Este martes, 31 de marzo, más de tres meses después de la aprobación de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 y en plena Semana Santa, entran en vigor más de una veintena de novedades de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de la comunidad autónoma, la conocida popularmente como ‘Ley de Acompañamiento’ de las cuentas públicas, que se aprobó en el pleno parlamentario de la semana pasada solo con los votos de la mayoría absoluta del PSOE. Todos los años incorpora multitud de novedades, convirtiéndose en una especie de ley ómnibus o cajón de sastre que, de forma exprés, realiza cambios relevantes legislativos, sin apenas debate parlamentario, lo que ha sido ya criticado en varias ocasiones por la oposición.

Sin embargo, el Gobierno regional asegura que hacerlo así permite la “dinamización de la economía, el incremento de la eficiencia y la eficacia” en la prestación de servicios de la Administración Pública o la mejora de la “distribución más equitativa” de las obligaciones tributarias que son competencia de la comunidad autónoma.

Una de las principales novedades ha sido precisamente la más polémica. El Gobierno modifica la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, concretamente su artículo 121. Este cambio supone que se elimine la posibilidad de que el funcionariado interino o temporal pueda acogerse a una “excedencia voluntaria”. Su tramitación coincidió con una protesta de todos los sindicatos de la función pública, que consideran que suprimir esta posibilidad impide al personal temporal desarrollar una carrera administrativa.

Pero al margen de ello, hay otros muchos cambios. Por ejemplo, se modifica la normativa autonómica sobre vivienda protegida para regular un nuevo sistema de depósito de fianzas en materia de vivienda. Las personas que alquilen una vivienda están obligadas a depositar la fianza legal ante la Administración regional y eso tendrá consideración de ingreso de Derecho Público para la Hacienda de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional podrá usar el 80% de estos depósitos para inversiones públicas, reservando el 20% siempre para garantizar que las devoluciones a los ciudadanos se realicen sin retrasos cuando finalicen los contratos.

Los cambios se articulan también en torno a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU). Si un ayuntamiento quiere cambiar el uso de las parcelas destinadas a equipamientos públicos eso no se considerará “innovación de planeamiento”, lo que permitirá agilizar el proceso si lo que se quiere es disponer de suelo para otros fines, por ejemplo, para vivienda.

Transporte bajo demanda, servicios sociales y caza

Otras de las normas que se modifican es la que regula el transporte de personas por carretera en la región, en este caso en una doble vertiente: en primer lugar se incluye dentro de los servicios prestados a demanda aquellos sin horario ni itinerario fijo, “sensible a las necesidades de movilidad de la población, especialmente en zonas rurales”, es decir, el denominado “transporte sensible a la demanda”. A la hora de adjudicar este servicio, ahora no será necesaria una habilitación previa administrativa: bastará con una declaración responsable por parte de quien o quienes vayan a prestar el servicio.

Es algo que también se aplicará en materia de servicios sociales. El Gobierno regional modifica la normativa en este ámbito para incluir las declaraciones responsables y comunicaciones como instrumentos que permiten la prestación de servicios por parte de las entidades de iniciativa privada. Por otro lado, se modifica la denominación del Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales que pasa a denominarse Registro de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, “dotándolo de mayor amplitud”.

Se cambian también las medidas para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, extendiendo el control de los gastos de personal a la totalidad de los supuestos de incorporación de personal temporal en puestos de trabajo que no están vinculados a plazas existentes en las plantillas.

Otra modificación tiene que ver con la Ley de Conservación de la Naturaleza, porque, según el Gobierno, la redacción actual de esta norma no define con claridad los mecanismos que acreditan el cumplimiento de la obligación de evitar la colocación de cebos envenenados, lo que genera “inseguridad jurídica” tanto para los titulares cinegéticos como para la Administración.

Cambios en la ley de caza relativos a los cotos

Precisamente, también se cambia la Ley de Caza en línea “con los objetivos de conservación y desarrollo rural sostenible”. Las modificaciones afectan especialmente a los cotos. Así, establece que su constitución y cambios de titularidad se efectuarán mediante resolución administrativa, a petición de los propietarios de los terrenos. Cuando los titulares sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, no se hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante la publicación de la misma en el tablón de anuncios del ayuntamiento del término municipal en el que se encuentren los terrenos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, para la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de los derechos cinegéticos.

Por otro lado, establece que cuando en la constitución de un coto existan terrenos que “puedan lesionar intereses públicos o privados”, previa consulta de las entidades y personas afectadas, el órgano provincial podrá denegar incluir la superficie en el coto o en su caso, su constitución.

Y en segregaciones de terrenos de cotos, la modificación incluye que cuando existan documentos formales de cesión o arrendamiento de derechos cinegéticos en vigor, válidos en derecho y una de las partes manifieste su disconformidad a la segregación, el órgano provincial no podrá resolver “en tanto no exista acuerdo entre las partes o se dicte, en su caso, sentencia judicial firme que lo permita”.

Avanza la administración electrónica

Hay igualmente una serie de medidas que afectan fundamentalmente al personal que presta servicio en las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Por ejemplo, se establece la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos en los procesos selectivos convocados y la reducción de plazos para la presentación de determinada documentación, algo que ha generado dudas sobre si es eficaz para cierta parte de la población, como las personas más mayores.

También se habilita a la Consejería de Sanidad a regular las funciones, el sistema de selección y provisión, jornadas, permisos y demás condiciones de trabajo que afecten al personal estatutario para la atención continuada en la Atención Primaria; y al objeto de garantizar “una mejora de la calidad de la formación sanitaria especializada”, recoge unos requisitos mínimos de acceso a plazas vinculadas a las unidades docentes acreditadas, cuando se oferten en los procedimientos de selección o de provisión del SESCAM.

En cuanto las jefaturas de carácter asistencial del SESCAM, se reduce el plazo de presentación de solicitudes, la composición de la comisión de valoración y, por último, y se permite que la secretaría de la comisión de valoración pueda ser ocupada por cualquier personal funcionario de carrera o estatutario.

Otro cambio significativo es que se modifica la Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, que data de 1990, para sustituir la previa autorización administrativa por la presentación de declaración responsable cuando se trate de la realización de obras, instalaciones o usos en las zonas de servidumbre o protección de las carreteras. El objetivo es también la agilización administrativa.

Cambios en tasas e impuestos

En otro orden de cosas, se modifican dos tasas.  En primer lugar, se establece la exención de la tasa por inspección de instalaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) a las personas titulares de una licencia de autotaxi. El Ejecutivo busca “fortalecer” el sector del taxi ante el aumento de la demanda de servicios discrecionales, especialmente en ámbitos como el turismo, los eventos corporativos, el transporte escolar y sanitario, así como en desplazamientos personalizados de media y larga distancia.

También se suprime la tasa por prestación de los servicios técnicos de asesoramiento y evaluación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. El objetivo es dotar de mayor agilidad al procedimiento de acreditación de competencias adquiridas mediante experiencia laboral.

En cuanto a los impuestos, también hay dos cambios sustanciales. Sube de 450 a 500 euros el límite máximo de las deducciones por alquiler de vivienda habitual a menores de 36 años, familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.  

También en el IRPF se introducen dos nuevos incentivos fiscales. El primero de ellos dirigido a los contribuyentes menores de 36 años para fomentar el ahorro y disponer de los importes precisos para hacer frente a los gastos que originan la adquisición de una vivienda. Este incentivo consiste en una deducción del 15 por ciento en la cuota íntegra autonómica por las aportaciones a cuentas de entidades de crédito siempre que el importe depositado que haya generado el derecho a la deducción se destine, antes del transcurso de seis años, a partir de la fecha de apertura de la cuenta, a la adquisición de la vivienda habitual. La deducción máxima total será de 3.000 euros.

El segundo de los incentivos consiste en una deducción en la cuota íntegra autonómica del 30 por ciento por los gastos derivados de controles veterinarios y vacunación por la tenencia de perros de asistencia, con un máximo de 100 euros por contribuyente en el periodo impositivo.

Por otro lado, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se recogen modificaciones tanto en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) como en la de actos jurídicos documentados (AJD), en cuanto a los tipos reducidos. En ambos casos dicha modificación afecta a la transmisión de inmuebles que tengan por objeto la primera vivienda habitual.

Así, el requisito del valor de la vivienda establecido hasta ahora en 180.000 euros se incrementa a 240.000 euros, debido principalmente al encarecimiento de la vivienda, ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de la aplicación de un tipo más ventajoso a más contribuyentes.

Asimismo, se disminuye el tipo impositivo del 5 al 3 por ciento en las transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual del sujeto pasivo cuando el contribuyente sea menor de 36 años, en la modalidad de TPO y del 0,50 al 0,25 por ciento en la modalidad de AJD para el mismo colectivo. También se flexibilizan los requisitos para la aplicación de los tipos reducidos ambas figuras impositivas.

El polémico canon del agua también cambia

El Gobierno de Emiliano García-Page también modifica la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha en varios aspectos sobre el polémico canon de la Directiva Marco del Agua (DMA). Establece su no aplicación en el consumo de agua realizado con la utilización de los elementos de protección contra incendios y de las Bocas de Incendio Equipadas (BIE).

Y en lo relativo a las bonificaciones de la cuota para usos domésticos, se clarifica la redacción de la bonificación para familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género, para regularlos como supuestos de bonificación diferenciados.

Por otro lado, se incluye para los usuarios en situación de riesgo de exclusión social una bonificación del 50% en los casos en que la ordenanza municipal del ayuntamiento no recoja la bonificación del 100%. Finalmente, se incluye una bonificación del 100% para las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

En lo relativo a la cuota del canon para el caso de contadores colectivos, incluye en su apartado a los centros que alberguen plazas de residencias educativas o sociosanitarias para que puedan beneficiarse de la reducción de la cuota; y finalmente, se establece un régimen transitorio hasta el 20 de marzo de 2028 de exención del pago del canon por las pérdidas de agua que se produzcan en las redes de abastecimiento.

La Ley de Acompañamiento recoge, por otro lado, la supresión del organismo autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que se integra en la Consejería competente en materia de agua. La reorganización propuesta contribuye a mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de agua y a reforzar la sostenibilidad financiera del sector público autonómico.

Sin límite de mandatos en la Presidencia de las Cámaras de Comercio

También se suprime la limitación de mandatos de las personas que ostentan la presidencia de las Cámaras de Comercio, a fin de que las rotaciones obligadas no comprometan la continuidad de los planes y programas que llevan a cabo desde estos organismos.  

Por otro lado, se cambia el nombre al Consejo Regional de Estadística, para pasar a llamarse Consejo Regional de Estadística y Datos, dando respuesta una visión “transversal” que incorpore el uso, promoción y aprovechamiento de los datos en el ámbito de toda la sociedad, de acuerdo a las estrategias europeas que persiguen impulsar la economía del dato, así como a la Estrategia de Especialización Inteligente de la Región.

Hay cambios igualmente en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. En este caso, se modifica la composición del Consejo Regional de Transparencia, que pasa a estar compuesto por una Presidencia y las Adjuntías que se determinen en su reglamento, que debe ser aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha.

Finalmente, la Ley de Acompañamiento cambia también la normativa sobre artesanía para eliminar la necesidad del informe previo y preceptivo de la Comisión de Artesanía para la concesión del Título de Empresa Artesana.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulando la ordenanza de la tasa de basuras de la capital ha hecho saltar dudas entre los 1,4 millones de contribuyentes que tuvieron que abonar su importe en el año 2025.

Aunque los partidos de la oposición y las asociaciones vecinales animaron a recurrir la tasa a finales del año pasado por considerar que contenía errores, el fallo judicial del TSJM hecho público este lunes levanta muchas preguntas que intentamos responder en este artículo.

Cómo se recurre la tasa de basuras

En septiembre de 2025, el área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid comenzó a girar los recibos de la nueva Tasa de Gestión de Residuos (TGR), un gravamen municipal que recuperaba más de una década después por obligación estatal.

Los ciudadanos que no estaban de acuerdo con su abono podían recurrir en ese momento, pero no después: tenían que hacerlo dentro de los 30 días posteriores a la notificación oficial del consistorio.

El Ayuntamiento de Madrid registró 130.187 reclamaciones presentadas en plazo ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid o ante la Agencia Tributaria.

Cuándo y cómo puede devolver la tasa el Ayuntamiento de Madrid

Todavía no lo ha asegurado, pero el probable que el Gobierno de Almeida recurra la sentencia del TSJM ante el Tribunal Supremo, lo que alargaría el proceso varios meses más, ya que la sentencia no será firme hasta que quede resuelto este recurso.

Mientras tanto, el Ayuntamiento no está obligado a las devoluciones. Si finalmente perdiera también en este trámite, el consistorio establecería el modo con el que devolver los importes reclamados a las personas que en su día lo hicieron.

Los partidos de la oposición reclaman que la devolución sea general, a los constribuyentes que reclamaron y también a los que no, pero el equipo de Almeida aún no se ha pronunciado al respecto.

Cuánto dinero puede tener que devolver el Ayuntamiento

La polémica tasa intentaba recaudar 256 millones de euros para abonar de esta forma el coste de la recogida de residuos en la ciudad. Sin embargo, al reclamar menos de una décima parte de las personas que recibieron los recibos es probable que la cantidad sea sensiblemente menor a esta cifra.

¿Se puede recurrir la tasa de 2026?

Sí, de la misma forma que se pudo hacer en 2025: presentando un recurso en el plazo de un mes desde que la liquidación correspondiente a 2026 sea notificada. Los recursos se presentan sin necesidad de abogado en la sede electrónica del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid o, de forma presencial, en las oficinas de cualquier registro municipal. Aquí está el modelo de Más Madrid del año pasado y en este otro enlace el que ofreció Vox.

Por otro lado, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales del Madrid (FRAVM) planteó otra posibilidad de recurso, en este caso de reposición, ante la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Hubo dos modelos en su web para hacerlo: el primero servía para solicitar la reducción de la cuantía de la tasa al considerarla desproporcionada, mientras que el segundo reclamaba su anulación en el caso de hallarse en alguna situación de exención.

En todos los casos es necesario abonar primero la tasa y presentar los recursos después.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad en el Pleno de este lunes una moción que insta al Gobierno regional (PP) a estudiar una bonificación fiscal o una deducción en el IRPF por compromiso medioambiental y reciclaje para compensar la subida de la tasa de basuras que implica la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La bonificación sería de un máximo de 100 euros por contribuyente y para quienes acrediten ese compromiso medioambiental, en consonancia con el sentido de esta ley que se basa en que “quien más recicla, menos paga”.

Así lo recoge esta moción que partía del PRC y que ha salido adelante con una enmienda de modificación del PP. La original pedía articular deducciones “de manera inmediata” y la finalmente aprobada tras el cambio introducido recoge que se “estudie de manera inmediata el cauce legal para articular” las bonificaciones.

Además, insta al Ejecutivo a firmar convenios con los ayuntamientos, la Federación de Municipios, MARE o asociaciones o implicadas para facilitar la realización de actuaciones medioambientales o de reciclaje que puedan ser acreditadas con el fin de justificar el compromiso ambiental que dé lugar a las compensaciones.

El Ayuntamiento de Toledo ha oficializado el calendario tributario para 2026 y asegura que se mantendrá una estructura que “prioriza la flexibilidad financiera de los ciudadanos” ya que existe un Plan Personalizado de Pagos para que los contribuyentes puedan fraccionar sus impuestos hasta en diez mensualidades sin intereses, incluyendo tributos clave como el IBI y la tasa de basuras.

El Consistorio ha detallado las fechas de inicio de los periodos y los plazos de cargo en cuenta según el correspondiente tributo, tras aprobarlo en la Junta de Gobierno Local.

Impuestos y tasas principales

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): el periodo comienza el 2 de marzo de 2026, con la fecha de cargo en cuenta fijada para el 30 de marzo de 2026.

• IBI Urbana: el periodo se inicia el 1 de mayo de 2026. Aquellos que opten por el fraccionamiento sin intereses (se requiere domiciliación bancaria) tendrán tres fechas de cargo: el 1 de junio, el 1 de septiembre y el 30 de octubre de 2026.

• Tasa de Residuos: el periodo de pago comienza el 1 de junio de 2026. Al igual que el IBI, se puede fraccionar en tres plazos domiciliados: el 1 de julio, el 1 de septiembre y el 30 de octubre de 2026.

• IAE, IBI Rústica, Vados, Reserva de Taxis y Cajeros: en este caso el periodo para estos tributos inicia el 1 de septiembre de 2026, con cargos previstos para el 15 de septiembre y el 1 de octubre de 2026.

Otros Servicios y Tasas

• Tasa de Veladores: la autoliquidación se realiza en el mes de febrero, con cargos en cuenta el día 20 de cada mes.

• Escuela Oficial de Idiomas: los pagos son trimestrales y se cargan en las siguientes fechas:

◦ 2º Trimestre curso escolar: 20 de febrero de 2026.

◦ 3º Trimestre curso escolar: 20 de abril de 2026.

◦ 1º Trimestre curso escolar siguiente: 20 de noviembre de 2026.

• Padrones Patrimoniales y otras tasas ODP: los cargos se realizan de forma mensual en este caso.

Sí, se puede fraccionar el pago

Se hah habilitado además dos mecanismos principales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

1. Plan Personalizado de Pagos que permite pagar los tributos de vencimiento periódico que el contribuyente elija en un máximo de 10 meses sin intereses.

2. Fraccionamiento General que contempla el fraccionamiento sin intereses en tres plazos para el IBI y la Tasa de Residuos, siempre que los recibos estén domiciliados.

El retard de l’Ajuntament de València en el cobrament de l’ecotaxa per la prestació del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans podria penalitzar els veïns de València si en aquest exercici acaben acumulant-se els pagaments corresponents al 2025, tot i que hauria d’haver-se girat la primera quota inclosa en el rebut de l’aigua, i al 2026.

Tenint en compte que, segons els barems aprovats pel consistori que dirigeixen el PP i Vox, la quantitat mitjana a abonar per habitatge serà de 90,59 euros a l’any, si finalment es passen al cobrament les quotes del 2025 i del 2026 durant aquest exercici, la càrrega fiscal que patiran les famílies serà del doble de la previsió, és a dir, de 181,18 euros.

L’equip de govern que dirigeix l’alcaldessa, María José Catalá, va anunciar divendres que les bonificacions a què es podran acollir determinats col·lectius es podran sol·licitar fins al 31 de maig, però, a preguntes d’elDiario.es no van aclarir el calendari en què s’inclourà en el rebut de l’aigua l’ecotaxa del 2025 i la del 2026.

Es tracta d’un gravamen de cobrament obligat des d’abril de l’any passat per a tots els consistoris, tal com es recull en la Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular que ve motivada per la Comissió Europea.

Aquesta nova taxa d’escombraries permet implantar sistemes de pagament per generació i reflecteix el cost real de la recollida i el transport dels residus urbans. La llei subratlla que els costos relatius a la gestió dels residus, incloent-hi els costos corresponents a la infraestructura necessària i al seu funcionament, així com els costos relatius als impactes mediambientals i, en particular, els de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, hauran de ser sufragats pel productor inicial de residus.

L’ordenança fiscal aprovada pel govern municipal de València fixa diferents quotes en l’apartat dels habitatges. Fins a 65 m³, les llars pagaran 39 euros cada any. Un rebut que abonaran prop de la meitat dels contribuents (202.000 dels 408.000 rebuts). L’altra meitat pagaran entre 122 i 272 euros per casa i any en funció de la forqueta de consum en què estiga. A més, considerant tots els trams de tarifes previstos en l’ordenança en funció del consum d’aigua, el rebut mitjà domiciliari ascendirà a 90,59 euros i el rebut mitjà de les activitats econòmiques a 243,02 euros. L’Ajuntament preveu recaptar per aquesta nova ecotaxa 45,7 milions d’euros a l’any.

La regidora d’Hisenda, María José Ferrer San Segundo, ha explicat sobre aquest tema que “amb les propostes del Partit Popular els ajuntaments podrien assumir almenys part del cost del servei i estendre les bonificacions en aquesta taxa”, les tarifes de la qual a l’Ajuntament de València, com ha remarcat, han sigut determinades pels tècnics municipals atés el consum d’aigua potable, ja que, davant l’absoluta falta de criteris per part de la llei estatal, es considera el millor indicador indirecte de la generació de residus, i està, a més, coordinat amb el mateix criteri que empra l’Emtre pel que fa al tractament i l’eliminació de residus.

Bonificacions aprovades

El ple de l’Ajuntament aprovarà la modificació de l’ordenança que regula l’ecotaxa per a ampliar fins al 31 de maig de 2026 el termini per a sol·licitar els beneficis fiscals següents per a la taxa corresponent a l’any 2025 i servirà també per a la del 2026 (es podran acumular les reduccions i les bonificacions).

En primer lloc, hi haurà una reducció del 30% a famílies nombroses (3 o més fills, amb caràcter general) per a l’habitatge habitual (amb concessió automàtica quan es dispose de bonificació en IBI i possibilitat d’acollir-s’hi els arrendataris); reducció del 30% per a l’habitatge habitual de famílies amb escassos recursos (unitat familiar els ingressos de la qual no superen l’Iprem referit a 14 pagues); bonificació de 10 euros a usuaris que utilitzen ecoparcs almenys una vegada a l’any; bonificació de 50 euros a activitats econòmiques que utilitzen sistemes de recollida municipal de paper i cartó “porta a porta”; bonificació del 10% a empreses de distribució alimentària i restauració que tinguen establits en col·laboració amb entitats d’economia social sense ànim de lucre, sistemes de gestió que reduïsquen els residus alimentaris de manera significativa i verificable (menjadors socials); no subjecció d’activitats que tinguen contractat gestor de residus autoritzat per a la recollida de totes les fraccions que generen, acreditant que és així davant l’Ajuntament.

El PSPV i Compromís critiquen el possible cobrament doble de la taxa

Des del grup municipal socialista tenen clar que legalment és molt complicat evitar que en aquest exercici es giren els cobraments corresponents al 2025 i al 2026, la qual cosa consideren una pèssima gestió de l’equip de Catalá que pagaran els veïns de València. Així doncs, consideren difícilment justificable des del punt de vista jurídic sostindre en el temps el cobrament a any vençut per a evitar que s’ajunten dues taxes en un mateix any.

Sobre aquest tema, el portaveu socialista en l’Ajuntament de València, Borja Sanjuan, ha denunciat l’aprovació definitiva del basurazo de Catalá pel qual imposarà un rebut de més de 100 euros de mitjana a cada habitatge de la ciutat. Sanjuan, a més, ha retret al govern del PP i de Vox que la seua mala gestió suposarà que les famílies valencianes hagen de pagar dues vegades el 2026 per la taxa del 2025 i per la del 2026.

El responsable socialista ha afegit que, malgrat els seus anuncis, Catalá ha disparat els impostos a la ciutat des que va arribar-hi. “Amb el basurazo del PP, els valencians i valencianes paguen més impostos des que Catalá és alcaldessa, però no solament això, sinó que enguany, per la seua mala gestió, els valencians hauran de pagar el rebut dues vegades. És a dir, cada veí o veïna de la ciutat de València haurà de pagar més de 200 euros per a poder quadrar els comptes municipals de María José Catalá”, ha continuat.

La regidora de Compromís, Eva Coscollà, ha criticat que “el Govern de Catalá ha anunciat hui que amplia el termini per a sol·licitar les bonificacions, però cal assenyalar que ho fa perquè no tenia alternativa: l’ordenança fixava el 31 de març i encara no han formalitzat el contracte per a gestionar i notificar la taxa de residus”.

Coscollà ha comentat que “entre els regidors del PP i els de Vox han sigut incapaços de posar en marxa una taxa clau per a quadrar el pressupost i ara rectifiquen per pura ineptitud; a més, no van establir més bonificacions no perquè la llei no ho permeta, sinó perquè necessitaven recaptar diners per a tapar el forat de la seua falsa rebaixa fiscal, sent totalment interessada la seua lectura del caràcter no deficitari”. Per tant, “no estem davant un alleujament fiscal com pretenen vendre, sinó un exemple més d’improvisació i trilerisme”, ha lamentat.

El retraso del Ayuntamiento de València en el cobro de la ecotasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos podría penalizar a los vecinos de València si en el presente ejercicios se acaban acumulando los pagos correspondientes a 2025, cuando debió girarse la primera cuota incluida en el recibo del agua, y a 2026.

Teniendo en cuenta que según los baremos aprobados por el Consistorio que dirigen el PP y Vox la cuantía media a abonar por vivienda será de 90,59 euros al año, si finalmente se pasan al cobro las cuotas de 2025 y de 2026 durante el presente ejercicio, la carga fiscal que sufrirán las familias será del doble de lo previsto, es decir, de 181,18 euros.

El equipo de Gobierno que dirige la alcaldesa, María José Catalá, anunció este viernes que las bonificaciones a las que se podrán acoger determinados colectivos se podrán solicitar hasta el 31 de mayo, pero a preguntas de elDiario.es no aclararon el calendario en el que se incluirá en el recibo del agua la ecotasa de 2025 y la de 2026.

Se trata de un gravamen de obligado cobro desde abril del pasado año para todos los consistorios, tal como se recoge en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular que viene motivada por la Comisión Europea.

Esta nueva tasa de basuras permite implantar sistemas de pago por generación y refleja el coste real de la recogida y transporte de los residuos urbanos. La ley subraya que los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los costes relativos a los impactos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero, tendrán que ser sufragados por el productor inicial de residuos.

La ordenanza fiscal aprobada por el gobierno municipal de València fija diferentes cuotas en el apartado de las viviendas. Hasta los 65 m3, los hogares pagarán 39 euros cada año. Un recibo que abonarán cerca de la mitad de los contribuyentes (202.000 de los 408.000 recibos). La otra mitad, pagará entre 122 y 272 euros por hogar y año en función de la horquilla de consumo en la que se encuentre. Además, considerando todos los tramos de tarifas contemplados en la ordenanza en función del consumo de agua, el recibo medio domiciliario ascenderá a 90,59 euros y el recibo medio de las actividades económicas a 243,02 euros. El Ayuntamiento prevé recaudar por esta nueva ecotasa 45,7 millones de euros al año.

La concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, ha explicado al respecto que “con las propuestas del Partido Popular los Ayuntamientos podrían asumir al menos parte del coste del servicio y extender las bonificaciones en esta tasa”, cuyas tarifas en el Ayuntamiento de Valencia, como ha remarcado, han sido determinadas por los técnicos municipales atendiendo al consumo de agua potable, ya que, ante la absoluta falta de criterios por parte de la ley estatal, se considera el mejor indicador indirecto de la generación de residuos, estando además coordinado con el mismo criterio que emplea la EMTRE en cuanto al tratamiento y eliminación de residuos.

Bonificaciones aprobadas

El Pleno del Ayuntamiento aprobará la modificación de la ordenanza que regula la ecotasa para ampliar hasta el 31 de mayo de 2026 el plazo para solicitar los siguientes beneficios fiscales para la tasa correspondiente al año 2025 y servirá también para la del 2026 (pudiendo acumularse las reducciones y bonificaciones).

En primer lugar, habrá una reducción del 30% a familias numerosas (3 o más hijos, con carácter general) para la vivienda habitual (con concesión automática cuando se disponga de bonificación en IBI y posibilidad de acogerse los arrendatarios); reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos recursos (unidad familiar cuyos ingresos no superen el IPREM referido a 14 pagas); bonificación de 10 euros a usuarios que utilicen ecoparques al menos una vez al año; bonificación de 50 euros a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón “puerta a puerta”; bonificación del 10% a empresas de distribución alimentaria y restauración que tengan establecidos en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan los residuos alimentarios de forma significativa y verificable (comedores sociales); no sujeción de actividades que tengan contratado gestor de residuos autorizado para la recogida de todas las fracciones que generen, acreditando que así es ante el Ayuntamiento.

El PSPV y Compromís critican el posible cobro doble de la tasa

Desde el grupo municipal socialista tienen claro que legalmente es muy complicado evitar que en el presente ejercicio se giren los cobros correspondientes a 2025 y a 2026, lo que consideran una pésima gestión del equipo de Catalá que pagarán los vecinos de València. Así, consideran difícilmente justificable desde el punto de vista jurídico sostener en el tiempo el cobro a año vencido para evitar que se junten dos tasas en un mismo año.

Al respecto, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado la aprobación definitiva del basurazo de Catalá por el que impondrá un recibo de más de 100 euros de media a cada vivienda de la ciudad. Sanjuan, además, ha reprochado al gobierno del PP y de Vox que su mala gestión va a suponer que las familias valencianas tengan que pagar dos veces en 2026 por la tasa de 2025 y por la de 2026.

El responsable socialista ha añadido que, a pesar de sus anuncios, Catalá ha disparado los impuestos en la ciudad desde que llegó. “Con el basurazo del PP, los valencianos y valencianas pagan más impuestos desde que Catalá es alcaldesa, pero no solamente eso, sino que este año por su mala gestión los valencianos tendrán que pagar el recibo dos veces. Es decir, cada vecino o vecina de la ciudad de València va a tener que pagar más de 200 euros para poder cuadrar las cuentas municipales de María José Catalá”, ha continuado.

La concejala de Compromís, Eva Coscollà, ha criticado que “el Gobierno de Catalá ha anunciado hoy que amplía el plazo para solicitar las bonificaciones, pero hay que señalar que lo hace porque no tenía alternativa: la ordenanza fijaba el 31 de marzo y todavía no han formalizado el contrato para gestionar y notificar la tasa de residuos”.

Coscollá ha comentado que “entre los concejales del PP y los de Vox han sido incapaces de poner en marcha una tasa clave para cuadrar el presupuesto y ahora rectifican por pura ineptitud; además, no establecieron más bonificaciones no porque la ley no lo permita, sino porque necesitaban recaudar dinero para tapar el agujero de su falsa rebaja fiscal, siendo totalmente interesada su lectura del carácter no deficitario”. Por lo tanto, “no estamos ante un alivio fiscal como pretenden vender, sino un ejemplo más de improvisación y trilerismo”, ha lamentado.

El Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio de Castilla-La Mancha ha trasladado su “preocupación” ante la circular elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y presentada ante el Consejo de Estado, sobre la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica.

Según han apuntado las Cámaras de Comercio, la circular podría tener consecuencias sobre la electrificación, el desarrollo industrial y la competitividad de Castilla-La Mancha, especialmente en un contexto de elevada saturación de la red eléctrica, según han apuntado en un comunicado.

En este sentido, señalan que la citada circular establece un marco retributivo que no garantiza las inversiones necesarias en las infraestructuras eléctricas, en un momento en el que la red de transporte y distribución se encuentra al límite de su capacidad.

“El modelo propuesto se aleja de las condiciones existentes en los países de nuestro entorno, lo que supone una pérdida de competitividad para la economía española y, de manera especialmente acusada, para comunidades con una elevada dispersión territorial y un fuerte peso del medio rural como Castilla-La Mancha”, señala el Consejo de Cámaras de Comercio, advirtiendo que “este enfoque penaliza a los territorios rurales, al priorizar de facto el desarrollo en zonas con alta concentración urbana o industrial, relegando a regiones como la nuestra”.

Según las Cámaras de Comercio, la saturación de los nudos eléctricos es ya una realidad generalizada en España lo que provoca que solo una parte muy limitada de las solicitudes de acceso y conexión pueda ser atendida.

“Esta situación no solo afecta a grandes proyectos industriales o energéticos, sino que está condicionando también desarrollos urbanísticos, proyectos de vivienda, iniciativas empresariales de menor tamaño y sectores emergentes, comprometiendo la creación de empleo y la fijación de población”, señalan. “La falta de una red eléctrica suficientemente dimensionada pone en riesgo la electrificación de los sectores productivos, la transición energética y la implantación de nuevas actividades estratégicas vinculadas a la innovación, la digitalización y la economía verde, ámbitos en los que Castilla-La Mancha podría encontrar un importante potencial de crecimiento”, añaden.

Desde el Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla-La Mancha se considera fundamental actuar con urgencia y responsabilidad para evitar que las limitaciones energéticas y un marco regulatorio inadecuado frenen oportunidades de desarrollo.

La Fontana di Trevi es, hoy en día, uno de los símbolos más reconocibles de Roma y una visita imprescindible para cualquier viajero que recorra la capital italiana. Su iconicidad, ligada a la arraigada tradición de lanzar una moneda para asegurar el regreso a la ciudad, la han convertido en uno de los espacios más concurridos del país. Solo el Anfiteatro Flavio, conocido universalmente como el Coliseo romano, registra un volumen de visitantes superior.

Y es que parte de su magnetismo reside en su ubicación y en la manera en que se integra en el tejido urbano. Al caminar por las estrechas calles del rione de Trevi, el visitante apenas intuye la presencia de uno de los monumentos más célebres del mundo. De repente, el espacio se abre y la fuente barroca se revela adosada a la fachada posterior del Palacio Poli.

Sin embargo, este éxito turístico sostenido en el tiempo ha planteado importantes retos para la ciudad. La presión constante de millones de visitantes ha llevado a que el Ayuntamiento de Roma haya implantado una tarifa obligatoria de 2€ para los visitantes no residentes que deseen acceder al área más próxima a la fuente. Por otra parte, el acceso seguirá siendo gratuito para los ciudadanos romanos. 

La medida entrará en vigor el 7 de enero y será gestionada directamente por la administración municipal, en colaboración con la empresa pública Zètema y la Superintendencia Capitolina de Bienes Culturales. Desde el Consistorio se subraya que no se trata de convertir la Fontana di Trevi en un recinto cerrado, sino de dotarla de un sistema de gestión acorde con la magnitud de su popularidad.

Una medida a favor de un turismo más equilibrado

Desde el Ayuntamiento de Roma, el objetivo principal de esta entrada simbólica no es la recaudación económica, sino la organización del espacio y el control del flujo de visitantes. La plaza que se abre frente a la fuente, concebida en el siglo XVIII para un uso urbano muy distinto al actual, se ve con frecuencia desbordada por grandes concentraciones de personas. Además, en los últimos meses, la Fontana di Trevi ha registrado cifras de afluencia sin precedentes, lo que ha generado problemas recurrentes relacionados con la seguridad, la movilidad peatonal y el desgaste del entorno monumental, al dificultar la circulación, incrementar el riesgo de incidentes y acelerar el deterioro de un espacio patrimonial de tal fragilidad.

Los datos oficiales del Ayuntamiento de Roma ponen de relieve la dimensión del desafío. Desde diciembre pasado, cuando se introdujo un primer sistema de control con horarios definidos y aforo limitado, más de 5,3 millones de personas han accedido a la Fontana di Trevi en un periodo de apenas seis meses. Cifras que reflejan un volumen de visitantes extraordinario para un espacio que, hasta fechas recientes, contaba con acceso completamente libre.

De mantenerse este ritmo, las previsiones apuntan a que la fuente podría cerrar el año con cerca de 11 millones de visitantes, una cifra comparable a la de los grandes complejos arqueológicos y museísticos de la ciudad. Este dato refuerza la necesidad de adoptar medidas estructurales que permitan compatibilizar la afluencia turística con la conservación del patrimonio.

El concejal de Turismo y Grandes Eventos, Alessandro Onorato, ha defendido en una entrevista con el Corriere della Sera la iniciativa como una herramienta imprescindible para evitar episodios de saturación extrema, especialmente en periodos de máxima demanda como las fiestas navideñas, la Semana Santa o la celebración de grandes eventos culturales y religiosos que atraen a miles de personas al centro histórico.

Un sistema de control ya en funcionamiento

Desde el 22 de diciembre, el acceso a la Fontana di Trevi ya se encuentra regulado mediante un sistema de control de aforo. El número máximo permitido en el área más cercana al monumento es de 400 personas simultáneamente, en un horario comprendido entre las 9:00 y las 21:00 horas.

Personal municipal debidamente identificado se encarga de supervisar el acceso y garantizar la rotación constante de visitantes, evitando que se formen concentraciones prolongadas en un espacio reducido. Este dispositivo ha permitido mejorar la fluidez del tránsito peatonal y reducir los momentos de mayor congestión, especialmente en las horas punta.

Con la implantación definitiva de la entrada, el sistema se reforzará mediante la creación de carriles diferenciados para residentes y turistas, así como con un sistema de pago electrónico que permitirá identificar de forma inmediata a los visitantes no residentes. Esta organización facilitará una gestión más ágil y eficaz del acceso, al tiempo que reducirá la necesidad de estructuras provisionales en el entorno de la plaza.

Impacto económico y destino de los fondos

Aunque la finalidad principal de la medida es organizativa y preventiva, el impacto económico también es significativo. Las estimaciones realizadas por los servicios municipales indican que la entrada de 2€ podría generar más de 20 millones de euros anuales.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Roma, estos fondos se destinarán íntegramente a la conservación del patrimonio histórico, la restauración de fuentes monumentales y la mejora de infraestructuras urbanas. Además, la recaudación se sumará a otros ingresos vinculados al turismo, como el impuesto por estancia, que en el último ejercicio aportó alrededor de 200 millones de euros a las arcas municipales.

Las autoridades subrayan también que esta inversión permitirá reforzar actuaciones relacionadas con el mantenimiento del espacio público, la sostenibilidad medioambiental y la mejora de los servicios ofrecidos tanto a visitantes como a residentes, consolidando un modelo de turismo más equilibrado y responsable.

La Fontana di Trevi seguirá siendo un lugar de encuentro, tradición y asombro, pero bajo un modelo que garantice su preservación a largo plazo. Es por ello que el objetivo final es que futuras generaciones puedan seguir admirando la grandiosidad de uno de los símbolos más universales de Roma, en un entorno ordenado, seguro y respetuoso con su extraordinario valor histórico y artístico.

Para información actualizada, comunicados oficiales y detalles sobre el acceso, el Ayuntamiento de Roma recomienda consultar sus canales institucionales y la página oficial de Patrimonio de Roma.

El Ayuntamiento de Logroño ha cambiado el calendario del contribuyente para el año 2026, mediante una resolución de Alcaldía, adelantando el periodo de pago de diferentes impuestos municipales.

Segun ha advertido el PSOE, los cambios para 2026 consisten en adelantar al 5 de febrero el periodo de cobro de la tasa de entrada de vehículos (vados) que estaba establecido para el 5 de marzo, lo mismo con la tasa de agua, alcantarillado y basura del 2o semestre que estaba establecido para el 7 de abril, pasando ahora al 5 de marzo. Asimismo, el cobro del IBI para aquellas personas que lo tengan domiciliado, pasando del 5 de diciembre que está establecido este año al 5 de noviembre para el año 2026.

Desde el Ayuntamiento destacan que la aprobación se haya hecho un mes y medio antes de que empiece el año, lo que consideran es “con previsión suficiente para que los ciudadanos estén informados”. Han puntualizado que la tasa de vados y aguas “se sitúa en los periodos habituales tras el cambio de este ejercicio por la puesta en marcha de la Oficina Virtual Tributaria”. En cuanto al segundo pago del IBI, que se adelanta un mes, justican que se debe “al cierre contable en el Ayuntamiento”.

Sin embargo, para el PSOE es “incomprensible que el PP cambie las fechas de pago que estaban fijadas y programadas hace ya muchos años, y lo haga sin avisar”. En el Ayuntamiento de Logroño recuerdan que el Ayuntamiento cuenta con un Plan Especial de Pagos que permite al contribuyente que voluntariamente lo solicite pagar de forma fraccionada sus recibos municipales en diez cuotas sin recargo alguno.

La Unión de Consumidores de Cantabria-UCC estudiará las ordenanzas municipales de aplicación en la comunidad sobre el conocido como 'tasazo de basuras', que se implantará en 2026, en la defensa de una aplicación “justa para los usuarios, consumidores, y sobre todo, los vecinos de Cantabria”.

La UCC lo ha anunciado este miércoles en un comunicado, en el que ha expresado “disconformidad” con su aplicación ante la falta de criterios unificados entre los distintos ayuntamientos encargados de implementarla y la consiguiente desigualdad territorial que ello supone.

El 'tasazo' se basa en una normativa, la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, en trasposición de una Directiva europea, que postula que el coste total del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sea cubierto por los usuarios bajo el principio de “quien contamina paga”.

En opinión de la Unión de Consumidores, la ley “es clara” por lo que “no resulta de recibo que se vincule la tasa (o precio público) al consumo de agua o al número de personas empadronadas en un domicilio”.

En este sentido, ha defendido que “no deja de ser una suposición” que el consumo de agua vaya ligado a una mayor carga contaminante necesariamente. “Y no deja de resultar un absurdo que se penalice a una unidad familiar por el hecho de que un mayor número de empadronados en un domicilio hagan más uso del agua que otro domicilio donde no hay tantos habitantes”.

Tampoco a su juicio parece técnica ni jurídicamente correcto establecer una tasa o un precio público “en función de suposiciones que no se corresponden con el objeto de la normativa que se pretende cumplir. Pues esto no supone nada más que incumplir la norma en sí, vía ordenanza municipal”.

Igualmente no resulta comprensible para la UCC “que no se tenga en cuenta el principio constitucional de progresividad que debe regir la exacción de cualquier tributo en nuestro país”.

En este sentido las medidas de bonificación a colectivos vulnerables “no dejan de ser parches o bufandas para acallar las críticas de los ciudadanos a una medida injusta y poco o nada acorde al sentido de la ley a la que se pretende ajustar. Mera caridad”, ha considerado.

“Pero sobre la mera caridad no puede constituirse un sistema tributario constitucionalmente adecuado que constantemente califica a los usuarios como menesterosos que deben justificar su propia vulnerabilidad para no verse castigados por la aplicación de una normativa injusta. Tal vez si la normativa fuera justa, no haría falta caridad”, ha abundado.

El 10 de abril de 2022, entró en vigor en España la ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular. La normativa, que tenía como objetivo reducir al mínimo la generación y gestión de basuras, introducía una tasa obligatoria que todos los ayuntamientos debían tener lista en el plazo de tres años, para sufragar el 100% del coste de la recogida, transporte y tratamiento de residuos de los vecinos. Con el plazo cumplido y la nueva tasa funcionando ya en cientos de municipios, diferentes voces alertan ahora de un posible aluvión de reclamaciones por parte de los contribuyentes que pondrá en aprietos a las corporaciones locales.

La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local alertó este martes “severos problemas presupuestarios en las corporaciones locales si prosperara la cascada de denuncias que se avecinan por parte de los contribuyentes”. Este organismo, señaló que en las últimas tres décadas, diversas sentencias del Tribunal Supremo habían aclarado la regulación de estas tasas de residuos, que cobraban algunos ayuntamientos, pero que ahora pasa a ser obligatoria y no puede ser deficitaria.

Estos cambios han provocado “una multitud de criterios distintos en las ordenanzas municipales”, indican los inspectores, que acabarán resolviéndose en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, “a la espera de conocer los criterios que finalmente validará el Supremo”. Es un análisis que comparten también desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), crítica con el desarrollo de la normativa, aunque no con sus objetivos.

“La regulación contenida en la ley era deficiente, porque no contenían los elementos esenciales de la tasa”, explica el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna. La federación fue crítica con la medida, que supone la transposición de una directiva europea de 2018, desde el inicio, porque se aprobó “sin contar con los ayuntamientos” y supone “una vulneración de la autonomía local”. Hasta ahora, algunos municipios optaban por cobrarla, mientras otros sufragaban estos gastos mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o con otras fórmulas.

Esa falta de elementos que los ayuntamientos deben tener en cuenta a la hora de implantar la tasa, indica Martínez-Sicluna, ha provocado que “los alcaldes estén adoptando diversos parámetros, como el valor catastral de la vivienda, el número de personas empadronadas o el consumo de agua”. Unos criterios diferentes que suponen que una “familia tipo va a pagar distinto importe de tasa en una localidad o en otra, lo que provoca una desigualdad”, insiste el secretario general de la FEMP.

La normativa fue aprobada a finales de 2021 con 182 votos a favor —PSOE, Unidas Podemos, PNV, Ciudadanos y Teruel Existe—, 70 en contra —Vox, ERC, PDeCAT y CUP— y las 88 abstenciones de PP y BNG.

La Junta de Gobierno de la Federación ya hizo una declaración institucional en octubre de 2024, en la que anticipaba que la implantación de la tasa generaría “una enorme conflictividad” y derivaría “en un nuevo foco de litigios que contribuirían a engrosar el panorama de incertidumbre que rodea ámbitos de la tributación local”. Unos litigios que, al margen de la incertidumbre por las resoluciones —y la posibilidad de tener que devolver ingentes cantidades de dinero a los ciudadanos—, provocará una gran carga administrativa para estas corporaciones.

A nivel municipal, diferentes organizaciones animan a recurrir esta tasa. “Algunos ayuntamientos están aplicando una fórmula que no cumple con los requisitos que establece la normativa”, explica el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez. Porque la tasa es obligatoria y debe cubrir el coste del servicio, pero las administraciones tienen que implementar protocolos de mejora la recogida, transporte y gestión de los residuos. “No puede ser arbitraria, ni no acompañada de medidas, ni ser meramente recaudatoria”, desarrolla Sánchez.

Los ayuntamientos deben justificar económicamente y desde el punto de vista de mejora medioambiental el importe cobrado, que debe tener en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Además, debe analizarle la capacidad de generación de residuos de cada vecino y poder individualizarse la tasa en base a su comportamiento.

Facua ha elaborado por el momento una guía para reclamar las cantidades cobradas en aplicación de la nueva tasa en ocho ciudades. Son Badajoz, Madrid, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, aunque, como indica Sánchez, “hay multitud de ayuntamientos que están saltándose la norma y el modelo es similar en todos los casos”: la presentación de un recurso de reposición en el plazo de 30 días desde que se recibe la notificación. En cualquier caso, la presentación de este recurso no exime del pago de la tasa, que de resolverse a favor del contribuyente, sería devuelta.

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, publicado a finales de octubre, señalaba que los 17 ayuntamientos con más de 250.000 habitantes preveían aumentar sus ingresos fiscales en 2026 en el entorno del 2%, “tras un crecimiento del 7% en 2025 impulsado por la implantación de la tasa de residuos sólidos urbanos”.

Sin embargo, los presupuestos aprobados para 2025 por las entidades locales indicaban un gasto total en esta materia de 5.325 millones de euros, con unos ingresos por tasas de residuos de 3.488 millones, según los datos de la Fundación ENT, citados por la asociación de inspectores. Esto, señalan en su comunicado, deja un agujero de 2.000 millones de euros, con “un grado de cobertura del 65,5%, todavía lejos del 100%”, para una tasa que, por ley, no puede ser deficitaria.

Los vecinos de Tarazona se van a encontrar estos meses con subidas muy importantes en el coste de servicios municipales básicos como la escuela infantil, las piscinas o el polideportivo. La factura por la guardería se disparará hasta casi un 80% para rentas bajas, mientras que el abono para darse un chapuzón en verano se dispara un 50% en el caso de parejas. El Gobierno municipal del PP justifica el estacazo, aprobado en el pleno del 29 de octubre, en que estas tasas llevaban sin revisarse desde 2012.

El principal incremento proviene de la guardería municipal, donde los padres de niños de entre 0 y 3 años van a ver cómo el recibo pasa en algunos casos de 158 a 239 euros, en caso de disfrutar también de comedor. Este aumento, a partir de la nueva ordenanza recién aprobada, corresponderá a las rentas familiares anuales de entre 15.000 y 18.000 euros, que sin servicio de comida supondrá un 78,74% más (de 75,53 a 135 euros).

Cuantitativamente, el mayor aumento lo van a soportar las familias con ingresos superiores a los 21.000 euros Cuantitativamente, el mayor aumento lo van a soportar las familias con ingresos superiores a los 21.000 euros, donde el recibo pasa de 96 a 170 euros, un 77% más. Detrás están los núcleos familiares a los que llegue una renta entre 18.000 y 21.000 euros, para los que la subida es de 67 euros mensuales, desde los 86 euros previos a los 153 euros a partir de ahora.

A esto se suma que el comedor sube desde los 82,4 euros que figuraban en la ordenanza anterior a los 104 euros de la nueva.

No es la única subida vinculada a la escuela infantil, ya que la actualización de los precios afecta igualmente a la ampliación en una hora del horario de apertura normal, que pasa de 22,6 euros al mes por cada hora a más del doble, 50 euros, o a las horas extras ocasionales, que de 2,1 euros pasa a 5 euros, también más de un 100% de alza.

También hay fuertes subidas en las tasas derivadas de la ordenanza que regula la utilización de las piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.

Sin abono para matrimonios en la piscina

En cuanto a la piscina municipal La Glorieta, entre lo más destacado está que desaparece el abono para matrimonios por 80,3 euros: ahora cada usuario mayor de 16 años tendrá que desembolsar 60 euros, con lo que las parejas verán incrementado el recibo un 50% hasta los 120 euros de la nueva ordenanza.

Las familias se verán asimismo afectadas. Si por ejemplo para un matrimonio con dos hijos menores el abono de temporada para la piscina hasta ahora se podía quedar en unos 120 euros, el próximo verano tendrán que pagar 166 euros, si los descendientes tienen entre 6 y 15 años. Las entradas simples y los bonos de diez también experimentan fuertes subidas.

Lo mismo sucede con el acceso a los pabellones cubiertos o los campos de fútbol, para los que desaparecen las tarjetas familiares y que ahora habrá que pagar de manera individual, con costes conjuntos mucho mayores.

Menos acusadas son por ejemplo las subidas en la escuela de natación (de 6 meses a 17 años) o en la natación de adultos (desde los 18 años), que de 20,6 euros al mes para los abonados pasa a 23 euros.

La primera teniente de alcalde y delegada municipal de Economía y Hacienda en el Consistorio turiasonense, Ana Cristina Sainz, ha asegurado a este periódico, en línea con lo expresado en el pasado pleno del 29 de octubre, que la razón para semejantes aumentos está en que “desde 2012 no se habían tocado las tasas”.

Déficit de “más de 430.000 euros al año”

Respecto a la escuela infantil, la también exdiputada autonómica recuerda que arrastra un déficit anual de “más de 430.000 euros”, debido a que “se han ido incrementando los salarios o los gastos de mantenimiento”. “Acercamos la tasa a la realidad económica actual, mantenerla sería insostenible”, explica.

También destaca como “cuestión importante” que “las familias se deducen casi el 100%” del pago en la declaración de la renta, aunque lo cierto es que la deducción autonómica solo alcanza el 15% de las cantidades satisfechas, con un máximo de 250 euros para los menores de 3 años y de 125 euros si en ese periodo impositivo el pequeño han cumplido esa edad.

En relación con las piscinas y el polideportivo, al mismo argumento se suma que “la ordenanza anterior era complejísima, con 138 precios distintos que había que simplificar. Había que darle una revisión completa para que sea todo más eficiente”.

“Los ayuntamientos tenemos que cumplir las reglas fiscales, y debemos adecuar los défitis a la realida económica del servicio”, argumenta para terminar Ana Cristina Sainz.

“El PP ha mentido a los vecinos”

Mientras, el grupo del PSOE afeó en el pasado pleno al Gobierno del PP que contraviniera su anuncio público de “mejorar” las ordenanzas con “nuevas bonificaciones”. “Nada más lejos de la realidad: están actualizando las ordenanzas, pero los precios que pagan los ciudadanos son cada vez más altos, en la ocupación de la vía pública, en polideportivo y piscinas, en la ludoteca o en la que toca ahora, la escuela infantil”, lamentó el concejal socialista Juan Antonio Calvo.

“Traducido al lenguaje castellano, el PP ha mentido a los vecinos, y vivir en esta ciudad cada día les cuesta más dinero”, denuncian los socialistas, que inciden además en que el Ayuntamiento cuenta “con más dinero que nunca llegado de otras instituciones”, entre tributos del Estado o los ingresos extraordinarios provenientes de la Diputación Provincial Zaragoza.

“Si contamos con más recursos y a la vez estamos subiendo los impuestos a los vecinos, ¿qué estamos haciendo con el dinero?”, se pregunta el PSOE para concluir.

El Ayuntamiento de Binéfar va a aprobar en el pleno de este jueves una importante revisión de las tasas municipales que supondrá un incremento del 100% en el precio del agua y del 50% en la tasa de recogida de basuras. El Gobierno municipal, del Partido Popular, justifica ambas medidas en la necesidad de ajustar los precios al coste real de los servicios y en el cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados.

En el caso del suministro de agua, el metro cúbico pasará de costar 0,05 a 0,10 euros, mientras que la cuota de mantenimiento semestral subirá de 26,58 a 32 euros para los usuarios domésticos. “El agua nos cuesta 10 céntimos el metro cúbico y la cobrábamos a cinco; la cobraremos al mismo precio que nos cuesta a nosotros, sin tener en cuenta el resto de gastos de potabilización o depuradora”, explica la alcaldesa, Patricia Rivera, quien recuerda que esta tasa “llevaba muchos años sin tocarse”. La regidora añade que el servicio “se está mejorando de forma continua” y que actualmente “se han hecho obras y se va a acometer un segundo canal de abastecimiento de aguas, porque solo había uno”.

Respecto a la recogida de basuras, la tasa aumentará un 50%, de manera que las viviendas unifamiliares pasarán de abonar 84,90 euros al año a 127,35. Rivera subraya que este incremento “es por la ley, que nos indica que debemos aproximarnos al coste total del servicio de recogida; es de obligado cumplimiento”. La comarca de La Litera es la encargada de prestar este servicio, cuyo coste —según señala el Ayuntamiento— se ha incrementado notablemente en los últimos años.

No es la primera subida en este concepto: en noviembre de 2024 el Consistorio ya aplicó un aumento del 35%, que el entonces concejal de Hacienda, José Miguel Burillo, calificó de “necesario para adaptarse a la Ley 7/2022 de residuos y para que la tasa se equipare a su coste”. Con la nueva actualización, se completa la adaptación prevista por la normativa estatal.

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, obliga a los municipios a que las tasas de recogida cubran el coste íntegro del servicio. Esta norma transpone al ordenamiento español la Directiva europea 2018/851 y forma parte del paquete de medidas de la Estrategia Europea para el plástico en una economía circular. Su objetivo es reducir la generación de residuos y promover modelos de consumo sostenibles, con metas de reducción del 13% para 2025 y del 15% para 2030 respecto a los niveles de 2010.

Las propuestas económicas han pasado ya por comisión informativa y se someterán a votación en el próximo pleno municipal. “Una es por ley y la otra, una adaptación a los servicios que tenemos”, resume la alcaldesa.

Críticas a la ley

Desde el PP se ha criticado duramente esta ley y se ha defendido a los ayuntamientos que “están obligados a aplicarla”: “Hasta ahora, los municipios podían decidir libremente cómo financiar ese servicio, bien mediante tasas, fondos propios o subvenciones, pero esta ley suprime esa autonomía y convierte un tributo local potestativo en una obligación estatal”. Esta misma semana, el presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha utilizado esta cuestión para criticar al Gobierno central.

“Nos encontramos ante un problema que afecta al conjunto de Aragón, y es la tasa socialista de basuras que pretenden imponer en todos los municipios. El Gobierno de Sánchez ha sacado una ley para obligar a los ayuntamientos a lanzar una mayor presión fiscal sobre los vecinos, utilizando a los consistorios como escudo político” ha manifestado el presidente provincial. Ha asegurado que “el Partido Popular está absolutamente en contra de esta tasa de basuras impuesta por Sánchez. En cuanto lleguemos al Gobierno, nuestro compromiso es revertirla. Mientras tanto, tenemos que aprobarla en los plenos porque la ley nos obliga, pero no vamos a dejar de denunciar esta injusticia”.

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado esta mañana el Proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2026, que incluye nuevas reducciones de impuestos como el IBI o la plusvalía; la congelación de tributos como el IAE, el ICIO o el de vehículos de tracción mecánica; la consolidación y ampliación de las bonificaciones fiscales; o la simplificación de trámites administrativos gracias a la nueva Administración electrónica.

El concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, ha presentado el proyecto que, según ha destacado, se basa en los siguientes ejes: “aminorar la carga impositiva, congelación de tributos, consolidación y ampliación de bonificaciones fiscales y simplificación de trámites administrativos”.

“Se articula en torno al crecimiento económico y el bienestar social, poniendo en el centro a las familias y al tejido empresarial logroñés”, ha añadido el edil.

El IBI alcanza un descenso acumulado de dos puntos en tres años

En el ámbito impositivo, las nuevas ordenanzas fiscales reducen de nuevo en medio punto el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pasa de 0,575 a 0,57 puntos.

“Una reducción que, sumada a la realizada en los dos años anteriores, supondrá un descenso acumulado de dos puntos, que se traduce en un ahorro directo al bolsillo de los logroñeses de 1,3 millones de euros en los que va de Legislatura”, ha destacado el concejal de Administración Pública.

Además, se establece una bonificación del 40 por ciento en la cuota íntegra del IBI para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.

Una reducción que también se apreciará tributo conocido popularmente como plusvalía, que de nuevo descenderá en un 2,5 por ciento en los coeficientes que corresponda aplicar (según las tablas de ámbito nacional) para el cálculo del incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana en procedimientos tras la venta de una finca o propiedad inmueble. “Llegamos así a una reducción del 7,5 por ciento en tres años”, ha añadido el concejal Francisco Iglesias.

Por su parte, tributos como el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica continuarán congelados con respecto a las ordenanzas actuales.

El Proyecto de Ordenanzas Fiscales mantiene todas las novedades introducidas en 2024 y en 2025, centradas en el apoyo a las familias, el fomento de la actividad económica y las acciones de carácter ambiental.

Entre ellas se encuentran, por ejemplo, bonificaciones de hasta el 95 por ciento del IBI para locales en los que se desarrollen actividades económicas y se hayan visto afectadas por la realización de obras de titularidad municipal en la vía pública; bonificación del 50 por ciento del IBI a inmuebles en los que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos; bonificación del 95 por ciento en el IAE sobre la cuota de cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias; del 50 por ciento sobre la cuota, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes; del 40 por ciento sobre la cuota mínima municipal en aquellos casos en que la actividad ejercida en el inmueble se haya visto afectada por obras realizadas en la vía pública con una duración superior a tres meses; o los porcentajes de bonificación por tipo de carburante en vehículos de autónomos de determinados epígrafes del IAE.

Las familias monoparentales o equiparadas continuarán teniendo el mismo tratamiento fiscal que las familias numerosas en las actuales Ordenanzas del Ayuntamiento de Logroño.

Entre las novedades del proyecto, destaca una nueva bonificación del 10 por ciento de la cuota íntegra del IAE de aquellas empresas que, sin estar obligadas (menores de 50 trabajadores), destinen parte de su presupuesto a elaborar y aprobar un Plan de Igualdad. Con el objetivo de facilitar la tramitación de estos beneficios fiscales, el Proyecto de Ordenanzas Fiscales propone continuar apostando por la digitalización y la simplificación de trámites gracias a la puesta en marcha en el último año de las primeras fases de la Administración Electrónica municipal.

Tasas y precios públicos, acordes con el IPC

Respecto a las tasas y los precios públicos, el Proyecto de Ordenanzas Fiscales plantea su actualización conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de agosto, un 2,7 por ciento, con el objetivo de adecuarlas al coste de los servicios públicos, como el servicio municipal de agua y alcantarillado, los vados o los derechos de examen para una oferta de empleo público, entre otros.

Cambios importantes en la polémica tasa de basuras que este año ha empezado a cobrar el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno de Almeida introducirá nuevos parámetros “que aportarán mayor equidad y seguridad jurídica en su cálculo”. El principal será tener en cuenta el número de empadronados en la vivienda para el cálculo de la tarifa en los inmuebles de uso residencial.

El consistorio establecerá tarifas distribuidas en diez tramos (desde una persona empadronada a diez o más) en función del número de residentes legales en el inmueble a 1 de enero de 2026. Este cálculo será integrado en la Tasa de Gestión de Residuos (TGR), que también se calculará con las actuales tarifa básica y la tarifa por generación.

Otra de las novedades incluidas en las ordenanzas es la referida a los garajes de uso industrial, destinados en su totalidad a uso residencial, a los que se les exime del pago de la tasa siempre que el interesado presente una declaración responsable que lo justifique.

De la misma manera, las viviendas vacías y los locales donde no se desarrolle actividad alguna sólo pagarán la parte correspondiente a la tarifa básica por disponibilidad del servicio, pero deberán acreditar anualmente que se mantienen en esta situación. Para el control de las viviendas vacías, se contará con la información del padrón municipal.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid aplicará la reducción en la cuota a las familias numerosas, similar a la que existe en el IBI, que tendrá en cuenta el valor catastral de la vivienda y la categoría del título de familia y mantendrá, para todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción, una reducción del 100 % del pago de la cuota.

Ligero aumento en el recibo medio

Para el cálculo de la tarifa básica se ha tenido en cuenta el dato del valor catastral individual de cada vivienda o local, mientras que para la de generación, se ha tomado en consideración la cantidad de residuos generados y el porcentaje de calidad de la separación de cada uno de los 131 barrios de la ciudad, aportado por el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Atendiendo a estos criterios, en Madrid, el recibo medio de la tasa de recogida para el año 2026 será de 142,6 euros, algo superior a los 141 euros que se está cobrando en el año 2025 (con importantes diferencias entre los barrios). El número de inmuebles que pagarán la tasa está en torno a 1,7 millones. Como ocurre ahora, el próximo año no tendrán que hacer efectiva la tasa los garajes y trasteros asociados a una vivienda porque no generan residuos. Tampoco los solares ni los edificios en estado de ruina.

Por otra parte y siguiendo el principio de quien contamina paga, el sujeto pasivo de la tasa será quien realmente genere el residuo. Pero como es imposible conocer qué personas lo generan en cada vivienda o local, la tasa la deberá abonar el sustituto del contribuyente, que será el propietario de la vivienda o local, quien podrá repercutirla, en el caso en el que esté previsto en el contrato de arrendamiento, en el inquilino.

Además, en este segundo año de vigencia de la tasa, los contribuyentes podrán acogerse a la modalidad de Pago a la Carta, lo que puede suponerles una reducción en la cuota del 5 %, con un límite de 15 euros en el ahorro.

El consistorio calcula que en 2026 ingresará unos 300 millones de euros por esta tasa, frente a los 256 millones que preveía reacudar este año. También recuerda el Ayuntamiento que no ha incluido dentro de estos gastos el coste de los servicios de limpieza de calles, como sí han hecho otros municipios. Por tanto, no se han imputado a la tasa más de 340 millones de euros por este servicio.

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida es el que cobra este impuesto, que ingresa directamente en sus arcas. Aunque lleva todo el año recordando “no está de acuerdo con esa tasa, ni en el fondo ni en la forma”, ya que debe aplicarla debido a un cambio legislativo del Gobierno central, que insta a repercutir en los ciudadanos el coste real del servicio. Pese a las críticas desde Cibeles a una modificación que tildan de “sanchazo”, el propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid reclama explícitamente “el establecimiento de la tasa de residuos” en su Estrategia de Residuos.

La oposición critica la tasa actual

Tanto Más Madrid como PSOE han reclamado al Ayuntamiento que cambie la actual tasa de basuras, relacionándola con la reducción en el IBI aprobada este también este jueves. “Bien podría destinar los millones que se ahorran los vecinos de Núñez de Balboa a mejorar la limpieza de esta ciudad, sobre todo en los barrios del sur”, ha reprochado la edil de Más Madrid Sara Ladra. La concejala afea que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida “puede seguir bajando impuestos a los que más tienen” a costa del 'tasazo' a todos los madrileños “porque cada vez recibe más ingresos del Gobierno” y que suponen “casi el 40% del presupuesto del Ayuntamiento”.

Por ello, la edil ha insistido en la retirada de la tasa de residuos, una petición que Más Madrid defenderá “en el Pleno de Cibeles, en la calle y en los tribunales”. “Queremos que Almeida devuelva lo cobrado y que se elabore un nuevo texto que tenga en cuenta el principio de quien contamina paga, los criterios de progresividad por renta y criterios de reequilibrio”.

La concejala socialista Enma López ha instado al área de Hacienda a “corregir injusticias” como la tasa de basuras de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), que PSOE llevará al próximo Pleno ordinario para que tributen “como lo que son, negocios y no viviendas”. Del mismo modo, la edil ha pedido que se tenga en cuenta la renta de la vivienda --en el caso de las familias vulnerables o las que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV)-- en la misma tasa de residuos. “Porque no genera lo mismo alguien que tiene mucho dinero que alguien que tiene poco”, ha afirmado.

Finalmente, ha cargado contra el “sistema de medias” de la tasa de residuos diseñado por el Ayuntamiento que hace que “paguen justos por pecadores”. “Seguiremos trabajando para que de verdad en Madrid haya una tasa justa. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Almeida?”, ha concluido López.

“Una familia de clase media de Logroño va a pagar el próximo año una mayor factura fiscal (impuestos + tasas) que los que abonó en 2023 con el Partido Socialista gestionando la ciudad”. Así lo aseguran los socialistas quienes recuerdan que el PSOE, “con el rechazo del PP, redujo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 0,60 al 0, 59 por ciento, un punto”. Una bajada, dicen, “mucho mayor de la que ahora Escobar quiere vender, que es solo de medio punto lo que supone una rebaja media de apenas cuatro euros por recibo”.

Además, recuerdan el incremento de la tasa de basuras. Una subida “importante en esta legislatura ya que una familia media pagará el próximo año un 62 por ciento más de lo que lo hacía en el 2023, es decir una media por recibo de 66 euros más”. Además, la propuesta de nuevas ordenanzas fiscales para el año 2026 “consolida el aumento de la tasa de basuras y del agua en un 2,7 por ciento, lo que va a suponer un incremento en los ingresos del Ayuntamiento de más de cinco millones de euros más que en el año 2024”.

De esta manera, el próximo año la presión fiscal de cada ciudadano de Logroño va a experimentar una subida del 4 por ciento respecto al año 2023, “lo que va a incrementar el pago medio de las familias logroñesas al Ayuntamiento de Logroño en 20 euros más de media al año”. Las familias logroñesas, aseveran, “van a acabar pagando más impuestos y tasas que en la legislatura pasada demostrando que Conrado Escobar vuelve a incumplir con su compromiso que realizó durante la pasada campaña electoral del año 2023 de reducción de la factura fiscal en un 10 por ciento”.

Escobar y el PP engañaron a los ciudadanos en la campaña electoral Así, se demuestra que Escobar y el PP engañaron a los ciudadanos al anunciar que si gobernaban “iban a reducir un 10% la factura fiscal en todas las modalidades (impuestos y tasas) a todas las familias y con carácter retroactivo”.

Los socialistas recuerdan que el pasado mes de julio denunciaron que el incremento de la tasa de basuras “era una decisión de Conrado Escobar y del PP de Logroño, ya que son los que han decidido la fórmula elegida para calcular el pago de este impuesto. Y es que esta fórmula esbozada por Escobar no tiene en cuenta ni la basura que se genera ni el reciclaje que realiza cada familia, alejándose así del principio de quien más contamina más paga”. Por ello exigieron que se buscaran “sistemas más justos” para el pago de esta tasa, así como que se realizaran campañas para incrementar el uso del contenedor marrón, “ya que su uso determina en buena parte el coste del servicio”.

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista propuso bonificar este impuesto a aquellas personas que presenten menos recursos económicos. No lo hicieron. Ante este aumento de los impuestos y el reflejo de las promesas incumplidas por parte de Escobar, el PSOE va a estudiar la propuesta de ordenanzas fiscales y realizara enmiendas a las mismas para garantizar una fiscalidad más justa.

“Basta de mentiras”, dice el PP

“Basta de mentiras”, respondido el PP. Y es que los populares dicen que el PSOE llegó al Gobierno local con un IBI de 0,57 puntos. “Ese mismo año lo subieron hasta 0,60, una subida de tres puntos que mantienen hasta el final de la legislatura, cuando lo bajan al 0,59, cerrando la legislatura con una subida neta de dos puntos”. El PP llega al Gobierno de Logroño con el IBI en 0,59 puntos y el “primer año anuncia una bajada de un punto, hasta el 0,58. En 2024 se anuncia otra reducción, de medio punto más, alcanzando 0,575 puntos. Finalmente, este año hemos anunciado que en el año 2026 volverá a ser de 0,57 puntos. Es decir, hemos deshecho el desastre socialista recuperando el IBI del año 2019”.

Por todo ello tildan de “tremendamente indignante” las palabras del portavoz del PSOE que “quiere confundir a la ciudadanía con mentiras que ni él mismo se cree. Es de tener un valor y una desvergüenza inconmensurable querer vender hoy a los logroñeses que el PSOE bajó el IBI más que el Partido Popular cuando los datos están a golpe de ratón”. Exigen una rectificación pública.

Los primeros cobros de la tasa de basura que acaba de volver a cobrar el Ayuntamiento de Madrid están llegando estos días a sus ciudadanos. Las liquidaciones se han de abonar en función del día de notificación y en cualquier caso se pagan antes de que acabe el año en un solo plazo, según informó el área de Hacienda.

Coincidiendo con esta campaña de cobros, Más Madrid acaba de iniciar una campaña de reclamaciones, poniendo a disposición de los ciudadanos un modelo para exigir el reintegro la tasa, por considerar que “no se ajusta a la ley” y que además, “está mal diseñada”. De momento ha compartido la idea con las 5.000 personas que firmaron en su página contra la tasa, y ofrece en su web un recurso tipo para presentar ante la administración. Cualquier ciudadano puede recurrir el importe del recibo, tanto si afecta a una vivienda o a un local comercial. El partido advierte, no obstante, que para poder reclamar primero se ha de abonar la tasa.

El portavoz en funciones del partido, Eduardo Rubiño, justifica las reclamaciones: “Igual que nos opusimos a la tasa votando en contra en el pleno de Cibeles, e igual que la hemos llevado a los tribunales porque creemos que no se ajusta a la ley, le decimos a los madrileños y madrileñas que pueden recurrir el basurazo de Almeida ellos mismos y ponemos a su disposición un modelo de recurso. Por eso iniciamos esta campaña”, afirma en declaraciones a este periódico.

“Almeida está ya cobrando su tasazo de basuras, diseñado injustamente y sin que un solo céntimo de los 300 millones que va a ingresar se destine a mejorar el servicio”. “De hecho, Madrid está, cada vez más, hecho un asco mientras el alcalde solo piensa en pasar el cazo y recaudar. No tiene empacho en echarle la culpa al Gobierno de España por una ley estatal, cuando la realidad es que el diseño concreto y la gestión de la tasa es obra 100% suya, como lo es que hasta él admite que hay un problema de suciedad en Madrid”, añade.

Para la presentación del recurso es necesario hacerlo en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, apartado de reclamaciones económico-administrativas, adjuntando el recibo de la tasa y sin que haga falta la asistencia de un abogado. El plazo de presentación del recurso es de un mes desde la notificación de la liquidación.

El pasado mes de mayo, Más Madrid presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para intentar anular la tasa, esgrimiendo entre sus razones un “error” de cálculo y otros argumentos también recogidos en el modelo de recurso que ofrece a los ciudadanos. En su denuncia, la formación apunta a que el impuesto, por el que los residentes pagarán unos 141 euros anuales de media por la limpieza de las calles, es injusto. Y “está mal concebido” a nivel legal.

“El Ayuntamiento ha usado la figura de tasa regulada con una ordenanza fiscal, cuando en realidad el servicio de recogida de residuos no se presta con una gestión directa municipal, sino que está privatizado, y eso hace que debiera haberse regulado con otro tipo de ordenanza (general) como prestación patrimonial de carácter público”, apunta Rubiño. “No es un mero tecnicismo, es lo que ha hecho por ejemplo que el Ayuntamiento de Ciudad Real haya visto su propia tasa tumbada en los tribunales”.

Más Madrid considera que la tasa es “una chapuza” porque en algunos barrios se incluyen residuos que no proceden de lo que se genera en las viviendas“ sino de otras actividades del barrio, por ejemplo el impacto del turismo, duplicando la tasa que van a tener que pagar. Y no incentiva una gestión más sostenible de los residuos, porque si reciclas bien o si vas al punto limpio, pagas lo mismo que si no lo haces”. También lamentan en el partido que no se incluya progresividad, “con bonificaciones por el nivel renta o para familias monomarentales”.

Una tasa inesperada para la mayoría

El pago de la tasa de basuras supone un desembolso inesperado para muchos madrileños que no esperan esta tasa por llevar desaparecida desde hace más de diez años -el consistorio la integró en el IBI con Ana Botella como alcaldesa-. En función de los barrios los importes medios varían entre los 47 euros de lugares como San Cristóbal (Villaverde) a los 574 de otros como Aravaca. La cifra final de cada recibo, sin embargo, la conoce cada madrileño cuando le llega la correspondiente notificación municipal.

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida es el que cobra este impuesto, que ingresa directamente en sus arcas. Aunque lleva todo el año recordando “no está de acuerdo con esa tasa, ni en el fondo ni en la forma”, ya que debe aplicarla debido a un cambio legislativo del Gobierno central, que insta a repercutir en los ciudadanos el coste real del servicio. Pese a las críticas desde Cibeles a una modificación que tildan de “sanchazo”, el propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid reclama explícitamente “el establecimiento de la tasa de residuos” en su Estrategia de Residuos.

Entre las excepciones al pago de la tasa están los garajes y trasteros asociados a una vivienda, porque no generan residuos, ni los solares y edificios en estado de ruina. Las viviendas vacías y los locales donde no se desarrolle actividad solo pagarán la parte correspondiente a la tarifa básica por disponibilidad del servicio, pero deberán acreditar anualmente que se mantienen en esta situación.

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Rodezno ha advertido a su Ayuntamiento del cobro “irregular” de la tasa de agua y basuras correspondiente al segundo trimestre del actual ejercicio, derivada de la modificación de una ordenanza fiscal aprobada definitivamente y publicada en el BOR el día 22 de enero de este año, y consecuencia “del confiscatorio e injusto tasazo impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Tal y como denuncia la concejal portavoz del Partido Popular, Laura Canta, al amparo de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, “cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, dicho devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal”.

Canta recuerda que la normativa “dice claramente que la ordenanza fiscal de una tasa siempre entra en vigor cuando se publica íntegramente en el BOR, pero esa no es la fecha en la que puede comenzarse a aplicar, ya que en el caso de la tasa que grava aguas y basuras en nuestro municipio, que es un servicio que se presta de forma permanente todo el año, el devengo debe ser anual y efectuarse a 1 de enero de cada año, con independencia de la periodicidad del cobro que tengan acordada”.

Así las cosas, la concejal portavoz del Partido Popular solicita que, “de manera inmediata, y en cumplimiento del artículo 26.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Rodezno rectifique todos y cada uno de los recibos, aplique la tasa correcta y legal durante todo el 2025, que es la anterior a la modificación aprobada en enero de este mismo año, y devuelva a los vecinos lo cobrado irregularmente, puesto que, de no hacerlo, solicitaremos amparo a instancias superiores en la materia”.

Se da la circunstancia de que el actual equipo de Gobierno del Partido Socialista “desalojó de la alcaldía al Partido Popular mediante una moción de censura, aprovechando el desgraciado y trágico fallecimiento de un concejal del PP, a pesar de que, en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, el Partido Popular obtuvo cuatro de los cinco representantes de la Corporación”.

Entonces, la candidata más votada, Noemí Manzanos, “renunció a la alcaldía para pasar a integrarse en el Gobierno regional y cedió la vara de mando a Laura Canta, quien, hasta el pasado 16 de julio, trabajó sin descanso por el municipio con responsabilidad y dando cumplimiento a numerosos compromisos adquiridos en el programa electoral del PP”. Hoy, “el mismo equipo de Gobierno que se hizo con la alcaldía mediante una moción de censura y amparándose en excusas torticeras derivadas exclusivamente de su insaciable afán de poder, demuestra a sus vecinos su clamorosa incapacidad para gestionar los recursos municipales, algo que nunca antes había sucedido con un equipo de Gobierno municipal del PP”, ha concluido.

El gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla se encamina a un tercer 'no' de la oposición en bloque a la nueva tasa de basuras, que desde abril de 2024 es obligatoria por una ley estatal que transpone un mandato de la Unión Europea. El equipo de José Luis Sanz (PP) no hace más que marcar distancias con este impuesto, insistiendo en que si fuese por ellos no se aplicaría, por lo que no está poniendo especial interés en aprobarlo: ni lo negocia con el resto de grupos ni acepta sus enmiendas.

La repetición de este bucle se ha vivido en la comisión de Hacienda que este miércoles abordaba las enmiendas presentadas a las ordenanzas fiscales, en las que varios de los puntos se centraban en esta nueva tasa. Ha habido debate, pero no margen de maniobra: el PP ha tumbado todas las propuestas de PSOE y Podemos-IU, con la alianza de Vox (los populares no tienen mayoría absoluta) que, eso sí, no deja de pregonar que también votará en contra del nuevo recargo por los residuos cuando llegue el momento de abordarlo.

Las ordenanzas fiscales del PP, por lo tanto, irán al pleno municipal tal y como las ha dibujado el gobierno local, sin cambiar ni una coma pese a que el propio Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ya dijo en su informe que va a aumentar la presión fiscal en la capital. Los populares se agarran a que lo congelan todo y a que bajan el IBI un 1%, pero el CESS alertó de que al final se va a producir un incremento impositivo “importante” porque la nueva tasa de basuras –con la que se aspira a recaudar 40 millones de euros– “diluye” todo lo demás.

'No' a asociar el pago al IBI

Una de las propuestas del PSOE, de hecho, pedía la retirada de la propuesta de esta tasa de basuras (que se suma a la que se paga en la actualidad) para abordar un nuevo estudio económico y consensuar entre todos los grupos políticos un nuevo proyecto. A esto añadía la petición de que, al menos, se exima temporalmente de este nuevo pago a los vecinos afectados por los continuos cortes de luz, algo que se ha convertido en “cotidiano” –según la portavoz adjunta socialista, Sonia Gaya– en numerosos barrios obreros.

Podemos-IU, por su parte, solicitaba por medio de su portavoz, Ismael Sánchez, que el importe de la tasa se vincule fundamentalmente al IBI, con una variable adicional ligada al consumo de agua. El sistema que ha ideado el gobierno local se asocia al volumen de basura que se recoja en cada distrito, lo que hará que haya sensibles diferencias en la factura en función de la zona de la ciudad en la que se viva.

El PP ha dicho que 'no' a todo, a lo que se le ha sumado Vox pero por una cuestión muy diferente, que ha verbalizado su portavoz, Cristina Peláez: “No vamos a apoyar enmiendas a la tasa de basura porque la queremos tumbar y no queremos poner esto en riesgo”. El gobierno local conoce ya desde hace meses que no va a contar con el apoyo de la formación de ultraderecha para esta cuestión, pese a lo cual no se ha esmerado precisamente en entenderse con PSOE y Podemos-IU.

“No tenemos nada que ver”

Así que el PP tiene ahora mismo a Vox como aliado en prácticamente todo, pero no precisamente para sacar adelante esta cuestión obligatoria, que el gobierno municipal considera que viene impuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), de ahí que cada vez que puede le pone la etiqueta de 'tasa Sánchez'. Y es que, aunque es un mandato europeo, el equipo de José Luis Sanz considera que el Ejecutivo central debió asumirla directamente pero optó por cargársela a los ayuntamientos.

“Si hubiera sido por nosotros esta tasa no existiría y no la hubiéramos traído nunca, no tenemos nada que ver”, ha repetido el delegado de Hacienda, Juan Bueno, que ha recordado que ya le han tumbado dos veces una propuesta para aprobarla. El Ayuntamiento ha asumido el coste “a pulmón” hasta ahora, pero la propia ley exige que se le cargue a los propios ciudadanos para que tenga un verdadero efecto disuasorio.

El problema es que esto choca con que, según el PP, a día de hoy no existen herramientas para saber qué volumen de residuos produce cada hogar o negocio en Sevilla. De ahí su propuesta de vincular la tarifa a la producción de basura por distritos, lo que ha conseguido que el malestar vaya con barrios con una tasa a la que, el año pasado en el primer dictamen, ya pusieron reparos no sólo el CESS, sino también el secretario y la interventora municipales. La conclusión generalizada es que no paga más quien más contamina y que, además, existe el riesgo de tributar dos veces por lo mismo.

El incremento “importante” en la presión fiscal que va a suponer la tasa de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos y sanitarios, contemplada en la propuesta de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Sevilla, “diluye” la bajada del 1% en los tipos impositivos del IBI, “que es la otra gran modificación que incorpora el proyecto”.

Así se destaca en el dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), consultado por Europa Press, que en el apartado de la conocida como tasa de basura señala que se establece una cuota fija “que mantiene como base para la fijación el consumo de agua en uso residencial y la superficie de actividades empresariales, sin considerar los residuos que genera”.

De este modo, “no se está incentivando el esfuerzo de los hogares y negocios por reducir los residuos y proceder a su separación en origen, por lo que no se lleva a la práctica el principio de quien contamina paga”.

Duplicar el importe de la tasa de basuras

“El resultado desde el punto de vista de la repercusión fiscal del ciudadano va a suponer, en muchos casos, duplicar el importe de la tasa de basuras, o lo que es lo mismo, lo que antes se abonaba en dos meses, ahora se hará en uno. Y ello, con, relativamente, mínimas diferencias en función del distrito en el que se halle el domicilio o local”.

Para este órgano, siendo conscientes de que la normativa estatal vigente no contempla “expresamente” la posibilidad de establecer exenciones en estos casos, “es necesario instar a que se analice alguna vía que permita contemplar un régimen de bonificaciones u otros mecanismos compensatorios, con el fin de evitar una duplicidad en los costes del servicio”.

Considera el CESS que si bien “objetivamente” la modificación en el IBI “beneficia en igual proporción” a la ciudadanía en general, “no se trata de una rebaja de tipos especialmente significativa que vaya a tener una repercusión en la economía de los ciudadanos”. En este sentido, remarca el citado dictamen, la reducción “será menos significativa para los propietarios de inmuebles más humildes, y por tanto, de menor valor catastral”.

La bajada en el IBI implica una merma de ingresos para el Ayuntamiento superior a 1,68 millones de euros, según fija el CESS, “suma que podría contribuir a mejorar los servicios públicos municipales”, ya que el ahorro tributario para el ciudadano “no va a ser significativo salvo en el caso de grandes propietarios”.

Reducciones “adecuadas” en otras tasas

Para el Consejo Económico y Social, es “totalmente adecuada” la reducción de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de exámenes, “a la luz de lo establecido en la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y la Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas.

El CESS también ve “correcto” tanto la ordenanza reguladora de la tasa por otorgamientos de licencias y autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos –“toda vez que acompasa la norma tributaria a la modificación ya introducida de establecer el visado de la licencia de autotaxis con una periodicidad cuatrienal, en lugar de anual, como era antes”– como la tasa por la prestación del servicio de mercado.

A la propuesta de ordenanzas fiscales del Consistorio hispalense ha respondido el sindicato CCOO, que “no comparte la visión simplista que insiste en que bajar impuestos es siempre positivo para la clase trabajadora. Esa narrativa, defendida por sectores empresariales, oculta una verdad fundamental: cuando se debilita la recaudación, quien sufre las consecuencias es la mayoría social. Porque lo que se deja de ingresar por arriba termina traduciéndose en recortes de servicios o en un deterioro de su calidad”.

No hay un “alivio fiscal”

Además, añade el sindicato, no se puede hablar de “alivio fiscal” cuando “lo que en realidad ocurre es un trasvase: lo que el Ayuntamiento o la Junta dejan de recaudar por arriba se compensa después subiendo tasas indirectas, encareciendo precios públicos o recortando inversiones en barrios obreros”.

“El verdadero ahorro para una familia trabajadora no es pagar unos euros menos de IBI, sino no tener que pagar 400 euros al mes en una residencia privada para mayores por falta de plazas públicas”, ha esgrimido CCOO.

En cuanto a la tasa de basura, “puede parecer una carga más, pero debemos decirlo claro: la recogida y el tratamiento de residuos tienen un coste real, que debe financiarse para garantizar una Sevilla limpia, sostenible y justa”, destaca el sindicato. “Pretender que este servicio se financie con menos ingresos fiscales solo llevaría a dos caminos: privatizarlo o degradar la calidad del mismo”.