Un concejal de la formación local Agrupación de Vecinos se convirtió en el protagonista de un pleno de trámite en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) por los argumentos que empleó para oponerse a una moción por la que se pretendía criticar las intenciones expansionistas del reino de Marruecos hacia aguas territoriales de las Islas Canarias. Jacinto Reyes expuso que “en esta situación de pandemia, en esta situación de seguridad, parece ser que ustedes no viven en Vecindario [la localidad más populosa del municipio], pero les puedo asegurar que en Vecindario existen temas de inseguridad, y muchas veces propinados (sic) por colectivos magrebíes”.

El mismo concejal ya había intentado antes de la celebración del pleno que esa moción, que defendió la concejala de Nueva Canarias Yaiza Pérez, no fuera debatida, para lo cual acudió a los tribunales de justicia arguyendo que las pretensiones de Marruecos no son competencia municipal sino del Gobierno del Estado. Pero el juzgado correspondiente no le dio la razón. Una jueza dictó este mismo jueves por la mañana un auto en el que hacía valer por encima de aquella consideración la libertad de las instituciones democráticas para abordar cualquier tipo de debate. De ahí que fuera ahora y no antes de la pandemia cuando se abordara la cuestión en el pleno consistorial.

El alcalde de la localidad, Santiago Rodríguez (Fortaleza-Coalición Canaria), recordó al protestante concejal el derecho que le asiste a recurrir el acuerdo plenario una vez quedara adoptado, como así ocurrió por 17 votos a favor y seis abstenciones, los cinco concejales de Agrupación de Vecinos y la concejala que concurrió por Podemos y que fue expulsada ya hace meses tras una acalorada ruptura del grupo de gobierno.

Al concejal Reyes le replicó Pedro Sánchez en nombre de Fortaleza-Coalición Canaria: “Usted dice que no tiene ideología y le traicionó el subconsciente, se le ve cuando ha querido criminalizar a la población magrebí, asociando delincuencia con magrebí”.

El portavoz del PSOE, Julio Ojeda, anunció su voto a favor de la moción “porque está en la línea de lo que defiende nuestro partido y de lo que se ha votado ya por el Gobierno canario y en el Congreso de los Diputados”. El Partido Popular manifestó su voluntad de votar la moción si se suprimían los puntos que hablaban del derecho de autodeterminación del pueblo Saharaui. La edil no adscrita, Beatriz Mejías, apoyó las tesis de Agrupación de Vecinos para que los temas internacionales no se debatan en el pleno municipal. Finalmente la moción salió adelante con los votos de Nueva Canarias, Fortaleza y PSOE.

No es la primera vez que el partido de Jacinto Reyes, ex guardia civil, tiene gestos contradictorios con la integración racial en este municipio canario con unas 100 nacionalidades distintas censadas. En las elecciones locales de 2019, la candidatura de esa formación al Ayuntamiento de Santa Lucía incluía a un ciudadano marroquí residente en el municipio. Su foto aparecía con tan solo su nombre, Abdel, obviando la evidencia de su apellido.

Agrupación de Vecinos en Santa Lucía de Tirajana es la filial local de un partido de igual nomenclatura del vecino San Bartolomé de Tirajana, donde ejerce de marca local del PP.

El municipio grancanario de Santa Lucía, en el sureste de Gran Canaria, tiene censadas unas 100 nacionalidades, y la marroquí no precisamente es la más numerosa. Tras los españoles destacan los italianos, una de las nacionalidades que más ha crecido estos últimos años en Canarias.

Tras una reunión con el alcalde del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Santiago Rodríguez, (Fortaleza--CC), el secretario de Organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, ha descartado la posibilidad de llevar a cabo una moción de censura con Agrupación de Vecinos (AV): “En Nueva Canarias también coincidimos con el alcalde en que Agrupación de Vecinos representa lo que no se debe dar en la política, por decirlo de una manera muy suave, y no estamos ni vamos a estar en ninguna moción de censura”.

Estas declaraciones se producen después de que Agrupación de Vecinos (AV) reclamara al resto de formaciones del Consistorio grancanario apoyar una moción de censura al actual grupo de gobierno, en minoría después de la expulsión de cuatro concejales de AV y de Beatriz Mejías, del grupo de no adscrito.

En un comunicado, Ramírez también expresó que la voluntad de Nueva Canarias -que cuenta con siete concejales- es “buscar un acuerdo progresista en el plazo más breve posible que se base en un programa de gobierno para el avance social de Santa Lucía, para acabar con la imagen negativa que se ha dado en los últimos meses”. En la tarde de este lunes, el consejo político local de NC se reunirá para analizar la situación.

Por su parte, el alcalde de Santa Lucía ha remarcado que no pondrá “líneas rojas” para recabar los apoyos necesarios que “dé estabilidad al gobierno” y añadió que el pasado viernes tuvo una reunión con los socialistas (cinco concejales), a los que invitó a sumarse al grupo de gobierno.

“Los dos concejales del Partido Popular, Marcos Rufo y Sergio Vega, forman parte del actual gobierno municipal, igual que Rubén Bordón, de Agrupación de Vecinos, y queremos continúen”, ha remarcado Rodríguez.

Sobre si el acuerdo podría suponer cambios en la alcaldía, Rodríguez ha afirmado que está dispuesto a “poner todos los temas sobre la mesa, lo único que no vamos a hacer es compartir gobierno con AV ni con la concejala no adscrita Beatríz Mejías”.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana espera poder cerrar un “acuerdo en cuestión de días” que puede llevar al ayuntamiento a tener un gobierno “de 13, 15 o 20 concejales”, pero “dependerá de la voluntad de las otras fuerzas políticas”, concluyó.

Un encuentro “cordial”

En un comunicado, el concejal de Nueva Canarias Francisco García ha expresado que el encuentro con Fortaleza ha sido “cordial” y ambas formaciones han buscado “vías de entendimiento” que podrían desembocar en la consecución de “un pacto de progreso”.

Aunque reconoce que aún “no se ha cerrado ningún acuerdo”, considera que “existen posibilidades de llegar a un entendimiento”.

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha afirmado que su partido está dispuesto a aportar soluciones para dar estabilidad al Ayuntamiento de Santa Lucía, cuyo gobierno municipal ha quedado en minoría tras cesar el alcalde, Santiago Rodríguez (Fortaleza-CC), a cinco ediles.

Román Rodríguez ha señalado que la “estabilidad es la clave del éxito” en la política, así como que “va en el ADN de NC buscar el entendimiento y acuerdos”.

Así mismo, ha remarcado que en el municipio de Santa Lucía se encuentra una parte importante de las raíces de su partido.

El alcalde de Santa Lucía destituyó este jueves a cuatro de sus concejales de Agrupación de Vecinos y a la edil del grupo de no adscritos Beatriz Mejías por pérdida de confianza y “deslealtad”.

Rodríguez ha hechos estas declaraciones tras reunirse con la junta directiva de la Confederación Canaria de pequeñas y medianas empresas. 

Tras la nueva situación de inestabilidad política que vive el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, al ser destituidos por el alcalde cinco de los trece concejales de gobierno, Nueva Canarias expresa que “la prioridad es devolver la tranquilidad” a la principal institución municipal.

Así lo expresó Francisco García, portavoz del grupo de concejales nacionalistas. “La ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana no se merece los ocho meses de desasosiego” que se han vivido en el municipio por la “evidente desconfianza” que existe entre dos de los grupos que conforman el gobierno: Fortaleza y Agrupación de Vecinos (AV), así como hacia la concejal del grupo de No Adscritos, Beatriz Mejías.

Nueva Canarias desea que el Ayuntamiento recupere el rumbo político y la estabilidad que han sido seña de identidad de esta administración en las últimas décadas, lo que ha propiciado que el municipio experimentara un crecimiento y desarrollo económico y social puntero en la isla.

Solicitud de reunión

Francisco García ha informado, tras ser preguntado por algunos medios de comunicación, que el alcalde, Santiago Rodríguez, le ha llamado para mantener una reunión en representación de NC con el objetivo de analizar la nueva situación política. Una reunión que se cerrará previa comunicación a la Ejecutiva local y al secretario de Organización de los nacionalistas, Carmelo Ramírez.

El portavoz de los concejales de NC ha declarado que su formación “está abierta a hablar con todos los partidos con representación en el Ayuntamiento” porque recuperar la estabilidad política para Santa Lucía “es ahora más importante que nunca”.

En este sentido hizo un llamamiento a la generosidad y flexibilidad de todas las fuerzas políticas para anteponer los intereses de Santa Lucía de Tirajana y su ciudadanía ante cualquier rédito partidista, de manera que se pueda poner fin a la inestabilidad que se ha instalado en el Ayuntamiento desde que se conformó el gobierno municipal el pasado mes de julio.

“Un estudio hemodinámico proporciona información acerca de cómo se encuentran las presiones sanguíneas en el sistema cardiovascular”. Así cataloga el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid la práctica de la hemodinámica, mediante la cual los especialistas pueden tanto “detectar diversas patologías” como “saber si un paciente debe o puede ser sometido, y en qué momento, a una determinada cirugía”.

Las unidades de hemodinámica son primordiales para la atención urgente a personas infartadas, y en los últimos años en la Región de Murcia además han generado una serie de controversias: en el territorio de la Comunidad hay dos hospitales públicos que ofrecen un servicio de estas características, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, centro de referencia a nivel regional, y el Hospital General Universitario Santa Lucía, en Cartagena, adscrito al Área de Salud número dos de la Región.

Las polémicas se encuentran directamente relacionadas con el servicio de hemodinámica ofrecido en el hospital de la ciudad portuaria, y están dirigidas hacia su horario de apertura, que únicamente atiende a los pacientes de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, en una especie de horario de oficina. De modo que si una persona sufre un infarto fuera de ese intervalo, no solo se imposibilita su adecuada atención en el Santa Lucía, sino que debe ser trasladada con premura a la Arrixaca, lo que llegado el caso supondría la pérdida de un tiempo muy valioso para una situación tan delicada. Los habitantes y los grupos parlamentarios municipales de Cartagena están reclamando desde hace años la equiparación del servicio a la misma amplitud temporal que el tratamiento hemodinámico en la Arrixaca, que permanece abierto 24 horas todos los días del año, con el firme argumento de que el hospital cartagenero atiende, aparte de a la población de la ciudad, también a la de municipios cercanos como Fuente Álamo, La Unión, o Mazarrón, entre otros.

Varios casos de cardiopatías e infartos se han visto agravados por el horario reducido en el Santa Lucía. Uno de ellos fue el del padre de la portavoz del grupo municipal Unidas Podemos IU Equo, Pilar Marcos, en abril de 2019, quien llegó enfermo al hospital fuera del horario de atención, y hasta casi 7 horas más tarde no fue trasladado y tratado en la Arrixaca, donde, aunque le intervinieron en quirófano, no se pudo evitar su muerte. Marcos aseguró a eldiario.es que interpuso una denuncia unos días después del suceso por “una pésima aplicación del protocolo de intervención”. Para ella existe “un maltrato institucional hacia las personas y hacia las familias que sufren una pérdida tan grave”, puesto que en Cartagena, remarcó la portavoz, “está el servicio, los aparatos y las máquinas, y lo único que tienen que poner son los profesionales para que pueda estar abierto las 24 horas del día”.

En un primer momento, el 3 de mayo, Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, tildó de “disparate” decir que “la vida de los cartageneros corre peligro en función de la disponibilidad o no de estos servicios”, afirmación que desencadenó un aluvión de críticas en el Consistorio cartagenero, y que incluso fue motivo de una moción propuesta por la formación morada, en la que se puso de manifiesto un informe publicado en Octubre de 2018 en la Revista Española de Cardiología, avalado y firmado por cardiólogos del Santa Lucía. En el documento se recoge el cálculo de la tasa de pacientes de hemodinámica de Cartagena fallecidos en su hospital, del 4%, y la de pacientes cartageneros que sufrieron el ataque fuera del horario y fallecieron en la Arrixaca, o durante su traslado hacia allí, del 9,1%. Más del doble de diferencia entre ambas.

Entonces el Gobierno de la Comunidad, en una decisión que Pilar Marcos tachó de “electoralista” (las elecciones autonómicas se celebraban el 28 de mayo, ya había comenzado la campaña), se comprometió a abrir en el próximo ejercicio la unidad de hemodinámica a tiempo completo en Cartagena. Fuentes de la Consejería de Sanidad, en declaraciones a este medio, aseguran que el Gobierno Regional incluirá, en los presupuestos de 2020, “una partida específica en torno a un millón de euros para su puesta en funcionamiento”, aunque no arrojan ningún indicio de fecha aproximada.

Con todo, la atención urgente a infartos no aparenta ser un problema cuya única solución sea la apertura inmediata de una hemodinámica íntegra en la ciudad portuaria. Fuentes de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia relatan a eldiario.es que “en la comarca del noroeste, en poblaciones como Moratalla, Jumilla o Yecla no disponen de este servicio”, y que el tiempo que se tarda en llegar desde Cartagena a la Arrixaca es “infinitamente inferior” al de cualquiera de estas localidades, que se encuentran mucho más alejadas del hospital de referencia.

En lugares cuya travesía a la capital es tan extensa todo depende del transporte, y la asociación de usuarios subraya la necesidad de contar con “un transporte sanitario urgente mucho más dotado de profesionales y medios”: En primer lugar, más ambulancias medicalizadas (UME), y en segundo, un helicóptero medicalizado, inexistente en la Región de Murcia y constantemente reclamado por los profesionales sanitarios, que permitiría “transportar a las personas con la máxima urgencia en muy poco tiempo”. También inciden en la importancia de abrir UCIs (Unidades de Cuidados Intensivos) en esas zonas alejadas del noroeste, que reforzarían la atención a sus habitantes, y que en muchos casos incluso evitarían su traslado a la Arrixaca.

Así que el posible desenlace del debate sobre el servicio hemodinámico en el panorama autonómico pasa por una rápida actuación política en dos vertientes, y en este sentido han ido las declaraciones de fuentes del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia a eldiario.es: Por un lado insisten en la importancia de “instaurar el servicio completo en Cartagena”, para lo que aseguran que “hay voluntad política de hacerlo, pero no certeza de cuándo se va a llevar a cabo”, y por otro aclaran que, dada la evidente imposibilidad de contar con “una unidad hemodinámica al lado de cada casa”, el factor clave es el transporte medicalizado, cuyos activos, matiza el organismo, “hay que reforzar, replantear y desarrollar”. “Las decisiones, como todo en sanidad, se tienen que tomar de acuerdo a la ciencia y a la evidencia”, concluyen las fuentes colegiadas. La decisión de mejorar un servicio que ha levantado polémica en la ciudad portuaria en los últimos tiempos, parece, está tomada. Falta saber cuándo, y cómo.

“La diferencia entre los inmigrantes y los solicitantes de asilo es que los últimos no estamos preparados ni económica ni psicológicamente para salir de nuestro país, lo hacemos por fuerza”. En esta afirmación coinciden varias personas que han solicitado protección internacional en España y que han residido en los dos centros de Gran Canaria dirigidos a atender a quienes por motivos de “raza, religión, opinión política, género u orientación sexual” se ven obligados a dejar atrás su casa, su vida y, en ocasiones, a su familia.

Alcanzar la protección solicitada no es fácil, pero para estos hombres, mujeres y también menores implica no ser devueltos al país del que huyen, ni expulsadas del país de asilo. En definitiva, tener un lugar en el que estar a salvo e intentar rehacer su vida poco a poco mediante el acceso a la educación, a la sanidad, a permisos para una vivienda permanente y para acceder a un trabajo. “Da igual la preparación o la formación que tengas, cuando tienes que salir de tu país sin nada te sientes chiquitita”, señala una joven venezolana.

Este 2019 se cumplen 25 años desde que el Archipiélago se convirtió en refugio. En 1994 se inauguró en Vecindario, Gran Canaria, el primer Centro de Migraciones (CEMI). Un espacio cedido por el Cabildo Insular, gestionado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y que ha ido creciendo con el tiempo. “Es un edificio preexistente a todos los que le rodean, primero tenía solo una planta y un equipo de servicios muy pequeño, ahora tenemos que cuadrar hasta los tiempos y los espacios por todos los que somos”, señala Fátima Melián, responsable del centro.

El éxito del servicio fue de tal magnitud que hace dos años se creó otro CEMI en San Antonio, en la capital grancanaria. “Durante los seis meses que los usuarios pasan en estos lugares, nuestro equipo les da atención psicosocial, sanitaria, les ofrece ropa y sobre todo pone en práctica dos verbos fundamentales: escuchar y estar”, señala Alicia López, encargada del CEMI de San Antonio. El objetivo es que en este período de tiempo accedan a las herramientas necesarias para que, una vez fuera, puedan alcanzar la plena autonomía.

En una situación diferente se encuentran los usuarios del plan de acogida humanitaria, que asiste a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, como aquellas que llegan por costas en cayuco o patera o que atraviesan la valla de Melilla. El responsable de esta área, Stephan Hussein, explica que a estas personas cuando llegan a tierra se les abre una orden de instrucción por haberlo hecho de forma irregular. Después se les envía al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde pasan tres meses.

Si en este período aún no se han formalizado los acuerdos necesarios para devolverlas a su país de origen, quedan fuera del CIE y pueden acogerse al Plan de Acogida Humanitaria, en el que Cruz Roja y CEAR cuentan con 46 plazas para ofrecer acompañamiento, techo y manutención por tres meses. “Su situación es más difícil y más incierta. Llegan con muchas ganas de trabajar, pero para conseguir empleo tienen que llevar tres años en España. ¿Cómo les digo yo que cuando pasen los tres meses no van a poder trabajar?”, lamenta Hussein.

El mito sobre quienes llegan por mar

El mito sobre quienes llegan por marEn estos 25 años, un total de 2.200 personas se han beneficiado de los CEMI en la Isla. El perfil de los usuarios ha ido cambiando con el paso del tiempo, ya que está sujeto a los conflictos que protagonicen el contexto internacional en cada momento. “Hace algunos años, en Canarias solicitaban el asilo más personas de otros lugares como Costa de Marfil o Liberia”, apunta Amanda Alonso, responsable de primera acogida en CEAR, un servicio que se encarga de asistir a los solicitantes en aeropuertos, puertos y puestos fronterizos, de la derivación y de dar la primera evaluación del caso, así como atender las necesidades básicas y urgentes.

En la actualidad, según los datos de CEAR de 2018, Venezuela es el país de origen de la mayor parte de los solicitantes de protección internacional en España (19.280), seguido por Colombia (8.650) y Siria (2.775). “Hay muchas personas de Venezuela en los CEMI. La situación que se está viviendo allí también tiene repercusión en la gente que está fuera”, apunta Alicia López. “Se hacen las tres y las cuatro de la mañana y no podemos pegar ojo, cada vez que suena el teléfono me sobresalto”, revela un usuario venezolano. De este modo, los datos desmienten las cifras alarmistas que dibujan una imagen invasora sobre las personas solicitantes de asilo que llegan al territorio español por mar de forma irregular. “El número de personas que llegan por costas es ridículo frente a las que vienen por aeropuerto”, sentencia Fátima Melián.

Idas y venidas de la Ley de Asilo

Idas y venidas de la Ley de AsiloDesde que en 1984 se formulara la primera ley estatal reguladora del derecho al asilo y la condición de refugiado, la norma ha sido modificada en tres ocasiones. La primera reforma coincide con la fecha de apertura del CEMI de Vecindario, 1994. Las principales novedades que introduce esta nueva regulación son la supresión de la distinción entre asilado y refugiado, que pasan a ser un mismo concepto, y la creación de una fase previa en el examen de las solicitudes de protección internacional, mediante la cual se pueden rechazar de forma rápida las peticiones “manifiestamente abusivas” o “infundadas”. Esta restricción responde a la Proposición no de Ley de 9 de abril de 1991 aprobada en el Congreso de los Diputados que determinaba que el sistema de protección a los refugiados políticos se había “desvirtuado” por el incremento de solicitudes que, “en su mayoría eran de inmigrantes económicos”.

En 2009, durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la ley pasó a ser más inclusiva, ya que al perfil de quienes tradicionalmente podían solicitar protección internacional en España: “apátridas o personas que se encuentran fuera de su país de nacionalidad debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social”, se incluyó también a aquellas que huyen por razones de género u orientación sexual. Esta ampliación ha sido determinante para los habitantes de los 72 países que criminalizan al colectivo LGTB. Entre ellos, ocho con pena de muerte, 14 con cadena perpetua y 57 con hasta 14 años de prisión. Además, también pueden acogerse a esta ley quienes sean perseguidos por actos que han realizado una vez fuera de su país. A pesar de ello, no basta con cumplir estas características, sino que se debe probar que la solicitante es víctima de persecución.

Por otra parte, la restricción trasversal a toda la regulación del refugio estipula que “en ningún caso se otorgará asilo” a quienes hayan cometido delitos de guerra contra la paz y la humanidad y a quienes hayan actuado en contra de la seguridad española.

Récord de solicitudes y de rechazos

Récord de solicitudes y de rechazos Según los datos de CEAR sobre el asilo en 2018, Canarias es la quinta comunidad autónoma que registró más solicitudes de protección internacional: 2.079 de las 54.065 en toda España (un dato que supone el 0,1% de la población). Se trata del dato más alto desde 2005, donde se registraron 5.257 peticiones. Sin embargo, el año pasado un 76% de las resoluciones fueron desfavorables. Por tanto, solo se resolvió de forma favorable una de cada cuatro solicitudes, reconociendo la protección internacional a 2.895 y el estatuto de refugiado a 575.

La complejidad de los trámites y la lentitud de los procedimientos ha provocado que queden 78.710 expedientes por resolver, como consecuencia de la necesidad de “mayores medios materiales y humanos para garantizar el acceso al procedimiento y su resolución”, tal y como valoraron portavoces de CEAR. Otro obstáculo considerado por la ONG es la exigencia de visado de tránsito aeroportuario a las personas palestinas, lo que dificulta su llegada a las fronteras españolas para solicitar asilo, quedando avocadas en muchas ocasiones a intentar sobrevivir en el conflicto. Un requisito que también se ha extendido a Gambia y Camerún.

Tres personas han resultado heridas, una de ellas en estado crítica y la otra de gravedad, tras una explosión en una vivienda situada en la calle Garafía del municipio grancanario de Santa Lucía.

Según informan los servicios de Emergencias, la explosión se ha producido cuando los operarios de una empresa privada se encontraban manipulando una bombona de gas. La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, ha asegurado en la Cadena Ser que los tres heridos son operarios de esa empresa y que el edificio estaba vacío.

Los heridos han sido trasladados en primer lugar, por error, al centro de salud de consultas de la localidad de Vecindario y, posteriormente, al Hospital Insular.

En la zona se han personado bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria del parque de Arinaga, unidades de la Policía Local de Santa Lucía y de la Guardia Civil. También han acudido dos ambulancias, una sanitarizada y otra medicalizada, para trasladar a los heridos.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a Silverio Matos, exalcalde del municipio grancanario de Santa Lucía, del delito de prevaricación del que le acusaba la Fiscalía en el denominado caso Palmera.

El Ministerio Público pedía para el exdirigente de Nueva Canarias (NC) ocho años de inhabilitación por haber aprobado en enero de 2015 un convenio con una empresa privada para adquirir terrenos en la zona de El Doctoral a cambio de participaciones sociales en la empresa mixta que el Ayuntamiento pretendía crear para concurrir al concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias, finalmente suspendido.

La sentencia, notificada este miércoles a las partes, también absuelve a Antonio Ruiz, exconcejal de Urbanismo de Santa Lucía, y a dos empresarios, José Luis Alemán y Antonio Marcial Sánchez. La Fiscalía pedía para el primero la misma pena que para Matos, ocho años de inhabilitación. Los otros dos procesados figuraban en la causa como consecuencia de la intervención de la acción popular, ejercida por el denunciante, Rufino Pérez, exconcejal del Grupo Ansite (una escisión del Partido Popular) en el municipio de Santa Lucía.

En su relato de hechos probados, la Sala incide en que el alcalde y el concejal de Urbanismo promovieron los tres convenios de permuta con informes favorables del arquitecto municipal y del interventor, sin que constara en el acta “ningún tipo de objeción” por parte de la entonces secretaria del Ayuntamiento, Agustina Méndez, por más que en su comparecencia ante el plenario asegurara que advirtió verbalmente a los miembros de la Junta de Gobierno de la ausencia de informe jurídico.

La sentencia, que tiene al magistrado Secundino Alemán como ponente, da validez a la pericial del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco José Villar Rojas, aportada por la defensa de Matos y Ruiz, para concluir que no era preciso el informe jurídico en el procedimiento elegido por la corporación local, el convenio de permuta, de naturaleza privada.

La resolución remarca que los acusados actuaron “con pleno convencimiento” de que la permuta no sólo era jurídicamente correcta, sino también “la única viable”, una vez descartada una operación de compraventa, ya que el Ayuntamiento no disponía de consignación presupuestaria, y la expropiación forzosa, cuya tramitación se hubiera demorado durante meses cuando la oferta para concurrir al concurso eólico se tenía que presentar en un plazo de 60 días. El proyecto “era el único viable para disponer de posibilidades de resultar adjudicatario”, señala.

Para la Audiencia de Las Palmas, en el juicio quedó acreditado que la operación, lejos de ocasionar un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de Santa Lucía, era “muy beneficiosa” para las arcas municipales. Según la memoria económica del proyecto, la explotación del parque eólico, a través de una sociedad mixta en la que la corporación se reservaba el control absoluto, con el 51% de las acciones, le hubiera proporcionado durante la vida útil de la infraestructura (20 años) un beneficio de más de veinte millones de euros.

“Encomiable esfuerzo” de la Fiscalía

La Sala destaca el “encomiable esfuerzo argumental” de la representante de la Fiscalía para sostener la acusación de prevaricación contra ambos exdirigentes, pero discrepa de sus conclusiones y niega la existencia de cualquier tipo de connivencia con los empresarios para favorecerles sin seguir los procedimientos exigibles, imposibilitando con ello la libre concurrencia, como argumentaba el Ministerio Público.

La sentencia incide en que los escritos de acusación no hacían ninguna referencia a que el objeto de los convenios fuera favorecer a una concejala del grupo de gobierno, Inmaculada Concepción Ramírez, que está casada con Agustín Domínguez, administrador de Machacadora Domínguez, una de las sociedades que cedieron terrenos al Ayuntamiento a cambio de un porcentaje de las participaciones en la sociedad mixta, del 9% en este caso. “Que el alcalde (Silverio Matos) oficie su boda no constituye ningún tipo de irregularidad” ni sirve “para acreditar ningún tipo de connivencia”, exponen los magistrados.

Tampoco se aludía en esos escritos a la posible existencia de inconveniente legal para que el Ayuntamiento pudiera formalizar ese convenio con el marido de una concejala. La aparición del nombre de la edil en el acta de la Junta de Gobierno se debe, según la resolución judicial, a un simple error, sin que su presencia, en todo caso, hubiera resultado relevante para adoptar la decisión.

Un falso “pelotazo” de 3,6 millones de euros

También rechaza los argumentos esgrimidos por la Fiscalía en torno a la desproporción entre el valor del suelo cedido (120.000 euros por 10.000 metros cuadrados) y el supuesto beneficio que el propietario privado iba a lograr con las participaciones durante la vida útil del parque (3,6 millones de euros). El Ministerio Público entendía excesiva la superficie cedida para la instalación en esa parcela de un centro de control que podía ocupar unos 150 metros cuadrados.

La Sala recuerda que tanto el autor del proyecto, Rafael Sánchez, gerente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, como los tres peritos judiciales que intervinieron en el juicio coincidieron en que la ubicación del centro de control en la parcela propiedad de Machacadora Domínguez era la ideal, de manual. El Ayuntamiento solo disponía de suelo con potencial eólico en esa zona, como acreditó el arquitecto municipal, pero era insuficiente para concurrir con visos de éxito al concurso, por lo que la corporación decidió, a propuesta del gerente de la Mancomunidad, adquirir parcelas colindantes de titularidad privada.

La sentencia subraya que la primera intención del gobierno municipal era presentarse al concurso usando solo terrenos públicos y que dejó fuera del convenio otra parcela de Machacadora Domínguez, dos circunstancias que, a su juicio, desmontan la teoría del favorecimiento de intereses particulares. “Es como el edificio alto con fuertes columnas que, sin embargo, está abocado a su caída al no tener cimientos sólidos”, manifiesta en torno a la posición de la Fiscalía.

Tampoco comparte la acusación del Ministerio Fiscal sobre el supuesto pelotazo de 3,6 millones de euros. La resolución judicial destaca, en primer lugar, que todos los socios de la empresa mixta partían del mismo punto, del mismo valor del suelo, por lo que no se benefició a ninguno de ellos. “Ni siquiera es correcto señalar que con una finca con un valor de 120.000 euros se va a ganar 3,6 millones, o más correctamente que la base del pelotazo esté en tal premisa que adolece de cierta simpleza”. Para la Audiencia, el error de partida es considerar “que se cambia una cosa por otra”, obviando que lo que cada socio aporta a la empresa es su valor patrimonial y que este viene determinado por el valor del suelo, que es el mismo para todos.

También cuestiona el dato, los 3,6 millones de euros de hipotético beneficio, porque partía de una estimación de 4.000 horas de potencial eólico cuando, según los coeficientes de optimización, debía situarse entre las 2.800 y las 3.000 horas, lo que reduce las ganancias de los 93 a los 61 millones de euros. En relación a la superficie cedida, la Sala recuerda que, además del centro de control, el proyecto preveía las canalizaciones hacia los aerogeneradores y una subestación.

Silverio Matos, alcalde del municipio grancanario de Santa Lucía entre los años 2000 y 2013, ha asegurado este miércoles, en el último turno de palabra del juicio por el denominado caso Palmera, que su procesamiento en esta causa, en la que se enfrenta a una petición de ocho años de inhabilitación, ha sido “injusto”. “Tengo la conciencia tranquila. Las cosas se hicieron correctamente y volvería a hacer lo mismo porque era beneficioso para el Ayuntamiento”, afirmó en relación a los convenios firmados con tres propietarios privados para que cedieran suelo al municipio a cambio de participaciones sociales en una futura sociedad mixta para la gestión del parque eólico que aspiraban a montar a través del concurso de asignación de potencia convocado por el Gobierno de Canarias en 2004.

Minutos antes, en su declaración como acusado, el exdirigente de Nueva Canarias (NC) afirmó que la decisión de participar en este concurso fue colegiada, entre todos los concejales del grupo de gobierno, ya que la corporación estaba “muy interesada” en el desarrollo sostenible y en las energías limpias. “Es la zona eólica por excelencia de la isla de Gran Canaria. Suponía que el alumbrado público y los servicios sociales se iban a poder pagar con el parque”. Matos explicó que fue el gerente de la Mancomunidad del Sureste, Rafael Sánchez, quien decidió qué parcelas se debían adquirir y que eran “las idóneas” para poder desarrollar el proyecto.

El exalcalde manifestó que el Ayuntamiento de Santa Lucía no podía comprar esos terrenos privados porque no disponía de consignación presupuestaria. El equipo de gobierno también rechazó la opción de iniciar un proceso de expropiación forzosa porque el expediente se podía alargar “dos años” y el plazo para la presentación de ofertas para el concurso eólico expiraba el 12 de enero de 2005. “Lo más práctico era la permuta. Si no salía el concurso, se devolvían las parcelas y (los empresarios) no tenían derecho a indemnización”, dijo.

Según Matos, el interventor le trasladó que los acuerdos eran “muy beneficiosos” para los intereses municipales. Sobre el reparto de las participaciones, aclaró que se trataba de un tema “técnico” sobre el que no le correspondía decidir, aunque confirmó que se sustentó en dos criterios: el Ayuntamiento debía tener el 51% de las participaciones y los socios privados tenían que repartirse el 49% restante en función del suelo aportado. “Rafael (Sánchez, gerente de la Mancomunidad) hizo el proyecto y consideró que eran necesarias las tres parcelas (privadas) colindantes”, manifestó en relación a la acusación de la fiscal sobre la denominada Doctoral 13, propiedad de la sociedad Machacadora Domínguez, administrada por el marido de una concejala del grupo de gobierno.

En relación a la ausencia de informe jurídico, Matos defendió que era la secretaria municipal, como fedataria pública, la que debió advertir de las irregularidades que hubiera apreciado. “Nunca me dijo que faltaba nada, yo entiendo que cuando las cosas van a Junta de Gobierno, van los informes completos”, manifestó el exalcalde.

Otro de los acusados, Antonio Ruiz, concejal de Urbanismo en el momento de los hechos, explicó que la reserva del 51% de las participaciones para el Ayuntamiento era “fundamental”, no solo por lo que podía repercutir a nivel económico, sino también por la capacidad de decisión que le otorgaba en la sociedad mixta de gestión. Al igual que Matos, el exedil señaló que nadie le informó de que el vínculo matrimonial entre una concejala del grupo de gobierno, Inmaculada Concepción Ramírez, y el administrador de una de las empresas de los convenios, Águstín Domínguez, impedía la contratación de esta empresa. “Lo comenté con los técnicos y nadie lo cuestionó. No era una contratación de obra o servicio, sino la adquisición de un suelo que tenía que ser ese”, zanjó.

“Si la denuncia prospera, tendré más posibilidades de llegar a donde anhelo”. El autor de esta frase, extractada del sumario del denominado caso Palmera, es Rufino Pérez. Cuando la pronunció ante la Guardia Civil, en mayo de 2007, era candidato a la Alcaldía de Santa Lucía en las listas del Centro Ansite, una escisión del Partido Popular (PP) en este municipio del sureste de Gran Canaria. La denuncia, presentada apenas 18 días antes de la celebración de las elecciones locales, estaba dirigida, entre otros, contra el entonces regidor Silverio Matos (Nueva Canarias), que era su rival en esos comicios y con el que había mantenido duros enfrentamientos a lo largo del mandato 2003-2007.

Esas palabras del denunciante del caso Palmera, leídas en la tercera y última sesión de la vista oral, demuestran, según la defensa de Matos y de Antonio Ruiz, exconcejal de Urbanismo de Santa Lucía, que la acusación en este procedimiento judicial responde a “una motivación política” que no encuentra respaldo en las pruebas practicadas en el juicio.

El abogado de ambos exdirigentes de NC, José María Guerra, ha lamentado que la Fiscalía haya asumido y hecho suya “hasta el día de hoy” esa denuncia de Rufino Pérez, que ejerce como acción popular, a pesar de que las declaraciones ante la Sala de seis técnicos, tres de ellos peritos judiciales, desmontan, en su opinión, las acusaciones. Las presuntas irregularidades se habrían cometido a través de la aprobación de tres convenios con otras tantas empresas para adquirir suelo a cambio de participaciones en la futura sociedad mixta de gestión del parque eólico, unos acuerdos con los que el Ayuntamiento pretendía concurrir con visos de éxito al concurso convocado por el Gobierno de Canarias en 2004.

La Fiscalía, que pide una condena de ocho años de inhabilitación para Matos y Ruiz, considera “plenamente acreditado el contubernio” para favorecer, en concreto, a uno de los propietarios, la sociedad Machacadora Domínguez, administrada por el marido de una concejala del grupo de gobierno. Según el relato del Ministerio Público, esta empresa pudo obtener mediante ese convenio (finalmente no aplicado por la suspensión del concurso eólico) unos beneficios “desproporcionados” por la cesión de 10.000 metros cuadrados, valorados en 120.000 euros, para instalar un centro de control. “Me sobran más de 9.000 metros”, ha dicho la fiscal Elena Herrera, que cuantifica en 3,6 millones de euros esos hipotéticos beneficios que obtendría esa sociedad a lo largo de la vida útil del parque.

El Ministerio Público ha cuestionado el procedimiento elegido, los convenios de permuta, al entender que en este caso no estaban justificados y que, de haberse aplicado, pudieron “despatrimonializar” al Consistorio al conceder a uno de los socios privados una contraprestación (el hipotético beneficio de 3,6 millones de euros) que supera en más de un 50% el valor de la parcela, cifrado en 120.000 euros. La fiscal considera que esta circunstancia debió acarrear la nulidad del contrato, si bien nunca se emprendieron acciones judiciales por este motivo en la vía administrativa.

También puso de manifiesto que la Junta de Gobierno aprobó los convenios sin informe jurídico, un trámite que considera preceptivo para este tipo de actuaciones a pesar de las dudas jurídicas que se han planteado durante la vista oral. La posición de la fiscal choca, de hecho, con los argumentos esgrimidos, en su calidad de perito, por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco José Villar, que defendió en su declaración que, al tratarse de un contrato de naturaleza privada, no urbanística, se regía por leyes de Patrimonio y que no conocía norma “de rango legal” que determine que es preceptivo. “Solo un reglamento pide que informe el jefe de servicio”, el arquitecto municipal en el caso de Urbanismo (que emitió un dictamen favorable).

Una acusación “sin pruebas”

En su informe final, el abogado de la defensa ha rebatido los argumentos de la Fiscalía y ha interesado la absolución de sus representados. Guerra ha recordado que, según la Oficina Técnica, el Ayuntamiento solo disponía de tres parcelas públicas con potencial eólico, por lo que, siguiendo las recomendaciones del autor del proyecto, Rafael Sánchez, gerente de la Mancomunidad del Sureste, decidió buscar terrenos colindantes de titularidad privada para poder presentarse al concurso. “Solo se podían adquirir parcelas de tres propietarios (las sociedades Machacadora Domínguez, El Águila y La Mareta)”, dijo.

El letrado de Matos y Ruiz remarcó la imposibilidad de convocar un concurso público para encontrar parcelas privadas, ya que, por la ubicación de los terrenos de propiedad municipal, en medio de dos barrancos, no había más opción que los mencionados solares. Cualquier otra solución habría pasado por trazar tendidos que cruzasen los barrancos, lo que exigía una autorización de su propietario, el Consejo Insular de Aguas, que además tenía intereses en el concurso eólico. La defensa aludió en este punto al informe de los peritos judiciales, que en sus conclusiones determinaron que la disposición prevista en el proyecto de Santa Lucía era “la mejor posible” y que las parcelas del convenio eran “necesarias” para presentarse al concurso. “No se ha intentando perjudicar al resto de propietarios (como sostiene la Fiscalía), es que no se podía hacer el parque en otro sitio”, manifestó.

También ha refutado el abogado del exalcalde el argumento del Ministerio Público de que la parcela denominada Doctoral 13, propiedad de la sociedad Machacadora Domínguez, era innecesaria para el proyecto. José María Guerra ha aludido al informe del gerente de la Mancomunidad y, de nuevo, a la pericial judicial, que recogió que la ubicación del centro de control en esa parcela era “correcta, incluso aconsejable” o “idónea” para la optimización del parque. El abogado ha incidido en que el proyecto también contemplaba en esta zona la instalación de un centro de interpretación, de información sobre las energías limpias, y que, según la declaración de otro perito, el ingeniero industrial Vicente Corbatón, “algunos elementos”, como la subestación, “tienen que ir aunque no estén señalados en el proyecto”.

“Era incuestionable la necesidad de adquirirlo. (...) La Junta de Gobierno tenía tres informes favorables del jefe de la Oficina Técnica, que decían que esa era la única zona para rentabilizar el parque, y tres informes favorables del interventor, a quien los convenios le parecen beneficiosos para el interés público. No se podía decidir en contra de esos informes”, manifestó Guerra, que recordó que el Ayuntamiento se quedó con el 51% de las acciones de esa sociedad mixta y, por tanto, con el mayor beneficio de la operación, a pesar de que no era la parte que aportaba más suelo. En esa decisión influyó que las bases del concurso eólico primaban los terrenos públicos sobre los privados con un factor multiplicador.

La defensa ha reconocido que la declaración “que más daño” le ha hecho ha sido la de la secretaria del Ayuntamiento, Agustina Méndez, que explicó que en la mencionada Junta de Gobierno advirtió verbalmente de la necesidad de contar con un informe jurídico para aprobar los convenios. Sin embargo, esta advertencia no consta en el acta de esa sesión. El abogado José María Guerra recordó que, en caso de que la secretaria hubiera detectado alguna irregularidad en esos convenios, cuyos borradores tenía desde el día anterior, debió solicitar al alcalde intervenir y hacerla constar, incluso paralizar su aprobación.

“La intervención política fue encomiable, suponía un ahorro a las arcas públicas. La Mancomunidad del Sureste hace los informes, prepara el proyecto, el Ayuntamiento no gasta dinero en comprar las parcelas (no había consignación presupuestaria para ello y la expropiación podía demorarse ”hasta dos años“) y los convenios contemplaban la devolución de las parcelas sin derecho a indemnización en caso de que no ganaran el concurso”, ha concluido el letrado, que se ha limitado a afirmar, en relación con la acusación popular, que también atribuye a sus representados los delitos de tráfico de influencias y cohecho, la “falta absoluta de rigor y de material probatorio”.

El caso ha quedado visto para sentencia.

La estrategia de defensa de Silverio Matos, exalcalde de Santa Lucía, y de Antonio Ruiz, exconcejal de Urbanismo del municipio del sureste grancanario, ha salido reforzada tras la primera sesión del juicio del denominado caso Palmera. En este procedimiento se dirime si ambos exdirigentes de Nueva Canarias (NC) prevaricaron al aprobar, en el año 2005, tres convenios de permuta con otros tantos propietarios de terrenos para conseguir suelo con el objetivo de concurrir, a través de una sociedad mixta (público-privada), al concurso eólico que había convocado el Gobierno de Canarias. La Fiscalía pide para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación.

Los funcionarios, técnicos y concejales que han desfilado este lunes por la sala 16 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria como testigos propuestos por las acusaciones (el Ministerio Público y la acción popular, ejercida por el denunciante, Rufino Pérez, exconcejal de la formación Centro Ansite, escindido del Partido Popular) han defendido la actuación de ambos políticos. Algunos de ellos han llegado a hablar, incluso, de un acuerdo beneficioso para los intereses generales del municipio.

Solo la hasta este mismo lunes secretaria accidental del Ayuntamiento, Agustina Méndez, ha declarado en contra de los acusados al afirmar que la Junta de Gobierno aprobó esos convenios sin informe jurídico, aunque con el respaldo técnico del arquitecto y el visto bueno del interventor. “Lo advertí en la Junta y me dijeron que ya se elaboraría, pero que no se podía parar porque había mucha prisa”, manifestó.

Las prisas, según manifestaron el entonces arquitecto municipal, Pedro Medina; el exinterventor, José Victoriano González, y el gerente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, José Rafael Sánchez, estaban motivadas por los plazos de presentación de oferta del concurso eólico convocado por el Gobierno regional, finalmente suspendido por una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Los convenios se aprobaron en la Junta de Gobierno celebrada el 11 de enero de 2005. Se trataba de tres permutas con las empresas Machacadora Domínguez, Inmuebles Comerciales La Mareta y la Sociedad Agraria de Transformación El Águila. A través de estos acuerdos, las mercantiles cedían tres parcelas situadas en el campo de viento de El Doctoral, colindantes con terrenos de propiedad municipal, para que el Ayuntamiento pudiera erigir en ese lugar un parque eólico. A cambio, la corporación les compensaría con participaciones en la sociedad que se crearía para gestionar el parque. El 51% de esta empresa mixta quedaría en manos públicas y el resto se repartiría en función del suelo aportado por cada una de las tres sociedades de la permuta (9%, 9% y 31%, respectivamente).

La Fiscalía solo ve delito de prevaricación en uno de esos convenios, el que atañe a la empresa Machacadora Domínguez. En su escrito de calificación sostiene que ese acuerdo se adoptó sin ninguna justificación técnica “ni de su necesidad, ni de su única concurrencia”, lo que, en su opinión “perjudicó no solo al referido consistorio al ceder esa participación de forma inútil o por mayor valor del necesario, sino simultáneamente al resto de ciudadanos, también titulares de terrenos de la zona, que podían haber concurrido”. La representante del Ministerio Público incide en que el valor registrado de la finca era de 120.000 euros y el estimado de las participaciones a lo largo de la vida del parque eólica ascendía, según una pericial, a los 3,5 millones de euros.

Únicos terrenos aptos para los aerogeneradores

La mayoría de los testimonios de la primera sesión del juicio se ha situado, sin embargo, lejos del relato de la Fiscalía. Pedro Medina, exarquitecto del Ayuntamiento de Santa Lucía, explicó que fue el concejal de Urbanismo, Antonio Ruiz, quien le pidió que informara de forma urgente sobre la calificación urbanística de esas parcelas (rústica de protección agraria de costa) porque necesitaba llevar a la Junta de Gobierno esos convenios. El técnico municipal, que ejercía entonces como jefe de servicio, negó que hubiera recibido cualquier tipo de instrucción para informar en un sentido u otro y precisó que ese tipo de suelo permitía la instalación de aerogeneradores. “El Ayuntamiento no tenía otros terrenos en esa zona, eran los únicos aptos para hacer un parque eólico”, declaró Medina al ser preguntado por la elección de esas parcelas concretas para la firma de los convenios.

En la misma línea, José Victoriano González, que fue interventor en la corporación desde los años setenta hasta 2013, con interrupciones, relató que el alcalde y el concejal le plantearon la posibilidad de aprobar ese acuerdo sin ocasionar ningún coste a las arcas públicas, ya que no había consignación presupuestaria para la compra de esas parcelas y era “inviable” iniciar un proceso de expropiación forzosa porque no había tiempo material. Por ello se acabó materializando la propuesta de permuta, una opción que al interventor le pareció “favorable para el Ayuntamiento y para el interés general”. González ha aclarado, además, que el acuerdo contemplaba la devolución de las parcelas sin derecho a indemnización en caso de que el proyecto del Ayuntamiento no resultase adjudicatario de potencia eólica.

También el gerente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria consideraba beneficioso para el municipio el proyecto ideado. El Ayuntamiento de Santa Lucía encargó al ingeniero industrial José Rafael Sánchez el proyecto y el plan eólico. Su primera actuación consistió en solicitar a la Oficina Técnica del Ayuntamiento una relación de parcelas con potencial eólico. Según su propio relato, Sánchez advirtió al gobierno municipal de que el suelo público era insuficiente para concurrir con posibilidades de éxito al concurso eólico, ya que sólo permitía dos hileras de dos aerogeneradores de 2,3 MW de la marca Enercom, por lo que planteó la opción de adquirir otras parcelas.

Con los datos de viento ya en mano, comenzó a formular propuestas de proyecto. La solución que más puntuación daba era la de situar cinco molinos de 3MW cada uno de la compañía Vestas, cuatro en terrenos cedidos y uno en suelo público, además del centro de control, la subestación y un centro de interpretación, que también estarían situados en una de las parcelas de los convenios. Sánchez recordó que el concurso eólico primaba el suelo público sobre el privado y otorgaba más puntuación cuanta más potencia ofertara. El gerente precisó que, en cualquier caso, la primera intención del Ayuntamiento era acometer el proyecto solo en terrenos de titularidad pública.

Agustina Méndez, exsecretaria del Ayuntamiento de Santa Lucía, ha asegurado que no estudió en profundidad los borradores de los convenios que el alcalde y el concejal de Urbanismo le dieron un día antes de la celebración de la Junta de Gobierno que los aprobó. Según la funcionaria, en esa sesión advirtió de la ausencia de informe jurídico, aunque no lo dejó reflejado en acta. “Lo comuniqué verbalmente, pero me dijeron que había que darle prioridad y que ese informe lo iban a tener”, dijo.

Casi un mes antes había presentado un escrito en el que mostraba su preocupación porque “vecinos y concejales” habían acudido a la Secretaría para pedir explicaciones por determinados acuerdos con propietarios de parcelas y porque entendía que esos convenios no estaban siendo trasladados al inventario de bienes de la corporación. En su declaración de este lunes, y a preguntas del abogado de Matos y de Ruiz, Méndez ha dicho, no obstante, que no se refería en concreto a los convenios para la adquisición de suelo para la instalación de un parque eólico, sino a una práctica “generalizada” en la corporación.

En el acta de esa Junta de Gobierno, la secretaría hizo constar la ausencia del concejal de Urbanismo, Antonio Ruiz, y la presencia de una edil, Inmaculada Concepción Ramírez, una versión que se contradice con la manifestada por los siete concejales que han declarado también este lunes en calidad de testigos. Entre ellos, la propia Ramírez, hermana del exalcalde del municipio y actual consejero del Cabildo Carmelo Ramírez, que explicó que no acudió a esa sesión porque su marido es gerente de una de las empresas del convenio.

Este lunes también comparecieron dos guardias civiles que intervinieron en la investigación y que afirmaron que tanto las cuentas del alcalde como las de su entorno familiar y de las empresas beneficiarias del convenio fueron investigadas, sin que se hubiera detectado ningún incremento patrimonial en el primero o transacciones sospechosas en el caso de las segundas.

El juicio continúa este martes con nuevas testificales, pruebas periciales y el testimonio de los acusados. En la causa también están procesados dos empresarios, José Luis Alemán y Antonio Marcial Sánchez, aunque solo les acusa la acción popular.

La directora del programa de la cadena Ser Hora 25, Ángels Barceló, se confesó este viernes “impresionada” por la historia de Santa Lucía de Tirajana,“por esta transformación durante las últimas tres décadas desde que con la llegada de la democracia una organización de vecinos se presentó a las elecciones y lograron ganar, y cómo hoy se puede ver esta convivencia entre diferentes culturas”.

El programa se emitió este viernes en directo desde la Casa de la Cultura Saro Bolaños en el Teatro Víctor Jara de Vecindario ante más de 200 personas.

El equipo del programa líder de audiencia en su franja horaria en España (cerca de un millón de oyentes) se trasladó a Santa Lucía para realizar la noche de este viernes el programa que estuvo dedicado al Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, el Espal, que este año celebra su 28 edición y que se clausura este sábado con la celebración del Espal en la calle.

Antes de recoger junto al periodista canario Nicolás Castellano el Premio Espal Comunicación por su compromiso con los Derechos Humanos, Ángels Barceló realizó en su programa radiofónico un recorrido por la historia del Espal y de Santa Lucía.

En el programa fueron entrevistadas la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, que reconoció “es muy difícil que proyectos como el Espal duren tantos años con el apoyo de las instituciones, ya que los gobiernos no suelen comprometerse con la solidaridad con los pueblos y la defensa de los Derechos Humanos”. La primera edil manifestó “que en esta legislatura el Cabildo de Gran Canaria ha dado el apoyo que habían retirado otros gobiernos insulares, y esto nos ha ayudado a dar un nuevo impulso a este encuentro solidario que se mantiene gracias a las instituciones y también a una ciudadanía que participa y se implica en los centros educativos, en el foro internacional y en el Espal en la calle”.

En el programa Hora 25 también fue entrevistada Yoli Ramírez, que formó parte junto a otras personas del municipio como Domingo Socorro, Antonio Guedes o la propia alcaldesa Dunia González, de un grupo de solidaridad “que desde los primeros encuentros montamos espectáculos o ayudábamos de forma voluntaria en la realización del Espal y que con el paso de los años nos ha convertido en un referente de ciudad solidaria”.

También intervinieron asistentes al programa para recordar los momentos más emocionantes que se han vivido en las casi tres décadas de historia del Espal. Hora 25 también contó con la participación de vecinos y vecinas de Santa Lucía llegados de países como Cuba, Venezuela o Senegal, que dijeron que se sienten santaluceños y destacaron la hospitalidad del municipio del sureste grancanario.

También fueron entrevistados el periodista Pepe Naranjo, el cooperante Chema Caballero, el escritor Antonio Lozano y el miembro de Pallasos en Rebeldía Iván Prado.

Premios Espal

Tras el programa se celebró la gala de los premios Espal, que fue presentada por Kiko Barroso. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, definió el Espal “como un espacio de resistencia que apuesta por la solidaridad y los Derechos Humanos frente a un capitalismo depredador y sin alma”.

La periodista Ángels Barceló agradeció que le reconocieran con el Premio Espal Comunicación “porque nos ayuda a seguir creyendo en el periodismo que se preocupa de los derechos humanos”. Nicolás Castellano manifestó que “es un honor recibir este premio en mi tierra y en Santa Lucía, en esta ciudad solidaria a la que he venido tantas veces al Espal”. La activista social Koldobi Velasco recogió el Premio Espal Canarias y manifestó que “somos las que cogemos el testigo de las defensoras de los Derechos Humanos, de la diversidad sexual, anticapitalistas, indígenas, ecologistas, antimilitaristas, internacionalistas, antifascistas, feministas… por la justicia social”. Durante la lectura de su discurso subieron al escenario una treintena de personas con pancartas a favor de los derechos humanos, en contra del militarismo y por los derechos sociales.

Espal en la calle

Este sábado se celebrará el Espal en la calle, con 15 horas de actividades en la zona peatonal que acoge la VI Feria del Libro Solidario, y los conciertos de Tremenda Jauría, Txarango y Caracoles que clausaran esta noche en la plaza de los Algodoneros el 28º Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica (ESPAL) de Santa Lucía.

La Audiencia de Las Palmas juzgará la próxima semana el caso Palmera, en el que están implicados el exalcalde de Santa Lucía de Tirajana Silverio Matos y otros tres acusados por las presuntas ilegalidades cometidas en 2005 en relación al parque eólico proyectado por el Ayuntamiento.

El Ministerio Público solo acusa a dos de los procesados, Matos y el concejal de Urbanismo Antonio Miguel Ruiz, ambos de NC, por aprobar en la junta local, en sesión extraordinaria y urgente el 11 de enero de 2005, sin que conste que tuvieran conocimiento de la ilegalidad los demás miembros de ese órgano de gobierno, el convenio con la empresa Machacadora Domínguez, representada por Agustín Domínguez.

En virtud de ese acuerdo, que según el fiscal se tramitó de manera ilegal, el Ayuntamiento cedía el 9% de la futura sociedad pública que iba a gestionar el parque eólico a cambio de una parcela de la citada empresa, denominada Doctoral 13, ubicada en el municipio.

El fiscal sostiene que no se ha justificado la necesidad de ese convenio ni tampoco que solo pudiera firmarse con una empresa concreta, lo que perjudicó no solo al Consistorio al ceder esa participación social de forma “inútil” o por mayor valor del necesario, sino al resto de ciudadanos con terrenos en la zona que podrían haber concurrido en la operación con ofertas más competitivas y resultar adjudicatarios.

El valor de la finca, según el Registro de la Propiedad, es de 120.202,42 euros, mientras que la entidad Machacadora Domínguez iba a recibir a lo largo de la vida del parque eólico 3,5 millones de euros, según la valoración pericial realizada durante la instrucción.

El fiscal considera que no se ha acreditado la participación en estos hechos de los empresarios Antonio M.S. y José Luis A.S., contra los que sí ejerce acusación la acción popular promovida por Rufino Pérez Ramírez, el exconcejal y exdirigente del Centro Ansite.

El Ministerio Público pide para Matos y Antonio Miguel Ruiz una condena de ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo públicos por un delito de prevaricación.

El itinerario del Parque Cultural del Tenefé (Gran Canaria), que cuenta con salinas del siglo XVIII, tumbas del XII, y nidos de ametralladoras del XX, ha sido inaugurado este viernes por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González.

Situado al sur del núcleo urbano de Pozo Izquierdo (Santa Lucía), las salinas son un ingenio de origen mediterráneo con asiento de barro, con un tomadero que sirve de canal de captación, los cocederos o estanques donde el agua del mar se concentra, y los cristalizadores o tajos, que es donde la sal se convierte en grano y producto alimentario.

Junto a las salinas se encuentra la casa y almacén donde se guarda el producto marino para su envasado y venta.

Forman además una marisma artificial donde habitan organismos adaptados a este ambiente hipersalino que aportan al espacio una gran biodiversidad.

El agua del mar contiene 80 minerales y oligoelementos que, en productos como la flor de sal o la escama de sal, se conservan y trasladan a la mesa y permiten consumir lo mejor del océano, indica el Cabildo de Gran Canaria en un comunicado.

El recorrido por este Bien de Interés Cultura ha sido impulsado por la empresa BRC Infraestructuras Hidráulicas, que gestiona las salinas de Tenefé, y además busca que la sal extraída se convierta en un producto cotizado de la gastronomía de la isla.

Para lograrlo, el Ayuntamiento de Santa Lucía, a través de la Sociedad de Gestión de las Salinas y Parque Cultural del Tenefé, ha elaborado una red de embajadores que irán promocionando la sal de la zona.

El primero de ellos es el cocinero internacional Wolfgang Grobauer, chef ejecutivo del Grand Hotel Residencia de Maspalomas, que usa la sal de Tenefé en sus platos más exquisitos.

Además, Antonio Morales ha afirmado que el Cabildo ha invertido 32.000 euros en dos campañas arqueológicas para investigar las estructuras funerarias que se pueden visitar en este espacio que también cuenta con dos nidos de ametralladoras de ingeniería militar de la década de los 40 del siglo XX.

Por último, parte del itinerario también es el saladar fundamental para conservar el ecosistema de la zona y que es el contenido botánico del Parque Cultural del Tenefé.

Bomberos del Consorcio de Emergencias sofocaron este miércoles un incendio producido en una nave agrícola en Casa Pastores, en el municipio de Santa Lucía.

La nave contenía en su interior más de 1.000 litros de gasoil, herbicidas y otros productos agrícolas potencialmente inflamables y comenzó a arder por causas desconocidas desde las 10.00 horas aproximadamente.

Al lugar se desplazaron cinco operarios, un cabo y el sargento del Parque de Bomberos de Arinaga, además de un refuerzo de dos bomberos proveniente del Parque de Telde, Policía Local de Santa Lucía y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario en servicio preventivo.

Para sofocar el fuego fueron necesarios cerca de 20.000 litros de agua, tres camiones y un vehículo ligero del Consorcio de Emergencias.

Durante el siniestro, los servicios de emergencia ordenaron la evacuación de varias viviendas que se encontraban próximas al incendio, que se vieron afectadas por el humo. Un vehículo que se encontraba estacionado en el interior quedó calcinado, así como la práctica totalidad de la nave industrial en la que se produjo el fuego.

A mediodía de este miércoles, los servicios de extinción procedían a la retirada del vehículo y precintaban la nave industrial, que ha quedado bajo vigilancia de la Policía Local de Santa Lucía.

Un terremoto de magnitud 3,6 en la escala de Richter se ha sentido este lunes en prácticamente todos los municipios de Gran Canaria sin que se hayan producido incidencias.

Fuentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) han informado a Efe de que el movimiento sísmico se produjo sobre las 00.31 horas al sur de la zona de El Tablero, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana y a unos 39 kilómetros de profundidad.

El hecho de que el movimiento sísmico se haya producido a tanta profundidad ha favorecido que se haya sentido en casi toda la isla, si bien donde ha sido menos percibido ha sido en la zona noroeste de Gran Canaria, han señalado las fuentes.

Los equipos de extinción del Cabildo de Gran Canaria han controlado en la tarde de este jueves dos incendios que se habían generado en Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana. Las llamas afectaron a un total de 2.800 metros cuadrados.

La Corporación insular informa de que el primero de ellos se produjo cerca de las 15.00 horas en la zona de Taidia, en Santa Lucía, a donde se trasladaron unidades por aire y tierra para actuar con contundencia y controlarlo, finalmente ardieron 800 metros de tabaibales.

El segundo se declaró en torno a las 16.00 horas en Risco Blanco, en San Bartolomé de Tirajana, a donde también se trasladaron medios aéreos y terrestres.

Se trataba de una zona vallada en la que ardió una superficie de 2.000 metros cuadrados de frutales y residuos, sin que finalmente se produjera peligro de posible afección por viviendas cercanas.

A estos fuegos se suma otro que se produjo este miércoles pasadas las siete de la tarde, también en Taidia, donde ardieron 500 metros cuadrados de pastos y acebuches, quedando extinguido a las 20.30 horas.

El Cabildo recuerda que las quemas y el uso de maquinaria en el campo está prohibida y que obviar estas normas genera un gran peligro para la población.

El undécimo Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, que tiene como lema Dale la vuelta al cambio climático, se celebrará el próximo martes y miércoles en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en Santa Lucía (Gran Canaria), para pedir más complicidad a toda la ciudadanía.

Los alcaldes de Santa Lucía, Dunia González; Agüimes, Óscar Hernández, e Ingenio, Juan Díaz Sánchez, han presentado este viernes la nueva edición de un seminario que, además de pretender mejorar las calidad de vida de la población del sureste grancanario y de la isla, quiere trasladar “experiencias y conclusiones” al exterior de Canarias.

Dunia González ha recordado que el seminario es una “referencia” para el intercambio de ideas e iniciativas sobre el desarrollo sostenible y que reúne a ponentes de prestigio internacional, muchos de ellos participantes en la reciente Cumbre del Clima de París.

Según la regidora de Santa Lucía, la “pereza” y los “intereses inconfesables” postergan las soluciones a un problema muy grave como el del cambio climático, que está produciendo ya “un presente muy preocupante”, que afecta más “a los que tienen menos recursos y a los que padecen mayores dificultades” para subsistir.

“Queremos despertar las conciencias de las personas, que se comprometan con un modelo de desarrollo sostenible”, ha destacado González, quien ha agregado que el seminario hace un llamamiento para crear “otro mundo”, ya que toda la población “forma parte de la solución”.

La alcaldesa está convencida de que, desde los hábitos diarios, todas las personas pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático y que el seminario contará con los mejores especialistas para traer los últimos trabajos y propuestas españolas e internacionales relacionadas con la sostenibilidad.

El encuentro lo abrirá el martes el asesor de ForUM-Noruega para el Desarrollo y Medio Ambiente, Arvid Solheim, quien impartirá la ponencia “El acuerdo climático de París, implicaciones a nivel local y regional”, a quien seguirá la intervención del presidente de la Fundación Metropoli España, Alfonso Vergara, con la conferencia “La inteligencia del territorio”.

La sesión de tarde del martes acoge el primer seminario del coordinador de Medio Ambiente de la Universidad del Colegio Union (Reino Unido), Graham Petersen, quien hablará del poder de la educación y sus diferentes perspectivas ante el cambio climático.

Con posterioridad se abordará uno de los temas recurrentes del Seminario, las energías limpias, con la ponencia “Democracia energética y movilización de comunidades y ciudadanos para la transformación a islas 100% renovables”, con intervenciones de Girk Knaepen, Alexandros Filippides y José Manuel Padrón, éste último coordinador del Proyecto Iceacan/Ecoislas.

Por su parte, el asesor de Políticas para el Stakeholder Forum de Londres, Jan Gustav Strandenaes, se referirá a los “Retos globales de la sostenibilidad” y cerrará el día el responsable de proyectos de la ciudad de Rotterdam (Holanda), Arjan Oranje, quien hablará de “Movilidad sostenible”.

El miércoles, el ingeniero agrónomo y consultor Jairo Restrepo impartirá la ponencia “Experiencias exitosas de sostenibilidad de la agricultura orgánica en el mundo. La mierda de vaca” y, acto seguido, el socio cofundador de la Asociación Mosaic Project, Carlos Pons, presentará el trabajo documental “La voz del viento, experiencias hacia otro mundo posible”.

El seminario, que tiene un presupuesto de 60.000 euros y es gratuito -se espera superar los 500 asistentes de media del pasado año-, concluirá con una mesa redonda local que contará con los ponentes Jorge Méndez, Rafael Martell, Dirk Knappen, Fernando Ojeda, Elena Proietti e Itahisa Chávez.

Acceder a una vivienda “normalizada y digna” puede servir, por así decirlo, como un gancho para la inclusión de aquellas familias “que han caído”, que vienen de un largo proceso de exclusión social o que se han visto afectadas por la crisis. Gilberto Padrón, director de la fundación Santa Lucía en Pamplona, una entidad impulsada por el movimiento de comunidades cristianas Adsis, explica de esta forma qué supone para estas familias acceder a un techo. Por él pagan un alquiler de un máximo de 150 euros y la fundación realiza con estas familias, que pueden utilizar ese inmueble durante un máximo de tres años, una labor de acompañamiento para trabajar en la convivencia con el vecindario o el cuidado de ese hogar. Es, básicamente, un nuevo punto de partida desde el que arrancar, de ahí que desde Santa Lucía apuesten por ubicar este tipo de viviendas en Navarra sobre todo en zonas como Pamplona y Comarca, así como en cabeceras de merindad, para tener un mejor acceso a los recursos sociales.

Atender estos casos, derivados desde los servicios sociales, es uno de los objetivos del Fondo Foral de Vivienda Social del Gobierno de Navarra, que se creó en 2014, con Yolanda Barcina al frente del Ejecutivo, y que ahora el gabinete Barkos se ha comprometido a impulsar. Porque el fondo, según denunciaron por ejemplo las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, llegó tarde y era escaso. En la actualidad, cuenta con 55 viviendas, 21 de las cuales se ceden a diversas entidades sociales para que desarrollen sus propios proyectos (Cáritas Cruz Roja, Asociación Síndrome de Down Navarra…).

La ONG París 365 es una de ellas. En su caso, son viviendas dirigidas a atender personas que no cuentan con hogar (o bien este es inseguro), ya sea por cuestiones económicas, “otras barreras sociales” o bien porque tienen dificultades para llevar una vida autónoma. Así, se les ofrece una vivienda por una cuestión de emergencia o para estancias más largas, de hasta dos años. Entre su propio parque de viviendas, París 365 cuenta con cuatro inmuebles cedidos (dos en alquiler, dos en precario) a través de este sistema del Gobierno Foral, aunque una de ellas está sin utilizar porque no se puede hacer frente a los costes de su rehabilitación, según lamentan desde la entidad. En 2015, han tenido 31 personas usuarias (20 hombres, 11 mujeres y siete menores de edad), de las que 18 han accedido al servicio gratuitamente.

Otras 34 casas del fondo, parte de ellas cedidas por el Ayuntamiento de Pamplona, son arrendadas por la mencionada fundación Santa Lucía. ¿Quién puede acceder a este servicio? La normativa que lo regula establece que se trate de personas empadronadas en Navarra que no pueden acceder a una vivienda libre o protegida y que han perdido su vivienda habitual por un desahucio o la dación en pago, que pueden perder esa casa porque no llegan a hacer frente a las mensualidades del alquiler o la hipoteca, que viven en un inmueble en malas condiciones de habitabilidad, o, por último, que se trate de personas al final de un proceso de incorporación social y que puedan ser autónomas salvo por esa falta de vivienda. Hay, por ejemplo, personas sin hogar o adolescentes que han estado en centros de tutela.

Se trata, como ya apuntó Ángel Larrea, uno de los representantes de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, de uno de los recursos necesarios para, por ejemplo, evitar que ante un proceso de desahucio haya quien se quede en la calle, por lo que desde la PAH se solicitó al Gobierno Foral que se comprometiera, y de forma efectiva, a ofrecer soluciones habitacionales. Y más teniendo en cuenta, como ya adelantó eldiarionorte Navarra, que durante el primer semestre de este año, según datos manejados desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral, se realizaron 256 desahucios, por lo que esa oferta de viviendas puede quedarse corta. En la actualidad, todas están ocupadas, según apuntan fuentes del Departamento de Políticas Sociales.

Más rehabilitaciones

En una reciente reunión entre el vicepresidente social, Miguel Laparra, y la PAH, se abordó, entre diferentes soluciones de vivienda, una medida concreta: la posibilidad de aumentar la rehabilitación de viviendas de la Diputación que pudieran destinarse a aumentar este fondo foral. Se trata de las mejoras pendientes en las llamadas casas de camineros, donde se alojaba a la plantilla que arreglaba caminos en la Comunidad Foral y que, tras su jubilación, quedaron deshabitadas.

En la actualidad, hay trece puntos diferentes de la geografía navarra en las que existen este tipo de viviendas (desde Allo a Zubiri, pasando por Estella, Navascués o Roncal) y, en conjunto, suman 155 casas. Ya durante la pasada legislatura, el gobierno de UPN impulsó la rehabilitación de 15 de ellas en el barrio pamplonés de San Jorge (que pasaron a ser gestionadas precisamente por la fundación Santa Lucía), y ahora también está previsto que se arreglen otras ocho, en este caso en el municipio de Sangüesa. El coste de estas rehabilitaciones, según los cálculos que maneja el departamento, oscila entre los 24.000 y los 35.000 euros. Del presupuesto disponible, de nuevo, dependerá una rehabilitación de viviendas que permitiría ampliar una oferta con un amplio margen de mejora.

El Ateneo Municipal de Vecindario expone desde este viernes y hasta el 16 de octubre en la Sala Felo Monzón la muestra colectiva de fotografía instantánea The Impossible Project, en la que participan 27 artistas.

La exposición servirá también para celebrar el trigésimo aniversario de El Ateneo. Según exponen los organizadores en un comunicado, la muestra ha sido posible gracias a la colaboración de distintos fotógrafos “dispuestos a participar en el evento de manera altruista con el espíritu del trabajo solidario para la consecución de un fin”, que no es otro que el de “edificar un espacio para el arte y para la culminación en la construcción de los sueños”.

El taller fotográfico del Ateneo subraya que el objetivo es situar a Santa Lucía por un mes en “la capital de la fotografía instantánea de Canarias y España”.

La exposición se podrá ver de lunes a viernes de 17 a 21.00 horas y la inauguración tendrá lugar el 18 a las 20.30 horas.

Los fotógrafos que participan en la muestra son Ricardo Montesdeoca, Javier Betancor, Peter Boran, Peter Molina, Tato Gonçalves, Ari von Giesen, Lorena Morín, Alejandro Ramos, Sergio Gil, Pavel Glazkov, Esther Hernández, Esther de María, Teresa Correa, Miguel Alarado, Juan González, José Luis Lozano, Nono Castro, Fernando Ojeda, Juan Andrés Alborran, Bruno Pérez, Stephan von Sammler, Mariluz Laforet, Gonzalo Bautista, Guillermo Maya, Salvador Melián y Nacho Ramírez.