Un turno de noche que terminaba de madrugada y enlazaba con otra jornada al amanecer dejaba a muchas personas sin apenas descanso. Los trabajadores pasaron décadas en ese ritmo, con horarios que podían alargarse hasta 16 horas y salarios que apenas cubrían lo básico, mientras sus hijos entraban en fábricas desde los seis años y las mujeres asumían turnos nocturnos para completar ingresos.

Esa situación empujó a miles de personas a organizarse y exigir cambios, porque el tiempo de trabajo ocupaba toda la vida diaria y dejaba fuera cualquier conciliación personal. La presión creció hasta convertir la reclamación de una jornada de ocho horas en una exigencia que marcó el inicio de una intensa lucha por los derechos laborales.

La huelga de 1886 arrancó la protesta por las ocho horas

La huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos, seguida por la revuelta de Haymarket y la condena de ocho trabajadores, dio origen a la conmemoración internacional del Día del Trabajo.

Según Historia National Geographic, ese conflicto se desarrolló en un momento de fuerte crecimiento industrial, con ciudades como Chicago que habían multiplicado su población por la llegada de trabajadores atraídos por la industria y el transporte.

La movilización buscaba aplicar una jornada de ocho horas que ya figuraba en leyes como la impulsada en 1868 por el presidente Andrew Johnson, pero que no se cumplía en la práctica. Esa brecha entre norma y realidad empujó a sindicatos y organizaciones obreras a fijar una fecha para actuar.

Las jornadas laborales en aquel periodo alcanzaban cifras que duraban casi el día completo. Muchos trabajadores empezaban a las cuatro de la madrugada y terminaban a las ocho de la tarde, lo que dejaba apenas espacio para descansar. Esa presión diaria se combinaba con sueldos bajos y con la amenaza constante del paro si cerraba una empresa, una situación que obligaba a muchas familias a aceptar cualquier condición. La dureza no se limitaba al horario, también incluía entornos peligrosos y una vigilancia policial que respondía con fuerza ante cualquier protesta.

La Federación del Trabajo decidió dar un paso organizado y fijó el 1 de mayo de 1886 como fecha para iniciar una huelga general. La convocatoria se extendió por varias ciudades, con especial intensidad en Chicago, donde miles de personas salieron a la calle para exigir la jornada de ocho horas.

Algunas empresas aceptaron reducir horarios, pero otras se negaron, lo que generó tensiones que crecieron durante varios días. Esa falta de acuerdo convirtió las protestas en un conflicto abierto que se prolongó más allá de la fecha inicial.

Los Mártires de Chicago quedaron ligados a la lucha laboral

El 4 de mayo, en la plaza Haymarket de Chicago, una concentración terminó en violencia tras la explosión de una bomba entre las fuerzas policiales. Murieron agentes y manifestantes, y la respuesta de la policía incluyó disparos que causaron más víctimas y centenares de heridos. No se pudo determinar con certeza quién lanzó el artefacto, pero la presión política llevó a detener a varios dirigentes obreros. El episodio, asimismo, se convirtió en el punto más grave del conflicto iniciado días antes.

El juicio posterior condenó a ocho hombres vinculados al movimiento obrero. Cuatro fueron ejecutados en la horca, otro se suicidó en prisión antes de que lo colgaran junto a sus compañeros y otros recibieron penas de cárcel, a pesar de que no se presentaron pruebas directas que los relacionaran con la bomba.

August Spies, uno de los condenados, afirmó antes de morir que “llegará un momento en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy estranguláis”. Esa frase circuló en círculos obreros y quedó asociada a la memoria de quienes fueron castigados tras las protestas.

Los ejecutados pasaron a ser conocidos como los Mártires de Chicago. Su caso no partía de una condena por pedir ocho horas de trabajo, sino de un proceso penal tras los disturbios, pero la conexión entre su muerte y la reivindicación laboral quedó para la historia. De esta manera, los movimientos obreros adoptaron esa referencia para recordar la represión sufrida en el camino hacia derechos básicos.

La Segunda Internacional fijó el 1 de mayo como jornada obrera

En 1889, la Segunda Internacional decidió establecer el 1 de mayo como jornada internacional de reivindicación obrera. La elección buscaba mantener viva la memoria de los hechos de Chicago y dar continuidad a la exigencia de una jornada laboral limitada. La fecha dejó de ser solo un episodio concreto y pasó a formar parte de una tradición que se extendió por Europa y América Latina como Día del Trabajador.

Estados Unidos tomó un camino distinto y consolidó el Labor Day en septiembre como su principal festividad laboral. La decisión se vinculó a un rechazo parcial de los sucesos de Chicago y a una voluntad política de alejar esa conmemoración de los movimientos obreros más conflictivos.

Esa diferencia se mantiene, mientras el 1 de mayo sigue siendo en muchos países como España en una jornada ligada a la memoria de aquellas protestas y a los derechos que se lograron después.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, dentro de los servicios establecidos contra la trata de seres humanos y la explotación laboral, ha desarrollado la operación ‘Caprines’, una investigación que ha culminado con la investigación de dos personas por supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. En explotaciones ganaderas de Lorca y Puerto Lumbreras, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores de trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia han detectado la presencia de ocho ciudadanos extranjeros trabajando sin contrato.

La investigación se inició cuando dos ciudadanos extracomunitarios pusieron en conocimiento de la Guardia Civil que se encontraban trabajando sin contrato en una explotación caprina, ubicada en el término municipal de Lorca.

Los dos trabajadores comunicaron a los agentes que, además, estaban alojados en unas caravanas, dentro de la finca, donde vivían en pésimas condiciones de higiene.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y averiguaron que el titular de la empresa contaba con otra granja en el término municipal de Puerto Lumbreras.

En coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Guardia Civil llevó a cabo la inspección simultánea de ambas fincas.

Las visitas resultaron con la identificación de otros seis trabajadores extranjeros, en situación irregular en el país, uno de los cuales, además, tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional.

Operación 'Caprines'

La operación ‘Caprines’ finalizó con la investigación de dos personas: el propietario de la empresa y un encargado. Según se desprende de la investigación, este último, de la misma nacionalidad que los trabajadores, facilitaba su captación y los distribuía a diario en cada una de las fincas.

Los ahora investigados, al parecer, se aprovechaban de la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas para ofrecerles trabajo sin contrato y en precarias condiciones laborales y de alojamiento.

Estos ocho trabajadores fueron atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España.

La Guardia Civil destapa una organización criminal asentada en la provincia de Castellón dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los agentes han detenido a siete personas y han liberado a 80 personas migrantes en situación de “extrema vulnerabilidad, que malvivían hacinadas en zulos, en muchos casos sin agua ni luz”, según informa el Ministerio de Interior en un comunicado. Se trata de 77 hombres y 3 mujeres, con edades entre los 20 y 35 años, que eran forzadas a trabajar más de 12 horas diarias.

En la operación, a cargo de la Policía Judicial del Cuerpo, han sido detenidas siete personas a las que se les atribuye todo el proceso de explotación laboral, desde su captación en países extranjeros con falsas ofertas de empleo con buenas condiciones laborales, hasta su explotación en España en trabajos en el sector agrícola, alcanzo la “semi esclavitud”.

Las víctimas, en su mayoría hombres en situación de vulnerabilidad económica, eran principalmente de origen nepalí, pakistaní, senegalés o de países árabes. Según informa el Cuerpo, eran captadas en sus propios países mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Les prometían condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención.

La investigación ha permitido identificar a los principales beneficiarios del entramado, un matrimonio de origen pakistaní, propietario del asentamiento principal en Nules, donde las víctimas eran alojadas hasta en cuatro viviendas distintas. El grupo operaba principalmente en las comarcas de la Plana Baixa y L’Alt Palancia de Castellón, además de las comarcas del Camp de Morvedre, Camp de Turia y L’Horta Nord, en Valencia.

Una vez que aceptaban la oferta, las víctimas eran trasladadas a España -en ocasiones mediante viajes organizados por la propia red criminal-, generándoles una deuda que posteriormente era utilizada como mecanismo de control y coacción. A su llegada, eran alojadas en viviendas con condiciones de hacinamiento extremo, sin requisitos de habitabilidad y llegando incluso a carecer de suministros básicos como agua o electricidad.

Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, en condiciones muy precarias con jornadas de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso. La remuneración era inexistente o meramente simbólica, ya que de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención. Estas personas carecían de contrato laboral y de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad y el control del entramado sobre las mismas. Este control se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, lo que generaba un clima de miedo constante que dificultaba cualquier intento de huida, recalca la Guardia Civil.

Operación “Balarama”

La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón en coordinación con la Fiscal Delegada para la trata de seres humanos de la Fiscalía Provincial y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha sido desarrollada durante varios meses y ha permitido destapar este entramado que sometía a sus víctimas a condiciones laborales y de vida próximas a la esclavitud.

La organización operaba de forma jerarquizada: algunos de sus integrantes se encargaban de captar a las víctimas en sus países de origen, otros gestionaban los traslados y el alojamiento, mientras que un tercer grupo controlaba la explotación laboral y la recaudación de los beneficios obtenidos.

También se ha detectado la utilización de empresas y estructuras legales para dar apariencia de legalidad a parte de la actividad, así como para beneficiarse del impago de salarios y de la elusión de obligaciones con la Seguridad Social.

En las actuaciones policiales se han realizado cinco registros en domicilios con la detención de siete personas y la liberación de 80 víctimas, 77 hombres y tres mujeres, con edades entre los 20 y 35 años. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de las siete personas detenidas. La operación ha sido desarrollada con la colaboración de distintos organismos, entidades sociales y sanitarias, como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos, que han velado por la atención y protección de las víctimas.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. a una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta.

El tribunal declara probado que el acusado se dedicó al menos entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a “la contratación reiterada” de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa. También considera probado que advertía a los empleados que en caso de inspección tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa, algo que los propios trabajadores y testigos, así como agentes de la Policía Nacional y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social sostuvieron durante el juicio.

“Se acredita con base a dicha prueba que el acusado de forma asidua o reiterada ocupaba a ciudadanos en situación irregular en España sin permiso de trabajo”, quienes “debido a ello y a la necesidad de subsistencia, se veían abocados a asumir las condiciones laborales” que este les ofrecía, “aprovechándose de que estos ciudadanos se encontraban en posición de debilidad por la amenaza de poder ser expulsados” del territorio nacional, afirma la Audiencia vizcaína.

Sin embargo, el tribunal ha absuelto a la hija del propietario P.G., de los delitos de los que venía siendo acusada como cómplice por las acusaciones particulares -la Fiscalía no formuló acusación en su contra- al estimar que no ha quedado acreditado que ella participara “de alguna manera en la contratación de trabajadores ilegales en la empresa de su padre”, ni que actuara “en calidad de gerente de dicha mercantil”.

Durante el juicio celebrado a finales de marzo, tres de los trabajadores denunciaron trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, sostuvo una de las denunciantes. Los demandantes, dos mujeres y un hombre, argumentaron que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También declararon tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según reconoció una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también lamentó que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, reconoció una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, aseguró una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes denunció que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica'. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte. El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo”, manifestó una de las denunciantes.

En este sentido, tras conocer la sentencia las denunciantes aseguran estar “satisfechas” porque “se ha reconocido la relación laboral de la trabajadora embarazada, a la que se le reconoce una indemnización por responsabilidad civil, y porque se han podido acreditar los hechos”. “Esto es una satisfacción para las trabajadoras y los trabajadores que han sufrido muchísimo estos años”, explican a este periódico, aunque lamentan no estar de acuerdo con la cuantía de la responsabilidad civil y tampoco con que hayan absuelto a la hija del propietario.

Una de las cuestiones que ha dificultado el proceso es que pese a que durante el juicio testificaron cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021, ninguno de ellos supo confirmar cuántas personas en total se encontraban sin permiso de trabajo en las instalaciones, pese a las preguntas de Fiscalía y la acusación particular. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones sí que constataron que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no supieron determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, confesó que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo consideró que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular.

El testimonio más claro con relación al caso fue el de una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, que reconoció que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, detalló la subinspectora, que indicó que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, las denunciantes lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las trabajadoras, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

Siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional por explotación laboral de trabajadores extranjeros en call centers en las ciudades de Madrid y Fuenlabrada como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. La operación, en colaboración con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, destapó jornadas y condiciones abusivas para los empleados, y entre ellas castigos humillantes como tirarles tartas a la cara.

“48 personas han sido protegidas en esta actuación. Vivían situaciones humillantes que no se pueden consentir. La Inspección de Trabajo está ahí para vosotros y vosotras. Denunciad. No os quedéis callados. La denuncia en el buzón de la Inspección es confidencial”, ha advertido esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus redes sociales.

El dispositivo fue desarrollado en quince centros. La Inspección de Trabajo encontró a un total de “48 personas trabajadoras sometidas a condiciones abusivas”. De ellas, “31 eran trabajadores extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social”, informa el organismo público vigilante de que se cumpla la legalidad laboral.

Condiciones abusivas y estafas a particulares

La Inspección apunta que los responsables de los centros de call center contrataban a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y les sometían a condiciones de abuso que restringían cualquier derecho laboral.

“Los trabajadores, además, tenían que cumplir unos objetivos diarios a través de llamadas a particulares. Para ello, contaban con un guión previo e invasivo, cuyo objetivo era estafar a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios”, indican en el organismo público.

“Sus jornadas de trabajo excedían los límites legales permitidos y también carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral”, añade la Inspección.

Por todo ello, el 10 de marzo, se llevó a cabo la entrada y registro en 15 call centers por parte de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, y se detuvo a siete personas como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. 

Castigos humillantes a través de rankings

Además, las autoridades comprobaron que los encargados de las empresas utilizaban un ranking diario para evaluar a los trabajadores en función de las contrataciones conseguidas, como se percibe en las imágenes de esta información.

Así, se establecía un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición que los empleados ocupaban en dicha clasificación.

“Entre las conductas humillantes estaba el lanzar tartas a la cara del trabajador que quedaba en la última posición de ese ranking, en presencia de todos sus compañeros”, denuncia la Inspección de Trabajo.

CCOO ha convocado una huelga en Glovo los próximos 24 de abril a partir de las 20 horas, 25 de abril durante todo el día y 26 de abril de 12 a 16 horas, así como una concentración ante la sede de la empresa en Madrid el 15 de abril a las 18.30 horas, ha infomado el sindicato en un comunicado este martes.

La central ha señalado que el paro se debe al “abuso laboral que sufren los trabajadores de la empresa tras el proceso de laboralización” que finalizó en 2025, según recoge Europa Press.

Ha añadido que “lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales” y ha lamentado que la empresa lleva a la plantilla a una situación que ha definido de límite.

Entre las demandas de la organización están el cese en la aplicación de un “régimen sancionador ilegal” y que la empresa renuncie al expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 750 personas.

Además, reclama la negociación de un convenio colectivo propio y que la empresa “cese en su empeño de obstaculizar el proceso de organización de las personas trabajadoras a través de las elecciones sindicales que se llevan realizando desde hace unos meses”.

La Policía Nacional de la Comisaría de Lugo ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, delito de amenazas y detención ilegal, por explotar a un trabajador extranjero en una zona rural de la provincia. Según han informado fuentes policiales, la víctima se encontraba en situación irregular y muy precaria, por lo que aceptó trabajar para el investigado sin contrato. Este individuo le había prometido que le proporcionaría vivienda, comida y un sueldo en efectivo, a cambio de que trabajase para él. Sin embargo, lo alojó en un habitación de una vivienda en un pueblo del rural lucense, casi en ruinas, sin ventanas, con humedades y goteras, viviendo en condiciones infrahumanas y facilitándole solo comida precocinada.

La víctima trabajaba de sol a sol, unas 15 horas diarias y sin apenas cobrar. De hecho, estuvo trabajando en estas condiciones unos 8 meses, y cobró en total unos 2.000 euros. Además, el trabajador denunció episodios de amenazas, coacciones y agresiones físicas por parte del empleador. En uno de esos episodios, el trabajador huyó pero el detenido dio con él y lo obligó a regresar a su puesto de trabajo, bajo un clima de miedo y amenazas, y lo retuvo allí contra su voluntad.

La víctima volvió a escaparse y logró llegar a la ciudad de Lugo, donde se presentó en dependencias judiciales para denunciar lo ocurrido. Allí fue asistido por los agentes y trasladado a un centro médico, donde se certificaron las lesiones que presentaba, compatibles con los hechos que había relatado; y se contactó con servicios sociales para darle atención. La investigación derivó en la detención del presunto explotador, que fue puesto a disposición judicial.

El propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. ha renunciado a su derecho a la última palabra durante el juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El responsable de la empresa vizcaína, y su hija, P.G., están acusados de delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores al mantener presuntamente, a personas extranjeras en situación irregular trabajando sin contrato, por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. A lo largo de todo el juicio F.J.G.A. se ha mantenido en silencio. Su hija, por su parte, sí que ha hecho uso de la última palabra para denunciar el “sufrimiento” al que se han enfrentado. “He tenido que medicarme y no porque piense que nos han pillado ni mucho menos, sino porque han ido contra mi familia y han intentado hacernos daño de todas las maneras posibles. La última que han tenido ha sido involucrarme a mí en todo esto. Espero que se haga justicia por el sufrimiento que yo sí que he vivido”, ha declarado en la segunda y última sesión del juicio celebrada este miércoles y a la que han asistido cerca de 40 trabajadores con camisetas de La Gilda del Norte que han criticado en los pasillos a sus excompañeras denunciantes como muestra de apoyo a sus jefes.

Durante la segunda y última sesión han testificado cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones han constatado que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no han sabido determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, ha confesado que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo considera que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular. Ninguno de los testigos ha sabido confirmar cuántas personas en total se encontraron durante las inspecciones sin permiso de trabajo, pese a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular.

Una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, ha reconocido que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, ha detallado la subinspectora, que ha indicado que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

A lo largo del juicio también han testificado una decena de trabajadoras que han coincidido en su mayoría en que trabajaban “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Además de que, si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”.

A pesar de ello, desde Fiscalía, que confirma “la contratación reiterada e ilegal de personas en situación irregular, al menos desde 2018 a 2021” no percibe “explotación laboral”. “En un caso como el presente no concurre en ningún caso una situación de abuso, superioridad, engaño o situación de necesidad de los trabajadores en las concretas circunstancias de este caso sin perjuicio de que el trabajo de estos trabajadores no sea el trabajo de los sueños de nadie, ya que cobran una cantidad de dinero francamente escasa, pero esto en ningún caso supone la imposición de condiciones abusivas de semiesclavitud como se ha escuchado en esta sala. Nadie ha resultado amenazado para desempeñar este trabajo. A nadie se le ha engañado para realizar este trabajo, y, por tanto, entendemos que en ningún caso resultan acreditados ninguno de los preceptos penales”, ha justificado la fiscal, que se mantiene en una condena de 12 meses de cárcel para el propietario de la empresa y exime a su hija, al entender que “no puede ser autora de ninguno de los delitos porque no tiene la condición de empresaria”, pese a que la acusación particular ha presentado como prueba “pantallazos” de artículos en prensa en los que la acusada se define como CEO de La Gilda del Norte, algo que aparece también en sus redes sociales y las demandantes y testigos han asegurado que ella “también daba órdenes” en la empresa.

La acusación particular, que exige para los dos propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, ha solicitado incluir una medida subsidiaria de 18 meses de prisión para el propietario y 89 días de prisión para su hija. Esto implica solicitar a la jueza una pretensión principal y, para el caso de que esta no sea estimada, proponer una alternativa secundaria (subsidiaria) para garantizar la protección de los intereses de la parte demandante.

“La empresa ha utilizado a los trabajadores en situación irregular de forma continuada durante un periodo de 3 a 4 años desde 2017 hasta el mes de actuación de la Inspección de Trabajo en mayo de 2021. Todo esto está sustentado en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente en las últimas dos, sino en más, que constataron en sus diferentes intervenciones que había trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y a través de la actuación de la Policía Nacional y lo reflejado también en sus atestados, así como en las declaraciones tanto de los agentes como de los inspectores de trabajo, se han acreditado hasta 14 trabajadores en situación irregular”, ha señalado la abogada de la acusación particular.

La defensa ha tratado de argumentar que la contratación del personal en situación irregular se trataba de algo “esporádico y puntual” debido a la “dificultad de poder encontrar” a trabajadores en el sector. Sin embargo, la acusación particular ha defendido que más que algo puntual, se trataba de una estructura empresarial. “Era una estructura empresarial basada en las mismas condiciones de 800 euros al mes con extras puntuales por las tardes y los sábados. Está probado que estas personas no estaban allí trabajando de forma esporádica, sino que estuvieron años. Es decir, esto formaba parte de la estructura y del plan de negocios de la empresa y afectaba a su cuenta de resultados de forma relevante. Por lo tanto, existe una lesión también a las arcas públicas. El modelo de negocio del grupo empresarial, del que son titulares tanto el propietario como su hija, se basaba en ese beneficio extra que les proporcionaba la ausencia de contratos legales y el ahorro que le supone a una empresa tantos trabajadores sin pagar a la Seguridad Social y esas condiciones mínimas que suponen un beneficio directo, así como también afecta a la competencia en el mercado. Se presume elevadísimo también el beneficio que le aportó a esta empresa en la pandemia el hecho de contar con este tipo de trabajadores sin pago de Seguridad Social y que trabajaron incluso en ERTE por lo que la empresa se beneficiaba también de las ayudas que venían establecidas por el ERTE”, ha defendido la abogada.

Por último, la defensa de los acusados ha pedido la absolución de ambos al entender que ya han sido sancionados previamente por esta causa, debido a que la Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, desde la acusación particular lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las demandantes, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

Trabajadores de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) han declarado durante el juicio que se celebrará entre este martes y miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia que trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, ha explicado una de las tres denunciantes que acusan a F.J.G.A y su hija P.G., los dos propietarios de la empresa vizcaína de “explotación laboral” y por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel.

La acusación particular, representante de las denunciantes, exige para los propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, aunque la Fiscalía deja la petición de condena en un año y exime a la hija. Ninguno de los dos ha querido declarar durante el juicio y P.G., se ha acogido su derecho a no usar su última palabra para así no presentarse en la segunda sesión, que tendrá lugar este miércoles y en la que están llamados a testificar cuatro agentes de la Policía Nacional y de dos subinspectores laborales.

Durante la primera sesión del juicio han testificado las tres demandantes, dos mujeres y un hombre que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También han declarado tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según ha reconocido una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también ha lamentado que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, ha reconocido una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, ha asegurado una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes ha asegurado que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica”. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte“. ”El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo“, ha manifestado una de las denunciantes.

Otro de los denunciantes ha asegurado que entre el 60 y 70% de la plantilla con la que él trabajaba eran “trabajadores extranjeros en situación irregular”. Llegaban a la empresa recomendadas por algún familiar o amigo, muchas veces a los pocos días de llegar al país y no se les realizaba ninguna entrevista, pasaban directamente a realizar las labores, normalmente de 06.00 a 14.00, pero con la posibilidad de realizar horas extra por las tardes y los sábados. Los trabajadores han detallado que los pagos se realizaban en mano y que en alguna ocasión hubo retrasos en los mismos, pero no impagos. La mayoría relatan que vivían con la “promesa” de que pasado un tiempo se formalizara su contrato y pudieran estar en situación regular en el país.

La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso. Tras la segunda inspección, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2021, los trabajadores irregulares, según han declarado, pasaron a trabajar en el turno de noche, de 20.00 horas a 06.00 horas. La forma de controlar los horarios de cada uno, según han apuntado, era un cuaderno que controlaba una de las trabajadoras con mayor rango en la empresa que ha sido citada a declarar en calidad de testigo, pero que no ha acudido a la cita por encontrarse residiendo en el extranjero. Los trabajadores han declarado que “durante el confinamiento por la COVID-19 siguieron trabajando incluso en ERTE”, que nunca realizaron ninguna formación sobre seguridad laboral, reconocimiento médico, no contaban con EPI, ni realizaron jamás cursos de manipulación de alimentos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a cinco personas como presuntos responsables de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular, en el marco de la denominada Operación DURUM.

La investigación se inició el pasado mes de noviembre tras varias inspecciones realizadas en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuatro establecimientos de comida rápida de tipo kebab.

Durante dichas inspecciones se localizaron a varios trabajadores extranjeros en situación irregular, que estarían siendo víctimas de explotación laboral.

Las víctimas, que prestaron declaración en dependencias policiales bajo la figura de testigo protegido, manifestaron que los detenidos formaban parte de un grupo organizado dedicado a la explotación de trabajadores extranjeros sin documentación.

Según relataron, eran obligados a realizar jornadas laborales maratonianas, sin contrato, sin alta en la Seguridad Social, sin días de descanso y sin cobertura sanitaria.

Asimismo, denunciaron haber sufrido un trato degradante, con insultos y amenazas constantes, además de percibir salarios mínimos muy por debajo de lo legalmente establecido.

La organización también facilitaba alojamiento a los trabajadores en condiciones de hacinamiento. Con este sistema, los responsables lograban reducir costes laborales y aumentar sus beneficios de manera ilícita, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La Guardia Civil investiga a un vecino de Cuntis (Pontevedra) por, supuestamente, explotar laboralmente a extranjeros en varios locales de hostelería de su propiedad. El hombre captaba a los trabajadores a través de páginas web en las que les ofrecía un contrato de trabajo, un sueldo acorde al horario, alojamiento y algunas facilidades para acceder al puesto. Una vez llegaban a la provincia, estas personas eran obligadas a trabajar todo el día, trasladadas de un local a otro para cubrir distintos turnos. Han sido identificadas 11 víctimas.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un extrabajador, que informó de cuál había sido su situación y de que había más personas siendo explotadas, no solo en el mismo local donde lo había sido él, sino otros locales de la provincia, según recoge Europa Press.

Los agentes identificaron dentro de lo que llamaron Operación Bugonia al presunto autor de varios delitos contra los derechos de los trabajadores y amenazas, ocurridos en varios locales situados en Barro, Cuntis y A Estrada. Se trata de un varón de 53 años, vecino de Cuntis y con antecedentes policiales de similares características.

Las víctimas, una vez terminaban de realizar todos los turnos a los que eran obligadas, eran llevadas de vuelta al lugar donde pernoctaban, situado en la parte superior de uno de los locales.

En las inspecciones de los locales donde se llevaba a cabo la explotación laboral ha participado también personal de la Patrulla Fiscal de la Compañía de Cambados y personal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de trabajo y economía social.

La Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen asiático, que se encontraban en condiciones de explotación laboral en Calahorra (La Rioja). En el marco de la denominada operación Huotui, han sido detenidas cuatro personas a las que se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y delito fiscal. 

El estudio patrimonial de la organización reveló que, entre los años 2019 y 2025, las cuentas bancarias del principal responsable de la red registraron movimientos por más de 5,2 millones de euros, de los cuales, alrededor de 3,4 millones de euros carecen de trazabilidad conocida.

La operación comenzó tras una inspección de una nave en obras situada en el Polígono Industrial Azucarera de Calahorra (La Rioja), donde los agentes detectaron indicios de una posible red de explotación laboral. Varios trabajadores de nacionalidad china huyeron ante la presencia de los agentes, mientras que el encargado de la obra trataba de obstaculizar la labor policial aprovechando la barrera idiomática para eludir las preguntas de los investigadores.

La investigación permitió constatar que tres hombres y una mujer formaban parte de una estructura criminal encargada de la dirección y gestión económica del entramado que controlaba a los trabajadores explotados.

Obligados a trabajar en la construción entre 12 y 14 horas diarias

La organización captaba en China a ciudadanos en situación de vulnerabilidad y los trasladaba a España con visado de turista para emplearlos en el sector de la construcción con jornadas de entre 12 y 14 horas diarias, los siete días de la semana. Trabajaban sin ninguna medida de seguridad e incumpliendo las normas del sector de la construcción, poniendo en riesgo su salud y su integridad física. 

Al salario que recibían por su trabajo les descontaban cantidades en concepto de alojamiento y manutención. Dormían en colchones colocados sobre palés de madera, en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, carentes de las mínimas condiciones de habitabilidad. Para mantener el control, la organización recurría de manera sistemática a la intimidación y la violencia.

Durante la explotación de la operación se intervinieron 11.000 euros en efectivo, diversa documentación de interés para la investigación y varios vehículos utilizados por la organización. Además, se han bloqueado once cuentas bancarias vinculadas a los investigados y a la suspensión temporal de la actividad empresarial utilizada como tapadera para el desarrollo de las actividades ilícitas.

De los trabajadores liberados, uno presentaba una lesión en un pie. Se les prestó asistencia y alimento.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra, con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil de Arnedo, patrullas de Seguridad Ciudadana, el grupo cinológico con perros adiestrados en la detección de dinero y las USECIC de La Rioja y Navarra. Además, se ha contado con la asistencia a las víctimas participaron el Ayuntamiento de Logroño y diversas ONGs especializadas en atención y apoyo social.

La Policia Nacional ha detingut a Palma tres persones acusades d'explotar laboralment una dona que treballava com a cuidadora interna d'una persona dependent. Els arrestats -dos homes i una dona- estan sent investigats per delictes contra els drets dels treballadors, afavoriment de la immigració irregular, contra la integritat moral, coaccions i amenaces.

Va ser la pròpia víctima qui, malgrat la seva situació d'especial vulnerabilitat -es trobava en situació administrativa irregular i havia rebut reiterades amenaces per part dels seus ocupadors, que li advertien que seria expulsada d'Espanya si acudia a les autoritats-, va decidir denunciar els fets en dependències policials, assegurant que es trobava “esgotada i desesperada” per les condicions en què treballava.

Els agents de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) van donar inici a les investigacions, que van revelar que la dona va arribar a aquesta feina a través d'una amiga que li va informar de la possibilitat de treballar com a cuidadora interna a Palma. Va acceptar l'oferta i pocs dies després va començar a cuidar un familiar dependent de dos dels ara detinguts, tots ells de nacionalitat espanyola.

Segons les indagacions, el treball es va desenvolupar en condicions de “total explotació”: la dona no tenia contracte laboral i estava obligada a romandre disponible les 24 hores del dia, amb un únic dia lliure a la setmana, a canvi de 900 euros mensuals.

Els investigadors assenyalen que no li van facilitar els mitjans necessaris per atendre correctament la persona dependent, a la qual havia de moure i netejar les seves femtes i fluids orgànics a causa de la malaltia immunològica que patia i de la qual la víctima no havia estat informada. Com que no li proporcionaven aquests recursos, no podia adoptar les mesures preventives adequades.

La sobrecàrrega de treball i la manca de mitjans li van provocar lesions en diverses ocasions, per les quals amb prou feines va rebre assistència sanitària.

Amenaces i ocultacions

Durant la investigació, els agents van comprovar que els sospitosos intentaven ocultar la relació laboral. Quan inspectors de l'àrea de Dependència del Govern acudien al domicili, obligaven la dona a amagar-se per evitar que es descobrís la seva situació.

El temor dels arrestats era que l'administració autonòmica pogués retirar determinades ajudes o detectar les condicions en què tenien treballant la cuidadora.

Segons la Policia, també amenaçaven la víctima de forma constant per evitar que abandonés la feina. Entre altres coses, li asseguraven que tenien contactes policials -que en realitat no existien- que podien fer que la detinguessin i l'enviessin a presó per la seva situació administrativa irregular. Així mateix, li van fer creure que disposaven de còpies de la seva documentació per impedir que pogués creuar qualsevol frontera en cas que decidís marxar.

Després de les indagacions, el passat dimecres els agents van procedir a la detenció dels tres sospitosos.

La Policia Nacional recorda que qualsevol persona que estigui patint o tingui coneixement de situacions de tràfic d'éssers humans, explotació sexual o laboral pot denunciar-ho o sol·licitar ajuda a través del telèfon gratuït i confidencial 900 10 50 90 o del correu electrònic trata@policia.es.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres personas acusadas de explotar laboralmente a una mujer que trabajaba como cuidadora interna de una persona dependiente. Los arrestados -dos hombres y una mujer- están siendo investigados por delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral, coacciones y amenazas.

Fue la propia víctima quien, pese a su situación de especial vulnerabilidad -se encontraba en situación administrativa irregular y había recibido reiteradas amenazas por parte de sus empleadores, que le advertían de que sería expulsada de España si acudía a las autoridades-, decidió denunciar los hechos en dependencias policiales, asegurando que se encontraba “agotada y desesperada” por las condiciones en las que trabajaba.

Los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) dieron inicio a las investigaciones, que revelaron la mujer llegó a este empleo a través de una amiga que le informó de la posibilidad de trabajar como cuidadora interna en Palma. Aceptó la oferta y pocos días después empezó a cuidar a un familiar dependiente de dos de los ahora detenidos, todos ellos de nacionalidad española.

Según las pesquisas, el trabajo se desarrolló en condiciones de “total explotación”: la mujer no tenía contrato laboral y estaba obligada a permanecer disponible las 24 horas del día, con un único día libre a la semana, a cambio de 900 euros mensuales.

Los investigadores señalan que no le facilitaron los medios necesarios para atender correctamente a la persona dependiente, a la que debía mover y limpiar sus heces y fluidos orgánicos debido a la enfermedad inmunológica que padecía y de la que la víctima no había sido informada. Debido a que no le proporcionaban esos recursos, no podía adoptar las medidas preventivas adecuadas.

La sobrecarga de trabajo y la falta de medios le provocaron lesiones en varias ocasiones, por las que apenas recibió asistencia sanitaria.

Amenazas y ocultaciones

Durante la investigación, los agentes comprobaron que los sospechosos trataban de ocultar la relación laboral. Cuando inspectores del área de Dependencia del Govern acudían al domicilio, obligaban a la mujer a esconderse para evitar que se descubriera su situación.

El temor de los arrestados era que la administración autonómica pudiera retirar determinadas ayudas o detectar las condiciones en las que tenían trabajando a la cuidadora.

Según la Policía, también amenazaban a la víctima de forma constante para evitar que abandonara el empleo. Entre otras cosas, le aseguraban que tenían contactos policiales -que en realidad no existían- que podían hacer que la detuvieran y la enviaran a prisión por su situación administrativa irregular. Asimismo, le hicieron creer que disponían de copias de su documentación para impedir que pudiera cruzar cualquier frontera en caso de que decidiera marcharse.

Tras las pesquisas, el pasado miércoles los agentes procedieron a la detención de los tres sospechosos.

La Policía Nacional recuerda que cualquier persona que esté sufriendo o tenga conocimiento de situaciones de trata de seres humanos, explotación sexual o laboral puede denunciarlo o solicitar ayuda a través del teléfono gratuito y confidencial 900 10 50 90 o del correo electrónico trata@policia.es.

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la explotación laboral de 45 ciudadanos extranjeros que se encontraban en España en situación irregular llevando a cabo la recogida de mandarinas en una finca cercana a la localidad de Dos Hermanas (Sevilla). Las víctimas trabajaban sin haber sido dados de alta en el sistema de la Seguridad Social y en condiciones que no cumplían las medidas mínimas de seguridad.

La investigación comenzó a finales del pasado año, cuando se detectó la posible existencia de una finca en la que se podrían estar cometiendo delitos contra los derechos de los trabajadores por parte de la empresa contratante. Los agentes verificaron que en el lugar de la investigación se estaba trabajando en la recolección de mandarinas de manera irregular: los trabajadores no tenían permiso de residencia, ni de trabajo y sin contrato.

Las 45 víctimas que se encontraban en la finca registraban un Número de Identificación de Extranjeros (NIE) que no se correspondía con su filiación, sino que pertenecían a otros ciudadanos extranjeros que habían sido dados de alta fraudulentamente en la Seguridad Social, sin que estuvieran realmente realizando dicha jornada de trabajo.

Durante la inspección, los agentes detuvieron al responsable de la organización, al que se le imputan los delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.

Inspección de Trabajo ha abierto una investigación contra la empresa que contrató en Chile a un grupo de trabajadores para dedicarse en España al sector energético. La cuadrilla se encuentra en Sevilla, donde tuvieron conocimiento de su situación irregular en el país. La subcontrata portuguesa expidió un acuerdo en el que solicitaba los servicios de los profesionales durante dos años, pero la ausencia de su alta en la Seguridad Social y el impago de nóminas y horas extras provocó que se denunciara el caso ante Inspección. A tenor del presunto incumplimiento de la compañía a la hora de aportar la documentación requerida, se ha procedido a abrir un expediente tras analizar la denuncia de la plantilla.

El escrito a Inspección de Trabajo se presentó el pasado 12 de junio de 2025 y fue firmado por siete de los 11 empleados que fueron contratados en origen a través de la embajada portuguesa en Chile. En él, se referían a “la promesa de trabajo” que había hecho Jesús Mimoso, al frente de Grupo J. Mimoso Serviços Universais. Sin embargo, carecían de asistencia sanitaria al no cumplir con los requerimientos de la legislación española, una situación que descubrieron tras un año dando servicio en el territorio. Habían estado en Barcelona, Valladolid o Talavera de la Reina, aunque en su contrato portugués se mantenía que disponían de una residencia en la calle Nova 22, en Alagoa, donde estaba la sede social de la empresa. En la actualidad, están en Sevilla a la espera de conseguir el permiso de residencia para trabajar en el país y, así, cotizar.

Con fecha de febrero de 2026, Inspección de Trabajo traslada cuál ha sido el procedimiento mediante el informe de actuación al que ha accedido este medio. La inspectora a cargo notifica que se realizó una primera visita en septiembre de 2025 a la construcción de una planta fotovoltaica en el proyecto solar Rey IV. En ella, se encontraba trabajando la cuadrilla denunciante, formada por Juan Vargas, Denis Merino, Edy Quispe y Jaime Sandoval. En aquel momento, se le requiere a la empresa Jesús Mimoso Uniperssoal Limitada la documentación en materia laboral, seguridad social y prevención de riesgos laborales, así como el registro de las jornadas, los cuadrantes de vacaciones, los contratos de trabajo y las nóminas, y las órdenes de transferencia bancaria, entre otras cuestiones.

Obstrucción

La compañía lusa no acudió ni a la cita que fue acordada en septiembre entre las partes y tampoco a la concertada en octubre de 2025. Como única seña, remitió al correo corporativo de Inspección la documentación relativa a los reconocimientos médicos, el justificante de entrega de Epis y la formación en prevención de riesgos laborales. “No obstante, no aporta ninguna documentación en materia laboral”, señala Inspección de Trabajo en el informe. En todo caso, es el jefe de obra y la responsable de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto quienes hacen entregan de los modelos A1 de alta en la Seguridad Social ―que acredita que un trabajador sigue sujeto a la legislación de seguridad social de su país de origen mientras trabaja en otro país de la Unión Europea (UE).

Cabe recordar que los afectados tenían un visado portugués para que pudieran circular por España, pero no sirve para trabajar ni obtener la residencia. Además, en los meses navideños fue Mimoso y sus representantes quienes intentaron amainar los ánimos de la cuadrilla e intentar llegar a un acuerdo verbal, tal y como señalaron en la entrevista con este medio, mientras se hacía caso omiso a los requerimientos de Inspección de Trabajo.

Expediente

Posteriormente, la inspectora pide una vez más la documentación relativa a las nóminas, las transferencias bancarias y los registros de jornada a fecha de 1 de diciembre. Todo ello, debía ser entregado en un plazo de dos días. Mimoso volvió a incumplir los tiempos y respondió a través de un correo electrónico que están a la espera de que la entidad bancaria les envíe “los comprobantes de los pagos”. Dos meses más tarde, en febrero, se notificó la “incoación de un expediente sancionador”, dado que, por falta de colaboración de la compañía, se dio por comprobada la obstrucción de la labor inspectora y, por tanto, a la comprobación de los hechos que denunciaba la cuadrilla.

El Grupo J. Mimoso Serviços Universais, con Jesús Mimoso al frente, logró los visados de la cuadrilla a través de la embajada portuguesa en Chile, donde se contaba con la cooperación de una empleada de la institución que se comunicaba con los empleados sudamericanos a través de WhatsApp. El contrato de 1.200 euros por 40 horas semanales daba poder al intermediador luso, que le consiguió trabajo a los profesionales sudamericanos en tres compañías energéticas españolas, Intecsa Solar, Serleycon y Colway Industrial. A pesar de los logros, las desavenencias entre el empleador y las empresas contactadas hacía que se quedaran sin sus sueldos y, a medida que la situación se fue enquistando, los despidió sin más contemplaciones.

Ante tal panorama, los afectados acudieron a la asociación Arraigo, en Sevilla, que interpuso una demanda en la Policía Nacional por delitos que podrían ser constituvos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, así como de graves abusos contra trabajadores migrantes, remitieron en un comunicado. La querella hacía referencia a un “patrón sistemático de elusión de responsabilidades, mediante artimañas legales, cambios formales de empleador, desplazamientos contractuales ficticios y amenazas”, todo ello con el fin de eludir las obligaciones.

A su vez, desde la asociación consideraron “especialmente grave” que, tras la denuncia de los hechos, la plantilla fuera demandada ante la policía para que se les expulsara del país. Este expediente no prosperó por inexistencia de causa legal, sin embargo, advierten que quedó “en evidencia” el uso “abusivo y represivo de los mecanismos de control migratorio”. Tras meses de resistencia ante las amenazas de desahucio, Roberto Cid, miembro de la asociación Clínica de Derechos Humanos de Sevilla, señala que los hostigamientos han cedido momentáneamente. Ahora, están a la espera del dictamen de Inspección de Trabajo y de que los trabajadores obtengan la residencia española por razones humanitarias o gracias a la regularización extraordinaria de personas migrantes.

El Ministerio de Juventud e Infancia, a través del Instituto de la Juventud de España (Injuve), lanza este lunes el 'Buzón de las personas Becarias: Denuncia las malas prácticas', una iniciativa para denunciar de manera anónima abusos y casos de explotación de los estudiantes en prácticas, en colaboración con el Organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Oeitss).

Este buzón ha sido presentado esta mañana en un acto con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La medida se añade al buzón de denuncia de la propia Inspección de Trabajo, que ya permite a día de hoy la denuncia anónima de estas irregularidades laborales sobre los becarios.

Según el último informe de la Inspección de Trabajo, de 2024, el organismo público efectuó 802 actuaciones que supusieron el afloramiento de 187 empleos, de los cuales 132 resultaron falsos becarios. El importe de cuotas liquidadas como consecuencia de las actuaciones anteriores ascendió a a algo más de 450.000 euros. En total, la Inspección destapó “220 falsos becarios” en 2024.

Rego: “No es verdad que aprender signifique trabajar gratis”

“Hoy estamos aquí para dar un paso concreto contra la explotación disfrazada de experiencia. Porque no es verdad que haya que aceptar cualquier condición para empezar a trabajar. No es verdad que aprender signifique trabajar gratis”, ha sostenido la ministra Sira Rego. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reivindicado esta nueva herramienta y el anteproyecto de ley conocido como el 'Estatuto del Becario' con el objetivo de “erradicar una de las fuentes principales de precariedad que quedan en España”: el abuso de la figura del becario y becaria.

En Juventud explican que en el buzón se podrán reportar situaciones como la falta de relación entre los estudios y la práctica, la sustitución encubierta de trabajadores de plantilla, la realización del mismo trabajo que el personal de la empresa, la falta de tutorización o la asignación de tareas que exceden el ámbito de la práctica, indican a la agencia Europa Press.

El Instituto de la Juventud será el organismo encargado de recopilar estas denuncias y ponerlas a disposición de la Inspección de Trabajo para que se lleven a cabo las investigaciones y actuaciones correspondientes.

Desde la cartera de Juventud e Infancia defienden que esta iniciativa permitirá otorgar una “mayor protección” a las personas becarias, “un colectivo que históricamente ha tenido que soportar altos grados de explotación laboral a través de una figura que tiene como objetivo garantizar el aprendizaje de los estudiantes y, en ningún caso, sustituir a trabajadores a un menor coste”.

El Gobierno aprueba en segunda vuelta el Estatuto del Becario

La iniciativa es presentada un día antes de que el Gobierno apruebe este martes en segunda vuelta en el Consejo de Ministros el 'Estatuto del Becario', un anteproyecto de ley que el Ejecutivo aprobó en primera vuelta en noviembre y que ahora va rumbo al Congreso de los Diputados, con pocos visos de salir adelante en el actual panorama parlamentario.

Pactado hace más de dos años por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, el Gobierno tardó en iniciar la tramitación de esta norma, que enfrenta fuertes resistencias por parte de los rectores de universidad y de algunas empresas y que también generó diferencias en el Ejecutivo de coalición progresista.

El anteproyecto regula nuevos derechos a los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos y a vacaciones, así como más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha advertido de que la norma enfrenta “un acervo cultura potentísimo” de abuso y precariedad de los trabajadores jóvenes durante décadas, por lo que ha sostenido que no solo hay que aprobar una ley, sino también “cambiar una cultura” de país.

Según la 'Encuesta de Juventud 2023' el 42% de jóvenes denuncian haber sufrido una o varias situaciones de explotación a lo largo de su vida laboral, como trabajar sin contrato, haber suscrito un contrato mediante una empresa de trabajo temporal (ETT), ser un becario no remunerado, un falso autónomo o tener contrato de 'rider' o repartidor, recuerda la agencia Europa Press.

Además, el 'Buzón de las personas Becarias' forma parte de un convenio más amplio firmado entre el Injuve e Inspección de Trabajo para favorecer los derechos laborales de la juventud, un grupo “especialmente vulnerable”, indican en Juventud. En el acuerdo se incluyen actuaciones específicas dirigidas a comprobar las condiciones laborales de los jóvenes trabajadores, así como acciones y campañas formativas, entre otros.

El dueño del prostíbulo Tres Marqueses se ha sentado hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial para ser juzgado por dos delitos contra los derechos de los trabajadores. El acusado, tras reconocer los hechos, se ha conformado con una petición de penas inferior a las que solicitaba en sus calificaciones provisionales la Fiscalía.

El acusado ha aceptado un año de prisión y 6 meses de multa a 8 euros/día por un delito contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones ilegales de trabajo. Y otros 12 meses de multa a 8 euros/día por otro delito contra los derechos de los trabajadores por contratación de trabajadores extranjeros sin autorización de residencia y trabajo. El dueño no tiene antecedentes por lo que la pena inferior a los dos años de cárcel le permitirá eludir la cárcel.

También deberá hacer frente al pago de las cotizaciones que no ingresó la Seguridad Social por las “trabajadoras sin contrato”, según han señalado desde e Palacio de Justicia Estos importes serán calculados por la Tesorería del organismo público y se incluirá en la ejecución de sentencia. 

Los hechos que se han juzgado tienen su origen en la inspección realizada en mayo de 2023 en el prostíbulo, cuyo único dueño es el acusado. Precisamente, diez días antes, una mujer en situación de prostitución había aparecido muerta en ese mismo club. Durante la inspección se constató que 16 trabajadoras “prestaban servicios por cuenta ajena” sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. De ese total, nueve carecían además de autorización de residencia y trabajo en España.

La actuación inspectora, llevada a cabo por funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con apoyo de fuerzas de seguridad del Estado, concluyó que la actividad desarrollada cumplía todos los requisitos propios de una relación laboral, incluyendo horario fijo, uso de medios de la empresa y retribución vinculada a la “actividad económica” del establecimiento. Las mujeres obtenían la mitad del importe de las consumiciones de los clientes y su horario era de las 18:00 horas hasta las 4:00 horas.

*Los términos “trabajadoras”, “ofrecer servicios”, etc responden a la terminología literal que se utiliza en el escrito de acusación.

“No se cuida a la persona que realiza el trabajo doméstico”, dice Rafaela Pimentel, una activista feminista dominicana que lleva años liderando el asociacionismo de empleadas domésticas en España. Son 75,6 millones de personas en el mundo las que trabajan en el empleo doméstico, la inmensa mayoría mujeres y migrantes, como confirman los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un empleo “poco valorado”, de “salarios bajos” y “condiciones precarias”, añade Pimentel.

Los trabajos en el hogar y de cuidados son algo “fundamental para gestionar las vidas y sostener la sociedad”, señala la activista, pero que “sigue sin estar reconocido socialmente”. Ese es el sector en el que trabajan Rebeca, Laura y Carolina, nombres ficticios de tres ex empleadas de Julio Iglesias en Punta Cana con las que ha podido hablar elDiario.es y Univision Noticias. Ellas refieren unas jornadas maratonianas, salarios bajos, un régimen interno aislado de la familia y una escasez de libranzas que no solo se dan en República Dominicana.

Rebeca y Laura trabajaban internas para Julio Iglesias, un régimen que abre aún más la puerta a la explotación, según los expertos. Estas mujeres presentaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia por vulneraciones laborales durante su tiempo como empleadas, así como por agresiones sexuales. Esta denuncia fue archivada por la falta de jurisdicción de España sobre el caso. Iglesias no respondió a las preguntas que se le han hecho llegar a él y a sus representantes legales. En un comunicado posterior a la primera publicación de elDiario.es y Univision Noticias, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Violencia oculta y normalizada

Hasta 29 asociaciones de empleadas domésticas y de derechos humanos han hecho público un manifiesto en el que aseguran que este caso revela “cómo la violencia sexual en el ámbito del trabajo de hogar permanece oculta y normalizada, sigue siendo un tabú y muchas víctimas no se atreven a hablar”. “Se aprovecha la indefensión de las víctimas, siempre cuestionadas por el sistema patriarcal y racista que domina las relaciones laborales de las trabajadoras extranjeras”, dicen organizaciones como Servicio Doméstico Activo (Sedoac), Oxfam Intermón, la Asociación Mujeres Cuidadoras Sin Papeles o Territorio Doméstico.

Aunque en los últimos años el activismo ha presionado para que España apruebe mejoras para equiparar los derechos de las trabajadoras de hogar al del resto de sectores, la informalidad y la precariedad sigue siendo la norma. También el acoso, las faltas de respeto o la violencia. España ratificó el convenio 189 de la OIT, que obliga a los países firmantes a ampliar sus derechos, por ejemplo, el de paro, que apenas se ha puesto en marcha en nuestro país.

Un informe de Oxfam Intermón y la Asociación Por ti Mujer muestra que el 49% de las trabajadoras que encuestaron en España afirmaba haber vivido algún tipo de violencia en el trabajo a lo largo de su trayectoria laboral y el 70% conocía algún caso cercano. El 49% había vivido exceso de control mediante cámaras de vigilancia, llamadas y mensaje constantes, incluso durante el tiempo libre. El 48% ha recibido faltas de respeto, insultos y discriminación. El 17% ha recibido proposiciones de naturaleza sexual, y el mismo porcentaje ha sufrido violencia física. El 8,5% ha recibido tocamientos de naturaleza sexual sin consentimiento.

“Las consecuencias de las condiciones en las que trabajamos son cuerpos rotos, muchas mujeres enfermas, mujeres migrantes empobrecidas que trabajan para sobrevivir, muchas situaciones complicadas de salud mental, internas a las que no empadronan o trabajadoras a las que no dan de alta en la Seguridad Social, que no tienen vacaciones o tiempo libre. Seguimos luchando para que, por ejemplo, se nos reconozcan las enfermedades profesionales”, critica Rafaela Pimentel.

Por eso, las asociaciones destacan que no puede entenderse el acoso y la violencia sexual que viven las trabajadoras de hogar sin señalar “la precariedad estructural del sector; la vulnerabilidad jurídica, económica y social de las mujeres migrantes en España, el régimen de explotación y abuso que significa la disponibilidad las 24 horas del día los siete días de la semana de trabajadoras internas, y de condiciones y horarios abusivos de trabajadoras externas”. “La inestabilidad laboral y las condiciones abusivas no son un accidente, son el terreno que facilita y perpetúa la violencia”, subrayan. Denunciar esa violencia es tremendamente difícil, prosiguen, una circunstancia que se agrava porque la relación laboral se desarrolla en este caso en el ámbito privado del domicilio, “donde existen relaciones de poder, dependencia económica y emocional, y una fiscalización limitada, lo que incrementa el miedo a represalias, despido o pérdida de derechos”.

En República Dominicana

Aunque el Gobierno dominicano está dando pasos para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, estas seguirán por detrás en derechos en comparación con otras profesiones. Y sin duda lo estaban entre 2021 y 2023, los años en los que trabajaban en la casa de Julio Iglesias en Punta Cana mujeres como Rebeca, Laura o Carolina (nombres ficticios), a las que este diario ha podido entrevistar.

Sin la obligación de contratarlas, sin inscribirlas en la Seguridad Social, sin derecho a indemnización por despido, plan de pensiones, subsidio de desempleo ni preaviso. “Hablamos de la esclavitud en pleno siglo XXI”, define la dominicana Kathy Cabrera, del área de Juventud de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca). “Y esa esclavitud moderna tiene rostro: el de las trabajadoras del hogar”, reitera. “Puedes durar 30 años trabajando en una casa y cuando dices que te vas, te vas con lo mismo que llegaste. Al no estar regulado ante la ley, no existe”, añade esta defensora de derechos de las mujeres.

Cuando hablamos de trabajo interno, como sucede en las mansiones del cantante, las mujeres duermen en la casa familiar y sus horarios no se concretan o se desdibujan según las necesidades de la casa: comienzan pronto en la mañana y terminan cuando la familia se acuesta. Cuando trabajan para familias con alto nivel adquisitivo, a veces las acompañan en cruceros y otro tipo de viajes, donde la atención a sus empleadores se vuelve casi permanente. En el caso de Julio Iglesias, dos de sus empleadas domésticas de Punta Cana eran seleccionadas para viajar a Málaga durante el mes de vacaciones del cantante y su familia, según ha podido comprobar elDiario.es, al menos en 2020 y 2021. De cara a ese traslado, no se mejoraban sus condiciones laborales ni mucho menos se equiparaban a las que tienen las trabajadoras del hogar en España.

La escasa regulación del trabajo doméstico en República Dominicana garantiza únicamente los descansos: deben tener nueve horas ininterrumpidas entre jornadas. El resto del tiempo, cumplirán el horario que acuerden con su empleador. Semanalmente, deben descansar un periodo ininterrumpido de 36 horas cualquier día de la semana, que si no se determina, comenzará el sábado al mediodía. Por lo que explican las antiguas empleadas del cantante, el acuerdo de libranzas cada tres semanas que había en la casa tampoco cumplía el Código de Trabajo. Los extensos horarios en la casa de España, según relata Carolina, que atendió a la familia Iglesias durante un mes de verano, que empezaban a las seis de la mañana y terminaban después de cenar y recoger —podían ser las diez, las once o las doce de la noche—, tampoco.

Intentos de mejora

República Dominicana lleva varios años trabajando sobre una reforma del Código de Trabajo, que data de 1992. Entre 2020 y 2022 comenzaron las reuniones entre el Gobierno, la patronal y los representantes de los trabajadores para modernizar este estatuto laboral. La incorporación del teletrabajo era un objetivo prioritario y de consenso pero también se contemplaba la mejora del trabajo doméstico, adaptando el Convenio 189 de la OIT, que se promulgó en 2011 y que Dominicana ratificó tan solo dos años después. Pero los trámites para mejorar las condiciones del trabajo doméstico por esta vía no están siendo nada fáciles.

Javier Suárez es un abogado dominicano que participó en el equipo técnico-jurídico que armó el Ministerio de Trabajo para impulsar la reforma: “Se hablaba de los descansos, de respetar su dignidad, de su seguridad y salud en el trabajo. O sea, se adecuaba el Convenio 189 de la OIT a la legislación nacional”. En el informe en el que él participó se regulaba la jornada y los descansos de las trabajadoras domésticas, también se abordaban temas como la seguridad y la salud. Unos abogados plantearon un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dictaminó que una resolución del ministro de Trabajo no era la forma legislativa de impulsar esa reforma, sino que había que modificar la ley. La reforma volvía al punto de partida y debía iniciar un nuevo camino por las cámaras alta y baja.

Finalmente, el 16 de octubre del pasado año, el nuevo texto que actualiza el Código de Trabajo ha saltado del Senado al Congreso, y se espera una pronta aprobación. Incorpora mejoras en el trabajo del hogar, pero no tantas como se esperaba.

No obstante, el debate social para regularizar mejor a las trabajadoras del hogar ha sido bronco. Uno de los puntos que hizo “implosionar a la sociedad”, en palabras del abogado Javier Suárez, fue que se pretendiera limitar la jornada de la trabajadora doméstica a ocho horas, si no duerme en el centro de trabajo, y a diez si es interna, a quienes se les reconoce “una intermitencia”. Se propuso que la jornada semanal fuera de un máximo de 44 horas, con un descanso de 12 horas entre jornadas si duerme en su casa o de 54 si lo hace en la residencia de su empleador. Además, reconoce el derecho a un preaviso de cinco días antes de un despido y, mientras que en el Código de Trabajo de 1992 se permitía que en el pago del salario se incluyeran la alimentación o el alojamiento, estos beneficios ya no se considerarán parte del sueldo.

El texto que ha aprobado finalmente el Senado recoge todas estas mejoras. No obstante, deja fuera una que impide que las trabajadoras del hogar se equiparen al resto de profesiones: no incluye indemnización por despido (denominado cesantía en República Dominicana) ni subsidio de paro, en un sector que supone la tercera rama de actividad económica más importante para las mujeres en el país (ellas realizan el 92,31% del servicio doméstico, según datos del Gobierno dominicano recogidos en 2021), y que además es un sustento de cuidados para que otras muchas personas puedan acceder al mercado laboral.

Informalidad

Pero la foto real del trabajo en el hogar ajeno ahora mismo es el retrato de la informalidad, una situación en la que se mueve la práctica totalidad de sus trabajadores (el 94,8%,según la misma fuente). Hablamos de contratos verbales (tan solo un 5,3% son escritos), de que solo cuatro de cada diez mujeres tienen las vacaciones pagadas, de que sus sueldos están un 57% por debajo de la media y de que el pago de las horas extras es un unicornio que solo han visto el 0,31% de las más de 245.000 empleadas que componen esta fuerza de trabajo.

Para Estephany Encarnación, experta en incidencia y políticas del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), una ONG feminista dominicana, hay una evidente “traba cultural” que ha impedido conseguir mejores avances para las mujeres en la negociación que ha llevado al poder legislativo hasta ese punto, pues se trata de un país “muy machista” que evita identificar los problemas de las mujeres

Cabrera, que dentro de dentro de Conamuca trabaja en la asociación Eufemia Rodríguez, de Semana Santa, una comunidad rural cercana a Yaguate, al sudoeste de Santo Domingo, conoce bien a qué se enfrentan las mujeres en su país, en especial en el campo. Y, por ello, explica la cadena de explotación y vulnerabilidad que se genera a partir del trabajo doméstico. “Encontramos en la mayoría de las comunidades a niñas de 15 años cuidando niños para que mamá salga a trabajar a la ciudad. Niñas que tienen que salir de la escuela a cocinar, a fregar, a trapear, a limpiar”, señala. “Entonces tenemos una mamá violentada en un trabajo con un salario mínimo paupérrimo, que no da para las canastas básicas y unas niñas que se quedan a cargo de sus hermanos y que son vulnerables a sufrir violencia sexual o a terminar en uniones forzosas con hombres que les llevan diez o veinte años”, añade la defensora. Y si esas circunstancias interseccionan con los cuerpos migrantes, el riesgo de violencias y vulnerabilidades es aún mayor.

“La realidad es que en República Dominicana el doméstico es un trabajo que tiene casi características de trabajo esclavo”, remata Estephany Encarnación, coincidiendo con Kathy Cabrera, y señalando que en su país, “el tema de la violencia sexual tiene características de pandemia”, con cerca de 70.000 denuncias por año de violencia sexual, y la estimación “de un subregistro de estas denuncias cercano al 95%”

María, que en realidad tiene otro nombre, acudió a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia porque el hombre al que cuidaba en régimen de interna se colaba por las noches en su habitación, que no contaba con pestillo para poder cerrar la puerta. Luisa lo hizo después de pasar años con una lesión mal curada hasta que su cuerpo dijo “basta”. Marimar Peña es la única de ellas que no teme decir su nombre y apellido real, aunque es cierto que ella forma parte del 10% de las trabajadoras del hogar que son autóctonas, por lo que no ha sufrido de primera mano las discriminaciones de sus compañeras migrantes y en situación irregular en el país. En su caso, estuvo trabajando durante 48 años como empleada del hogar para familias adineradas de la capital vizcaína, 41 de los cuales, con contrato y cotización a la seguridad social. En su última casa, en la que estuvo más de dos décadas como trabajadora externa, es decir, no dormía en ella, por lo que define como “desencuentros” con la familia, la despidieron en 2024 a los 62 años de edad.

A pesar de los años cotizados, cuando Marimar acude al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le comunican que solo le corresponden ocho meses de paro, ya que las cotizaciones como empleada de hogar solo cuentan a partir del 1 de octubre de 2022, fecha en la que se hizo obligatorio cotizar por desempleo. Por esta razón, Marimar junto a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, ha presentado una demanda judicial y se encuentra a la espera de juicio. “Solicito a la justicia que me concedan los dos años de paro que me corresponden por mis 41 años de trabajo cotizados, porque si las trabajadoras del hogar no hemos podido cotizar más o cotizar según nuestros sueldos reales es porque no se nos ha permitido y eso hace que la jubilación que nos quede sea muy pequeña”, defiende.

Ellas son algunas de las 524 personas, en su gran mayoría mujeres, que han pasado por la asociación, que ha tratado un total de 671 incidencias a lo largo de 2025, ya que algunas de ellas han acudido con más de una problemática. “Atendemos a estas mujeres en gran parte por problemas laborales por falta de contrato o de más horas trabajadas que las que deberían, sobre todo en el caso de las mujeres internas. Pero también con problemas de salud física o mental o sucesos como agresiones sexuales producidas por los ancianos o incluso sus familiares cuando acuden al hogar. Además de malos tratos, insultos y humillaciones, sobre todo en el caso de las mujeres que se encuentran en situación irregular y son más vulnerables. Muchas son conscientes de las agresiones que están sufriendo, pero aguantan por conseguir los papeles”, reconoce Isabel Otxoa, profesora de Derecho de Trabajo en la Universidad del País Vasco (EHU) y activista de la Asociación de Trabajadoras del Hogar.

Según reconoce Otxoa, la mayoría de ellas sufren problemas de salud física, pero también de salud mental en ocasiones derivada de la soledad que sienten sobre todo las trabajadoras que se encuentran en régimen interno. “Son personas que llegan a nosotras muy conmovidas, a las que cuando se quejan les llegan a decir que no se quejen porque tienen dónde comer y dormir en las casas en las que trabajan. Las tratan como a un trapo. Muchas de ellas se sienten solas porque solo pueden salir un par de horas al día y los fines de semana no los tienen libres y eso dificulta la conciliación familiar y social, por lo que para cuando llegan a nosotras su situación emocional es muy mala”, explica Otxoa.

En este sentido, desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar, que inició su andadura en el año 2012, han podido comprobar que el perfil de la persona que contrata los servicios de estas mujeres -ya que ellas han sido el 97% de las personas atendidas- ha ido aumentando y cambiando a lo largo de los años. “Antes solo se lo podían permitir las personas con cierta holgura económica. Ahora, el problema de la falta de un sistema público de cuidados y los precios de las residencias de mayores privadas hacen que más familias opten por esta opción. Hay familias que prueban la residencia, que la pagan con el dinero que deja la persona mayor, y al ver que se están fundiendo la herencia deciden contratar a una de estas mujeres”, lamenta.

Casi siete de cada diez trabajadoras en condiciones “ilegales”

Los datos recabados por la asociación durante el año 2025 hablan por sí solos: el 67,54% de las trabajadoras internas realiza el trabajo en condiciones “ilegales” en materia de jornada y descansos porque superan las 60 horas semanales que estipula la ley, cifra que asciende al 73,54% si se consideran solo las trabajadoras que no tienen papeles. Del total de trabajadoras, un 50,22% son extranjeras no comunitarias, un 10,13% autóctonas, un 37,56% personas con doble nacionalidad y un 2,09% extranjeras comunitarias. De entre las extranjeras no comunitarias, el 57,57% tenía “papeles”, mientras que el restante 42,43% se encontraba en situación administrativa irregular. Entre las trabajadoras internas, el porcentaje de extranjeras no comunitarias se eleva al 60,85%.

Desde la asociación denuncian que “el 100% de los salarios de las internas de entre semana no se ajustan al mínimo en relación con todas las horas de jornada” y han advertido que “el abuso salarial es mucho mayor en el caso de las trabajadoras sin papeles”. Considerando solamente el salario mínimo por 40 horas, “sin tener en cuenta que hacían muchas más”, el 19,35% de quienes estaban en situación regular y el 51,38% de quienes no tenían papeles no llegaban a percibirlo, ha advertido ATH, para apuntar que de las internas de fin de semana, solo un 6,67% percibía el salario mínimo correspondiente a su jornada.

Asimismo, en un 37,60% de los casos persiste la entrega del sueldo en mano sin ningún tipo de documentación, el 56,59% recibía el salario mediante transferencia bancaria y el 48,06% recibía nómina. Casi todas las trabajadoras internas entre semana en situación regular estaban de alta en la Seguridad Social, el 96,13%, y entre las internas de fin de semana en situación regular estaba de alta un 69,57%. En el 84,74% de los casos, la trabajadora interna vive sola con la persona o personas atendidas y estas personas que vivían solas, eran mujeres en un 66,82% de los casos.

En el caso de las externas, trabajadoras que duermen en sus hogares, pero acuden a los hogares de las personas mayores que cuidan a trabajar, el 17,19% de todas las trabajadoras estaba en situación administrativa irregular, porcentaje que sube al 39,44% en el caso de las trabajadoras no comunitarias externas. El 83,05% de las trabajadoras externas está a tiempo parcial y la jornada más frecuente ha sido la del tramo entre 21 a 39 horas, semanales (21,31% del total), seguida de la de 1 a 5 horas (18,89%). En un 21,55% de los casos en el trabajo externo no se alcanzaba el SMI correspondiente a la jornada. En concreto, casi un tercio de quienes no tienen papeles no reciben el SMI, cifra que baja hasta algo menos de un quinto en el caso de quienes sí los tienen.

También en el trabajo externo es obligatorio documentar el pago del salario, pero el 43,34%% cobraba en mano, sin ningún tipo de recibo, mientras que recibe nómina casi un 30% de las trabajadoras. De todas las trabajadoras externas en situación regular, están dadas de alta el 80,40% y las que pueden tener seguridad social y no la tienen son un 19,60%. El 54% de las externas realizan solamente tareas domésticas y el 45% cuidaba también a personas adultas o niños. Cuando el cuidado es la tarea principal, el 20% se dedicaba a atender a menores y en la atención a personas adultas el 63,07% vivían solas.

Según esperan desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, la regularización extraordinaria para integrar a personas extranjeras que ya están en España y que arrancará en abril de 2026 supondrá un respiro para muchas de ellas. “Para muchas va a ser la gloria, porque se va a acabar, con perdón, lo de tener que comer mierda a cambio de los papeles”, concluyen.