El pacto de PP y Vox para aprobar una reforma exprés de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía que blinde su mayoría en el órgano de control de las cuentas públicas del Gobierno de Juanma Moreno ha desatado una virulenta reacción de todos los partidos de izquierdas en la oposición, que no han ahorrado calificativos para describir lo “gravísimo” del asunto.

“Es antidemocrático”; “Es un atraco a mano armada a la pluralidad política”; “Es un proceso deconstituyente de la autonomía andaluza”; “Es un tema de causa mayor que socava la defensa de la democracia, el blindaje de nuestras instuciones y el autogobierno andaluz”. Por separado, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han coqueteado este miércoles con acudir al Tribunal Constitucional en caso de que la polémica reforma prospere, algo previsible, dada la holgada mayoría de tres quintos que tienen PP y Vox en el Parlamento.

Los socialistas y Adelante Andalucía han elevado sendos escritos a la Mesa del Parlamento y a la propia presidencia de la Cámara de Cuentas, ambas contraladas hoy por los populares, con el objetivo indisimulado de recabar argumentos por escrito para armar un recurso de inconstitucionalidad por “vulneración del derecho fundamental de representación política” de los grupos. Ambos reclaman un informe a los servicios jurídicos del Parlamento que justifique la celeridad de una reforma “ad hoc” de la ley que, de aplicarse, cambiaría la composición del órgano de control externo de la Junta, cediendo la mayoría al bloque progresista.

El escrito del PSOE, de 18 páginas, recoge jurisprudencia del Tribunal de Garantías y es prácticamente un simulacro de recurso de inconstitucional que busca, al menos, evitar que el Parlamento tramite de urgencia la reforma propuesta por PP y Vox. Los tres grupos de izquierdas denuncian, al unísono, que tanto el fondo del cambio en la ley como el procedimiento acelerado para tramitarlo buscan “suprimir la garantía legal de representación de los grupos parlamentarios”.

Un órgano estatutario que supervisa al Ejecutivo de Moreno

El asunto, adelantado por este periódico, ha provocado una bronca este miércoles en la Junta de Portavoces, donde los grupos de izquierdas han exigido a la presidenta del Parlamento, la popular Ana Mestre, explicaciones de por qué esta modificación apresurada de una ley con 38 años de vida se tramita por la vía de urgencia y, por primera vez, fuera del Pleno de la Cámara.

“No estamos ante una reforma institucional neutral, sino ante una modificación normativa cuya oportunidad temporal y cuyos efectos permiten apreciar un riesgo fundado de utilización instrumental de la potestad legislativa. Pretenden cambiar las reglas del juego cuando pueden impedir su mayoría”, reza el escrito que el PSOE ha elevado a la Mesa. Mestre ha alegado que cuenta con el beneplácito del letrado mayor y ha asegurado que se admitió el trámite abreviado porque los grupos proponentes así lo habían pedido.

PP y Vox no han ocultado que la supresión de un párrafo de un solo artículo de la citada ley -así como la solicitud para tramitarla de urgencia- tiene por objeto evitar que la oposición de izquierdas les arrebate el control del órgano de extracción parlamentaria, encargado de supervisar en qué y cómo se gasta el dinero el Ejecutivo de Moreno. “Me sorprende que les sorprenda que un gobierno con mayoría quiera mantener esa mayoría. Es de sentido común”, ha admitido la diputada de Vox Paula Badanelli.

El portavoz popular en la Cámara y firmante de la iniciativa, Toni Martín, ha sido mucho más explícito: “Se ha modificado una línea de la ley, porque se podría dar la circunstancia de que una carambola legislativa pudiera propiciar que grupos que juntos suman una minoría en el Parlamento dirijan la Cámara de Cuentas. Y eso de democracia tiene cero”, ha subrayado, tras admitir que la vía elegida para acelerar esta reforma legal “no se había hecho nunca”. “Pues ésta va a ser la primera”, sentencia.

El planteamiento de los grupos de izquierdas es justo el contrario: defienden que “el espíritu” de ese artículo de la ley que PP y Vox quieren cercenar -vigente durante 13 legislaturas- es garantizar que la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, a propuesta de los partidos, esté desacompasada con la composición del Parlamento surgida de las urnas. Es decir, que la renovación de las dos instituciones tuvieran “ritmos distintos”, permitiendo “mayorías diferentes” en el Gobierno y en el órgano que debe controlar al Gobierno.

En su escrito a la Mesa, el PSOE pone especial énfasis en atacar la decisión de PP y Vox de tramitar la reforma legal por la vía de urgencia porque, “restringe el derecho de enmienda” de los diputados contrarios a la proposición de ley. Y para argumentarlo, echan manos, precisamente, de una sentencia del Constitucional que admitió un recurso del PP andaluz que vio vulnerados los derechos de representación de una de sus diputadas (la hoy consejera de Cultura, Patricia del Pozo) al ser excluída en la composición de la Mesa del Parlamento andaluz.

El Tribunal de Garantías resolvió aquel litigio defendiendo “una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o, atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público y a motivar las razones de su aplicación”.

Recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías

Quien ha ido más allá de los amagos con acudir a los tribunales ha sido Adelante Andalucía, el principal damnificado de la reforma exprés de la Ley, que les dejaría sin representación en la Cámara de Cuentas. Su líder, José Ignacio García, ha anunciado una batería de medidas, unas preventivas para intentar que la reforma legal no cristalice, y otras donde asumen que tienen perdido el pulso, y se verán abocados a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) si finalmente sale aprobado el nuevo texto.

Antes de acudir al Tribunal de Garantías, García ha amenazado a la presidenta del Parlamento, la popular Ana Mestre, al letrado mayor, Manuel Carrasco, y al presidente de la Cámara de Cuentas, Alejandro Cardenete, con adjuntar en su recurso de inconstitucionalidad “cualquier papel” que firmen en los próximos días y semanas para acelerar o avalar la entrada en vigor de la reforma legal del órgano de extracción parlamentaria que, dicen, “vulnera su derecho de representación política”, blindado en la Constitución Española.

La proposición de ley de PP y Vox incluye la solicitud de una tramitación acelerada sin precedentes, apelando al artículo 134 del reglamento de la Cámara, que nunca se ha usado hasta ahora: primero, para acotar los plazos previstos a la mitad, metiendo la iniciativa por la vía de urgencia y, segundo: que se debata y apruebe en comisión parlamentaria, sin necesidad de pasar por el Pleno. Si se cumplen estos plazos, en menos de dos meses podría entrar en vigor.

Martín ha respondido a las críticas de la izquierda recordando que esta fórmula para acelerar los plazos también la ha usado el PSOE en el Congreso. Los socialistas alegan que el artículo 134 del reglamento no puede aplicarse en este caso, porque la Cámara de Cuentas es un organismo blindado en el Estatuto de Autonomía, y modificarlo exigiría una mayoría cualificada en Pleno.

Los socios de Gobierno no ocultan, ni en el texto de su propuesta, que la modificación de un párrafo de la Ley de la Cámara de Cuentas tiene que “hacerse con celeridad”, para aprobarse antes de febrero de 2027, cuando está prevista la renovación de cuatro de los siete miembros del órgano fiscalizador. Tres de ellos son del PP y, en virtud del artículo de la ley que pretenden eliminar, uno tendría que renunciar a su puesto para dar entrada al consejero propuesto por Adelante Andalucía.

El segundo párrafo del artículo 24.1 de la ley establece que “todos los grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta”. El resultado de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo otorgaron a Adelante Andalucía grupo propio -al pasar de dos a ocho diputados- y, por tanto, le corresponde legalmente un puesto en la Cámara de Cuentas. Actualmente el reparto es éste: tres miembros a propuesta del PP (incluido el presidente de la Cámara), dos del PSOE, uno de Vox y otro de Por Andalucía.

El párrafo eliminado en la proposición de ley aclara que, en caso de que la entrada de un nuevo consejero “no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios”.

En aplicación de esta regla, el PP estaría obligado a ceder a uno de sus consejeros y, en consecuencia, el bloque progresista pasaría a tener mayoría absoluta en un órgano de extracción parlamentaria que fiscaliza el uso del dinero público del Gobierno de Moreno. “Pretenden cambiar las reglas del juego por oportunidad política”, dice el escrito elevado a la Mesa por el PSOE, “no porque hayan demostrado ser inadecuadas para el funcionamiento de la institución, sino porque su cumplimiento puede alterar el reparto de representación que actualmente favorece al PP. Una garantía legal de pluralismo institucional, vigente desde 1996, se pretende suprimir de manera precipitada precisamente cuando puede producir efectos que no convienen a la mayoría parlamentaria.

Una carrera para aprobar o paralizar la reforma antes de dos meses

Adelante Andalucía ha maniobrado este miércoles para torpedear esa tramitación urgente de la ley, solicitando formalmente a la Mesa del Parlamento y a la própia Cámara de Cuentas que active la renovación prevista de los cuatro consejeros dos meses antes de que expire su mandato, en aplicación del artículo 22.C del reglamento del órgano fiscalizador.

Según ese punto, el presidente de dicha institución puede “comunicar” a la presidenta del Parlamento “con dos meses de antelación, la finalización de su mandato y el de los Consejeros, así como las vacantes que por otros motivos se produzcan, a los efectos de iniciar los procesos de designación correspondientes”.

Adelante Andalucía inicia así una carrera contrareloj contra el PP y Vox. Los conservadores quieren acelerar la entrada en vigor de la reforma legal, y el partido soberanista quiere adelantar dos meses el relevo de los miembros de la Cámara de Cuentas, para tratar de meter a su consejero antes de que la modificación legal 'ad hoc' les cierre la puerta en las narices. En ese sentido, García ha pedido un informe al letrado mayor sobre la justificación de tramitar esta reforma por la vía de urgencia y hacerlo en comisión, en vez del Pleno.

El partido fundado por Teresa Rodríguez pretende recabar documentación por escrito sobre este asunto, tanto del letrado mayor como del presidente de la Cámara de Cuentas, para adjuntarlo al recurso que presentarán ante el Constitucional cuando finalmente se apruebe la reforma de la ley, privándoles de representación en dicho órgano.

Este miércoles han registrado sendos escritos solicitando, entre otras medidas para frenar la reforma, “que se remita a la Mesa del Parlamento y a los grupos parlamentarios un informe detallado elaborado por el Letrado Mayor de la Cámara que exponga todo el procedimiento y plazos de renovación de los miembros de la Cámara de Cuentas conforme a la legislación vigente y la composición actual del Parlamento”.

El PSOE también ha abordado este asunto como una “causa mayor”. Ha solicitado una reunión extraordinaria de la Mesa de la Cámara, tras validar la tramitación de urgencia de esta reforma legal, para debatir por qué se ha elegido ese procedimiento, pero Mestre lo ha rechazado. “¿Cuál es la urgencia de esta reforma y por qué se ha hurtado este debate al Parlamento y se delega en comisión?”, ha preguntado la diputada socialista, Ángeles Férriz, durante la Junta de Portavoces.

Los socialistas también han reclamado por escrito a la Mesa que, con carácter previo a la tramitación de la reforma legal, los Servicios Jurídicos de la Cámara elaboren un informe que determine, “de forma expresa y motivada, si la reforma de las reglas de designación de los consejeros de la Cámara de Cuentas constituye una materia estatutariamente delegable o si, por el contrario, su aprobación debe quedar reservada al Pleno del Parlamento conforme al artículo 108 del Estatuto de Autonomía”.

El escrito solicita que la propuesta de ley de PP y Vox se tramite por la vía ordinaria, garantizando así la sustitución de un consejero propuesto por los populares por otro elegido por Adelante Andalucía, de modo que la Cámara de Cuentas pasaría a estar controlada por el bloque progresista.

PP y Vox han registrado en el Parlamento andaluz una reforma exprés de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 1988, que dejará fuera a Adelante Andalucía del órgano de control externo de las cuentas públicas para preservar la mayoría absoluta del bloque conservador en esta institución.

La proposición de ley, a la que ha tenido acceso este periódico, fulmina un solo párrafo de un solo artículo (el 24), que establece que “todos los grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta”.

Ese punto, que PP y Vox han acordado borrar de la ley, obligaba a reestructurar el reparto actual de los siete consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía elegidos por los partidos en función de su representación, para adaptarlo a la nueva composición del Parlamento, surgida de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo.

En la pasada legislatura, Adelante Andalucía solo contaba con dos diputados -formaba parte del Grupo Mixto- y, por tanto, no tenía consejero en el órgano de extracción parlamentaria, donde hay tres miembros a propuesta del PP (incluido el presidente de la Cámara), dos del PSOE, uno de Vox y otro de Por Andalucía. El 17M cuadruplicó los escaños de Adelante, pasando de dos a ocho, lo cual le ha permitido estrenar grupo propio y, con ello, tenía derecho a un consejero en el órgano de fiscalización externa.

La reforma pactada por PP y Vox, a espaldas del resto de formaciones de izquierdas, se carga ese derecho. Los socios del Ejecutivo de Moreno han acordado cercenar el artículo 24.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas, eliminando el “segundo párrafo”, que abría la puerta al grupo soberanista fundado por Teresa Rodríguez, obligando al PP a cederle uno de sus tres asientos. Como consecuencia, el bloque conservador perdería la mayoría absoluta y el control de un órgano responsable de fiscalizar las cuentas del Gobierno andaluz.

El párrafo eliminado en la proposición de ley aclara que, en caso de que la entrada de un nuevo consejero -a propuesta de un nuevo grupo parlamentario- “no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios”. En aplicación de este criterio, explican fuentes parlamentarias, el PP estaría obligado a ceder a uno de sus consejeros.

“Es preciso hacerlo con celeridad”

La proposición de ley se registró el pasado 16 de octubre y, PP y Vox han solicitado tramitarla por el “procedimiento de urgencia” y que “desde su inicio se reduzcan a la mitad los plazos reglamentarios”, para que la reforma legal entre en vigor antes de que expire el plazo previsto para la renovación de cuatro de los siete consejeros actuales de la Cámara de Cuentas, en marzo de 2027.

“Es preciso hacerlo con celeridad, dado que cuatro de sus siete consejeros finalizan su mandato de seis años a comienzos de 2027, para evitar, como ha ocurrido ya en el pasado, que pudieran permanecer en funciones”, sostiene el texto. Tres de esos consejeros salientes están elegidos por el PP, de modo que el relevo previsto, junto a la obligación legal de dar entrada a un miembro elegido por Adelante Andalucía, amenaza con arrebatar a los conservadores la mayoría absoluta, para dársela al bloque progresista (PSOE, Adelante y Por Andalucía).

La exposición de motivos de la proposición de ley, firmada por los portavoces de PP y Vox en el Parlamento andaluz, Toni Martín y Javier Cortés, argumenta que el derecho de todos los grupos a contar con representación en la Cámara de Cuentas, recogido en la ley, es “una condición limitativa de la capacidad del Parlamento de designar a los miembros de dicho órgano” y “sitúa a la Cámara de Cuentas de Andalucía como una rara avis en el panorama comparado, sin que pueda sostenerse que esta particularidad le haya aportado ventaja alguna en su funcionamiento”.

Los socios del Gobierno de Moreno justifican una reforma legal ad hoc que les garantiza el control del órgano de fiscalización y arguyen que el punto que van a extirpar de la ley “no encuentra en la actualidad comparación en ningún otro órgano de control externo autonómico ni en ningún órgano constitucional ni estatutario”.

PP y Vox cuestionan la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que rige desde hace 38 años y 13 legislaturas, porque “antepone el derecho de grupos parlamentarios con muy escaso número de diputados a la voluntad del resto de la Cámara legislativa”. “Se está primando la opinión de unos pocos diputados frente a la opinión de la mayoría”, advierten.

Un órgano “independiente” presidido por un exconsejero de Moreno

La Cámara de Cuentas es un órgano blindado en el Estatuto de Autonomía que ejerce un control externo de la actividad económica y presupuestaria de las administraciones, sobre todo de la Junta de Andalucía. Sus miembros son elegidos por los partidos y, de entre los siete, Moreno propone a la persona que presidirá el organismo. Actualmente, ese cargo lo ocupa Alejandro Cardenete, exconsejero de Educación del Gobierno de Moreno en la primera legislatura, durante el binomio PP-Ciudadanos, con apoyo externo de Vox.

Otro de los argumentos que ofrece la proposición de ley para eliminar el derecho de todos los grupos a tener representación en la Cámara de Cuentas es que “esta regla provoca una mayor identificación de los consejeros con los respectivos grupos parlamentarios proponentes, lo que no redunda, precisamente en la percepción de una independencia de criterio y objetividad en el ejercicio de sus funciones”.

Por último, los partidos que sostienen el Gobierno de Moreno auguran que el precepto legal que van a eliminar “puede llegar a bloquear la necesidad de renovación de los miembros del órgano, pese a la existencia de un apoyo parlamentario superior a sus tres quintas partes, impidiendo el correcto control de los fondos públicos”.

“Por no mencionar su imposible cumplimiento si en algún momento existieran ocho grupos parlamentarios”, concluye la proposición de ley, tras considerar que la “pluralidad política” está garantizada en el propio Parlamento, y no es necesaria en “un órgano técnico que debe ejercer sus funciones con total independencia, objetividad e imparcialidad”.

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha declarado este martes el “cese” de Antonio Manuel López Hernández en el cargo de consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía al haber “incurrido en incompatibilidad sobrevenida para el cargo”.

Así figura en una resolución de la presidenta del Parlamento, adoptada a partir de un acuerdo del Pleno de la Cámara de Cuentas que atribuye al también expresidente de dicha institución hasta “seis situaciones” que pueden motivar su cese en dicho cargo por “incompatibilidad sobrevenida”. López Hernández fue reelegido en 2021 por el Pleno del Parlamento como consejero del órgano fiscalizador a propuesta del Grupo Socialista.

Según se detalla en la resolución suscrita por Ana Mestre y que ha avanzado el diario ABC, el pasado viernes, 9 de octubre de 2026, “tuvo entrada en el Registro del Parlamento de Andalucía comunicación” del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, en la que se trasladaba a que el Pleno de la Cámara había acordado declarar que Antonio López “ha incurrido en incompatibilidad sobrevenida para el cargo de consejero”.

Según recoge el Reglamento de organización y funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía, consultado por Europa Press, la “incompatibilidad sobrevenida” es una de las causas por las que la plaza tanto del presidente como de cada uno de los consejeros de la institución puede quedar “vacante”.

El artículo 35 de dicho reglamento indica además que “el cargo de consejero de la Cámara de Cuentas es incompatible con cualquier actividad pública o privada que no sea la administración del propio patrimonio, así como con el desempeño de funciones directivas, ejecutivas o de asesoramiento en partidos políticos, centrales sindicales, organizaciones empresariales y colegios o asociaciones profesionales”.

Alegaciones del afectado

El Pleno de la Cámara de Cuentas suscribió el pasado viernes, 9 de octubre, un acuerdo en el que daba por finalizado el expediente incoado al consejero Antonio López a finales del pasado mes de mayo para “determinar si concurría una situación de incompatibilidad sobrevenida o un incumplimiento de los deberes inherentes al cargo susceptibles, en su caso, de integrar una causa legal de cese conforme al régimen aplicable a los Consejeros de la Institución”.

En el curso de esta instrucción, según detalla el mismo acuerdo del Pleno de la Cámara, consultado por Europa Press, se ha recabado “información de la Jefatura de Recursos Humanos y Régimen Interior y del Responsable de Transparencia de la Cámara de Cuentas, así como de diversas Universidades, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y de entidades de carácter profesional y asociativo”.

El propio Antonio López “formuló alegaciones el 22 de julio de 2026, solicitando el archivo del expediente y sosteniendo, en síntesis, la nulidad por falta de competencia del Pleno, la naturaleza estrictamente académica o científica de las actividades desarrolladas y la aplicación de una interpretación teleológica y sistemática de la norma, así como del principio de confianza legítima”.

Hasta seis situaciones de “incompatibilidad diferenciadas”

El Pleno de la Cámara de Cuentas acordó así el pasado viernes “declarar” que una serie de actividades realizadas por Antonio López “determinan la concurrencia de seis situaciones de incompatibilidad diferenciadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, y en el artículo 35” del Reglamento de organización y funcionamiento de la institución.

“En particular”, el acuerdo se refiere a “actividad docente” desarrollada por Antonio López en la Universidad de Granada, que, “aun siendo susceptible de autorización en los términos previstos en el artículo 35.2 del Reglamento, fue ejercida sin la previa autorización del Pleno exigida por dicho precepto”.

De esta manera, el Pleno de la Cámara de Cuentas ha identificado una serie de actividades desarrolladas por el hasta ahora consejero que “determinan la concurrencia de seis situaciones de incompatibilidad diferenciadas”, según se puede leer en el acuerdo del pasado viernes, donde se indica que “cada una de ellas presenta autonomía suficiente para integrar la causa legal de cese, sin que la concurrencia simultánea de varias altere la unicidad de la consecuencia estatutaria legalmente prevista”.

Por ello, al apreciar “la concurrencia de las seis situaciones de incompatibilidad descritas”, el Pleno de la Cámara de Cuentas ha acordado que “procede declarar la existencia de las correspondientes causas legales de cese, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, en relación con los artículos 24.1.d) y 37” del Reglamento de organización y funcionamiento de la institución.

El Pleno de la Cámara de Cuentas acordó además el pasado viernes “dar traslado” de este acuerdo, “junto con el resto del expediente, a la Presidencia del Parlamento de Andalucía, a efectos de que, de conformidad con la constatación descrita, se lleven a cabo las actuaciones que formalmente le correspondan respecto del consejero expedientado”.

La Cámara de Cuentas de Aragón ha dado un nuevo paso para convertir el inmueble situado en el número 7 de la calle de Lagasca de Zaragoza en su nueva sede. El Consejo de la institución ha aprobado este martes la adjudicación del contrato para redactar el proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación y adecuación del edificio, así como para asumir posteriormente la dirección facultativa de los trabajos y la coordinación de seguridad y salud.

El contrato ha sido adjudicado a Santiago Carroquino Larraz, cuya propuesta obtuvo 89 puntos sobre 100 y fue considerada la mejor oferta de acuerdo con los criterios establecidos en los pliegos de la licitación. El importe de adjudicación asciende a 155.832,31 euros, sin IVA, que con los 32.724,79 euros correspondientes al impuesto eleva el coste total a 188.557,10 euros.

Se trata de un contrato plurianual. Durante este año está prevista la redacción del proyecto de ejecución, con un presupuesto de 86.450,97 euros, IVA incluido. El resto de las prestaciones se desarrollará durante 2027 y 2028, coincidiendo con la ejecución de las obras.

En concreto, el contrato contempla la dirección facultativa, la dirección de ejecución de obra, la responsabilidad sobre las instalaciones y la coordinación de seguridad y salud. Estos trabajos se prolongarán durante un periodo de 18 meses y cuentan con un presupuesto de 102.106,13 euros, IVA incluido.

La adjudicación supone así un nuevo avance en el proceso para rehabilitar y adecuar el inmueble de la calle de Lagasca 7, que está destinado a convertirse en la futura sede de la Cámara de Cuentas de Aragón.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado una labor de fiscalización en relación al procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente por el que optó la Junta entre los años 2020 y 2024 sobre al menos 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas, de las que casi un 80% corresponden a los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones.

Así se recoge en el resumen del informe que ha elaborado la Cámara de Cuentas a partir de dicho trabajo de fiscalización, incluido en su Plan de Actuaciones del ejercicio 2025, que se ha difundido este viernes tras su envío al Parlamento. En dicho documento se explica que, “con carácter general, las consejerías y agencias administrativas están sometidas a control previo”, que “se ejerce antes de la aprobación del gasto y tiene carácter suspensivo”.

Desde la Cámara de Cuentas aclaran también que “la normativa contempla la posibilidad de sustituir el control previo por el control financiero permanente en determinados gastos, órganos o servicios cuando se considere adecuada esta fórmula de gestión, previo acuerdo del Consejo de Gobierno”. Se trata de un cambio especialmente relevante, ya que, mientras el control previo se realiza antes de aprobar el gasto y permite suspender el expediente hasta que se subsanen las deficiencias detectadas, el control financiero permanente actúa una vez realizada la actividad y ejecutado el gasto, sin efectos suspensivos.

Los acuerdos de Consejo de Gobierno del periodo analizado “justifican, con carácter general, la sustitución” del control previo por el financiero permanente “en base a razones vinculadas a la buena gestión, como la agilización de la tramitación administrativa, la previsión de un elevado volumen de expedientes, la carga de trabajo o la automatización y robotización de procedimientos”.

“No obstante, dichas motivaciones se expresan de forma genérica y no van acompañadas, con carácter previo, de criterios o indicadores que permitan evaluar comparativamente la idoneidad de la sustitución del control previo”, se puede leer en el resumen del informe, en el que se señala que “dichos acuerdos configuran la aplicación del procedimiento sin una delimitación temporal expresa ni una cuantificación global previa de los importes afectados”.

Alcance de la aplicación del procedimiento

En el resumen del informe se detalla que, “desde el punto de vista del ámbito objetivo, el procedimiento se ha aplicado a tres grandes bloques”; en concreto, “órganos y servicios, subvenciones y ayudas, y otros gastos”.

Desde el punto de vista económico, “las obligaciones reconocidas sometidas al procedimiento ascienden, al menos, a 37.921,01 millones de euros en el periodo 2020-2024”. El “mayor peso” corresponde a órganos y servicios, con 30.387,14 millones, que representan el 80,13% del total afectado.

Dentro de este bloque, destacan especialmente los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones, equivalentes al 79,84% del total del procedimiento.

En materia de subvenciones y ayudas, el procedimiento se ha aplicado a 47 bases reguladoras, distribuidas entre ocho consejerías, con un importe total afectado de 2.652,13 millones, lo que supone el 6,99% del total.

Entre ellas, la Consejería de Empleo concentra el mayor número de líneas e importe, con 13 líneas y 1.174,60 millones, seguida de las consejerías competentes en Igualdad y Educación.

Respecto a los otros gastos, estos ascienden a 4.881,74 millones de euros, representativos del 12,87% del total afectado. En este ámbito destacan especialmente los gastos vinculados al ámbito educativo, como los salarios del personal docente, y los gastos de funcionamiento de centros docentes no universitarios, según se concreta en el resumen del informe de la Cámara de Cuentas.

No hay registro centralizado y homogéneo

Posteriormente se advierte de que “la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) no dispone de un registro centralizado y homogéneo de la fecha de inicio de todas las actuaciones de control financiero permanente, lo que ha dificultado el cálculo sistemático de los tiempos medios de tramitación y la evaluación de la eficiencia del procedimiento”.

En el trabajo íntegro de la Cámara se detalla que, “del total de informes definitivos” de control financiero emitidos por la Intervención de la Junta en el periodo analizado, que han sido 188, un 6,38% -un total de 12- son “con opinión favorable”, 134 “con salvedades” (71,28%), y 42 presentan una “opinión desfavorable” (22,34%). En conjunto, por tanto, más del 93 % de los informes no fueron plenamente favorables.

Las incidencias más comunes en materia de contratación detectados en estos informes de control financiero son “la utilización incorrecta del contrato menor, presente en el 100% de los informes analizados, o la existencia de errores en documentos contables, fechas de devengo y vencimiento de pagos, detectados en el 75% de los casos”.

En subvenciones y ayudas, “destacan los incumplimientos relativos a la instrucción y concesión de las mismas, presentes en el 94,44% de los casos; a la justificación y pago, en el 88,89%; y al cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios, en el 72,22%”, se detalla también en el resumen del informe.

Y, en “otros gastos”, las incidencias más relevantes se refieren a “errores en la cumplimentación de comisiones de servicio, detectados en el 77,78% de los informes, y a deficiencias en la documentación justificativa, presentes en el 55,56%”.

Desde la Cámara de Cuentas apuntan además que “la fiscalización ha puesto de manifiesto limitaciones en los sistemas de información y en las bases de datos utilizadas, en los que se han detectado errores, duplicidades, carencias de información y falta de trazabilidad”.

“En conjunto, no constan indicadores específicos que permitan valorar de forma sistemática el impacto de la sustitución del control previo por el control financiero permanente sobre la gestión económico-financiera”, se puede leer también en el documento, en el que se avisa de que “esta ausencia dificulta determinar si el procedimiento ha contribuido a mejorar la eficacia, eficiencia y economía de la gestión pública”.

Recomendaciones

Desde la Cámara de Cuentas ha formulado una serie de recomendaciones a la Junta, como “implantar un instrumento de información agregada que permita la identificación y seguimiento sistemático de los gastos, órganos y servicios encuadrados en este procedimiento”, y “realizar un inventario consolidado del universo sometido a sustitución, integrando el acuerdo aplicable, la fecha de efectos, la tipología, el centro gestor, la unidad interventora responsable, el volumen ejecutado, la periodicidad prevista y el estado de planificación y ejecución del control”.

Otras recomendaciones incluidas en el informe son “analizar el impacto del procedimiento de sustitución; reforzar la planificación anual del control financiero permanente mediante criterios de priorización por riesgo y materialidad”, y “definir y aplicar indicadores que permitan evaluar los efectos del procedimiento de sustitución en términos de eficacia, eficiencia y economía”.

La Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado un informe de fiscalización sobre el establecimiento de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en los municipios aragoneses donde las mayores carencias recalan en la gestión del Gobierno del PP en Zaragoza. El documento constata que la capital aragonesa incumplió el plazo legal para poner en marcha su ZBE, fijado para antes de 2023, y que a 31 de marzo de 2025 la zona seguía sin estar operativa, con solo el proyecto y la normativa reguladora aprobados.

De las cinco principales capitales españolas, solo Valencia está a un nivel similar al de Zaragoza en este aspecto. De hecho, en la capital del Turia no ha aprobado ni el proyecto de ZBE. Tanto en Madrid como en Barcelona y Sevilla estas zonas ya están operativas. Hay

Más allá del incumplimiento del plazo legal, el propio calendario incluido en la Ordenanza aprobada por el Gobierno de Zaragoza revela un aplazamiento de siete años sobre lo exigido por la ley. Según recoge la Cámara de Cuentas en su respuesta a las alegaciones municipales, la primera fase de la ZBE, correspondiente al Casco Histórico, no se iniciará hasta enero de 2026 y no concluirá hasta enero de 2030; la segunda fase, la del Centro, arrancará en enero de 2030 y no estará completa hasta julio de ese año, fecha en la que —según el propio calendario municipal— la ZBE entraría en funcionamiento en su totalidad, eso si antes el pacto PP y Vox no condiciona más el plazo.

Carencias

La Cámara de Cuentas detalla una larga lista de carencias en el diseño de la ZBE zaragozana respecto a los contenidos mínimos exigidos por el Real Decreto 1052/2022. Entre ellas, no adaptó a tiempo el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) al nuevo marco normativo; no analizó la coherencia de la ZBE con otros instrumentos propios, como la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud (ECAZ 3.0), la Agenda Urbana Local 2030 o el Plan de Adaptación al Cambio Climático 2022-2030.

Tampoco incorporó objetivos de calidad acústica ni delimitó 'zonas tranquilas', pese a ser un requisito legal, ni fijó calendario ni cuantificó los objetivos de cambio modal hacia transportes sostenibles ni de eficiencia energética.

El Consistorio no definió un procedimiento de seguimiento y revisión del cumplimiento de los objetivos y no consta que evaluara si las restricciones de acceso y circulación son proporcionales a los objetivos perseguidos.

El informe también advierte de que las excepciones a las restricciones de circulación son “elevadas, en particular en el municipio de Zaragoza”, lo que podría condicionar el cumplimiento de los objetivos de mejora de la calidad del aire.

Los fiscalizadores consideran que el análisis del impacto económico de la medida realizado por el Consistorio es insuficiente, al basarse en un estudio de viabilidad genérico que no se ciñe exclusivamente a la ZBE y que solo cuantifica el control de accesos en las zonas de aparcamiento regulado, sin valorar las consecuencias para los colectivos vulnerables.

El informe destaca además que, pese a que la redacción del proyecto técnico se externalizó, no consta que el Ayuntamiento constituyera formalmente un grupo de trabajo para su elaboración ni para la de la ordenanza reguladora.

El 95% del parque de vehículos zaragozano es “contaminante”

El informe detalla que, de los 266.040 vehículos censados en Zaragoza, el 95% corresponde a las categorías más contaminantes según el distintivo ambiental de la DGT (sin etiqueta, o con etiquetas B o C), frente a solo un 5% con distintivo ECO o cero emisiones. Pese a ello, el catálogo de excepciones de la ZBE zaragozana es amplio: residentes, propietarios de garaje, locales comerciales, vehículos con matrícula extranjera, personas enfermas, hoteles, autoescuelas, vehículos históricos y hasta ocho autorizaciones mensuales para vehículos sin distintivo, a lo que se suma que estos últimos pueden circular libremente entre las 20:00 y las 7:00 horas entre semana y durante todo el fin de semana.

La Cámara de Cuentas concluye textualmente que estas exenciones “no responden al tenor literal del artículo 5 del Real Decreto al ser muy numerosas”, por lo que “la reducción efectiva de vehículos contaminantes en la ciudad resulta limitada”. El informe recuerda además que, según la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 970/2022, no caben exenciones permanentes a vehículos contaminantes por razones de interés público o privado, y señala que Zaragoza no ha aportado justificación documental de sus excepciones de carácter permanente.

Otro de los datos que llama la atención del informe es el relativo al contrato de mantenimiento de la señalización horizontal y vertical de todo el término municipal de Zaragoza, adjudicado por 8.016.068,50 euros. De ese importe, solo se atribuyen 11.777,80 euros al coste de señalizar específicamente la ZBE, una cifra que —según recoge el propio informe— procede de un informe interno del jefe de unidad municipal, sin que conste un desglose independiente verificable.

El documento cierra con una serie de recomendaciones dirigidas específicamente al Consistorio zaragozano: adoptar políticas públicas integrales de reducción de contaminantes que no se limiten al tráfico rodado, dado que la propia ciudad ha identificado también la actividad industrial y el uso de la calefacción como focos de emisión; mejorar la coherencia entre sus distintos instrumentos de planificación; y establecer indicadores específicos para evaluar la eficiencia energética.

Huesca y Teruel

El informe analiza los tres municipios aragoneses con más de 20.000 habitantes: Zaragoza, Huesca y Teruel. Zaragoza (686.986 habitantes) y Huesca (54.704 habitantes) superan el umbral de 50.000 habitantes que obliga a implantar una ZBE conforme a la Ley 7/2021, y ambos incumplieron igualmente el plazo fijado antes de 2023. A 31 de marzo de 2025, Huesca ni siquiera contaba con un proyecto de ZBE ni con la ordenanza aprobada por el órgano competente, aunque el 5 de agosto de 2025 aprobó inicialmente en Pleno tanto el proyecto como la normativa reguladora.

Teruel (36.713 habitantes), en cambio, no está obligado a establecer una ZBE al no haber superado hasta la fecha los valores límite de contaminantes que fija el Real Decreto 102/2011, por lo que su situación se valora como no aplicable a efectos de este cumplimiento. Pese a ello, el Ayuntamiento turolense aprobó el 8 de septiembre de 2025 una Ordenanza de Prioridad Peatonal en el Centro Histórico y prevé redactar en el futuro un proyecto de ZBE, una vez se ejecute la obra del sistema inteligente de control de tráfico y accesos al centro histórico.

El Ayuntamiento de Zaragoza presentó un total de 16 alegaciones al informe provisional dentro del plazo establecido, frente a la única alegación remitida por el Ayuntamiento de Huesca.

De las 16 alegaciones presentadas por el Consistorio zaragozano, la Cámara de Cuentas solo estimó de forma plena una cuestión técnica menor y aceptó parcialmente otra, mientras que el grueso de las incidencias señaladas en el informe —incumplimiento de plazos, ausencia de la ZBE en funcionamiento, falta de adaptación del PMUS y carencias en el seguimiento de objetivos— se mantuvo intacto tras el trámite de audiencia.

El pulso PP- Vox para las cuentas de 2027

Las críticas de la Cámara de Cuentas coinciden además con el enfrentamiento entre PP y Vox por la aplicación de la ZBE. Ambas formaciones pactaron en febrero, para desbloquear el presupuesto municipal de 2026, vincular las sanciones a los episodios de contaminación, un acuerdo con el que el Gobierno de Natalia Chueca pretendía mantener además los 22 millones de euros de ayudas al transporte público que consideraba en riesgo.

Más de seis meses después, la modificación sigue sin cerrarse. El Gobierno municipal sostiene que los informes técnicos permiten limitar las sanciones a unos 20 días al año sin incumplir las condiciones estatales, mientras Vox reclama reducirlas todavía más y acusa al PP de no haber cumplido lo pactado.

El desencuentro ha llegado ya a la negociación de las cuentas de 2027. Vox ha advertido de que no apoyará un nuevo presupuesto si antes no se cumplen los compromisos de 2026, entre ellos la reforma de la ZBE, mientras Chueca defiende una solución que reduzca al mínimo las restricciones sin poner en riesgo las ayudas al transporte público.

Dado que el calendario municipal ya preveía completar la implantación en dos fases hasta julio de 2030 —siete años tarde respecto al plazo legal—, cada mes adicional de bloqueo entre PP y Vox para cerrar la ordenanza reguladora aleja aún más esa fecha: sin un acuerdo sobre el régimen sancionador, la propia Cámara de Cuentas ya advirtió de que el proyecto corre el riesgo de quedar “vacío de contenido”, por lo que la falta de entendimiento entre los socios de gobierno podría no solo mantener la ZBE fuera de la ley, sino impedir que llegue a estar plenamente operativa ni siquiera en la fecha ya retrasada de 2030.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a Castilla-La Mancha que recibirá 7.477 millones de euros en entregas a cuenta correspodiente a este año 2026.

Este dato supone un 7,5% más que en 2025. Y si se suma la cifra estimada de la liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la CCAA para este 2026 alcanzan los 7.795 millones, un 8,5% más que el pasado año. Un incremento “notable” de recursos que “evidencia las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos, dotándoles con recursos extra para que financien con mayor facilidad la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan a la ciudadanía”.

Durante la presentación del Real Decreto-ley (RDL), el ministro de Hacienda, Arcadi España, recordó que el Congreso de los Diputados tumbó hasta en dos ocasiones la actualización de las entregas a cuenta, “generando tensiones de tesorería y perjudicando a los gobiernos autonómicos”. En este sentido, instó a los grupos parlamentarios a apoyar una medida que es “beneficiosa” para el conjunto de la ciudadanía al servir para incrementar los recursos en sanidad, educación o dependencia.

Entidades Locales

El RDL también incluye la actualización de las entregas a cuenta para las Entidades Locales (EELL). Para los Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla- La Mancha, las entregas a cuenta alcanzarán los 1.378 millones, un 8,7% más que el pasado ejercicio y otra cifra “histórica” en financiación para las administraciones más cercanas a la población.

El texto normativo aprobado por el Consejo de Ministros también contempla que las Entidades Locales podrán utilizar el superávit de 2025 para acometer Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Se estima que esta medida permitirá que unas 2.544 entidades locales puedan destinar

3.168 millones a inversiones, cuyo plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.

Una novedad es que el RDL establece un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan utilizar, además del superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda. Esto ofrece certidumbre a las entidades locales, fomenta la responsabilidad presupuestaria e incentiva a los municipios a dedicar recursos a facilitar el acceso a la vivienda.

Además, se contempla que las IFS, tanto las de vivienda como el resto, puedan tener carácter plurianual de hasta cuatro años. Por lo tanto, si un ayuntamiento ha registrado superávit en 2025 podrá utilizar ese saldo fiscal positivo para invertir en un proyecto que se inicie este año y se alargue la ejecución hasta 2030. Esto permitirá abordar inversiones más ambiciosas.

A esta medida de IFS plurianual también podrán acogerse las entidades locales con superávit de 2024 por importe de 3.368,5 millones de euros que comprometan gasto en 2026 para la ejecución de inversiones plurianuales a realizar hasta 2030.

Otras medidas

Las Entidades Locales que se encuentran saneadas financieramente no tendrán la obligación de presentar Planes Económico-Financieros en 2026 y 2027 si el incumplimiento de las reglas fiscales deriva de la utilización de los remanentes de tesorería para gastos generales. Para ello, será necesario acreditar el cumplimiento del Período Medio de Pago (PMP).

El RDL también contempla que los ayuntamientos no tendrán que devolver al Estado las cuotas percibidas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la telefonía móvil que han sido objeto de sentencias judiciales del Tribunal Supremo.

Hace ya más de un mes que las últimas obras de la colección de Roberto Polo dijeron adiós a Castilla-La Mancha. En septiembre de 2025 el Gobierno regional y el propio artista decidieron dar por concluido el convenio de cesión por el que estas obras se exponían en las dos sedes de Arte Moderno de la comunidad autónoma, situadas en las ciudades de Toledo y Cuenca. El pacto se materializó en 2017, pero no fue hasta 2019 cuando se inauguraron sendas muestras.

Ahora, una auditoría de la Cámara de Cuentas a la Fundación Roberto Polo, que se creó ad hoc para la gestión de la colección, desvela que en 2022 tenía “déficit acumulado” y resalta la “incapacidad económica” para sostener los museos con fondos propios.

Aunque estos informes se aprueban siempre con mucho retraso (hablamos de cuatro años después), el informe del organismo de cuentas desvela una situación casi insostenible de esta iniciativa, en su momento ‘vendida’ como un revulsivo cultural en la región.

La Fundación Colección Roberto Polo (FCRPOLO) fue constituida en 2018 con el fin de gestionar y conservar los bienes de dicha colección, y en el año de la auditoría presentaba una situación marcada por la mejora de sus indicadores de solvencia. Pero hubo un “déficit acumulado” y “deficiencias en la formalización de activos y controles internos”.

Una situación de “dependencia total” de fondos públicos

Concretamente, en cuanto a la situación financiera, la auditoría desvela que en 2022, la Fundación tenía un déficit de 2.700 euros. En ese ejercicio, el “empeoramiento” de sus cuentas era evidente. La situación había sido todavía peor un año antes, en 2021, cuatro años después de su constitución, con 14.000 euros euros de déficit.

A pesar de reducir las pérdidas en ese año, lo que alejaba el riesgo “insolvencia”, la Fundación siguió mostrando una baja autonomía financiera (0,65%) y una fuerte dependencia de la financiación externa, es decir, de la Administración autonómica.

De hecho, la Cámara de Cuentas detalla que existió una “dependencia casi total” de las transferencias del Gobierno de Castilla-La Mancha: recibió 1,5 millones de euros en 2022. Sin estas subvenciones, la fundación no podría haber desarrollado su actividad.

La auditoría también es demoledora en otros aspectos. La Fundación Roberto Polo fue la única de las nueve analizadas en ese informe que apuntaba “deficiencias” en el registro y valoración de las existencias en el inventario a cierre de 2021 y 2022. Además, carecía manuales de procedimiento formalizados (el informe habla del 0% de cumplimiento en este indicador) y de una unidad específica de control interno.

Tampoco estaba formalizada documentalmente la cesión de uso de los edificios que ocupaba: el Convento de Santa Fe en Toledo y la Iglesia de la Santa Cruz en Cuenca. Ni siquiera la cesión de la propia colección. Es el motivo por el activos no figuraban en el balance, “desvirtuando la información patrimonial de la entidad”.

En cuanto a los niveles de transparencia, la auditoría le da un aprobado raspado al hablar del 55% de su cumplimiento, situándose por debajo de la media del sector fundacional de la comunidad autónoma, que fue del 70%. Concretamente, se detectó falta de información sobre retribuciones de altos cargos y ausencia total de datos sobre cuentas abiertas en su portal web.

En el trámite de alegaciones a este informe, la Fundación acreditó haber subsanado la inscripción de sus cuentas anuales en febrero de 2025. Asimismo, presentó la autorización previa para el gasto del seguro de las obras de arte, lo que permitió a la Cámara de Cuentas eliminar la observación de incumplimiento en ese expediente específico.

No obstante, el informe es tajante al señalar que sin las mencionadas subvenciones públicas, la fundación no hubiera podido desarrollar su actividad. Su viabilidad pasaba en 2022 de una situación de “riesgo de insolvencia técnica” inminente a una de “estabilidad frágil y dependiente”.

Sin capacidad para generar ingresos propios

Según la Cámara de Cuentas, pudo evitar el colapso financiero a corto plazo “gracias a la inyección de fondos”, pero carecía de capacidad para generar ingresos propios suficientes para sostenerse por sí misma.

Cuando el pasado mes de septiembre el Gobierno regional anunció el fin de la cesión de la colección, su consejera portavoz, Esther Padilla, afirmó que Roberto Polo había dado “mucho” a las dos ciudades que acogieron sus obras. Afirmó que el fin del acuerdo se había adoptado de “mutuo acuerdo” y que ya “no aportaba mucho más que estuviera aquí más tiempo”.

La Cámara de Cuentas de Aragón ha alertado de importantes deficiencias en el sistema de control horario del Servicio Aragonés de Salud (Salud) después de detectar que casi 300 empleados realizaron durante 2024 jornadas complementarias equivalentes a otro año completo de trabajo añadido a su jornada ordinaria. El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma refleja además que, en total, 2.932 trabajadores superaron el límite legal de horas complementarias fijado para el personal estatutario y que el organismo abonó 16,11 millones de euros en complementos por prolongación y exceso de jornada sin contar con mecanismos efectivos para verificar ni la jornada ordinaria ni el derecho a percibir esos pagos.

El informe recuerda que el artículo 48 del Estatuto Marco del personal de los servicios de salud regula la jornada complementaria y señala que 2.932 trabajadores del Salud superaron en 2024 las 475 horas de atención continuada realizadas fuera de la jornada ordinaria, el umbral utilizado por la Cámara de Cuentas en su fiscalización. En el Salud, la jornada anual ordinaria oscila entre las 1.370 horas del turno nocturno y las 1.547 del diurno, por lo que superar las 1.500 horas complementarias supone realizar prácticamente otro año laboral completo además de la jornada habitual. Pese a ello, la Cámara concluye que casi el 10,5% de los trabajadores que percibieron nómina del Salud en 2024 superaron el umbral utilizado por la Cámara de Cuentas para detectar excesos de jornada complementaria

Los datos reflejan además situaciones especialmente llamativas. Más de un millar de empleados realizaron entre 701 y 1.000 horas complementarias; otros 606 superaron las 1.000; y 293 rebasaron incluso las 1.500 horas en un solo año. Dentro de esos casos más extremos, 62 trabajadores llegaron a acumular más de 2.500 horas complementarias y 13 superaron las 3.500.

Entre los casos analizados por los auditores aparecen situaciones todavía más extremas. La Cámara revisó una muestra de los 14 empleados con mayor acumulación de horas complementarias y señala que, a partir de las retribuciones abonadas en nómina, se deducen jornadas equivalentes de entre 13,31 y 20,41 horas diarias durante 335 días al año, descontando el mes de vacaciones.

El informe recoge incluso el caso de un trabajador que acumuló 5.261 horas complementarias en un solo ejercicio. Según los cálculos del órgano fiscalizador, esa cifra equivaldría a unas 20 horas diarias durante prácticamente todo el año. También apunta que dos empleados realizaron guardias localizadas durante 323 y 335 días del año, respectivamente, sin que ninguna de ellas llegara a convertirse en guardia presencial.

La Cámara de Cuentas subraya, no obstante, que esas cifras se obtienen a partir de los importes retribuidos en nómina y vincula precisamente estas situaciones a la “ausencia de un sistema real de control horario”. Según el informe, “la única acreditación” de que se realizó la guardia es la firma del coordinador del servicio, que además “no está presente durante su ejecución”.

El órgano fiscalizador añade que la aplicación utilizada en los hospitales funciona únicamente como un sistema de planificación de turnos, pero no como un mecanismo de control de presencia efectiva. También señala que no existe seguimiento del acumulado anual de horas complementarias por empleado y que los excesos detectados se infieren únicamente de las nóminas abonadas.

La situación se enmarca, además, en un contexto de aumento sostenido del gasto de personal. El informe cifra en 2.989 millones de euros el gasto agregado de personal del sector público autonómico en 2024, un 7,4% más que el año anterior. Solo el Salud destinó más de 16 millones a retribuciones por prolongación y exceso de jornada.

Ante esta situación, la Cámara de Cuentas recomienda implantar sistemas efectivos de control presencial para verificar la realización de guardias y el cumplimiento de la jornada ordinaria antes de abonar los complementos. También insta a establecer un seguimiento individualizado del acumulado anual de horas complementarias para detectar excesos sobre el límite legal.

En las alegaciones presentadas al informe, el Gobierno de Aragón defendió que algunas de las incidencias detectadas por la Cámara de Cuentas son “muy difíciles de subsanar sino imposibles” debido al funcionamiento del Salud y a la gestión de las guardias y sustituciones de final de año. La Intervención General argumentó que parte de esas retribuciones no pueden imputarse al ejercicio correspondiente porque la información completa se conoce después del cierre de nómina e incluso tras el cierre contable del año. El Ejecutivo autonómico sostuvo además que, aunque existan desajustes entre ejercicios, “las diferencias se compensan de manera natural” y aseguró que esta situación “no compromete la imagen fiel de las cuentas”.

En otra de sus alegaciones, el Gobierno también justificó algunas de las deficiencias contables por la complejidad de gestionar una plantilla de más de 45.000 empleados públicos de perfiles muy distintos, entre ellos sanitarios, docentes y funcionarios de la Administración. La Cámara de Cuentas, sin embargo, rechazó estas alegaciones y mantuvo íntegramente las observaciones incluidas en el informe definitivo.

La Cámara de Cuentas de Aragón ha emitido un duro informe de fiscalización sobre la gestión de La Nueva Romareda S.L., la sociedad creada por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón —a través de la Corporación Empresarial— y el Real Zaragoza SAD para construir el nuevo estadio. El informe, aprobado el 15 de abril de 2026, detecta incumplimientos en materia contable, contratación pública, transparencia y gestión operativa, hasta el punto de que ninguno de los once contratos revisados por los auditores se libra de irregularidades. Además, la Cámara rechaza todas las alegaciones presentadas por la sociedad y mantiene íntegramente las principales conclusiones del informe.

El órgano fiscalizador concluye que el coste global del proyecto alcanza ya al menos 173,2 millones de euros, una cifra superior a la inicialmente prevista y que ni siquiera incluye todos los gastos asociados a la operación. Y a esa cantidad habrá que sumar, entre otras partidas aún no integradas completamente en las cuentas de la sociedad, los 3,5 millones previstos para la urbanización del entorno del estadio y las tasas urbanísticas de la construción, lo que aproximará el gasto total a los 180 millones de euros, y eso sin contar con nuevos ajustes al alza.

La Cámara sostiene además que la sociedad ha funcionado durante su primer año “anticipándose” a sus propios acuerdos societarios. Las cuentas de 2024 registraron una ampliación de capital que no fue aprobada formalmente por la Junta General hasta junio de 2025. Mientras tanto, los socios públicos adelantaron 10,1 millones de euros y el Real Zaragoza incumplió la aportación de 6,8 millones prevista en el pacto inicial sin que conste reclamación formal alguna por parte de la sociedad. Para la Cámara, la contabilidad no reflejaba correctamente la situación jurídica existente al cierre del ejercicio.

Uno de los apartados más contundentes del informe afecta a la contratación pública. La Cámara revisó una muestra de once contratos y detectó deficiencias en todos ellos. Entre las irregularidades recurrentes figuran la ausencia del acuerdo formal de inicio de expediente exigido por la Ley de Contratos del Sector Público, memorias justificativas insuficientes, falta de designación formal del responsable de contrato y defectos de publicidad y transparencia en los anuncios de adjudicación y formalización.

Las observaciones más graves se concentran en las obras del estadio modular y en el contrato principal de construcción del nuevo campo. En el estadio modular, la sociedad introdujo cambios sustanciales en el proyecto —como la eliminación de cubiertas o modificaciones estructurales— sin tramitar el correspondiente expediente de modificación contractual ni contar con aprobación formal del órgano de contratación. La modificación no fue regularizada hasta cinco meses después de ejecutarse los cambios. Además, IDOM recibió directamente la modificación del proyecto del estadio principal para adaptarlo a una construcción en fase única sin procedimiento ajustado a la legislación contractual y sin que conste el importe de esa adjudicación.

En el contrato principal de obras, adjudicado a la UTE OHL-Altuna-Ohla por 124,5 millones de euros, la Cámara detecta además contradicciones entre el procedimiento aprobado por el Consejo de Administración y el que figuraba realmente en los pliegos de contratación.

Falta de transparencia

La falta de transparencia constituye otro de los grandes reproches del informe. La Cámara concluye que la sociedad incumple diversas obligaciones previstas en la Ley de Transparencia de Aragón. Entre otras cuestiones, no publica la relación de puestos de trabajo, las retribuciones de la plantilla ni las del máximo responsable ejecutivo. Tampoco facilita la información financiera y estadística exigida legalmente ni publicó correctamente la creación de su página web corporativa conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

El informe también cuestiona la ausencia de control sobre el Real Zaragoza SAD. El pacto parasocial vigente desde diciembre de 2023 obligaba al club a pagar un canon por utilizar tanto el estadio actual como el modular provisional, pero a fecha de cierre de la fiscalización no se había fijado ni reclamado cantidad alguna ni por 2024 ni por 2025. La Cámara señala además que ni el Real Zaragoza ni el Ayuntamiento respondieron a las solicitudes de información remitidas durante la auditoría sobre esta cuestión.

En materia de personal, la sociedad tampoco dispone todavía de instrumentos formales de ordenación interna pese a llevar más de un año operativa. La Cámara detecta además que trabajadores de Expo Zaragoza Empresarial prestaron servicios de apoyo a La Nueva Romareda durante 2024 sin convenio formalizado ni contraprestación económica registrada en la contabilidad.

La auditoría operativa advierte de que la viabilidad de la sociedad depende casi exclusivamente de las administraciones públicas. El Real Zaragoza no aportó capital en 2024 ni abonó canon alguno, mientras que el peso financiero de Ayuntamiento y Gobierno de Aragón, incluyendo préstamos participativos previstos, alcanza ya más del 90% de la financiación comprometida.

Sin plan de negocio

La Cámara de Cuentas también cuestiona seriamente la fiabilidad del plan de negocio del proyecto. El informe advierte de que la sociedad no dispone de un plan actualizado desde su constitución y que las previsiones de ingresos manejadas dependen en gran medida de variables imposibles de garantizar, especialmente de la evolución deportiva futura del Real Zaragoza. Los propios informes municipales manejan estimaciones económicas diferentes entre sí, lo que lleva al órgano fiscalizador a poner en duda la solidez de los cálculos utilizados para justificar la sostenibilidad económica del proyecto.

El informe de la Cámara recoge una larga lista de incumplimientos y deficiencias que afectan al control, la contratación, la transparencia y la gestión económica de uno de los mayores proyectos públicos actualmente en marcha en Aragón.

El Sector Público Institucional Autonómico (SPA) de Castilla-La Mancha no cumple de forma correcta con su obligación legal de aportar datos actualizados sobre su funcionamiento y además carece de una regulación clara para la clasificación y delimitación del sector público institucional y hay un abuso de los contratos menores.

Hay hasta 13 organismos o entidades públicas de Castilla-La Mancha que, o no han actualizado sus datos o no los han validado.

Así lo recoge el informe definitivo de fiscalización del sector público autonómico, correspondiente al ejercicio 2022, y que se publica hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El informe lo emite la Cámara de Cuentas castellallanomanchega que preside Fernando Andújar y fue aprobado el 27 de noviembre.

El informe de fiscalización es especialmente crítico con el cumplimiento de la ley en materia de remisión de información, organización y transparencia. Analiza 40 entes que componen el Sector Público Autonómico (SPA) castellanomanchego, desde las Consejerías del Gobierno y el Consejo Consultivo, además de los organismos autónomos, que son cinco, las entidades de derecho público que son tres, las fundaciones públicas que llegan a 11 y las empresas públicas que suman ocho. Además, se analizan otras instituciones públicas como la Universidad de Castilla-La Mancha y las entidades vinculadas o dependientes de ella.

El informe también detalla deficiencias en la remisión de expedientes y resúmenes de contratos y eso, dice la Cámara de Cuentas, afecta a la obligada transparencia del sector público.

¿Qué entes u organismos incumplen?

El informe contiene hasta 23 conclusiones que ponen de manifiesto los defectos del sector público en Castilla-La Mancha. Por un lado se incumple el deber de remisión de información relativa a los contratos, tanto en los preceptivos envíos de las Relaciones Anuales Certificadas (RAC) y los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC).

En general hay un bajo cumplimiento en este aspecto. De los 40 entes que conforman el SPA y que son objeto de fiscalización, solo 30 (el 75%) han cumplido con el deber de remisión de las Relaciones Anuales Certificadas, tal y como lo requiere la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Y luego hay incumplimiento total de 10 entidades que representan el 25% del sector público autonómico porque no han enviado nada. Entre ellas se incluyen la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (INNOCAM) y varias fundaciones públicas como la Fundación Centro Tecnológico del Metal, la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la Fundación Colección Roberto Polo, Tierra de Viñedos, Fuente Agria, FCi3, así como la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha y la empresa pública UCLM Emprende, SLU.

Además, se señalan los contratos no Informados. Se verificó que la Fundación Colección Roberto Polo (FCRP), una de las entidades que no remitió RAC ni certificación negativa, formalizó 38 contratos en 2022 (32 menores y seis no menores), que sí constan en el Registro de Contratos.

Después, el 13%, cuatro en total, se remitieron fuera del plazo establecido (antes de finalizar febrero del ejercicio siguiente).

La Cámara de Cuentas también ha detectado que falta remitir los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC) para contratos de gran cuantía. Un total de 139 contratos que superaban los umbrales legales y que no fueron enviados a lo largo del ejercicio. Destaca entre ellos el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), al que corresponden 103 de estos contratos no remitidos.

Por otro lado se ha detectado “incoherencia” de la información contractual. Se observaron divergencias en la información remitida, tanto en el número de contratos como en su identificación y datos.

Respecto a los Extractos de Expedientes de Contratos (EEC), 71 se remitieron también fuera del plazo de tres meses desde su formalización (el 26,39% del total). Las Consejerías de Educación, Cultura y Deportes, de Economía, Empresas y Empleo, el SESCAM o la Presidencia acumulan un retraso promedio en la presentación de los extractos fuera de plazo de entre 230 y 376 días.

También hay calificación errónea de los contratos porque algunos se han clasificado bajo tipologías que ya no existen e incluso se han llegado a aplicar contratos menores a tipos contractuales que no los admiten, como por ejemplo la concesión de servicios.

Hay de hecho “un volumen elevado” de contratos menores. Representa el 94,99% del total de contratos formalizados incluidos en las RAC y el 6,69% del importe total adjudicado, destacando la UCLM con un 53,41% de los contratos menores.

Deficiencias en la limitación y organización del sector público

La Cámara de Cuentas también identificó importantes carencias en la regulación y organización del Sector Público Autonómico (SPA) y el Sector Público Institucional Autonómico (SPIA).

Por ejemplo la Administración Autonómica no ha regulado el régimen de organización y funcionamiento del sector público, ni dispone de un sistema de supervisión continua de las entidades dependientes, y eso incumple la ley, advierte.

También falta atribución de competencias. Los decretos de estructura de la Administración Autonómica no atribuyen expresamente las competencias de supervisión continua ni de control de eficacia a ningún órgano.

Además, los estatutos de las fundaciones públicas regionales (salvo la Fundación Colección Roberto Polo) no determinan su adscripción a Castilla-La Mancha, tal y como requiere la ley.

De otro lado, hay datos no validados en el sistema INVENTE. Múltiples organismos y entidades incluyendo la Agencia del Agua, el IPEX, varias fundaciones y empresas públicas como el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y GEACAM no han validado o actualizado los datos inscritos en el Inventario de Entidades del Sector Público (INVENTE) en los plazos establecidos, lo cual afecta “a la seguridad jurídica y certeza de los datos”.

En este aspecto hay además información contradictoria: la calificación de la Fundación 'Fuente Agria' como entidad pública contradice su inscripción en el Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha.

Incumplimiento en publicidad y transparencia contractual

Después hay perfiles de contratante incompletos, porque aunque la mayoría de los entes disponen de perfiles alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), no todos los órganos de contratación cuentan con el perfil propio alojado allí, tal y como exige la ley. Dos entidades, la Fundación Atención a Discapacitados Físicos 'Fuente Agria' y UCLM Emprende SLU, no disponen de perfil.

Otra de las deficiencias es que los departamentos, consejerías y organismos públicos con sede electrónica no han incluido un enlace a su perfil de contratante en la citada plataforma y eso incumple el decreto 28/2018.

Se critica también la ausencia de planificación. Solo los departamentos y consejerías de la Administración autonómica disponían de un Plan de Contratación para el ejercicio 2022. Algo que no tienen otros como el Consejo Consultivo, las entidades de derecho público y privado o y la UCLM y sus dependientes, entre otros.

En definitiva la fiscalización concluye que existe un incumplimiento generalizado del deber de remisión de información contractual por parte de un número significativo de entidades, y a eso se suman graves problemas de coherencia y veracidad en los datos reportados y una deficiente implementación de las obligaciones de transparencia y planificación en la actividad contractual.

¿Cuántos contratos se formalizaron?

Respecto de la actividad contractual remitida, constan un total de 49.629 contratos formalizados en el ejercicio 2022, con un importe de 1.186.546.068 euros.

De ellos, el 98,38% corresponden a contratos de obras, suministros y servicios y estas dos últimas categorías representan el 96,69%.

También se han remitido un total de 269 contratos, por importe de 751.371.729 euros, acompañados del correspondiente extracto de expediente, por superar las establecidas en el artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público (600.000 euros, para contratos de obras, 450.000 euros para suministros y 150.000 euros para servicios).

El importe de adjudicación de los contratos formalizados por los organismos autónomos supone el 48,68% del total del Sector Público Autonómico, destacando el Sescam con el 98,87%.

Por su parte, la Administración General engloba el 38,08% del volumen de la contratación, destacando la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que supone el 28,45% de la Administración General.

Hasta nueve recomendaciones: alguien debe supervisar

El Informe contiene 23 conclusiones, que ponen de manifiesto la situación de la rendición de la actividad contractual pero también incluye nueve recomendaciones para mejorar.

Entre ellas hace un llamamiento a regular el régimen jurídico de organización y funcionamiento del sector público autonómico, y en particular del sector público institucional con el objetivo de aplicar “un sistema de supervisión continua”.

Hay una recomendación específica para el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Debe incorporar en los decretos que definen la estructura orgánica “la atribución expresa de competencias sobre la supervisión continua y el control de eficacia de las entidades”.

Se dirige también al Protectorado de Fundaciones Públicas de Castilla-La Mancha para que se requiera a todas ellas a adaptar sus estatutos a la normativa de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), exceptuando a la Fundación Colección Roberto Polo, que por otro lado quedará extinguida cuando se produzca el cierre de sus dos museos en Toledo y en Cuenca.

A la Intervención General de Castilla-La Mancha (IGCLM), le pide instar a quienes estén al frente de las entidades a realizar la pertinente validación, actualización o modificación de los datos inscritos en INVENTE.

A la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación le sugiere revisar la inscripción de la Fundación Fuente Agria en el Registro Autonómico de Grupos de Interés, debido a que su calificación en dicho registro es contradictoria con la información contenida en INVENTE.

Recuerda el deber de remitir la información de los contratos y de los extractos de los expedientes relacionados con los contratos.

A los órganos de contratación de los entes del Sistema Público Autonómico le pide realizar la correcta calificación de los contratos, a la Secretaría General de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital le reclama adoptar las medidas de coordinación necesarias para garantizar el envío, en tiempo y forma, de la información contractual requerida por la ley.

Le pide también mejorar la transparencia y publicidad de los contratos que se realizan, que se publiquen de forma anticipada en el perfil de contratante, con el fin de contribuir a la racionalización del gasto, la transparencia, la eficiencia y la concurrencia en las licitaciones y que eso no se limite a los contratos de mayor cuantía, sino también a los contratos menores. Son los que suelen 'escapar' al control con más frecuencia.

Las dudas expresadas por la oposición en el Ayuntamiento de Calatayud sobre la gestión presupuestaria del equipo de gobierno del PP han sido refrendadas por la Cámara de Cuentas de Aragón. En un demoledor informe sobre los ejercicios de 2021 y 2022, el órgano fiscalizador detecta un rosario de irregularidades que van desde incumplimientos en materia de contratación a un abuso de subvenciones directas o nominativas.

Como cuestión previa, el órgano fiscalizador traslada la “dificultad de obtener información correcta de los libros contables” debido a “las limitaciones de su sistema informático”, algo que comparte el Ayuntamiento. El equipo de gobierno también acepta que hay “incorrecciones” en el libro diario, con “asientos sin importe”.

En materia de subvenciones se produce el mayor número de irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas. Para empezar, el Ayuntamiento reconoce que no realizó controles financieros sobre las ayudas municipales, tal y como exige la normativa.

En general, la Cámara recomienda al equipo de gobierno del PP que revise “la utilización predominante de la concesión directa o nominativa” y que anteponga la concurrencia competitiva. Y que lleve a cabo un “seguimiento” para garantizar “el adecuado uso de los fondos públicos”.

La convocatoria “para el fomento de la creación de empleo y el desarrollo del tejido empresarial en Calatayud” fue en realidad una ayuda directa a una empresa, algo que el Ayuntamiento justifica en el “carácter innovador del proyecto” y el “volumen de inversión”. Fueron 150.000 euros de los que resultó beneficiaria la empresa Levprot Bioscience. La Cámara de Cuentas destapa una absoluta falta de control en estas ayudas, para las que insta a utilizar el procedimiento de concurrencia competitiva.

Lo mismo sucede con la subvención para la restauración del recinto del claustro-museo de la Colegiata de Santa María la Mayor, por un importe de 682.865 euros y cuya concesión directa el Ayuntamiento no justificó. De hecho, el órgano fiscalizador determina que se trata de una “subvención en especie al Obispado de Tarazona”.

La Cámara de Cuentas también pone problemas a la tramitación de la ayuda directa por 226.700 euros a la empresa Iberia Compositech Manufacturing, de la que no constan memorias justificativas y económicas y para la que la fiscalización previa se lleva a cabo una vez elevada al pleno su concesión.

Contratos menores

El ámbito de la contratación tampoco se queda fuera de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas. Este órgano empieza indicando que el Ayuntamiento “no planificó y publicó su actividad contractual anual”, como está reglado. Además, el órgano fiscalizador afea la “no coincidencia entre el registro contables de facturas y los listados de contratos menores publicados por el Ayuntamiento”, ante lo que concluye que los datos aportados tienen “poca fiabilidad”, lo que “incrementa el riesgo de fraccionamiento no detectado”.

Entre 2021 y 2022, el Consistorio adjudicó contratos por algo más de 20 millones de euros, la mayor parte en el primer ejercicio debido a la adjudicación de la limpieza viaria y recogida de residuos por 12.584.216 euros.

Casi dos millones de euros fueron contratos menores, en torno a un 10% del total. El volumen de estos contratos fue mucho mayor en 2022, cuando supuso uno de cada cuatro euros dedicados por el Ayuntamiento de Calatayud a este apartado de gasto.

El órgano fiscalizador detecta fraccionamiento de contratos menores en dos de los casos analizados. Por un lado, en la instalación de sistema de control de tráfico mediante videovigilancia, que se lanzó por procedimiento abierto simplificado en 2020 y que se continuó después con la modalidad de contrato menor. El segundo se refiere a obras adjudicadas a una misma empresa para actuaciones en piscinas municipales que rondan los 100.000 euros en total.

La Cámara de Cuentas refleja que en “ningún expediente” analizado se deja constancia sobre si hay conflicto de interés en las mesas de contratación, algo que puede “comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento”.

En sus alegaciones, el Ayuntamiento se compromete a trasladar “una circular a todos los empleados indicándoles la obligatoriedad de incluir en los expedientes de contratación declaración de conflicto de intereses”.

Además, el órgano afea las dificultades para llegar hasta el perfil del contratante en la web municipal.

En el apartado de recomendaciones, la Cámara propone revisar los procedimientos de gestión para que “se reduzca el número de incumplimientos”.

Modificaciones presupuestarias

En materia de modificaciones presupuestarias, la Cámara de Cuentas destaca que “no se presentan de forma clara las razones por las que el presupuesto debe ser modificado”, con una memoria “muy genérica”, lo que contraviene la normativa.

Según alega el Ayuntamiento, desde 2023 estas indicaciones ya se cumplen, algo que la Cámara no puede verificar.

Tampoco constan los documentos contables en los expedientes de modificación presupuestaria remitidos, algo que el Consistorio no hizo tampoco en la fase de alegaciones.

El apartado de la plantilla otro que genera incidencias. La Cámara informa de que no hay “criterio claro” para la asignación de tareas a funcionarios o al personal laboral. Y recomienda la revisión de la relación de puestos de trabajo (RPT) “para evitar que se produzcan errores o diferencias”. “Es necesario clarificar en los distintos puestos las funciones que debe realizar el personal funcionario”, advierte.

Además, hay numerosos errores en cuestiones financieras, como en la aplicación del principio de devengo o préstamos y cuentas de crédito mal contabilizados.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha defendido su “independencia” al frente de dicha institución, así como la “legalidad” de la decisión de “posponer” la fiscalización de los contratos menores que adjudicó a dedo su propio departamento en 2022, cuando era consejero de Educación en el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Cardenete se ha pronunciado así en declaraciones a Europa Press, tras las críticas de los grupos de oposición de izquierda al Gobierno del PP andaluz por el uso “torticero y partidista” de un órgano independiente cuya función principal es fiscalizar al Gobierno autonómico. El presidente de la Cámara de Cuentas se enfrentó el pasado miércoles a un debate de reprobación en el Parlamento andaluz por haber paralizado la auditoría de los contratos menores que una jueza está investigando por un posible delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos sanitarios.

El que fuera viceconsejero de Turismo y consejero de Educación en 2022 ha señalado así que “dentro del marco legal que regula nuestras competencias”, la mayoría del pleno de la Cámara de Cuentas decidió “posponer la aprobación de las directrices técnicas de un informe sobre la contratación menor en el sector público autonómico” para “evitar interferir” en un proceso judicial en curso, la causa en la que está personada la Junta como responsable civil subsidiaria, y que cuenta ya con un directivo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) imputado.

Retomar la fiscalización tras el proceso judicial

La decisión de frenar la fiscalización, según insiste Cardenete, “no responde a intereses políticos ni a presiones externas, y mucho menos a voluntad de ocultar información”. En esa línea, el presidente de la Cámara de Cuentas andaluza defiende que “la prudencia, en este caso, es una obligación”, al tiempo que asegura que, “una vez aclarada la posible colisión con el proceso judicial, se retomará el trabajo en condiciones de normalidad”.

En ese sentido, ha recordado que la Cámara de Cuentas es “una institución diseñada para ejercer un control técnico, riguroso e independiente sobre la gestión de los recursos públicos”. Por ello, ha indicado Cardenete, “es fundamental que su labor no se vea condicionada por los vaivenes del ciclo político, ni convertida en herramienta al servicio de intereses partidarios o mediáticos”.

Según incide el presidente de la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador ha actuado “con plena transparencia y dentro de la legalidad”, al tiempo que ha subrayado que “esta no es la primera vez que se suspende o ajusta el desarrollo de un informe”. “Nuestra práctica institucional demuestra que, ante determinadas circunstancias, los trabajos pueden ser reprogramados o revisados”, y eso “no implica desviación, sino una correcta aplicación del principio de oportunidad institucional”, ha abundado Manuel Alejandro Cardenete en esa línea.

Dicho esto, el presidente de la Cámara de Cuentas lamenta “profundamente que se intente convertir esta decisión técnica en un debate político o en una muestra de opacidad”, porque “los hechos lo desmienten”, y “la Cámara ha emitido regularmente informes sobre contratación pública”, ha remarcado. “Pretender otro enfoque es desconocer la naturaleza y la función de los órganos de control, que deben ser guiados por el rigor, la integridad y la profesionalidad, no por la lógica del titular fácil o el protagonismo coyuntural”, ha añadido Cardenete.

Dispuesto a comparecer en el Parlamento

Cardenete ha aprovechado la ocasión para trasladar su “disposición a comparecer ante el Parlamento cuantas veces sea requerido”, entendiendo que, para él, “no es una opción”, sino “una obligación”. No obstante, considera que “también es necesario preservar la naturaleza institucional de este acto” de comparecer en el Parlamento, “evitando que se convierta en un instrumento de presión ajeno al trabajo técnico de la Cámara”.

Por otro lado, y después de que desde los grupos de oposición de izquierdas al Gobierno del PP-A se haya recordado la etapa de Cardenete como viceconsejero y consejero del Ejecutivo andaluz en la pasada legislatura, el ahora presidente de la Cámara de Cuentas ha subrayado que se siente “orgulloso de la labor realizada” en la Junta.

Además, ha subrayado que “esa trayectoria fue conocida desde el momento” de su nombramiento, y “no ha condicionado, ni condicionará, mi desempeño”, según sentencia Cardenete, quien defiende en ese sentido que le “guían, como siempre, la honradez y el compromiso con lo público”.

También justifica su “abstención en la fiscalización de subvenciones turísticas correspondientes a los años 2021-2023”, al sostener que “fue una decisión jurídica y ética”, ya que “coincidían” con su etapa como viceconsejero de Turismo, y “la ley establece claramente la necesidad de abstenerse en estos casos”.

Frente a ello, Cardenete defiende que “no existe, hoy en día, una vinculación directa” que le “obligue legalmente” a abstenerse en lo que se refiere al informe sobre contratación menor en la Junta de Andalucía. El presidente incide en reivindicar que “la Cámara de Cuentas no es, ni debe ser, un actor político”, sino que “es una institución técnica e independiente cuya fortaleza reside precisamente en mantenerse al margen del debate partidista”, y “convertirla en una herramienta de desgaste político no solo daña su funcionamiento, sino que debilita nuestro sistema democrático”.

En octubre de 2018, dos meses antes de las elecciones andaluzas que terminaron con 37 años de gobiernos socialistas, el CIS publicó su última encuesta preelectoral donde la corrupción ocupaba el segundo problema de los andaluces (para un 40,8%). El candidato del PP y hoy presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, abrió aquella campaña a las puertas de un prostíbulo de Sevilla, ya en ruinas, donde un ex alto cargo del entonces Gobierno socialista gastó 32.000 con la tarjeta de crédito de una agencia pública.

En junio de 2022, justo antes de las últimas elecciones andaluzas, el CIS relegaba la corrupción al octavo puesto entre las principales preocupaciones de los ciudadanos (con un 7,4%), y Moreno se lanzaba al ruedo electoral con un mensaje alegre y optimista: “Tenemos ganas de comernos el mundo”. Las urnas le respondieron con una mayoría absoluta histórica de 58 diputados.

“Pelearse en la corrupción es forcejear en el barro”, decía este miércoles un miembro del Gobierno andaluz, que lleva una semana filosofando en voz alta sobre las contraindicaciones de hacer “política sucia”. El lunes pasado, durante una entrevista en Tele 5, Moreno avisó: “Nadie sale limpio de una pelea en el barro, porque todos acaban enfangados y el ciudadano ya no sabe distinguir quién es quién”. Es una frase literal del argumentario que manejan estos días en el Palacio de San Telmo, aunque no está claro si es una advertencia para los suyos o para sus rivales.

Hasta ahora, el dirigente popular había hecho gala del clima de moderación y sosiego que distingue la política andaluza, en oposición a la gresca y la polarización que se respira en Madrid. Casi como una extensión de su propia personalidad. Pero la llegada de María Jesús Montero al frente del PSOE andaluz ha puesto a los socialistas en pie de guerra, conscientes de que en un escenario de atonía y calma chicha nunca iban a despertar a los 400.000 votos durmientes que separan a Juan Espadas (en las autonómicas de 2022) de Pedro Sánchez (en las generales de 2023).

“Mafia o democracia”

Los populares lo vieron venir, pero pasaron las primeras semanas fastidiados, farfullando que contra Espadas se vivía mejor. Al fin y al cabo, la mayoría absoluta de Moreno, más el apoyo incondicional de Vox, hacen del Parlamento andaluz una cámara de oposición al Gobierno de Sánchez, más que un contrapeso al Ejecutivo andaluz.

Cada semana los populares pueblan el diario de sesiones de reproches e inquietudes de ámbito nacional, hasta llegar al clímax de este miércoles, en el que el Parlamento, con los votos de las derechas, ha aprobado una proposición no de ley que “considera necesario” que Sánchez “proceda a la disolución inmediata de las Cortes” y adelante las elecciones generales.

El mismo grito de Feijóo en la manifestación del domingo convocada por el PP en Madrid, bajo el lema “Mafia o democracia”, el mismo mensaje que le lanzaron a la cara los 13 barones territoriales del PP en la fallida Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado viernes.

Moreno ha participado en primera línea de la estrategia de confrontación total contra Sánchez -“al final tendrá que convocar a palos”- y ha regresado de Madrid asumiendo que la pelea con los socialistas será en el barro. Sirva de ejemplo el diario de sesiones del Pleno de hoy, donde populares y socialistas dejaron esputos de alto voltaje, como preámbulo acalorado del debate de política general que tendrá lugar este jueves.

Ese binomio -“Mafia o democracia”- es el que se ha instalado en Andalucía -otrora remanso de paz-, con unos y otros acusándose mutuamente de “mafiosos”, “antidemócratas” y “fascistas”. “No como insulto, sino como concepto”, ha matizado el diputado socialista Noel López, ante la bancada popular.

El portavoz del PP en la Cámara, Toni Martín, llegó a comparar al PSOE con la Stasi, la policía política y criminal de la extinta República Democrática Alemana (RDA), acusándoles de ejercer “prácticas mafiosas de espionaje franquista” contra Moreno y otros miembros del Gobierno andaluz, y de tener “pisos francos en Madrid para las reuniones de sus fontaneros con las cloacas”. Los populares han dado eco estos días a publicaciones que denuncian un espionaje al presidente andaluz, supuestamente orquestado por el PSOE.

Es difícil seguir la pista de las altisonantes acusaciones que lanza el PP andaluz estos días contra Montero, porque todas tienen la magnitud de una querella criminal, pero de momento nadie ha acudido a los juzgados a registrarla.

Sin embargo, uno de los que se ha mostrado más indignado con el PP por estas insinuaciones no ha saltado de la bancada socialista, sino de Por Andalucía, el diputado y miembro de Podemos José Manuel Jurado: “¿A alguien de Podemos le van a decir algo de espionaje? ¿A nosotros? Que teníamos a 69 diputados que estaban cagados porque sabían que la Policía les estaba persiguiendo y no sabían por qué, con 54 comisarías dedicadas a líderes de Podemos y dirigentes independentistas...”, ha espetado a la bancada popular, en referencia a la denominada policía patriótica del PP, que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

Lo que sí es constatable en el discurso duro del PP andaluz es lo superlativo del mensaje que intentan trasladar: “Estamos ante un punto de no retorno, un destrozo de la convivencia entre españoles”, sentenció Martín, alertando de que la democracia “pende de un hilo”. Falta menos de un año para que, por ley, el presidente de la Junta disuelva el Parlamento andaluz y convoque elecciones. Moreno ha prometido públicamente que las urnas se abrirán “cuando tocan”, es decir, en la primavera de 2026.

Pero el relato popular se ha llenado de sombras y ya nadie sabe si la tan cacareada “estabilidad política y económica” de Andalucía, que blinda la mayoría absoluta y los Presupuestos Autonómicos aprobados, es compatible con esa imagen de una España al borde del precipicio que proyectan a diario los de Feijóo. Cada sesión plenaria, el tam tam de las urnas se escucha más cerca.

Los socialistas no se han achantado esta vez, y este apretar de dientes de los rivales de Moreno es uno de los síntomas de un posible adelanto electoral después del verano. Un diputado comparó la actitud del dirigente andaluz a la salida de la Conferencia de Presidentes con la de “aquellos que llevaban camisas azules”, en referencia a los falangistas, dando eco a la misma acusación que vertió contra él el ministro de Fomento, Óscar Puente.

El Parlamento andaluz se ha metido de lleno en el marco mental de Feijóo: “Mafia o democracia”. Los tres partidos de la izquierda en la oposición lo han hecho suyo para atizar a Moreno, para acusar a su Gobierno de “colonizar” y “amordazar” a los órganos de control y de fiscalización a la Junta, cuyos informes sobre las irregularides en la cotratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han motivado dos causas judiciales abiertas -con personación directa de la Fiscalía Anticorrupción- por prevaricación y malversación de fondos, y cuatro altos cargos imputados.

Los diputados de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han subido, uno tras otro, a la tribuna para llamar “corruptos” a los populares y al Gobierno, acusándole de maniobrar dentro de la Cámara de Cuentas y del cuerpo de interventores de la Junta para “boicotear” y “torpedear” el trabajo de fiscalización interna, que justo ahora están reclamando dos jueces para profundizar en su investigación sobre los contratos a dedo del SAS con la sanidad privada.

“La estrategia de oposición contra Moreno en Andalucía pasa por la sanidad. Es lo único que tienen”, les ha afeado la diputada popular Jessica Trujillo, que ha culpado al PSOE de “sobrepasar todos los límites” con su “ataque a la Cámara de Cuentas”.

De reprobación a prevaricación en la Cámara de Cuentas

En los últimos días, la Cámara de Cuentas de Andalucía, con el voto mayoritario de los miembros designados a propuesta de PP y Vox, ha frenado la fiscalización de los contratos menores adjudicados a dedo por la Junta en 2022 y 2023, argumentando que no debían “interferir” en una investigación judicial sobre “el fraccionamiento masivo e indebido” de dichos contratos, una causa en la que el Ejecutivo de Moreno se ha personado como “responsable civil subsidiaria”.

El Parlamento, a propuesta del PSOE, ha debatido por primera vez la reprobación del presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, acusándole de incumplir la ley que regula la institución que dirige. Cardenete fue viceconsejero de Turismo y consejero de Educación en 2022, y la investigación de la Cámara de Cuentas incluía contratos adjudicados a dedo de su etapa en el Ejecutivo [además de expedientes del SAS que investiga un juez]. Sin embargo, éste decidió no abstenerse en la votación que ha frenado las auditorías a esos contratos.

Los socialistas también le señalan por impulsar una modificación exprés del reglamento interno de la Cámara el pasado abril para poder, un mes después, frenar la fiscalización de los contratos menores de la Junta. La propuesta de reprobación -que no es más que un reproche político- estaba abocada al fracaso, porque choca con la mayoría de PP y Vox, pero al PSOE le interesaba anclar el debate de la “corrupción del PP” en el Pleno del Parlamento.

Con esa estrategia en mente, el diputado Mario Jiménez, uno de los más veteranos y correosos de la bancada socialista, ha dado un salto de pértiga, acusando directamente a Cardenete de un delito de prevaricación. Pero el objetivo a batir no es Cardenete, sino Moreno.

Jiménez acusó a la Junta de “purgar a los interventores” del Servicio Andaluz de Salud (SAS), responsables de los informes que destaparon las irregularidades en la contratación de emergencia y en el troceamiento de contratos a dedo que ahora investigan dos jueces por prevaricación y malversación. Habló de “un inmenso caso de corrupción que implica a todos los niveles institucionales de la autonomía, de inmenso atropello a las leyes”, y culminó ddenunciando que “sólo ha podido ser posible gracias a la implicación del propio presidente de la Junta de Andalucía”. “Ya veremos si el precio no es la cabeza de Cardenete y un juicio por prevaricación”, sentenció. Fuentes del PSOE explican que, por ahora, no se plantean llevar el caso a los tribunales.

Moreno comparece este jueves, a petición propia, para lanzar un discurso sin límite de tiempo que ofrecerá pistas de la cercanía o lejanía de los comicios, según lo trufado que esté de promesas electorales. Pero será, sobre todo, la intensidad del cara a cara con los portavoces de la oposición lo que sirva de termómetro para saber quién necesita salpicar con barro.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, se enfrenta este miércoles a un debate de reprobación en el Parlamento autonómico por haber paralizado la fiscalización de los contratos menores que adjudicó su propio departamento cuando era miembro del Gobierno de Juan Manuel Moreno, en 2022.

La Cámara de Cuentas es responsable de fiscalizar la gestión contable de los fondos públicos de Andalucía. Es un órgano técnico dependiente del Parlamento andaluz que, por primera vez, plantea censurar a su presidente por un supuesto conflicto de intereses con su anterior etapa como viceconsejero de Turismo y consejero de Educación.

Fuentes parlamentarias confirman que nunca antes se ha dado este escenario, aunque también es la primera vez que un miembro del Consejo de Gobierno andaluz es elegido para presidir el órgano de control al Gobierno andaluz.

La reprobación de Cardenete parte de una iniciativa del PSOE, que le acusa directamente de incumplir la ley que regula la institución que dirige, y de impulsar una modificación exprés de su reglamento interno para poder, un mes después, frenar la fiscalización de los contratos menores de la Junta.

El pasado 6 de febrero, el Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó el informe de “Fiscalización de las Subvenciones concedidas a establecimientos hoteleros afectados por el COVID. Ejercicios 2021, 2022 y 2023”. Ese día, Cardenete se abstuvo en la votación, apelando al artículo 25.c de la Ley de la Cámara de Cuentas, que establece que los miembros del Pleno “deberán abstenerse o podrán ser recusados” cuando hayan “tenido a su cargo la administración, gestión, inspección o intervención de los ingresos o gastos objeto de fiscalización”.

Tres meses después volvió a darse una situación similar: el Pleno de la Cámara de Cuentas discutió el pasado 15 de mayo la “suspensión temporal” de la fiscalización de los contratos menores adjudicados a dedo por el Gobierno andaluz durante los ejercicios 2022 y 2023.

El periodo auditado volvía a afectar a la etapa de Cardenete como viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; y también a su breve periodo como consejero de Educación y Deporte, en sustitución del malogrado Javier Imbroda.

Sin embargo, esta vez, el presidente de la Cámara de Cuentas decidió no inhibirse y votó a favor de paralizar la fiscalización de los contratos menores de la Junta, entre ellos, los que gestionó y adjudicó a dedo su propio departamento siendo número dos de Turismo y, posteriormente, responsable del área de Educación.

Ambos departamentos firmaron en 2022 miles de contratos menores, según consta en el Perfil de Contratación de la Junta, y algunos de ellos aparecen en la muestra de 500 expedientes que la Cámara de Cuentas solicitó a la Consejería de Hacienda para su fiscalización.

Pero esos expedientes nunca llegaron porque Hacienda dilató su entrega -reclamando un “documento de directrices técnicas” que hasta entonces no era vinculante- y, en ese intervalo, el órgano de control decidió paralizar la investigación con cuatro votos a favor (los tres consejeros nombrados a propuesta del PP y uno de Vox) y tres en contra (dos del PSOE y uno de Por Andalucía).

El voto del presidente fue decisivo para inclinar la balanza porque, de haberse inhibido, el desempate le habría correspondido a la vicepresidenta, Manuela Serrano, que se había opuesto a suspender la fiscalización. Cardenete no se abstuvo, pero tampoco fue recusado por ninguno de los consejeros del Pleno contrarios a paralizar la auditoría a los contratos menores ni por el asesor jurídico y secretario general de la Cámara de Cuentas, que es quien vela por la legalidad de los acuerdos.

Este periódico se ha puesto en contacto con el presidente del órgano de control, que ha declinado responder a las preguntas.

“Inusual volumen de contratos menores”

El trabajo de campo de la auditoría externa a los contratos menores de la Junta arrancó hace casi un año, pero nació con otro objetivo. El plan de actuaciones de la Cámara de Cuentas para 2024, aprobado el 14 de diciembre de 2023, incluyó entre sus actuaciones el “Informe sobre la contratación del Sector Público Autonómico”, es decir, una fiscalización más genérica de todo tipo de contratos públicos, que lleva haciéndose de forma regular desde 2014.

En junio de 2024 se remitió a la Consejería de Hacienda el documento de inicio de la auditoría, solicitándole por escrito el volumen total de expedientes de contratación durante el ejercicio 2022 para conocer el universo que debía investigar y calcular una muestra representativa.

La Cámara de Cuentas inició los “trabajos preliminares de análisis global” pero, al introducir en el sistema informático “todos los ficheros” de contratación remitidos por Hacienda, el órgano de control detectó un “inusual volumen de contratos menores” en la Junta de Andalucía. Al percibir “riesgos de carácter significativo en la contratación menor”, decidió reconducir el objeto de sus actuaciones “en aras de una mayor concreción”.

El Pleno de la Cámara celebrado el 6 de noviembre de 2024 aprobó el “cambio de denominación del informe” de fiscalización de contratos del sector público, para incluir un “examen específico de la contratación menor”, subrayando su “especial referencia”, reza la memoria justificativa para cambiar el título del informe.

El volumen de contratos menores de la Junta de Andalucía alcanzó los 80.482 expedientes en 2022, por un montante próximo a los 799 millones de euros, y se disparó hasta los 102.592 expedientes en 2023, por un importe de 878 millones.

La Cámara de Cuentas seleccionó una muestra de 500 contratos menores de todos los departamentos, aunque el mayor porcentaje salía del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al copar la mayoría de expedientes y de gasto. La solicitud de esos contratos a Hacienda ya llevaban nombres y apellidos, esto es, número de expediente, objeto del contrato, quién era el adjudicatario, cuál era el importe y cuál la fecha de adjudicación a dedo.

De esa información se reconocen los contratos del SAS que están bajo investigación judicial, pero también los adjudicados por los departamentos de Cardenete cuando era viceconsejero de Turismo y titular de Educación.

La misma conclusión de los interventores, un año antes

Un año antes, la Intervención General de la Junta de Andalucía había llegado a la misma conclusión que la Cámara de Cuentas, y decidió encargar a los auditores provinciales del SAS una investigación específica de los contratos menores adjudicados a dedo en 2021.

“Dado el elevado número de contratos menores” autorizados ese año, los interventores de la Junta decidieron analizar “una muestra representativa de esos expedientes de gasto” y detectaron “un mayor número e importancia de incumplimientos de legalidad respecto a la contratación menor de los centros periféricos” del SAS; un “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos millonarios con las mismas empresas y por el mismo concepto, que eran troceados en pequeñas partidas que no superaban el tope fijado por ley en este tipo de contratos para así “eludir” la legislación.

Así concluyen los informes desfavorables en las ocho auditorías al SAS, poniendo bajo sospecha los 1.225 millones de euros adjudicados a dedo a través de contratos menores “en fraude de ley”. Aquellos informes, que publicó en exclusiva elDiario.es, han servido de base a la apertura de una investigación judicial en Cádiz por un supuesto delito de malversación, un caso en el que la Junta está personada como “responsable civil subsidiaria” y que cuenta ya con un directivo del SAS imputado.

Es en este punto donde confluyen los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas y la causa judicial por el “fraccionamiento masivo” de contratos menores en el SAS. La decisión del órgano de control de “suspender temporalmente” su trabajo para “no interferir” en la investigación en curso provocó un cisma entre los miembros elegidos por PP y Vox y los consejeros propuestos por la izquierda.

Desde la institución se argumenta que el parón de la investigación no es “de ninguna manera algo excepcional” y recuerda que “en otras ocasiones y ante situaciones similares, se ha procedido de la misma manera”. La Cámara pone de ejemplo la parálisis del envío de informes “cuando se convoca un proceso electoral, precisamente para no interferir en su desarrollo”.

En efecto, se trata de un acuerdo tácito para no hacer público un informe de fiscalización en mitad de una campaña, pero no de frenar una investigación en curso, como ha ocurrido ahora. Además, existen antecedentes en los que se ha solapado una causa judicial en curso con los trabajos de auditoría (y la publicación del resultado) a la Junta de Andalucía.

El más llamativo fue la larga instrucción de la jueza Mercedes Alaya del macrofraude de los ERE, que coincidió en el tiempo con un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre las mismas ayudas sociolaborales, que luego se usaría como prueba en el juicio.

Un cambio en el reglamento interno de la Cámara

El último asunto que alimenta la propuesta de reprobación al presidente de la Cámara de Cuentas tiene que ver con una repentina modificación del reglamento interno de la misma. El órgano de control a la Junta suspendió los trabajos de fiscalización a los contratos menores el 15 de mayo, sirviéndose de una reforma exprés del “Manual de Procedimiento de Auditoría Pública” aprobada un mes antes, en el Pleno del 10 de abril.

Hasta entonces, el documento de directrices técnicas de la Cámara de Cuentas (que recoge la planificación de una auditoría concreta) no se sometía a votación, simplemente se remitía a Pleno para su conocimiento y aprobación. El 10 de abril, el Pleno acordó por mayoría modificar dos puntos de su reglamento de procedimiento interno -puntos 19 y 20- para que las directrices técnicas tuvieran que someterse a votación. Apenas un mes después, el Pleno de la Cámara, con los votos de PP y Vox, hace uso de esta nueva cláusula para “posponer” el desarrollo de la fiscalización de los contratos menores, y Cardenete informa a la Consejería de Hacienda de que ya no es necesario que envíe los 500 expedientes de la muestra.

Cardenete fue consejero de Educación y Deportes del Gobierno de Moreno, a propuesta de Ciudadanos, hasta las elecciones andaluzas de junio de 2022, y cuando el PP le eligió para presidir la Cámara de Cuentas, en marzo de 2024, ésta ya había empezado a auditar las subvenciones que había otorgado la Consejería de Turismo precisamente bajo su mando.

Por ello, decidió abstenerse tanto en la votación que aprobó el anteproyecto del informe sobre las subvenciones de Turismo a establecimientos hoteleros, abierto a alegaciones, como en la votación posterior para su aprobación definitiva. El pasado mayo, Cardenete usó su voto para suspender la fiscalización de contratos menores que también afectan a su etapa como miembro del Gobierno. No hay antecedentes porque, hasta hace dos meses, el órgano de control no sometía a votación el documento técnico preliminar de una auditoría en curso.

El Parlamento andaluz debatirá este miércoles la primera reprobación a un presidente de la Cámara de Cuentas. La medida servirá a los socialistas para cimbrear al presidente Moreno, acusándole de “asaltar” la institución responsable de fiscalizar a su Gobierno justo cuando dos jueces investigan la contratación a dedo en la Junta. Pero la mayoría absoluta del PP y el colchón de Vox garantizan el fracaso de la iniciativa.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha “suspendido temporalmente” la fiscalización prevista de los contratos menores adjudicados a dedo por el Gobierno de Juan Manuel Moreno durante los ejercicios 2022 y 2023. La razón, arguyen desde el órgano que supervisa las cuentas públicas, es “evitar interferir” en la investigación judicial en curso por un posible delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos sanitarios, la causa en la que está personada la Junta como responsable civil subsidiaria, y que cuenta ya con un directivo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) imputado.

El órgano de extracción parlamentaria defiende que su decisión no es “de ninguna manera algo excepcional” y recuerda que “en otras ocasiones y ante situaciones similares, se ha procedido de la misma manera”.

El reglamento de la Cámara no establece que deba suspender o aplazar los trabajos de control al Gobierno cuando la temática se solapa con un procedimiento judicial. Pero el Pleno que dirige este órgano entiende -“ante las dudas surgidas por una posible interferencia”- que es lo correcto, y que en el pasado se ha actuado con el mismo criterio, por ejemplo, para no interferir en campañas electorales. “La Cámara paraliza el envío de informes cuando se convoca un proceso electoral, precisamente para no interferir en su desarrollo”, advierten desde la institución.

Sin embargo, la decisión del Pleno de la Cámara de Cuentas de dejar en suspenso la fiscalización de los contratos menores de la Junta ha desatado una bronca política en el Parlamento, porque se adoptó con los votos de los miembros elegidos por PP y Vox -que conforman mayoría- y pese al rechazo del resto de integrantes designados por los grupos de izquierdas.

Los populares defienden que “nada de lo que hace la Cámara de Cuentas es sospechoso”, y afean a la oposición sus esfuerzos por interpretar cualquier decisión administrativa -ya sea en el SAS o en el órgano de extracción parlamentaria- como una suerte de “corrupción política”.

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía denuncian el uso “torticero y partidista” de un órgano independiente cuya función principal es fiscalizar al Gobierno autonómico, y acusan a PP y Vox de aplazar sine die la elaboración del informe sobre la contratación menor en la Junta, un aspecto sobre el que los interventores del SAS ya han emitido más de una decena de informes censurando el abuso de contratos encadenados con la misma empresa y por el mismo servicio y prestación, en lo que supone un “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos millonarios para “concultar” la Ley de Contratos del Sector Público.

Los socialistas, además, señalan directamente al presidente de la Cámara de Cuentas, Alejandro Cardenete, que fue vicececonsejero de Turismo y, durante un breve periodo en 2022, consejero de Educación del primer Gobierno de Moreno y, en consecuencia, que estaría afectado por el informe de fiscalización de los contratos menores que se ha dejado en suspenso. El PSOE-A ha registrado una iniciativa para que el Parlamento repruebe a Cardenete en el Pleno de la próxima semana por “obstruir el control democrático”, aunque la mayoría absoluta popular previsiblemente la tumbará.

Procesos paralelos con fechas distintas

La causa abierta por una jueza de Cádiz investiga el troceamiento de contratos menores en el SAS en el ejercicio 2021, y el informe de control de la Cámara de Cuentas sobre dichos contratos abarcaría los dos ejercicios posteriores (2022 y 2023).

Sin embargo, desde el órgano fiscalizador argumentan que su trabajo puede empezar a analizar los contratos de 2022 y adentrarse, “justificadamente”, en el ejercicio inmediatamente anterior “si se constata una continuidad en el procedimiento”, como es habitual en sus informes.

Además, subrayan, la instrucción judicial está aún en una fase muy embrionaria -ahora sólo se centra en la contratación del SAS en Cádiz durante un año-, pero tanto Podemos como el PSOE, personados como acusación popular, plantean extender la denuncia a otras provincias, habida cuenta que los informes desfavorales de los interventores provinciales censuran el mismo procedimiento de contratación en todos los territorios -tildándolo de “fraude de ley”-, y ponen bajo sospecha 1.225 millones de euros, la totalidad del gasto en contratos menores en Andalucía.

El pasado 15 de mayo, la Cámara de Cuentas incluyó en el orden del día del Pleno la “aprobación, si procede, de las directrices técnicas del Informe sobre la contratación del Sector Público Autonómico: especial referencia a la contratación menor”.

El objetivo era supervisar una muestra de los contratos menores de la Junta en todos sus departamentos -no sólo el SAS-, unos trabajos que estaban calendarizados desde hacía año y medio, cuando el Pleno aprobó su Plan de Actuaciones para 2024, en diciembre de 2023.

Las primeras revisiones de expedientes identificaron “riesgos relevantes” en la contratación menor, según algunos miembros discrepantes de la Cámara, que acusan a Cardenete de “modificar el procedimiento de tramitación de los documentos, que hasta entonces no requerían aprobación expresa del Pleno”, para incluir este requisito obligatorio, en contra de la “práctica habitual y de lo dispuesto en la guía técnica” del organismo fiscalizador.

El Pleno del 15 de mayo aprobó por mayoría “posponer” la aprobación de dicho documento para que la fiscalización interna de los contratos menores no discurriera en paralelo a la investigación judicial. “La Cámara quiere mantener una posición neutral, para evitar interferir en su desarrollo. Una vez culmine este proceso se procederá a continuar con el desarrollo previsto del trabajo con todas las garantías necesarias”, aseguran fuentes del órgano fiscalizador, que prevé “retomar” el trabajo sobre la contratación menor de la Junta “una vez culmine” la investigación judicial.

La decisión de la Cámara de Cuentas ha avivado el enfrentamiento político en el Parlamento, donde la oposición de izquierdas acusa al PP de usar su mayoría absoluta en las instituciones para proteger a Moreno de las causas judiciales que salpican a su Gobierno. Los socialistas creen que ahora se ha “menoscabado la autonomía de los órganos de control externo” que fiscalizan al Ejecutivo andaluz, acusan a PP y Vox de “obstruir” su labor y su “independencia”.

Dos juzgados investigan actualmente la contratación a dedo del SAS. Un juez de Sevilla abrió diligencias por presunta prevaricación en los contratos de emergencia adjudicados a dedo entre 2020 y 2024, amparándose en el marco legal habilitado en la pandemia cuando ya estaba derogado. Hay tres gerentes del SAS imputados en esta causa, incluida la actual, Valle García.

En esta causa, el juez ha solicitado una cantidad ingente de documentación al Gobierno andaluz, además del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas a los contratos de emergencia de la Junta en 2020, que ya avanzaban algunas irregularidades en el ejercicio 2021.

Otra jueza de Cádiz investiga un posible caso de malversación en el fraccionamiento de contratos menores del SAS, y ha citado como imputado a un directivo de compras de la plataforma provincial en Cádiz.

La Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas navarro, ha detectado una deuda de “al menos” 120.000 euros en el Consejo de la Juventud de Navarra, un organismo que promueve la participación de los jóvenes en la vida pública, y asegura que su continuidad “no es viable”, por lo que sugiere suprimirlo.

En un informe de 27 páginas encargado por el Parlamento foral, a petición de UPN, para fiscalizar las cuentas de este organismo, la Cámara de Comptos apunta a un “descontrol” en la contabilidad del Consejo de Navarra y concluye que en la actualidad no tiene actividad, no cuenta con sede, ni tampoco personal.

Añade que sus órganos no se han renovado “por falta de quorum” en la asamblea de julio del 2024 y que “no ejercen sus funciones y responsabilidades.” Además, destaca que arrastra una deuda de al menos 120.000 euros, después de haber sido condenado por el impago de las nóminas a antiguos empleados

El Consejo de la Juventud de Navarra se creó en 1986 “para promover la participación de los jóvenes en la vida pública y velar por sus derechos”. El tribunal de cuentas señala que aunque su reglamento prevé que las cuotas de sus asociados sean la primera fuente de ingresos, estos son públicos en su totalidad. Provienen fundamentalmente del Instituto Navarro de la Juventud (81%) y del Parlamento de Navarra (15%).

La Cámara de Comptos, que ya había detectado “una falta de control en la contabilidad” en un informe en el que se analizaron las cuentas del organismo entre los años 2019 y 2023, ha estuadiado ahora las cuentas de los años 2023 y 2024, constatando que el descontrol en la contabilidad “sigue vigente”.

Así, según Comptos en 2023 los cobros y gastos rondaron los 128.000 euros, mientras que en 2024 se redujeron “notablemente” a 11.00 y 10.000 euros respectivamente. Al inicio de 2023 el Consejo contaba con cuatro profesionales, que el año pasado se redujeron a dos cuyos contratos quedaron resueltos en julio.

La resolución de los contratos obedeció a una demanda de los trabajadores por impago de nóminas. El Consejo de la Juventud no compareció a los juicios y el tribunal impuso el pago de casi 80.000 euros. Así, la mayor parte de la deuda de 120.000 euros corresponde a esa sentencia y el resto a la Seguridad Social, Hacienda de Navarra y Consejo de la Juventud de España.

De esta forma, el tribunal de cuentas navarro concluye en su informe que la continuidad del Consejo de la Juventud “no es viable” y sugiere su disolución.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, ha destacado este martes el “gran avance” que supone que el Gobierno de la Comunidad Autónoma esté elaborando informes sobre los estados consolidados de sus cuentas generales. Respecto al informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta para 2021, Andújar ha señalado que “no hay delitos ni irregularidades”, recordando que contiene 59 conclusiones y 22 recomendaciones; además “nueve llamadas de atención” a cómo está conformada la cuenta general de la Junta, para que “se subsanen y no se vuelvan a repetir”.

Así lo ha indicado durante su intervención en la Comisión de Presupuestos de las Cortes regionales, donde ha dado cuenta del informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2021.

En este sentido, ha indicado que hay una orden del Gobierno central que recomienda a las administraciones autonómicas que hagan sus cuentas de forma consolidada con el fin de sacar “una foto más intensa y más real de la situación económica, el gasto público, la eficiencia y la eficacia en el gasto”.

Andújar ha explicado que aunque la Junta de Comunidades no está aplicando al cien por cien esa orden, sí lo está haciendo al 80 por ciento mediante los estados consolidados que, según ha señalado, es lo mismo que hacer las cuentas consolidadas “pero no con la misma profundidad”.

No obstante, el presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha manifestado que supone “un gran avance” dado que hay comunidades autónomas que no han iniciado ese proceso que les sugiere la Intervención General del Estado.

Recomendaciones que quedarán “absolutamente en nada”

Desde los grupos parlamentarios, el diputado de Vox Francisco José Cobo se ha preguntado qué utilidad tiene la Cámara de Cuentas si estas conclusiones y recomendaciones no son vinculantes y quedarán “absolutamente en nada”, pese a lo cual ha destacado “el gran trabajo” efectuado por este organismo al señalar “de manera explícita” todas “las deficiencias” que presentan los presupuestos generales de la región.

El diputado del PP, Santiago Serrano ha lamentado en su intervención que se tenga que estar debatiendo a día de hoy sobre la cuenta general del año 2021 cuando se podría haber tenido la ocasión de haber de departir tanto sobre esta cuenta general como las restantes aprobadas hasta 2025.

Finalmente, la diputada del PSOE Silvia Fernández ha respondido al PP que el presidente de la Cámara de Cuentas ya ha explicado las razones por las que la elaboración de este informe se ha alargado y ha llegado en estas fechas al Parlamento regional lo que, bajo su opinión, no significa que este informe “no nos sirva para nada”.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha destapado un agujero de 1,2 millones de euros sin justificar en las ayudas que el Gobierno de Juan Manuel Moreno otorgó a los hoteles afectados por el parón de la actividad económica durante la pandemia del Covid-19 en los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Es una de las conclusiones del informe de fiscalización de las subvenciones concedidas al sector por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte que acaba de hacer público el órgano de extracción parlamentaria que fiscaliza las cuentas de la Junta.

El dictamen de la Cámara de Cuentas es llamativo, no sólo por denunciar un desequilibrio en la contabilidad y exigir al Gobierno andaluz que “revise y detecte los errores”, sino porque uno de los principales responsables en el departamento de Turismo durante el periodo investigado era el exviceconsejero del ramo, Alejandro Cardenete, presidente hoy del órgano fiscalizador que ha emitido un informe cuestionando su propia gestión en la cartera de Turismo.

No se trata de un informe desfavorable, sino de una resolución “con opinión de legalidad con salvedades”, que insta a la Junta de Andalucía a corregir esos “errores” implantando otro sistema de control de las ayudas que corrobore que las empresas hoteleras beneficiarias usaron el dinero para aquello que estaban destinadas. La Consejería de Turismo, a preguntas de este periódico, no valorado el contenido del informe y asegura que “en este momento se está analizando”.

Entre los incumplimientos que reseña el dictamen, al que ha tenido acceso este periódico, estaca ese desfase en la contabilidad: “El importe que la Dirección General de Turismo ha comunicado a la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones) asciende 17.578.500,59 euros, mientras que el importe concedido e incluido en GIRO (Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales) suma la cantidad de 18.771.300,59 euros. Existe por tanto una diferencia de 1.192.800 euros, correspondiente a 204 expedientes (el 21% del total de los beneficiarios), que no se incluyen en el fichero extraído a partir de dicha base de datos”.

La Cámara de Cuentas señala que este agujero en las cuentas andaluzas incumple la Ley General de Subvenciones, en relación a la obligación que tienen las administraciones de “garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones y ayudas públicas convocadas en cada momento” a través de la debida publicidad y transparencia. En el mismo sentido se incumpliría el decreto Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

El informe también percibe incumplimientos de la legalidad vigente en un puñado de expedientes analizados -el 8% del total de subvenciones otorgadas equivalente al 37% del gasto total-, por ejemplo, una empresa beneficiaria cuyo domicilio fiscal no está en Andalucía; otros nueve establecimientos hoteleros que registraron su domicilio fiscal en esta comunidad “con posterioridad a la fecha límite” establecida en la norma, “y no se ha obtenido evidencia de que el domicilio fiscal anterior estuviera en Andalucía”. Se señala a empresas que reciben ayudas superiores a los 200.000 euros que fija como límite la legislación, y otras que son beneficiarios pese a no justificar la finalidad de la subvención otorgada acorde a la ley.

Las subvenciones de la Consejería de Turismo a hoteles andaluces afectados por el impacto de la pandemia están cofinanciadas por fondos europeos. Las llamadas “ayudas de minimis” están destinadas a empresas que los Estados miembros de la UE no tienen que notificar a la Comisión Europea. En tres expedientes analizados por la Cámara de Cuentas, “el importe total concedido en concepto de ayudas de minimis supera la cantidad establecida por ley”.

En 37 expedientes de la muestra analizada, no se cumple el plazo de seis meses para resolver y notificar la resolución que establece la normativa. En otro caso, una empresa beneficiaria no siguió dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) después de percibir las ayudas, como rige en la ley. El órgano fiscalizador también ha detectado en otros siete expedientes de ayudas que los beneficiarios no han permanecido seis meses de alta en el IAE, y otros dos “no cumplen con el mantenimiento de la inscripción en el Registro Turístico de Andalucía a los seis meses”.

La Cámara de Cuentas también afea a la Consejería del ramo que no haya realizado los controles precisos sobre el terreno ni haya elaborado un plan para controlar el uso legítimo de las ayudas concedidas a estos hoteles.

Entre las recomendaciones que recoge el informe destaca la obligación de desarrollar otro sistema de control interno para “detectar errores”, que permita “identificar factores de riesgo en ciertas áreas y posibilitar lograr los objetivos a través de la implementación de controles para mitigar los riesgos detectados”. También insta a “establecer y comprobar que se realizan controles en la totalidad de los expedientes, para comprobar el cumplimiento de los requisitos que se deben mantener a los seis meses por parte de los beneficiarios”.

Los contratos de emergencia que se realizan desde el ámbito local de la Comunidad Autónoma cuando sucede, por ejemplo, una DANA o una catástrofe, van a ser objeto de estudio durante el próximo año por parte de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha.

El presidente de este órgano, Fernando Andújar, ha adelantado, en una entrevista con Europa Press, que aunque esta fiscalización “no es obligatoria”, la Cámara quiere ver cómo se utiliza “esa fórmula de contratación”, ya que, por su urgencia, es la que “tiene menos controles”.

Ese --tomando como referencia el año 2022-- es uno de los trabajos que figuran dentro del plan anual de fiscalización que la Cámara de Cuentas castellanomanchega se ha planteado para el próximo año, al margen de los que fija de forma obligatoria --la Cuenta General de la Junta, los ayuntamientos o el sector público-- la Ley de la Cámara de Cuentas.

Reivindicando el trabajo de éste recuperado órgano autonómico, ha reparado en que el desarrollo de su labor se basa en herramientas como la Inteligencia Artificial o programas informáticos de extracción de datos, un ecosistema bajo el paraguas de la aplicación 'Fiscalicex', pagada entre los trece órganos autonómicos de cuentas del país.

Junto a todos ellos y al Tribunal de Cuentas también se plantean fiscalizaciones conjuntas, que no tienen “por qué ser contables” y donde se enmarca una que van a iniciar este ejercicio próximo sobre el problema de la vivienda, que ahora mismo “es un tema interesante”.

En ese ámbito se está realizando ya una fiscalización conjunta de los fondos europeos en materia de digitalización escolar “para ver cómo se ha empleado” en cada Comunidad Autónoma ese dinero, u otra sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones obligatorias en Castilla-La Mancha, que comenzará a principios de año, coincidiendo con la obligación legal de implantarla por parte de algunos municipios.

Además, Fernando Andújar tiene el objetivo de publicar en la página web de la Cámara de Cuentas los dictámenes que hizo la Sindicatura de Cuentas regional hasta su supresión, a fin de que “quede constancia” de la situación de la Comunidad Autónoma en materia de fiscalización durante esos años.

Preguntado por fiscalizaciones como las de los contratos derivados de la pandemia de la Covid, que algunas comunidades autónomas sí han realizado, el presidente de la Cámara señala que durante esa época se encargaba de fiscalizar a la región el Tribunal de Cuentas, y la Cámara autonómica no se puso a funcionar hasta meses después de su creación en junio de 2022. “Llegamos tarde” para eso, ha admitido.

La Cámara de Cuentas regional cuenta actualmente con 30 personas trabajando en cuatro departamentos y una Secretaría General aunque “para ir al día” en los informes se necesitaría “el doble”, señala su presidente, que acepta que, con este personal, se meten solo “en los charcos” que ven que pueden asumir.

Defensa del trabajo de la cámara

Como recientemente expresaba la presidenta del Tribunal de Cuentas durante una reunión celebrada en Toledo, Fernando Andújar también realizado una defensa férrea del trabajo de este órgano y de la necesidad de darlo a conocer entre la ciudadanía. “Mi obsesión”, añade, es tratar de “explicar lo que hacemos” porque “a alguien se le quedará”.

Consciente de que el de la fiscalización es un “tema arduo”, también hecha en falta poder acudir más al Parlamento autonómico para dar cuenta del trabajo anual de la Cámara y no solo en lo relativo a la Cuenta General y a la memoria anual, que son las dos comparecencias a las que le obliga la ley regional.

“La administración tiene que ser transparente, las directivas europeas insisten en la transparencia, gracias a Europa muchas cosas se están implantando en nuestro país y, humildemente, somos nuevos, pero toda la información la puede consultar cualquier ciudadano o ciudadana y saber en qué se gasta el Gobierno de Castilla-La Mancha su dinero, o en el pueblo donde viva o en el pueblo de al lado” aunque sea “para presumir en su pueblo de que lo gastan mejor que en el otro pueblo”, bromea.

La administración tiene que ser transparente, las directivas europeas insisten en la transparencia

Andújar concluye aseverando que la Cámara está “para poner en evidencia” en qué se gasta el dinero público y para ese trabajo se necesita independencia. “No estamos aquí para recibir presiones de ningún político, de ninguna autoridad, de ningún alcalde, ni de nadie. Esto es lo que más claro tenemos”, subraya, convencido de que el día que no se sienta independiente se marcha a su despacho de abogados, sabiendo que “la única posibilidad de que esto funcione es que sea creíble”.