a largo plazo. Eso no se puede hacer con vistas a las próximas elecciones, hay que poner luces largas.