Miércoles, 5 de enero de 2022. Manuel (nombre ficticio) trabaja como jardinero en la empresa Canaragua, la principal compañía de gestión del ciclo integral del agua en Canarias. Está podando unos matos en las inmediaciones de un barranco cuando pisa un hoyo y se le dobla la pierna derecha, sintiendo un charrasqueo en la rodilla.

Dos días más tarde acude a la mutua laboral Asepeyo para comunicar lo ocurrido. Dice que sintió cómo la rodilla se le fue “a un lado” y que varios compañeros de trabajo presenciaron el incidente.

El informe de asistencia, sin embargo, no aprecia signos compatibles con un traumatismo reciente. No encuentra ningún hematoma, derrame ni hinchazón. Apunta de hecho que la rodilla accidentada, la derecha, se ve igual que la izquierda. Detalla que las exploraciones realizadas para valorar una posible lesión de ligamentos o meniscos resultan negativas. Y agrega asimismo que existen “cambios degenerativos” en la parte interna de la rodilla y en la rótula. La prueba que detecta el roce o chasquido por desgaste de la rótula, la que se conoce como “prueba del cepillo rotuliano”, sí da positivo.

La mutua rechaza declarar que el trabajador sufrió un accidente laboral “dada la inexistencia de mecanismo accidental traumático”. En su resolución, lo deriva a la sanidad pública canaria aludiendo a “los antecedentes quirúrgicos del paciente”, a su “constitución obesa” y a que en la exploración “no hay esguince” ni “signos agudos inflamatorios de traumatismo”.

Manuel enferma de COVID-19 al día siguiente. Es 8 de enero de 2022 y está de baja a causa del virus hasta el 21 de ese mismo mes. Tres días después, el 24, es valorado por su médico de cabecera, que le prescribe una baja por enfermedad común con el diagnóstico de “esguince de localización no especificada de la rodilla”.

Es la primera vez que recibe tratamiento por una dolencia de este tipo. Muestra “impotencia funcional” y “dolor agudo”. Nunca había estado de baja por problemas en esa rodilla ni había seguido tratamiento analgésico al respecto.

A finales de marzo, el hombre solicita al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la determinación de contingencia para que su baja sea reconocida como accidente de trabajo. Meses después, en verano, sufre otra tragedia: mientras iba en bicicleta, es atropellado frontalmente por un coche kamikaze que circulaba en dirección contraria y que se dio a la fuga. Nuevos análisis confirman entonces “artrosis marcada” en su rodilla derecha. 

La historia de Manuel es también la del colapso de la sanidad pública canaria. En junio de 2023, su historial clínico recoge tres visitas al servicio de Traumatología por un dolor “recurrente invalidante” para recibir una infiltración que no pudo practicarse en ninguna de esas ocasiones por la falta de facultativos.

En agosto, el INSS deniega su petición al considerar que “no queda acreditado” que la lesión se produjera “en tiempo y lugar de trabajo”. En febrero de 2024, dos años después de sufrir el accidente, el Instituto le reconoce una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, aunque la cataloga como derivada de “enfermedad común”. Manuel la impugna y acude, también, a los tribunales, donde consigue su primera victoria en todo este tiempo.

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria estimó la demanda del trabajador y declaró que su incapacidad temporal tenía origen laboral, por lo que obligó a la Mutua Asepeyo a abonarle la prestación correspondiente y a devolverle las cantidades no percibidas. La base reguladora en este caso de la prestación por accidente de trabajo asciende a 1.979,20 euros al mes.

El fallo otorgó plena credibilidad a las declaraciones de los compañeros de trabajo que estuvieron presentes el día de los hechos y dio validez al informe emitido por el perito médico propuesto por Manuel, quien recordó que el empleado no había sufrido ninguna baja previa por patologías en esa rodilla.

Pero la mutua recurrió. Presentó un recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en una reciente sentencia ha desestimado su apelación, ha ratificado que la baja de Manuel derivó de un accidente de trabajo y ha impuesto a Asepeyo el pago de 800 euros en costas. El fallo es firme, han confirmado fuentes del TSJC. Su ponente es la magistrada Gloria Poyatos.

El alto tribunal canario ha recriminado el “rechazable vicio procesal” de la mutua al destacar que construyó todo su recurso sobre “afirmaciones que no vienen avaladas” y partiendo de “premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida”. Es lo que se conoce en derecho como “petición de principio” o “hacer supuesto de la cuestión”.

Asepeyo pidió que se modificara el relato de los hechos para que constara que el accidente ocurrió “mientras [Manuel] se dirigía a su casa”, ya que el propio trabajador indicó, cuando acudió a la mutua, que se lesionó “al salir del trabajo andando”, por lo que sería un accidente ‘in itinere’. También solicitó que se incluyera en ese relato el atropello que sufrió mientras circulaba en bicicleta. La mutua otorga “relevancia” a este hecho porque se produjo en verano de 2022, mientras que el informe pericial sobre el estado de salud de Manuel se emitió después, en septiembre de 2023.

El TSJC, no obstante, desestimó todos y cada uno de los argumentos de la entidad. Concluye que Manuel se dobló la pierna “durante la jornada laboral” y que ese hecho probado “descansa en la prueba testifical” en primera instancia de sus compañeros de trabajo.

Asimismo, ante el informe pericial de la mutua (que descartó que hubiera un golpe traumático evidente y apreció una “contradicción” entre cómo se produjo la lesión según lo manifestado por el trabajador al acudir a urgencias y lo posteriormente relatado en la demanda), el alto tribunal canario respetó “la valoración realizada” por la jueza de instancia, que dio mayor credibilidad al informe médico aportado por Manuel, en el que se señala que el paciente comenzó a sufrir dolor en su rodilla derecha desde el día en que se produjo el accidente, y no antes.

“La doctrina del Tribunal Supremo” dice que “ante dictámenes médicos contradictorios, (…) se ha de atender a la valoración realizada por el magistrado de instancia”, recoge la sentencia.

Canarias Ahora contactó con la Mutua Asepeyo para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha habido respuesta. En una entrevista publicada hace semanas en ‘Prensa Ibérica’, su director en Canarias, Ángel Castillo, afirmó que “se usa la baja como refugio para cosas que nada tienen que ver con la salud” y que las mutuas no tienen “ningún interés económico”.

Pero lo ocurrido a Manuel no sorprende a los sindicatos. Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO), denuncia que es “bastante habitual” que las mutuas, “de manera muy recurrente”, deriven a los servicios públicos a trabajadores “sin haber hecho un estudio previo de si realmente el origen de su patología es laboral”.

Los datos la respaldan. El 21,52% de las quejas formales presentadas contra las mutuas a nivel nacional se deben a discrepancias con la calificación de la contingencia. Es decir, a casos en los que se califican como enfermedad común lesiones que los trabajadores consideran accidentes laborales.

Este tipo de reclamaciones ha pasado de 4.129 en 2023 a 4.551 en 2024, según el último informe publicado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número total de quejas también se ha elevado, al pasar de 17.953 a 21.146.

Las cifras revelan que Asepeyo recibió 3.657 reclamaciones en 2024, un 44,72% más que en 2023, el mayor aumento reportado entre las mutuas. Y también que es la entidad que registra el mayor índice de incidencia de quejas (0,17%) en relación con la población que tiene protegida. 

Marrero cree que existe cierta “connivencia” entre las mutuas y las empresas para invisibilizar la siniestralidad laboral. A su juicio, declarar una enfermedad profesional o un accidente de trabajo evidencia que la mercantil puede tener problemas de seguridad y la obligaría a invertir en mejorar las condiciones laborales. “Las empresas lo que quieren es salir bien en la foto”, resume.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO reconoce que “no todas las personas” tienen la fuerza que ha demostrado el jardinero Manuel para luchar en los tribunales y lamenta que muchos trabajadores se sientan “demasiado pequeñitos para enfrentarse a la empresa y a todo un sistema jurídico que no controlan”.

Marrero denuncia la saturación de los servicios públicos como consecuencia de ello y el retraso en la obtención de diagnósticos que, en incontables ocasiones, acaban cronificándose. “Las mutuas están muy bien dotadas de recursos materiales para determinados diagnósticos. Son recursos que deben estar al servicio o en beneficio de la recuperación de las personas trabajadoras”, añade.

José Francisco Hernández, técnico de prevención de riesgos laborales en UGT, ahonda en la misma línea. “En muchas ocasiones, el proceder de las mutuas es primero negar y después que el trabajador o la trabajadora pelee. En cierto modo, si se me permite la expresión, nada objetiva, es como poner a los lobos a cuidar de las ovejas”, sentencia.

Marrero exige que las mutuas sean integradas directamente dentro de la Administración Pública y que atiendan desde el primer momento a los trabajadores, sin excusa. En caso de considerar que el empleado no se lesionó en el trabajo, la de CCOO reclama que sea la mutua (y no la persona trabajadora) la que acuda al INSS para que revise la incapacidad temporal.

Un hombre de 80 años ha fallecido este martes tras volcar su tractor y quedar atrapado debajo del vehículo en el término municipal de Mota del Cuervo (Cuenca), según han informado a Europa Press fuentes del 112.

Es el segundo accidente de las mismas características que sucede en quince días, el anterior tuvo lugar en una finca ubicada en el término municipal de Alhambra (Ciudad Real).

El servicio de atención de urgencias ha recibido el aviso a las 9.09 horas desde el Camino de Rabosero de la citada localidad.

El hombre ha fallecido en el lugar del accidente. Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil, la Policía Local y bomberos de Villarrobledo, así como un médico de urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital.

Un juzgado de Terrassa (Barcelona) ha condenado a dos años y medio de cárcel al responsable de una constructora por la muerte de un trabajador por un reventón en una rueda del camión que conducía, un neumático usado y mal conservado, que no estaba en condiciones de circular, el 3 de julio de 2020, como ha adelantado El Periódico e informa la agencia EFE.

El accidente laboral ocurrió en la A-2 a su paso por Castellbisbal (Barcelona), al sufrir un reventón uno de los neumáticos del camión semirremolque que conducía el fallecido, lo que provocó la pérdida de dirección del vehículo, que acabó cruzando los dos carriles y chocando con una barrera y, finalmente, con el panel informativo de la vía. La víctima tenía 41 años, estaba casado y tenía dos hijos menores.

En su sentencia, la titular de la plaza número 3 del titular de instancia de Terrassa condena al responsable de la constructora Excavaciones Balex S.L. y Serveis i Obres Costa Daurada por un delito contra los derechos de los trabajadores, junto a otro de homicidio por imprudencia, y le inhabilita para ejercer de administrador de empresas relacionadas con el transporte durante dos años y medio.

Colocaron un neumático usado y desgastado

La sentencia, que detalla El Periódico de Catalunya, impone también sendas penas de un año de cárcel al responsable y al encargado de la empresa Neumáticos S.L, empresa de reparaciones mecánicas que se encargaba del mantenimiento de los neumáticos de los vehículos de la constructora.

La jueza concluye que estos, tras una conversación con el dueño de la constructora, “decidieron colocar un neumático usado que no estaba en condiciones para circular” en el camión, lo que fue la causa del reventón que acabó en siniestro mortal, indica este medio.

En el juicio, los Mossos destacaron el mal estado de las ruedas del vehículo siniestrado y también comparecieron trabajadores y exempleados de la constructora.

La Fiscalía señaló al empresario por “obligar” a los empleados a conducir vehículos en mal estado, ya que destacó el despido de otro empleado por negarse a circular con un camión con los neumáticos “que podían comprometer seriamente su integridad física”, destaca El Periódico.

540.000 euros en indemnizaciones

De forma solidaria, los tres condenados deberán pagar indemnizaciones que superan los 540.000 euros -más intereses- a la esposa, hijos, padres y hermanos del trabajador fallecido, cantidad de la que responderá de forma directa la aseguradora Fiatc hasta el límite de su cobertura y, subsidiariamente, las empresas constructoras y la de los neumáticos.

La sentencia da por probado que los neumáticos, tanto de la tractora como del semirremolque, “carecían del mantenimiento adecuado, motivo por el que la rueda delantera del vehículo reventó debido a su mal estado de conservación, totalmente desgastada, por debajo de los límites legalmente establecidos, con goma endurecida y con profundidad irregular”.

El resto de neumáticos, añade la jueza, también estaban en mal estado de conservación, por lo que concluye que el responsable de la constructora incumplió con su deber de “velar por la seguridad de los trabajadores”, al no garantizar a la plantilla equipos adecuados.

En España fallecen dos personas al día en accidentes de trabajo, muchas de ellas por la falta de las medidas preventivas necesarias. El año pasado, murieron 735 trabajadores, según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Trabajo. En el primer trimestre de 2026 han fallecido 170 personas, ocho más que el año pasado.

Las autoridades reguladoras de la seguridad laboral de California han dado un primer paso para impulsar la prohibición de la fabricación de piedra artificial por su riesgo para la salud de los trabajadores, ha informado Bloomberg. Toman la decisión ante el gran aumento de los enfermos por silicosis, enfermedad progresiva e incurable, en una “epidemia” que afecta a muchos países y especialmente a España, con un récord de 600 nuevos casos el año pasado.

California inicia así un proceso que podría convertir al estado en el primero de Estados Unidos en vetar este material, de uso habitual en las cocinas a través de las encimeras de aglomerado de cuarzo, pero que también se está introduciendo en paredes y otros materiales de construcción. Sería la segunda prohibición de este material, tras Australia, que tomó la decisión en 2023.

Una medida tendría amplias repercusiones para las empresas que fabrican piedra artificial, concretamente Caesarstone USA, la española Cosentino y Cambria Co. LLC, destaca Bloomberg, ya que California es un mercado clave para estos productos.

Gran aumento de trabajadores enfermos

Este Estado ha identificado al menos 562 casos confirmados de silicosis relacionados con la piedra artificial, 218 solo el año pasado, con un importante incremento de casos desde 2022. La edad media de diagnóstico son los 46 años.

Hasta el momento han fallecido 31 trabajadores y hay constancia de 58 trasplantes de pulmón. El 98% de los afectados son trabajadores latinos, comunidad que trabaja especialmente este material en talleres de marmolerías.

“Es difícil, porque la vida se corta”, explicaba a Telemundo José Luis Martir, un extrabajador con complicaciones para respirar debido a la silicosis, que ha prestado su testimonio ante la junta reguladora.

En este contexto en California, las autoridades sanitarias del estado y la comunidad médica estadounidense han intensificado el debate y el análisis sobre los riesgos de este material, que ha llevado a las autoridades regulatorias de salud laboral a instar a la prohibición de la piedra artificial.

Un material “intrínsecamente” peligroso

Por 3 votos a 0 el jueves, la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional de California acordó ordenar a Cal/OSHA –la agencia estatal encargada de proteger y mejorar la salud y seguridad de los trabajadores– que inicie un proceso normativo para prohibir la fabricación e instalación de losas de piedra artificial con más del 1% de sílice cristalina, indica Bloomberg.

La votación también ordena a la agencia estatal crear un comité asesor que estudie cómo debería abordar el estado la posible implementación de dicha norma.

La junta, que es el organismo normativo de la División de Seguridad y Salud Ocupacional del estado, concluyó que la piedra artificial con más del 1% de sílice es “intrínsecamente peligrosa, altamente tóxica y perjudicial para los trabajadores”, recoge este medio.

Por ello, sus miembros determinaron que intentar regular el tratamiento de este material, como medidas preventivas para el corte y la instalación de estos materiales, no eliminaría los riesgos asociados a la piedra artificial, por lo que recomendaron que Cal/OSHA convocara un comité consultivo para debatir una prohibición.

La idea es que este nuevo comité esbozará varias hojas de ruta posibles para eliminar gradualmente el uso de losas de cuarzo con más del 1% de sílice cristalina, “a fin de permitir que la industria agote sus existencias actuales mientras busca productos alternativos”, informe Bloomberg.

“Este es un primer paso importante para detener la epidemia de silicosis relacionada con la piedra artificial que ha causado la muerte de decenas de trabajadores y ha enfermado a cientos más”, ha afirmado a este medio David Michaels, administrador de la Agencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de EEUU (OSHA) con más años de servicio y ahora profesor en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Michaels afirmó que es probable que los fabricantes tengan que pasar a utilizar materiales sin sílice a medida que otros organismos reguladores de seguridad sigan su ejemplo.

Productores como Cosentino en los últimos años están produciendo materiales con bajo o nulo contenido en sílice, como indicaron recientemente desde la multinacional a elDiario.es. “Desde 2022, toda nuestra producción contiene menos del 40% de sílice cristalina, y una parte muy relevante de nuestro portafolio, se sitúa por debajo del 10%. Además, recientemente hemos lanzado al mercado ECLOS, un nuevo producto que, entre otras prestaciones, destaca por no incorporar sílice cristalina en su formulación”, afirmaron fuentes de la empresa almeriense.

Algunas investigaciones, como esta publicada en la revista Nature, advierten de que no hay evidencia de los posibles riesgos para la salud de estos nuevos materiales, por lo que recomiendan una “evaluación toxicológica continua”.

En España, uno de los países del mundo con más casos de silicosis, el Gobierno creó en 2023 un Grupo de trabajo, “Sílice cristalina respirable”, dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para abordar esta situación, con presencia de los sindicatos y las empresas. Hace un año, el Ministerio de Sanidad publicó el informe La remergencia de la silicosis en España, que abogaba por abrir el debate de la prohibición del aglomerado de cuarzo, como reclaman también en CCOO. Sin embargo, por el momento este debate no está sobre la mesa.

El grupo está elaborando un mapa de exposición a sílice cristalina, un análisis del cumplimiento de la normativa de prevención y está elaborando propuestas de mejora y recomendaciones de buenas prácticas, indicó el Ministerio de Sanidad.

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Ávila ha pedido una investigación “inmediata” y “exhaustiva” sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente en el que ayer miércoles perdió la vida un trabajador en Cebreros (Ávila), al precipitarse desde una torre eléctrica, a una altura de 25 metros.

Tras lamentar “profundamente” esta muerte y trasladar su “pésame” y “solidaridad” a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, el secretario general de UGT FICA Ávila, José Ramón Muñoz, ha calificado de “insoportable seguir recibiendo noticias de trabajadores que pierden la vida, simplemente por acudir a su puesto de trabajo”.

“Detrás de muchos accidentes laborales siguen existiendo fallos preventivos, falta de medios o una insuficiente cultura de seguridad laboral”, ha sostenido Muñoz, antes de reclamar que “se investiguen de manera inmediata y exhaustiva las circunstancias en las que se produjo este accidente mortal”.

Y ello, ha añadido, con el objetivo de “esclarecer si se estaban cumpliendo todas las medidas de seguridad”.

En esta línea, UGT FICA Ávila ha mostrado su “preocupación” por la evolución de la siniestralidad laboral en la provincia, ya que, en los primeros cinco meses de 2026 han fallecido tres trabajadores en accidente laboral, frente a los dos registrados en el mismo periodo de 2025.

Para el responsable provincial de este sindicato, esto demuestra que aún “queda mucho trabajo por hacer en materia preventiva, especialmente en sectores con mayor exposición al riesgo como el de mantenimiento y conservación de carreteras, los trabajos en altura y los trabajos en instalaciones eléctricas”.

Asimismo, ha reclamado “más recursos” para la Inspección de Trabajo, una “mayor implicación empresarial en materia preventiva” y “más formación” para las personas trabajadoras.

Para José Ramón Muñoz, hay factores que continúan estando detrás de muchos accidentes laborales como “la precariedad, la presión productiva, las prisas, la externalización y la falta de inversión en prevención siguen teniendo consecuencias”.

“La seguridad laboral no puede depender nunca de ahorrar costes”, ha apuntado el responsable sindical, antes de exigir a administraciones y empresas “una actuación firme y decidida para frenar la siniestralidad laboral y evitar que se sigan produciendo tragedias como la ocurrida en Cebreros”.

Un operario perdió la vida tras caerle encima un árbol mientras realizaba labores de tala en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas. Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 14.40 horas de este martes y fue un particular el que alertó del accidente laboral, ocurrido en la zona de Rante.

La persona que dio el aviso indicó que el trabajador se encontraba haciendo tareas de talado cuando el árbol le cayó encima. El hombre estaba liberado, pero se encontraba inconsciente y necesitaba asistencia sanitaria.

Hasta el punto se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Ourense. Con todo, a pesar de los esfuerzos realizados, los equipos de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador. En el operativo también participó el GES do Pereiro de Aguiar y la Guardia Civil.

Este martes ha dejado tres accidentes laborales en Castilla-La Mancha en la que han resultado heridas de diversa consideración tres trabajadores en las provincias de Cuenca, Toledo y Albacete.

A primera hora de la mañana, un trabajador de 61 años resultó herido tras precipitarse desde un tejado, cayendo en una zona de difícil acceso, en el término municipal de Sisante (Cuenca), según ha informado el 112. El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 8.17 horas. Tras ser rescatado por los bomberos, el herido ha sido trasladado, en helicóptero medicalizado, al hospital de Villarrobledo.

Horas después, en Pantoja (Toledo) sobre las 12:33 horas otro trabajor de 39 años sufría un golpe con una máquina en Pantoja (Toledo). Tras el siniestro fue trasladado al hospital de Toledo.

A primera hora de la tarde, otro trabajador de 56 años ha resultado heridotras sufrir un corte abdominal con una sierra eléctrica en Chinchilla de Montearagón (Albacete). El 112 de Castilla-La Mancha recibía el aviso a las 14.48 horas desde la calle Caracas de la citada localidad. Ha tenido que ser trasladado en UVI al Hospital General Universitario de Albacete.

Un varón, del que no se precisa la edad, ha fallecido este mediodía en Fuente del Maestre (Badajoz) al quedar atrapado entre dos camiones, un suceso que está pendiente de determinar como accidente laboral.

Según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha ocurrido sobre las 14.30 horas en la Avenida Europa de la localidad fotanesa, lugar hasta el que fueron enviados bomberos del parque de Villafranca de los Barros, Guardia Civil y personal sanitario con base en Zafra y del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA).

Se está pendiente de determinar el carácter laboral del suceso, según el 112 que si informa de que se activa el protocolo de la Dirección General de Trabajo.

Un trabajador de 51 años ha fallecido al quedar atrapado en un camión de la basura en la madrugada de este jueves en el municipio malagueño de Mollina, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El Teléfono 112 atendió a las 2.30 horas un aviso de socorro por un trabajador de la basura que había quedado atrapado entre la caja y la cabina de un camión en la avenida Casería del Rey, en Mollina. De inmediato, se activó a efectivos de Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y al Consorcio Provincial de Bomberos para su rescate.

Fuentes de Bomberos han informado de que tuvieron que intervenir para liberar el cuerpo del trabajador que había quedado atrapado. A pesar de la actuación de los servicios sanitarios, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre de 51 años, que ha resultado fallecido. De todo ello se ha informado a Inspección del Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Un hombre de 50 años ha muerto tras quedar atrapado en el interior de una máquina en una empresa de metalurgia situada en la calle Plástico del polígono industrial de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado de que el siniestro tuvo lugar a las 23.47 horas de este martes, y que el empleado tuvo que ser rescatado del interior de la máquina por bomberos de la localidad.

En el operativo también participaron a entes de la Guardia Civil, de Policía Local y una UVI, que tan solo pudo certificar su fallecimiento.

El sindicato CCOO daba más detalles sobre lo ocurrido y detalla que el Servicio 112 recibía el aviso anoche desde la empresa Panel y acero solutions SL ubicada en la calle Plástico 10 del polígono industrial de Miralcampo, en Azuqueca de Henares. El fallecido era trabajador por cuenta ajena de la empresa, operario de linea de corte, “que estaba solo en el taller manejando una bobinadora cortadora de rollos de chapa de grandes dimensiones” y que, según relata el sindicato, “al acceder por la parte inferior de la bobina quedó atrapado falleciendo por aplastamiento”.

Desde CCOO hacen hincapié “en la necesidad de que, en determinados trabajos, haya al menos otra persona de apoyo que pueda parar las máquinas o atender a la compañera en caso de accidente”.

Un herido en una paletizadora

Por otra parte, un trabajador de 40 años de edad ha resultado herido grave tras caer en la paletizadora de una empresa de setas situada en la localidad de Pozorrubielos de la Mancha (Cuenca). El siniestro ha tenido lugar a las 6.38 horas de este miércoles en una factoría situada en la carretera de La Roda.

El herido, tras quedar atrapado y aplastado, ha tenido que ser rescatado por bomberos de Motilla de Palancar y atendido por médico de urgencias. Finalmente, ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Albacete.

Además de este caso, CCOO hace alusión a otros dos siniestros registrados el lunes y más cuyas causas se están investigando. El de un trabajador que se precipitaba a un foso de unos cuatro metros en una zona agraria de Tobarra, en Albacete; y el de un trabajador que resultaba electrocutado al manipular un cuadro eléctrico en Escalona, Toledo.

“Castilla La Mancha tiene una debilidad en materia de siniestralidad laboral que arroja datos preocupantes”, lamenta el sindicato que sugerier que “la gestión preventiva no es una prioridad para las empresas”, según Raquel Payo, secretaria de diálogo social y salud laboral de CCOO Castilla-La Mancha. “El grueso de accidentes en la región tienen su origen en causa materiales (caidas, golpes, atrapamientos) cuyas causas pueden prevenirse”, sostiene la sindicalista.

Ante esta situación, CCOO hace un “llamamiento urgente” para que se cumpla la ley y se implanten medidas de prevención en todas las empresas, y para que se de la formación adecuada a las personas trabajadoras que son el eslabón más débil de la cadena productiva.

UGT reclama “investigación exhaustiva” a Inspección de Trabajo

UGT Castilla-La Mancha ha lamentado la muerte de un trabajador y otros tres heridos por accidente laboral en menos de 48 horas en la región y ha solicitado una “investigación exhaustiva” de la Inspección de Trabajo en cada uno de estos centros, especialmente en el caso del fallecimiento en la industria metalúrgica y el grave incidente por electrocución.

La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega, lo ha calificado como “una de las jornadas más negras del año”. Ortega, ha mostrado sus condolencias a las familias y ha exigido que se investiguen las causas de los accidentes laborales y se depuren responsabilidades en el caso de haberlas. “En menos de 48 horas, la precariedad y la falta de medidas de seguridad se han cobrado la vida de un trabajador y han dejado a otros tres con heridas de diversa consideración en nuestra región”, ha lamentado.

Desde UGT han trasladado sus dolencias a la familia del fallecido en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y han deseado una pronta recuperación de los heridos en Escalona (Toledo), Tobarra (Albacete) y Pozorrubielos (Cuenca).

“¿Cómo es posible que en pleno 2026 un trabajador salga de su casa y no sepa si va a volver porque los sistemas de bloqueo o las protecciones eléctricas fallan o son inexistentes?. Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores no vamos a permitir que se normalice esta sangría. No son accidentes;, son fallos de seguridad evitables”, ha afirmado la sindicalista.

“Necesitamos que la administración regional dote de más técnicos y vigilantes para que las normas se cumplan en el tajo, en la fábrica y en el campo. Pero la tragedia no termina cuando llegan las ambulancias. No podemos olvidar la otra cara de esta siniestralidad: la salud mental de la clase trabajadora”, han alertado desde el sindicato.

El 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es una jornada para honrar la memoria de las personas trabajadoras víctimas de accidentes y enfermedades laborales; hombres y mujeres que perdieron la vida por unas condiciones de trabajo que no garantizaban lo más básico: su integridad física y su salud.

Un total de 121 personas perdieron la vida en el trabajo a lo largo del año 2025. Es inasumible que cada tres días fallezca una persona por el simple hecho de ir a trabajar. La causa fundamental es la impune falta de medidas básicas de prevención, como la ausencia de arneses en trabajos de altura o la falta de una formación real y efectiva. En la raíz de este drama encontramos un sistema productivo que prioriza los beneficios económicos por encima de la vida humana, dejando la seguridad y salud en un plano totalmente secundario.

La seguridad y la salud en el trabajo no son solo una cuestión de cumplimiento de normas o de farragosos sistemas de gestión. Son una cuestión de personas. Se trata de velar por la vida de quienes salen de casa cada mañana con la expectativa razonable de regresar en las mismas condiciones. Las familias no pueden vivir bajo la zozobra de si hoy será el día en que todo salga mal por negligencias empresariales. Es por ello que desde CCOO de Andalucía exigimos organizaciones que asuman, de una vez por todas, su responsabilidad de garantizar que esta expectativa se cumpla sin excepciones.

A pesar de los 30 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los accidentes siguen siendo una lacra social intolerable. Del mismo modo, las enfermedades profesionales —especialmente aquellas de origen laboral no reconocidas— suponen un castigo silencioso para miles de trabajadoras y trabajadores, ya que solo se declara un pequeño porcentaje. El sistema actual invisibiliza la realidad: no se puede prevenir aquello que la patronal se niega a reconocer. Por ello resulta imprescindible hacer visible lo invisible.

Dentro de este oscurantismo, el cáncer de origen laboral es la cara más amarga de la infradeclaración. En Andalucía, mientras en 2025 el cáncer fue la segunda causa de muerte con más de 19.000 fallecimientos, solo se declararon 7 casos como origen laboral. Se estima que el 8% de los cánceres podrían originarse en el entorno de trabajo, pero la falta de rigor en la vigilancia de la salud y el desconocimiento interesado sobre los agentes carcinógenos impiden que se establezca la relación causal.

Este escenario es evitable. Los lugares de trabajo son los espacios donde es más factible identificar y valorar las exposiciones a cancerígenos. No falta ciencia, falta voluntad política y empresarial para aplicar medidas preventivas eficaces.

Por otra parte, la salud mental de la clase trabajadora se ha convertido en una pandemia silenciosa. El estrés, la ansiedad y la depresión son el resultado de un sistema laboral que nos exprime. En 2025, sufrimos 108.622 situaciones de IT relacionadas con estos factores, afectando especialmente a mujeres y personas jóvenes.

Todo ello revela una evidencia: la precariedad es la que enferma. El incremento de cargas, los ritmos frenéticos, la invasión de las nuevas tecnologías en el tiempo de descanso, las horas extras no remuneradas y la imposibilidad de conciliar están detrás de estas bajas que, en cambio, siguen fuera del cuadro de enfermedades profesionales y no se notifican como accidentes de trabajo.

Lamentablemente, la respuesta de las patronales ante esta realidad es criminalizar y perseguir a las personas enfermas de baja, ocultando que estas dolencias nacen de su propia falta de inversión en prevención y del deterioro de una sanidad pública que sufre estragos debido a las políticas privatizadoras que se están llevando a cabo.

Frente a ello, en CCOO exigimos un cambio radical de actitud. Una empresa con verdadera cultura de seguridad es aquella que pone los medios para que su plantilla trabaje segura. La salud no es un favor, es un derecho y una obligación legal que la ética patronal debería poner por encima de cualquier cuenta de resultados. Necesitamos un cambio de modelo que coordine a administraciones, empresas y sindicatos, con la sanidad pública como pilar.

La mejor forma de honrar la memoria de quienes han perdido la vida cuando iban a ganársela es desarrollar una estrategia de compromiso real. La salud de las personas trabajadoras debe estar en primer y preferente lugar. Esa es nuestra reivindicación y nuestra lucha sindical.

Cada 28 de abril levantamos la voz a nivel mundial con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud Laboral. Instituido por la OIT desde 2003, esta efeméride conmemora el recuerdo a los trabajadores fallecidos o lesionados impulsado por el movimiento sindical mundial desde 1996. Tiene el objetivo firme de promover el trabajo seguro y prevenir los riesgos laborales desde su integración en todas las fases de la gestión y el fomento de la cultura preventiva. Desde UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha nos cuestionamos la realidad actual de la siniestralidad laboral.

¿Qué es un accidente laboral evitable? Se trata de aquel suceso inesperado y brusco que rompe la continuidad del trabajo y causa o puede causar daños, siendo el resultado de una inadecuada gestión preventiva. En otras palabras, aquel que no hubiera ocurrido de haberse aplicado correctamente las medidas de seguridad y prevención. Tristemente, la mayoría son así, 9 de cada 10. Entre sus causas encontramos la falta de mantenimiento, plantillas no suficientemente dimensionadas y, en consecuencia, la sobrecarga excesiva de trabajo. La revisión y mejora de los procedimientos de trabajo inadecuados, la ausencia de evaluaciones de riesgos, los equipos de protección individual óptimos, así como la supervisión de la adopción de las medidas son temas prioritarios.

Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social -meses de enero y febrero de 2026 en nuestra región- exponen una dura realidad: los siniestros graves y mortales han aumentado un 75%. Frente a los 24 graves que hubo el año pasado, en 2026 se han producido 42. Y con rabia tenemos que lamentar que 8 personas perdieron su vida por ir a trabajar y ahora, sus familias están rotas. Sus compañeros y compañeras, rotos también.

¿Cuáles son las principales víctimas de los accidentes laborales? Las trabajadoras y trabajadores son las que sufren y las que mueren. La prevención se trata de una tarea colectiva. Las personas trabajadoras debemos ser ejemplo en cumplir escrupulosamente las medidas de seguridad y prevención porque nos va la salud y, a veces, la vida en ello. No obstante, a cada uno su parte de responsabilidad: las personas que no tienen el poder de decidir las condiciones laborales son las que pagan el precio más alto. Conseguir unos centros seguros y saludables es responsabilidad del empleador. Personas trabajadoras y organizaciones sindicales mejoramos la prevención con nuestra participación y actitud vigilante.

La prevención de riesgos laborales se cumple a nivel formal en la mayoría de los casos, pero la prevención real es estrepitosamente carente. Ante esta dura realidad, hoy 28 de abril volvemos a reclamar que se llegue a las causas y se implementen medidas preventivas eficaces.

La seguridad no puede estar supeditada a los intereses económicos y a la tecnología. La integración real de la prevención o la ausencia de las medidas de prevención depende de decisiones. La omisión de las mismas roza la negligencia o incluso la mala fe. Mala praxis, sin duda, es. Es importante recordar que, en seguridad y salud laboral, se es responsable de lo que se hace y de lo que no se hace.

Para muestra un botón: tras 30 años de la aprobación de la Ley de Riesgos Laborales, la Junta de Castilla-La Mancha sigue sin contar con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, por más que sea obligatorio desde 1995. Como dicen los más jóvenes: “En plan… sin plan, pues no es plan.” Igualmente, son necesarios unos servicios de prevención suficientemente dimensionados, para abordarla con calidad y seguridad. Fundamental, recuperar la figura del delegado y delegada de prevención del anterior pacto de interlocución. Las condiciones de este perfil, con crédito horario exclusivo para esta labor, suprimidas por la señora Cospedal, y que han seguido año tras año sin recuperarse con el actual Gobierno regional, es un recurso imprescindible. Está demostrado que allí donde hay un delegado de prevención los accidentes laborales bajan. La ley logró un descenso significativo durante los primeros años.

Estamos lejos de una integración real de la prevención de riesgos laborales en todas las fases de la gestión de los servicios públicos en Castilla-La Mancha. Nos hubiera gustado hablar aquí de los riesgos emergentes: digitalización, salud mental, cargas máximas de trabajo saludables, salud laboral con perspectiva de género y edad, cambio climático, etc. Sin embargo, todavía andamos por los cimientos. La salud mental laboral debe acaparar nuestra atención y nuestros esfuerzos porque su evolución es alarmante. Una realidad comprobable que contrasta con los resultados increíbles de prácticamente cero accidentes laborales psicosociales que presenta la mutua.

Esta invisibilización intencionada es usada para confundir bajas médicas por motivos psicosociales con origen laboral, no atendidas por la mutua, con absentismo laboral. Una baja médica nunca será absentismo laboral. En añadido, podemos observar en sus informes que la mayoría de accidentes laborales lo sufren las mujeres y, a la vez, es imposible realizar análisis de las causas y medidas preventivas efectivas porque hay una opacidad manifiesta en los mismos. Esto se debe, entre otras causas, a que ni siquiera utilizan las mismas nomenclaturas de las categorías laborales de la JCCM como ya se le ha reclamado. Y en los servicios públicos de gestión indirecta, a peores condiciones laborales, duro es sacar conclusiones. Las condiciones laborales protegen o son un riesgo. La privatización de los servicios públicos a la que se abre la Ley de Simplificación Administrativa ni ofrecen mayor protección a la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras ni promueve unos servicios públicos de mayor calidad. Urge, por tanto, una cultura preventiva real y unos servicios públicos 100% públicos.

Hoy, como ayer, se pretende hacer creer que ciertos males son inevitables, pero no es verdad. Los Servicios Públicos de Castilla-La Mancha suspenden en materia de salud laboral y no es por azar, se trata de decisiones. Por eso, lo importante es que este mensaje llegue a quien puede tomarlas y que lo reciba desde el prisma de Baltasar Gracián cuando decía aquello de ‘no tomes el lado equivocado de una discusión solo porque tu oponente haya tomado el lado correcto’.

La salud laboral solamente podemos abordarla de una manera: juntos. Y este es nuestro objetivo en este 28 de abril. En este año, que ha sido nombrado Año de la Seguridad y la Salud Laboral a nivel nacional, hagámoslo realidad con valentía a nivel regional

Un trabajador de 53 años ha muerto este viernes tras caer por el hueco de un ascensor en Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido sobre las 12.19 horas, cuando compañeros de la víctima han alertado que un operario se había precipitado por el foso de un ascensor de un edificio en obras en la calle Ingeniero Francisco Merino.

Al lugar han asistido a la víctima efectivos de Policía Local y Nacional, junto con Bomberos y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha certificado su defunción en el lugar. El 112 ha alertado a Inspección del Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de prisión (un año y nueve meses) impuesta a un empresario por su responsabilidad en el accidente que sufrió uno de sus trabajadores -que estaba sin contrato- al ordenarle desinfectar un aljibe de ocho metros de profundidad en un hotel de Palma sin arnés, línea de vida ni equipos de protección adecuados. La sentencia lanza un mensaje claro: el empresario es el garante último de la seguridad laboral, incluso frente a posibles errores o imprudencias de sus empleados, y los incumplimientos en materia de seguridad laboral no son solo sancionables administrativamente, sino que pueden constituir delito.

La resolución declara probado que el acusado, en su calidad de administrador de la empresa de limpieza Illes Control, incurrió en una grave negligencia al instar al empleado, el 21 de junio de 2021, a descender al depósito mientras otro de los trabajadores grababa la maniobra, ausentándose el gerente del lugar a pesar de que su presencia era obligatoria por tratarse de un espacio confinado.

La operación se realizó con una precariedad de medios, utilizando una escalera enrollable sin fijación y sustituyendo los sistemas de seguridad reglamentarios por una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses, líneas de vida ni equipos de protección adecuados. Durante el procedimiento, el trabajador perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a precipitarse de espaldas desde una altura superior a los dos metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente.

Como consecuencia, la víctima sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador. La resolución concluye que el acusado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando “un grave riesgo para la vida e integridad física del trabajador accidentado y del otro trabajador” al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.

Durante el proceso judicial, el gerente alegó que no fue él quien ordenó al trabajador bajar, que sí existían medidas de seguridad e incluso que, en todo caso, la responsabilidad era del propio empleado al sostener que, si éste no utilizó guantes, fue por decisión propia.

La Audiencia rechaza estos argumentos amparándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y señala que, para su adopción, deben tenerse en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas. Asimismo, recuerda una de las sentencias del Tribunal Supremo en la que se señala “el deber de cuidado” que los responsables de la empresa asumen “en cuanto garantes de la indemnidad del trabajador, no sólo en su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser descuidada por la confianza y la rutina”.

El empresario, consciente del peligro

El tribunal introduce, en este sentido, una idea clave: el empresario no puede escudarse en la conducta del trabajador cuando no ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo. Por ello, descarta que se trate de una simple imprudencia: los magistrados concluyen que el empresario actuó con dolo eventual, es decir, que era consciente del peligro extremo de la situación y aun así permitió que el trabajo se realizara.

La resolución judicial confirma así la sentencia de instancia al considerar acreditado que el acusado es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras analizar las versiones contradictorias, la Sala determina que existe una base lógica y racional para concluir que el empresario no cumplió con sus deberes básicos de prevención, omitiendo tanto la formación técnica como la información sobre los riesgos específicos del puesto a sus empleados.

La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso preventivo durante la operación en el aljibe, la falta de puntos de anclaje seguros para las escaleras y el suministro de equipos de protección individual totalmente insuficientes e inadecuados, ya que solo se facilitaron elementos básicos como botas y casco, pero no arneses anticaída ni las líneas de vida necesarias para trabajos en altura.

Finalmente, el tribunal subraya la gravedad de la situación al constatar que uno de los operarios carecía incluso de contrato laboral. Al considerar que el relato de los hechos probados se ajusta estrictamente a la prueba practicada en el juicio oral, se desestima el recurso del acusado y se ratifica íntegramente la condena original por haber puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus trabajadores.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar al trabajador con más de 5.000 euros, cantidad incrementada en un 20% por tratarse de un accidente laboral, además de intereses. La aseguradora de la empresa ya había consignado la cantidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Nuevo accidente laboral mortal en La Rioja. Una hombre de 43 años ha fallecido este viernes tras sufrir una descarga eléctrica en un cable de alta tensión cuando trabajaba en el polígono El Juncal, perteneciente a la localidad de Albelda de Iregua.

Dicha descarga le ha provocado una parada cardiorrespiratoria que, lamentablemente, ha causado su fallecimiento, sin que los equipos de emergencias desplazados al lugar del suceso hayan podido hacer nada por salvar su vida.

La Guardia Civil ya instruye las diligencias pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos.

Con este trágico accidente en Albelda de Iregua, la lista de víctimas mortales en el entorno de trabajo en La Rioja asciende ya a tres en lo que va de 2026, tras los trabajadores fallecidos del sector de la seguridad privada y la construcción, ambos por infarto.

Los accidentes laborales graves y mortales registrados en Castilla-La Mancha han crecido durante los dos primeros meses de 2026. Según datos publicados este lunes por el Ministerio del Trabajo, 42 de estos siniestros fueron graves y hubo que lamentar el fallecimiento de ocho personas.

En comparación con las cifras registradas en el mismo periodo de tiempo del año anterior, en enero y febrero de 2025 hubo 24 accidentes graves y dos víctimas mortales. Por el contrario, el total de siniestros laborales descendió a 4.195, un 1,8% menos.

Por provincias, Ciudad Real fue la que registró más accidentes graves (14), mientras que el mayor número de fallecidos se dio en Cuenca (cuatro). Por su parte, en la provincia de Toledo fue donde se produjeron más siniestros en total (1.457).

UGT habla de “falta de cultura preventiva”

Ante estos datos, UGT Castilla-La Mancha ha mostrado su preocupación por el “aumento significativo” de las muertes y de los accidentes graves, que impiden “toda lectura positiva” por la disminución global de siniestros.

La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega, resaltaba igualmente la mala evolución de los accidentes in itinere, ya que estos han crecido en un 15%. Esto ha llevado a que Castilla-La Mancha se haya situado en este inicio de 2026 como la segunda comunidad autónoma -solo por detrás de Navarra- con mayor índice de incidencia en cuanto a siniestralidad laboral. La región -que venía ocupando el tercer lugar- escala así un puesto en este ranking de incidencia. 

El sindicato pone el acento en que en Castilla-La Mancha “sigue faltando mucha cultura preventiva”. “Se están adoptando muchas medidas para frenar esta lacra. La creación del Instituto de Seguridad y Salud es un paso más. Sin embargo, de nada servirán si no existe una cultura preventiva en las empresas que ponga de manifiesto que muchos de estos accidentes son evitables”.

Irene Ortega añadía que “el objetivo que nos marcamos es cero muertes en el trabajo, una meta que es perfectamente alcanzable con los recursos y las medidas necesarias”. Entre ellas, insistía en que las pequeñas empresas -que son aquellas que más accidentes sufren por no contar con representación sindical- deben tener a mano la figura del delegado territorial de prevención. “Urge poner en marcha esta figura para poder llegar allí donde los sindicatos no llegamos”.

Un trabajador falleció este pasado martes en un accidente laboral ocurrido en la empresa Desarrollos en Madera Olatek, ubicada en el polígono industrial de Gojain, en Legutio (Álava), y que pertenece al grupo Egoin. Desde LAB han señalado que se trata de un transportista de 41 años que realizaba labores de carga en el momento del accidente. Según los datos de los que dispone este sindicato, “el propio transportista estaba descargando serrín cuando la carga le cayó encima, provocándole heridas graves que causaron su muerte”.

Desde ELA aseguran que, con este nuevo fallecimiento, serían al menos 11 las personas trabajadoras fallecidas en las comunidades autónomas vasca y navarra en accidente laboral, y la cuarta en Álava. LAB eleva esta cifra de trabadores fallecidos a 14. Este sindicato considera que la naturaleza de este accidente “evidencia que todavía no se aplican en la mayoría de los centros de trabajo las medidas preventivas relacionadas con los procedimientos de carga, a pesar de que la ley las establece como obligatorias desde 1997. Estos procedimientos regulan tanto los pasos del transportista subcontratado como los del personal de la propia empresa”.

“Es evidente que, en este ejercicio de coordinación, las garantías de seguridad del transportista subcontratado son responsabilidad de la empresa contratante. Una vez más, la prevención ha fallado y quien ha fallecido es un trabajador, no un empresario”, denuncian desde LAB. Por su parte, desde ELA han denunciado el incremento de los accidentes laborales mortales en los últimos años, “algo que no puede normalizarse”, y han exigido al Gobierno vasco “que establezca medidas de control y seguimiento ante los incumplimientos de la legislación preventiva”. “La patronal debe cumplir la legislación preventiva vigente y obligatoria”. “Es urgente tomar decisiones que pongan en el centro la salud y la vida de las personas trabajadoras para evitar la muerte de más de 50 personas cada año”, ha apuntado. Los trabajadores de Olatek realizarán un paro de 24 horas a partir de la noche de este miércoles y han convocado una concentración mañana miércoles a las 11:00 en la entrada del centro de trabajo.

La Junta de Castilla-La Mancha y la Fiscalía regional han firmado un nuevo convenio de colaboración para reforzar el trabajo conjunto en el ámbito de la seguridad y la salud laboral en la región.

De este forma, se ha presentado el programa 'Castilla-La Mancha Más Segura', que cuenta con una dotación económica de 2,63 millones de euros, con el objetivo de continuar “apoyando la inversión, innovación, certificación y el trabajo de pymes y autónomos en la mejor de la salud en el trabajo”, según exponen desde el Gobierno regional.

Durante el acto, Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, se ha referido a la Fiscalía de Castilla-La Mancha como un “aliado estratégico” en un ámbito, el de la seguridad y salud en el trabajo, “que forma parte de nuestras prioridades, porque de nada serviría que consolidemos la población activa más alta de nuestra historia, el dato de ocupación más alto de toda la serie histórica en nuestra región, si no trabajamos de manera intensa y conjunta para lograr que nuestros trabajos sean seguros”.

Novedades del convenio

El convenio, que tiene una vigencia de cuatro años renovable por otros cuatro a continuación, incluye novedades y refuerzos en ámbitos como ampliar la cobertura de las actuaciones, establecer cauces de comunicación “más ágiles, fluidos y recíprocos”; junto con una mejora en la trazabilidad y una apuesta por la formación, el asesoramiento y la coordinación en seguridad y salud laboral. “Se establece un técnico de seguridad y salud de enlace en cada una de las provincias con la Fiscalía, para reforzar esa labor recíproca de comunicación”, ha señalado Patricia Franco, enmarcando la firma del convenio en el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales, “que tiene vigencia hasta final de este año y que cuenta con el 85% de sus medidas iniciadas y en desarrollo, 94 de las 111 programadas”, al tiempo que ha expresado que el Ejecutivo regional y los agentes sociales, tanto en el Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral como en el Instituto Regional, van a trabajar en paralelo para diseñar y definir el nuevo acuerdo estratégico que entrará en vigor el año que viene.

“Tenemos la tarea entre todos de conseguir puestos de trabajo más seguros en nuestra región”, ha indicado la consejera, señalando que ese compromiso “requiere la responsabilidad del conjunto de la sociedad”, y que tiene reflejo, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el Diario Oficial de la región. “Hoy hemos publicado la nueva convocatoria del programa ‘Castilla-La Mancha Más Segura’, que crece en su dotación un 35%, hasta los 2,63 millones de euros, 675.000 euros más, para seguir apoyando a las pymes y autónomos de la región en la inversión en entornos de trabajo más seguros, así como en investigación, innovación o certificaciones en seguridad y salud laboral”, ha señalado, exponiendo que, desde el año 2015 y sumando líneas y partidas que antes no existían, “más de 3.000 pymes y autónomos se han beneficiado de estas ayudas, con una inversión del Gobierno regional de más de 13 millones de euros”.

Red de Inspectores fortalecida

Junto a este programa, Patricia Franco ha valorado el trabajo conjunto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la región, una labor que se ha “intensificado” en los últimos años al tiempo que ha crecido la red en torno a la prevención y la seguridad y la salud en el trabajo. “Este año hemos programado más de 32.000 acciones conjuntas, y de ellas, una de cada tres va destinada a la seguridad laboral”, ha indicado la consejera, detallando que las órdenes de servicio en este ámbito, más de 10.000, son las más numerosas dentro de una programación que destina el 25% de sus acciones al área de Seguridad Social, un 24% a la economía regular o un 17% a las relaciones laborales y empleo.

“Esa cifra, las más de 10.000 órdenes de servicio previstas para este año supone triplicar las que se llevaron a cabo por ejemplo en el año 2020, que fueron 3.371, al tiempo que hemos fortalecido también la red de inspectores y subinspectores que trabajan en nuestra región, que han pasado de 84 a 129 en los últimos cinco años”. Ese compromiso, ha dicho la consejera, tiene reflejo en las cifras, como la reducción en el índice de incidencia del 6% el pasado año, o un descenso en el inicio del año del 12,8% en el número de accidentes con baja, “pero debemos seguir reforzando la vigilancia y la prevención para que se reduzcan también los accidentes mortales y los accidentes graves, y seguiremos trabajando con la DGT para reducir también los accidentes in itínere en Castilla-La Mancha”.

Por último, Patricia Franco ha apelado al conjunto de la sociedad para avanzar en este ámbito. “Toda la sociedad debe ser responsable y copartícipe para que consigamos reducir las cifras de accidentabilidad laboral”, ha indicado, señalando también la importancia de introducir la prevención en las etapas tempranas de formación.

Los sindicatos CCOO y UGT de Andalucía han presentado un decálogo de medidas para acabar con la siniestralidad laboral ante el “aumento dramático de los accidentes laborales y de las enfermedades derivadas del trabajo”, y han reclamado que “no valen planes de choque que duran dos meses y tienen unos resultados muy pobres”.

En este sentido, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín y la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, han advertido de que la siniestralidad laboral “continúa siendo uno de los principales problemas del mercado de trabajo andaluz”, al tiempo que han reclamado un “refuerzo de las políticas de prevención para evitar accidentes laborales que, en muchos casos, son evitables”.

Por su parte, UGT-A ha incidido en que desde 1988, cuando existen registros, hay más de 6.300 personas han perdido la vida en accidente laboral en Andalucía, una cifra que refleja la dimensión de un problema que, a su juicio, “no puede seguir siendo asumido como inevitable”. “No podemos aceptar que morir en el trabajo forme parte del ecosistema laboral”, ha señalado.

121 trabajadores fallecidos en Andalucía

Según ha explicado el dirigente sindical, durante el pasado año se registraron en Andalucía 103.609 accidentes de trabajo con baja, lo que supone que más de cien mil personas sufrieron lesiones mientras desarrollaban su actividad laboral. También, en 2025 fallecieron 121 trabajadores en Andalucía, lo que equivale a una muerte cada tres días.

Además, uno de cada cuatro accidentes graves que se producen en España ocurre en Andalucía, tal y como ha afirmado UGT, lo que “evidencia que la comunidad mantiene un problema estructural en materia de prevención”.

Martín ha subrayado también que determinados sectores continúan concentrando una “elevada siniestralidad”. En este sentido, ha señalado que la construcción registró en 2025 un incremento del 37% en los fallecimientos, aunque ha advertido de que el problema “no se limita a este ámbito”. “El sector servicios registró 50 personas fallecidas el pasado año, lo que demuestra que los riesgos laborales afectan a una gran diversidad de actividades económicas”, ha indicado.

Uno de los datos que, según el secretario general de UGT Andalucía, explica buena parte de esta realidad es que el 46% de los accidentes graves y el 42% de las muertes laborales se produjeron en empresas que no habían realizado la evaluación de riesgos. “Cuando una empresa no evalúa los riesgos no estamos ante un simple descuido administrativo. Estamos ante una negligencia grave que pone en peligro la vida de las personas trabajadoras”, ha afirmado.

Medidas

Oskar Martín ha señalado que una de las claves del problema está en la estructura del tejido empresarial andaluz, ya que el 85% de las empresas son microempresas, donde en muchos casos no existe representación sindical ni delegados de prevención. Para corregir esta situación, ha defendido la implantación de la figura del Delegado Territorial de Prevención, que permitiría actuar en aquellas empresas donde actualmente no existe supervisión preventiva.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha reclamado medidas estructurales para acabar con la siniestralidad laboral y la infradeclaración de enfermedades profesionales en Andalucía; así como el fortalecimiento de los organismos de control y prevención.

De igual modo ha pedido “garantizar la vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, instando a las administraciones a que cubran las vacantes. “Ante este drama que sufrimos las personas trabajadoras en Andalucía no valen paños calientes; no valen planes de choque que duran dos meses y tienen unos resultados muy pobres”, ha continuado.

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha aclarado que “no solo queremos que se sancione a las empresas, sino que se haga prevención en ellas y que si alguna incumple la legislación en prevención, caiga sobre ellas el peso de la ley, que para eso existe”. Precisamente sobre esta última cuestión, la dirigente sindical ha subrayado que “llevamos ya 20 años sin desarrollar las unidades de prevención de riesgos laborales que permitirían informar, formar, asesorar tanto a empresa, empresariado, directivos y trabajadores en esa concienciación colectiva de evitar los accidentes y las enfermedades profesionales”.

López ha apuntado, igualmente, la importancia del delegado de prevención territorial o sectorial porque, como ha explicado “que en las empresas que tienen representantes sindicales hay más evaluación de riesgo, más seguimiento a la prevención, más medidas correctivas y más concienciación”.

Enfermedades profesionales

Las enfermedades profesionales son otra de las cuestiones que se priorizan en el decálogo, ya que, según ha alertado la secretaria general de CCOO de Andalucía, “un 98% de estas enfermedades profesionales que sufren las personas derivadas de la actividad laboral en su puesto de trabajo son escondidas y tapadas por las empresas”.

“Hay un problema de ocultación por parte de las empresas y de las mutuas para reconocer y para comunicar las enfermedades derivadas de los puestos de trabajo por lo que desde CCOO instamos a que se ponga encima de la mesa un plan integral para mejorar la salud mental, que es una epidemia del siglo XXI”, ha señalado López.

Prueba de ello es que, según datos del sindicato, el 40% de los accidentes mortales por patología no traumática son consecuencia directa de la situación que se vive en las empresas, de “los elevados ritmos de trabajo, de las jornadas extenuantes, de la presión psicosocial, de la doble presencia que sufren las mujeres y de unas condiciones precarias que sufren el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras”.

La dirigente ha llegado incluso a decir que “las empresas que tienen muchos recursos económicos intentan tapar el daño con dinero y ha vuelto a denunciar el trasvase a la sanidad pública por parte de las mutuas de enfermedades que son profesionales y no pueden ser tratadas como comunes”.

Un decálogo

Durante la rueda de prensa, UGT y CCOO han presentado conjuntamente un decálogo de medidas estructurales para reducir la siniestralidad laboral en Andalucía. Entre las propuestas planteadas se encuentra la implantación de la figura del Delegado o Delegada Territorial de Prevención, con el objetivo de garantizar la supervisión preventiva en las miles de pequeñas empresas donde actualmente no existe representación sindical.

El documento también plantea la puesta en marcha de planes específicos de salud mental laboral, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas preventivas y la investigación de todos los accidentes mortales y los más graves para evitar que vuelvan a repetirse.

Junto a ello, el decálogo propone reforzar la prevención en los accidentes laborales en desplazamiento, impulsar la formación continua en prevención de riesgos laborales, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, mejorar los sistemas de vigilancia de la salud en las empresas y fortalecer el sistema institucional andaluz de prevención de riesgos laborales. Los sindicatos han advertido que esto es una hoja de ruta en la que harán una asamblea de delegados y delegadas y que las acciones previstas dependerán de la respuesta de administración y los de los empresarios ante tal situación.

Primer fallecido en Málaga

Este proyecto se presenta un día después de que los sindicatos se concentraran este miércoles en Benarrabá (Málaga), donde una persona falleció y otra resultó herida grave al derrumbarse un muro de una obra.

La secretaria de salud laboral y PRL de UGT Málaga, Sara Salor, indicó que se trata del primer accidente mortal de este 2026 en la provincia y ha recordado que un trabajador falleció y otro resultó herido grave “como consecuencia del colapso del muro de contención del entorno del tanatorio municipal que se desplomó sobre ambos. Los escombros dejaron atrapados a ambos trabajadores”.

También desde UGT han trasladado el pésame a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, y esperan que el trabajador gravemente herido se recupere pronto. Además, han hecho llegar el ofrecimiento para las acciones legales que necesiten emprender.

Una trabajadora de 65 años de edad una empresa cárnica de la localidad conquense de Tarancón, situada en la calle Aliagales, ha resultado intoxicada por una fuga en el depósito de amoniaco.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar este sábado sobre las 22.49 horas.

La trabajadora fue trasladada, en ambulancia de soporte vital básico, al hospital de Cuenca. Al lugar también acudió la Policía Local, la Guardia Civil y los bomberos del municipio.