El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido no recurrir la sentencia que ha anulado su nueva tasa de recogida de basuras, devolverá lo cobrado a los contribuyentes que ya la han abonado y preparará una nueva ordenanza, según ha anunciado su alcaldesa, Carolina Darias (PSOE).

De esta forma, la sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la ordenanza de recogida de residuos de la capital se convertirá en firme y el Consistorio volverá a regirse por su normativa previa, hasta que reformule la tasa para ajustarla a las exigencias legales.

La sentencia del TSJC advertía “deficiencias” en los criterios empleados para cuantificar y distribuir la tasa y también en la memoria económica-financiera en la que se apoya, por no cumplir “adecuadamente” con la función para justificar el coste real o previsible del servicio, y con los criterios empleados para su distribución entre los contribuyentes.

En el recurso contra la ordenanza, que fue presentado por la Fundación Canaria Escuelas de Antúnez, se consideraba que esta vulnera los principios de capacidad económica e igualdad, al no prever exenciones o bonificaciones para los centros docentes concertados sin ánimo de lucro, las entidades acogidas a la Ley 49/2002 y otros sujetos que disfrutan de beneficios fiscales en tributos locales como el IBI o el IAE.

Darias ha explicado este jueves que esta tasa se diseñó, con los “pocos criterios objetivos disponibles” y la jurisprudencia diversa existente en la materia, para cumplir con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que persigue avanzar en un sistema de pago por generación que permita financiar el servicio.

Tras recalcar que esta norma “no exige una individualización plena porque no se dispone de esa información”, ha informado de que su gobierno decidió establecer una cuota fija para cubrir el coste estructural fijo del servicio más una cuota variable ligada a una generación estimada.

El informe técnico económico realizado para establecer esta tasa “no partió de algo abstracto, sino de la realidad del servicio y de estudios externos de generación que fueron usados como bibliografía”, ha aseverado para recalcar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una sentencia respecto a uno de los recursos presentados a esta tasa, en la que concluye que su ordenanza regulatoria “no es conforme a derecho”.

Darias ha asegurado que la situación creada tras esta resolución judicial “no es exclusiva de Las Palmas de Gran Canaria”, ya que existe una gran litigiosidad sobre esta materia, con fallos “diferentes”.

La alcaldesa ha informado de que su gobierno ha declinado recurrir la sentencia del TSJC para no abundar en esa gran litigiosidad, un panorama que confía en que quedará resuelto cuando el Tribunal Supremo “unifique doctrina” al respecto, y por atender al interés general, por lo que pondrá a disposición del ciudadano un formulario tipo de recurso, a presentar en los 30 días siguientes a recibir la notificación o hacer el pago.

En los casos en el que esa plazo de 30 días haya expirado, el Ayuntamiento incoará un procedimiento para la revisión de oficio de ese abono, tal y como prevé la normativa relativa a la gestión tributaria.

La regidora ha detallado que de las 169.105 liquidaciones previstas se han notificado 16.857 y liquidado 35.002 por un valor de cinco millones de euros.

La ordenanza que regula esta tasa, que quedará sin efecto, ha recibido 700 recursos.

Darias ha negado que se tratara de la tasa de basura más cara de España, ya que, por ejemplo, la de Girona es más alta, mientras que la de Agaete es de 148 euros, uno menos que la prevista para Las Palmas de Gran Canaria.

El gobierno que preside Carolina Darias se dispone ahora a analizar las tasas que no han recibido objeciones judiciales y la jurisprudencia que vaya existiendo en la materia para elaborar una nueva ordenanza que regule y determine “cómo nos repartimos los que cuesta el servicio”, tal y como lo ha definido la responsable del área de Gestión Tributaria, Guadalupe Betancor.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido este lunes la notificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la tasa de basura, por lo que evaluará sus consecuencias, así como la opción de presentar un recurso de casación.

Según han informado a EFE fuentes municipales, el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, se reunirá este lunes con personal de tributos y de los servicios jurídicos del Ayuntamiento para analizar el contenido de la sentencia.

El TSJC declaró nula la nueva tasa de recogida de basura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al estimar un recurso presentado por la Fundación Canaria Escuelas de Antúnez contra la ordenanza que la regula, aprobada por el pleno en abril de 2024.

En una sentencia adelantada este viernes por la agencia EFE, el TSJC advierte “deficiencias” en los criterios empleados para cuantificar y distribuir la tasa y en la memoria económica-financiera en la que se apoya, por no cumplir “adecuadamente” con la función para justificar el coste real o previsible del servicio, y con los criterios empleados para su distribución entre los contribuyentes.

En su recurso, la Fundación sostenía que la ordenanza vulnera los principios de capacidad económica e igualdad, al no prever exenciones o bonificaciones para los centros docentes concertados sin ánimo de lucro, las entidades acogidas a la Ley 49/2002 y otros sujetos que disfrutan de beneficios fiscales en tributos locales como el IBI o el IAE.

Así mismo, señalaba que la nueva tasa detrae recursos destinados a la prestación del servicio educativo y resulta contraria al régimen fiscal favorable para este tipo de entidades, y cuestiona la “insuficiente motivación” del estudio técnico-económico que sirve de fundamento a la ordenanza.

Y ello porque se utilizó estudios sobre producción de residuos realizados en Cataluña para determinar la nueva cuota por generación sin haberlos publicados ni puestos a disposición de los interesados durante la tramitación del procedimiento, lo que impedía verificar su adecuación a la realidad de Las Palmas de Gran Canaria y formular alegaciones.

Sobre esta cuestión, la Sala ha apreciado que no se cumplió con las exigencias de “motivación, publicidad e información” durante la tramitación de la ordenanza, y que además tampoco se explicita en el informe técnico-económico la incidencia concreta de los datos en la determinación de las cuotas, ni la forma en que fueron contrastados con la información disponible sobre la prestación efectiva en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Por ello, el TSJC ha considerado que existe una “ausencia de una justificación suficiente” en el informe técnico-económico sobre “su idoneidad” como parámetro de referencia para sustentar el reparto de costes previsto en la ordenanza.

Además, ha argumentado que los estudios utilizados como soporte de la metodología aplicada no fueron incorporados al expediente sometido al trámite de información pública, pese a que la propia administración reconoce su utilización como elemento de referencia para determinar la cuota vinculada a la generación de residuos, lo que impidió formular alegaciones “suficientemente informadas” durante ese periodo.

Y es que “dichos documentos desempeñaron un papel significativo en la configuración de la cuota variable prevista en la ordenanza”, según la sentencia, que recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nula la ordenanza de la tasa de basura de 2024 por no publicar íntegramente el informe técnico económico.

La Sala ha añadido que en el caso de la ordenanza de Las Palmas de Gran Canaria también resulta “insuficiente la justificación de los criterios empleados para la distribución de los costes fijos del servicio”.

Hola.

¿A punto para las vacaciones o las haces en agosto? Imagino que a estas horas ya tendrás destino.

El Ayuntamiento de Venecia, bajo la iniciativa de su nuevo alcalde conservador Simone Venturini, está estudiando una propuesta para endurecer drásticamente la tasa de acceso a la ciudad, elevándola hasta los 50 euros para los visitantes de un solo día en las jornadas de máxima afluencia. Esta medida busca reforzar el efecto disuasorio frente al turismo de masas de corta duración, el cual se proyecta que continuará creciendo en las próximas décadas. 

No sé si has visitado alguna vez Venecia. Yo estuve una Navidad hace ya más de diez años y sí, me pareció que éramos muchos. No es muy distinto a un paseo por los lugares más emblemáticos de Barcelona (Sagrada Família, Las Ramblas), el centro de Madrid, la Alhambra de Granada, Mallorca… la lista es larga.

En Barcelona se acordó duplicar progresivamente el importe actual para que en 2029 se sitúe entre los 10 y 15 euros por persona y noche. En Baleares, que aplica su denominada ecotasa desde 2016, la tarifa oscila entre 1 y 4 euros por persona y noche en temporada alta. Toledo recauda entre 1 y 1,5 euros por turista a través de los autobuses que llegan y en Euskadi entrará en vigor el 1 de enero de 2027 con una horquilla de entre 0,50 y 7 euros en función del tipo de alojamiento. Incluso el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha abogado abiertamente por “monetizar” Las Fallas valencianas, señalando que es necesario obtener un mayor rédito económico de los miles de turistas que visitan la ciudad durante la semana.

Venecia cobra hoy entre 5 y 10 euros con numerosas exenciones. La propuesta de subir la tasa hasta 50 euros ha desatado un intenso debate político y social entre quienes defienden la tasa y quienes la consideran ineficaz. Un poco como aquí, y la verdad es que no entiendo a los detractores.

El modelo turístico actual, enfocado exclusivamente en hacer caja y crecer en volumen, está destruyendo la calidad de vida en destinos abarrotados como Baleares, Barcelona o Venecia, advierten varios expertos. No solo es un sector subvencionado —con un IVA reducido del 10% y uso de recursos públicos que no costea—, sino que además su crecimiento desorbitado se traduce en graves problemas de acceso a la vivienda (con residentes viviendo en caravanas), saturación en los servicios sanitarios, colapso en las infraestructuras de transporte y degradación del entorno. 

Guillem López-Casanovas lo resumía hace unos días, en un debate sobre el impacto del turismo de masas y el origen de la turismofobia, de esta manera tan gráfica: “El turismo de marcharse el fin de semana a comer una pizza a Florencia es un disparate”. Un reciente informe de Funcas examina cómo los impuestos turísticos pueden actuar como una herramienta estratégica para gestionar la saturación turística. El autor, Aleix Calveras, argumenta que, lejos de perjudicar la competitividad, una tasa bien diseñada mejora la calidad del destino al atraer visitantes con mayor capacidad de gasto y reducir los impactos negativos sobre los residentes. Mediante el análisis del caso de las Islas Baleares, sugiere que los gravámenes actuales son insuficientes y concluye que sería necesario un incremento sustancial en el importe del impuesto –de entre 15 y 20 euros– para lograr una reducción real de la presión turística. 

El único “pero” que veo a todo esto es si no estamos favoreciendo que sólo puedan darse determinados caprichos los más pudientes. Algunos economistas reconocen que, ante la imposibilidad de ahorrar para comprar una vivienda, los jóvenes consumen estos viajes baratos como su único bien de lujo accesible.

El dato

12.000

Son los empleos directos que se prevé que se crearán cuando estén en marcha las cuatro grandes fábricas de baterías que se están construyendo de forma simultánea en Aragón, la Comunitat Valenciana, Extremadura y Euskadi. Además de miles de puestos adicionales en proveedores, logística, construcción y servicios auxiliares. Estos proyectos han situado a España entre los principales polos europeos de producción de celdas de almacenamiento de electricidad. Las inversiones que empujan esta transformación superan los 13.000 millones de euros.

El gráfico

El sector tecnológico global está experimentando un notable trasvase de capital y protagonismo en los mercados financieros, impulsado por la fiebre de la inteligencia artificial. Mientras que las grandes big tech, que ahora se agrupan bajo el acrónimo de MANGOS, empiezan a sufrir la impaciencia de los inversores —quienes exigen ver rentabilidad real tras las milmillonarias inversiones en infraestructuras de IA—, los fabricantes de hardware, semiconductores y chips han tomado el testigo como los grandes beneficiarios del ecosistema. Se han convertido en el motor indispensable de esta transición, absorbiendo gran parte del flujo de inversión ante la insaciable necesidad global de potencia de cálculo de la IA, como muestra este gráfico de The Wall Street Journal, sobre la evolución en lo que va de año de la cotización de las empresas del “club de los billones de dólares”.

Sin embargo, este cambio reaviva el debate sobre la sostenibilidad del sector y el fantasma de una burbuja financiera. Aunque los fabricantes de chips registran ingresos récord gracias a la venta anticipada de sus componentes, analistas y expertos advierten de que esta bonanza depende directamente de que los gigantes tecnológicos mantengan sus ritmos de gasto. Otra gran amenaza para la bonanza de los fabricantes de memoria radica paradójicamente en la propia innovación tecnológica de sus clientes. Gigantes como Apple, Alphabet, Nvidia y Qualcomm están empezando a desarrollar alternativas estratégicas y algoritmos de compresión para optimizar el uso del hardware y mitigar la dependencia de estos componentes de memoria tan costosos y limitados. 

Tipos (y tipas) de interés

Bajan Ramón y Agustín Olivares Garrigos, empresarios. Son el mejor ejemplo de cómo algunos vencedores del boom inmobiliario acabaron convertidos en el mayor símbolo de sus excesos. Construyeron uno de esos imperios empresariales tan característicos de la España del ladrillo: una red de sociedades que combinaba la promoción de viviendas con bodegas, fincas rústicas y cotos de caza. Naturales de Campo de Criptana (Ciudad Real), llegaron a controlar más de una decena de empresas, con Grupo Oligarry Construcción como buque insignia, levantando promociones residenciales y rehabilitando edificios históricos como el Palacio del Infante Don Juan Manuel, en Belmonte. En plena expansión defendían una filosofía empresarial basada en la “construcción con compromiso” y sostenían que la calidad y el cumplimiento de la palabra eran la auténtica “receta del éxito”. Tres décadas después, ambos encabezan la lista de mayores morosos de la Agencia Tributaria, con una deuda conjunta de 73,6 millones de euros (36,8 millones cada uno), según la lista publicada esta semana por Hacienda.

El estallido de la burbuja inmobiliaria dinamitó ese modelo de negocio. Oligarry pasó de los beneficios a las pérdidas, buena parte de sus sociedades quedaron inactivas y un posterior intento de expansión en Panamá también terminó fracasando. La deuda tributaria derivada del colapso acabó trasladándose a su patrimonio personal, un mecanismo previsto por la legislación cuando Hacienda aprecia responsabilidad de los administradores en el impago. Dos décadas después del auge del ladrillo, los hermanos Olivares Garrigos siguen encabezando el listado de grandes deudores y representan uno de los legados más persistentes de aquella burbuja: fortunas construidas al calor de la expansión inmobiliaria que terminaron convertidas en millonarias deudas con el fisco.

Si quieres más información sobre quién (tanto particulares como empresas) debe al fisco, pincha en esta información y si quieres consultar todos los nombres, puedes usar nuestro buscador.

No todo nos parece mal

El Gobierno ha aprobado una inversión de más de 1.000 millones de euros para apoyar la ubicación de una “gigafactoría de IA” en España. Unos 719 de ellos se usarán para constituir la sociedad público-privada que gestionaría la gigafactoría y otros 300 son una “aportación voluntaria” al organismo europeo EuroHPC, que gestiona la inversión europea en IA. Se trata de una infraestructura de inteligencia artificial que funcionará con normas y valores europeos, para que Europa no dependa de otros a la hora de entrenarla y gobernarla. Como mucho, habrá cinco de ellas en toda la Unión Europea y España está apostando fuerte para llevarse una. 

La candidatura española se basa en dos polos. Uno estará en Móra la Nova, en Tarragona. El otro, en San Fernando de Henares, en Madrid. El Gobierno tendrá el 48% del capital de la sociedad público-privada que se constituirá para gestionar la gigafactoría. Según ha avanzado la Generalitat de Catalunya (que aportará un 1%), Telefónica, ACS y Banco Santander serán los principales socios privados, con un 15,67% cada uno. El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento. 

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Aquí termino por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín. Mientras, ya sabes que puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con ideas, propuestas o sugerencias. 

¡Un abrazo!

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el proyecto de ley de Estancias Turísticas que contempla el cobro de una tasa turística en aquellos municipios cuyos ayuntamientos, de manera voluntaria, quieran aplicarla a los visitantes.

Su importe oscilará entre 0,50 y 3 euros diarios por persona para un máximo de cinco noches, durante la temporada alta que va del 1 de junio al 30 de septiembre, así como en los días centrales de Semana Santa.

La tasa será de 0,50 euros por campamentos turísticos, acampadas por eventos culturales o recreativos y alojamientos de turismo rural y de un euro en las áreas especiales para autocaravanas y en las pensiones; de dos euros en los apartamentos turísticos y las viviendas vacacionales; de 2,50 euros en las viviendas de uso turístico, y de 3 euros para las estancias en cruceros, mientras que en el caso de los hoteles oscilará entre uno y tres euros en función de la categoría del establecimiento.

Las exenciones

No obstante, también se contemplan exenciones. Así, el texto recoge los casos donde no será necesario abonar la tasa. En este apartado se contempla como beneficiarios a los menores de edad, las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65% y las personas que viajen subvencionadas por programas sociales de una administración pública de cualquier Estado miembro de la Unión Europea (UE).

Tampoco se cobrarán las estancias que se deban a causas de fuerza mayor que estén debidamente justificadas, así como los alojamientos de aquellas personas que viajen por motivos de salud -cuya exención se hará extensiva a sus acompañantes- siempre que justifiquen documentalmente que deben recibir atención sanitaria integrada en la cartera de servicios del sistema sanitario público de Asturias.

Otras excepciones

Las estancias que se deban a estudios en todos los niveles y grados del sistema educativo público, hasta el tercer ciclo universitario, las que se realicen por motivos de investigación académica, las que se sean consecuencia de la participación en programas de talento organizados por las administraciones públicas del Principado y las que lleven a cabo deportistas federados para participar en competiciones deportivas oficiales también estarán exentas de abonar la tasa.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley en su reunión habitual de los lunes que, en esta ocasión, se ha celebrado en Cudillero.

La corresponsabilidad

Por otro lado, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha destacado que “esta ley responde a una forma responsable de entender el turismo: anticiparse a los desafíos futuros para seguir preservando aquello que hace de Asturias un destino único y atractivo”.

“Quien disfruta de Asturias -ha añadido- puede contribuir de manera razonable a conservar y mejorar el territorio que visita. Hablamos de corresponsabilidad, de convivencia entre visitantes y vecinos y de que quien nos visite nos ayude a cuidar nuestro Paraíso Natural sin que eso recaiga exclusivamente en los asturianos”.

La tramitación

El proyecto de ley de Estancias Turísticas iniciará a partir de ahora su tramitación parlamentaria en la Junta General del Principado y tiene ya garantizada su aprobación ya que cuenta con el apoyo de los votos de los socios de gobierno -PSOE e IU-Convocatoria por Asturies- y de la diputada Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies y adscrita al Grupo Mixto.

Covadonga Tomé ha recordado que este ha sido uno de los acuerdos presupuestarios alcanzado con el Ejecutivo autonómico y ha propuesto que las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos soporten una tasa turística más elevada que los hoteles de cualquier categoría, como ya ocurre en Galicia y Euskadi.

Milers de famílies i empreses de València han començat el mes de juny amb una desagradable sorpresa en forma de nova càrrega impositiva per part de l'Ajuntament, motivada, això sí, per una directiva europea d'aplicació en tots els municipis de la Comunitat Valenciana i d'Espanya, cadascun dels quals decideix com gestionar-ne la recaptació en la Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular

Es tracta d'un gravamen d'obligat cobrament des de l'abril de l'any passat, tal com recull la Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular, impulsada per la Comissió Europea.

Aquesta nova taxa del fem permet implantar sistemes de pagament per generació i reflecteix el cost real de la recollida i el transport dels residus urbans. La llei subratlla que els costos relatius a la gestió dels residus, inclosos els corresponents a la infraestructura necessària i al seu funcionament, així com els derivats dels impactes mediambientals i, en particular, de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, han de ser sufragats pel productor inicial dels residus.

La veritat és que, encara que l'Ajuntament va emetre els primers rebuts l'abril passat, és ara, al juny, quan està arribant el gruix de les notificacions als diferents domicilis i empreses, una situació que ha generat certa confusió i desassossec entre la ciutadania, ja que des de fa anys s'abona una altra taxa de residus inclosa en el rebut de l'aigua, l'anomenada Tamer, la finalitat de la qual és finançar el tractament dels residus a les plantes de reciclatge, en aquest cas a Els Hornillos.

En aquest cas, es tracta d'un rebut únic que remet directament l'Ajuntament i que no es pot fraccionar. El període de pagament voluntari figura en cada notificació i depén de la data de notificació a la persona interessada, és a dir, de la data en què rep la carta. Per exemple, els rebuts notificats entre l'1 i el 15 del present mes es poden abonar fins al 20 de juliol. A més, el pagament correspon a l'ecotaxa de l'exercici 2025, mentre que l'any que ve s'abonarà la de 2026, i així successivament. És a dir, el pagament es fa a any vençut.

Una altra de les controvèrsies relacionades amb la nova ecotaxa fa referència a qui l'ha d'abonar en el cas dels habitatges de lloguer. Segons la informació recollida per aquest diari, llevat que s'especifique en el contracte d'arrendament o que el contracte de l'aigua estiga a nom del llogater, el pagament correspondria al propietari de l'habitatge. A més, contràriament al que succeeix amb altres impostos vinculats als habitatges arrendats de llarga durada, aquesta taxa no serà deduïble en la declaració de la renda.

L'ordenança fiscal aprovada pel govern municipal de València fixa diferents quotes per als habitatges. Fins als 65 m³, les llars pagaran 39 euros anuals. Aquest import el satisfaran prop de la meitat dels contribuents (202.000 dels 408.000 rebuts). L'altra meitat pagarà entre 122 i 272 euros anuals per habitatge en funció del tram de consum en què es trobe. A més, tenint en compte tots els trams tarifaris previstos en l'ordenança segons el consum d'aigua, el rebut mitjà domiciliari ascendirà a 90,59 euros i el de les activitats econòmiques a 243,02 euros. L'Ajuntament preveu recaptar 45,7 milions d'euros anuals amb aquesta nova ecotaxa.

Per a respondre als dubtes de la ciutadania, el consistori ha obert una oficina d'informació específica sobre la nova ecotaxa, situada a la Gran Via de les Germanies número 49, amb horari de 8.15 a 19.15 hores, de dilluns a divendres. elDiario.es va comprovar aquest dilluns in situ el funcionament d'aquestes dependències, que des de primera hora del matí registren una intensa afluència de persones. Els funcionaris s'esforcen per organitzar i informar la ciutadania a l'entrada, lliurant-los un número per a ordenar la cua. Encara que són moltes les persones que s'hi acosten per a resoldre dubtes, la majoria d'edat avançada, no es registra una acumulació excessiva que genere llargues esperes, ja que les consultes solen ser àgils. Per això, almenys segons el que s'ha observat aquest dilluns, el servei és més que correcte. L'únic inconvenient ressenyable és que l'aire condicionat està avariat, encara que, pel que sembla, ja està en procés de reparació.

Miles de familias y empresas de València han empezado el mes de junio con una desagradable sorpresa en forma de nueva carga impositiva por parte del Ayuntamiento, motivada, eso sí, por una directiva europea de aplicación en todos los municipios de la Comunitat Valenciana y de España, cada uno de los cuales decide cómo gestionar la recaudación.

En el caso del Consistorio que dirige la alcaldesa María José Catalá ha iniciado en las últimas semanas el cobro de la denominada ecotasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos con unos importes que oscilan entre los 39 y los 272 euros y que se calcula en función del consumo de agua. En total se remitirán 440.510 recibos a familias, comunidades de propietarios y empresas.

Se trata de un gravamen de obligado cobro desde abril del pasado año, tal como se recoge en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular que viene motivada por la Comisión Europea.

Esta nueva tasa de basuras permite implantar sistemas de pago por generación y refleja el coste real de la recogida y transporte de los residuos urbanos. La ley subraya que los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los costes relativos a los impactos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero, tendrán que ser sufragados por el productor inicial de residuos.

Lo cierto es que aunque el Ayuntamiento emitió los primeros recibos el pasado mes de abril, está siendo ahora en junio cuando están llegando el grueso de las notificaciones a los diferentes domicilios o empresas, una situación que ha generado cierta confusión y desasosiego entre los vecinos y vecinas, puesto que desde hace años se abona otra tasa de residuos que se incluye en el recibo del agua, la denominada Tamer, cuya finalidad es financiar el tratamiento de los residuos en las plantas de reciclaje, en este caso en Los Hornillos.

En este caso, se trata de un recibo único que remite directamente el Ayuntamiento y que no se puede fraccionar. El periodo de pago voluntario figura en cada notificación y depende de la fecha de notificación al interesado, es decir, la fecha en que le llega la carta. Por ejemplo, las recibidas entre el 1 y el 15 del presente mes se pueden abonar hasta el día 20 de julio. Además, el pago corresponde a la ecotasa correspondiente al ejercicio 2025, mientras que el año que viene se abonará la de 2026 y así sucesivamente, es decir, el pago se hace a año vencido.

Otra de las controversias existentes con respecto a la nueva ecotasa se refiere a quién debe abonarlas en el caso de las viviendas alquiladas. Por la información recabada por este diario, salvo que se especifique en el contrato de alquiler y salvo que el contrato de agua esté a nombre del inquilino, correspondería al propietario de la vivienda. Además, contrariamente a lo que sucede con otros impuestos sobre viviendas arrendadas para larga estancia, esta tasa no será deducible en la declaración de la renta.

La ordenanza fiscal aprobada por el gobierno municipal de València fija diferentes cuotas en el apartado de las viviendas. Hasta los 65 m3, los hogares pagarán 39 euros cada año. Un recibo que abonarán cerca de la mitad de los contribuyentes (202.000 de los 408.000 recibos). La otra mitad, pagará entre 122 y 272 euros por hogar y año en función de la horquilla de consumo en la que se encuentre. Además, considerando todos los tramos de tarifas contemplados en la ordenanza en función del consumo de agua, el recibo medio domiciliario ascenderá a 90,59 euros y el recibo medio de las actividades económicas a 243,02 euros. El Ayuntamiento prevé recaudar por esta nueva ecotasa 45,7 millones de euros al año.

Para responder a las dudas de la ciudadanía, el Consistorio ha abierto una oficina de información exclusiva sobre la nueva ecotasa ubicada en la Gran Via de les Germanies número 49 con horario de 8.15 a 19.15 horas, de lunes a viernes. elDiario.es comprobó este lunes in situ el funcionamiento de estas dependencias que desde primera hora de la mañana registran un movimiento de gente frenético. Los funcionarios se esfuerzan por organizar e informar a los ciudadanos en la entrada, entregándoles un número para organizar la cola. Aunque son muchas las personas que se acercan a resolver sus dudas, la mayoría de una edad más bien avanzada, no existe una acumulación excesiva que genere largas esperas puesto que normalmente las consultas son ágiles, por lo que el servicio, al menos de lo observado este lunes, es más que correcto. La única pega reseñable es que el aire acondicionado está averiado, aunque al parecer está en trámites de reparación.

Era uno de los puntos más importantes del pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves, pero el propio gobierno local del PP ha decidido retirarlo sobre la marcha ante la perspectiva de que no iba a salir adelante, básicamente porque Vox (su aliado presupuestario) iba a votar en contra y ya contaba de antemano con el 'no' de PSOE y Podemos-IU. Hablamos del plan de ajuste económico que, por ley, debe acometer para los próximos dos años al incumplir la regla de gasto y de sostenibilidad presupuestaria por una razón sencilla: está gastando más de lo que ingresa.

El equipo del alcalde José Luis Sanz (PP) ha elaborado un documento que cifra en 25,1 millones de euros el incumplimiento del principio de estabilidad, lo que obliga a una financiación extraordinaria, mientras que el exceso de gasto (incumplimiento de la regla de gasto) se cifra en 85,6 millones de euros. Estas desviaciones, a juicio del PP, no son de naturaleza estructural, sino coyuntural, aunque se ha encontrado con un muro más allá de la previsible falta de apoyo político de otros grupos: la propia Intervención municipal lo considera inviable.

El delegado de Hacienda y portavoz municipal, Juan Bueno (PP), ha anunciado que retiraba del pleno el plan de ajuste en el momento en que tocaba abordarlo, y el argumento ha sido que se va a buscar “un mayor consenso político”. Pero a la falta de acuerdo hay que unir también el demoledor y preceptivo informe de la Intervención municipal, que llega a afirmar que el plan económico-financiero diseñado “presenta un perfil de riesgo significativo” al plantear ajustes que no ve viables.

Falta de “firmeza jurídica”

De hecho, apunta que el retorno a la senda de la regla del gasto está condicionado “a la obtención de ingresos futuros que carecen de firmeza jurídica, que están judicializados o que sufren deficiencias de gestión interna”. El informe (que rubrica el viceinterventor, Guillermo González) concluye que “la observancia del principio de prudencia financiera” aconseja “confiar el reequilibrio” a medidas complementarias de limitación del gasto corriente no obligatorio y de optimización del gasto a medio plazo. En definitiva, que presente “un escenario alternativo basado en la minoración de los costes de los servicios públicos”.

El plan insiste en que el problema no es estructural, y lo achaca básicamente a “la no aprobación de medidas normativas que ampliaban el límite de gasto” del Ayuntamiento. Uno de los pilares de la falta de ingresos es que no se ha aprobado una nueva ordenanza de basuras a la que obliga la ley, con la que esperaba recaudar 19,6 millones de euros. Desde el punto de vista político, esto no es ninguna sorpresa porque todos los grupos de la oposición (incluido Vox) ya le han tumbado al gobierno local varias veces la propuesta, lo que le obliga a sacar de sus cuentas un dinero que es obligatorio recaudar. Y la perspectiva es que las cosas no van a cambiar a corto plazo.

Otro bocado a las cuentas municipales –de casi 11 millones de euros– se lo ha dado el que tampoco se está cobrando la tasa por ocupación del dominio público por empresas de telefonía móvil, un tributo que se inicia después de un primer trámite que tienen que hacer las compañías afectadas. Y no sólo no lo han hecho, sino que se han ido a los tribunales para batallar contra esta nueva tasa.

A esto se une que el propio Ayuntamiento no ha tramitado a tiempo la justificación del servicio de ayuda a domicilio, para que la Junta le haga llegar los fondos correspondientes, y que no se cumplieron las previsiones (40 millones) de ingresos por enajenación de suelo municipal debido a “dificultades técnicas y administrativas”. El cuadro se completa con una inversión adicional de ocho millones para maquinaria de Lipasam, además de más gastos de los previstos de Urbanismo y del propio Ayuntamiento.

Da por hecho que se acabarán los problemas

En definitiva, que el gobierno local concluye que no está en peligro la situación económica-financiera del Consistorio, ya que atribuye esta desviación a problemas coyunturales. En este sentido, apunta de manera eufemística a “cuestiones con un condicionante político” (la no aprobación de la tasa de basuras) y a “dificultades puntuales en materia de ingresos”, como con lo que deben pagar las empresas de telefonía móvil.

Ninguno de estos dos problemas tiene visos de solucionarse a corto plazo, pese a lo cual en su plan de ajuste da por hecho que para 2026 se recaudarán 26 millones por la tasa de telefonía móvil, algo irreal porque la cuestión está judicializada. Cuenta también con actualizar las liquidaciones de ayuda a domicilio (un problema que viene arrastrando desde 2024), con recaudar 12 millones más por el IBI –ya que en 2025 “se produjo un excepcional volumen de devolución de ingresos”– y con enajenar suelo municipal por importe de 60 millones.

En cuanto a la nueva tasa de basuras, el gobierno municipal cambia de estrategia y opta por una modificación de la actual, una fórmula “más coherente” y que evita el principal reproche a la norma, que es una doble tributación por un mismo hecho. De hecho, se atreve a calcular que la nueva ordenanza entrará en vigor el próximo 1 de octubre, por lo que prevé recaudar 10 millones este año y 30 ya en 2027.

En definitiva, que el PP considera que su plan es “prudente” y “realista”, por lo que “no se estima necesario implementar medidas de reducción de gastos”. “No sólo eso”, subraya, sino que “se estima incluso posible abordar una reducción de carga fiscal”, en concreto un 1% menos en el IBI para 2027, año de elecciones municipales.

Los interventores no se lo creen

Con estos mimbres, la Intervención municipal ve problemas por todos lados. Con la tasa de basura, recuerda que todavía no está aprobada “y ello reduce la robustez” del plan de ajuste, porque además de que la solución está “sujeta a la coyuntura política del momento”, su implantación “está presentando no pocas dificultades en su aspecto jurídico”. Con la tasa de telefonía móvil, tres cuartos de lo mismo: está recurrida por las empresas, por lo que contar con su cobro “es meramente nominal”.

Y aunque el plan no ha llegado a debatirse, los grupos de la oposición han aprovechado otros momentos del pleno para lanzar algún que otro pildorazo. El portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), ha ironizado con que lo siguiente será que la búsqueda de soluciones financieras pase por “ponerle dos velitas a la Virgen”. Desde el PSOE, su portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha reclamado “un plan más serio y riguroso”, porque con el que ahora se frena “se encomiendan al milagro de los panes y los peces”, así que “medidas más rigurosas y no con la bolita de cristal”.

Los titulares de las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Calzada y Pedro Suárez, han trasladado este lunes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y al consejero de Movilidad regional, Pablo Rodríguez, su preocupación por el impacto de las tasas de emisiones ETS de la Unión Europea en su competitividad y conectividad.

En una reunión, Calzada y Suárez han comunicado las conclusiones de los encuentros celebrados la pasada semana en Bruselas con las distintas direcciones generales de la Comisión Europea en relación con la aplicación del sistema ETS al transporte marítimo, según han detallado en un comunicado, ambos titulares.

Así, los dos presidentes de las autoridades portuarias expresaron la preocupación existente en las regiones ultraperiféricas europeas y señalaron que “Canarias no puede afrontar en igualdad de condiciones una regulación diseñada desde la realidad continental europea, porque nuestra dependencia del transporte marítimo afecta directamente al abastecimiento, a la conectividad y al coste de vida de la ciudadanía”.

En este contexto, trasladaron a Fernando Clavijo la decisión adoptada por todos los puertos de las regiones ultraperiféricas de España, Francia y Portugal de asociarse para actuar de manera coordinada ante las instituciones europeas y defender una posición común frente a la aplicación del sistema de comercio de emisiones, reforzando así la presión institucional en Bruselas con una estrategia conjunta.

Asimismo, los responsables portuarios insistieron en la necesidad de que los presidentes de los gobiernos de las distintas regiones ultraperiféricas continúen implicándose directamente en la interlocución con Europa, dada la dimensión estratégica que esta cuestión tiene para los territorios insulares.

Por su parte, según indica el comunicado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recogió esta petición y reiteró su compromiso de seguir defendiendo ante las instituciones europeas la excepcionalidad de Canarias y la necesidad de que el archipiélago quede exento de la aplicación de las tasas ETS, y trabajar en una hoja de ruta común con las dos autoridades portuarias para trasladar a Europa el impacto que tendría esta medida sobre Canarias.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que presentará un nuevo plan de ajuste económico-financiero, al que está obligado por ley, al incumplir la regla estatal de gasto y de sostenibilidad presupuestaria. Una de las causas principales es que, al no aprobarse, no se está cobrando la obligatoria nueva tasa de basura que llega vía Europa para garantizar el tratamiento y reciclado de los restos, lo que ha provocado un agujero en el presupuesto municipal.

“Tenemos un desajuste, que implica la necesidad de ese plan, pero la salud financiera del Consistorio es buena”, ha defendido el delegado municipal de Hacienda, Juan Bueno (PP). Existe “músculo financiero” y , si se ha llegado a esta situación es por la no aprobación de la tasa de basura, “un importe que tenemos que abonar sí o sí” y que por tercera vez se va a intentar aprobar, y la de telefonía, “que tampoco se está cobrando porque está recurrida”.

“Hemos sobrepasado la regla de gasto en 95 millones y la de estabilidad, en 25,1 millones de euros”. Ello se debe también, ha añadido el concejal, al hecho de incrementar “de manera notable” el nivel de ejecución de las inversiones, “como ningún gobierno local ha hecho antes”. En este sentido, es un coste que el equipo de gobierno está “dispuesto a asumir”. En 2022, ha abundado al respecto, el Ayuntamiento se gastó 806 millones, y el pasado año, 989 millones.

No se reduce el gasto público

El obligatorio plan de ajuste ya ha sido presentado a los grupos de la oposición, antes de que sea llevado a la Junta de Gobierno Local este viernes. No obstante, Bueno ha remarcado que el plan no contempla “ni reducción del gasto público ni subida de impuestos; es más, se allana el camino para sucesivas bajadas”.

Bueno también ha remarcado la idea de que existe un remanente de tesorería de 62,3 millones de euros y que la deuda viva se sitúa en el 9,3%, “cuando se permite llegar al 70 y Barcelona, por ejemplo, está en el 40”. A esto ha añadido que el periodo medio de pago a proveedores está fijado en 27,3 días, “muy por debajo del límite que permite la ley”.

Este martes, 31 de marzo, más de tres meses después de la aprobación de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 y en plena Semana Santa, entran en vigor más de una veintena de novedades de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de la comunidad autónoma, la conocida popularmente como ‘Ley de Acompañamiento’ de las cuentas públicas, que se aprobó en el pleno parlamentario de la semana pasada solo con los votos de la mayoría absoluta del PSOE. Todos los años incorpora multitud de novedades, convirtiéndose en una especie de ley ómnibus o cajón de sastre que, de forma exprés, realiza cambios relevantes legislativos, sin apenas debate parlamentario, lo que ha sido ya criticado en varias ocasiones por la oposición.

Sin embargo, el Gobierno regional asegura que hacerlo así permite la “dinamización de la economía, el incremento de la eficiencia y la eficacia” en la prestación de servicios de la Administración Pública o la mejora de la “distribución más equitativa” de las obligaciones tributarias que son competencia de la comunidad autónoma.

Una de las principales novedades ha sido precisamente la más polémica. El Gobierno modifica la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, concretamente su artículo 121. Este cambio supone que se elimine la posibilidad de que el funcionariado interino o temporal pueda acogerse a una “excedencia voluntaria”. Su tramitación coincidió con una protesta de todos los sindicatos de la función pública, que consideran que suprimir esta posibilidad impide al personal temporal desarrollar una carrera administrativa.

Pero al margen de ello, hay otros muchos cambios. Por ejemplo, se modifica la normativa autonómica sobre vivienda protegida para regular un nuevo sistema de depósito de fianzas en materia de vivienda. Las personas que alquilen una vivienda están obligadas a depositar la fianza legal ante la Administración regional y eso tendrá consideración de ingreso de Derecho Público para la Hacienda de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional podrá usar el 80% de estos depósitos para inversiones públicas, reservando el 20% siempre para garantizar que las devoluciones a los ciudadanos se realicen sin retrasos cuando finalicen los contratos.

Los cambios se articulan también en torno a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU). Si un ayuntamiento quiere cambiar el uso de las parcelas destinadas a equipamientos públicos eso no se considerará “innovación de planeamiento”, lo que permitirá agilizar el proceso si lo que se quiere es disponer de suelo para otros fines, por ejemplo, para vivienda.

Transporte bajo demanda, servicios sociales y caza

Otras de las normas que se modifican es la que regula el transporte de personas por carretera en la región, en este caso en una doble vertiente: en primer lugar se incluye dentro de los servicios prestados a demanda aquellos sin horario ni itinerario fijo, “sensible a las necesidades de movilidad de la población, especialmente en zonas rurales”, es decir, el denominado “transporte sensible a la demanda”. A la hora de adjudicar este servicio, ahora no será necesaria una habilitación previa administrativa: bastará con una declaración responsable por parte de quien o quienes vayan a prestar el servicio.

Es algo que también se aplicará en materia de servicios sociales. El Gobierno regional modifica la normativa en este ámbito para incluir las declaraciones responsables y comunicaciones como instrumentos que permiten la prestación de servicios por parte de las entidades de iniciativa privada. Por otro lado, se modifica la denominación del Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales que pasa a denominarse Registro de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, “dotándolo de mayor amplitud”.

Se cambian también las medidas para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, extendiendo el control de los gastos de personal a la totalidad de los supuestos de incorporación de personal temporal en puestos de trabajo que no están vinculados a plazas existentes en las plantillas.

Otra modificación tiene que ver con la Ley de Conservación de la Naturaleza, porque, según el Gobierno, la redacción actual de esta norma no define con claridad los mecanismos que acreditan el cumplimiento de la obligación de evitar la colocación de cebos envenenados, lo que genera “inseguridad jurídica” tanto para los titulares cinegéticos como para la Administración.

Cambios en la ley de caza relativos a los cotos

Precisamente, también se cambia la Ley de Caza en línea “con los objetivos de conservación y desarrollo rural sostenible”. Las modificaciones afectan especialmente a los cotos. Así, establece que su constitución y cambios de titularidad se efectuarán mediante resolución administrativa, a petición de los propietarios de los terrenos. Cuando los titulares sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, no se hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante la publicación de la misma en el tablón de anuncios del ayuntamiento del término municipal en el que se encuentren los terrenos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, para la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de los derechos cinegéticos.

Por otro lado, establece que cuando en la constitución de un coto existan terrenos que “puedan lesionar intereses públicos o privados”, previa consulta de las entidades y personas afectadas, el órgano provincial podrá denegar incluir la superficie en el coto o en su caso, su constitución.

Y en segregaciones de terrenos de cotos, la modificación incluye que cuando existan documentos formales de cesión o arrendamiento de derechos cinegéticos en vigor, válidos en derecho y una de las partes manifieste su disconformidad a la segregación, el órgano provincial no podrá resolver “en tanto no exista acuerdo entre las partes o se dicte, en su caso, sentencia judicial firme que lo permita”.

Avanza la administración electrónica

Hay igualmente una serie de medidas que afectan fundamentalmente al personal que presta servicio en las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Por ejemplo, se establece la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos en los procesos selectivos convocados y la reducción de plazos para la presentación de determinada documentación, algo que ha generado dudas sobre si es eficaz para cierta parte de la población, como las personas más mayores.

También se habilita a la Consejería de Sanidad a regular las funciones, el sistema de selección y provisión, jornadas, permisos y demás condiciones de trabajo que afecten al personal estatutario para la atención continuada en la Atención Primaria; y al objeto de garantizar “una mejora de la calidad de la formación sanitaria especializada”, recoge unos requisitos mínimos de acceso a plazas vinculadas a las unidades docentes acreditadas, cuando se oferten en los procedimientos de selección o de provisión del SESCAM.

En cuanto las jefaturas de carácter asistencial del SESCAM, se reduce el plazo de presentación de solicitudes, la composición de la comisión de valoración y, por último, y se permite que la secretaría de la comisión de valoración pueda ser ocupada por cualquier personal funcionario de carrera o estatutario.

Otro cambio significativo es que se modifica la Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, que data de 1990, para sustituir la previa autorización administrativa por la presentación de declaración responsable cuando se trate de la realización de obras, instalaciones o usos en las zonas de servidumbre o protección de las carreteras. El objetivo es también la agilización administrativa.

Cambios en tasas e impuestos

En otro orden de cosas, se modifican dos tasas.  En primer lugar, se establece la exención de la tasa por inspección de instalaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) a las personas titulares de una licencia de autotaxi. El Ejecutivo busca “fortalecer” el sector del taxi ante el aumento de la demanda de servicios discrecionales, especialmente en ámbitos como el turismo, los eventos corporativos, el transporte escolar y sanitario, así como en desplazamientos personalizados de media y larga distancia.

También se suprime la tasa por prestación de los servicios técnicos de asesoramiento y evaluación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. El objetivo es dotar de mayor agilidad al procedimiento de acreditación de competencias adquiridas mediante experiencia laboral.

En cuanto a los impuestos, también hay dos cambios sustanciales. Sube de 450 a 500 euros el límite máximo de las deducciones por alquiler de vivienda habitual a menores de 36 años, familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.  

También en el IRPF se introducen dos nuevos incentivos fiscales. El primero de ellos dirigido a los contribuyentes menores de 36 años para fomentar el ahorro y disponer de los importes precisos para hacer frente a los gastos que originan la adquisición de una vivienda. Este incentivo consiste en una deducción del 15 por ciento en la cuota íntegra autonómica por las aportaciones a cuentas de entidades de crédito siempre que el importe depositado que haya generado el derecho a la deducción se destine, antes del transcurso de seis años, a partir de la fecha de apertura de la cuenta, a la adquisición de la vivienda habitual. La deducción máxima total será de 3.000 euros.

El segundo de los incentivos consiste en una deducción en la cuota íntegra autonómica del 30 por ciento por los gastos derivados de controles veterinarios y vacunación por la tenencia de perros de asistencia, con un máximo de 100 euros por contribuyente en el periodo impositivo.

Por otro lado, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se recogen modificaciones tanto en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) como en la de actos jurídicos documentados (AJD), en cuanto a los tipos reducidos. En ambos casos dicha modificación afecta a la transmisión de inmuebles que tengan por objeto la primera vivienda habitual.

Así, el requisito del valor de la vivienda establecido hasta ahora en 180.000 euros se incrementa a 240.000 euros, debido principalmente al encarecimiento de la vivienda, ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de la aplicación de un tipo más ventajoso a más contribuyentes.

Asimismo, se disminuye el tipo impositivo del 5 al 3 por ciento en las transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual del sujeto pasivo cuando el contribuyente sea menor de 36 años, en la modalidad de TPO y del 0,50 al 0,25 por ciento en la modalidad de AJD para el mismo colectivo. También se flexibilizan los requisitos para la aplicación de los tipos reducidos ambas figuras impositivas.

El polémico canon del agua también cambia

El Gobierno de Emiliano García-Page también modifica la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha en varios aspectos sobre el polémico canon de la Directiva Marco del Agua (DMA). Establece su no aplicación en el consumo de agua realizado con la utilización de los elementos de protección contra incendios y de las Bocas de Incendio Equipadas (BIE).

Y en lo relativo a las bonificaciones de la cuota para usos domésticos, se clarifica la redacción de la bonificación para familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género, para regularlos como supuestos de bonificación diferenciados.

Por otro lado, se incluye para los usuarios en situación de riesgo de exclusión social una bonificación del 50% en los casos en que la ordenanza municipal del ayuntamiento no recoja la bonificación del 100%. Finalmente, se incluye una bonificación del 100% para las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

En lo relativo a la cuota del canon para el caso de contadores colectivos, incluye en su apartado a los centros que alberguen plazas de residencias educativas o sociosanitarias para que puedan beneficiarse de la reducción de la cuota; y finalmente, se establece un régimen transitorio hasta el 20 de marzo de 2028 de exención del pago del canon por las pérdidas de agua que se produzcan en las redes de abastecimiento.

La Ley de Acompañamiento recoge, por otro lado, la supresión del organismo autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que se integra en la Consejería competente en materia de agua. La reorganización propuesta contribuye a mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de agua y a reforzar la sostenibilidad financiera del sector público autonómico.

Sin límite de mandatos en la Presidencia de las Cámaras de Comercio

También se suprime la limitación de mandatos de las personas que ostentan la presidencia de las Cámaras de Comercio, a fin de que las rotaciones obligadas no comprometan la continuidad de los planes y programas que llevan a cabo desde estos organismos.  

Por otro lado, se cambia el nombre al Consejo Regional de Estadística, para pasar a llamarse Consejo Regional de Estadística y Datos, dando respuesta una visión “transversal” que incorpore el uso, promoción y aprovechamiento de los datos en el ámbito de toda la sociedad, de acuerdo a las estrategias europeas que persiguen impulsar la economía del dato, así como a la Estrategia de Especialización Inteligente de la Región.

Hay cambios igualmente en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. En este caso, se modifica la composición del Consejo Regional de Transparencia, que pasa a estar compuesto por una Presidencia y las Adjuntías que se determinen en su reglamento, que debe ser aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha.

Finalmente, la Ley de Acompañamiento cambia también la normativa sobre artesanía para eliminar la necesidad del informe previo y preceptivo de la Comisión de Artesanía para la concesión del Título de Empresa Artesana.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulando la ordenanza de la tasa de basuras de la capital ha hecho saltar dudas entre los 1,4 millones de contribuyentes que tuvieron que abonar su importe en el año 2025.

Aunque los partidos de la oposición y las asociaciones vecinales animaron a recurrir la tasa a finales del año pasado por considerar que contenía errores, el fallo judicial del TSJM hecho público este lunes levanta muchas preguntas que intentamos responder en este artículo.

Cómo se recurre la tasa de basuras

En septiembre de 2025, el área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid comenzó a girar los recibos de la nueva Tasa de Gestión de Residuos (TGR), un gravamen municipal que recuperaba más de una década después por obligación estatal.

Los ciudadanos que no estaban de acuerdo con su abono podían recurrir en ese momento, pero no después: tenían que hacerlo dentro de los 30 días posteriores a la notificación oficial del consistorio.

El Ayuntamiento de Madrid registró 130.187 reclamaciones presentadas en plazo ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid o ante la Agencia Tributaria.

Cuándo y cómo puede devolver la tasa el Ayuntamiento de Madrid

Todavía no lo ha asegurado, pero el probable que el Gobierno de Almeida recurra la sentencia del TSJM ante el Tribunal Supremo, lo que alargaría el proceso varios meses más, ya que la sentencia no será firme hasta que quede resuelto este recurso.

Mientras tanto, el Ayuntamiento no está obligado a las devoluciones. Si finalmente perdiera también en este trámite, el consistorio establecería el modo con el que devolver los importes reclamados a las personas que en su día lo hicieron.

Los partidos de la oposición reclaman que la devolución sea general, a los constribuyentes que reclamaron y también a los que no, pero el equipo de Almeida aún no se ha pronunciado al respecto.

Cuánto dinero puede tener que devolver el Ayuntamiento

La polémica tasa intentaba recaudar 256 millones de euros para abonar de esta forma el coste de la recogida de residuos en la ciudad. Sin embargo, al reclamar menos de una décima parte de las personas que recibieron los recibos es probable que la cantidad sea sensiblemente menor a esta cifra.

¿Se puede recurrir la tasa de 2026?

Sí, de la misma forma que se pudo hacer en 2025: presentando un recurso en el plazo de un mes desde que la liquidación correspondiente a 2026 sea notificada. Los recursos se presentan sin necesidad de abogado en la sede electrónica del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid o, de forma presencial, en las oficinas de cualquier registro municipal. Aquí está el modelo de Más Madrid del año pasado y en este otro enlace el que ofreció Vox.

Por otro lado, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales del Madrid (FRAVM) planteó otra posibilidad de recurso, en este caso de reposición, ante la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Hubo dos modelos en su web para hacerlo: el primero servía para solicitar la reducción de la cuantía de la tasa al considerarla desproporcionada, mientras que el segundo reclamaba su anulación en el caso de hallarse en alguna situación de exención.

En todos los casos es necesario abonar primero la tasa y presentar los recursos después.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad en el Pleno de este lunes una moción que insta al Gobierno regional (PP) a estudiar una bonificación fiscal o una deducción en el IRPF por compromiso medioambiental y reciclaje para compensar la subida de la tasa de basuras que implica la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La bonificación sería de un máximo de 100 euros por contribuyente y para quienes acrediten ese compromiso medioambiental, en consonancia con el sentido de esta ley que se basa en que “quien más recicla, menos paga”.

Así lo recoge esta moción que partía del PRC y que ha salido adelante con una enmienda de modificación del PP. La original pedía articular deducciones “de manera inmediata” y la finalmente aprobada tras el cambio introducido recoge que se “estudie de manera inmediata el cauce legal para articular” las bonificaciones.

Además, insta al Ejecutivo a firmar convenios con los ayuntamientos, la Federación de Municipios, MARE o asociaciones o implicadas para facilitar la realización de actuaciones medioambientales o de reciclaje que puedan ser acreditadas con el fin de justificar el compromiso ambiental que dé lugar a las compensaciones.

El Ayuntamiento de Toledo ha oficializado el calendario tributario para 2026 y asegura que se mantendrá una estructura que “prioriza la flexibilidad financiera de los ciudadanos” ya que existe un Plan Personalizado de Pagos para que los contribuyentes puedan fraccionar sus impuestos hasta en diez mensualidades sin intereses, incluyendo tributos clave como el IBI y la tasa de basuras.

El Consistorio ha detallado las fechas de inicio de los periodos y los plazos de cargo en cuenta según el correspondiente tributo, tras aprobarlo en la Junta de Gobierno Local.

Impuestos y tasas principales

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): el periodo comienza el 2 de marzo de 2026, con la fecha de cargo en cuenta fijada para el 30 de marzo de 2026.

• IBI Urbana: el periodo se inicia el 1 de mayo de 2026. Aquellos que opten por el fraccionamiento sin intereses (se requiere domiciliación bancaria) tendrán tres fechas de cargo: el 1 de junio, el 1 de septiembre y el 30 de octubre de 2026.

• Tasa de Residuos: el periodo de pago comienza el 1 de junio de 2026. Al igual que el IBI, se puede fraccionar en tres plazos domiciliados: el 1 de julio, el 1 de septiembre y el 30 de octubre de 2026.

• IAE, IBI Rústica, Vados, Reserva de Taxis y Cajeros: en este caso el periodo para estos tributos inicia el 1 de septiembre de 2026, con cargos previstos para el 15 de septiembre y el 1 de octubre de 2026.

Otros Servicios y Tasas

• Tasa de Veladores: la autoliquidación se realiza en el mes de febrero, con cargos en cuenta el día 20 de cada mes.

• Escuela Oficial de Idiomas: los pagos son trimestrales y se cargan en las siguientes fechas:

◦ 2º Trimestre curso escolar: 20 de febrero de 2026.

◦ 3º Trimestre curso escolar: 20 de abril de 2026.

◦ 1º Trimestre curso escolar siguiente: 20 de noviembre de 2026.

• Padrones Patrimoniales y otras tasas ODP: los cargos se realizan de forma mensual en este caso.

Sí, se puede fraccionar el pago

Se hah habilitado además dos mecanismos principales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

1. Plan Personalizado de Pagos que permite pagar los tributos de vencimiento periódico que el contribuyente elija en un máximo de 10 meses sin intereses.

2. Fraccionamiento General que contempla el fraccionamiento sin intereses en tres plazos para el IBI y la Tasa de Residuos, siempre que los recibos estén domiciliados.

El retard de l’Ajuntament de València en el cobrament de l’ecotaxa per la prestació del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans podria penalitzar els veïns de València si en aquest exercici acaben acumulant-se els pagaments corresponents al 2025, tot i que hauria d’haver-se girat la primera quota inclosa en el rebut de l’aigua, i al 2026.

Tenint en compte que, segons els barems aprovats pel consistori que dirigeixen el PP i Vox, la quantitat mitjana a abonar per habitatge serà de 90,59 euros a l’any, si finalment es passen al cobrament les quotes del 2025 i del 2026 durant aquest exercici, la càrrega fiscal que patiran les famílies serà del doble de la previsió, és a dir, de 181,18 euros.

L’equip de govern que dirigeix l’alcaldessa, María José Catalá, va anunciar divendres que les bonificacions a què es podran acollir determinats col·lectius es podran sol·licitar fins al 31 de maig, però, a preguntes d’elDiario.es no van aclarir el calendari en què s’inclourà en el rebut de l’aigua l’ecotaxa del 2025 i la del 2026.

Es tracta d’un gravamen de cobrament obligat des d’abril de l’any passat per a tots els consistoris, tal com es recull en la Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular que ve motivada per la Comissió Europea.

Aquesta nova taxa d’escombraries permet implantar sistemes de pagament per generació i reflecteix el cost real de la recollida i el transport dels residus urbans. La llei subratlla que els costos relatius a la gestió dels residus, incloent-hi els costos corresponents a la infraestructura necessària i al seu funcionament, així com els costos relatius als impactes mediambientals i, en particular, els de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, hauran de ser sufragats pel productor inicial de residus.

L’ordenança fiscal aprovada pel govern municipal de València fixa diferents quotes en l’apartat dels habitatges. Fins a 65 m³, les llars pagaran 39 euros cada any. Un rebut que abonaran prop de la meitat dels contribuents (202.000 dels 408.000 rebuts). L’altra meitat pagaran entre 122 i 272 euros per casa i any en funció de la forqueta de consum en què estiga. A més, considerant tots els trams de tarifes previstos en l’ordenança en funció del consum d’aigua, el rebut mitjà domiciliari ascendirà a 90,59 euros i el rebut mitjà de les activitats econòmiques a 243,02 euros. L’Ajuntament preveu recaptar per aquesta nova ecotaxa 45,7 milions d’euros a l’any.

La regidora d’Hisenda, María José Ferrer San Segundo, ha explicat sobre aquest tema que “amb les propostes del Partit Popular els ajuntaments podrien assumir almenys part del cost del servei i estendre les bonificacions en aquesta taxa”, les tarifes de la qual a l’Ajuntament de València, com ha remarcat, han sigut determinades pels tècnics municipals atés el consum d’aigua potable, ja que, davant l’absoluta falta de criteris per part de la llei estatal, es considera el millor indicador indirecte de la generació de residus, i està, a més, coordinat amb el mateix criteri que empra l’Emtre pel que fa al tractament i l’eliminació de residus.

Bonificacions aprovades

El ple de l’Ajuntament aprovarà la modificació de l’ordenança que regula l’ecotaxa per a ampliar fins al 31 de maig de 2026 el termini per a sol·licitar els beneficis fiscals següents per a la taxa corresponent a l’any 2025 i servirà també per a la del 2026 (es podran acumular les reduccions i les bonificacions).

En primer lloc, hi haurà una reducció del 30% a famílies nombroses (3 o més fills, amb caràcter general) per a l’habitatge habitual (amb concessió automàtica quan es dispose de bonificació en IBI i possibilitat d’acollir-s’hi els arrendataris); reducció del 30% per a l’habitatge habitual de famílies amb escassos recursos (unitat familiar els ingressos de la qual no superen l’Iprem referit a 14 pagues); bonificació de 10 euros a usuaris que utilitzen ecoparcs almenys una vegada a l’any; bonificació de 50 euros a activitats econòmiques que utilitzen sistemes de recollida municipal de paper i cartó “porta a porta”; bonificació del 10% a empreses de distribució alimentària i restauració que tinguen establits en col·laboració amb entitats d’economia social sense ànim de lucre, sistemes de gestió que reduïsquen els residus alimentaris de manera significativa i verificable (menjadors socials); no subjecció d’activitats que tinguen contractat gestor de residus autoritzat per a la recollida de totes les fraccions que generen, acreditant que és així davant l’Ajuntament.

El PSPV i Compromís critiquen el possible cobrament doble de la taxa

Des del grup municipal socialista tenen clar que legalment és molt complicat evitar que en aquest exercici es giren els cobraments corresponents al 2025 i al 2026, la qual cosa consideren una pèssima gestió de l’equip de Catalá que pagaran els veïns de València. Així doncs, consideren difícilment justificable des del punt de vista jurídic sostindre en el temps el cobrament a any vençut per a evitar que s’ajunten dues taxes en un mateix any.

Sobre aquest tema, el portaveu socialista en l’Ajuntament de València, Borja Sanjuan, ha denunciat l’aprovació definitiva del basurazo de Catalá pel qual imposarà un rebut de més de 100 euros de mitjana a cada habitatge de la ciutat. Sanjuan, a més, ha retret al govern del PP i de Vox que la seua mala gestió suposarà que les famílies valencianes hagen de pagar dues vegades el 2026 per la taxa del 2025 i per la del 2026.

El responsable socialista ha afegit que, malgrat els seus anuncis, Catalá ha disparat els impostos a la ciutat des que va arribar-hi. “Amb el basurazo del PP, els valencians i valencianes paguen més impostos des que Catalá és alcaldessa, però no solament això, sinó que enguany, per la seua mala gestió, els valencians hauran de pagar el rebut dues vegades. És a dir, cada veí o veïna de la ciutat de València haurà de pagar més de 200 euros per a poder quadrar els comptes municipals de María José Catalá”, ha continuat.

La regidora de Compromís, Eva Coscollà, ha criticat que “el Govern de Catalá ha anunciat hui que amplia el termini per a sol·licitar les bonificacions, però cal assenyalar que ho fa perquè no tenia alternativa: l’ordenança fixava el 31 de març i encara no han formalitzat el contracte per a gestionar i notificar la taxa de residus”.

Coscollà ha comentat que “entre els regidors del PP i els de Vox han sigut incapaços de posar en marxa una taxa clau per a quadrar el pressupost i ara rectifiquen per pura ineptitud; a més, no van establir més bonificacions no perquè la llei no ho permeta, sinó perquè necessitaven recaptar diners per a tapar el forat de la seua falsa rebaixa fiscal, sent totalment interessada la seua lectura del caràcter no deficitari”. Per tant, “no estem davant un alleujament fiscal com pretenen vendre, sinó un exemple més d’improvisació i trilerisme”, ha lamentat.

El retraso del Ayuntamiento de València en el cobro de la ecotasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos podría penalizar a los vecinos de València si en el presente ejercicios se acaban acumulando los pagos correspondientes a 2025, cuando debió girarse la primera cuota incluida en el recibo del agua, y a 2026.

Teniendo en cuenta que según los baremos aprobados por el Consistorio que dirigen el PP y Vox la cuantía media a abonar por vivienda será de 90,59 euros al año, si finalmente se pasan al cobro las cuotas de 2025 y de 2026 durante el presente ejercicio, la carga fiscal que sufrirán las familias será del doble de lo previsto, es decir, de 181,18 euros.

El equipo de Gobierno que dirige la alcaldesa, María José Catalá, anunció este viernes que las bonificaciones a las que se podrán acoger determinados colectivos se podrán solicitar hasta el 31 de mayo, pero a preguntas de elDiario.es no aclararon el calendario en el que se incluirá en el recibo del agua la ecotasa de 2025 y la de 2026.

Se trata de un gravamen de obligado cobro desde abril del pasado año para todos los consistorios, tal como se recoge en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular que viene motivada por la Comisión Europea.

Esta nueva tasa de basuras permite implantar sistemas de pago por generación y refleja el coste real de la recogida y transporte de los residuos urbanos. La ley subraya que los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los costes relativos a los impactos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero, tendrán que ser sufragados por el productor inicial de residuos.

La ordenanza fiscal aprobada por el gobierno municipal de València fija diferentes cuotas en el apartado de las viviendas. Hasta los 65 m3, los hogares pagarán 39 euros cada año. Un recibo que abonarán cerca de la mitad de los contribuyentes (202.000 de los 408.000 recibos). La otra mitad, pagará entre 122 y 272 euros por hogar y año en función de la horquilla de consumo en la que se encuentre. Además, considerando todos los tramos de tarifas contemplados en la ordenanza en función del consumo de agua, el recibo medio domiciliario ascenderá a 90,59 euros y el recibo medio de las actividades económicas a 243,02 euros. El Ayuntamiento prevé recaudar por esta nueva ecotasa 45,7 millones de euros al año.

La concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, ha explicado al respecto que “con las propuestas del Partido Popular los Ayuntamientos podrían asumir al menos parte del coste del servicio y extender las bonificaciones en esta tasa”, cuyas tarifas en el Ayuntamiento de Valencia, como ha remarcado, han sido determinadas por los técnicos municipales atendiendo al consumo de agua potable, ya que, ante la absoluta falta de criterios por parte de la ley estatal, se considera el mejor indicador indirecto de la generación de residuos, estando además coordinado con el mismo criterio que emplea la EMTRE en cuanto al tratamiento y eliminación de residuos.

Bonificaciones aprobadas

El Pleno del Ayuntamiento aprobará la modificación de la ordenanza que regula la ecotasa para ampliar hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo para solicitar los siguientes beneficios fiscales para la tasa correspondiente al año 2025 y servirá también para la del 2026 (pudiendo acumularse las reducciones y bonificaciones).

En primer lugar, habrá una reducción del 30% a familias numerosas (3 o más hijos, con carácter general) para la vivienda habitual (con concesión automática cuando se disponga de bonificación en IBI y posibilidad de acogerse los arrendatarios); reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos recursos (unidad familiar cuyos ingresos no superen el IPREM referido a 14 pagas); bonificación de 10 euros a usuarios que utilicen ecoparques al menos una vez al año; bonificación de 50 euros a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón “puerta a puerta”; bonificación del 10% a empresas de distribución alimentaria y restauración que tengan establecidos en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan los residuos alimentarios de forma significativa y verificable (comedores sociales); no sujeción de actividades que tengan contratado gestor de residuos autorizado para la recogida de todas las fracciones que generen, acreditando que así es ante el Ayuntamiento.

El PSPV y Compromís critican el posible cobro doble de la tasa

Desde el grupo municipal socialista tienen claro que legalmente es muy complicado evitar que en el presente ejercicio se giren los cobros correspondientes a 2025 y a 2026, lo que consideran una pésima gestión del equipo de Catalá que pagarán los vecinos de València. Así, consideran difícilmente justificable desde el punto de vista jurídico sostener en el tiempo el cobro a año vencido para evitar que se junten dos tasas en un mismo año.

Al respecto, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado la aprobación definitiva del basurazo de Catalá por el que impondrá un recibo de más de 100 euros de media a cada vivienda de la ciudad. Sanjuan, además, ha reprochado al gobierno del PP y de Vox que su mala gestión va a suponer que las familias valencianas tengan que pagar dos veces en 2026 por la tasa de 2025 y por la de 2026.

El responsable socialista ha añadido que, a pesar de sus anuncios, Catalá ha disparado los impuestos en la ciudad desde que llegó. “Con el basurazo del PP, los valencianos y valencianas pagan más impuestos desde que Catalá es alcaldesa, pero no solamente eso, sino que este año por su mala gestión los valencianos tendrán que pagar el recibo dos veces. Es decir, cada vecino o vecina de la ciudad de València va a tener que pagar más de 200 euros para poder cuadrar las cuentas municipales de María José Catalá”, ha continuado.

La concejala de Compromís, Eva Coscollà, ha criticado que “el Gobierno de Catalá ha anunciado hoy que amplía el plazo para solicitar las bonificaciones, pero hay que señalar que lo hace porque no tenía alternativa: la ordenanza fijaba el 31 de marzo y todavía no han formalizado el contrato para gestionar y notificar la tasa de residuos”.

Coscollá ha comentado que “entre los concejales del PP y los de Vox han sido incapaces de poner en marcha una tasa clave para cuadrar el presupuesto y ahora rectifican por pura ineptitud; además, no establecieron más bonificaciones no porque la ley no lo permita, sino porque necesitaban recaudar dinero para tapar el agujero de su falsa rebaja fiscal, siendo totalmente interesada su lectura del carácter no deficitario”. Por lo tanto, “no estamos ante un alivio fiscal como pretenden vender, sino un ejemplo más de improvisación y trilerismo”, ha lamentado.

El Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio de Castilla-La Mancha ha trasladado su “preocupación” ante la circular elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y presentada ante el Consejo de Estado, sobre la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica.

Según han apuntado las Cámaras de Comercio, la circular podría tener consecuencias sobre la electrificación, el desarrollo industrial y la competitividad de Castilla-La Mancha, especialmente en un contexto de elevada saturación de la red eléctrica, según han apuntado en un comunicado.

En este sentido, señalan que la citada circular establece un marco retributivo que no garantiza las inversiones necesarias en las infraestructuras eléctricas, en un momento en el que la red de transporte y distribución se encuentra al límite de su capacidad.

“El modelo propuesto se aleja de las condiciones existentes en los países de nuestro entorno, lo que supone una pérdida de competitividad para la economía española y, de manera especialmente acusada, para comunidades con una elevada dispersión territorial y un fuerte peso del medio rural como Castilla-La Mancha”, señala el Consejo de Cámaras de Comercio, advirtiendo que “este enfoque penaliza a los territorios rurales, al priorizar de facto el desarrollo en zonas con alta concentración urbana o industrial, relegando a regiones como la nuestra”.

Según las Cámaras de Comercio, la saturación de los nudos eléctricos es ya una realidad generalizada en España lo que provoca que solo una parte muy limitada de las solicitudes de acceso y conexión pueda ser atendida.

“Esta situación no solo afecta a grandes proyectos industriales o energéticos, sino que está condicionando también desarrollos urbanísticos, proyectos de vivienda, iniciativas empresariales de menor tamaño y sectores emergentes, comprometiendo la creación de empleo y la fijación de población”, señalan. “La falta de una red eléctrica suficientemente dimensionada pone en riesgo la electrificación de los sectores productivos, la transición energética y la implantación de nuevas actividades estratégicas vinculadas a la innovación, la digitalización y la economía verde, ámbitos en los que Castilla-La Mancha podría encontrar un importante potencial de crecimiento”, añaden.

Desde el Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla-La Mancha se considera fundamental actuar con urgencia y responsabilidad para evitar que las limitaciones energéticas y un marco regulatorio inadecuado frenen oportunidades de desarrollo.

La Fontana di Trevi es, hoy en día, uno de los símbolos más reconocibles de Roma y una visita imprescindible para cualquier viajero que recorra la capital italiana. Su iconicidad, ligada a la arraigada tradición de lanzar una moneda para asegurar el regreso a la ciudad, la han convertido en uno de los espacios más concurridos del país. Solo el Anfiteatro Flavio, conocido universalmente como el Coliseo romano, registra un volumen de visitantes superior.

Y es que parte de su magnetismo reside en su ubicación y en la manera en que se integra en el tejido urbano. Al caminar por las estrechas calles del rione de Trevi, el visitante apenas intuye la presencia de uno de los monumentos más célebres del mundo. De repente, el espacio se abre y la fuente barroca se revela adosada a la fachada posterior del Palacio Poli.

Sin embargo, este éxito turístico sostenido en el tiempo ha planteado importantes retos para la ciudad. La presión constante de millones de visitantes ha llevado a que el Ayuntamiento de Roma haya implantado una tarifa obligatoria de 2€ para los visitantes no residentes que deseen acceder al área más próxima a la fuente. Por otra parte, el acceso seguirá siendo gratuito para los ciudadanos romanos. 

La medida entrará en vigor el 7 de enero y será gestionada directamente por la administración municipal, en colaboración con la empresa pública Zètema y la Superintendencia Capitolina de Bienes Culturales. Desde el Consistorio se subraya que no se trata de convertir la Fontana di Trevi en un recinto cerrado, sino de dotarla de un sistema de gestión acorde con la magnitud de su popularidad.

Una medida a favor de un turismo más equilibrado

Desde el Ayuntamiento de Roma, el objetivo principal de esta entrada simbólica no es la recaudación económica, sino la organización del espacio y el control del flujo de visitantes. La plaza que se abre frente a la fuente, concebida en el siglo XVIII para un uso urbano muy distinto al actual, se ve con frecuencia desbordada por grandes concentraciones de personas. Además, en los últimos meses, la Fontana di Trevi ha registrado cifras de afluencia sin precedentes, lo que ha generado problemas recurrentes relacionados con la seguridad, la movilidad peatonal y el desgaste del entorno monumental, al dificultar la circulación, incrementar el riesgo de incidentes y acelerar el deterioro de un espacio patrimonial de tal fragilidad.

Los datos oficiales del Ayuntamiento de Roma ponen de relieve la dimensión del desafío. Desde diciembre pasado, cuando se introdujo un primer sistema de control con horarios definidos y aforo limitado, más de 5,3 millones de personas han accedido a la Fontana di Trevi en un periodo de apenas seis meses. Cifras que reflejan un volumen de visitantes extraordinario para un espacio que, hasta fechas recientes, contaba con acceso completamente libre.

De mantenerse este ritmo, las previsiones apuntan a que la fuente podría cerrar el año con cerca de 11 millones de visitantes, una cifra comparable a la de los grandes complejos arqueológicos y museísticos de la ciudad. Este dato refuerza la necesidad de adoptar medidas estructurales que permitan compatibilizar la afluencia turística con la conservación del patrimonio.

El concejal de Turismo y Grandes Eventos, Alessandro Onorato, ha defendido en una entrevista con el Corriere della Sera la iniciativa como una herramienta imprescindible para evitar episodios de saturación extrema, especialmente en periodos de máxima demanda como las fiestas navideñas, la Semana Santa o la celebración de grandes eventos culturales y religiosos que atraen a miles de personas al centro histórico.

Un sistema de control ya en funcionamiento

Desde el 22 de diciembre, el acceso a la Fontana di Trevi ya se encuentra regulado mediante un sistema de control de aforo. El número máximo permitido en el área más cercana al monumento es de 400 personas simultáneamente, en un horario comprendido entre las 9:00 y las 21:00 horas.

Personal municipal debidamente identificado se encarga de supervisar el acceso y garantizar la rotación constante de visitantes, evitando que se formen concentraciones prolongadas en un espacio reducido. Este dispositivo ha permitido mejorar la fluidez del tránsito peatonal y reducir los momentos de mayor congestión, especialmente en las horas punta.

Con la implantación definitiva de la entrada, el sistema se reforzará mediante la creación de carriles diferenciados para residentes y turistas, así como con un sistema de pago electrónico que permitirá identificar de forma inmediata a los visitantes no residentes. Esta organización facilitará una gestión más ágil y eficaz del acceso, al tiempo que reducirá la necesidad de estructuras provisionales en el entorno de la plaza.

Impacto económico y destino de los fondos

Aunque la finalidad principal de la medida es organizativa y preventiva, el impacto económico también es significativo. Las estimaciones realizadas por los servicios municipales indican que la entrada de 2€ podría generar más de 20 millones de euros anuales.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Roma, estos fondos se destinarán íntegramente a la conservación del patrimonio histórico, la restauración de fuentes monumentales y la mejora de infraestructuras urbanas. Además, la recaudación se sumará a otros ingresos vinculados al turismo, como el impuesto por estancia, que en el último ejercicio aportó alrededor de 200 millones de euros a las arcas municipales.

Las autoridades subrayan también que esta inversión permitirá reforzar actuaciones relacionadas con el mantenimiento del espacio público, la sostenibilidad medioambiental y la mejora de los servicios ofrecidos tanto a visitantes como a residentes, consolidando un modelo de turismo más equilibrado y responsable.

La Fontana di Trevi seguirá siendo un lugar de encuentro, tradición y asombro, pero bajo un modelo que garantice su preservación a largo plazo. Es por ello que el objetivo final es que futuras generaciones puedan seguir admirando la grandiosidad de uno de los símbolos más universales de Roma, en un entorno ordenado, seguro y respetuoso con su extraordinario valor histórico y artístico.

Para información actualizada, comunicados oficiales y detalles sobre el acceso, el Ayuntamiento de Roma recomienda consultar sus canales institucionales y la página oficial de Patrimonio de Roma.

El Ayuntamiento de Logroño ha cambiado el calendario del contribuyente para el año 2026, mediante una resolución de Alcaldía, adelantando el periodo de pago de diferentes impuestos municipales.

Segun ha advertido el PSOE, los cambios para 2026 consisten en adelantar al 5 de febrero el periodo de cobro de la tasa de entrada de vehículos (vados) que estaba establecido para el 5 de marzo, lo mismo con la tasa de agua, alcantarillado y basura del 2o semestre que estaba establecido para el 7 de abril, pasando ahora al 5 de marzo. Asimismo, el cobro del IBI para aquellas personas que lo tengan domiciliado, pasando del 5 de diciembre que está establecido este año al 5 de noviembre para el año 2026.

Desde el Ayuntamiento destacan que la aprobación se haya hecho un mes y medio antes de que empiece el año, lo que consideran es “con previsión suficiente para que los ciudadanos estén informados”. Han puntualizado que la tasa de vados y aguas “se sitúa en los periodos habituales tras el cambio de este ejercicio por la puesta en marcha de la Oficina Virtual Tributaria”. En cuanto al segundo pago del IBI, que se adelanta un mes, justican que se debe “al cierre contable en el Ayuntamiento”.

Sin embargo, para el PSOE es “incomprensible que el PP cambie las fechas de pago que estaban fijadas y programadas hace ya muchos años, y lo haga sin avisar”. En el Ayuntamiento de Logroño recuerdan que el Ayuntamiento cuenta con un Plan Especial de Pagos que permite al contribuyente que voluntariamente lo solicite pagar de forma fraccionada sus recibos municipales en diez cuotas sin recargo alguno.

La Unión de Consumidores de Cantabria-UCC estudiará las ordenanzas municipales de aplicación en la comunidad sobre el conocido como 'tasazo de basuras', que se implantará en 2026, en la defensa de una aplicación “justa para los usuarios, consumidores, y sobre todo, los vecinos de Cantabria”.

La UCC lo ha anunciado este miércoles en un comunicado, en el que ha expresado “disconformidad” con su aplicación ante la falta de criterios unificados entre los distintos ayuntamientos encargados de implementarla y la consiguiente desigualdad territorial que ello supone.

El 'tasazo' se basa en una normativa, la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, en trasposición de una Directiva europea, que postula que el coste total del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sea cubierto por los usuarios bajo el principio de “quien contamina paga”.

En opinión de la Unión de Consumidores, la ley “es clara” por lo que “no resulta de recibo que se vincule la tasa (o precio público) al consumo de agua o al número de personas empadronadas en un domicilio”.

En este sentido, ha defendido que “no deja de ser una suposición” que el consumo de agua vaya ligado a una mayor carga contaminante necesariamente. “Y no deja de resultar un absurdo que se penalice a una unidad familiar por el hecho de que un mayor número de empadronados en un domicilio hagan más uso del agua que otro domicilio donde no hay tantos habitantes”.

Tampoco a su juicio parece técnica ni jurídicamente correcto establecer una tasa o un precio público “en función de suposiciones que no se corresponden con el objeto de la normativa que se pretende cumplir. Pues esto no supone nada más que incumplir la norma en sí, vía ordenanza municipal”.

Igualmente no resulta comprensible para la UCC “que no se tenga en cuenta el principio constitucional de progresividad que debe regir la exacción de cualquier tributo en nuestro país”.

En este sentido las medidas de bonificación a colectivos vulnerables “no dejan de ser parches o bufandas para acallar las críticas de los ciudadanos a una medida injusta y poco o nada acorde al sentido de la ley a la que se pretende ajustar. Mera caridad”, ha considerado.

“Pero sobre la mera caridad no puede constituirse un sistema tributario constitucionalmente adecuado que constantemente califica a los usuarios como menesterosos que deben justificar su propia vulnerabilidad para no verse castigados por la aplicación de una normativa injusta. Tal vez si la normativa fuera justa, no haría falta caridad”, ha abundado.

El 10 de abril de 2022, entró en vigor en España la ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular. La normativa, que tenía como objetivo reducir al mínimo la generación y gestión de basuras, introducía una tasa obligatoria que todos los ayuntamientos debían tener lista en el plazo de tres años, para sufragar el 100% del coste de la recogida, transporte y tratamiento de residuos de los vecinos. Con el plazo cumplido y la nueva tasa funcionando ya en cientos de municipios, diferentes voces alertan ahora de un posible aluvión de reclamaciones por parte de los contribuyentes que pondrá en aprietos a las corporaciones locales.

La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local alertó este martes “severos problemas presupuestarios en las corporaciones locales si prosperara la cascada de denuncias que se avecinan por parte de los contribuyentes”. Este organismo, señaló que en las últimas tres décadas, diversas sentencias del Tribunal Supremo habían aclarado la regulación de estas tasas de residuos, que cobraban algunos ayuntamientos, pero que ahora pasa a ser obligatoria y no puede ser deficitaria.

Estos cambios han provocado “una multitud de criterios distintos en las ordenanzas municipales”, indican los inspectores, que acabarán resolviéndose en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, “a la espera de conocer los criterios que finalmente validará el Supremo”. Es un análisis que comparten también desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), crítica con el desarrollo de la normativa, aunque no con sus objetivos.

“La regulación contenida en la ley era deficiente, porque no contenían los elementos esenciales de la tasa”, explica el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna. La federación fue crítica con la medida, que supone la transposición de una directiva europea de 2018, desde el inicio, porque se aprobó “sin contar con los ayuntamientos” y supone “una vulneración de la autonomía local”. Hasta ahora, algunos municipios optaban por cobrarla, mientras otros sufragaban estos gastos mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o con otras fórmulas.

Esa falta de elementos que los ayuntamientos deben tener en cuenta a la hora de implantar la tasa, indica Martínez-Sicluna, ha provocado que “los alcaldes estén adoptando diversos parámetros, como el valor catastral de la vivienda, el número de personas empadronadas o el consumo de agua”. Unos criterios diferentes que suponen que una “familia tipo va a pagar distinto importe de tasa en una localidad o en otra, lo que provoca una desigualdad”, insiste el secretario general de la FEMP.

La normativa fue aprobada a finales de 2021 con 182 votos a favor —PSOE, Unidas Podemos, PNV, Ciudadanos y Teruel Existe—, 70 en contra —Vox, ERC, PDeCAT y CUP— y las 88 abstenciones de PP y BNG.

La Junta de Gobierno de la Federación ya hizo una declaración institucional en octubre de 2024, en la que anticipaba que la implantación de la tasa generaría “una enorme conflictividad” y derivaría “en un nuevo foco de litigios que contribuirían a engrosar el panorama de incertidumbre que rodea ámbitos de la tributación local”. Unos litigios que, al margen de la incertidumbre por las resoluciones —y la posibilidad de tener que devolver ingentes cantidades de dinero a los ciudadanos—, provocará una gran carga administrativa para estas corporaciones.

A nivel municipal, diferentes organizaciones animan a recurrir esta tasa. “Algunos ayuntamientos están aplicando una fórmula que no cumple con los requisitos que establece la normativa”, explica el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez. Porque la tasa es obligatoria y debe cubrir el coste del servicio, pero las administraciones tienen que implementar protocolos de mejora la recogida, transporte y gestión de los residuos. “No puede ser arbitraria, ni no acompañada de medidas, ni ser meramente recaudatoria”, desarrolla Sánchez.

Los ayuntamientos deben justificar económicamente y desde el punto de vista de mejora medioambiental el importe cobrado, que debe tener en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Además, debe analizarle la capacidad de generación de residuos de cada vecino y poder individualizarse la tasa en base a su comportamiento.

Facua ha elaborado por el momento una guía para reclamar las cantidades cobradas en aplicación de la nueva tasa en ocho ciudades. Son Badajoz, Madrid, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, aunque, como indica Sánchez, “hay multitud de ayuntamientos que están saltándose la norma y el modelo es similar en todos los casos”: la presentación de un recurso de reposición en el plazo de 30 días desde que se recibe la notificación. En cualquier caso, la presentación de este recurso no exime del pago de la tasa, que de resolverse a favor del contribuyente, sería devuelta.

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, publicado a finales de octubre, señalaba que los 17 ayuntamientos con más de 250.000 habitantes preveían aumentar sus ingresos fiscales en 2026 en el entorno del 2%, “tras un crecimiento del 7% en 2025 impulsado por la implantación de la tasa de residuos sólidos urbanos”.

Sin embargo, los presupuestos aprobados para 2025 por las entidades locales indicaban un gasto total en esta materia de 5.325 millones de euros, con unos ingresos por tasas de residuos de 3.488 millones, según los datos de la Fundación ENT, citados por la asociación de inspectores. Esto, señalan en su comunicado, deja un agujero de 2.000 millones de euros, con “un grado de cobertura del 65,5%, todavía lejos del 100%”, para una tasa que, por ley, no puede ser deficitaria.