El Sector Público Institucional Autonómico (SPA) de Castilla-La Mancha no cumple de forma correcta con su obligación legal de aportar datos actualizados sobre su funcionamiento y además carece de una regulación clara para la clasificación y delimitación del sector público institucional y hay un abuso de los contratos menores.

Hay hasta 13 organismos o entidades públicas de Castilla-La Mancha que, o no han actualizado sus datos o no los han validado.

Así lo recoge el informe definitivo de fiscalización del sector público autonómico, correspondiente al ejercicio 2022, y que se publica hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El informe lo emite la Cámara de Cuentas castellallanomanchega que preside Fernando Andújar y fue aprobado el 27 de noviembre.

El informe de fiscalización es especialmente crítico con el cumplimiento de la ley en materia de remisión de información, organización y transparencia. Analiza 40 entes que componen el Sector Público Autonómico (SPA) castellanomanchego, desde las Consejerías del Gobierno y el Consejo Consultivo, además de los organismos autónomos, que son cinco, las entidades de derecho público que son tres, las fundaciones públicas que llegan a 11 y las empresas públicas que suman ocho. Además, se analizan otras instituciones públicas como la Universidad de Castilla-La Mancha y las entidades vinculadas o dependientes de ella.

El informe también detalla deficiencias en la remisión de expedientes y resúmenes de contratos y eso, dice la Cámara de Cuentas, afecta a la obligada transparencia del sector público.

¿Qué entes u organismos incumplen?

El informe contiene hasta 23 conclusiones que ponen de manifiesto los defectos del sector público en Castilla-La Mancha. Por un lado se incumple el deber de remisión de información relativa a los contratos, tanto en los preceptivos envíos de las Relaciones Anuales Certificadas (RAC) y los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC).

En general hay un bajo cumplimiento en este aspecto. De los 40 entes que conforman el SPA y que son objeto de fiscalización, solo 30 (el 75%) han cumplido con el deber de remisión de las Relaciones Anuales Certificadas, tal y como lo requiere la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Y luego hay incumplimiento total de 10 entidades que representan el 25% del sector público autonómico porque no han enviado nada. Entre ellas se incluyen la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (INNOCAM) y varias fundaciones públicas como la Fundación Centro Tecnológico del Metal, la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la Fundación Colección Roberto Polo, Tierra de Viñedos, Fuente Agria, FCi3, así como la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha y la empresa pública UCLM Emprende, SLU.

Además, se señalan los contratos no Informados. Se verificó que la Fundación Colección Roberto Polo (FCRP), una de las entidades que no remitió RAC ni certificación negativa, formalizó 38 contratos en 2022 (32 menores y seis no menores), que sí constan en el Registro de Contratos.

Después, el 13%, cuatro en total, se remitieron fuera del plazo establecido (antes de finalizar febrero del ejercicio siguiente).

La Cámara de Cuentas también ha detectado que falta remitir los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC) para contratos de gran cuantía. Un total de 139 contratos que superaban los umbrales legales y que no fueron enviados a lo largo del ejercicio. Destaca entre ellos el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), al que corresponden 103 de estos contratos no remitidos.

Por otro lado se ha detectado “incoherencia” de la información contractual. Se observaron divergencias en la información remitida, tanto en el número de contratos como en su identificación y datos.

Respecto a los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC), 71 se remitieron también fuera del plazo de tres meses desde su formalización (el 26,39% del total). Las Consejerías de Educación, Cultura y Deportes, de Economía, Empresas y Empleo, el SESCAM o la Presidencia acumulan un retraso promedio en la presentación de los extractos fuera de plazo de entre 230 y 376 días.

También hay calificación errónea de los contratos porque algunos se han clasificado bajo tipologías que ya no existen e incluso se han llegado a aplicar contratos menores a tipos contractuales que no los admiten, como por ejemplo la concesión de servicios.

Hay de hecho “un volumen elevado” de contratos menores. Representa el 94,99% del total de contratos formalizados incluidos en las RAC y el 6,69% del importe total adjudicado, destacando la UCLM con un 53,41% de los contratos menores.

Deficiencias en la limitación y organización del sector público

La Cámara de Cuentas también identificó importantes carencias en la regulación y organización del Sector Público Autonómico (SPA) y el Sector Público Institucional Autonómico (SPIA).

Por ejemplo la Administración Autonómica no ha regulado el régimen de organización y funcionamiento del sector público, ni dispone de un sistema de supervisión continua de las entidades dependientes, y eso incumple la ley, advierte.

También falta atribución de competencias. Los decretos de estructura de la Administración Autonómica no atribuyen expresamente las competencias de supervisión continua ni de control de eficacia a ningún órgano.

Además, los estatutos de las fundaciones públicas regionales (salvo la Fundación Colección Roberto Polo) no determinan su adscripción a Castilla-La Mancha, tal y como requiere la ley.

De otro lado, hay datos no validados en el sistema INVENTE. Múltiples organismos y entidades incluyendo la Agencia del Agua, el IPEX, varias fundaciones y empresas públicas como el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y GEACAM no han validado o actualizado los datos inscritos en el Inventario de Entidades del Sector Público (INVENTE) en los plazos establecidos, lo cual afecta “a la seguridad jurídica y certeza de los datos”.

En este aspecto hay además información contradictoria: la calificación de la Fundación 'Fuente Agria' como entidad pública contradice su inscripción en el Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha.

Incumplimiento en publicidad y transparencia contractual

Después hay perfiles de contratante incompletos, porque aunque la mayoría de los entes disponen de perfiles alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), no todos los órganos de contratación cuentan con el perfil propio alojado allí, tal y como exige la ley. Dos entidades, la Fundación Atención a Discapacitados Físicos 'Fuente Agria' y UCLM Emprende SLU, no disponen de perfil.

Otra de las deficiencias es que los departamentos, consejerías y organismos públicos con sede electrónica no han incluido un enlace a su perfil de contratante en la citada plataforma y eso incumple el decreto 28/2018.

Se critica también la ausencia de planificación. Solo los departamentos y consejerías de la Administración autonómica disponían de un Plan de Contratación para el ejercicio 2022. Algo que no tienen otros como el Consejo Consultivo, las entidades de derecho público y privado o y la UCLM y sus dependientes, entre otros.

En definitiva la fiscalización concluye que existe un incumplimiento generalizado del deber de remisión de información contractual por parte de un número significativo de entidades, y a eso se suman graves problemas de coherencia y veracidad en los datos reportados y una deficiente implementación de las obligaciones de transparencia y planificación en la actividad contractual.

¿Cuántos contratos se formalizaron?

Respecto de la actividad contractual remitida, constan un total de 49.629 contratos formalizados en el ejercicio 2022, con un importe de 1.186.546.068 euros.

De ellos, el 98,38% corresponden a contratos de obras, suministros y servicios y estas dos últimas categorías representan el 96,69%.

También se han remitido un total de 269 contratos, por importe de 751.371.729 euros, acompañados del correspondiente extracto de expediente, por superar las establecidas en el artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público (600.000 euros, para contratos de obras, 450.000 euros para suministros y 150.000 euros para servicios).

El importe de adjudicación de los contratos formalizados por los organismos autónomos supone el 48,68% del total del Sector Público Autonómico, destacando el Sescam con el 98,87%.

Por su parte, la Administración General engloba el 38,08% del volumen de la contratación, destacando la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que supone el 28,45% de la Administración General.

Hasta nueve recomendaciones: alguien debe supervisar

El Informe contiene 23 conclusiones, que ponen de manifiesto la situación de la rendición de la actividad contractual pero también incluye nueve recomendaciones para mejorar.

Entre ellas hace un llamamiento a regular el régimen jurídico de organización y funcionamiento del sector público autonómico, y en particular del sector público institucional con el objetivo de aplicar “un sistema de supervisión continua”.

Hay una recomendación específica para el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Debe incorporar en los decretos que definen la estructura orgánica “la atribución expresa de competencias sobre la supervisión continua y el control de eficacia de las entidades”.

Se dirige también al Protectorado de Fundaciones Públicas de Castilla-La Mancha para que se requiera a todas ellas a adaptar sus estatutos a la normativa de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), exceptuando a la Fundación Colección Roberto Polo, que por otro lado quedará extinguida cuando se produzca el cierre de sus dos museos en Toledo y en Cuenca.

A la Intervención General de Castilla-La Mancha (IGCLM), le pide instar a quienes estén al frente de las entidades a realizar la pertinente validación, actualización o modificación de los datos inscritos en INVENTE.

A la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación le sugiere revisar la inscripción de la Fundación Fuente Agria en el Registro Autonómico de Grupos de Interés, debido a que su calificación en dicho registro es contradictoria con la información contenida en INVENTE.

Recuerda el deber de remitir la información de los contratos y de los extractos de los expedientes relacionados con los contratos.

A los órganos de contratación de los entes del Sistema Público Autonómico le pide realizar la correcta calificación de los contratos, a la Secretaría General de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital le reclama adoptar las medidas de coordinación necesarias para garantizar el envío, en tiempo y forma, de la información contractual requerida por la ley.

Le pide también mejorar la transparencia y publicidad de los contratos que se realizan, que se publiquen de forma anticipada en el perfil de contratante, con el fin de contribuir a la racionalización del gasto, la transparencia, la eficiencia y la concurrencia en las licitaciones y que eso no se limite a los contratos de mayor cuantía, sino también a los contratos menores. Son los que suelen 'escapar' al control con más frecuencia.

Las dudas expresadas por la oposición en el Ayuntamiento de Calatayud sobre la gestión presupuestaria del equipo de gobierno del PP han sido refrendadas por la Cámara de Cuentas de Aragón. En un demoledor informe sobre los ejercicios de 2021 y 2022, el órgano fiscalizador detecta un rosario de irregularidades que van desde incumplimientos en materia de contratación a un abuso de subvenciones directas o nominativas.

Como cuestión previa, el órgano fiscalizador traslada la “dificultad de obtener información correcta de los libros contables” debido a “las limitaciones de su sistema informático”, algo que comparte el Ayuntamiento. El equipo de gobierno también acepta que hay “incorrecciones” en el libro diario, con “asientos sin importe”.

En materia de subvenciones se produce el mayor número de irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas. Para empezar, el Ayuntamiento reconoce que no realizó controles financieros sobre las ayudas municipales, tal y como exige la normativa.

En general, la Cámara recomienda al equipo de gobierno del PP que revise “la utilización predominante de la concesión directa o nominativa” y que anteponga la concurrencia competitiva. Y que lleve a cabo un “seguimiento” para garantizar “el adecuado uso de los fondos públicos”.

La convocatoria “para el fomento de la creación de empleo y el desarrollo del tejido empresarial en Calatayud” fue en realidad una ayuda directa a una empresa, algo que el Ayuntamiento justifica en el “carácter innovador del proyecto” y el “volumen de inversión”. Fueron 150.000 euros de los que resultó beneficiaria la empresa Levprot Bioscience. La Cámara de Cuentas destapa una absoluta falta de control en estas ayudas, para las que insta a utilizar el procedimiento de concurrencia competitiva.

Lo mismo sucede con la subvención para la restauración del recinto del claustro-museo de la Colegiata de Santa María la Mayor, por un importe de 682.865 euros y cuya concesión directa el Ayuntamiento no justificó. De hecho, el órgano fiscalizador determina que se trata de una “subvención en especie al Obispado de Tarazona”.

La Cámara de Cuentas también pone problemas a la tramitación de la ayuda directa por 226.700 euros a la empresa Iberia Compositech Manufacturing, de la que no constan memorias justificativas y económicas y para la que la fiscalización previa se lleva a cabo una vez elevada al pleno su concesión.

Contratos menores

El ámbito de la contratación tampoco se queda fuera de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas. Este órgano empieza indicando que el Ayuntamiento “no planificó y publicó su actividad contractual anual”, como está reglado. Además, el órgano fiscalizador afea la “no coincidencia entre el registro contables de facturas y los listados de contratos menores publicados por el Ayuntamiento”, ante lo que concluye que los datos aportados tienen “poca fiabilidad”, lo que “incrementa el riesgo de fraccionamiento no detectado”.

Entre 2021 y 2022, el Consistorio adjudicó contratos por algo más de 20 millones de euros, la mayor parte en el primer ejercicio debido a la adjudicación de la limpieza viaria y recogida de residuos por 12.584.216 euros.

Casi dos millones de euros fueron contratos menores, en torno a un 10% del total. El volumen de estos contratos fue mucho mayor en 2022, cuando supuso uno de cada cuatro euros dedicados por el Ayuntamiento de Calatayud a este apartado de gasto.

El órgano fiscalizador detecta fraccionamiento de contratos menores en dos de los casos analizados. Por un lado, en la instalación de sistema de control de tráfico mediante videovigilancia, que se lanzó por procedimiento abierto simplificado en 2020 y que se continuó después con la modalidad de contrato menor. El segundo se refiere a obras adjudicadas a una misma empresa para actuaciones en piscinas municipales que rondan los 100.000 euros en total.

La Cámara de Cuentas refleja que en “ningún expediente” analizado se deja constancia sobre si hay conflicto de interés en las mesas de contratación, algo que puede “comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento”.

En sus alegaciones, el Ayuntamiento se compromete a trasladar “una circular a todos los empleados indicándoles la obligatoriedad de incluir en los expedientes de contratación declaración de conflicto de intereses”.

Además, el órgano afea las dificultades para llegar hasta el perfil del contratante en la web municipal.

En el apartado de recomendaciones, la Cámara propone revisar los procedimientos de gestión para que “se reduzca el número de incumplimientos”.

Modificaciones presupuestarias

En materia de modificaciones presupuestarias, la Cámara de Cuentas destaca que “no se presentan de forma clara las razones por las que el presupuesto debe ser modificado”, con una memoria “muy genérica”, lo que contraviene la normativa.

Según alega el Ayuntamiento, desde 2023 estas indicaciones ya se cumplen, algo que la Cámara no puede verificar.

Tampoco constan los documentos contables en los expedientes de modificación presupuestaria remitidos, algo que el Consistorio no hizo tampoco en la fase de alegaciones.

El apartado de la plantilla otro que genera incidencias. La Cámara informa de que no hay “criterio claro” para la asignación de tareas a funcionarios o al personal laboral. Y recomienda la revisión de la relación de puestos de trabajo (RPT) “para evitar que se produzcan errores o diferencias”. “Es necesario clarificar en los distintos puestos las funciones que debe realizar el personal funcionario”, advierte.

Además, hay numerosos errores en cuestiones financieras, como en la aplicación del principio de devengo o préstamos y cuentas de crédito mal contabilizados.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha defendido su “independencia” al frente de dicha institución, así como la “legalidad” de la decisión de “posponer” la fiscalización de los contratos menores que adjudicó a dedo su propio departamento en 2022, cuando era consejero de Educación en el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Cardenete se ha pronunciado así en declaraciones a Europa Press, tras las críticas de los grupos de oposición de izquierda al Gobierno del PP andaluz por el uso “torticero y partidista” de un órgano independiente cuya función principal es fiscalizar al Gobierno autonómico. El presidente de la Cámara de Cuentas se enfrentó el pasado miércoles a un debate de reprobación en el Parlamento andaluz por haber paralizado la auditoría de los contratos menores que una jueza está investigando por un posible delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos sanitarios.

El que fuera viceconsejero de Turismo y consejero de Educación en 2022 ha señalado así que “dentro del marco legal que regula nuestras competencias”, la mayoría del pleno de la Cámara de Cuentas decidió “posponer la aprobación de las directrices técnicas de un informe sobre la contratación menor en el sector público autonómico” para “evitar interferir” en un proceso judicial en curso, la causa en la que está personada la Junta como responsable civil subsidiaria, y que cuenta ya con un directivo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) imputado.

Retomar la fiscalización tras el proceso judicial

La decisión de frenar la fiscalización, según insiste Cardenete, “no responde a intereses políticos ni a presiones externas, y mucho menos a voluntad de ocultar información”. En esa línea, el presidente de la Cámara de Cuentas andaluza defiende que “la prudencia, en este caso, es una obligación”, al tiempo que asegura que, “una vez aclarada la posible colisión con el proceso judicial, se retomará el trabajo en condiciones de normalidad”.

En ese sentido, ha recordado que la Cámara de Cuentas es “una institución diseñada para ejercer un control técnico, riguroso e independiente sobre la gestión de los recursos públicos”. Por ello, ha indicado Cardenete, “es fundamental que su labor no se vea condicionada por los vaivenes del ciclo político, ni convertida en herramienta al servicio de intereses partidarios o mediáticos”.

Según incide el presidente de la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador ha actuado “con plena transparencia y dentro de la legalidad”, al tiempo que ha subrayado que “esta no es la primera vez que se suspende o ajusta el desarrollo de un informe”. “Nuestra práctica institucional demuestra que, ante determinadas circunstancias, los trabajos pueden ser reprogramados o revisados”, y eso “no implica desviación, sino una correcta aplicación del principio de oportunidad institucional”, ha abundado Manuel Alejandro Cardenete en esa línea.

Dicho esto, el presidente de la Cámara de Cuentas lamenta “profundamente que se intente convertir esta decisión técnica en un debate político o en una muestra de opacidad”, porque “los hechos lo desmienten”, y “la Cámara ha emitido regularmente informes sobre contratación pública”, ha remarcado. “Pretender otro enfoque es desconocer la naturaleza y la función de los órganos de control, que deben ser guiados por el rigor, la integridad y la profesionalidad, no por la lógica del titular fácil o el protagonismo coyuntural”, ha añadido Cardenete.

Dispuesto a comparecer en el Parlamento

Cardenete ha aprovechado la ocasión para trasladar su “disposición a comparecer ante el Parlamento cuantas veces sea requerido”, entendiendo que, para él, “no es una opción”, sino “una obligación”. No obstante, considera que “también es necesario preservar la naturaleza institucional de este acto” de comparecer en el Parlamento, “evitando que se convierta en un instrumento de presión ajeno al trabajo técnico de la Cámara”.

Por otro lado, y después de que desde los grupos de oposición de izquierdas al Gobierno del PP-A se haya recordado la etapa de Cardenete como viceconsejero y consejero del Ejecutivo andaluz en la pasada legislatura, el ahora presidente de la Cámara de Cuentas ha subrayado que se siente “orgulloso de la labor realizada” en la Junta.

Además, ha subrayado que “esa trayectoria fue conocida desde el momento” de su nombramiento, y “no ha condicionado, ni condicionará, mi desempeño”, según sentencia Cardenete, quien defiende en ese sentido que le “guían, como siempre, la honradez y el compromiso con lo público”.

También justifica su “abstención en la fiscalización de subvenciones turísticas correspondientes a los años 2021-2023”, al sostener que “fue una decisión jurídica y ética”, ya que “coincidían” con su etapa como viceconsejero de Turismo, y “la ley establece claramente la necesidad de abstenerse en estos casos”.

Frente a ello, Cardenete defiende que “no existe, hoy en día, una vinculación directa” que le “obligue legalmente” a abstenerse en lo que se refiere al informe sobre contratación menor en la Junta de Andalucía. El presidente incide en reivindicar que “la Cámara de Cuentas no es, ni debe ser, un actor político”, sino que “es una institución técnica e independiente cuya fortaleza reside precisamente en mantenerse al margen del debate partidista”, y “convertirla en una herramienta de desgaste político no solo daña su funcionamiento, sino que debilita nuestro sistema democrático”.

En octubre de 2018, dos meses antes de las elecciones andaluzas que terminaron con 37 años de gobiernos socialistas, el CIS publicó su última encuesta preelectoral donde la corrupción ocupaba el segundo problema de los andaluces (para un 40,8%). El candidato del PP y hoy presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, abrió aquella campaña a las puertas de un prostíbulo de Sevilla, ya en ruinas, donde un ex alto cargo del entonces Gobierno socialista gastó 32.000 con la tarjeta de crédito de una agencia pública.

En junio de 2022, justo antes de las últimas elecciones andaluzas, el CIS relegaba la corrupción al octavo puesto entre las principales preocupaciones de los ciudadanos (con un 7,4%), y Moreno se lanzaba al ruedo electoral con un mensaje alegre y optimista: “Tenemos ganas de comernos el mundo”. Las urnas le respondieron con una mayoría absoluta histórica de 58 diputados.

“Pelearse en la corrupción es forcejear en el barro”, decía este miércoles un miembro del Gobierno andaluz, que lleva una semana filosofando en voz alta sobre las contraindicaciones de hacer “política sucia”. El lunes pasado, durante una entrevista en Tele 5, Moreno avisó: “Nadie sale limpio de una pelea en el barro, porque todos acaban enfangados y el ciudadano ya no sabe distinguir quién es quién”. Es una frase literal del argumentario que manejan estos días en el Palacio de San Telmo, aunque no está claro si es una advertencia para los suyos o para sus rivales.

Hasta ahora, el dirigente popular había hecho gala del clima de moderación y sosiego que distingue la política andaluza, en oposición a la gresca y la polarización que se respira en Madrid. Casi como una extensión de su propia personalidad. Pero la llegada de María Jesús Montero al frente del PSOE andaluz ha puesto a los socialistas en pie de guerra, conscientes de que en un escenario de atonía y calma chicha nunca iban a despertar a los 400.000 votos durmientes que separan a Juan Espadas (en las autonómicas de 2022) de Pedro Sánchez (en las generales de 2023).

“Mafia o democracia”

Los populares lo vieron venir, pero pasaron las primeras semanas fastidiados, farfullando que contra Espadas se vivía mejor. Al fin y al cabo, la mayoría absoluta de Moreno, más el apoyo incondicional de Vox, hacen del Parlamento andaluz una cámara de oposición al Gobierno de Sánchez, más que un contrapeso al Ejecutivo andaluz.

Cada semana los populares pueblan el diario de sesiones de reproches e inquietudes de ámbito nacional, hasta llegar al clímax de este miércoles, en el que el Parlamento, con los votos de las derechas, ha aprobado una proposición no de ley que “considera necesario” que Sánchez “proceda a la disolución inmediata de las Cortes” y adelante las elecciones generales.

El mismo grito de Feijóo en la manifestación del domingo convocada por el PP en Madrid, bajo el lema “Mafia o democracia”, el mismo mensaje que le lanzaron a la cara los 13 barones territoriales del PP en la fallida Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado viernes.

Moreno ha participado en primera línea de la estrategia de confrontación total contra Sánchez -“al final tendrá que convocar a palos”- y ha regresado de Madrid asumiendo que la pelea con los socialistas será en el barro. Sirva de ejemplo el diario de sesiones del Pleno de hoy, donde populares y socialistas dejaron esputos de alto voltaje, como preámbulo acalorado del debate de política general que tendrá lugar este jueves.

Ese binomio -“Mafia o democracia”- es el que se ha instalado en Andalucía -otrora remanso de paz-, con unos y otros acusándose mutuamente de “mafiosos”, “antidemócratas” y “fascistas”. “No como insulto, sino como concepto”, ha matizado el diputado socialista Noel López, ante la bancada popular.

El portavoz del PP en la Cámara, Toni Martín, llegó a comparar al PSOE con la Stasi, la policía política y criminal de la extinta República Democrática Alemana (RDA), acusándoles de ejercer “prácticas mafiosas de espionaje franquista” contra Moreno y otros miembros del Gobierno andaluz, y de tener “pisos francos en Madrid para las reuniones de sus fontaneros con las cloacas”. Los populares han dado eco estos días a publicaciones que denuncian un espionaje al presidente andaluz, supuestamente orquestado por el PSOE.

Es difícil seguir la pista de las altisonantes acusaciones que lanza el PP andaluz estos días contra Montero, porque todas tienen la magnitud de una querella criminal, pero de momento nadie ha acudido a los juzgados a registrarla.

Sin embargo, uno de los que se ha mostrado más indignado con el PP por estas insinuaciones no ha saltado de la bancada socialista, sino de Por Andalucía, el diputado y miembro de Podemos José Manuel Jurado: “¿A alguien de Podemos le van a decir algo de espionaje? ¿A nosotros? Que teníamos a 69 diputados que estaban cagados porque sabían que la Policía les estaba persiguiendo y no sabían por qué, con 54 comisarías dedicadas a líderes de Podemos y dirigentes independentistas...”, ha espetado a la bancada popular, en referencia a la denominada policía patriótica del PP, que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

Lo que sí es constatable en el discurso duro del PP andaluz es lo superlativo del mensaje que intentan trasladar: “Estamos ante un punto de no retorno, un destrozo de la convivencia entre españoles”, sentenció Martín, alertando de que la democracia “pende de un hilo”. Falta menos de un año para que, por ley, el presidente de la Junta disuelva el Parlamento andaluz y convoque elecciones. Moreno ha prometido públicamente que las urnas se abrirán “cuando tocan”, es decir, en la primavera de 2026.

Pero el relato popular se ha llenado de sombras y ya nadie sabe si la tan cacareada “estabilidad política y económica” de Andalucía, que blinda la mayoría absoluta y los Presupuestos Autonómicos aprobados, es compatible con esa imagen de una España al borde del precipicio que proyectan a diario los de Feijóo. Cada sesión plenaria, el tam tam de las urnas se escucha más cerca.

Los socialistas no se han achantado esta vez, y este apretar de dientes de los rivales de Moreno es uno de los síntomas de un posible adelanto electoral después del verano. Un diputado comparó la actitud del dirigente andaluz a la salida de la Conferencia de Presidentes con la de “aquellos que llevaban camisas azules”, en referencia a los falangistas, dando eco a la misma acusación que vertió contra él el ministro de Fomento, Óscar Puente.

El Parlamento andaluz se ha metido de lleno en el marco mental de Feijóo: “Mafia o democracia”. Los tres partidos de la izquierda en la oposición lo han hecho suyo para atizar a Moreno, para acusar a su Gobierno de “colonizar” y “amordazar” a los órganos de control y de fiscalización a la Junta, cuyos informes sobre las irregularides en la cotratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han motivado dos causas judiciales abiertas -con personación directa de la Fiscalía Anticorrupción- por prevaricación y malversación de fondos, y cuatro altos cargos imputados.

Los diputados de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han subido, uno tras otro, a la tribuna para llamar “corruptos” a los populares y al Gobierno, acusándole de maniobrar dentro de la Cámara de Cuentas y del cuerpo de interventores de la Junta para “boicotear” y “torpedear” el trabajo de fiscalización interna, que justo ahora están reclamando dos jueces para profundizar en su investigación sobre los contratos a dedo del SAS con la sanidad privada.

“La estrategia de oposición contra Moreno en Andalucía pasa por la sanidad. Es lo único que tienen”, les ha afeado la diputada popular Jessica Trujillo, que ha culpado al PSOE de “sobrepasar todos los límites” con su “ataque a la Cámara de Cuentas”.

De reprobación a prevaricación en la Cámara de Cuentas

En los últimos días, la Cámara de Cuentas de Andalucía, con el voto mayoritario de los miembros designados a propuesta de PP y Vox, ha frenado la fiscalización de los contratos menores adjudicados a dedo por la Junta en 2022 y 2023, argumentando que no debían “interferir” en una investigación judicial sobre “el fraccionamiento masivo e indebido” de dichos contratos, una causa en la que el Ejecutivo de Moreno se ha personado como “responsable civil subsidiaria”.

El Parlamento, a propuesta del PSOE, ha debatido por primera vez la reprobación del presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, acusándole de incumplir la ley que regula la institución que dirige. Cardenete fue viceconsejero de Turismo y consejero de Educación en 2022, y la investigación de la Cámara de Cuentas incluía contratos adjudicados a dedo de su etapa en el Ejecutivo [además de expedientes del SAS que investiga un juez]. Sin embargo, éste decidió no abstenerse en la votación que ha frenado las auditorías a esos contratos.

Los socialistas también le señalan por impulsar una modificación exprés del reglamento interno de la Cámara el pasado abril para poder, un mes después, frenar la fiscalización de los contratos menores de la Junta. La propuesta de reprobación -que no es más que un reproche político- estaba abocada al fracaso, porque choca con la mayoría de PP y Vox, pero al PSOE le interesaba anclar el debate de la “corrupción del PP” en el Pleno del Parlamento.

Con esa estrategia en mente, el diputado Mario Jiménez, uno de los más veteranos y correosos de la bancada socialista, ha dado un salto de pértiga, acusando directamente a Cardenete de un delito de prevaricación. Pero el objetivo a batir no es Cardenete, sino Moreno.

Jiménez acusó a la Junta de “purgar a los interventores” del Servicio Andaluz de Salud (SAS), responsables de los informes que destaparon las irregularidades en la contratación de emergencia y en el troceamiento de contratos a dedo que ahora investigan dos jueces por prevaricación y malversación. Habló de “un inmenso caso de corrupción que implica a todos los niveles institucionales de la autonomía, de inmenso atropello a las leyes”, y culminó ddenunciando que “sólo ha podido ser posible gracias a la implicación del propio presidente de la Junta de Andalucía”. “Ya veremos si el precio no es la cabeza de Cardenete y un juicio por prevaricación”, sentenció. Fuentes del PSOE explican que, por ahora, no se plantean llevar el caso a los tribunales.

Moreno comparece este jueves, a petición propia, para lanzar un discurso sin límite de tiempo que ofrecerá pistas de la cercanía o lejanía de los comicios, según lo trufado que esté de promesas electorales. Pero será, sobre todo, la intensidad del cara a cara con los portavoces de la oposición lo que sirva de termómetro para saber quién necesita salpicar con barro.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, se enfrenta este miércoles a un debate de reprobación en el Parlamento autonómico por haber paralizado la fiscalización de los contratos menores que adjudicó su propio departamento cuando era miembro del Gobierno de Juan Manuel Moreno, en 2022.

La Cámara de Cuentas es responsable de fiscalizar la gestión contable de los fondos públicos de Andalucía. Es un órgano técnico dependiente del Parlamento andaluz que, por primera vez, plantea censurar a su presidente por un supuesto conflicto de intereses con su anterior etapa como viceconsejero de Turismo y consejero de Educación.

Fuentes parlamentarias confirman que nunca antes se ha dado este escenario, aunque también es la primera vez que un miembro del Consejo de Gobierno andaluz es elegido para presidir el órgano de control al Gobierno andaluz.

La reprobación de Cardenete parte de una iniciativa del PSOE, que le acusa directamente de incumplir la ley que regula la institución que dirige, y de impulsar una modificación exprés de su reglamento interno para poder, un mes después, frenar la fiscalización de los contratos menores de la Junta.

El pasado 6 de febrero, el Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó el informe de “Fiscalización de las Subvenciones concedidas a establecimientos hoteleros afectados por el COVID. Ejercicios 2021, 2022 y 2023”. Ese día, Cardenete se abstuvo en la votación, apelando al artículo 25.c de la Ley de la Cámara de Cuentas, que establece que los miembros del Pleno “deberán abstenerse o podrán ser recusados” cuando hayan “tenido a su cargo la administración, gestión, inspección o intervención de los ingresos o gastos objeto de fiscalización”.

Tres meses después volvió a darse una situación similar: el Pleno de la Cámara de Cuentas discutió el pasado 15 de mayo la “suspensión temporal” de la fiscalización de los contratos menores adjudicados a dedo por el Gobierno andaluz durante los ejercicios 2022 y 2023.

El periodo auditado volvía a afectar a la etapa de Cardenete como viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; y también a su breve periodo como consejero de Educación y Deporte, en sustitución del malogrado Javier Imbroda.

Sin embargo, esta vez, el presidente de la Cámara de Cuentas decidió no inhibirse y votó a favor de paralizar la fiscalización de los contratos menores de la Junta, entre ellos, los que gestionó y adjudicó a dedo su propio departamento siendo número dos de Turismo y, posteriormente, responsable del área de Educación.

Ambos departamentos firmaron en 2022 miles de contratos menores, según consta en el Perfil de Contratación de la Junta, y algunos de ellos aparecen en la muestra de 500 expedientes que la Cámara de Cuentas solicitó a la Consejería de Hacienda para su fiscalización.

Pero esos expedientes nunca llegaron porque Hacienda dilató su entrega -reclamando un “documento de directrices técnicas” que hasta entonces no era vinculante- y, en ese intervalo, el órgano de control decidió paralizar la investigación con cuatro votos a favor (los tres consejeros nombrados a propuesta del PP y uno de Vox) y tres en contra (dos del PSOE y uno de Por Andalucía).

El voto del presidente fue decisivo para inclinar la balanza porque, de haberse inhibido, el desempate le habría correspondido a la vicepresidenta, Manuela Serrano, que se había opuesto a suspender la fiscalización. Cardenete no se abstuvo, pero tampoco fue recusado por ninguno de los consejeros del Pleno contrarios a paralizar la auditoría a los contratos menores ni por el asesor jurídico y secretario general de la Cámara de Cuentas, que es quien vela por la legalidad de los acuerdos.

Este periódico se ha puesto en contacto con el presidente del órgano de control, que ha declinado responder a las preguntas.

“Inusual volumen de contratos menores”

El trabajo de campo de la auditoría externa a los contratos menores de la Junta arrancó hace casi un año, pero nació con otro objetivo. El plan de actuaciones de la Cámara de Cuentas para 2024, aprobado el 14 de diciembre de 2023, incluyó entre sus actuaciones el “Informe sobre la contratación del Sector Público Autonómico”, es decir, una fiscalización más genérica de todo tipo de contratos públicos, que lleva haciéndose de forma regular desde 2014.

En junio de 2024 se remitió a la Consejería de Hacienda el documento de inicio de la auditoría, solicitándole por escrito el volumen total de expedientes de contratación durante el ejercicio 2022 para conocer el universo que debía investigar y calcular una muestra representativa.

La Cámara de Cuentas inició los “trabajos preliminares de análisis global” pero, al introducir en el sistema informático “todos los ficheros” de contratación remitidos por Hacienda, el órgano de control detectó un “inusual volumen de contratos menores” en la Junta de Andalucía. Al percibir “riesgos de carácter significativo en la contratación menor”, decidió reconducir el objeto de sus actuaciones “en aras de una mayor concreción”.

El Pleno de la Cámara celebrado el 6 de noviembre de 2024 aprobó el “cambio de denominación del informe” de fiscalización de contratos del sector público, para incluir un “examen específico de la contratación menor”, subrayando su “especial referencia”, reza la memoria justificativa para cambiar el título del informe.

El volumen de contratos menores de la Junta de Andalucía alcanzó los 80.482 expedientes en 2022, por un montante próximo a los 799 millones de euros, y se disparó hasta los 102.592 expedientes en 2023, por un importe de 878 millones.

La Cámara de Cuentas seleccionó una muestra de 500 contratos menores de todos los departamentos, aunque el mayor porcentaje salía del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al copar la mayoría de expedientes y de gasto. La solicitud de esos contratos a Hacienda ya llevaban nombres y apellidos, esto es, número de expediente, objeto del contrato, quién era el adjudicatario, cuál era el importe y cuál la fecha de adjudicación a dedo.

De esa información se reconocen los contratos del SAS que están bajo investigación judicial, pero también los adjudicados por los departamentos de Cardenete cuando era viceconsejero de Turismo y titular de Educación.

La misma conclusión de los interventores, un año antes

Un año antes, la Intervención General de la Junta de Andalucía había llegado a la misma conclusión que la Cámara de Cuentas, y decidió encargar a los auditores provinciales del SAS una investigación específica de los contratos menores adjudicados a dedo en 2021.

“Dado el elevado número de contratos menores” autorizados ese año, los interventores de la Junta decidieron analizar “una muestra representativa de esos expedientes de gasto” y detectaron “un mayor número e importancia de incumplimientos de legalidad respecto a la contratación menor de los centros periféricos” del SAS; un “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos millonarios con las mismas empresas y por el mismo concepto, que eran troceados en pequeñas partidas que no superaban el tope fijado por ley en este tipo de contratos para así “eludir” la legislación.

Así concluyen los informes desfavorables en las ocho auditorías al SAS, poniendo bajo sospecha los 1.225 millones de euros adjudicados a dedo a través de contratos menores “en fraude de ley”. Aquellos informes, que publicó en exclusiva elDiario.es, han servido de base a la apertura de una investigación judicial en Cádiz por un supuesto delito de malversación, un caso en el que la Junta está personada como “responsable civil subsidiaria” y que cuenta ya con un directivo del SAS imputado.

Es en este punto donde confluyen los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas y la causa judicial por el “fraccionamiento masivo” de contratos menores en el SAS. La decisión del órgano de control de “suspender temporalmente” su trabajo para “no interferir” en la investigación en curso provocó un cisma entre los miembros elegidos por PP y Vox y los consejeros propuestos por la izquierda.

Desde la institución se argumenta que el parón de la investigación no es “de ninguna manera algo excepcional” y recuerda que “en otras ocasiones y ante situaciones similares, se ha procedido de la misma manera”. La Cámara pone de ejemplo la parálisis del envío de informes “cuando se convoca un proceso electoral, precisamente para no interferir en su desarrollo”.

En efecto, se trata de un acuerdo tácito para no hacer público un informe de fiscalización en mitad de una campaña, pero no de frenar una investigación en curso, como ha ocurrido ahora. Además, existen antecedentes en los que se ha solapado una causa judicial en curso con los trabajos de auditoría (y la publicación del resultado) a la Junta de Andalucía.

El más llamativo fue la larga instrucción de la jueza Mercedes Alaya del macrofraude de los ERE, que coincidió en el tiempo con un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre las mismas ayudas sociolaborales, que luego se usaría como prueba en el juicio.

Un cambio en el reglamento interno de la Cámara

El último asunto que alimenta la propuesta de reprobación al presidente de la Cámara de Cuentas tiene que ver con una repentina modificación del reglamento interno de la misma. El órgano de control a la Junta suspendió los trabajos de fiscalización a los contratos menores el 15 de mayo, sirviéndose de una reforma exprés del “Manual de Procedimiento de Auditoría Pública” aprobada un mes antes, en el Pleno del 10 de abril.

Hasta entonces, el documento de directrices técnicas de la Cámara de Cuentas (que recoge la planificación de una auditoría concreta) no se sometía a votación, simplemente se remitía a Pleno para su conocimiento y aprobación. El 10 de abril, el Pleno acordó por mayoría modificar dos puntos de su reglamento de procedimiento interno -puntos 19 y 20- para que las directrices técnicas tuvieran que someterse a votación. Apenas un mes después, el Pleno de la Cámara, con los votos de PP y Vox, hace uso de esta nueva cláusula para “posponer” el desarrollo de la fiscalización de los contratos menores, y Cardenete informa a la Consejería de Hacienda de que ya no es necesario que envíe los 500 expedientes de la muestra.

Cardenete fue consejero de Educación y Deportes del Gobierno de Moreno, a propuesta de Ciudadanos, hasta las elecciones andaluzas de junio de 2022, y cuando el PP le eligió para presidir la Cámara de Cuentas, en marzo de 2024, ésta ya había empezado a auditar las subvenciones que había otorgado la Consejería de Turismo precisamente bajo su mando.

Por ello, decidió abstenerse tanto en la votación que aprobó el anteproyecto del informe sobre las subvenciones de Turismo a establecimientos hoteleros, abierto a alegaciones, como en la votación posterior para su aprobación definitiva. El pasado mayo, Cardenete usó su voto para suspender la fiscalización de contratos menores que también afectan a su etapa como miembro del Gobierno. No hay antecedentes porque, hasta hace dos meses, el órgano de control no sometía a votación el documento técnico preliminar de una auditoría en curso.

El Parlamento andaluz debatirá este miércoles la primera reprobación a un presidente de la Cámara de Cuentas. La medida servirá a los socialistas para cimbrear al presidente Moreno, acusándole de “asaltar” la institución responsable de fiscalizar a su Gobierno justo cuando dos jueces investigan la contratación a dedo en la Junta. Pero la mayoría absoluta del PP y el colchón de Vox garantizan el fracaso de la iniciativa.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha “suspendido temporalmente” la fiscalización prevista de los contratos menores adjudicados a dedo por el Gobierno de Juan Manuel Moreno durante los ejercicios 2022 y 2023. La razón, arguyen desde el órgano que supervisa las cuentas públicas, es “evitar interferir” en la investigación judicial en curso por un posible delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos sanitarios, la causa en la que está personada la Junta como responsable civil subsidiaria, y que cuenta ya con un directivo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) imputado.

El órgano de extracción parlamentaria defiende que su decisión no es “de ninguna manera algo excepcional” y recuerda que “en otras ocasiones y ante situaciones similares, se ha procedido de la misma manera”.

El reglamento de la Cámara no establece que deba suspender o aplazar los trabajos de control al Gobierno cuando la temática se solapa con un procedimiento judicial. Pero el Pleno que dirige este órgano entiende -“ante las dudas surgidas por una posible interferencia”- que es lo correcto, y que en el pasado se ha actuado con el mismo criterio, por ejemplo, para no interferir en campañas electorales. “La Cámara paraliza el envío de informes cuando se convoca un proceso electoral, precisamente para no interferir en su desarrollo”, advierten desde la institución.

Sin embargo, la decisión del Pleno de la Cámara de Cuentas de dejar en suspenso la fiscalización de los contratos menores de la Junta ha desatado una bronca política en el Parlamento, porque se adoptó con los votos de los miembros elegidos por PP y Vox -que conforman mayoría- y pese al rechazo del resto de integrantes designados por los grupos de izquierdas.

Los populares defienden que “nada de lo que hace la Cámara de Cuentas es sospechoso”, y afean a la oposición sus esfuerzos por interpretar cualquier decisión administrativa -ya sea en el SAS o en el órgano de extracción parlamentaria- como una suerte de “corrupción política”.

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía denuncian el uso “torticero y partidista” de un órgano independiente cuya función principal es fiscalizar al Gobierno autonómico, y acusan a PP y Vox de aplazar sine die la elaboración del informe sobre la contratación menor en la Junta, un aspecto sobre el que los interventores del SAS ya han emitido más de una decena de informes censurando el abuso de contratos encadenados con la misma empresa y por el mismo servicio y prestación, en lo que supone un “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos millonarios para “concultar” la Ley de Contratos del Sector Público.

Los socialistas, además, señalan directamente al presidente de la Cámara de Cuentas, Alejandro Cardenete, que fue vicececonsejero de Turismo y, durante un breve periodo en 2022, consejero de Educación del primer Gobierno de Moreno y, en consecuencia, que estaría afectado por el informe de fiscalización de los contratos menores que se ha dejado en suspenso. El PSOE-A ha registrado una iniciativa para que el Parlamento repruebe a Cardenete en el Pleno de la próxima semana por “obstruir el control democrático”, aunque la mayoría absoluta popular previsiblemente la tumbará.

Procesos paralelos con fechas distintas

La causa abierta por una jueza de Cádiz investiga el troceamiento de contratos menores en el SAS en el ejercicio 2021, y el informe de control de la Cámara de Cuentas sobre dichos contratos abarcaría los dos ejercicios posteriores (2022 y 2023).

Sin embargo, desde el órgano fiscalizador argumentan que su trabajo puede empezar a analizar los contratos de 2022 y adentrarse, “justificadamente”, en el ejercicio inmediatamente anterior “si se constata una continuidad en el procedimiento”, como es habitual en sus informes.

Además, subrayan, la instrucción judicial está aún en una fase muy embrionaria -ahora sólo se centra en la contratación del SAS en Cádiz durante un año-, pero tanto Podemos como el PSOE, personados como acusación popular, plantean extender la denuncia a otras provincias, habida cuenta que los informes desfavorales de los interventores provinciales censuran el mismo procedimiento de contratación en todos los territorios -tildándolo de “fraude de ley”-, y ponen bajo sospecha 1.225 millones de euros, la totalidad del gasto en contratos menores en Andalucía.

El pasado 15 de mayo, la Cámara de Cuentas incluyó en el orden del día del Pleno la “aprobación, si procede, de las directrices técnicas del Informe sobre la contratación del Sector Público Autonómico: especial referencia a la contratación menor”.

El objetivo era supervisar una muestra de los contratos menores de la Junta en todos sus departamentos -no sólo el SAS-, unos trabajos que estaban calendarizados desde hacía año y medio, cuando el Pleno aprobó su Plan de Actuaciones para 2024, en diciembre de 2023.

Las primeras revisiones de expedientes identificaron “riesgos relevantes” en la contratación menor, según algunos miembros discrepantes de la Cámara, que acusan a Cardenete de “modificar el procedimiento de tramitación de los documentos, que hasta entonces no requerían aprobación expresa del Pleno”, para incluir este requisito obligatorio, en contra de la “práctica habitual y de lo dispuesto en la guía técnica” del organismo fiscalizador.

El Pleno del 15 de mayo aprobó por mayoría “posponer” la aprobación de dicho documento para que la fiscalización interna de los contratos menores no discurriera en paralelo a la investigación judicial. “La Cámara quiere mantener una posición neutral, para evitar interferir en su desarrollo. Una vez culmine este proceso se procederá a continuar con el desarrollo previsto del trabajo con todas las garantías necesarias”, aseguran fuentes del órgano fiscalizador, que prevé “retomar” el trabajo sobre la contratación menor de la Junta “una vez culmine” la investigación judicial.

La decisión de la Cámara de Cuentas ha avivado el enfrentamiento político en el Parlamento, donde la oposición de izquierdas acusa al PP de usar su mayoría absoluta en las instituciones para proteger a Moreno de las causas judiciales que salpican a su Gobierno. Los socialistas creen que ahora se ha “menoscabado la autonomía de los órganos de control externo” que fiscalizan al Ejecutivo andaluz, acusan a PP y Vox de “obstruir” su labor y su “independencia”.

Dos juzgados investigan actualmente la contratación a dedo del SAS. Un juez de Sevilla abrió diligencias por presunta prevaricación en los contratos de emergencia adjudicados a dedo entre 2020 y 2024, amparándose en el marco legal habilitado en la pandemia cuando ya estaba derogado. Hay tres gerentes del SAS imputados en esta causa, incluida la actual, Valle García.

En esta causa, el juez ha solicitado una cantidad ingente de documentación al Gobierno andaluz, además del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas a los contratos de emergencia de la Junta en 2020, que ya avanzaban algunas irregularidades en el ejercicio 2021.

Otra jueza de Cádiz investiga un posible caso de malversación en el fraccionamiento de contratos menores del SAS, y ha citado como imputado a un directivo de compras de la plataforma provincial en Cádiz.

La Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas navarro, ha detectado una deuda de “al menos” 120.000 euros en el Consejo de la Juventud de Navarra, un organismo que promueve la participación de los jóvenes en la vida pública, y asegura que su continuidad “no es viable”, por lo que sugiere suprimirlo.

En un informe de 27 páginas encargado por el Parlamento foral, a petición de UPN, para fiscalizar las cuentas de este organismo, la Cámara de Comptos apunta a un “descontrol” en la contabilidad del Consejo de Navarra y concluye que en la actualidad no tiene actividad, no cuenta con sede, ni tampoco personal.

Añade que sus órganos no se han renovado “por falta de quorum” en la asamblea de julio del 2024 y que “no ejercen sus funciones y responsabilidades.” Además, destaca que arrastra una deuda de al menos 120.000 euros, después de haber sido condenado por el impago de las nóminas a antiguos empleados

El Consejo de la Juventud de Navarra se creó en 1986 “para promover la participación de los jóvenes en la vida pública y velar por sus derechos”. El tribunal de cuentas señala que aunque su reglamento prevé que las cuotas de sus asociados sean la primera fuente de ingresos, estos son públicos en su totalidad. Provienen fundamentalmente del Instituto Navarro de la Juventud (81%) y del Parlamento de Navarra (15%).

La Cámara de Comptos, que ya había detectado “una falta de control en la contabilidad” en un informe en el que se analizaron las cuentas del organismo entre los años 2019 y 2023, ha estuadiado ahora las cuentas de los años 2023 y 2024, constatando que el descontrol en la contabilidad “sigue vigente”.

Así, según Comptos en 2023 los cobros y gastos rondaron los 128.000 euros, mientras que en 2024 se redujeron “notablemente” a 11.00 y 10.000 euros respectivamente. Al inicio de 2023 el Consejo contaba con cuatro profesionales, que el año pasado se redujeron a dos cuyos contratos quedaron resueltos en julio.

La resolución de los contratos obedeció a una demanda de los trabajadores por impago de nóminas. El Consejo de la Juventud no compareció a los juicios y el tribunal impuso el pago de casi 80.000 euros. Así, la mayor parte de la deuda de 120.000 euros corresponde a esa sentencia y el resto a la Seguridad Social, Hacienda de Navarra y Consejo de la Juventud de España.

De esta forma, el tribunal de cuentas navarro concluye en su informe que la continuidad del Consejo de la Juventud “no es viable” y sugiere su disolución.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, ha destacado este martes el “gran avance” que supone que el Gobierno de la Comunidad Autónoma esté elaborando informes sobre los estados consolidados de sus cuentas generales. Respecto al informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta para 2021, Andújar ha señalado que “no hay delitos ni irregularidades”, recordando que contiene 59 conclusiones y 22 recomendaciones; además “nueve llamadas de atención” a cómo está conformada la cuenta general de la Junta, para que “se subsanen y no se vuelvan a repetir”.

Así lo ha indicado durante su intervención en la Comisión de Presupuestos de las Cortes regionales, donde ha dado cuenta del informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2021.

En este sentido, ha indicado que hay una orden del Gobierno central que recomienda a las administraciones autonómicas que hagan sus cuentas de forma consolidada con el fin de sacar “una foto más intensa y más real de la situación económica, el gasto público, la eficiencia y la eficacia en el gasto”.

Andújar ha explicado que aunque la Junta de Comunidades no está aplicando al cien por cien esa orden, sí lo está haciendo al 80 por ciento mediante los estados consolidados que, según ha señalado, es lo mismo que hacer las cuentas consolidadas “pero no con la misma profundidad”.

No obstante, el presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha manifestado que supone “un gran avance” dado que hay comunidades autónomas que no han iniciado ese proceso que les sugiere la Intervención General del Estado.

Recomendaciones que quedarán “absolutamente en nada”

Desde los grupos parlamentarios, el diputado de Vox Francisco José Cobo se ha preguntado qué utilidad tiene la Cámara de Cuentas si estas conclusiones y recomendaciones no son vinculantes y quedarán “absolutamente en nada”, pese a lo cual ha destacado “el gran trabajo” efectuado por este organismo al señalar “de manera explícita” todas “las deficiencias” que presentan los presupuestos generales de la región.

El diputado del PP, Santiago Serrano ha lamentado en su intervención que se tenga que estar debatiendo a día de hoy sobre la cuenta general del año 2021 cuando se podría haber tenido la ocasión de haber de departir tanto sobre esta cuenta general como las restantes aprobadas hasta 2025.

Finalmente, la diputada del PSOE Silvia Fernández ha respondido al PP que el presidente de la Cámara de Cuentas ya ha explicado las razones por las que la elaboración de este informe se ha alargado y ha llegado en estas fechas al Parlamento regional lo que, bajo su opinión, no significa que este informe “no nos sirva para nada”.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha destapado un agujero de 1,2 millones de euros sin justificar en las ayudas que el Gobierno de Juan Manuel Moreno otorgó a los hoteles afectados por el parón de la actividad económica durante la pandemia del Covid-19 en los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Es una de las conclusiones del informe de fiscalización de las subvenciones concedidas al sector por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte que acaba de hacer público el órgano de extracción parlamentaria que fiscaliza las cuentas de la Junta.

El dictamen de la Cámara de Cuentas es llamativo, no sólo por denunciar un desequilibrio en la contabilidad y exigir al Gobierno andaluz que “revise y detecte los errores”, sino porque uno de los principales responsables en el departamento de Turismo durante el periodo investigado era el exviceconsejero del ramo, Alejandro Cardenete, presidente hoy del órgano fiscalizador que ha emitido un informe cuestionando su propia gestión en la cartera de Turismo.

No se trata de un informe desfavorable, sino de una resolución “con opinión de legalidad con salvedades”, que insta a la Junta de Andalucía a corregir esos “errores” implantando otro sistema de control de las ayudas que corrobore que las empresas hoteleras beneficiarias usaron el dinero para aquello que estaban destinadas. La Consejería de Turismo, a preguntas de este periódico, no valorado el contenido del informe y asegura que “en este momento se está analizando”.

Entre los incumplimientos que reseña el dictamen, al que ha tenido acceso este periódico, estaca ese desfase en la contabilidad: “El importe que la Dirección General de Turismo ha comunicado a la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones) asciende 17.578.500,59 euros, mientras que el importe concedido e incluido en GIRO (Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales) suma la cantidad de 18.771.300,59 euros. Existe por tanto una diferencia de 1.192.800 euros, correspondiente a 204 expedientes (el 21% del total de los beneficiarios), que no se incluyen en el fichero extraído a partir de dicha base de datos”.

La Cámara de Cuentas señala que este agujero en las cuentas andaluzas incumple la Ley General de Subvenciones, en relación a la obligación que tienen las administraciones de “garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones y ayudas públicas convocadas en cada momento” a través de la debida publicidad y transparencia. En el mismo sentido se incumpliría el decreto Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

El informe también percibe incumplimientos de la legalidad vigente en un puñado de expedientes analizados -el 8% del total de subvenciones otorgadas equivalente al 37% del gasto total-, por ejemplo, una empresa beneficiaria cuyo domicilio fiscal no está en Andalucía; otros nueve establecimientos hoteleros que registraron su domicilio fiscal en esta comunidad “con posterioridad a la fecha límite” establecida en la norma, “y no se ha obtenido evidencia de que el domicilio fiscal anterior estuviera en Andalucía”. Se señala a empresas que reciben ayudas superiores a los 200.000 euros que fija como límite la legislación, y otras que son beneficiarios pese a no justificar la finalidad de la subvención otorgada acorde a la ley.

Las subvenciones de la Consejería de Turismo a hoteles andaluces afectados por el impacto de la pandemia están cofinanciadas por fondos europeos. Las llamadas “ayudas de minimis” están destinadas a empresas que los Estados miembros de la UE no tienen que notificar a la Comisión Europea. En tres expedientes analizados por la Cámara de Cuentas, “el importe total concedido en concepto de ayudas de minimis supera la cantidad establecida por ley”.

En 37 expedientes de la muestra analizada, no se cumple el plazo de seis meses para resolver y notificar la resolución que establece la normativa. En otro caso, una empresa beneficiaria no siguió dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) después de percibir las ayudas, como rige en la ley. El órgano fiscalizador también ha detectado en otros siete expedientes de ayudas que los beneficiarios no han permanecido seis meses de alta en el IAE, y otros dos “no cumplen con el mantenimiento de la inscripción en el Registro Turístico de Andalucía a los seis meses”.

La Cámara de Cuentas también afea a la Consejería del ramo que no haya realizado los controles precisos sobre el terreno ni haya elaborado un plan para controlar el uso legítimo de las ayudas concedidas a estos hoteles.

Entre las recomendaciones que recoge el informe destaca la obligación de desarrollar otro sistema de control interno para “detectar errores”, que permita “identificar factores de riesgo en ciertas áreas y posibilitar lograr los objetivos a través de la implementación de controles para mitigar los riesgos detectados”. También insta a “establecer y comprobar que se realizan controles en la totalidad de los expedientes, para comprobar el cumplimiento de los requisitos que se deben mantener a los seis meses por parte de los beneficiarios”.

Los contratos de emergencia que se realizan desde el ámbito local de la Comunidad Autónoma cuando sucede, por ejemplo, una DANA o una catástrofe, van a ser objeto de estudio durante el próximo año por parte de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha.

El presidente de este órgano, Fernando Andújar, ha adelantado, en una entrevista con Europa Press, que aunque esta fiscalización “no es obligatoria”, la Cámara quiere ver cómo se utiliza “esa fórmula de contratación”, ya que, por su urgencia, es la que “tiene menos controles”.

Ese --tomando como referencia el año 2022-- es uno de los trabajos que figuran dentro del plan anual de fiscalización que la Cámara de Cuentas castellanomanchega se ha planteado para el próximo año, al margen de los que fija de forma obligatoria --la Cuenta General de la Junta, los ayuntamientos o el sector público-- la Ley de la Cámara de Cuentas.

Reivindicando el trabajo de éste recuperado órgano autonómico, ha reparado en que el desarrollo de su labor se basa en herramientas como la Inteligencia Artificial o programas informáticos de extracción de datos, un ecosistema bajo el paraguas de la aplicación 'Fiscalicex', pagada entre los trece órganos autonómicos de cuentas del país.

Junto a todos ellos y al Tribunal de Cuentas también se plantean fiscalizaciones conjuntas, que no tienen “por qué ser contables” y donde se enmarca una que van a iniciar este ejercicio próximo sobre el problema de la vivienda, que ahora mismo “es un tema interesante”.

En ese ámbito se está realizando ya una fiscalización conjunta de los fondos europeos en materia de digitalización escolar “para ver cómo se ha empleado” en cada Comunidad Autónoma ese dinero, u otra sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones obligatorias en Castilla-La Mancha, que comenzará a principios de año, coincidiendo con la obligación legal de implantarla por parte de algunos municipios.

Además, Fernando Andújar tiene el objetivo de publicar en la página web de la Cámara de Cuentas los dictámenes que hizo la Sindicatura de Cuentas regional hasta su supresión, a fin de que “quede constancia” de la situación de la Comunidad Autónoma en materia de fiscalización durante esos años.

Preguntado por fiscalizaciones como las de los contratos derivados de la pandemia de la Covid, que algunas comunidades autónomas sí han realizado, el presidente de la Cámara señala que durante esa época se encargaba de fiscalizar a la región el Tribunal de Cuentas, y la Cámara autonómica no se puso a funcionar hasta meses después de su creación en junio de 2022. “Llegamos tarde” para eso, ha admitido.

La Cámara de Cuentas regional cuenta actualmente con 30 personas trabajando en cuatro departamentos y una Secretaría General aunque “para ir al día” en los informes se necesitaría “el doble”, señala su presidente, que acepta que, con este personal, se meten solo “en los charcos” que ven que pueden asumir.

Defensa del trabajo de la cámara

Como recientemente expresaba la presidenta del Tribunal de Cuentas durante una reunión celebrada en Toledo, Fernando Andújar también realizado una defensa férrea del trabajo de este órgano y de la necesidad de darlo a conocer entre la ciudadanía. “Mi obsesión”, añade, es tratar de “explicar lo que hacemos” porque “a alguien se le quedará”.

Consciente de que el de la fiscalización es un “tema arduo”, también hecha en falta poder acudir más al Parlamento autonómico para dar cuenta del trabajo anual de la Cámara y no solo en lo relativo a la Cuenta General y a la memoria anual, que son las dos comparecencias a las que le obliga la ley regional.

“La administración tiene que ser transparente, las directivas europeas insisten en la transparencia, gracias a Europa muchas cosas se están implantando en nuestro país y, humildemente, somos nuevos, pero toda la información la puede consultar cualquier ciudadano o ciudadana y saber en qué se gasta el Gobierno de Castilla-La Mancha su dinero, o en el pueblo donde viva o en el pueblo de al lado” aunque sea “para presumir en su pueblo de que lo gastan mejor que en el otro pueblo”, bromea.

La administración tiene que ser transparente, las directivas europeas insisten en la transparencia

Andújar concluye aseverando que la Cámara está “para poner en evidencia” en qué se gasta el dinero público y para ese trabajo se necesita independencia. “No estamos aquí para recibir presiones de ningún político, de ninguna autoridad, de ningún alcalde, ni de nadie. Esto es lo que más claro tenemos”, subraya, convencido de que el día que no se sienta independiente se marcha a su despacho de abogados, sabiendo que “la única posibilidad de que esto funcione es que sea creíble”.

El Gobierno andaluz recibió en diciembre de 2023 el informe definitivo “desfavorable” de los interventores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre los contratos de emergencia en el ejercicio de 2021, denunciando el abuso en la contratación a dedo –sin publicidad ni concurrencia competitiva– “sin justificación alguna” y quebrantando aspectos claves de la legislación vigente.

La primera reacción del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno a la revelación de dicho informe por parte de este periódico fue remitirse a un informe posterior, el que presentó la Cámara de Cuentas en julio de 2024 sobre la fiscalización de los contratos tramitados por la Junta y sus entidades en el ejercicio 2020 vinculados a la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Sin embargo, ese segundo informe abunda en las advertencias que previamente hicieron los auditores del SAS, y censura también el uso sistemático de la contratación a emergencia cuando ni la evolución de la crisis sanitaria ni, sobre todo, el marco legal vigente en ese momento justificaban prorrogar la adjudicación a dedo de fondos públicos saltándose los controles habituales de fiscalización.

Se trata de un segundo informe que plantea “salvedades” a la actividad contractual de la Junta ese primer año de la pandemia pero, al contrario que la auditoría de la Intervención Central del SAS; concluye que “resulta conforme, en los aspectos significativos, con la normativa aplicable”.

Una valoración que el Ejecutivo de Moreno dio por buena y a la que se ha aferrado para ignorar el informe previo de sus interventores. “La Cámara de Cuentas ha revisado esos contratos y no ha hablado en ningún momento de irregularidades. Eso ha quedado bastante claro”, ha insistido esta semana el presidente andaluz en una entrevista con El Mundo, al ser preguntado por el informe desfavorable de los interventores que apuntan a una vulneración de la ley en los contratos a dedos autorizados por el SAS en 2021, por un montante total de casi 300 millones de euros.

Hay diferencias y similitudes entre la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas –órgano fiscalizador de extracción parlamentaria– y la que previamente había hecho la Intervención Central del SAS, adscrita a la Consejería de Hacienda. El primero analiza fundamentalmente los contratos exprés de toda la Administración andaluza y sus entes adscritos en el ejercicio 2020; mientras el segundo se centra en el ejercicio 2021, y sólo examina los contratos de emergencia en el SAS.

Ni la evolución de la pandemia ni la legislación habilitada para agilizar la contratación de las administraciones públicas era la misma en 2020 que en 2021, de ahí que los interventores del SAS acusen a la Junta en su informe de servirse de un marco legal estatal “derogado” en mayo de 2021 para seguir prorrogando “sin justificación alguna” un sistema de contratación a dedo “de forma indebida”, cuando la pandemia ya estaba “muy atemperada”.

“Una defectuosa planificación”

Pero, en realidad, la Cámara de Cuentas ya había planteado el mismo escenario respecto a los contratos a dedo de la Junta en 2020, recomendando al Ejecutivo andaluz volver paulatinamente a un sistema de contratación en abierto, con publicidad y concurrencia, y los controles propios de una situación “normalizada”. El órgano fiscalizador, en las conclusiones del informe, apreció una “defectuosa planificación” del Gobierno de Moreno en uno de cada tres contratos exprés, que atendía a situaciones “previsibles, programables y no sobrevenidas por la pandemia”.

Es algo que también ratifican los interventores en la auditoría a los contratos del SAS en 2021, con especial relevancia en el caso de las obras, como la del hospital militar de Sevilla, que se adjudicó a dedo por 15,6 millones, pero se planificó “por fases”, por un periodo de ejecución de 13 meses, que terminó disparando el presupuesto inicial hasta los 18,1 millones, sin que la Junta justificase en otro contrato de emergencia esa ampliación de gasto de 2,5 millones.

El informe de la Cámara de Cuentas al que alude Moreno para responder a las denuncias de irregularidades de los interventores del SAS sólo entra en el ejercicio 2021 para analizar el volumen total de los contratos de emergencia, no desgrana expediente a expediente. “El número de contratos de emergencia Covid–19 formalizados en el ejercicio 2021 por el sector público autonómico (2.159 contratos por un importe de 396.769,42 millones de euros) se considera elevado y no resulta conciliable con la evolución dinámica y progresiva de la pandemia en dicho ejercicio”, dice el documento.

Estos datos no coinciden con los que aparecen en la auditoría del SAS, que sólo en 2021 contabilizó 3.669 expedientes por contratos de obra, servicios y compra de suministros, que movilizaron 296,3 millones de euros para clínicas privadas, empresas proveedoras ligadas al sector o constructoras para la rehabilitación de hospitales.

“La fecha de celebración de esos contratos [relativos a 2021] y la proyección de los mismos con un plazo de ejecución tan extenso, condicionan las notas de excepcionalidad e inmediatez exigibles en la tramitación de emergencia, por lo que en todos esos supuestos, salvo que quedara condicionada la ejecución del contrato, hubiese requerido la utilización de procedimientos más garantes con los principios fundamentales de la contratación. Máxime cuando la ejecución de algunos de ellos se adentra en fechas en la que estaban derogados los artículos 16 del Real Decreto–ley 7/2020 (estatal) y 9 del Decreto–ley 3/2020 (autonómico)”, advierte la auditoría de la Cámara de Cuentas.

Este informe en el que se escuda Moreno también recupera la instrucción por escrito que remitió la Consejería de Hacienda al resto de departamentos, el 18 de junio de 2021, instándoles a dejar de usar por sistema la contratación a dedo (algo que el SAS obvió y siguió perpetuando hasta junio de 2023). “La realidad demuestra que el volumen de contratos de emergencia que aún a día de hoy, siguen siendo elevados al Consejo de Gobierno a efectos de rendición de cuentas, no es conciliable con la evolución de la pandemia, lo cual revela una situación que no resulta deseable de mantener. (...) El recurso a la contratación de emergencia tendrá carácter excepcional y residual”.

El 95% de los contratos fueron a dedo en 2021

La Cámara de Cuentas sí advierte de que, todavía en 2021, toda la Junta de Andalucía –no solo el departamento de Salud– recurría de manera “sistemática” a los contratos a dedo, pese a que el marco legal estatal estaba derogado y la propia Consejería de Hacienda había advertido de que su uso debía ser “residual” a esas alturas. Con todo, el 94,82% del total de contratos realizados en 2021 fue por la vía de emergencia, que corresponde al 87,58% del importe total adjudicado a dedo por este procedimiento.

Tanto los interventores del SAS, en su informe de diciembre de 2023, como los auditores de la Cámara de Cuentas, en su informe de julio de 2024, coinciden en el diagnóstico sobre la evolución de la pandemia: ni en la segunda mitad de 2020 –“con el avance hacia la denominada nueva normalidad”– ni mucho menos en el ejercicio 2021 –“con la pandemia ya muy atemperada”– estaba justificado el procedimiento sistémico de la contratación a dedo, porque la crisis sanitaria era “más previsible” y, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”. A pesar de los dos informes, el SAS siguió adjudicando a dedo millones de euros a empresas y clínicas privadas, al menos hasta el verano de 2023 (que haya podido constatar este periódico).

El informe de la Cámara de Cuentas advierte: “El proceso de desescalada y el avance hacia la etapa denominada nueva normalidad, producida a partir del mes de junio de 2020, con la progresiva relajación de las medidas inicialmente acordadas, y la promulgación de normas que revertían parcialmente la paralización de los procedimientos contractuales suspendidos por la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, deberían haber conllevado, a partir de aquella fecha, la continuación de procedimientos contractuales en curso y la utilización por los órganos gestores de procedimientos menos restrictivos de la competencia y más garantes con los principios generales de la contratación que el de la contratación de emergencia”.

El órgano de extracción parlamentaria, de hecho, coincide también con el análisis que ya hicieron los interventores del SAS en su informe definitivo sobre los contratos de emergencia en 2020. Entonces su opinión fue “favorable con salvedades”. Los auditores plantearon una serie de recomendaciones, encaminadas a ir abandonando progresivamente la contratación a dedo y volver a la tramitación ordinaria, en abierto, con publicidad y concurrencia competitiva. Pero, un año después, el mismo órgano fiscalizador había revisado la contratación en 2021 y constatado que la Junta seguía haciendo lo mismo y no había cumplido prácticamente ninguna de las recomendaciones realizadas un año atrás.

El informe de la Cámara de Cuentas habla de “una defectuosa planificación de la gestión contractual” por parte del Gobierno de Moreno en casi un tercio de los contratos analizados aleatoriamente: el 32,34%, 65 de los 201 que se han examinado. Ese tercio de contrataciones, dice el documento, “obedecen a una necesidad que pudo ser previsible, programable y no sobrevenida por causa de la pandemia” por cuanto argumenta que “en muchos casos” se trataba de situaciones “que se retrotraían y eran conocidas con antelación a la crisis sanitaria”. La Cámara de Cuentas trabajó con una muestra de 201 contratos que sumaban un importe de 79,69 millones.

El órgano fiscalizador recomendó “una adecuada planificación de la gestión contractual hubiera permitido ejecutarlas con anterioridad, a través de procedimientos menos restrictivos de los principios de publicidad y concurrencia”. Y advierten: en ese caso “no queda justificado que la finalidad perseguida por el correspondiente contrato no pudo ser lograda utilizando otros procedimientos”, entre los que enumera la tramitación abreviada o urgente prevista en el artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público, o el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia.

“Que vayan a los tribunales”

Entre las recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas, que califica como “una prioridad alta”, figura “emplear la tramitación de emergencia de acuerdo con criterios de necesidad y proporcionalidad, limitándola, tanto en el ámbito objetivo como en el temporal, a lo estrictamente indispensable para hacer desaparecer la situación de emergencia”.

También trasladaron una propuesta para que el SAS, “habida cuenta del volumen de contratación y de su organización logística (centrales provinciales de compras)” ponga en marcha “protocolos, procedimientos normalizados y coordinados, que den uniformidad en la tramitación de la contratación de emergencia llevada a cabo por cada centro gestor”. “Se recomienda la adquisición centralizada de productos de similares características evitando la dispersión y facilitando con ello los mejores precios”, concluye el documento.

Todos los grupos de la oposición han cuestionado el abuso de la contratación de emergencia por parte del Ejecutivo andaluz, con especial incidencia el PSOE, que ha hecho de las críticas a la gestión de la sanidad su principal línea de ataque. “El Partido Socialista intenta generar una sombra de corruptela en la gestión. Pero, si tienen alguna duda, que vayan a la Fiscalía, que vayan a los tribunales”, ha sentenciado Moreno esta semana.

La Cámara de Cuentas de Andalucía está presidida por el catedrático de Economía y exconsejero de Educación en el primer Ejecutivo de Moreno, Manuel Alejandro Cardenete, elegido por unanimidad el pasado mes de marzo, cuatro meses antes de la publicación del informe de fiscalización de los contratos de emergencia relativos a 2020.

La Cámara de Cuentas está fiscalizando el bono alquiler joven de la Junta de Andalucía en aras de evaluar “en qué medida ha sido eficaz” la gestión de una ayuda que está envuelta en polémica. La demora en los pagos que acumula la tramitación de este bono –que debería haberse resuelto en mayo de 2023– ha provocado que cientos de jóvenes andaluces lleven meses movilizándose contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Medio centenar de afectados interpuso en abril la primera demanda colectiva contra la Junta de Andalucía por este motivo. Y hace apenas unas semanas, la plataforma que ampara a los jóvenes afectados convocó la quinta protesta en un año para volver a denunciar el “desmesurado” retraso en los pagos y “la falta de transparencia” que le reprochan a la Consejería de Fomento, responsable de ejecutar este bono financiado con fondos estatales.

Con esta investigación que arrancó hace unos meses, la Cámara de Cuentas andaluza pretende “concluir si la gestión de las ayudas del bono alquiler joven se ha realizado de conformidad con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y si existen áreas de mejora”. Para ello, este órgano de fiscalización de la administración pública examina la “agilidad” de la Junta en la tramitación de esta ayuda atendiendo a dos variables: el número de resoluciones y la ejecución de los créditos a fecha del 31 de diciembre de 2023, más de un año después de que se abriera la convocatoria.

Avance de conclusiones

Fuentes de la Cámara de Cuentas explican a este periódico que el trabajo de fiscalización se encuentra avanzado, habiéndose acometido ya actuaciones como la planificación y el trabajo de campo. Una vez concluida esta última fase consistente en recabar la información necesaria, el órgano de fiscalización va a dedicar las próximas semanas a extraer conclusiones que volcará en un informe, cuyo borrador esperan tener redactado a finales de julio.

De momento, a la luz de los datos aportados por la entidad fiscalizada (esto es, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda como responsable de la gestión del bono), desde la Cámara de Cuentas avanzan que “llama la atención que de los 68 millones presupuestados solo se hayan pagado unos 15 millones de euros a 31 de diciembre de 2023”, lo cual representa un 22% del presupuesto total en más de un año. En cuanto a las resoluciones, en esa misma fecha tan solo se habían resuelto 6.687 solicitudes de las 17.288 que se recibieron en noviembre de 2022, es decir, el 39%.

Aunque todo ello conecta con el clamor que los jóvenes llevan meses manifestando en las calles, desde el órgano fiscalizador se explica que la decisión de examinar el controvertido bono nace de la necesidad de acotar el examen que se iba a realizar en torno a un programa presupuestario más amplio relativo a “Vivienda, rehabilitación y suelo”. Dentro de ese programa marco, el bono alquiler joven era el que contaba con mayor dotación presupuestaria, de ahí que determinaran centrarse en su fiscalización.

Más de un año fuera del plazo legal

Tras conocer la actuación que está llevando a cabo la Cámara de Cuentas, Manuel Sanz, portavoz de la plataforma que se encarga de canalizar las movilizaciones de los afectados, vuelve a recordar que “no queremos ninguna victoria moral, sino que el Gobierno andaluz haga mejor su trabajo y pague de una vez desde que expiró el plazo legal que tenían para resolver”. Ese plazo establecido por el Gobierno central para resolver el trámite expiraba a los seis meses de la convocatoria, esto es, en mayo de 2023.

Sin embargo, aún hoy quedan miles de jóvenes pendientes de que se resuelva su expediente o se les abone esta ayuda pública de 250 euros de alquiler concebida “con el fin de facilitar a las personas jóvenes con escasos recursos económicos el acceso a su residencia habitual en régimen de alquiler y favorecer su emancipación y desarrollo vital”, como consta en la página web de la Junta.Durante este año y medio, los planes de vida de muchos de ellos se han frustrado al no poder disponer de un dinero con el que contaban.

Desde el Gobierno andaluz insisten en que “se ha resuelto la gran mayoría de los expedientes y se sigue trabajando para que todos los beneficiarios reciban el dinero lo antes posible”. De acuerdo con las cifras de la Consejería de Fomento, actualmente hay 10.300 expedientes resueltos, gracias a “las medidas de refuerzo que hemos adoptado para agilizar el proceso de concesión”, según destacan desde este departamento. No obstante, los jóvenes afectados apostillan que “expedientes resueltos no significa pagados” y reprochan que “aunque los resuelvan ahora, van casi dos años tarde”.

El propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, admitió la tardanza en la tramitación como “un error” y pidió disculpas en dos ocasiones atribuyendo la demora a “un problema de carácter técnico importante”. Sin embargo, su Gobierno sostiene ahora la tesis de que los retrasos responden a la “enrevesada tramitación impuesta” por el Ejecutivo central. “El único problema que ha tenido el bono alquiler joven son las numerosas trabas que nos ha puesto el Gobierno de España en el camino, con una norma farragosa que ha necesitado de un desarrollo posterior por parte de las comunidades”, recriminan desde la administración andaluza, aunque en el resto del país, ese mismo diseño no se haya traducido en un impedimento como el que arrastra Andalucía.

Ni el Gobierno de Castilla-La Mancha ni su Servicio de Salud (SESCAM) informaron sobre la ejecución de proyectos financiados con el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) en la anualidad de 2021. Esto supone una “dificultad” para que las Cortes de Castilla-La Mancha realicen el control previsto de las cuentas generales del Ejecutivo.

Así lo concluye la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, el nuevo órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, en las conclusiones de su informe definitivo sobre el la auditoría del FCI en ese año, publicado en el Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM).

En este documento y ante la ausencia de dicha información, este órgano aconseja a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital a implantar un sistema contable que permita la determinación del grado de ejecución y del grado de financiación de los proyectos.

De igual modo, el organismo que dirige Fernando Andújar sugiere a las entidades gestoras de FCI informar en la memoria de su Cuenta General sobre los proyectos financiados mediante dicho fondo estatal.

Según detalla el informe, en el ejercicio 2021 Castilla-La Mancha recibió del Fondo de Compensación Interterritorial un total de 34,47 millones -(25,85 millones del Fondo de Compensación y 8,62, del Fondo Complementario), lo que supone el 7,97% de los 324,33 millones presupuestados.

De esos más de 34,47 millones, 23,3 iban a la Consejería de Fomento para infraestructuras en carreteras; más de 2,5 a la Consejería de Educación y Deportes para infraestructuras y equipamiento de centros educativos, y 8,5 para infraestructuras y equipamiento sanitario.

Un grado de ejecución al cien por cien

La Cámara de Cuentas también ha concluido que el Ejecutivo regional presupuestó como ingreso en 2021 la misma cantidad que la Ley de Presupuestos Generales del Estado le asignó del FCI y que el grado de ejecución del Fondo en el ejercicio 2021 alcanzó un 100%.

También concluye que el manual de gestión de FCI de la Intervención General de la Junta de Comunidades es, en general, conforme a la normativa de aplicación, excepto en lo previsto respecto a la primera petición de fondos de proyectos de inversión y que no recoge cómo deben periodificarse las peticiones de fondo para proyectos que figuren como transferencias de capital.

Este manual no incluye tampoco ningún procedimiento formalizado de control específico para la gestión de FCI y, en particular, las solicitudes de fondos.

Por todo ello, la Cámara de Cuentas recomienda a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital modificar el manual de gestión de los FCI para adecuarlo a la normativa vigente e incluir un procedimiento de control.

El presidente de la nueva Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, ha abroncado a las entidades locales de la región por su “bajo nivel” de rendición de cuentas y ha expresado su preocupación por que el 60% de los ayuntamientos no estén cumpliendo con esta obligación.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa previa a la reunión de la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes en la que Andújar ha comparecido, por primera vez, tras recuperarse en 2022 el órgano que tiene como función principal el control de la actividad financiera del sector público regional.

“No quiero utilizar la palabra 'vergonzosa' para decir que el nivel de rendición de cuentas es muy bajo”, ha afeado Andújar, al tiempo que lo ha comparado con “como si los ciudadanos no hicieran anualmente su declaración de la Renta”.

En este sentido, ha recordado que la Cámara de Cuentas tiene la función de fiscalizar también a las entidades locales de la Comunidad Autónoma y estas la obligación de remitir su información a este organismo dependiente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Al hilo de esta cuestión, el presidente de la Cámara de Cuentas ha dicho que esta reprimenda no va dirigida a “municipios pequeñísimos” sino a municipios grandes, “de 15.000 habitantes en algunas provincias”, que no rinden cuentas. “Y eso para mí no es asumible. Hay un gran municipio de la provincia de Toledo que lleva tres años sin rendir cuentas”, ha criticado Andújar, quien no ha querido dar nombres.

Respecto a los municipios pequeños, ha dicho que “tendrán que estudiar”, junto con la Junta y las diputaciones provinciales, cómo pueden hacer que “pequeños pueblos, con una dispersión grandísima y una despoblación tremenda”, puedan realizar esta rendición de cuenta con la escasez de recursos que tienen.

Trabajo desarrollado por el nuevo organismo

Por otro lado, durante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes, Andújar ha presentado la memoria del ejercicio 2023 de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, además de resumir el trabajo desempeñado por este nuevo organismo desde su recuperación en 2022.

En la primera intervención del presidente de la Cámara de Cuentas ante los grupos políticos en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes, Vox ha criticado que este organismo “no sea más” que una “duplicidad más” entre el Estado y las autonomías.

Desde el Partido Popular, el diputado Nacho Redondo ha pedido una “mayor premura” para que los datos que se fiscalizan desde la Cámara de Cuentas “estén más adelantados”, además de solicitar “independencia” a este órgano para su correcto funcionamiento y que puedan beneficiarse de él todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Por la parte socialista, Fernando Mora ha destacado el esfuerzo que ha supuesto constituir de cero este nuevo órgano y ha felicitado a su presidente por el trabajo desarrollado, haciéndolo extensivo para todas las personas que componen la Cámara de Cuentas.

Asimismo, ha tenido críticas para Vox por oponerse a la creación de la Cámara de Cuentas pese a que en otras autonomías, como Andalucía o Aragón, sus compañeros de partido participan en ella.

La Cámara de Cuentas de Madrid ha contratado como personal eventual a la pareja de su actual presidente, Joaquín Leguina. Según la documentación examinada por elDiario.es, Lucinda Álvarez Molinero fue nombrada el pasado 19 de abril como jefa de la Secretaría de Presidencia. Es un puesto de libre designación adscrito al cargo que ocupa Leguina, que tomó posesión sólo un día antes, el 18 de abril, tras ser aupado por el Partido Popular. Leguina, expulsado del PSOE en 2022 tras pedir el voto para Isabel Díaz Ayuso, fue jefe del Ejecutivo madrileño durante 12 años, entre 1983 y 1995. 

La Cámara de Cuentas es el órgano de fiscalización de los presupuestos de la comunidad autónoma. En esta institución, Lucinda Álvarez Molinero ejercerá “funciones propias de secretariado de alto cargo”, según consta en la relación de personal eventual al servicio del órgano. La información recogida en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid acredita que durante tres lustros, entre 2000 y 2015, Álvarez Molinero ya trabajó como secretaria de Leguina en su faceta de expresidente.

Después, entre 2016 y 2021, fue secretaria de los consejeros de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, siempre con ejecutivos del Partido Popular. Su último destino, que ocupó hasta el pasado abril, fue de secretaria del actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco. Es licenciada en Filología Hispánica y también cuenta con un Máster en Formación del Profesorado.

En conversación con elDiario.es, Leguina ha justificado la colocación de su mujer en la institución que él ahora preside: “No he contratado a mi pareja, ya estaba contratada y lo único que ha hecho es pedir un traslado. Es la secretaria que he tenido toda mi vida y espero seguir teniéndola”, ha respondido el expresidente madrileño.

No se trata de un mero traslado. La Cámara de Cuentas establece que la jefa de la Secretaría de Presidencia cobra un “complemento específico” a su sueldo de 23.713,92 euros anuales.

Cambio normativo

La operación de Ayuso para colocar a Leguina en la Cámara de Cuentas tuvo como primer paso un cambio normativo que permite al PP nombrar consejeros sin necesidad de consensuarlos con el resto de partidos, al haber rebajado las mayorías para su elección. Tras ese cambio, el PP de Ayuso eligió a Leguina como consejero el pasado 24 de marzo junto con otros cuatro consejeros para un mandato de seis años, que después le eligieron a él como presidente.

Leguina, expulsado del PSOE en 2022 tras pedir el voto para Ayuso, cobrará 100.550 euros anuales durante esos seis años, según la última actualización del cuadro de retribuciones del órgano. El exsocialista llevaba años alejado de la línea oficial del partido y aproximándose a las tesis de la derecha. Ha sido muy crítico con el actual secretario general, Pedro Sánchez, pero sus desavenencias con el PSOE venían ya de antes, con posicionamientos críticos con el derecho al aborto, por ejemplo, ya en la época de José Luis Rodríguez Zapatero.

Un juzgado ha rechazado la petición cautelar de Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, contra la decisión del PSOE de suspenderle de militancia después de apoyar explícitamente a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2021. La magistrada acusa a Leguina de querer “alterar” una suspensión de militancia “que ha consentido durante largo tiempo” al acudir a los tribunales sin antes ejercer ningún tipo de oposición cuando su expediente se tramitaba ya en 2022. El exdirigente socialista ha sido recientemente nombrado presidente de la Cámara de Cuentas por el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso con un sueldo anual de 100.000 euros.

El juzgado rechaza la petición de medidas cautelares pero especifica que el proceso sigue adelante y que el recurso del expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, en el futuro, podría ser estimado en una sentencia. Su recurso se dirige contra el PSOE pero también contra los dirigentes Santos Cerdán y Marta López al entender que la decisión vulneró su derecho fundamental a la militancia y a participar en asuntos públicos.

El PSOE decidió expedientar a Leguina en 2021 y suspenderle de militancia a finales de 2022. El motivo: el apoyo que desde hace meses hacía explícito hacia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, que entonces se presentaba a las elecciones de mayo. Tanto Leguina como otros antiguos líderes del PSOE llegaron a protagonizar un acto de campaña con Ayuso en la localidad de Leganés.

Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid por el PSOE entre 1983 y 1995, decidió pedir medidas cautelares en los juzgados de la capital hace unas semanas, año y medio después del acuerdo del PSOE que le suspendió de militancia. Una de las razones por las que la magistrada rechaza aplicar medidas urgentes al caso: “Pretende alterar ahora una situación de hecho, la suspensión de militancia, que ha consentido durante largo tiempo”, reprocha el auto.

La relación de Leguina con el PP de Isabel Díaz Ayuso dio un salto cualitativo hace unos días, cuando fue nombrado presidente de la Cámara de Cuentas madrileña con un sueldo anual de más de 100.000 euros. Pocos meses después de haber cambiado la ley y modificar las mayorías necesarias para nombrar a los miembros de este ente, dedicado a fiscalizar las cuentas de la administración regional.

“Quiero seguir militando en el PSOE”, afirmaba Leguina hace unos días en declaraciones a EFE. Según su versión, no fue expulsado del partido por apoyar a la líder del PP madrileño sino por criticar “políticas concretas de Pedro Sánchez” en términos “más suaves” que otros antiguos dirigentes socialistas como Alfonso Guerra.

El primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, preside desde este martes la Cámara de Cuentas regional. Así lo han decidido los nuevos consejeros del órgano fiscalizador tras tomar posesión, según informa 'Abc'. Leguina fue aupado al cargo directamente por la actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ya que recibió únicamente los votos del PP en la Asamblea. El partido de Ayuso controla la mayoría de la Cámara de Cuentas, por lo que la elección de Leguina como presidente no podía hacerse sin su concurso.

El control del PP de Ayuso sobre el órgano fiscalizador de la región se fraguó a finales del año pasado. El día del sorteo de Navidad, la Asamblea de Madrid celebró un pleno extraordinario para aprobar los Presupuestos de 2024 y, de paso, diferentes modificaciones legales. Entre ellas, una para laminar a la oposición en la Cámara de Cuentas.

Cuatro meses después, Ayuso completa la jugada. Primero propuso a Leguina como consejero. Un cargo que lleva aparejado un sueldo de 100.000 euros. El propio expresidente de Madrid dijo no tener muy claro cuáles serían sus funciones y que se enteraría “más a fondo” cuando se incorporara. El PP designó en solitario a cinco de los consejeros del órgano fiscalizador.

Pero Leguina tendrá que enterarse, además, de qué funciones tiene como presidente. Este martes, los nuevos siete consejeros han tomado posesión de su cargo. Después, se han reunido por primera vez y le han elegido como su presidente.

Leguina culmina así su tránsito. En 1983 fue elegido presidente de la recién constituida Comunidad de Madrid. Desde algunos años antes lideraba al PSOE en la región. Leguina cedió el poder al PP en 1995 y, desde entonces, la derecha ha gobernado de forma continua en Madrid.

Su distanciamiento con el PSOE llegó tras asumir José Luis Rodríguez Zapatero al liderazgo estatal del PSOE. Leguina apoyó a su rival, José Bono, de la mano de Felipe González y otros líderes antiguos del socialismo español. Leguina acabó pidiendo el voto para Ayuso, lo que supuso su expulsión como militante socialista.

El catedrático de Economía y exconsejero andaluz de Educación Manuel Alejandro Cardenete ha sido elegido presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía en una reunión extraordinaria del Pleno de esta institución celebrada este martes.

La elección de Manuel Alejandro Cardenete como presidente de la Cámara de Cuentas --cargo en el que releva a Carmen Núñez, que ha ostentado dicha responsabilidad entre el año 2021 y el presente 2024 tras ser elegida a propuesta de Ciudadanos (CS)-- se ha producido por unanimidad en la reunión del pleno de la institución, según han informado a Europa Press fuentes de este órgano fiscalizador de extracción parlamentaria.

Esta decisión se formalizará con el nombramiento por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en los próximos días, según ha informado la Cámara de Cuentas en una nota.

Manuel Alejandro Cardenete es licenciado en Economía y Empresa por la Universidad de Sevilla, doctor en Economía por la Universidad de Huelva, catedrático de Economía de la Universidad Loyola Andalucía y de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla.

Tras el fallecimiento, en abril de 2022, del por entonces consejero de Educación y Deporte Javier Imbroda, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, nombró a Manuel Alejandro Cardenete como titular de dicha cartera del Gobierno autonómico, responsabilidad que desempeñó hasta la conformación del nuevo Gobierno andaluz nombrado por el también líder del PP-A en julio de 2022, tras las elecciones autonómicas del 19 de junio de aquel año en las que los 'populares' vencieron por mayoría absoluta.

Anteriormente, desde 2019, Cardenete había ocupado en la Junta de Andalucía el cargo de viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, cartera que en el gobierno de coalición que entonces conformaban PP-A y CS dirigía el vicepresidente, Juan Marín, de Ciudadanos.

El Pleno del Parlamento andaluz designó a Cardenete como nuevo consejero de la Cámara de Cuentas a propuesta del Grupo Popular en la sesión celebrada el pasado 21 de febrero. Sustituía así a Carmen Núñez, que cesaba en el cargo tras finalizar su mandato.

Fuentes 'populares' confirmaron la semana pasada a Europa Press que los consejeros del PP-A propondrían este martes a Cardenete como candidato a la presidencia de la Cámara de Cuentas en el pleno convocado para este día con carácter extraordinario.

La Cámara de Cuentas de Andalucía se crea por Ley 1/1988, de 17 de marzo, como el órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la comunidad autónoma.

En virtud de su composición actual, tres de los siete consejeros de la Cámara de Cuentas han sido designados a propuesta del Grupo Popular --el citado Manuel Alejandro Cardenete, así como la actual vicepresidenta de la institución, Sandra Garrido, y Miguel Contreras--, mientras que dos --el expresidente Antonio López Hernández y Manuela Serrano-- fueron propuestos por el PSOE-A, y a ellos se suman los consejeros elegidos a iniciativa de Vox y del grupo Por Andalucía, Jaime Javier Domingo y Diana Morales, respectivamente.

El mandato inicial del presidente de la Cámara de Cuentas es de tres años, si bien puede ser reelegido en el cargo.

Isabel Díaz Ayuso cierra su primer año con mayoría absoluta aprobando tres de los proyectos más importantes y polémicos de su incipiente mandato. Coincidiendo con el día de la lotería, la Asamblea de Madrid celebró este viernes un pleno extraordinario que ha dado luz verde a los presupuestos de 2024 –los segundos que ha podido sacar adelante en cinco años desde que es presidenta–, y que aprobó las modificaciones de las leyes trans y LGTBI, lo que supone en la práctica el primer retroceso en derechos del colectivo respecto de una ley aprobada con otro gobierno del PP en la Puerta del Sol, el de Cristina Cifuentes.

El rodillo de su mayoría absoluta también permitió este viernes a Ayuso, antes de las vacaciones de Navidad, aprobar otra de las leyes más discutibles desde que está al frente de la Puerta del Sol: una reforma legislativa de 15 normas con la que de un plumazo se hará con el poder total de Telemadrid y controlará el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas, todos órganos necesarios para la fiscalización de su Gobierno. Con esta reforma legislativa, la dirigente del PP también podrá otorgarse un sueldo vitalicio para cuando deje de ser presidenta.

La oposición ha acusado al PP de tener comportamientos similares a “partidarios de las dictaduras” y de “totalitarismo”. El PSOE ha anunciado que llevará esta modificación legal tramitada por la vía de urgencia al Tribunal Constitucional.

Las leyes trans y LGTBI

En medio del debate público sobre los derechos del colectivo LGTBI después de que Vox los haya cuestionado en todos aquellos parlamentos y ayuntamientos donde ha llegado el poder, Ayuso se suma a esta agenda ideológica con su mayoría absoluta –sin necesidad de la extrema derecha– para en la práctica derogar las leyes autonómicas respaldadas por el PP en 2016. Vox ha apoyado ambas modificaciones legales.

En la ley trans, se elimina el concepto de identidad de género, se marca que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicita que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación. En educación se eliminan los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.

En el caso de la ley ante la LGTBIfobia se retocan aspectos sanitarios, organismos como el Consejo LGTBI de la Comunidad o el régimen sancionador. Una de las partes centrales de la reforma es el ámbito educativo, que concentra cinco de los veinte artículos derogados, entre ellos el que ataja el acoso escolar. En concreto, el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI sale del currículo en los centros educativos. 

El poder total en Telemadrid

Gracias a una ley contenedor, que modifica 15 leyes el último día antes de navidad, con medio país pendiente de la lotería, Ayuso logra hacerse con el poder total de Telemadrid y culmina un camino que inició tras las elecciones de 2021. La primera medida de Ayuso tras el adelanto electoral –que supuso la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, hasta entonces su socio de Gobierno– fue una ley para cargarse a la anterior dirección de Telemadrid (elegida por consenso) y hacerse con el control del ente público tras dos años de quejas sobre la independencia de la cadena regional, una purga declarada recientemente ilegal por el Tribunal Supremo. Un año después, de nuevo con la connivencia de Vox, la dirigente del PP sacó adelante otra ley para poder nombrar por mayoría simple de la Asamblea al director general, que hasta entonces requería una mayoría reforzada.

Con la nueva ley, Ayuso da una nueva vuelta de tuerca para que el control sea absoluto y dejar bajo mínimos la capacidad de fiscalización de la oposición. De entrada, plantea que el consejo de administración pase de cinco a siete consejeros. Actualmente, como todos los grupos deben estar representados en el mismo, el PP cuenta con dos consejeros, Más Madrid con uno, el PSOE con uno y Vox con otro.

Pasando a siete consejeros, el PP tendrá cuatro, lo que le otorgará mayoría absoluta también en el ente público. De esta forma, la ley cambia el sistema de elección de la figura del director general “para evitar situaciones de interinidad prolongadas en el tiempo” y establece que será “la Junta General de Accionistas de Radio Televisión Madrid a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad” quien lo nombre. Es decir, la nueva mayoría del PP sin que tenga que pasar por una votación en la Asamblea de Madrid.

Ayuso nombrará y controlará el Consejo de Transparencia

Hacerse con el control del Consejo de Transparencia evitará en el futuro a Ayuso situaciones como la de tener que acudir a los tribunales para impedir que se conozca su expediente académico, como ha ocurrido después de que el órgano determinase que debía ser público. Con la ley aprobada este viernes “se elimina su dependencia de la Asamblea” y será el Gobierno quien designe a dedo al ahora único integrante del organismo.

Hasta ahora, el Consejo de Transparencia y Participación lo formaban tres consejeros propuestos por el Pleno de la Asamblea de Madrid que se eligieron por un procedimiento de mayoría reforzada de tres quintos. Estos tres miembros estaban en el cargo por un periodo de seis años, y se distribuían rotatoriamente la presidencia cada dos años. Con la nueva ley aprobada este viernes solo habrá un responsable máximo de este órgano elegido por el Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia que en la actualidad es Miguel Ángel García. Es decir, será la propia Ayuso quien decida la persona que estará al frente del organismo.

La ley modificada gracias a la mayoría absoluta del PP exigía además diez años de experiencia profesional acreditada en actividades relacionadas con el sector público, la transparencia y el acceso a la información pública. Ahora este requisito ya no será imprescindible, con lo cual podría nombrarse a cualquier exdiputado del PP que jamás haya tenido relación ni actividad alguna con la transparencia o el sector público.

Otro de los cambios que se introducirá será añadir al nuevo Consejo las competencias de protección de datos. La idea es situar en el mismo nivel la protección de datos que la transparencia, de modo que los conflictos de intereses recaerán en el nuevo Consejo, cuando hasta ahora no era así. Por ello cambiará de nombre y pasará a llamarse Consejo de Transparencia y Protección de Datos. 

También se elimina el régimen sancionador contemplado en la norma para las Administraciones que incumplen la normativa en materia de transparencia, que fue una exigencia de PSOE y Ciudadanos, después de los casos que protagonizaron los expresidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Control de la Cámara de Cuentas

No es la única forma que ha encontrado Ayuso para quitarle al parlamento regional cualquier capacidad de control al Gobierno. El PP ha planteado una reforma de la ley que regula la Cámara de Cuentas que elimina la mayoría reforzada de dos tercios para elegir a los consejeros.

La Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad en 2019 una propuesta de Podemos para modificar la norma, que llevaba desde 1999 sin tocarse, para reducir el número de consejeros de siete a tres y reforzar las mayorías para elegirlos con el fin de que fueran más independientes, con tests de idoneidad. Aquella ley tenía algunos desajustes que había que modificar, según reconocieron todos los grupos, pero el PP de Ayuso lo ha aprovechado para eliminar el sistema de elección parlamentario y que sea el Gobierno regional quien elija directamente a los consejeros que luego tendrán que fiscalizar su gestión económica.

Los gerentes de los hospitales serán elegidos a dedo

La ley, que modifica hasta 15 textos legislativos, también incluye “devolver al Consejo de administración del Sermas la posibilidad de ejercer las competencias que le son propias y poder elegir, de entre los mejores, a los gestores de los hospitales, agilizando los nombramientos y ofrecer así una respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de cada centro hospitalario”. Esto implica que los directores gerentes y territoriales ya no serán elegidos por un “proceso de igualdad, mérito y capacidad” sino por el Consejo de Administración del Sermas. Se elimina la limitación del mandato a cinco años.

Todas estas cuestiones, tramitadas por la vía de urgencia, se han aprobado este viernes en la Asamblea de Madrid. Cada una de estas reformas legales va en la línea de limitar la labor de fiscalización a su Gobierno por parte de la oposición y de otros organismos públicos.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha abierto una investigación para tratar de aclarar las cuentas de la empresa municipal de Illueca, Promociones e Iniciativas Río Aranda SA (Pirasa), cuya trayectoria ha resultado polémica a lo largo de sus 22 años de existencia por, precisamente, la escasa transparencia que rodeó su gestión económica.

Las diligencias de la Fiscalía de Zaragoza ha arrancado poco después de que el asunto hubiera llegado al Tribunal de Cuentas desde la Cámara de Cuentas de Aragón y que, desde allí, acabara sobre la mesa del fiscal jefe del órgano de fiscalización.

Las pesquisas se centran, tanto en la vía contable como en la penal, en el destino de los 838.200 euros (146,7 millones de pesetas) que fueron aportados a la empresa municipal en una operación de ampliación de capital formalizada en agosto del año 2000, cuando ocupaba la alcaldía José Javier Vicente, del Par.

Sin embargo, esa ampliación de capital nunca llegó a ser inscrita en el Registro Mercantil, y el valor nominal de las acciones de Pirasa se quedó oficialmente en 60.101 euros, que es el mínimo necesario para constituir una sociedad anónima.

Vuelve a la alcaldía el impulsor de la operación

Vicente, que se mantuvo en el cargo entre 1996 y 2007 para pasar después a Ciudadanos, regresó el pasado sábado 17 de junio a la alcaldía desde la lista del Par gracias, precisamente, a la abstención del PSOE, cuyo portavoz, Carlos Martín, fue quien había llevado unos meses antes el asunto a la Cámara de Cuentas.

Los socialistas gobernaron entre 2007 y 2011, cuando fueron relevados por el PP con Ignacio Herrero, que ocupó la alcaldía entre 2011 y 2023 y quien en su último mandato formalizó la liquidación la empresa municipal, que llevaba tres lustros sin actividad y cuyas cuentas trata ahora de aclarar la Fiscalía.

El ministerio público ya tuvo el asunto sobre la mesa hace cuatro años, cuando Herrero presentó una denuncia y entregó varios documentos tras haber demandado a Pirasa un antiguo proveedor.

¿Dónde han ido a parar los 146 millones de pesetas?

La ampliación de capital fue formalizada mediante una escritura fechada el 30 de agosto de 2000 en la notaría de Brea, y consistió en la emisión de 1.397 acciones de 100.000 pesetas cada una (139,7 millones, 838.200 euros) con una prima de emisión de 5.061,92 (7,07 millonees) “que se satisfará íntegramente en el momento de la emisión”.

Eso situaba el capital social en 149,7 millones de pesetas distribuido en 1.497 acciones “totalmente liberadas” e “intransferibles a persona distinta de su titular, el Ayuntamiento de Illueca” y las cuales quedaron en ese acto, según recoge la escritura, “íntegramente suscritas y desembolsadas en su totalidad por el socio único de la sociedad, el Ayuntamiento de Illueca”.

El acta incluye una referencia a la certificación expedida por el delegado de la sucursal de Ibercaja en Brea, que confirmaba el ingreso del dinero (146,71 millones) en la cuenta de la empresa “en concepto de ampliación de capital por las subvenciones otorgadas por la Diputación General de Aragón”.

Sin embargo, según certificó posteriormente el ayuntamiento, esa ampliación de capital “no fue inscrita en el Registro Mercantil”.

Las últimas cuentas de Pirasa que llegaron al Registro fueron las de 1999, el ejercicio anterior a la ampliación de capital, en el que su salud financiera era más bien precaria. Cinco años después, en 2005, quedaba declarada como inactiva ante Hacienda.