Luis Castro, el único liberado en la comarca de As Pontes (A Coruña) por la central nacionalista CIG –el principal sindicato de Galicia– fue agredido en la mañana de este martes mientras colocaba una pancarta frente a un supermercado de la localidad en el arranque de la jornada de huelga en el sector de la alimentación en la provincia. Según denunció ante la Guardia Civil, se le acercó un hombre reivindicándose como ultraderechista y, al grito de “rojo de mierda” y “nacionalista de mierda”, lo amenazó diciéndole que iba a “acabar con vosotros” antes de asestarle varios puñetazos. Castro sufrió la rotura de un diente y contusiones en la mandíbula y la zona lumbar por lo que tuvo que acudir al centro de salud, donde lo derivaron al hospital de Ferrol.

“Estoy bien, estoy bien”, relata Castro por teléfono a elDiario.es tres días después de lo sucedido y después de que la CIG hiciese pública la agresión y mostrase su “total condena y repulsa” al ataque sufrido por su compañero. El sindicato “alerta” del incremento de este tipo de agresiones, que no duda en calificar como “fascistas”, y que se han repetido en los últimos tiempos en la comarca de Ferrolterra. Señalan, entre otros, las pintadas xenófobas en las instalaciones de Cruz Roja o las sufridas en su propio domicilio por un “conocido activista”. En agosto, también fue vandalizada la sede del PSOE en la ciudad departamental.

En As Pontes, una localidad con larga tradición industrial y obrera, “no se veían actitudes así desde hace mucho tiempo”, cuenta Castro, que sí nota últimamente un “caldo de cultivo extraño”. “Nunca nadie me había dicho nada antes por mi trabajo sindical, pero ahora se detectan unas actitudes envalentonadas. No digo que antes no hubiese gente que pensase estas mismas cosas, pero no se atrevían a decirlas y, mucho menos, llegar a la violencia física”.

El martes, a las 8:30 de la mañana, Castro estaba colocando la pancarta ante uno de los supermercados de As Pontes mientras esperaba la llegada de los piquetes. Fue entonces cuando se le acercó su agresor, un individuo “de aspecto pintoresco” al que conocía “de vista” aunque nunca habían hablado. “Esto es As Pontes [un municipio que no llega a los 10.000 habitantes] y él no pasa desapercibido”.

El hombre llegó insultando –“rojo de mierda, nacionalista de mierda”–, reivindicándose como ultraderechista y añadiendo: “Voy a acabar con vosotros”. El sindicalista le contestó que se fuese, que allí “no pintaba nada” y fue entonces cuando el otro lo golpeó, en la cara y la espalda, antes de irse. Mientras se marchaba, Castro, dolorido, le llamó “facha”. El agresor volvió sobre sus pasos, se quitó la camiseta “en plan Rambo” y le dio otros dos puñetazos antes de meterse en un portal a escasos metros de allí.

Para la CIG, se trata de “un ejemplo más” del “incremento de la violencia física y verbal contra la izquierda y, en concreto contra el sindicalismo nacionalista por todo lo que representa de resistencia y lucha frente a la derecha más españolista y reaccionaria”. La central acusa a PP y Vox de “fomentar los discursos de odio y los mensajes racistas, machistas y antinacionalistas mientras promueven una exaltación aberta del franquismo y la represión”.

Fue botado el 29 de septiembre de 1784 en los Reales Astilleros de Esteiro, en Ferrol. Se le “bautizó” como Santa Ana y para muchos expertos en navíos fue una verdadera joya de la ingeniería naval española del siglo XVIII. Diseñado por el célebre ingeniero militar José Romero Fernández de Landa, este buque fue concebido para dotar a la Real Armada de una presencia imponente en las rutas atlánticas. Su construcción representó un hito tecnológico para los astilleros gallegos e inauguró un ambicioso plan estratégico destinado a renovar la flota militar de la Corona española.

La arquitectura de este coloso marítimo destacaba por poseer tres puentes artillados y una imponente estructura de casi 59 metros de eslora por 16 de manga. Armado con 112 cañones distribuidos en sus diferentes cubiertas, el Santa Ana albergaba una potencia de fuego devastadora. Capaz de embarcar a más de mil hombres en combate, su diseño incorporaba pararrayos de cadena y un elaborado forro de cobre para proteger el casco de madera.

Tras sus concluyentes pruebas de navegación en 1786, una Real Orden dictaminó que todos los futuros navíos de tres puentes de la Armada debían construirse siguiendo los planos del Santa Ana. Se convirtió así en el prototipo y cabeza de serie de los llamados Meregildos, una estirpe de ocho colosos navales entre los que figuraban, por ejemplo, el Príncipe de Asturias y el Mejicano. Reconocido por su maniobrabilidad y excelente gobierno, fue considerado en toda Europa uno de los mejores barcos de su tiempo.

Durante sus primeros años de servicio, el buque desempeñó misiones clave en el Atlántico y el Mediterráneo con base fija de operaciones en Cádiz. En el verano de 1797, las lanchas artilladas del Santa Ana tuvieron una actuación destacada en la defensa de la bahía gaditana frente al bloqueo decretado por las escuadras británicas de John Jervis y Horatio Nelson. Integrado en la flotilla de defensa, el barco demostró la sólida capacidad de sus tripulaciones y la firmeza indiscutible de su madera.

El momento cúlmine de su historial bélico aconteció el 21 de octubre de 1805 en la Batalla de Trafalgar, capitaneado por José de Gardoqui y con la insignia del teniente general Ignacio María de Álava. En el centro de la formación, el Santa Ana entabló un encarnizado combate contra el navío británico Royal Sovereign, buque insignia del vicealmirante Cuthbert Collingwood. El intercambio de andanadas a bocajarro causó enormes estragos en ambas naves, dejando al buque inglés fuertemente escorado y sin mástiles.

Totalmente desarbolado, con la popa destrozada y casi un centenar de muertos, el Santa Ana fue apresado de forma temporal por las fuerzas inglesas al término de la batalla. Sin embargo, dos días después, una audaz flotilla española enviada desde Cádiz logró rescatar el buque y remolcarlo hasta la bahía gaditana con auxilio francés. Trasladado al Arsenal de La Carraca en San Fernando (Cádiz), el coloso permaneció más de un año en dique seco siendo sometido a profundas reparaciones para sanar las graves heridas sufridas en Trafalgar.

Final en el Caribe

Restablecida su estructura en 1806, el buque continuó en servicio activo durante el convulso escenario desencadenado por la Guerra de la Independencia Española. Al hallarse en reparaciones en 1808, no intervino en la captura de la escuadra francesa de Rosily, disponiéndose su traslado a Ultramar para ponerlo a salvo de las tropas napoleónicas. En noviembre de 1810, el Santa Ana arribó a La Habana tras una travesía atlántica escoltado por otras unidades de la flota castigada.

Instalado en la capital cubana, el histórico navío de Ferrol vivió sus últimos años relegado a funciones de pontón y depósito de marinería en el arsenal del Caribe. Abandonado gradualmente por la falta de recursos económicos y el deterioro de la carena provocado por la crisis de la postguerra, el barco se hundió en 1816 en el fango de La Habana. Años más tarde, sus restos aún se divisaban bajo el agua como testimonio mudo de la época dorada de la Real Armada y de la ingeniería española.

La sede y los vehículos de Cruz Roja en Ferrol han aparecido este martes cubiertos de pintadas xenófobas y machistas: “Cruz Roja. ¡Golfas! Endófobas”, “ONG antiespañolas”, “Proinvasión”. Además, algunos de los mensajes hacen referencia al plan Kalergi, una teoría de la conspiración que difunde la ultraderecha. Entre las pintadas también hay referencias a Ceuta.

La formación política Ferrol en Común ha condenado la vandalización con pintadas nazis “alentando el racismo y la xenofobia”. Estos actos “ponen en peligro la convivencia” en la ciudad, que “debe tener una acogida ejemplar a las personas migrantes, con plena inclusión e igualdad de derechos”, añade. Recuerda que Cruz Roja jugó un papel que califica de fundamental en la pandemia, dando asistencia a las personas más necesitadas y tiene “un rol determinante” en la lucha contra la soledad no deseada, ayuda a menores y ofrece teleasistencia a más de 1.500 personas en la comarca de Ferrolterra.

Ferrol en Común pide que se establezcan actividades formativas en los centros escolares para promover la tolerancia, el respeto y los valores democráticos. “Queremos condenar con toda la energía esta violencia promovida desde organizaciones neonazis, solicitamos la unión de todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales para ponerles freno e instamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad a una investigación por delitos de odio”, reclama y pide localizar a los autores materiales e intelectuales. La formación traslada su solidaridad a los trabajadores de Cruz Roja: “Nadie merece tener que trabajar con miedo”

Se han unido a las palabras de condena el BNG en la ciudad, CCOO y el alcalde, José Manuel Rey Varela (PP), que manifestó que “ninguna discrepancia política, social o de cualquier otra índole puede llevar a que se señale a entidades o a trabajadores de las mismas”.

El pasado mes de agosto hubo otro episodio similar en la ciudad, pero entonces la atacada fue la sede del PSOE, en la que aparecieron pintadas en las que se leía: “Traidores. Esclavos de Marruecos. Antiespañoles”.

La construcción pública de una memoria democrática, explica a elDiario.es el catedrático Lourenzo Fernández Prieto, implica también saber qué sucedió. Qué sucedió, por ejemplo, con las casi 200 personas que, calculan los investigadores del grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela, se encuentran en una de las fosas comunes del cementerio de Serantes, en Ferrol. Fueron víctimas de la violencia franquista entre 1936 y 1942, e historiadores y arqueólogos han iniciado una cata arqueológica en el lugar para “determinar la localización y el estado” de los enterramientos. Prevén acabar los trabajos el viernes 11 de septiembre.

El noroeste gallego concentra algunas de las mayores fosas comunes con fusilados y paseados por el fascismo. Serantes es, junto a Aranga u O Val, una de ellas. “Esta en concreto”, relata Fernández Prieto, ocupaba mucho espacio. Ha sufrido mucho movimiento, las familias realizaban exhumaciones clandestinas. Y las autoridades, civiles y eclesiásticas, manejaban todo con una lógica de ocultación“. Las excavaciones comenzaron el lunes, 31 de agosto, y hasta ahora no han encontrado nada. ”Hemos llegado a un metro de profundidad, aunque los enterramientos suelen encontrarse a un metro veinte, un metro y medio“, asegura.

La cifra de 197 víctimas procede, sobre todo, de los archivos militares. Estos, señala Fernández Prieto, indican quién fue fusilado pro no dónde está enterrado. “Hay que contrastar esa información con familiares, vecinos, otra documentación”, añade. Serantes, en todo caso, no permaneció en silencio. Familias, asociaciones, organizaciones políticas “memorializaron” el emplazamiento. “Estos homenajes también fueron cambiando. Al principio había cruces. Después desaparecieron. Ahora hay colores republicanos y banderas”, comenta Fernández Prieto. Los nombres de los asesinados pueden consultarse en la página web del proyecto Nomes e Voces, que censa las víctimas del franquismo en Galicia.

La intervención en Serantes depende del convenio firmado entre la universidad compostelana y la Deputación da Coruña, con financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. “Nosotros formulamos además una pregunta: ¿Por qué tuvieron que matarlos?”, afirma Fernández Prieto, coordinador científico de la operación, “es una pregunta de derechos humanos, histórica y democrática. Nuestro trabajo también tiene que ver con honrar a las personas asesinadas”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por una empresa de Ferrol y ha confirmado que ésta deberá indemnizar por los daños morales derivados del retraso en la tramitación del protocolo antiacoso.

Según se recoge en la sentencia, una sentencia del Juzgado de Social 1 de Ferrol declaró extinguida la relación laboral entre la trabajadora y la empresa, y acordó que la mujer sería indemnizada en 38.081 euros por despido improcedente, y en otros 3.750 euros por daños y perjuicios (cantidad que fue recurrida por la compañía), por la tardanza en tramitar el protocolo antiacoso.

El TSXG considera acreditado que la compañía incumplió de forma reiterada y prolongada su propio protocolo de prevención del acoso, al demorar la constitución de la comisión investigadora y la tramitación de la denuncia presentada por la trabajadora a través de su canal ético.

Así, expone que “la empresa ha incumplido un elemento fundamental de su protocolo antiacoso, como es la urgencia, cometiendo una acción u omisión culposa o negligente, constitutiva de una vulneración de derechos fundamentales, con una doble dimensión: individual, sobre la salud laboral de la propia trabajadora, así como colectiva, dado que, desde la perspectiva del personal de la propia empresa, ese incumplimiento despertará razonables sospechas con respecto al cumplimiento del protocolo”.

De hecho, apunta que, además de producirse un incumpliento de la legalidad ordinaria en materia de prevención de riesgos laborales, los hechos están vinculados con el derecho a la integridad moral reconocido en la Constitución.

El TSXG estima que se ha producido un daño moral, “con independencia de la situación de la incapacidad temporal de la trabajadora demandante”. “La circunstancia de estar la trabajadora fuera de la empresa durante la tramitación del expediente no excluye un daño moral derivado de la tardanza en la tramitación del protocolo antiacoso, que es independiente de si la trabajadora está trabajando o fuera de la empresa”, advierten los magistrados.

Además, subrayan que la cuantía de 3.750 euros fijada en la sentencia de primera instancia resulta proporcionada, al tiempo que recuerdan que es habitual tomar como referencia orientativa las sanciones previstas para las infracciones muy graves por vulneración empresarial de derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

Por todo ello, el TSXG desestima íntegramente el recurso de la empresa, aunque la sentencia no es firme y contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El grupo de investigacion Histagra, perteneciente a la Universidade de Santiago (USC), ha lanzado un llamamiento a la colaboración de las familias de víctimas de la violencia franquista que fueron enterradas en el cementerio ferrolano de Serantes para que ayuden a complementar el estudio historico y arqueológico de las fosas. Al menos 197 personas fueron asesinadas y sepultadas en el recinto.

El grupo Histagra (Historia Agraria e Política do Mundo Rural nos séculos XIX e XX), coordinado por el catedratico Lourenzo Fernández Prieto, es el encargado de coordinar un estudio que se integra en el marco del convenio anual firmado por la USC y la Deputación de A Coruña. Según informó la universidad, la primera cata arqueológica se realizará entre el lunes 31 de agosto y el viernes 11 de septiembre.

La petición de ayuda va dirigida no sólo a los parientes de víctimas de la represión franquista, sino también a vecinos o cualquier persona “que disponga de datos al respecto”. El contacto puede hacerse a traves del correo electrónico histagra@usc.gal.

Los investigadores han confirmado que “como mínimo” fueron 197 las personas asesinadas y enterradas en el cementerio. Sus nombres pueden ser consultados en el apartado destinado a la fosa de Serantes en la página web del proyecto Nomes e Voces.

Histagra aprovechó el llamamiento para agradecer al área de Dereitos Civís de la Deputación da Coruña “su compromiso con la memoria democrática”, además de la colaboración de la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática de Ferrol y la ayuda de las familias de las víctimas. El convenio entre la institución académica y el ente provincial permite investigar tambien las fosas de Beira, en Carral, y Boisaca, el cementerio de Santiago de Compostela.

El supuesto caso de espionaje de China a través de la nueva fábrica de SAIC en Ferrol se ha desvanecido. El Ministerio de Defensa ha comunicado a la Xunta de Galicia que dará el visto bueno a la instalación de la planta del fabricante chino a solo cinco kilómetros de la base naval ubicada en el mismo puerto. Unas horas después de la polémica generada, que cuestionaba la ubicación de la factoría, el departamento que dirige Margarita Robles prepara un nuevo informe que olvida las objeciones anteriores.

La decisión supone un giro respecto a las advertencias conocidas en los últimos días sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional asociados a la ubicación de la futura fábrica, situada en el puerto exterior de Ferrol y a unos cinco kilómetros de las instalaciones militares y del astillero Navantia. La Xunta de Galicia ha confirmado que Robles telefoneó al presidente gallego, Alfonso Rueda, para trasladarle que Defensa se pronunciará favorablemente sobre la iniciativa, aunque “sin perjuicio de las condiciones operativas que sean necesarias desde el punto de vista de sus competencias”, según informa Efe.

Las reservas de Defensa habían trascendido después de que varios informes de organismos vinculados al Ministerio alertasen de las implicaciones de instalar una empresa china en las proximidades de un enclave considerado estratégico. El arsenal de Ferrol alberga, entre otros buques, las cinco fragatas F-100 de la Armada y los buques de aprovisionamiento Cantabria y Patiño, mientras que Navantia construye allí las nuevas fragatas F-110 y desarrolla trabajos de mantenimiento y modernización de otros buques militares.

La preocupación estaba relacionada, entre otras cuestiones, con la posibilidad de que la presencia permanente de una compañía china facilitase el acceso a información sobre los movimientos de los buques militares o sobre la actividad desarrollada alrededor de las instalaciones navales. SAIC, además, es un grupo de capital público chino: más del 60% está en manos del Gobierno de Shanghái, mientras que su cúpula directiva mantiene vínculos con las estructuras políticas y empresariales de la ciudad.

Ahora, sin embargo, el Gobierno central ha optado por rebajar la tensión y despejar el camino a una inversión considerada estratégica para la industria gallega. La propia Xunta ha señalado que el pronunciamiento favorable de Defensa no excluye que puedan establecerse condiciones operativas para garantizar la protección de las instalaciones militares.

Satisfacción de la Xunta

Alfonso Rueda ha asegurado que la instalación del grupo chino SAIC continúa con su tramitación, tras indicarle el Ministerio de Defensa que es “favorable” al proyecto con los “condicionantes lógicos” para garantizar la seguridad nacional. Para el presidente gallego las informaciones sobre las reservas de Defensa “eran muy difíciles de entender ya que el expediente llevaba mucho tiempo tramitándose de manera conjunta” entre la Xunta y el Gobierno central.

Será “lógicamente con los condicionamientos que hay que poner y que se ponen siempre que una instalación industrial está cerca de instalaciones militares, lo que es perfectamente comprensible”, ha añadido Rueda. “Espero que, en los tiempos previstos, a finales del año que viene esto pueda empezar a ser una realidad y que esta coordinación ejemplar entre las dos administraciones vaya hasta el final”, ha indicado..

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha trasladado esta misma mañana que tanto el Ejecutivo estatal como el autonómico están “trabajando conjuntamente” desde el primer momento para asegurar la llegada de SAIC a Ferrol en lo que ha definido como un “ejemplo de absoluta colaboración intergubernamental”.

La posición del Gobierno supone ahora un espaldarazo al proyecto de SAIC, que pretende convertir Ferrol en la puerta de entrada de su producción europea. La compañía prepara una inversión de unos 200 millones de euros en los antiguos terrenos de Amper, una superficie de aproximadamente 70.000 metros cuadrados situada en el puerto exterior.

El Gobierno chino también se ha mostrado conciliador, aunque instó a evitar discriminaciones. “China ha tomado nota de las declaraciones positivas realizadas por los gobiernos central y regional españoles”, señaló a Efe la Portavocía del Ministerio de Exteriores chino al ser preguntada por la posición de Pekín ante las advertencias de Defensa. Agregó que China está dispuesta a “seguir profundizando la cooperación mutuamente beneficiosa con España” y expresó su deseo de que el país europeo proporcione a las empresas chinas “un entorno empresarial justo, equitativo y no discriminatorio”.

Una fábrica de hasta 120.000 coches al año

SAIC prevé que la planta pueda alcanzar una capacidad de producción de hasta 120.000 vehículos anuales y que entre en funcionamiento en 2028. La estrategia inicial contempla el ensamblaje en Galicia de vehículos fabricados en China, aunque el objetivo es aumentar progresivamente la integración industrial de la factoría y desarrollar actividades de fabricación avanzada, suministro de componentes, logística e investigación y desarrollo.

El proyecto contempla inicialmente alrededor de 1.000 empleos directos y una cifra similar de puestos de trabajo indirectos, con potencial para alcanzar unos 2.000 empleos a medida que se desarrolle el ecosistema industrial alrededor de la fábrica. La iniciativa también está vinculada a actuaciones logísticas e industriales en As Pontes.

La previsión de la compañía es disponer a finales de 2026 de los permisos necesarios, comenzar las obras durante 2027 y poner en marcha la fábrica al año siguiente. La Xunta ha declarado el proyecto industrial estratégico, en un intento de acelerar su tramitación y aprovechar el impacto que puede tener sobre una comarca que lleva años buscando nuevas actividades industriales.

El desembarco europeo del gigante chino

La fábrica de Ferrol forma parte de la estrategia de internacionalización de SAIC y de su apuesta por producir vehículos directamente en los mercados donde los comercializa. El grupo pretende evolucionar desde un modelo basado en la exportación de vehículos fabricados en China hacia una producción europea bajo el principio “In Europe, for Europe”.

SAIC se ha convertido este año en el mayor grupo automovilístico de China y mantiene además las alianzas que durante décadas permitieron a Volkswagen y General Motors producir vehículos en el mercado chino. El grupo vendió 2,384 millones de vehículos en los siete primeros meses del año y en mayo superó además los 100 millones de vehículos producidos y vendidos a lo largo de su historia.

Su expansión internacional está encabezada en Europa por MG, la marca de origen británico adquirida por el grupo chino. Entre enero y julio de 2026, SAIC comercializó 876.000 vehículos fuera de China, un 52,1% más que un año antes, mientras que MG vendió alrededor de 218.000 unidades en Europa, un 22,8% más.

Os ventos da historia e da xeopolítica tamén pasan sobre a Terra Chá. Cando eu estaba saíndo da nenez moita xente da comarca atopaba unha saída laboral na industria ferrolá. Primeiro foi, a fins dos sesenta e comezos dos setenta, Astano. O desnivel entre o que se gañaba en Ferrol e o que podía gañarse na bisbarra era tal que o resentimento atopaba expresión no comentario, mil veces escoitado nos bares, de que os obreiros dos asteleiros “tiran os ferodos á ría”. Iso era o summum do malbarate. Aqueles obreiros, cos seus elevados salarios, inxuriaban sen querer aos que quedaban. Cubatas&coches&tvs marcaron naqueles anos unha nova era do consumo. Despois, case inmediatamente, veu a construción da central térmica das Pontes que supuxo unha nova febre do ouro. Limitada, pero febre á fin e ao cabo.

Vilalba estaba cambiando a súa función dentro do esquema do territorio. De ser vila cabezaleira da Terra Chá pasaba a ser epifenómeno de Ferrol e As Pontes e máis alá. Un “máis alá” no que se resume un tempo de transformación e no que caben tantas cousas. Ningunha vila ou cidade está ao marxe do percorrido universal. Non hai burbullas. O curioso é que os asteleiros ferroláns pasaron de ser a Meca a entrar en crise case inmediatamente. A partires de 1983 a crise do sector naval fixo que a cidade entrara nun declive prolongado. O noso Detroit, para dicilo na sentencia establecida, tivo nunha canción de Los Limones algo así como un himno elexíaco. A economía ten moito que ver coas emocións, e as expectativas no Ferrol estaban por debaixo de cero.

Os camiños do Señor son inescrutábeis e corenta anos e pico despois semella que estamos nun novo xiro dos tempos. As cidades son un estado de ánimo, dixo Robert Park, e o sucederse das cousas tal vez cambie o de Ferrol. Navantia ten carga de traballo ata ben entrada a próxima década por mor da construción de fragatas e outros buques militares, unha derivada das tensións que ameazan o planeta. A descarbonización e a necesidade de novas fontes de enerxía insta á fabricación de plataformas mariñas flotantes para os muíños eólicos na UE. As dúas cousas son realidades operativas que marcarán o futuro inmediato de Ferrolterra. Ao final, as instalacións e o 'know how' da comarca atopan unha saída, máis aló de empresas como Megasa, Cándido Hermida, Pull&Bear, Imegasa ou Forestal do Atlántico.

A inflexión na globalización e a normativa comunitaria están decidindo a China a producir coches eléctricos, ámbito no que son líderes, en Europa e parece que MG se vai decidir por Ferrol para instalar unha fábrica. É algo que non está confirmado, pero ao parecer existen altas probabilidades de que se ratifique. De ser así, como o expresa Daniel Hermosilla, a área de Ferrol pode volver vivir “tempos de gloria”. Semella que tamén As Pontes pode obter algo da nova división internacional do traballo.

Ese xiro dos tempos acentuaría aínda máis a idea de que o tramo Ferrol-A Coruña é a actuación máis importante do trazado ferroviario en Galicia. Precisa dunha acción decidida, non só para mellorar a liña, senón para substituír o actual trazado e poñelo á altura das necesidades do século XXI. De haber servizos rápidos, a demanda multiplicaríase, como foi o caso do eixo ferroviario entre A Coruña e Vigo, que debe ser completado ata Ferrol. A área urbana delimitada polas dúas cidades daría un enorme salto adiante e o tren axudaría articular os concellos intermedios. Estamos falando dunha poboación aproximada de 650.000 habitantes.

A escala é importante e a estas alturas debería estar claro que a ordenación do territorio e a planificación pública ten que facer da Coruña-Ferrol -a Cidade das Rías de Albalat- unha única área urbana. A masa crítica é importante e caben poucas dúbidas do enorme impacto positivo que podería significar en termos económicos e sociais. É incomprensible que unha axeitada comunicación por ferrocarril non sexa un obxectivo prioritario. Tamén as liñas de cercanías han de selo, non só na dirección de Ferrol senón cara Arteixo e Carballo. Parece que o ministerio de transportes traballa nun plan de tren de proximidade para Galicia, instado polo BNG. Benvido sexa.

Os poucos vanse asentando na conciencia pública, incluída a mente da administración, determinadas realidades. Nun recente encontro de enxeñeiros galegos e portugueses, no que estaba presente o vicepresidente da Xunta, Diego Calvo, poñíanse sobre a mesa a necesidade da conexión do corredor atlántico por tren a Ferrol; o AVE Porto/Vigo; autopistas ferroviarias de mercadorías, a xestión conxunta dos aeroportos galegos, e mesmo a súa coordinación co de Porto. É unha axenda interesante, non moi distinta da que está postulada no meu libro Unha Nova Olanda: de Ferrol a Porto (Galaxia, 2021). Unha das funcións do traballo intelectual é a de intentar ser a roda pequena que move a roda grande dentro da sofisticada maquinaria social.

Un entrenador de un equipo infantil y un espectador de un partido de fútbol de menores celebrado en Ferrol se sentarán en el banquillo por haber insultado a la árbitra, a la que dirigieron comentarios homófobos. Según el auto de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ferrol, plaza 1, que ordena abrir juicio oral, el entrenador se refirió a la mujer como “puta bollera de mierda” cuando fue expulsado.

El auto considera que entrenador y espectador tenían como objetivo menoscabar la dignidad de la árbitra “por razón de su orientación o identidad sexual”. Los hechos ocurrieron en un partido disputado el 12 de enero de 2025, en el que la víctima fue “increpada por varias personas” durante el encuentro, en especial uno de los entrenadores y el espectador que va a ser juzgado y que se refirió a ella “en similares términos”.

Los dos, dice el magistrado, “dirigieron las citadas frases o palabras hacia la árbitra de forma pública, ante todos los presentes en el lugar, con la intención de lesionar su dignidad por razón de su orientación o identidad sexual, constituyendo, en todo caso, un trato degradante hacia su persona, que atentó contra su integridad moral”. La decisión de apertura de juicio oral, que no es recurrible, expone que se da por formulada la acusación contra ambos por lesión de la dignidad por motivos discriminatorios y delitos contra la integridad moral. La causa pasa ahora a la Audiencia Provincial de A Coruña.

El Día da Clase Obreira Galega conmemora cada 10 de marzo el asesinato de los obreros comunistas Amador Rey y Daniel Niebla a manos de la policía franquista en Ferrol. Hubo además un centenar de heridos Sucedió en 1972 en medio de un intensísimo conflicto laboral en el astillero Bazán y fue uno de los episodios clave del antifranquismo gallego y estatal, impulsado por un formidable movimiento obrero. El pasado 10 de marzo, el Gobierno central emitió una declaración insitucional a iniciativa de su vicepresidenta Yolanda Díaz -su padre, Suso Díaz, sindicalista de Comisións Obreiras y militante del PC, había sufrido prisión tras los sucesos del 72- en la que “reconoce y homenajea a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares” y condena la “desproporcionada actuación” policial. Este miércoles el ministro de Memoria Democrática, Ángel Torres, anunció en el Pleno del Congreso que ya ha aceptado 15 peticiones de indemnización, entre ellas la de los familiares de Amador Rey, que dejó viuda y tres hijos.

El Gobierno está estudiando medio centenar de solicitudes para que se repare e indemnice a otras tantas personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978 y ya ha dado luz verde a una quincena de ellas, según ha adelantado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Lo ha dicho durante el debate de convalidación del decreto ley por el que se modifica la Ley de Memoria Democrática para dar cobertura a este colectivo de víctimas y ampliar el marco temporal de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.

El ministro ha detallado que la comisión encargada de evaluar la concesión de estas indemnizaciones ha recibido ya unas 50 solicitudes de los potenciales beneficiarios, ha estudiado 18 de ellas y ha aceptado 15, entre ellas la relativa a Manuel José García Caparrós, asesinado cuando tenía 18 años el 4 de diciembre en 1977 durante una manifestación en Málaga en defensa de la autonomía de Andalucía.

Otras víctimas

Pero también se va a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Pérez, que tenía 23 años cuando fue asesinado en Portugalete (Vizcaya) al recibir dos disparos por la espalda “por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga”. Asimismo, se ha aceptado la petición de la familia de Ángel Almazán que murió en el hospital en 1976 tras varios días de ingreso por los “culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, y lo mismo se ha hecho con la de Juan Gabriel Rodrigo Nafo, muerto por la represión policial de las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976.

El ministro ha mencionado también el caso de Francisco Javier Nuñez Fernández que, al “volver de misa con su hija de tres años”, se encontró con la represión policial contra una manifestación por la amnistía que se celebraba en Bilbao. Logró dejar a su hija en el portal, pero recibió una dura paliza por parte de la policía franquista. “Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado, se le hizo beber un litro de aceite de ricino y coñac, y murió 13 días después en el hospital”, ha rememorado el ministro ante la viuda y la hija de Núñez Fernández, presentes en el hemiciclo.

A las 8 de la mañana del 10 de marzo de 1972, la Policía Armada disparó contra los más de 4.000 trabajadores del astillero Bazán que cruzaban el puente de As Pías en dirección al barrio de Caranza, en Ferrol. Reclamaban un convenio local y buscaban la solidaridad de sus compañeros de Astano, en Fene, y del sector de la construcción. En el asfalto quedaron los cadáveres de Amador Rey y Daniel Niebla. Hubo más de cien heridos. Y la represión se abatió sobre el potente movimiento obrero de la ciudad, cuya dirigencia sindical comandaban las clandestinas Comisiones Obreras. Cincuenta y cuatro años después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha emitido una declaración institucional en la que “reconoce y homenajea a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares” y condena la “desproporcionada actuación” policial.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha impulsado el texto. Ferrol es su ciudad natal y su padre, Suso Díaz, sindicalista y comunista, muerto el pasado julio, sufrió prisión tras los sucesos del 72. “El Gobierno reafirma, además, su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el fortalecimiento de las políticas públicas de memoria democrática”, dice una declaración que también firma Ángel Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Fueron las Comisiones Obreras a las que pertenecían los comunistas Rey y Niebla las que, ya en 1978 y desaparecida la dictadura, propusieron conmemorar cada 10 de marzo el Día da Clase Obreira Galega. Lo hacían, desde casi el mismo 1972, poetas y cantantes. En 1997, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una declaración institucional sobre la efeméride. En 2006, la Xunta -gobernada entonces por Partido Socialista y BNG- se sumó por primera vez a los actos de las organizaciones sindicales.

Los hechos que desembocaron en los asesinatos del 72 tenían su origen en la discusión del convenio colectivo de Bazán, empresa estatal. Los operarios de la factoría ferrolana defendían un convenio de ámbito local, lo que rechazó la parte empresarial. A la negativa la siguieron prohibición de asambleas, sanciones y amenazas de despido. Los trabajadores acordaron ir a un paro general, a lo que Bazán respondió con el despido de las cabezas visibles del sindicato. El desalojo violento del astillero fue el preludio de la manifestación del 10 de marzo donde mataron a Amador y Daniel. Solo diez días después, Bazán intentó aparentar normalidad y reanudó el trabajo, pero sin las personas heridas y tras echar a más de cien personas. Otras 50 en Astano y otras compañías de la comarca padecieron idéntico destino. El Tribunal de Orden Público, antecesor de la Audiencia Nacional, condenó a 10 de los conocidos como 23 de Ferrol. Otros fueron condenados en consejo de guerra. La declaración institucional aprobada este martes en el Consejo de Ministros recoge un repaso sucinto por esta historia.

Más allá de los motivos concretos, los historiadores sitúan lo acontecido como uno de los episodios clave en la lucha contra el régimen franquista. Aquel convulso 1972 -en septiembre Vigo sería el epicentro de una huelga histórica- supuso la emergencia del movimiento obrero gallego como vanguardia democratizadora y uno de los núcleos principales de la agitación social contra la dictadura. “El Gobierno considera que la memoria de las víctimas forma parte inseparable del patrimonio democrático común de Ferrol y del conjunto de la sociedad”, remata el texto oficial, “y constituye un recordatorio permanente del valor de la dignidad del trabajo, la justicia social, el diálogo y la paz”.

Cuatro personas han resultado heridas en la madrugada de este jueves, entre ellos un menor y un bombero, tras registrarse un incendio en una vivienda en Ferrol. Según informa el 112 Galicia, fue minutos antes de las 06.00 horas cuando el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias recibió el primer aviso por humo en un inmueble de la calle Álvarez de Soutomaior, en el barrio de Recimil de Ferrol. Según el alertante, había una persona asomada a una ventana pidiendo ayuda.

Así, de inmediato se solicitó la intervención de los Bomberos de Ferrol y pidieron la colaboración del equipo de Narón. También se avisó a la Policía Local y Nacional y a Urgencias Sanitarias, ya que todo apuntaba a que habría heridos. Poco después, los profesionales sanitarios confirmaron la evacuación de cuatro personas al hospital Arquitecto Marcide, dos de ellas en estado grave, de los cuales uno era un miembro del equipo de extinción. Además, uno de los heridos es menor de edad. En cuanto a los daños causados, los bomberos indicaron que ardió por completo una habitación, aunque toda la vivienda resultó afectada por el humo, al igual que la casa de al lado.

Incendio en A Coruña

Asimismo, también esta madrugada se produjo un incendio en un piso de la calle Barcelona de A Coruña, resultando herida una persona con quemaduras en las manos y en un pie. Este suceso ocurrió pasadas las 04.00 horas y el fuego afectó a una habitación, mientras que el humo llenó otras dos estancias. De esta manera, el piso, en el que habitaban cuatro personas, fue desalojado y la afectada trasladada al hospital.

Un importante despliegue de la Policía Nacional se ha saldado este martes con la detención de una mujer en Ferrol por su supuesta vinculación con el yihadismo. La operación se ha desarrollado durante varias horas en un inmueble del barrio de Recimil.

Según ha podido constatar Europa Press, el dispositivo policial comenzó a primera hora de la mañana de este martes y se concentró específicamente en un inmueble de viviendas sociales situado en el número 4 de la calle Ortigueira.

Los agentes especializados llevaron a cabo un exhaustivo registro de la vivienda, de la cual retiraron diversas cajas con material que será analizado en el marco de la investigación.

La intervención finalizó en torno a las 11.40 horas, momento en el que la detenida fue sacada del edificio y escoltada hasta un vehículo policial.

Debido a la naturaleza del delito con el cual se la relaciona, está previsto que la detenida sea trasladada en las próximas horas a Madrid para ser puesta a disposición de la Audiencia Nacional, el órgano competente en este tipo de investigaciones, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Durante el tiempo que duró el operativo, la presencia de las unidades policiales generó sorpresa entre los residentes de Recimil.

Aunque los vecinos señalan que es habitual ver patrullas recorriendo las calles de la zona, la magnitud del despliegue y la presencia de agentes de paisano y unidades de intervención marcaron una jornada inusual en el barrio ferrolano.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha dado por concluidas las diligencias de investigación en la causa por una supuesta agresión sexual contra el exconselleiro de Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares. Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza ha decidido no procesar a Villares, declara concluso el sumario y eleva el caso a la Audiencia Provincial, que es el órgano que deberá confirmar o revocar su archivo.

Villares dimitó de su cargo a principios de junio tras conocer que el TSXG había decidido investigarlo por un asunto que —en aquella breve comparecencia que finalizó entre los aplausos de su equipo—, restringió “a la esfera personal”. Posteriormente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admitió que tenía conocimiento de la denuncia desde cuatro meses antes, en febrero, cuando la policía llamó a declarar al entonces conselleiro. Según Rueda, es apenas unos días antes de la dimisión cuando el alto tribunal pregunta al gobierno gallego por la condición de aforado de Villares y se entonces cuando se toma la decisión de dejar el cargo. Lo hizo entre los abrazos del jefe del ejecutivo autonómico, quien deseó poder “recuperarlo para la vida pública”, y el respaldo unánime de sus compañeros de gabinete con mensajes prácticamente idénticos en las redes sociales.

Villares, de 55 años, era uno de los conselleiros más próximos a Rueda, con quien era habitual verlo compartir paseos en bicicleta. Veterinario de profesión —tras cesar en el cargo, volvió a su puesto de trabajo en la Xunta, con un destino próximo a su domicilio que el sindicato CIG denunció como “trato de favor”—, Villares fue elegido cinco veces alcalde por mayoría absoluta en Cervo, en A Mariña Lucense. En la última no tuvo tiempo ni a tomar posesión: Alfonso Rueda lo llamó para sustituir al frente de la Consellería de Mar a Rosa Quintana, la integrante más veterana del gobierno Feijóo, que ejerció el cargo desde su llegada a la Xunta, en 2009, hasta que se la llevó como cabeza de lista al Congreso de la provincia de Ourense en 2023, fecha del primer asalto fallido a Moncloa del actual líder del PP.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ferrol ha dictado una resolución histórica al amparo de la Ley de Memoria Democrática: declara nula la condena impuesta en 1943 por un consejo de guerra franquista contra José Varela Cachaza, funcionario de Telégrafos, y reconoce judicialmente los hechos de la represión que sufrió por motivos políticos.

Según el auto —recogido por Europa Press—, Varela Cachaza, nacido en 1910, fue detenido el 19 de mayo de 1942 después de que la policía encontrara en su poder un extracto de un discurso pronunciado por el socialista Indalecio Prieto en la Universidad de Washington, en EE. UU.

Fue acusado de “excitación a la rebelión”, juzgado en un procedimiento sumarísimo sin garantías de defensa y condenado a seis años y un día de prisión mayor. Permaneció recluido en la prisión militar del Castillo de San Felipe de Ferrol hasta el 15 de mayo de 1944, durante dos años.

La sentencia estima ahora que no solo le arrebató dos años de libertad, sino también su puesto de trabajo como funcionario público. Tras su liberación, tuvo que emplearse como peón y luego como guardia jurado en el puerto, lo que provocó un quebranto económico severo para su familia.

Sus hijos, José y Francisco Varela Cachaza, defendidos por el abogado ferrolano Jesús Porta, declararon en el juicio que tuvieron que empezar a trabajar a los 14 años para ayudar en casa y narraron el “miedo” constante que impregnó la vida familiar durante la dictadura, marcada por el estigma de ser considerado “rojo”.

Proceso de reparación

El procedimiento fue impulsado por el Ministerio Fiscal en octubre de 2025, en aplicación de la reforma introducida por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Esta norma permite obtener una “declaración judicial sobre la realidad y circunstancias de hechos pasados” cuando no existe controversia que deba dirimirse en un proceso contencioso.

El juzgado, tras valorar la documentación aportada —incluidos testimonios de los hijos, de una sobrina y de un amigo de la familia, así como documentos del Centro Documental de Memoria Histórica y archivos militares—, considera acreditados los hechos. En consecuencia, acuerda declarar la nulidad de la sentencia dictada el 5 de marzo de 1943 por el Consejo de Guerra ordinario de Ferrol, por considerarla “ilegal e ilegítima”, contraria a Derecho y dictada con “intimidación e indefensión”.

También ordena que se inscriba esta declaración de nulidad en el expediente judicial original, que se custodia en el Archivo del Tribunal Militar Territorial de A Coruña y en el Archivo del Reino de Galicia, además de remitir testimonio de la resolución a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para su inclusión en el Registro y censo estatal de víctimas.

La magistrada Carmen López Moure fundamenta la decisión en los artículos 5 y 6 de la Ley de Memoria Democrática, que declaran la ilegitimidad de los tribunales y condenas franquistas por motivos políticos o ideológicos y reconocen el derecho de las víctimas a la reparación y al reconocimiento personal.

Los hijos de José Varela, presentes en la comparecencia, mostraron su plena conformidad con la resolución, que supone un paso oficial hacia la reparación moral de su padre y el reconocimiento público de la injusticia padecida.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol ha condenado al conocido Rambo gallego a siete años y cinco meses de prisión como autor de una serie de delitos cometidos entre finales de 2021 y principios de 2022, que incluyen robos con fuerza y con violencia en viviendas, así como resistencia a un agente de la Guardia Civil.

La sentencia –dictada este viernes y recogida por Europa Press–, tras un juicio celebrado el pasado lunes, 24 de noviembre, desglosa la condena en cuatro delitos. El de mayor gravedad es un robo con violencia en casa habitada y con uso de instrumento peligroso, ocurrido el 25 de enero de 2022.

Según los hechos probados, el acusado entró en un garaje de una vivienda de San Sandurniño, sustrajo una cartera con 850 euros y, al ser sorprendido por el dueño, le propinó un fuerte golpe en la cara con un bastón que utilizaba para caminar. Por este hecho, se le impone la pena de cuatro años y siete meses de prisión.

Asimismo, se le condena por un robo con fuerza cometido el 29 de diciembre de 2021 en una casa no habitada de la localidad de Cabanas donde, tras subirse a una silla y forzar una ventana, sustrajo diversas latas de comida y otros comestibles. La pena por este delito es de un año y dos meses de prisión.

Forcejeo con un Guardia Civil

El tercer delito que se le imputa es el de tentativa de robo con fuerza en casa habitada en el lugar de O Calvario, en la parroquia de Loira, en la localidad de Valdoviño, el 3 de febrero de 2022. Aquella noche, el conocido como 'Rambo gallego' intentó forzar la ventana de una cocina, pero huyó al ser descubierto por los moradores.

Poco después del intento de robo, cometió un delito de resistencia frente a un agente de la Guardia Civil que intentaba detenerlo. El condenado ignoró el alto e incluso dos disparos al aire, y, cuando fue alcanzado, forcejeó e intentó golpear al agente con el bastón.

Por esto, y al concurrir la agravante de reincidencia, se le imponen ocho meses de prisión, además de un año de prisión por el intento de entrar en vivienda habitada.

El tribunal ha desestimado las alegaciones de la defensa, que esgrimió un supuesto estado de necesidad y dilaciones indebidas, argumentando que el acusado, que se encontraba en situación de fuga tras un permiso penitenciario, podía haber cubierto sus necesidades vitales por medios legales.

En el ámbito de la responsabilidad civil, deberá indemnizar con 850 euros a una de las víctimas, cantidad que deberá ser satisfecha a partir del dinero intervenido en el momento de su detención. Asimismo, se acuerda el comiso de los 1.228 euros encontrados en su poder y de una mochila con útiles de supervivencia (guantes, pasamontañas y linterna).

La resolución no es firme ya que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña en un plazo de diez días.

El Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña ha condenado a un teniente de navío por un delito de abuso de autoridad, en su modalidad de agresión sexual, contra una aspirante a marinero en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño de Ferrol. La sentencia, dictada el 2 de julio de este año, es el resultado de un acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía Jurídico Militar y la defensa del acusado.

Los hechos, ocurridos la tarde del 14 de enero de 2024, se produjeron cuando el oficial, que era el comandante de la brigada de la aspirante, citó a esta y a otros dos alumnos en la cantina de la escuela. Según lo declarado probado, el teniente de navío realizó comentarios de índole sexual explícita a la mujer, como “estás muy buena. Te follaba” o “te follaría”, le dio varios besos en la mejilla sin su consentimiento, la cogió de la cintura en varias ocasiones e introdujo la mano por el cuello de su camisa para sacar una cadena que llevaba.

También dirigió comentarios sexuales a otro estudiante varón. La situación generó tal “agobio” e “incomodidad” en la víctima que, tras el incidente, salió llorando de la cantina y sufrió un estado de ansiedad que requirió tratamiento psicológico durante 21 días, según la resolución, que adelantó Praza.gal -que recuerda que hay otras tres condenas por agresiones sexuales en la misma escuela- y recoge Europa Press.

El tribunal ha impuesto al teniente de navío una pena de multa de tres meses por el delito castrense de abuso de autoridad (agresión sexual), y otra de multa de cinco meses por un delito de agresión sexual del Código Penal común, en concurso ideal. En ambos casos, la cuota diaria de la multa se ha fijado en 3 euros.

Además, le condena al pago de una indemnización de 1.109 euros a la aspirante por los daños morales y perjuicios personales sufridos. La sentencia también declara la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, a través del Ramo de Defensa, lo que significa que será la Administración quien asuma el pago de la indemnización en caso de que el condenado no pueda hacer frente a ella.

El tribunal apreció la atenuante “muy cualificada” de actuar bajo los efectos de una “intoxicación plena” por consumo de bebidas alcohólicas, ya que el acusado manifestó no recordar los hechos cuando se le interrogó días después. Esta circunstancia permitió la imposición de penas en su grado inferior.

La sentencia, que es firme, pone fin a un procedimiento que se inició tras una investigación interna en la escuela y que llevó al acusado a ser destituido de su cargo como comandante de Brigada. Durante todo el proceso, el teniente de navío estuvo sujeto a medidas cautelares, entre ellas la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol ha dejado visto para sentencia el juicio celebrado en la mañana de este lunes contra Alfredo Sánchez Chacón, conocido como el Rambo gallego, por su presunta autoría en cinco delitos cometidos en la comarca entre finales de 2021 y principios de 2022, el período de casi once meses durante los que se refugió en las Fragas do Eume tras fugarse de la prisión de Monterroso (Lugo) durante un permiso. Cumplía condena por dos delitos, uno de ellos el asesinato a tiros de un joven en Cuntis (Pontevedra) en 2016. Fue la tercera huida de la justicia de este exlegionario nacido en Córdoba.

La vista, que comenzó a las 10:30 horas, media hora más tarde de lo previsto, a consecuencia de un accidente de tráfico que retrasó el furgón de la Guardia Civil que traslada al acusado, estuvo marcada por la declaración de Sánchez Chacón, quien, defendiéndose a sí mismo después de que el tribunal denegase su petición de cambiar de abogado, relató ante el juez una historia de supervivencia extrema.

Según recoge Europa Press, Chacón afirmó que, durante aproximadamente once meses, vivió en los montes de la zona, pasando frío y hambre, y que solo se acercó a garajes y viviendas por “necesidad” para refugiarse y encontrar comida.

“Estaba muerto de frío y de hambre. (...) Había una puerta abierta y me metí dentro, pero en el garaje. Estaba abierta para resguardarme del frío y coger un poquito, a ver si había algo de comer”, declaró el acusado sobre los hechos ocurridos en una propiedad de Cabanas (A Coruña) y semanas después en una de San Sadurniño. A renglón seguido, reconoció haberse llevado una cartera que encontró, pero insistió en que su intención inicial no era robar: “No fui con la idea de coger la cartera. Fue por necesidad”.

“Está Ferrol lleno de traficantes y a esos nada”

Por su parte, la Fiscalía sostiene que los hechos constituyen delitos de robo con violencia y resistencia a agente de la autoridad. En su informe, el Ministerio Público se refirió a un incidente en el que el acusado habría golpeado con un bastón a una persona que lo sorprendió en un garaje de San Sadurniño, y que el propio Sánchez Chacón describió como un acto de defensa propia tras ser agarrado del cuello.

El guardia civil que lo detuvo en la zona de O Calvario, en la parroquia de Loira, en el concello de Valdoviño, declaró que intervino cuando alertaron de que una persona intentaba forzar la ventana de una vivienda. Así, relató que, al intentar detenerlo, Sánchez Chacón trató de golpearle con un bastón, lo que obligó al guardia a realizar dos disparos al aire y a usar su porra extensible para reducirle, logrando su objetivo y luego siendo detenido hasta la llegada de agentes de la Guardia Civil de la localidad de San Sadurniño.

El acusado, que se mostró en desacuerdo con la petición de pena de la Fiscalía, hizo referencia durante su turno de última palabra a los más de 25 años que lleva en prisión y criticó la dureza de la petición condenatoria por delitos que, a su juicio, fueron cometidos por pura subsistencia.

“Está Ferrol llena de traficantes y a esos nada”, ha señalado en alusión a penas de cárcel. “La gente con 5 kilos de cocaína, o que te piden atracando por ahí y hacer mal, y nada”, pero “yo no hago mal”, afirmó.

Sánchez Chacón insistió en que no es una “mala persona” y argumentó que su huida al monte fue una forma de curarse tras una vida entre rejas. “Los 11 meses que estuve en la calle me curaron. Empezaron a quitarme el rostro de la cabeza”, aseguró en alusión a su permanencia en las Fragas do Eume,

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado los recursos de un matrimonio con condenado a casi 54 años de prisión por prostituir a mujeres en pisos de Ferrol y Narón (A Coruña), y por venta de drogas.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a cada uno de ellos a 53 años y 11 meses de cárcel como autores de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas de acusada nocividad, de un delito continuado de inmigración ilegal y de siete delitos de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, en concurso medial con otros tantos de explotación sexual, recoge Europa Press.

Los acusados recurrieron la sentencia alegando, entre otras cuestiones, la vulneración del derecho a un proceso penal con todas las garantías, y vulneración del derecho de defensa, argumentando que su condena se basó en el testimonio de una testigo protegida cuya identidad no fue revelada, lo que impidió contrastar sus manifestaciones.

También alegaron posibles motivos espúreos en esa declaración, algo que que rechaza el TSXG, que recuerda que la mayoría de testimonios son “reveladores” de cómo el matrimonio captaba a las víctimas, las condiciones de financiación de los viajes, el dinero que le entregaron y que debían devolver o la forma en que ejercían la prostitución. También se refiere el tribunal a cómo limitaban las salidas de las mujeres o el uso del teléfono móvil, o la obligación que les imponían de suministrar a los clientes Viagra y cocaína. “Todo ello, en fin, incompatible con unas condiciones de vida dignas, libres e independientes”, apunta el tribunal.

Por otra parte, el TSXG ve acreditada la situación de vulnerabilidad de las víctimas, “de necesidad evidente e incluso de desesperación”, que las llevó a aceptar esas condiciones, e igualmente rechaza como motivo de apelación la inexistencia de prueba de cargo suficiente. Por todo ello, ha desestimado el recurso y ha confirmado la sentencia del tribunal provincial.

La Audiencia consideró probado que, al menos desde 2019, ambos acusados se dedicaron en pisos de Ferrol y Narón “a obtener importantes beneficios económicos con la explotación de la prostitución de otras personas de sexo femenino”.

En muchos casos, según relataron los magistrados en la sentencia, “organizaban la llegada a España de mujeres de nacionalidad paraguaya desde su país, incumpliendo la normativa de extranjería en el acceso al territorio nacional, con el propósito de que permaneciesen en él ejerciendo la prostitución”.

La Sala añadió que, “en esa actividad de aprovechamiento sexual lucrativo y único medio de vida”, contaban con la colaboración diaria de una conocida, quien llegó desde Sevilla en noviembre de 2021. Esta persona también ha sido condenada a 25 años de cárcel como autora de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas de acusada nocividad, y de siete delitos de explotación de la prostitución.

Las jóvenes eran obligadas a abonar entre 5.000 y 7.000 euros, “deuda cuya extensión monetaria no siempre conocían o no con exactitud al aceptar el desplazamiento, pues en ocasiones ignoraban el corto plazo del reintegro” y que la única forma de ganar dinero para ello era con la práctica intensa de los servicios sexuales de todo género que demandara la clientela. “Las circunstancias de juventud, extranjería no regularizada y carencia de cobertura económica y familiar, propició un clima de aislamiento y cierto temor”, señalaban en la sentencia, donde remarcaban que las mujeres vivían una situación de sometimiento.

El Gobierno de España publicará el próximo 4 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la incoación del expediente para declarar la ciudad de Ferrol (A Coruña) como Lugar de Memoria Democrática.

Así lo ha anunciado este jueves en Vigo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha señalado que se seguirá el mismo proceso que ya se ha hecho con otros lugares, como Guernica.

“Hay razones históricas desde el siglo XIX, de la lucha por las libertades, por la democracia, de Ferrol, para que sea Lugar de Memoria y continuaremos con otros lugares de Galicia”, ha explicado el ministro en declaraciones a los medios —recogidas por Europa Press—, tras inaugurar unas jornadas sobre controles en el tráfico internacional de mercancías.

Ángel Víctor Torres ha subrayado que declarar Lugares de Memoria, “nos ennoblece como demócratas” y “hace mejor a la democracia, a la libertad, y dignifica también a las víctimas” que han sufrido “la represión, el totalitarismo y la ausencia de libertades”.

Cuestionado acerca de los expedientes de Lugares de Memoria relativos al Pazo de Meirás y a la Isla de San Simón, el ministro ha recordado que las incoaciones de estos expedientes ya fueron aprobadas en septiembre y que se abrió un proceso en el que ahora se están recabando los informes pertinentes de las universidades y colectivos.

Una vez que se disponga de esos informes solicitados, el trámite irá a información pública y, tras el estudio de alegaciones y sugerencias, se formalizará la declaración de Lugares de Memoria. Según ha explicado, estos expedientes tienen por norma un año máximo de tramitación hasta su culminación, pero ha señalado la disposición del Gobierno a reducir plazos.