La polémica por las facturas para medios de comunicación del Gobierno del PP en Zaragoza que no se incluyen en el Portal de Transparencia ha llegado al pleno municipal. Suso Domínguez, concejal de Zaragoza en Común, ha cuestionado al consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, por el gasto vinculado a la oficina municipal para el asesoramiento en la implantación de comunidades energéticas en barrios rurales. Según la formación, el Ayuntamiento ha utilizado este proyecto para financiar a medios que considera de “extrema derecha”, lo que a su juicio supone un “patrón del PP para financiar a sus medios afines”. Entre los beneficiarios están EDA TV –el portal de información de Javier Negre–, Periodista Digital, OkDiario o El Debate.

La denuncia de Domínguez ha señalado una posible irregularidad administrativa en lo que ha calificado como un “fraccionamiento de contratos”. El concejal ha revelado que se han emitido 24 facturas por importes “muy similares” que, en su conjunto, superan los 100.000 euros. Al tramitar estos pagos de forma individual, Domínguez sostiene que el Consistorio ha evitado la “licitación pública” en una cantidad que es “superior a lo que se establece para un contrato menor”. Además, ha criticado que estas operaciones se publiquen en el registro “sin especificar que es publicidad institucional”, algo que en su opinión “incumple la ley de transparencia”.

Durante su intervención, el edil ha desglosado la lista de beneficiarios, mencionando varios medios de comunicación. Domínguez ha cuestionado “dónde está la neutralidad y el pluralismo” en un reparto que, según sus datos, destina el “91% de los gastos” a medios del “espectro de la derecha mientras” se deja fuera a otros “con más recorrido e impacto” o a la televisión y radio pública. “Los fondos europeos se están usando para financiar a sus medios amigos”, ha sentenciado el concejal de la oposición.

Esta no ha sido la única alusión de Suso Domínguez a la gestión de la Dirección de Comunicación del Gobierno municipal. En la siguiente interpelación, el edil de ZeC le ha trasladado a Serrano: “Nosotros no somos los que estamos teniendo bajas en el área de Comunicación estos días, habría que ver lo que está pasando”. Hacía así referencia a la ruptura en el gabinete registrada en los últimos días debido a desavenencias internas y que se ha saldado con dos dimisiones.

El consejero admite un gasto de 142.050 euros

Víctor Serrano, el concejal de Urbanismo, ha calificado la intervención de “lamentable” y ha acusado a Domínguez de mostrar un “sectarismo dictatorial”. Serrano ha argumentado que la campaña de comunicación es una “acción obligada” y “específicamente contemplada” por las condiciones del IDAE, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. El edil del PP ha defendido que su área ha sido “austera” y ha precisado que el gasto final ha sido de 142.050 euros, asegurando que “toda la transparencia del mundo” está garantizada en estas facturas.

Serrano ha intentado rebatir las críticas de parcialidad citando la inclusión de otros medios como la Cadena Ser o 'El Periódico de Aragón' en la memoria justificativa. Asimismo, ha recordado polémicas de Zaragoza en Común cuando estaban al frente del Consistorio. El debate ha concluido con el Gobierno municipal insistiendo en que se ha limitado a cumplir con las “actuaciones de publicidad” exigidas por el Gobierno de España, mientras la oposición mantiene que se han utilizado criterios “sesgados” para evitar el control público y la transparencia.

La denuncia de Domínguez en el pleno llega tras la información recabada por este diario, que acredita cómo el Consistorio ha “eludido de manera sistemática” la publicación de estas facturas en el portal de Transparencia. Según los datos analizados, existen pagos por campañas como la reforma del río Huerva que no figuran en el apartado correspondiente. Entre los casos más significativos destaca una factura de 6.050 euros pagada a EDA TV por un banner publicitario que, según los registros a los que se ha tenido acceso, solo obtuvo “once clics” en cuatro días.

Los datos contables ponen cifra al crecimiento del gasto publicitario bajo el actual mandato: la partida de 'Información municipal' ha subido un 160% respecto a 2019, alcanzando los 1,1 millones de euros. Sin embargo, este diario ha podido constatar que el desembolso real llega a triplicar lo que consta en el Portal de Transparencia. Esto se debe a que numerosas facturas se tramitan desde servicios ajenos a Comunicación, como Arquitectura o Infraestructura Verde, destinando fondos a medios como OkDiario, The Objective o El Debate.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha restado importancia al hecho de que los datos sobre gastos de la publicidad institucional no estén accesibles en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, evitando explicar cuánto destina el equipo del PP a este capítulo. Tras limitarse a señalar que se siguen los mismos criterios de transparencia desde que se puso en marcha el tablón de anuncios en 2019, ha reconocido con indiferencia que “no hemos cambiado nada”. De hecho, — ha explicado—, no se modifica porque entonces se definió que esa era la fórmula correcta y “nos hemos ocupado de otras cosas, pero no de cambiar los criterios porque nos parecía que eran suficientes”.

Sin embargo, el modelo actual solo refleja parcialmente el gasto en medios de comunicación. El Portal de Transparencia se limita al denominado Tablón Municipal, mientras que una parte significativa de los pagos debe rastrearse en el registro de facturas, donde aparecen campañas que no figuran en la información pública habitual.

Aunque Chueca ha comparado el portal actual con el diseñado en 2019 cuando gobernaba Zec, lo cierto es que el presupuesto destinado a “Información municipal” alcanzó el año pasado cerca de 1,1 millones de euros, un 160% más que en 2019. No obstante, el gasto real en publicidad institucional triplica lo que se publica oficialmente, sin que exista un desglose completo ni criterios claros de distribución en función de la audiencia, como establece la normativa.

Parte de esta opacidad se explica porque numerosas campañas no se gestionan desde la Dirección de Comunicación, sino desde otros departamentos municipales, lo que fragmenta la información y dificulta su seguimiento.

Las facturas revelan pagos a medios locales y nacionales que no aparecen en el portal. Algunos casos muestran diferencias significativas entre lo declarado y lo realmente abonado, así como inversiones en campañas con escaso impacto medible. En conjunto, la situación evidencia un sistema de transparencia incompleto que impide conocer con precisión el destino de los fondos públicos destinados a publicidad institucional y limita el control sobre su distribución.

La reforma de las riberas del río Huerva, una actuación financiada con fondos europeos, es solo una muestra de cómo el Gobierno del PP en Zaragoza elude de manera sistemática publicar en el portal de Transparencia las facturas de campañas de publicidad. Al menos cinco pagos han sido destinados a medios de comunicación sin que consten en el apartado correspondiente. En una de ellas, de 6.060 euros para EDA TV –Estado de Alarma, el portal ultra impulsado por Javier Negre–, se especifica según ha constatado este periódico que el banner publicitario tuvo un total de once clics.

En total, solo el año pasado decenas de cargos que no figuran en el apartado de 'gastos de contrato de mediación prensa' de Transparencia y que hay que buscar uno a uno en el registro de facturas fueron destinados a medios de comunicación.

Cuestionado por este diario, el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza remite una vez tras otra al denominado Tablón Municipal, que incluye el desembolso en medios mes a mes. Según consta ahí, el Consistorio gastó 304.296,30 euros el año pasado: en 2024 fueron 283.578,77 euros; en 2023, el desembolso llegó a 334,240,23 euros. Ahí, los beneficiarios son públicos. Sin embargo, el dinero que el Gobierno del PP destina a este fin es mucho mayor, mucho menos aparente y sin correlación clara con la audiencia de los beneficiarios, como marca la normativa.

En principio, el Presupuesto municipal es el que determina el gasto en campañas publicitarias durante el año. En las cuentas aprobadas para el año pasado, la partida de 'Información municipal' ascendía a casi 1,1 millones de euros, con una subida del 160% respecto a los 422.000 euros que destinó Zaragoza en Común en su último presupuesto, el de 2019.

El grueso del gasto va destinado a 'Servicios, asistencias y contratos de la Dirección de Comunicación', con 900.000 euros; otros 160.000 euros son para 'Información municipal' y el resto, 30.000 euros, a adquisición de material. Sin embargo, este desembolso triplica lo que consta en el Portal de Transparencia, sin que haya más información respecto al resto de campañas de comunicación.

Gastos del servicio de Arquitectura o de Sostenibilidad

Pero es que, al bucear en el registro municipal de facturas, este periódico ha localizado pagos que no salen de la Dirección de Comunicación, sino de servicios distintos como el de Conservación de Arquitectura (una campaña sobre comunidades energéticas), Sostenibilidad y Desarrollo Estratégico (la del río Huerva), Infraestructura Verde (Zaragoza Florece) o Economía y Consumo (actividades de mercado y comercio), entre otros.

Las decenas de facturas localizadas al margen del Tablón Municipal el año pasado fueron para servicios de comunicación y campaña en medios tanto locales (Enjoy Zaragoza, Extra Digital u Hoy Aragón, entre otros) como a nacionales (The Objective, Ok Diario, El Confidencial, El Debate o EDA TV, entre ellos).

Por ejemplo, en el Tablón Municipal –lo único que se cuelga en el Portal de Transparencia– no consta el año pasado ningún pago en 2025 al portal ultra de Javier Negre y, sin embargo, en el registro de facturas aparecen dos: una de marzo para la campaña del Zaragoza Luce (reportaje, banners y 57 cuñas emitidas) por 3.025 euros y otra para la campaña de implantación de comunidades energéticas en barrios rurales, un gasto de 6.043 euros asignado al Servicio de Conservación de Arquitectura.

Mientras, este año figura en el portal de contratación una factura a favor de EDA TV para una campaña sobre las actuaciones en las riberas del Huerva por la que el Ayuntamiento pagó 5.000 euros más IVA (6.050 euros) por un 'branded content' y un banner publicitario que entre el 13 y el 17 de marzo acumuló 11 clics.

En total, desde 2023 Estado de Alarma ha percibido 34.500 euros del Ayuntamiento de Zaragoza en campañas de publicidad institucional sin que ninguno de estos desembolsos figuren en el correspondiente apartado de Transparencia.

Otros dos ejemplos similares: The Objective y El Debate. El año pasado, según lo trasladado al Portal de Transparencia ambos medios recibieron algo más de 5.500 euros cada uno, la mayor parte provenientes de pequeños pagos mensuales de 330 euros y con una única actividad especial: en diciembre, por 2.600 euros para la campaña de Navidad. Sin embargo, en el registro de facturas el desembolso total en ambos medios nativos digitales superó los 11.500 euros sin IVA en cada caso, con campañas como el Zaragoza Luce, la reforma del Huerva o las comunidades energéticas.

Entre este bloque están también las dos únicas campañas concedidas por el Gobierno de Natalia Chueca a elDiario.es en 2025: sendos gastos de 1.000 euros sin IVA para el Zaragoza Luce y para promocionar el servicio Bizi.

Fuentes municipales han rehusado dar explicaciones sobre todas estas facturas.

El Gobierno aprobará este martes la ley de publicidad institucional con la que se prohibirá a los medios recibir más de un 35% de sus ingresos totales de publicidad de las administraciones públicas. La norma pasará en primera vuelta por el Consejo de Ministros, según adelantó Infolibre, y forma parte del plan de regeneración democrática.

La intención del Gobierno es minimizar el control político de los medios de comunicación, especialmente a nivel regional y local que reciben buena parte de su financiación de las administraciones públicas. La dependencia de la publicidad institucional supone una lacra para la libertad de expresión y prensa.

El Gobierno tuvo dudas con la normativa y en borradores anteriores la intención era poner el umbral de la prohibición en el 30% de los ingresos procedentes de la publicidad institucional, según El País. Ahora el Ejecutivo retoma la normativa en un momento en el que Pedro Sánchez se ha lanzado al contraataque contra los pseudomedios que sobreviven en gran medida por los fondos públicos de las administraciones.

Con esta ley, el Gobierno da cumplimiento a la nueva normativa europea, que obliga a los medios de comunicación a hacer pública la cantidad de publicidad institucional que reciben. En Bruselas preocupa que los fondos públicos, que pueden ser de vital importancia para la supervivencia de algunos medios, se otorguen de forma “discriminatoria” y que usen por parte de los gobiernos para comprar voluntades.

El reglamento europeo, aprobado en mayo de 2024, exige el respeto a una serie de principios en la asignación de los fondos públicos para publicidad institucional: “Criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, puestos a disposición del público de antemano por medios electrónicos y fáciles de usar, mediante procedimientos abiertos, proporcionados y no discriminatorios”.

Además, recoge la obligatoriedad de que los medios de comunicación publiquen quiénes son sus propietarios. En concreto, estarán obligados a difundir “el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública”. La motivación de la UE es clara: que los lectores, oyentes o espectadores sean conscientes de qué intereses pueden estar detrás de la información que reciben.

El Plan de Publicidad Institucional de 2026 contará con 2,82 millones de euros para 84 campañas, el 75 por ciento de ellas sociales y de servicio público. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Plan de Publicidad Institucional (PPI) de 2026, que contará con un presupuesto de 2.824.000 euros para el desarrollo de 84 campañas institucionales, el 75 por ciento de ellas sociales y de servicio público, lo que refuerza la función informativa, preventiva y de sensibilización social del plan.

El PPI está centrado principalmente, apuntan desde el Ejecutivo regional, en difundir iniciativas de prevención y cuidado de la salud, cohesión social, iniciativas culturales, ayudas y servicios públicos para jóvenes, empresas y sociedad en general, y herramientas de modernización de la administración pública.

De las 84 campañas de publicidad previstas, 49 corresponden a publicidad convencional y 35 a redes sociales. Del total, 73 pertenecen a los órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y 11 a entes del sector público de La Rioja.

La inversión en Publicidad Institucional del Gobierno de La Rioja en contratos de difusión asciende a 2.824.000 euros, de los que 1.100.000 euros corresponden a las 73 campañas propuestas por la Oficina del Presidente y las Consejerías, y 1.724.000 euros a los entes del sector público: 1.578.000 euros para siete acciones de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U.; 68.000 euros para dos campañas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER); 60.000 euros para una iniciativa de la Fundación San Millán y 18.000 euros para una campaña de Valdezcaray, S.A. 

La consignación de fondos por consejerías es la siguiente: Salud y Servicios Sociales (279.200 euros); Hacienda (190.500); Cultura, Turismo, Deporte y Juventud (166.800 euros); Educación y Empleo (120.000 euros); Economía (115.200 euros); Agricultura (98.100 euros) y Política Local (90.200 euros). 

La Oficina del Presidente, con 40.000 euros, repite la dotación del Plan 2025. 

Si a la partida de Economía se suma la de la ADER, la inversión en difusión de acciones que persiguen fortalecer el crecimiento de la economía y el apoyo al tejido productivo y de los profesionales autónomos asciende a 183.200 euros. Por otro lado, a la promoción del turismo se destinará un total de 1.596.000 euros.

En términos relativos, el mayor peso inversor recae en Salud (25,38%); seguida de Hacienda (17,32%); Cultura (15,16%); Educación y Empleo (10,91%); Economía (10,47%); Agricultura (8,92%); Política Local (8,2%) y la Oficina del Presidente (3,64%). 

Por número de iniciativas publicitarias, Salud ocupa el primer lugar con 22 campañas. Le siguen Cultura (15), Agricultura (11), Hacienda (10), Economía y Política Local (ambas con 5), Educación y Empleo (4) y la Oficina del Presidente (1).

Además de las campañas propiamente dichas, el Plan de Publicidad Institucional de 2026 también destina 360.000 euros a patrocinios y 200.000 euros a creatividad (50.000 euros más que lo programado en 2025), lo que eleva el montante total de la planificación de este ejercicio a 3.384.000 euros. 

Utilidad pública, profesionalización, claridad y lealtad institucional

Las acciones previstas, todas ellas pensadas y programadas bajo las premisas de utilidad pública, profesionalización, claridad y lealtad institucional, tienen como propósito informar a la sociedad riojana de las diferentes iniciativas institucionales, corporativas, culturales, de formación y empleo y, de una forma especial de las iniciativas de servicio público y sociales, es decir, de aquellas que buscan difundir las convocatorias de ayudas y servicios de la Administración autonómica, así como promover la concienciación social. 

Conforme a la legislación vigente, el PPI 2026 (la información de cada actividad se recoge en una detallada ficha) podrá ser consultado en la web del Gobierno de La Rioja, en su apartado de publicidad institucional https://www.larioja.org/publicidad, una vez sea remitido al Parlamento de La Rioja para el conocimiento de los diputados. En este sentido, el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha solicitado hoy mismo su comparecencia ante la Comisión Institucional de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública para explicar en detalle el contenido del Plan. 

El ja expresident de la Generalitat Carlos Mazón va repartir en el seu primer exercici complet al capdavant del Govern valencià 16,5 milions d’euros en publicitat institucional. Van ser 7,5 milions d’euros del Consell i 9 de l’anomenat sector públic instrumental, les empreses públiques, durant el 2024. La xifra rebaixa lleugerament la de l’any anterior, un híbrid entre el Consell del Botànic i el primer Govern del PP i Vox, en què el muntant total va ser de 17,4 milions d’euros.

El ja expresident Mazón ‘va regar’, com és habitual, els grans grups de premsa, les capçaleres tradicionals de paper i les ràdios consolidades, però va aportar una novetat substancial respecte del mandat del PSPV i Compromís: el creixement d’alguns mitjans digitals. El Español, Esdiario i OkDiario han sigut els beneficiaris principals en la nova etapa. En aquests casos, destaca no sols el volum publicitari sinó l’origen: principalment, de Presidència de la Generalitat.

El departament que liderava Carlos Mazón, d’on penjava la Direcció General de Promoció Institucional, va repartir 3,8 milions d’euros el 2024. No obstant això, el gran benefactor de la publicitat institucional en termes absoluts és Turisme Comunitat Valenciana, amb més de 6,3 milions d’euros en accions de promoció i publicitat. Després d’aquestes està la Conselleria de Sanitat, amb 1,9 milions d’euros, i Educació, amb 1,1 milions d’euros en l’últim exercici complet.

El Consell de Mazón va anar consolidant el creixement d’alguns mitjans digitals, que en la legislatura anterior a penes percebien publicitat institucional. El Español va ser el digital més agraciat per la Generalitat Valenciana: va rebre 274.000 euros, dels quals 129.000 euros venen directament de Presidència de la Generalitat i 88.000 del sector públic instrumental. Li segueix Esdiario, que va obtindre un total de 171.542 euros, dels quals més de 70.000 procedeixen directament de Presidència. Després d’aquest mitjà arriba el digital OkDiario, que va obtindre 148.000 euros de publicitat institucional. De nou, el muntant principal va arribar directament des del departament que encapçalava Mazón, amb 74.395 euros el 2024. En la mateixa línia, El Debate va rebre 88.000 euros, més d’un terç procedent de Presidència. EDATV (Estado de Alerta, plataforma web) va obtindre quasi 25.000 euros.

La premsa de paper i les seues versions digitals continuen dominant la publicitat institucional. Crida l’atenció Editorial Prensa Ibérica (EPI), que amb el Consell de Carlos Mazón s’emporta prop d’un milió d’euros, dels quals la meitat corresponen al seu principal diari, Levante-EMV, que entre la publicitat del web i el paper supera el mig milió d’euros. EPI edita també El Periódico Mediterráneo, Superdeporte i Información, amb dues televisions. El diari Información, de referència a Alacant, s’acosta a 250.000 euros en publicitat institucional.

Li segueix molt de prop el Grupo Prisa, que voreja el milió d’euros entre les seues capçaleres de premsa i les ràdios. El periòdic El País va rebre al voltant de 140.000 euros de publicitat institucional, però són les ràdios les que fan créixer al grup. Només la Cadena Ser, amb les seues múltiples emissores a la Comunitat Valenciana, supera els 700.000 euros en publicitat institucional, més d’un terç provinent del sector públic instrumental. A l’equació cal afegir la Cadena Dial i l’emissora musical Los 40 principales, que rep més de 95.000 euros de la Generalitat Valenciana.

En tercer lloc, està la Cadena Cope, el grup de la qual també és propietari de Cadena 100. Totes dues emissores superen els 800.000 euros en publicitat institucional. Només Presidència va aportar 198.000 euros en campanyes publicitàries a l’emissora conservadora, que va rebre també 248.000 euros de les empreses públiques. Onda Cero li segueix de prop, amb 584.000 euros, a què se’n sumen 33.000 de l’emissora Europa FM, del mateix grup. La preferència del ja expresident per les ràdios respecte de la resta dels mitjans de comunicació és evident.

En conjunt, el Grupo Atresmedia/Planeta (La Razón, Onda Cero, Antena 3 i La Sexta) va obtindre més d’1,5 milions d’euros, el principal grup mediàtic en publicitat institucional valenciana. Mediaset va superar els 850.000 euros

El grup Vocento, que edita Las Provincias i ABC, va obtindre més de 660.000 euros en publicitat institucional. La capçalera preferida en aquest cas va ser Las Provincias, que entre web i paper va obtindre més de mig milió d’euros, mentre que ABC va tindre al voltant de 150.000 euros en publicitat institucional i del sector públic.

Pel que fa a capçaleres nacionals amb delegació a la Comunitat Valenciana, el diari El Mundo, que separa la seua capçalera de Castelló, va superar els 420.000 euros, principalment procedents de Presidència, Sanitat i el sector públic instrumental. La Vanguardia va obtindre prop de 190.000 euros, mentre que La Razón va percebre uns 148.000.

Són cridaners els recursos que va transferir en publicitat institucional a mitjans locals com El Periòdic, el digital radicat a Borriana i administrat per Magdalena Gutiérrez López, amb 179.420 euros; el Periòdic d’Ací, amb 174.110 euros o la televisió pública À Punt, que va ingressar 379.000 euros.

Quant als nadius digitals, El Confidencial va obtindre prop de 96.000 euros, la meitat, de les empreses públiques. El Grupo Plaza, editora de Valencia Plaza, Alicante Plaza, Castellón Plaza i la Revista Plaza suma uns 186.000 euros, dels quals més de 100.000 procedeixen de les empreses públiques. ElDdiario.es va rebre 27.241 euros en campanyes de les conselleries i 6.550 d’empreses públiques, un resultat infinitament inferior al que han rebut capçaleres amb molta menys audiència. Totes les dades poden consultar-se en el portal de Transparència de la Generalitat Valenciana.

El ya expresidente de la Generalitat Carlos Mazón repartió en su primer ejercicio completo al frente del gobierno valenciano 16,5 millones de euros en publicidad institucional. Fueron 7,5 millones de euros del Consell y 9 del llamado sector público instrumental, las empresas públicas, durante el 2024. La cifra rebaja ligeramente la del año anterior, un híbrido entre el Consell del Botánico y el primer gobierno de PP y Vox, cuando el montante total fue de 17,4 millones de euros.

El ya expresidente Mazón 'regó', como es habitual, a los grandes grupos de prensa, las cabeceras tradicionales de papel y las radios consolidadas, pero aportó una novedad sustancial respecto al mandato de PSPV y Compromís: el crecimiento de algunos medios digitales. El Español, Esdiario y Okdiario han sido los principales beneficiarios en la nueva etapa. En estos casos destaca no solo el volumen publicitario sino su origen: principalmente, de Presidencia de la Generalitat.

El departamento que lideraba Carlos Mazón, de donde pendía la dirección general de promoción institucional, repartió 3,8 millones de euros en 2024. Sin embargo, el gran benefactor de la publicidad institucional en términos absolutos es Turisme Comunitat Valenciana, con más de 6,3 millones de euros en acciones de promoción y publicidad. Tras ellos se encuentra la Conselleria de Sanidad, con 1,9 millones de euros, y Educación, con 1,1 millones de euros en el último ejercicio completo.

El Consell de Mazón fue consolidando el crecimiento de algunos medios digitales, que en la anterior legislatura apenas percibían publicidad institucional. El Español fue el digital más agraciado por la Generalitat Valenciana: recibió 274.000 euros, de los que 129.000 euros vienen directamente de Presidencia de la Generalitat y 88.000 del sector público instrumental. Le sigue Esdiario, que obtuvo un total de 171.542 euros, de los que más de 70.000 proceden directamente de Presidencia. Tras este medio llega el digital OkDiario, que obtuvo 148.000 euros de publicidad institucional. De nuevo, el principal montante llegó directamente desde el departamento que encabezaba Mazón, con 74.395 euros en 2024. En la misma línea, El Debate recibió 88.000 euros, más de un tercio procedente de Presidencia. EDATV (Estado de Alerta, plataforma web) obtuvo casi 25.000 euros.

La prensa de papel y sus versiones digitales siguen dominando la publicidad institucional. Llama la atención Editorial Prensa Ibérica (EPI), que con el Consell de Carlos Mazón se lleva cerca de un millón de euros, de los que la mitad corresponden a su principal periódico, Levante EMV, que entre la publicidad de la web y el papel supera el medio millón de euros. EPI edita también El Periódico Mediterráneo, Superdeporte e Información, con dos televisiones. El diario Información, de referencia en Alicante, se acerca a los 250.000 euros en publicidad institucional.

Le sigue muy de cerca el Grupo Prisa, que bordea el millón de euros entre sus cabeceras de prensa y las radios. El periódico El País recibió en torno a 140.000 euros de publicidad institucional, pero son las radios las que hacen crecer al grupo. Solo la Cadena Ser, con sus múltiples emisoras en la Comunitat Valenciana, supera los 700.000 euros en publicidad institucional, más de un tercio proveniente del sector público instrumental. A la ecuación hay que añadir la Cadena Dial y la emisora musical Los 40 principales, que recibe más de 95.000 euros de la Generalitat Valenciana.

En tercer lugar, se encuentra la Cadena Cope, cuyo grupo también es propietario de Cadena 100. Ambas emisoras superan los 800.000 euros en publicidad institucional. Solo Presidencia aportó 198.000 euros en campañas publicitarias a la emisora conservadora, que recibió también 248.000 euros de las empresas públicas. Onda Cero le sigue de cerca, con 584.000 euros, a los que se suman 33.000 de la emisora Europa FM, del mismo grupo. La preferencia del ya expresident por las radios respecto al resto de medios de comunicación es evidente.

En conjunto, el Grupo Atresmedia/Planeta (de quien dependen La Razón, Onda Cero, Antena 3 y La Sexta) obtuvo más de 1,5 millones de euros, el principal grupo mediático en publicidad institucional valenciana. Mediaset superó los 850.000 euros

El grupo Vocento, que edita Las Provincias y ABC, obtuvo más de 660.000 euros en publicidad institucional. La cabecera preferida en este caso fue Las Provincias, que entre web y papel obtuvo más de medio millón de euros, mientras que ABC rondó los 150.000 euros en publicidad institucional y del sector público.

Respecto a cabeceras nacionales con delegación en la Comunitat Valenciana, el diario El Mundo, que separa su cabecera de Castellón, superó los 420.000 euros, principalmente procedentes de Presidencia, Sanidad y el sector público instrumental. La Vanguardia obtuvo cerca de 190.000 euros, mientras que La Razón percibió unos 148.000.

Son llamativos los recursos que transfirió en publicidad institucional a medios locales como El Periodic, el digital radicado en Borriana y administrado por Magdalena Gutiérrez López, con 179.420 euros; El Periódico de Aquí, con 174.11 euros, o la televisión pública À Punt, que ingresó 379.000 euros.

En cuanto a los nativos digitales, El Confidencial obtuvo cerca de 96.000; la mitad, de las empresas públicas. El Grupo Plaza, editor de Valencia Plaza, Alicante Plaza, Castellón Plaza y la Revista Plaza suma unos 186.000 euros, de los que más de 100.000 proceden de las empresas públicas. elDiario.es recibió 27.241 euros en campañas de las consellerias y 6.550 de empresas públicas, un resultado infinitamente inferior al que han recibido cabeceras con mucha menos audiencia. Todos los datos pueden consultarse en el portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana.

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León lamenta los primeros despidos de periodistas que han tenido lugar tras la aplicación de la nueva Ley de Publicidad Institucional, una situación, afirman en una nota, “que seguirá agravándose salvo que se modifique dicha ley o la justicia conceda las medidas cautelares tras la reclamación judicial efectuada por 25 medios de comunicación al Tribunal Superior de Justicia por contravenir la Constitución”.

«Antes de que se aprobara esta ley tanto nuestro Colegio como los representantes de los medios de comunicación alertamos a los grupos políticos de las consecuencias negativas que conllevaría la aprobación de dicha ley si no se acometían una serie de cambios en su articulado, una petición que fue ignorada y que ahora ha provocado los primeros despidos de periodistas, lo que acarrea una disminución de la pluralidad informativa en nuestra comunidad autónoma», indica el decano del Colegio, Pedro Lechuga. Esta ley fue aprobada con el voto a favor del PSOE, VOX y los procuradores de Podemos, Pablo Fernández, y el que fuera vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

El dictamen hecho en su momento por el Consejo Consultivo recoge que esta ley no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado, por lo que la introducción de vetos a la contratación con medios condenados mediante sentencia firme supone una invasión competencial que puede desembocar en su nulidad jurídica. Asimismo, el informe señala que limitar al 33 % de su facturación anual la cantidad que un medio puede recibir a través de contratos de publicidad institucional carece de respaldo en la legislación básica estatal es un procedimiento arbitrario que va en contra de la libre concurrencia de los medios a las campañas. El informe recoge que esta restricción también vulnera el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, y señala la invasión de competencias exclusivas del Estado en la subrogación de trabajadores vinculados a las concesiones de la televisión autonómica.

El PSOE de Castilla y León ha defendido este miércoles la revisión de la limitación de financiación pública equivalente al 33% de sus ingresos anuales de los medios de comunicación que se contempla en la Ley de Publicidad Institucional y ha apuntado a que esta medida se puede “concretar y ajustar” mediante el reglamento que debe desarrollar la Junta.

Así lo ha asegurado el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, este miércoles en Salamanca en el marco de la presentación de la IV Escuela de Gobierno de la formación, al ser preguntado si tenía conocimiento de que algunos medios han atribuido a esta norma varios despidos.

De la Rosa ha manifestado que desconocía los problemas económicos ocasionados y ha reiterado la opinión del partido de que a través del desarrollo de la ley en su reglamento se podrá concretar y matizar la interpretación que se está dando por parte de la Junta de Castilla y León para que se limite a la propia Junta.

El secretario socialista ha expresado que desde la formación creen que la ley tiene que ser justa y si es verdad que está provocando a través de una “mala interpretación una excesiva limitación” para que ninguna institución o muy pocas puedan financiar, entre otras cosas, a muchos medios de comunicación en cada una de las provincias, se va a revisar.

Asimismo, ha defendido que la filosofía de la ley es “buena”, ya que busca evitar lo que califican como un “dopaje” del PP hacia determinados medios durante décadas.

El objetivo, ha trasladado, es garantizar mayor pluralidad y reducir la dependencia de los medios respecto a la Junta, principal financiadora de publicidad institucional en Castilla y León.

El PSOE espera que el futuro reglamento de desarrollo de la ley permita “concretar y ajustar” el porcentaje establecido del 33% Si el reglamento no ofrece una solución adecuada, el grupo parlamentario no descarta promover una modificación de la propia ley, aunque reconoce que el tiempo disponible en lo que queda de legislatura podría dificultar su tramitación. 

La Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León pactada por PSOE y Vox —que ya han recurrido 25 medios de comunicación— sigue generando polémica por sus consecuencias en el sector. Mientras tanto el PSOE niega la autoría de la normativa pese a pactar varios artículos con el partido de extrema derecha y asegura que aclararán algunas cuestiones que se detectaron en la aprobación y a las que se comprometieron el pasado mes de julio, pero sin fecha.

“Nos habíamos comprometido a clarificar lo del 33% para que solo sea de la Junta de Castilla y León y así lo haremos cuando nosotros consideremos pertinente”, ha aseverado ante los medios la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, que ha advertido que los partidos no marcan su estrategia “porque haya ningún tipo de presión o de amenaza”. “Cuando surgen esas cosas suelen tener el efecto contrario, pero nos comprometimos y así lo haremos”, ha insinuado.

Rubio ha mostrado su “respeto” a la reclamación judicial de los medios de comunicación a esta norma, puesto que entienden que la Ley de Publicidad Institucional contraviene varios supuestos de inconstitucionalidad. El Consejo Consultivo de Castilla y León advertía en un dictamen de la posible inconstitucionalidad de cinco previsiones de su articulado. Según el dictamen, la norma colisiona claramente con la legislación estatal básica, ya que introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, establece limitaciones económicas arbitrarias, e incluso invade competencias en materia laboral, lo que pone en entredicho su validez y aplicación.

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, niega haber pactado con Vox la Ley de Publicidad Institucional. Hace unos meses y durante la negociación parlamentaria, Rubio defendió la posibilidad de negociar con Vox porque ambos consideraban que la Ley no era “ideológica” y se trataba de un “acuerdo técnico”. Finalmente, esta norma fue aprobada con el respaldo del PSOE, Vox, Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea (Grupo Mixto). Los seis de UPL-Soria Ya se abstuvieron, y votaron en contra el PP, Por Ávila y los dos exprocuradores de Vox, no adscritos.

El PSOE interpreta que la Ley de Publicidad Institucional —que ya está en vigor— no se puede aplicar hasta que no esté su desarrollo reglamentario —“Sin eso es imposible que la puedan aplicar”— y ha acusado a la Junta de utilizar esta norma para “enfrentar a algunos medios con algunos partidos políticos”. La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional estatal lleva en vigor 20 años y aplicándose sin que se haya producido un desarrollo reglamentario, al igual que sucedía con la de Castilla y León en vigor hasta el verano, que tampoco lo tenía.

La norma también prevé prohibir la contratación de cualquier campaña de publicidad en medios que hayan sido condenados en sentencia firme dos veces en los tres últimos años —o tres o más veces en los últimos cinco años— y se hayan visto obligados a rectificar sus informaciones por ser inexactas, vulnerar el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas o por delitos de odio. También ha cargado contra el “argumento torticero” que cree que está empleando la Junta de Castilla y León, administración que —según interpreta— debe preparar el desarrollo reglamentario posterior.

“Ataque a la libertad de prensa”

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha considerado este miércoles en Palencia que la Ley supone “un ataque a la libertad de prensa”, puesto que limita la publicidad institucional al 33% y condiciona estos contratos a la ausencia de condenas por vulneración de derechos como el honor, intimidad o la propia imagen.

Carriedo ha mostrado la “solidaridad del Gobierno autonómico con los medios locales y digitales”, que “sufren un perjuicio directo por la aplicación de la norma, mientras que los medios de ámbito nacional quedan exentos”.

Una reclamación judicial registrada este mismo lunes ante el Tribunal Superior de Justcicia de Castilla y León solicita la aplicación de medidas cautelares contra la modificación de la Ley de Publicidad Institucional aprobada el pasado verano por contravenir en varios supuestos de inconstitucionalidad. La cambio de la ley ha sido recibida por el sector como una afrenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información por la pérdida de pluralismo informativo que conlleva.

La demanda conjunta ha sido ratificada por 25 sociedades editoras de otros tantos medios de comunicación, entre ellos este medio, de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma, atendiendo a que su aplicación práctica supone posibles vulneraciones de contratación pública que afectan a los medios más pequeños del sector.

A pesar de la petición de los Medios de Comunicación y del propio Colegio de Periodistas de Castilla y León, el PSOE y VOX decidieron desoír la propuesta de reforma pactada con el gremio y aprobaron el pasado mes de julio junto a los procuradores de Podemos, Pablo Fernández, y el que fuera vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, la modificación sin debate con el sector.

Hace escasas semanas, el Consejo Consultivo de Castilla y León advertía en un dictamen de la posible inconstitucionalidad de cinco previsiones de su articulado. Según el dictamen, la norma colisiona claramente con la legislación estatal básica ya que introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, establece limitaciones económicas arbitrarias, e incluso invade competencias en materia laboral, lo que pone en entredicho su validez y aplicación.

Incompatibilidad con el marco legal estatal básico

El Consejo Consultivo concluye que la ley autonómica no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado, según lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley estatal de Publicidad y Comunicación Institucional. En este sentido, la introducción de vetos a la contratación con los medios de comunicación condenados en sentencia firme, no contemplados en la normativa estatal básica, supone una clara invasión competencial y un riesgo real de nulidad jurídica.

Además, el dictamen señala que el límite del 33% de los ingresos que un medio puede recibir por contratos de publicidad institucional en relación a su cifra de negocio anual se basa en criterios arbitrarios y provoca un trato discriminatorio y choca también con la Ley de contratos con la administración pública.

Una incidencia máxima en la pervivencia del sector

Los medios de comunicación de Castilla y León ya habían advertido que, de aplicarse, tendría un impacto directo en la pluralidad informativa por el recorte que puede tener en las plantillas y condiciones del sector. Además, conducirá a la desaparición de proyectos informativos provinciales e hiperlocales, donde las restricciones de publicidad llevarían a la desaparición de dichos medios y a la expansión de la 'sombra' informativa en una Comunidad que adolece la despoblación y falta de emprendimiento.

Hace escasas fechas el Gobierno de España decidía en las negociaciones abiertas -aquí sí-, con la representación de los medios y de colectivos de periodistas renunciar a la aplicación de una limitación similar a nivel estatal.

El juego político en Castilla y León, sin embargo, ha llevado a la aprobación y a la aplicación de una Ley que está teniendo en estos momentos un efecto grave en las empresas mediáticas de la Comunidad, además de una situación de inseguridad jurídica.

Los gobiernos sufren una auténtica adicción a la propaganda institucional. Sufrir no es la palabra correcta. Les encanta. Es fácil sucumbir a la tentación cuando cuentas con un presupuesto abundante para esa función. En algunas ocasiones, y no son tantas, esas campañas cumplen una función informativa para los ciudadanos. Ocurre con frecuencia que su función última es que la Administración correspondiente, nacional, autonómica o local, se elogie a sí misma o recuerde a los votantes lo mucho que se desvela por sus necesidades.

El Ministerio de Vivienda ha lanzado una campaña con uno de esos anuncios que pretenden ser ingeniosos. En ese sentido, ha tenido éxito. Hay que tener mucho ingenio para concitar críticas furibundas tanto en la izquierda como en la derecha.

Se inicia con una pregunta: “¿Cómo imaginas tu futuro?”. Las escenas posteriores son deprimentes. Tres ancianos comparten un piso y resultan ser un poco guarros. Toda la vida dejando los calzoncillos usados en el suelo. Los platos sin limpiar en el fregadero. El que se queda leyendo el periódico en el baño sentado en el inodoro. Se supone que comparten vivienda en 2055 porque no se pueden permitir comprar o alquilar una por su cuenta.

Con el vídeo, el Gobierno admite que no hay muchas esperanzas entre la gente en que tengan éxito sus políticas de vivienda. Eso puede que sea cierto, pero es absurdo que un Ministerio lo reconozca con un anuncio institucional. Deja que sea la oposición quien haga su trabajo.

Y no sólo la oposición. Sumar eligió el martes para dejar clara su falta de confianza en la ministra Isabel Rodríguez. “Se nos está acabando la paciencia”, dijo su portavoz, Verónica Martínez. Le exigió medidas “serias, valientes e innovadoras”, que es como decir que no lo son ninguna de las que se han puesto sobre la mesa hasta ahora.

Sumar ha propuesto congelar los contratos de alquiler que vencen este año, un nuevo régimen sancionador para los alquileres de temporada y turísticos, y reformas fiscales contra la compra de pisos con intención especulativa. Gabriel Rufián pidió en el Congreso aumentar los impuestos a los que compran viviendas como inversión.

Rodríguez compareció a petición propia ante el pleno del Congreso la semana pasada. No está muy claro para qué lo hizo, porque no ofreció ninguna novedad relevante. Lo más probable es que su presencia fuera una forma de acompañar el lanzamiento de la campaña publicitaria. Que parezca que el Gobierno hace algo ante la crisis de la vivienda.

Otro elemento de imagen de utilidad dudosa es la aparición de un número telefónico, el 047, para informar a los ciudadanos sobre asuntos de vivienda. La ministra anunció en el Congreso que “con este número empoderamos a la ciudadanía con una nueva herramienta para defender sus derechos”.

Sonó un poco a humor negro, porque los jóvenes y no tan jóvenes que buscan comprar o alquilar una vivienda no se sienten muy empoderados últimamente cuando se acercan al mercado inmobiliario. Más bien lo contrario, y una llamada a un servicio telefónico no hará que los pisos sean más asequibles. Claro que es mejor que llamen al 047 que a una línea de prevención del suicidio. El coste de este tipo de servicios telefónicos suele superar con creces el millón de euros al año.

“No se puede venir al pleno del Congreso a proponer como medidas estrella teléfonos de la esperanza”, dijo Martínez. El PP ya lo aprovechó para reírse de la iniciativa. Con el anuncio televisivo, el cabreo de Sumar ha aumentado. Gerardo Pisarello lo llamó “lamentable” y “frívolo”.

Rodríguez respondió a los ataques de forma condescendiente: “Es normal, los grupos (parlamentarios) tienen que hacer su trabajo para llamar la atención”. Es curioso que diga lo de llamar la atención después de contratar una campaña publicitaria por 600.000 euros (eso incluye la inserción del anuncio en medios y plataformas).

En la última encuesta del CIS, la vivienda aparece como el primer problema para los españoles. Un 37% la considera uno de los tres principales problemas. No se puede decir que esté en primera posición porque los políticos y los medios hablan mucho del tema. También es el primero en la lista de los problemas que más afectan personalmente a cada encuestado. Los porcentajes con ambas preguntas son mayores en el caso de los votantes de partidos de izquierda. No hay nada peor que decepcionar a aquellos a los que intentarás ilusionar en la próxima campaña.

En cuanto a la afectación personal, el porcentaje no es tan diferente entre los votantes del PP y PSOE. Será porque cuentan con dinero de sobra o porque ya tienen solucionado el tema de la vivienda. Un mínimo del 20% de los votantes de Sumar, Esquerra, Bildu y BNG cree que es el problema que más les perjudica a ellos.

Entre las medidas que el Gobierno dice haber tomado, se destacan las ayudas al alquiler con la ampliación a 300 euros del bono joven y a 30.000 euros la de adquirir viviendas protegidas. Muchos expertos destacan que estas ayudas sólo sirven para aumentar los costes, porque los caseros y vendedores de pisos las tienen en cuenta al fijar sus precios.

El Congreso aprobó en la legislatura pasada una ley de vivienda que no se aplica en la mayor parte de España. Les corresponde hacerlo a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias, y las gobernadas por el PP se niegan a hacerlo. Perder las elecciones autonómicas tiene consecuencias. Aún más haber dejado de construir viviendas sociales durante décadas hasta dejar a España a la cola de la Unión Europea con un porcentaje ínfimo.

La vivienda es un derecho social reconocido en la Constitución al que los precios han convertido en inexistente para muchos. Es también un bien de inversión que se ha convertido en muy rentable para empresas y particulares. Se supone que la Constitución existe para todos los españoles. Las empresas privadas viven para sus accionistas. En esa tensión, no hay que ser un genio para saber quién sale ganando.

Una familia tendría que destinar ahora 7,3 años de toda su renta bruta para costear la adquisición de una vivienda, según el Banco de España. Es más del doble que hace tres décadas. En junio de 1987, esa familia habría dedicado algo menos de tres años para lo mismo.

Si un trabajador dedicara el 30% de su presupuesto a la vivienda –el porcentaje recomendado por bancos y expertos que ahora es irreal–, necesitaría trabajar durante 38 años (55 en el caso de Madrid), prácticamente toda su vida laboral.

Tantos años de abandono de las políticas públicas de vivienda han conducido a esta situación, que no se puede solucionar a corto plazo a menos que se tomen medidas radicales que no interesan al PSOE y que tampoco ofrecen garantías completas de éxito. Pero la política tiene razones que el mercado no entiende, sobre todo si tienes que enfrentarte a las urnas en uno o dos años. No es muy inteligente inventarte un anuncio con el que se puede interpretar que llegarás a esas elecciones con las manos vacías.

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha emitido un informe en el que avisa de la posible inconstitucionalidad de cinco puntos de la ley autonómica de Publicidad Institucional, aprobada el pasado mes de junio en las Cortes.

Ante las dudas de la Junta de Castilla y León de cómo aplicar la norma, el Consultivo ha advertido de que la exclusión de medios condenados en sentencia firme para contratar publicidad institucional, fundamento que dio origen a la ley, puede vulnerar la Constitución y superar las competencias autonómicas. Además, el dictamen señala que el límite del 33% de los ingresos que un medio puede recibir por contratos de publicidad institucional en relación a su cifra de negocio anual se basa en criterios arbitrarios y provoca un trato discriminatorio.

A la hora de solicitar el informe, el gobierno que preside Mañueco señaló el “notable grado de incertidumbre” que ha provocado esta reforma por “las ambigüedades, las contradicciones y los vacíos técnicos” que contiene la norma. El PP rechazó en las Cortes de Castilla y León este texto porque consideraba que pretendía “amordazar e intimidar a los medios de comunicación”. El Colegio de Periodistas también lamentó la falta de consenso parlamentario al respecto y pidió hablar con todos los actores del sector periodístico “como el Colegio, los medios de comunicación y el ámbito universitario”.

La oposición, con Vox, PSOE, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea, aprobaron el cambio normativo evidenciando la debilidad parlamentaria del PP de Alfonso Fernández Mañueco. Lo que era una modificación para excluir a medios condenados, como así defendió el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, acabó por introducir una modificación sustancial de la norma autonómica. Precisamente, los puntos que recoge el informe del Consultivo son los que más han chocado con el PP y el sector de los medios de comunicación.

Esa modificación original que atañe a los medios condenados en sentencia firme no está contemplada en la normativa estatal básica, por lo que “supone una clara invasión competencial y un riesgo real de nulidad jurídica”. Además, recoge el informe, que “carece de respaldo constitucional”, lo que “agrava las dudas sobre su validez y aumenta el riesgo de que su aplicación pueda ser anulada judicialmente”.

El dictamen también recuerda que la legislación penal es competencia exclusiva del Estado, por lo que una norma autonómica no puede imponer sanciones más severas ni agravar las consecuencias legales ya establecidas a nivel estatal. En este caso, la sanción contemplada por la ley autonómica, que consiste en la imposibilidad de contratar publicidad institucional para determinados medios, excede el marco legal estatal y constituye una medida punitiva que la Comunidad no está facultada para imponer.

Limitación del 33% de los ingresos de publicidad

La limitación del 33% de los ingresos de publicidad de las administraciones fue uno de los puntos que el PSOE se abrió a negociar y que, tras varios meses desde que se aprobó en las Cortes la nueva ley, no ha reportado avances en la negociación con el resto de grupos. A este punto, el dictamen critica la imposición del límite de la cifra de negocio anual que un medio puede obtener mediante contratos de publicidad institucional al entender que la restricción carece de respaldo en la legislación básica estatal, resulta arbitraria, y vulnera la libre concurrencia de los medios a las campañas.

Asimismo, el informe añade que esta medida “pone en riesgo la viabilidad de determinados medios, especialmente aquellos de menor tamaño o de implantación local, y genera un trato desigual injustificado”.

El Consultivo también ha reseñado que la limitación también vulnera “el principio de igualdad y la prohibición de la discriminación”. Según ha expresado la Consejería de Presidencia en un comunicado, esto se debe que se establecen “barreras que restringen el acceso equitativo a la contratación pública y que comprometen la pluralidad y diversidad en la difusión de campañas institucionales, afectando, igualmente, a los medios locales o más pequeños”.

Según el dictamen, la norma colisiona claramente con la legislación estatal básica, introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, establece limitaciones económicas arbitrarias, e incluso invade competencias en materia laboral, lo que pone en entredicho su validez y aplicación.

Las empresas afectadas tendrán que denuncian para impugnar la Ley

El Consejo Consultivo señala que, pese a las dudas y limitaciones señaladas, la Ley autonómica 1/2025 de Publicidad Institucional es de obligado cumplimiento para la Junta de Castilla y León. En este sentido, advierte que tendrán que ser las empresas afectadas quienes deberán recurrir ante los tribunales para impugnar las disposiciones que consideren contrarias a derecho, garantizando así el respeto al ordenamiento jurídico a través de los cauces legales correspondientes.

El gasto en publicidad institucional del Gobierno de Aragón, que el Ejecutivo autonómico distribuye entre los medios de comunicación regionales y nacionales, sigue aumentando. Si el desembolso fue un 40% mayor el año pasado respecto al ejercicio previo, los datos del primer trimestre dibujan una proyección inédita en casi 15 años, cuando gobernaba el socialista Marcelino Iglesias.

En concreto, el Ejecutivo gastó 2,3 millones de euros en los tres primeros meses de 2025, cuando en el mismo periodo un año antes el dinero reservado para los medios de comunicación fue de 1,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 33% en este concepto. La cantidad del primer trimestre supone casi un 70% de lo que el Gobierno de Aragón desembolsó en este concepto en todo 2023, año en que se produjo la transición del socialista Javier Lambán al popular Jorge Azcón.

Y bastante más de lo abonado en la legislatura 2015-2019, cuando no se llegó a 2 millones de euros en ningún ejercicio. De mantenerse esta tendencia, el gasto en publicidad institucional –que debe ir destinado a los medios de comunicación en función de su audiencia– se acercará a 2011: entonces se produjo el cambio de Marcelino Iglesias a Luisa Fernanda Rudi y se destinaron a este fin 12,6 millones.

En cuanto a grupos mediáticos, Prisa Radio es de lejos el más beneficiado por las campañas del Gobierno de Aragón, con 271.669 euros entre tres cadenas más las emisoras locales. Si añadimos lo recibido por 'El País' la suma es aún mayor, con 314.624 euros. Detrás figuran la COPE y sus otras dos emisoras con 233.325 euros. En tercer lugar aparece Prensa Ibérica, que integra a medios como 'El Periódico de Aragón' o ediciones comarcales, con 183.360 €, por delante de Henneo ('Heraldo de Aragón' y 20 Minutos) con 173.741 euros. Cierra este podio el grupo Atresmedia con sus emisoras Onda Cero y Europa FM, que percibieron 131.717 euros en concepto de publicidad institucional.

Respecto a medios en solitario, están a la par 'Heraldo de Aragón' y la Cadena COPE –junto con sus emisoras locales– con unos ingresos de 169.748 euros y 169.717 euros respectivamente. Detrás figuran la Cadena SER con 140.779 euros, 'El Periódico de Aragón' con 127.391 euros y Onda Cero con 113.629 euros.

Medios nativos digitales

El medio nativo digital que más recibe en concepto de campañas institucionales, con diferencia, es El Español, con 77.306 euros. Detrás figuran Hoy Aragón con 52.603 euros, El Confidencial con 42.625 euros, Ok Diario con 30.945 euros, Enjoy Zaragoza con 28.381 euros, Extradigital con 26.015 euros y Aragón Digital con 23.215 euros. En el caso de elDiario.es, el tercero más leído en julio de los medios que se someten al control de GFK en Aragón, se quedó en 4.840 euros, detrás de portales como Diario Gente Madrid (5.808 euros) o El Pollo Urbano (6.000 euros).

Otros medios nacionales que recibieron publicidad institucional del Gobierno de Jorge Azcón en el primer trimestre fueron EDA TV con 18.143 euros, El Debate con 13.310 euros o The Objective con 10.043 euros. Frente a esto, un gran medio de ámbito nacional como 'La Vanguardia' recibió 4.235 euros.

Todos estos datos son públicos y constan en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

La normativa que rige las campañas de publicidad institucional en Aragón es la Ley sobre Publicidad Institucional, que data de hace más de dos décadas (2003). Ahí figura de manera expresa que para la contratación de estos espacios el Ejecutivo autonómico y las empresas públicas se deberán atener a “criterios objetivos de ámbito territorial y difusión del medio correspondiente”. El ámbito de aplicación de la norma incluye también a las administraciones locales. “Es preciso establecer unas normas que permitan que (la publicidad institucional) no sea utilizada como elemento discriminatorio desde el sector público y sirva adecuadamente a sus objetivos, evitando su uso incorrecto”, expone la mencionada ley. A su vez, la normativa insta a que la relación entre las administraciones y los medios de comunicación se lleve a cabo con “la máxima transparencia y respeto a la igualdad de oportunidades, sin interferir en la libre competencia ni en el necesario pluralismo informativo”.

Hay que recordar asimismo que el Gobierno de Aragón figura como una de las administraciones autonómicas más transparentes en cuanto a publicidad institucional, según el Observatorio de Medios, con la Región de Murcia y Castilla y León únicamente por delante. El Ejecutivo autonómico obtuvo 16 puntos (un 80%) en el ranking elaborado por la mencionada entidad el año pasado. En concreto en el apartado del desglose por medios, Aragón es una de las únicas tres regiones que cumplen plenamente.

Izquierda Unida ha acusado al Partido Popular y a Vox de “haber convertido la comunicación institucional de la Diputación” de Ciudad Real en un “auténtico chiringuito de propaganda al servicio de la extrema derecha, con más de 135.000 euros de dinero público desviados hacia pseudomedios ultras sin ninguna relación con nuestra provincia”, después de que el periódico El Plural publicase una información en este sentido apuntando al dinero que reciben conocidos agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo.

Así lo ha afirmado este jueves el coordinador provincial de Izquierda Unida de Ciudad Real, Jesús Manchón, apuntando que desde el inicio del Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox en la Institución provincial, se han destinado recursos “de toda la ciudadanía” para financiar “cabeceras como EDA TV, OKDiario, El Debate, Periodista Digital, The Objective o Libertad Digital, medios sin presencia en Ciudad Real ni en Castilla-La Mancha, pero bien conocidos por su papel como altavoces de bulos, odio y manipulación”, según ha trasladado IU.

“Mientras los medios locales y comarcales, que son los que de verdad informan de los problemas y las luchas de nuestros pueblos, sobreviven como pueden, PP y Vox se gastan miles de euros en pagar la propaganda de Inda, Negre, Losantos y compañía”, ha afirmado Manchón.

“Es un insulto a la inteligencia y una vergüenza democrática”, ha añadido.

La formación ha comparado el gasto de presupuestos destinados a la comunicación institucional en la Diputación con las medidas aprobadas en el Congreso de los Diputados para “limitar la actividad de estos pseudoperiodistas, conocidos por acosar, interrumpir y convertir la política en un circo de odio”.

“PP y Vox utilizan las instituciones como cajeros automáticos de la ultraderecha mediática. Ni un euro más de la Diputación para pseudoperiodistas y mercenarios del bulo. Ese dinero debe ir a apoyar a la prensa de proximidad, a la información veraz y al fortalecimiento democrático de nuestra provincia”, ha declarado Jesús Manchón.

La Junta de Castilla y León solicitará un informe al Consejo Consultivo de la comunidad para determinar la aplicación de las reformas que introduce la Ley de Publicidad Institucional y “examinar las imprecisiones y las lagunas jurídicas que se pudieran detectar”. La norma fue aprobada esta semana con los votos a favor de PSOE, Vox, el procurador Francisco Igea y Unidas Podemos —como proponente—.

La Ley, que el PSOE ha anunciado que será corregirá más adelante, limitará —entre otros aspectos— la publicidad institucional al 33% de la facturación de los medios y permitirá a las Cortes de Castilla y León nombrar y cesar al personal directivo de la Televisión autonómica si la publicidad institucional supera el 50% de su negocio.

Otro de los objetivos de esta norma es reforzar el control de la televisión autonómica, cuya concesión tienen ahora mismo los dos grandes grupos mediáticos de Castilla y León (Promecal de la familia Méndez Pozo y Edigroup de la familia Ulibarri). Entre otras medidas, la norma prevé que un organismo compuesto por parlamentarios puedan nombrar al personal directivo de RTVCyL si la financiación pública supera el 50% del importe neto de su cifra de negocios. También obligará al gobierno autonómico a convocar un nuevo concurso para una nueva concesión en un plazo máximo de 3 meses que garantice la subrogación de los actuales trabajadores y sus condiciones laborales.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que esperarán a publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) para trasladar la consulta y ha planteado dudas sobre los limites al gasto de publicidad en diferentes campañas. Carriedo se ha preguntado si habrá territorio que se queden fuera de campañas de Junta, “como las del cáncer de mama”, si los medios locales superan ese 33% que fija la norma solo “con fondos procedentes de diputaciones o ayuntamientos”. Ese tope del 33% es uno de los puntos que los grupos que han votado a favor quieren cambiar más adelante para que solo sea la publicidad que depende de la administración autonómica.

Carriedo ha trasladado sus dudas sobre interferencias entre la nueva normativa autonómica y la otras estatales, como la Ley de Contratos del Sector Público. El Consultivo orientará a la Junta, pero esta no podrá denunciar la ley, como ha matizado el portavoz, tendrán que ser un particular quien tome medidas legales si se considera perjudicado. “Nosotros vamos a cumplir la ley y esa es nuestra voluntad de cumplirla”, ha resumido.

El consejero ha incidido en los “perjuicios” que va a causar en su “aplicación y desarrollo” y ha reprochado a la oposición que vayan a tener que rectificarla con una nueva Proposición de Ley.

Además, Carriedo ha ironizado con que Vox, Unidas Podemos y PSOE lleven la medida al ámbito nacional. “Nadie entendería que si están convencidos de que esta Ley es tan buena se aplique sólo en el ámbito de Castilla y León y se prive al resto de los españoles de beneficiarse”, ha apuntado.

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha lamentado que la aprobación de la modificación de la Ley de Publicidad Institucional se haya producido “sin que se haya llegado a un consenso previo entre todos los grupos parlamentarios”. El Pleno de las Cortes aprobó esta reforma con los votos a favor de PSOE, Vox, Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea, la abstención del grupo UPL-Soria ¡Ya! y la negativa del Partido Popular.

Este órgano convocó una reunión la pasada semana, tras rechazar previamente la reforma por no realizarse una consulta previa, para abordar estos cambios. Según ha informado el Colegio de Periodistas, se solicitó a los grupos parlamentarios que “llegaran a un acuerdo para modificar el contenido las enmiendas o para retrasar la votación de dicha proposición de ley”.

El Colegio de Periodistas ha defendido que “no está en contra de modificar la Ley de Publicidad Institucional”, pero ha vuelto a reclamar que “se hable con todos los actores del sector periodístico, como son el propio Colegio, los medios de comunicación y el ámbito universitario, situación que no ha sucedido”. Señalan que algunas de las modificaciones que se han aprobado “pueden dar lugar a interpretaciones lo que supone una gran incertidumbre entre los medios de comunicación, ya que según se interpreten y apliquen algunos medios pueden estar abocados al cierre o se puede producir el despido de periodistas”.

El órgano colegial ha avanzado que solicitará una reunión con la Dirección de Comunicación de la Junta de Castilla y León para conocer “cuáles serán los criterios que seguirán para aplicarla tras las recomendaciones del departamento jurídico de la institución autonómica”. Avanzan, además, nuevas reuniones con los grupos parlamentarios y los medios de comunicación para definir “estrategias a implementar para solucionar los problemas que afectan al sector periodístico en Castilla y León”.

La nueva Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León, aprobada este miércoles en el parlamento autonómico, garantiza “el interés general” y evita el “uso partidista”, ha elogiado el sindicato CCOO a través de una nota informativa. Al limitar al 33% el volumen de ingresos que un medio de comunicación puede recibir por publicidad institucional, “evitaría el uso partidista”.

Por esta razón, considera que se trata de una norma “muy necesaria” para garantizar que los medios de comunicación de Castilla y León “sean plurales e independientes”, además de ejercer como un servicio público “que garantice el derecho de la ciudadanía a una información veraz sin estar condicionados por intereses comerciales o partidistas”.

Este tipo de publicidad, ha insistido CCOO, “no debe ser un instrumento para el uso interesado de las instituciones”, por lo que ha elogiado la llegada de una norma que “viene a garantizar que la comunicación de las administraciones públicas sea transparente, equitativa y orientada al interés general”.

PSOE, Vox e Igea han impuesto al PP cambios en la Ley de Publicidad Institucional, que hace unos meses promovió el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández. Un día “histórico” que supondrá el fin del control mediático —para la oposición—, pero que el PP considera “una chapuza” guiada por su “odio” hacia los 'populares'

La Ley, que el PSOE ha anunciado que será corregirá más adelante, limitará —entre otros aspectos— la publicidad institucional al 33% de la facturación de los medios y permitirá a las Cortes de Castilla y León nombrar y cesar al personal directivo de la Televisión autonómica si la publicidad institucional supera el 50% de su negocio. Del debate se ha ausentado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, algo que han recriminado varios grupos parlamentarios. El portavoz de Vox en el parlamento autonómico, David Hierro, ha sido llamado al orden una vez por el presidente de la Cámara, Carlos Pollán, también de Vox.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que este miércoles se le “acaba el chollo” al PP porque con esta reforma “se les va a acabar más de tres décadas de control y compra con dinero público de los medios de comunicación”. Fernández ha reiterado que este miércoles es “un día histórico”. “Es la primera vez en 37 años que una Proposición de Ley va a salir adelante con los votos de la oposición y el único voto en contra del PP”, ha avanzado Pablo Fernández, que ha afirmado que con esta reforma “se acaba el dominio mediático”.

“Se acabó comprar a medios y pseudomedios que ni siquiera tienen una edición en Castilla y León, a los que ustedes han estado comprando para que les hagan panegíricos y difundan bulos sobre partidos de la oposición, muy especialmente, Podemos”, ha afeado Fernández, que impulsó la Ley que se ha aprobado este miércoles.

La viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, ha señalado que desde su partido sienten “responsabilidad y decepción” por el trámite de la ley. En el capítulo de decepciones, la procuradora ha acusado al PP de “bloquear” el consenso que de los grupos para permitir modificar enmiendas transaccionales. Rubio ha preguntado al PP por qué bloquean el acuerdo para asegurar que a los 'populares' les molesta una publicidad institucional en medio “alejada del clientelismo”.

Para la parlamentaria socialista, el PP estaba más preocupado de “presionar a los medios” que garantizar a los medios “el acceso libre” a la ciudadanía. La procuradora ha asegurado que el Partido Popular se ha quedado “solo” en un proyecto político y ha acusado de querer convertir la publicidad institucional en una “arma política”. “La publicidad no puede ser un encargo a dedo y no puede depender de intereses partidistas”, ha afirmado Rubio. “Profesionalidad significa impedir chapuzas e impedir manipulaciones y respetar a la ciudadanía.

Para el PSOE, ha defendido Rubio, la comunicación es “un derecho” y “no un privilegio”, como “servicio público” y garante de la “igualdad y el pluralismo”. Asimismo, se ha comprometido a incluir en la exposición de motivos los “efectos devastadores” que tienen la desinformación que “erosiona” el consenso ciéntifico y democrático. La representante del PSOE ha justificado la necesidad de la ley para no financiar con dinero público “discursos falsos”. Rubio ha afeado que el PP se oponga, entre otras cosas, que no se use la “imagen estereotipada” de las mujeres como cuidadoras y de los hombres como ostentan “el poder y la autoridad”.

Vox señala que la Ley supone “una victoria del modelo democrático”

El procurador de Vox Miguel Suárez Arca ha considerado que esta Ley supone “una victoria del modelo democrático” y ha ensalzado el alto nivel de consenso alcanzado entre los diferentes grupos, puesto que se ha aprobado el 92% de las enmiendas planteadas. Suárez Arca ha subrayado las “bondades” de esta propuesta: “Esta Ley pretende controlar a la Junta de Castilla y León, que ha regalado el dinero de los castellanos y leoneses a los medios que les doran la píldora”.

Francisco Igea ha ironizado porque el PP sea el que “hable de prensa libre” mientras “cogen el teléfono para cambiar titulares a golpe de presión, incluso en medios prestigiosos”. “Yo he visto a una redactora salir con un titular y llegar a la redacción y tener otro. De eso se trata hoy. No voy a admitir lecciones”, ha reprochado Igea. “La Ley será imperfecta, pero es mejor de lo que tenemos”, ha zanjado el exvicepresidente autonómico.

El procurador 'popular' Miguel Ángel García, ha considerado que esta Ley es más propia de “Venezuela o de Cuba” porque implica una censura en los medios. El PP no se opone a una reforma de la Ley de 2009, pero ha considerado que la norma va a suponer el cierre y despido de periodistas especialmente en el ámbito rural.

García ha apuntado que “no ha nacido la ley y ya nace muerto el texto”, en referencia al anuncio del PSOE de una nueva Proposición de Ley para corregir varios aspectos que no han podido cambiar por la oposición del PP. El procurador 'popular' también ha ironizado con los “voxcialistas”, un nuevo partido, según García que ha nacido para “poner todas las trabas políticas al PP”y con el “único objetivo” de que “el PP tropiece”.

Modelo de RTVCyL

Otro de los objetivos de esta norma es reforzar el control de la televisión autonómica, cuya concesión tienen ahora mismo los dos grandes grupos mediáticos de Castilla y León (Promecal de la familia Méndez Pozo y Edigroup de la familia Ulibarri). Entre otras medidas, la norma prevé que un organismo compuesto por parlamentarios puedan nombrar al personal directivo de RTVCyL si la financiación pública supera el 50% del importe neto de su cifra de negocios. También obligará al gobierno autonómico a convocar un nuevo concurso para una nueva concesión en un plazo máximo de 3 meses que garantice la subrogación de los actuales trabajadores y sus condiciones laborales.

Pablo Fernández también se ha centrado en RTVCYL, “una tele privada que se financia en más de un 90% con dinero público”. Fernández ha anunciado que, como hará Francisco Igea, acudirá a la Fiscalía porque ha considerado “muy extraño” que una semana antes de aprobar esta Ley de Publicidad Institucional se les haya “regalado” 48 millones de euros. El de Unidas Podemos ha abogado por debatir el modelo autonómico de televisión y ha apostado porque este sea público aunque suponga una mayor inversión económica.

El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha defendido una enmienda para el cierre de RTVCyL. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León ha leído “whatsapps de octubre de 2021” con el director general Radio Televisión Castilla y León, Jorge Losada. En ellos, según Igea, comentaban el cese del director de informativos, Raúl Briongos, ordenado por el presidente de la Junta de Castilla y León. El procurador ha señalado que no iban a “tolerar intromisiones” y reflejaba su sorpresa porque Briongos es “un gran profesional”. En un mensaje, Igea apuntaba que “la independencia de los medios es sagrada”.

El exvicepresidente autonómico ha mostrado el “último mensaje” con el directivo de RTVCyL. En la conversación, según lo expuesto por el procurador, Losada habría trasladado a Igea que entendería que hiciera “alegatos” en defensa de los trabajadores y de un nuevo modelo de televisión, pero que “agradecería” que Igea no hiciera referencia “a manipulaciones, censuras y similares” y que las dejase para “la parte política y en otros espacios”.

En respuesta, Igea habría replicado que “en esta situación no podría dejar de decir lo que pienso”. “Fui, dije lo que pensaba y no volví. Está es la televisión de Castilla y León, su televisión, —en referencia al PP—”,

Igea ha continuado cargando contra Losada por haber declarado en “la Comisión de la TDT” que la audiencia de RTVCyL estaba en el “8%”, “mintiendo a sabiendas” de que es un “1%”. El procurador del Grupo Mixto ha acusado al PP de “tener mucha cara” de que haya hablado de libertad de prensa y ha retado al directivo de RTCyL a decir que “no echó a Briongos por orden de Mañueco”. En caso de que su enmienda decaiga, Igea ha abogado por mejorar las condiciones de los trabajadores. La UPL ha apoyado la enmienda de Francisco Igea que aspiraba a suprimir las subvenciones a RTVCyL porque no cree en el modelo territorial actual y, por lo tanto, tampoco en una televisión autonómica.

El procurador de Vox ha asegurado que con esta norma el seguimiento de RTVCyL dejará de estar “bajo el control” de la Junta de Castilla y León y será supervisada por el Poder Legislativo. Suárez Arca ha explicado que los empresarios Méndez Pozo –condenado por falsedad documental— y Ulibarri —cuyo cabeza de familia fue condenado en Gürtel— no solo ostentan RTVCyL, sino también dos grandes conglomerados mediáticos que reciben el 30% de la publicidad institucional.

La oposición denuncia presiones del PP

La socialista Nuria Rubio ha afeado el “boicot” de los 'populares' a la tramitación de la ley. La procuradora socialista ha afeado que haya sido el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, haya tenido que convocar la comisión de Presidencia para tramitar el proyecto normativo. La parlamentaria también ha criticado que el PP no haya defendido a los trabajadores de RTVCyL en sus protestas para mejorar las condiciones.

El responsable de Vox ha calificado al PP de “una banda de mafiosos”. “Son la famiglia de la tele”, ha protestado. Suárez Arca ha enseñado un documento que dice que el PP ha remitido a los medios “para tirárselos encima de la oposición”. “Ustedes son una mafia y lo único que se puede hacer con ustedes es darle una patada en el tafanario para mandarles a la historia”, ha concluido el procurador de Vox.

Pablo Fernández ha cargado contra las “presiones y comportamientos mafiosos” del PP en los últimos días. “Ha estado llamando a diversos medios de cara a presionarles para que los medios presionasen a la oposición para que la reforma no saliera adelante”, ha reprochado el líder de Podemos, que también ha afeado al Colegio de Periodistas que se muestra ene contra y haya “salido a hacerles el caldo gordo”. “No hay más que echar un vistazo al organigrama para entender determinadas cosas, o ver que el decano va al plató de Iker Jiménez”, ha insinuado Pablo Fernández, que ha reconocido que este miércoles está “disfrutando mucho”. “Es un día histórico y es un día muy bueno para la pluralidad, la diversidad y un día muy malo para ustedes [el PP]”.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ha afirmado que su grupo no ha recibido ni un WhatsApp ni una llamada de ningún partido o medio de comunicación para presionar el sentido de su voto. “Hay que intentar evitar que quien tiene el poder no pueda ejercerlo para buscar un mejor titular o campaña mediática”, ha reconocido Santos, que ha asegurado que los medios nacionales vivirán “genial” con la nueva Ley, mientras que podría ser lesiva para los pequeños. “He llamado a los medios cercanos, a los más pequeños, para preguntarles qué suponía para ellos esta modificación del 33%. Y todos me han dicho que es difícil subsistir. En un mundo ideal sería estupendo que los medios pudieran subsistir sin publicidad institucional. Pero forma parte de su negocio y de su subsistencia”, ha explicado. Si ustedes modifican posteriormente

Modificación posterior de la Ley

El representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha destacado cómo una iniciativa impulsada por uni solo procurador supondrá el fin de “décadas de compra de medios”. “Si [la Ley] tiene fallos, se van a remediar. Y si es necesario, se hará una reforma de esa enmienda para que quede claro que el 33% solo es de la Junta de Castilla y León”, ha agregado Fernández, que ha preguntado al PP por qué no ha querido aceptar la enmienda transaccional para mejorar la redacción de ese artículo.

El procurador 'popular' Raúl Hernández ha calificado esta modificación legislativa de “chapuza” y un “bodrio legislativo” y ha insistido en que la oposición podía retirar la Ley en lugar de modificar esta norma dentro de unos meses, como pretende el PSOE. “Ustedes [a la oposición] decían que se dilataban los plazos porque iba a detonar la legislatura. Según ustedes había que correr porque se acababa la legislatura”, ha reprochado el 'popular', que ha criticado que la oposición haya “corrido” para “aprobar una Ley sin leerla”, puesto que no solo afecta a la publicidad institucional del Ejecutivo autonómico, sino también a los Ayuntamientos, consorcios y fundaciones.

Hernández ha recriminado también al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, que forzara la convocatoria de la Comisión de Presidencia para agilizar la tramitación, que necesitó seis meses para iniciar su tramitación después de entrar en las Cortes. “Estamos abiertos al diálogo y a la mejora de la Ley, pero no a participar en una auténtica chapuza legislativa”, ha zanjado.

Rechazo del Colegio de Periodistas

“Toda la Ley ha girado en torno a dos enmiendas que presentó Vox: la del 33% y la de controlar a dos empresas privadas que tienen una subvención pública para emitir una señal como televisión autonómica”, se ha jactado después del debate el portavoz de Vox, David Hierro, que ha apostado por hacer cambios similares en el resto de España.

El Colegio de Periodistas ha rechazado esta norma porque, argumenta, no se ha hablado con el sector. El Colegio de Periodistas convocó la semana pasada una reunión con los grupos parlamentarios y directivos mediáticos. Una cita cuyo inicio fue bronco, lleno de reproches mutuos entre el decano del Colegio y los representantes socialistas y Francisco Igea. Finalmente, el PSOE e Igea accedieron a modificar uno de los puntos concretos —el que limita la publicidad institucional al 33%—, con la oposición del PP, que se ha negado a arreglar este “desaguisado”.

La iniciativa partió de una Proposición de Ley de un artículo de Unidas Podemos sobre restringir la financiación de la Junta de Castilla y León a los medios que hubieran sido condenados por difundir bulos, y ha acabado con 17 modificaciones pactadas entre PSOE y Vox, básicamente.

La nueva norma prohibirá, además, la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad con medios que hayan sido condenados en sentencia firme dos veces en tres años —o tres veces o más en cinco años— a rectificar informaciones inexactas por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen o por delitos de odio en dos casos: si el medio ha sido condenado o si la condena ha recaído en uno de sus trabajadores o colaboradores en relación con ese medio. La Junta de Castilla y León tampoco podrá contratar publicidad institucional directa o indirectamente con estos medios, a través de ninguna de sus consejerías o entes dependientes.

El procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha comunicado a la Fiscalía la aprobación en Consejo de Gobierno de la subvención de la Junta a RTVCyL —en manos de los empresarios Méndez Pozo y Ulibarri— y su aumento de dos millones de euros respecto a la anterior partida, situación que se produce con los presupuestos de la comunidad prorrogados. Esto significa que el Ejecutivo autonómico debe destinar las mismas cantidades económicas al no disponer de unas nuevas cuentas.

Igea ya había puesto en conocimiento de la Fiscalía anteriormente un posible delito de malversación, prevaricación administrativa o desvío de subvenciones públicas de la Junta por la aprobación de la financiación de RTVCyL por otros dos años más. Según el exvicepresidente de la Junta, este presunto delito se debe a que se condicionó el incremento de la financiación pública a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

Durante la sesión de control del Pleno de las Cortes, Igea ha avanzado que amplía su denuncia ante Fiscalía, esta vez por la aprobación en el Consejo de Gobierno del 19 de julio de la subvención de 48 millones de euros para RTVCyL. Igea ha explicado que la Junta convocó “a todo correr” la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y “condicionó” la subvención a que “se aprobara el acuerdo sindical”.

Igea ha señalado que este miércoles esta comunidad “tiene la oportunidad de acabar con esta forma de actuar”. El Pleno de las Cortes debatirá y aprobará, si toda la oposición cumple con el acuerdo, la reforma de la Ley de Publicidad Institucional. La Junta y el Partido Popular han hablado de “censura” y votarán en contra de esta reforma.

El procurador del Grupo Mixto ha cuestionado el proceder del Ejecutivo, la aprobación previa de la subvención a la televisión pública y los millones destinados durante más de quince años. “Hasta dónde van a llegar para pagar los favores que deben, para pagar a los señores condenados por ayudarles. 236 millones de euros para una audiencia de un 1%”, ha relatado Igea.

Por su parte, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que presentó la reforma de la Ley de Publicidad Institucional, ha calificado de “mafia” a la Junta de Castilla y León y su “comportamiento” en los últimos días. Fernández ha señalado que desde el Ejecutivo “han llamado” a diversos medios de comunicación para “presionarles” y que no salga adelante esta reforma. “Son ustedes una mafia”, ha añadido.

“Han regalado 48 millones de euros de dinero público a una televisión privada, ‘telemañueco’, RTVCyL”, ha recordado Fernández que, además, ha vaticinado que no le “extrañaría” que “intentaran comprar algún procurador antes de la votación del miércoles para que no se apruebe”. El Pleno de las Cortes debatirá en la sesión de este miércoles por la mañana la reforma de la Ley de Publicidad Institucional tras acordarse en comisión el texto final.

En los mismos términos se ha expresado la procuradora del PSOE Nuria Rubio que ha calificado de “intento claro y organizado de la Junta y el PP de amordazar a quien les critica”. Rubio ha afirmado que tienen “constancia” de llamadas realizadas a medios de comunicación “para amedrentarles y que ejerzan presión para que no se apruebe la reforma”. “Han puesto toda la maquinaria del fango a funcionar, quieren controlar la publicidad institucional porque creen que esto es su cortijo”, ha aseverado Rubio.

Mañueco defiende “la ley de prensa y la libertad de expresión”

En un aperitivo del debate que se vivirá durante el miércoles, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que en la comunidad “se respeta la ley de prensa y la libertad de expresión” y, al tiempo, ha cargado contra Pedro Sánchez

Fernández Mañueco también ha cuestionado los acuerdos alcanzados por el resto de grupos parlamentarios para la reforma de la ley y ha señalado al portavoz de Vox, David Hierro, y al procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, de “haber agarrado la mano del PSOE y ser su socio”.

El portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, ha ido más allá y ha pedido al PSOE y a Vox que “renuncien” a reformar la ley de publicidad institucional. “Les pido que renuncien a su intención de recortar la libertad de expresión. Renuncien y rectifiquen”, ha pedido Fernández Carriedo.