Suecia enviará a sus presos a una cárcel fuera del país como solución para hacer frente al estado de colapso en el que se encuentra su sistema penitenciario. La medida ha sido criticada tanto por organizaciones por los derechos humanos como por los sindicatos, que temen la pérdida de derechos de los encarcelados y de un cambio en el sistema de políticas penitenciarias, alejándose del objetivo de rehabilitar a los presos.

El Gobierno de centroderecha de Suecia ya ha llegado a un acuerdo con Estonia para alquilar 600 plazas en una prisión al este del país báltico. Los presos trasladados serán mayores de 18 años de nacionalidad sueca o extranjera, y la condición para poder ser deportados es que no hayan sido condenados por delitos que impliquen una amenaza para la seguridad nacional, como el terrorismo.

Según el ministro de Justicia de Suecia, Gunnar Strömmer, el coste del transporte de los presos no supondrá un problema para los presupuestos públicos. El Gobierno lo presenta como ahorro ya que asegura que pagará unos 8.500 euros al mes por cada prisionero, mientras que el coste medio de mantener un preso en Suecia es de 11.500.

Prisiones al límite

La situación límite que se vive en los centros penitenciarios ha empujado la decisión del Gobierno de externalizar las plazas de prisión al extranjero. Ahora mismo, la tasa media de ocupación en los centros penitenciarios es del 141%, lo que provoca tensiones y graves incidentes en algunos centros.

Entre las causas de esta sobrepoblación está el auge del crimen organizado y el endurecimiento de la legislación penal que está llevando a cabo el Gobierno del país nórdico para luchar contra la violencia de las pandillas. En 2023, los tribunales de Suecia dictaron condenas de prisión que sumaban entre todas las sentencias 200.000 meses, casi un 25% más que en el año anterior y el doble que hace 10 años.

Además, el Gobierno del primer ministro Ulf Kristersson, que recibe el apoyo de la formación de ultraderecha, Demócratas de Suecia, tiene previsto reducir la edad penal por delitos graves de los 15 a los 14 años como medida para acabar con el reclutamiento de adolescentes en las pandillas. El Ejecutivo ya ha dicho que modificará la legislación para introducir penas de cárcel de hasta 10 años para los menores de edad, que hasta ahora cumplen sus condenas en centros de acogida juveniles con penas que pueden ser, como máximo, de cuatro años.

Con este plan de reformas jurídicas, los Servicios Penitenciarios predicen que en los próximos 10 años la población de reclusos en el país será de 35.000 personas, en comparación a las 6.000 que hay actualmente. El país nórdico también tiene previsto ampliar sus centros penitenciarios con 18.000 plazas extras que estarán disponibles en 2033, una reforma que aún se quedará corta según las propias predicciones de las autoridades penitenciarias.

Falta el voto en el parlamento

Con el acuerdo firmado entre los gobiernos de Estocolmo y Tallin, ahora falta que la iniciativa sea aprobada en el Parlamento de Suecia por una mayoría de dos tercios. En la votación, el Gobierno de centro-derecha necesitará el apoyo del Partido Socialdemócrata, que representa la formación con más diputados en el Riksdag.

Por ahora, los socialistas no han vetado el plan, pero se muestran escépticos en cuanto a la “externalización de la autoridad fuera de Suecia”, por lo que “existen muchas dudas y preguntas en torno a la legislación del acuerdo que se tendrán que resolver antes de que el partido pueda tomar una decisión”, según la portavoz de asuntos jurídicos del grupo parlamentario, Teresa Carvalho.

Para el Gobierno, el traslado de presos a Estonia es posible gracias a que la legislación penitenciaria entre los dos países de la Unión Europea es similar. También se ha acordado que el personal que gestionará la prisión de Tartu será estonio, aunque se ha especificado que podrá hablar inglés y los reclusos podrán acceder a traductores e intérpretes. El Ministerio de Justicia también asegura que las condiciones en las celdas serán similares a las de Suecia, aunque las visitas de los abogados y las familias de los presos tendrán que pagar por su cuenta el viaje hasta Estonia.

Prisioneros aún más aislados

Quiénes sí que se han manifestado en contra de la medida son los sindicatos de los trabajadores de prisiones que, a la vez, dicen estar cansados de alertar sobre el empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento del riesgo en su trabajo debido a la masificación de las cárceles.

El sindicato Seko dijo que el plan del Gobierno es “indecente”, por poner en peligro los derechos de los reclusos en cuanto a las limitaciones en el régimen de visitas, las barreras lingüísticas que pueden surgir, y los permisos de los prisioneros: “No puedo ver que la iniciativa conduzca a nada bueno”, dijo una portavoz, Gabriella Lavecchia.

Por otra parte, para la organización Civil Rights Defenders, se corre el riesgo de que “cuando una persona privada de libertad sea colocada fuera del país, quedará aún más aislada de su contexto”.

Según el profesor y jurista en la Universidad de Uppsala, Bo Wennström, la medida “confirma un cambio en el sistema penitenciario que empezó hace años, alejándose del modelo del excepcionalismo sueco, que se basaba en una tasa de detención baja y cárceles más humanas”. Wennström cree que la deportación de 600 presos a Estonia tiene un objetivo político muy concreto, teniendo en cuenta que en un año habrá elecciones generales en el país: “Es un mensaje a la sociedad para decir que el Gobierno es duro contra la delincuencia y actúa”, dice el profesor.

El experto también admite que la propuesta plantea aún muchas dudas jurídicas: “Trasladar a los presos puede conllevar muchos problemas, en primer lugar, es caro, y después está el problema de la jurisdicción, ¿Quién se hará responsable si pasa algo a un preso sueco en suelo de Estonia? ¿Será la prisión una zona libre de Suecia en el extranjero? Tengo muchas dudas”, dice. Sin embargo, a pesar de los interrogantes planteados por Wennström, el profesor también subraya que la reforma del sistema penitenciario en Suecia es necesaria: “No estoy en contra de las prisiones, ni de este cambio, tenemos que hacer algo contra la criminalidad”.

Siete miembros de los Dominican Don't Play, una violenta pandilla callejera, han sido detenidos y vinculados al tiroteo que hubo en una pizzería de Madrid el pasado mes de julio. La Policía Nacional ha capturado a seis hombres y una mujer, pertenecientes al coro de Embajadores, una de las subdivisiones más conocidas dentro de la banda. Entre ellos había tres menores de edad, y también se encontraba el jefe del grupo junto a uno de sus lugartenientes conocido como el “ministro de guerra”, según han informado los agentes en un comunicado.

El tiroteo en cuestión ocurrió a principios de julio y el objetivo fueron varios miembros de Los Trinitarios, otra pandilla enfrentada a los Dominican Don't Play. En ese momento hubo un detenido de esta segunda banda, que además era menor de edad, por lo que pronto se identificó quiénes estaban detrás. Los disparos tuvieron lugar en un negocio de pizzas en el número 65 paseo de Delicias, en el distrito madrileño de Arganzuela.

Por aquel entonces y tras la detención de uno de los implicados, la Policía Nacional informó de el agresor disparó a los tres jóvenes de la banda rival por encontrarse fuera de su zona, por lo que pareció ser un ajuste de cuentas. Se inició un martes por la noche, a mitad del verano. Al menos se le imputó un delito de lesiones con arma de fuego.

Fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Ahora, una exhaustiva investigación ha llevado meses después a dar con otros sospechosos de participar en el suceso, tal y como avanza la Policía Nacional en un comunicado.

Varias armas de grandes dimensiones y estupefacientes

En dos días se han llevado a cabo seis entradas y registros en distintas zonas de la Comunidad de Madrid. En estas inspecciones se han intervenido dos machetes de grandes dimensiones, munición para armas largas y cortas de fuego, indumentaria utilizada habitualmente por este grupo como bandanas, pulseras y ropa, tres pasamontañas, varios terminales telefónicos, unos grilletes metálicos, un patinete eléctrico, una balanza de precisión electrónica y más de 300 gramos de sustancias estupefacientes.

Tras las detenciones y los registros efectuados se localizó en una plaza del distrito Centro un macetero que escondía bajo tierra dos armas blancas de grandes dimensiones con cinta americana colocada por fuera para su rápida extracción y un cartucho de arma larga. Los detenidos son presuntos responsables de varios delitos: el de homicidio en grado de tentativa y el de pertenencia a organización criminal.

La Policía informa de que estas siete personas ya han pasado a disposición judicial y se ha decretado el ingreso en prisión de los mayores de edad, así como el internamiento de los menores en régimen cerrado. La mujer, en cambio, ha quedado en libertad con medidas judiciales, pero no ha llegado a detallarse la razón.

En torno a 3.000 niños han sido víctimas de las detenciones masivas en El Salvador desde que el presidente Nayib Bukele inició hace dos años su ofensiva contra las pandillas, según un informe de Human Rights Watch. Entre ellos, hay niños de tan solo 12 años.

El informe de la ONG de derechos humanos se basa en una revisión de los expedientes y en casi 100 entrevistas a víctimas, policías y autoridades. En él, documenta la detención arbitraria de los niños y unos malos tratos que, en algunos casos, alcanzan la categoría de tortura.

Desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022, las fuerzas de seguridad de El Salvador han detenido a más de 80.000 personas en redadas en barrios controlados por las pandillas y asolados por la violencia.

Dos bandas dominaban El Salvador desde la década de los 90: la Barrio 18 y la MS13. En un país de seis millones de habitantes, las pandillas sumaban un total de 60.000 miembros en 2015. Extorsionaban a la mayoría de los negocios y la tasa anual de homicidios llegaba a 103 por cada 100.000 habitantes.

Bukele ha metido entre rejas a más del 1% de la población, transformando el que era uno de los países más violentos de América Latina en uno de los más seguros. Según los datos oficiales, la tasa anual de homicidios cayó en 2023 hasta 2,4 por cada 100.000 habitantes.

Pero las organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, y una vulneración generalizada de los procesos legales.

Sin vínculos con las pandillas

La investigación de Human Rights Watch (HRW) demuestra que muchos de los menores detenidos en esta ofensiva no tienen relación aparente con las pandillas ni con actividades criminales. En prisión, los menores sufren hacinamiento, mala alimentación, y una atención médica deficiente. También les niegan el acceso a abogados y a sus familiares.

En algunos casos, hubo niños recluidos junto a adultos durante sus primeros días de detención. Después los trasladaron a centros superpoblados de menores, descritos en el informe como “entornos peligrosos y deshumanizantes que no priorizan el bienestar y la reintegración de los niños”.

Más de 1.000 menores han sido condenados a penas de entre dos y 12 años de cárcel, a menudo con testimonios policiales no corroborados y por cargos amplios como la de asociación ilícita.

Muchos de los menores fueron coaccionados para que confesaran su pertenencia a las bandas con una combinación de malos tratos y de acuerdos abusivos.

Revisar los casos

El informe de HRW pide al Gobierno de El Salvador que revise los casos de las personas detenidas durante el estado de excepción, priorizando los de niños y de personas vulnerables.

La ONG también pide a los gobiernos de otros países, y a las instituciones financieras internacionales, que se abstengan de aprobar préstamos que beneficien a organismos directamente implicados en el abuso, como las fuerzas de seguridad, el sistema carcelario, y la oficina del fiscal general.

“La dureza con que el gobierno va contra los niños aumenta el riesgo de perpetuar el ciclo de violencia en El Salvador”, dice Juanita Goebertus Estrada, directora de Human Rights Watch para las Américas. “Los gobiernos extranjeros deben pedir al gobierno que termine con las violaciones de los derechos humanos y proteja la vida y el futuro de los niños”.

Pese a los bien documentados casos de abusos contra los derechos humanos durante la represión, la mejora en la seguridad ha contribuido a hacer de Bukele uno de los presidentes más populares de la región.

La Constitución de El Salvador prohíbe un segundo mandato consecutivo a los presidentes, pero los nuevos magistrados colocados en el Tribunal Constitucional por Bukele dictaminaron que podría presentarse de nuevo. La ventaja que sacó en febrero durante su segunda elección fue de tal calibre que El Salvador está a punto de convertirse en un país de partido único.

Traducción de Francisco de Zárate

Nayib Bukele ha ganado las elecciones presidenciales de este domingo en El Salvador con gran apoyo popular a pesar de que la Constitución de su país le prohíbe presentarse a la reelección. La pacificación de las calles tras décadas de violencia extrema por culpa de las pandillas, unido a sus fórmulas populistas de nuevo cuño, han convencido a la población de que los derechos de la democracia son incompatibles con la eficiencia. 

Hablamos con Silvia Viñas, periodista y coautora de ‘Bukele, el señor de Los Sueños’, un podcast de seis episodios que puede escucharse en el canal Central, de Radio Ambulante, para entender mejor quién es Nayib Bukele y cómo ha conseguido llegar a donde está hoy con el apoyo masivo de gran parte de la población de El Salvador. 

Fe de errores: En el episodio se dice por error que la primera ola de violencia en El Salvador bajo el primer mandato de Nayib Bukele fue a finales de 2020, cuando estos sucesos ocurrieron en abril de 2020.

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El Salvador acude a las urnas este domingo para decidir quién será su próximo presidente, que ocupará el cargo durante cinco años. Sin embargo, no se esperan grandes sorpresas.

En las papeletas de votación habrá seis rostros, pero hay uno que despunta en las encuestas de intención de voto como claro ganador: Nayib Bukele, el actual presidente, que busca la reelección con su partido Nuevas Ideas sorteando la prohibición constitucional. Junto a él aparecerán Joel Sánchez (Alianza Republicana Nacionalista, Arena), Manuel Flores (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN), José Renderos (Fuerza Solidaria), Luis Parada (Nuestro Tiempo) y Marina Murillo (Fraternidad Patriótica Salvadoreña).

La ley en El Salvador establece un único mandato presidencial. No contempla la reelección. No obstante, después de destituir a magistrados e imponer un tribunal constitucional a su medida, Nayib Bukele recibió el respaldo legal que necesitaba para poder presentarse a los nuevos comicios, convirtiéndose a sus 42 años en el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña en aventurarse a la reelección inmediata.

A pesar de esta argucia legal, del polémico régimen de excepción vigente desde hace casi dos años que no respeta los derechos humanos, de haberse hecho con el control absoluto de los tres poderes del Estado, de las acusaciones de corrupción y de los ataques a la prensa, Bukele continúa teniendo un apoyo indiscutible.

Según una encuesta elaborada a mediados de enero por Observa El Salvador 2024, no hay espacio para el sorpaso: Bukele se llevaría el 70,9% de los votos, lo que lo confirma como el presidente más popular de Latinoamérica. Los demás candidatos apenas superan el 2% de intención de voto. Ni los partidos tradicionales, como Arena y el FMLN, ni nuevas opciones políticas, como Nuestro Tiempo, parecen haber logrado convencer a la ciudadanía. Este mismo sondeo sitúa a la abstención y el voto nulo como segunda opción más votada, después de Bukele. Rondarían el 19,1%.

Hace unos meses, en junio de 2023, el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia realizó un estudio de opinión en el que el 75,6% de las personas dijeron que apoyarían la reelección inmediata del presidente.

Pocas luces para la oposición

Además de comicios presidenciales, El Salvador también celebrará este domingo elecciones a la Asamblea Legislativa, que se elige cada tres años. 

La Asamblea, hoy por hoy, cuenta con una holgada mayoría afín a Bukele. De los 84 congresistas que conforman hasta ahora el hemiciclo, 56 pertenecen a Nuevas Ideas, el partido de gobierno. La nueva legislatura reducirá su número de diputados, tras una reforma ordenada por el presidente en junio de 2023 y respaldada por el propio Congreso. De 84 diputados se pasará a 60. 

La organización Acción Ciudadana hizo un cálculo de cómo quedaría el hemiciclo, tomando como referencia los resultados de las elecciones de 2021. De estos 60 diputados, 50 habrían sido de Nuevas Ideas. 

Las encuestas pintan un panorama más sombrío para la oposición en 2024. La Universidad Francisco Gavidia pronostica que después de las elecciones de este domingo, el bloque de Nuevas Ideas contará con 57 de 60 diputados. Los otros tres escaños estarían repartidos entre Arena, con dos, y el Partido Demócrata Cristiano, con uno.

La reducción también se dejará ver, de una manera aún más drástica, en las alcaldías. De 262 municipios se pasará a 44. Esta eliminación se planteó, supuestamente, con un trasfondo económico: las alcaldías que no se pueden mantener sin el apoyo del Gobierno serán absorbidas por las que son sostenibles. Según un análisis realizado por El Faro, si en las anteriores elecciones hubiera habido 44 municipios en lugar de los 262 actuales, el partido de Bukele gobernaría en 32 de ellos. La oposición perdería más de la mitad de las alcaldías.

Respaldo popular

Los comicios salvadoreños se celebran en un escenario de represión. Hace casi dos años, el Gobierno de Bukele impuso un régimen de excepción que se ha ido prorrogando desde entonces y ha sido parte de su plan de seguridad para acabar con las pandillas. Aunque aparentemente ha logrado desarticularlas y la población nota el cambio, también ha implicado que se supriman las garantías constitucionales básicas y se ha traducido en violaciones a los derechos humanos.

Desde que se dictó el régimen de excepción se han detenido, al menos, a 75.000 personas, según el Gobierno. De estas, se cree que miles eran inocentes y solo fueron capturadas por su aspecto físico –por tener tatuajes, por ejemplo–, por mostrarse nerviosas ante la policía o a partir de denuncias anónimas. Organizaciones sociales han denunciado que decenas de presos han sido torturados y asesinados. La ONG humanitaria Cristosal registra 3.730 casos de personas con derechos “vulnerados” en este contexto, según ha informado a la Agencia EFE.

A pesar de estas denuncias, Bukele ha conseguido mantener una narrativa que la mayoría del electorado —hostigado por la violencia y las extorsiones— ha comprado: la defensa de que estas acciones son necesarias para lograr un país seguro y que, quien está en contra de ellas, no quiere esta prosperidad para El Salvador.

Wilson Sandoval, abogado y politólogo salvadoreño, define a Bukele como “un ilusionista a la perfección, que puede aflorar el nacionalismo a su máxima expresión”. “No es necesario hacer una tesis para ver que es alguien que repite los mismos pasos que indica el libreto latinoamericano de las dictaduras. Igual que Daniel Ortega: tomar todos los espacios de poder, las Cortes, el Congreso, las Fuerzas Armadas. En definitiva, destruir cualquier contrapeso”, dice a elDiario.es.

También en conversación con este medio, Juan Meléndez, director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en El Salvador, admite que el apoyo popular desmedido “es algo que cuesta entender”. Meléndez asegura que, aun con el dolor de saber que un familiar fue detenido injustamente o incluso asesinado, las personas respaldan el régimen de excepción y a Bukele. 

“Es un poco jugar con el miedo”, añade Álvaro Artiga, politólogo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). “Las personas hacen un balance. Se han visto beneficiadas por la medida: sienten más seguridad, no les están extorsionando, el dinero que daban a las pandillas lo usan para sus gastos.... El régimen de excepción tiene un costo, sí, pero no lo están pagando ellos”. 

Meléndez añade que la alternativa política “tampoco es efectiva”. “Ya no hay oposición”, dice. “No hay ningún político que haya generado esperanza: ninguno dice que quitaría el régimen de excepción porque le da miedo perder el apoyo popular”. El experto sostiene que las élites salvadoreñas también apoyan la medida. “Parece que quienes nos oponemos somos una clase media, de liderazgos sociales que cada vez se está perdiendo más y se está yendo del país”.

Durante la campaña apenas se ha hablado de otros temas: Bukele ha acaparado el espacio promocionando la controvertida medida y llamando al voto para no poner “en riesgo la guerra contra las pandillas”. “Este 4 de febrero debemos mantener los logros en seguridad”, dijo en un vídeo en redes sociales mientras ponía rumbo a una reelección casi asegurada.

Un líder que emprende una guerra total contra las pandillas. Una población que siente alivio por la reducción de la violencia y aplaude la mano dura. Y en el centro, más de 75.000 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, casos de malos tratos, torturas, desapariciones y muertes. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, buscará este domingo una más que previsible reelección sorteando la prohibición constitucional y cimentando su popularidad en el régimen de excepción que está vigente en el país desde marzo de 2022, con el que ha propinado un golpe rotundo a las maras sacrificando derechos a cambio de seguridad.

Miguel Montenegro encabeza la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, una de las organizaciones que han puesto la lupa sobre los abusos cometidos bajo la polémica medida que ha suspendido las garantías constitucionales. “Bukele sabe perfectamente que no tiene rival en la oposición”, dice en una entrevista con elDiario.es. “Pero no podrá sostener el régimen de excepción”, prosigue el activista, que ha visitado España en varias ocasiones, la última el pasado octubre con el apoyo de los Comités Óscar Romero del Estado español.

Montenegro, con décadas de activismo a sus espaldas tras sufrir en carne propia los horrores de la guerra civil de El Salvador –su familia fue perseguida por los escuadrones de la muerte, entre otras fuerzas, y varios parientes fueron capturados, torturados y asesinados–, alerta de que la victoria de Bukele puede “profundizar” el autoritarismo, con el “riesgo total de terminar con la democracia”.

El Salvador lleva casi dos años bajo un régimen de excepción al que las autoridades atribuyen la caída de homicidios. ¿Cuál ha sido la cara B?

Sin duda, hay muchas comunidades que se sienten liberadas de la acción de las pandillas porque el sometimiento durante años fue muy obvio, con secuestros, amenazas, extorsiones y desapariciones. Pero, al suspender las garantías constitucionales, se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Siempre hemos manifestado que la seguridad es un deber del Gobierno y un derecho del pueblo, pero no como se ha aplicado a través del régimen de excepción.

¿Por qué? 

Han capturado masivamente a personas, sobre todo en barrios y colonias que son criminalizados como barrios pobres, donde las pandillas actuaban. Han hecho cercos militares capturando a personas a mansalva, fueran responsables o no, por ser sospechosas. Hemos visto a jóvenes que han sido despojados de su ropa para determinar si tenían un tatuaje, ya fuera alusivo a las pandillas o no. Eran sospechosos por eso. 

El Gobierno creó un número telefónico para que la población denunciara y mucha gente se valió de eso para rencillas personales, por ejemplo, lo que llevó a que fueran capturadas personas que tenían sus panaderías o tiendas en los barrios. Muchos habitantes dicen que estuvieron sometidos al acoso de las pandillas y ahora también están sometidos a otro acoso por parte del Gobierno. Están entre la espada y la pared. Se han violentado sus derechos.

Al igual que en el conflicto armado se cometieron crímenes de lesa humanidad, hoy estamos volviendo a esos crímenes de lesa humanidad. El Gobierno no reconoce esta situación, pero los tratados internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma, dicen que la tortura puede ser un crimen de lesa humanidad y eso está sucediendo en las diferentes cárceles, sobre todo por parte de los agentes de seguridad. Se están utilizando golpizas. Personas que han salido en libertad narran cómo han sido sometidas a torturas, maltrato y a falta de atención médica: hay gente que ha estado en circunstancias de salud muy deplorables y muchas personas han fallecido sin atención urgente.

Muchas comunidades se sienten liberadas de la acción de las pandillas porque el sometimiento durante años fue muy obvio, con secuestros, amenazas, extorsiones y desapariciones

Muchas familias han denunciado desapariciones. Dicen que se llevaron a sus parientes y no dan información sobre dónde están o en qué circunstancias se encuentran. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos –encargada de hacer recomendaciones al Gobierno, que fue señalada de nepotismo hace tiempo– avala en sus informes el régimen de excepción y no da cuenta de las violaciones que se han estado cometiendo.  

¿Hay algún caso que recuerde especialmente?

Hemos documentado varios. Hay casos de personas que han pasado más de tres o cuatro meses en el penal y se ha comprobado que son inocentes. Han sido sometidas a maltrato y a torturas. Nosotros tenemos personas en Ahuachapán, en la zona occidental, que han narrado cómo les ha sucedido a sus familiares. Nos han contado también las golpizas y torturas. Por ejemplo, los sacan desde la mañana hasta la tarde, y están todo el día bajo el sol. Ese es un tipo de maltrato y tortura. Los golpean, les echan gases lacrimógenos… se dan varios hechos. 

Mucha gente tiene temor. Ya ha habido casos de personas liberadas a las que han vuelto a capturar nuevamente. Tanto los familiares como estas personas que han salido no han tenido una reparación moral ni económica, pese a que se comprobó que son inocentes, y han salido con miedo. Hay muchísimos casos que muestran el maltrato, la tortura y las condiciones infrahumanas que sufren estas personas. 

La represión ha traído todos estos atropellos, pero la población que sufría la violencia de las pandillas ha sentido un cambio. ¿Qué piensa de esta tensión?

La población estaba cansada de tanta situación de inseguridad. Los gobiernos anteriores venían con planes de combatir las pandillas, y al final negociaron con ellas. Este Gobierno ha ocultado esa información, aunque los medios de comunicación han investigado sus negociaciones con las pandillas. La población ha tenido un respiro de la inseguridad que se vivía en sus comunidades. Y tiene sentido. Las organizaciones de derechos humanos estamos de acuerdo con que se combata la inseguridad, pero también con que se den oportunidades, porque hay que recordar que hablamos de gente de escasos recursos económicos. La desigualdad económica es un gran problema, lleva a delinquir a muchas personas. No hay oportunidades.

Es una situación complicada, porque, por un lado, la población más sometida por las pandillas ha tenido un respiro, pero ahora otra gente dice que también se siente insegura por la actitud agresiva de las fuerzas armadas y la Policía. El Gobierno de Bukele dio luz verde para que ambas actuaran con toda libertad. En algunos casos, elementos de las fuerzas armadas y la Policía han amenazado a las comunidades, les han saqueado sus bienes. En otro caso, han violado a una niña de 13 años. Esto nos preocupa.

Al igual que en el conflicto armado se cometieron crímenes de lesa humanidad, hoy estamos volviendo a esos crímenes

El régimen de excepción no va a ser sostenible. Grupos de la ONU han señalado ya su cese, porque está ocasionando graves violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho recomendaciones. Debe acabar de una vez por todas lo más pronto posible. Hay datos que apuntan a que la aprobación de la población ha ido bajando: ve que es necesario, pero que tampoco se puede prolongar. El Gobierno ha explorado algunas formas para ver qué hace este año, pero ha habido un rumbo electoral. Como le da calificación, Bukele ha querido mantenerlo hasta las elecciones. ¿Y después? ¿Va a seguir con el régimen de excepción, va a buscar otras medidas para mantener su nivel de popularidad o va a perder aceptación? Buscará la manera, pero no sabemos cómo. 

De hecho, Bukele ha basado su campaña para las elecciones presidenciales en promocionar ese polémico régimen de excepción y parece que no tiene rival.

Los principales productos que vende Bukele siguen siendo la inseguridad y el combate a las pandillas, sin que importe la captura de muchas personas inocentes. Es su principal elemento de campaña electoral y lo catapultará este domingo.

Las circunstancias en las que ha vivido el pueblo salvadoreño, sumergido en la inseguridad, la violencia, la mentira y las falsas expectativas de los partidos políticos y los gobiernos de cambio, significan mucho para la población, que sigue creyendo en estas nuevas promesas. Sin embargo, el pueblo salvadoreño se está dando cuenta poco a poco de que cada día nos sumergimos más en la pobreza. Bukele no podrá sostener el régimen de excepción y con el tiempo se esclarecerán los procesos de negociación con los líderes de pandillas, lo que podría ocasionarle un problema.

Bukele sabe perfectamente que no tiene rival en la oposición, y su victoria es clara. Es consciente de que va a ganar las elecciones y todas las encuestas perfilan que será reelegido. Tristemente, los demás partidos no tienen un peso para poder competir con él y validan las elecciones al presentar candidatos, a pesar de que el presidente ha violado la Constitución al buscar nuevamente la reelección. Ganará y la oposición va a validar su triunfo. Los partidos de la oposición corren el riesgo de profundizar su crisis y decaimiento este 4 de febrero.

Bukele se presentó a las elecciones de 2019 como un líder transformador que venía a romper con los partidos que venían alternándose en el poder. ¿Cómo analiza su evolución? ¿Hablaría de una deriva autoritaria?

Sí. En El Salvador la hubo durante muchos años. Los acuerdos de paz permitieron dar un paso hacia adelante, construir democracia, pero la estamos perdiendo cada día más. No digo que hayamos perdido la democracia totalmente, es como decir que se pierde la esperanza. Con la llegada de Bukele muchos creímos que las cosas podían mejorar. Para algunos sí ha mejorado, pero la democracia se ha visto afectada gravemente. 

Desde el inicio, Bukele demostró un populismo total. Se sacó de la manga la política del bitcoin, a la que destinó 150 millones de dólares, y ha sido una de sus medidas más fracasadas. La aprobación del régimen de excepción, que justifica por las más de 80 muertes que se produjeron en dos días, ha tenido aceptación y, como no quiere perder diputados, ha mantenido su actitud, promocionándose con las redes sociales. Él mismo lo dijo: “Voy a gobernar con Twitter”.

Los partidos de la oposición corren el riesgo de profundizar su crisis

Destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general y desintegrar la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES), junto a otros hechos, son actitudes totalmente autoritarias de un Gobierno que no refleja una posición democrática.

Pese a que la Constitución no permite la reelección, se ha presentado como candidato y futuro ganador de las elecciones porque, según dice, el pueblo se lo pide. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde. 

Si se profundiza en esta forma de gobierno, hay un riesgo total de terminar con la democracia. Ojalá no se llegue a dar, sería muy lamentable que el pueblo salvadoreño viviera de nuevo lo que vivimos durante el conflicto armado.

¿Qué esperan (y les preocupa) del día después de las elecciones?

Sinceramente no esperamos ningún cambio que pueda favorecer la democracia, sino más bien que se valide su política actual y su arraigo, pasando por controlar totalmente todas las instituciones del Estado, lo que llevaría a ignorar las recomendaciones de instituciones internacionales en materia de derechos humanos, a intimidar a los medios de comunicación que cuestionan su Gobierno y a las organizaciones sociales o a ignorar a las víctimas del conflicto armado, que piden una ley de justicia transicional. 

No se han rendido cuentas por la corrupción y la crisis económica va a afectar gravemente al pueblo. Preocupa la falta de empleo y la canasta básica elevada. Aquí la población no ve mejoría y puede haber una reacción que va a ocasionar problemas muy serios a Bukele. Ojalá reaccione y pueda acomodar un nuevo sistema que le permita no caer en un enjuiciamiento. Pero él se ha enfermado de ego, se autodenomina cool.

¿Cómo está siendo su labor como sociedad civil y denunciar los abusos en este contexto?

La mayoría de las organizaciones somos conscientes de que debemos seguir haciendo un papel de verificación del desempeño de este Gobierno, porque la población está más inmersa en sus preocupaciones del día a día. Nosotros hemos solicitado una reunión con Bukele y también con algunas dependencias de su Gobierno, pero se nos ha negado esa posibilidad. Seguimos haciendo ese esfuerzo como sociedad civil, pero él no quiere escuchar. Ojalá esto pueda cambiar en un momento.

¿Temen que el alivio que siente la población sea algo temporal si no se abordan las causas estructurales de la violencia? 

Sí. El Gobierno de Bukele solo ha cortado el árbol, crecerá nuevamente porque no se ha combatido el problema realmente de raíz. A través de negociaciones, ha protegido a los líderes de las pandillas. Se ha combatido a sus bases. Por otro lado, los familiares de las pandillas siguen viviendo en los barrios y las colonias. ¿Qué oportunidades les da este Gobierno? Debería lanzar programas de atención psicosocial, buscar maneras de salir de esa miseria. Hasta el momento, no lo está haciendo.

Si se profundiza en esta forma de gobierno, hay un riesgo total de terminar con la democracia

Hay que buscar una política de erradicación del problema de raíz: educación, formación, oportunidades de trabajo, desarrollo comunitario y también dar oportunidades en los centros penales. No se trata de criminalizar totalmente y hundir a todas estas personas, porque eso lleva a un resentimiento. Se ha comprobado que más de 7.000 personas son inocentes y han sufrido la criminalización por parte del Estado. Los centros penales deben ser centros de readaptación, con programas psicosociales. 

¿Qué efecto ha tenido la represión de las pandillas en los flujos migratorios de personas que marchan hacia el norte, principalmente EEUU?

Antes, la gente salía por la inseguridad, pero también por la falta de trabajo y oportunidades. Pero ahora mucha gente está saliendo también del país por el propio régimen de excepción, porque muchos creen que van a ser detenidos, sobre todo jóvenes que están huyendo del país. Antes era la inseguridad por las pandillas y hoy la inseguridad por parte del Estado. La pobreza y esta política de Bukele hacen que muchos salvadoreños emigren sobre todo hacia EEUU sin que les importen las condiciones o los riesgos.

Alertaba de la posibilidad de que El Salvador vuelva a vivir lo que vivió durante la guerra en la década de los 80, de la que usted fue víctima. ¿A qué se refiere?

En los 12 años de conflicto armado se cometieron graves violaciones a los derechos humanos porque no había democracia. Pero en 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz, se instaló una Comisión de la Verdad que recomendó cuestiones de justicia, verdad y reparación moral para no repetir los hechos que se vivieron. Vimos un nuevo amanecer de democracia, y eso consistía en el fortalecimiento del sistema de justicia para combatir la impunidad y la corrupción en nuestro país, de la Procuraduría y el nacimiento de una nueva Policía Nacional Civil respetuosa con los derechos humanos. El gran problema es que no hubo reparación y no se fortaleció este sistema de justicia. 

Esa situación se está volviendo a repetir nuevamente y puede ser peor, o mejorar. Nosotros esperamos que mejore y que este Gobierno recapacite, porque a partir de 2020, empezó a demostrar una actitud antidemocrática, propia de un gobierno dictatorial: ha tomado totalmente el control de todas las instituciones, no hay un contrapeso que contrarreste su política, la Policía tiene una actitud represiva y las calles están militarizadas en todo el país.

Una señora me dijo: “Yo viví la guerra y ahora la guerra nos está volviendo a golpear. Se llevaron a mi hijo y a mi esposo, los han maltratado. En vez de mejorar, estamos empeorando”. El no haber fortalecido un sistema de justicia que combata la impunidad y la corrupción ha dado luz verde para que un Gobierno populista como el de Bukele llegue a tener todo el control.

La oleada de crímenes perpetrados por organizaciones delictivas la semana pasada en Ecuador, cuya máxima representación fue el asalto a un canal de televisión en directo, ha atraído la atención internacional sobre una crisis de seguridad que lleva años gestándose. Ecuador se ha convertido en uno de los países más sangrientos de la región más homicida del mundo. La tasa de asesinatos en el país de América del Sur ha pasado de cinco por cada 100.000 habitantes en 2017 a 46 por cada 100.000 en 2023.

Los estados de excepción, que establecen toques de queda y permiten la presencia de militares en las cárceles, han sido frecuentes en Ecuador en los últimos años. Su presidente, Daniel Noboa, introdujo la semana pasada una innovadora medida al declarar, sin precedentes, el estado de “conflicto armado interno”. En declaraciones al diario Washington Post, el subdirector para la región de las Américas de la ONG Human Rights Watch, Juan Pappier, ha señalado que, al aplicar las leyes de la guerra a los delincuentes organizados como si fueran terroristas o insurgentes, la medida podría vulnerar el derecho internacional. Algunos comentaristas y críticos han señalado la falta de una estrategia de salida clara por parte del gobierno.

Hasta ahora, según cifras del gobierno, más de 1.100 personas han sido detenidas en virtud del estado de excepción y cinco presuntos “terroristas” han muerto a manos de las fuerzas de seguridad. Las autoridades se están movilizando para retomar el control de las prisiones del país, que durante mucho tiempo han estado controladas en gran medida por organizaciones criminales. En una entrevista concedida el viernes en exclusiva a la BBC, Noboa afirmó que la mano dura es la única forma de evitar que Ecuador se convierta en un “narcoestado”.

Noboa, un outsider que se inspira en Bukele

Noboa, que obtuvo una sorprendente victoria en las elecciones anticipadas del año pasado, es un outsider político al que solo le quedan 18 meses de gobierno antes de las próximas elecciones de 2025. Tiene todos los motivos para impulsar soluciones rápidas, independientemente de su sostenibilidad. Y los ecuatorianos de todo el espectro político se han unido por la amenaza existencial de las organizaciones criminales organizadas, por lo que por ahora muchos parecen respaldar su promesa de recuperar el control a cualquier precio.

La represión militar de Ecuador podría sentar un nuevo precedente en una región en la que las preocupaciones por la seguridad parecen eclipsar cada vez más los compromisos con los principios democráticos. Los sistemas políticos de América Latina se encuentran en medio de lo que la ONG Latinobarómetro ha descrito como una “recesión democrática”, ya que los votantes sienten cada vez más indiferencia por el tipo de régimen que les gobierna, con menos apoyo a la democracia y más actitudes favorables al autoritarismo. Los crecientes problemas de seguridad son un factor significativo en el creciente desapego de América Latina con la democracia. Sencillamente, los gobiernos de la región no han conseguido dar una respuesta eficaz al crimen organizado, responsable en última instancia de gran parte de los asesinatos en América Latina.

El enfoque de Noboa en Ecuador parece inspirado en parte por la férrea represión llevada a cabo por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las bandas de ese país. La, tal vez, exitosa represión con “mano dura” de las bandas callejeras por parte de este líder salvadoreño tan popular le ha convertido en una figura muy admirada entre los políticos latinoamericanos, que esperan conseguir algo de su chispa promulgando sus propias medidas punitivas. De hecho, a principios de este mes, Noboa hizo referencia a la megaprisión que ha construido Bukele, con capacidad para albergar hasta a 40.000 prisioneros según el gobierno, al prometer que construiría la suya propia.

Lo que Noboa haga a continuación podría tener profundas implicaciones para las políticas de seguridad de toda América Latina. Hasta ahora, el enfoque de Bukele ha suscitado mucho debate e interés, pero ningún país ha decidido emularlo.

La estrategia de “mano dura” puede ser tentadora, pero incluso más allá de las preocupaciones sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que forman la columna vertebral de la política, el modelo de Bukele no es exportable. Por un lado, la relativa pobreza de las bandas callejeras de El Salvador les impide organizar una respuesta militarizada a la represión. Los grupos criminales de Ecuador, por el contrario, tienen vínculos con carteles transnacionales, son más ricos gracias al tráfico de cocaína y están mucho mejor armados.

Además, según Noah Bullock, director de la organización de derechos humanos Cristosal, las políticas de seguridad de Bukele han creado un “gulag tropical”. No hay que subestimar el riesgo de autoritarismo progresivo. La campaña de detenciones masivas de Bukele forma parte de un paquete más amplio que incluye negociaciones secretas con los líderes de las bandas, el control del poder legislativo y judicial, y un patrón previo de detenciones arbitrarias bajo los confinamientos durante la pandemia de COVID-19. El modelo de El Salvador es “un sistema represivo en el que el Estado puede hacer lo que quiera con quien quiera”, escribe Bullock. Y las políticas se han convertido cada vez más en una represión de la disidencia.

La experiencia de los recientes estados de excepción en el propio Ecuador, así como los de Honduras bajo Xiomara Castro, sugieren que el enfoque de Bukele no aborda los problemas subyacentes. Y sus costes para la democracia y la sociedad son evidentes. Los expertos subrayan además que los enfoques militarizados no han funcionado en el pasado en América Latina, y tienden a empeorar la espiral de violencia. De hecho, la oleada de terror coordinado de esta semana fue aparentemente una respuesta a los esfuerzos de Noboa y del fiscal general por reprimir a las bandas y a sus colaboradores.

Sin embargo, estos detalles no atenuarán el atractivo central de las políticas de seguridad militarizadas en una región en la que los fracasos de la seguridad pública han empujado la conversación hacia un realismo brutal. El debate regional es si el “método Bukele” funciona o no, más que su dependencia de la detención arbitraria y, como han denunciado varios informes de ONG, de la tortura. Los derechos humanos han quedado relegados a un segundo plano.

Es comprensible que los derechos humanos sean una preocupación intangible para las personas asediadas por grupos criminales. Si lo más probable es que te mate una bala perdida o que te secuestre un grupo criminal, el debido proceso no es convincente. Pero los líderes democráticos no pueden eludir su responsabilidad de defender estos derechos.

En la medida en que Noboa pueda doblegar la violencia en Ecuador con una respuesta militarizada, incluso si es sólo una ganancia a corto plazo, consolidará su candidatura a la reelección y se sumará a un desencanto regional con los derechos humanos como límite duro de la política. El argumento en contra no es muy alentador: tanto si el enfoque triunfa como si fracasa, en cualquier caso sólo significará más violencia.

*Jordana Timerman es una periodista radicada en Buenos Aires que edita el Boletín Diario de América Latina.

Traducción de Emma Reverter.

Septiembre ha sido un mes fatídico en Suecia por la cifra de muertos por armas de fuego y explosiones. Las últimas tres muertes ocurrieron en menos de 12 horas, entre la tarde y la noche del 27 de setiembre.

El primer asesinato tuvo lugar en un campo de fútbol de un barrio del sur de Estocolmo, que a las seis de la tarde se encontraba lleno de familias recogiendo a los niños después del entreno. Todo el mundo presenció el tiroteo en el que murió un joven de 18 años relacionado con el entorno de las pandillas. Unas horas después, la Policía de Estocolmo recibió el aviso de un nuevo tiroteo en otra zona del sur de la capital en el que murió un hombre de 30 años, también relacionado con las pandillas.

La tercera muerte de la noche fue tras la explosión en una casa en un suburbio de la ciudad de Uppsala. En este caso, la Policía sueca cree que la víctima, una mujer de 25 años que murió mientras estaba en la cama, era inocente. Se sospecha que los sicarios se equivocaron y que, en realidad, el explosivo que dañó cinco casas iba dirigido contra la vivienda de al lado, donde vive un miembro de otra pandilla.

Récord de muertes

La espiral de violencia que vive el país escandinavo en el último mes ha dejado un total de 12 víctimas mortales. Esta cifra es excepcional incluso para Suecia, que en los últimos años lidera el ranking de delitos con violencia armada en la Unión Europea. El 2022 fue un año de récord en el país con 391 tiroteos relacionados con las pandillas, que provocaron 63 fallecidos. Este año ya se han producido 44 muertes y la Policía ha registrado una media de un tiroteo no mortal al día.

La violencia sin precedentes también ha llevado al Gobierno sueco a tomar medidas. En un discurso televisado el pasado jueves el primer ministro, Ulf Kristersson, anunció que las fuerzas armadas ayudarán a la Policía en la lucha contra los grupos criminales. “Cada vez más niños y personas inocentes se ven afectadas por la violencia grave. Suecia no ha visto nada como esto antes”, dijo Kristersson para justificar la propuesta.

En su discurso, el primer ministro conservador añadió que “son tiempos difíciles para Suecia” y culpó a la “ingenuidad política” y a la “integración fallida” de haber provocado una situación que el país nórdico lleva arrastrando desde hace años.

Los líderes de las pandillas

Según las autoridades y los criminólogos, detrás de la espiral de violencia del último mes se encuentra una guerra abierta entre pandillas por el control del narcotráfico, principalmente de cocaína y hachís. En concreto, todas las miradas apuntan a un hombre: Rawa Majid, líder de la banda Foxtrot.

Majid nació en Suecia en una familia proveniente de Irak y en su historial consta una extensa lista de delitos por tráfico de drogas y por planificar asesinatos. Actualmente, Majid se encuentra escondido en Turquía y, pese a que Suecia pidió su extradición, el líder de la banda también tiene nacionalidad turca, por lo que no puede ser enviado y juzgado en el país nórdico. Se especula que desde Turquía Majid lleva dirigiendo la banda Foxtrot desde el 2018, en su lucha por hacerse con el control del mercado de las drogas en las ciudades de Estocolmo y Uppsala.

La Policía cree que su mayor rival es Mikael Tenezos (24 años), apodado “el griego”, pero las autoridades también apuntan a que la escalada de violencia de los últimos meses coincide con una guerra abierta entre Majid y un desertor de su banda apodado “Jordgubben” (la fresa).

Según las fuerzas policiales, actualmente hay 30.000 personas conectadas con las pandillas y se calcula que cada día se reclutan tres miembros más, muchos de ellos hombres muy jóvenes o menores de edad. En el mes de agosto, la opinión pública se estremeció por el caso de Milo (13 años), encontrado torturado y asesinado en un bosque a las afueras de Estocolmo. El caso puso en evidencia que la mayoría de víctimas en esta guerra de pandillas tienen entre 15 y 29 años.

¿Ha fallado la integración?

Los criminólogos señalan que una de las causas por las que la Policía tiene tantas dificultades para detener a los principales actores que perpetúan la violencia es el hecho de que “las pandillas no tienen una organización ni una jerarquía clara y están formadas por individuos muy jóvenes”, explica a elDiario.es Ardavan Khoshnood, investigador en criminología de la Universidad de Lund.

Según el experto, este hecho favorece la aparición de escisiones en las pandillas, lo que alimenta las disputas y la espiral de crímenes vengativos entre grupos. Otro factor es la impunidad de estos crímenes y unas leyes que, hasta ahora, habían sido laxas frente a este fenómeno.

Prueba de ello, señala Khoshnood, es que solamente el 25% de los casos relacionados con delitos de armas que terminan en los tribunales acaban con una sentencia condenatoria. El control del mercado negro de armas es otro de los objetivos en los que la Policía concentra sus esfuerzos, ya que las autoridades han incautado auténticos arsenales militares, incluidos rifles semiautomáticos de todo tipo y pistolas. “Estas armas llegan de forma clandestina desde la República Checa, Rumanía y los Balcanes a través de Alemania y Dinamarca y en Suecia tienen una demanda enorme”, apunta Khoshnood.

En los últimos seis años, Suecia ha desplegado 3.300 policías más en las calles y, desde la llegada del nuevo Gobierno conservador, se debate cómo implementar medidas punitivas más duras contra las pandillas, como la creación de centros penitenciarios para menores de 15 a 17 años o la imposición de penas dobles para los delitos con armas de fuego.

Sin embargo, el investigador de la Universidad de Lund apunta que “los cambios legislativos tardarán al menos una década en notarse en las calles”. El investigador, igual que otros expertos, no evita señalar que “hay una conexión entre la inmigración y la violencia de las pandillas y la relación es que muchos de los miembros son nacidos en Suecia con padres inmigrantes”. Aunque subraya que “el problema no es la inmigración, sino la falta de responsabilidad del Gobierno durante décadas para intentar integrarlos”.

Para Camila Salazar, directora del área de conocimiento de Fryshuset (una organización que trabaja en Estocolmo en la prevención de la violencia juvenil), “las pandillas son el síntoma de múltiples fracasos en la sociedad”. Salazar afirma a elDiario.es que organizaciones como la suya, que trabajan en barrios vulnerables, llevan “diez años advirtiendo de cómo se ha normalizado la violencia sin que nadie del Gobierno haya escuchado”. “¿Por qué no?”, se pregunta y añade: “No importa cuántas personas se metan en la cárcel, tenemos una cola de jóvenes que, por conseguir dinero, reconocimiento y un sentido de pertenencia a un grupo, están dispuestos a unirse a las pandillas”.

Salazar termina diciendo que no hay solamente un motivo, como la inmigración, que explique el fenómeno de las pandillas criminales: “Tenemos que mirar la desigualdad en nuestra sociedad, cómo son las escuelas y los servicios sociales, cómo funciona el mercado laboral y otros factores conectados con la pobreza. Decir que los inmigrantes tienen la culpa de la violencia es un argumento demasiado fácil”.

En la entrada de Christiania, la autoproclamada ciudad libre anarquista situada en el centro de Copenhague, un cartel indica que no están permitidas las drogas duras, las armas, ni la violencia. Otro señala que no se pueden hacer fotos en la calle principal de este barrio, fundado en el año 1971 con el sueño de convertirse en una comuna antisistema situada en plena capital danesa. Sin embargo, los vecinos de Christiania están en pie de guerra contra las pandillas que han tomado el control del barrio, generando una creciente inseguridad entre los residentes y los centenares de turistas que cada día lo visitan.

En el corazón de la polémica se encuentra Pusher Street, conocido también como el Distrito Verde: una calle de unos 100 metros con una plaza adyacente, alrededor de la que se vertebra el barrio. Aquí normalmente se levantan una veintena de puestos ambulantes que mayoritariamente venden hachís, pero también se puede encontrar todo tipo de drogas. En un día habitual, los trapicheos en la calle son más que evidentes a plena luz.

Los turistas y los jóvenes que buscan algo para fumar tan sólo tienen que acercarse a uno de los puestos, en lo que hay carteles escritos con serigrafía de grafiti para atraer a los clientes: “Aquí tenemos cannabis”. Cuando la policía hace presencia en Pusher Street ―un hecho que ocurre con frecuencia―, los puestos ambulantes desaparecen y los vendedores, la mayoría encapuchados y con la cara tapada, se esconden hasta que se haya marchado. Poco tiempo después, los camellos vuelven a ocupar la calle y todo sigue igual.

El uso y el consumo de drogas siempre ha formado parte de Christiania y, a pesar de las polémicas, las autoridades de Copenhague nunca han encontrado la forma de pararlo. Pero los vecinos denuncian que ha habido incidentes en los últimos años, desde que la venta de drogas blandas ha pasado a estar controlada por bandas del crimen organizado.

Tiroteos, palizas y amenazas a los vecinos

Este verano, una serie de episodios muy violentos han alterado el barrio y la Policía teme que la violencia de las pandillas se pueda extender al resto de Copenhague, en una guerra entre bandas.

Los incidentes más recientes ocurrieron en el mes de julio, cuando dos personas relacionadas con las pandillas fueron apuñaladas con 24 horas de diferencia. Una semana después, un hombre que según la Policía pertenecía al grupo Hells Angels, fue golpeado hasta la muerte en Pusher Street.

La lista de incidentes violentos ocurridos en Christiania es interminable e incluye varios episodios con muertes por tiroteos y ataques con piedras contra las patrullas policiales. “La situación en Pusher Street se ha vuelto insoportable”, resume Ole Lykke Andersen, un vecino de 77 años, en declaraciones recogidas por el periódico Berlingske.

Según otra vecina, que prefiere mantener el anonimato porque asegura haber recibido amenazas por parte de las pandillas, los incidentes están protagonizados por “personas que no tienen nada que ver con Christiania, son pandillas que vienen de fuera y utilizan el barrio para vender droga”, explica en declaraciones al periódico Ekstra Bladet.

Protestas vecinales

A raíz de la espiral de violencia y conflictos, que se ha agudizado en los últimos meses, la semana pasada una cincuentena de vecinos decidió emprender una acción reivindicativa contra las bandas. Por la mañana, la calle de Pusher Street amaneció bloqueada con barricadas con mensajes como “Pusher Street está cerrado”.

En un comunicado publicado en Facebook, los vecinos explicaban que la acción “no iba dirigida a las personas que usan el cánnabis de forma recreativa y responsable”, pero pedían que “no compren más hachís en Christiania”.

“A menudo nos preguntan por qué los vecinos no cerramos Pusher Street. La respuesta corta es que nos sentimos impotentes y asustados”, decían en el comunicado.

A pesar de la aparatosidad de la acción y la atención que consiguió atraer en los medios de comunicación, unas horas más tarde Pusher Street volvía a estar visiblemente ocupada por los pandilleros, haciendo los trapicheos habituales. Según los vecinos, el mensaje que se quería difundir con la acción es que ni los vecinos ni la policía pueden poner fin al problema, sino que son los políticos quienes tienen que resolverlo. 

Legalizar el hachís  

Según la Policía de Copenhague, el año pasado se efectuaron 875 detenciones y más de 100 redadas en los puestos de hachís en Christiania. Pero, a pesar de la presión policial, los vecinos piden otras soluciones para frenar la inseguridad, como legalizar el consumo de cannabis con usos recreativos: “Eso significaría alejarse de la criminalidad y pasar a la regulación estatal, y se podría controlar de muchas maneras”, según Andersen. “Cada vez tenemos más experiencias de otros países que lo han legalizado”, añade este vecino.

Por su parte, la alcaldesa de Copenhague, Sophie Hæstorp Andersen, calificó la acción protagonizada por los vecinos como “el principio del fin de Pusher Street”, tras las protestas de la semana pasada. También afirmó que “los vecinos se han responsabilizado y han demostrado que están hartos del crimen organizado, esta es la actitud que permite un diálogo entre el Ayuntamiento y Christiania”.

Andersen ha declarado en más de una ocasión que, desde el Ayuntamiento, están abiertos a empezar un debate sobre la legalización del cannabis recreacional: “No es ningún secreto que queramos buscar soluciones para evitar que sea un mercado de criminales con violencia y jóvenes implicados, debemos entrar en diálogo con el Gobierno y el Estado”, declaró en una entrevista con el periódico Berlignske.

Una de las propuestas que está sobre la mesa es que la venta de cannabis se controle desde el Estado, con un sistema similar al que Suecia y Noruega aplican para la venta de alcohol.

Una utopía acorralada

Más allá del debate de la regulación del cannabis, hace un año la comunidad de Christiania alcanzó un compromiso histórico con el Ministerio de Justicia, la Policía de Copenhague y el Ayuntamiento para cooperar y frenar definitivamente la violencia y el crimen organizado en el barrio.

Uno de los puntos acordados podría significar una gran transformación urbana, con la construcción de 15.000 metros cuadrados de viviendas sociales en Christiania, lo que implicaría la llegada de nuevos vecinos y los residentes actuales podrían alquilar uno de esos pisos, en lugar que vivir en edificios ocupados o alojamientos informales.

Históricamente, la ciudad anarquista nació cuando un grupo de jóvenes ocuparon los antiguos barracones militares que se encontraban abandonados en la isla de Amager y los renovaron para albergar casas, guarderías para niños, talleres artísticos y cafés. La mayoría de los residentes siguen viviendo en esos barracones o en casas levantadas por ellos mismos al lado del lago del barrio.

En la actualidad, Christiania tiene alrededor de 900 residentes, mantiene sus propias reglas y la comunidad se autogestiona. Los habitantes no pagan alquiler, pero sí una cuota para mantener los espacios comunes, el servicio de reciclaje y limpieza, y un pequeño centro social y de salud del que se ha dotado el barrio.

Además, Christiania se ha convertido en un polo de atracción de la actividad cultural más alternativa de Copenhague, albergando salas de conciertos y numerosos espacios artísticos.

Hasta ahora, los vecinos han defendido la semiautonomía de esta “ciudad libre”, que sin duda ha dado un carácter muy especial al barrio. Pero hoy en día, el auge del crimen organizado, los proyectos inmobiliarios y la gentrificación acorralan lo que un día fue un paraíso utópico que se levantó al margen del sistema. 

El Congreso de El Salvador aprobó este miércoles reformas a la ley contra el Crimen Organizado para aumentar las penas para los cabecillas de pandillas y para la realización de procesos penales por estructura delictiva, es decir lo que anularía los procedimientos individuales.

La primera reforma, aprobada con los votos de 67 parlamentarios de 84 en la Asamblea Legislativa, establece procedimientos penales por grupo o célula de pandilla. Esto supone que los detenidos en el contexto del régimen de excepción aplicado para combatir a las pandillas, podrían ser agrupados en alguna de las estructuras para ser sometidos a un solo proceso penal.

Según el dictamen leído durante la sesión plenaria del miércoles, lo anterior “facilitaría a los jueces dictar sentencia de forma más rápida a los criminales y evitar que miembros de estas estructuras delictivas salgan en libertad”.

Un proceso justo

El diputado de oposición Jaime Guevara señaló que la reforma aprobada representa “un riesgo y una amenaza para los presos inocentes que están en las cárceles a esperas de un procedimiento penal justo”. Y añadió: “Esto supondría que cualquier capturado sea incluido a un grupo de pandillas para que enfrente su proceso penal como estructura y no de manera individual, lo que violenta el debido proceso”.

La parlamentaria Claudia Ortiz, por su parte, señaló que la reforma “únicamente servirá para hacerle el trabajo más liviano a la Fiscalía, para que ya no tenga que investigar”.

Los diputados del partido gubernamental y sus aliados en el Parlamento también aprobaron, con 67 votos y a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele, otra reforma para aumentar la pena de cárcel para los líderes de pandillas. La sentencia máxima para los cabecillas pasará de 45 a 60 años de prisión.

En marzo de 2022, los legisladores establecieron penas de entre 40 y 45 años de cárcel para “los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas”. Hasta antes de esta reforma, la pena para los cabecillas de pandillas era de entre seis y nueve años.

El coste de la “guerra” contra las pandillas

La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto de un régimen de excepción asciende a más 71.770, según el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.

De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de “víctimas directas” de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490 personas. Organizaciones no gubernamentales recogieron más de 13.000 denuncias entre marzo y junio de 2022 por abusos, casi todas por detención arbitraria.

“Lamento darle una buena y una mala noticia. Le voy a dar la buena: en las dos audiencias y en el polígrafo, él salió inocente. Pero le voy a dar la mala: tiene insuficiencia renal terminal”. Fue la información recibida por uno de los familiares de Mario (nombre ficticio), uno de los fallecidos bajo custodia policial en El Salvador durante el estado de excepción aprobado hace un año por Nayib Bukele para acabar con las pandillas salvadoreñas. El joven de 24 años, que no tenía enfermedades o padecimientos crónicos previos, fue detenido en mayo de 2022.

Es uno de los testimonios recogidos en el informe de la organización de derechos humanos Cristosal sobre el coste de la “guerra” de Nayib Bukele contra las pandillas de El Salvador. Decenas de presos han sido torturados y asesinados durante el primer año de la operación, según documenta la ONG. Al menos 153 personas han muerto bajo custodia después de ser arrestadas durante la operación, según la ONG.

Después de pasar siete meses en una prisión salvadoreña, Mario fue trasladado al hospital de Santa Teresa de Zacatecoluca, explica un familiar a Cristosal: “¡Señor de los cielos, si estaba irreconocible! Ya sólo era huesos y piel, el pechito amarillo…”. El médico le contestó: “De seguro él recibía golpes en el estómago. Se le reventó la gastritis… él ya no tiene cura”, recoge el informe. Dos días después, el joven murió en su casa.

Se trata de uno de los muchos jóvenes que, según la organización, murió en prisión sin estar implicado en las pandillas salvadoreñas. Mario era inocente, pero sufrió tratos inhumanos y degradantes recibidos en la cárcel, según los testimonios recogidos por la ONG. “Nos dan comida una vez, no dan desayuno ni almuerzo, solo a la hora de la cena… En una cancha grande nos ponen en fila y a quienes recibimos la comida, nos dan dos garrotazos en el lomo… Yo para que no me pegaran, porque dolían esos garrotazos, mejor no salía a comer”.

El negocio de las funerarias

La mayoría de los familiares de las personas fallecidas no recibieron comunicación de la prisión o de la Dirección General de Centros Penales, ni de los hospitales o de la Policía, aunque las las autoridades penitenciarias tienen el deber de llevar un registro de los presos y de sus familiares. La mayoría se enteró por llamadas telefónicas o visitas de empleados de funerarias.

“Me avisaron de que una funeraria me andaba buscando. Nos encontramos, me preguntó si era mi hermano y me mostró una foto de él… en eso me puse mal. Solo me dijeron que había muerto. Me preguntó si quería que ellos fueran a retirar el cadáver. En ese momento yo también le llamé a mi mamá y justo también vinieron dos funerarias más que andaban con el mismo dato de él”, explica uno de los familiares.

Las funerarias se enteran primero de la muerte de una persona porque tienen contacto con el personal de hospitales, la Policía y el IML, y en algunos casos la información se obtiene a cambio de beneficios económicos, como una comisión o porcentaje por los servicios que presta la funeraria, explican desde Cristosal. “Los informantes” reciben comisiones que pueden ir del 5 al 10% del total de los servicios prestados en el mes y, de esta forma, las funerarias obtienen el nombre del fallecido, sus datos personales y dirección de sus familiares, e incluso hasta fotografías del cuerpo.

Recibir la noticia por parte de una empresa que busca vender sus servicios causa un gran sufrimiento a las familias que, desconcertadas, ceden y acaban pagando precios elevados para conseguir más información acerca de su ser querido y poder darle así sepultura. “Yo andaba en el monte cuando regresé y encontré a ese montón de niñas llorando, diciendo que se había muerto papito. Vinieron como cuatro funerarias a ver cuál cada uno iba a agarrar. Traía ceñidas las esposas y un pinchón como de clavo en el ojo”, dice el familiar de otra de las personas fallecidas en prisión, un hombre de 53 años.

Enterrados en fosas comunes

Pero hay familias a las que nadie avisa. La ONG ha registrado varios casos de cadáveres sepultados en fosas comunes. “Los familiares se enteran de la muerte por terceras personas o por las redes sociales”, denuncia la investigación. En su proceso de búsqueda, los seres queridos se enfrentan también a malos tratos y discriminación por empleados y funcionarios gubernamentales al ser tratados como “familiares de pandilleros”, denuncia la investigación.

La familia de Juan (nombre ficticio) acudía cada mes a la prisión donde estaba recluido, preguntaba por él y entregaba un paquete de alimentos. Ocho meses después de su detención les informaron de que ya no estaba allí. Había muerto seis meses antes y nadie les había llamado. Fue enterrado en una fosa común y la exhumación se realizó dos meses después, sostiene el estudio. Las fotos tomadas por el IML mostraban que el cuerpo presentaba varios golpes, pero el informe oficial recoge que falleció por “leucemia”. El joven tenía 23 años.

La mayoría de las muertes quedan registradas como consecuencia de causas naturales y enfermedades: edema pulmonar, neumonía, insuficiencia renal, infarto, anemia, hemorragia cerebral, tuberculosis… Pero, en numerosos caso, la causa de la muerte y el aspecto del cadáver no son congruentes, según la ONG.

El cuerpo de Joel (nombre ficticio) también acabó en una fosa común. De 45 años, el hombre sufría discapacidad intelectual. “Su cuerpo fue trasladado al IML con apellidos distintos por lo que fue sepultado en una fosa común en el Parque Memorial [Cementerio] La Bermeja”, indica la organización. El reconocimiento médico oficial establece que murió por un “edema pulmonar”. Sin embargo, las fotografías forenses muestran que el cadáver presentaba moratones en el rostro. Personas entrevistadas informaron a Cristosal de que fue golpeado dentro de la cárcel: “Recibió patadas en el estómago que le provocaron que expulsara sangre por la nariz y boca, lo que provocó que perdiera la movilidad y no pudiera comer; no recibió atención médica”.

Hacinamiento y tratos inhumanos

Según el informe de Cristosal, El Salvador supera las 105.000 personas privadas de libertad (aproximadamente el 1,6% de su población), lo que lo coloca con el país con más reclusos del mundo. La cifra se debe al régimen de excepción decretado por Bukele, durante el que se detuvieron a más de 66.000 personas en su “guerra” contra las pandillas, lo que ha generado unos niveles de hacinamiento nunca vistos hasta ahora en las cárceles del país, denuncia Cristosal.

El hacinamiento extremo ha desencadenado una situación de carencia de alimentos y de asistencia sanitaria en las cárceles del país, así como la falta de agua de consumo o aseo y las condiciones de limpieza.

“Los baños estaban tapados y los anteriores que estaban allí habían dejado todo sucio y lleno y rebalsaba hasta el piso, no había lugar para bañarse… Pasó cinco días sin poder defecar. A los cinco días empezaron a dar más de un tiempo de comida. Les pasaban tres baldes de diarios para defecar, no había nada de agua para limpiar, dormían debajo de los catres y en el suelo, algunos en el suelo de los baños, allí se llenaron de hongos en las espaldas. [A su ingreso a la celda] eran 45 personas, a los 10 días eran 252 personas”, cuenta un hombre de 20 años que estuvo recluido en Mariona.

Miedo

Numerosos testimonios recopilados por Cristosal evidencian que los detenidos son trasladados en vehículos policiales a las distintas cárceles y, al llegar, son esposados unos con otros, colocados de rodillas con la cabeza hacia abajo y, por lo general, “permanecen bajo el sol, en el cemento o grava durante más de una hora y, posteriormente, se les obliga a avanzar en cuclillas (con las piernas completamente flexionadas como si estuviese sentado en el suelo)”. Según la ONG, “mientras avanzan, los custodios los golpean” con garrotes de madera, “les dan patadas o golpes en la cabeza, algunos se desvanecen y sufren palizas para obligarlos a que se levanten”

“Estuvimos media hora en grava y temblando del miedo porque mirábamos cómo los ingresaban [otro grupo que ingresó antes]; agachados, hincados, y te golpeaban. A la par mía había un chamaco que tenía osteoporosis, él temblaba del miedo y me decía ”aquí me van a matar“, y yo le decía ”tranquilo“. A mí no me golpearon, pero a ese chamaco como iba enfermo no podía correr; él venía lento y lo golpearon, aunque estuviera enfermo, eso no les importa”, dice un hombre de 23 años a la ONG.

Quienes han pasado por las prisiones salvadoreñas durante el régimen de excepción denuncian haber sufrido o presenciado torturas y los tratos inhumanos. Los entrevistados por Cristosol hablan de castigos y palizas como prácticas generalizadas. “[La celda] tenían ventanas selladas. No entran aire por esas ventanas, sólo entra aire por la puerta de las celdas y el techo de la celda está formado por un plafón. Vi morir a 10 personas asfixiadas”, explica a la ONG uno de los reclusos ya liberados. “En las celdas de enfrente, vi que murieron otras personas porque los agentes las mataban. Los sacaban, los golpeaban en medio de la cancha y le ponían descargas eléctricas. A otro señor de 95 años, cuando gritaron ”conteo“, lo pusieron a correr en el piso. El señor se cayó y, cuando se iba a levantar, le pegaron en la cabeza y allí murió”.

Signos de tortura

Laceraciones, hematomas, perforaciones, fracturas, cortes, quemaduras, estrangulación… Se trata de un patrón común en los casos registrados como muertes violentas y varios cadáveres presentaban claras evidencias de que la persona fallecida había sido víctima de palizas. Una de las causas más frecuentes descritas en los informes del Instituto de Medicina Legal (IML) es la asfixia mecánica, uno de los métodos de tortura más comunes conocidos en El Salvador y practicado entre 1970 y 1992 por los cuerpos de seguridad durante el conflicto armado del país.

El IML determinó que un hombre de 30 años murió a consecuencia de “asfixia mecánica por estrangulación”. Su cadáver presentaba una protuberancia a la altura del músculo esternocleidomastoideo (en el cuello) y hematomas, probablemente producida por un objeto rígido. Otro hombre de 42 años murió en un calabozo policial, según el IML por “asfixia mecánica por ahorcadura”. Su cuerpo presentaba varios golpes en la cabeza.

Algunos testimonios de las personas que estuvieron recluidas en los centros penitenciarios de Mariona, Izalco y Quezaltepeque dicen que hay ejecuciones dentro de las cárceles, pero que nadie habla de ello por miedo. Hablan de una pizarra ubicada en la prisión de Quezaltepeque. En ella anotan el número de reclusos que van muriendo. Un hombre ingresó a finales de abril del 2022. Cuando fue trasladado a otro penal un mes después, “la cifra alcanzaba los 40 fallecidos”.

Mariah Oliver (Madrid, 1982) es una mujer de mirada dura. Esa que tienen las personas que no han tenido una vida fácil. El relato de la suya incluye un paso por la cárcel y un periplo judicial que duró más de una década por acusaciones de amenazas, coacciones y asociación ilícita. Porque Mariah es La Madrina. Una de las fundadoras de la banda Latin King en España y la primera mujer en integrarse en sus filas.

Ya han pasado más de 15 años desde que esta mujer pasó por prisión –preventiva– y se alejó de la banda. Ha cambiado los collares con los que los Latin King se distinguen por unas medallas al cuello y unos pendientes con el símbolo feminista. El pañuelo negro y amarillo recogiendo la melena se ha transformado en unas largas trenzas de boxeadora. Lo que sí conserva es el mismo aplomo con el que posa en las fotos. Pero la pose ruda se deshace cuando empieza hablar.

La Madrina cuenta con voz dulce y serena su historia y la realidad tras una de las bandas más conocidas y más reportadas por los medios. Lo hace desde el conocimiento que le ha aportado, primero, su experiencia y, luego, su trabajo como investigadora en el proyecto TRANSGANG de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Todo ello recogido en el libro 'Latin Queen. Ascenso, caída y renacer desde el corazón de una banda' (Ediciones B, 2023).

Antes de integrarse en la banda, Mariah era hija de una familia española de clase media que sacaba buenas notas y le encantaba leer. ¿Cómo se convirtió en una 'reina latina'? No hay una única respuesta, pero la adolescencia -como etapa de inseguridades y cambios- tuvo mucho que ver. “Mis padres se separan, me cambio de pueblo y de instituto y la vida se vuelve un poco rara”, recuerda. Era una chica cohibida, cuya madre empezó a encadenar hasta tres trabajos para poder darles de comer a ella y a su hermana. A todo esto, empezó a refugiarse en la música, en su caso, el rap, el R&B y el funk.

Por eso, los primeros jóvenes migrantes latinoamericanos llamaron mucho la atención de Mariah. Muchos de ellos venían de países donde ya existían bandas como los Latin Kings, los Dominican Don't Play o los Barrio 18 y decidieron repetir la experiencia. “Son organizaciones que, en origen, se crean como unión contra el racismo o discriminación y es algo que se replica aquí”, explica Mariah, que reconoce que se unió al grupo para “conocer la realidad de la gente migrante” y porque es “una defensora de los pleitos pobres, de toda la vida”.

De repente, esta muchacha se encontró inmersa en una realidad casi salida de la película 'Mentes peligrosas' (de la que se declaraba “fan absoluta” en aquella época). “Pertenecía a algo que sólo pasaba en el cine”, destaca. Además, ser la única mujer hizo que todos los chicos la trataran como a una hermana pequeña. “Me tenían entre algodones, se aseguraban de que todo el mundo me cuidara y respetara”, explica. Algo que, en ese momento, esa niña cuyos padres estaban algo más ausentes de lo que quería, necesitaba mucho.

La caída hacia la violencia

Esa realidad de película pronto se fue oscureciendo. Al principio, la banda estaba formada por apenas 15 personas, pero poco después se convirtieron en centenares. A medida que crecían, los periodos de prueba que pasaban los aspirantes a Reyes y Reinas [como se conoce a los miembros de la banda] se redujo y se volvieron más laxos. De la mano de esta falta de control, se empezaron a dar los primeros enfrentamientos con otras bandas como la de los Ñetas y, con ellas, el foco mediático se cernió sobre las pandillas latinas. Eso provocó que se acercaran jóvenes seducidos por la imagen que daban de los Latin Kings los medios de comunicación. No llegaban en busca de una familia fuera de casa, sino de un grupo que era temido y que se hacía respetar a golpes en las calles.

“Tu objetivo inicial puede ser luchar contra el colonialismo, el sistema, el capitalismo, pero ¿qué es el sistema? Es difícil pelear contra algo abstracto y estos grupos se acaban centrando en defender lo concreto, que es el barrio”, explica Mariah. De esta manera, los colores de los Latin King comenzaron a ser exhibidos como una muestra para guardar el territorio. “La gente te mira, las chicas se te acercan...Que te teman y te respeten es algo que gusta y hace que los objetivos iniciales se desvirtúen muy rápido”, añade.

Darles a adolescentes -y, en muchos casos niños- este nivel de fama es “muy peligroso y da pie a la masculinidad más tóxica”, la de los golpes en el pecho. “Son chavales que no tienen la cabeza amueblada”, explica Mariah. Y de ahí nace la violencia: “La mayoría de conflictos entre bandas no son por otra cosa que no sea la chica de turno, que si me has mirado mal o que si este sitio en la discoteca es mío”. Y, una vez ahí, la cosa no hizo sino empeorar.

La Madrina vivió esta espiral de violencia en primera persona. Su mejor amigo murió asesinado a la salida de una sala de fiesta. Eso derrumbó el mundo de Mariah, que debido al aumento de la violencia, había decidido alejarse de la banda y recuperar sus estudios. Pero lo que realmente marcó un antes y un después fue descubrir que uno de los líderes, que la acogió en su casa cuando ella se independizó, uno de los que la había tenido entre algodones, había sido detenido y acusado de violación. “Me deshizo por dentro”, recuerda.

La mayoría de conflictos entre bandas no son por otra cosa que no sea la chica de turno, que si me has mirado mal o que si este sitio en la discoteca es mío

Sus vínculos con la banda se rompieron cuando fue consciente de lo que sus hermanos eran capaces de hacer. Pero ese no fue el final. Mariah volvió a las andadas cuando cuatro chicas la vinieron a ver a su casa. Buscaban el abrigo de La Madrina en una organización que había aumentado su hostilidad hacia las mujeres a medida que iba aumentando la violencia. “Las veían como eslabones débiles e inestables”, explica Mariah.

Así que las acogió y las apadrinó. “Iban a estar en la banda igual y pensé que, por lo menos, tendrían alguien que las cuidara”. Y ese fue su rol. Estaba encima de las Reinas para que siguieran estudiando, no se quedaran embarazadas antes de tiempo y no se metieran en líos. También las protegió de las dinámicas machistas del grupo, haciendo frente a quienes les imponían un código de vestimenta u horarios para salir de fiesta. Tal era el respeto del que gozaba, que incluso logró eliminar los castigos físicos.

Del aislamiento a los juzgados

El grupo que se creó bajo el ala de La Madrina buscaba la cooperación y solidaridad entre sus miembros y rehuía la violencia, una deriva totalmente contraria a la que estaba tomando el grupo masculino. Esa época coincidió con los primeros asesinatos, tanto en Madrid como en Barcelona, ligados a los enfrentamientos entre bandas. “Fueron demasiadas cosas, así que iniciamos un proceso para escindirnos. Hasta lo hicimos público con un comunicado de prensa”. Pero ese cisma no se llegó a dar porque, pocas semanas después de aquellas reuniones, se produjeron diversas detenciones en la cúpula de los Latin King. Entre ellos estaba Mariah.

El libro empieza, de hecho, con su paso por la cárcel de Soto del Real en 2006, donde estuvo seis meses en prisión preventiva. No fue mucho tiempo, tal como ella misma reconoce, pero fue el momento en que más cerca ha estado de una depresión. Le decretaron prisión en primer grado -el más restrictivo del régimen penitenciario- y, como esta cárcel no tiene módulo de mujeres, la única manera de cumplirlo era enviarlas a aislamiento.

“Aislamiento es un módulo de castigo, no de vida. Pero las personas presas no importan a nadie, son lo peor de la sociedad y merecen, no sólo estar en prisión, sino que les echen alacranes encima”, ironiza Mariah. No relacionarse con nadie, apenas salir al exterior, las estrictas rutinas que se imponía para no perder la cabeza... Esos son recuerdos que conserva de su etapa en Soto del Real. Ahora, cuando los recupera, lo hace aderezándolos de una crítica al sistema penitenciario y judicial. “Nada de todo esto está pensado para reinsertar a nadie”, cuenta. “Son castigos ejemplares para calmar a la población”.

De hecho, su detención se dio en el marco de una “alarma social” en la que los medios no dejaban de hablar de los Latin King, de su violencia y de los asesinatos que se les atribuían. Imágenes de machetes, drogas incautadas y bolsas para cadáveres acompañaban las noticias que hablaban de ellos. Y eso justificó que Mariah cumpliera parte de su cautiverio en aislamiento, acompañada de otras mujeres -y algún hombre- que sí habían cometido crímenes de sangre.

Pero la pena de La Madrina siguió una vez salió de la cárcel. El juicio llegó meses después y, aunque no se pudieron probar ni las amenazas ni las coacciones, sí se la condenó por asociación ilícita, ya que los Latin King habían sido ilegalizados meses antes de su detención. Le cayeron dos años de cárcel, que no llegó a cumplir por no tener antecedentes. Pero Mariah no compartía el castigo impuesto: “No había hecho nada malo ni había incitado a nadie a hacerlo”. Así que decidió recurrir, iniciando así un viaje legal que no se cerraría hasta 15 años más tarde.

Cuando te para la policía cada día, vas acumulando rabia contra el sistema y, en lugar de luchar contra quien te oprime, la sueltas en la calle

Los recursos fueron escalando hasta el Tribunal Supremo, lo que supuso diversos juicios, sentencias y gestiones. No fue hasta 2022 que Mariah Oliver superó los cinco años sin meterse en problemas necesarios para solicitar el borrado de los antecedentes. 15 años durante los cuales Mariah, que se sacó una carrera y estuvo ejerciendo como docente, perdió trabajos y amistades.

“Fueron épocas de arrastrar miedo a que la gente supiera quién era, a que en cualquier momento me volvieran a llamar a juicio, a que me rechazaran por quién era”, dice Mariah, que pone en duda la capacidad de reinserción de la cárcel. Lo sabe por experiencia y porque ahora trabaja, además de como investigadora en el proyecto TRANSGANG, como educadora. “He conocido a chavales que entran en la cárcel con 18 y salen con 22. No digo que no tengan que cumplir condena, pero ¿cómo reinsertas a alguien que en la cárcel ha conocido a gente mayor y con peores ideas que las que hubiera conocido en la calle?”, se pregunta.

La mano dura tiene mucho que ver en la expansión de las bandas y grupos violentos, según esta ex Latin Queen. Recuerda meses difíciles de 2007, después de que se dieran dos asesinatos en el mismo fin de semana en Madrid. La policía se jactó de haber hecho 45.500 identificaciones, a la vez que aseguraba que en la ciudad había 1.500 pandilleros. “Quiénes eran las otras 44.000 personas?”, se pregunta Mariah. “Cuando te para la policía cada día, vas acumulando rabia contra el sistema y, en lugar de luchar contra quien te oprime, la sueltas en la calle”, reflexiona.

Pero hay otras maneras de actuar. Mientras se daban estas identificaciones masivas en Madrid, en Barcelona se estrenaba la Asociación Cultural Reyes y Reinas Latinos de Cataluña, una entidad legal formada por expandilleros que habían dejado atrás la violencia gracias a la intermediación de 'casals' (centros comunitarios), universidades y administración pública. “Cuando no te sientes excluido, no hay tanto lugar para la rabia ni para la violencia”, asegura.

Mariah ya no se considera una Latin Queen, pero es consciente de que el título de Madrina la acompañará hasta el fin de sus días. Así se refieren a ella todavía quienes la conocieron en esa época. No se avergüenza de su paso por la banda, porque sabe que a eso le debe quién es hoy: una madre de tres hijos y una investigadora que, con respeto en lugar de paternalismo, se dedica a intentar evitar que otros jóvenes pasen por lo que pasó ella.  

Para ver a su padre en la comunidad salvadoreña de El Pepeto, Karla García solía recorrer un peligroso camino lleno de bandas y armas. Las dos calles que separaban sus casas eran una tierra de nadie agujereada por las balas en la que miembros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18-Sureños libraban batallas mortales por hacerse con el control.

“Era muy peligroso. Había tiroteos en las puertas de las casas”, dice esta ama de casa de 40 años de Soyapango, una ciudad satélite al este de San Salvador, la capital de El Salvador.

Sin embargo, un sábado reciente por la tarde, García pudo sentarse frente al invernadero de su padre con su familia, y no vio a ningún delincuente ni oyó ningún disparo.

“Han desaparecido por completo”, apunta refiriéndose a las bandas callejeras que durante años controlaron la zona con mano de hierro. Las paredes cercanas, antes salpicadas con las insignias negras de los líderes del crimen de la comunidad, han sido pintadas de blanco por el Gobierno para simbolizar una nueva era de paz.

El Pepeto, un laberinto de casas de una sola planta de clase trabajadora, no es ni mucho menos el único barrio de El Salvador dominado por las maras que vive días de calma antes impensables.

Un año después de la controvertida “guerra” contra las bandas salvadoreñas emprendida por el líder populista del país, Nayib Bukele, se están produciendo escenas similares en un país centroamericano considerado en su día uno de los lugares más violentos del planeta.

Un precio alto

Incluso críticos acérrimos del Gobierno, como el innovador medio de comunicación El Faro, han admitido que la represión de Bukele –que ha encarcelado a más de 64.000 personas y ha reducido drásticamente la tasa de homicidios– ha producido un “cambio extraordinario” para los salvadoreños, aunque con un enorme coste para la democracia y los derechos humanos.

Se cree que, desde que comenzó la ofensiva del Gobierno, miles de personas inocentes han sido detenidas –algunas simplemente por “parecerse” a delincuentes o a raíz de denuncias anónimas–, mientras que más de 100 han muerto entre rejas.

“La ausencia de pandillas es un cambio fundamental en la vida de miles de salvadoreños”, escribió El Faro tras documentar la aparente disolución de las bandas en un detallado reportaje de investigación de 5.000 palabras. “Han acabado con las bandas tal y como se conocían”, dijo un alto jefe pandillero.

En febrero The Guardian visitó ocho comunidades de la capital de El Salvador y sus alrededores para analizar la inesperada pacificación. Hasta hace poco, cinco estaban bajo el dominio de la Mara Salvatrucha, dos del Barrio 18-Sureños y una del grupo Barrio 18-Revolucionarios. En ninguna había rastro de miembros de las bandas que antes merodeaban por las esquinas, bebiendo, fumando marihuana y observando constantemente a lugareños y forasteros.

Durante esas visitas, The Guardian habló con más de 20 fuentes, como comerciantes, policías, líderes comunitarios, vecinos y conductores de taxis y de autobús. Todos coincidieron en que los grupos delictivos son una sombra de lo que fueron, aunque muchos sospechan que algunos se han fugado o han huido al extranjero para eludir una operación que ha llevado a la cárcel a cerca del 2% de la población adulta.

A principios de febrero, Bukele celebró la construcción de un “Centro de Confinamiento del Terrorismo” con capacidad para 40.000 personas, destinado a albergar a los presuntos “terroristas” encarcelados durante su cruzada contra las bandas, que se introdujeron en el país después de que sus fundadores fueran deportados de Estados Unidos en la década de los 90.

“Antes ni siquiera hubieras pasado la entrada de la comunidad sin que te interceptaran. Era impensable entrar sin su permiso”, sostiene una fuente policial sobre La Campanera, otra comunidad de Soyapango conocida por su violencia, a la que se enviaron miles de tropas a finales del año pasado.

En una tercera zona, la comunidad 10 de Octubre de San Salvador, un líder local cuenta que los residentes habían acatado durante años el mandamiento de las bandas de “ver, oír y callar”. “Básicamente, había que pagar un impuesto para poder vivir”, asegura, en referencia a los elevados pagos de extorsión que los miembros de la Mara Salvatrucha exigían a comercios y residentes.

Sin embargo, estas extorsiones cesaron después de que Bukele declarara el estado de emergencia en marzo del año pasado, tras un derramamiento de sangre que los analistas sospechan que se debió a la ruptura de un pacto secreto entre las bandas y el Gobierno. “Hasta ahora, con el estado [de emergencia] esto ha cambiado”, dice el líder comunitario, aunque, como muchos de los entrevistados, no está seguro de cuánto durará la calma.

Estado de excepción

Bukele, un exejecutivo publicitario experto en redes sociales, se ha regodeado en las informaciones de sus detractores habituales de que su ofensiva contra las bandas está funcionando, jactándose en Twitter de que las organizaciones de derechos humanos y los periodistas se han visto obligados a reconocer “el éxito absoluto de nuestra guerra contra las bandas”.

Pero muchos siguen siendo profundamente escépticos sobre la durabilidad del momento de paz de El Salvador y preocupados por las implicaciones de la represión para la democracia en un país donde más de 75.000 personas murieron durante la guerra civil de 1979-1992.

Desde que llegó al poder en 2019, Bukele ha sido señalado por desmantelar sistemáticamente las instituciones democráticas de El Salvador y de acabar con el Estado de derecho, acusaciones que se intensificaron tras la declaración el año pasado de un estado de excepción contra las pandillas que suspendió las libertades civiles básicas y el debido proceso.

En febrero, mientras los familiares de algunos presos se manifestaban en El Salvador en señal de protesta, se prorrogó el estado de excepción por undécimo mes consecutivo. “El Salvador ha entregado todo el poder a una sola persona: el presidente Nayib Bukele”, advirtió El Faro. “En el régimen autoritario que vivimos es el gobernante quien decide qué hacer y qué decirnos”, dijo.

“A Bukele le está funcionando de maravilla”

José Miguel Cruz, experto en bandas salvadoreñas de la Universidad Internacional de Florida, sospecha que las afirmaciones de que las bandas han sido totalmente desmanteladas son exageradas, a pesar de las pruebas anecdóticas de que estos grupos ya no dominan muchos barrios. Los problemas subyacentes que contribuyeron a engendrar y mantener a los grupos –pobreza, desigualdad y discriminación–no han desaparecido milagrosamente.

La escasa información sobre lo que ocurre en las cárceles del país, cada vez más abarrotadas, impide calibrar lo que está ocurriendo realmente. “Y lo que ocurre en las cárceles es clave para lo que ocurre en la calle”, añade Cruz. Pero cree que para Bukele, un populista de mentalidad autoritaria que espera asegurarse un segundo mandato de cinco años el año que viene, la represión ha sido una victoria política rotunda. Los índices de aprobación del presidente milenial se han disparado, mientras la propaganda oficial lo presenta “como un mago que por fin ha sido capaz de traer la paz a El Salvador”.

“La historia del éxito no es la [derrota de las] pandillas. Es su perpetuación en el poder... Le está funcionando de maravilla”, opina Cruz.

Benjamin Lessing, experto de la Universidad de Chicago en cárteles de la droga, bandas carcelarias y grupos paramilitares, asegura que hay muchas preguntas sin respuesta sobre la supuesta disipación de las otrora poderosas bandas de El Salvador.

¿Qué ha ocurrido con sus principales cabecillas y quién manda ahora en las zonas que habían controlado? ¿Fue su supuesta derrota simplemente el resultado de la abrumadora represión gubernamental o, como afirman algunos analistas, el Gobierno de Bukele ha llegado a acuerdos secretos con algunos de sus principales cabecillas, dejando a las bases criminales sin líderes y desilusionadas?

En un artículo publicado en el Washington Post, el antropólogo y periodista salvadoreño Juan Martínez d'Aubuisson señalaba que un alto cargo del Gobierno había escoltado a un importante pandillero conocido como “El Crook” hasta la vecina Guatemala. Otro fue puesto en libertad.

En su artículo, Martínez d'Aubuisson afirma que las bandas han sido derrotadas por “una forma criminal más eficiente y organizada, con una potencia de fuego superior: la mafia estatal controlada por el presidente Nayib Bukele”. “Las maras solo sobrevivirán en la medida en que sean capaces de alinearse con este nuevo depredador que no tolera ningún tipo de competencia”, escribe.

Lessing indica que las consecuencias a largo plazo de la represión de Bukele no están claras, aunque es probable que El Salvador esté experimentando un importante cambio tectónico que rehará su paisaje criminal tanto como lo hizo el ascenso de las maras durante la década de los noventa. “Hay cambios de régimen en la gobernanza criminal”, dice Lessing, que señala cambios similares que implican a facciones de la droga y grupos paramilitares en ciudades brasileñas como Río de Janeiro y Sao Paulo: “Este podría ser uno de esos momentos”.

Temor a las consecuencias

Cruz señala que teme que la represión tenga consecuencias políticas nefastas y que permita a Bukele ganar las elecciones de 2024, dando paso a un doloroso periodo de gobierno autoritario. “Soy muy pesimista. Creo que mucha gente se dará cuenta de su error en los próximos dos o tres años, pero será demasiado tarde”, indica. “[Bukele] Ya lo controla todo. Tiene la lealtad absoluta de las fuerzas de seguridad”, sostiene.

Sea lo que sea lo que depare el futuro, los salvadoreños de a pie están, por ahora, saboreando el inusual sabor de la libertad frente al dominio de las bandas. 

“Es fantástico porque nos sentimos más seguros. Podemos movernos con más libertad... la gente nos viene a ver con más frecuencia; personas que no venían a vernos ahora sí lo pueden hacer”, explica García, aunque pide no ser mencionada con su nombre real y muestra su preocupación por la detención de un lugareño que ha sido encarcelado a pesar a no tener vínculos con las pandillas.

El Faro considera que la desaparición de las pandillas en esas zonas representa “un cambio fundamental en la vida de miles de salvadoreños”. “Pero el precio que hemos tenido que pagar por ello es altísimo”, advierte. “El remedio podría resultar tan nocivo como la enfermedad”, concluye.

Traducción de Emma Reverter

Miles de supuestos miembros de pandillas, una nueva “megaprisión”, un vídeo de carácter cinematográfico, el último paso en una controvertida campaña contra la delincuencia en el Salvador. El Gobierno del país centroamericano trasladó el pasado viernes a 2.000 presos a una cárcel recién inaugurada que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el presidente Nayib Bukele.

“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)”, publicó el mandatario en sus redes sociales. “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”.

En un vídeo publicado por el mandatario se ve a presos con pantalones cortos blancos, descalzos, con la cabeza rapada, muchos de ellos tatuados. Corren, con las manos en la cabeza, por la nueva prisión hacia las celdas, y son trasladados en autobuses. Las imágenes también los muestran sentados muy juntos, con las manos atadas, observados por uniformados con pasamontañas.

A pesar de que el Gobierno no avisó sobre los traslados, decenas de familiares se movilizaron a la prisión La Esperanza, conocida como Mariona, en San Salvador. Según constató EFE, en este lugar se concentraron unas 150 personas y la salida de varios autobuses del recinto.

Críticas al Gobierno

Bukele inauguró el CECOT a finales de enero y el Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta “se constituiría en la cárcel más grande de toda América” y que “sería imposible que salga un reo” del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.

La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición, que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el partido del Gobierno, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.

A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su “profunda preocupación” por esta nueva cárcel en El Salvador. “Amnistía Internacional ha denunciado un claro patrón de violaciones de derechos humanos bajo el enfoque de seguridad pública actual en El Salvador. La construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”, dijo la ONG en Twitter.

“La construcción de la nueva cárcel es una clara señal de que las autoridades de El Salvador planean seguir aplicando una política de seguridad pública de encarcelamiento masivo. Esto no aborda las causas raíz de la violencia y no servirá para superar el problema a largo plazo 3/5

De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se han detenidos a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.

El régimen de excepción suspende algunos derechos constitucionales. Las detenciones pueden hacerse sin orden judicial, el Gobierno puede acceder a las comunicaciones privadas y los detenidos ya no tienen derecho a un abogado, informa Reuters.

Las ONG de derechos humanos sostienen que esta política ha atrapado a personas inocentes, y que decenas de ellas han muerto bajo custodia policial.

Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias, la mayoría por detenciones arbitrarias.

Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57% menos que en 2021. 

Fue una de las promesas estrella de Nayib Bukele en campaña electoral: reducir la violencia del crimen organizado y las pandillas en el país más violento del mundo sin guerra declarada. Y lo logró. Desde que Bukele asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019, las cifras de asesinatos se desplomaron hasta los 20 por cada 100.000 habitantes, cuando este país de apenas seis millones de habitantes venía registrando el doble. Pero todo se desmoronó el último fin de semana de marzo. En apenas 48 horas fueron asesinadas 80 personas. 

A pesar de que Bukele atribuía la caída de los asesinatos a la eficacia de su plan gubernamental de Control Territorial, una investigación periodística del medio salvadoreño El Faro reveló hace tiempo que el actual Ejecutivo había negociado con las principales pandillas del país, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, a cambio de mantener bajos los índices de homicidios.

Es decir, el gobierno de Bukele habría utilizado la misma fórmula que Ejecutivos anteriores: pactar en la clandestinidad con esas estructuras criminales, como ya hizo por ejemplo en 2012 el partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL). Y no solo es una afirmación de este reconocido periódico digital: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos corroboró que el Gobierno de Bukele tenía una tregua secreta con las pandillas, e incluso sancionó a dos funcionarios salvadoreños por organizar esas reuniones con altos mandos de las maras. 

El sábado 26 de marzo se registraron 62 asesinatos y, de momento, se ha convertido en el día más letal de todo el siglo XXI en El Salvador. Esta vez no fueron crímenes entre pandilleros, sino asesinatos de ciudadanos que nada tenían que ver con las maras. 

“Obtuvimos un informe de la policía donde aseguraban que solo 13 víctimas tenían vínculos con las pandillas. Logramos comprobar que entre los asesinados había un reconocido surfista y un empleado municipal muy querido que no estaban relacionados con esos grupos. Hay evidencias de que en esta ocasión las pandillas, especialmente La Mara Salvatrucha, no asesinaron a rivales ni cometieron una purga interna, sino que mataron a ciudadanos sin vinculaciones con esas organizaciones criminales”, dice a elDiario.es el periodista salvadoreño Óscar Martínez.

El jefe de redacción de El Faro asegura que desde su equipo han demostrado “con documentos de centros penales de esta misma Administración y con información de Inteligencia” que las negociaciones entre el actual Gobierno y las pandillas comenzaron prácticamente desde que Bukele llegó al poder hace casi tres años.

Al igual que otros políticos salvadoreños, han utilizado las pandillas como un arma electoral y un arma política, prometiendo mano dura en elecciones, dice el periodista. Bukele también ha aprovechado ahora para mostrar que “las pandillas son un enemigo muy eficiente para situar en la población una lógica de protección necesaria, de redentor de esta sociedad que está harta de padecer a estos grupos criminales”.

Misma fórmula, mismo fracaso

Aunque aún es pronto para saber qué ocurrió exactamente ese último y mortífero fin de semana de marzo, las pandillas ya han actuado de forma similar en otras negociaciones clandestinas. “Cuando creen que algo se ha atascado en esas negociaciones, usan el que entienden es su mayor activo político: los cadáveres, es decir, matan más para que se les preste más atención”, recuerda Martínez, que como periodista lleva más de una década cubriendo información sobre estas estructuras criminales.

Si el Gobierno salvadoreño cree que para solucionar el problema de las pandillas es necesario establecer un diálogo, que lo hagan de cara a la gente, carajo, que dejen de hacerlo de forma cobarde y asuman las consecuencias políticas

Óscar Martínez — Jefe de redacción de 'El Faro'

Dado el fracaso de todas esas negociaciones, Martínez considera que se podría dar un paso importante en la lucha contra las maras si los gobiernos cambiaran de estrategia e informaran a la población de esos diálogos. “Si los políticos salvadoreños, incluido este presidente y su Gobierno, han creído, al menos en la última década, que para solucionar el problema de las pandillas es necesario establecer un diálogo, que lo hagan de cara a la gente, carajo, que dejen de hacerlo de forma cobarde y asuman las consecuencias políticas, que lo estructuren bien y llamen a organismos internacionales para que lo supervisen, que expliquen a la población por qué creen que es necesario hablar con las pandillas para resolver el problema”, dice con voz firme.

Respuesta severa

Sin embargo, lo que sí ha cambiado ahora respecto a ocasiones anteriores es la reacción del Gobierno frente a las maras. Tras la oleada de violencia, el 27 de marzo Bukele impuso el estado de excepción en El Salvador, restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de las fuerzas de seguridad durante un mes. Bajo esa medida, la policía ha detenido en estos últimos días a cerca de 7.000 pandilleros, según datos del Gobierno, y el mandatario incluso ha amenazado con no dar de comer a los miembros de bandas encarcelados si la violencia continúa en el país. 

El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades salvadoreñas ha hecho que la ONU y organizaciones internacionales de derechos humanos hayan expresado su preocupación.

Se trata de un escenario nuevo, asegura Martínez, en el que “hay un autócrata en el poder que no depende de nadie más para tomar decisiones, que puede ordenar en minutos a la Asamblea Legislativa que cambie el Código Penal o remover a un juez porque no le gustó la sentencia que dictó”, tal y como ocurrió con el magistrado Godofredo Salazar, que fue trasladado a otro juzgado tras absolver a 42 presuntos pandilleros ante la falta de pruebas por parte del Ministerio Público para demostrar los delitos. “Bukele controla los tres poderes del Estado. No tiene contrapeso de ningún tipo y eso no lo habíamos vivido nunca”.

La reforma al Código Penal a la que hace referencia Martínez es la que aprobó el pasado 5 de abril el Congreso salvadoreño a petición del mandatario y que castiga con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. Se trata de una medida que coarta el derecho a la libertad de prensa y que deja en una posición especialmente difícil a El Faro, ya que es el medio que más ha profundizado en el fenómeno de la violencia y las maras a lo largo de las últimas dos décadas en el país. Sin embargo, rendirse no forma parte de sus planes. 

Podemos ir a la cárcel entre 10 y 15 años si publicamos alguna información, vídeo o fotos relacionados con pandillas. Es una ley mordaza

Óscar Martínez — Jefe de redacción de 'El Faro'

“Esto nos deja en una posición bien difícil. Podemos ir a la cárcel entre 10 y 15 años si publicamos alguna información, vídeo o fotos relacionados con pandillas. Es una ley mordaza para que no se cuente una narrativa diferente a la de Bukele. Tendremos que invertir más tiempo en abogados, y cambiar protocolos, pero no vamos a dejar de hacer periodismo”, asegura Martínez. Además, aclara, a El Faro han tratado de atacarlo durante años, “incluso con acusaciones de lavado de dinero sin presentar pruebas”, y no por ello han dejado de informar.

A estas últimas medidas tomadas por el Gobierno salvadoreño se suman otras que también generaron críticas tanto fuera como dentro del país centroamericano. En mayo de 2021 la Asamblea controlada por el partido de Bukele –Nuevas Ideas– destituyó a varios jueces de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general Raúl Melara. En septiembre del año pasado esa misma instancia de justicia aprobó la reelección presidencial, a pesar de que la Constitución del país lo prohibía hasta entonces, dejando la puerta abierta a que el mandatario busque un segundo periodo consecutivo en el Gobierno. 

Por todo ello, Martínez considera que El Salvador avanza hacia una dictadura: “No te estoy hablando desde una democracia, sino desde un país con un régimen híbrido con maquillaje de democracia y muchos elementos de autoritarismo”. “Bukele ha demostrado que los rasgos más esenciales de la democracia como la división de poderes, la libertad de prensa o el disentimiento político le estorban, los considera un obstáculo para su plan político, que es tener el poder absoluto”, concluye el periodista.

Con la llegada de las tribus urbanas, las pandillas de barrio perdieron su identidad local y fueron absorbidas por identidades más globales. Ocurrió con la llegada de los ochenta, cuando heavys, punkis, rockers y mods acabaron con el macarra “tradicionalmente inscrito en una pandilla”. Así lo cuenta Iñaki Domínguez en su nuevo ensayo que acaba de ser publicado por Akal con el título “Macarrismo”.

Se trata de un estudio antropológico que viene a completar su trabajo anterior, el exitoso “Macarras interseculares”, donde Iñaki Domínguez hizo un repaso a los distintos aspectos que conformaron el fenómeno llamado quinqui. En este nuevo ensayo, nos lleva hasta la era dorada de las tribus urbanas, cuando ciudades como Madrid o Barcelona se plagaron de identidades importadas de la cultura anglosajona. 

En el Madrid de entonces era muy típico ver enfrentamientos territoriales entre rockers y mods. Uno de aquellos enfrentamientos acabó con el asesinato del rocker Demetrio Lefter, un joven que acabó apuñalado en las puertas del Rock-Ola, templo de la Movida Madrileña que, tras el suceso, cerraría sus puertas para siempre. 

Ocurrió en marzo de 1985, y con el asesinato de Demetrio se cumplía lo que el historiador francés René Girard denominó víctima sacrificial; la víctima que sirve de chivo expiatorio para que se cierre un ciclo histórico. El suceso marcaría el final de la Movida Madrileña y el final de las tribus urbanas tal y como se conocían hasta entonces. Porque luego llegaron otras como fueron los bakalas, los skinheads y los raperos; tribus con atributos estéticos que vienen a ser mensajes políticos subliminales. De la misma manera que rockers y mods llevaron a la práctica la lucha de clases en las calles de entonces, las nuevas tribus registrarán nuevos órdenes políticos para dar continuidad a la citada lucha.

El ensayo de Iñaki Domínguez tiene múltiples lecturas. Una de ellas ejemplifica cómo la ficción nutre la realidad. Películas como West Side Story o Perros Callejeros condicionaron en su día a los jóvenes pandilleros, de la misma manera que Quadrophenia condicionará a las tribus urbanas de los ochenta, siendo rockers y mods tribus enfrentadas; currelas y pijos, ricos y pobres que quedaban para pegarse en la ciudad costera de Brighton. 

Por un lado los mods, es decir, los pijos, con sus scooters de fabricación italiana, sus parkas y sus zapatos lustrados con el betún de los privilegios. Por otro lado estaban los rockers con sus grandes motos y sus tupés grasientos, enfundados en cuero proletario. 

Las drogas tampoco pueden faltar en uno y otro bando. Mientras que las cervezas y la priva son moneda de cambio en los círculos rockers, las pirulas lo son en las filas mods. La música se convierte en otro atributo diferenciador, pues el rock´n roll de un lado poco o nada tiene que ver con la música soul del otro.  

Con estas cosas, cuando nuestro país abraza la mal llamada democracia, las pandillas se convierten en tribus y la lucha de clases se pone en marcha hasta que ocurre lo que estaba previsto: que un cadáver dé por finalizado el ciclo histórico. Es entonces cuando la lucha de clases toma otro aspecto estético, otro orden político vivido en el cuerpo, por decirlo a la manera de Terry Eagleton en su ensayo “La estética como ideología”, uno de los libros que han servido a Iñaki Domínguez para montar este “Macarrismo”. 

El ensayo termina con una reflexión muy acertada acerca de los códigos estéticos actuales. Los pantalones rotos y el aspecto desaliñado en la moda actual obedece a un orden económico marcado por las élites que viene a transmitirnos la consigna: “Ser pobre mola”. Con esto, la precariedad adquiere un valor comercial, es decir, que si eres pobre no has de preocuparte, haces bien, estás a la moda. No te quejes.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Miles de presos apelotonados uno tras otro, en plena pandemia. Todos con la cabeza rapada, descalzos, sin camiseta, vestidos únicamente con pantalones cortos y hacinados en cárceles que triplican su capacidad. El menor de los problemas era que no se cumpliese la distancia social. Por primera vez en dos décadas, El Salvador decidió juntar en tres de sus prisiones a sicarios de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), y las dos facciones de Barrio 18, Sureños y Revolucionarios, que desde el 2002 tenían espacios diferenciados dentro de las prisiones para evitar asesinatos entre ellos.

Esta semana se han cumplido dos meses desde que miles de miembros activos de la MS-13 y de las dos 18 están conviviendo en las mismas celdas. No ha habido reporte de muertes ni incidentes. Un portavoz de la Mara Salvatrucha en El Salvador ha explicado a elDiario.es cómo se ha gestionado en el interior de las prisiones el “castigo” del Gobierno salvadoreño.

“El Estado nos metió así pensando que nosotros íbamos a caer en su juego”, sostiene el hombre vía telefónica, reticente a dar su nombre real por razones de seguridad. Se hace llamar 'Presente', su taka o alias en la pandilla.

“Nos metió así pensando que nos íbamos a matar unos con otros, porque somos rivales, creyendo que íbamos generar un caos... Pero somos seres humanos y podemos pensar así que rápido, ligero, nos pusimos de acuerdo”, detalla Presente para describir los meses de convivencia entre sus compañeros y sus rivales: “Y ahí estamos, revueltos pero tranquilos, tenemos reglas y normas entre nosotros”.

Presente habla desde la capital del país, San Salvador, en nombre de toda la organización, incluidos sus homies (compañeros) presos. Nos contacta a través de otro compañero suyo, preso en España. Para poder hablar con Presente pasamos varios filtros, muchas preguntas y varios días hasta llegar al representante designado. En otros momentos, los presos podían, ilícitamente, hacer llamadas desde la cárcel, ahora, desde que los juntaron, les han cortado casi cualquier vía de comunicación con el exterior. Solo les quedan algunos métodos rudimentarios para hacer llegar algún mensaje a los miembros de su organización que no están encarcelados.

A sus 34 años, Presente, como casi cualquier marero vivo de su edad, también ha estado preso. Él cumplió condena en Zacatecoluca, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, donde históricamente han encerrado a los líderes de la Mara Salvatrucha 13 (MS13).

La MS13 es la pandilla más grande y violenta del mundo, la que nació en los años 70 en California, y ahora es considerada una organización terrorista internacional. Aunque de cerca se parece más a un ejército de chicos pobres que se enriquecen con el narcomenudeo y la extorsión. En este país de 6,5 millones de habitantes, tan poblado como la Comunidad de Madrid, la MS13 tiene 40.000 miembros repartidos por todo el territorio. Se organizan en los barrios y asentamientos urbanos a través de clicas, la unidad mínima territorial que goza de autonomía operativa y que le rinde cuentas al programa, una mesa regional sobre la que ya se erige la organización nacional o Mesa de la Ranfla.

Las clicas han dividido ciudades y el país entero en miles de fronteras invisibles, donde quien vive en un barrio controlado por una clica de la MS13, aunque no seas parte de la organización, no puede cruzar al barrio contiguo si lo controla una de las pandillas rivales, a riesgo de ser asaltado, golpeado o hasta asesinado.

Con esta ley del terror, cada pandilla se asegura el control de su territorio donde pueden estar tranquilos con sus familias y hasta conseguir prebendas para sus vecinos. Después de 30 años de existencia en muchos barrios, pandillas y vecindario tienen una relación simbiótica, los mareros necesitan al barrio para sobrevivir y el barrio muchas veces necesita a la pandilla. Como ha ocurrido durante la pandemia. Durante el estado de emergencia en El Salvador, los pandilleros han repartido víveres y han impuesto, demasiadas veces de malas formas, que la gente cumpla el confinamiento.

El gobierno salvadoreño decretó el 15 de marzo el estado de emergencia, que ha mantenido al país confinado durante cerca de tres meses. El cese de la actividad económica, sumado a las tormentas tropicales Cristóbal y Amanda que dejaron 30 muertos y a más de 12.600 personas sin casa, han disparado el hambre en un país donde la tercera parte de su población vive en la pobreza.

“Somos una estructura pensante, los más grandes de aquí, los más organizados y no solo para cosas malas, también para cosas buenas”, dice Presente, quien tiende la mano al Gobierno salvadoreño. La relación entre las pandillas y la administración de Nayib Bukele, que acaba de cumplir un año, es opaca. Los dos gobiernos anteriores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) intentaron acuerdos con las pandillas para pacificar el país.

En 2012 se negoció una tregua que no llegó a cumplir los dos años. Su fracaso y la implementación de políticas de mano dura tuvo un importante coste para El Salvador. Las pandillas escalaron la violencia hasta convertir el país en el más violento del mundo. Uno de cada mil salvadoreños era asesinado en 2015 y esta tasa casi se duplicaba en la capital, San Salvador.

Desde la llegada de Bukele al poder, los homicidios han descendido en un 60%, un logro histórico. El gobierno asegura que es gracias a su Plan de Control Territorial, del cual no hay apenas información pública y ha sido puesto en entredicho el último fin de semana de abril, cuando 70 personas fueron asesinadas, casi una cada hora; pese a la restricción de movimientos y con 50.000 policías y militares desplegados en la calle. “Fue un golpe sobre la mesa de las pandillas, que saben que la violencia es su poder de negociación con el gobierno”, asegura la experta en Seguridad y Violencia, Jeanette Aguilar.

El presidente Nayib Bukele respondió públicamente con la vieja receta de mano dura. Autorizó a la Policía y al Ejército a disparar a matar. “El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o de la vida de los salvadoreños”, dijo Bukele a través de su cuenta de Twitter, como suele hacer los anuncios oficiales quién se ha ganado a pulso el apelativo del “presidente millenial”. Ese mismo día decidió juntar en las prisiones a miembros de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí. “De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. (...) Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla”, tuiteó el mandatario. En El Salvador se calcula que, entre todas las pandillas, hay 60.000 miembros, de los cuales l6.000 están presos.

“En las cárceles aguantamos hambre, golpes, nos tratan peor que los animales ya usted ha visto como los andan...”, describe Presente. “Los tiene tan solo en bóxers, sin comunicación, con una puerta sellada para que no les entre ni un rayo de sol al día, todos hacinados, solo con las mascarillas clínicas”, dice el MS-13.

El portavoz de la Mara Salvatrucha sostiene que, aunque hay un área destinada para gente enferma, la saturación dificulta la atención médica. “Si normalmente no se da abasto, ¿ahora? El año pasado murieron muchos hermanos presos de tuberculosis, imagínese con lo que estamos viviendo ahora... uno está como agonizando en vida”, relata Presente. Pide al Gobierno que se replantee la medida.

“Violando nuestros derechos, el país no vive mejor”

“Nosotros como mareros no pedimos nada más que nos respeten los derechos humanos. Somos delincuentes, pero también somos salvadoreños. El gobierno se debería poner a analizar que violando nuestros derechos el país no vive mejor”, dice el marero.

Roberto Valencia, periodista que ha cubierto el fenómeno de las maras durante una veintena, asegura haber accedido a un documento firmado por las tres pandillas para ratificar su convivencia en el interior de las cárceles. “Ahora tenemos una reglas de convivencia dentro de las prisiones”, dice Presente. Cuesta imaginárselo, cuando se trata de pandilleros rivales. Durante años, se han matado unos a otros.

“Sí, esas rivalidades están, pero ahí dentro no le vamos a dar gusto al sistema”, reitera el joven. “Ahí nosotros convivimos. Si ha habido un problema en alguna ocasión en las calles, no se puede reactivar en la cárcel aunque se quiera. No se puede”, añade. Pero, una cosa es la presión. Otra, las calles.

La tregua no se replica afuera. Solo que, durante la pandemia, cada pandilla está viviendo “en tranquilidad, en su territorio”.

Valencia, que entró a grabar en las celdas el pasado mes de mayo, vio como los rivales convivían hasta el punto de llamarse “amigos” entre ellos. “Si me dicen a mi hace unos años que iba a ver eso, apuesto dinero a que no”, explica el periodista.

Articuladas frente a un enemigo común: el Estado

“Desde 2010 hemos visto cómo las pandillas han logrado articularse entre ellas contra el Estado, su enemigo común. Ahora esta decisión en las cárceles puede favorecer más la cohesión de las bases pandilleras, al margen de sus rivalidades históricas”, contextualiza Aguilar.

“Así pasó en la década pasada ante las políticas de mano dura, cuando las pandillas contestaron usando la extorsión hasta convertirse en las redes de economía criminal que son ahora. Si ahora se fortalecen las estructuras pandilleriles desde las prisiones (dónde están muchos de sus líderes), se pueden convertir en estructuras que funcionen como un solo cuerpo frente al Gobierno. Esto dejaría el país en una posición menos favorable, es un mal cálculo de Bukele”, alerta la investigadora Aguilar y da ejemplos de otras intentonas fallidas. Si en algo son buenas las pandillas es en su capacidad de adaptación.

“Nosotros ya teníamos en mente que un día el gobierno podría hacer esto. Pero aquí está muy equivocado con la población que tenemos adentro. Es una decisión caprichosa y no podemos poner nuestro grano de paz nosotros así, el gobierno en la actualidad nos sigue matando día tras día”, agrega Presente, antes de envíar por Telegram noticias de mareros muertos en manos de la Policía.

En el informe del primer año de gobierno de Nayib Bukele, el Ministro de Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas se congratulaba de sus resultados. “Hemos cerrado un año sin precedentes en la historia de El Salvador en seguridad pública. El mes de mayo fue el más seguro en la historia del país, con 64 homicidios. Y hoy puede ser el segundo día del mes sin ningún homicidio”, decía el jueves 4 de junio. Menos de 24 horas después y a 50 kilómetros de donde se reúne el Ejecutivo, la policía salvadoreña asesinaba a un pandillero apodado El Dreamer, de la Mara Salvatrucha 13 (MS13). No hubo ningún escándalo, ni manifestaciones contra la acción policial, su muerte fueron apenas unas líneas publicadas en prensa.

¿Nuevos acuerdos entre el Gobierno y las pandillas?

Junio se terminó, al igual que mayo, con apenas dos asesinatos diarios en El Salvador, un hecho a celebrar en el mismo país que el último fin de semana de abril asesinaron a una persona cada hora o donde en 2017 se asesinaba a 10 personas al día. Expertos como Aguilar señalan que el descenso se debe a un pacto bajo el agua entre el actual gobierno y las pandillas. Otras dos fuentes off the record apuntan en la misma dirección. Desde la MS13, Presente rehuye hablar de pactos. “Acuerdo así tal vez no hay, pero sí un acto de buena voluntad por parte de nosotros. Nosotros estábamos de manos cruzadas, queríamos ver qué esperanza o oportunidad traía el nuevo gobierno pero ahora llegó su primer año y las cosas no han cambiado para nosotros”, dice.

La propia ONU ha pedido a Bukele que revise sus actitudes autoritarias. Por ejemplo, durante el inicio de la pandemia, dio orden de detener y encerrar 30 días en instituciones gubernamentales a todo aquel salvadoreño que se saltase el confinamiento domiciliar –pese a que el poder judicial se opuso– y se han sucedido las detenciones arbitrarias y los encierros de aquellos que se atrevieran a salir incluso a la gasolinera, durante la cuarentena. No es el único giro militarista, en febrero el presidente quiso forzar una votación en la Asamblea Legislativa –controlada por la oposición– tomando el pleno con soldados y policías armados.

Al cumplir un año de su mandato en junio, Amnistía Internacional (AI) pidió a Bukele, en una campaña pública, un “giro radical” en su mandato y que fortalezca el Estado de Derecho en un país que todavía tiene fresca en la memoria una sangrienta guerra civil de más de 12 años. En la misma línea considera que la nueva política hacia los pandilleros en las prisiones es un “despliegue mediático y propagandístico”. “Mostrar a las personas privadas de libertad en esos contextos de hacinamiento, maltrato y humillación, genera popularidad porque la gente está harta de la violencia, pero no ve que eso es un reflejo del poco respeto a los derechos humanos de este gobierno”, señala Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, quien explica que el presidente fomentan una estrategia militar ante cualquier problema social.

Mientras tanto el apoyo popular al presidente se mantiene en más del 90% y hasta desde la Mara Salvatrucha, Presente se resiste a criticarlo severamente. “Ha hecho mucho por la gente pero a nosotros nos da la espalda” y no descarta que si el gobierno les da su lugar “el acuerdo en las cárceles puede venir aquí a las calles y vivir en paz todos”, concluye Presente y asegura que él quisiera que sus hijos estudiaran y no entrasen en la Mara.

Pero el descenso de los homicidios no ha comportado un debilitamiento de las pandillas, que siguen practicando los mismos niveles de extorsión para financiarse. Solo el confinamiento militarizado durante la COVID-19 habría frenado los cobros ilícitos de las pandillas, que extorsionan desde empresarios hasta cualquier negocio pequeño pasando por los autobuses o los comerciantes ambulantes.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe las pandillas tendrías pérdidas de ingreso porque gran parte de esta economía no estaba operando y eso les obligaba a cambiar de estrategia. El principal diario salvadoreño en papel, La Prensa Gráfica, pone de ejemplo que los taxistas seguirían pagándoles la extorsión, pero a través de transferencias bancarias.

Desde la Mara Salvatrucha, Presente no quiere hablar de eso aunque entiende que una gran parte de la sociedad salvadoreña les tiene rencor. Otra las asume como parte de sus males. “En nuestras comunidades, la gente está con nosotros, convivimos en armonía”, se atreve a decir el pandillero. Con orgullo, manda fotos de las bolsas de alimentos que han repartido durante la pandemia. Es la cara del otro lado de la actitud de las pandillas durante la pandemia. La cruz se encuentra, por ejemplo, en uno de los vídeos difundidos durante el estado de emergencia que mostraba a unos adolescentes mareros amenazando con un bate a los vecinos que osasen romper la cuarentena. Zanahoria y garrote.

Escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha irrumpido este domingo en el Parlamento salvadoreño para exigir a los diputados la aprobación de un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, llamando, incluso, a la insurrección popular.

A primeras horas de este domingo, un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por militares y policías, fue desplegado en la sede de la Asamblea Legislativa, a donde llegaron miles de personas coreando “¡Insurrección, insurrección, insurrección!”.

Bukele dio inicio a una sesión extraordinaria sobre un préstamo para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial, lanzado en junio del año pasado, pero la asamblea no pudo ser posible por la falta de quórum, ya que solo se presentaron 20 diputados de los 84 que componen el Parlamento.

Bukele ofreció una oración desde el asiento del presidente del Congreso, Mario Ponce –que no acudió a la convocatoria–, y después salió del salón legislativo ante la imposibilidad de establecer la sesión, para luego dirigirse a una multitud que lo esperaba en una de las entradas del Parlamento.

“Los diputados hoy han roto el control constitucional al no venir a la Asamblea Legislativa, ellos son los que desobedecen un mandato del Consejo de Ministros, ellos no son la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) para interpretar la Carta Magna”, dijo el gobernante a los que acudieron a la sede del Congreso.

El presidente subrayó que si este lunes los diputados, convocados a sesión plenaria, “no aprueban el préstamo, el Consejo de Ministros los va a volver a citar y, si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución”.

Dicho artículo “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección”, para “restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.

El Gobierno atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que Bukele asumió la Presidencia y en el que fue lanzada dicha iniciativa.

La oposición le acusa de fomentar un golpe de Estado

El secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, ha acusado a Bukele de fomentar un golpe de Estado y señala que esto traería “graves daños colaterales”.

“Si tú crees que la confrontación y los golpes de Estado no traen graves daños colaterales estás equivocado (...) venimos de un conflicto (armado) largo y amargo para retroceder”, ha dicho Ortiz durante una conferencia de prensa.

Llamadas al diálogo

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha llamado al diálogo y al “pleno respeto de la institucionalidad democrática para garantizar el Estado de Derecho, incluyendo la independencia de las ramas del poder público”.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, ha condenado el “ostentoso” despliegue militar y policial en la Asamblea Legislativa y ha señalado que esto “nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país”.

Asimismo, la Unión Europea ha pedido que se respete la independencia de las instituciones en El Salvador y ha llamado a los órganos Ejecutivo y Legislativo a resolver de “forma satisfactoria y pacífica” la situación generada por la falta de aprobación de fondos para seguridad.

Daniel Hernández, más conocido como 6ix9ine, era un rapero estadounidense prácticamente desconocido hasta que grabó el tema 'Gummo' en septiembre de 2017. Con marihuana, armas y mucho pañuelo de color rojo consiguió en el videoclip hacerse pasar por un autentico pandillero Blood, una de las bandas callejeras más peligrosas de EEUU. El tema fue un éxito –en dos años acumula más de 357 millones de visitas– y puso a Hernández en la primera línea del rap estadounidense e internacional.

Pero todo era mentira. Entonces no era miembro de ninguna banda y su coqueteo con las pandillas le ha costado un secuestro, una paliza y le ha llevado al banquillo de los acusados, donde se ha declarado culpable y ha confesado que solo lo hacía para ganarse el sello callejero y real que necesita cualquier rapero de éxito en EEUU.

Con un poco de dinero, Hernández consiguió su pase para entrar oficialmente en la pandilla. Pero la aventura duró pocos meses y ahora sirve como testigo del Gobierno contra sus antiguos compañeros de banda para intentar reducir la pena de prisión a la que se enfrenta, de mínimo 47 años, y se ha ganado el odio de su propia pandilla y de otros grandes raperos estadounidenses.

Hernández declaró ante el tribunal a finales de septiembre durante tres días seguidos y lo soltó todo. El rapero cuenta que el mejor amigo de su mánager era un pandillero blood y Hernández le pidió que trajese a algunos de sus colegas para hacer bulto en el videoclip de 'Gummo'. “Quería que la estética fuese, ya sabes, llena de miembros de Nine Trey Blood. Le dije a Seqo que me gustaría que fuesen todos de rojo”, declaró el rapero. “¿Por qué rojo?”, le preguntó el fiscal. “Porque es lo que llevaría un miembro de los Blood. Compré 3.000 bandanas rojas”, añadió.

Visto el éxito que le reportó venderse como un auténtico pandillero, Hernández quiso repetir la fórmula, pero se metió en un juego peligroso. “Tenía la fórmula. Sabía que había que repetir la imagen pandillera. Promoverla. Es lo que a la gente le gusta”. Hernández entonces siguió en contacto con los pandilleros y grabó otro videoclip con ellos, 'Kooda'.

Con 'Kooda', Hernández se convirtió oficialmente en miembro de la banda Nine Trey Bloods, sin tener que pasar por el ritual de ingreso, conocido como 'shoot my 31', que consiste en pegarse durante 31 segundos con otro miembro del grupo. “¿Qué responsabilidades tenía [en el grupo]?”, le preguntó el fiscal. “Seguir haciendo éxitos y ser el apoyo económico de la banda. Ganar dinero y dárselo a los miembros de Nine Trey, ya fuese para ellos personalmente o para comprar armamento”, contestó. “¿Y qué obtenía usted a cambio?”. “Diría que mi carrera. Credibilidad callejera. Los vídeos, la música, la protección”, contestó.

Hernández se mete en el papel

Hernández se metió en el papel y aprovechó el respaldo de la banda para atacar, robar y humillar a enemigos musicales. El rapero detalló cómo dos antiguos compañeros le ayudaron a atacar al rapero Trippie Redd. Ambos tenían una disputa anterior y el mánager de Trippie Redd llamó a Hernández para solucionar el asunto y le facilitó la dirección donde estarían grabando un nuevo videoclip. 6ix9ine y su banda se presentaron allí y siguieron a Trippie Redd hasta su hotel, donde finalmente lo asaltaron.

En otro caso, miembros de la banda de Hernández robaron a punta de pistola a representantes de la discográfica de Texas Rap-a-lot porque, supuestamente, estos habían impedido un show de 6ix9ine en Houston. Mientras, Hernández grababa el robo desde dentro de su coche, aparcado al otro lado de la calle. “¿Por qué quería grabar el robo?”, le preguntó el fiscal. “Para hacerlo público. Ellos intentaron avergonzarnos y ahora nosotros íbamos a robarles en nuestra ciudad”. 6Ix9ine también confesó haber ofrecido a un miembro del grupo 20.000 dólares por disparar al rapero de Chicago Chief Keef.

Secuestro y arresto

El rapero se había convertido en una máquina de hacer dinero para la banda, pero algunos miembros del grupo se estaban cansando de su actitud y querían romper con el matrimonio de conveniencia. El asunto cambió radicalmente de rumbo en julio de 2018, cuando uno de los miembros de la banda secuestró a 6ix9ine y le pegó una paliza. Tras soltarle a cambio de darle 365.000 dólares en joyas, el secuestrador le dijo: “Di que no eres Billy (otro término para referirse a los Nine Trey)”. En el vídeo se puede ver cómo los pandilleros obligan a Hernández a salir de su coche.

La respuesta del rapero al secuestro no gustó a Nine Trey Bloods. Según escuchas del FBI, la banda quería castigar a Hernández por su falta de lealtad. Agentes del FBI ofrecieron entonces protección a Hernández, pero él lo rechazó. La cosa cambió cuando fue detenido meses más tarde, en noviembre de 2018. Unos días antes del arresto, 6ix9ine había despedido a todo su equipó, muchos de los cuales eran miembros de la banda. 6ix9ine anunció públicamente su salida del grupo y declaró en contra de su antigua banda. Con nombres y apellidos. La aventura pandillera de Hernández ha durado tan solo unos meses: desde su ingreso tras el lanzamiento de 'Kooda' (diciembre de 2017) hasta su arresto en noviembre de 2018.

Lo siguiente es un fragmento del interrogatorio del fiscal a Hernández:

— Empezó a cooperar usted con el Gobierno porque quería salir de la cárcel, ¿verdad?

— Sí

— ¿No porque quisiese ayudar al Gobierno?

— Un poco de las dos.

Acusado de “Snitch” (chivato) y “rata” por pesos pesados del mundo del rap como The Game y Snoop Dogg, 6ix9ine tendrá difícil volver a ser aceptado, pero su carácter y sus tatuajes también se lo ponen difícil al Gobierno para esconderlo en el programa de protección de testigos, posibilidad planteada por la Fiscalía.

El rapero The Game, un conocido miembro de los Blood, también ha denunciado la actitud de 6ix9ine: “Si cometes el crimen, cumples la condena [en prisión], me da igual lo larga que sea. Ser un chivato no es la forma”. Hernández se enfrenta a una condena de mínimo 47 años, pero su papel como testigo del Gobierno puede acabar con una reducción considerable.

La historia de una presunta colaboradora de la pandilla más poderosa del mundo, la Mara Salvatrucha, es un ejemplo de cómo el sistema judicial acusa con mayor facilidad a las mujeres porque son el eslabón más débil de la estructura criminal

Las mujeres desempeñan tareas de base como el cobro de extorsiones, abrir cuentas bancarias o lavar el dinero pero no tienen ninguna autoridad en la cima de la pandilla

El número de mujeres presas en Guatemala se ha cuadruplicado en los últimos cinco años

Agarrada a la reja, con sus uñas de brillantina por delante, Hera esquiva a las mujeres que están en el suelo de la celda. Se acerca a decir que su hijo está en casa con su esposo. Está acusada de colaborar con pandilleros y, asegura, es inocente. Dice que no es más que una buena vecina que saluda a todo el mundo en su colonia y por eso la han detenido.

Hera miente. Pero hacen falta siete días para descubrir el engaño.

Esta mujer de 24 años, piel suave, pelo lacio hasta los hombros y embarazo de seis meses es vecina de Canalitos, una colonia de callejones de tierra, casas de lámina de metal y madera al otro lado del barranco de una zona de clase media alta de Ciudad de Guatemala. Canalitos es una zona roja. Roja por la sangre de los asesinatos.

Hoy espera dentro de una celda estrecha que huele a pis en la tremenda oscuridad de un sótano frente a los coches de los jueces que trabajan en la Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala. A su alrededor, unas 30 presas aguantan hacinadas cerca de un inodoro rebalsado.

Hera no se llama así. Motivos de seguridad. Hera, en la mitología griega, es la esposa de Zeus, el rey del Olimpo, un personaje con el que la mujer embarazada de las uñas pintadas tiene más que ver de lo que ella pretende. La Fiscalía la acusa de tres delitos de colaboración con la Mara Salvatrucha (MS-13), la pandilla más poderosa del mundo.

Son delitos vinculados a la extorsión, una infracción extendida en Centroamérica que implica pedir dinero bajo amenazas de muerte. Un delito muy utilizado por el Ministerio Público para acusar a pandilleros. Un delito que en otros lugares ni siquiera se comprende.

Hera sale de la celda y espera frente al ascensor, esposada a otra mujer. Espera porque la barriga le pesa demasiado para subir 15 pisos a pie. Sube apretujada, encerrada con otros detenidos y varios policías, en un aparato que no mide más de cuatro metros cuadrados. Va encadenada porque el sistema penitenciario intenta asegurarse de que no se escape. Con gesto soberbio, mantiene la frente en alto. Cuando entra en la sala de audiencias, ve las panorámicas montañas de fondo. Se acomoda en el banco de los acusados y mira hacia una silla vacía.

El número de mujeres presas en Guatemala, sobre todo por delitos relacionados con la extorsión, creció en los últimos cinco años de manera exponencial. La cifra se cuadruplicó al pasar de 36 a 144. “Cada vez hay más mujeres procesadas”, confirmará resignado un día después de la sentencia, en el sillón de su oficina, el juez Mynor Moto, el hombre que aún no se sienta frente a Hera.

Cuando el juez llega, Hera pide un chequeo médico de su embarazo a través de su abogada gratuita asignada por el Instituto de Defensa Pública Penal. El juez dice que sí, que el único derecho que se le ha limitado es la libertad. Lo dice en serio. Neutro y por momentos paternal, no pretende bromear, o hablar con ironía ni sarcasmo: es el mismo tono con el que acusa. Hay cortes de luz en el edificio y faltan algunos abogados de las 11 personas acusadas en su caso.

Una semana después, Hera llega de nuevo al juzgado desde la cárcel de mujeres Santa Teresa. Ahora está atada a sí misma, en la misma posición, ante el mismo juez, en otra sala de la misma planta –donde se juzgan los delitos más graves–, con distinto abogado de la defensa pública. Esta vez, la altanería ha desaparecido. Parece ser que el marido de Hera está en casa con su otro hijo, cuidándolo. Por eso, dice, él no llega al juzgado para darle comida antes de entrar, como suelen hacer los familiares de los acusados. En la sala de audiencias, acompañando a las mujeres, no hay novios ni esposos. Solo madres, padres o tías. A varios de los hombres acusados sí les acompañan sus parejas.

Ese marido libre del que habla no existe. El último esposo que tuvo antes de caer detenida está preso. Al menos eso puso ella misma en el registro del más de centenar de visitas que hizo a un hombre llamado Julio César Mejía García, del que sabremos más adelante. Nunca de la boca de Hera. Mejía García cumple condena en una cárcel al sureste del país.

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El poder de las pandillas lo tienen hombres encarcelados. El triángulo del poder en la MS-13 tiene una punta: el Consejo de los Nueve, una especie de mesa redonda que da órdenes que después bajan en esa pirámide del poder.

La MS-13 es más estratégica y menos sanguinaria que su enemigo, el Barrio 18. Después de advertir a un extorsionado que si no paga encontrará la muerte, ejecuta la amenaza, a diferencia de la pandilla rival, que mata sin advertencia previa. Por eso, y porque la Fiscalía guatemalteca tiene notables limitaciones en sus posibilidades de investigación, también es más difícil seguir la pista de esta pandilla, sofisticada en la organización, la violencia y hasta la tecnología que usa para comunicarse.

En Guatemala, quedan poquísimas mujeres pandilleras [todas presas] porque, desde mediados de los 2000, tienen prohibido entrar a la MS-13. Lo mismo sucede en el Barrio 18. Las mujeres que querían ingresar tenían que recibir una paliza de 13 segundos. Hoy son pocas las sicarias que quedan vivas o libres.

Ahora, las mujeres del entorno de la pandilla desempeñan tareas como abrir cuentas bancarias, mover y lavar el dinero, dar la cara y el nombre, ofrecerse, estar en la base. Si son detenidas, entran a los tribunales esposadas a delitos de presunta pertenencia a la MS-13. Pero son reemplazables. Tras entrar en la cárcel en nombre de la pandilla, no pasa demasiado tiempo hasta que otras ocupan su lugar.

El fiscal, con una maleta de ruedas en la mano, llega en el mismo ascensor que Hera. En esos papeles que ahora lee con voz rápida y por momentos ininteligible dice que Hera está acusada, junto a otras diez personas, de exigir dinero a conductores de transporte público a cambio de no ser asesinados. Ella solo mira al juez, no se mueve demasiado. A su derecha, un acusado sin esposas. A la izquierda, una acusada de los mismos delitos que ella. Una mujer que, se nota, conoce desde antes. Hablan poco y en voz baja.

Hasta 2009 los investigadores en Guatemala no tenían claro cómo luchar contra las pandillas aunque las dos principales, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, operaban en el país desde finales de los noventa. La creación de dos grupos élite, uno en la Policía y otro en la Fiscalía, sirvió para localizar e identificar quiénes eran, dónde operaban, cómo hacían dinero y cómo mataban. A partir de 2011, esas dos unidades especializadas dieron un giro a la forma de presentar los casos a los jueces: pasaron de muchas e infructuosas investigaciones individuales a preparar pocos megacasos contra centenares de supuestos pandilleros. El secreto del triunfo acusador fueron las escuchas telefónicas y pandilleros traidores que se convirtieron en informantes. Tuvieron cierto éxito. Tocaron a la jerarquía.

Entre 2016 y 2017, Guatemala lanzó cinco megaoperativos contra las pandillas. Si las estructuras estaban identificadas y sus líderes –siempre hombres– estaban presos, tocaba derribar la base. Allí estaban personas como Hera, que no formaba parte del grupo criminal, pero que trabajaba –sobre todo mediante cobro de extorsiones y prestando sus cuentas bancarias– para la pandilla. En la mayoría de casos, a cambio de dinero. Las detenciones de mujeres en los megaoperativos comenzaron a destacar. Había muchísimas colaboradoras. Las mujeres se hicieron visibles alrededor de las pandillas.

Ya no eran operativos contra una clica –célula local– de una pandilla sino acciones masivas contra las dos principales pandillas que podían darse al mismo tiempo en distintos municipios. Así sucedió con el operativo Rescate del sur en 2016 en el que la Fiscalía demostró cómo las pandillas crecían al sur del área metropolitana de la capital y que generó más de 120 detenciones en cuatro departamentos del país.

Al detener y procesar a su mano de obra, pensaron los funcionarios, dejarían mancas a las pandillas. Pero esos operarios de base, esas mujeres colaboradoras, gente que en general no siente identificación con los grupos criminales porque lo hacen por dinero, son fácilmente sustituibles. Tan prescindibles que, por no ser de la pandilla, ni siquiera tienen un abogado pagado por el grupo criminal. A finales de 2017, la operación Escudo Regional, que se desarrolló en tres operativos a lo largo de dos años, golpeó a las dos principales pandillas en Honduras, El Salvador y Guatemala, con cerca de 200 detenciones, de las que la mitad fueron mujeres. Hera fue arrestada el 18 de abril de 2018.

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Las mujeres tienen responsabilidad en la base y ninguna autoridad en la cima de la pandilla. Reciben y ejecutan órdenes sin pertenecer, sin decidir estrategias. La Fiscalía Antiextorsión investiga siguiendo la lógica de que la pandilla las protege menos que a los hombres, pero también de que ellas pertenecen a la organización criminal. Lo difícil es investigar a la MS-13 como estructura y lo fácil es llegar a las colaboradoras. Es más sencillo capturar a quien lleva el teléfono o a quien recoge el dinero que a quien da las órdenes a distancia y se queda, finalmente, con los mayores beneficios de la actividad.

El Ministerio Público acusa a Hera de exigir dinero de manera regular e intimidante a los conductores de transporte público. La amenaza no tiene matices: es una renta a cambio de vivir. Para cometer estos dos delitos es necesario ser parte de un grupo criminal.

Supuestamente, Hera apoyaba a la clica Pewees Locos Salvatruchas, que tiene desde 2010 su principal centro de operaciones en Canalitos, ese barrio pobre y violento de la zona 24 de la capital. Desde entonces, los Pewees están señalados de amenazar, extorsionar y atentar contra conductores de moto taxis que circulan por esa zona y contra comerciantes que aceptan pagar por no morir. También están acusados de asesinar a integrantes de la clica que se quedan con el dinero de las extorsiones.

La investigación contra Hera y las personas detenidas junto a ella se basa en tres testigos: el dueño de un moto taxi, el propietario de un negocio y una mujer excolaboradora de la pandilla. Tres testigos que no dicen las horas, los lugares ni las formas que estas 11 personas usaban para extorsionar para la MS-13, esa pandilla declarada por Donald Trump enemiga pública y amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Ninguno de los testigos describe a Hera: ni su rostro, ni sus movimientos, ni datos concretos. Nada. La señalan. Pero sin presentar pruebas.

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Una semana después de la primera audiencia suspendida, se repite la escena ante el juez. En esta ocasión, el mismo abogado defiende a Hera y a las otras dos mujeres del grupo. La camisa blanca del hombre intenta contener un cuerpo grueso y torpe. Es la primera vez que ve a sus defendidas. Pide beneficios de embarazo para una acusada que no lo está. Se quiere referir a Hera pero no sabe quién es quién. Ellas lo miran, abren los ojos intentando decirle algo. No lo logran. El hombre casi no tiene argumentos.

El fiscal trabaja para una unidad jurídica creada en 2005 para defender mujeres y financiada por organismos internacionales. Se supone que son personas especializadas en distinguir sesgos de género en las causas con herramientas para defender a las mujeres acusadas. Está en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y en su lista de tareas se amontonan 1.400 expedientes relacionados con mujeres solo de la capital del país.

Edith Ochoa, una mujer repleta de anillos brillantes y larga melena negra, dirige la unidad en la que trabajan 30 abogados. Explica que no puede atender el 90% de los casos que les llegan porque las acusadas no les hablan. Por miedo. O simplemente porque no quieren.

—¿Qué resultados tienen?

—Ninguno, [las mujeres] son sentenciadas —dice Ochoa sin inmutarse.

Luego matiza. El equipo de Ochoa ha logrado “tres o cuatro” sentencias absolutorias para sus defendidas en 13 años.

El IDPP está en un antiguo banco en el casco histórico de la capital, con techos altísimos y escaleras de madera que conservan esa sensación de que otro tiempo pasado fue mejor. En una oscura oficina en la segunda planta, la coordinadora condiciona y limita la defensa de las colaboradoras de pandillas “hasta que no bajen los contextos de peligrosidad”. Según las cifras oficiales, eso ya ha sucedido. De 49 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2009, Guatemala pasó a 24 en 2018. Pero la presunción de inocencia en todo lo relacionado con las pandillas y el esfuerzo del Estado por hacer algo por las mujeres de Guatemala siguen brillando por su ausencia.

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El tipo de colaboración que Hera aportaba a la pandilla se conoce en Guatemala como chequeo activo. Implica estar en período de prueba, pequeños encargos para ingresar en la estructura criminal. Al menos eso cree la Fiscalía. La situación es paradójica: su entrada está vetada por ser mujer, pero también es acusada de ser administradora de extorsión. Esto significa que, de confirmarse, ella es la que junta el dinero y, con órdenes de los líderes de la clica, organiza cuánto va para cada quién en cantidades que disminuyen a medida que se desciende en la pirámide del poder.

En la audiencia, el abogado de Hera –que no sabe nada de su vida, nunca ha hablado con ella, no sabe qué piensa, qué siente o qué puede aportar en su defensa– no ve sesgo de género. No cree que la hayan obligado a nada, ni que la hayan presionado a través de su familia para que trabaje para la pandilla aprovechándose de su vulnerabilidad o de su pobreza. Utiliza como única estrategia de defensa acogerse al derecho a no declarar.

En realidad, quien debería defenderla, quien sabe del caso, es otra abogada que no ha llegado a las audiencias. Los tres –la abogada oficial, la que estuvo en la audiencia anterior y el hombre de esta audiencia– trabajan bajo el mando de Edith Ochoa, la mujer de los anillos brillantes que no espera ganar casos.

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El Flaco y El Voltio son los pandilleros que dirigen desde prisión la clica de nombre Pewees Locos Salvatruchas. Ellos deciden las acciones para extorsionar, intimidar, vender droga, reclutar pandilleros y asesinar. El Flaco se llama Nixon Bantes González. El Voltio, que es el número dos de la clica, es Julio César Mejía García, a quien Hera iba a visitar a la cárcel de El Boquerón registrándose a veces como su esposa. De los Pewees, de su forma de operar y de los integrantes de la Pewees es conocedora desde 2012 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una institución especial financiada por Naciones Unidas y que trabaja junto al Ministerio Público. Ese informe está en manos del juez que juzga a Hera y del fiscal que la acusa.

En 2017, el juez Pablo Xitumul, magistrado titular del Tribunal C de Mayor Riesgo, encargado de casos de gran impacto, condenó a El Voltio: 150 años de cárcel por cinco delitos, entre ellos asesinato y violación. Sumada una causa anterior, El Voltio podría salir en libertad cuando cumpla 213 años.

Un año después, Xitumul llega a su despacho, en la planta 12 de la Torre de Tribunales, se sienta en una silla junto a su sofá de visitas y comienza a hablar. “Detectamos que los patojos [jóvenes] arrastran a las mujeres”. Cree también que la justicia “revictimiza” a las mujeres vinculadas a pandillas en un país particularmente desigual. Él explica que “se siente sensible” con las mujeres de su país y por eso siempre aplica la pena mínima a las acusadas de extorsión: de 6 a 8 años. Es la pena mínima, subraya como un acto de empatía. No es medida sustitutiva. Tampoco es absolución.

Ni El Flaco ni El Voltio están presentes en las audiencias de Hera. Pero lo parece. Su presencia planea sobre la sala. Se supone que los 11 acusados trabajaban a sus órdenes. De ellos habla primero el fiscal, que maneja miles de páginas de expediente que saca de la maleta con ruedas. Con su voz rápida y a veces inentendible, se refiere a ellos para explicar el modus operandi de la clica. Muestran fotos de dos de las mujeres. Hera no aparece en ellas.

Argumenta historias, datos, fechas, listas, sucesos, crímenes. El turno de Hera llega cuando el fiscal calla y el juez regresa a El Voltio y a El Flaco varias veces más cuando lee el listado de visitas que reciben en la cárcel. Esa es la clave, la evidencia de la que Hera tendrá muy complicado defenderse. Han pasado 12 horas de audiencia, el aire acondicionado enfrió tanto la sala que la mujer se abriga con sus propios brazos y se le pone la piel de gallina. En esta vista judicial, el único que no habla de los líderes de la clica es el abogado defensor de Hera. Habla poco porque sabe poco.

Según la información en manos del juez y el fiscal, la primera vez que Hera fue a la cárcel a ver a Julio César Mejía García, ese hombre con poder, ese tal El Voltio, fue en marzo de 2015.

¿Cuáles son los acusados que no han visitado a nadie en la cárcel? Eso es un misterio. Es una información sin registrar en el expediente del caso. “Las visitas carcelarias por sí solas no se pueden tomar como prueba”, insistirá el juez Mynor Moto unos días después de la audiencia.

Las visitas carcelarias no cuentan como pruebas, pero sí como razones por las cuales los jueces, como Xitumul o Moto, deniegan la posibilidad de que las personas estén libres mientras esperan que se celebre su juicio.

El Ministerio Público no prueba nada de las funciones de Hera para la Mara Salvatrucha. La investigación es deficiente, dice el juez Mynor Moto, desplegado en el sillón de su oficina de la Torre de Tribunales, mientras revisa el expediente. Algunas partes son un copia y pega de los informes policiales, insiste. Ninguno de los tres testigos está identificado, remarca. Todos los informes policiales, en los que se basa la Fiscalía, los firma el mismo policía, apunta. Un superpolicía, dice –con ironía– el juez, mientras pasa las hojas, un poco resignado, en la tranquilidad de un juzgado a punto de terminar la jornada. Sabe que las investigaciones son pobres, que los recursos son pocos y la voluntad pequeña.

Por eso, eliminó para la mayoría de los acusados los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito y exacciones intimidatorias. Hera fue una de las beneficiadas. Un beneficio parcial, pues seguirá en prisión preventiva por asociación ilícita, algo que le será muy difícil quitarse de encima.

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Durante dos años, Hera entró registrándose como la novia de El Voltio. Los primeros cuatro meses de 2017, lo hizo como su esposa. Después, volvió a ser la novia y así lo hizo hasta el último día de visita registrada, en marzo de 2018. En esa fecha, además, ya estaba embarazada. Hera fue a verle a prisión 102 veces. Ciento dos veces. Cada día, hora y tiempo juntos quedaron marcados en una larga lista de registros que ahora se vuelven en su contra.

La presencia de El Voltio ya no planea sobre la sala, ahora la aplasta. Termina con cualquier posibilidad de salir absuelta. Pese a su relación con un líder pandillero, una relación de esta intensidad, no es suficiente para que la pandilla le pague un abogado que la defienda.

Antes de las nueve de la mañana del 20 de marzo de 2018, Hera entró por última vez a ver a El Voltio. Pasaron casi ocho horas juntos. Fue la visita número 102. Fue un mes antes de ser detenida. Ella, acusada de ser la administradora de la extorsión en la clica de una pandilla enemiga de Estados Unidos, fue atendida por un defensor oficial que ni siquiera se aprendió su nombre.

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Este reportaje forma parte de la serie 'Las colaboradoras', un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica. Una iniciativa de El Intercambio financiada por Internews.El Intercambio Internews

Texto: Rosario Marina, Elsa Cabria y Ximena Villagrán / El Intercambio

Fotografías: Oliver de Ros / El Intercambio

Edición: Alberto Arce