La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de prisión (un año y nueve meses) impuesta a un empresario por su responsabilidad en el accidente que sufrió uno de sus trabajadores -que estaba sin contrato- al ordenarle desinfectar un aljibe de ocho metros de profundidad en un hotel de Palma sin arnés, línea de vida ni equipos de protección adecuados. La sentencia lanza un mensaje claro: el empresario es el garante último de la seguridad laboral, incluso frente a posibles errores o imprudencias de sus empleados, y los incumplimientos en materia de seguridad laboral no son solo sancionables administrativamente, sino que pueden constituir delito.

La resolución declara probado que el acusado, en su calidad de administrador de la empresa de limpieza Illes Control, incurrió en una grave negligencia al instar al empleado, el 21 de junio de 2021, a descender al depósito mientras otro de los trabajadores grababa la maniobra, ausentándose el gerente del lugar a pesar de que su presencia era obligatoria por tratarse de un espacio confinado.

La operación se realizó con una precariedad de medios, utilizando una escalera enrollable sin fijación y sustituyendo los sistemas de seguridad reglamentarios por una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses, líneas de vida ni equipos de protección adecuados. Durante el procedimiento, el trabajador perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a precipitarse de espaldas desde una altura superior a los dos metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente.

Como consecuencia, la víctima sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador. La resolución concluye que el acusado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando “un grave riesgo para la vida e integridad física del trabajador accidentado y del otro trabajador” al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.

Durante el proceso judicial, el gerente alegó que no fue él quien ordenó al trabajador bajar, que sí existían medidas de seguridad e incluso que, en todo caso, la responsabilidad era del propio empleado al sostener que, si éste no utilizó guantes, fue por decisión propia.

La Audiencia rechaza estos argumentos amparándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y señala que, para su adopción, deben tenerse en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas. Asimismo, recuerda una de las sentencias del Tribunal Supremo en la que se señala “el deber de cuidado” que los responsables de la empresa asumen “en cuanto garantes de la indemnidad del trabajador, no sólo en su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser descuidada por la confianza y la rutina”.

El empresario, consciente del peligro

El tribunal introduce, en este sentido, una idea clave: el empresario no puede escudarse en la conducta del trabajador cuando no ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo. Por ello, descarta que se trate de una simple imprudencia: los magistrados concluyen que el empresario actuó con dolo eventual, es decir, que era consciente del peligro extremo de la situación y aun así permitió que el trabajo se realizara.

La resolución judicial confirma así la sentencia de instancia al considerar acreditado que el acusado es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras analizar las versiones contradictorias, la Sala determina que existe una base lógica y racional para concluir que el empresario no cumplió con sus deberes básicos de prevención, omitiendo tanto la formación técnica como la información sobre los riesgos específicos del puesto a sus empleados.

La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso preventivo durante la operación en el aljibe, la falta de puntos de anclaje seguros para las escaleras y el suministro de equipos de protección individual totalmente insuficientes e inadecuados, ya que solo se facilitaron elementos básicos como botas y casco, pero no arneses anticaída ni las líneas de vida necesarias para trabajos en altura.

Finalmente, el tribunal subraya la gravedad de la situación al constatar que uno de los operarios carecía incluso de contrato laboral. Al considerar que el relato de los hechos probados se ajusta estrictamente a la prueba practicada en el juicio oral, se desestima el recurso del acusado y se ratifica íntegramente la condena original por haber puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus trabajadores.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar al trabajador con más de 5.000 euros, cantidad incrementada en un 20% por tratarse de un accidente laboral, además de intereses. La aseguradora de la empresa ya había consignado la cantidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Nuevo accidente laboral mortal en La Rioja. Una hombre de 43 años ha fallecido este viernes tras sufrir una descarga eléctrica en un cable de alta tensión cuando trabajaba en el polígono El Juncal, perteneciente a la localidad de Albelda de Iregua.

Dicha descarga le ha provocado una parada cardiorrespiratoria que, lamentablemente, ha causado su fallecimiento, sin que los equipos de emergencias desplazados al lugar del suceso hayan podido hacer nada por salvar su vida.

La Guardia Civil ya instruye las diligencias pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos.

Con este trágico accidente en Albelda de Iregua, la lista de víctimas mortales en el entorno de trabajo en La Rioja asciende ya a tres en lo que va de 2026, tras los trabajadores fallecidos del sector de la seguridad privada y la construcción, ambos por infarto.

Los accidentes laborales graves y mortales registrados en Castilla-La Mancha han crecido durante los dos primeros meses de 2026. Según datos publicados este lunes por el Ministerio del Trabajo, 42 de estos siniestros fueron graves y hubo que lamentar el fallecimiento de ocho personas.

En comparación con las cifras registradas en el mismo periodo de tiempo del año anterior, en enero y febrero de 2025 hubo 24 accidentes graves y dos víctimas mortales. Por el contrario, el total de siniestros laborales descendió a 4.195, un 1,8% menos.

Por provincias, Ciudad Real fue la que registró más accidentes graves (14), mientras que el mayor número de fallecidos se dio en Cuenca (cuatro). Por su parte, en la provincia de Toledo fue donde se produjeron más siniestros en total (1.457).

UGT habla de “falta de cultura preventiva”

Ante estos datos, UGT Castilla-La Mancha ha mostrado su preocupación por el “aumento significativo” de las muertes y de los accidentes graves, que impiden “toda lectura positiva” por la disminución global de siniestros.

La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega, resaltaba igualmente la mala evolución de los accidentes in itinere, ya que estos han crecido en un 15%. Esto ha llevado a que Castilla-La Mancha se haya situado en este inicio de 2026 como la segunda comunidad autónoma -solo por detrás de Navarra- con mayor índice de incidencia en cuanto a siniestralidad laboral. La región -que venía ocupando el tercer lugar- escala así un puesto en este ranking de incidencia. 

El sindicato pone el acento en que en Castilla-La Mancha “sigue faltando mucha cultura preventiva”. “Se están adoptando muchas medidas para frenar esta lacra. La creación del Instituto de Seguridad y Salud es un paso más. Sin embargo, de nada servirán si no existe una cultura preventiva en las empresas que ponga de manifiesto que muchos de estos accidentes son evitables”.

Irene Ortega añadía que “el objetivo que nos marcamos es cero muertes en el trabajo, una meta que es perfectamente alcanzable con los recursos y las medidas necesarias”. Entre ellas, insistía en que las pequeñas empresas -que son aquellas que más accidentes sufren por no contar con representación sindical- deben tener a mano la figura del delegado territorial de prevención. “Urge poner en marcha esta figura para poder llegar allí donde los sindicatos no llegamos”.

Un trabajador falleció este pasado martes en un accidente laboral ocurrido en la empresa Desarrollos en Madera Olatek, ubicada en el polígono industrial de Gojain, en Legutio (Álava), y que pertenece al grupo Egoin. Desde LAB han señalado que se trata de un transportista de 41 años que realizaba labores de carga en el momento del accidente. Según los datos de los que dispone este sindicato, “el propio transportista estaba descargando serrín cuando la carga le cayó encima, provocándole heridas graves que causaron su muerte”.

Desde ELA aseguran que, con este nuevo fallecimiento, serían al menos 11 las personas trabajadoras fallecidas en las comunidades autónomas vasca y navarra en accidente laboral, y la cuarta en Álava. LAB eleva esta cifra de trabadores fallecidos a 14. Este sindicato considera que la naturaleza de este accidente “evidencia que todavía no se aplican en la mayoría de los centros de trabajo las medidas preventivas relacionadas con los procedimientos de carga, a pesar de que la ley las establece como obligatorias desde 1997. Estos procedimientos regulan tanto los pasos del transportista subcontratado como los del personal de la propia empresa”.

“Es evidente que, en este ejercicio de coordinación, las garantías de seguridad del transportista subcontratado son responsabilidad de la empresa contratante. Una vez más, la prevención ha fallado y quien ha fallecido es un trabajador, no un empresario”, denuncian desde LAB. Por su parte, desde ELA han denunciado el incremento de los accidentes laborales mortales en los últimos años, “algo que no puede normalizarse”, y han exigido al Gobierno vasco “que establezca medidas de control y seguimiento ante los incumplimientos de la legislación preventiva”. “La patronal debe cumplir la legislación preventiva vigente y obligatoria”. “Es urgente tomar decisiones que pongan en el centro la salud y la vida de las personas trabajadoras para evitar la muerte de más de 50 personas cada año”, ha apuntado. Los trabajadores de Olatek realizarán un paro de 24 horas a partir de la noche de este miércoles y han convocado una concentración mañana miércoles a las 11:00 en la entrada del centro de trabajo.

La Junta de Castilla-La Mancha y la Fiscalía regional han firmado un nuevo convenio de colaboración para reforzar el trabajo conjunto en el ámbito de la seguridad y la salud laboral en la región.

De este forma, se ha presentado el programa 'Castilla-La Mancha Más Segura', que cuenta con una dotación económica de 2,63 millones de euros, con el objetivo de continuar “apoyando la inversión, innovación, certificación y el trabajo de pymes y autónomos en la mejor de la salud en el trabajo”, según exponen desde el Gobierno regional.

Durante el acto, Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, se ha referido a la Fiscalía de Castilla-La Mancha como un “aliado estratégico” en un ámbito, el de la seguridad y salud en el trabajo, “que forma parte de nuestras prioridades, porque de nada serviría que consolidemos la población activa más alta de nuestra historia, el dato de ocupación más alto de toda la serie histórica en nuestra región, si no trabajamos de manera intensa y conjunta para lograr que nuestros trabajos sean seguros”.

Novedades del convenio

El convenio, que tiene una vigencia de cuatro años renovable por otros cuatro a continuación, incluye novedades y refuerzos en ámbitos como ampliar la cobertura de las actuaciones, establecer cauces de comunicación “más ágiles, fluidos y recíprocos”; junto con una mejora en la trazabilidad y una apuesta por la formación, el asesoramiento y la coordinación en seguridad y salud laboral. “Se establece un técnico de seguridad y salud de enlace en cada una de las provincias con la Fiscalía, para reforzar esa labor recíproca de comunicación”, ha señalado Patricia Franco, enmarcando la firma del convenio en el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales, “que tiene vigencia hasta final de este año y que cuenta con el 85% de sus medidas iniciadas y en desarrollo, 94 de las 111 programadas”, al tiempo que ha expresado que el Ejecutivo regional y los agentes sociales, tanto en el Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral como en el Instituto Regional, van a trabajar en paralelo para diseñar y definir el nuevo acuerdo estratégico que entrará en vigor el año que viene.

“Tenemos la tarea entre todos de conseguir puestos de trabajo más seguros en nuestra región”, ha indicado la consejera, señalando que ese compromiso “requiere la responsabilidad del conjunto de la sociedad”, y que tiene reflejo, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el Diario Oficial de la región. “Hoy hemos publicado la nueva convocatoria del programa ‘Castilla-La Mancha Más Segura’, que crece en su dotación un 35%, hasta los 2,63 millones de euros, 675.000 euros más, para seguir apoyando a las pymes y autónomos de la región en la inversión en entornos de trabajo más seguros, así como en investigación, innovación o certificaciones en seguridad y salud laboral”, ha señalado, exponiendo que, desde el año 2015 y sumando líneas y partidas que antes no existían, “más de 3.000 pymes y autónomos se han beneficiado de estas ayudas, con una inversión del Gobierno regional de más de 13 millones de euros”.

Red de Inspectores fortalecida

Junto a este programa, Patricia Franco ha valorado el trabajo conjunto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la región, una labor que se ha “intensificado” en los últimos años al tiempo que ha crecido la red en torno a la prevención y la seguridad y la salud en el trabajo. “Este año hemos programado más de 32.000 acciones conjuntas, y de ellas, una de cada tres va destinada a la seguridad laboral”, ha indicado la consejera, detallando que las órdenes de servicio en este ámbito, más de 10.000, son las más numerosas dentro de una programación que destina el 25% de sus acciones al área de Seguridad Social, un 24% a la economía regular o un 17% a las relaciones laborales y empleo.

“Esa cifra, las más de 10.000 órdenes de servicio previstas para este año supone triplicar las que se llevaron a cabo por ejemplo en el año 2020, que fueron 3.371, al tiempo que hemos fortalecido también la red de inspectores y subinspectores que trabajan en nuestra región, que han pasado de 84 a 129 en los últimos cinco años”. Ese compromiso, ha dicho la consejera, tiene reflejo en las cifras, como la reducción en el índice de incidencia del 6% el pasado año, o un descenso en el inicio del año del 12,8% en el número de accidentes con baja, “pero debemos seguir reforzando la vigilancia y la prevención para que se reduzcan también los accidentes mortales y los accidentes graves, y seguiremos trabajando con la DGT para reducir también los accidentes in itínere en Castilla-La Mancha”.

Por último, Patricia Franco ha apelado al conjunto de la sociedad para avanzar en este ámbito. “Toda la sociedad debe ser responsable y copartícipe para que consigamos reducir las cifras de accidentabilidad laboral”, ha indicado, señalando también la importancia de introducir la prevención en las etapas tempranas de formación.

Los sindicatos CCOO y UGT de Andalucía han presentado un decálogo de medidas para acabar con la siniestralidad laboral ante el “aumento dramático de los accidentes laborales y de las enfermedades derivadas del trabajo”, y han reclamado que “no valen planes de choque que duran dos meses y tienen unos resultados muy pobres”.

En este sentido, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín y la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, han advertido de que la siniestralidad laboral “continúa siendo uno de los principales problemas del mercado de trabajo andaluz”, al tiempo que han reclamado un “refuerzo de las políticas de prevención para evitar accidentes laborales que, en muchos casos, son evitables”.

Por su parte, UGT-A ha incidido en que desde 1988, cuando existen registros, hay más de 6.300 personas han perdido la vida en accidente laboral en Andalucía, una cifra que refleja la dimensión de un problema que, a su juicio, “no puede seguir siendo asumido como inevitable”. “No podemos aceptar que morir en el trabajo forme parte del ecosistema laboral”, ha señalado.

121 trabajadores fallecidos en Andalucía

Según ha explicado el dirigente sindical, durante el pasado año se registraron en Andalucía 103.609 accidentes de trabajo con baja, lo que supone que más de cien mil personas sufrieron lesiones mientras desarrollaban su actividad laboral. También, en 2025 fallecieron 121 trabajadores en Andalucía, lo que equivale a una muerte cada tres días.

Además, uno de cada cuatro accidentes graves que se producen en España ocurre en Andalucía, tal y como ha afirmado UGT, lo que “evidencia que la comunidad mantiene un problema estructural en materia de prevención”.

Martín ha subrayado también que determinados sectores continúan concentrando una “elevada siniestralidad”. En este sentido, ha señalado que la construcción registró en 2025 un incremento del 37% en los fallecimientos, aunque ha advertido de que el problema “no se limita a este ámbito”. “El sector servicios registró 50 personas fallecidas el pasado año, lo que demuestra que los riesgos laborales afectan a una gran diversidad de actividades económicas”, ha indicado.

Uno de los datos que, según el secretario general de UGT Andalucía, explica buena parte de esta realidad es que el 46% de los accidentes graves y el 42% de las muertes laborales se produjeron en empresas que no habían realizado la evaluación de riesgos. “Cuando una empresa no evalúa los riesgos no estamos ante un simple descuido administrativo. Estamos ante una negligencia grave que pone en peligro la vida de las personas trabajadoras”, ha afirmado.

Medidas

Oskar Martín ha señalado que una de las claves del problema está en la estructura del tejido empresarial andaluz, ya que el 85% de las empresas son microempresas, donde en muchos casos no existe representación sindical ni delegados de prevención. Para corregir esta situación, ha defendido la implantación de la figura del Delegado Territorial de Prevención, que permitiría actuar en aquellas empresas donde actualmente no existe supervisión preventiva.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha reclamado medidas estructurales para acabar con la siniestralidad laboral y la infradeclaración de enfermedades profesionales en Andalucía; así como el fortalecimiento de los organismos de control y prevención.

De igual modo ha pedido “garantizar la vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, instando a las administraciones a que cubran las vacantes. “Ante este drama que sufrimos las personas trabajadoras en Andalucía no valen paños calientes; no valen planes de choque que duran dos meses y tienen unos resultados muy pobres”, ha continuado.

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha aclarado que “no solo queremos que se sancione a las empresas, sino que se haga prevención en ellas y que si alguna incumple la legislación en prevención, caiga sobre ellas el peso de la ley, que para eso existe”. Precisamente sobre esta última cuestión, la dirigente sindical ha subrayado que “llevamos ya 20 años sin desarrollar las unidades de prevención de riesgos laborales que permitirían informar, formar, asesorar tanto a empresa, empresariado, directivos y trabajadores en esa concienciación colectiva de evitar los accidentes y las enfermedades profesionales”.

López ha apuntado, igualmente, la importancia del delegado de prevención territorial o sectorial porque, como ha explicado “que en las empresas que tienen representantes sindicales hay más evaluación de riesgo, más seguimiento a la prevención, más medidas correctivas y más concienciación”.

Enfermedades profesionales

Las enfermedades profesionales son otra de las cuestiones que se priorizan en el decálogo, ya que, según ha alertado la secretaria general de CCOO de Andalucía, “un 98% de estas enfermedades profesionales que sufren las personas derivadas de la actividad laboral en su puesto de trabajo son escondidas y tapadas por las empresas”.

“Hay un problema de ocultación por parte de las empresas y de las mutuas para reconocer y para comunicar las enfermedades derivadas de los puestos de trabajo por lo que desde CCOO instamos a que se ponga encima de la mesa un plan integral para mejorar la salud mental, que es una epidemia del siglo XXI”, ha señalado López.

Prueba de ello es que, según datos del sindicato, el 40% de los accidentes mortales por patología no traumática son consecuencia directa de la situación que se vive en las empresas, de “los elevados ritmos de trabajo, de las jornadas extenuantes, de la presión psicosocial, de la doble presencia que sufren las mujeres y de unas condiciones precarias que sufren el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras”.

La dirigente ha llegado incluso a decir que “las empresas que tienen muchos recursos económicos intentan tapar el daño con dinero y ha vuelto a denunciar el trasvase a la sanidad pública por parte de las mutuas de enfermedades que son profesionales y no pueden ser tratadas como comunes”.

Un decálogo

Durante la rueda de prensa, UGT y CCOO han presentado conjuntamente un decálogo de medidas estructurales para reducir la siniestralidad laboral en Andalucía. Entre las propuestas planteadas se encuentra la implantación de la figura del Delegado o Delegada Territorial de Prevención, con el objetivo de garantizar la supervisión preventiva en las miles de pequeñas empresas donde actualmente no existe representación sindical.

El documento también plantea la puesta en marcha de planes específicos de salud mental laboral, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas preventivas y la investigación de todos los accidentes mortales y los más graves para evitar que vuelvan a repetirse.

Junto a ello, el decálogo propone reforzar la prevención en los accidentes laborales en desplazamiento, impulsar la formación continua en prevención de riesgos laborales, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, mejorar los sistemas de vigilancia de la salud en las empresas y fortalecer el sistema institucional andaluz de prevención de riesgos laborales. Los sindicatos han advertido que esto es una hoja de ruta en la que harán una asamblea de delegados y delegadas y que las acciones previstas dependerán de la respuesta de administración y los de los empresarios ante tal situación.

Primer fallecido en Málaga

Este proyecto se presenta un día después de que los sindicatos se concentraran este miércoles en Benarrabá (Málaga), donde una persona falleció y otra resultó herida grave al derrumbarse un muro de una obra.

La secretaria de salud laboral y PRL de UGT Málaga, Sara Salor, indicó que se trata del primer accidente mortal de este 2026 en la provincia y ha recordado que un trabajador falleció y otro resultó herido grave “como consecuencia del colapso del muro de contención del entorno del tanatorio municipal que se desplomó sobre ambos. Los escombros dejaron atrapados a ambos trabajadores”.

También desde UGT han trasladado el pésame a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, y esperan que el trabajador gravemente herido se recupere pronto. Además, han hecho llegar el ofrecimiento para las acciones legales que necesiten emprender.

Una trabajadora de 65 años de edad una empresa cárnica de la localidad conquense de Tarancón, situada en la calle Aliagales, ha resultado intoxicada por una fuga en el depósito de amoniaco.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar este sábado sobre las 22.49 horas.

La trabajadora fue trasladada, en ambulancia de soporte vital básico, al hospital de Cuenca. Al lugar también acudió la Policía Local, la Guardia Civil y los bomberos del municipio.

Un joven de 27 años ha fallecido en El Cardoso de la Sierra (Guadalajara) por aplastamiento tras caerle encima dos pacas de paja de 200 kilogramos cada una mientras trabajaba en una explotación agrícola.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar este martes, sobre las 20.41 horas, cuando se ha producido el incidente en una nave agrícola de la pedanía de Bocígano, perteneciente al municipio alcarreño.

Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Guardia Civil; equipos de bomberos de Azuqueca de Henares y Lozoya (Madrid), aunque la víctima había sido liberada por vecinos que se encontraban en el lugar de los hechos, así como una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Sin embargo, los equipos sanitarios no han podido hacer nada por la víctima, fallecida en el acto.

Un trabajador de 44 años ha resultado herido al precipitarse en una perforación de 8 metros de profundidad en Malagón (Ciudad Real), tal y como han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 10.46 horas al aire libre en el Camino de los Rallados, cuando este trabajador se ha caído a la perforación.

En un primer momento ha sido rescatado por sus compañeros y posteriormente trasladado por un helicóptero sanitario al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Además, hasta el lugar se han trasladado la Guardia Civil, la Policía Local, los bomberos de Ciudad Real, una ambulancia y el médico de urgencias.

Un hombre de 51 años ha fallecido la mañana de este martes tras sufrir un accidente laboral en un rocódromo de la localidad navarra de Berrioplano.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 10:16 horas del martes y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y a patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral de la comisaría de Pamplona.

El siniestro se ha producido cuando el trabajador ha sufrido una caída en altura en una nave situada en el polígono industrial de Berrioplano. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto navarro de Medicina legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Policía Judicial de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.

UGT ha presentado este martes en rueda de prensa el análisis de la siniestralidad laboral correspondiente a 2025, un año en el que 121 personas trabajadoras perdieron la vida en Andalucía por el hecho de ir a trabajar. A esta cifra se suma un dato especialmente alarmante: en las primeras semanas de 2026 ya se han registrado 7 muertes laborales, lo que confirma que la tendencia no se corrige y que el problema sigue plenamente vigente.

El secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas, ha sido el encargado de desgranar los datos más significativos del informe. Durante 2025 se registraron 103.609 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 1.032 fueron graves. Andalucía concentra el 22,19% de los accidentes graves de todo el país, es decir, prácticamente uno de cada cuatro accidentes graves que se producen en España ocurre en nuestra comunidad.

En cuanto a los accidentes mortales, 94 fallecimientos se produjeron durante la jornada laboral y 27 in itinere. Esto significa que cada tres días muere una persona trabajadora en Andalucía y que cada cinco minutos se produce un accidente laboral en nuestra región.

Especialmente preocupante es la evolución en el sector de la construcción, donde los fallecimientos han aumentado más de un 37% respecto al año anterior. Andalucía continúa situándose, además, por encima de la media nacional en índice de incidencia.

Sánchez Villegas ha subrayado que “casi la mitad de los accidentes graves y mortales se producen sin que exista una evaluación de riesgos obligatoria, lo que evidencia incumplimientos graves en materia preventiva”.

“Los accidentes laborales no son una fatalidad. Tienen causas y las causas tienen responsables. No podemos normalizar que 121 personas hayan muerto en 2025 y que 2026 haya comenzado ya con 7 fallecimientos más”, ha afirmado.

El informe también alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales, especialmente en patologías graves como el cáncer de origen laboral, así como del impacto creciente de las temperaturas extremas y fenómenos climáticos adversos en la salud laboral.

“No vamos a aceptar ni una muerte más”

Por su parte, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha realizado una valoración contundente tras conocer los datos. “Después de escuchar estas cifras, nadie puede seguir mirando hacia otro lado. No estamos ante un problema técnico ni ante una estadística fría. Estamos ante una tragedia colectiva que se repite año tras año y que, como sociedad, estamos corriendo el riesgo de normalizar”, ha afirmado.

Martín ha calificado la siniestralidad laboral como “una forma de violencia estructural, una violencia silenciosa y cotidiana que no ocupa grandes titulares, pero que destruye vidas cada semana en Andalucía”. En este sentido, ha sido rotundo: “No vamos a aceptar ni una muerte más como si fuera inevitable. No lo es. Los accidentes laborales tienen causas y las causas tienen responsables”.

El dirigente sindical ha denunciado que “no podemos permitir que haya empresas que incumplen la ley sistemáticamente, que no evalúan riesgos, que no forman a sus plantillas y que no protegen a sus trabajadores. Cuando casi la mitad de los accidentes graves y mortales se producen sin evaluación de riesgos obligatoria, no hablamos de errores, hablamos de negligencias”.

Asimismo, ha advertido de que en Andalucía “son muy pocas las empresas que evalúan adecuadamente los riesgos psicosociales”, una cuestión que adquiere especial relevancia en un contexto de aumento de patologías relacionadas con la salud mental y de condiciones laborales cada vez más exigentes.

Martín ha anunciado que UGT Andalucía solicitará una reunión urgente con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para exigir un plan específico de choque frente a la siniestralidad laboral, especialmente en los sectores de mayor riesgo, así como la aplicación efectiva de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Entre las medidas reclamadas, el sindicato exige que la actualización de la Ley de Prevención se apruebe sin dilaciones, que la Inspección de Trabajo cuente con más recursos humanos y materiales, que la Fiscalía de Salud Laboral actúe con contundencia y que se avance hacia la figura del Delegado o Delegada Territorial de Prevención, imprescindible —según ha señalado— para proteger a las personas trabajadoras de las pymes, que constituyen la inmensa mayoría del tejido productivo andaluz.

En un momento especialmente duro de su intervención, Martín ha recordado que “en Andalucía han muerto miles de personas trabajando desde 1988. Miles”. Y ha añadido: “Cada muerte en el trabajo es una injusticia, una vergüenza y un fracaso colectivo. Este informe no es un cierre, es el comienzo de una campaña sostenida de denuncia pública y exigencia política y social que no vamos a abandonar”.

UGT Andalucía iniciará en las próximas semanas una campaña pública de recogida de firmas y movilización social para exigir que nadie tenga que jugarse la vida por ganarse la vida.

Informe completo aquí

Jesús tenía 42 años y vivía en un pueblo de Sevilla. Tenía dos hijos, de 10 y 6 años. Era licenciado en Historia del Arte y quería ser profesor de ESO y Bachillerato, para lo que estaba opositando. “Pero mientras había que trabajar”, explica su pareja, Laura, por lo que consiguió un contrato fijo en una empresa de su localidad. “Hasta el 25 de julio”, dice entre lágrimas. Ese día, Jesús falleció en su centro de trabajo tras precipitarse desde una altura de 12 metros, un accidente propio del siglo pasado, para los que hoy existen medidas preventivas.

Jesús es una de las 735 personas que fallecieron por accidentes laborales en 2025 en España, según los datos provisionales publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo. Son dos personas al día, que en su mayoría salen de sus hogares y no regresan nunca. “Esto es una lacra, tenemos que pararlo de alguna manera entre todos”, dice su viuda, que colabora con la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (AVAELA).

Las muertes en el trabajo se han reducido respecto a 2024 en 61 personas, algo que se refleja también en un fuerte descenso del índice de incidencia (2,81) –valor aísla la evolución de los vaivenes en el número de trabajadores–, que disminuye un 11,6%.

Los sindicatos mayoritarios celebran el descenso en la mortalidad y en la siniestralidad en el último año, pero recuerdan que todavía los datos son “inaceptables” y, sobre todo, insisten que hay muchos accidentes evitables si se hubieran cumplido con las medidas preventivas necesarias. Además, hay focos muy preocupantes, como la construcción, el sector más mortal y que está empeorando sus cifras: murieron 164 de sus trabajadores el año pasado, un 21,5% más que en 2024.

El accidente de Jesús, una caída fatal por un trabajo en altura, es uno de los ejemplos más denunciados: con los arneses y líneas de vida obligatorios desde el siglo pasado para este tipo de tareas, una persona no debería caer al vacío y perder la vida.

El fiscal de Sala Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Javier Muñoz Marín, alertó en unas recientes jornadas de que se enfrenta “cada semana” a accidentes totalmente evitables, en los que no se habían tomado medidas de seguridad ni de prevención. Mencionó dos ejemplos reales, de empresas pequeñas, en los que los trabajadores cayeron al vacío desde alturas sin ninguna línea de vida, ni agarres, ni tampoco formación preventiva para las tareas que estaban realizando.

“Se repite sistemáticamente. Y sigo preguntando: ¿es que nadie se da cuenta de que ese trabajo irremediablemente va a acabar en esa situación?”, lamentó el fiscal. El Ministerio de Trabajo acaba de alcanzar un acuerdo con CCOO y UGT para reforzar la prevención laboral en las empresas. “El objetivo es que nadie más muera en su puesto de trabajo”, destacó la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Trabajo precario que pone en riesgo vidas

La pareja de Jesús denuncia, precisamente, que no estaba “en su puesto de trabajo”, sino cumpliendo otras tareas para las que no tenía formación. “El día de antes le dije que no se subiera, que me daba miedo, que no se subiera...”, repite entre lágrimas.

La muerte de Jesús está en medio de una investigación judicial, por lo que prefiere no ahondar en muchos detalles de lo sucedido, pero Laura denuncia la “semiesclavitud” a la que se ven sometidos muchos trabajadores, que se ven abocados a hacer tareas en condiciones muy precarias para las que no están preparados ni protegidos.

Hay trabajo precario donde se pone a la persona a realizar tareas que no le corresponden. Me parece una barbaridad y una injusticia que se usa a las personas de esa manera

Laura — Viuda de un trabajador fallecido

Critica a los empleadores que, “antes de contratar una empresa que les va a cobrar 2.000 euros por un trabajo”, mandan a sus propios empleados, porque les sale más barato. “Trabajo precario donde se pone a la persona a realizar tareas que no le corresponden. Me parece una barbaridad y una injusticia que se use a las personas de esa manera”, denuncia.

Más allá de una ilegalidad de las empresas, por no respetar la legislación laboral, esa irresponsabilidad y falta de cultura preventiva en ocasiones acaba en tragedia. Con una vida segada y una familia rota de la noche a la mañana.

“Mis hijos estaban en casa de un familiar. El más pequeño era muy pequeño (6 años), estaba jugando con su primo. Pero cuando hablé con el mayor (10) y le dije que su padre había tenido un accidente y que estaba muy mal, me decía que quería venir. 'Yo quiero ir, mamá. Quiero ir a verlo”, cuenta Laura. “Ese 25 de julio por la noche, le dije que papá no volvía”, añade la mujer, que está pagando una terapia para ayudar a los pequeños con el duelo.

Sin pensión de viudedad por no estar casados: “Es una injusticia”

Los accidentes de trabajo mortales tienen otra cara oculta: el vacío que dejan en sus hogares, no solo en lo personal, sino también en lo económico. Un hogar que pierde una nómina de un día para otro, que a menudo tiene que afrontar los gastos de una larga batalla judicial y que, en el caso de la familia de Jesús, tampoco ha generado una pensión de viudedad para su pareja, ya que no estaban casados.

“Nosotros tenemos una convivencia estable e ininterrumpida desde el año 2015. El libro de familia, tenemos dos hijos en común. Tenemos préstamos, tenemos cuenta bancaria juntos... pero no estamos casados, ni somos pareja de hecho. Me parece una injusticia tremenda que a una viuda la dejen sin pensión de viudedad por no estar inscritos en un papel en el Ayuntamiento”, denuncia Laura, que está batallando también en los tribunales el reconocimiento de esta prestación de la Seguridad Social.

“Conozco personas que están pasando por lo mismo y esto debería cambiar”, dice Laura. El Ministerio de Elma Saiz planteó en octubre a los agentes sociales incluir entre los perceptores de la pensión de viudedad a quienes, pese a no tener vínculo matrimonial ni ser pareja de hecho, “acrediten una convivencia estable y notoria” o tengan hijos en común, como es el caso de la viuda de Jesús. Sin embargo, es un cambio legal que no ha llegado a aprobar todavía.

Laura pide más formación y cultura preventiva, “tanto a los empresarios como a los trabajadores”, “que los trabajadores se nieguen rotundamente a realizar tareas en las que crean que corren peligro” y “sanciones muy graves cuando ocurra un accidente con resultado de muerte”.

También que “las empresas condenadas por delitos tan graves como el de mi pareja, no puedan concurrir a ningún concurso público de ninguna índole y que no reciban ningún tipo de subvenciones ni privilegios de ningún tipo”, medida que plasmó en una moción en su Ayuntamiento, que obtuvo el respaldo de todos los concejales salvo los del PP.

La viuda de Jesús llama a la sociedad a ejercer también “un papel” para que esto acabe. “Si vamos por la calle y vemos a alguien subido donde no debe o haciendo algo en las condiciones que no debe, hay que llamar a la policía. No estamos concienciados con eso”, considera.

Aunque no sabe “de dónde saca las fuerzas”, Laura dice que “llegará hasta el final” para buscar justicia para Jesús. “Era una persona muy honrada, no se merece que le haya pasado esto. Nadie lo merece. No se puede ir a trabajar y perder la vida”, subraya.

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, junto a los líderes de UGT y CCOO de Sevilla, Juan Bautista Ginés y Carlos Aristu, ha criticado este martes la “falta de implicación” del Gobierno andaluz ante la “siniestralidad laboral en la provincia”. Cabe enmarcar que durante la jornada del lunes un hombre de 70 años falleció al caer del tejado de una nave industrial ubicada en el polígono Canama de Alcolea del Río, el segundo accidente mortal de esta naturaleza en cinco días, puesto que el pasado 29 de enero falleció un trabajador de 55 años en Mairena tras caer desde una cubierta mientras realizaba su labor en una empresa de mantenimiento.

En una nota emitida por el partido, Fernández ha asegurado que el Ejecutivo andaluz “no puede normalizar el balance negro de muertes en el trabajo” y ha denunciado su “falta de implicación” para evitar accidentes laborales. Asimismo, el dirigente socialista ha calificado de “intolerables e inaceptables” las 36 muertes en el trabajo en Sevilla durante 2025, así como los dos fallecimientos ocurridos en enero.

El secretario general del PSOE ha enmarcado que los socialistas mantienen una interlocución con los sindicatos, y que por ello se ha convocado una reunión extraordinaria con UGT y CCOO para analizar los datos de siniestralidad laboral.

Fernández ha afirmado que “una sociedad avanzada no puede permitirse ni una sola muerte en el trabajo” y ha subrayado que el Grupo Parlamentario Socialista presentó un documento con una veintena de medidas para mejorar la prevención, que fue rechazado por el Gobierno andaluz.

Entre las medidas propuestas se registraron, según el partido, la personación de la Junta en juicios por incumplimientos de la normativa laboral, campañas de concienciación y ayudas a pequeñas empresas y autónomos para aplicar medidas de seguridad.

Por su parte, Carlos Aristu ha calificado de “dramáticos” los datos de siniestralidad laboral y ha señalado que el tema “debe situarse en el centro de la agenda política”. Aristu ha indicado que, pese a la climatología adversa, la Junta de Andalucía “no ha convocado a los órganos responsables de supervisar la prevención laboral”. Al hilo, Ginés ha asegurado que la Junta dispone de medios suficientes para prevenir estas muertes, mediante el seguimiento de obras o la sanción a empresas que incumplan la normativa.

Oskar Martín (San Sebastián, 1973) encara 2026 con una hoja de ruta clara para UGT, pese a que el ciclo político juega en su contra por los tiempos y las esperas que conllevarán las elecciones autonómicas. Con el dato actualizado, el secretario general en Andalucía cifra en 116 las muertes en el ámbito laboral durante el año anterior en la comunidad, por lo que emprenderán una intensa campaña para frenar estas cifras. A este objetivo, se le suman otros, ya sea la reducción de la jornada laboral, la exigencia de que la región sea polo inversor pero también permanente en materia industrial o el freno a la privatización de la formación profesional. Aun con la turbulencia del calendario, permanece en calma y transmite sosiego en cada respuesta.

Casi 2 millones de personas están en situación de exclusión social y las dos principales trabas a las que alude el informe FOESSA son la vivienda y el empleo. Tildaron la ley de vivienda autonómica de insuficiente, así que, ¿cuáles son las soluciones?

Andalucía, históricamente, tiene unos índices altos de exclusión para los que, lógicamente, necesitamos políticas que palien esta situación: ante todo, la recualificación y la formación de las personas. Por otra parte, un puesto de trabajo ya no es suficiente para subsistir en términos de dignidad, porque está la carestía de la vida en la compra, los suministros energéticos o la vivienda, la principal clave. A los alquileres o a la compra se está dedicando el 60% del salario, así que reivindicamos un salario mínimo interprofesional (SMI) digno, que no absorba complementos, antigüedad, trienios y demás, ya que, si no, la subida sería neutra, sino tal y como marca la Carta Social Europea.

En cuanto a la vivienda, las administraciones tienen que trabajar en una solución en el medio-largo plazo, y eso tiene que ser a través de un pacto de Estado, que dé soluciones en términos de oferta y demanda, de ajuste o de regulación de precios y que cree un parque de vivienda público amplio. Como bien sabemos, había que producir en torno a 100.000 viviendas y se ha quedado en unas 12.000. Así que hay un déficit importante, lo que ha tensionado los precios y a lo que habría que añadir turistificación, otro elemento que castiga. El centro de las ciudades se está desdibujando, al igual que su mapa laboral, como en Málaga, donde enfermeros, doctores, bomberos, policías, se tienen que marchar a otra provincia porque les es imposible vivir. Eso son tres horas de viaje de ida y vuelta y de gasto, y eso no es posible en el siglo XXI.

Los sindicatos y el Ministerio de Trabajo han acordado subir el SMI a 1.221 euros, sin la patronal.

Nosotros fuimos mucho más ambiciosos. La exigencia era estar en torno a una subida del 7,5% para acercarnos a ese objetivo del 60% del salario mínimo que marca la Carta Social Europea y, al final, el planteado es una subida del 3,1%, con lo que estaríamos de acuerdo siempre y cuando no tributara el líquido neto. El SMI, aparte de dignificar la vida de millones de personas, es un instrumento de aceleración del consumo interno, porque la gente lo gasta en su barrio, y es una manera de reactivar la economía. El Gobierno tiene ese compromiso y esa responsabilidad.

El Convenio Colectivo del Empleo Público ha recuperado el 11,5% del poder adquisitivo de sus empleados. ¿Se logrará lo mismo desde los convenios en los sectores privados?

Tenemos el instrumento para analizar y constatar que las empresas en este país reportan beneficios: el Observatorio de márgenes empresariales. No están en situación precaria ni deficitaria y queremos, como agente social, que la riqueza se reparta en los términos más justos posibles. La CEOE peca de irresponsabilidad: cuando los tiempos van bien, los beneficios los acaparan exclusivamente ellos, pero, ¿y cuando van mal, como en la pandemia, con pérdidas y deudas, se quiere socializar, no?

Los convenios colectivos son fundamentales para repartir la riqueza y en el VI Acuerdo para el empleo y la Negociación Colectiva (VI AENC) priorizaremos que el poder adquisitivo de los trabajadores esté por encima de la inflación. En ese sentido, el acuerdo del sector público debe ser referente para las empresas privadas. Por ejemplo, el sector turístico andaluz marca beneficios récord, pero tiene los salarios más precarios de la historia. Hay ejemplos positivos, como el convenio del metal en Cádiz, donde se logró recuperar el plus de tóxico penoso y que hubiera un aumento salarial del 3%.

Andalucía reúne todos los requisitos para ser una gran potencia energética, pero no un nodo extractivo

Falta de mano de obra tanto en el sector agroalimentario como en el energético. ¿Cómo se revierte esta situación?

A pesar de lo que dicen los empresarios, esa mano de obra no se encuentra porque es un problema de condiciones y salarios. Cuando se habla del campo, no se encuentra gente porque se paga mal y se trabaja mucho tiempo, como en hostelería, donde se trabajan diez horas, se pagan siete y se aseguran cuatro. También, está la formación. La formación profesional (FP) es escasa, ya que solo este año se crearon 2.500 plazas públicas frente a las 9.400 del sector privado, por lo que se está convirtiendo en un negocio. En ese caso, la Administración tiene que diseñar planes enfocados a la demanda y necesidad de los sectores productivos de Andalucía.

¿Andalucía podría alcanzar la meta de ser cabeza industrial del país?

Soy muy optimista. Andalucía tiene potencial, capacidad, inteligencia, formación y situación, es decir, reunimos todos los elementos para que sea una gran potencia energética. Pero no para que sea un nodo extractivo y que se beneficien otros territorios. Para ello, las fábricas de placas solares se deben quedar, para que las plantas de hidrógeno verde se queden y sus empresas auxiliares, con tal de conformar ese gran nodo tecnológico y energético, con el fin de que todos los beneficios se maximicen y se aprovechen aquí.

Para que no se repita lo de Ayesa. ¿En qué punto se encuentra?

Estamos en contacto con la Consejería de Industria y la plantilla para conocer cuál es la situación.

¿Cómo avanza la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía?

Se ha hecho la petición al Gobierno de la Junta de Andalucía para que se logre la negociación colectiva y se reemplace el acuerdo de 2002. Después de tantos años, hay que actualizar la situación del personal laboral, tanto en materia de salud laboral como en prevención de riesgos laborales, entre otras cuestiones, y que sirva como resorte para la propia administración, en cuanto a que se logre su modernización. Al final, afecta en torno a 80.000 trabajadores.

Uno de los objetivos de UGT, como comentó en el balance anual, es lograr la jornada de 37,5 horas. Una propuesta que fracasó en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo se logra convencer a la patronal?

Cuando hablábamos sobre el SMI, que en el último lustro se ha revalorizado un 60%, había gurús que decían que iba a ser un caos y ahora estamos en récord histórico de trabajadores ocupados en el país. A los empresarios hay que hacerles mucha pedagogía y, al igual que están creciendo sus compañías, su mentalidad ha de crecer en términos de comprensión y de entendimiento. Como sindicato, cuidamos a los trabajadores y, en consecuencia, también a ellas, así que el bloqueo de cualquier mejora está en su propio desarrollo.

La reducción de horas ha demostrado una mayor productividad en varios países, entre otras cosas, a partir de una mejor disposición y una menor siniestralidad. En todo caso, hay que invertir en recualificación, innovación, tecnología..., porque creemos en el hecho de trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Ocurre con los jóvenes, y es la filosofía a atender: mejorar el tiempo personal, el de familia, al igual que la conciliación, que es una gran demanda. Al mismo tiempo, se plantean nuevos retos, como la evaluación de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo u otros escenarios desconocidos, por lo que uno de los instrumentos clave es trabajar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.

El Gobierno de Andalucía no puede permitir que miles de jóvenes se marchen al no haber salida laboral aquí

Pese a que Andalucía bate récords en ocupación, la cifra de desempleo juvenil se sitúa en un 32%, nueve puntos por encima de la media nacional.

No solo nos preocupa el paro juvenil, sino también el paro femenino, ya que arrastran un desempleo estructural. Con respecto al juvenil, nos preocupaba sobremanera que seamos una de las comunidades con mayor índice de cualificación y de formación universitaria y, sin embargo, entre 2018 y 2020 se fueron en torno a 8.000 jóvenes. Entre los 12 años de formación reglada a un coste anual promedio de 5.000 euros, son cerca de 390 millones de euros: Andalucía pierde en términos económicos y de descapitalización, de inversión en educación y, sobre todo, en el desmantelamiento del tejido social y familiar. El Gobierno de Andalucía no puede permitir que miles de jóvenes se marchen porque aquí no tengan salida, por lo que hay que hacer un plan estratégico para el valor juvenil, como favorecer la formación en sectores claves, como en el aeronáutico, de hidrógeno verde o el agroindustrial.

En cuanto al desempleo femenino, sigue habiendo una brecha salarial en torno al 25%. Hablamos de que una mujer, desde noviembre y hasta final de año, trabaja gratis. Para hacer desaparecer la brecha de género necesitamos corresponsabilidad institucional mientras que, desde el sindicato, ponemos en valor los planes de igualdad, un instrumento que, precisamente, sirve para erradicar la discriminación en el seno de las empresas.

Elaboraron un informe sobre la siniestralidad laboral hasta noviembre de 2025, en el que se registraba 114 víctimas. ¿Hay datos actualizados?

Con fecha de diciembre, hay dos personas más fallecidas. Aquí hablamos de la vida de las personas. No hay nada más importante, y este año nos vamos a remangar y poner en marcha un calendario de actuaciones importantes. Pondremos en el centro del debate laboral la siniestralidad, ya que, no son solo muertes, sino que se produce un accidente cada cinco minutos en Andalucía. De ellos, mil son graves y un 40% están relacionados con la salud mental, ya sea estrés, ansiedad, depresión, que provocan ictus o infartos. Hay que incentivar la cultura preventiva a las empresas, es decir, cuidar a los trabajadores.

En tal marco, trabajamos con nuestros delegados de prevención de riesgos laborales y exigimos una figura clave: el delegado territorial o sectorial, una persona con una cualificación superior, sin capacidad sancionadora pero sí de asesoría y de redacción en caso de que haya algún tipo de incidencia para su posterior subsanación. Esto sería el resultado de un acuerdo entre administración, patronal y sindicatos, como ocurre en Navarra, Asturias o La Rioja, para lo que le trasladé al presidente de la Junta que hiciese una ampliación de la dotación presupuestaria en el marco de la prevención y de la salud laboral de Andalucía.

¿Sigue teniendo buena sintonía con el presidente Juanma Moreno?

La sintonía con el presidente es una sintonía sindical, laboral y, por su parte, política. No obedece más que a un sentido de la responsabilidad por resolver los problemas de los andaluces. En mi caso, de los trabajadores y trabajadoras y de nuestros afiliados. Así se lo transmito cada vez que coincidimos, dado que la Junta analiza nuestras propuestas y se intenta llegar a puntos de encuentro. Esa es la política sindical a la que nos debemos, independientemente del color político de San Telmo. El propósito es conseguir mejorar la vida de las personas trabajadoras, así que tenemos que trabajar las relaciones, porque al final las instituciones y los sindicatos no son una entelequia abstracta, no es un éter, sino personas. Es una cuestión de sentido común.

Mi sintonía con Juanma Moreno no obedece más que a un sentido de la responsabilidad por resolver los problemas de los andaluces

¿Cuál es la valoración que realizan sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes?

Estamos a favor. Hay cientos de miles de personas que por no tener regularizada su situación no se les puede hacer un contrato como es debido, no pueden tener una cuenta de banco, no pueden sacar su carnet de conducir y no pueden operar como un ciudadano al uso. ¿Qué sentido tiene cuando sabemos que la pirámide poblacional se está invirtiendo y necesitamos incrementar la base en términos de mano de obra? Los inmigrantes están aportando en términos de producto interior bruto, a las arcas de la seguridad social y, por tanto, pagando las futuras pensiones, es decir, están trabajando por este país, lo cual hay que reconocer y valorar.

¿Cómo se recupera la confianza en el movimiento sindical ante la acusada polarización social?

Los sindicatos han sufrido, sufrimos y seguiremos sufriendo los ataques. Nuestra aspiración, aparte de defender los derechos y los intereses de la clase trabajadora, es transformar la sociedad en una más justa, libre e igualitaria. Ante esto, tienes el ataque y el desprestigio de la derecha, la ultraderecha, el capitalismo o el neoliberalismo. Pero, desde 1888, hemos estado en todos los procesos complicados de la historia de este país, y eso nadie lo puede negar, porque ya en 1921 la UGT tenía un millón de afiliados, contribuyendo a la construcción democrática desde el sindicalismo de base. Muestra de ello es que en 2025 fuimos el primer sindicato de Andalucía, con más de 15.000 delegados que trabajan por construir una sociedad más justa, de lo que nos sentimos orgullosos, porque lo hacen de manera desinteresada.

Nuestro propósito es recuperar el espíritu del 4 de diciembre de 1977, como fuerza impulsora y transformadora del cambio social, político y laboral. Ese combustible es la fuerza de las mujeres y de los hombres de esta comunidad, para seguir avanzando, tener una vivienda digna y asequible, trabajo de calidad, erradicar la siniestralidad y tener un futuro de derechos y libertades. Pese a que algunos lo quieran destruir, estaremos frente a todo eso, trabajando por una Andalucía próspera.

La bodega de Valdepeñas Félix Solís Avantis ha señalado a través de un comunicado que “cuenta con protocolos específicos de seguridad y prevención de riesgos laborales para todas las actividades que se desarrollan en sus instalaciones”, tras el fallecimiento de uno de los trabajadores la pasada semana.

En este sentido, ha subrayado que los protocolos de seguridad “son de obligado cumplimiento para todos los empleados y están plenamente alineados con la normativa legal vigente”.

Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado en las últimas horas lo que califican “un fallo muy grave en prevención y en la adopción de medidas de seguridad, que son exclusivamente responsabilidad de la empresa” y se han concentrado en señal de protesta y pésame por los hechos.

Desde Félix Solís Avantis han manifestado su pesar por “el fallecimiento de nuestro empleado y compañero en el trágico suceso ocurrido el jueves pasado en la planta de Valdepeñas”. Además, la dirección de la compañía ha trasladado su más sentido pésame a su familia y amigos y “está a su entera disposición desde el primer momento”.

Además, la empresa, una de las más importante en el sector vinícola, la “ha ofrecido a las autoridades competentes su total cooperación y colaboración durante todo el proceso”, según han señalado.

Además, la compañía ha declinado hacer más declaraciones “por respeto a la persona fallecida y a sus allegados, hasta que se esclarezcan las circunstancias de lo sucedido”.

Un trabajador de 34 años falleció este jueves por la tarde en un accidente laboral ocurrido en una bodega de Valdepeñas, tras precipitarse al interior de un depósito de vino vacío.

El aviso se recibió sobre las 20:30 horas, según han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real (SCIS).

En un primer momento, dos agentes de la Policía Nacional intentaron rescatar al hombre del interior del depósito, resultando afectados por inhalación de gases.

Posteriormente, dos de los bomberos accedieron al interior de la cisterna equipados con equipos de respiración autónoma (ERA), donde localizaron a la víctima inconsciente y sin respiración. Tras asegurarla en un tablero espinal, procedieron a su extracción por la zona inferior del depósito.

Ya en el exterior, los servicios sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque finalmente solo se pudo certificar el fallecimiento del trabajador.

CCOO expresa su pésame y recuerda que “no es la primera vez”

CCOO Ciudad Real “lamenta profundamente” el fallecimiento ayer de un trabajador tras quedar atrapado, según ha desvelado el sindicato, “en el interior de una cisterna en las instalaciones de Félix Solís en Valdepeñas”. También recuerda que esta “no es la primera vez” que se produce un accidente laboral mortal en una instalación de esta empresa y lo achaca a “falta de medidas de seguridad”. La bodega inició entonces una investigación.

El sindicato quiere trasladar su más sentido pésame a la familia, así como a sus compañeros y compañeras de trabajo. “Conscientes de que en estos momentos no hay palabras que puedan aliviar el dolor ante una pérdida así, CCOO quiere dejar claro que esta muerte no puede tratarse como una fatalidad inevitable, sino como la consecuencia de una falta de medidas de seguridad”.

Para denunciarlo y para exigir responsabilidades, el próximo lunes 26 de enero habrá una concentración frente a las instalaciones de Félix Solís y el viernes 30 una concentración ante la sede de la patronal.

La secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, ha señalado que “no podemos normalizar que el trabajo sea un lugar de riesgo para la integridad física y psíquica de las personas, ni mucho menos acostumbrarnos a que una persona, en el desempeño de su trabajo, pueda perder la vida”.

Esther Serrano ha añadido que esta tragedia no es un hecho aislado en la empresa Félix Solís, ya que hace menos de dos años falleció otro trabajador en circunstancias muy similares, y en su opinión eso “evidencia una grave falta de control y de medidas preventivas, en una empresa con grandes beneficios”.

“Resulta indignante que una empresa del tamaño y los beneficios de Félix Solís siga permitiendo estas situaciones. La vida vale más que cualquier ahorro de costes, y la producción y los beneficios empresariales nunca pueden ponerse por delante de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras”, ha añadido.

CCOO denuncia además “el carácter antisindical de la empresa”, advirtiendo de que contar con representación legal de los trabajadores y con un comité de prevención “se ha convertido en una auténtica cuestión de vida o muerte en Félix Solís”.

“Allí donde hay presencia sindical, disminuye la siniestralidad laboral, porque se conocen los riesgos reales, se fiscaliza la acción preventiva y se exigen soluciones”, apunta.

Un trabajador ha fallecido este miércoles tras sufrir un accridente laboral este martes mientras se encontraba trabajando con un dumper en la localidad conquense de Castillo de Garcimuñoz. El hombre de 63 años se precipitó desde lo alto de un dumper y fue trasladado en helicóptero al hospital de Albacete.

CCOO de Cuenca ha lamentado la muerte del trabajador y explica que habría salido despedido del dumper, un vehículo que se usa para mover tierra o transportar material, y que no contaba con cinturón de seguridad obligatoria según la normativa de seguridad laboral, según el sindicato.

El secretario general de CCOO de Cuenca, Carlos Hortelano, ha recordado que aunque el fallecimiento del trabajador se produzca días después de haber sufrido el accidente laboral, legalmente es reconocido como tal, y ha insistido en “la importancia de la prevención de riesgos laborales para evitar sucesos tan trágicos como el que hoy tenemos que lamentar”.

Hortelano ha reclamado que nunca más “las personas trabajadoras sigan perdiendo la vida y la salud en sus puestos de trabajo en accidentes que en la gran mayoría de los casos podrían evitarse con unas adecuadas medidas de seguridad”.

“Es una situación alarmante”

Según los últimos datos correspondientes al periodo enero-noviembre de 2025 que recoge la Estadística de accidentes de trabajo del Ministerio, en la provincia de Cuenca se registraron un total de 2.949 accidentes, 2.781 en jornada y 168 in itinere, 34 de ellos graves y 9 mortales.

Si se comparan estos datos con los del mismo periodo de 2024, hay siete trabajadores más fallecidos, pasando de 2 a 9. Cuenca es la segunda provincia de la región, -después de Guadalajara-, con mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo.

“Una situación preocupante y alarmante que requiere potenciar las medidas preventivas, la prevención salva vidas, más y mejor prevención es garantía de poder trabajar en unas condiciones más seguras y saludables evitando la lacra y el drama que supone la siniestralidad laboral”, ha afirmado Hortelano.

CCOO ha trasladado sus condolencias a la familia, compañeros y amistades de la víctima y ha trasladado que pondrá a disposición los recursos sindicales que puedan precisar.

El secretario general autonómico de UGT, Óscar Lobo, ha reprochado. que en Castilla y León “se trabaja más y se cobra menos” por la “actitud obstruccionista” de la patronal. Lobo ha lamentado que a cierre del año pasado aún había 74 convenios colectivos pendientes de negociar y otros 164 que caducan en este ejercicio, ante los que temen un mayor “bloqueo”. “Advertimos de un escenario de conflictividad. No podemos ser una comuniad de segunda categoría”, ha manifestado ante los medios poco antes del comité autonómico de UGT, que también ha puesto el foco en la siniestralidad laboral, puesto que el sindicato calcula que este 2025 han muerto 49 personas en el trabajo o in itinere.

Óscar Lobo ha reclamado una reunión con la CEOE para evitar que se siga “agravando la brecha salarial” de los trabajadores de Castilla y León frente a otras comunidades, especialmente en el sector Servicios, el que tiene “peor condiciones laborales”. “Vamos a poner el foco en los ámbitos más precarizados de algunos convenios sectoriales y en otros específicos de empresas”, ha detallado el líder autonómico de UGT, que ha anunciado su intención de “responder y presionar”.

Ante las elecciones autonómicas que serán el 15 de marzo ded 2026, Óscar Lobo ha mostrado “preocupación e inquietud” por que vuelvan a gobernar PP y Vox en coalición, y esta vez la extrema derecha tenga “ganas de revancha”. El de Castilla y León fue el primer gobierno autonómico en el que PP y Vox acordaron una coalición ejecutiva, aunque se rompió tras un desacuerdo sobre la gestión de menores migrantes no acompañados que residían en Canarias, que no tenía recursos suficientes para atenderlos a todos. “Hay mucho más en juego”, ha manifestado el de UGT, que ha apelado a la “gente demócrata, sensata, seria y madura” para que Castilla y León sea “una comunidad de derechos” y poner freno al “gran elefante en la habitación”: la despoblación. Por eso ha llamado a que Castilla y León tenga unas elecciones “mirando al futuro y no al pasado”.

El responsable de UGT ha reprochado también que el gobierno de Mañueco no aplique la totalidad de la Ley Estatal de Vivienda, teniendo en cuenta que el alquiler ha subido un 9,5% en Castilla y León, un punto porcentual más que en la media española.

Preguntado por la propuesta del Gobierno de España en materia de financiación autonómica, Óscar Lobo ha segurado que es un planteamiento “insuficiente” para Castilla y León y ha considerado que hay “margen de maniobra” para que se tengan en cuenta criterios como la dispersión y despoblación de la comunidad. También ha criticado que esta propuesta “penalice” a las autonomías que renuncian a sus tributos.

Dos trabajadores de 35 y 54 años han resultado heridos este jueves tras ceder el tejado de una empresa de montajes situada en el kilómetro 135 de la A-5, a la altura de la localidad toledana de Calera y Chozas.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 10.56 horas y los trabajadores ha caído desde una altura de cinco metros.

Ambos heridos han sido trasladados al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina por dos ambulancias de urgencias. Al lugar también se ha desplazado la Guardia Civil.

Un trabajador de 40 años ha fallecido este miércoles al caer desde ocho metros de altura de un tejado de una vivienda en el término municipal de Casas-Ibáñez (Albacete).

El 112 ha recibido el aviso a las 15.17 horas desde la calle Alondra de la citada localidad.

Hasta el lugar se han desplazado un equipo médico de urgencias del centro de salud de Casas-Ibáñez, un helicóptero medicalizado (que no ha llegado a tomar tierra) y una ambulancia convencional, así como Guardia Civil y Policía Local.

Tres trabajadores muertos esta semana

El trabajador muerto hoy se suma a los dos que fallecieron en el día de ayer en Castilla-La Mancha tras sendos accidentes laborales.

El primero de ellos fue un trabajador de 64 años en Alcolea del Pinar (Guadalajara), que falleció tras precipitarse desde una altura de tres metros, mientras que el segundo fue un pintor de 51 años de edad, que murió tras caer desde cuatro metros de altura en la localidad albaceteña de Lezuza.