El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Palencia ha impuesto una sanción de 16.000 euros a dos cazadores de Toledo que mataron de manera furtiva dos corzos en el coto privado de Hornillos de Cerrato (Palencia) en 2023.

El 27 de mayo de 2023 agentes del Seprona de la patrulla de Palencia, con la colaboración de agentes del puesto de Quintana del Puente (Palencia), interceptaron un vehículo con tres ocupantes, dos vecinos de Toledo y una vecina de Sevilla, tras haber sido sorprendidos disparando sobre un ejemplar macho de corzo, según informa este miércoles Ecologistas en Acción.

Preguntados por la actividad de caza que estaban realizando, manifestaron haber disparado y matado otro corzo, y que no tenían la autorización preceptiva del coto de Hornillos de Cerrato donde estaban cazando de manera furtiva. Tras las primeras actuaciones les fueron decomisados dos rifles.

Multas de 16.000 euros

La tramitación del expediente se ha resuelto tres años después con la imposición de dos multas por infracciones a la Ley 4/2021 de Caza de Castilla y León. En concreto, se ha impuesto una sanción de 2.000 euros para uno de los cazadores denunciados por la comisión de una falta grave, que ha reconocido los hechos y se ha beneficiado del pago voluntario.

También se ha impuesto una multa de 4.000 euros y la retirada de la licencia de caza por un año para el otro cazador por dos faltas graves y una leve. Además, la resolución determina una indemnización de 10.000 euros a favor del titular cinegético donde se produjeron los hechos, por el valor de los dos corzos matados.

Más contundencia y eficacia

Ecologistas en Acción ha recordado que solicitó al Servicio Territorial de Medio Ambiente en junio de 2023 ser parte interesada en el expediente sancionador que se incoara sobre el caso, y que, ante la falta de respuesta, se reiteró la solicitud en varias ocasiones más, hasta el punto de tener que recurrir a la presentación de una queja ante el Comisionado de la Transparencia.

En mayo de 2025, el Servicio de Medio Ambiente indicó que el expediente no había iniciado su tramitación porque estaba judicializado, pero Ecologistas en Acción asegura que realmente el Juzgado que instruía el caso lo había archivado en febrero de 2024, hacía más de un año.

Finalmente se inició el expediente sancionador en junio de 2025, pero no fue hasta febrero de 2026 cuando se hizo la propuesta de resolución y en el mes de abril se dictó la Resolución definitiva.

“Todo ello con la insistencia de los ecologistas para que se resolviera este caso después de tres años desde la comisión del acto de furtivismo”, ha indicado la organización Por ello, Ecologistas en Acción considera necesario que la labor de los agentes que intervienen en el medio “sea respaldada desde los despachos tramitando de manera eficaz y contundente las denuncias”.

En este sentido la asociación reclama que desde la jefatura del Servicio Territorial de Medio Ambiente se tomen las medidas oportunas para lograr conseguir respaldar el trabajo de los Agentes Medioambientales y del Seprona.

Las organizaciones Ecologistas Zamora y Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo ibérico (ASCEL) han reclamado a la Junta de Castilla y León que asuma responsabilidades tras la aparición de un lobo muerto con impactos de bala en la provincia de Zamora. El ejemplar ha sido encontrado en el río Esla junto al Puente Quintos del río Esla, entre las comarcas de Tábara y Tierra de Campos.

Ambos colectivos han culpado al Ejecutivo autonómico de que la falta de vigilancia en actividades cinegéticas y las últimas modificaciones normativas han generado un contexto “propicio” para el furtivismo. A su juicio, la Junta de Castilla y León no está contribuyendo a la recuperación de los lobos ni en Zamora ni en el resto de Castilla y León y hay cientos de cotos de caza en los que los cazadores “campan a sus anchas” portando rifles, visores térmicos y reclamos por los recechos de corzo y controles de jabalí. 

El ejemplar, un macho adulto, fue localizado en el río Esla, en la zona de Puente Quintos, con dos heridas de arma de fuego en el costado derecho. Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Zamora por un posible delito contra la fauna.

Las asociaciones ha manifestado que este episodio vuelve a evidenciar “un problema estructural” relacionado con la caza ilegal del lobo ibérico en Castilla y León.

En su comunicado, han alertado de que el furtivismo continúa teniendo un impacto “significativo” sobre la evolución de la especie y han indicado que está dificultando tanto la consolidación de nuevas manadas como la supervivencia de algunos grupos reproductores.

Según han recordado, un estudio sobre mortalidad de lobos, realizado en Valladolid y zonas limítrofes de Zamora, León y Palencia, recogía que el 73% de las muertes registradas —746 animales— se produjeron de forma ilegal. En total, este trabajo contabilizó 1.023 ejemplares muertos entre 1972 y 2011.

Ecologistas Zamora y ASCEL han apuntado que la situación del lobo ibérico sigue siendo “especialmente delicada” debido al furtivismo y a los atropellos. Es por eso que han recordado que la población peninsular permanece aislada del resto de núcleos europeos desde hace décadas y que la reducción histórica de ejemplares por la persecución humana ha provocado una pérdida de diversidad genética y elevados niveles de endogamia. Según han defendido, el lobo ocupa ahora una cuarta parte de su área de distribución histórica.

Instan a un cambio de normativa

Las organizaciones conservacionistas han afirmado que la Junta no está impulsando medidas suficientes para garantizar la recuperación de la especie y critican especialmente algunos cambios recientes en la normativa cinegética. Entre ellos la Orden MAV/1434/2025, que amplía las posibilidades de caza nocturna del jabalí mediante el uso de fuentes luminosas y dispositivos térmicos.

Para Ecologistas Zamora y ASCEL, ese tipo de autorizaciones, unidas a la “escasa vigilancia” en recechos de corzo y controles poblacionales de jabalí, incrementan el riesgo de actuaciones furtivas. “Son cientos los cotos en los que se realizan actividades cinegéticas con rifles y visores térmicos sin apenas supervisión”, han aseverado.

A las críticas también se le añade el rechazo a la modificación del sistema de control de capturas de corzo aprobada el pasado marzo. A su juicio, la nueva regulación dificulta la labor inspectora de agentes medioambientales y del Seprona y podría favorecer la legalización de ejemplares abatidos de manera irregular.

A esta “delicada situación”, como han reprochado ambas asociaciones también se le suma la falta del personal encargado de tramitar expedientes sancionadores en materia de Medio Ambiente en muchas provincias de la Comunidad. “Ya ni siquiera estaríamos hablando de un asunto de 'dejación de funciones' de una Administración pública, sino de un presunto delito de prevaricación por omisión por parte de los responsables de dicha Administración”, han lamentado.

Para Ecologistas Zamora y ASCEL la caza ilegal del lobo ibérico está contribuyendo de manera significativa al estancamiento poblacional en Castilla y León, provocando el exterminio de varios grupos reproductores. Esta situación, como han alertado, no permitiría el asentamiento de grupos nuevos en algunas zonas menguando su potencial sostenibilidad.

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a cuatro personas como presuntos autores de delitos contra la flora y la fauna y maltrato animal, al localizarse en el vehículo en el que viajaban una decena de erizos con lesiones traumáticas causadas con un objeto contundente.

Los hechos se descubrieron cuando la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, detectaron un vehículo que circulaba realizando maniobras extrañas en una zona de ocio de la capital.

Los agentes le dieron el alto e identificaron a sus cuatro ocupantes, los cuales mostraban en todo momento una actitud evasiva y desafiante ante los agentes. En el registro del vehículo hallaron, en el suelo de la parte posterior, una bolsa de plástico con una decena de erizos con restos de sangre y un martillo, presumiblemente utilizado para golpear a los animales.

En el maletero del vehículo viajaba también un perro de raza Braco alemán, posiblemente también utilizado para la caza de los erizos, el cual viajaba en condiciones inadecuadas de ventilación.

Traslado a un centro veterinario de urgencias

Los agentes trasladaron a los erizos a un centro veterinario de urgencias, donde fueron atendidos de las lesiones, y posteriormente fueron trasladados al centro de recuperación 'El Chaparrillo', donde se recuperarán hasta que puedan ser reintroducidos en su hábitat natural.

La efectiva labor y coordinación desempeñada entre la Policía Nacional y la Policía Local logró salvar la vida de estos animales, especie de “interés especial” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla la Mancha.

Un varón está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna, tras ser sorprendido por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) abatiendo un corzo de forma ilegal en el término municipal de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Los agentes tuvieron conocimiento de la posible comisión de un acto de caza furtiva en el coto denominado 'El Hierro', por lo que se puso en marcha un dispositivo de investigación para esclarecer lo ocurrido.

El 16 de marzo, durante una inspección ocular realizada en este coto, los agentes localizaron restos de sangre y pelo en el camino de Almagro a Santa Cruz de Mudela. Este hallazgo permitió confirmar que el disparo se efectuó desde un camino público, constituyendo una infracción grave al realizarse el lance desde una zona de seguridad.

Incautados el arma y la cabeza del animal

La investigación continuó en los días posteriores, permitiendo constatar que el animal había sido abatido en horario crepuscular y en plena época de veda. Tras una búsqueda minuciosa en los alrededores, los efectivos localizaron el cuerpo decapitado del espécimen, el cual había sido arrastrado y escondido entre la vegetación para dificultar el hallazgo.

Finalmente, tras las gestiones practicadas los agentes lograron identificar al supuesto autor de los hechos, procediéndose a la incautación del arma empleada, un rifle y a la recuperación de la cabeza del animal, el trofeo.

El investigado ha sido puesto a disposición de los Tribunales de Instancia de Valdepeñas, ante los cuales deberá responder por un presunto delito contra la flora y la fauna.

La Guardia Civil investiga a un cazador como supuesto autor de un delito de furtivismo por abatir un corzo, sin autorización y en plena época de veda, en un coto situado dentro del término municipal de San Miguel del Arroyo (Valladolid).

La colaboración ciudadana, que alertó de la presencia de un cazador en la zona, ha permitido la denuncia e intervención, por parte de la Guardia Civil, de un rifle de caza mayor encontrado en el maletero del vehículo del sospechoso junto a una cámara fotográfica y unos prismáticos.

El suceso ocurrió la semana pasada y los agentes localizaron el cuerpo del corzo, decapitado y aún caliente, dentro del coto de caza.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo ha condenado a un cazador por abatir en 2019 un ejemplar de lince ibérico en el término municipal de Menasalbas (Toledo), al que deberá indemnizar con 100.800 euros por los daños causados, según ha informado la Federación de Caza de Castilla-La Mancha .

La sentencia considera probado que el acusado mató a 'Nenúfar', una hembra de lince que había sido liberada en el año 2017 y que portaba un radiotransmisor para su seguimiento, al incurrir en un delito contra la fauna por imprudencia grave.

Los hechos ocurrieron en junio de 2019, cuando el condenado practicaba la caza de zorros sin licencia en vigor y en un periodo sin autorización para ello. Posteriormente se confirmó la muerte de sus cuatro cachorros, uno de ellos se encontró muerto.

La jueza ha impuesto además una pena de multa de 1.440 euros euros durante cuatro meses, a razón de 12 euros diarios, inhabilitación para caza durante tres años y pago de responsabilidad civil (por la reparación del daño) a la Junta de Castilla-La Mancha en la cantidad de 100.800 euros.

Durante el proceso, las acusaciones solicitaban penas más elevadas. La administración autonómica reclamaba una indemnización de hasta 500.000 euros, mientras que la organización conservacionista SEO/BirdLife pedía 180.000 euros. WWF España reclamaba tres años de prisión, cinco años de inhabilitación para la caza y 270 000 euros de indemnización por responsabilidad civil.

Finalmente, la cuantía fijada por el juzgado se ha reducido a 100.800 euros por la muerte del ejemplar y de la cría. La sociedad de cazadores implicada en el caso, para la que algunas acusaciones solicitaban responsabilidad civil subsidiaria, ha sido absuelta.

La hembra de lince ibérico “Nenúfar” fue encontrada el 14 de junio de 2019 en el municipio de Menansalbas (Toledo) por un agente medio ambiental gracias a la geolocalización del dispositivo GPS de su collar. Había sido reintroducida en febrero de 2017 dentro del Proyecto de recuperación de la especie en los Montes de Toledo. En el momento de su muerte estaba criando a cuatro cachorros. Uno fue hallado muerto pocos días después por los agentes medioambientales, y los otros tres, que no se lograron encontrar, se sospecha que tampoco sobrevivieron al no poder valerse por sí mismos.

A raíz del hallazgo de los agentes medioambientales, la Guardia Civil del SEPRONA logró localizar e identificar al acusado. Este reconoció que se encontraba cazando zorros en el coto en el día y lugar de los hechos, sin embargo, sus versiones han ido cambiando. En una primera declaración, reconoció haber disparado a un animal que creyó que era un zorro pero que pudo equivocarse; y posteriormente negó cualquier tipo de error, afirmando que disparó sobre un zorro.

No obstante, en su investigación el SEPRONA no encontró restos de ningún zorro disparado y la munición encontrada en el cuerpo del lince era similar a la que estaba utilizando el acusado, según informa WWF España.

La Federación de Caza pide “extremar la responsabilidad”

Por su parte, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha recordado “la necesidad de extremar la responsabilidad en la práctica cinegética” y ha subrayado su “implicación en la persecución de delitos contra especies protegidas”, participando como acusación en casos de envenenamientos o muertes de fauna especialmente graves.

El caso se produce en un contexto de recuperación del lince ibérico en España. Según los últimos datos, la población ronda los 3.000 ejemplares en 2025, con un crecimiento interanual cercano al 19 %, frente a los 1.365 censados en 2021, lo que refleja una evolución positiva de la especie tras haber estado en peligro crítico de extinción.

En este sentido, la federación regional insiste en el papel de los cazadores, titulares de cotos y sociedades “en la mejora de la especie”, y ha instado a revisar su estatus legal ante la previsión de que la población pueda alcanzar los 3.500 ejemplares en 2026.

WWF España celebra la condena pero la considera “insuficiente”

WWF España que se personó en el caso como acusación popular celebra la condena al acusado de lo que califica de “ grave delito contra la fauna”. Cree que la sentencia supone una condena importante en cuanto a la responsabilidad civil pero la considera “insuficiente” en el ámbito penal, ya que se pedían hasta tres años de cárcel.

La organización conservacionista recuerda que el lince ibérico estaba catalogado como especie “en peligro de extinción” por la Lista Roja de la UICN en el momento de los hechos, es una especie protegida también a nivel estatal - en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial - y autonómico –en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en Castilla La Mancha-.

“Los disparos, las trampas ilegales y el veneno todavía siguen afectando a los linces, y tras los atropellos, suponen la segunda causa de mortalidad no natural para la especie”, explica la organización. La transposición de la Directiva Penal Ambiental, subraya, “es una oportunidad para mejorar en la lucha contra los delitos contra la fauna” que, aseguran, “no son menores: son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas, como es este caso. A pesar de su gravedad, este tipo de casos tardan mucho en llegar a juicio y, por desgracia, existe una gran impunidad para los delincuentes, especialmente en casos de caza ilegal. Además, las sentencias no siempre son lo suficientemente disuasorias”, lamentan.

A pesar del impacto de estas muertes, la mayoría de estos delitos quedan impunes o nunca se llegan a conocer, ya que se estima que se detecta menos de un 10 % de las muertes de lince por estas causas.

WWF propone mejorar la normativa a través de una adecuada transposición de la Directiva Penal Ambiental que consiga luchar de manera más eficaz contra este tipo de delitos para que no queden impunes. La organización ambiental recuerda que España debe incorporar esta Directiva a su legislación nacional antes del 21 de mayo de 2026.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la caza —la pena máxima prevista para este delito— para un hombre acusado de matar a un oso pardo con un lazo de acero en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en 2024.

Según el escrito de conclusiones provisionales presentado en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cangas del Narcea, el acusado habría colocado cinco lazos de acero, un método de caza no selectivo, en montes próximos a las localidades de Villarmeirín (Ibias) y Villardecendias, dentro del espacio protegido.

El 8 de julio de ese mismo año apareció atrapado y muerto en uno de los lazos un ejemplar macho de oso pardo, una especie catalogada en peligro de extinción y sujeta a protección estricta.

Los hechos, según la Fiscalía, constituyen un delito relativo a la protección de la fauna.

Prohibida la caza durante cuatro años

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la prohibición de cazar durante cuatro años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice al Principado de Asturias con la cuantía en que se valore el ejemplar de oso muerto, cantidad que se fijará en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes.

El suceso tuvo lugar en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, un espacio protegido declarado por la Ley 12/2002 y uno de los principales hábitats del oso pardo cantábrico.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha culminado tres importantes operativos contra la caza furtiva en distintos puntos de la provincia de Cáceres, que se han saldado con la detención de una persona y la investigación penal de otras nueve. También se han intervenido armas de fuego y diversos medios técnicos supuestamente empleados para actividades ilegales.

En la primera, denominada Operación KIMAD, los agentes lograron desarticular un grupo criminal especializado en caza mayor furtiva, que operaba en los términos municipales de Logrosán y Madrigalejo, extendiéndose hasta Acedera y Navalvillar de Pela, en la provincia de Badajoz. Se les atribuye la muerte de 18 ejemplares (ciervos, gamos, muflones y jabalíes), con un perjuicio económico estimado en 85.000 euros.

Durante la fase de explotación de esta operación, se practicaron registros autorizados por el Tribunal de Instancia 1 de Logrosán, donde se intervinieron silenciadores, visores térmicos, pasamontañas, cepos, numerosos trofeos sin procedencia legal acreditada y diversas armas de fuego que han sido remitidas para cotejo balístico. Dos personas han sido investigadas y una detenida por estos hechos.

La segunda actuación se desarrolló en la comarca de Los Ibores, centrada en una montería organizada en un coto privado. Los agentes detectaron que la caza invadía terrenos colindantes sin autorización, con varios cazadores fuera de lindes legales y sueltas de rehalas en zonas no autorizadas.

Además, durante la operación en Los Ibores se identificó a un cazador que utilizaba un rifle sin licencia y que había sido dejado cargado y abandonado en el puesto, generando un riesgo grave para la seguridad.

Como resultado, cinco personas han sido investigadas: tres por delitos contra la flora y fauna y dos por tenencia ilícita de armas.

La tercera intervención tuvo lugar en Valencia de Alcántara, tras el hallazgo de una cierva a la que le habían extraído los lomos y extremidades tras ser abatida de un disparo. La investigación permitió vincular a dos personas con el acto de furtivismo mediante análisis de vehículos, indicios físicos y testimonios obtenidos en la zona.

Todos los operativos se han realizado dentro de la estrategia de vigilancia permanente que mantiene el SEPRONA en el sector cinegético, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la legalidad ambiental y prevenir prácticas que pongan en riesgo la biodiversidad de la provincia.

Las diligencias instruidas en los tres casos han sido remitidas a las autoridades judiciales competentes de Cáceres, dando continuidad al proceso penal y garantizando la investigación de todos los responsables implicados. 

Efectivos de la Guardia Civil de Chinchilla de Montearagón, en Albacete, han identificado y denunciado a tres vecinos de la capital provincial, que fueron sorprendidos cazando aves acuáticas, concretamente ánades reales (Anas Platyrhynchos) en una laguna ubicada en el término municipal de dicha localidad, acumulando varias infracciones en materia de caza.

El instituto armado tuvo conocimiento de la existencia de varias personas que estaban cazando aves acuáticas en una pequeña laguna cercana a la localidad chinchillana haciendo uso de focos de luz artificial.

Una patrulla de dicha unidad se dirigió al lugar donde se estaba practicando la caza, observando a su llegada la existencia de tres focos en movimiento en los alrededores del humedal y cómo tres personas sacaban del agua una pequeña embarcación a remo.

Tras la pertinente identificación de estas personas, se pudo observar cómo las luces avistadas procedían de varios focos de luz artificial que portaban los cazadores en el momento de ser identificados, al igual que tres armas largas de fuego y trece ejemplares de ánade real abatidos.

Fuera del periodo hábil y aves no contempladas en el plan cinegético

Por estos hechos, a los cazadores se les ha propuesto para sanción ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por cazar fuera del periodo hábil, al finalizar la temporada de caza de aves acuáticas el día 31 de enero, incumpliendo lo establecido en la Orden de Vedas en Castilla-La Mancha.

También por ejercer la caza de aves acuáticas no contempladas en el Plan de Ordenación Cinegético del coto correspondiente, no figurando dicha modalidad ni las especies dentro de las autorizadas en dicho Plan y por ejercer la caza en horario no autorizado, al realizarse la acción cinegética transcurrida más de una hora desde el ocaso, incumpliendo la normativa vigente sobre horarios de caza.

De igual modo, serán apercibidos por utilizar medios y artilugios prohibidos, concretamente focos y linternas acoplados o sujetos a las escopetas, destinados a la localización e iluminación de las piezas, prohibidos expresamente por la normativa cinegética.

En base a la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, estas personas podrían enfrentarse a sanciones que van desde 601 a 6.000 euros de multa, así como retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un plazo de un año a tres años, suspensión de la actividad cinegética por un plazo de un año a tres años, suspensión de autorizaciones, derechos de aprovechamiento, titularidad y explotación, por un plazo de un año a tres años, entre otras.

Efectivos de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Talavera de la Reina han investigado a una persona como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna y otro delito contra los animales, por la captura ilegal de ejemplares de jilguero (Carduelis carduelis), una especie silvestre protegida por la normativa europea y española, mediante el uso de artes de caza masivos y no selectivos prohibidos.

Las actuaciones se iniciaron tras la inspección de una parcela rústica en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo), donde los agentes detectaron la captura de seis ejemplares de aves fringílidas mediante un sistema de ramas impregnadas de liga o pegamento, empleando un reclamo vivo de jilguero macho situado en las inmediaciones para atraer a otras aves.

En el lugar se localizaron cinco ejemplares de jilguero muertos en el interior de unas jaulas. Los restos fueron recogidos y remitidos al Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas (CERI), donde se certificó que las aves, mantenidas en cautividad y bajo control humano, no habían recibido los cuidados necesarios para su bienestar, lo que finalmente provocó su muerte.

Este hallazgo motivó la ampliación de las diligencias policiales por un presunto delito contra los animales. Los ejemplares, inicialmente considerados silvestres, adquirieron la consideración de animales amansados a efectos penales, debido al control humano al que estaban sometidos.

Mantenía en cautividad sin permiso a ciervos y ovejas

Además, como resultado de estas actuaciones, se formularon diversas infracciones administrativas en materia medioambiental y de sanidad animal, por la tenencia en cautividad de especies cinegéticas sin autorización (ciervos), así como por la tenencia de animales de producción (ovejas) sin el correspondiente código de explotación.

En el lugar se intervinieron varios medios no selectivos empleados para la captura ilegal de aves, entre ellos una jaula trampa, once ballestas pajareras y una red japonesa o invisible con un sistema para la activación de la misma a distancia.

La captura de aves silvestres protegidas mediante métodos prohibidos constituye un delito tipificado en el Código Penal, con penas que pueden alcanzar hasta dos años de prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio del derecho a cazar o pescar durante un periodo de hasta cinco años, suponiendo además un grave perjuicio para la biodiversidad.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Guardia Civil ha detenido a una persona por la comisión de varios supuestos delitos en el marco de una operación contra el furtivismo. El detenido supuestamente estaba vinculado a una organización criminal dedicada a la caza ilegal de liebres con galgos en cotos privados.

El arresto ha sido llevado a cabo por diferentes efectivos de la Guardia Civil de la Compañía de Manzanares y Seprona. Al detenido se le imputan los supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal dedicado a la caza furtiva, desobediencia grave a los agentes de la autoridad y amenazas e intimidación a varios vecinos de las localidades de Manzanares y Membrilla, ambas en la provincia de Ciudad Real.

La operación pone fin a una serie de actividades ilícitas que habían provocado una notable alarma social e inseguridad entre los vecinos de la comarca, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Persecuciones a gran velocidad

La peligrosidad de esta organización radicaba en su actitud desafiante hacia la autoridad. En intervenciones anteriores, los integrantes de este grupo habían logrado evadir la acción policial emprendiendo huidas a gran velocidad tanto campo a través como por carreteras convencionales.

Estas maniobras temerarias no solo ponían en riesgo la integridad de los agentes, sino que generaban un grave peligro para el resto de usuarios de las vías y la seguridad del tráfico, sumando a la actividad furtiva varios delitos de desobediencia grave a los agentes de la autoridad, así como amenazas e intimidación a varios vecinos, entre ellos cazadores y agricultores, de las localidades de Membrilla y Manzanares.

Debido a la reincidencia y agresividad del grupo, se estableció un dispositivo especial, por medio de las vigilancias permitió interceptar al sospechoso cuando se encontraba en pleno episodio de caza furtiva.

Utilizaba visores térmicos de última generación para localizar a las liebres en la oscuridad de los campos, provocando un grave daño al suelo y a la biodiversidad de la flora y fauna natural y una gran presión a la especie de liebre ibérica (Lepus granatensis) muy castigada en los últimos años por la enfermedad de la mixomatosis.

En el momento de la actuación, el detenido iba acompañado por clientes procedentes de otras provincias de Castilla-La Mancha y de Extremadura, confirmando la estructura de la organización como una red que ofrecía servicios de caza ilegal a terceros.

Durante el desarrollo del operativo, la Guardia Civil procedió a la intervención del vehículo utilizado en la actividad ilícita y huidas al igual que dispositivos de telefonía, para el análisis de redes y comunicaciones con otros elementos delincuenciales.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones y no se descartan nuevas detenciones de otros miembros involucrados en la organización, así como de las personas que contrataban sus servicios ilícitos. Las diligencias policiales como el detenido han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Manzanares.

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Huelva por un presunto delito de caza furtiva tras localizar seis cabezas de corzo dentro de una mochila, que habían tirado a la cuneta de la autovía A-5, a la altura de Trujillo (Cáceres), al observar un control policial. El arresto de ambos hombres se ha producido tras nueve meses de investigación.

Los hechos sucedieron el pasado mes de marzo cuando agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que realizaban un control de vehículos en la autovía A-5 fueron alertados de que desde un turismo se había arrojado una mochila a la cuneta. Tras localizarla, los agentes hallaron en su interior seis cabezas de corzo que habían sido decapitadas recientemente. De hecho, en cinco de ellas aún no se había iniciado el proceso de descorreado, es decir, que conservaban la piel que recubre las astas.

Advertencia: imagen sensible

Los pesquisas permitieron identificar un turismo de color blanco y de pequeñas dimensiones desde el que se habría arrojado la mochila y que los presuntos autores habrían cometido el delito en Castilla y León, donde la especie se encontraba en periodo de veda desde mediados de febrero hasta el 1 de abril.

Finalmente, la Guardia Civil logró identificar a los ocupantes del turismo, dos hombres residentes en la provincia de Huelva que habrían realizado un viaje de ida y vuelta “con el único propósito de llevar a cabo la actividad furtiva” y que al detectar el control policial se habrían deshecho de las cabezas arrojándolas a la autovía.

Los dos detenidos se enfrentan a penas de prisión de seis meses a dos años o a una multa de ocho a veinticuatro meses, así como a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar durante un periodo de dos a cinco años.

Estas penas podrían verse agravadas si los hechos se hubieran cometido en periodo de veda por “el perjuicio para la biodiversidad y el ciclo reproductivo de la especie”. Según las mismas fuentes, los daños económicos derivados de estos hechos superan los 21.000 euros.

La Fiscalía del Principado ha trasladado al Juzgado de Grado la denuncia interpuesta por la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies tras el hallazgo del cadáver de un oso pardo, de 170 kilos de peso, en la localidad de Cuevas, en el concejo asturiano de Belmonte de Miranda. Los ecologistas constataron que el cuerpo del plantígrado presentaba indicios de haber recibido “al menos, un disparo”.

El portavoz de la Coordinadora, Fructuoso Pontigo 'Fruti', ha asegurado a elDiario.es Asturias que la organización decidió poner en manos de la Fiscalía este nuevo episodio de furtivismo de un ejemplar de oso pardo (Ursus arctos), ante la ausencia de datos del Gobierno asturiano sobre los resultados de la necropsia y del avance en las investigaciones.

Sin detenidos

Hasta el momento no se han practicado detenciones en relación con la muerte a tiros de este oso pardo, una especie catalogada “en peligro de extinción” por el Real Decreto 139/2011.

“Hemos vuelto a denunciar ante la Fiscalía este nuevo caso de furtivismo, uno más entre los muchos denunciados por esta Coordinadora que continúan pendientes de resolver de los últimos meses, como el del oso que apareció muerto por un lazo en Degaña y otro en Ibias”, afirma 'Fruti'.

El “ocultismo” del Principado

El coordinador sostiene que el Gobierno de Asturias les niega el acceso a los informes de la necropsia de los osos muertos “de forma intencionada como parte interesada en los expedientes, en una muestra más del ocultismo que practican con el furtivismo”.

Estos episodios de furtivismo son, en su opinión, solo la punta del iceberg de una práctica muy extendida por algunos concejos asturianos.

Medidas “ineficaces” del Principado

“Es un problema que nos preocupa y que ahora se agrava con las exigencias de los sindicatos ganaderos de matar osos”, explica el coordinador.

'Fruti' descarta que esta falta de transparencia oficial pueda deberse a la prudencia y discreción que caracterizan a las investigaciones, dado que ya ha transcurrido tiempo suficiente desde que denunciaron el caso.

“Las medidas implementadas por el Principado de Asturias contra el furtivismo no están funcionando”, asevera el coordinador.

Un plan autonómico

'Fruti' atribuye a la degradación de las condiciones de trabajo de los Agentes de Medio Ambiente del Principado una de las razones del incremento que han experimentado este tipo de delitos contra la fauna: “Acciones realizadas hace algunos años, como las campañas coordinadas de búsqueda y retiradas de lazos, se han abandonado”, especifica.

La Coordinadora Ecoloxista lleva varios años reclamando al Principado la aprobación de un Plan contra el furtivismo de cara a establecer las bases para minimizar el impacto de este tipo de delitos.

'Fruti' censura especialmente que el Principado no se implique más con las organizaciones ecologistas trasladando la información de los resultados de los programas de radiomarcaje con los que se realiza el seguimiento de los osos, ni los de la necropsia, en contraposición al interés que ha mostrado la Fiscalía al trasladar al juzgado el caso registrado en Belmonte de Miranda.

La Guardia Civil ha investigado a un cazador de 35 años que fue sorprendido apuntando con un rifle desde un vehículo que circulaba campo a través por un coto situado en la comarca del Cerrato, entre las provincias de Palencia y Burgos, y que no tenía autorización para cazar.

Agentes de la Guardia Civil de Palencia y de Burgos, en un dispositivo conjunto para la prevención del furtivismo en un coto de caza que se extiende por ambas provincias, detectaron un vehículo que circulaba campo a través, con tres personas en su interior y una de ellas estaba apuntando con un rifle.

Según ha informado la Comandancia de Palencia, tras identificar a los tres ocupantes y verificar la documentación, se comprobó que la persona que portaba el arma, un hombre de 35 años y nacionalidad española, carecía de autorización para cazar en el coto en que se encontraban.

Por ello se ha procedido a su investigación como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por cazar sin autorización. Además, los agentes le han decomisado el arma de fuego que estaba siendo utilizada desde el interior del vehículo y que ha sido depositada en dependencias oficiales de la Guardia Civil.

La titular del Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo, María Paz González-Tascón, ha condenado a un cazador furtivo por un delito contra la fauna, con la agravante de disfraz, tras ser sorprendido con un rifle con silenciador y oculto su rostro con un pasamontaña, en el corazón del Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa, un espacio protegido y de máxima importancia ecológica, que también ha sido declarado Reserva de la Biosfera.

El acusado ha sido condenado al abono de una multa de 3.600 euros (repartidos en una cuota de diez euros diarios durante 12 meses), así como a la privación del ejercicio de la caza durante cuatro años. Además, ha sido absuelto del delito de tenencia ilícita de armas.

El relato “rocambolesco” del acusado

El cazador furtivo es un vecino de Quirós que fue reconocido, sin ningún género de dudas, por los agentes del Seprona de la Guardia Civil a través de las cámaras científicas y de investigación de fototrampeo del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), que ha ejercido la acusación particular en el procedimiento penal.

A pesar de la “contundencia” de la identificación, el acusado llegó a ofrecer “un relato rocambolesco”, asegura la magistrada-jueza, al sostener que la persona que aparecía en las imágenes podría ser “un medio hermano fruto de una relación extramatrimonial de su padre que es idéntico y con el que podrían confundirlo”.

No opinaron lo mismo los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil que comprobaron que la imagen captada se correspondía con el acusado.

Cubierto con pasamontañas

Los hechos ocurrieron pasadas las nueve de la noche del día 1 de enero de 2023, cuando el acusado se encontraba en el municipio asturiano de Quirós, dentro de la Reserva Regional de Caza de Somiedo, con la finalidad de proceder a la práctica de la actividad cinegética, careciendo de permiso, cubierto con un pasamontañas y portando un rifle de la marca Winchester, modelo Ardesa de calibre 308, dotado de silenciador, sin que conste que hubiera cobrado pieza alguna.

El cazador tiene licencia de armas de tipo deportivo, de escopetas de caza, y de caza automática y es socio de la Sociedad de Cazadores de Quirós “El Aramo”.

Un espacio protegido

La zona en la que pretendía cazar se encuentra incluida en el espacio protegido del Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa, designado como zona de distribución potencial de oso pardo por el Decreto 9/2002, de 24 de enero, especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) en la categoría “en peligro de extinción”.

La zona donde fue localizado es un paraje de especial valor ecológico y el acusado carecía de permiso de caza en esta Reserva Regional de Somiedo por parte de la Administración del Principado de Asturias, ya que en esa fecha no se había autorizado cacerías, batidas o monterías en ese espacio cinegético.

Las cámaras de fototrampeo

Roberto Hartasánchez, director honorario de FAPAS, considera un aspecto muy relevante de la sentencia el hecho de que la magistrada-jueza haya validado jurídicamente como prueba de cargo las imágenes captadas por las cámaras científicas de fototrampeo que la organización conservacionista tiene instaladas en desarrollo de sus trabajos científicos y de investigación relativos a la fauna silvestre.

“La sentencia condenatoria ha supuesto un gran éxito para la conservación de la biodiversidad y el Patrimonio natural tanto del Principado de Asturias como del resto del país, así como una gran victoria contra la lacra del furtivismo. La gran labor técnica y jurídica del FAPAS -explica su director honorario- durante los más de 40 años de denuedo trabajo en favor del medio ambiente, se ve recompensada con éxitos como el presente”.

La acusación particular de FAPAS

FAPAS, que ejerció como acusación particular, se vio sorprendido por el hecho de que el Principado de Asturias no se había personado en el procedimiento; una circunstancia especialmente relevante ya que, según expone su portavoz, “el ordenamiento jurídico se lo exige como administración pública que se encuentra obligada a ejercer las acciones legales oportunas tanto para su defensa como en su calidad de garante del interés general y el patrimonio natural”.

Eduardo Gil, abogado ambientalista y letrado del FAPAS en este procedimiento junto al letrado Javier Moure, considera que este caso debe servir de precedente para crear conciencia de que el furtivismo y los delitos ambientales son y serán siempre perseguidos por toda la sociedad.

El precedente

“Es un precedente para ver que serán perseguidos y también para erradicar estas acciones ilícitas, así como de puesta en valor de la importancia del derecho ambiental y del tipo penal del furtivismo, que lo considera y tipifica como delito de mera actividad, condenándose delito la propia acción de cazar de manera delictiva, con independencia de que se hubiera abatido o cazado algún animal”, corrobora el letrado. 

Otro de los aspectos que resaltan desde la asociación es la colaboración entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las asociaciones ambientales.

La coordinación

“El informe pericial aportado en autos por el SEPRONA, junto con el trabajo de la Fiscalía, el cuerpo de Agentes Ambientales del Principado, y la acusación particular ha posibilitado tanto un gran éxito jurídico para el interés general, como un ejemplo de una labor coordinada para condenar a los delincuentes ambientales que todavía osan ejercer actividades ilícitas en los ecosistemas naturales y espacios protegidos”, ratifican desde FAPAS.

La sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo no es firme y contra esta resolución cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias.

El Seprona de Ciudad Real ha abierto una investigación a siete personas y ha esclarecido un total de 10 hechos delictivos relacionados con la caza furtiva.

En los últimos meses el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real venía detectando un incremento en los episodios de furtivismo en fincas de caza mayor de la provincia. Como respuesta a esta problemática, se redobló el esfuerzo por controlar y minimizar estas conductas delictivas, especialmente en la época de berrea, valiéndose para ello también de la magnífica y estrecha colaboración con la Guardería de algunas de las fincas afectadas.

Como resultado y fruto de los servicios realizados, en las últimas semanas se produjeron los siguientes resultados. En Almuradiel (Ciudad Real), durante los meses de septiembre y octubre de 2025, la Patrulla de Seprona de Viso del Marqués, tuvo conocimiento de varios hechos de furtivismo en una finca de caza ubicada en este término municipal, localizándose los cadáveres de varios ciervos abatidos y con los cuernos serrados.

Como consecuencia Seprona de esta demarcación inició la oportuna investigación, estableciendo servicios de vigilancia junto con la Guardería de la finca para tratar de detectar e interceptar a los supuestos autores, en el caso de que se volviesen a repetir las referidas conductas.

Finalmente, a mediados del mes de octubre en uno de esos servicios de vigilancia lograron localizar a dos cazadores furtivos, sorprendiéndolos in fraganti tras realizar tres disparos que por fortuna no abatieron ninguna pieza.

En el momento en el que los furtivos se vieron sorprendidos emprendieron la huida, logrando proceder a la detención de uno de ellos y a la investigación posterior del segundo, tras ser plenamente identificado.

Intervención de armas

También se investigó a un tercero relacionado con estos hechos, logrando con ello el esclarecimiento de varios delitos cometidos por los mismos autores. Tras la detención se le intervino el arma utilizada a estas personas, comprobando que tenía la numeración borrada, para impedir su plena identificación, además llevaba instalados un visor nocturno y un silenciador, para lo que habían modificado la boca del cañón. También se les intervino una mochila con cuchillos de caza, munición y otros enseres.

Practicadas gestiones para averiguar la procedencia del arma se descubrió que esta estaba relacionada con un robo con fuerza cometido en la provincia de Huelva en el año 2021, en este fueron sustraídas varias armas de fuego, dándose además la curiosa circunstancia de que en este robo también fue sustraída una escopeta, que tenía igualmente la numeración borrada e intervenida en el mes de enero de este año por la misma Patrulla a un cazador, este fue sorprendido en línea de retranca en una montería celebrada en término municipal de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real)

Las armas intervenidas han sido enviadas al laboratorio del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid. A la persona detenida y los dos investigados, se le imputan delitos contra la flora y la fauna, pertenencia de grupo criminal, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad, además de otro de robo con fuerza en las cosas.

Abenójar

En Abenójar (Ciudad Real), de modo similar al caso anterior, tras tener constancia el Seprona de Almadén de la comisión de hechos delictivos de esta naturaleza en su demarcación, procedió a la apertura de otra investigación realizando servicios en colaboración con los efectivos de la Guardería de Caza de varias fincas.

Finalmente, con ocasión de uno de estos dispositivos realizados en una finca situada en el término municipal de Abenójar (Ciudad Real), sorprendieron a dos personas que tras penetrar en la finca habían dado muerte a dos ciervos adultos sin contar con autorización del titular cinegético.

Por otra parte, esta misma patrulla consiguió esclarecer otro delito de furtivismo ocurrido en el término municipal de Almadén donde fue abatido un venado.

Se consiguió gracias a la coincidencia balística e imágenes del fototrampeo de otro delito de estas características en Abenojar, en el fueron captados dos cazadores. Por estos hechos se imputa a los dos autores dos delitos contra la fauna y flora, siendo intervenido en esta operación un rifle de caza mayor.

La Guardia Civil está investigando a dos vecinos de Azuaga como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna, en concreto furtivismo, perpetrado en una finca ubicada dentro del término municipal pacense de Monterrubio de la Serena.

La investigación se inició a primeros del mes de julio tras la denuncia del propietario de la finca, quien manifestaba que cazadores furtivos se adentraban en su propiedad causándole daños a las especies cinegéticas de caza mayor.

Dentro de los dispositivos de servicio establecidos en el terreno por la Guardia Civil del Puesto y la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Castuera, los agentes observaron a un vehículo sospechoso que al percatarse de su presencia emprendió la fuga para quedar abandonado en la finca colindante. De las gestiones practicadas, muestras recogidas y visionado de imágenes, se pudo averiguar la implicación de dos vecinos de Azuaga.

Tras adentrarse en la finca mediante escalo en diferentes ocasiones, estas dos personas habrían abatido con un rifle tres muflones para apoderarse de los trofeos si eran de su agrado, abandonando los cuerpos de los animales en el mismo terreno de caza sometido a régimen especial, según detalla la Guardia Civil en nota de prensa.

Con las pruebas incriminatorias, a mediados de este mes de agosto se les instruyó diligencia como presuntos autores del delito relativo a la protección de la flora y fauna, al cazar los muflones de manera furtiva sin autorización, recogido en el artículo 335 del Código Penal, que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Castuera.

Otra actuación en Herrera del Duque

En otra actuación no relacionada llevada a cabo por la Patrulla del Seprona de Herrera del Duque el pasado sábado, también han instruido diligencias como investigados a otros dos vecinos de Fuenlabrada de los Montes como presuntos autores de un delito de caza.

En esta ocasión, los agentes los sorprendieron en un paraje del término municipal de Garbayuela, cazando en la modalidad de espera o aguardo en un terreno no permitido, catalogado como Zona de Caza Limitada, y donde en los días previos habían estado proporcionando alimento a los animales para atraerlos.

La Guardia Civil ha desarticulado a un grupo organizado y ha detenido a tres furtivos, uno de ellos con domicilio en Albacete, como presuntos autoras de un delito contra la fauna en la Sierra de Albarracín (Teruel) después de que dispararan contra una manada de ciervos y abatieran a un ejemplar.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 10 de agosto, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel detuvieron a tres personas en la Reserva de Caza Montes Universales de Albarracín, como presuntas autoras de un delito contra la fauna.

La investigación comenzó cuando los furtivos fueron detectados por los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón y los guardas de la Reserva de Caza de los Montes Universales, pudiendo observar al vehículo utilizado, circulando por las carreteras que transcurren por los terrenos cinegéticos de la propia reserva de caza.

Fue sobre la una de la madrugada cuando los guardas de la reserva detectaron cómo los furtivos dispararon, desde su propio vehículo, a los ciervos que se encontraban en las proximidades de la carretera A1512 que une las localidades de Torres de Albarracín y Tramacastilla, abatiendo a uno de ellos de un disparo.

Los agentes del Seprona interceptaron el vehículo e identificaron a los ocupantes, resultando ser tres individuos de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 25 y los 38 años de edad, y con domicilios en las provincias de Albacete, Almería y Granada.

Armas de los furtivos

En el momento de la actuación, uno de los detenidos portaba un rifle marca Bergara calibre 308 Winchester. El arma tenía acoplado un visor nocturno, hecho prohibido en la Comunidad Autónoma de Aragón para cazar, estando la misma cargada y dispuesta para su uso, con un cartucho introducido en la recámara.

Los agentes encontraron un silenciador utilizado, que los furtivos habían tirado por la ventanilla del vehículo al percatarse de la presencia de los Guardias Civiles.

A los furtivos les fue localizado un segundo rifle, marca Bergara calibre 243 Winchester, el cual también llevaba acoplado un silenciador, elementos prohibidos por el actual Reglamento de Armas y Explosivos --Real Decreto 137/1993, de 29 de enero--, siendo incautado junto con diverso material como visores, linternas y distintos cuchillos de caza.

Por todo ello, los agentes del SEPRONA procedieron a la detención de los furtivos, como presuntos autores de un supuesto delito contra la fauna, entregando las diligencias instruidas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel.

La Guardia Civil investiga a cuatro individuos por cazar de manera furtiva en una finca situada en los términos municipales de Hornachos y Puebla de la Reina (Badajoz), donde supuestamente abatieron tres ciervos.

En el marco de la Operación 'Luchadera', ha instruido diligencias como investigados a cuatro vecinos de las localidades jienenses de Baños de la Encina, Andújar y Guarromán, como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna.

Desde el pasado mes de diciembre el Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, junto con la Patrulla de Hornachos, investigaban las muertes de tres ciervos, supuestamente abatidos con arma de fuego en dicha finca, así como las continuas sustracciones de cornamentas procedentes de desmogue.

Cuerpos de animales a los que los autores de la acción delictiva abandonaron en el mismo terreno cinegético sometido a régimen especial, tras apoderarse únicamente de sus trofeos y los lomos de uno de ellos.

Con los dispositivos de servicio establecidos en el lugar de sucesos, indagaciones e intercambio de información con la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, los agentes pudieron averiguar la implicación en el ilícito penal de cuatro conocidos furtivos, que tienen un amplio historial delictivo por hechos similares perpetrados en distintas partes de la geografía española.

Estas personas, tras adentrarse en la finca mediante escalo y abatir las piezas con un rifle, cercenaron los trofeos posiblemente con la intención de comercializarlos en el mercado negro.

De las gestiones practicadas durante la investigación se pudo saber que también se habrían adentrado en el terreno cinegético en numerosas ocasiones, para apoderarse de cuernas procedentes de desmogue de los cérvidos supuestamente para su venta ilegal, estimando que el valor de lo sustraído pudiera superar los 10.000 euros.

Con todas las pruebas incriminatorias, en este mes de julio se les localizó e instruyó diligencia como presuntos autores del delito relativo a la protección de la flora y fauna, al cazar los ciervos de manera ilegal (furtiva) sin autorización, recogido en el artículo 335 del Código Penal, y por su implicación en las sustracciones continuas de cuernos del desmogue.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros.

El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ha alertado este martes ante el “incremento espectacular” de osos adultos muertos en el Principado en los últimos años, cuyos cuerpos han aparecido en ríos y caminos, entre otros lugares.

La denuncia de FAPAS se produce apenas diez días después de que fuera hallado un oso pardo muerto con un lazo ilegal de caza junto al río Degaña, entre las localidades de Cerredo y Degaña.

FAPAS asegura que muchas de esas muertes se han producido en circunstancias poco claras que hacen sospechar de actividades de furtivismo.

En un comunicado, advierte que solo cuando la aparición del cadáver de un oso adulto presenta evidentes indicios de que su muerte no ha sido natural, como portar una trampa enganchada al cuerpo, la gran mayoría de los sucesos se resuelven por parte del Gobierno de Asturias con una “lacónica justificación de accidentes, peleas o atropellos fortuitos como las causas más evidentes”.

Con esta actitud, según FAPAS, “cierra la posibilidad de iniciar investigaciones que permitan esclarecer, con mayor fortaleza, las posibles causas de las muertes de los osos”.

La asociación censura especialmente el número de ejemplares muertos durante la etapa de gobierno del socialista Adrián Barbón: “Mientras que en los siete años de legislatura del anterior presidente Javier Fernández se localizaron once osos muertos, en las dos posteriores legislaturas de Adrián Barbón se eleva ya el número de osos adultos muertos en tan solo seis años a 21”, señala en el escrito.

La gestión del medio natural

En los dos últimos años, la protección al oso pardo prácticamente ha sido eliminada, coincidiendo con la total desaparición de una unidad de gestión administrativa de la naturaleza en Asturias, expone.

“En esta legislatura, la gestión del medio natural se divide en dos Consejerías: Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias (Espacios naturales protegidos y Servicio de Agentes Medioambientales) y Medio Rural y Política Agraria (Especies protegildas), lo que genera una descoordinación y desprotección sin precedentes políticos en la gestión de los recursos naturales de Asturias”, denuncia Fapas.

Fapas sostiene que durante estos dos últimos años, se ha batido el récord de osos muertos con un total de 10 ejemplares, de ellos, varios tras haber caído en trampas mortales para osos de gran tamaño.

“Este es un hecho que genera una gran preocupación ya que supone un antes y un después en materia de conservación del oso pardo; una especie que en los años 80 del siglo pasado estuvo al borde de la extinción y cuya recuperación ha sido un logro ambiental no solo en Asturias sino a nivel europeo”, señala.