El Día da Clase Obreira Galega conmemora cada 10 de marzo el asesinato de los obreros comunistas Amador Rey y Daniel Niebla a manos de la policía franquista en Ferrol. Hubo además un centenar de heridos Sucedió en 1972 en medio de un intensísimo conflicto laboral en el astillero Bazán y fue uno de los episodios clave del antifranquismo gallego y estatal, impulsado por un formidable movimiento obrero. El pasado 10 de marzo, el Gobierno central emitió una declaración insitucional a iniciativa de su vicepresidenta Yolanda Díaz -su padre, Suso Díaz, sindicalista de Comisións Obreiras y militante del PC, había sufrido prisión tras los sucesos del 72- en la que “reconoce y homenajea a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares” y condena la “desproporcionada actuación” policial. Este miércoles el ministro de Memoria Democrática, Ángel Torres, anunció en el Pleno del Congreso que ya ha aceptado 15 peticiones de indemnización, entre ellas la de los familiares de Amador Rey, que dejó viuda y tres hijos.

El Gobierno está estudiando medio centenar de solicitudes para que se repare e indemnice a otras tantas personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978 y ya ha dado luz verde a una quincena de ellas, según ha adelantado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Lo ha dicho durante el debate de convalidación del decreto ley por el que se modifica la Ley de Memoria Democrática para dar cobertura a este colectivo de víctimas y ampliar el marco temporal de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.

El ministro ha detallado que la comisión encargada de evaluar la concesión de estas indemnizaciones ha recibido ya unas 50 solicitudes de los potenciales beneficiarios, ha estudiado 18 de ellas y ha aceptado 15, entre ellas la relativa a Manuel José García Caparrós, asesinado cuando tenía 18 años el 4 de diciembre en 1977 durante una manifestación en Málaga en defensa de la autonomía de Andalucía.

Otras víctimas

Pero también se va a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Pérez, que tenía 23 años cuando fue asesinado en Portugalete (Vizcaya) al recibir dos disparos por la espalda “por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga”. Asimismo, se ha aceptado la petición de la familia de Ángel Almazán que murió en el hospital en 1976 tras varios días de ingreso por los “culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, y lo mismo se ha hecho con la de Juan Gabriel Rodrigo Nafo, muerto por la represión policial de las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976.

El ministro ha mencionado también el caso de Francisco Javier Nuñez Fernández que, al “volver de misa con su hija de tres años”, se encontró con la represión policial contra una manifestación por la amnistía que se celebraba en Bilbao. Logró dejar a su hija en el portal, pero recibió una dura paliza por parte de la policía franquista. “Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado, se le hizo beber un litro de aceite de ricino y coñac, y murió 13 días después en el hospital”, ha rememorado el ministro ante la viuda y la hija de Núñez Fernández, presentes en el hemiciclo.

A las 8 de la mañana del 10 de marzo de 1972, la Policía Armada disparó contra los más de 4.000 trabajadores del astillero Bazán que cruzaban el puente de As Pías en dirección al barrio de Caranza, en Ferrol. Reclamaban un convenio local y buscaban la solidaridad de sus compañeros de Astano, en Fene, y del sector de la construcción. En el asfalto quedaron los cadáveres de Amador Rey y Daniel Niebla. Hubo más de cien heridos. Y la represión se abatió sobre el potente movimiento obrero de la ciudad, cuya dirigencia sindical comandaban las clandestinas Comisiones Obreras. Cincuenta y cuatro años después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha emitido una declaración institucional en la que “reconoce y homenajea a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares” y condena la “desproporcionada actuación” policial.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha impulsado el texto. Ferrol es su ciudad natal y su padre, Suso Díaz, sindicalista y comunista, muerto el pasado julio, sufrió prisión tras los sucesos del 72. “El Gobierno reafirma, además, su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el fortalecimiento de las políticas públicas de memoria democrática”, dice una declaración que también firma Ángel Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Fueron las Comisiones Obreras a las que pertenecían los comunistas Rey y Niebla las que, ya en 1978 y desaparecida la dictadura, propusieron conmemorar cada 10 de marzo el Día da Clase Obreira Galega. Lo hacían, desde casi el mismo 1972, poetas y cantantes. En 1997, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una declaración institucional sobre la efeméride. En 2006, la Xunta -gobernada entonces por Partido Socialista y BNG- se sumó por primera vez a los actos de las organizaciones sindicales.

Los hechos que desembocaron en los asesinatos del 72 tenían su origen en la discusión del convenio colectivo de Bazán, empresa estatal. Los operarios de la factoría ferrolana defendían un convenio de ámbito local, lo que rechazó la parte empresarial. A la negativa la siguieron prohibición de asambleas, sanciones y amenazas de despido. Los trabajadores acordaron ir a un paro general, a lo que Bazán respondió con el despido de las cabezas visibles del sindicato. El desalojo violento del astillero fue el preludio de la manifestación del 10 de marzo donde mataron a Amador y Daniel. Solo diez días después, Bazán intentó aparentar normalidad y reanudó el trabajo, pero sin las personas heridas y tras echar a más de cien personas. Otras 50 en Astano y otras compañías de la comarca padecieron idéntico destino. El Tribunal de Orden Público, antecesor de la Audiencia Nacional, condenó a 10 de los conocidos como 23 de Ferrol. Otros fueron condenados en consejo de guerra. La declaración institucional aprobada este martes en el Consejo de Ministros recoge un repaso sucinto por esta historia.

Más allá de los motivos concretos, los historiadores sitúan lo acontecido como uno de los episodios clave en la lucha contra el régimen franquista. Aquel convulso 1972 -en septiembre Vigo sería el epicentro de una huelga histórica- supuso la emergencia del movimiento obrero gallego como vanguardia democratizadora y uno de los núcleos principales de la agitación social contra la dictadura. “El Gobierno considera que la memoria de las víctimas forma parte inseparable del patrimonio democrático común de Ferrol y del conjunto de la sociedad”, remata el texto oficial, “y constituye un recordatorio permanente del valor de la dignidad del trabajo, la justicia social, el diálogo y la paz”.

Cuatro personas han resultado heridas en la madrugada de este jueves, entre ellos un menor y un bombero, tras registrarse un incendio en una vivienda en Ferrol. Según informa el 112 Galicia, fue minutos antes de las 06.00 horas cuando el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias recibió el primer aviso por humo en un inmueble de la calle Álvarez de Soutomaior, en el barrio de Recimil de Ferrol. Según el alertante, había una persona asomada a una ventana pidiendo ayuda.

Así, de inmediato se solicitó la intervención de los Bomberos de Ferrol y pidieron la colaboración del equipo de Narón. También se avisó a la Policía Local y Nacional y a Urgencias Sanitarias, ya que todo apuntaba a que habría heridos. Poco después, los profesionales sanitarios confirmaron la evacuación de cuatro personas al hospital Arquitecto Marcide, dos de ellas en estado grave, de los cuales uno era un miembro del equipo de extinción. Además, uno de los heridos es menor de edad. En cuanto a los daños causados, los bomberos indicaron que ardió por completo una habitación, aunque toda la vivienda resultó afectada por el humo, al igual que la casa de al lado.

Incendio en A Coruña

Asimismo, también esta madrugada se produjo un incendio en un piso de la calle Barcelona de A Coruña, resultando herida una persona con quemaduras en las manos y en un pie. Este suceso ocurrió pasadas las 04.00 horas y el fuego afectó a una habitación, mientras que el humo llenó otras dos estancias. De esta manera, el piso, en el que habitaban cuatro personas, fue desalojado y la afectada trasladada al hospital.

Un importante despliegue de la Policía Nacional se ha saldado este martes con la detención de una mujer en Ferrol por su supuesta vinculación con el yihadismo. La operación se ha desarrollado durante varias horas en un inmueble del barrio de Recimil.

Según ha podido constatar Europa Press, el dispositivo policial comenzó a primera hora de la mañana de este martes y se concentró específicamente en un inmueble de viviendas sociales situado en el número 4 de la calle Ortigueira.

Los agentes especializados llevaron a cabo un exhaustivo registro de la vivienda, de la cual retiraron diversas cajas con material que será analizado en el marco de la investigación.

La intervención finalizó en torno a las 11.40 horas, momento en el que la detenida fue sacada del edificio y escoltada hasta un vehículo policial.

Debido a la naturaleza del delito con el cual se la relaciona, está previsto que la detenida sea trasladada en las próximas horas a Madrid para ser puesta a disposición de la Audiencia Nacional, el órgano competente en este tipo de investigaciones, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Durante el tiempo que duró el operativo, la presencia de las unidades policiales generó sorpresa entre los residentes de Recimil.

Aunque los vecinos señalan que es habitual ver patrullas recorriendo las calles de la zona, la magnitud del despliegue y la presencia de agentes de paisano y unidades de intervención marcaron una jornada inusual en el barrio ferrolano.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha dado por concluidas las diligencias de investigación en la causa por una supuesta agresión sexual contra el exconselleiro de Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares. Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza ha decidido no procesar a Villares, declara concluso el sumario y eleva el caso a la Audiencia Provincial, que es el órgano que deberá confirmar o revocar su archivo.

Villares dimitó de su cargo a principios de junio tras conocer que el TSXG había decidido investigarlo por un asunto que —en aquella breve comparecencia que finalizó entre los aplausos de su equipo—, restringió “a la esfera personal”. Posteriormente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admitió que tenía conocimiento de la denuncia desde cuatro meses antes, en febrero, cuando la policía llamó a declarar al entonces conselleiro. Según Rueda, es apenas unos días antes de la dimisión cuando el alto tribunal pregunta al gobierno gallego por la condición de aforado de Villares y se entonces cuando se toma la decisión de dejar el cargo. Lo hizo entre los abrazos del jefe del ejecutivo autonómico, quien deseó poder “recuperarlo para la vida pública”, y el respaldo unánime de sus compañeros de gabinete con mensajes prácticamente idénticos en las redes sociales.

Villares, de 55 años, era uno de los conselleiros más próximos a Rueda, con quien era habitual verlo compartir paseos en bicicleta. Veterinario de profesión —tras cesar en el cargo, volvió a su puesto de trabajo en la Xunta, con un destino próximo a su domicilio que el sindicato CIG denunció como “trato de favor”—, Villares fue elegido cinco veces alcalde por mayoría absoluta en Cervo, en A Mariña Lucense. En la última no tuvo tiempo ni a tomar posesión: Alfonso Rueda lo llamó para sustituir al frente de la Consellería de Mar a Rosa Quintana, la integrante más veterana del gobierno Feijóo, que ejerció el cargo desde su llegada a la Xunta, en 2009, hasta que se la llevó como cabeza de lista al Congreso de la provincia de Ourense en 2023, fecha del primer asalto fallido a Moncloa del actual líder del PP.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ferrol ha dictado una resolución histórica al amparo de la Ley de Memoria Democrática: declara nula la condena impuesta en 1943 por un consejo de guerra franquista contra José Varela Cachaza, funcionario de Telégrafos, y reconoce judicialmente los hechos de la represión que sufrió por motivos políticos.

Según el auto —recogido por Europa Press—, Varela Cachaza, nacido en 1910, fue detenido el 19 de mayo de 1942 después de que la policía encontrara en su poder un extracto de un discurso pronunciado por el socialista Indalecio Prieto en la Universidad de Washington, en EE. UU.

Fue acusado de “excitación a la rebelión”, juzgado en un procedimiento sumarísimo sin garantías de defensa y condenado a seis años y un día de prisión mayor. Permaneció recluido en la prisión militar del Castillo de San Felipe de Ferrol hasta el 15 de mayo de 1944, durante dos años.

La sentencia estima ahora que no solo le arrebató dos años de libertad, sino también su puesto de trabajo como funcionario público. Tras su liberación, tuvo que emplearse como peón y luego como guardia jurado en el puerto, lo que provocó un quebranto económico severo para su familia.

Sus hijos, José y Francisco Varela Cachaza, defendidos por el abogado ferrolano Jesús Porta, declararon en el juicio que tuvieron que empezar a trabajar a los 14 años para ayudar en casa y narraron el “miedo” constante que impregnó la vida familiar durante la dictadura, marcada por el estigma de ser considerado “rojo”.

Proceso de reparación

El procedimiento fue impulsado por el Ministerio Fiscal en octubre de 2025, en aplicación de la reforma introducida por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Esta norma permite obtener una “declaración judicial sobre la realidad y circunstancias de hechos pasados” cuando no existe controversia que deba dirimirse en un proceso contencioso.

El juzgado, tras valorar la documentación aportada —incluidos testimonios de los hijos, de una sobrina y de un amigo de la familia, así como documentos del Centro Documental de Memoria Histórica y archivos militares—, considera acreditados los hechos. En consecuencia, acuerda declarar la nulidad de la sentencia dictada el 5 de marzo de 1943 por el Consejo de Guerra ordinario de Ferrol, por considerarla “ilegal e ilegítima”, contraria a Derecho y dictada con “intimidación e indefensión”.

También ordena que se inscriba esta declaración de nulidad en el expediente judicial original, que se custodia en el Archivo del Tribunal Militar Territorial de A Coruña y en el Archivo del Reino de Galicia, además de remitir testimonio de la resolución a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para su inclusión en el Registro y censo estatal de víctimas.

La magistrada Carmen López Moure fundamenta la decisión en los artículos 5 y 6 de la Ley de Memoria Democrática, que declaran la ilegitimidad de los tribunales y condenas franquistas por motivos políticos o ideológicos y reconocen el derecho de las víctimas a la reparación y al reconocimiento personal.

Los hijos de José Varela, presentes en la comparecencia, mostraron su plena conformidad con la resolución, que supone un paso oficial hacia la reparación moral de su padre y el reconocimiento público de la injusticia padecida.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol ha condenado al conocido Rambo gallego a siete años y cinco meses de prisión como autor de una serie de delitos cometidos entre finales de 2021 y principios de 2022, que incluyen robos con fuerza y con violencia en viviendas, así como resistencia a un agente de la Guardia Civil.

La sentencia –dictada este viernes y recogida por Europa Press–, tras un juicio celebrado el pasado lunes, 24 de noviembre, desglosa la condena en cuatro delitos. El de mayor gravedad es un robo con violencia en casa habitada y con uso de instrumento peligroso, ocurrido el 25 de enero de 2022.

Según los hechos probados, el acusado entró en un garaje de una vivienda de San Sandurniño, sustrajo una cartera con 850 euros y, al ser sorprendido por el dueño, le propinó un fuerte golpe en la cara con un bastón que utilizaba para caminar. Por este hecho, se le impone la pena de cuatro años y siete meses de prisión.

Asimismo, se le condena por un robo con fuerza cometido el 29 de diciembre de 2021 en una casa no habitada de la localidad de Cabanas donde, tras subirse a una silla y forzar una ventana, sustrajo diversas latas de comida y otros comestibles. La pena por este delito es de un año y dos meses de prisión.

Forcejeo con un Guardia Civil

El tercer delito que se le imputa es el de tentativa de robo con fuerza en casa habitada en el lugar de O Calvario, en la parroquia de Loira, en la localidad de Valdoviño, el 3 de febrero de 2022. Aquella noche, el conocido como 'Rambo gallego' intentó forzar la ventana de una cocina, pero huyó al ser descubierto por los moradores.

Poco después del intento de robo, cometió un delito de resistencia frente a un agente de la Guardia Civil que intentaba detenerlo. El condenado ignoró el alto e incluso dos disparos al aire, y, cuando fue alcanzado, forcejeó e intentó golpear al agente con el bastón.

Por esto, y al concurrir la agravante de reincidencia, se le imponen ocho meses de prisión, además de un año de prisión por el intento de entrar en vivienda habitada.

El tribunal ha desestimado las alegaciones de la defensa, que esgrimió un supuesto estado de necesidad y dilaciones indebidas, argumentando que el acusado, que se encontraba en situación de fuga tras un permiso penitenciario, podía haber cubierto sus necesidades vitales por medios legales.

En el ámbito de la responsabilidad civil, deberá indemnizar con 850 euros a una de las víctimas, cantidad que deberá ser satisfecha a partir del dinero intervenido en el momento de su detención. Asimismo, se acuerda el comiso de los 1.228 euros encontrados en su poder y de una mochila con útiles de supervivencia (guantes, pasamontañas y linterna).

La resolución no es firme ya que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña en un plazo de diez días.

El Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña ha condenado a un teniente de navío por un delito de abuso de autoridad, en su modalidad de agresión sexual, contra una aspirante a marinero en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño de Ferrol. La sentencia, dictada el 2 de julio de este año, es el resultado de un acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía Jurídico Militar y la defensa del acusado.

Los hechos, ocurridos la tarde del 14 de enero de 2024, se produjeron cuando el oficial, que era el comandante de la brigada de la aspirante, citó a esta y a otros dos alumnos en la cantina de la escuela. Según lo declarado probado, el teniente de navío realizó comentarios de índole sexual explícita a la mujer, como “estás muy buena. Te follaba” o “te follaría”, le dio varios besos en la mejilla sin su consentimiento, la cogió de la cintura en varias ocasiones e introdujo la mano por el cuello de su camisa para sacar una cadena que llevaba.

También dirigió comentarios sexuales a otro estudiante varón. La situación generó tal “agobio” e “incomodidad” en la víctima que, tras el incidente, salió llorando de la cantina y sufrió un estado de ansiedad que requirió tratamiento psicológico durante 21 días, según la resolución, que adelantó Praza.gal -que recuerda que hay otras tres condenas por agresiones sexuales en la misma escuela- y recoge Europa Press.

El tribunal ha impuesto al teniente de navío una pena de multa de tres meses por el delito castrense de abuso de autoridad (agresión sexual), y otra de multa de cinco meses por un delito de agresión sexual del Código Penal común, en concurso ideal. En ambos casos, la cuota diaria de la multa se ha fijado en 3 euros.

Además, le condena al pago de una indemnización de 1.109 euros a la aspirante por los daños morales y perjuicios personales sufridos. La sentencia también declara la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, a través del Ramo de Defensa, lo que significa que será la Administración quien asuma el pago de la indemnización en caso de que el condenado no pueda hacer frente a ella.

El tribunal apreció la atenuante “muy cualificada” de actuar bajo los efectos de una “intoxicación plena” por consumo de bebidas alcohólicas, ya que el acusado manifestó no recordar los hechos cuando se le interrogó días después. Esta circunstancia permitió la imposición de penas en su grado inferior.

La sentencia, que es firme, pone fin a un procedimiento que se inició tras una investigación interna en la escuela y que llevó al acusado a ser destituido de su cargo como comandante de Brigada. Durante todo el proceso, el teniente de navío estuvo sujeto a medidas cautelares, entre ellas la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol ha dejado visto para sentencia el juicio celebrado en la mañana de este lunes contra Alfredo Sánchez Chacón, conocido como el Rambo gallego, por su presunta autoría en cinco delitos cometidos en la comarca entre finales de 2021 y principios de 2022, el período de casi once meses durante los que se refugió en las Fragas do Eume tras fugarse de la prisión de Monterroso (Lugo) durante un permiso. Cumplía condena por dos delitos, uno de ellos el asesinato a tiros de un joven en Cuntis (Pontevedra) en 2016. Fue la tercera huida de la justicia de este exlegionario nacido en Córdoba.

La vista, que comenzó a las 10:30 horas, media hora más tarde de lo previsto, a consecuencia de un accidente de tráfico que retrasó el furgón de la Guardia Civil que traslada al acusado, estuvo marcada por la declaración de Sánchez Chacón, quien, defendiéndose a sí mismo después de que el tribunal denegase su petición de cambiar de abogado, relató ante el juez una historia de supervivencia extrema.

Según recoge Europa Press, Chacón afirmó que, durante aproximadamente once meses, vivió en los montes de la zona, pasando frío y hambre, y que solo se acercó a garajes y viviendas por “necesidad” para refugiarse y encontrar comida.

“Estaba muerto de frío y de hambre. (...) Había una puerta abierta y me metí dentro, pero en el garaje. Estaba abierta para resguardarme del frío y coger un poquito, a ver si había algo de comer”, declaró el acusado sobre los hechos ocurridos en una propiedad de Cabanas (A Coruña) y semanas después en una de San Sadurniño. A renglón seguido, reconoció haberse llevado una cartera que encontró, pero insistió en que su intención inicial no era robar: “No fui con la idea de coger la cartera. Fue por necesidad”.

“Está Ferrol lleno de traficantes y a esos nada”

Por su parte, la Fiscalía sostiene que los hechos constituyen delitos de robo con violencia y resistencia a agente de la autoridad. En su informe, el Ministerio Público se refirió a un incidente en el que el acusado habría golpeado con un bastón a una persona que lo sorprendió en un garaje de San Sadurniño, y que el propio Sánchez Chacón describió como un acto de defensa propia tras ser agarrado del cuello.

El guardia civil que lo detuvo en la zona de O Calvario, en la parroquia de Loira, en el concello de Valdoviño, declaró que intervino cuando alertaron de que una persona intentaba forzar la ventana de una vivienda. Así, relató que, al intentar detenerlo, Sánchez Chacón trató de golpearle con un bastón, lo que obligó al guardia a realizar dos disparos al aire y a usar su porra extensible para reducirle, logrando su objetivo y luego siendo detenido hasta la llegada de agentes de la Guardia Civil de la localidad de San Sadurniño.

El acusado, que se mostró en desacuerdo con la petición de pena de la Fiscalía, hizo referencia durante su turno de última palabra a los más de 25 años que lleva en prisión y criticó la dureza de la petición condenatoria por delitos que, a su juicio, fueron cometidos por pura subsistencia.

“Está Ferrol llena de traficantes y a esos nada”, ha señalado en alusión a penas de cárcel. “La gente con 5 kilos de cocaína, o que te piden atracando por ahí y hacer mal, y nada”, pero “yo no hago mal”, afirmó.

Sánchez Chacón insistió en que no es una “mala persona” y argumentó que su huida al monte fue una forma de curarse tras una vida entre rejas. “Los 11 meses que estuve en la calle me curaron. Empezaron a quitarme el rostro de la cabeza”, aseguró en alusión a su permanencia en las Fragas do Eume,

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado los recursos de un matrimonio con condenado a casi 54 años de prisión por prostituir a mujeres en pisos de Ferrol y Narón (A Coruña), y por venta de drogas.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a cada uno de ellos a 53 años y 11 meses de cárcel como autores de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas de acusada nocividad, de un delito continuado de inmigración ilegal y de siete delitos de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, en concurso medial con otros tantos de explotación sexual, recoge Europa Press.

Los acusados recurrieron la sentencia alegando, entre otras cuestiones, la vulneración del derecho a un proceso penal con todas las garantías, y vulneración del derecho de defensa, argumentando que su condena se basó en el testimonio de una testigo protegida cuya identidad no fue revelada, lo que impidió contrastar sus manifestaciones.

También alegaron posibles motivos espúreos en esa declaración, algo que que rechaza el TSXG, que recuerda que la mayoría de testimonios son “reveladores” de cómo el matrimonio captaba a las víctimas, las condiciones de financiación de los viajes, el dinero que le entregaron y que debían devolver o la forma en que ejercían la prostitución. También se refiere el tribunal a cómo limitaban las salidas de las mujeres o el uso del teléfono móvil, o la obligación que les imponían de suministrar a los clientes Viagra y cocaína. “Todo ello, en fin, incompatible con unas condiciones de vida dignas, libres e independientes”, apunta el tribunal.

Por otra parte, el TSXG ve acreditada la situación de vulnerabilidad de las víctimas, “de necesidad evidente e incluso de desesperación”, que las llevó a aceptar esas condiciones, e igualmente rechaza como motivo de apelación la inexistencia de prueba de cargo suficiente. Por todo ello, ha desestimado el recurso y ha confirmado la sentencia del tribunal provincial.

La Audiencia consideró probado que, al menos desde 2019, ambos acusados se dedicaron en pisos de Ferrol y Narón “a obtener importantes beneficios económicos con la explotación de la prostitución de otras personas de sexo femenino”.

En muchos casos, según relataron los magistrados en la sentencia, “organizaban la llegada a España de mujeres de nacionalidad paraguaya desde su país, incumpliendo la normativa de extranjería en el acceso al territorio nacional, con el propósito de que permaneciesen en él ejerciendo la prostitución”.

La Sala añadió que, “en esa actividad de aprovechamiento sexual lucrativo y único medio de vida”, contaban con la colaboración diaria de una conocida, quien llegó desde Sevilla en noviembre de 2021. Esta persona también ha sido condenada a 25 años de cárcel como autora de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas de acusada nocividad, y de siete delitos de explotación de la prostitución.

Las jóvenes eran obligadas a abonar entre 5.000 y 7.000 euros, “deuda cuya extensión monetaria no siempre conocían o no con exactitud al aceptar el desplazamiento, pues en ocasiones ignoraban el corto plazo del reintegro” y que la única forma de ganar dinero para ello era con la práctica intensa de los servicios sexuales de todo género que demandara la clientela. “Las circunstancias de juventud, extranjería no regularizada y carencia de cobertura económica y familiar, propició un clima de aislamiento y cierto temor”, señalaban en la sentencia, donde remarcaban que las mujeres vivían una situación de sometimiento.

El Gobierno de España publicará el próximo 4 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la incoación del expediente para declarar la ciudad de Ferrol (A Coruña) como Lugar de Memoria Democrática.

Así lo ha anunciado este jueves en Vigo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha señalado que se seguirá el mismo proceso que ya se ha hecho con otros lugares, como Guernica.

“Hay razones históricas desde el siglo XIX, de la lucha por las libertades, por la democracia, de Ferrol, para que sea Lugar de Memoria y continuaremos con otros lugares de Galicia”, ha explicado el ministro en declaraciones a los medios —recogidas por Europa Press—, tras inaugurar unas jornadas sobre controles en el tráfico internacional de mercancías.

Ángel Víctor Torres ha subrayado que declarar Lugares de Memoria, “nos ennoblece como demócratas” y “hace mejor a la democracia, a la libertad, y dignifica también a las víctimas” que han sufrido “la represión, el totalitarismo y la ausencia de libertades”.

Cuestionado acerca de los expedientes de Lugares de Memoria relativos al Pazo de Meirás y a la Isla de San Simón, el ministro ha recordado que las incoaciones de estos expedientes ya fueron aprobadas en septiembre y que se abrió un proceso en el que ahora se están recabando los informes pertinentes de las universidades y colectivos.

Una vez que se disponga de esos informes solicitados, el trámite irá a información pública y, tras el estudio de alegaciones y sugerencias, se formalizará la declaración de Lugares de Memoria. Según ha explicado, estos expedientes tienen por norma un año máximo de tramitación hasta su culminación, pero ha señalado la disposición del Gobierno a reducir plazos.

La dirección de Windar Renovables, compañía del sector de la energía eólica terrestre y marina, comenzará a aplicar desde hoy, miércoles, el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) negociado el pasado verano con los representantes de los trabajadores. La medida afectará a 34 trabajadores de las filiales asturianas Tadarsa Eólica, Dacero y Windar Offshore.

Un ERTE que coincide con las negociaciones que el grupo empresarial mantiene para llevar adelante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 27 trabajadores de Windar Wind Services que habían sido trasladados a su centro productivo de Ferrol (Galicia) el pasado mes de enero.

Un ERTE para 34 trabajadores

El número de trabajadores afectados por el ERTE asciende a 34 distribuidos de la siguiente manera: siete adscritos a Tadarsa Eólica, 12 en Dacero y 15 en Vindar Offshore.

La vigencia del ERTE se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 y se basa en causas organizativas y productivas.

El despido de empleados en Ferrol

La empresa continuó adelante con su propuesta de despido para los 27 trabajadores desplazados a Ferrol en la reunión que, ayer, mantuvo con la mesa de negociación.

La compañía justifica el ERE en la falta de trabajo y la imposibilidad de reubicaciones en otros centros productivos.

Por su parte, CCOO, el sindicato mayoritario en Windar, ha defendido la idea de que la empresa, que tiene a más de un millar trabajadores en plantilla, asuma esos empleos por la capacidad que tiene en sus seis centros de trabajo.

La política de Trump contra los eólicos

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, reconoció a mediados del pasado mes de septiembre que existía “preocupación” por el ERE planteado por la empresa.

A su juicio, esta situación estaba influenciada por el entorno mundial, con un gran peso de la política de Donald Trump “contra los eólicos”, que trajo como consecuencia “cancelación de contratos y falta de carga laboral”, que al final se traduce en estos expedientes.

Borja Sánchez también consideraba que contribuía a esta compleja situación la entrada de productos de otros países, de manera notable de China y de todo el continente asiático, que “hoy por hoy no compiten en las mismas condiciones”.

No obstante, el consejero recordaba que desde el Gobierno de Asturias se estaba haciendo “lo posible” para que Windar sea una empresa “competitiva” y, en este sentido, mencionaba la “subvención millonaria” para una futura inversión de la compañía en Avilés.

Un miembro del comité de empresa de Navantia Ferrol ha sacado la bandera de Palestina durante el discurso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, pronunciaba este jueves en el astillero con motivo de la botadura de la fragata F-111 Bonifaz, la primera de la serie de cinco de programa F-110 que la entidad pública realiza para la Armada española.

En un momento de su intervención, la ministra de Defensa llamó al atril a los miembros del comité de empresa presentes en el acto para entregarles una placa en reconocimiento a su trabajo. “En agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de Navantia Ferrol que han hecho posible, con su esfuerzo y dedicación, que la fragata F-111 Bonifaz sea una realidad y que hoy pueda celebrarse su botadura”, indicaba el distintivo, según informa Europa Press.

En ese momento, el delegado de la CGT en el comité de empresa, Xaquín García Sinde, desplegó por detrás de la ministra la bandera de Palestina, que ya la había mostrado en uno de los laterales del salón en el que se celebraba el acto.

Tras darles la placa, la ministra le pidió a los integrantes del comité de empresa que regresasen a sus sitios para continuar su intervención y lanzó un reproche: agradeció a quienes trabajaron en la fragata y “no aprovechan cualquier oportunidad para hacer política”. “Porque la política que nos tiene que unir a todos es la creación de puestos de trabajo, una Armada mucho mejor, una Armada de la que nos sentimos orgullosos”, manifestó. “Hoy venimos a Ferrol a poner en valor el esfuerzo, el trabajo, la dedicación silenciosa, que no busca protagonismo, que no busca votos”, concluyó.

El herido por el derrumbamiento de un falso techo del hospital Arquitecto Marcide de Ferrol presenta contusiones por todo el cuerpo, conmoción y ha precisado puntos en la cabeza -siete u ocho- y en la nariz. Pese a que en un primer momento, la Xunta de Galicia calificó sus lesiones de leves y solo transcendieron los puntos en la cabeza, sus conocidos aseguran que las heridas revisten mayor relevancia. Y añaden que no fue “parte de un falso techo” lo que cayó sobre la habitación, sino todo.

El paciente se encontraba hospitalizado por un cambio de marcapasos. Su alta estaba prevista para este jueves, indican a eldiario.es conocidos de la familia, e incluso ya jugaba las cartas con los nietos. Ahora todo se ha demorado. Ha pasado de estar consciente y orientado a preguntar dónde está. “No recordaba nada de lo sucedido, tuvimos que relatárselo”, explican esas fuentes. Tiene hematomas que aún crecen en varias partes del cuerpo y está pendiente saber si habrá alguna secuela. “Está muy dolorido”, informan.

El Gobierno gallego informó este lunes del siniestro en lo que los conocidos del herido entienden como “una versión edulcorada de lo que pasó”. La consellería trasladó entonces a unos 28 pacientes y se disculpó con la familia del afectado. Este martes su titular, Antonio Gómez Caamaño, reiteró las excusas y anunció que el departamento “renovará todos los falsos techos del bloque de hospitalización del Arquitecto Marcide”. Culpó del accidente a la “edad” de la infraestructura sumada a “presiones excepcionales por contraste térmico”.

El derrumbamiento del hospital de Ferrol no ha sido el único en centros dependientes del Servizo Galego de Saúde (Sergas). El Hospital Materno Infantil de Ourense ha venido sufriendo periódicamente estos incidentes.

Un hombre ha sido detenido y se encuentra en dependencias policiales en Ferrol en relación a una agresión sexual a una joven que fue acorralada por varios hombres.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación de una supuesta agresión en unos soportales de la Plaza de España de la ciudad ferrolana que ha adelantado 'La Voz de Galicia' en su edición digital.

Las fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que los hechos se produjeron en la noche del martes al miércoles en el centro de la urbe, donde la joven fue acorralada por varios hombres y habría sido víctima de una agresión sexual.

El detenido se encuentra en dependencias policiales, donde prestará declaración, antes de continuar el procedimiento en el ámbito judicial.

Las trabajadoras de la residencia pública de mayores de Ferrol acusan a la Xunta de Galicia de incendiar las relaciones laborales en el centro. La apertura de expedientes a algunas de las personas que participaron en una protesta contra la dirección el pasado 18 de marzo ha sido,a juicio de los sindicatos, el último episodio del conflicto. El personal lo considera una represalia que “busca amedrentar”, en palabras de la sindicalista de la CIG Mar Peteira, basado en “cosas peregrinas” que además “son mentira”. La Consellería de Política Social, consultada por este periódico, asegura que se trata de faltas leves y que “nada tienen que ver” con que esos empleados secundasen la huelga.

Hace más de dos años que cambió la dirección de la residencia. Tras unos meses de adaptación, explica Peteira, “el deterioro de las relaciones laborales” se aceleró. En la llamada Residencia Mixta de Maiores de Ferrol trabajan casi 130 personas, la mayoría funcionarios. Hay alrededor de 140 usuarios. “La forma de tratar a los trabajadores y trabajadoras, con continuas faltas de respeto”, añade, “se convirtió en habitual. Nosotros solo pedimos respecto. Y que se tenga en cuenta nuestra voz, algunas somos personas con más de 30 años de experiencia”. Según Peteira, todo fue a peor. En todos los departamentos del centro, asegura, hay empleadas y empleados de baja, y la ansiedad y la sensación de acoso laboral están a la orden del día.

“La gente se siente menospreciada. Le quitaron funciones. Le dan órdenes que no le competen”, dice, “pero no hubo manera de que la dirección rectificase. No hubo cambios”. En la Consellería de Política Social conocen la problemática. “Hemos puesto en marcha un plan de acción específico para detectar problemas laborales y buscar soluciones coordinadas con el personal”, expone a este periódico el departamento que dirige Fabiola García. “No resuelve nada”, considera Peteira. Y los expedientes no hacen sino echar más gasolina. Política Social los desvincula del conflicto -“la Xunta de Galicia nunca ha tomado ni tomará represalias contra nadie por el uso de sus derechos”, afirma. Para la sindicalista, no hay duda de lo contrario: “No es de recibo. Es solo para que la gente coja miedo”.

Los motivos de los expedientes, todos incoados a personas que formaron parte de las protestas o bien las dejaron por escrito, son, según la propia Xunta, “faltas leves”. Peteira añade que ni siquiera son ciertos. Pone ejemplos: “Uno es por no bajar a los residentes a las actividades. Aunque hubo un error, no es cierto. Otro es por fumar en una terraza. El coordinador dijo que le olía a tabaco, pero ni siquiera lo vio. Otro por no subir a una habitación y resulta que no lo hizo porque no era urgente y estaba haciendo otra cosa”.

Mar Peteira argumenta, en todo caso, que los trabajadores y trabajadoras cumplen con sus cometidos hacia los usuarios. “Aunque si trabajas en un ambiente desfavorable, no lo haces igual que si trabajas a gusto. El usuario es atendido, pero estas no son las mejores condiciones para un servicio de calidad”, concluye.

Una candidata en las pruebas de acceso a la empresa naval pública Navantia en Ferrol acaba de conocer que la justicia le vuelve a dar la razón a su reclamación después de que fuese excluida en su día, y de manera literal, por “exceso de madurez personal y de conocimiento profesional”, lo que la llevó a presentar una denuncia en los juzgados de lo social de Ferrol.

Este juzgado, en primera instancia, falló en contra de la aspirante y a favor de la empresa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en noviembre de 2021. Pero la candidata apeló esta decisión al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que le dio la razón en septiembre del año 2023, informa Europa Press.

Esta sentencia, a su vez, fue recurrida por la empresa ante el Tribunal Supremo (TS), que acaba de fallar que no admite dicho recurso, por lo que el fallo del TSXG ya es firme. El alto tribunal considera que los argumentos de Navantia son “retórica” y que la decisión “no tiene ni un mínimo sustento en los criterios de selección de la convocatoria”. Además, estima que la empresa de construcción naval tiene una actitud “arbitraria y contradictoria” y que además “vulneró los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público”.

Es por ello que condena a Navantia “a que convoque a la demandante para la última fase del proceso selectivo”, sin que ello haya de afectar directamente a los contratos de trabajo que ya pudieran haberse celebrado con las personas seleccionadas.

A lo largo de los últimos años, el sindicato CGT ha dado apoyo a esta candidata y asegura que en la situación actual a Navantia solo le queda realizar “el reconocimiento médico a la excluida” y que solo tiene dos caminos, “como son cumplir la ley y acatar la sentencia o seguir insistiendo en el delito”, ya que “la decisión que tome retratará a la dirección de Navantia”. La mujer se había presentado a las plazas de técnico superior junior en la convocatoria del año 2019.

La Policía Nacional ha detenido a dos empresarios, un hombre y una mujer, en Ferrol por explotar a sus trabajadores, personas migrantes sin papeles a las que no daban de alta en la Seguridad Social. Al menos a cinco de ellas les aplicaban horarios que superaban en 20 horas o más la jornada máxima semanal, se les abonaban salarios muy por debajo del mínimo legal y se les sancionaba económicamente si no se cumplían los objetivos empresariales o había algún contratiempo o pérdida económica durante su jornada.

Los agentes llevaron a cabo la operación la semana pasada, tras una colaboración del Ministerio de Trabajo, policías de Extranjería de la Comisaría de Ferrol-Narón y aportaciones ciudadanas. Esto fue lo que hizo posible, según recoge Europa Press, que se identificase a la empresa, de la que se sospechaba que estaba contratando a personas migrantes sin regularizar. A los dos detenidos se les atribuye un delito contra los derechos de los trabajadores.

La Inspección de Trabajo hizo en 2023 varias inspecciones, en las que se detectó que en la empresa trabajaban varias personas que no tenían los papeles en regla ni estaban cotizando a la Seguridad Social. Desarrollaban sus tareas en una nave en el municipio de Narón. Unos meses después, los agentes localizaron una segunda nave en otra localidad en la que, de nuevo, casi todos los trabajadores estaban en situación irregular.

Por fin pasou a investidura adiada de Alfonso Rueda sen pena, gloria, nin grandes titulares. Á hora de escribir este artigo aínda non tivo lugar a toma de posesión, pero case lles podo facer xa a crónica, por se o sábado estaban a aproveitar o soliño e non a viron: emoción (contida, que para algo abusamos do lema “sentidiño”), discurso nun galego ortopédico que denota a falta de costume, e a Real Banda de Gaitas de Ourense cumprindo coa cota fraguista do acto.

O que me interesou do debate de investidura, alén da ausencia de debate, foi o anuncio do presidente electo de crear unha Oficina de Asuntos Constitucionais na lexislatura que agora comeza. Cando o escoitei non tiña moi claro para que serviría, a verdade. O nome rimbombante soábame un pouco á linguaxe publicitaria que con tanta habelencia manexa a nosa Xunta para facer como que se fan cousas, xa saben: declaracións de intencións, implementacións e sinerxías varias. Pensei se a tal oficina non ía ser como o teléfono “antiocupacións” (sic) dos milleiros de euros de investimento e a media ducia de chamadas ao ano, ou como a oficina que lle montaran a Toni Cantó para defender o español naquela cidade española da que vostede me fala.

Seica coa creación desta Oficina de Asuntos Constitucionais, Rueda quere defender o interese supremo de Galiza perante os recursos que o Goberno central poida levar ao Tribunal Constitucional por invadirmos competencias que non temos. Eu non podo menos que admirarlle o optimismo de pensar que vai gobernar en cousas que non son da súa competencia, porque hai outras 70 competencias que o goberno do PP na Xunta puido reclamar nos últimos 15 anos e aínda andan a velas vir, pero ninguén morreu por ser precavido, e está ben crear unha oficina específica por se (sen querer, digo eu) fosen exercer algunha das que non nos corresponden.

Seguindo co tema das competencias, Rueda tamén dixo, na sesión do martes, que Galiza ten “o dereito sagrado” a xestionar o seu territorio. A min mesturar o sacro co institucional sóame moi vasco (Jaungoikoa eta lege zaharra e todo iso), que é algo que nunca diría de Alfonso Rueda, pero quen sabe, se cadra o sábado aparece en Bonaval coa biblia na man e á hora na que vostedes len isto xa tiven que comer as miñas palabras acompañadas dun txacolin.

Alén dos intereses supremos e os dereitos sagrados, que agora que o penso parecen frases escritas por alguén que quixese dotar de solemnidade un discurso anódino, Rueda fixo poucos anuncios e máis ben de andar por casa. Tan de andar por casa que o foco mediático de seguida se afastou do Pazo do Hórreo para ir a Ferrol, onde o alcalde do PPdeG anunciou que ían redactar a documentación para tramitar contratos públicos só en castelán “para a simplificación administrativa”.

É curioso que o PPdeG sempre simplifica as cousas polo mesmo lado. Como o anuncio coincidiu, cousas do directo, coa declaración de intencións de Rueda de implementar o peso da política lingüística en prol dunha maior sinerxía do galego e o castelán nesta lexislatura, logo recuou o alcalde de Ferrol. Nunha breve explicación, o Concello declarouse incapaz (en temas lingüísticos) e por iso vaille pedir axuda á Xunta para traducir os contratos públicos a esta lingua arcana que todos temos o dereito de usar.

Se Rueda se ve incapaz co da asunción de novas competencias, se cadra tamén pode crear, poñamos por caso, unha Oficina de Asuntos do Estatuto. E, xa de nos poñer creativos, pode dividila en distintas seccións para que cada unha atenda mellor as competencias relativas a cada sector, como por exemplo a educación ou a sanidade, e facer unha especie de goberno autonómico que traballe, que sei eu, polos intereses supremos de Galiza e para defender o noso dereito sagrado a xestionarnos. Sei que todo isto é moi fantasioso, pero se algún día lle dese por aí, mesmo teño o nome perfecto para a oficina: Xunta de Galiza.

El Ayuntamiento de Ferrol, el único de entre las siete principales ciudades gallegas que está en manos del PP, acaba de publicar una instrucción en la que retira el gallego de la documentación para tramitar los contratos públicos. En un texto escrito en la lengua propia de Galicia indica que “a partir de la entrada en vigor de la presente instrucción, en todos los procedimientos de licitación que se inicien y que normativamente tengan que ser objeto de publicación, la totalidad de los documentos que conformen el expediente se redactarán exclusivamente en lengua española”, según adelanta Praza.gal.

El texto, firmado el 10 de abril por el concejal de Promoción Económica, Javier Díaz, argumenta que se trata de una medida para la simplificación administrativa. En el mismo se defiende que la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento -aunque no aclara a qué se refiere en concreto- exige medidas para agilizar la contratación y habla de “trámites innecesarios” y de una apuesta por homogeneizar los procedimientos. El Gobierno está dirigido desde las municipales de 2023 por José Manuel Rey Varela, exconselleiro en la etapa de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta y que ya fue alcalde de Ferrol entre 2011 y 2015.

La justificación cita la ley de administración local de Galicia que, aseguran el gobierno local, establece que los ayuntamientos deben promover el uso del gallego en las relaciones con la ciudadanía, pero sin “perjuicio del derecho de no discriminación por razones de lengua”. Como indica Praza.gal, en realidad esa disposición figura en la ley de transparencia del año 2006, que ya no está en vigor, puesto que en 2016 entró en vigor un nuevo texto que eliminó esa redacción.

Rectificación sólo unas horas después

La norma ha durado apenas unas horas. En la misma mañana en la que entraba en vigor, la de este jueves 11 de abril, Díaz ha cambiado de idea y asegura que seguirán publicando las licitaciones en las dos lenguas oficiales de Galicia gracias a una colaboración con la Xunta.

Según recoge Europa Press, los populares se escudaban ahora en que los servicios lingüísticos del Ayuntamiento de Ferrol “no tenían capacidad suficiente para atender el exceso de trabajo que requiere la traducción de pliegos complejos”, por lo que, “para trabajar sin retrasos, de forma provisional, se abrió la posibilidad, puntualmente, de realizar las licitaciones en castellano, tal y como hacen en otros ayuntamientos de Galicia”.

Pero para “poder ofrecerle a la ciudadanía estos documentos en las dos lenguas oficiales, castellano y gallego, la Xunta y el Ayuntamiento de Ferrol, estaban ya en contacto para establecer una colaboración y apoyo, que fue cerrada en las últimas horas”, dijo, después de que trascendiese la instrucción en la que ceñía a la lengua española la publicación de esa documentación.

De esta manera, Díaz ha asegurado que “el Ayuntamiento de Ferrol tendrá próximamente a su disposición los servicios lingüísticos de la Xunta para reforzar esa acción de traducción y, así, sin dilatar los plazos, ofrecer a la ciudadanía el acceso a los contratos en ambos idiomas”.

La polémica ha estallado en medio del debate de investidura del popular Alfonso Rueda, quien aseguró el martes, en la primera jornada, que Política Lingüística tendría un “mayor peso” en su ejecutivo para impulsar el gallego “aún con más énfasis”.