La Guardia Civil de Fraga ha procedido, en el marco de la Operación Ager, a investigar a dos personas como supuestas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, a una de ellas se le atribuyó un delito de coacciones, hechos ocurridos en la comarca altoaragonesa del Bajo Cinca. Se trata del gerente de una empresa frutícola y el encargado de la explotación agraria.

Estas actuaciones tienen lugar por la intensificación de servicios relacionados con la campaña de recogida de fruta en la comarca bajocinqueña, que se desarrollan en el marco del convenio de colaboración entre la Secretaria de Estado de Seguridad y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de mejorar la protección de los trabajadores y reforzar la detección de posibles situaciones de explotación laboral.

El pasado día 20 de mayo, en el puesto de la Guardia Civil de Fraga, tres trabajadores de una empresa frutícola denunciaron la vulneración de sus derechos laborales. Así, informaron de que estaban siendo sometidos de manera continuada a condiciones de trabajo abusivas, con jornadas que no respetaban los descansos fijados y un trato degradante por parte del encargado directo de los campos de cultivo. Además, denunciaron que estaban siendo alojados en una vivienda facilitada por la empresa que carecía de las condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad e higiene En fecha posteriores, se sumó una cuarta denuncia.

Ante tales hechos denunciados, los agentes articularon un dispositivo de actuación en coordinación directa con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, por lo que se planificó y ejecutó una inspección laboral presencial y de urgencia en los terrenos de la explotación frutícola objeto de investigación. Los inspectores estuvieron recabando indicios que corroboraron las denuncias de las víctimas y verificaron la existencia de infracciones en el orden laboral.

Paralelamente se organizó una inspección en colaboración con los Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Cinca. Un técnico especialista en Urbanismo del Ayuntamiento de Fraga y efectivos de la Policía Local de Fraga procediendo a la inspección formal del inmueble asignado como alojamiento de las víctimas denunciantes. Allí comprobaron las condiciones de hacinamiento y la existencia de cámaras de seguridad que incumplen la normativa vigente y el derecho a la privacidad de los moradores.

Finalmente, el pasado 30 de mayo, agentes del puesto de Fraga de la Guardia Civil procedieron a la investigación del gerente de la empresa frutícola contratante como posible autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. Se trata de un varón de 56 años y vecino de la comarca del Bajo Cinca. Y tres días después se procedió a la investigación del encargado de la explotación agrícola como supuesto autor de un delito de coacciones y otro contra los derechos de los trabajadores, en calidad de cooperador necesario. En este caso, es un varón de 56 años y vecino de la provincia de Lérida.

A través de una ONG se facilitó asistencia integral y realojamiento de las víctimas, así como, los servicios sociales comarcales colaboraron en todas las asistenciales y verificación de la situación de los trabajadores en el ámbito social.

El Puesto de la Guardia Civil de Fraga, instruyó las diligencias que, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga. Los investigados quedaron con la obligación de presentarse cuando la Autoridad Judicial cuando estime conveniente.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha informado en el Parlamento foral de que el Ejecutivo ha revocado la autorización de funcionamiento del centro evangélico Vida Nueva, ubicado en Ciriza, y lo ha excluido del registro de centros de servicios sociales por incumplimientos relacionados con el decreto foral por el que se regula el funcionamiento de los servicios residenciales y el régimen de autorizaciones.

La revocación de la autorización de funcionamiento supone dar de baja al centro en el registro de servicios sociales. Esta decisión no supone un cese de actividad, sino la baja en el registro, según han explicado desde el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.

En respuesta a una pregunta de EH Bildu en comisión parlamentaria, Maeztu ha señalado que se trata de un centro que, según recientes informaciones periodísticas, está siendo investigado por un Juzgado de Pamplona tras las denuncias presentadas por tres mujeres que fueron internas del centro. Según informó 'Newtral', los responsables del centro están siendo investigados por diez presuntos delitos, como detención ilegal, coacciones o torturas por razones discriminatorias.

La consejera ha precisado que el Gobierno de Navarra no ha recibido ninguna denuncia de personas usuarias, pero ha explicado que su departamento ha realizado en el centro seis inspecciones desde 2016, la última de ellas en diciembre de 2025.

“En estas inspecciones nunca se ha detectado ningún ilícito penal, pero fruto de estas inspecciones, en 2022 sí que se detectó el incumplimiento de un aspecto de la normativa, que tenía que ver con el decreto foral 92/2020, de 2 de diciembre, en relación al número de plazas que tenían las habitaciones. Desde el Departamento de Derechos Sociales se instó al centro a que realizara las modificaciones necesarias para adaptarse a esta normativa, que establece que las habitaciones tienen que tener como máximo dos plazas y les dábamos un plazo de cumplimiento hasta marzo del 2025”, ha indicado la consejera.

Maeztu ha explicado que “se realizaron además en estas inspecciones otros requerimientos en cuanto a cuestiones que tenían que ver con la modificación de la normativa de ingreso y la no solicitud de determinados datos e informes médicos que se pedían a las personas que ingresaban en este centro de acogida”.

El pasado 16 de diciembre, “al constatar que no se habían hecho las adaptaciones necesarias, la inspección del Departamento comenzó el procedimiento para revocar la autorización de funcionamiento y excluir al centro Vida Nueva del registro de centros de servicios sociales por incumplimiento de la normativa”. “El 8 de abril, y tras la tramitación del consiguiente expediente que incluye la audiencia a la interesada, se acordó revocar la autorización de funcionamiento del Servicio de Centro Residencial de Inclusión Social, que es como estaba autorizado”, ha explicado.

Carmen Maeztu ha precisado que se trata de “un centro de iniciativa privada y que no tiene plazas concertadas, nunca las ha tenido y no existe desde luego en el Departamento de Derechos Sociales ni en el de Salud ningún protocolo consensuado de derivación a este recurso”.

La consejera ha precisado que “si en vía judicial se determina cualquier cuestión, el Gobierno de Navarra lógicamente actuará en consecuencia y conforme a lo que establezca, en este caso, la autoridad judicial”. “Nosotros, como Administración, hemos hecho cumplir la norma que tenemos en este caso, que es el decreto de autorizaciones”, ha subrayado.

El portavoz de EH Bildu, Jabier Arza, ha explicado que el Departamento de Salud señaló que no existe relación contractual ni ningún tipo de derivación desde los servicios de salud mental, pero “en el acta de la última inspección se recoge que el contacto con el centro se hace a iniciativa de las personas usuarias o mediante derivación de los servicios sociales, hospitales o centros de salud”. Por ello, se ha interesado acerca de si desde el Departamento de Derechos Sociales o desde Salud se ha comunicado la “conveniencia de no orientar a ninguna persona hacia ese centro”.

La consejera ha respondido que “debemos actuar como departamento con arreglo a la normativa que está en vigor y no tenemos un protocolo de derivación a los servicios sociales, por tanto, no hemos enviado ninguna instrucción, porque no hay un protocolo de derivación ni por parte del Departamento de Salud ni por parte del Departamento de Derechos Sociales”.

Nueve mujeres han sufrido agresiones sexuales mientras trabajaban para una red criminal desarticulada por la Guardia Civil en Caspe por delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Según la investigación, las víctimas fueron sometidas a episodios de carácter sexual sin su consentimiento y recibieron propuestas reiteradas para mantener relaciones sexuales bajo amenazas y coacciones. Estos hechos se producían siempre en momentos y lugares en los que no había terceras personas presentes. Los presuntos autores habrían aprovechado su posición de superioridad respecto a las trabajadoras y la situación de vulnerabilidad en la que estas se encontraban.

Gracias a las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y a la coordinación con la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional y otras instituciones, se ha prestado asistencia a las víctimas para mejorar su situación personal y facilitarles la obtención de la documentación laboral temporal necesaria para desarrollar una actividad profesional dentro de la legalidad.

Esta investigación se desarrolló de forma paralela a la operación contra una red dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, en la que están implicados dos de los detenidos —el presunto cabecilla y otro miembro del grupo—. En el marco de dicha operación se han localizado más de 50 víctimas.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de febrero tras el análisis de varias denuncias presentadas por trabajadores del sector de la recogida de fruta, quienes alertaron sobre las condiciones laborales y las situaciones personales sufridas durante sus jornadas de trabajo.

A medida que avanzó la investigación, los agentes localizaron a varias víctimas contratadas por las mismas personas. Estas, además de soportar largas jornadas laborales, carecer en algunos casos de contrato de trabajo o sufrir irregularidades en su contratación, el impago total o parcial de la cantidad económica acordada por su jornada, también habrían sido amenazadas con tener problemas si ponían en conocimiento estos hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Una vez identificadas las cuatro personas que, presuntamente y de forma coordinada, desarrollaban esta actividad ilícita, y tras reunir los indicios necesarios para sustentar la investigación, la Guardia Civil llevó a cabo el pasado 10 de junio un registro en el domicilio de uno de los integrantes de la organización, ubicado en Caspe. Durante la actuación se intervino abundante documentación y diversos dispositivos electrónicos con información relevante para la causa.

Ese mismo día fueron detenidas cuatro personas, todas ellas de origen pakistaní y con edades comprendidas entre los 23 y los 41 años, como presuntas autoras de delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral y delitos contra los derechos de los trabajadores, incluidos los trabajadores extranjeros.

Al supuesto cabecilla de la organización también se le atribuyen delitos de amenazas, coacciones y falsedad documental. Según la investigación, los detenidos tenían funciones claramente diferenciadas dentro de la red. El líder se encargaba de organizar las jornadas laborales y asignar a los trabajadores a distintas explotaciones agrícolas, así como de gestionar los traslados, alojamientos, documentación y puntos de recogida. Otro de los integrantes se ocupaba de captar a las personas que posteriormente eran contratadas, mientras que los otros dos realizaban las labores de transporte de los trabajadores hasta las fincas asignadas

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal asentado en La Rioja y ha detenido a cinco personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. 

La denominada operación “Portus‑Cale”, ha permitido liberar a ocho víctimas, con edades comprendidas entre los 40 y los 74 años. El grupo criminal anulaban su autonomía y se aprovechaban de su situación de necesidad para tratarlo como “mercancía” de la que obtener beneficio.

Una víctima fue atropellada mortalmente al intentar huir

Durante la investigación, también se ha constatado que una de las víctimas de la organización criminal decidió dejar de trabajar en las condiciones impuestas y marcharse, siendo atropellada en la carretera N-232 por tres vehículos, falleciendo como consecuencia del impacto.

Los explotadores mantenían a los trabajadores en una situación de dependencia, alojándolos en viviendas carentes de las condiciones mínimas de habitabilidad: espacios precarios, con falta de higiene y sin comodidades básicas. Además, eran alimentadas con carne en mal estado y se les facilitaba el acceso al alcohol por parte de los explotadores como mecanismo de control y aislamiento social.

Las víctimas eran sometidas a jornadas de entre 12 y 16 horas diarias, sin respetar domingos ni festivos. No existía el descanso, solo la “plena disponibilidad”. Desde la poda de viñas hasta reformas integrales de inmuebles o servicios de portes, los trabajadores eran obligados a realizar cualquier tarea que el clan familiar ordenara.

Algunas víctimas acumulaban años de trabajo sin percibir salario alguno; otras cobraban cuatro euros por hora, de los que además se les descontaban gastos como tabaco y alcohol. Incluso llegaron a ser agredidas físicamente por el simple hecho de encontrarse enfermas y no poder acudir a su jornada laboral.

La operación se inició cuando la Guardia Civil detectó indicios de que varias personas de nacionalidad portuguesa, residentes en la localidad de Rincón de Olivedo (La Rioja), podrían estar siendo explotadas laboralmente por otros compatriotas. 

Las primeras actuaciones permitieron centrar las actuaciones en un núcleo familiar encabezado por una mujer -conocida como la “jefa”-, que actuaba junto a su marido, dos de sus hijos y la pareja de uno de ellos. Este grupo, asentado en dos viviendas desde las que se coordinaba toda la actividad ilícita. El estudio patrimonial realizado en el marco de la investigación ha constatado que las dos principales responsables de la organización llegaron a ingresar en sus cuentas bancarias, en concepto de trabajos agrícolas, un total de 2.517.593 euros desde el año 2022.

Los clientes conocían la situación: una bodega está siendo investigada

La investigación ha permitido relacionar a diversos viticultores, agricultores y particulares de La Rioja Baja y la Ribera de Navarra contrataban los servicios del clan.

En este sentido, una bodega y un directivo de esta están siendo investigados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, tras haber recurrido de forma continuada a los servicios del entramado criminal. Según se ha podido constatar, la empresa llegó a abonar al grupo delictivo un total de 569.000 euros por estos servicios. En muchos casos, estos clientes eran plenamente conscientes de la precariedad en la que se encontraban los trabajadores. 

Con toda la información recabada, se practicaron siete entradas en inmuebles. En el operativo se incautaron cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros, abundante documentación para su análisis, así como ocho vehículos, cinco de ellos de alta gama, y se bloquearon de siete cuentas bancarias que los implicados mantenían activas.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra (La Rioja), con la colaboración con diferentes especialidades de la Guardia Civil.

La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2025 a un total de 1.869 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 28 menores. Este balance es el resultado de 413 operaciones, que desembocaron en la detención de 1.056 personas y la desarticulación de 112 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo 6.775 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo. Son los datos del Resumen ejecutivo anual de trata y explotación de seres humanos 2025, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Unos datos que reflejan que en La Rioja, los delitos que vulneran derechos fundamentales han dejado de ser una realidad lejana.

De hecho, hasta hace poco la trata de seres humanos con fines de explotación laboral era un fenómeno estadísticamente invisible en la región. Durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024 las fuerzas de seguridad del Estado mantuvieron el casillero de víctimas a cero. Sin embargo, la situación cambia radicalmente en 2025 con un total de 27 víctimas de trata laboral y 18 detenidos por este motivo. En cambio, y atendiendo al número de víctimas de explotación laboral, el peor año de los analizados en La Rioja fue 2024 con 25 víctimas, frente las 5 de 2022 y ninguna en 2021, 2023 y 2025. Operaciones tras las que se detuvo a diez personas en 2024 y tres en 2022.

La explotación sexual: un riesgo silencioso que se multiplica por ocho

Por otra parte, y en el capítulo de trata de seres humanos y explotación sexual, las cifras registradas en La Rioja describen una realidad de alerta permanente. Las cifras absolutas de víctimas de trata o explotación sexual en La Rioja se mantienen mínimos de uno o dos casos por año. Sin embargo, las inspecciones administrativas han aumentado un 225 por ciento, pasando de cuatro inspecciones en 2021 a 13 en 2025. Más inspecciones que han permitido detectar más personas en situación de riesgo que se han multiplicado por ocho al pasar de 12 en 2021 a 98 en 2025.

El estudio también recoge los matrimonios forzados, mendicidad o actividades delictivas forzadas y, en el caso de La Rioja, el documento reporta cero casos e incidencias en los años analizados.

Las cifras

En cuanto a las cifras, del total de víctimas, 858 fueron captadas por redes criminales organizadas de trata de seres humanos, mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral, matrimonios forzados, mendicidad y comisión de actividades delictivas.

1.015 más son víctimas sometidas también a procesos de explotación sexual en entornos de prostitución, o laboral, con condiciones de restricción o violación de sus derechos, aunque en su caso no se ha podido demostrar que hubiesen llegado a esa situación por la intervención de una red organizada de trata de personas.

Según se recoge en el balance, fueron un total de 374 las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual, dos de ellas menores de edad. El perfil mayoritario es el de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Colombia, Venezuela y China. En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual, sin la concurrencia de redes de trata de personas, el número se eleva a 397 (13 menores), mayoritariamente mujeres de 23 a 27 años, originarias de Colombia, Paraguay y Venezuela. 

Las 189 operaciones policiales llevadas a cabo en el ámbito de la trata y explotación sexual culminaron con la desarticulación de 87 grupos y organizaciones criminales y la detención de 656 personas, la mayoría de nacionalidad española. 

Además, en 2025 la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 1.734 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, una labor que permitió identificar a 7.830 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos, con un perfil mayoritario de mujer, de entre 33 y 37 años, de nacionalidad colombiana, española y rumana.

Trata y explotación laboral

En cuanto a las actuaciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas fueron 393, tres de ellas menores. El perfil mayoritario de víctima es un hombre, de 23 a 27 años, natural de Nepal, India y Marruecos.

Las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, pero sin la concurrencia de redes de trata de seres humanos, fueron 618, cuatro de ellas menores de edad, y con un perfil similar: hombre de entre 28 a 32 años, procedente de Colombia, Marruecos e India.

La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió desarticular en este caso 23 organizaciones criminales en el ámbito de la trata y explotación laboral, que culminaron con la detención de 384 personas.

Durante 2024, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 5.041 inspecciones administrativas en centros de trabajo, que permitieron la identificación de 17.195 trabajadores.

Trata para matrimonios forzados, criminalidad y mendicidad 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan también para combatir la trata de seres humanos con otras finalidades distintas de la explotación laboral y sexual. A lo largo de 2025 intervinieron en un caso de trata con fines de matrimonios forzados, con una víctima menor de edad, de nacionalidad rumana. La operación terminó con la detención de cuatro personas.

También se ha actuado en seis atestados de trata dirigida a la criminalidad forzada, que han hecho posible la liberación de 92 víctimas, en su mayoría mujeres ucranianas, captadas para cometer estafas en casas de apuestas de juego online. Las operaciones culminaron con 18 detenidos.

El informe ejecutivo incluye dos operaciones contra la trata con fines de mendicidad, que permitieron la liberación de dos víctimas (una española y otra rumana) y la detención de siete personas.

En los veranos, cuando Unai Sordo puede quitarse por unas semanas el rótulo bajo su nombre de secretario general de Comisión Obreras, se convierte en escritor. A él le da pudor considerarse tal cosa, pero utiliza la literatura para reflejar los conflictos de su tiempo, luego es escritor.

Hasta ahora, su producción publicada consta de un libro de cuentos y una novela que también fue construida a partir de textos cortos —Al norte (Hoja de Lata, 2026)— pero que encuentra una estructura que los liga para darle un sentido final. Al poner el trabajo en el centro del relato, la obra de Sordo engancha con la novela proletaria de los años treinta (César M. Arconada), que salta al realismo social de finales de los cincuenta (Armando López Salinas o Jesús López Pacheco) y que reaparece en la novela política actual (Isaac Rosa, Belén Gopegui o Marta Sanz, que le escribe el prólogo).

¿Qué le mueve a escribir ficción?

Es un hobby, una afición que viene de lejos. Por mi trabajo, me expreso mucho hacia afuera, hacia el público, pero en unos códigos bastante constreñidos, porque hablo de derecho laboral, de sindicalismo, de política, de sociedad, pero la narrativa me permite expresar sentimientos y reflexionar sobre aquello a lo que me dedico, pero desde otra perspectiva que quizás incluso puede llegar a otra gente. También es la forma que más me desconecta la cabeza de las cosas cotidianas.

¿Desde cuándo escribe?

Desde crío. Es una forma de expresarme en la que siempre he estado muy cómodo. Aunque esto también me da un poco de pudor, porque muchas de las cosas que he escrito, aunque están ficcionadas, tienen reminiscencias de mi vida. Según va pasando el tiempo, te atreves a decir cosas que, si no, ya no las vas a contar nunca más que en círculos muy íntimos. 

¿Cómo se vence el pudor cuando se tiene un cargo tan notorio como el suyo?

En parte utilizando la ficción como una tapadera. No todo el mundo sabe qué de lo que se dice en el libro son recuerdos o qué inventado. Me cuesta, en la vida pública, hablar demasiado de mí.

Hay algo de su memoria familiar en el tema del desplazamiento de los trabajadores, que es uno de los temas del libro. 

Me interesaba evocar a la gente que se ha tenido que mover para ganarse la vida. Recordar el periodo de necesidad y de cierta pobreza en la que nos desarrollamos los que nacimos en los años 70. Me mosquea muchísimo la gente que intenta hacer una lectura de que la vida hace cuarenta o cincuenta años era una vida mejor, más feliz y más segura. Los setenta y ochenta fueron años de muchísima pobreza entre la gente normal y creo que nuestros padres y nuestras madres echaron una especie de barniz sobre aquellas situaciones de necesidad, un poco para protegernos.

No se trata de hacer una apología de la pobreza o del pobrismo, pero sí de recuperar esa idea de dónde venimos. Nosotros venimos de portales y de barrios donde la gente, cuando se quedaba en paro, los vecinos nos teníamos que ayudar dándonos comida porque si no, no llegabas a fin de mes con una comida encima de la mesa. No pasa nada por decir esto. Forma parte de la biografía de este país, o al menos de los barrios de gente trabajadora de este país.

Hemos heredado una cultura de la Transición que nos ha creado falsos recuerdos sobre que en la Transición todo era divertido, combinado con un mercado al que no le gusta que se contradiga esa idea.

Imagino que hay personas que vivían en Madrid que no saben lo que fue la movida madrileña. El que tenía 17 años se divirtió mucho porque tenía 17 años. Pero España era otra cosa. España no era psicodelia y noche. Era gente que no llegaba a fin de mes. Era un 30% de paro, era droga, era heroína, eran comunidades donde la gente se apoyaba de forma mutua porque si no había situación de necesidad. Era un país mucho menos postmoderno de como a veces quieren venderte desde una cierta élite, que yo respeto mucho y que tiene muchos elementos de interés cultural, pero tirar por elevación a que aquello era la España en los 70 o los 80, desde luego no era donde yo vivía.

¿No se habla de esto en la ficción?

Más que ausencia de ficción, creo que hay ausencia en la memoria del país. Esto se construyó a partir de los 90 y de los primeros 2000. España, cuando tiene esa especie de boom económico que, como luego se demostró, estaba bastante sustentado en pies de barro, se opaca esa historia previa que seguramente no es muy sexy, no es muy bonita. Es un país donde la gente tiene mal las dentaduras y no tiene dinero para ir a los dentistas. Esto parece que cuesta decirlo.

A veces en la narrativa española se demonizan a algunos autores, se dice que hacen activismo en lugar de literatura.

Como se supone que yo tengo que hacer activismo y militancia, desde ahí tengo la excusa para construir algo con alguna pretensión literaria, y me permite aportar porque tengo una experiencia vital en algunas cosas que seguramente un autor al uso tampoco la puede tener, como el conocimiento de las enfermedades profesionales o de cómo se hace la acción sindical en los centros de trabajo.

En el libro salen personajes inventados pero casos reales. Parte viene de un trabajo de recopilación que hicimos en su día en Euskadi sobre muchas personas que habían sido afectadas por enfermedades que provenían del contacto con el amianto, historias dramáticas y que se conocen poco. La vida real tiene historias que muchas veces superan lo que se pueda decir desde la ficción y la distopía. El libro puede parecer muy distópico, pero las partes que lo parecen, ya están superadas por la realidad. Y de hecho, la historia de las capas en el libro aparentemente más distópica es la más real.

Los conflictos laborales, la explotación, es algo central en su novela. No es habitual. 

La dimensión del trabajo de la gente que aparece en las películas y en las series es absolutamente limitada, es algo secundario. Las cosas que se cuentan son las que suceden fuera del trabajo, en relaciones interpersonales que eluden el elemento laboral, el elemento económico, el elemento de conflicto de clase. 

No se sabe de dónde viene el dinero para comprar el coche que el protagonista está conduciendo.

Todas las historias comienzan cuando llegas a casa del trabajo. El mundo es mucho más igualitario fuera del trabajo que dentro. Se supone que todos somos ciudadanos en igualdad de condiciones hasta que entras en el puesto de trabajo, donde hay una relación de jerarquía y dependencia impensable fuera del trabajo. Creo que da pie a muchas narrativas, tiene muchas posibilidades, pero no está particularmente trabajado. 

Y cuando vemos historias que suceden en el mundo del trabajo, normalmente lo importante es una trama que no tiene que ver con el trabajo, como una trama romántica o emociones personales como la envidia o lo que sea, pero que no están realmente arraigadas al conflicto de clase.

Es el hábitat, como mucho es el ecosistema en el que se da la historia. Pero no hay propiamente un vínculo entre la relación que determina el trabajo y que haya una relación de dependencia en el trabajo con la historia. Una de las cosas que he intentado en el libro es contrastar cómo se vive en el trabajo clásico, en el trabajo industrial, en los pueblos, respecto al mundo actual, mucho más líquido, mucho más impredecible. 

¿La historia de los flexworkers de Holanda, trabajadores con turnos y horarios controlados por un algoritmo, existe?

Es la más real porque está basada en un informe que hicieron un grupo de sociólogos, el Colectivo Arosa Sun, basado en entrevistas con chavales y chavalas jóvenes españoles que se habían desplazado a los centros logísticos de Países Bajos a trabajar. Y algunas de las historias del libro son reproducción de lo que ellos les dicen en el informe. El otro día me escribió un chaval diciéndome que estaba deseando leer el libro porque él había sido uno de los esclavos de Waalwijk. La inteligencia artificial y los algoritmos que hoy parecen una distopía capaz de gobernar la vida entera de los trabajadores ya estaba en el año 2017. 

¿Le sirve la literatura para manejar la frustración que pueda producir que, aunque usted pueda hacer muchas cosas como secretario general de un sindicato, quizás no tantas como le gustaría?

Por ejemplo, en el tema de las enfermedades que aparecen en el libro, poco puedes hacer. Puedes intentar que se repare el daño causado, como estamos ahora intentando con el tema del amianto. Por su propia definición son enfermedades que han tenido periodos de latencia enormes, a veces de varias décadas, y las personas que aparecen con esas enfermedades contrajeron los elementos que se las han provocado hace 30 o 40 años. Hay auténticos dramas humanos.

Los que aparecen en el libro se quedan pequeños al lado de lo que ha podido vivir mucha gente que ha llevado una vida muy dura, que ha emigrado, que ha trabajado, que se ha dejado la vida por trabajar y que cuando a lo mejor se estaba jubilando, le ha surgido un cáncer de pleura que se lo ha llevado por delante en cuestión de un año, con unos sufrimientos absolutamente bestiales. El drama del desarraigo, por un lado, y del sufrimiento de la clase trabajadora, por otro. La gente trabajadora a lo largo de la historia, sufre. Afortunadamente se vive ahora mucho mejor que hace 40 o 100 años, de forma indiscutible, pero se sufre. Tampoco pasa nada por decirlo, en un momento que se ha querido postergar el sufrimiento y que se genera una idea idílica de las víctimas. Es que la gente las pasa canutas para vivir.

El Puesto de la Guardia Civil de Fraga, ha investigado a una persona como supuesta autora de un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de coacciones, ocurridos en la comarca del Bajo Cinca. A principios del mes de mayo, el Puesto de la Guardia Civil de Fraga, tuvo conocimiento mediante denuncia que, el pasado mes de abril, un ciudadano extranjero vino a la comarca del Bajo Cinca atraído por una oferta de trabajo gancho de una empresa de la zona como temporero para la campaña frutícola, a través de redes sociales, habiéndose puesto en contacto él, un tercero que trabajaba en dicha empresa.

A su llegada, este retira a la víctima su documentación personal para evitar su marcha, imponiéndole duras condiciones laborales que nada tenían que ver con la actividad recogida en la oferta de trabajo, llegando a realizar largas jornadas de trabajo de obra y sin medios de protección y seguridad, careciendo de contrato de trabajo y con un salario de unos 25 euros semanales.

Tras el conocimiento de los hechos denunciados, los agentes del Puesto de Fraga procedieron a la investigación, corroborando los mismos. Así que, tras realizar las pertinentes gestiones para su esclarecimiento, pudieron localizar el lugar de trabajo de la víctima e identificación del posible autor, así como recuperar la documentación personal de la víctima.

Por todo ello, el pasado 14 de mayo, agentes del Puesto de Fraga procedieron a la investigación de una persona como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de coacciones, siendo un varón de 56 años y vecino de la comarca del Bajo Cinca.

El Puesto de la Guardia Civil de Fraga, instruyó las correspondientes diligencias que, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga, debiendo el investigado presentarse a la Autoridad Judicial cuando sea requerido para ello.

La Guardia Civil pone a disposición su teléfono de atención al ciudadano 062 para perseguir cualquier tipo de delito vinculado a la explotación laboral.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, ha justificado la presencia de la empresa Agricultura Creativa 2015 (más conocida por la marca La Gilda del Norte) en el 'stand' del Gobierno vasco en la feria gastronómica Salón Gourmets, celebrada en Ifema a los pocos días de que la Audiencia Provincial de Bizkaia emitiese una condena penal contra el dueño, F.J.G.Á., por vulneración continuada de los derechos de los trabajadores extranjeros. Barredo, en respuesta a preguntas de la oposición por los hechos adelantados por este periódico, insiste en que el falló “no es firme” y en que, por lo tanto, toca respetar la “presunción de inocencia” de La Gilda del Norte.

“Se trata de hacer compatibles dos planos igualmente esenciales del Estado de Derecho. Por un lado, la garantía y tutela de los derechos de las personas trabajadoras. Y, por otro, el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución española. Ambos principios no son excluyentes, sino complementarios, de manera que la defesa de los derechos laborales no puede articularse mediante la anticipación de efectos propios de una condena que aún no es firme”, argumenta Barredo, que ha atendido preguntas tanto de EH Bildu como de Sumar en relación con La Gilda del Norte.

La Audiencia Provincial de Bizkaia hizo público el 10 de abril que el propietario de La Gilda del Norte había sido condenado a abonar una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta. La condena ha sido recurrida.

El 13 de abril, en el espacio 'Basque Country' gestionado por la sociedad pública Hazi en Ifema, La Gilda del Norte era una de las empresas participantes. El Ejecutivo publicitó que llevaba a 18 firmas “que representan lo mejor de la gastronomía vasca”. Desde la oposición, tanto EH Bildu como Sumar pidieron explicaciones. Los segundos sostenían que se trataba de un “caso grave de explotación laboral”, de una “actuación delictiva de relevante gravedad” y entendían que la compañía “debería ser repudiada también en términos políticos”.

Insiste Barredo en que la sentencia “no es firme” y si “una sentencia recurrible carece de firmeza” tampoco puede “desplegar plenamente” sus efectos. La consejera expone que su incorporación no es por ser “ejemplar”, sino por estar inscrita en un registro y cumplir con los requisitos. Fuentes de La Gilda del Norte añaden que ellos abonaron sus tasas como han hecho en otros eventos en los que han acudido al espacio de 'Basque Country'.

Agrega la consejera del PNV que no solamente no hay “constancia” de una “condena penal firme”, sino que tampoco existe constancia de “sanción administrativa firme”, aunque sí se era “conocedor” el Gobierno de la existencia del procedimiento abierto. Este periódico lleva informando de ello desde 2021 y el juicio fue perfectamente público este año. Se da la circunstancia de que las dos respuestas de Barredo han llegado al Parlamento a las 15.23 horas de este jueves. Siete horas antes, a las 8.31, había entrado en el registro un informe del vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE, de quien depende la Inspección de Trabajo, que enumeraba tres sanciones por irregularidades laborales.

Dos fuentes consultadas recalcan que no cabe duda de que esas infracciones son plenamente firmes porque incluyeron un reconocimiento de los hechos por parte de la empresa para acogerse a un descuento del 40% en las multas, que son de 6.250, 626 y 626 euros, respectivamente, y que tuvieron a trece, trece y un trabajadores afectados, siempre según la documentación oficial. La empresa niega que esas cifras sean correctas. El equipo de Barredo señala que por “error” se ha indicado que es el Gobierno el que no tenía constancia de las actuaciones de Trabajo cuando en realidad era el Departamento el que lo ignoraba.

Torres, a quien EH Bildu preguntó por La Gilda del Norte, expone que una empresa condenada “podría verse impedida” para estar presente en estos foros, pero dice “desconocer” los “criterios” de Hazi. Añade que “una empresa condenada por un delito contra los derechos de los trabajadores no puede contratar en el sector público”, pero abunda que “para ello la sentencia condenatoria requiere que sea firme”.

El vicelehendakari socialista responde con un lacónico “sí” a la pregunta de si no cree que la “excelencia” de las empresas invitadas a los pabellones del Gobierno vasco ha de “incluir también la excelencia de su empleo y el respeto absoluto a los derechos laborales de las personas migradas”. Preguntado si ha habido alguna queja por parte de Trabajo hacia Barredo por estos hechos, Torres indica que “las discrepancias, cuando existen, se abordan de forma interna y constructiva, ya que lo importante es garantizar que las actuaciones se ajusten al marco normativo y respondan al interés general”.

Portavoces de La Gilda del Norte indican que la empresa “puede seguir contratando y trabajando para cualquier Administración pública, porque como bien dicen los consejeros, tiene que haber una condena contra los derechos de los trabajadores”. “La Gilda del Norte no tiene ninguna condena contra los derechos de los trabajadores, se trata de una sanción por emplear a personas extranjeras sin permiso de trabajo y, de hecho, se ha recurrido”, abundan. El resumen de la sentencia de la jurisdicción penal está en la web oficial del Poder Judicial.

Un turno de noche que terminaba de madrugada y enlazaba con otra jornada al amanecer dejaba a muchas personas sin apenas descanso. Los trabajadores pasaron décadas en ese ritmo, con horarios que podían alargarse hasta 16 horas y salarios que apenas cubrían lo básico, mientras sus hijos entraban en fábricas desde los seis años y las mujeres asumían turnos nocturnos para completar ingresos.

Esa situación empujó a miles de personas a organizarse y exigir cambios, porque el tiempo de trabajo ocupaba toda la vida diaria y dejaba fuera cualquier conciliación personal. La presión creció hasta convertir la reclamación de una jornada de ocho horas en una exigencia que marcó el inicio de una intensa lucha por los derechos laborales.

La huelga de 1886 arrancó la protesta por las ocho horas

La huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos, seguida por la revuelta de Haymarket y la condena de ocho trabajadores, dio origen a la conmemoración internacional del Día del Trabajo.

Según Historia National Geographic, ese conflicto se desarrolló en un momento de fuerte crecimiento industrial, con ciudades como Chicago que habían multiplicado su población por la llegada de trabajadores atraídos por la industria y el transporte.

La movilización buscaba aplicar una jornada de ocho horas que ya figuraba en leyes como la impulsada en 1868 por el presidente Andrew Johnson, pero que no se cumplía en la práctica. Esa brecha entre norma y realidad empujó a sindicatos y organizaciones obreras a fijar una fecha para actuar.

Las jornadas laborales en aquel periodo alcanzaban cifras que duraban casi el día completo. Muchos trabajadores empezaban a las cuatro de la madrugada y terminaban a las ocho de la tarde, lo que dejaba apenas espacio para descansar. Esa presión diaria se combinaba con sueldos bajos y con la amenaza constante del paro si cerraba una empresa, una situación que obligaba a muchas familias a aceptar cualquier condición. La dureza no se limitaba al horario, también incluía entornos peligrosos y una vigilancia policial que respondía con fuerza ante cualquier protesta.

La Federación del Trabajo decidió dar un paso organizado y fijó el 1 de mayo de 1886 como fecha para iniciar una huelga general. La convocatoria se extendió por varias ciudades, con especial intensidad en Chicago, donde miles de personas salieron a la calle para exigir la jornada de ocho horas.

Algunas empresas aceptaron reducir horarios, pero otras se negaron, lo que generó tensiones que crecieron durante varios días. Esa falta de acuerdo convirtió las protestas en un conflicto abierto que se prolongó más allá de la fecha inicial.

Los Mártires de Chicago quedaron ligados a la lucha laboral

El 4 de mayo, en la plaza Haymarket de Chicago, una concentración terminó en violencia tras la explosión de una bomba entre las fuerzas policiales. Murieron agentes y manifestantes, y la respuesta de la policía incluyó disparos que causaron más víctimas y centenares de heridos. No se pudo determinar con certeza quién lanzó el artefacto, pero la presión política llevó a detener a varios dirigentes obreros. El episodio, asimismo, se convirtió en el punto más grave del conflicto iniciado días antes.

El juicio posterior condenó a ocho hombres vinculados al movimiento obrero. Cuatro fueron ejecutados en la horca, otro se suicidó en prisión antes de que lo colgaran junto a sus compañeros y otros recibieron penas de cárcel, a pesar de que no se presentaron pruebas directas que los relacionaran con la bomba.

August Spies, uno de los condenados, afirmó antes de morir que “llegará un momento en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy estranguláis”. Esa frase circuló en círculos obreros y quedó asociada a la memoria de quienes fueron castigados tras las protestas.

Los ejecutados pasaron a ser conocidos como los Mártires de Chicago. Su caso no partía de una condena por pedir ocho horas de trabajo, sino de un proceso penal tras los disturbios, pero la conexión entre su muerte y la reivindicación laboral quedó para la historia. De esta manera, los movimientos obreros adoptaron esa referencia para recordar la represión sufrida en el camino hacia derechos básicos.

La Segunda Internacional fijó el 1 de mayo como jornada obrera

En 1889, la Segunda Internacional decidió establecer el 1 de mayo como jornada internacional de reivindicación obrera. La elección buscaba mantener viva la memoria de los hechos de Chicago y dar continuidad a la exigencia de una jornada laboral limitada. La fecha dejó de ser solo un episodio concreto y pasó a formar parte de una tradición que se extendió por Europa y América Latina como Día del Trabajador.

Estados Unidos tomó un camino distinto y consolidó el Labor Day en septiembre como su principal festividad laboral. La decisión se vinculó a un rechazo parcial de los sucesos de Chicago y a una voluntad política de alejar esa conmemoración de los movimientos obreros más conflictivos.

Esa diferencia se mantiene, mientras el 1 de mayo sigue siendo en muchos países como España en una jornada ligada a la memoria de aquellas protestas y a los derechos que se lograron después.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, dentro de los servicios establecidos contra la trata de seres humanos y la explotación laboral, ha desarrollado la operación ‘Caprines’, una investigación que ha culminado con la investigación de dos personas por supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. En explotaciones ganaderas de Lorca y Puerto Lumbreras, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores de trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia han detectado la presencia de ocho ciudadanos extranjeros trabajando sin contrato.

La investigación se inició cuando dos ciudadanos extracomunitarios pusieron en conocimiento de la Guardia Civil que se encontraban trabajando sin contrato en una explotación caprina, ubicada en el término municipal de Lorca.

Los dos trabajadores comunicaron a los agentes que, además, estaban alojados en unas caravanas, dentro de la finca, donde vivían en pésimas condiciones de higiene.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y averiguaron que el titular de la empresa contaba con otra granja en el término municipal de Puerto Lumbreras.

En coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Guardia Civil llevó a cabo la inspección simultánea de ambas fincas.

Las visitas resultaron con la identificación de otros seis trabajadores extranjeros, en situación irregular en el país, uno de los cuales, además, tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional.

Operación 'Caprines'

La operación ‘Caprines’ finalizó con la investigación de dos personas: el propietario de la empresa y un encargado. Según se desprende de la investigación, este último, de la misma nacionalidad que los trabajadores, facilitaba su captación y los distribuía a diario en cada una de las fincas.

Los ahora investigados, al parecer, se aprovechaban de la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas para ofrecerles trabajo sin contrato y en precarias condiciones laborales y de alojamiento.

Estos ocho trabajadores fueron atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España.

La Guardia Civil destapa una organización criminal asentada en la provincia de Castellón dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los agentes han detenido a siete personas y han liberado a 80 personas migrantes en situación de “extrema vulnerabilidad, que malvivían hacinadas en zulos, en muchos casos sin agua ni luz”, según informa el Ministerio de Interior en un comunicado. Se trata de 77 hombres y 3 mujeres, con edades entre los 20 y 35 años, que eran forzadas a trabajar más de 12 horas diarias.

En la operación, a cargo de la Policía Judicial del Cuerpo, han sido detenidas siete personas a las que se les atribuye todo el proceso de explotación laboral, desde su captación en países extranjeros con falsas ofertas de empleo con buenas condiciones laborales, hasta su explotación en España en trabajos en el sector agrícola, alcanzo la “semi esclavitud”.

Las víctimas, en su mayoría hombres en situación de vulnerabilidad económica, eran principalmente de origen nepalí, pakistaní, senegalés o de países árabes. Según informa el Cuerpo, eran captadas en sus propios países mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Les prometían condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención.

La investigación ha permitido identificar a los principales beneficiarios del entramado, un matrimonio de origen pakistaní, propietario del asentamiento principal en Nules, donde las víctimas eran alojadas hasta en cuatro viviendas distintas. El grupo operaba principalmente en las comarcas de la Plana Baixa y L’Alt Palancia de Castellón, además de las comarcas del Camp de Morvedre, Camp de Turia y L’Horta Nord, en Valencia.

Una vez que aceptaban la oferta, las víctimas eran trasladadas a España -en ocasiones mediante viajes organizados por la propia red criminal-, generándoles una deuda que posteriormente era utilizada como mecanismo de control y coacción. A su llegada, eran alojadas en viviendas con condiciones de hacinamiento extremo, sin requisitos de habitabilidad y llegando incluso a carecer de suministros básicos como agua o electricidad.

Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, en condiciones muy precarias con jornadas de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso. La remuneración era inexistente o meramente simbólica, ya que de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención. Estas personas carecían de contrato laboral y de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad y el control del entramado sobre las mismas. Este control se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, lo que generaba un clima de miedo constante que dificultaba cualquier intento de huida, recalca la Guardia Civil.

Operación “Balarama”

La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón en coordinación con la Fiscal Delegada para la trata de seres humanos de la Fiscalía Provincial y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha sido desarrollada durante varios meses y ha permitido destapar este entramado que sometía a sus víctimas a condiciones laborales y de vida próximas a la esclavitud.

La organización operaba de forma jerarquizada: algunos de sus integrantes se encargaban de captar a las víctimas en sus países de origen, otros gestionaban los traslados y el alojamiento, mientras que un tercer grupo controlaba la explotación laboral y la recaudación de los beneficios obtenidos.

También se ha detectado la utilización de empresas y estructuras legales para dar apariencia de legalidad a parte de la actividad, así como para beneficiarse del impago de salarios y de la elusión de obligaciones con la Seguridad Social.

En las actuaciones policiales se han realizado cinco registros en domicilios con la detención de siete personas y la liberación de 80 víctimas, 77 hombres y tres mujeres, con edades entre los 20 y 35 años. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de las siete personas detenidas. La operación ha sido desarrollada con la colaboración de distintos organismos, entidades sociales y sanitarias, como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos, que han velado por la atención y protección de las víctimas.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. a una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta.

El tribunal declara probado que el acusado se dedicó al menos entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a “la contratación reiterada” de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa. También considera probado que advertía a los empleados que en caso de inspección tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa, algo que los propios trabajadores y testigos, así como agentes de la Policía Nacional y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social sostuvieron durante el juicio.

“Se acredita con base a dicha prueba que el acusado de forma asidua o reiterada ocupaba a ciudadanos en situación irregular en España sin permiso de trabajo”, quienes “debido a ello y a la necesidad de subsistencia, se veían abocados a asumir las condiciones laborales” que este les ofrecía, “aprovechándose de que estos ciudadanos se encontraban en posición de debilidad por la amenaza de poder ser expulsados” del territorio nacional, afirma la Audiencia vizcaína.

Sin embargo, el tribunal ha absuelto a la hija del propietario P.G., de los delitos de los que venía siendo acusada como cómplice por las acusaciones particulares -la Fiscalía no formuló acusación en su contra- al estimar que no ha quedado acreditado que ella participara “de alguna manera en la contratación de trabajadores ilegales en la empresa de su padre”, ni que actuara “en calidad de gerente de dicha mercantil”.

Durante el juicio celebrado a finales de marzo, tres de los trabajadores denunciaron trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, sostuvo una de las denunciantes. Los demandantes, dos mujeres y un hombre, argumentaron que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También declararon tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según reconoció una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también lamentó que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, reconoció una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, aseguró una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes denunció que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica'. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte. El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo”, manifestó una de las denunciantes.

En este sentido, tras conocer la sentencia las denunciantes aseguran estar “satisfechas” porque “se ha reconocido la relación laboral de la trabajadora embarazada, a la que se le reconoce una indemnización por responsabilidad civil, y porque se han podido acreditar los hechos”. “Esto es una satisfacción para las trabajadoras y los trabajadores que han sufrido muchísimo estos años”, explican a este periódico, aunque lamentan no estar de acuerdo con la cuantía de la responsabilidad civil y tampoco con que hayan absuelto a la hija del propietario.

Una de las cuestiones que ha dificultado el proceso es que pese a que durante el juicio testificaron cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021, ninguno de ellos supo confirmar cuántas personas en total se encontraban sin permiso de trabajo en las instalaciones, pese a las preguntas de Fiscalía y la acusación particular. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones sí que constataron que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no supieron determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, confesó que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo consideró que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular.

El testimonio más claro con relación al caso fue el de una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, que reconoció que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, detalló la subinspectora, que indicó que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, las denunciantes lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las trabajadoras, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

Siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional por explotación laboral de trabajadores extranjeros en call centers en las ciudades de Madrid y Fuenlabrada como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. La operación, en colaboración con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, destapó jornadas y condiciones abusivas para los empleados, y entre ellas castigos humillantes como tirarles tartas a la cara.

“48 personas han sido protegidas en esta actuación. Vivían situaciones humillantes que no se pueden consentir. La Inspección de Trabajo está ahí para vosotros y vosotras. Denunciad. No os quedéis callados. La denuncia en el buzón de la Inspección es confidencial”, ha advertido esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus redes sociales.

El dispositivo fue desarrollado en quince centros. La Inspección de Trabajo encontró a un total de “48 personas trabajadoras sometidas a condiciones abusivas”. De ellas, “31 eran trabajadores extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social”, informa el organismo público vigilante de que se cumpla la legalidad laboral.

Condiciones abusivas y estafas a particulares

La Inspección apunta que los responsables de los centros de call center contrataban a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y les sometían a condiciones de abuso que restringían cualquier derecho laboral.

“Los trabajadores, además, tenían que cumplir unos objetivos diarios a través de llamadas a particulares. Para ello, contaban con un guión previo e invasivo, cuyo objetivo era estafar a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios”, indican en el organismo público.

“Sus jornadas de trabajo excedían los límites legales permitidos y también carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral”, añade la Inspección.

Por todo ello, el 10 de marzo, se llevó a cabo la entrada y registro en 15 call centers por parte de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, y se detuvo a siete personas como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. 

Castigos humillantes a través de rankings

Además, las autoridades comprobaron que los encargados de las empresas utilizaban un ranking diario para evaluar a los trabajadores en función de las contrataciones conseguidas, como se percibe en las imágenes de esta información.

Así, se establecía un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición que los empleados ocupaban en dicha clasificación.

“Entre las conductas humillantes estaba el lanzar tartas a la cara del trabajador que quedaba en la última posición de ese ranking, en presencia de todos sus compañeros”, denuncia la Inspección de Trabajo.

CCOO ha convocado una huelga en Glovo los próximos 24 de abril a partir de las 20 horas, 25 de abril durante todo el día y 26 de abril de 12 a 16 horas, así como una concentración ante la sede de la empresa en Madrid el 15 de abril a las 18.30 horas, ha infomado el sindicato en un comunicado este martes.

La central ha señalado que el paro se debe al “abuso laboral que sufren los trabajadores de la empresa tras el proceso de laboralización” que finalizó en 2025, según recoge Europa Press.

Ha añadido que “lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales” y ha lamentado que la empresa lleva a la plantilla a una situación que ha definido de límite.

Entre las demandas de la organización están el cese en la aplicación de un “régimen sancionador ilegal” y que la empresa renuncie al expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 750 personas.

Además, reclama la negociación de un convenio colectivo propio y que la empresa “cese en su empeño de obstaculizar el proceso de organización de las personas trabajadoras a través de las elecciones sindicales que se llevan realizando desde hace unos meses”.

La Policía Nacional de la Comisaría de Lugo ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, delito de amenazas y detención ilegal, por explotar a un trabajador extranjero en una zona rural de la provincia. Según han informado fuentes policiales, la víctima se encontraba en situación irregular y muy precaria, por lo que aceptó trabajar para el investigado sin contrato. Este individuo le había prometido que le proporcionaría vivienda, comida y un sueldo en efectivo, a cambio de que trabajase para él. Sin embargo, lo alojó en un habitación de una vivienda en un pueblo del rural lucense, casi en ruinas, sin ventanas, con humedades y goteras, viviendo en condiciones infrahumanas y facilitándole solo comida precocinada.

La víctima trabajaba de sol a sol, unas 15 horas diarias y sin apenas cobrar. De hecho, estuvo trabajando en estas condiciones unos 8 meses, y cobró en total unos 2.000 euros. Además, el trabajador denunció episodios de amenazas, coacciones y agresiones físicas por parte del empleador. En uno de esos episodios, el trabajador huyó pero el detenido dio con él y lo obligó a regresar a su puesto de trabajo, bajo un clima de miedo y amenazas, y lo retuvo allí contra su voluntad.

La víctima volvió a escaparse y logró llegar a la ciudad de Lugo, donde se presentó en dependencias judiciales para denunciar lo ocurrido. Allí fue asistido por los agentes y trasladado a un centro médico, donde se certificaron las lesiones que presentaba, compatibles con los hechos que había relatado; y se contactó con servicios sociales para darle atención. La investigación derivó en la detención del presunto explotador, que fue puesto a disposición judicial.

El propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. ha renunciado a su derecho a la última palabra durante el juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El responsable de la empresa vizcaína, y su hija, P.G., están acusados de delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores al mantener presuntamente, a personas extranjeras en situación irregular trabajando sin contrato, por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. A lo largo de todo el juicio F.J.G.A. se ha mantenido en silencio. Su hija, por su parte, sí que ha hecho uso de la última palabra para denunciar el “sufrimiento” al que se han enfrentado. “He tenido que medicarme y no porque piense que nos han pillado ni mucho menos, sino porque han ido contra mi familia y han intentado hacernos daño de todas las maneras posibles. La última que han tenido ha sido involucrarme a mí en todo esto. Espero que se haga justicia por el sufrimiento que yo sí que he vivido”, ha declarado en la segunda y última sesión del juicio celebrada este miércoles y a la que han asistido cerca de 40 trabajadores con camisetas de La Gilda del Norte que han criticado en los pasillos a sus excompañeras denunciantes como muestra de apoyo a sus jefes.

Durante la segunda y última sesión han testificado cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones han constatado que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no han sabido determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, ha confesado que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo considera que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular. Ninguno de los testigos ha sabido confirmar cuántas personas en total se encontraron durante las inspecciones sin permiso de trabajo, pese a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular.

Una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, ha reconocido que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, ha detallado la subinspectora, que ha indicado que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

A lo largo del juicio también han testificado una decena de trabajadoras que han coincidido en su mayoría en que trabajaban “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Además de que, si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”.

A pesar de ello, desde Fiscalía, que confirma “la contratación reiterada e ilegal de personas en situación irregular, al menos desde 2018 a 2021” no percibe “explotación laboral”. “En un caso como el presente no concurre en ningún caso una situación de abuso, superioridad, engaño o situación de necesidad de los trabajadores en las concretas circunstancias de este caso sin perjuicio de que el trabajo de estos trabajadores no sea el trabajo de los sueños de nadie, ya que cobran una cantidad de dinero francamente escasa, pero esto en ningún caso supone la imposición de condiciones abusivas de semiesclavitud como se ha escuchado en esta sala. Nadie ha resultado amenazado para desempeñar este trabajo. A nadie se le ha engañado para realizar este trabajo, y, por tanto, entendemos que en ningún caso resultan acreditados ninguno de los preceptos penales”, ha justificado la fiscal, que se mantiene en una condena de 12 meses de cárcel para el propietario de la empresa y exime a su hija, al entender que “no puede ser autora de ninguno de los delitos porque no tiene la condición de empresaria”, pese a que la acusación particular ha presentado como prueba “pantallazos” de artículos en prensa en los que la acusada se define como CEO de La Gilda del Norte, algo que aparece también en sus redes sociales y las demandantes y testigos han asegurado que ella “también daba órdenes” en la empresa.

La acusación particular, que exige para los dos propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, ha solicitado incluir una medida subsidiaria de 18 meses de prisión para el propietario y 89 días de prisión para su hija. Esto implica solicitar a la jueza una pretensión principal y, para el caso de que esta no sea estimada, proponer una alternativa secundaria (subsidiaria) para garantizar la protección de los intereses de la parte demandante.

“La empresa ha utilizado a los trabajadores en situación irregular de forma continuada durante un periodo de 3 a 4 años desde 2017 hasta el mes de actuación de la Inspección de Trabajo en mayo de 2021. Todo esto está sustentado en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente en las últimas dos, sino en más, que constataron en sus diferentes intervenciones que había trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y a través de la actuación de la Policía Nacional y lo reflejado también en sus atestados, así como en las declaraciones tanto de los agentes como de los inspectores de trabajo, se han acreditado hasta 14 trabajadores en situación irregular”, ha señalado la abogada de la acusación particular.

La defensa ha tratado de argumentar que la contratación del personal en situación irregular se trataba de algo “esporádico y puntual” debido a la “dificultad de poder encontrar” a trabajadores en el sector. Sin embargo, la acusación particular ha defendido que más que algo puntual, se trataba de una estructura empresarial. “Era una estructura empresarial basada en las mismas condiciones de 800 euros al mes con extras puntuales por las tardes y los sábados. Está probado que estas personas no estaban allí trabajando de forma esporádica, sino que estuvieron años. Es decir, esto formaba parte de la estructura y del plan de negocios de la empresa y afectaba a su cuenta de resultados de forma relevante. Por lo tanto, existe una lesión también a las arcas públicas. El modelo de negocio del grupo empresarial, del que son titulares tanto el propietario como su hija, se basaba en ese beneficio extra que les proporcionaba la ausencia de contratos legales y el ahorro que le supone a una empresa tantos trabajadores sin pagar a la Seguridad Social y esas condiciones mínimas que suponen un beneficio directo, así como también afecta a la competencia en el mercado. Se presume elevadísimo también el beneficio que le aportó a esta empresa en la pandemia el hecho de contar con este tipo de trabajadores sin pago de Seguridad Social y que trabajaron incluso en ERTE por lo que la empresa se beneficiaba también de las ayudas que venían establecidas por el ERTE”, ha defendido la abogada.

Por último, la defensa de los acusados ha pedido la absolución de ambos al entender que ya han sido sancionados previamente por esta causa, debido a que la Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, desde la acusación particular lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las demandantes, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

Trabajadores de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) han declarado durante el juicio que se celebrará entre este martes y miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia que trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, ha explicado una de las tres denunciantes que acusan a F.J.G.A y su hija P.G., los dos propietarios de la empresa vizcaína de “explotación laboral” y por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel.

La acusación particular, representante de las denunciantes, exige para los propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, aunque la Fiscalía deja la petición de condena en un año y exime a la hija. Ninguno de los dos ha querido declarar durante el juicio y P.G., se ha acogido su derecho a no usar su última palabra para así no presentarse en la segunda sesión, que tendrá lugar este miércoles y en la que están llamados a testificar cuatro agentes de la Policía Nacional y de dos subinspectores laborales.

Durante la primera sesión del juicio han testificado las tres demandantes, dos mujeres y un hombre que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También han declarado tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según ha reconocido una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también ha lamentado que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, ha reconocido una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, ha asegurado una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes ha asegurado que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica”. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte“. ”El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo“, ha manifestado una de las denunciantes.

Otro de los denunciantes ha asegurado que entre el 60 y 70% de la plantilla con la que él trabajaba eran “trabajadores extranjeros en situación irregular”. Llegaban a la empresa recomendadas por algún familiar o amigo, muchas veces a los pocos días de llegar al país y no se les realizaba ninguna entrevista, pasaban directamente a realizar las labores, normalmente de 06.00 a 14.00, pero con la posibilidad de realizar horas extra por las tardes y los sábados. Los trabajadores han detallado que los pagos se realizaban en mano y que en alguna ocasión hubo retrasos en los mismos, pero no impagos. La mayoría relatan que vivían con la “promesa” de que pasado un tiempo se formalizara su contrato y pudieran estar en situación regular en el país.

La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso. Tras la segunda inspección, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2021, los trabajadores irregulares, según han declarado, pasaron a trabajar en el turno de noche, de 20.00 horas a 06.00 horas. La forma de controlar los horarios de cada uno, según han apuntado, era un cuaderno que controlaba una de las trabajadoras con mayor rango en la empresa que ha sido citada a declarar en calidad de testigo, pero que no ha acudido a la cita por encontrarse residiendo en el extranjero. Los trabajadores han declarado que “durante el confinamiento por la COVID-19 siguieron trabajando incluso en ERTE”, que nunca realizaron ninguna formación sobre seguridad laboral, reconocimiento médico, no contaban con EPI, ni realizaron jamás cursos de manipulación de alimentos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a cinco personas como presuntos responsables de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular, en el marco de la denominada Operación DURUM.

La investigación se inició el pasado mes de noviembre tras varias inspecciones realizadas en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuatro establecimientos de comida rápida de tipo kebab.

Durante dichas inspecciones se localizaron a varios trabajadores extranjeros en situación irregular, que estarían siendo víctimas de explotación laboral.

Las víctimas, que prestaron declaración en dependencias policiales bajo la figura de testigo protegido, manifestaron que los detenidos formaban parte de un grupo organizado dedicado a la explotación de trabajadores extranjeros sin documentación.

Según relataron, eran obligados a realizar jornadas laborales maratonianas, sin contrato, sin alta en la Seguridad Social, sin días de descanso y sin cobertura sanitaria.

Asimismo, denunciaron haber sufrido un trato degradante, con insultos y amenazas constantes, además de percibir salarios mínimos muy por debajo de lo legalmente establecido.

La organización también facilitaba alojamiento a los trabajadores en condiciones de hacinamiento. Con este sistema, los responsables lograban reducir costes laborales y aumentar sus beneficios de manera ilícita, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La Guardia Civil investiga a un vecino de Cuntis (Pontevedra) por, supuestamente, explotar laboralmente a extranjeros en varios locales de hostelería de su propiedad. El hombre captaba a los trabajadores a través de páginas web en las que les ofrecía un contrato de trabajo, un sueldo acorde al horario, alojamiento y algunas facilidades para acceder al puesto. Una vez llegaban a la provincia, estas personas eran obligadas a trabajar todo el día, trasladadas de un local a otro para cubrir distintos turnos. Han sido identificadas 11 víctimas.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un extrabajador, que informó de cuál había sido su situación y de que había más personas siendo explotadas, no solo en el mismo local donde lo había sido él, sino otros locales de la provincia, según recoge Europa Press.

Los agentes identificaron dentro de lo que llamaron Operación Bugonia al presunto autor de varios delitos contra los derechos de los trabajadores y amenazas, ocurridos en varios locales situados en Barro, Cuntis y A Estrada. Se trata de un varón de 53 años, vecino de Cuntis y con antecedentes policiales de similares características.

Las víctimas, una vez terminaban de realizar todos los turnos a los que eran obligadas, eran llevadas de vuelta al lugar donde pernoctaban, situado en la parte superior de uno de los locales.

En las inspecciones de los locales donde se llevaba a cabo la explotación laboral ha participado también personal de la Patrulla Fiscal de la Compañía de Cambados y personal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de trabajo y economía social.

La Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen asiático, que se encontraban en condiciones de explotación laboral en Calahorra (La Rioja). En el marco de la denominada operación Huotui, han sido detenidas cuatro personas a las que se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y delito fiscal. 

El estudio patrimonial de la organización reveló que, entre los años 2019 y 2025, las cuentas bancarias del principal responsable de la red registraron movimientos por más de 5,2 millones de euros, de los cuales, alrededor de 3,4 millones de euros carecen de trazabilidad conocida.

La operación comenzó tras una inspección de una nave en obras situada en el Polígono Industrial Azucarera de Calahorra (La Rioja), donde los agentes detectaron indicios de una posible red de explotación laboral. Varios trabajadores de nacionalidad china huyeron ante la presencia de los agentes, mientras que el encargado de la obra trataba de obstaculizar la labor policial aprovechando la barrera idiomática para eludir las preguntas de los investigadores.

La investigación permitió constatar que tres hombres y una mujer formaban parte de una estructura criminal encargada de la dirección y gestión económica del entramado que controlaba a los trabajadores explotados.

Obligados a trabajar en la construción entre 12 y 14 horas diarias

La organización captaba en China a ciudadanos en situación de vulnerabilidad y los trasladaba a España con visado de turista para emplearlos en el sector de la construcción con jornadas de entre 12 y 14 horas diarias, los siete días de la semana. Trabajaban sin ninguna medida de seguridad e incumpliendo las normas del sector de la construcción, poniendo en riesgo su salud y su integridad física. 

Al salario que recibían por su trabajo les descontaban cantidades en concepto de alojamiento y manutención. Dormían en colchones colocados sobre palés de madera, en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, carentes de las mínimas condiciones de habitabilidad. Para mantener el control, la organización recurría de manera sistemática a la intimidación y la violencia.

Durante la explotación de la operación se intervinieron 11.000 euros en efectivo, diversa documentación de interés para la investigación y varios vehículos utilizados por la organización. Además, se han bloqueado once cuentas bancarias vinculadas a los investigados y a la suspensión temporal de la actividad empresarial utilizada como tapadera para el desarrollo de las actividades ilícitas.

De los trabajadores liberados, uno presentaba una lesión en un pie. Se les prestó asistencia y alimento.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra, con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil de Arnedo, patrullas de Seguridad Ciudadana, el grupo cinológico con perros adiestrados en la detección de dinero y las USECIC de La Rioja y Navarra. Además, se ha contado con la asistencia a las víctimas participaron el Ayuntamiento de Logroño y diversas ONGs especializadas en atención y apoyo social.