Rosa Elena Mazapanta (45), conocida por todo el mundo como Rosita, se dirige a la asamblea organizada en una pequeña aldea de Palo Quemado (Cotopaxi, Ecuador) para explicar la situación y los avances del proyecto de Minera La Plata SA junto a sus plantaciones de caña de azúcar y que podría enterrar 27 nacimientos de agua en selva subtropical. Como todo lo que se decide en esta comunidad, la asamblea participa, opina y vota y ha tomado buena nota de la situación. Se preparan para seguir un largo proceso judicial, donde esperan tumbar el proyecto.

Rosita, presidenta de la cooperativa Flor de Caña, es una de las lideresas sociales de la zona y, además, una de las cabezas visibles que todavía no ha tenido problemas legales con el Gobierno de Ecuador, que tras una manifestación contra la consulta informativa al proyecto de la mina ha procesado a una decena de personas, según la empresa canadiense, 74 según la resistencia antiminera —unidos en la Alianza Nacional Antiminera y con el apoyo del Movimiento Indígen—.

Entre las causas abiertas en los juzgados provinciales contra agricultores y activistas se encuentran terrorismo, delincuencia organizada, asociación ilícita, secuestro o coacciones. Delitos habituales y extremadamente exagerados cuando se presiona a la resistencia civil, ya que en las dos manifestaciones en 2019 y 2024 solo hubo heridos por parte de la comunidad resistente. Ecuador mandó 800 soldados a sofocar una protesta en un municipio de poco más de 4.000 habitantes. Usó gases lacrimógenos y realizó disparos a los manifestantes, hiriendo a una treintena y dejando en coma por una bala a uno de los asistentes, Mesías Roballo, a quien le quedarán secuelas para toda la vida.

El señor Julio (71) trabaja en su pequeña finca de alrededor de tres hectáreas que llama La Niña Bonita, nombre con el que bautizó a una culebra que vivía allí antes de que empezaran a cultivar caña y que luego le ha dado entidad a la pequeña plantación. Don Julio es el socio productor y junto a su esposa Rebequita, sus hijas y yernos, trabajan en todo el proceso de elaboración de la panela agroecológica que acaba en los supermercados europeos. Desde el cultivo, pasando por el “trapiche”, la cocción y la solidificación en finos granos de deliciosa panela.

Este agricultor fue miembro de la primera junta parroquial de Palo Quemado y antes servía en el mercado local, donde el precio que recibían de las multinacionales e intermediarios no les daba para mantener a la familia. “Nacimos de la mano de la Fundación Maquita, que también nos ayudaron en los cambios tecnológicos, los hornos y las certificaciones, que nos permiten adaptar nuestro producto a las exigencias del mercado europeo agroecológico”. Y es que esa venta al exigente mercado de la UE les permite vender su quintal de panela de 45 dólares, mientras que en el mercado local para exportación el precio ronda los 25 dólares. El europeo es un mercado difícil, pero buen pagador.

La cooperativa Flor de Caña mantiene producción todo el año, el conocido como “entresaque”, para que los ingresos sean recurrentes. Es decir, ir sembrando por partes para poder recoger los frutos de manera constante y así mantener una renta mensual para las familias. Esta práctica de comercio justo, a la que ha ayudado también la ONG española Ecosol en diferentes proyectos como la compra de hornos, permite a estas pequeñas unidades de producción familiar ingresar cerca de 6.000 dólares al mes.

De ahí vive toda la familia y gracias a los excedentes, pueden comprar ganado vacuno para leche y carne, cerdos (chanchos) o cultivar huertos propios. También maquinaria para ir haciendo el proceso más efectivo. Para hacerse una idea del cambio que ha conseguido la comunidad gracias a la Fundación Maquita en colaboración con la ONG Ecosol, el salario mínimo en Ecuador, el que se suele pagar en el campo, es de 416 dólares al mes.

La Fundación Maquita da todo tipo de asistencia técnica a la cooperativa y acompaña en la profesionalización de todo el proceso. Entre los distintos asistentes a las familias campesinas, Maquita pone a su disposición al ingeniero agrónomo Fredy Pita, quien trabaja a pie de campo con los cooperativistas para que hagan la producción más eficiente y para que se ajusten a los requisitos agroecológicos. Fredy siempre está dándole vueltas a la cabeza sobre cómo mejorar la producción. “Tenemos que empezar a plantar las matas más juntas, yo creo que podemos duplicar la producción con el mismo método”, explica satisfecho. Semanas antes de la visita, Pita estuvo en Colombia copiando algunos procesos de producción para obtener mejores rendimientos sin perder la esencia agroecológica.

Lisbet, también trabajadora de Maquita, ayuda en la estrategia comercial. Es clave para la colocación del producto que se hace en Palo Quemado y la que aplica la estrategia de ampliación internacional de las ventas. Acude a ferias internacionales y explica satisfecha que recientemente ha abierto mercado en Finlandia. “El producto que les hacemos elaborar tiene tres certificados que les permiten estar en los supermercados orgánicos europeos y canadienses. Con respecto al mercado, la panela tiene un gran potencial de crecimiento. Debemos seguir trabajando la calidad para conseguir ingresos estables para las familias campesinas”, defiende.

Maquita ha permitido a la cooperativa Flor de Caña poder saltarse todos los intermediarios. Del campo a la mesa. Solo los gastos por el aporte logístico y tecnológico. Gracias a ello, las rentas de estas familias se han podido incrementar. El reto ahora es consolidarlas en el tiempo y que caminen solos. Una tierra que mantiene dignamente a cientos de familias que ven crecer sus plantaciones y diversificando su gama de productos para vender, así como para autoconsumo.

Y ahí es donde la construcción de la mina La Plata puede darles un golpe durísimo si ocupa las mejores tierras, genera suciedad y contaminación o acaba con los manantiales de agua, que aunque abundantes, ninguno sobra a estas alturas de calentamiento global provocado por el cambio climático antropogénico. Y es que, con las excavaciones mineras para extraer cobre y sus derivados junto a sus tierras, Flor de Caña podría perder los certificados más exigentes para entrar al mercado europeo o tener que hacer pruebas más a menudo para garantizar la limpieza de su panela, con el correspondiente incremento de los costes en abono de auditorías. En muchos casos inasumibles.

La carrera mundial por la obtención de minerales críticos y tierras raras está empezando a distorsionar muchos países y sus comunidades locales. Porque, pese a que desde la mina defienden que su instalación producirá beneficios para la zona, la realidad es que también puede dar al traste con un modelo de negocio como es el comercio justo de panela agroecológica que se está consolidando y reparte mejor la riqueza que la minería extractivista. Y ya llevan años chocando y no parece que la situación vaya a mejorar según la mina va obteniendo permisos del Gobierno y de la justicia.

“La empresa llegó a la comunidad y empezó a destruir tejido social. Contrataba de manera discrecional a miembros de familias antimineras para dividirlos”, denuncia Rosita, que recuerda que antes que la mina estaban los ciudadanos de Palo Quemado. “Somos herederos de una historia de más de cien años de cultivo de caña. Nos están criminalizando para ganar territorio. Luchamos por defender el agua y la tierra, la tierra de la que vivimos”, añade esta lideresa social, que se ha ganado la confianza de la comunidad a base de trabajo y lucha.

Como en todo el mundo, en el trasfondo de la polémica está el uso del agua. El Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador autoriza a los municipios 2,1 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que la mina ha pedido 40 metros por segundo. En caso de que arrancaran las excavaciones, la lucha por el agua en la zona puede complicar la convivencia. De momento, la comunidad local ha emprendido tres procesos contra la apertura de la mina. Uno, contra la declaración de impacto ambiental solicitada por la empresa al Gobierno; otra sobre el permiso de la mina para el acceso al agua y una “acción de protección” por a vulneración de derechos humanos con el inicio de la actividad extractiva.

En el caso de la acción de protección, la empresa canadiense ha ganado en primera instancia. Pero Flor de Caña y todos los colectivos que la apoyan, han recurrido la sentencia. De momento, la batalla judicial sigue en marcha. La comunidad también se enfrenta a los procesos judiciales abiertos por el Estado contra los campesinos y activistas. En una zona donde la caña y los recursos naturales son abundantes, no lo es el dinero para pagar abogados. Y eso el Estado y la minería lo saben. “Abren y cierran, empiezan y paralizan los procesos cuando quieren para tener a la población atemorizada y que no se revuelva”, explica Tito Madrid, del Movimiento Indígena.

“Solo en la provincia de Cotopaxi hay 140.000 hectáreas concesionadas por el Gobierno para abrir minas. Están vendiendo el país y sus recursos a empresas transnacionales y a compañías vinculadas a la familia del presidente Javier Novoa”, denuncia Madrid, que ayuda en la organización jurídica de la resistencia.

Mientras la lucha sigue entre el Estado, la empresa minera y las comunidades campesinas, Maquita sigue de cerca el proceso y apoya en la resistencia de la mejor manera que se puede hacer. Ofreciendo una alternativa. La fundación ha conseguido que pequeñas plantaciones de apenas tres hectáreas alcancen el mercado alemán -allí van el 80% de las exportaciones de Flor de Caña-, pero también en España a través de la Red de Comercio Justo. El valor de las exportaciones de panela alcanzó en 2024 los 1,9 millones.

El acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea les permite exportar con aranceles cero. A cambio, se exigen cumplir unos capítulos laborales, medioambientales y de derechos humanos. ¿Se están cumpliendo en estos momentos por el Gobierno de Javier Novoa a tenor de las historias que cuentan Rosita, Don Julio, Mesías Roballo o Fredy, los verdaderos usuarios de esta tierra tan fértil? No. La Unión Europea deberá tomar cartas en el asunto.

Este reportaje fue seleccionado por el programa CONTRAST de la Coordinadora Valenciana de ONGD y que ha sido financiado por la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y Caixa Popular.

España presiona a los países de la Unión Europea (UE) para conseguir la ratificación del acuerdo con el bloque Mercosur. elDiario.es ha tenido acceso a los cables de una reunión entre la Comisión Europea y los Estados miembros, celebrada el 11 de marzo a puerta cerrada, que dejan constancia del intenso trabajo de lobby del Gobierno español con la intención de torcer el brazo a los gobiernos díscolos en la UE ante el tratado comercial. Este jueves se reúne el consejo de asuntos exteriores sobre comercio de la UE donde se discutirá la situación actual del tratado comercial con vistas a que sea ratificado definitivamente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró convencido la semana pasada durante el IV Congreso Iberoamericano Ceapi en que el acuerdo comercial iba a ser aprobado “más pronto que tarde”. Las negociaciones empezaron en 1999 y el tratado comercial fue firmado en 2019.

España “subrayó que la UE no debe exigir a América Latina más de lo habitual”, se lee en las actas. “En particular, en lo que respecta a las relaciones UE–China, Madrid ve el peligro de que América Latina salga perjudicada y de que se aplique un doble rasero a favor de China. ES también criticó las tácticas dilatorias y de bloqueo de la UE. Los países del Mercosur están dispuestos a dialogar, mientras que la UE lleva meses hablando de compromisos adicionales sin concretarlos”. Los abanderados del acuerdo llevan tiempo empleando el argumento “geopolítico”: “la influencia de China y Estados Unidos ya está aumentando notablemente”, apuntaron en la reunión.

Las actas también reflejan la posición de Bruselas así: “El acuerdo actual es el resultado de un cuidadoso equilibrio entre los aspectos políticos y comerciales. Desde el punto de vista de la CE [Comisión Europea], una renegociación no es una opción. Por el contrario, hay que centrarse en los actuales problemas de sostenibilidad y en los posibles criterios de compromiso.”

“El objetivo es ratificar el acuerdo lo antes posible, tan pronto como se hayan acordado compromisos adicionales significativos, utilizables y aplicables, especialmente en las áreas de deforestación y sostenibilidad. Sin embargo, estos acuerdos adicionales deben mejorar realmente la situación sobre el terreno”, añade el cable.

En el documento consta de “un primer diálogo con las embajadas y representaciones de la UE en Brasil”. Nuevamente España ha encabezado los acercamientos. La Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, dijo en un webinario de la Casa América, el 2 de febrero, que había viajado a Brasil para trabajar con el gobierno Bolsonaro en la “declaración interpretativa”. En el reciente viaje de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, a Brasil y Paraguay trató con el país que preside Jair Bolsonaro las condiciones para avanzar en la ratificación del acuerdo.

El non–paper secreto

Desde hace meses se ha especulado sobre una declaración alrededor de aspectos de sostenibilidad que la Comisión Europea negocia con el Mercosur. Pero poco ha trascendido sobre el contenido y el estado de las negociaciones. elDiario.es ha podido también acceder por primera vez al cuestionario que la Comisión Europea ha enviado en febrero a las capitales europeas.

El non–paper, un tipo de documento comunitario no vinculante y que suele contribuir a un debate concreto, subraya que “los países del Mercosur han dejado claro en contactos informales que sólo firmarían una Declaración u otro instrumento si fuera recíproco (aplicable tanto a la UE como al Mercosur), regional (aplicable a todo el bloque del Mercosur y no a un país en particular) y que no conduzca a la reapertura de las negociaciones”.

La lista de temas que la Comisión Europea ofrece incluir en la declaración adicional incluye deforestación, incendios forestales, cumplimiento del Acuerdo de París, protección de áreas protegidas e indígenas, derechos territoriales de los pueblos indígenas, fortalecimiento de la capacidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la legislación ambiental, acción judicial contra los delitos ambientales, actuación contra la minería ilegal, normas laborales básicas (OIT), mecanismos de consulta a la sociedad civil de la UE y del Mercosur y programas de cooperación y asistencia para apoyar lo anterior.

¿Vinculante?

Entre los debates que existen está el del carácter jurídico y la “reciprocidad” del instrumento que exige el Mercosur. Si fuese reciproco, los compromisos derivados del “instrumento jurídico” también serían preceptivo para la UE.

No es un asunto insignificante porque en algunos países europeos hay problemas vinculados a la gestión forestal y a la minería. Por citar algunos ejemplos: las comunidades indígenas en Suecia y Finlandia, el papel del Estado portugués y griego en los incendios forestales, los asesinatos de guardias forestales en Rumanía o el incumplimiento del Acuerdo de París por algunos Estados miembros como sugiere la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que obligó al gobierno de Angela Merkel mejorar la ley climática aprobada en 2019.

La Comisión Europea reconoce en la memoria filtrada que “especialmente en lo que respecta a los acuerdos complementarios, sigue siendo necesario un debate sobre la calidad jurídica de estos ”instrumentos legales“. Las opciones posibles serían, por ejemplo, una declaración política o un protocolo adicional al acuerdo. La decisión final, sin embargo, dependería en última instancia del contenido de los compromisos adicionales”,

Problemas de fondo

Estos “instrumentos” abordan asuntos que están fuera del mandato de la Dirección General de Comercio y que no caerían bajo la autoridad de los ministerios con competencia en Comercio, sino del Ministerio de Transición Ecológica en el caso de España. Es probable que las agencias de medio ambiente y las comisiones parlamentarias no están adecuadamente involucrados.

Los funcionarios comunitarios han reconocido que “la UE no puede adoptar unilateralmente las condiciones de ratificación; esto sólo puede hacerse conjuntamente –de acuerdo– con los Estados del Mercosur”. También sería necesario un enfoque uniforme Mercosur“ y no soluciones a medida para los distintos Estados.

Una preocupación en el lado europeo es la cuestión de cómo simular una mayor preocupación por la deforestación y la crisis climática sin exigir demasiado a los gobiernos del Mercosur con el riesgo que se levantan de la mesa y dejan el acuerdo en el aire. Según consta en la filtración, la Comisión Europea había informado a los gobiernos que está trabajando en varios niveles: un componente “bilateral”, otro “unilateral”, así como “medidas de cooperación”.

“El componente unilateral se refiere a los proyectos legislativos de la UE previstos o que ya han entrado en vigor. En particular, la deforestación, la diligencia debida y la estrategia ‘de la granja a la mesa’. Esta legislación de la UE tiene una influencia directa e indirecta en el comercio con terceros países”, según se puede leer en el documento.

Sin embargo, la UE no está cumpliendo con la legislación vigente sobre madera importada, según ha evidenciado un informe del Parlamento Europeo. A pesar de este compromiso, la Comisión Europea parece que incluso quiere debilitar, como han denunciado una cuarentena de ONG, el Plan de Acción para proteger y restaurar los bosques de mundo ni la estrategia de Biodiversidad 2030.

Por lo que respecta al componente bilateral, el documento apunta que “es necesario centrarse más en la cuestión del marco jurídico para abordar las preocupaciones de la UE adecuadamente. En general, los países del Mercosur están dispuestos a mantener conversaciones con la UE. Sin embargo, la Comisión necesita información de los Estados miembros sobre posibles zonas de aterrizaje”.

“Los Estados miembros de la UE informarán a la Comisión sobre cómo y qué negociar con Mercosur”, se acordó en la reunión técnica, pero la ministra González Laya se limita a decir que hay que “perfeccionar” el acuerdo en materia de sostenibilidad.

“Por último, el enfoque holístico está flanqueado por medidas e iniciativas de cooperación. Por ejemplo, el nuevo marco financiero de la UE ofrece la posibilidad de prestar apoyo financiero y establecer prioridades en la región. Por un lado, a través de las asignaciones de la UE en el contexto del ”Pacto Verde“ de la UE (Green Deal) o a través de la iniciativa ”TEAM Europe“ para la Amazonía, que aún se está desarrollando”, rezan las notas literalmente.

Declaraciones no vinculantes

Un estudio jurídico, encargado por MISEREOR, Greenpeace y CIDSE, señala que ningún protocolo o declaración interpretativa resolverá las deficiencias del Acuerdo en el ámbito de la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Rhea Hoffmann y Markus Krajewski, de la Universidad de Erlangen–Nürnberg, explican que el acuerdo UE–Mercosur “formula obligaciones en materia de derechos humanos y compromisos que hacen referencia a los acuerdos medioambientales y laborales multilaterales, de forma no vinculante”.

“Muchas disposiciones sólo contienen cláusulas de ”mejorar esfuerzos“ y son meras declaraciones de intenciones o siguen siendo vagas y sólo implican un bajo nivel de compromiso”, razonan los juristas de renombre en el ámbito del derecho comercial internacional.

Por otra parte, “las declaraciones unilaterales no pueden modificar el contenido del acuerdo (como mucho, pueden suspender disposiciones, pero no pueden crear nuevas obligaciones). Además, el nombre que se dé a un instrumento es irrelevante para la naturaleza jurídica del mismo: lo importante es su contenido y sus efectos jurídicos”, según esta opinión jurídica.

Una mera declaración de interpretación, como la que está encima de la mesa no cambiará las normas sustantivas del acuerdo comercial y no establece un mecanismo de aplicación vinculante. Entonces será imposible cumplir los compromisos del Acuerdo de París, la Agenda 2030 o la recién aprobada Ley de Cambio Climático. España, por ejemplo, es el mayor importador de soja en la UE y también el tercer país del continente que más contribuye a la deforestación tropical a través del comercio internacional, tras Alemania e Italia, según un informe de WWF.

Calendario incierto

En cuanto al calendario, “es una cuestión de meses”, anuncia el cable. Los funcionarios de la Comisión ven “necesaria una fuerte declaración política ahora que la UE no se limita a hablar de boquilla, sino que exige un cambio real de las condiciones sobre el terreno” especialmente en vista de la temporada de incendios forestales que comienza en verano. Se está bajando la próxima cumbre climática de la ONU, la COP 26 en Glasgow, para “aumentar la presión sobre Mercosur, junto con los Estados Unidos” propone Bruselas según la memoria.

La Comisión Europea propone una especie de “hoja de ruta que obligue ya a los Estados del Mercosur a asumir compromisos y que se convierta en un ”instrumento legal“ cuando el acuerdo sea ratificado o firmado”.

De una reunión entre las ONG y Paolo Garzotti, Director General Adjunto encargado de las Direcciones D y E y responsable de las negociaciones con el Mercosur, ha trascendido que el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y su equipo todavía están evaluando lo que debe entrar en el documento adicional. Sólo después de que haya una propuesta oficial –a mediados de año– entrarán en negociaciones con el Mercosur, lo que parece indicar que no se espera nada definitivo antes de final de año. También ha aclarado que, si el documento que se negocia fuera recíproco, los Estados miembros mirarán con más detenimiento lo que firman.

En cuanto al acuerdo en sí, la revisión jurídica sigue en curso. No solamente hay discusiones internas debido a “dificultades inesperadas” en relación con las indicadores geográficos –o denominaciones de origen– y la situación en Brasil sino también con algunos últimos detalles de acceso al mercado.

Posteriormente y tras su traducción, la Comisión Europea lo notificará a los Estados miembros. “Siendo realistas”, pronostica la revista The Economist, “las condiciones para la ratificación son improbables hasta 2023, después de las elecciones en Alemania, Francia y Brasil, y cuando España, uno de los proponentes, ocupe la presidencia de la UE”.

La coalición “Stop EU Mercosur” de más de 450 organizaciones de ambos lados del Atlántico se está movilizando para detener el acuerdo. La campaña “No a los tratados de comercio e inversión”, integrante de la coalición, ha enviado una carta al Gobierno español denunciando las negociaciones: “Nos preocupa que no exista transparencia” y reclama que no se ratifique. 

La semana pasada el Parlamento Europeo aprobaba el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Vietnam, un tratado que se ve con alarma desde el sector arrocero valenciano. Y esto es porque el país del sureste asiático es uno de los principales productores de arroz del mundo, y se teme que pueda inundar con su arroz el mercado europeo y que hunda los precios.

Fuentes españolas del grupo socialista del europarlamento señalan que este tratado de libre comercio sustituye al hasta ahora acuerdo preferencial con Vietnam, por el cual se señala que “ahora habrá una reciprocidad que antes no existía”. No obstante se destaca que, pese a este acuerdo de libre comercio, las fuentes socialistas señalan que el arroz está considerado “producto sensible” por la UE, lo cual supone dotarlo de mayor proteción y que se establecen cuotas para la importación y exportación, unas cuotas pormenorizadas por variedades que todavía se están analizando más allá del arroz blanco y el de cáscara.

Hace 10 días desde la Unió de Llauradors se alertaba de la desompensación que pueden sufrir los productores valencianos. Así señalaban que, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, actualmente el precio del arroz (blanco) importado de Vietnam está alrededor de los 335 euros/tonelada, sin aplicación de acuerdos preferenciales, a diferencia del español que está a 485 euros/tonelada. En cuanto a la producción España produce 836.000 toneladas, de las cuales exporta, principalmente al resto de la UE 24.000 toneladas, mientras que Vietnam produce 44,2 millones de toneladas.

Pero el fondo de la cuestión circula más alrededor de las variedades genéricas de arroz. Así mientras los arroceros valencianos y españoles por extensión centran su producción en la variedad 'japónica', en el sureste asiático prodomina la 'índica'.

El caso de Myanmar

Pero el equilibrio de producción de variedad según los países tuvo un revés con las relaciones con otro país arrocero: Myanmar. Así los arroceros valencianos advierten de un crecimiento exponencial de las importaciones de este país precisamente de la variedad 'japónica', la que predomina en tierras valencianas.

Explican que la entrada de esta variedad 'japónica' en la UE procedente de Myanmar han pasado de 4.917 toneladas en 2016-2017 a 58.029 toneladas en 2018-2019, lo que ha supuesto multiplicar por 11 la importación de este tipo de arroz. El crecimiento exponencial se produjo después de que la UE aplicara aranceles a la variedad 'índica' propia del sureste asiático, lo que hizo que los productores de Myanmar cambiaran la variedad cultivada a la 'japónica', la cual no tenía ningún arancel asociado, para poder exportar.

Ante esta situación los arroceros valencianos han reclamado más protección de la producción propia, con un estudio de la evolución del sector arrocero en europa, además de la posible aplicación de cláusulas de salvaguardia.

El poder corporativo, a través de las empresas transnacionales, domina el mundo. Domina los asuntos políticos, económicos, culturales, jurídicos. Los tratados comerciales de nueva generación, en el marco de los cuales se inserta el Acuerdo Global que la UE está a punto de renovar con México, son la expresión más tangible de cómo este poder corporativo se refuerza globalmente y perpetúa las desigualdades.

Parlamentarios europeos y miembros del Gobierno mexicano nos sentamos estos días en México a debatir cláusulas de igualdad o respeto de los derechos humanos que maquillen la manifiesta incompatibilidad entre este tipo de tratados y los derechos laborales, la protección del medio ambiente, la igualdad o el respeto a la vida.

Mientras lo hacemos son millones las que ahí afuera, en las ciudades y pueblos de Europa y de México, nos gritan que existe una contradicción estructural entre la acumulación del capital en cada vez menos manos y la sostenibilidad de la vida; millones las que pensamos que Europa, antiguo centro del poder corporativo colonialista, necesita mirarse y mirar el mundo desde las periferias de este poder y contagiarse de la experiencia mexicana, latinoamericana, para plantear alternativas diversas, múltiples, locales.

Somos las mujeres quienes, desde muchos puntos del planeta, más nos hemos resistido a las imposiciones del mercado. La economía de los cuidados que reclama el feminismo tiene que ver con una nueva forma de producir, de entendernos, de establecer las reglas que rigen nuestras sociedades. No sólo el beneficio económico cuenta. Cuenta la sostenibilidad de la vida. De una vida que merezca la pena ser vivida.

Por eso no sirve de nada ni nos protege una cooperación regida por el poder corporativo. México y Europa deben romper, de una vez por todas, la matriz colonial que sustenta nuestras economías. Sólo así reduciremos la violencia estructural contra las mujeres.

Violencia machista a ambos lados de Océano

En nuestro país hay más de mil violaciones al año denunciadas. La punta del iceberg de todas aquellas que prefieren callar para no ser ellas las juzgadas. Las violaciones se están convirtiendo en espectáculos televisivos donde a quien se juzga es a la víctima y a quien se justifica es a ellos.

Los medios de comunicación los defienden porque son jóvenes, sanos, normales, guapos, hijos de sus madres, novios de sus novias. Son los hijos sanos del patriarcado... pero uno de cada tres pagará por sexo sin importarle sin quien presta su cuerpo lo hace libremente, forzada, sin papeles, coaccionada, amenazada. Los hijos sanos del patriarcado: 60 de ellos asesinarán a sus parejas cada año en España, porque entienden que en el sexo y en el amor las mujeres les pertenecemos.

México, por su parte, sufre una violencia cruel y desgarradora contra las mujeres. Una violencia específica que se evidencia con la mutilación de los cuerpos, la agresión sexual, la tortura y el intento de desaparición de los cuerpos. Lo cierto es que hoy, todo el país se ha convertido en un gigantesco Ciudad Juárez.

Estremece pensar que México es el segundo país más letal del mundo, sólo por detrás de Siria, según ha revelado recientemente el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos. Esta nación, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, rebasa a Afganistán o Somalia en el número de muertes en el conflicto con el narcotráfico. Y, sin embargo, hay un silencio cómplice en los medios internacionales y, dentro del país, quien se atreve a contarlo se expone a ser eliminado.

Denunciar la violencia, la corrupción política y el narcotráfico, así como la íntima relación entre ellas, puede salir muy caro en México. En los últimos 15 años, más de 100 periodistas han sido asesinados. El último ejemplo de estas intimidaciones lo vivimos hace menos de un mes, cuando un grupo de hombres armados asaltaron a tres periodistas independientes que cubrían la caravana de María de Jesús Patricio, la primera mujer indígena que aspira a la presidencia de México.

Desde Podemos Europa hemos exigido por escrito a la UE medidas de presión para que se cumplan las condiciones de seguridad y libertad en el que se debería estar desarrollando la pre-campaña electoral. Y animamos a la candidata a que no desista en su empeño ni se deje intimidar por quienes quieren perpetuar la impunidad y el terror.

Como en todos los conflictos, las mujeres y las niñas se llevan siempre la peor parte porque a la violencia institucionalizada en México hay que sumar la condena de la violencia machista. Y es que las víctimas de feminicidio lo son triplemente en México: lo son cuando las asesinan, lo son cuando sus muertes no se investigan y lo son cuando la sociedad y los medios de comunicación las juzgan tras su muerte: por cómo vestían, cómo hablaban o cómo vivían.

Siete mexicanas son asesinadas cada día, sólo un 25% de los casos son investigados como feminicidios. Muchas de ellas son activistas y defensoras de los Derechos Humanos y del territorio. Matan a las mujeres porque nosotras representamos la vida frente a sus proyectos de muerte.

La mayor parte de los asesinatos y desapariciones quedan en la impunidad porque no se investigan. Pero no nos van a callar. El dolor de las mujeres de México es también nuestro dolor. Si atacan a una nos atacan a todas. En España, en México, en Europa, en todas partes del mundo seguiremos gritando: Ni Una Menos. Y el 8 de marzo, en la huelga de mujeres, no lo duden. Nosotras pararemos y parará el mundo.

Conseguir elevar el reproche a este segundo nivel no era, ni es, nada fácil. En el imaginario de una buena parte de las mayorías sociales de este país, y a pesar de todo lo ocurrido en los últimos años, la Unión Europea sigue siendo un club al que se debe pertenecer. Los años de creación del mito de la Europa de la paz, del progreso, la democracia y de la modernidad han dado como fruto la construcción y calado de un relato común difícil de mover. Además, la narrativa de la UE como espacio de democracia en confrontación con la dictadura anterior ha sido alimentada por las instituciones españolas y europeas. Aun hoy, la propaganda institucional, de dudoso rigor histórico (y estético), lanzada para conmemorar los 30 años de pertenencia del Estado español a la UE, señala lo siguiente: “Detrás de la decisión de España de firmar el Tratado de Adhesión a las entonces Comunidades Europeas se adivinaban las ansias de un país por superar un pasado autoritario”. Incluso es posible encontrar entre las webs oficiales dirigidas a alentar el europeísmo entre la población española afirmaciones como esta: “Europa se reconstruye y en España la dictadura se abre a un nuevo gobierno que decide poner un pie en Europa. En 1962 Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores, envía una carta al presidente del Consejo de la CEE solicitando la asociación de España”, con una curiosa interpretación de nuestra historia.

A golpe de propaganda y de fondo estructural se ha conseguido que, aun a pesar de la Troika y de sus políticas de austeridad, un 75% de las y los españoles (once puntos más que entre el conjunto de los europeos) dice sentirse ciudadano de la UE, aunque no se sepa a ciencia cierta qué implica esta ciudadanía. De hecho, el 51% de las y los encuestados afirma no conocer los derechos derivados de nuestra pertenencia en la UE y, como ya se ha señalado en anteriores entradas de este blog, el 73% afirma tener un escaso o nulo nivel de información sobre los asuntos europeos.Tal vez por eso, cuando se profundiza con preguntas concretas, la mayoría de las personas afirman no estar satisfechas con el funcionamiento democrático, ni en España (el 60%) ni en la UE (el 52%).

Pese a estos porcentajes, la apertura de un debate público acerca de las carencias democráticas de la UE se ha mantenido mayoritariamente en ámbitos académicos críticos o políticamente minoritarios, donde el déficit democrático de la Unión Europea en sus procesos de toma de decisiones ha sido –junto con las carencias sociales– una afirmación recurrente, fundamentada en diversas razones de entre las que pueden resaltarse cuatro.

En primer lugar, la limitación de los poderes del Parlamento Europeo, que carece de capacidad de iniciativa legislativa (la tiene la Comisión Europea) y que se ve apartado de decisiones fundamentales como las relativas a las medidas de gobernanza económica. Es cierto que en la actualidad el Parlamento tiene mayores poderes para controlar a la Comisión (por ejemplo, la Eurocámara debe aprobar y puede destituir a la Comisión y elegir al candidato a presidente), pero también lo es que, en lo que se refiere al poder regulador, la Comisión Europea, que es la institución más alejada de la ciudadanía de la UE, sigue teniendo un rol protagónico.

El segundo punto negro en las dinámicas de la UE respecto de los procedimientos democráticos, son las llamadas “medidas de gobernanza económica” mediante las que la Comisión y el Consejo de la UE están marcando los procesos de reformas estructurales en los Estados miembros, atando de pies y manos a los parlamentos estatales en connivencia con los gobiernos de determinados países. Estas reformas, nunca está de más recordarlo, han significado en múltiples ocasiones un recorte grave de derechos de las mayorías sociales, tal y como ha reconocido el propio Banco Central Europeo que en uno de sus últimos informes señalaba, respecto de las reformas laborales derivadas de las Recomendaciones por País de la Comisión Europea, que el objetivo de estas reformas ha sido la rebaja salarial y “la reducción de la protección en materia laboral”.

El tercer cuestionamiento a las dinámicas democráticas de toma de decisiones se inserta en la puesta en marcha del llamado “REFIT” (Programa de Mejora de la Legislación) basado en la idea de hacer el Derecho «más ligero, más simple y menos costoso». Se trata de un mecanismo impulsado en 2012 por la Comisión Barroso y reforzado por la actual Comisión europea presidida por Juncker con el objetivo de luchar contra los «obstáculos administrativos» (la denominada Red Tape). Según lo define la Comisión, el REFIT tiene como objetivo la simplificación de la legislación de la UE y la reducción de la carga administrativa, mediante la aplicación de análisis de impacto coste-beneficio y la inclusión en el procedimiento de representantes de las empresas, sociedad civil y actores sociales que elevan su parecer a la Comisión, la cual, no olvidemos, es la única con capacidad de iniciativa legislativa en la UE. El REFIT ha recibido numerosas críticas, sobre todo tras la publicación de sus resultados de 2014. Se ha señalado la clara voluntad desreguladora del mecanismo que estaba retrasando y obstruyendo el desarrollo de las regulaciones y fortaleciendo el test de competitividad para las normas de la UE. Como señala un informe del Corporate Europe Observatory, la Comisión, siguiendo las indicaciones del programa, descartó la proposición de algunas iniciativas relativas a la salud y seguridad en trabajo, la protección del suelo o el acceso a la justicia ambiental, por sus elevados «costes». Por su parte, los sindicatos europeos han denunciado los peligros que esta aproximación a la legislación basada en la eficiencia económica supone para todas aquellas normas orientadas a proteger los derechos de los trabajadores o a fomentar el diálogo social, en concreto el sindicato inglés tuc acusó a la Comisión de seguir una agenda de desregulación sin justificar de ningún modo los beneficios de la misma, y criticó su recurrente propagación de la tesis de la «sobre-regulación» concretada en la asunción de que cualquier barrera administrativa constituye un obstáculo burocrático innecesario, aun cuando su objetivo sea la protección de derechos laborales, sanitarios o medioambientales.

La cuarta amenaza para los modelos de democracia representativa en el ámbito nacional deriva de la negociación y firma de tratados bilaterales de nueva generación por la UE con terceros Estados. Los afortunadamente ya conocidos TTIP y CETA son una prueba de ello, puesto que en ambos se ha perfeccionado, sobre todo en el primero, la llamada Cooperación Reguladora que constituye en realidad el corazón y núcleo fundamental de los dos acuerdos. Según afirma la Comisión Europea, el mecanismo de Cooperación Reguladora permitirá compatibilizar las reglamentaciones de la UE y de los EEUU y reducirá los costes de los intercambios comerciales a través del Atlántico, dado que “las empresas pueden evitar una serie de costes innecesarios que se derivan del desarrollo y la fabricación de dos series distintas de productos para su venta a ambos lados del Atlántico”. Podría ser así, es cierto que una homogenización de regulaciones técnicas respecto a la fabricación de determinados bienes facilitaría el comercio, pero ¿qué efectos puede llegar a tener la generalización de un mecanismo cuyo objetivo es equiparar las exigencias normativas (la protección de derechos) existentes en ambos lados del Atlántico?

Son muchas las voces que se alzan ya para criticar la Cooperación Reguladora afirmando que la consecuencia de la misma va a ser la desregulación y la reducción de derechos sociales, sanitarios y medioambientales, así como la limitación de la capacidad legislativa de los parlamentos nacionales y del legislador europeo. Para evaluar el impacto del mecanismo podemos enumerar las consecuencias que pueden derivarse de la puesta en marcha del mecanismo de la Cooperación Reguladora en el TTIP y el CETA, concretándolas en las siguientes: priorización del análisis del impacto económico comercial de las normas sobre sus objetivos sociales o medioambientales; reforzamiento del papel de los “agentes de la sociedad civil”, donde juegan un papel preferente los lobbies, en el proceso de conformación de las normas; posible lanzamiento de una carrera a la baja de las normativas de ambos lados del Atlántico; obligación a los terceros países de aceptar los estándares impuestos por un bloque comercial de la envergadura del que aspira el acuerdo.

Además de todo lo anterior, no podemos perder de vista las implicaciones en términos democráticos y constitucionales que supone un mecanismo mediante el cual se persigue “corregir” o “guiar”al poder legislativo y alterar el principio de atribución competencial que rige las relaciones UE-Estados miembros. En otros términos, la soberanía del poder legislativo (en sus distintos niveles y expresiones) y la legitimidad democrática de las normas jurídicas aparecen como cuestiones ineludiblemente vulneradas por un posible establecimiento de mecanismos de cooperación reguladora transatlánticos. De hecho, incluso en los distintos informes sobre cooperación reguladora encargados por la Comisión ha reconocido que tales mecanismos entrañan de manera inevitable una limitación de la respectiva capacidad reguladora. Además, la introducción de mecanismos de cooperación reguladora permanente permitiría a las partes negociadoras postergar los acuerdos sobre cuestiones controvertidas, que en estos momentos están ralentizando la negociación y aprobación del TTIP y que podrían ser negociadas con posterioridad en el marco de los mecanismos de cooperación reguladora, consiguiendo un efecto de “living agreement”

Como puede observarse, los tres puntos del déficit democrático que venía arrastrando la UE y que hemos señalado en los párrafos anteriores se concentran y potencian con este mecanismo introducido en los tratados comerciales, que va a ejercer una presión considerable sobre la UE para que modifique su normativa a la baja. Así, una vez más, la Unión Europea, y sus Estados miembros, se empeña en caminar en sentido contrario a lo que necesitan, y exigen, las mayorías sociales. Pero los tiempos están cambiando y tras del 26J puede que haya un gobierno que, atendiendo a las necesidades de las y los ciudadanos como prioridad, paralice las negociaciones del TTIP y la firma del CETA y sea capaz de plantar cara a la Troika y a las políticas antisociales de la UE. Eso todavía está en nuestra mano.

El Grupo Parlamentario de Podemos ha registrado una proposición no de ley instando a declarar Castilla-La Mancha como comunidad contraria al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). El rechazo a este acuerdo ha sido defendido en numerosas ocasiones por los eurodiputados de Podemos y, ahora, son los órganos autonómicos los que trabajan para evitar la aprobación de este tratado. Para Podemos paralizar este tratado es necesario para “garantizar unas condiciones de vida dignas para la mayoría” y, además, consideran “inconcebible” que un acuerdo de estas características se construya de espaldas a la ciudadanía.

El portavoz parlamentario del partido, David Llorente, ha explicado que con esta propuesta además de oponerse a la aplicación del TTIP, Podemos busca que los diferentes parlamentos regionales se comprometan con la defensa de los servicios públicos básicos para mantener la cohesión y redistribución social. Asimismo, la proposición insta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno a dar su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a asegurar el carácter público de los servicios sociales útiles y piden al Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las negociacionesdel TTIP.

Además de en Castilla-La Mancha, esta iniciativa ha sido presentada en los grupos parlamentarios de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Canarias, Cantabria, Murcia, la Comunidad Valenciana y las Juntas de Guipúzcoa y Vizcaya y, en las próximas semanas, se presentará en el resto de los órganos autonómicos en los que Podemos está presente. Esta propuesta forma parte de un paquete de acciones, coordinadas desde la Secretaría de Acción Institucional de Podemos, que los grupos parlamentarios de la formación están llevando a cabo en las instituciones en las que tienen representación “con el objetivo de ser más eficaces y devolver las instituciones al servicio de la gente”.

Llorente ha recordado que el TTIP, que se negocia entre la Unión Europea y Estados Unidos desde 2013, no es un acuerdo comercial tradicional sino el intento por parte de las empresas transnacionales de abrir y desregular los mercados, profundizando en la liberalización de servicios públicos. Asimismo, de prosperar este acuerdo, supondría un “serio recorte en los derechos laborales, de los consumidores, al medio ambiente, a la privacidad y un golpe definitivo a los servicios públicos”.

Desde Podemos Castilla-La Mancha también han aprovechado la ocasión para mostrar su apoyo a las EuroMarchas, una movilización promovida por la sociedad civil para reivindicar una Europa más justa y social y que tendrán lugar entre el 1 y el 17 de octubre. Las marchas se dividen en varias columnas que atravesaran toda Europa para confluir en Bruselas el 15 de octubre, coincidiendo con una reunión de los presidentes de los Estados miembros de la Unión. Toledo será una de las ciudades protagonistas en este tránsito ya que la columna suroeste (que atraviesa Portugal, España y Francia) pasará por la ciudad el próximo sábado 3 de octubre y se celebrará una concentración a las 13.00 horas en la plaza del Ayuntamiento.

Los colectivos sociales, plataformas ciudadanas y grupos de ecologistas de Castilla-La Mancha se han unido desde varios puntos de la región a las concentraciones y manifestaciones convocadas en todo el mundo contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, conocido por sus siglas en inglés TTIP. Se trata de un acuerdo de gran alcance que se está negociando en secreto entre la Comisión Europea y el Gobierno de Estados Unidos y que pretende imponer reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías para las empresas que operen en ambos territorios, facilitando la inversión directa y eliminando obstáculos burocráticos para el acceso al mercado.

Debido a estas cuestiones, y a la alerta ciudadana que se ha generado en todo el mundo, todas las asociaciones, plataformas y entidades que llevan denunciando el TTIP desde hace meses habían convocado para el 18 de abril una acción global contra este proyecto, para rechazar las actuales negociaciones y para garantizar un debate político transparente y democrático, donde todos los acuerdos sirvan al interés público y al futuro común de toda la sociedad.

Desde Castilla-La Mancha, varios colectivos han querido sumarse a esta iniciativa de protesta con el objetivo primero de informar a la ciudadanía sobre las consecuencias que traería para la sociedad la aprobación del Tratado. En Toledo, durante la recogida de firmas organizado por asociaciones locales en la Plaza de Zocodover, desde ATTAC, Fernando Amo ha explicado que el Tratado es un intento de las grandes empresas de Estados Unidos y Europa de unirse para que “no existan condiciones diferentes en el juego entre los dos lados del Atlántico”.

“Con ello, las grandes empresas tendrán campo libre contras las leyes que defienden los intereses de los consumidores, de los agricultores y de una serie de cuestiones que atentan contra el modo de vida normal que ha habido en Europa hasta ahora”, explica.

Amo ha recordado que estas negociaciones se están realizando a espaldas, no solo de los ciudadanos, sino incluso de sus representantes en el Parlamento europeo, ya que el acceso a la información está muy limitada, de forma que si algún parlamentario quiere acceder a los documentos, tiene que pedir una autorización, y las reuniones están “muy vigiladas y ni siquiera permiten tomar nota de la documentación que se le aporta, que no es toda la documentación que están negociando”.

La escasa respuesta política de España

Desde ATTAC consideran que en España, donde la agricultura es un pilar estratégico, no está habiendo el rechazo político adecuado por parte de los representantes de los ciudadanos, mientras que en otros países como Alemania y Francia sí se está dando una respuesta negativa en defensa de sus intereses.

También explican que con el TTIP se pretende instaurar el modelo americano por el que alguien demanda a una empresa alimentaria si se siente perjudicado por un producto, frente al modelo europeo, donde existe el principio de precaución, es decir, que ningún producto se pone a la venta si hay indicios de que puede resultar dañino.

En Ciudad Real, medio centenar de personas se concentró a media mañana a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, convocados por la coalición electoral de Ganemos en la ciudad, para mostrar su rechazo al Tratado. Durante el acto, los participantes leyeron el manifiesto del Día de Acción Global, que fue respaldado por aplausos de los manifestantes. Desde Ganemos Ciudad Real se ha convocado también un acto informativo sobre el Tratado de Libre Comercio el próximo martes 21 de abril.

En Cuenca, la manifestación se ha celebrado desde desde las 18.00 hasta las 20.00 horas, desde el Servicio Periférico de Agricultura junto al Puente de San Antón para llegar al de Hacienda en el Parque de San Julián. A esta movilización, que ha congregado a unas 200 personas, se han sumado miembros de Podemos, de Izquierda Unida y de colectivos sociales de la ciudad para rechazar la negociación del TTIP “a espaldas y en contra de la ciudadanía”.

También en Albacete han insistido en las nefastas consecuencias de este tratado para el futuro de la sociedad. La movilización se ha convocado por la Plataforma provincial contra el TTIP, formada por ATTAC, Ecologistas en Acción, Ganemos y Equo. Se ha celebrado con decenas de personas en la Plaza del Altozano a las 19.00 horas y en la misma se ha informado también a la ciudadanía sobre las consecuencias del tratado.

Las movilizaciones que están previstas para el sábado 18 de abril en toda Castilla-La Mancha contra el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) contarán con el apoyo de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Castilla-La Mancha (ASAP C-LM), movimiento en el que diferentes organizaciones y colectivos defienden un mundo rural vivo y una producción y consumo local. Desde esta organización piden “un modelo agroalimentario justo social y ambientalmente” frente a lo que se está negociando en secreto entre la Comisión Europea y el Gobierno de Estados Unidos para este Tratado.

Con ello, ASAP se suma al Manifiesto de Plataforma Rural y a la Semana de Lucha Campesina, denunciando que el TTIP se negocia “a espaldas de las necesidades de las personas y en favor de los intereses de las multinacionales”, entre ellas las agroalimentarias. Destaca que sus propuestas atentan gravemente “contra nuestros derechos, abriendo la puerta, aún más, a la entrada de alimentos y cultivos transgénicos”.

De hecho, recuerda que este Tratado plantea el llamado “reconocimiento mutuo”, por el que un producto aprobado en su país de origen sería automáticamente autorizado para su importación a los países firmantes del tratado, lo que permitiría la “entrada masiva de alimentos transgénicos en la Unión Europea satisfaciendo los intereses del ‘lobby’ agroindustrial y en detrimento de los derechos del campesinado, la salud de los consumidores y el medio ambiente”.

Desde la ASAP C-LM se movilizarán en esta Semana de Lucha Campesina en diferentes lugares defendiendo la soberanía alimentaria y contra el TTIP. En Toledo, Sodepaz y espacioDespacio organizan el viernes 17 de abril distintas actividades, entre ellas una charla sobre luchas campesinas y la muestra de diferentes audiovisuales de experiencias de lucha campesina.

El mismo día 17 en Cuenca, el Mercado Social Despensa Natura organiza la presentación del libro ‘Producir alimentos, reproducir comunidad’ de Daniel López, y el sábado 18, Ecologistas en Acción se une a la concentración contra el TTIP frente a la Delegación de Agricultura de Cuenca.

En Albacete, Ecologistas en Acción participa en las jornadas de movilización contra el TTIP el 18 de abril; y en Valdepeñas (Ciudad Real) el día 24 se dará una charla informativa sobre el TTIP organizada por VSF-Justicia Alimentaria Global y el grupo de consumo ecológico La Alegría de la Huerta Manchega.

Se negocia en privado, en reuniones a las que no puede accederse con ningún sistema de grabación audiovisual ni se permiten tomar anotaciones, bajo parámetros totalmente opacos. Es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, conocido por sus siglas en inglés TTIP, un acuerdo de gran alcance que se está negociando entre la Comisión Europea y el Gobierno de Estados Unidos y que pretende imponer reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías para las empresas que operen en ambos territorios, facilitando la inversión directa y eliminando obstáculos burocráticos para el acceso al mercado.

Desde que se conocieron los inicios de estas conversaciones y se filtraron parte de los contenidos que se estaban abordando, movimientos sociales, organizaciones, colectivos, plataformas y asambleas ciudadanas de todo el mundo comenzaron a mostrar su preocupación por las diversas amenazas que supone: la participación de grupos de presión empresariales con acceso a información privilegiada, el establecimiento de mecanismos comerciales que no tengan en cuenta las decisiones de los tribunales nacionales (es el caso de la denominada Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor – ISDS) y la creación de nuevas estructuras antidemocráticas de gobierno, que buscan rebajar normas y reglas diseñadas para la protección de intereses públicos relacionados también con servicios sociales, medio ambiente y prácticas agrícolas.

Debido a estas cuestiones, y a la alerta ciudadana que se ha generado en todo el mundo, todas las asociaciones, plataformas y entidades que llevan denunciando el TTIP desde hace meses han convocado para el sábado 18 de abril una acción global contra este proyecto, para rechazar las actuales negociaciones y para garantizar un debate político transparente y democrático, donde todos los acuerdos sirvan al interés público y al futuro común de toda la sociedad.

Desde Castilla-La Mancha, varios colectivos han querido sumarse a esta iniciativa de protesta con el objetivo primero de informar a la ciudadanía sobre las consecuencias que traería para la sociedad la aprobación del Tratado. En Toledo, por ejemplo, ATTAC y las asociaciones de vecinos, junto con ecologistas y expertos de la provincia, informarán por barrios y recogerán firmas contra esta “chapuza para favorecer al gran capital”. El viernes 17 desde las 18.00 hasta las 20.00 horas, habrá mesas de información en el Paseo Federico García Lorca del Polígono, mientras que el sábado esta iniciativa se trasladará a la Plaza de Zocodover desde las 11.00 hasta las 14.00 horas.

Manifestaciones y protestas.

En Cuenca, el sábado se celebrará una manifestación desde las 18.00 hasta las 20.00 horas, que saldrá del Servicio Periférico de Agricultura junto al Puente de San Antón para llegar al de Hacienda en el Parque de San Julián. A esta movilización se han sumado miembros de Podemos, de Izquierda Unida y de colectivos sociales de la ciudad para rechazar la negociación del TTIP “a espaldas y en contra de la ciudadanía”.

Albacete también acogerá una manifestación el sábado convocada por la Plataforma provincial contra el TTIP, formada por ATTAC, Ecologistas en Acción, Ganemos y Equo. Se celebrará en la Plaza del Altozano a las 19.00 horas y en la misma se informará también a la ciudadanía sobre las consecuencias del tratado.

inalmente, en Ciudad Real, la iniciativa ha corrido a cargo de la coalición electoral Ganemos, quien ha hecho un llamamiento a movilizarse contra este proyecto ante la Subdelegación del Gobierno a las 13.00 horas, donde también se entregarán las propuestas que se han recogido por los barrios sobre esta cuestión.

A pesar de no haberse implementado todavía, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP) es ya una reliquia de la teoría económica dominante. Nos sigue vendiendo que la globalización es el fin de la historia, que la competencia es el modo más eficiente de organizar una economía y que para generar bienestar y empleo, hay que crecer. Estos tres dogmas son simplemente erróneos. Por tanto, el problema del TTIP no es de matiz, es de raíz: va en dirección opuesta a la sociedad próspera y sostenible que la gran mayoría quiere construir. Repasemos pues los tres mitos del TTIP y presentemos nuestras alternativas.

Mito 1: La globalización es el fin de la historia

La globalización actual no es otra cosa que una extraordinaria acumulación energética y sus consiguientes emisiones de CO2) para que una minoría de la humanidad pueda producir y consumir cada vez más en un mundo convertido en mercado global. Pues bien, esa globalización utópica se ha terminado: no hay más energía fósil barata, ni atmósfera suficiente para tanta depredación.

Sin embargo, parece que el TTIP vive en una cuarta dimensión alejada de las realidades energéticas y materiales. Teniendo como único horizonte el Business As Usual, el TTIP quiere pisar el acelerador de la globalización fósil y depredadora:

1. Terminar con cualquier restricción para las exportaciones de “bienes energéticos”, dando de nuevo prioridad a las energías más sucias y contaminantes del pasado como el carbón, el petróleo o el gas.

2. Facilitar la exploración y explotación de hidrocarburos por parte de las multinacionales en EEUU y la UE, abriendo la puerta al fracking y sus desastrosas consecuencias sobre el medio ambiente y el clima.

3. Imposibilitar que cualquier país adopte medidas que privilegien saberes, tecnologías o empresas locales, poniendo freno de esta manera al desarrollo de las energías renovables.

Frente a esta irresponsable “estrategia Titanic”, una estrategia sensata, es decir menos energívora y contaminante, pasa en cambio por la relocalización de gran parte del comercio y de nuestras economías. Nuestro futuro y el de nuestros hijos se llaman “circuitos cortos” que nos permitan, en la mayor medida posible, consumir localmente la energía y los alimentos que producimos localmente y sin tantos intermediarios, y dar más espacio a la autoproducción y al autoconsumo. Dentro de una red cooperativa global (véase punto siguiente), hablamos de una economía que echa raíces en lo local, privilegia productos de calidad y con fuerte valor añadido ecológico, construye comunidad desde abajo y acerca las decisiones productivas y de consumo a la gente de a pie. In fine, una economía más humana, más sostenible y más democrática.

Mito 2: La competencia es el modo más eficiente de organizar una economía

El TTIP busca reforzar la competitividad de las empresas europeas y estadounidenses. Este es el mantra repetido a saciedad por el darwinismo social y económico: nuestro entorno, y en particular el mercado, es una selva donde se salvan los más aptos y fuertes, mientras el resto tiene el honor de poder pelearse por las migajas convertidas en caridad. El TTIP refuerza este canibalismo comercial  donde los pezqueñines (pequeñas y medianas empresas, autónomos, cooperativas, etc.) tanto de EEUU como de la UE nadan entre los tiburones llamados multinacionales. En provecho de unos pocos, refuerza una mercantilización tan insana como ineficiente de los bienes comunes, de nuestras vidas y de los demás seres vivos.

Necesitamos reequilibrar la balanza, hoy vencida hacia una competitividad a ultranza y a favor de los peces gordos. En el eje central ha de estar la cooperación, es decir nuestra capacidad de obrar conjuntamente entre muchos pezqueñines para el beneficio colectivo. Y para ello volvamos la mirada hacia la naturaleza que, lejos de las teorías económicas ajenas a las necesidades de la gente y de los límites biofísicos, recompensa la colaboración y el beneficio mutuo.

Para ello, hace falta establecer estrategias comunes de cooperación entre la UE, EEUU y más países para poner fin a los paraísos fiscales y a la economía de casino; impulsar reglas comerciales supeditadas al respeto de los derechos humanos, al trabajo digno y al respeto a los ecosistemas (como propone la iniciativa Alternative Trade Mandate) o reforzar los marcos multilaterales para luchar contra el cambio climático. Además hay que afianzar lazos entre movimientos sociales, ONG, sindicatos, partidos de ambos lados del Atlántico para compartir experiencias y construir alternativas dentro de una economía social, solidaria y ecológica. Tenemos intereses comunes, pongamos las respuestas en común.

Mito 3: Para generar bienestar y empleo, hay que crecer

El TTIP lo tiene claro: es una herramienta a favor del crecimiento. De hecho, gran parte del debate se fija en torno a la tasa de crecimiento que podría aportar un tratado de este calado. Sin embargo, que sea 0,5% de aumento de PIB dentro de 10 años como vaticina la Comisión Europea, o disminución del PIB según otros estudios, tenemos que salir de este estéril debate de cifras: el crecimiento no es la solución, forma parte del problema. Por tres razones básicas:

1. El crecimiento es incapaz de tener en cuenta la finitud del planeta y nos lleva directamente al colapso ecológico. En su estela, el TTIP será a lo mejor un poco pan para hoy y sin duda, para las mayorías, mucha hambre para mañana.

2. Por encima de 13.000 euros por habitante, el crecimiento del PIB no significa mayor bienestar. Además, como prueba el caso de España, es perfectamente posible crecer sin crear empleo y aún menos de calidad. Así que afirmar como la Comisión Europea y la Gran Coalición (conservadores, social-demócratas y liberales) que el TTIP generará más PIB y por tanto una mejora del nivel de vida para la ciudadanía oscila entre ignorancia y mentira.

3. El crecimiento no volverá. Los países occidentales, incluido España, estamos entrando en un nuevo periodo de la historia donde el crecimiento será bajo, nulo o negativo. Al agarrarse a un dogma decadente, el TTIP ya es una reliquia de otra época que, además, genera falsas expectativas.

A estas alturas de la historia, lo necesario y deseable es una gran transición justa y ecológica de la economía que además es capaz de crear millones de empleos dignos y sostenibles en Europa y España. Que haya crecimiento o no del PIB es totalmente secundario: lo prioritario es cubrir las necesidades reales de la población dentro de los límites del planeta. Para ello, se requiere dentro de la transición dos ingredientes ignorados por el TTIP: la redistribución de las riquezas y más y mejor democracia.

En conclusión, hoy un tratado revolucionario a la vez que útil y realista sería uno que marcara en su preámbulo: “Conscientes de la crisis ecológica así como de las enormes desigualdades de este mundo y en nuestros países respectivos, nuestra cooperación transatlántica tiene como objetivo garantizar ­a través de una Gran Transición justa y ecológica de la economía local y global que las generaciones presentes y futuras vivan bien, felices y prosperas dentro de los límites reales del planeta”.

Hoy sabemos que el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (llamado TTIP, por sus siglas en inglés) va a ponerle una alfombra roja a las empresas multinacionales de uno y otro lado del océano, disminuyendo los derechos laborales, sociales y medioambientales de la ciudadanía.

Pero ¿qué supone el TTIP para los animales? Poco o nada se ha hablado de cómo afectará el TTIP a los animales, y es importante hacerlo, porque con este tratado pende de un hilo la protección a su calidad de vida, su salud y sus derechos.

En primer lugar, el TTIP, al buscar suprimir también las barreras comerciales no tarifarias entre la UE y EEUU, tiene como claro riesgo el ajuste a la baja de las normas que regulan las condiciones de vida animal. La situación actual en la UE no es ni mucho menos idónea, pero lo cierto es que, al menos desde una visión antropocéntrica, es más avanzada.

La UE regula la protección de los animales de la “finca al plato”, es decir en todas las fases de producción (crianza, transporte y sacrificio), prohíbe las hormonas de crecimiento y es menos permisiva con los piensos modificados genéticamente y los antibióticos. Además, desde el 2013, prohíbe la experimentación con animales para productos cosméticos, así como la importación de productos que hayan sido testados con animales, y tiene una Directiva (la 2010/63/EU, llamada de las 3Rs) que plantea “reemplazar, reducir y refinar” el uso de animales para propósitos científicos.

Así que, mientras que la UE tiene el bienestar animal como principio fundamental a respetar (Tratado de Lisboa de la Unión Europea, 2009), la legislación federal norteamericana es mucho más pobre que la europea: sólo existe una regulación federal que incluye algo de protección para el sacrificio, centrada en el “producto final”; salvo en algunos Estados, no prohíbe el confinamiento extremo; apoya, junto con sus multinacionales, el uso de transgénicos para consumo humano y animal; acepta el clonado de animales para consumo humano; acepta la experimentación animal para productos de cosmética y limpieza; no incluye en su Ley de Bienestar Animal a los pájaros, peces, ratas y ratones, que son las especies más frecuentemente utilizadas en laboratorios... ¡Y su legislación para el transporte de animales es de 1873!

Por su parte, el lobby agroindustrial de la carne estadounidense lo tiene clarísimo: las negociaciones del TTIP tienen que servir para contrarrestar las normas europeas. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Productores de Cerdos de EEUU declara que, en línea con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el TTIP no tendría que permitir ninguna restricción de importación europea basada en el bienestar animal y, entre otras cosas, quieren el final de cualquier barrera comercial no tarifaria, incluyendo las restricciones sanitarias y fitosanitarias. Por ejemplo, exigen la autorización de la ractopamina (aditivo alimenticio usado en EEUU para promover el crecimiento de los cerdos), que sin embargo ha sido prohibida en más de 150 países, incluidos los de la UE, por sus efectos secundarios en los animales y para la salud humana.

Teniendo en cuenta la posición de dominio de las multinacionales en las negociaciones previas, todo indica que:

Desde un enfoque de derechos animales, el TTIP no deja lugar a dudas: profundizará en la mercantilización de los seres vivos. El objetivo de este tratado es diáfano: aumentar el comercio y las inversiones entre la UE y EEUU a través de, entre otras cosas, un mayor consumo de productos ganaderos (principalmente carne, huevos y leche). Un consumo a todas luces insostenible desde un punto de vista ético, pues cada año a nivel mundial, se sacrifican 60.000 millones de animales terrestres y 1 billón de animales marinos para el consumo humano. Tal y como explica Matthieu Ricard, estamos presenciando un verdadero “genocidio animal” que se caracteriza, entre otras cosas, por la desvalorización de las víctimas y su exterminación masiva, así como la desensibilización, disimulación y negación social de los hechos cometidos.

El TTIP no cuestiona en ningún momento esta realidad, ni el uso de millones de animales como mero producto para consumo humano (comida, vestimenta, entretenimiento o experimentación), ni la reducción del consumo de productos de origen animal. Por supuesto, ningún negociador -estadounidense o europeo- se ha planteado siquiera que el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados (el polémico ISDS) pudiera contar con un defensor de los animales, como tampoco lo hay de la naturaleza. O sea, en el TTIP nadie tiene en cuenta a los sin vozlos sin voz, nadie defiende sus intereses y menos sus derechos. Más bien es al contrario: este tratado sería un salto cualitativo en Europa hacia más mercantilización de la vida en general y de los animales en particular.

Ante este panorama, las personas y organizaciones que defendemos el bienestar y los derechos de los animales debemos decir alto y claro: STOP TTIP. Nos sumamos a la campaña de concienciación europea para que no se apruebe este tratado y seguiremos luchando en nuestro día a día para que los animales (no humanos) ocupen el espacio social y político que se merecen.

Los últimos días de la Comisión Barroso se consumen en una incesante actividad: acaban de finalizar las negociaciones sobre el CETA, el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá y se aceleran las rondas que deben culminar en un tratado de libre comercio e inversión con EEUU, el TTIP. Ambos tratados tendrán efectos devastadores para el empleo y la economía si no lo impedimos a través de una movilización masiva en múltiples ámbitos.

La Unión Europea admite en sus informes la destrucción de entre 430.000 y 1.100.000 puestos de trabajo, confiando que los empleos se recuperarán reorientado la producción hacia el mercado estadounidense. Pero la realidad es que en un entorno de débil demanda internacional, tal esperanza es meramente propagandística: nos sirve de ejemplo el NAFTA, un acuerdo de dimensiones muy parecidas que redujo el empleo en más de 1.000.000 de personas tan sólo en EEUU.

Si no es el crecimiento, ¿qué objetivos persigue esta negociación? Nada menos que debilitar la soberanía democrática frente al poder económico. ¿Cómo? Profundizando en la no-coincidencia entre mercados y soberanías, ya sea reforzando un aparato de gobernanza supraestatal sistemáticamente sesgado contra los intereses de la mayoría de ciudadanos, ya sea eliminando los escasos aranceles que permanecen, consolidando nuestra inserción periférica en la división mundial del trabajo.

Esta voluntad antidemocrática se observa en la actividad diaria de la Comisión. Su agenda y compromisos se definen en el más absoluto secreto, obligando incluso al Defensor del Pueblo europeo a abrir una investigación. Y mientras los eurodiputados permanecen ajenos a las negociaciones, sin ni tan siquiera acceso a los documentos de los acuerdos hasta el mismo día de su firma, los grupos de presión empresariales no dudan en utilizar su influencia para orientar la redacción del TTIP. Sabemos, por ejemplo, que de 130 reuniones preparatorias, 119 fueron con representantes corporativos, quienes fueron extremadamente claros en sus prioridades.

En primer lugar, en palabras del lobbysta Shaun Donelly, se trata “de acabar con el principio de precaución”. Este principio, que rige en temas como la salud pública y el medio ambiente, nos protege de las agresivas campañas de la agroindustria, de los grupos farmacéuticos o del sector químico, que quieren imponer el uso de tecnologías o la comercialización de productos cuya seguridad no está probada.

Este principio es el que ha permitido que Europa mantenga una regulación más estricta en el uso de pesticidas en la agricultura o de agentes químicos en bienes de consumo diario; ha evitado la extensión indiscriminada del uso de hormonas en el ganado o de técnicas de minería y extracción energética sumamente agresivas. Pero la propia Comisión define tales protecciones como “barreras al libre comercio”, priorizando la obtención de un beneficio al bienestar ciudadano. Curiosamente, en cuestión de patentes, la posición será la contraria: imponer nuevas barreras a la entrada de medicamentos genéricos o a la creación de nuevas pautas de consumo cultural.

Pero hay más. La creación de un único mercado transatlántico también tendrá efectos negativos sobre la regulación laboral y financiera. El incremento de la competencia entre las mayores economías del mundo continuará la carrera hacia el dumping salarial, social y fiscal que la globalización impone a los Estados, con el fin de asegurar una primacía competitiva tan fugaz como dañina para trabajadores y trabajadoras.

Otra demanda regulatoria es la liberalización del sector público, con nuevas presiones para asegurar el funcionamiento “competitivo” del transporte y las infraestructuras públicas, los servicios sociales, la salud o la educación. Las menguantes salvaguardas que existen para asegurar una política industrial eficaz y un Estado del bienestar guiado por el interés público se disolverán en beneficio de los grandes grupos corporativos, sean estos europeos o estadounidenses.

Por supuesto, las multinacionales no sólo pretenden influenciar en la actividad legislativa de los Estados a través de la persuasión y los contactos informales y las “puertas giratorias”, si no que quieren dejar en el propio texto del Tratado, otra de sus demandas, ya incorporada en el CETA, que es la creación de tribunales internacionales de arbitraje (ISDS). Este permitirá a las empresas denunciar a cualquier Estado que incorpore cambios legislativos que dañen sus intereses de inversión. Cualquier Gobierno progresista se puede ver expuesto a pagar indemnizaciones multimillonarias. Estos tribunales, además, permanecen ajenos a las salvaguardas habituales en la legislación estatal; por ejemplo, las empresas tendrán la posibilidad de participar en la elección de sus miembros, asegurándose siempre una visión favorable a sus denuncias.

Canadá, con una legislación generalmente más avanzada que la de EEUU, ya está sometido a la disciplina de los ISDS a través del NAFTA. La batería de casos pactados o perdidos frente a las multinacionales incluye la casi totalidad de sectores de interés público: compensación por limitar el uso de aditivos tóxicos en la gasolina, por poner trabas a la exportación de residuos peligrosos, por establecer mínimos de inversión en investigación y desarrollo, por recuperar la gestión de bienes comunes tras el cierre de una fábrica, etc. Y tales litigios y sus paralizadores efectos no dejan de ir en aumento, animados por las respuestas favorables a los intereses corporativos.

Finalmente, cabe considerar el mensaje político que se dirige a los países no partícipes de este acuerdo. De ratificarse el TTIP, las condiciones de la integración entre las mayores economías mundiales sentarían un importante precedente para la negociación de nuevos acuerdos multilaterales (como el TISA, sobre servicios) y, en definitiva, para la integración de los países en desarrollo en el comercio económico mundial, en el que ya participan en considerable desventaja frente a las principales potencias industriales.

Frente al programa neoliberal, debemos oponer nuestra propia agenda exterior: basada en la cooperación entre países, la ayuda al desarrollo y el respeto estricto de los derechos humanos y laborales.

No puede haber libertad sin justicia; tampoco en el comercio.

Hace más de veinte años que el debate sobre el déficit democrático en la Unión Europea está abierto. La escasa capacidad que los ciudadanos tienen de intervenir en las actuaciones de la UE, unida a las tediosas trabas burocráticas, impide desde hace tiempo la madurez de un proyecto comunitario firme. Como medida para paliar críticas y en un intento por dotar al ente de cierta legitimidad popular se estableció, en 2012, la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). Mediante este mecanismo la ciudadanía tiene el derecho formal de presentar peticiones a la Comisión y así -en cierta medida- participar en los procesos de toma de decisiones de las instituciones de la Unión.

Para que la Iniciativa Ciudadana Europea sea tenida en consideración es necesario haber reunido un millón de firmas y contar con un comité compuesto por personas de siete países de la UE. Es, aunque limitada, una interesante oportunidad de participación ciudadana. Sin embargo, son muchas las veces en las que la protección de los derechos de la población, en este caso en materia de participación, queda mucho mejor sobre el papel.

El pasado 10 de septiembre la Comisión Europea rechazaba una Iniciativa Ciudadana Europea que pretendía reunir firmas para exigir la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos (TTIP) y la paralización del CETA, acuerdo económico y comercial que Canadá y la UE sellaron el pasado 26 de septiembre y que entrará en vigor en 2016.

Para desatender la petición, avalada y promovida por 240 movimientos sociales, sindicales y organizaciones ciudadanas de 20 países europeos, la Comisión se ampara en el recurrente “mire usted, no tengo competencias”, aunque paradójicamente es un organismo que afirma representar los intereses del conjunto de Europa y que se ocupa de negociar, en nombre de la UE, acuerdos comerciales con otros países.

Entretanto, las negociaciones del TTIP han alcanzado ya su séptima ronda y entran en la fase definitiva envueltas por su permanente y ya característica opacidad. El turbio secretismo en el que se desarrollan los encuentros, la total falta de información y los alarmantes datos relativos a los servicios públicos revelados en distintas filtraciones han desencadenado una firme oposición ciudadana. La cláusula que contempla la denominada 'solución de controversias entre inversores y Estados' - que permitirá que las corporaciones multinacionales tengan el derecho de demandar a los gobiernos si aprueban leyes o reglamentos que les ocasionen una pérdida de beneficios - así como la posible revisión a la baja de las regulaciones europeas en materia de salud, medioambiente y derechos laborales también han topado con un rechazo frontal de parte de la ciudadanía, que afirma no temer al poder corporativo ni a las instituciones europeas. Están decididos y avisan: “vamos a derrotar estos acuerdos comerciales”.

La Alianza Stop-TTIP, tras la decisión de la Comisión, no se ha amedrentado y ha puesto en marcha dos iniciativas. La primera acción consiste en preparar una acción legal ante el Tribunal Europeo de Justicia. Para esta plataforma, los acuerdos comerciales internacionales no deben ser negociados a espaldas de la opinión pública. Como mantiene Michael Efler, uno de sus miembros, son “negociaciones sobre las que no hemos tenido influencia” aunque “ se presentará el tratado al Parlamento y al público como un hecho consumado”.

Por otro lado, aparte de la vía judicial, la recogida de firmas para detener los tratados sigue adelante. La imposibilidad de hacerlo a través de las herramientas oficiales de la Comisión Europea ha provocado que el millón de firmas que avale el rechazo a los acuerdos de libre comercio se recopile a través de una herramienta propia que sigue el formato oficial, una ICE autoorganizada. Si la intención de la UE era invisibilizar la oposición ciudadana la jugada ha sido errónea. La sociedad civil ya ha demostrado que el TTIP es un asunto importante que preocupa a la ciudadanía. De hecho, a pocas horas de que se lanzara la iniciativa ya la habían firmado más de 100.000 personas.

El sábado 11 de octubre la protesta sale a la calle, coincidiendo con la tercera jornada mundial contra el fracking. Se celebrará en toda Europa un día de Acción Europea contra los acuerdos que la UE pretende imponer a la ciudadanía. Concentraciones, manifestaciones, charlas o debates constituirán la base de la protesta. El rechazo en España se intuye amplio, con más de 34 acciones repartidas por todo el territorio. Desde Economistas sin Fronteras entendemos que hay muchos derechos en juego e invitamos a la ciudadanía a informarse y participar en cualquiera de las iniciativas propuestas.

Este artículo refleja exclusivamente la opinión de sus autoras, Ana Encinas y Eba Armendariz

Una conversación secreta al más alto nivel diplomático en Ecuador, a la que ha tenido acceso eldiario.es a través de filtrala.orgfiltrala.org, revela las presiones de la UE para conseguir que el país latinoamericano firmara un Tratado de Libre Comercio (TLC) y apartarlo así de alianzas con Argentina, Uruguay, Brasil o Venezuela. Los cables confidenciales dejan ver también cómo aquella tentación europea avivó un cisma en el equipo diplomático y de comercio exterior del presidente Rafael Correa, en el que tuvo que intervenir personalmente el ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, y en el que despuntó el actual ministro de Comercio, Francisco Rivadeneira.

En estos mensajes está el origen del debate interno que existe actualmente en el partido de Gobierno en Ecuador. El país andino se encuentra a un paso de rubricar un acuerdo comercial con la Unión Europea que está generando polémica entre los propios fieles al proyecto de “revolución ciudadana” impulsado por Rafael Correa y que obligará al presidente a equilibrismos internos para sacarlo adelante.

La documentación que se publica hoy arroja dos hechos relevantes: primero, que Bruselas utiliza las políticas de Cooperación y los fondos de lucha contra la droga para negociar mercados libres para las empresas europeas. Segundo, que durante los años en que Correa arremetía contra los tratados de libre comercio, su equipo negociaba con la Unión Europea algo que desde Bruselas se dejaba claro que tendría que ser un Tratado de Libre Comercio con condiciones “agresivas”.

eldiario.es ha podido constatar la veracidad del contenido de estos documentos a partir de dos fuentes que aparecen en ellos y de una persona que corrobora el registro oficial de estos mensajes. Son informes oficiales, cables diplomáticos que van debidamente clasificados; pero también son informes profesionales de una persona concreta, con lo que en parte son interpretaciones parciales de la realidad.



Nueve cables diplomáticos secretos, recibidos a través de una colaboración con la Associated Whistleblowing Press y su plataforma EcuadorTransparente.org, parten de la red de filtrala.org, recogen mensajes confidenciales que se intercambiaron entre 2011 y 2012 la misión diplomática ecuatoriana ante la Unión Europea y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Ecuador. Es una selección de mensajes muy tensos que desvelan las presiones de la Comisión Europea a Ecuador para que cambiara leyes esenciales y la política económica para ajustarlas a un Tratado de Libre Comercio, bajo la amenaza de dejar fuera a Ecuador de ayudas arancelarias a países en desarrollo.

Hasta cuatro altos cargos europeos, entre ellos el director de Comercio de la Comisión Europea o el jefe de Negociaciones de la UE, aparecen en estos cables presionando a Ecuador para que acepte, sin ninguna otra alternativa posible, las condiciones de un Tratado de Libre Comercio que en la práctica implicaban que el Gobierno de Rafael Correa renunciara a sus políticas económicas y a parte de su esencia ideológica. Si no tragaban, Bruselas eliminaría a Ecuador de la lista de países que pagan menos aranceles en sus exportaciones a miembros europeos por ser sociedades empobrecidas o en vías de desarrollo; tampoco formarían parte de un programa similar pero centrado en la lucha contra la droga, el SPG Plus. ¿Cómo justificarían esa retirada? Con un ranking del Banco Mundial que apuntaba a que Ecuador tenía unas rentas medias bastante altas.

Un exeurodiputado que ha trabajado varias legislaturas en cooperación al desarrollo en las instituciones europeas confirma a eldiario.es que “en ocasiones, sí, la Comisión Europea ha utilizado estos fondos de cooperación como arma de negociación comercial, también en África”, y que hay cierto debate ético con eso.

“Ecuador no tiene alternativa a la adhesión, o quedaría aislado”

El relato que consta en esta documentación comienza con una reunión confidencial. Se produce el 17 de noviembre de 2011 a las 13.00 horas en Bruselas. Se ven las caras el viceministro de Comercio de Ecuador, Francisco Rivadeneira, y el director adjunto de Comercio de la Unión Europea, Peter Thompson. Junto a ellos está sentado, escuchando y muy enfadado, otro hombre: el jefe de la Misión diplomática ecuatoriana ante la Unión Europea, el embajador Fernando Yépez Lasso. 

Yépez Lasso envía cinco días después un cable diplomático a la atención de su viceministro de Exteriores, Kintto Lucas. Primero protesta enérgicamente: se había enterado de la reunión poco antes de que tuviera lugar y “por un funcionario europeo”. “Resulta incómodo”, dice en el lenguaje diplomático del enfado, “al no respetarse los canales regulares del procedimiento diplomático para una reunión de alto nivel”. Es el enfado de Yépez Lasso lo que facilita que en sus mensajes quede patente, durante el año siguiente, lo que a su juicio es una derrota de la línea política marcada por Rafael Correa.

En esas reuniones, se queja Yépez, la UE trata de chantajear al Gobierno de Ecuador: si no acepta determinadas condiciones comerciales para adaptarse poco a poco a un Tratado de Libre Comercio, tendrá que renunciar a las facilidades arancelarias que Bruselas prevé para las importaciones desde decenas de países en desarrollo. Pero aceptar esas exigencias, advierte Yépez, sería asumir que Ecuador escoge las normas el bando occidental y no podrá estar en la alianza económica de Mercosur, donde conviven Argentina, Brasil o Venezuela. Sería, recuerda Yépez, alejarse del discurso político que ha mantenido en público el presidente Rafael Correa.



“Esta posición de la Comisión Europea”, dice Yépez, ya tras la primera reunión de su colega con el director adjunto de Comercio de la Comisión, “es un elemento de presión hacia el Ecuador para que se sume al TLC ante la posibilidad de perder el SGP”, el acuerdo preferente en los aranceles. Según su relato de la reunión, la Comisión Europea insistía en que “para el Ecuador lo más conveniente es adherir al TLC que la Unión Europea ha concluido con Colombia y Perú”, países, sobre todo el primero, con excelentes relaciones políticas y comerciales con multinacionales españolas y norteamericanas.

En esa reunión despuntan algunas de las espinas que enconarían el resto del proceso: para aceptar el TLC, Ecuador deberá renunciar a parte del esquema público ecuatoriano para “sectores estratégicos” o la potenciación de las “compras públicas”; es decir, privatizaciones.

En otra reunión, el jefe de Negociaciones de la Comisión Europea para América Latina, Gaspar Frontini, lo expresa aún más claramente, según Yépez: “Ecuador no tiene alternativa a la adhesión del TLC”, transcribe el 7 de diciembre de 2011, ya que de lo contrario “perdería el acceso privilegiado al mercado europeo” y “quedaría aislado”.

El embajador arremete duramente contra lo que conllevaría aceptar el TLC europeo. Se trataría de perpetuar “el modelo de desarrollo neoliberal impulsado en la década de los 90” . Y va más allá: asegura que suscribirlo traicionaría “la letra y el espíritu de nuestra Constitución, así como de las Leyes de Empresas Públicas y de la Economía Popular y Solidaria”. El modelo ecuatoriano, dice un convencido Yépez, “está divorciado de los TLC”. Las opiniones de Yépez no dejan de ser continuistas con la doctrina política defendida en público durante años por Rafael Correa y Ricardo Patiño.

Sin llamarlo directamente chantaje, el embajador lo expresa a su manera en los desahogos ante su viceministro: se trata de una “presión por parte de la CE y de ciertos sectores empresariales para que Ecuador adhiera el TLC” como “única alternativa para evitar la pérdida de acceso” al mercado europeo, con “sus eventuales efectos económicos, comerciales y sociales”.

En plenas vacaciones navideñas de 2012, las cosas se aceleran. Mientras que el Gobierno emite un comunicado diciendo "Presidente Correa dice sí al Mercosur y no al TLC con la Unión Europea", el viceministro de Comercio ha seguido con su línea independiente de conversaciones con las instituciones europeas; el embajador escribe al ministerio muy enfadado: la conclusión que él saca del acta que le ha llegado de esas reuniones es “clara, precisa y unívoca: Ecuador quiere negociar su adhesión al TLC”. Eso queda coronado por un titular puesto en boca de Rivadeneira muy contundente: “No nos interesa adherirnos al Mercosur”.

Había algo que Yépez Lasso no controlaba. Las reuniones sucedían a sus espaldas, presencialmente o por videoconferencia. Él, por su parte, mantenía encuentros donde insistía en la posición oficial, para sorpresa de sus interlocutores europeos, que recordaban reuniones previas con el viceministro de Comercio en las que se abría la puerta a una negociación para el TLC.

Francisco Rivadeneira es un hombre en ascenso. Se siente muy respaldado en lo que está haciendo. En enero de 2012 envía un durísimo mensaje al embajador, en copia al todopoderoso ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño. Es un texto conciso, dividido en cuatro puntos, reprende la “actitud inconsulta” –de nuevo, el lenguaje diplomático del cabreo– y señala que “la gravedad de su actuación” ha provocado que la UE haya congelado las negociaciones hasta que los ecuatorianos se aclaren. Yépez Lasso vuelve a responder con más madera contra Rivadeneira. Y con que tú no eres mi jefe.

Cuando Comercio desborda a Exteriores

El punto y final a estas tensiones es también una premonición. El ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, tiene que intervenir para darle la razón a su subordinado, Francisco Rivadeneira, que acabaría un año después siendo ascendido a ministro un año después siendo ascendido a ministropor Correa, que desgajó la cartera de Comercio Exterior fuera de Relaciones Exteriores para darle independencia.

Patiño escribe dos escuetos párrafos que rompen con una cadena de mensajes cada vez más encendidos con parrafadas llenas de literatura diplomática y eufemismos cargados de disputa. El ministro establece que hay que avanzar tanto con el Mercosur como con la UE para ver a dónde llegan las negociaciones; “conocidos los resultados de ambos procesos, tomaremos las decisiones definitivas”.

Yépez no sale de su asombro. Y advierte, ya a modo de recomendación desesperada: “Ecuador podría conseguir algunas particularidades” en ese TLC “pero en lo sustantivo, en sus fines, en sus modalidades y en sus efectos” será, advierte, “un TLC de aquellos que rechaza el Jefe del Estado”.

¿Y qué pasó?



La fecha clave era enero de 2014, cuando Europa tenía que renovar las ayudas arancelarias y contra la droga a los países en desarrollo. Ecuador sigue estando entre los países que se benefician de esas ayudas, tras una prórroga excepcional. El país andino no forma parte del Mercosur. Ha suscrito un preacuerdo comercial con la Unión Europea, que el Gobierno de Ecuador asegura que "no es un TLC" sino que respeta las particularidades ecuatorianas; y que los críticos aseguran que "sí es un TLC".

Entre esos críticos está alguien que recibió los mensajes que hoy se hacen públicos: Kintto Lucas, viceministro de Exteriores que dejó su puesto poco después de que comenzaran estas tensiones. Él mismo ha tuiteado al calor del actual debate en Ecuador sobre el acuerdo al que se está llegando con Europa:

En los comunicados oficiales de la Unión Europea se habla en todo momento de que “se han introducido algunos ajustes” al acuerdo con respecto a los cerrados con Colombia o Perú, pero que “el balance general y la ambición del Acuerdo no se han visto afectados por estos ajustes”. En la misma nota, del pasado 23 de septiembre de 2014, se anuncia que “la UE y Ecuador publicarán los documentos de su acuerdo, por el que Ecuador se suma al acuerdo existente con Colombia y Perú”. Los pormenores de los tres países andinos se desglosan conjuntamente en la documentación oficial de la comisaría de Comercio de la Comisión Europea. El Gobierno de Correa insiste en que esos “ajustes” son en realidad cambios sustanciales que hacen que el Acuerdo Comercial para el Desarrollo algo que blinda la soberanía económica de Ecuador y de su proyecto político.

El viceministro de Comercio, Francisco Rivadeneira, es hoy ministro de Comercio. El embajador Yépez Lasso dejó de ser embajador y fue nombrado en un puesto de subsecretario en el Ministerio de Exteriores de Ecuador.

Me sorprende que los que con más ahínco defendieron en campaña estas cuestiones, con más empeño critican hoy el Acuerdo comercial con Estados Unidos que está negociando la Comisión Europea

La mayoría de los diputados del Parlamento Europeo defendimos con firmeza durante la campaña electoral la importancia de impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Por tanto, me sorprende que los que con más ahínco defendieron en campaña estas cuestiones, con más empeño critican hoy el Acuerdo comercial con Estados Unidos que está negociando la Comisión Europea. Acuerdo que es un instrumento, precisamente, para impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

Según algunas estimaciones, el PIB de la Unión Europea podría crecer anualmente hasta un 0,5% más gracias a este Acuerdo. Asimismo, más de dos millones de empleos se podrían crear en la UE, 143.000 de ellos en España. Por tanto, me sorprende que algunos de mis colegas ataquen con tanta virulencia este Acuerdo. Que tiene cuestiones mejorables nadie lo duda, pero que debemos tener siempre presente los aspectos positivos del mismo, debería también estar fuera de toda duda. Máxime cuando las PYMES, llamadas a protagonizar la recuperación económica y creación de empleo, serán las grandes beneficiarias, ya que este Acuerdo permitirá avanzar en la armonización regulatoria que facilitará los trámites para la exportación; la eliminación de aranceles que facilitará el desarrollo de su actividad; la supresión de barreras comerciales que disminuirán los costes; el refuerzo y la garantía de los derechos de propiedad intelectual e industrial y, por último, habrá una mayor oportunidad de expandir su negocio mediante el comercio online.

Los sectores más favorecidos serán el automovilístico, maquinaria y productos eléctricos, químico, productos farmacéuticos, suponiendo además una oportunidad para las energías renovables. Además, la agricultura puede salir muy beneficiada del Acuerdo, sin embargo las negociaciones serán complejas, principalmente en relación a las subvenciones y los productos modificados genéticamente.

En cuanto a las consecuencias adicionales del Acuerdo destacan el incremento de la competencia, el impulso de las relaciones comerciales y la dimensión triangular del acuerdo con América Latina, costa atlántica africana, Corea del Sur y Pacífico.

La concentración de la actividad económica por empresas transnacionales les permite actuar como una auténtica clase social internacional cuyo objetivo es defender sus intereses económicos frente al bien común

Desde hace años funcionan foros empresariales internacionales para influir en las instituciones internacionales

Entre los principales retos que se nos plantean en este mundo globalizado, el aumento de la desigualdad debida a la creciente concentración de la riqueza ocupa un lugar prioritario. El famoso lema del movimiento Occupy, “Somos el 99%”, implica que el 1% restante de la población es la que concentra la riqueza. Pero esa cifra resulta excesiva. En realidad, tan solo el 0,001% de la población mundial (algo más de 100.000 personas) controla el equivalente a una quinta parte del PIB mundial, según pone de manifiesto el informe sobre el estado del poder 2014 de la organización Transnational Institute (TNI). Esta concentración de la riqueza económica se corresponde con un dominio cada vez mayor de las empresas transnacionales en la economía mundial.

Si bien es cierto que los gobiernos siempre han ejercido su poder político en beneficio de ciertos intereses, en la actualidad en muchos casos son las propias transnacionales, a través de sus lobbies, las que dictan leyes y regulaciones, incluidas las políticas industriales, presupuestarias, financieras, laborales, sociales o medioambientales. La concentración de la actividad económica por esas grandes empresas transnacionales les permite actuar como una auténtica clase social internacional cuyo objetivo es defender sus intereses económicos frente al bien común. Pero además, buscan legitimar su ejercicio del poder y acabar con conceptos como el interés público, el estado de bienestar o el bien común.

Para ello, desde hace años están funcionando foros empresariales internacionales para influir en las instituciones internacionales, impidiendo o desmontando cualquier barrera regulatoria y sentando las bases que faciliten su crecimiento. Por ejemplo, la European Round Table of Industrialists (ERT), red de unas 50 grandes empresas europeas que desde principios de los años ochenta decidieron trabajar conjuntamente para dar forma a la política europea y fomentar el desarrollo de un mercado interior “competitivo”, mediante una regulación (o desregulación) favorable a sus intereses.

En el ámbito de las Naciones Unidas, las grandes empresas transnacionales están posicionándose también en los debates sobre la agenda del desarrollo. Su voluntad de participar activamente en el rediseño de la gobernanza global se constata en las declaraciones e iniciativas del Foro Económico Mundial o Foro de Davos (WEF, en sus siglas en inglés), la mayor y más conocida asociación de líderes empresariales del mundo desde la que se apuesta por un nuevo sistema de gobernanza en el que los asuntos mundiales sean gestionados no por los Estados, sino por alianzas formadas por los grupos de interés (stakeholders), es decir, por las empresas transnacionales, los gobiernos más poderosos, un grupo de intelectuales escogidos y algunos miembros invitados de la sociedad civil.

Esta apuesta por la concurrencia de los “múltiples agentes interesados” (multistakeholderism) para definir las soluciones a los asuntos globales está penetrando cada vez más el sistema de gobernanza global. Como resultado, son las empresas transnacionales las que están asumiendo el protagonismo, dado su enorme poder al que difícilmente pueden enfrentarse otros actores, como las organizaciones de la sociedad civil o incluso otros gobiernos o los parlamentos nacionales.

Las grandes trasnacionales están participando, e incluso asumiendo el protagonismo, en varios de los programas y procesos en marcha en Naciones Unidas, en especial en los relacionados con temas tan sensibles como la alimentación, el agua o la energía.

Ya desde 2002, a raíz de la Cumbre de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, se desarrolló un Plan de Aplicación que dio lugar a cerca de 200 alianzas para el desarrollo sostenible, la mayoría con la participación del sector privado empresarial. Del mismo modo, desde la Secretaría General de Naciones Unidas se han promovido alianzas específicas para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La cuestión que se plantean numerosas organizaciones de la sociedad civil es: ¿cómo se puede aceptar financiación para la consecución de los ODM de transnacionales y sus fundaciones mientras que sus políticas empresariales despojan de derechos a grandes grupos de población?

Este nuevo modelo de gobernanza que se está imponiendo en Naciones Unidas, y las soluciones propuestas, supone la imposibilidad de debatir sobre modelos alternativos al actual, al incorporar al sector privado empresarial como parte de la solución sin reconocer que también es parte del problema. Además, se está produciendo una drástica rebaja de los estándares de referencia de Naciones Unidas. Por ello, desde la sociedad civil se reclama que Naciones Unidas vuelva a asumir un papel central en la transformación para el cambio, en lugar de legitimar la idea de que no hay alternativa a las imposiciones del “libre mercado”.

Entre los principales problemas que plantea este modelo de gobernanza cabe destacar que la participación del sector privado empresarial en el desarrollo implica riesgos, que son soportados por el sector público, mientras los beneficios son para los inversores privados y las empresas. El sector privado empresarial no asume responsabilidades ni tiene obligación de rendir cuentas. Además, existe un evidente desequilibrio de poder entre las partes, por no hablar de la ausencia total de democracia en este nuevo modelo de gobernanza global.

A pesar de todo ello, tanto estados comprometidos con el bienestar de su población como organizaciones de la sociedad civil trabajan para evitar esta situación. En estos días se ha celebrado el 26º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), en el que Ecuador ha liderado una iniciativa de 85 países miembros para establecer un instrumento legal obligatorio que haga cumplir a las empresas transnacionales con las normas relacionadas con los derechos humanos y que sancione su violación en los territorios donde dichas empresas llevan a cabo su actividad. Esta iniciativa se enfrenta a la oposición, entre otros, de la Unión Europea, Japón o Estados Unidos, países en los que tienen su sede muchas de las transnacionales.

Por otro lado, numerosas organizaciones de la sociedad civil, tanto en los países del Norte como del Sur, llevan a cabo campañas de incidencia política y de sensibilización de la población sobre la gravedad de la impunidad con que actúan las empresas transnacionales, así como sobre sus planes para sustituir la democracia por una gobernanza guiada por esas grandes empresas. Ejemplo de ello es la campaña global “Desmantelemos el poder corporativo”, que reúne a más de 100 organizaciones de Europa, África, América Latina, Norte América y Asia con el objetivo de promover acciones de solidaridad entre movimientos sociales y redes locales y nacionales para aumentar la visibilidad de las campañas existentes sobre violaciones de derechos humanos por parte de las transnacionales en todo el mundo.

Asimismo, se está generando entre las organizaciones y movimientos sociales a ambos lados del Atlántico una amplia oposición al Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP), que está siendo negociado en la actualidad por la UE y Estados Unidos, con amplia participación de los lobbies empresariales, mientras las negociaciones se mantienen en secreto para el resto de la ciudadanía.

Entre los numerosos temas preocupantes que podría incluir este Tratado se encuentra el llamado Mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a las empresas demandar directamente a los estados en tribunales de arbitraje internacionales (creados ad hoc y que escapan a cualquier control, pasando por encima de gobiernos y sistemas judiciales nacionales) cuando esas empresas o inversores consideren que ciertas medidas gubernamentales han afectado a sus intereses como inversores. Las compensaciones a las empresas pueden llegar a ser de miles de millones de dólares. Estos mecanismos de solución de controversias están ya implantados a través de numerosos acuerdos comerciales y de inversión bilaterales, y existen numerosos casos de demandas por parte de empresas a estados soberanos.

En la actualidad, la Comisión Europea tiene abierta, hasta el 6 de julio, una consulta pública sobre el ISDS. Si bien esta consulta consiste en un extenso documento de 44 páginas, con preguntas muy técnicas y difíciles de contestar por no especialistas en inversiones, varias organizaciones sociales consideran relevante contestar a dicha consulta para mostrar a la Comisión nuestro desacuerdo, por lo que han desarrollado una herramienta online que permite responder individualmente a la consulta de manera sencilla. Esta herramienta está disponible en la web www.no2isds.eu.

Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autora.

El senador de IU, José Manuel Mariscal, ha afeado al presidente del Gobierno el secretismo con el que se negocia el Tratado de Libre Comercio entre la UE y EEUU y le ha exigido explicaciones durante la sesión de control que se celebra este martes en el Senado.

Mariscal ha denunciado que la negociación esté siendo “absolutamente opaca y de espaldas a la ciudadanía” y que podrá servir como herramienta jurídica “para eliminar obstáculos a los grandes grupos que obtengan beneficios”. El presidente del Gobierno ha asegurado que no será así y que en los otros 27 países de la UE “todos están muy contentos” porque será “muy positivo”.

El TTIP (siglas en inglés del Tratado Trasatlántico de Libre Comercio e Inversiones), cuyo borrador publicó eldiario.es gracias a la herramienta de filtraciones anónimas Filtrala.org, persigue igualar la regulación entre la UE y los EEUU para potenciar el comercio y la inversión. Sin embargo, el temor de varios partidos y organizaciones es que se traduzca en una mayor liberalización que beneficie la entrada de empresas privadas en los servicios públicos esenciales y afecte a los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

Para el senador de IU, la difusión del documento prueba que será así y que las grandes empresas podrán también beneficiarse si se instaura “un tribunal para las controversias entre inversores y países porque cualquier reglamento autonómico o municipal puede ser denunciado por una gran corporación”.

A su juicio, esto supone “una subasta a la baja de los derechos sociales y los servicios públicos” y acabará destruyendo el tejido productivo de las pymes, así como afectar en la protección del medioambiente y de la seguridad alimentaria. Mariscal ha exigido transparencia sobre la cuestión y que se abra un debate que lleve a votar estas decisiones en referéndum.

El presidente ha dicho ofrecer esa “transparecia” y ha invitado al senador a que solicite comparecencias en comisión si quiere más información y ha asegurado que todos los interesados ven el futuro acuerdo como muy positivo: “Estamos todos muy contentos y España será uno de los países más beneficiados porque creará entre 143.000 puestos de trabajo y 36.000 en el cálculo menos ambicioso”. Rajoy ha negado que los derechos laborales “tengan nada que ver” porque “ambas partes se han comprometido” y lo mismo ha asegurado de la protección al medioambiente.

¿Qué es el tratado de libre comercio e inversión (TTIP) que están negociando la Unión Europea y Estados Unidos? Este martes, 24 de junio, a las 19.00 en el Ateneo de Madrid (calle del Prado, 21), Attac ha organizando una mesa redonda sobre las consecuencias del TTIP.

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, modera un debate en el que participan Verónica Gómez (Attac Internacional), Luis Rico (Ecologistas en Acción, área Antiglobalización), Blanca Ruibal (Amigos de la Tierra, área Agricultura y Alimentación) y Carlos Ruiz (Attac, Observatorio Justicia Fiscal Global y Plataforma antiTTIP).

eldiario.es reveló el plan secreto que manejan las autoridades para liberalizar los servicios públicos

La Izquierda Plural ha pedido explicaciones al Gobierno sobre el Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea negocia con Estados Unidos después de que eldiario.es publicara este viernes el plan secreto sobre la liberalización de los servicios públicos. El grupo ha solicitado la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, para que explique las “consecuencias” que tendrá para España este plan “hasta ahora oculto”.

El grupo parlamentario ha advertido de que la documentación que publicó eldiario.es a través de la herramienta de filtraciones Filtrala.org “confirma” que las pretensiones de las autoridades europeas y estadounidenses de convertir a los países del sur de Europa “en presa fácil de los negocios previstos por las grandes corporaciones norteamericanas”.

El borrador por el que la Izquierda Plural solicita las explicaciones del Gobierno es el que ha elaborado la Comisión de Servicios e Inversión que incluye la oferta inicial de servicios a liberalizar, incluidos los públicos. El abanico de ofertas se abrirá también a los servicios sanitarios, servicios sociales, educación y cuestiones claves como los servicios de la energía.

“Este Tratado de Libre Comercio con EEUU, que en España cuenta con el impulso de PP y PSOE, puede afectar a los convenios laborales, a la regulación relacionada con el control sanitario de determinados productos, con los estándares medioambientales o con la propiedad intelectual”, señala el portavoz del grupo parlamentario, José Luis Centella.

La Izquierda Plural alerta de que ese plan secreto conllevará “privatizaciones” una vez que se apruebe y señala que “son los intereses económicos de las multinacionales los que dictan las negociaciones”. “La Comisión Europea se ha embarcado en más de un centenar de encuentros cerrados con 'lobistas' y multinacionales para negociar los contenidos del tratad”, concluye Centella.

El diario financiero británico Financial Times se ha hecho eco este viernes de la filtración del borrador del Tratado de Libre Comercio de EEUU y la UE que publicó este diario en colaboración con Filtrala.org. eldiario.es participa junto con La Marea y Diagonal en esta herramienta de filtración ciudadana que hace posible que se conozcan documentos secretos oficiales como este.

FT llevó a la portada de su edición digital la noticia con el enfoque de la exclusión de la banca de las negociaciones del Tratado, conocido por sus siglas en inglés TTIP. Tal y como avanzó eldiario.es, la UE decidió excluir de esta oferta inicial, que es una suerte de catálogo de áreas en las que está dispuesta a negociar, los servicios financieros como contestación a la decisión de EEUU de no negociar la cooperación regulatoria para la banca.

Desde el otro lado del Atlántico sostienen que su actual legislación financiera, nacida tras la crisis de 2008, es mucho más estricta que la europea, y que armonizar ambas regulaciones, tal y como se propone con la cooperación regulatoria, rebajaría sus actuales niveles de exigencia.

Como contestación, y tal y como recoge el documento filtrado ayer, la Comisión Europea ha decidido no negociar nada referente al sector de las finanzas, a la espera de que EEUU cambie de opinión y se avenga también a negociar su regulación.

Esta postura en las finanzas, da la razón a los críticos con el tratado que sostienen que la cooperación regulatoria supondría en la práctica una rebaja de las exigencias europeas, con una legislación más estricta que la estadounidense en todas las áreas excepto en materia financiera.

El FT asegura que ha contrastado con dos fuentes de la Comisión que la posición recogida en el documento es auténtica. Asimismo, eldiario.es contactó a la Comisión Europea, como también dice haberlo hecho el FT, que se ha limitado a contestar el ya clásico “no comment”.

Además, el diario económico recoge también como en esta oferta inicial, la UE ofrece la posibilidad de que los estados miembros flexibilicen la entrada de empresas estadounidenses para participar en negocios todas las áreas de servicios, incluidos los públicos como sanidad y educación. La misma idea recoge Euractiv, un diario digital especializado en información comunitaria y traducido a tres idiomas, que recogía los principales puntos de la filtración, así como las protestas de los sindicatos europeos ante lo que prevén un ejercicio de intromisión en los servicios europeos.

Por el momento, solo dos áreas están excluidas de negociarse en el tratado: el cine y la banca y Europa tampoco parece por la labor de levantar su prohibición a los productos genéticamente modificados que sí están autorizados en EEUU.

En el resto de campos, la UE está dispuesta a hablar aunque al iniciar las negociaciones ha puesto una serie de salvaguardas reservándose el derecho a no modificar su actual legislación, como en pesca, agricultura, minería, nuclear o también los servicios públicos.

Este ha sido el quinto documento filtrado en estas negociaciones que han sido clasificadas como secretas y que han costado uno de los mayores indicentes diplomáticos entre EEUU y la UE a costa de las escuchas de la NSA.