Casi un millón de euros de dinero público gestionado por el Cabildo de La Palma se destinarán a la reparación de un pozo de agua del que es copropietario el padre del presidente de la Corporación, Mariano Hernández Zapata, del Partido Popular, sin cumplir todas las exigencias legales. El Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo, decidió el pasado mes de enero financiar mediante un convenio por importe de 952.230 euros la reparación de ese pozo. El acuerdo fue apoyado por la mayoría de las personas que forman parte del organismo a excepción de diez voces que se pronunciaron en contra por entender que la infraestructura no cumple con la legalidad al no estar inscrito en el Registro de Aguas de Canarias, requisito indispensable para recibir subvenciones públicas.

La sequía en La Palma, que cerró 2019 con casi un 40% menos de lluvia, es preocupante desde hace tiempo. Los agricultores llevan años reclamando que se solucione, pues supone una grave amenaza teniendo en cuenta que una parte importante de la población palmera vive de manera directa o indirecta del sector primario, principalmente del plátano. Durante el pasado mandato (2015-2019) comenzaron a fraguarse soluciones para tratar de atajar la sequía, entre otras la reactivación de varios pozos de la Isla para incorporar más agua al sistema. En ese momento se estableció un orden de prioridades para posteriormente abrir una convocatoria de subvenciones públicas en la que participaran los diferentes propietarios de pozos en la Isla.

Todos los años se hace pública una línea de subvenciones de auxilios económicos a proyectos de obras hidráulicas de iniciativa privada a través de la Ley de Aguas de Canarias. Sin embargo, no fue esa la opción que se eligió para la reactivación de el pozo de El Roque, del que es copropietario el padre del presidente del Cabildo. A esta infraestructura, que se encuentra en Santa Cruz de La Palma, se le decide otorgar una subvención sin utilizar la fórmula de una concurrencia competitiva. “Esto ha sido una subvención nominativa y directa para dársela al padre del presidente de la Corporación”, denuncian algunas fuentes de la oposición política, que añaden que “no se ha seguido el orden que se estableció en la pasada legislatura; este pozo no era el primero”.

La primera partida para financiar la reparación del pozo de El Roque fue de 352.230 euros en 2019. En los presupuestos de este año se concedió una nueva cuantía económica de 600.000 euros. En la primera sesión para alcanzar este acuerdo estaban presentes el presidente del Cabildo palmero, que también preside el Consejo insular de Aguas, y su padre, miembro del organismo. Ambos votaron a favor de la subvención que les afectaba de manera directa.

El pasado mes de diciembre se celebra un nuevo consejo para aprobar -entre otras cosas- este convenio con los propietarios de el pozo de El Roque. Según explica un testigo de la reunión, ese documento no tenía obligaciones de contraprestación para los dueños, lo que sumado a que no existían ni informes jurídicos ni de intervención, provocó que el acuerdo se quedara sobre la mesa. “Es decir, le daban el dinero a ellos y ya verían si ellos daban agua o no”, detalla. Estaban presentes en la reunión el consejero de Aguas, Carlos Cabrera, y el padre del presidente del Cabildo, Mariano Hernández, pero no se llegó a la votación debido a los desacuerdos generados entre los miembros.

Finalmente, se consigue en un tercer consejo en el que se procede a la votación definitiva. Según ha podido saber este periódico, el convenio se volvió a presentar sin informes jurídicos ni de intervención, alegando que existía “una cantidad económica suficiente para llevarla a cabo”. En esta convocatoria se pusieron una serie de condiciones, pero, según algunas voces, no se cumplía el requisito legal “fundamental” para que cualquier administración pública le otorgue dinero a una galería o a un pozo: tiene que estar inscrito en el Registro de Aguas de Canarias. En este caso, el pozo de El Roque no lo está por lo que de inmediato se planteó la búsqueda de otras fórmulas legales. Una de las propuestas, cuenta ese testigo, fue que los propietarios cedieran el pozo a la Corporación insular, se realizaran las obras y se revirtiera el agua, sin embargo no se llegó a acordar.

Fue en este mismo encuentro cuando se realizó la votación definitiva para suscribir el convenio con las contraprestaciones a los propietarios. En el momento de emitir los votos, el consejero de Aguas de la Corporación insular se vio en la tesitura de requerir a los presentes “hasta en tres ocasiones” en voz alta que si había alguien con intereses se marchara y no votara. Fue entonces cuando el padre del presidente abandonó la sala. “En la votación para exigir contraprestaciones al Roque no votó, pero cuando se le otorga el dinero sí; además, se fue él, pero no la otra persona propietaria del pozo”, afirma.

Sin embargo, “lo más grave” de todo este proceso ocurrió hace tan solo unas semanas, indica la misma fuente presente en todo el proceso. A finales del mes de enero se reúne el Consejo Insular de Aguas y se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para todos los pozos de la Isla. “Es decir, todos los demás tienen que ir a una subvención por concurrencia competitiva que obliga a estar inscritos en el Registro de Aguas; si no, no pueden optar a la subvención, pero como este pozo no está, no va por concurrencia”, sostiene.

Este periódico contactó con el presidente del Cabildo palmero pero fue remitido al consejero insular de Aguas, Carlos Cabrera, quien asegura que este pozo era el primero en la lista de prioridades y que los informes técnicos avalan esta infraestructura como una de las mejores de la zona. “Esto se hace vía convenio a través de cinco informes técnicos: de intervención, dos jurídicos, de gerencia y una valoración económica”, detalla. Cabrera insiste en que se hace por medio de un convenio porque existe una contraprestación y con una subvención sería a fondo perdido. “El Consejo Insular de Aguas recupera en cuatro años el importe pagado”. “Yo creo que es una operación que desde el punto de vista del interés público es clara, transparente y avalada por los informes técnicos”.

Sobre la inscripción obligatoria en el Registro de Aguas, Cabrera aclara que en La Palma hay muchísimas comunidades que no cumplen ese requisito y han recibido fondos de estos organismos. “La decisión fue aprobada por todos en la Junta de Gobierno y en la Junta General, excepto por los miembros de Coalición Canaria y un representante de agricultores”, indica. El consejero asegura que el presidente del Cabildo y su padre no estaban presentes en la votación en la que se iba a suscribir el convenio. “Estaba yo presidiendo y en la votación esa persona -en referencia al padre de Hernández Zapata- se levantó y se marchó fuera”. Asimismo, manifiesta que desde la Corporación se dan subvenciones “sin mirar a quien”. “Yo lo que estoy haciendo, algo que no se había hecho jamás, es recordarles a aquellos que tengan un interés directo o tengan posibilidad de subvenciones no las voten, hasta ahora no se había hecho jamás”, sentencia.

La perforación del túnel de trasvase, una alternativa a la sequía

La perforación, o no, del túnel de trasvase -una obra hidráulica que traslada el agua desde la zona este al oeste de la Isla desde hace más de dos décadas- ha generado un gran debate en los últimos meses. Muchos expertos y diferentes plataformas que representan al sector primario en la Isla insisten en la necesidad de realizar nuevas perforaciones en la galería para aumentar la capacidad de extracción hídrica con la finalidad de combatir la sequía.

Juan Carlos Rodríguez, presidente de la plataforma Por un Precio Justo Auténtico, cree que la solución del trasvase “es la más lógica” y no entiende el argumento del Cabildo para no llevarla a cabo. “No quieren caer en la posibilidad de que ese acuífero se vacíe más rápido de lo normal. Para ello hay una llave, tú puedes abrir o cerrar a conveniencia”, explica. Este dirigente agrícola considera que las mismas personas que impulsan el proyecto de el pozo de El Roque son quienes ponen impedimentos para que el ingeniero Carlos Soler -director de la obra- entre a conocer el estado del túnel.

Rodríguez asegura que la mitad de la energía eléctrica de La Palma se emplea en elevar agua de pozo, en el caso de El Roque tendrían que elevarla hasta los 1.000 metros para llevarla a la zona oeste de la Isla, concretamente al municipio de Los Llanos de Aridane. Además, cuenta que el volumen de agua que la Corporación insular maneja en torno al túnel del trasvase alcanza de sobra para toda la isla. “La Palma está secándose y no quieren ver cómo está el trasvase”, lamenta. El presidente de la plataforma opina que hay un “oscurantismo” y una “inclinación de la balanza hacia los intereses del Cabildo y de su presidente”.

El pasado mes de enero el presidente quiso zanjar el asunto afirmando que el ingeniero no había entregado ningún informe al Cabildo en el que reflejara su intención de volver a entrar y comprobar el estado. Sin embargo, existe un documento con registro de entrada del 26 de diciembre de 2019 acompañado de un informe de 51 páginas bajo el título El Túnel de Trasvase, la solución definitiva al problema de la escasez de agua en La Palma.

El consejero de Aguas, por su parte, sostiene que es “perfectamente compatible” el proyecto de los pozos con el trasvase. Cabrera señala que se llevará a cabo la perforación si se dan las garantías técnicas para hacerlo. “Hay técnicos que dicen que sí y los hay que dicen que es una locura. Yo no puedo tomar una decisión política sobre este tema, si pudiera tomaría aquella que permitiera poner más agua en el sistema”, concluye.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha dicho este jueves que la depuración en el polígono industrial del Valle de Güí­mar “es un tema serio” y por ello ha pedido “voluntad” a la alcaldesa de ese municipio, Carmen Luisa Castro (PP), y a la secretaria municipal, para que se emita el informe pertinente y se convoque el pleno que posibilite aprobar el convenio que vincula al Consejo Insular de Aguas, controlado por el Cabildo, con los ayuntamientos de Arafo, Güí­mar y Candelaria.

Ese es un paso clave para resolver los problemas de depuración en el polígono industrial, ya dado o confirmado por las otras dos corporaciones locales y necesario para tramitar los permisos de vertido al mar del agua que se trate en la futura EDARI. La construcción de esta planta está prevista en el lugar donde ahora se halla la instalación en tierra del emisario submarino, esto en suelo del municipio de Arafo.

El retraso del Ayuntamiento de Güímar causó este miércoles y jueves un incidente institucional propiciado por alcalde de Arafo, el nacionalista José Juan Lemes, que acudió a las casas consistoriales de Güímar y se encerró en estancias de esa sede para alertar y mostrar su malestar por la demora en el trámite señalado de la corporación que dirige Carmen Luisa Castro (PP), un hecho que imposibilita seguir adelante con el proyecto integral de EDARI.

ha recordado que el caso está judicializado y se corre el riesgo de que acabe con el cierre de empresas y la pérdida de empleos

El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas (CIATF), ha aprobado la licitación de las obras de ejecución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) del polígono del Valle de Güímar y las actuaciones complementarias por un importe de 6,9 millones de euros.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 23 meses e incluyen los 17 meses de instalación más el periodo de prueba de las instalaciones. Las obras están condicionadas a la obtención de la autorización de vertido al mar. El Ayuntamiento de Candelaria ha aprobado ya el convenio y ha sido aceptado por el Consejo Insular de Aguas.

El siguiente paso indispensable para la construcción de la EDARI y, como consecuencia, de la continuidad de la actividad en el polígono de Güímar, es la aprobación por parte del Ayuntamiento de Güímar del convenio.

En ese sentido, el Cabildo apunta en una nota que el compromiso del Consistorio sureño es abordar esta situación lo antes posible -la próxima semana- en un pleno extraordinario, pues el acuerdo es “necesario e indispensable” para obtener la autorización del vertido.

Una vez el Ayuntamiento de Güímar apruebe el documento, el pleno del Ayuntamiento de Arafo procederá a su aprobación y podrá continuarse con los trámites para la construcción.

Las obras de la EDARI del polígono del Valle de Güímar se dividen en cuatro grandes bloques y la instalación se ubica en la parcela del polígono industrial donde actualmente se encuentra la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales (ETAR) municipal.

El sistema de depuración se compone en su línea de agua de pretratamiento adecuado, microtamizado, tanque de laminación y homogeneización de caudales, tanque de cuarentena, tratamiento físico-químico, tratamiento biológico convencional, decantación secundaria, desinfección del agua tratada y vertido al mar por el emisario submarino.

El caudal medio actual a la entrada de la EDARI es de 13,2 l/s, siendo el caudal máximo a tratar en el futuro de 26,5 l/s.

Por su parte, la línea de fangos dispondrá de un espesador, deshidratación de fangos y tolva de almacenamiento de los deshidratados.

Las obras también incluyen la urbanización de la parcela, incluidos los muros de contención para la formación de plataformas rampas y viales.

Así, las instalaciones quedarán recogidas mediante dos edificios: uno de pretratamiento y secado de fangos y otro de aireación y control.

La urbanización se completa con los viales interiores y acerados y con el cerramiento de la planta dispuesto mediante muros y malla. Además, como elementos de terminación se ornamentará con jardinería.

La segunda obra consistirá en la reparación del emisario y nuevo aliviadero. De esta forma, se realizará la reposición del tramo afectado con tubo de 630 milímetros de polietileno de alta densidad y pendiente del uno por ciento hasta conectar con el nuevo arquetón de cabecera del emisario submarino.

Así, se retirarán los ramales de difusores, se colocará un nuevo tramo del eje, una nueva arqueta de cabecera del emisario y un nuevo tramo terrestre de emisario desde la nueva arqueta de cabecera hasta intersecar la actual. Por otra parte, se realizará un nuevo aliviadero para evacuar los caudales de exceso.

La tercera intervención consistirá en la separación de los caudales urbanos/industriales de La Viuda y la reubicación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) actual.

La actuación consiste en la eliminación de la EBAR y prolongar el colector de aguas residuales industriales hasta la parcela de la EDARI, en la cual se proyecta un bombo rápido para elevar las aguas residuales de este colector hasta la entrada de la EDARI.

Con casi tres meses de retraso y sin publicidad alguna, el Ayuntamiento de El Sauzal ha incluido en el último pleno del mandato, celebrado este viernes, un decreto por el que asume la sanción económica impuesta por el Consejo Insular de Aguas (CIATF) y con ello asume su responsabilidad en la nefasta gestión del problema de los vertidos no autorizados de las urbanizaciones La Primavera y La Baranda, informó este sábado en una nota de prensa la formación Unidas Se Puede.

Según se recoge en ese comunicado del partido en la oposición, las estaciones depuradoras de las dos urbanizaciones, tal y como afirma el CIATF en el “expediente sancionador 634-DENU La Baranda y 634-DENU La Primavera, carecen de autorización administrativa para la depuración y vertido de aguas residuales […] imponiendo una sanción de 200 euros por cada una de ellas, con total de 400 euros […], al constatarse que ambas carecen de la preceptiva autorización del Consejo Insular de Aguas”.

La concejala de Unidas Se Puede en El Sauzal (USPES), Sonia Beltrán de Guevara, expresó su satisfacción al entender que “el CIATF no solo nos ha dado la razón, sino que además ha obligado al grupo de gobierno de Coalición Canaria a tomar cartas en un asunto que se venía arrastrando desde hace más de una década y que, si no fuera por nuestra presión, continuaría provocando un atentado medioambiental en los barrancos del municipio y, lo que es más preocupante, en el espacio natural protegido Costa de Acentejo”.

Además de la sanción económica, el CIATF exige información pormenorizada de ambos depósitos de aguas residuales y fija un plazo de tres meses para regularizar esta situación. En palabras de la concejala, “estamos más cerca de solventar dos vertidos de aguas residuales que hasta ahora eran tapados por la administración local, aunque de sobra conocidos por los vecinos. El Cabildo de Tenerife ya ha prometido una inversión superior a los 600.000 euros y consideramos que sin nuestra denuncia todo seguiría igual”.

“Aunque la satisfacción de nuestra confluencia municipalista es evidente”, dijo Beltrán que “ya hemos recibido respuesta de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, en la que se nos derivaba a otra administración pública, y ahora del CIATF. Pero seguimos esperando que la Fiscalía asuma nuestra denuncia y determine las responsabilidades penales de los vertidos ilegales que, sin ninguna explicación, se han prolongado tanto en el tiempo”, se afirma en la nota.

El grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife ha expresado este viernes su conformidad con la decisión del Consejo Insular de Aguas (CIATF) de denegar la petición del Ayuntamiento de Adeje (el recinto es público) para legalizar los vertidos de plomo generados por la actividad del campo de tiro de Taucho.

El CIATF da la razón a la asociación Amigos en Defensa de Ajabo y al grupo de Podemos en el Cabildo tinerfeño y admite en su dictamen el riesgo de que el vertido producido hasta ahora pueda derivar en una posible contaminación de los acuíferos o aguas subterráneas, sin que se haya podido demostrar la inocuidad del plomo.

Asimismo, se indica que no se ha podido comprobar que los perdigones hayan sido retirados con periodicidad, evidenciando que no se ha reparado la alta carga contaminante del vertido, estimada en 25 toneladas de plomo, informó Podemos en un comunicado.

Concepción recuerda que su grupo ha apoyado las denuncias de la asociación Amigos en Defensa de Ajabo “cuando hemos criticado que no se estaban llevando a cabo las urgentes y necesarias labores de recogida y limpieza -exigidas desde el pasado año por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural-; por lo que ahora esperamos que el Ayuntamiento de Adeje acate la resolución del CIATF, en la que se reitera la obligación de limpiar el plomo vertido en toda el área del campo de tiro y entregarlo a un gestor autorizado”.

Concepción critica que el consejero socialista Manuel Martínez, responsable del CIATF, “haya actuado en este expediente con total impunidad”, primero, permitiendo al Ayuntamiento de Adeje que desarrollase una actividad altamente contaminante para el medio ambiente, para más tarde desdecirse ante las denuncias y la presión mediática ejercida por los vecinos de la zona.

Afirma que a su llegada al cargo el consejero Martínez ya sabía de estos vertidos contaminantes y no hizo nada, pues la asociación Amigos en Defensa de Ajabo había informado desde 2013 del reinicio de las nocivas actividades de tiro al plato en el campo municipal.

A pesar de que en la resolución del CIATF no se hace referencia a esta primera denuncia de la asociación, Concepción añade que el grupo de Podemos “llevó por primera vez una moción sobre este asunto al Cabildo el pasado mes de julio de 2017, por lo que ha transcurrido más de un año y medio desde que lo notificamos a la corporación, y lo único que hizo el responsable del CIATF fue mirar para otro lado”.

El consejero de Aguas en el Cabildo de Tenerife, Manuel Martínez (PSOE), sabe, por su profesión, lo que es dirigir la construcción de una red de saneamiento y pluviales (lo hizo en El Médano, municipio de Granadilla), reutilizar aguas depuradas para riego (se encargó de la red de Santa Cruz) y encauzar un barranco (como el de Cha Joaquina, en Granadilla). Precisamente son estas las materias con las que tiene que lidiar cada día al frente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF).

Nacido en La Laguna en 1974, Manuel Fernando Martínez es arquitecto técnico por la Universidad de La Laguna e ingeniero de la edificación por la de Nebrija. Comenzó en política con su actual partido, el PSOE, entonces como concejal en el Ayuntamiento de El Rosario.

En esta entrevista, Martínez demuestra tener muchos calderos al fuego, porque la isla está que arde con problemas de saneamiento y depuración de aguas residuales. La solución es construir estaciones de bombeo y depuradoras (como la que está en marcha en el Valle de Güímar, una EDAR), con una sentencia y multas de la Justicia europea en los talones; montar redes de alcantarillado (advierte de que hacen falta 500 millones de euros de inversión pública en todo Tenerife para ese fin), y prohibir los pozos negros en las viviendas, para lo cual defiende que el Parlamento canario cambie la actual Ley del Suelo.

Con la Justicia penal también acechando a las administraciones públicas por los vertidos al mar desde el polígono industrial de Güímar, el consejero insular confía en que la estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI) resolverá el problema: solo faltan los informes de Costas y de la Viceconsejería de Medio Ambiente para licitar su construcción.

¿Cómo va la adaptación del Plan Hidrológico de Tenerife a la normativa europea, un asunto que puede suponer sanciones para España?

Está aprobado el de Tenerife [de segundo ciclo], y llegamos a fin de año y no sabemos qué va pasar. La Comisión Europea establecía un plazo para adaptarlos a la Directiva Marco del Agua. El primer ciclo era en 2009, y de 2015 a 2021, el segundo. Aquel año fue cuando se aprobó el primer ciclo del plan de Tenerife, la única isla que lo tuvo por el procedimiento ordinario. El resto de las islas lo tuvieron que aprobar por el artículo 47, o sea, con carácter de urgencia. A raíz de este procedimiento empezamos con el segundo ciclo. Europa vio que había un retraso y obligó a que los cabildos cedieran las competencias específicas para este trámite al Gobierno de Canarias, que ahora tiene en sus manos finalizarlo [los de segundo ciclo ya los tiene todos aprobados salvo el de Gran Canaria]. Si no se completa en las siete islas, puede haber sanciones o bloqueos de fondos europeos.

Hablamos de la planificación de un recurso estratégico para las islas...

Efectivamente. Se trata de ordenar todo lo que tenga que ver con el agua, desde la gobernanza, la calidad del recurso, los acuíferos, el tratamiento de las aguas costeras, determinar las infraestructuras necesarias para cumplir con la Directiva Marco del Agua... Y de ahí luego salen las inversiones para el convenio de obras hidráulicas con el Estado o para el protocolo que se ha firmado recientemente. En el Cabildo de Tenerife hemos empezado ya con el tercer ciclo del Plan Hidrológico, pues el plazo es 2021 y hay que iniciarlo con dos años de antelación. Ahí ya hemos cogido el mismo carro que las demás comunidades autónomas, pues Canarias es la única que no tiene el segundo ciclo aprobado. Esperemos esta vez cumplir con el plazo.

¿Tenerife tiene resuelto el abastecimiento de agua potable para su población, para la industria, para la agricultura y para el turismo? ¿Cómo va el acuífero insular, esa gran reserva natural de agua?

El acuífero, en cuanto a calidad, está bien, pero en cantidad sigue bajando. Aquí la política que se ha desarrollado desde el Cabildo es buscar que de la cota de 400 metros sobre el nivel del mar hacia la costa -de Fasnia a Santiago del Teide- el agua sea de origen industrial -entre agua desalada y agua regenerada-, y que se quede el resto del agua -sobre todo la de las galerías- en la zona de medianías, para los cultivos. De este modo se puede estabilizar el acuífero insular, pues ahora puede llegar a su agotamiento. Sí que está claro que hay un binomio agua-energía, donde el 50% del coste lo representa la energía. Todo lo que mejoremos para que haya energías renovables y esta sea más barata, pues redundará en tener un agua más barata.

El agua de las galerías se la han disputado el turismo y los ayuntamientos no turísticos para el abasto. Ahí ha habido siempre tensiones.

Hemos metido 14.000 metros cúbicos de agua desalada en Granadilla; en el oeste (Fonsalía), 9.000 metros cúbicos -gran parte va a la población y otra parte a la agricultura-, y esa agua la ha absorbido el mercado sin que se hayan alterado los precios, porque había realmente una demanda y la hemos cubierto con esas dos infraestructuras de desalación de agua de mar. En 2018, a raíz de las sequías que hemos sufrido en años anteriores, hemos hecho una obra con carácter de urgencia: el depósito regulador entre la desaladora de Fonsalía y la balsa de Balo, con el cual abarcamos desde los municipios de Adeje a Arona. Hablamos de un sistema global del agua, es decir, que una desaladora en Granadilla va a permitir que quede agua en Vilaflor o en Fonsalía o en Fasnia, donde no es posible llevar agua desalada por el coste energético que ello tiene.

¿Cómo está la situación en el Valle de Güímar, con las sanciones de la UE?

Para llegar a una solución lo que hace falta es que todos sigamos remando en la misma dirección, y que busquemos soluciones, no culpables. En el Valle de Güímar estamos construyendo la depuradora de aguas residuales urbanas (EDARU), cuya ausencia es el motivo de la sanción de Europa. Ya hubo una depuradora que se construyó en 1996, y nunca funcionó, y hemos tenido que hacer otra nueva. Hay una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que ya decía en 2011 que no había depuradora en el valle y que había que cumplir antes de 2013.

Usted llega al cargo a mediados de 2015...

Sí. En octubre de ese año tuve una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente sobre la sentencia de la UE y sus consecuencias, e inmediatamente trasladé al presidente del Cabildo que la solución la teníamos que liderar nosotros porque, después de 20 años, no lo habían resuelto otros. Como el Consejo Insular de Aguas tenía capacidad para resolverlo, lo está haciendo. Si no hubiésemos tomado esa decisión, estaríamos empezando ahora a redactar el proyecto de la depuradora. En estos momentos, hay que impulsar las aguas negras desde la costa, desde el emisario, para que lleguen a la depuradora. Llegará inmediatamente, por gravedad, del resto de la población, pero de la costa hay que bombearla. Y en eso estamos... Los proyectos ya están prácticamente terminados y algunos con financiación.

Al final el Ministerio ha resuelto que la multa por esa sentencia europea sobre el Valle de Güímar la pague a medias el Gobierno canario y el Cabildo, a diferencia de lo ocurrido con Valle de Guerra (La Laguna), que solo la pagará la Viceconsejería...

Sí, 147.000 euros a partes iguales. El Cabildo va a recurrir, porque, si en un caso es así y solo paga el Gobierno de Canarias [con Valle de Guerra], ¿por qué en el otro no? En 2015, cuando vimos la situación de lo de Güímar, solicitamos al Gobierno canario ayuda para agilizar la solución. Lo del Ministerio es un informe previo de inicio de expediente de la sanción: no es definitivo. Esa infraestructura tenía que estar hecha hace 20 años y no lo está. El Gobierno canario no la terminó y es el Cabildo el que la está haciendo en Güímar, por decisión voluntaria; por ello, no entendemos que se nos multe. El alcantarillado y el saneamiento son municipales; eso lo tengo clarísimo, aunque podría quedar en la duda que, al existir una depuradora supramunicipal y comarcal, esta la tenga que liderar otra administración pública. En función del tiempo que se tarde en cumplir con esa sentencia, habrá más sanciones cada seis meses. Con el criterio que se aplique entonces, se verá quiénes son los responsables de pagar esa otra multa coercitiva.

Pero ¿bastará con construir y poner en marcha esa depuradora comarcal para ejecutar la sentencia?¿Qué pasa con la red de alcantarillado?

No sé cómo se interpretará eso. La infracción es por incumplir dos artículos de la Directiva Marco del Agua, el 3 y el 4, es decir, tanto por la red de alcantarillado como por el sistema de colectores. Yo al pleno del Cabildo he presentado una moción [aprobada el pasado viernes] para que haya un plan regional de saneamiento complementario al nacional, para que los ayuntamientos puedan invertir en alcantarillado.

¿Y cuál es la situación respecto al polígono industrial de Güímar, sobre el que además hay una causa penal abierta?

Hay un plan de etapas diseñado para la estación depuradora de aguas residuales industriales del polígono industrial (EDARI). Ahí lo que ocurrió es que la entidad que desarrolla ese polígono obtuvo una autorización de vertido con un sistema de tratamiento para expulsar a través de un emisario submarino. Este debe cumplir un programa de vigilancia y de control para mantener ese permiso. No sé por qué motivo entre 2011 y 2013, cuando se entrega el polígono a los ayuntamientos [Güímar, Arafo y Candelaria], caduca la autorización. Y entonces hubo una denuncia, en 2015, aunque la denuncia viene a raíz de que se emite un decreto de la alcaldesa de Candelaria, pues el secretario municipal decía que había que proceder al cierre inmediato del emisario submarino. En ese procedimiento administrativo, no penal, el juez tomó unas medidas y nos obligó a las administraciones a colaborar y trabajar. Nosotros firmamos un convenio con los ayuntamientos en el que nos encargamos de tramitarles la autorización nuevamente para los vertidos. Elaboramos toda la documentación necesaria, hicimos las analíticas de las aguas y se la solicitamos a la Viceconsejería de Medio Ambiente. El juez da un plazo. A nosotros nos corresponde como Cabildo elaborar el proyecto y construir la EDARI, que es lo acordado en un nuevo convenio. A día de hoy, el plan de etapas establecía que en el mes de noviembre pasado tenía que estar adjudicada la licitación de la EDARI, pero nos faltan dos informes sectoriales, uno de Costas, que ya sabemos que es favorable, y  otro de la Viceconsejería, que espero que llegue cuanto antes, pues ya con eso estaremos en disposición de licitar la obra.

Tenerife Ahora ha sido testigo de cómo han continuado los vertidos en esa costa del polígono, en la zona de Arafo.

Ha habido algunos vertidos, sí. Había empresas o más bien zonas de aparcamiento de coches donde estos se lavaban y esas aguas, conectadas a las redes pluviales, iban directamente al barranco. En materia de competencias, hay diferentes interpretaciones jurídicas. El CIATF entiende que son otros los competentes en esta materia.

En El Rosario hay desde hace muchos años unos vertidos en el litoral de Tabaiba, y la Fiscalía, que primero archivó una denuncia, le ha dado curso ahora a otra.

Ahí estamos poniendo soluciones, pero hay un problema de disponibilidad de suelo para la estación de bombeo. En la denuncia hay una parte en la que el agua ha roto el volcán desde un edificio de viviendas que tiene un pozo no conectado a la red de alcantarillado y está vertiendo casi a la playa, a una pequeña calita que hay allí.

Pero otra cosa distinta es que hay una pequeña estación construida dentro dominio público marítimo terrestre, y esta tenemos que desplazarla. Además, esos edificios se tienen que conectar a una red de alcantarillado, y de ahí a un tratamiento para que luego se vierta por el emisario. Esta obra la adjudicamos. Lo ha estado haciendo el Cabildo para resolver este asunto, pero hay un problema con el suelo, pues uno de los propietarios está negociando con el Ayuntamiento para cederlo. Hasta que no nos lo den no podemos ejecutar esa obra, a la que además ha habido que hacer un modificado de proyecto. Esperamos que en unos meses el Ayuntamiento obtenga el suelo.

Ahí el Gobierno municipal rosariero alega que no puede atribuir a un edificio en concreto la responsabilidad de los vertidos objeto de denuncia.

Claro... Es que si hay 10 edificios y han hecho analíticas el Seprona y el propio Ayuntamiento y no han detectado quién es el causante..., aunque lo puedas intuir por proximidades. Y si hay muchos edificios y ninguno está conectado a la red, lo que hay que buscar es la solución, que pasa por conectarlos a un alcantarillado.

En Santa Cruz hay una causa penal abierta por los vertidos de Emmasa en La Hondura, un problema no resuelto, pendiente de la ampliación en curso de la EDAR.

Ahí todas las aguas que están en la zona de la avenida de Anaga llegan a una estación de tratamiento que se halla por la zona de El Corte Inglés, la estación de guaguas y la ermita de Regla. El Consejo Insular de Aguas aportó una solución técnica para cumplir con unos parámetros que establecía la autorización de vertidos, que igual no cumplen con la normativa vigente a día de hoy, pero que fue dada en esas condiciones. La vía que estamos buscando son los planes de etapas, es decir, transitoriamente hay que seguir tratando el agua en esas condiciones, pero luego hay un compromiso de las administraciones de que en un horizonte temporal el problema se va a solucionar.

Esperábamos que estuviera ya la ampliación de la depuradora, pero en noviembre se adjudicó el contrato de adjudicación de la obra. Ahora quedan tres meses para elaborar el proyecto, otros tres de tramitación administrativa y en seis meses esperemos que empiecen los trabajos. Todas las soluciones en la isla pasan por que exista una depuradora, porque no la hay o es insuficiente en este caso. En Granadilla es necesaria y no la hay.

O sea, que tenemos un problema grave en estas islas con las aguas residuales y no se le ha puesto solución hasta ahora.

Desde luego Canarias no le ha dado la importancia que tiene a la Directiva Marco del Agua, que está desde 1991 y se traspone en 1996 al sistema jurídico español. Tenía que cumplirse de forma obligatoria entre los años 2003 y 2005.

Hace un año y pico la floración masiva de microalgas en la costa reactivó la preocupación social por las aguas residuales sin tratar, aunque no esté demostrada la relación directa entre ambos fenómenos. ¿Qué moraleja saca de aquella polémica?

Ya veníamos trabajando en soluciones y habíamos denunciado esta situación con las aguas residuales. Si se tira de hemeroteca, cada vez que algún medio de comunicación me ha dado esa posibilidad lo he dicho: este problema hay que solucionarlo. Creo que aquella polémica ha beneficiado en este sentido, porque la población es consciente de que hay un problema con las aguas negras, que no tuvo nada que ver con las cianobacterias, pero que, dada la repercusión que tuvo en la sociedad, hoy en día cualquier vertido se denuncia en las redes sociales y hay mayor conciencia, con lo cual eso se traslada en una presión hacia la clase política para solucionar el problema. Antes se decía que las inversiones en saneamiento no daban votos, pero yo creo que hoy en día la gente joven, y la que no es tan joven, sí exige la protección del medio ambiente y políticas en materia de aguas y de reducción de vertidos. Así que las cianobacterias contribuyeron a despertar esa conciencia en la ciudadanía, que no existía antes.

Las cifras de inversiones públicas necesarias para resolver este problema son milmillonarias.

En este mandato hemos hecho una radiografía exacta de la situación en la isla en cuanto a saneamiento, alcantarillado y depuración de aguas en los 31 municipios, y hemos fijado las prioridades para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y de las calidades de agua de baño. Y eso nos ha dado una inversión necesaria de al menos 1.000 millones, de los cuales en torno a 400 o 500 millones son para sistemas de depuración y colectores. El resto es para red de alcantarillado.

Pero nos queda además el agua residual que no va al mar ni se recicla, sino al subsuelo directamente.

En efecto, ahí está el problema de los pozos negros, que la propia Ley del Suelo los sigue permitiendo. Creo que en el próximo mandato habrá que modificarla porque no se puede hoy en día permitir que la condición de solar en cualquier casco urbano abarque tener ese sistema individual, que habrá que regular de alguna manera.

Se trata de un problema muy extendido en la isla, ¿verdad?

El consumo de Tenerife en agua es de 83 hectómetros cúbicos al año. Se calcula que el 20% del agua negra se queda consumida, y quedan entonces 63 hectómetros, de los que recogemos 34. De estos depuramos 24 y reutilizamos 11, es decir, muy poco. El aumento de este porcentaje es el objetivo, para que lo use la agricultura.

¿Entonces la isla necesita 500 millones para completar su red de alcantarillado?

En este último pleno del Cabildo he llevado una moción [que se ha aprobado] para que el Gobierno canario -pues ya el Estado está elaborando un plan nacional de saneamiento y depuración y el Cabildo invierte en ello- se dote de un plan regional de saneamiento, de modo que los ayuntamientos puedan afrontar esas inversiones en redes de alcantarillado a las que se conecten las viviendas.

Los lodos de las depuradoras llegan al vertedero de Arico con demasiada agua y para cumplir con la normativa es necesario deshidratarlos. ¿Cómo está este asunto?

Hablamos principalmente de la depuradora Adeje-Arona, para la cual firmamos un convenio desde hace tiempo. Vengo exigiéndole al Gobierno de Canarias que licite la obra. El Cabildo apostó por un nuevo sistema más sostenible y eficiente que el que contemplaba el proyecto. Se trata de un secado solar. Firmamos un convenio con el Gobierno canario y le dimos cuatro millones para que sacara a licitación el secado solar. Ahora mismo no ha sido licitado. Me dicen que en un mes o algo así lo estará, y esperemos que eso quede resuelto en un año o año y medio. Ese modelo lo queremos hacer en todas las depuradoras, como la del Valle de Güímar.

El Cabildo tramitó hace años un Plan de Defensa frente a Avenidas que identificó más de 500 puntos de riesgo de inundaciones debidas a ocupación de cauces de barrancos. ¿Qué pasó con ese plan y qué nos queda por corregir de esos puntos negros?

Por directiva europea, ese plan ha tenido que ser de riesgos e inundaciones y como llevamos retraso en el Plan Hidrológico... El problema es que todos estos planes, cuando llegan a la Viceconsejería de Medio Ambiente, se eternizan, porque a veces les hacen un tratamiento de plan general. Ese ha sido el tapón o cuello de botella para que todo esto no esté ya tramitado. En efecto, son numerosísimos los puntos de riesgo. Se han corregido los más importantes en cuanto a población afectada, sobre todo en el área metropolitana, y en el próximo mandato tenemos una asignatura pendiente con los barrancos que llegan a Adeje, en Los Realejos y el Valle de La Orotava en general, donde hay algunos barrancos con bastante riesgo.

Además, hay que tener en cuenta que se calcula para esas obras los periodos de retorno de lluvias de 500 años, pero, si cada vez las lluvias son más intensas, eso puede influir en dejar fuera de ordenación, por así decirlo, ciertas infraestructuras que a día de hoy tienen una sección de tubo insuficiente. Sobre ese plan de riesgos de inundaciones estamos pendientes de firmar un convenio con el Gobierno canario a ver si lo termina a través de la empresa pública Tragsatec.

¿Hay especialización suficiente en este sector en la isla?

Me alegra que me haga esta pregunta porque asó animo a los jóvenes a que se formen y mejoren su preparación en estas materias relacionadas con el ciclo integral del agua, porque en los próximos años se va a necesitar personal para estos fines.

El Consejo Insular de Aguas (CIATF), dirigido por el socialista Manuel Martínez, ha invertido 1,9 millones de euros en una serie de actuaciones que permiten aumentar la cantidad de agua disponible para uso agrícola y urbano en la comarca de Isora.

Se han realizado diferentes obras para elevar agua desde el depósito de cabecera de la Estación Desaladora de Aguas (EDAM) de Fonsalía hasta la balsa de Lomo del Balo. A diario se calcula una elevación de 9.000 metros cúbicos al día.

Durante una visita a las obras, el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, explicó que se trata de “una acción esencial para la comarca y, sin duda, de las más importantes que se han podido hacer en estos años”.

El regidor isorano ha querido “agradecer al consejero insular del área, Manuel Martínez, su labor porque ”se ha empeñado en que este proyecto salga adelante. Ha conseguido que el Consejo se transforme en un órgano que soluciona problemas y deje de ser una reunión para hablar del precio del agua. Además, está planificando y ejecutando obras para garantizar y mejorar el agua en su calidad óptima en toda la isla“.

Aurelio Abreu, presente en la visita, destacó “que cuando el PSOE asume en este mandato la competencia de aguas lo hace con absoluta lealtad a la isla de Tenerife, sabiendo que la gestión en el CIATF venía siendo un fracaso en los últimos mandatos. En estos tres años, gracias a la gestión de Manolo Martínez, hemos desarrollado una política inaudita en el Consejo, tanto de planificación como de ejecución, logrando importantes avances en la gestión del ciclo integral del agua”.

Manuel Martínez indicó que “el año pasado, en una reunión con los agricultores en la cooperativa, adquirimos un compromiso para buscar soluciones ante la sequía que sufría la comarca. Gracias a los técnicos y a las personas que han puesto a disposición sus terrenos para que pasen las tuberías, hemos hecho la mayor obra estratégica en cuanto al suministro de agua del mandato. Nos va a permitir liberar agua en la zona de medianías para uso agrícola y urbano”.

El Valle de Güímar está en el punto de mira de la Justicia (española y europea) por los vertidos de aguas residuales. Con la estación depuradora para las aguas urbanas ya en construcción (EDAR), el problema ahora es el retraso administrativo de otra instalación específica destinada a los residuos líquidos industriales (EDARI), para la cual el Cabildo ya tiene un proyecto y el compromiso de financiarla, pero se ha retrasado la firma del convenio a la espera de trámites que dependen de los ayuntamientos de la zona.

De ahí que la concejala de Sí Se Puede en Candelaria, Mayca Coello, haya exigido este lunes al Ayuntamiento que preside la socialista María Concepción Brito que tome medidas urgentes para acabar con el retraso en la depuradora del polígono industrial de Güímar, pues el propio consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, en declaraciones a El Día esta misma semana, ha achacado esa demora a los ayuntamientos del Valle de Güímar.

En concreto, se trata de un plan de etapas que no está aprobado, documento que prevé las actuaciones y los plazos que permitirán acabar con la ilegalidad en el vertido de aguas industriales al océano, trámite que solo tiene listo el Ayuntamiento de Güímar, por lo que no lo han cumplido aún los de Candelaria y Arafo.

“Estas gestiones deben ser las absolutamente prioritarias para este Ayuntamiento, y es intolerable que el Cabildo nos ponga la cara colorada por no cumplir y dilatar un proceso que debía estar resuelto hace años”, reivindica la portavoz del partido ecosocialista, que sostiene además que la alcaldesa (del mismo partido que el consejero insular de Aguas) “debe dar explicaciones claras a la ciudadanía y a las fuerzas políticas municipales ante esos graves señalamientos, porque es inconcebible un retraso en un asunto tan importante”. 

Hay que recodar que el vertido ilegal de aguas residuales desde el polígono industrial de Güímar es objeto de una causa penal, tras una denuncia presentada el año pasado por Sí Se Puede e IUC ante la Fiscalía, que señalaron directamente al Consejo Insular de Aguas -organismo adscrito al Cabildo tinerfeño- y a los ayuntamientos del Valle.

A raíz de esa denuncia, y a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, un juzgado dio un primer plazo, ya vencido, para que se tomaran las medidas que condujeran a la creación de la depuradora de aguas industriales, la EDARI. Tras terminar ese plazo y a la vista de los avances conseguidos, el mismo juzgado volvió a ampliar el tiempo concedido para realizar las acciones necesarias y acabar con los problemas de vertidos de manera definitiva.

Profunda decepción por los escasos avances

Coello manifestó que, “hasta el momento, confiábamos en la información que nos transmitía el Gobierno municipal respecto a que estaban haciendo todo lo posible para resolver este asunto con rigor y con urgencia; incluso, llegaron a asegurar que iban por delante de los otros ayuntamientos del Valle. Pero hemos comprobado con profunda decepción que esto no era cierto y que trámites muy importantes, como el plan de etapas, han quedado aplazados de forma injustificada, porque el pleno se ha reunido ordinariamente todos los meses y porque, para un asunto tan importante, se podía haber convocado un pleno extraordinario”.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento candelariero, cuando se vio con la Justicia en los talones, cerró el acceso a la red de alcantarillado a empresas del citado polígono por incumplir las condiciones en que estos residuos deben llegar al sistema de saneamiento, aunque la resolución definitiva, en cualquier caso, de los problemas de vertidos al mar está pendiente de la construcción de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), por un lado, y de la específica, por otro, para los vertidos industriales (EDARI).

El consistorio de Candelaria ha llegado a clausurar el emisario submarino del polígono industrial de Güímar, pero un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, tras un recurso de la asociación de empresarios de esa zona industrial, suspendió en junio por segunda vez este cierre, al reconocer los magistrados que se han producido avances en las administraciones públicas hacia una solución definitiva del problema de vertidos al mar sin el tratamiento previo al que obliga la normativa de la Unión Europea.

La Justicia constató a finales de junio que se han realizado ya censos de vertidos: que los análisis del agua marina han dado resultados positivos; que se ha reconducido de forma provisional los efluentes a una antigua estación depuradora;  que se ha redactado el proyecto de una nueva EDARI, “mucho más ambiciosa” y con una presupuesto de licitación de 6,9 millones de euros, y que se ha previsto de un cronograma detallado, el referido al plan de etapas, para la legalización definitiva de los vertidos depurados.

Desde Sí Se Puede se observa que “el Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas, cumplió los plazos in extremis, al sacar la licitación de las obras. La pelota está ahora en el tejado de dos ayuntamientos que no cumplen”.

Respecto a las aguas negras de origen urbano (no industrial), el Tribunal Europeo condenó además en julio a España al pago de una sanción multimillonaria por incumplir -entre otros lugares de España, en esta comarca tinerfeña- la normativa de tratamiento de aguas residuales arrojadas al mar.

Una condena que, a juicio de Coello, es “producto también de la dejación de los distintos gobiernos que han dirigido la corporación durante décadas, más afanados en políticas llamativas que en tomar medidas de fondo imprescindibles, como han exigido ahora la Comisión y los tribunales europeos”.

Tras años de pelea de la Plataforma de Amigos en Defensa de Ajabo y del grupo insular de Podemos para que los responsables del Consejo Insular de Aguas (CIAT), del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Adeje tomaran conciencia sobre la grave irresponsabilidad y las irregularidades que se han estado cometiendo en materia de salud pública y ambiental al dar amparo al vertido de plomo en el barranco de Ajabo, sin la autorización ni controles pertinentes, por fin se ha confirmado que esas alertas ciudadanas, ecologistas y políticas estaban más que justificadas pues ahora se ha comenzado a actuar conforme a la legalidad y al sentido común.

El consejero y portavoz de la formación morada, Fernando Sabaté, informa de que, entre otras novedades importantes, el Consejo Insular de Aguas ha ordenado la suspensión de la controvertida actividad del campo de tiro de titularidad municipal que se encuentra ubicado en la localidad de Taucho (en la ladera del barranco de Ajabo), el que ha originado ese vertido de plomo. “Este organismo del Cabildo no ha dado esa orden por gusto, sino en cumplimiento de la normativa sectorial que, como advertíamos hace años, determina claramente la inmediata suspensión de las actividades que den origen a vertidos contaminantes no autorizados”.

Sabaté añade que, además, el CIAT ha ordenado la limpieza del plomo vertido en toda el área de ese campo de tiro propiedad del Ayuntamiento de Adeje y ha comunicado que ese material debe ser recogido por un operador autorizado para su gestión.

Al mismo tiempo, resalta, se ha confirmado que la cantidad de metal pesado depositado en el barranco es realmente alarmante: según el estudio técnico que ha tenido que encargar el Ayuntamiento de Adeje para intentar legalizar ese vertido, se estima que en el entorno se han llegado a verter unas 25 toneladas de plomo, “algo que contrasta con los reiterados esfuerzos del consejero de Aguas, Manuel Martínez (PSOE), por minimizar y hasta negar la gravedad del problema durante las comisiones y plenos en que el grupo Podemos ha abierto el debate sobre este asunto dando voz a las reivindicaciones ciudadanas que reclamaban responsabilidad y sensatez para poner fin a este problema”. 

Sabaté también destaca que la Agencia de Protección y Mejora del Medio Urbano y Natural (APMUN) de Canarias ha impuesto una sanción de 30.000 euros al Ayuntamiento de Adeje por el vertido no autorizado de plomo al barranco de Ajabo y, por otra parte, el Ministerio Fiscal está investigando este asunto.

El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas (CIATF), ha iniciado un proceso que involucra a los 31 municipios de la isla con el objetivo de sumar a todas las administraciones competentes en materia de agua para el consumo humano y así adoptar las medidas que posibiliten, de manera progresiva, el control y la vigilancia integral de la red de abasto en la isla, de manera especial en el tránsito desde las zonas de alumbramiento, las galerías y pozos, hasta los depósitos municipales, algo que hasta ahora no se hace, como ha reconocido el propio CIATF.

El Consejo Insular de Aguas, organismo que controla el Cabildo de Tenerife, ahora pretende implantar esos controles a toda prisa, tras el informe técnico emitido por la Dirección General de Salud Pública, dependiente del Gobierno de Canarias, como consecuencia del episodio de contaminación que se produjo a raíz de la gestión irregular en la piscifactoría de Aguamansa (La Orotava), una explotación para la cría de truchas que gestiona de forma directa el Área de Medio Ambiente del Cabildo tinerfeño, con el consejero socialista José Antonio Valbuena como responsable.

Con ese objetivo central, el vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, y el consejero insular de Aguas, Manuel Martínez (ambos del PSOE), mantuvieron una reunión este viernes con representantes de los ayuntamientos en la que expusieron el “nuevo escenario que plantea la normativa europea, que obliga a sumar todos y cada uno de los canales de transporte, sea cual fuere el uso del caudal transportado, para que la autoridad sanitaria pueda realizar el control y seguimiento correspondiente sobre la calidad del agua”, se indica en una nota de prensa del organismo. En esta línea, Martínez recordó que ya se está trabajando desde el Cabildo para que el agua industrial forme parte del Sistema Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).

El Cabildo, como órgano supramunicipal, lidera y coordina la respuesta que se está dando desde las distintas administraciones para desarrollar un calendario de actuaciones que parta de un análisis previo de todas esas medidas que se requieren para satisfacer los requisitos de la normativa europea.

Parte de esas medidas, ya fueron acordadas en la Junta General del Consejo Insular de Aguas celebrada el jueves día 9 de noviembre, y pasan por la corrección del flúor en la comarca de Acentejo, así como por el control de las diferentes instalaciones de desalinización y desalación que gestiona el Consejo Insular de Aguas en diversas comarcas, entre otras actuaciones.

Junto a los municipios y las comunidades de agua

El gerente del Consejo Insular de Aguas, Javier Davara, también presente en la cita con los municipios tinerfeños, cifró “en más del 40%” el control integral que del caudal destinado a consumo humano se pasará a tener en virtud de la normativa vigente, lo que responde al programa de vigilancia y control. Este porcentaje se aumentará de manera progresiva con la implantación de un calendario en el que ya se está trabajando, tanto con los municipios como con las comunidades de agua.

Durante la reunión se incidió en la necesidad de que el Gobierno de Canarias manifieste su apoyo y se ponga a disposición de las administraciones locales de la isla, aparte de que esté presente en el desarrollo de las medidas para cumplir con los requisitos que la normativa requiere.

Asimismo, Abreu señaló que estas iniciativas forman parte de una estrategia que está desarrollando el Cabildo ante el reto que supone para Tenerife la gestión de agua. El vicepresidente insular subrayó que desde el Cabildo “se ha ido dando respuesta puntual a todos los desafíos que plantea el tratamiento del agua, siempre de la mano de todas las administraciones y entendiendo que es un reto del que todos han de ser partícipes para tener una isla más sostenible y respetuosa”.

La Junta General del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), con representación de los ámbitos público y privado y de los colectivos que intervienen en el proceso integral del agua, acordó en su reunión de este jueves, celebrada en instalaciones del Cabildo insular, poner en marcha una serie de medidas para optimizar la calidad del agua de abasto en la isla de Tenerife.

Las actuaciones aprobadas, que son de carácter estructural y administrativo, como se señala en una nota remitida por el mencionado organismo, están motivadas por un informe de Salud Pública, de manera especial el derivado de las irregularidades cometidas en la piscifactoría de Aguamansa por el área de Medio Ambiente del propio Cabildo insular (un caso destapado por Tenerife Ahora), en el que “insta al CIATF a mejorar la información sanitaria de las aguas desde su captación hasta el punto de consumo, ya que el actual Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) solo dispone de información desde el depósito hasta el punto de consumo en Tenerife”. 

Dicho informe de Salud Pública se emitió “a raíz del episodio de contaminación” que dio a conocer el 19 de septiembre el periódico Tenerife Ahora, “con el vertido de aguas residuales de la piscifactoría de Aguamansa (con titularidad del Cabildo) al canal de Aguamansa-Santa Cruz. En dicho análisis, se comunica que, dada la complejidad del sistema de aguas de la isla, ”hay que adoptar medidas para ampliar la información sanitaria de las aguas en todo su recorrido“, desde la captación a la llegada del recurso a los depósitos municipales, algo en la actualidad inexistente en Tenerife.

En relación con estas cuestiones (el caso piscifactoría ya está en los juzgados de La Orotava con tres funcionarios investigados, más el Cabildo), la Junta General del CIATF acordó este jueves desarrollar tres directrices en materia de vigilancia de la calidad de las aguas destinadas al abastecimiento humano: medidas de carácter estructural para mejorar las instalaciones, actuaciones para corregir el flúor en las infraestructuras hidráulicas de la comarca de Acentejo, y acciones de carácter administrativo destinadas a ampliar el seguimiento  de la calidad de las aguas, mediante el registro en el SINAC de las instalaciones del CIATF. También se acordó tomar medidas para integrar de forma paulatina en el SINAC las infraestructuras de captación y transporte de titularidad privada.

En la reunión de la Junta General de este jueves, se adoptó uno de los acuerdos asumidos por la Junta de Gobierno del CIATF celebrada el 26 de octubre pasado: el de presentar en ese foro superior un plan de acción, en coordinación con los ayuntamientos y la autoridad sanitaria, “con el fin de  mejorar la información sanitaria de este complejo sistema hidráulico”.

Tenerife, tal y como informa el CIATF, cuenta con 431 galerías y 168 pozos como sistemas de captación de agua que son gestionadas por comunidades de aguas, dentro de las cuales cada partícipe decide el uso que quiera dar al recurso. Por lo tanto, “resulta de una enorme dificultad realizar una trazabilidad íntegra del agua para el abastecimiento urbano desde la captación, transporte, almacenaje y punto de consumo, tal y como establece la normativa sanitaria”.

El CIATF es un organismo autónomo regulado por la Ley de Aguas de Canarias y representa a todos los colectivos que intervienen en el proceso del agua: la Cámara de Aguas, las asociaciones agrícolas, las empresas de servicios de abastecimiento público, los sindicatos, las amas de casas y los representantes políticos del Cabildo y de los ayuntamientos tinerfeños.

La Junta General del CIATF está integrada por miembros del Cabildo de Tenerife, representantes de los ayuntamientos, consorcios, empresas públicas, la Cámara Insular de Aguas, las comunidades de aguas y otras entidades de aprovechamiento hídrico, así como organizaciones agrarias, empresariales, sindicatos y asociaciones de consumidores.

El Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Güímar, Arafo y Candelaria han firmado este lunes un convenio de colaboración por el cual se encomienda al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) el trámite de la autorización administrativa necesaria para legalizar los vertidos al mar que proceden del Polígono Industrial de Güímar, a la vez que la concesión de ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre del emisario submarino situado en dicho espacio.

El convenio fue suscrito en el palacio insular por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el alcalde de Arafo, José Juan Lemes, y las alcaldesas de Güímar y Candelaria, Carmen Luisa Castro y Mari Brito. En el acto estuvo presente el consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, del PSOE.

Al término de la firma, Alonso señaló que ahora queda un “camino complicado”, en el que, según dijo, “vamos a poner todo de nuestra parte para cumplir el auto en tiempo y forma, lo cual implica trabajar no solo en el emisario, sino también en el control de vertidos por parte de las industrias que desarrollan su actividad en el Polígono Industrial de Güímar”.

El Consejo Insular de Aguas ya ha empezado a trabajar por la vía de urgencia en un plan de etapas destinado a la regularización de esos vertidos, en colaboración con los ayuntamientos implicados. En concreto, ha comenzado un estudio de valoración de posibles cambios en los patrones de presencia y comportamiento de la flora y fauna marina existentes en el entorno de los efluentes del polígono, para reconocer posibles efectos del vertido en el medio ambiente marino.

A este estudio se añade la inspección submarina de la conducción de vertido para comprobar su emplazamiento exacto georreferenciado, así como la evaluación de su estado estructural determinando la eficacia de los difusores y descartando la presencia de posibles fugas, todo ello en la línea de garantizar un mejor funcionamiento a corto, medio y largo plazo.

Además, se ha puesto en marcha una potente campaña de caracterización y ensayos en el ámbito costero del polígono, tomando muestras para el control intenso del vertido en origen, así como en el medio receptor.

El conjunto de análisis anteriores permitirán proyectar y ejecutar con prontitud una estación de tratamiento de las aguas residuales industriales (ETARI) específica para el Polígono de Güímar, garantizando la eficiencia del nuevo modelo de saneamiento integral para el área donde la zona industrial se asienta y que repercute en el entorno ambiental de los tres municipios, y, en definitiva, de los ciudadanos del Valle de Güímar.

La Corporación tinerfeña, a través del Consejo Insular de Aguas, incide en su apoyo para resolver los desalojos al mar desde el polígono industrial de Güímar, cuya ilegalidad compromete la continuidad de las empresas ahí radicadas

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), órgano dependiente del Cabildo de Tenerife, ha reiterado su colaboración con los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar para resolver los vertidos al mar desde el polígono industrial de Güímar, cuya ilegalidad compromete la continuidad de las empresas que allí se alojan.

Esta colaboración solo fue aceptada por el Ayuntamiento de Arafo el pasado día 15 de mayo y ahora se suma Güímar por acuerdo plenario, indica el Cabildo de Tenerife en un comunicado, después de que Sí Se Puede e Izquierda Unida (IUC) hayan denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente los vertidos ilegales de aguas residuales desde el polígono de Güímar al mar.

El Cabildo detalla que el pasado 6 de abril la junta del CIATF aprobó el texto de un convenio de colaboración para firmar con los tres ayuntamientos, que lo recibieron el 28 de abril, en el que el órgano insular se ofrecía a tramitar en nombre de los tres ayuntamientos la autorización -ya caducada - de los vertidos al mar de este polígono industrial y la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre del emisario submarino sito en ese litoral.

Desde el CIATF recuerdan que Santa Cruz de Tenerife padeció una situación similar, con vertidos no autorizados, que se resolvió gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el que se estableció un plan de etapas, cuya primera parte finalizó recientemente con la inauguración de una estación de microtamizado que mejora sensiblemente la calidad de los vertidos residuales al mar.

Con la firma de este convenio, precisa el Cabildo, el CIATF presta apoyo a los municipios, pero no asume la responsabilidad de los ayuntamientos, los cuales siguen siendo copropietarios de la instalación y responsables de los vertidos al mar. Asimismo, la Corporación insular aclara que existe una normativa muy específica para regular los distintos sistemas de vertido según parámetros de población.

Para verter al mar las aguas tratadas o depuradas a través de un emisario submarino hay que disponer de un permiso de Costas para poder ocupar el dominio público marítimo-terrestre, así como la autorización de la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias que define los parámetros y cantidad que debe tener el agua a verter conforme a lo propuesto por el promotor.

Además, se debe contemplar un programa de vigilancia y control donde se especifica el número de muestras, la frecuencia, el lugar donde tomarlas y los parámetros de calidad deben cumplir.

Todos estos resultados, junto a un vídeo y un informe estructural, se envía una vez al año a la Viceconsejería, lo que es de obligado cumplimiento por parte de las autoridades municipales para poder mantener la autorización de vertido.

Según el Cabildo, la normativa especifica que las competencias en esta materia residen a los municipios correspondientes, en este caso del polígono industrial del Valle de Güímar: los consistorios de Arafo, Güímar y Candelaria, que tienen la responsabilidad de velar por que los efluentes de las empresas ubicadas en su municipio cumplan con una calidad mínima establecida en la normativa sectorial.

Los vertidos al mar y el control periódico de dichos vertidos corresponden al titular de la autorización de vertidos, que en este caso son los tres ayuntamientos citados, a menos que se llegue a un acuerdo posterior con el CIATF, tal y como se gestionan en otras comarcas.

La formación política Sí Se Puede, en la oposición, ha logrado un acuerdo institucional en el Ayuntamiento de Buenavista que rechaza la ubicación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la Isla Baja en el barrio de Las Canteras.

El acuerdo, adoptado en el pleno extraordinario celebrado en Buenavista este lunes, 15 de mayo, se consiguió “gracias a la movilización ciudadana, que ha sido artífice de una decisión importante por parte de la Corporación”, aseguró el concejal del grupo municipal ecosocialista Esteban Lorenzo.

Lorenzo se muestra satisfecho con el acuerdo, aunque no duda en señalar “la incongruencia del comportamiento de la alcaldesa y del grupo del gobierno de PSOE-CC en su conjunto, que habrían dejado pasar este asunto si no fuera porque Sí Se Puede planteó la convocatoria de un pleno extraordinario para adoptar una postura sobre un hecho que afectaría de manera significativa a nuestro municipio y que, por eso mismo, ha causado el rechazo de la población”.

A juicio de la organización ecosocialista, “es incongruente que el Gobierno municipal no haya presentado alegaciones al Plan Hidrológico Insular en nombre del Ayuntamiento de Buenavista y, en cambio, ante la presión ciudadana, se sume a la petición para que la depuradora no se ubique en Las Canteras; en cambio, es un éxito de la ciudadanía haber conseguido que el equipo de PSOE-CC se haya visto obligado a cambiar de postura y haya manifestado públicamente de esta forma su incoherencia”, se indica en una nota de prensa del citado partido.

El acuerdo plenario comienza con una exigencia al Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo de Tenerife, para cambiar la ubicación de la EDAR de la Isla Baja y continúa con una propuesta para que la zona escogida para alojar la depuradora pueda servir de base también para instalaciones de energías renovables, como aerogeneradores, de forma que su empleo permita reducir costes y garantizar su eficiencia.

A la hora de decidir un emplazamiento alternativo, el Ayuntamiento de Buenavista también acordó que se respete el reglamento de actividades clasificadas, que plantea el emplazamiento de actividades molestas como la EDAR a más de dos kilómetros de núcleos urbanos consolidados.

El pleno decidió también pedir al Consejo Insular de Aguas un estudio sobre la posibilidad de establecer una depuradora natural para la Isla Baja u otras alternativas por parte de personas expertas, y que este organismo garantice el óptimo mantenimiento de la instalación, que se analicen rigurosamente los efectos que la reutilización de aguas depuradas pueda tener sobre las diferentes prácticas agrícolas que se den en la comarca y que se establezca un cronograma de reuniones con los ayuntamientos de la comarca y con los colectivos afectados para dar seguimiento a las actuaciones que se desarrollen.

Se trata de decisiones de gran calado, y estas contrastan con la frivolidad del comportamiento de la alcaldesa durante la sesión, que trató de desviar la atención o mostró su desatino en asuntos clave, como el hecho de si estaba o no vigente el calendario de presentación de alegaciones al Plan Hidrológico Insular (PHI), además de intentar restar valor a la iniciativa adoptada por Sí Se puede la semana pasada, cuando presentó alegaciones al esquema provisional de temas importantes del segundo ciclo de planificación hidrológica 2015-2021 (EPI), que forma parte del PHI.

El Cabildo está ejecutando las obras del último ramal pendiente entre San José y La Polvacera en un margen de la carretera LP-206.

El Cabildo de La Palma, a través del Consejo Insular de Aguas, que dirige el vicepresidente de la institución insular, José Luis Perestelo, está ejecutando las obras con las que se dará por cerrado el anillo de abastecimiento de agua en el municipio de Breña Baja, según se informa en nota de prensa.

En concreto, se ejecutan trabajos en un ramal de 400 metros de tubería entre San José y La Polvacera, en uno de los márgenes de la carretera LP-206. “El cierre del anillo garantiza el suministro de agua al núcleo de Los Cancajos y al de San Antonio”, explica José Luis Perestelo.

Gonba 2014 SLU es la empresa adjudicataria que está realizando estos trabajos por un valor de 67.600 euros.

Las actuaciones se incluyen en el programa de intervenciones designadas por los tres ayuntamientos.

El Consejo Insular de Aguas del Cabildo de La Palma invertirá una cantidad próxima a los 40.000 euros en la realización de pequeñas obras designadas por los ayuntamientos de Puntallana, Breña Baja y Fuencaliente, que participarán cofinanciando el 20% del presupuesto, según se informa en nota de prensa.

El vicepresidente y consejero de Aguas, José Luis Perestelo, señala que la dotación presupuestaria total destinada al programa, al que se sumarán en los próximos meses el resto de ayuntamientos, es de 100.000 euros, lo que supone el 80% de la financiación del total de las obras.

Estas primeras obras, designadas por consistorios, consistirán en la realización de modificaciones en la red de abastecimiento de agua potable de Puntallana, en la que se invertirán 9.500 euros; pequeñas obras en el municipio de Fuencaliente por valor de 16.500 euros; y la instalación de válvulas reductoras de presión en la red de abastecimiento de agua potable de Breña Baja, que tendrá un coste de 14.000 euros.

José Luis Perestelo destaca que con estas intervenciones, realizadas en función de las prioridades marcadas por los ayuntamientos, se contribuye al máximo aprovechamiento de los recursos hídricos de La Palma con actuaciones que mejoren las conducciones de agua y balsas, o el acondicionamiento de cauces, canales o galería, entre otras.

El Cabildo de Gran Canaria se ha comprometido a solucionar en dos semanas el problemas de los regantes del sur de la isla, en los que están trabajando desde que se constituyó la semana pasada el Consejo Insular de Aguas.

Según el presidente de la Institución, Antonio Morales, esta situación de escasez de agua se tenía que haber solucionado en el mandato anterior. “Se había advertido por los técnicos, se tenía que haber dado una respuesta inmediata, pero no se hizo, con lo cual se produce otra dejación en la obligación de garantizar a los agricultores el servicio del agua para riego”, agregó el político agüimense. 

Ante esta situación, planteada por los agricultores en la constitución del CIA, la institución encargó memorias y proyectos para dos alternativas que se ejecutarán de forma paralela. 

La primera de ellas es crear la infraestructura necesaria para trasvasar agua desde las presas del sur a Soria, “pero no es la solución definitiva”, por lo que también se realizará una conexión desde la depuradora Mancomunidad del Sureste hacia el depósito del Consejo Insular del Agua en la zona del Salobre para que los agricultores dispongan de agua de calidad, lo que tendrá un coste de entorno a los 30.000 euros. 

Al tratarse, en ambos casos, de obras menores, se podrán adjudicar de manera directa y estarán en funcionamiento en unas dos semanas. 

La solución que apuntan los agricultores –concluye-, de utilizar agua de El Tablero no es la más adecuada, por lo que el Cabildo de Gran Canaria trabaja en la solución que les garantice agua de calidad necesaria para sus cultivos.

El grupo de Gobierno (CC-PSOE) señala que “los tribunales dan la razón al Ayuntamiento” y espera “el mismo trato inversor por parte del Cabildo de La Palma”.

Los tribunales han dado “la razón al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane” y el Consistorio ha quedado “exento de deudas con el Consejo Insular de Aguas”, según indica en un comunicado el grupo de Gobierno (CC-PSOE) de la Corporación llanense. Indica que “en el transcurso de la última sesión del Consejo Insular de Aguas de La Palma se despejaron todas las dudas que se han generado en los últimos meses sobre las posibles deudas del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y el organismo autónomo del Cabildo”. El propio vicepresidente insular y consejero delegado de Aguas, añade, “reconoció la existencia de una sentencia que exime de responsabilidad al Ayuntamiento llanense por el pago de una tasa en función del volumen de agua depurada, tasa que el Consejo pretendía aplicar sin tener ordenanza reguladora en vigor, por lo que los tribunales le dieron la razón al Consistorio”.

En este sentido, desde el grupo de Gobierno municipal se señala que “tampoco el Ayuntamiento aplicó dicho tributo a la ciudadanía, ya que durante el periodo reclamado el Consistorio solo recaudaba una tasa anual por conexión a la red de alcantarillado, pero no por el caudal de agua depurada”.

El Ejecutivo local apunta que “queda claro que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se encuentra en la misma situación y presenta las mismas condiciones que el resto de municipios de la Isla, que se están viendo beneficiados de ayudas procedentes del Consejo Insular de Aguas, para la ejecución de obras de mejoras en las infraestructuras de abastecimiento de agua potable”.

Expone que “con el compromiso del Consejo Insular de Aguas de que se van a recibir ayudas para las mejoras de la red de abastecimiento de agua potable en el municipio de Los Llanos de Aridane”, el grupo de Gobierno de Los Llanos de Aridane entiende que “se puede seguir avanzando en las negociaciones que ya se han iniciado entre Cabildo y Consistorio, con el objeto de lograr dicha financiación que permita complementar el programa de inversiones que actualmente se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento con recursos propios, que rondan los 600.000 euros, mejorando con ello el plan de trabajo que se está ejecutando por parte de los técnicos en varios puntos del municipio”.

Por estos motivos, confía en que “se cumpla dicho compromiso y se valoren las solicitudes realizadas, ya que en la reunión mantenida hace algunos meses con los representantes del Cabildose le plantearon varias propuestas consideradas importantes para el municipio”.

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, subraya, “espera que en breve la Institución insular incluya en los presupuestos las ayudas que van a permitir, en una primera fase, la instalación de un importante tramo de tubería de fibrocemento en el trayecto que transcurre desde el depósito de Hermosilla por la avenida Eusebio Barreto, Sarbelio Pérez Pulido y La Carrilla, solucionando la problemática que se ocasiona con constantes averías en esta zona al ser el tramo más antiguo de la red de abastecimiento”. El importe de dicha inversión en ese tramo se sitúa en torno a los 400.000 euros.