La sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una sentencia redactada por el propio presidente del máximo órgano judicial vasco, el magistrado Iñaki Subijana, ha confirmado “íntegramente” la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Bizkaia al dueño de la conocida empresa La Gilda del Norte, F.J.G.Á., por emplear irregularmente y de modo reiterado a trabajadores extranjeros. Además, ha considerado acreditado que se produjo una “explotación laboral”.

El fallo, emitido este lunes, notificado este miércoles y firmado también por los jueces Ana Belén Iracheta y Manuel Ayo, confirma punto por punto el relato de hechos probados de la primera instancia y sostiene que esta empresa, “prevaliéndose de una significativa vulnerabilidad personal” de los migrantes, atentó contra su “dignidad”. La pena, con todo, es muy contenida. Se fijó y se mantiene una multa de 18.000 euros e indemnizaciones a las víctimas que suman 7.500 euros, sin penas de prisión. Se mantiene la absolución a la hija del empresario y otra de las responsables de La Gilda del Norte, que inicialmente había sido igualmente imputada.

La defensa de la compañía, a pesar de que logró sortear el encarcelamiento que pedían las acusaciones, había interpuesto un recurso de apelación ante el Superior dentro de una campaña más amplia para hacer ver que las informaciones adelantadas en su día por este periódico sobre la “explotación laboral” en la empresa fueron un montaje. Aunque el fallo no es firme y cabe un recurso de casación ante el Supremo, es ya la cuarta instancia que constata los mismos hechos después de los informes de la Policía Nacional, competente en materia de Extranjería, y de la Inspección de Trabajo y del fallo de la Audiencia Provincial.

La Gilda del Norte había intentado anular la condena alegando la vulneración del principio 'non bis in idem' y de 'cosa juzgada', que implican que un asunto ya resuelto no pueda volver a castigarse. Sostenían que el empresario ya había satisfecho sus responsabilidades ante la Inspección de Trabajo. El Superior indica que no cabe sacar de la ecuación a la vía penal y que las sanciones anteriores fueron administrativas, aunque sí admite que las cuantías económicas han de modularse para descontar lo que ya pudiera haber ingresado anteriormente. Las defensas de las víctimas y la Fiscalía se habían opuesto al recurso del condenado.

El fallo reproduce lo ya conocido en la sentencia anterior y recuerda que hubo una “contratación reiterada” de personas extranjeras “sin ser dados dde alta en la Seguridad Social” y en condiciones precarias. Se añade que, tras la primera inspección, se les obligó a trabajar “en turno de noche a fin de sortear posibles inspecciones” y que se les pedía que se “escondieran” en tal caso. En algunos casos, eso se hizo en cámaras frigoríficas. Dice el Superior que esto era una “práctica habitual”, que el empresario se valía de la “extrema vulnerabilidad” de los extranjeros y que redujo “al máximo” los sueldos y derechos.

Se da la circunstancia de que, después de la condena en primera instancia, La Gilda del Norte participó en el 'stand' del Gobierno vasco en una feria en el recinto Ifema de Madrid, Salón Gourmets. La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, justificó la presencia de la empresa Agricultura Creativa 2015 —que es el nombre mercantil real de esta firma— y alegó en el Parlamento, ante las críticas de la oposición, que el fallo “no era firme” y que, por lo tanto, tocaba respetar la “presunción de inocencia” del empresario. Fuentes de la empresa indican que se presentará también un recurso ante el Supremo.

De perfil discreto y sin grandes apuros en su mochila –y eso que le tocó lidiar, desde Medio Rural, con alguna de las peores oleadas de incendios–, el conselleiro José González seguía siendo un gran desconocido para los gallegos tras ocho años en la Xunta. Ahora, el responsable Empleo y Emigración tiene sobre él todos los focos después de que Inspección de Trabajo sancionase a la bodega de su familia –de la que él fue socio hasta entrar en la Xunta, en 2018– por tener trabajando en la vendimia a dos inmigrantes sin papeles, contratados a través de la ETT “habitual”. Empleo, Emigración y Medio Rural –su anterior cartera– se juntan en una crisis sobre la que intenta echar tierra pero en la que todavía quedan muchos interrogantes. Empezando por saber...

¿Quién es el conselleiro de Emprego?

José González (Ourense, 1970), ingresó en el cuerpo de inspectores de Hacienda con 27 años, mucho antes de heredar, junto a sus hermanos, la bodega familiar. En 2016, llegó al Parlamento como diputado raso y solo dos años después ya era conselleiro de Medio Rural. El detonante de su despegue, la presidencia de la comisión creada tras los incendios del otoño de 2017, donde el fuego llegó a correr por las calles del centro de Vigo. El dictamen, muy crítico con la propia Xunta, le granjeó enemistades en el partido pero hizo que Feijóo se fijase en él y lo incorporase a su gobierno. Tras ganar sus primeras elecciones, Alfonso Rueda lo desplazó a Emprego.

Su sucesora, María Jose Gómez –protegida de la presidenta provincial y alcaldesa de Lugo, Elena Candia, curiosamente más próxima a Feijóo que a Rueda– guardó en el cajón o “reformuló” algunas de sus medidas estrella, como la anunciada ley de incendios, que sigue en el limbo. Con ella pretendía poner el colofón a un sistema que se basaría, por primera vez, más en la prevención que en la extinción.

¿Cuál es la ETT que contrató a los trabajadores sin papeles?

Ni la bodega Casal de Armán ni el propio conselleiro –que dice limitarse a repetir lo que le contaron en el “ámbito familiar”– han identificado a la ETT a la que responsabilizan de haber llevado a sus viñas de Ribadavia (Ourense) a los dos migrantes en situación irregular. Es la ETT “con la que tratan habitualmente”, afirmó González mientras defendía la “honorabilidad” de la empresa de sus hermanos.

Sin embargo, Trabajo no multó a la ETT sino a una filial de Casal de Armán, Viña Campinas S.L., la encargada de gestionar los viñedos. Lo hizo, según la empresa, porque “aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”. La ley 14/1994 que regula las empresas de trabajo temporal ya recoge en su artículo 16.2 que “la empresa usuaria es responsable de la protección en materia de seguridad y salud laboral”.

¿Por qué se denunció a los migrantes?

Casal de Armán y González esgrimen, como prueba de que no existió intención de fraude, la denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –la Guardia Civil, aclara el conselleiro– cuando conocieron los hechos. Sin embargo, la demanda no es contra la tantas veces mencionada ETT, como responsable de la contratación, sino contra los migrantes en situación irregular que supuestamente se han hecho pasar por otras personas que sí tenían los papeles en regla. Si son declarados culpables de usurpación del estado civil, que es como se encuentra tipificado en el Código Penal, podrían afrontar penas de cárcel de 6 meses a 3 años.

¿Se esconde Alfonso Rueda?

Eso dice la oposición, porque el presidente de la Xunta no ha abierto todavía la boca sobre el “desgraciado incidente”, como definió González lo sucedido en Casal de Armán. Desde la publicación de la noticia por elDiario.es en la noche del lunes, Rueda ha seguido protagonizando actos públicos: el martes visitó la ampliación de una depuradora en Padrón y el miércoles participó en el 50 aniversario del Centro Príncipe Felipe de Pontevedra, donde se atiende a menores en riesgo de exclusión. En ninguno de ellos hizo declaraciones más allá de la intervención protocolaria.

El único miembro del gobierno gallego que ha hablado es el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, número dos de facto del ejecutivo, que ha dado por buenas las explicaciones de González. Este, mientras, ha evitado aclarar si cuenta con el apoyo del presidente: “Pertenece al ámbito privado de nuestras conversaciones”.

¿Tiene Casal de Armán un salón de eventos ilegal?

Sí, desde el año 2015, cuando el hoy conselleiro todavía era uno de los socios de la empresa. Se trata de una estructura próxima a la antigua casa rectoral de Santo André de Campo Redondo, en Ribadavia, un edificio protegido por Patrimonio donde la Xunta, en 2019 –siendo ya González responsable de Medio Rural– abrió el Museo do Viño de Galicia. Desde entonces, los diversos intentos de demolerlo –como ha informado ampliamente Praza.gal– se han visto retrasados una y otra vez, en parte por el retraso de la Consellería de Cultura para responder a los recursos. El último, si una vez derribado, en el espacio habría que plantar viñas o se podría instalar una zona ajardinada. Mientras los despachos ralentizan la piqueta, Casal de Armán ha seguido explotando comercialmente la edificación.

¿Qué otros frentes abiertos tiene González?

La gestión de González en Emprego pasaba sin pena ni gloria hasta que la Xunta, con él como mascarón de proa, hizo bandera de la lucha contra el absentismo laboral, una categoría en la que el ejecutivo autonómico equiparaba –aunque después se ha venido esforzando en tratar de diferenciarlo– las ausencias injustificadas con las bajas e incapacidades. Fue ese espíritu el que hizo que dos de los principales sindicatos gallegos –el mayor, la CIG, y CCOO– se negasen a participar en una mesa de diálogo e hicieron que UGT se quedase sola con la patronal y una Xunta que ahora insiste, con poco éxito, en que el futuro decreto no busca “demonizar” a los trabajadores.

“No pienso en dimisiones”. El conselleiro de Emprego de la Xunta, José González, no se plantea abandonar el cargo después de que la Inspección de Trabajo sancionase a la bodega de su familia, Casal de Armán, por haber contratado para la vendimia del pasado año, a través de una ETT, a dos inmigrantes sin papeles. González admite que ha hablado del asunto con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pero no aclara si éste le ha dado su apoyo: “Eso pertenece al ámbito interno de las conversaciones que tenemos el presidente y yo”. Rueda todavía no ha hablado en público de lo que la oposición ya califica como “escándalo”.

González realizó estas declaraciones a elDiario.es en Moraña (Pontevedra), antes del acto de entrega de los premios de responsabilidad empresarial, organizados por la Secretaría Xeral de Emprego, dependiente de su Consellería, donde destacó la necesidad de “poner a las personas en el centro”. No quiso entrar en la casualidad de que este evento se celebrase justo después de que se conociese el “desgraciado incidente” –las comillas son suyas– protagonizado por la empresa de su familia. “Hoy hay que destacar a los premiados por este reconocimiento, es su día”.

“Me va a permitir, está suficientemente contestado”, despejó una cuestión sobre si había hablado de lo sucedido con Rueda. “Hablo con el presidente constantemente”. ¿Sobre este asunto también? “También sobre este asunto” ¿Y él le ha dado su respaldo? “Eso pertenece al ámbito interno de las conversaciones que tenemos el presidente y yo”. El BNG y la CIG, el principal sindicato gallego, han pedido su dimisión. “No estoy pensando en dimisiones, sino en entregar estos premios”. Y sobre la comparecencia en el Parlamento que solicita el PSdeG: “Si me llaman, claro, no tendré inconveniente en dar explicaciones donde me las pidan”.

Que lo aclare la empresa

Antes, el conselleiro pasó la pelota a la bodega familiar a la hora de añadir nuevas explicaciones a las aportadas por él este martes: “Creo que expliqué suficientemente los hechos y remito cualquier aclaración a lo que diga la empresa, que supongo que algo también explicará”.

Cuestionado por el hecho de que Casal de Armán presentase una denuncia por lo sucedido, pero no contra la ETT sino contra los dos inmigrantes irregulares, acusados de usurpar la identidad de personas que sí tendrían los papeles en regla, González respondió que no conocía el contenido de la querella y que lo que sabía era lo que le habían trasladado en el “ámbito familiar”.

“Para precisar: yo hablé de una denuncia de usurpación de identidad, de poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil para que determinaran qué es lo que había pasado. Simplemente transmití lo que en su momento me transmitió a mí mi familia. No sé exactamente el contenido de esa denuncia”, aclaró. Pese a que esta redacción se lo solicitó, Casal de Armán se negó a mostrar una copia de la demanda.

Para finalizar, preguntado por su opinión sobre los hechos como representante del gobierno gallego, y no como hermano de los propietarios de la bodega sancionada, respondió con tono rotundo: “Yo, como conselleiro de Emprego –y quiero ser muy claro–, evidentemente, cualquier empresa tiene que respetar sus obligaciones, por supuesto, también en materia de seguridad social”.

La Policia Nacional ha detingut un empresari hoteler de Palma per suposadament explotar diversos dels seus treballadors, a qui obligava a realitzar jornades de fins a 12 hores diàries per un salari que a penes arribava als 1.000 euros mensuals.

Els fets es remunten a l'estiu passat, quan els agents de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres, en una inspecció rutinària, van detectar que un dels empleats del sospitós es trobava en situació irregular.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social el va sancionar llavors amb una multa de 10.000 euros, ha informat la Prefectura Superior de Policia de les Balears.

Aquest estiu els agents van comprovar que el mateix empresari tenia dues persones més treballant en situació irregular al mateix restaurant i una més en un negoci que feia poc que havia obert.

Les condicions de l'ocupació, a més de trobar-se al marge del contracte de treball, vulneraven la legislació sobre els drets dels treballadors pel que fa a les jornades diàries, els dies de descans i les vacances, com també el salari que percebien.

Els treballadors van manifestar que realitzaven jornades de 12 hores diàries, de vegades en horari nocturn, i si podien descansaven un dia a la setmana, però que mai havien tingut vacances.

El salari que se'ls oferia a penes arribava als 1.000 euros, però van explicar que ho acceptaven perquè necessitaven contribuir a l'economia familiar als seus països d'origen.

Per tot això, l'empresari va ser detingut com a suposat autor d'un delicte contra els drets dels treballadors.

La Policía Nacional ha detenido a un empresario hostelero de Palma por supuestamente explotar a varios de sus trabajadores, a quienes obligaba a realizar jornadas de hasta 12 horas diarias por un salario que apenas llegaba a los 1.000 euros mensuales.

Los hechos se remontan al pasado verano, cuando los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en una inspección rutinaria, detectaron que uno de los empleados del sospechoso se encontraba en situación irregular.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social le sancionó entonces con una multa de 10.000 euros, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Balears.

Este verano los agentes comprobaron que el mismo empresario tenía a dos personas más trabajando en situación irregular en el mismo restaurante y a una más en un negocio que hacía poco que había abierto.

Las condiciones del empleo, además de encontrarse al margen del contrato de trabajo, vulneraban la legislación sobre los derechos de los trabajadores en cuanto a las jornadas diarias, los días de descanso y las vacaciones así como el salario que percibían.

Los trabajadores manifestaron que realizaban jornadas de 12 horas diarias, en ocasiones en horario nocturno, y si podían descansaban un día a la semana, pero que nunca habían tenido vacaciones.

El salario que se les ofrecía apenas llegaba a 1.000 euros, pero explicaron que lo aceptaban porque necesitaban contribuir a la economía familiar en sus países de origen.

Por todo ello, el empresario fue detenido como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas que conformaban una red de explotación laboral dedicada a suministrar mano de obra barata en construcciones del norte de España. Hay una cuarta persona investigada por su participación en los hechos y al menos 41 víctimas identificadas, obreros extranjeros en situación de vulnerabilidad, que trabajaban en Cantabria, Asturias y País Vasco.

La Policía Judicial del instituto armado detectó el pasado verano indicios de esta posible red y de la explotación laboral de numerosos trabajadores, lo que apuntaba a posibles delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, la trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y los de los ciudadanos extranjeros, entre otros.

Los agentes realizaron vigilancias y comprobaciones en las tres citadas comunidades autónomas y lograron identificar una empresa cuyo principal responsable desarrollaba su actividad en Vizcaya y con sede económica en Vitoria.

Descubrieron que muchos de los trabajadores se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad por circunstancias económicas o sociales que favorecían un estado de dependencia respecto quienes controlaban sus desplazamientos y condiciones de trabajo.

La mayoría de los empleados habían realizado largos desplazamientos hasta nuestro país a través de diferentes rutas migratorias en diversos medios de transporte, incluso con escalas en países como Grecia e Italia antes de llegar a su destino final. Algunos habían contraído deudas de hasta 30.000 euros para financiar el viaje, lo que aumentaba su situación de vulnerabilidad.

Los guardias civiles detectaron que, al inicio de cada jornada laboral, numerosos trabajadores se concentraban en distintos puntos de Vitoria, desde donde eran distribuidos en vehículos hacia diferentes obras de construcción, llegando a recorrer diariamente “cientos” de kilómetros.

En los casos de Asturias y Cantabria, debido a la distancia respecto a la sede de la empresa investigada, los trabajadores eran alojados en viviendas donde permanecían durante la semana laboral en condiciones que están siendo investigadas.

Ante esto, y en virtud del convenio de colaboración existente, en febrero de 2026 se incorporó a la investigación la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Durante las pesquisas se constataron varios accidentes laborales sufridos por trabajadores vinculados a este entramado. Al menos dos habrían sido trasladados a centros sanitarios y posteriormente apartados de su empleo.

Así las cosas, se reunieron indicios sobre la existencia de una red organizada dedicada a favorecer la inmigración irregular y explotar laboralmente a trabajadores extranjeros, entre otros ilícitos penales.

En su fase de explotación final este pasado mes, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Policía Judicial en Álava y Cantabria, con el apoyo de más de 70 efectivos de las USECIC de la Guardia Civil en País Vasco, Cantabria y Asturias, llevaron a cabo un operativo simultáneo en varias obras del norte.

Como resultado, han sido inspeccionadas diez obras en estas comunidades, y han sido detectadas presuntas irregularidades laborales en siete de ellas. Durante el operativo han sido identificados 41 trabajadores extranjeros vinculados a distintas empresas investigadas.

La mayoría utilizaba documentación de terceros para acreditar su identidad ya que se encontraban en situación administrativa irregular.

Durante las actuaciones, muchos trabajadores mostraban inicialmente reticencias a colaborar con las autoridades y dificultaban la verificación de su identidad y situación administrativa.

Posteriormente, varios reconocieron haber abonado importantes cantidades de dinero a organizaciones dedicadas a facilitar la inmigración irregular para llegar a España y acceder a un empleo.

En total, han sido detenidas tres personas, responsables empresariales. También se investiga a una cuarta por su participación en los hechos. Se han realizado tres registros e inspecciones en inmuebles y establecimientos de Vizcaya y Álava, donde ha sido intervenida documentación y dispositivos electrónicos que están siendo investigados.

Tras las comprobaciones realizadas, 40 de los 41 trabajadores identificados se encontraban en situación administrativa irregular en España. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Santander, que dirige actualmente la instrucción del procedimiento. La operación, de nombre 'Ambotan-Canapu', sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

La Policía Nacional ha desarticulado en Caspe una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La operación se ha saldado con cuatro detenidos y la liberación de siete trabajadores rumanos que, según la investigación, fueron captados en su país mediante ofertas de empleo cuyas condiciones no se correspondían con la realidad.

La investigación se inició tras una petición de colaboración de la Policía de Rumanía, después de que dos ciudadanos de ese país, empleados en una explotación agrícola de Caspe, comunicaran a través de sus familiares que se encontraban retenidos contra su voluntad. Tras recibir la información, los agentes pusieron en marcha un operativo que permitió localizar y liberar a ambos trabajadores.

Las pesquisas posteriores revelaron la existencia de un grupo criminal presuntamente dedicado a la explotación laboral de ciudadanos rumanos. Días después, la Policía desplegó un amplio dispositivo en la finca agrícola donde habían sido encontradas las primeras víctimas ante la sospecha de que pudiera haber más afectados.

Durante la intervención fueron detenidos cuatro miembros de la organización y se identificó a 91 trabajadores rumanos que vivían en contenedores prefabricados en condiciones precarias. Según la investigación, los empleados eran alojados en casetas con capacidad para diez personas y debían pagar dos euros diarios por servicios básicos como cocina, agua potable y agua caliente, pese a que inicialmente se les había prometido alojamiento gratuito.

La mayoría de los trabajadores había sido captada a través de anuncios publicados en internet. Tras mostrar interés por la oferta, firmaban un precontrato del que únicamente podían ver la primera página, mientras que el resto de condiciones les eran comunicadas verbalmente. Una vez aceptaban el empleo, eran trasladados desde distintos puntos de Rumanía hasta España en viajes en autobús de tres días de duración. Aunque se les aseguraba que el desplazamiento sería gratuito, al llegar a Caspe se les obligaba a trabajar durante dos jornadas sin cobrar para sufragar el coste del viaje.

Además, varios trabajadores manifestaron que la organización les había prometido un salario de 9,50 euros por hora. Sin embargo, las condiciones laborales resultaron ser distintas a las pactadas. Las jornadas alcanzaban las diez horas diarias de lunes a sábado.

A los cuatro arrestados se les imputa un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La investigación continúa abierta.

La Guardia Civil de Fraga ha procedido, en el marco de la Operación Ager, a investigar a dos personas como supuestas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, a una de ellas se le atribuyó un delito de coacciones, hechos ocurridos en la comarca altoaragonesa del Bajo Cinca. Se trata del gerente de una empresa frutícola y el encargado de la explotación agraria.

Estas actuaciones tienen lugar por la intensificación de servicios relacionados con la campaña de recogida de fruta en la comarca bajocinqueña, que se desarrollan en el marco del convenio de colaboración entre la Secretaria de Estado de Seguridad y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de mejorar la protección de los trabajadores y reforzar la detección de posibles situaciones de explotación laboral.

El pasado día 20 de mayo, en el puesto de la Guardia Civil de Fraga, tres trabajadores de una empresa frutícola denunciaron la vulneración de sus derechos laborales. Así, informaron de que estaban siendo sometidos de manera continuada a condiciones de trabajo abusivas, con jornadas que no respetaban los descansos fijados y un trato degradante por parte del encargado directo de los campos de cultivo. Además, denunciaron que estaban siendo alojados en una vivienda facilitada por la empresa que carecía de las condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad e higiene En fecha posteriores, se sumó una cuarta denuncia.

Ante tales hechos denunciados, los agentes articularon un dispositivo de actuación en coordinación directa con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, por lo que se planificó y ejecutó una inspección laboral presencial y de urgencia en los terrenos de la explotación frutícola objeto de investigación. Los inspectores estuvieron recabando indicios que corroboraron las denuncias de las víctimas y verificaron la existencia de infracciones en el orden laboral.

Paralelamente se organizó una inspección en colaboración con los Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Cinca. Un técnico especialista en Urbanismo del Ayuntamiento de Fraga y efectivos de la Policía Local de Fraga procediendo a la inspección formal del inmueble asignado como alojamiento de las víctimas denunciantes. Allí comprobaron las condiciones de hacinamiento y la existencia de cámaras de seguridad que incumplen la normativa vigente y el derecho a la privacidad de los moradores.

Finalmente, el pasado 30 de mayo, agentes del puesto de Fraga de la Guardia Civil procedieron a la investigación del gerente de la empresa frutícola contratante como posible autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. Se trata de un varón de 56 años y vecino de la comarca del Bajo Cinca. Y tres días después se procedió a la investigación del encargado de la explotación agrícola como supuesto autor de un delito de coacciones y otro contra los derechos de los trabajadores, en calidad de cooperador necesario. En este caso, es un varón de 56 años y vecino de la provincia de Lérida.

A través de una ONG se facilitó asistencia integral y realojamiento de las víctimas, así como, los servicios sociales comarcales colaboraron en todas las asistenciales y verificación de la situación de los trabajadores en el ámbito social.

El Puesto de la Guardia Civil de Fraga, instruyó las diligencias que, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga. Los investigados quedaron con la obligación de presentarse cuando la Autoridad Judicial cuando estime conveniente.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha informado en el Parlamento foral de que el Ejecutivo ha revocado la autorización de funcionamiento del centro evangélico Vida Nueva, ubicado en Ciriza, y lo ha excluido del registro de centros de servicios sociales por incumplimientos relacionados con el decreto foral por el que se regula el funcionamiento de los servicios residenciales y el régimen de autorizaciones.

La revocación de la autorización de funcionamiento supone dar de baja al centro en el registro de servicios sociales. Esta decisión no supone un cese de actividad, sino la baja en el registro, según han explicado desde el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.

En respuesta a una pregunta de EH Bildu en comisión parlamentaria, Maeztu ha señalado que se trata de un centro que, según recientes informaciones periodísticas, está siendo investigado por un Juzgado de Pamplona tras las denuncias presentadas por tres mujeres que fueron internas del centro. Según informó 'Newtral', los responsables del centro están siendo investigados por diez presuntos delitos, como detención ilegal, coacciones o torturas por razones discriminatorias.

La consejera ha precisado que el Gobierno de Navarra no ha recibido ninguna denuncia de personas usuarias, pero ha explicado que su departamento ha realizado en el centro seis inspecciones desde 2016, la última de ellas en diciembre de 2025.

“En estas inspecciones nunca se ha detectado ningún ilícito penal, pero fruto de estas inspecciones, en 2022 sí que se detectó el incumplimiento de un aspecto de la normativa, que tenía que ver con el decreto foral 92/2020, de 2 de diciembre, en relación al número de plazas que tenían las habitaciones. Desde el Departamento de Derechos Sociales se instó al centro a que realizara las modificaciones necesarias para adaptarse a esta normativa, que establece que las habitaciones tienen que tener como máximo dos plazas y les dábamos un plazo de cumplimiento hasta marzo del 2025”, ha indicado la consejera.

Maeztu ha explicado que “se realizaron además en estas inspecciones otros requerimientos en cuanto a cuestiones que tenían que ver con la modificación de la normativa de ingreso y la no solicitud de determinados datos e informes médicos que se pedían a las personas que ingresaban en este centro de acogida”.

El pasado 16 de diciembre, “al constatar que no se habían hecho las adaptaciones necesarias, la inspección del Departamento comenzó el procedimiento para revocar la autorización de funcionamiento y excluir al centro Vida Nueva del registro de centros de servicios sociales por incumplimiento de la normativa”. “El 8 de abril, y tras la tramitación del consiguiente expediente que incluye la audiencia a la interesada, se acordó revocar la autorización de funcionamiento del Servicio de Centro Residencial de Inclusión Social, que es como estaba autorizado”, ha explicado.

Carmen Maeztu ha precisado que se trata de “un centro de iniciativa privada y que no tiene plazas concertadas, nunca las ha tenido y no existe desde luego en el Departamento de Derechos Sociales ni en el de Salud ningún protocolo consensuado de derivación a este recurso”.

La consejera ha precisado que “si en vía judicial se determina cualquier cuestión, el Gobierno de Navarra lógicamente actuará en consecuencia y conforme a lo que establezca, en este caso, la autoridad judicial”. “Nosotros, como Administración, hemos hecho cumplir la norma que tenemos en este caso, que es el decreto de autorizaciones”, ha subrayado.

El portavoz de EH Bildu, Jabier Arza, ha explicado que el Departamento de Salud señaló que no existe relación contractual ni ningún tipo de derivación desde los servicios de salud mental, pero “en el acta de la última inspección se recoge que el contacto con el centro se hace a iniciativa de las personas usuarias o mediante derivación de los servicios sociales, hospitales o centros de salud”. Por ello, se ha interesado acerca de si desde el Departamento de Derechos Sociales o desde Salud se ha comunicado la “conveniencia de no orientar a ninguna persona hacia ese centro”.

La consejera ha respondido que “debemos actuar como departamento con arreglo a la normativa que está en vigor y no tenemos un protocolo de derivación a los servicios sociales, por tanto, no hemos enviado ninguna instrucción, porque no hay un protocolo de derivación ni por parte del Departamento de Salud ni por parte del Departamento de Derechos Sociales”.

Nueve mujeres han sufrido agresiones sexuales mientras trabajaban para una red criminal desarticulada por la Guardia Civil en Caspe por delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Según la investigación, las víctimas fueron sometidas a episodios de carácter sexual sin su consentimiento y recibieron propuestas reiteradas para mantener relaciones sexuales bajo amenazas y coacciones. Estos hechos se producían siempre en momentos y lugares en los que no había terceras personas presentes. Los presuntos autores habrían aprovechado su posición de superioridad respecto a las trabajadoras y la situación de vulnerabilidad en la que estas se encontraban.

Gracias a las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y a la coordinación con la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional y otras instituciones, se ha prestado asistencia a las víctimas para mejorar su situación personal y facilitarles la obtención de la documentación laboral temporal necesaria para desarrollar una actividad profesional dentro de la legalidad.

Esta investigación se desarrolló de forma paralela a la operación contra una red dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, en la que están implicados dos de los detenidos —el presunto cabecilla y otro miembro del grupo—. En el marco de dicha operación se han localizado más de 50 víctimas.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de febrero tras el análisis de varias denuncias presentadas por trabajadores del sector de la recogida de fruta, quienes alertaron sobre las condiciones laborales y las situaciones personales sufridas durante sus jornadas de trabajo.

A medida que avanzó la investigación, los agentes localizaron a varias víctimas contratadas por las mismas personas. Estas, además de soportar largas jornadas laborales, carecer en algunos casos de contrato de trabajo o sufrir irregularidades en su contratación, el impago total o parcial de la cantidad económica acordada por su jornada, también habrían sido amenazadas con tener problemas si ponían en conocimiento estos hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Una vez identificadas las cuatro personas que, presuntamente y de forma coordinada, desarrollaban esta actividad ilícita, y tras reunir los indicios necesarios para sustentar la investigación, la Guardia Civil llevó a cabo el pasado 10 de junio un registro en el domicilio de uno de los integrantes de la organización, ubicado en Caspe. Durante la actuación se intervino abundante documentación y diversos dispositivos electrónicos con información relevante para la causa.

Ese mismo día fueron detenidas cuatro personas, todas ellas de origen pakistaní y con edades comprendidas entre los 23 y los 41 años, como presuntas autoras de delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral y delitos contra los derechos de los trabajadores, incluidos los trabajadores extranjeros.

Al supuesto cabecilla de la organización también se le atribuyen delitos de amenazas, coacciones y falsedad documental. Según la investigación, los detenidos tenían funciones claramente diferenciadas dentro de la red. El líder se encargaba de organizar las jornadas laborales y asignar a los trabajadores a distintas explotaciones agrícolas, así como de gestionar los traslados, alojamientos, documentación y puntos de recogida. Otro de los integrantes se ocupaba de captar a las personas que posteriormente eran contratadas, mientras que los otros dos realizaban las labores de transporte de los trabajadores hasta las fincas asignadas

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal asentado en La Rioja y ha detenido a cinco personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. 

La denominada operación “Portus‑Cale”, ha permitido liberar a ocho víctimas, con edades comprendidas entre los 40 y los 74 años. El grupo criminal anulaban su autonomía y se aprovechaban de su situación de necesidad para tratarlo como “mercancía” de la que obtener beneficio.

Una víctima fue atropellada mortalmente al intentar huir

Durante la investigación, también se ha constatado que una de las víctimas de la organización criminal decidió dejar de trabajar en las condiciones impuestas y marcharse, siendo atropellada en la carretera N-232 por tres vehículos, falleciendo como consecuencia del impacto.

Los explotadores mantenían a los trabajadores en una situación de dependencia, alojándolos en viviendas carentes de las condiciones mínimas de habitabilidad: espacios precarios, con falta de higiene y sin comodidades básicas. Además, eran alimentadas con carne en mal estado y se les facilitaba el acceso al alcohol por parte de los explotadores como mecanismo de control y aislamiento social.

Las víctimas eran sometidas a jornadas de entre 12 y 16 horas diarias, sin respetar domingos ni festivos. No existía el descanso, solo la “plena disponibilidad”. Desde la poda de viñas hasta reformas integrales de inmuebles o servicios de portes, los trabajadores eran obligados a realizar cualquier tarea que el clan familiar ordenara.

Algunas víctimas acumulaban años de trabajo sin percibir salario alguno; otras cobraban cuatro euros por hora, de los que además se les descontaban gastos como tabaco y alcohol. Incluso llegaron a ser agredidas físicamente por el simple hecho de encontrarse enfermas y no poder acudir a su jornada laboral.

La operación se inició cuando la Guardia Civil detectó indicios de que varias personas de nacionalidad portuguesa, residentes en la localidad de Rincón de Olivedo (La Rioja), podrían estar siendo explotadas laboralmente por otros compatriotas. 

Las primeras actuaciones permitieron centrar las actuaciones en un núcleo familiar encabezado por una mujer -conocida como la “jefa”-, que actuaba junto a su marido, dos de sus hijos y la pareja de uno de ellos. Este grupo, asentado en dos viviendas desde las que se coordinaba toda la actividad ilícita. El estudio patrimonial realizado en el marco de la investigación ha constatado que las dos principales responsables de la organización llegaron a ingresar en sus cuentas bancarias, en concepto de trabajos agrícolas, un total de 2.517.593 euros desde el año 2022.

Los clientes conocían la situación: una bodega está siendo investigada

La investigación ha permitido relacionar a diversos viticultores, agricultores y particulares de La Rioja Baja y la Ribera de Navarra contrataban los servicios del clan.

En este sentido, una bodega y un directivo de esta están siendo investigados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, tras haber recurrido de forma continuada a los servicios del entramado criminal. Según se ha podido constatar, la empresa llegó a abonar al grupo delictivo un total de 569.000 euros por estos servicios. En muchos casos, estos clientes eran plenamente conscientes de la precariedad en la que se encontraban los trabajadores. 

Con toda la información recabada, se practicaron siete entradas en inmuebles. En el operativo se incautaron cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros, abundante documentación para su análisis, así como ocho vehículos, cinco de ellos de alta gama, y se bloquearon de siete cuentas bancarias que los implicados mantenían activas.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra (La Rioja), con la colaboración con diferentes especialidades de la Guardia Civil.

La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2025 a un total de 1.869 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 28 menores. Este balance es el resultado de 413 operaciones, que desembocaron en la detención de 1.056 personas y la desarticulación de 112 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo 6.775 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo. Son los datos del Resumen ejecutivo anual de trata y explotación de seres humanos 2025, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Unos datos que reflejan que en La Rioja, los delitos que vulneran derechos fundamentales han dejado de ser una realidad lejana.

De hecho, hasta hace poco la trata de seres humanos con fines de explotación laboral era un fenómeno estadísticamente invisible en la región. Durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024 las fuerzas de seguridad del Estado mantuvieron el casillero de víctimas a cero. Sin embargo, la situación cambia radicalmente en 2025 con un total de 27 víctimas de trata laboral y 18 detenidos por este motivo. En cambio, y atendiendo al número de víctimas de explotación laboral, el peor año de los analizados en La Rioja fue 2024 con 25 víctimas, frente las 5 de 2022 y ninguna en 2021, 2023 y 2025. Operaciones tras las que se detuvo a diez personas en 2024 y tres en 2022.

La explotación sexual: un riesgo silencioso que se multiplica por ocho

Por otra parte, y en el capítulo de trata de seres humanos y explotación sexual, las cifras registradas en La Rioja describen una realidad de alerta permanente. Las cifras absolutas de víctimas de trata o explotación sexual en La Rioja se mantienen mínimos de uno o dos casos por año. Sin embargo, las inspecciones administrativas han aumentado un 225 por ciento, pasando de cuatro inspecciones en 2021 a 13 en 2025. Más inspecciones que han permitido detectar más personas en situación de riesgo que se han multiplicado por ocho al pasar de 12 en 2021 a 98 en 2025.

El estudio también recoge los matrimonios forzados, mendicidad o actividades delictivas forzadas y, en el caso de La Rioja, el documento reporta cero casos e incidencias en los años analizados.

Las cifras

En cuanto a las cifras, del total de víctimas, 858 fueron captadas por redes criminales organizadas de trata de seres humanos, mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral, matrimonios forzados, mendicidad y comisión de actividades delictivas.

1.015 más son víctimas sometidas también a procesos de explotación sexual en entornos de prostitución, o laboral, con condiciones de restricción o violación de sus derechos, aunque en su caso no se ha podido demostrar que hubiesen llegado a esa situación por la intervención de una red organizada de trata de personas.

Según se recoge en el balance, fueron un total de 374 las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual, dos de ellas menores de edad. El perfil mayoritario es el de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Colombia, Venezuela y China. En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual, sin la concurrencia de redes de trata de personas, el número se eleva a 397 (13 menores), mayoritariamente mujeres de 23 a 27 años, originarias de Colombia, Paraguay y Venezuela. 

Las 189 operaciones policiales llevadas a cabo en el ámbito de la trata y explotación sexual culminaron con la desarticulación de 87 grupos y organizaciones criminales y la detención de 656 personas, la mayoría de nacionalidad española. 

Además, en 2025 la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 1.734 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, una labor que permitió identificar a 7.830 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos, con un perfil mayoritario de mujer, de entre 33 y 37 años, de nacionalidad colombiana, española y rumana.

Trata y explotación laboral

En cuanto a las actuaciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas fueron 393, tres de ellas menores. El perfil mayoritario de víctima es un hombre, de 23 a 27 años, natural de Nepal, India y Marruecos.

Las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, pero sin la concurrencia de redes de trata de seres humanos, fueron 618, cuatro de ellas menores de edad, y con un perfil similar: hombre de entre 28 a 32 años, procedente de Colombia, Marruecos e India.

La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió desarticular en este caso 23 organizaciones criminales en el ámbito de la trata y explotación laboral, que culminaron con la detención de 384 personas.

Durante 2024, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 5.041 inspecciones administrativas en centros de trabajo, que permitieron la identificación de 17.195 trabajadores.

Trata para matrimonios forzados, criminalidad y mendicidad 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan también para combatir la trata de seres humanos con otras finalidades distintas de la explotación laboral y sexual. A lo largo de 2025 intervinieron en un caso de trata con fines de matrimonios forzados, con una víctima menor de edad, de nacionalidad rumana. La operación terminó con la detención de cuatro personas.

También se ha actuado en seis atestados de trata dirigida a la criminalidad forzada, que han hecho posible la liberación de 92 víctimas, en su mayoría mujeres ucranianas, captadas para cometer estafas en casas de apuestas de juego online. Las operaciones culminaron con 18 detenidos.

El informe ejecutivo incluye dos operaciones contra la trata con fines de mendicidad, que permitieron la liberación de dos víctimas (una española y otra rumana) y la detención de siete personas.

En los veranos, cuando Unai Sordo puede quitarse por unas semanas el rótulo bajo su nombre de secretario general de Comisión Obreras, se convierte en escritor. A él le da pudor considerarse tal cosa, pero utiliza la literatura para reflejar los conflictos de su tiempo, luego es escritor.

Hasta ahora, su producción publicada consta de un libro de cuentos y una novela que también fue construida a partir de textos cortos —Al norte (Hoja de Lata, 2026)— pero que encuentra una estructura que los liga para darle un sentido final. Al poner el trabajo en el centro del relato, la obra de Sordo engancha con la novela proletaria de los años treinta (César M. Arconada), que salta al realismo social de finales de los cincuenta (Armando López Salinas o Jesús López Pacheco) y que reaparece en la novela política actual (Isaac Rosa, Belén Gopegui o Marta Sanz, que le escribe el prólogo).

¿Qué le mueve a escribir ficción?

Es un hobby, una afición que viene de lejos. Por mi trabajo, me expreso mucho hacia afuera, hacia el público, pero en unos códigos bastante constreñidos, porque hablo de derecho laboral, de sindicalismo, de política, de sociedad, pero la narrativa me permite expresar sentimientos y reflexionar sobre aquello a lo que me dedico, pero desde otra perspectiva que quizás incluso puede llegar a otra gente. También es la forma que más me desconecta la cabeza de las cosas cotidianas.

¿Desde cuándo escribe?

Desde crío. Es una forma de expresarme en la que siempre he estado muy cómodo. Aunque esto también me da un poco de pudor, porque muchas de las cosas que he escrito, aunque están ficcionadas, tienen reminiscencias de mi vida. Según va pasando el tiempo, te atreves a decir cosas que, si no, ya no las vas a contar nunca más que en círculos muy íntimos. 

¿Cómo se vence el pudor cuando se tiene un cargo tan notorio como el suyo?

En parte utilizando la ficción como una tapadera. No todo el mundo sabe qué de lo que se dice en el libro son recuerdos o qué inventado. Me cuesta, en la vida pública, hablar demasiado de mí.

Hay algo de su memoria familiar en el tema del desplazamiento de los trabajadores, que es uno de los temas del libro. 

Me interesaba evocar a la gente que se ha tenido que mover para ganarse la vida. Recordar el periodo de necesidad y de cierta pobreza en la que nos desarrollamos los que nacimos en los años 70. Me mosquea muchísimo la gente que intenta hacer una lectura de que la vida hace cuarenta o cincuenta años era una vida mejor, más feliz y más segura. Los setenta y ochenta fueron años de muchísima pobreza entre la gente normal y creo que nuestros padres y nuestras madres echaron una especie de barniz sobre aquellas situaciones de necesidad, un poco para protegernos.

No se trata de hacer una apología de la pobreza o del pobrismo, pero sí de recuperar esa idea de dónde venimos. Nosotros venimos de portales y de barrios donde la gente, cuando se quedaba en paro, los vecinos nos teníamos que ayudar dándonos comida porque si no, no llegabas a fin de mes con una comida encima de la mesa. No pasa nada por decir esto. Forma parte de la biografía de este país, o al menos de los barrios de gente trabajadora de este país.

Hemos heredado una cultura de la Transición que nos ha creado falsos recuerdos sobre que en la Transición todo era divertido, combinado con un mercado al que no le gusta que se contradiga esa idea.

Imagino que hay personas que vivían en Madrid que no saben lo que fue la movida madrileña. El que tenía 17 años se divirtió mucho porque tenía 17 años. Pero España era otra cosa. España no era psicodelia y noche. Era gente que no llegaba a fin de mes. Era un 30% de paro, era droga, era heroína, eran comunidades donde la gente se apoyaba de forma mutua porque si no había situación de necesidad. Era un país mucho menos postmoderno de como a veces quieren venderte desde una cierta élite, que yo respeto mucho y que tiene muchos elementos de interés cultural, pero tirar por elevación a que aquello era la España en los 70 o los 80, desde luego no era donde yo vivía.

¿No se habla de esto en la ficción?

Más que ausencia de ficción, creo que hay ausencia en la memoria del país. Esto se construyó a partir de los 90 y de los primeros 2000. España, cuando tiene esa especie de boom económico que, como luego se demostró, estaba bastante sustentado en pies de barro, se opaca esa historia previa que seguramente no es muy sexy, no es muy bonita. Es un país donde la gente tiene mal las dentaduras y no tiene dinero para ir a los dentistas. Esto parece que cuesta decirlo.

A veces en la narrativa española se demonizan a algunos autores, se dice que hacen activismo en lugar de literatura.

Como se supone que yo tengo que hacer activismo y militancia, desde ahí tengo la excusa para construir algo con alguna pretensión literaria, y me permite aportar porque tengo una experiencia vital en algunas cosas que seguramente un autor al uso tampoco la puede tener, como el conocimiento de las enfermedades profesionales o de cómo se hace la acción sindical en los centros de trabajo.

En el libro salen personajes inventados pero casos reales. Parte viene de un trabajo de recopilación que hicimos en su día en Euskadi sobre muchas personas que habían sido afectadas por enfermedades que provenían del contacto con el amianto, historias dramáticas y que se conocen poco. La vida real tiene historias que muchas veces superan lo que se pueda decir desde la ficción y la distopía. El libro puede parecer muy distópico, pero las partes que lo parecen, ya están superadas por la realidad. Y de hecho, la historia de las capas en el libro aparentemente más distópica es la más real.

Los conflictos laborales, la explotación, es algo central en su novela. No es habitual. 

La dimensión del trabajo de la gente que aparece en las películas y en las series es absolutamente limitada, es algo secundario. Las cosas que se cuentan son las que suceden fuera del trabajo, en relaciones interpersonales que eluden el elemento laboral, el elemento económico, el elemento de conflicto de clase. 

No se sabe de dónde viene el dinero para comprar el coche que el protagonista está conduciendo.

Todas las historias comienzan cuando llegas a casa del trabajo. El mundo es mucho más igualitario fuera del trabajo que dentro. Se supone que todos somos ciudadanos en igualdad de condiciones hasta que entras en el puesto de trabajo, donde hay una relación de jerarquía y dependencia impensable fuera del trabajo. Creo que da pie a muchas narrativas, tiene muchas posibilidades, pero no está particularmente trabajado. 

Y cuando vemos historias que suceden en el mundo del trabajo, normalmente lo importante es una trama que no tiene que ver con el trabajo, como una trama romántica o emociones personales como la envidia o lo que sea, pero que no están realmente arraigadas al conflicto de clase.

Es el hábitat, como mucho es el ecosistema en el que se da la historia. Pero no hay propiamente un vínculo entre la relación que determina el trabajo y que haya una relación de dependencia en el trabajo con la historia. Una de las cosas que he intentado en el libro es contrastar cómo se vive en el trabajo clásico, en el trabajo industrial, en los pueblos, respecto al mundo actual, mucho más líquido, mucho más impredecible. 

¿La historia de los flexworkers de Holanda, trabajadores con turnos y horarios controlados por un algoritmo, existe?

Es la más real porque está basada en un informe que hicieron un grupo de sociólogos, el Colectivo Arosa Sun, basado en entrevistas con chavales y chavalas jóvenes españoles que se habían desplazado a los centros logísticos de Países Bajos a trabajar. Y algunas de las historias del libro son reproducción de lo que ellos les dicen en el informe. El otro día me escribió un chaval diciéndome que estaba deseando leer el libro porque él había sido uno de los esclavos de Waalwijk. La inteligencia artificial y los algoritmos que hoy parecen una distopía capaz de gobernar la vida entera de los trabajadores ya estaba en el año 2017. 

¿Le sirve la literatura para manejar la frustración que pueda producir que, aunque usted pueda hacer muchas cosas como secretario general de un sindicato, quizás no tantas como le gustaría?

Por ejemplo, en el tema de las enfermedades que aparecen en el libro, poco puedes hacer. Puedes intentar que se repare el daño causado, como estamos ahora intentando con el tema del amianto. Por su propia definición son enfermedades que han tenido periodos de latencia enormes, a veces de varias décadas, y las personas que aparecen con esas enfermedades contrajeron los elementos que se las han provocado hace 30 o 40 años. Hay auténticos dramas humanos.

Los que aparecen en el libro se quedan pequeños al lado de lo que ha podido vivir mucha gente que ha llevado una vida muy dura, que ha emigrado, que ha trabajado, que se ha dejado la vida por trabajar y que cuando a lo mejor se estaba jubilando, le ha surgido un cáncer de pleura que se lo ha llevado por delante en cuestión de un año, con unos sufrimientos absolutamente bestiales. El drama del desarraigo, por un lado, y del sufrimiento de la clase trabajadora, por otro. La gente trabajadora a lo largo de la historia, sufre. Afortunadamente se vive ahora mucho mejor que hace 40 o 100 años, de forma indiscutible, pero se sufre. Tampoco pasa nada por decirlo, en un momento que se ha querido postergar el sufrimiento y que se genera una idea idílica de las víctimas. Es que la gente las pasa canutas para vivir.

El Puesto de la Guardia Civil de Fraga, ha investigado a una persona como supuesta autora de un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de coacciones, ocurridos en la comarca del Bajo Cinca. A principios del mes de mayo, el Puesto de la Guardia Civil de Fraga, tuvo conocimiento mediante denuncia que, el pasado mes de abril, un ciudadano extranjero vino a la comarca del Bajo Cinca atraído por una oferta de trabajo gancho de una empresa de la zona como temporero para la campaña frutícola, a través de redes sociales, habiéndose puesto en contacto él, un tercero que trabajaba en dicha empresa.

A su llegada, este retira a la víctima su documentación personal para evitar su marcha, imponiéndole duras condiciones laborales que nada tenían que ver con la actividad recogida en la oferta de trabajo, llegando a realizar largas jornadas de trabajo de obra y sin medios de protección y seguridad, careciendo de contrato de trabajo y con un salario de unos 25 euros semanales.

Tras el conocimiento de los hechos denunciados, los agentes del Puesto de Fraga procedieron a la investigación, corroborando los mismos. Así que, tras realizar las pertinentes gestiones para su esclarecimiento, pudieron localizar el lugar de trabajo de la víctima e identificación del posible autor, así como recuperar la documentación personal de la víctima.

Por todo ello, el pasado 14 de mayo, agentes del Puesto de Fraga procedieron a la investigación de una persona como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de coacciones, siendo un varón de 56 años y vecino de la comarca del Bajo Cinca.

El Puesto de la Guardia Civil de Fraga, instruyó las correspondientes diligencias que, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga, debiendo el investigado presentarse a la Autoridad Judicial cuando sea requerido para ello.

La Guardia Civil pone a disposición su teléfono de atención al ciudadano 062 para perseguir cualquier tipo de delito vinculado a la explotación laboral.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, ha justificado la presencia de la empresa Agricultura Creativa 2015 (más conocida por la marca La Gilda del Norte) en el 'stand' del Gobierno vasco en la feria gastronómica Salón Gourmets, celebrada en Ifema a los pocos días de que la Audiencia Provincial de Bizkaia emitiese una condena penal contra el dueño, F.J.G.Á., por vulneración continuada de los derechos de los trabajadores extranjeros. Barredo, en respuesta a preguntas de la oposición por los hechos adelantados por este periódico, insiste en que el falló “no es firme” y en que, por lo tanto, toca respetar la “presunción de inocencia” de La Gilda del Norte.

“Se trata de hacer compatibles dos planos igualmente esenciales del Estado de Derecho. Por un lado, la garantía y tutela de los derechos de las personas trabajadoras. Y, por otro, el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución española. Ambos principios no son excluyentes, sino complementarios, de manera que la defesa de los derechos laborales no puede articularse mediante la anticipación de efectos propios de una condena que aún no es firme”, argumenta Barredo, que ha atendido preguntas tanto de EH Bildu como de Sumar en relación con La Gilda del Norte.

La Audiencia Provincial de Bizkaia hizo público el 10 de abril que el propietario de La Gilda del Norte había sido condenado a abonar una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta. La condena ha sido recurrida.

El 13 de abril, en el espacio 'Basque Country' gestionado por la sociedad pública Hazi en Ifema, La Gilda del Norte era una de las empresas participantes. El Ejecutivo publicitó que llevaba a 18 firmas “que representan lo mejor de la gastronomía vasca”. Desde la oposición, tanto EH Bildu como Sumar pidieron explicaciones. Los segundos sostenían que se trataba de un “caso grave de explotación laboral”, de una “actuación delictiva de relevante gravedad” y entendían que la compañía “debería ser repudiada también en términos políticos”.

Insiste Barredo en que la sentencia “no es firme” y si “una sentencia recurrible carece de firmeza” tampoco puede “desplegar plenamente” sus efectos. La consejera expone que su incorporación no es por ser “ejemplar”, sino por estar inscrita en un registro y cumplir con los requisitos. Fuentes de La Gilda del Norte añaden que ellos abonaron sus tasas como han hecho en otros eventos en los que han acudido al espacio de 'Basque Country'.

Agrega la consejera del PNV que no solamente no hay “constancia” de una “condena penal firme”, sino que tampoco existe constancia de “sanción administrativa firme”, aunque sí se era “conocedor” el Gobierno de la existencia del procedimiento abierto. Este periódico lleva informando de ello desde 2021 y el juicio fue perfectamente público este año. Se da la circunstancia de que las dos respuestas de Barredo han llegado al Parlamento a las 15.23 horas de este jueves. Siete horas antes, a las 8.31, había entrado en el registro un informe del vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE, de quien depende la Inspección de Trabajo, que enumeraba tres sanciones por irregularidades laborales.

Dos fuentes consultadas recalcan que no cabe duda de que esas infracciones son plenamente firmes porque incluyeron un reconocimiento de los hechos por parte de la empresa para acogerse a un descuento del 40% en las multas, que son de 6.250, 626 y 626 euros, respectivamente, y que tuvieron a trece, trece y un trabajadores afectados, siempre según la documentación oficial. La empresa niega que esas cifras sean correctas. El equipo de Barredo señala que por “error” se ha indicado que es el Gobierno el que no tenía constancia de las actuaciones de Trabajo cuando en realidad era el Departamento el que lo ignoraba.

Torres, a quien EH Bildu preguntó por La Gilda del Norte, expone que una empresa condenada “podría verse impedida” para estar presente en estos foros, pero dice “desconocer” los “criterios” de Hazi. Añade que “una empresa condenada por un delito contra los derechos de los trabajadores no puede contratar en el sector público”, pero abunda que “para ello la sentencia condenatoria requiere que sea firme”.

El vicelehendakari socialista responde con un lacónico “sí” a la pregunta de si no cree que la “excelencia” de las empresas invitadas a los pabellones del Gobierno vasco ha de “incluir también la excelencia de su empleo y el respeto absoluto a los derechos laborales de las personas migradas”. Preguntado si ha habido alguna queja por parte de Trabajo hacia Barredo por estos hechos, Torres indica que “las discrepancias, cuando existen, se abordan de forma interna y constructiva, ya que lo importante es garantizar que las actuaciones se ajusten al marco normativo y respondan al interés general”.

Portavoces de La Gilda del Norte indican que la empresa “puede seguir contratando y trabajando para cualquier Administración pública, porque como bien dicen los consejeros, tiene que haber una condena contra los derechos de los trabajadores”. “La Gilda del Norte no tiene ninguna condena contra los derechos de los trabajadores, se trata de una sanción por emplear a personas extranjeras sin permiso de trabajo y, de hecho, se ha recurrido”, abundan. El resumen de la sentencia de la jurisdicción penal está en la web oficial del Poder Judicial.

Un turno de noche que terminaba de madrugada y enlazaba con otra jornada al amanecer dejaba a muchas personas sin apenas descanso. Los trabajadores pasaron décadas en ese ritmo, con horarios que podían alargarse hasta 16 horas y salarios que apenas cubrían lo básico, mientras sus hijos entraban en fábricas desde los seis años y las mujeres asumían turnos nocturnos para completar ingresos.

Esa situación empujó a miles de personas a organizarse y exigir cambios, porque el tiempo de trabajo ocupaba toda la vida diaria y dejaba fuera cualquier conciliación personal. La presión creció hasta convertir la reclamación de una jornada de ocho horas en una exigencia que marcó el inicio de una intensa lucha por los derechos laborales.

La huelga de 1886 arrancó la protesta por las ocho horas

La huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos, seguida por la revuelta de Haymarket y la condena de ocho trabajadores, dio origen a la conmemoración internacional del Día del Trabajo.

Según Historia National Geographic, ese conflicto se desarrolló en un momento de fuerte crecimiento industrial, con ciudades como Chicago que habían multiplicado su población por la llegada de trabajadores atraídos por la industria y el transporte.

La movilización buscaba aplicar una jornada de ocho horas que ya figuraba en leyes como la impulsada en 1868 por el presidente Andrew Johnson, pero que no se cumplía en la práctica. Esa brecha entre norma y realidad empujó a sindicatos y organizaciones obreras a fijar una fecha para actuar.

Las jornadas laborales en aquel periodo alcanzaban cifras que duraban casi el día completo. Muchos trabajadores empezaban a las cuatro de la madrugada y terminaban a las ocho de la tarde, lo que dejaba apenas espacio para descansar. Esa presión diaria se combinaba con sueldos bajos y con la amenaza constante del paro si cerraba una empresa, una situación que obligaba a muchas familias a aceptar cualquier condición. La dureza no se limitaba al horario, también incluía entornos peligrosos y una vigilancia policial que respondía con fuerza ante cualquier protesta.

La Federación del Trabajo decidió dar un paso organizado y fijó el 1 de mayo de 1886 como fecha para iniciar una huelga general. La convocatoria se extendió por varias ciudades, con especial intensidad en Chicago, donde miles de personas salieron a la calle para exigir la jornada de ocho horas.

Algunas empresas aceptaron reducir horarios, pero otras se negaron, lo que generó tensiones que crecieron durante varios días. Esa falta de acuerdo convirtió las protestas en un conflicto abierto que se prolongó más allá de la fecha inicial.

Los Mártires de Chicago quedaron ligados a la lucha laboral

El 4 de mayo, en la plaza Haymarket de Chicago, una concentración terminó en violencia tras la explosión de una bomba entre las fuerzas policiales. Murieron agentes y manifestantes, y la respuesta de la policía incluyó disparos que causaron más víctimas y centenares de heridos. No se pudo determinar con certeza quién lanzó el artefacto, pero la presión política llevó a detener a varios dirigentes obreros. El episodio, asimismo, se convirtió en el punto más grave del conflicto iniciado días antes.

El juicio posterior condenó a ocho hombres vinculados al movimiento obrero. Cuatro fueron ejecutados en la horca, otro se suicidó en prisión antes de que lo colgaran junto a sus compañeros y otros recibieron penas de cárcel, a pesar de que no se presentaron pruebas directas que los relacionaran con la bomba.

August Spies, uno de los condenados, afirmó antes de morir que “llegará un momento en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy estranguláis”. Esa frase circuló en círculos obreros y quedó asociada a la memoria de quienes fueron castigados tras las protestas.

Los ejecutados pasaron a ser conocidos como los Mártires de Chicago. Su caso no partía de una condena por pedir ocho horas de trabajo, sino de un proceso penal tras los disturbios, pero la conexión entre su muerte y la reivindicación laboral quedó para la historia. De esta manera, los movimientos obreros adoptaron esa referencia para recordar la represión sufrida en el camino hacia derechos básicos.

La Segunda Internacional fijó el 1 de mayo como jornada obrera

En 1889, la Segunda Internacional decidió establecer el 1 de mayo como jornada internacional de reivindicación obrera. La elección buscaba mantener viva la memoria de los hechos de Chicago y dar continuidad a la exigencia de una jornada laboral limitada. La fecha dejó de ser solo un episodio concreto y pasó a formar parte de una tradición que se extendió por Europa y América Latina como Día del Trabajador.

Estados Unidos tomó un camino distinto y consolidó el Labor Day en septiembre como su principal festividad laboral. La decisión se vinculó a un rechazo parcial de los sucesos de Chicago y a una voluntad política de alejar esa conmemoración de los movimientos obreros más conflictivos.

Esa diferencia se mantiene, mientras el 1 de mayo sigue siendo en muchos países como España en una jornada ligada a la memoria de aquellas protestas y a los derechos que se lograron después.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, dentro de los servicios establecidos contra la trata de seres humanos y la explotación laboral, ha desarrollado la operación ‘Caprines’, una investigación que ha culminado con la investigación de dos personas por supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. En explotaciones ganaderas de Lorca y Puerto Lumbreras, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores de trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia han detectado la presencia de ocho ciudadanos extranjeros trabajando sin contrato.

La investigación se inició cuando dos ciudadanos extracomunitarios pusieron en conocimiento de la Guardia Civil que se encontraban trabajando sin contrato en una explotación caprina, ubicada en el término municipal de Lorca.

Los dos trabajadores comunicaron a los agentes que, además, estaban alojados en unas caravanas, dentro de la finca, donde vivían en pésimas condiciones de higiene.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y averiguaron que el titular de la empresa contaba con otra granja en el término municipal de Puerto Lumbreras.

En coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Guardia Civil llevó a cabo la inspección simultánea de ambas fincas.

Las visitas resultaron con la identificación de otros seis trabajadores extranjeros, en situación irregular en el país, uno de los cuales, además, tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional.

Operación 'Caprines'

La operación ‘Caprines’ finalizó con la investigación de dos personas: el propietario de la empresa y un encargado. Según se desprende de la investigación, este último, de la misma nacionalidad que los trabajadores, facilitaba su captación y los distribuía a diario en cada una de las fincas.

Los ahora investigados, al parecer, se aprovechaban de la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas para ofrecerles trabajo sin contrato y en precarias condiciones laborales y de alojamiento.

Estos ocho trabajadores fueron atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España.

La Guardia Civil destapa una organización criminal asentada en la provincia de Castellón dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los agentes han detenido a siete personas y han liberado a 80 personas migrantes en situación de “extrema vulnerabilidad, que malvivían hacinadas en zulos, en muchos casos sin agua ni luz”, según informa el Ministerio de Interior en un comunicado. Se trata de 77 hombres y 3 mujeres, con edades entre los 20 y 35 años, que eran forzadas a trabajar más de 12 horas diarias.

En la operación, a cargo de la Policía Judicial del Cuerpo, han sido detenidas siete personas a las que se les atribuye todo el proceso de explotación laboral, desde su captación en países extranjeros con falsas ofertas de empleo con buenas condiciones laborales, hasta su explotación en España en trabajos en el sector agrícola, alcanzo la “semi esclavitud”.

Las víctimas, en su mayoría hombres en situación de vulnerabilidad económica, eran principalmente de origen nepalí, pakistaní, senegalés o de países árabes. Según informa el Cuerpo, eran captadas en sus propios países mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Les prometían condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención.

La investigación ha permitido identificar a los principales beneficiarios del entramado, un matrimonio de origen pakistaní, propietario del asentamiento principal en Nules, donde las víctimas eran alojadas hasta en cuatro viviendas distintas. El grupo operaba principalmente en las comarcas de la Plana Baixa y L’Alt Palancia de Castellón, además de las comarcas del Camp de Morvedre, Camp de Turia y L’Horta Nord, en Valencia.

Una vez que aceptaban la oferta, las víctimas eran trasladadas a España -en ocasiones mediante viajes organizados por la propia red criminal-, generándoles una deuda que posteriormente era utilizada como mecanismo de control y coacción. A su llegada, eran alojadas en viviendas con condiciones de hacinamiento extremo, sin requisitos de habitabilidad y llegando incluso a carecer de suministros básicos como agua o electricidad.

Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, en condiciones muy precarias con jornadas de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso. La remuneración era inexistente o meramente simbólica, ya que de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención. Estas personas carecían de contrato laboral y de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad y el control del entramado sobre las mismas. Este control se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, lo que generaba un clima de miedo constante que dificultaba cualquier intento de huida, recalca la Guardia Civil.

Operación “Balarama”

La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón en coordinación con la Fiscal Delegada para la trata de seres humanos de la Fiscalía Provincial y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha sido desarrollada durante varios meses y ha permitido destapar este entramado que sometía a sus víctimas a condiciones laborales y de vida próximas a la esclavitud.

La organización operaba de forma jerarquizada: algunos de sus integrantes se encargaban de captar a las víctimas en sus países de origen, otros gestionaban los traslados y el alojamiento, mientras que un tercer grupo controlaba la explotación laboral y la recaudación de los beneficios obtenidos.

También se ha detectado la utilización de empresas y estructuras legales para dar apariencia de legalidad a parte de la actividad, así como para beneficiarse del impago de salarios y de la elusión de obligaciones con la Seguridad Social.

En las actuaciones policiales se han realizado cinco registros en domicilios con la detención de siete personas y la liberación de 80 víctimas, 77 hombres y tres mujeres, con edades entre los 20 y 35 años. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de las siete personas detenidas. La operación ha sido desarrollada con la colaboración de distintos organismos, entidades sociales y sanitarias, como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos, que han velado por la atención y protección de las víctimas.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. a una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta.

El tribunal declara probado que el acusado se dedicó al menos entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a “la contratación reiterada” de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa. También considera probado que advertía a los empleados que en caso de inspección tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa, algo que los propios trabajadores y testigos, así como agentes de la Policía Nacional y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social sostuvieron durante el juicio.

“Se acredita con base a dicha prueba que el acusado de forma asidua o reiterada ocupaba a ciudadanos en situación irregular en España sin permiso de trabajo”, quienes “debido a ello y a la necesidad de subsistencia, se veían abocados a asumir las condiciones laborales” que este les ofrecía, “aprovechándose de que estos ciudadanos se encontraban en posición de debilidad por la amenaza de poder ser expulsados” del territorio nacional, afirma la Audiencia vizcaína.

Sin embargo, el tribunal ha absuelto a la hija del propietario P.G., de los delitos de los que venía siendo acusada como cómplice por las acusaciones particulares -la Fiscalía no formuló acusación en su contra- al estimar que no ha quedado acreditado que ella participara “de alguna manera en la contratación de trabajadores ilegales en la empresa de su padre”, ni que actuara “en calidad de gerente de dicha mercantil”.

Durante el juicio celebrado a finales de marzo, tres de los trabajadores denunciaron trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, sostuvo una de las denunciantes. Los demandantes, dos mujeres y un hombre, argumentaron que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También declararon tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según reconoció una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también lamentó que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, reconoció una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, aseguró una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes denunció que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica'. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte. El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo”, manifestó una de las denunciantes.

En este sentido, tras conocer la sentencia las denunciantes aseguran estar “satisfechas” porque “se ha reconocido la relación laboral de la trabajadora embarazada, a la que se le reconoce una indemnización por responsabilidad civil, y porque se han podido acreditar los hechos”. “Esto es una satisfacción para las trabajadoras y los trabajadores que han sufrido muchísimo estos años”, explican a este periódico, aunque lamentan no estar de acuerdo con la cuantía de la responsabilidad civil y tampoco con que hayan absuelto a la hija del propietario.

Una de las cuestiones que ha dificultado el proceso es que pese a que durante el juicio testificaron cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021, ninguno de ellos supo confirmar cuántas personas en total se encontraban sin permiso de trabajo en las instalaciones, pese a las preguntas de Fiscalía y la acusación particular. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones sí que constataron que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no supieron determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, confesó que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo consideró que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular.

El testimonio más claro con relación al caso fue el de una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, que reconoció que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, detalló la subinspectora, que indicó que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, las denunciantes lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las trabajadoras, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

Siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional por explotación laboral de trabajadores extranjeros en call centers en las ciudades de Madrid y Fuenlabrada como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. La operación, en colaboración con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, destapó jornadas y condiciones abusivas para los empleados, y entre ellas castigos humillantes como tirarles tartas a la cara.

“48 personas han sido protegidas en esta actuación. Vivían situaciones humillantes que no se pueden consentir. La Inspección de Trabajo está ahí para vosotros y vosotras. Denunciad. No os quedéis callados. La denuncia en el buzón de la Inspección es confidencial”, ha advertido esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus redes sociales.

El dispositivo fue desarrollado en quince centros. La Inspección de Trabajo encontró a un total de “48 personas trabajadoras sometidas a condiciones abusivas”. De ellas, “31 eran trabajadores extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social”, informa el organismo público vigilante de que se cumpla la legalidad laboral.

Condiciones abusivas y estafas a particulares

La Inspección apunta que los responsables de los centros de call center contrataban a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y les sometían a condiciones de abuso que restringían cualquier derecho laboral.

“Los trabajadores, además, tenían que cumplir unos objetivos diarios a través de llamadas a particulares. Para ello, contaban con un guión previo e invasivo, cuyo objetivo era estafar a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios”, indican en el organismo público.

“Sus jornadas de trabajo excedían los límites legales permitidos y también carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral”, añade la Inspección.

Por todo ello, el 10 de marzo, se llevó a cabo la entrada y registro en 15 call centers por parte de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, y se detuvo a siete personas como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. 

Castigos humillantes a través de rankings

Además, las autoridades comprobaron que los encargados de las empresas utilizaban un ranking diario para evaluar a los trabajadores en función de las contrataciones conseguidas, como se percibe en las imágenes de esta información.

Así, se establecía un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición que los empleados ocupaban en dicha clasificación.

“Entre las conductas humillantes estaba el lanzar tartas a la cara del trabajador que quedaba en la última posición de ese ranking, en presencia de todos sus compañeros”, denuncia la Inspección de Trabajo.