Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC), entidad cabecera del grupo Cajamar, ha decidido trasladar su sede social de Madrid a Almería, según ha informado en un comunicado.

El movimiento de Cajamar se produce pocas semanas después de que Banco Sabadell decidiera devolver su domicilio social a Cataluña. Esta misma semana, le siguieron la Fundación La Caixa y Criteria, que también volvieron a Cataluña.

“Desde aquí dirigirá la estrategia y actividad financiera para seguir manteniendo e impulsando su relación con empresarios, profesionales y familias para apoyar que sus actividades productivas sean más sostenibles, más sociales, más rentables y que contribuyan a generar más riqueza en su entorno”, ha explicado la entidad financiera.

La sede social se situará en el Centro Financiero de Cajamar en el Parque Científico-Tecnológico de Almería, donde trabajan 1.500 profesionales de Cajamar y las empresas filiales.

De esta forma, tras la creación de Banco de Crédito Social Cooperativo hace más de 11 años, se unifica en una misma sede el grueso de su equipo de profesionales que dan servicio a las 18 entidades del grupo Cajamar. En la nueva sede será donde se celebrará la próxima junta general de accionistas de Banco de Crédito Social Cooperativo-Grupo Cajamar.

“Este traslado societario no tendrá efecto alguno para el resto de los profesionales del grupo que forman parte de los servicios centrales, ya que se mantendrán las instalaciones operativas actuales que existen en distintas provincias y comunidades autónomas”, ha enfatizado el banco.

BCC se constituyó en 2014 para establecer políticas comunes y mejorar el servicio y protección de las cooperativas que integran el grupo. Cajamar tiene delegada en su cabecera la gestión estratégica; las políticas, procedimientos y controles de riesgos; la gestión de tesorería, las emisiones de instrumentos financieros, el plan comercial y la elaboración de presupuestos.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería y el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao han obligado a Cajamar y a Kutxabank a devolver cerca de 59.000 euros a casi medio centenar de clientes por la aplicación de la cláusula de gastos hipotecarios.

Según ha informado Adicae en un comunicado, el juzgado ha condenado a Cajamar a devolver 46.655,22 euros a 40 consumidores, mientras que Kutxabank deberá restituir un total de 12.746,19 euros a un grupo de nueve usuarios por el mismo concepto. “En ambos casos, los hipotecados afectados por dicha cláusula abusiva se encontraban adscritos a una demanda colectiva presentada por Adicae”, señala la propia asociación.

Estas sentencias se suman a la lucha colectiva liderada por Adicae, que estima que la banca debe devolver a los usuarios un total de 7.105 millones de euros por la cláusula de repercusión al consumidor de los gastos hipotecarios, una cláusula que en ambas sentencias ha sido declarada nula.

Es importante destacar que, aunque estas sentencias son “un éxito” para los afectados, aún hay usuarios que esperan más de seis años para obtener una primera sentencia por cláusulas suelo o gastos hipotecarios. Por eso, Adicae considera que la futura Autoridad del Cliente Financiero es imprescindible para acortar plazos y resarcir a los afectados, sin necesidad de incurrir en un proceso judicial. A pesar de los posicionamientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del sector financiero, que han mostrado sus dudas sobre ciertos aspectos de este organismo, cuya creación está actualmente en trámite parlamentario.

Grupo Cooperativo Cajamar ganó 92,5 millones de euros en2019, un 12,5% más que en el ejercicio anterior. Estas cifras también mejoran sus márgenes que le han permitido aumentar la financiación a empresas y el sector agroalimentario, disminuyendo el activo irregular, reforzando las coberturas y elevando la solvencia, según ha informado este jueves la entidad.

El margen de intereses creció un 0,6%, hasta 589,8 millones de euros, resultado de su gestión de los activos y pasivos y el crecimiento orgánico de los recursos minoristas de balance y de la inversión crediticia sana, según Cajamar.

Por otra parte el margen bruto se elevó un 22,9%, hasta 1.147 millones de euros, por los resultados por operaciones financieras de 296 millones (+274%) y el incremento de los resultados de sociedades con alianzas estratégicas (+24,1%).

Los riesgos dudosos cayeron un 20,7% en el ejercicio y la tasa de morosidad disminuyó 1,56 puntos, hasta el 6,07%. La tasa de cobertura de la morosidad se elevó al 49,1%.

La ratio de eficiencia mejoró en 10,6 puntos porcentuales, hasta el 50,2%, el coeficiente de solvencia se colocó en el 14,69% y la ratio CET 1 'fully loaded' se situó en el 12,32%. De su lado, la ratio de cobertura de liquidez se colocó en el 212,33%.

Tres sentencias de juzgados de Marbella (Málaga), Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona han condenado a las entidades bancarias Cajamar, Bankinter y Caixabank que colocaron a sus clientes bonos de Abengoa a devolver a estos la inversión, al considerar que no les explicaron los riesgos.

Son las tres primeras sentencias, dictadas entre octubre y noviembre, de más de 220 pleitos que ha impuesto en la jurisdicción civil el despacho de abogados del expresidente de la ONCE y exdirector de Telecinco Miguel Durán, de Duran&Duran Abogados.

Estas sentencias estiman el “vicio del consentimiento” de los tres bonistas denunciantes al adquirir los bonos de Abengoa, al señalar que se trataba de un producto “de suma complejidad” y con una serie de riesgos que “nadie les explicaba,como que quedaban en penúltimo lugar para cobrar en caso de quiebra o que podían perderlo todo”.

Así lo ha explicado Miguel Durán en una rueda de prensa en Sevilla, en la que ha subrayado que los bonistas que se adhirieron al acuerdo de refinanciación de la deuda con Abengoa también pueden denunciar por la vía civil a las entidades bancarias a través de las cuales adquirieron estos bonos y ha defendido esta vía como la más “práctica” para recuperar el dinero frente a la jurisdicción mercantil o penal.

En este sentido, ha señalado que la reciente sentencia del juzgado de lo mercantil 2 de Sevilla que dio la razón a un grupo de bonistas que rechazaron suscribir el acuerdo de refinanciación puede ser un triunfo “simbólico” pero ante la situación financiera de Abengoa “van a cobrar cuando las ranas críen pelo”.

Por contra, ha alabado que los pleitos civiles contra los bancos que colocaron los bonos de Abengoa a sus clientes se están resolviendo en unos once meses y aunque las entidades bancarias han recurrido a las respectivas audiencias provinciales, cuando estas resuelvan “en unos cinco meses”, las sentencias serán firmes.

Las tres sentencias ordenan a los bancos devolver a los denunciantes inversiones de entre 50.000 y 100.000 euros más intereses, y aunque Durán asegura tener clientes que invirtieron “hasta un millón de euros”, la media es de 120.000 euros, por lo que calcula que en esos 220 pleitos los bonistas recuperarán unos 20 millones.

No obstante anima a otros bonistas “y también quienes compraron acciones” a acudir a esta vía “novedosa” y “bastante segura”, ya que calcula que hay en juego unos 2.500 millones de los entre 8.000 y 9.000 bonistas de Abengoa.

Según Durán, hay pleitos contra “prácticamente todas las entidades bancarias” y en caso de compras y absorciones responde la entidad que se haya quedado con el banco deudor.

Desde el pasado febrero trataban de evitarlo y finalmente lo han conseguido: el juzgado ha suspendido el desahucio de una familia con una hija discapacitada, según ha informado Stop Desahucios Almería en las redes sociales. Estaba previsto para este mismo viernes 10 de marzo pero miembros de la organización se han venido concentrando todas las mañanas de los lunes, miércoles y viernes de cada semana ante unas oficinas de Cajamar, en la capital, exigiendo a esta entidad financiera que paralice el desalojo, algo que finalmente han conseguido.

La organización presionaba para que la entidad financiera volviera a negociar el caso de Rafael Marin, coordinador del movimiento 'Stop Desahucios', que recientemente había recibido una notificación judicial de desahucio de su vivienda, donde convive con su mujer, ambos parados y sin ingresos, y su hija, que padece una discapacidad funcional superior al 33%, cobrando una ayuda de 426 euros al mes.

La fuerte protesta callejera obligaba cada día a la caja a echar el cierre de la verja principal, boicoteando la entrada y salida de clientes e impidiendo la normalidad de la jornada laboral, ante una discreta pero continua vigilancia de la Policía Nacional. Una pequeña puerta lateral se mantenía abierta aunque de poco servía ante los manifestantes, que se apostaban en ella golpeando bidones metálicos, con pitos ensordecedores, bocinas, pancartas, megafonía y cancionero sarcástico.

Hay otro caso en la provincia en el que afirman que se detuvo la negociación sobre una vivienda salida a subasta, que afecta a un matrimonio con varios hijos en desempleo. Según Rafael Marín, la organización estaba negociando en ambos casos una alternativa, pero recientemente cambió la cúpula directiva territorial de Cajamar y, desde entonces, se han encontrado con una negativa absoluta al acuerdo.

“Mi hija tiene una discapacidad superior al 33%, que por ley imposibilita el desahucio, y cobra una ayuda de 426 euros. Ni mi mujer ni yo tenemos ingresos. Yo fui empleado de banca durante 35 años y estoy negociando la jubilación con la Seguridad Social porque tengo alguna deuda con ella. Mi hija es trabajadora social e intérprete de lenguaje de signos y tiene el único ingreso que entra en mi casa”, señala.

Amparo al Constitucional

“La Audiencia Provincial dictó una sentencia obligando a recalcular el importe por el cual Cajamar se adjudicó la vivienda por cláusulas abusivas, pero el juzgado se niega a revisar la sentencia, por lo que voy a solicitar amparo al Tribunal Constitucional”, denuncia el coordinador provincial de Stop Desahucios, considerando que “hay connivencia entre Cajamar y el juzgado”. Se da la circunstancia que en el escrito remitido a Marín se pide la salida de la vivienda y, si fuera necesario, con presencia de un cerrajero y con descerrajmiento de la puerta.

Por su parte, fuentes de Cajamar consultadas por eldiario.es Andalucía, aseguran que en ningún momento se han roto las conversaciones y “sigue la vía abierta de negociación con el cliente”. Insiste la entidad crediticia en no tener ninguna intención de poner en la calle a ninguna familia necesitada, habiendo logrado acuerdos en otros casos para evitar medidas drásticas.

Cajamar considera que si el grado de discapacidad de la hija de Rafael Marín impide legalmente el desahucio, en ningún momento el juzgado lo iba a llevar cabo, y reiteraba su voluntad de negociar. Además Cajamar mantiene una versión diferente a la de Marín. Según la caja, esta familia lleva sin pagar su hipoteca 11 años. La operación fue concedida en octubre de 2004 y entró en mora en abril de 2006, desde entonces se ha venido dilatando el procedimiento ejecutivo con continuos recursos de oposición y apelación por su parte.

La vivienda fue subastada en noviembre de 2010 y adjudicada en mayo de 2012. Y tras resolverse un incidente extraordinario de oposición y un posterior recurso de apelación, mediante diligencia de 17 de junio de 2016 se ordenó el desalojo voluntario de la vivienda. La familia presentó entonces un nuevo recurso de revisión, que no fue admitido por providencia judicial de 23 de septiembre, en la cual el juez instaba a Cajamar a solicitar el lanzamiento o archivaba el procedimiento. Cajamar solicitó el lanzamiento, que estaba fijado para este viernes 10 de marzo.

“Durante todo este tiempo Cajamar ha querido negociar permanentemente con la familia, ha tenido paciencia y ha mostrado su predisposición a alcanzar un acuerdo para que permanezca en la vivienda, ofreciendo distintas soluciones a las que la familia deudora no ha dado respuesta. Y cuando lo ha hecho, finalmente no ha cumplido lo acordado, ni en lo más básico, como es presentar la documentación económica para poder ofrecerle una solución a su medida”, añade Cajamar.

100 euros mensuales durante dos años

El pasado mes de febrero esta familia aceptó inicialmente una propuesta de Cajamar para continuar en la vivienda con un alquiler de 100 euros mensuales durante dos años, y 350 euros a partir del tercer año, haciéndose cargo Cajamar de los gastos del IBI y de la comunidad de propietarios (de un edificio que cuenta con piscina comunitaria). Sin embargo, finalmente la familia no ha dado respuesta a la oferta de Cajamar.

Por su parte, Marín matiza que “después de comunicarme el desahucio me han propuesto un alquiler social de 350 euros al mes, que no me parece nada social ya que solo tenemos los 426 euros de mi hija”, indicando que ha tenido que soportar “visitas de fondos de inversión que me ofrecían una miseria de dinero para que dejara la casa argumentando que ellos eran los dueños al comprarla a Cajamar”.

Stop Desahucios afirma que actualmente sus servicios jurídicos trabajan aproximadamente en unos 150 casos en toda la provincia, no solo hipotecarios, sino también desalojos por falta de impagos de alquileres y otros problemas.

Marín estima que desde que hace cinco años comenzó la andadura por el movimiento ciudadano de la vivienda de Stop Desahucios Almería, han logrado resolver más de 3.000 casos en la provincia “en los que hemos logrado salvar las casas evitando que las familias se queden en la calle gracias a la negociación. Los bancos más reacios son Unicaja, Cajamar, Santander y Cajasur, y quienes más colaboran para llegar a acuerdos son La Caixa, Sabadell y BBVA, pero vamos a tener que poner demandas a algunos por no cumplir el código de buenas prácticas bancarias, incumpliendo la ley y con muchos casos atascados cuya negociación no avanza, nos dan largas, nos dicen que volvamos a entregar la documentación porque se ha perdido, etc.”, denuncia Rafael Marín.

El 6 de enero de 2011 fue un día afortunado para I.M.R., una vecina de Teguise que recibió la noticia de que le acababan de tocar 100.000 euros por el sorteo de la lotería de El Niño. Fue el principio y el fin de su suerte. Once días después ingresaba el dinero en la cuenta corriente que había abierto quince años antes en su entidad bancaria de toda la vida, la que entonces se llamaba Caja Rural de Canarias y hoy se llama Cajamar. El resultado final es que ha acabado pagando al banco, en intereses, más dinero del que le ha generado su premio, y que no puede disponer de todo su dinero.

“Desde entonces no sólo no ha podido recuperar parte del dinero que ingresó sino que en la actualidad está en una situación financiera precaria por el nocivo comportamiento de la directora de la sucursal que ocultó información a la denunciante, engañándola”. Esto es lo que dice la querella que ha tenido que interponer esta mujer contra la entidad bancaria y contra la ex directora de una de las sucursales de Arrecife por estafa. El Juzgado número 3 ya la ha admitido a trámite.

El recorrido bancario es el siguiente, siempre según el relato de la querella: Unos días después de ingresar el premio, la ganadora fue “persuadida” por la directora para que firmara un depósito a plazo fijo en el que ingresó 90.000 euros, que le iba a reportar un interés del 3,4 por ciento. En agosto de ese año el depósito le renta 8.000 euros, que en lugar de mantenerse en ese producto financiero pasan a un nuevo depósito con una rentabilidad menor, de sólo el dos por ciento.

Esta operación se repite en varias ocasiones con otras cantidades y culmina en septiembre de 2012 con el cambio del interés desde el 3,4 por ciento al uno por ciento, “con consentimiento viciado al haber sido  engañada”, según la querella, ya que no tiene sentido que alguien acepte que le rebajen la rentabilidad de su dinero sin necesidad alguna. Pero las anomalías no habían hecho más que empezar.

La cliente pide un préstamo personal de 7.000 euros, a pesar de tener dinero suficiente y de que no firmó ninguna póliza de ese préstamo ante notario, al que se le impone un tipo de interés del diez por ciento. Solo unos días más tarde contrata un segundo préstamo por 19.600 euros para comprarse un coche, con su consentimiento pero sin que se le informara de que el tipo de interés es del diez por ciento y el interés de demora del 25.

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha dado la razón a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, quien impuso una sanción de 6.000 euros a Cajas Rurales Unidas SCC por la comisión de una infracción administrativa en materia de defensa del consumidor de la legislación en materia de consumidores y usuarios de Canarias.

Consumo, que depende de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, consideraba que la entidad había cometido una “infracción grave” por incluir en los acuerdos con los clientes un interés que ascendía por concepto de liquidación de interés en la modalidad de pago aplazado del 1,45% mensual y en el pago de demora del 2,08% mensual, lo que transformado al interés anual asciende hasta el 17,4% y 25% respectivamente.

En este sentido el escrito recalca que a partir de 2013 el interés legal del dinero se fijó en un 4% y 5% para el interés de demora por la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que considera “claramente abusivos” los intereses que aplicaba Cajas Rurales Unidas.

La sentencia explica que esta cláusula fue “impuesta por la entidad demandada a sus clientes de forma unilateral y sin posibilidad de negociación individual” lo que cree que perjudica a los usuarios y supone “un grave desequilibrio en el contrato firmado dada la posición de supremacía de la entidad bancaria sobre el consumidor que suscribe el contrato”.

Para el tribunal, una cláusula abusiva son aquellas “estipulaciones contractuales que no han sido negociadas individualmente por el consumidor y que en contra de la buena fe, causa en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que derivan de un contrato”, lo cual sale reflejado en el artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre las cláusulas abusivas de los contratos celebrados con consumidores, y en el artículo 82 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Según los antecedentes, la Dirección General de Comercio y Consumo había publicado una resolución en septiembre de 2014 en la que se imponía una sanción de 6.000 euros a la entidad surgida de la fusión de Ruralcaja y Cajamar Caja Rural por la comisión de una infracción administrativa en materia de defensa del consumidor, un escrito que fue recurrido por la entidad bancaria solicitando la desestimación del mismo y la imposición de las costas a la Administración.

Para la Consejería, Cajas Rurales Unidas SCC incluía en las condiciones generales del contrato “cláusulas que limitan o vulneran los derechos reconocidos en las disposiciones aplicables o que resulten abusivas para estos o contrarios a la buena fe”, por lo que la sanción era, según la Justicia, “un acto de naturaleza administrativa para la cual ostenta competencia el órgano que ha impuesto la sanción”.

No obstante, la actora había alegado que no se podía imponer la sanción “sin una previa declaración de nulidad de la cláusula del contrato”, lo cual fue rechazado en la sentencia porque la resolución de la cuestión prejudicial “ni produce efectos fuera de este proceso ni vincula al orden jurisdiccional”.

El fallo es firme y no admite recurso alguno.

“Embarazada, pero solo un poco”. Tan contradictora como esta afirmación es, según los juristas consultados por eldiario.es, la última sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, cuyas conclusiones se publicaron a última hora del miércoles en una nota de prensa, pero cuya redacción final y firma todavía no se ha completado.

Según esa nota, el Supremo se reafirma en que las cláusulas suelo son nulas por falta de transparencia, tal y como dictó el 9 de mayo de 2013 en una sentencia histórica contra BBVA, NovaGalicia y Cajamar. Pero en contra de lo publicado en aquella ocasión, ahora sí reconoce que ese abuso bancario debe ser compensado. Es decir, que los bancos afectados deberán devolver las cantidades cobradas de más.

Lo sorprendente, en términos jurídicos, es que el TS marca como momento para el cálculo de esa compensación esa fecha, 9 de mayo de 2013, cuando dictó la primera sentencia sobre este tema en respuesta a una demanda de la Asociación de Consumidores Ausbanc.

Es extraño, aseguran las fuentes consultadas, que la sentencia se refiera a la devolución de cantidades si se supone que a partir aquel día las tres entidades afectadas dejaron de aplicar las cláusulas. 

“A falta de conocer el texto final parece una contradicción sin sentido jurídico. Reconoce la retroactividad, pero impone una fecha arbitraria para que ésta tenga efecto. La legislación española deja muy claro que si hay retroactividad sobre una cláusula nula, ésta afecta a todo el contrato. No hay ley que justifique que se puede decidir una fecha intermedia para que esto tenga efecto”, asegura Jesús María Ruiz de Arriaga, abogado especializado en litigar con las entidades financieras.

“O se reconoce la retroactividad o no, pero no se puede reconocer a medias. Como tampoco se puede estar un poco embarazada”, insiste el abogado especializado en temas financieros Marcelino Tamargo, del despacho Espacio Legal.

Rebeldía judicial sin precedentes

En cualquier caso, llueve sobre mojado en este tema. El debate sobre si los afectados deben recuperar o no el dinero cobrado de más por una cláusula suelo que es nula tiene enfrentada a la mitad de los jueces españoles contra la otra mitad.

En mayo de 2013, el TS evitó reconocer que las entidades financieras tuvieran que devolver las cantidades injustamente cobradas hasta ese momento por dos razones. La primera era que los demandantes, Ausbanc, no lo habían pedido y la segunda, que los jueces consideraban que esa decisión podría poner en peligro al debilitado sistema financiero español. Sin embargo, un amplio sector de los magistrados está reinterpretando al Supremo apoyándose en otra sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que sí considera que los afectados tienen derecho a que se les devuelvan todas las cantidades cobradas de más. 

“Nunca en la democracia se ha dado un rebelión judicial como la que hay con este tema. Veinte Audiencias Provinciales no están siguiendo la doctrina del Supremo y están fallando a favor de devolver a los afectados por cláusulas suelo todas las cantidades cobradas de más. Mientras, otras 18 audiencias sólo anulan la cláusula desde el momento de la sentencia y no exigen la devolución del dinero, siguiendo al pie de la letra al Supremo. El resto no se ha pronunciado todavía”, explica Agustín Azparren, magistrado y exvocal de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ahora asesora a la asociación de usuarios de banca Asuapedefin. 

“Una decisión así [en referencia a la nueva sentencia del Supremo] sólo puede responder a presiones políticas. Jurídicamente no se sostiene, pero el lobby bancario no podía permitirse que en plena campaña electoral el TS anule la cláusula suelo y además reconozca la retroactividad completa”, asegura Tamargo.

Injerencias políticas

Casualmente, o no, la nota de prensa del Tribunal Supremo se publicó el mismo día en el que el presidente del Gobierno anunció en el debate del estado de la nación que ampliaba el perfil de las familias españolas que pueden acogerse a la anulación de las cláusulas suelo por problemas económicos. La medida debería detallarse en el Consejo de Ministros de este viernes.

“Desconocemos los intereses de los miembros del Tribunal Supremo en dictar sentencias contrarias a la ley y el motivo que tienen para sacar notas de prensa sin tener redactadas las sentencias. Notas de prensa que coinciden con anuncios de políticos en las Cortes y que las hacen políticos que nombran a los miembros del CGPJ que a su vez designan a los magistrados del Tribunal Supremo. Confiemos en que estos mismos políticos no terminen formando parte del consejo de administración de alguna de las empresas participadas por la banca a quien favorece claramente esta situación”, han manifestado desde la web denunciascolectivas.com en un mensaje difundido a los medios desde su página de Facebook.

Para el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, “el Tribunal Supremo ha querido salvar a la banca y no ha querido hacer justicia realmente; debería condenarse a la banca a devolver todo el dinero cobrado de más. En todo caso, sí es una buena noticia que el Supremo haya reafirmado esta nulidad, porque es un paso más hacia la nulidad total de las cláusulas suelo de toda la banca, algo por lo que ADICAE lleva luchando muchos años”. 

En la misma línea se manifiesta Patricia Suarez, presidenta de Asuapedefin. “Lo que todo el mundo debe tener muy claro es que no se gana si no se pelea. La retroactividad es importante, pero mucho más lo es la vida total de la hipoteca. Con esta decisión del TS será aun más fácil que los jueces anulen la cláusula suelo de hipotecas que todavía tienen 15 o 20 años de vida. Hay que mirar al futuro más que al pasado”, advierte. 

¿A quién beneficia y a quién perjudica?

A falta de conocer la redacción concreta de esta sentencia, los juristas consultados tienen claro que la decisión va a beneficiar a los afectados de las zonas de España cuyas Audiencias Provinciales son afines al TS. “Hasta ahora, no se les reconocía ninguna retroactividad, así que recibirán compensación por este año y medio”, asegura Agustín Azparren.

No queda tan claro lo que pasará en el resto. En principio, el hecho de reconocer la retroactividad abona el terreno a los abogados y jueces que consideran que sí hay un abuso y el afectado debe ser compensado. “Todo dependerá de cómo lo maneje cada uno en cada caso”, explica Azparren.

Lo cierto es que el Tribunal Supremo no solo ha perdido una oportunidad de oro para aclarar un monumental caos jurídico, sino que también ha cerrado la puerta para una solución salomónica para todos los afectados. Ni en mayo de 2013 el resto de bancos eliminó las cláusulas suelo, ni ahora lo harán. “Lo que deja claro el TS es que hay que mirar caso por caso. Cuando se quiera recuperar el dinero por parte de los bancos afectados por esta sentencia habrá que solicitar daños y perjuicios. Y con otras entidades hay que pedir la nulidad”, concluye Tamargo.

Los beneficiarios de los préstamos de la línea de financiación podrán disponer de hasta 24.999 euros a devolver en un máximo de cinco años, y con posibilidad de carencia, según informa la entidad en una nota. Los préstamos de estas líneas podrán destinarse a inversiones en activos productivos, que le permitirán reformar su establecimiento, adquirir maquinaria, mobiliario o equipamiento, entre otras opciones.

Los préstamos de la línea de financiación de la mujer rural podrán destinarse para cubrir las necesidades de circulante de su negocio, y con ello, mejorar la relación con sus proveedores, aumentar su stock y red de distribución.

Entre los productos y servicios financieros establecidos en el acuerdo destaca la línea de financiación joven emprendedor agro, destinada a financiar la puesta en marcha de explotaciones agrarias o ganaderas, con la adquisición de una finca productiva o su puesta en producción, así como la modernización o mejora de la explotación.

Las socias de Fademur podrán en esta línea acogerse a una bonificación o descuento en el precio de adquisición de inmuebles que comercializa Cimenta2, y condiciones ventajosas de financiación de las mismas.

Por otra parte, Cajamar Caja Rural como entidad colaboradora con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) pone a su disposición líneas de financiación especiales para las mujeres rurales, facilitando la actividad de mujeres autónomas y micropymes que desarrollen su actividad en el sector agroalimentario.

La presidenta de Fademur ha señalado que “acercar la financiación a las mujeres rurales es fundamental en este momento, los proyectos más innovadores que están poniendo en marcha en el medio rural, están capitaneados por mujeres que se enfrentan a muchas dificultades para conseguir préstamos. Con estas líneas de financiación que pone en marcha Cajamar Caja Rural estamos seguras que muchas mujeres van a poder hacer realidad su apuesta por el emprendimiento en nuestros pueblos”.

La ‘Corrala Triunfo’ es la primera de Granada, se ha ‘inaugurado’ este domingo 17 de noviembre, pero lleva siendo una realidad más de seis meses. Una docena de familias habitan lo que antes del verano era un edificio abandonado al que le faltaban los suelos y sobreviven con luz y agua de obra. El bloque, propiedad de Cajamar tras quiebra de la constructora, está amenazado de desalojo el próximo día 28, y la constitución oficial de la Corrala con el apoyo de Stop Desahucios quiere oponer una organización como ente negociador al banco.

La historia del edificio, en la céntrica calle Cardenal Mendoza, junto a la Gran Vía de Colón y la zona comercial de San Juan de Dios, no es muy diferente de la de miles de inmuebles en toda España. Levantado sobre el solar de una casa antigua que fue derribada tras adquirirla la constructora, esta quebró en 2009 dejando la obra paralizada cuando a estaba a punto de terminar. El banco ha tardado más de tres años en completar el proceso judicial para quedarse con la propiedad y conseguir una orden de desalojo que, aunque se dirige a la empresa, en la práctica dará con los ocupas en la calle.

Este limbo legal, de nuevo nada raro, es lo que permite que los nuevos vecinos disfruten de agua y luz de obra, aunque vivan en casas sin suelo que han acondicionado ellos mismos, racionando los consumos. Explican que “comemos todos juntos en el pasillo por solidaridad pero también por necesidad. Es en plan, ¿tú qué tienes de comer? Yo pan, tú fruta. Y así”. Empezaron tres familias y ya son 12, y el edificio aún no está ocupado entero.

La primera oficial

Más que la primera Corrala de Granada, es la primera oficial. El portavoz de las familias, un total de 23 personas incluidos ocho menores, es Cristobal Navarrete, el primer ocupa del edificio allá por mayo, y el único denunciado por el banco. Explica que se trata de “tener fuerza para negociar un alquiler social. Aquí o en otro sitio. Si el banco cree que este edificio es muy céntrico y quiere especular con él, de acuerdo, pero seguro que tienen casas vacías en cualquier otro punto de la ciudad. Con un alquiler social le rentarían más que vacías y deteriorándose, y así evitaría poner a niños y familias sin recursos en la calle”.

El bloque tiene 17 viviendas de las que ya han ocupado una docena. Sólo tres familias llegaron antes del verano, alrededor de mayo, y el resto se unieron tras contactar con Stop Desahucios en septiembre. Una manifestación de esta plataforma convocada para el pasado domingo fue la que se aprovechó para terminarla a las puertas de la Corrala y presentarla oficialmente. Stop Desahucios acompañó el acto de un comunicado en el que instaba a Cajamar a sentarse a negociar. Para los próximos diez días están previstas toda una serie de acciones dirigidas a pedir apoyo a la sociedad granadina e impedir el desalojo.

Cristobal explica que en la Corrala “unos han acabado por desahucio, al no poder pagar su hipoteca; otros porque se quedaron en paro y lo que dejaron de poder pagar fue el alquiler… también hay jóvenes sin recursos, que tuvieron que abandonar la casa de sus padres y no tenían otro sitio donde meterse. El perfil es variado. Lo importante es que ya nos hemos organizado y tenemos una entidad que oponer a Cajamar para negociar”.

Otro de los vecinos, que prefiere no identificarse, apunta que “sobre el papel todos tendríamos derechos a ayudas sociales, pero nadie las percibe. Nos hemos sentido tratados como expedientes para cubrir la estadística. Ahora aquí nos sentimos implicados, hay muy buena sinergia entre las familias, mucha comunicación entre todos. Tenemos las herramientas de presión social para defendernos sin violencia y el derecho a una vivienda digna lo recoge la Constitución. Así que si nos movemos de aquí será porque tengamos otro techo porque, como cualquier persona con sentido común comprenderá, un padre no se va a ir con sus hijos a vivir a la calle voluntariamente”.

En los tiempos de la orgía del ladrillo no toda la banca participó en la fiesta. Las cooperativas de crédito supieron guardar la ropa, dedicar-se a su tarea que era dar crédito en el entorno local y con su modelo de banca cercana han resistido al vendaval de la crisis que ha hundido prácticamente todo el sector de la cajas de ahorro. Ante un panorama donde la concentración financiera y la bancarización de las cajas están creando un mercado dominado por la gran banca, las cooperativas de crédito se convierten en una alternativa a este modelo.

Un modelo alternativo que tiene una gran implantación en el País Valenciano, donde hay 33 entidades de este tipo, convirtiéndose nuestra comunidad autónoma en la que más cooperativas de crédito con sede social tiene de todas las comunidades. La entidad de crédito cooperativa más importante propiamente del País Valenciano es Caixa Popular-Caixa Rural con 910 millones en activos, lo que la sitúa en el puesto 23 en nombre de activos de todo el territorio español. Asimismo, la principal cooperativa de crédito en número de activos, Cajamar, es producto de la fusión de varias cajas rurales donde destacaba la entidad valenciana Ruralcaja. Cajamar, aunque con sede en Almería, tiene 533 oficinas bancarias en el País Valenciano, la autonomía donde más oficinas tiene de todo el Estado.

Para Manuel Illueca, profesor de economía financiera y contabilidad de la Universitat Jaume I e investigador del IVIE, la fuerte implantación de las cooperativas de crédito en el País Valenciano se debe “a la importancia económica de las actividades agrícolas en la Comunidad Valenciana”. Joan Ramón Sanchis, catedrático de la Universitat de València, director del Instituto de Economía Social y Cooperativa y autor del libro La banca que necesitamos apunta que las cooperativas agrícolas siempre han visto a las cooperativas de crédito como un “pulmón financiero” y remarca que en nuestra autonomía se ha dado un elemento diferenciador respecto otras autonomías, “que la mayor parte de las cooperativas de crédito han surgido en los ámbitos locales muy vinculadas al territorio y las necesidades concretas de la economía local”.

Cooperativas de crédito vs Cajas de ahorro

Las cajas de ahorro prácticamente han desaparecido. Solo han resistido dos al vendaval de la crisis: Caixa Ontinyent y Caixa Pollença. Mientras, las cooperativas de crédito han aguantado el envite de la crisis, y además con una diferencia respecto al resto del panorama bancario: siguen dando crédito ¿Cómo han conseguido resistir a la crisis y dar crédito en plena depresión económica?

Manuel Illueca opina que el origen de su resistencia a la crisis se debe a tres factores:“ limitar su ámbito de actuación a las zonas de origen; su particular estructura de gobierno corporativo permitió a las cooperativas ser menos permeables que las cajas a la influencia política; y que contaban con una supervisión estricta por parte del Banco de España”. Para Joan Ramón Sanchis la clave de su resistencia está “en que se han centrado en financiar actividades de la economía productiva, evitando comportamientos oportunistas y especuladores”. Desde la Unión Nacional de las Cooperativas de Crédito (UNACC), la patronal del sector, defienden que han resistido porque su modelo consiste “en dar créditos y captar depósitos, lejos de los productos sofisticados y del boom inmobiliario”.

No obstante, lo más sorprendente es que estas entidades tienen abierto el grifo del crédito. Sanchis opina que esto es posible gracias “a que su finalidad es social y consiste en atender a las necesidades de los colectivos a los que están vinculados, independientemente de una situación de crisis económica o de crecimiento económico”. En cambio, Illueca destaca que “la menor implicación en el crédito inmobiliario ha limitado las pérdidas de las entidades, reduciendo las necesidades de capital y permitiendo mantener un mínimo flujo de crédito a empresas y familias”.

Concentración bancaria

Ante el fenómeno de la concentración bancaria en España, como resultado del hundimiento, rescate, bancarización y posterior venta de las cajas a las grandes entidades financieras del Estado, las cooperativas de crédito se enfrentan ante un mercado muy concentrado y donde la competencia será muy fuerte por parte de la gran banca. “La concentración bancaria supone una oportunidad para las cooperativas de crédito. Cómo son entidades sin ánimo de lucro, pueden jugar un papel importante en la provisión de servicios financieros en estos territorios. Se trata de cultivar el valor de la cercanía y la confianza entre el usuario y la entidad de crédito”, opina Manuel Illueca.

No obstante, el propio sector está inmerso en un proceso de concentración. Según la UNACC, desde 2008 se ha pasado de 81 cooperativas de crédito a 68 entidades, donde las 10 más grandes gestionan ya casi el 90% de los activos del sector. Para Joan Ramón Sanchis este proceso es negativo y alerta que esta concentración “puede suponer su desvinculación del territorio social del cual han surgido”.

A pesar de esta concentración, lo que está claro es que el modelo de las cooperativas de crédito ha sido un modelo alternativo al que emprendieron las cajas de ahorro y la gran banca. Una banca alternativa, aunque muy pequeña, a las grandes entidades financieras.