El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales se ha visto este martes interrumpido y finalmente suspendido antes de concluir, tras la irrupción de una protesta de la Plataforma de Pensionistas del municipio para reclamar mejoras en el transporte público hasta los hospitales de Laredo y de Valdecilla.

La sesión se encontraba ya avanzada cuando ha comenzado a oírse el ruido procedente de una cacerolada convocada por la plataforma a las puertas del salón de plenos, que impedía continuar con las intervenciones por parte de los concejales.

En ese momento, la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), se ha ausentado durante varios minutos del salón del plenos para hablar con los participantes en la protesta.

A su vuelta, ha explicado que les había trasladado la “total sintonía” con su petición y que ésta había sido reivindicada tanto por la actual como por las anteriores corporaciones del municipio, si bien les ha asegurado que el Ayuntamiento “no tiene competencias” en este asunto, sino que corresponden al Gobierno de Cantabria.

Tras ello, la sesión se ha retomado por unas instantes pero ha tenido que ser interrumpido enseguida por el ruido de la protesta y por la entrada de aproximadamente medio centenar de participantes e la protesta al salón de plenos.

Herrán ha aclarado que no tenía inconveniente en que lo hicieran pero si entraban a escuchar la sesión y no a interrumpirla, advirtiéndoles de que si lo hacían la tendría que suspender.

Ante nuevas interrupciones, la alcaldesa les ha vuelto a pedir silencio para poder continuar el Pleno y les ha explicado que podrían intervenir al final de la sesión, durante el apartado de ruegos y preguntas.

Sin embargo, los manifestantes han seguido gritando lemas, como 'Transporte y sanidad' o 'Es nuestro dinero' y han increpado a los concejales de la Corporación para que hicieran algo para la mejora del transporte a los hospitales.

La alcaldesa ha advertido entonces que no iba a tolerar faltas de respeto, ni insultos a ningún concejal de la Corporación.

Lo que no ha hecho es pedir la intervención de la policía ya que, según ha dicho, “todos sabemos hacer las reclamaciones que nos interesan de manera correcta, con respeto y sin insultos”.

Sin embargo, al matenerse las interrupciones de los participantes en la protesta, Herrán ha decidido suspender el Pleno, que en ese momento debatía una moción del PSOE para la modernización y adecuación del puerto de Castro a las necesidades de los usuarios.

Esta iniciativa no ha podido debatirse ni votarse, lo mismo que otra del PRC que solicitaba el reacondicionamiento del centro cívico de Islares.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Santander ha decretado la suspensión cautelar de dos acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación Barquín Hermoso para el cierre del colegio El Pedregal en Castro Urdiales, en concreto el de diciembre de 2024 por el que se rescindía el alquiler del edificio al Gobierno de Cantabria y el de marzo de este año que aprobaba el acta de la sesión de diciembre.

De esta forma, el juzgado atiende la demanda interpuesta por la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE), como miembro nato del Patronato y en la que pedía expresamente la suspensión cautelar de esos acuerdos que pretendían el cierre del centro educativo.

La propia Herrán lo ha anunciado este martes en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer el auto judicial que, como demandante, se le ha notificado y en el que se decreta la suspensión cautelar de esos acuerdos.

Ha destacado que el juzgado haya adoptado esta medida de “manera excepcional”, porque lo ha hecho sin escuchar antes a la parte demandada, la Fundación Barquín Hermoso, al entender que “hay urgencia y riesgo de daño irreparable si no se actúa con rapidez”.

“La resolución reconoce indicios claros de que las decisiones que se tomaron de manera irregular en aquellos acuerdos por parte del Patronato pueden estar vulnerando derechos”, ha señalado Herrán, que ha leído textualmente los argumentos de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Santander.

Así, la jueza estima que “es preciso para la adopción de una medida cautelar que exista un riesgo real de que mientras se sustancia el proceso declarativo, el demandado, en este caso la Fundación Barquín Hermoso, pueda intentar maniobras fraudulentas que pongan en peligro o hagan imposible una futura ejecución”.

“En el presente caso, procede también estimar el requisito de peligro de demora procesal, derivado del contenido del acuerdo, del que resultaría la imposibilidad de desarrollo de la actividad docente ante la eventual falta de exposición del colegio y atendiendo especialmente el periodo del año en que nos encontramos ante la próxima reanudación del curso escolar”, añade.

Por ello, la jueza acuerda adoptar la medida cautelar de suspensión de los acuerdos del patronato de la Fundación Barquín Hermoso adoptados el 20 de diciembre de 2024 --la rescisión del contrato de alquiler del edificio al Gobierno regional-- y el primero de los acuerdos de la reunión del 13 de marzo de 2025 --la aprobación del acta de la reunión anterior en la que se rescindió el contrato de alquiler--.

Para la alcaldesa de Castro Urdiales, esto es “una victoria legal” de los niños y niñas del CEIP El Pedregal, la Asociación de Madres y Padres (AMPA), los docentes y de ella misma, pero también “una victoria moral” para todos los que “llevamos meses y meses y meses reclamando sentido común y, sobre todo, respeto”.

“Mientras la justicia actúa, algunos responsables públicos han optado por la falta de respeto, la opacidad, el insulto y, en lugar de llegar a acuerdos, se han dedicado únicamente a atacar”, ha criticado la regidora socialista.

En este punto, ha lamentado que los responsables políticos del PP en el Gobierno de Cantabria “hayan tratado en todo momento de desvincularse del acuerdo tomado por la Fundación, pese a ser ellos mismos, integrantes del PP y de la Consejería de Educación, quienes aprobaban ese acuerdo”.

Para Herrán, lo que han hecho los 'populares' no han sido “críticas políticas” sino “faltas de respeto personales y colectivas” y con las que buscaban “desprestigiar” a quienes, como ella, el AMPA o los docentes, se han “atrevido a decir la verdad y defender la educación pública”.

Por ello, ha exigido “disculpas públicas” para las familias a las que se ha tratado con “desprecio y desconfianza”, para los docentes por “ningunear su trabajo y entrega” y a los ciudadanos de Castro Urdiales por tratar, “con su negligencia política, de privarnos de algo tan esencial como uno de nuestros colegios públicos”. “Y bueno, a mí, que ya es lo de menos, por todos los agravios personales que he tenido que recibir”, ha añadido.

La alcaldesa ha considerado que esas disculpas que exige “no son una petición personal sino una obligación democrática y moral”.

En cuanto a la suspensión cautelar de los acuerdos de la Fundación adoptada por la jueza, Herrán se ha mostrado convencida de que “El Pedregal no se va a cerrar” y ha advertido que los vecinos, las familias y los docentes “vamos a continuar peleando para que el colegio siga abierto este curso escolar, que se devuelva a la Fundación su función social no partidista y que se respete la voz de la comunidad y de los castreños”.

Por ello, ha instado a la Consejería de Educación encabezada por Srgio Silva (PP) a que “revierta la situación” porque, pese a que ya ha aprobado y publicado la supresión de las plazas docentes del centro, la decisión judicial “deja sin efecto” los acuerdos de la Fundación “tomados con artimañas” que permitían materializar el cierre del centro.

Y ha vuelto a “tender la mano” del Ayuntamiento de Castro Urdiales a Educación para “buscar soluciones y revertir la situación”, más cuando ya no está rescindido el contrato de alquiler. “Instamos a una reunión urgente, como la que hemos reclamado en los últimos meses aunque hayamos tenido la callada por respuesta”, ha dicho.

Así, ha reclamado a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, junto a su consejero, a “convocar de manera inmediata una reunión de la Fundación Barquín Hermoso” porque el inicio del curso escolar está “a la vuelta de la esquina” y hay que “solventar el problema” para que “los niños y niñas del Pedregal puedan empezar en su colegio”.

En caso de que el Gobierno se mantenga en su postura de cerrar el centro pese a que “ya no tienen excusas”, Herrán ha instado a los responsables políticos del PP a “dimitir”.

“La jueza ha suspendido los acuerdos, con lo cual está en su mano poder continuar con el centro del Pedregal. Si el Patronato de la Fundación Barquín Hermoso, el PP y el secretario de la Fundación no rectifican, si no respetan a la legalidad ni a la ciudadanía, lo mejor que pueden hacer es presentar su dimisión, porque quien desprecia a una comunidad entera no puede seguir gestionando nuestros recursos ni el futuro de nuestros hijos”, ha concluido.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Supremo ha iniciado el proceso para ejecutar la sentencia que condena al juez Luis Acayro Sánchez Lázaro a diez años de inhabilitación antes de haberle notificado la sentencia. Esta circunstancia ha provocado que el afectado haya presentado un recurso de súplica para paralizar su ejecución hasta disponer oficialmente del documento cuyo contenido conoce, desde hace ocho días, únicamente a través de lo que han publicado los medios de comunicación.

El auto que inicia el proceso de ejecución de la pena impuesta tiene fecha del 11 de julio, tres días después de que se conociese públicamente la sentencia “y pese a no haber sido la misma notificada personalmente al señor Sánchez Lázaro”.

Una vez abierto el proceso para cumplir la condena de diez años de inhabilitación que le aparta definitivamente de la carrera judicial, su procurador ha recibido esta misma mañana el documento. Apenas dos horas después ha presentado un recurso de súplica para paralizar la ejecución al menos hasta que le sea notificada al condenado. El escrito considera que, por tanto, esa resolución no es conforme a derecho y pide la revocación del auto y que se deje sin efecto hasta que se notifique oficialmente al interesado. Máxime tratándose de una sentencia que no se limita a confirmar la de instancia -explica- “sino que dicta una nueva sentencia ”con alteración de los pronunciamientos iniciales“.

La celeridad de la ejecución de la condena impide, entre otras cuestiones, la posibilidad de plantear un incidente de nulidad. Un recurso legal excepcional que se utiliza para impugnar una sentencia judicial cuando el afectado considera que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales, se plantea ante el mismo tribunal que dictó la sentencia y busca dejar sin efecto la resolución. Por ello, siempre transcurre un plazo entre la firma de la sentencia y el inicio de su ejecución que asegura los derechos del afectado.

3 magistrados contra 2 votos particulares

El Tribunal Supremo expulsó de la carrera judicial y condenó a diez años de inhabilitación al magistrado Luis Acayro Sánchez por “prevaricación judicial”, al considerar que solicitó injustamente información en perjuicio de un abogado sobre los contratos menores que mantenía con un ayuntamiento cántabro, unos hechos que se produjeron en 2018. Tres años después, el Colegio de la Abogacía de Cantabria recuperó la queja que en su día había presentado el afectado y presentaron conjuntamente una querella contra Acayro.

La sentencia del Supremo, que dobla la pena inicial que recurrió el afectado, se resuelve con tres de los cinco votos de los magistrados. Dos de ellos, Antonio del Moral y Leopoldo Puente, han emitido votos particulares que defienden su absolución. Los tres magistrados favorables a la condena son Vicente Magro, Ana María Ferrer y Andrés Martínez Arrieta.

La defensa del juez que durante años estuvo implicado en la lucha contra la corrupción urbanística en Cantabria anunció que recurrirá esta decisión ante el Tribunal Constitucional. El magistrado lleva tres años suspendido cautelarmente de sus funciones como titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, desde el 15 de junio de 2022, cuando se dictó apertura de juicio oral.

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato ha iniciado una ronda de encuentros municipales para abordar “la crisis y la deriva” de la sanidad pública en la región.

Estas reuniones se enmarcan en la campaña 'Salva la sanidad', que se puso en marcha hace meses con entrevistas con los principales partidos políticos. Y ahora comienza una segunda fase con la que se busca la “implicación” de los ayuntamientos ante una gestión sanitaria que “sigue en precario” y no “tiene visos de solucionarse” de cara al verano, por la “nula planificación” de la Consejería.

La secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, y María José Barrio, responsable de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato, han mantenido un primer encuentro con Susana Herrán y Pablo Antuñano, alcaldesa de Castro y concejal de Hacienda del municipio, el tercero más poblado de Cantabria y que “se ha quedado con sólo un médico en su servicio de urgencias al menos en cinco ocasiones en los últimos meses”.

En cuanto a la campaña, Mantecón ha explicado que CCOO la puso en marcha tras “meses alertando de la crítica situación” de la sanidad cántabra ante los “cierres” de consultorios rurales, las “exageradas” listas de espera, la “falta” de efectivos en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) o profesionales que acusan un “grave desgaste ante una situación cada vez más estresante”.

Ante esto, el sindicato denuncia que la Consejería “no toma las riendas de forma seria y rigurosa ni genera un cambio de rumbo” en la gestión del sistema público de salud que incluya “una mayor previsión y una mejor organización” de los recursos humanos, que a juicio de CCOO, “no es la adecuada”.

“El problema no se está abordando de cara a un nuevo periodo estival. El consejero se escuda diciendo que no se puede hacer nada y justifica la situación”, afea a César Pascual el sindicato, que pretende con esta campaña de denuncia “canalizar el descontento” de los cántabros.

Y también denuncia que Salud trabaja “al margen” de los espacios establecidos para la negociación, “limitándose a presentar acuerdos parciales, cerrados al margen de la mesa de negociación, y que dejan fuera a la mayoría” de los trabajadores, lo que genera “importantes discriminaciones” y un “mal clima” en el Servicio Cántabro de Salud.

Frente a ello, el sindicato defiende que los acuerdos de mejora en el ámbito sanitario deben ser para “todo” el personal y categorías que estén en la misma situación.

La oposición en Castro Urdiales ha denunciado la “opacidad informativa” y la “absoluta falta de gestión” por parte del equipo de gobierno de PSOE y CastroVerde liderado por la socialista Susana Herrán, a quien ha acusado de “impedir” a la oposición el acceso a la “información necesaria para desarrollar nuestra labor de fiscalización y que los castreños puedan conocer así la realidad”.

Todos los grupos de la oposición municipal han comparecido este lunes para denunciar “el oscurantismo” del equipo de gobierno. PP, PRC, Podemos, Ciudadanos y Vox han explicado que llevan meses reclamando al Ejecutivo local que cumpla con la periodicidad de la celebración de las comisiones, y han lamentado que “la mayoría de concejales busquen su minuto de gloria y prefieran responder sobre su gestión en los medios de comunicación, en vez de rendir cuentas en donde deben hacerlo que es en los órganos de este Ayuntamiento”.

En declaraciones a los medios, los portavoces de la oposición han señalado que existen ejemplos “muy preocupantes de la inacción” del equipo de gobierno. Así, ha indicado que, entre otros y desde que comenzó la presente legislatura, la Comisión de Servicios a la Ciudadanía, que comprende áreas tan importantes para la sociedad castreña como Deportes, Juventud, Festejos, Turismo, Comercio, Patrimonio, Archivo, Asuntos Sociales, Residencia municipal, Igualdad y Mujer, Cooperación al Desarrollo de la Educación y Cultura, se ha reunido en solo seis ocasiones, mientras que la Comisión de Promoción Económica solo se ha celebrado una vez.

“No podemos olvidar que la periodicidad de las comisiones es bimensual, por lo que a la vista está que 2 de las 4 comisiones, que agrupan la mayoría de las áreas, no cumplen con las normas de funcionamiento”, han subrayado. Sobre esto también han incidido en el “muy escaso número” de asuntos que se dictaminan en comisión: “otra prueba del bajísimo nivel de trabajo de este equipo de Gobierno”.

Plan de Sostenibilidad Turística

Además, los grupos de la oposición han exigido al PSOE que “respondan y atiendan las peticiones que les están realizando desde la oposición, especialmente las solicitudes relacionadas al Plan de Sostenibilidad Turística”.

En concreto, el portavoz del principal partido de la oposición, el popular Cristian Antuñano, ha explicado que “por activa y por pasiva, tanto en pleno como en comisión, desde todos los partidos se ha solicitado al Gobierno socialista información sobre las líneas de actuación de este Plan, así como de los proyectos que lo componen”.

Incluso, ha asegurado, se llegó a poner como punto del día en la Comisión de Control y se convocó a comparecer a la alcaldesa, “pero una vez más, la socialista Herrán negó a los castreños el derecho a la información dando plantón a los representantes de los vecinos, y la concejal del área está desaparecida”.

En la misma línea, ha recordado que en esa misma Comisión de Control se formularon 55 preguntas más sobre contratos de distinto tipo, “las cuales hoy, transcurridos más de 10 días desde su celebración, inexplicablemente siguen sin ser contestadas por los socialistas”.

A esto se suma, según ha denunciado, que también se ha requerido “información o acceso a expedientes en relación a otras cuestiones como las actas de la Junta de Gobierno, que llevan sin publicarse desde hace meses; las actas anuales del ICASS; informes de Secretaría sobre las colonias de niños; convocatorias de las diferentes comisiones, el expediente administrativo referente al cheque escolar; el de mantenimiento de las zonas ajardinadas y el de las máquinas deportivas de Cotolino, entre otros”.

“Ante la actitud impasible de la alcaldesa y su equipo y con este listado interminable de cuestiones que desde la oposición venimos reclamando desde hace tiempo, nos reservamos el emprender cuantas acciones estimemos oportunas para hacer valer todos los derechos que como concejales de este ayuntamiento nos otorga la Ley de Bases de Régimen Local, esa misma que parece que la alcaldesa no ha leído nunca, y otros instrumentos que también nos asisten”, ha señalado.

Así, todos los portavoces municipales de la oposición han exigido finalmente a Susana Herrán y a su Ejecutivo “que les faciliten, de manera inmediata, la información que se les lleva requiriendo desde hace meses, especialmente la referida al Plan de Sostenibilidad Turística, que se convoquen las comisiones en los plazos establecidos, así como los órganos que aún no han sido convocados”.

Cientos de personas en Castro Urdiales han desafiado este jueves a la lluvia para participar en los actos conmemorativos de la festividad de San Andrés, patrón de los marineros del municipio.

Aunque la programación de esta Fiesta de Interés Turístico Regional arrancó ayer, los actos centrales se celebran hoy, entre ellos la tradicional procesión de la imagen del santo desde la Cofradía de Pescadores hasta la iglesia de Santa María de la Asunción, que en esta ocasión ha discurrido bajo los paraguas.

Ya en el templo, se ha celebrado a mediodía una misa cantada por el Coro de Voces Graves 'Los Templarios'. Además, el programa incluye una diana musical, el VI Concurso Gastronómico de Caracoles, regatas de bateles y trainerillas, el concierto del Ochote Ardual, un taller de jota del regateo organizado por la Asociación Barrio de los Marineros y la V Quedada Marinera, además de la habitual caracolada popular y una romería amenizada por el grupo castreño 'Mojarra a la Plancha'. Los actos concluirán el domingo, 3 de diciembre.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha acompañado a los castreños este jueves en la celebración de esta fiesta y ha participado en alguno de los actos, como la procesión.

Buruaga ha mostrado su satisfacción por acudir un año más, y por primera vez como presidenta de Cantabria, a esta celebración que representa el arraigo y la tradición marinera del municipio.

También han acudido el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia, y el de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media; la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán; la nueva Patrona Mayor de la Cofradía de Pescadores de San Andrés y San Pedro, María Teresa Lorenzo, y otras autoridades locales y autonómicas, como el líder del PSOE, Pablo Zuloaga.

Podemos Castro Urdiales considera que “algo huele a podrido” en el procedimiento judicial de La Loma, en el que dos informes jurídicos enviados por el Ayuntamiento el pasado mes de septiembre “han dado lugar a la exculpación” de 39 de los 45 imputados por la Fiscalía. La formación morada ha solicitado los informes jurídicos emitidos por el abogado contratado para defender al Ayuntamiento ante los nuevos escritos de acusación de Fiscalía y acusación particular.

Podemos reprocha a la Fiscalía que “omita” en la modificación de su escrito de acusación, delitos que fueron admitidos por la Audiencia Provincial en 2015. Y al Ayuntamiento que no reclame las pérdidas patrimoniales sufridas en La Loma y en los otros ocho casos ya juzgados en Castro, con sentencias condenatorias a 25 políticos, técnicos y empleados municipales en las que se ha reconocido perjuicio patrimonial para las arcas municipales.

Según Podemos, los informes jurídicos del Ayuntamiento en los que se ha “fundamentado” la retirada de la acusación por la Fiscalía a 39 de los 45 imputados, fueron realizados por el abogado Gutiérrez Olivares.

La formación morada dice tener constancia de que este técnico “intervino en los expedientes que se estaban investigando, actuó como testigo en la instrucción de la causa e incluso su despacho jurídico privado ha actuado en la instrucción”.

Por ello, solicitan a la alcaldesa, Susana Herrán, que informe y dé cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía o acuerdos de la Junta de Gobierno Local que han encargado a este técnico la realización de estos informes y la motivación de los mismos.

Posición procesal del Ayuntamiento

Por otro lado, Podemos recalca que el Ayuntamiento, que inicialmente trató de actuar como perjudicado hasta que se le consideró responsable civil subsidiario de los posibles derribos, ahora, en el escrito de defensa presentado, “no sólo niega su perjuicio, sino que hace una especial defensa de los acusados; se manifiesta contra la Junta Vecinal de Santullán, única entidad local que está defendiendo adecuadamente sus intereses; e incluso contra la calificación del Ministerio Fiscal, ya de por sí limitada”, denuncia.

Por ello, solicita a la alcaldesa que informe y dé cuenta al Pleno “a la mayor brevedad, dada la gravedad de los acontecimientos”, de los informes jurídicos emitidos por el abogado contratado para defender al Ayuntamiento ante los nuevos escritos de acusación de Fiscalía y acusación particular.

Podemos también pide información de las reuniones y acuerdos que se hayan podido adoptar a la vista de los informes y propuestas de actuación del citado letrado, en relación a la estrategia procesal de defensa en el citado juicio; que se identifique a los técnicos municipales y a los responsables políticos que adoptan esos acuerdos y facilite copia de las reuniones de comisión informativa previas a la presentación del escrito de defensa por la representación de este Ayuntamiento.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, y el alcalde de Castro Urdiales, Ángel Díaz-Munío, han firmado un convenio de colaboración patrimonial con intercambio de inmuebles para mejorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos en el municipio.

El acuerdo, ha explicado el Ejecutivo en un comunicado, recoge que, por un plazo de diez años prorrogables, el Gobierno de Cantabria cede las instalaciones que tiene en la avenida República Argentina 5 para destinarlas a servicios municipales y el Ayuntamiento entrega un local anexo al que ocupa la actual oficina de empleo en la calle Venancio Bosco 18, para ampliar la misma.

El consejero ha explicado que en el caso oficina de empleo se mejora la atención al público para la búsqueda de un empleo y se facilita que los funcionarios públicos, cinco del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) y cuatro del Servicio Público de Empleo Estatal, trabajen con mayor desahogo.

El nuevo espacio, que pasa a ser gestionado por el Servicio Cántabro de Empleo, servirá igualmente para que la Agencia Cántabra de Administración Tributaria pueda utilizarlo para facilitar información durante las campañas del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).

En la reunión, en la que también ha estado presente el director del Servicio Cántabro de Empleo, José Manuel Callejo, se han analizado algunos proyectos en materia de empleo puestos en marcha durante el último año a través del EMCAN, como el programa de colaboración con las corporaciones locales, que entre 2016 y 2018 ha supuesto una inversión en este municipio de 3.085.920 euros.

Por otra parte, en 2016 y 2017 se concedieron 756.000 euros en ayudas para el fomento del autoempleo, que beneficiaron a 119 residentes.

Además, el municipio participa en el programa de Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario, para lo cual ha recibido en los últimos años una subvención de 36.250 euros anuales, mientras que la última, aprobada el pasado mes de septiembre, comenzará a funcionar en diciembre.

En el apartado de igualdad de oportunidades, entre 2016 y 2017 se han concedido 94 ayudas a mujeres trabajadoras del municipio para gastos de guardería, con una aportación del Gobierno regional de 52.671 euros. En estos momentos se están examinando las solicitudes de la convocatoria 2018.

Finalmente, el consejero ha recordado que en Castro Urdiales el número de personas en paro al finalizar el mes de septiembre era de 1.969, 114 desempleados menos que hace un año (-5,47%), 316 menos que hace dos años (-13,83%) y 650 menos que hace tres años (-24,82%).

El secretario general del PRC de Castro, Jesús Gutiérrez, atribuye su dimisión como concejal a la ruptura del pacto de gobierno por parte de CastroVerde con el PSOE, su socio al frente del Consistorio desde las elecciones Municipales de 2015 hasta el pasado mes de abril.

Tal y como adelantó eldiario.es, el líder de la formación regionalista en el municipio, ha hecho oficial este viernes en rueda de prensa su renuncia al acta, maniobra a través de la cual garantiza la consecución del convenio entre el Ayuntamiento y la conservera Lolín, de la que es titular.

En su lugar, entrará a formar parte de la Corporación el actual presidente de la Junta Vecinal de Santullán, Julián Revuelta, número 7 en la candidatura regionalista en los citados comicios. Por su parte, Emilia Aguirre asumirá la portavocía que deja vacante el secretario general.

“No me voy, me aparto y me apartan las circunstancias”, ha subrayado Gutiérrez. Ha recalcado que su dimisión “no hubiese pasado si no se hubiese roto el pacto de gobierno” porque los socialistas “han sido uno de los actores principales en el convenio”.

En este sentido, hay que recordar que el pasado martes se aprobó en el Pleno ordinario el citado convenio por mayoría simple con los votos favorables de los siete ediles de CastroVerde y tres de los cuatro del Grupo Regionalista, con la ausencia de Jesús Gutiérrez por tratarse de un asunto que “le afecta directamente”.

Sin embargo, para hacerse efectivo, es necesaria una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para convertir el uso del suelo donde se emplaza la conservera de industrial a comercial, que pretende ser trasladada al polígono de Vallegón.

Por tratarse de un instrumento urbanístico, su aprobación requiere de mayoría absoluta, objetivo que el secretario general del PRC y dueño de la fábrica de Lolín consigue con su renuncia al acta y con la presencia de otro concejal regionalista en su lugar.

Así pues, Gutiérrez ha recriminado a los socialistas que se abstuvieran en la votación del Pleno cuando “han estado en toda la tramitación del expediente y estaban encantados de seguir adelante con el proyecto porque entendían que era bueno para Castro”.

“La sorpresa fue que el PSOE se abstuviera y sobre todo que dudaran de lo que se estaba votando, por eso quiero pensar que va a haber momentos convulsos en la vida política castreña”, ha manifestado.

Con ello, se ha referido a la petición de moción de censura por parte del concejal del Grupo MásCastro, Demetrio García, en la pasada sesión plenaria. Ha afirmado que la mencionada iniciativa política no puede hacer al PRC “salirse del debate”. “No vamos a consentir que una cosa que tiene interés público como es el convenio que se convierta en un interés privado, y por eso yo me aparto”, ha argumentado.

En consecuencia, ha mostrado su rechazo a que el apoyo a su convenio dependa de hacer lo propio con una posible moción de censura, de la que hablaba anteriormente. “El debate tiene que ser político, no si Jesús Gutiérrez va a sacar el convenio por cambiar cromos o no”, ha apostillado.

Asimismo, ha hecho hincapié en la “independencia” de su Grupo Municipal que, según ha recalcado, les ha llevado a “ser seguro el partido más creíble de los que hay en Castro” y de la que “hacen gala al apoyar o criticar al equipo de gobierno cuando lo han creído oportuno”.

“Lo que no podemos consentir”, ha expresado Gutiérrez, es que “siendo yo uno de los firmantes del convenio por parte de Conservas Lolín, este grupo al que tanto quiero y admiro pueda perder su independencia, por lo que me aparto, no me voy”.

Finalmente, a preguntas de la prensa ha asegurado que se presentará a la reelección para las Municipales de 2019 si obtiene el respaldo de los militantes. “Si lo tengo me presentaré y si no, ayudaré a la persona que creamos conveniente en el partido para que sea el futuro alcalde de Castro”, ha sentenciado.

En lo referente a las críticas ciudadanas que consideran que está “defendiendo y primando sus intereses personales por encima del bien público” ha señalado que “son las mismas personas que hace una semana decían que tenía que dimitir por coherencia y transparencia, pero van a ver como el PRC va a traer inversiones estando en la oposición”.

Reacciones

Podemos Castro ha criticado en un comunicado “la falta de ética del portavoz del grupo municipal del PRC, Jesús Gutiérrez”. Para la formación morada, es “indignante que deje su cargo una vez que ha conseguido sus objetivos personales”. Asimismo, este partido ha puesto el foco en que el cambio de edil “facilitará la consecución de lo que era su objetivo al entrar a formar parte de la corporación: lograr su beneficio personal, no el beneficio de la comunidad”.

“Desde Podemos entendemos que conseguir un acta de concejal implica tu voluntad de trabajar por el bien de la ciudadanía y esta actitud pone en evidencia una forma de hacer política contra la que Podemos lucha, que no vela por el bien general sino por el personal y que, por desgracia, es muy conocida en Cantabria”, ha concluido.

CastroVerde y el PRC necesitan el apoyo de al menos otra formación política para materializar el convenio entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y la conservera Lolín aprobado esta semana en el Pleno ordinario del mes de mayo con los votos favorables de los propios regionalistas y del equipo de Gobierno (CV).

Se trata, por tanto, del primer paso para la consecución de este acuerdo que tiene como objetivo el traslado de la fábrica de Lolín, situada en el entorno urbano del municipio, al polígono industrial de Vallegón. Para que esto pueda hacerse efectivo es necesaria una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que convierta el uso del suelo donde se emplaza la conservera de industrial a comercial.

En la sesión plenaria celebrada el pasado martes se aprobó el convenio por mayoría simple con los votos favorables de los siete ediles de CastroVerde y tres de los cuatro del Grupo Regionalista, puesto que Jesús Gutiérrez, concejal y titular de la fábrica, tuvo que ausentarse en ese punto -tal y como él mismo expuso antes de abandonar la sala- por tratarse de un asunto que le “afecta directamente”.

El Ayuntamiento, tras sacar adelante el convenio, se compromete a llevar a cabo la citada modificación del PGOU que deberá someterse a información pública. Sin embargo, según recoge el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales “se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos que corresponda adoptar en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística”.

Así pues, los 10 votos favorables que permitieron la aprobación del convenio no serían suficientes para hacer lo propio con la modificación del PGOU, lo que se traduce en la necesidad para ambas formaciones de obtener el apoyo de al menos otra formación política de la Corporación que haga posible la mayoría absoluta.

CastroVerde ha manifestado a este medio que “son conscientes de ello” y que “esperan conseguir ese apoyo”. “Sí, ¿por qué no? En el Pleno tampoco hubo una gran oposición, se abstuvieron todos menos MásCastro”, ha subrayado Elena García Lafuente, responsable de Comunicación del equipo de Gobierno. “De aquí a entonces pueden cambiar de opinión, o no”, ha puntualizado.

“En las comisiones nosotros intentamos convencer de que esos puntos son buenos para la ciudad y deben apoyarse, luego depende de cada grupo”, ha señalado la edil, al tiempo que ha recordado que todo ello “lleva un proceso de tramitación larga”.

Polémica

Este convenio ha sido sujeto de polémica desde que se dio a conocer y entre particulares y formaciones como Equo y Podemos Castro presentaron seis escritos de alegaciones que apuntaban una serie de irregularidades en torno al mismo.

Concretamente, denunciaban, entre otras cosas, un “conflicto de interés económico, directo y personal” del concejal y dueño de la conservera, así como que se trata de un acuerdo “contrario a derecho y que falta al interés público”. Finalizado el plazo para la exposición de alegaciones, se resolvieron en menos de una semana y dictaminaron que el acuerdo “no es jurídicamente incompatible”.

Queda pendiente además, una puntualización que presentó el concejal del Grupo MásCastro, Demetrio García,- único voto en contra del convenio- en la que señalaba que no era posible su aprobación puesto que “afecta a terceros” y puede tener “cargas hipotecarias”.

Sobre ello, tuvo que manifestarse la secretaria municipal apuntando que “no es necesario conocer” si presenta cargas dicha parcela hasta que “se apruebe la modificación puntual del PGOU”.

El voto favorable de CastroVerde, formación que gobierna en solitario en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, y del Grupo Municipal Regionalista ha hecho posible la aprobación, en el Pleno ordinario celebrado este martes, del convenio urbanístico entre el propio Consistorio y la conservera Lolín, de la que es propietario el empresario y concejal del PRC Jesús Gutiérrez. 

En una sesión plenaria marcada por la presencia de varios puntos en el orden del día susceptibles de generar tensión entre los diferentes grupos de la Corporación municipal, la aprobación de este convenio se presentaba como uno de los más polémicos. Y así lo ha sido, sobre todo en el cruce de argumentos a favor y en contra entre regionalistas y el Grupo MásCastro a través de su único concejal, Demetrio García.

Con la ausencia del concejal y titular de la fábrica en el citado punto por tratarse de un asunto que le “afecta directamente” -como él mismo ha expuesto antes de abandonar la sala-, el convenio ha salido adelante por mayoría simple, con 10 votos favorables -7 de CV y 3 del PRC-, las abstenciones de los concejales socialistas y populares y el voto en contra de MásCastro. 

Este acuerdo tiene como objetivo el traslado de la fábrica de Lolín, situada en el entorno urbano del municipio, al polígono industrial de Vallegón, para lo que es necesario una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para convertir el uso del suelo donde se emplaza la citada conservera de industrial a comercial. 

A este convenio se presentaron seis escritos de alegaciones de particulares y formaciones como Equo y Podemos Castro que apuntaban una serie de supuestas irregularidades en torno al mismo. Finalizado el plazo para su exposición, se resolvieron en menos de una semana y la Comisión de Urbanismo dio luz verde al convenio para su aprobación en el Pleno. 

En sus respectivas intervenciones, el portavoz de CastroVerde, Eduardo Amor, y Emilia Aguirre, por el PRC, sustituyendo al ausente Jesús Gutiérrez, han defendido las respuestas que se dieron en las alegaciones, que aseguraban que se trata de un convenio que “concilia el interés general con el del empresario” y que “jurídicamente no es incompatible”. Por tratarse de un convenio y no de un contrato “no está inhabilitado”, han apostillado. 

Asimismo, Aguirre ha hecho hincapié en que “el principal interesado en que todo sea transparente es el PRC”, por “afectar directamente” al propio Jesús Gutiérrez, y ha lamentado que, “con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, haya quien quiera posponer por posponer” la aprobación de este convenio. 

El PP, por su parte, ha manifestado que no se opondría pero ha expuesto dos objeciones: que ese proceso no se lleve a cabo solo en esa parcela, es decir, que se haga lo mismo con el resto de empresas que se encuentran en la zona, y que los 950 metros cuadrados que se ceden al Ayuntamiento, recogidos en el acuerdo, sean de otra zona y no bajo cubierta.

Al respecto, el portavoz de la formación política que actualmente dirige el Consistorio ha señalado que “ojalá el resto de las empresas hubiesen venido desde un principio y hubiésemos podido hacer una tramitación integral del Plan General, pero no se lo podemos imponer”. Asimismo, ha subrayado que en la cesión de ese espacio se ha tratado de “encontrar un punto de equilibrio”.  “¿Podría ser mejor? Seguro, pero se ha buscado equilibrio para ambas partes”, ha apuntado para apoyar su argumento. 

“El Ayuntamiento pierde”

El más beligerante con este asunto ha sido el concejal de MásCastro, Demetrio García, quien ha manifestado su rotundo rechazo a este convenio puesto que “el Ayuntamiento pierde con él”. Al mismo tiempo, ha puesto sobre la mesa una cuestión que ha requerido la aclaración de la secretaria municipal. Afirmaba que no era posible su aprobación puesto que “afecta a terceros” y puede tener “cargas hipotecarias”.

La secretaria, por su parte, ha señalado que “no es necesario conocer” si presenta cargas dicha parcela hasta que “se apruebe la modificación puntual del PGOU”. Sobre este asunto, se ha manifestado el Grupo Socialista, quienes tampoco han querido ser “un impedimento” en la votación, pero sí han solicitado que lo que apuntaba el concejal de MásCastro, constase en el acta.

Queda pendiente, por tanto, que se someta a información pública la citada modificación, y que exige, en este caso, por tratarse de un instrumento urbanístico, la mayoría absoluta de la Corporación municipal para su aprobación definitiva en el Pleno del Ayuntamiento, según apuntan distintas fuentes a este medio. 

Equo Cantabria ha presentado alegaciones al texto inicial del convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento de Castro Urdiales y las empresas Notna S.L. y Conservas Lolín S.L. acuerdan, a propuesta de las entidades privadas, la recalificación del suelo- en el que actualmente se emplaza la citada conservera- de uso industrial a comercial y dotacional. 

Juantxu Bazán, responsable de Urbanismo y Medio Ambiente de Equo y uno de los fundadores- dado de baja este año- del partido municipal CastroVerde, que actualmente gobierna en la localidad, aseguró en una entrevista a este medio que, tras la ruptura del pacto de gobierno por parte de la formación ecologista con el PSOE -hasta entonces su socio al frente del Consistorio desde las elecciones municipales de 2015-, el gobierno del Ayuntamiento quedaba “a merced del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) local, con un convenio urbanístico de por medio que afecta a intereses personales de su portavoz Jesús Gutiérrez”. 

Asimismo, en la citada entrevista, adelantó que “en breve Equo Cantabria” iba a presentar “un escrito de alegaciones para demostrarlo”, hecho que, según recoge el documento al que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria en exclusiva, se llevó a cabo el pasado 16 de mayo. 

Tras el “estudio” de la documentación publicada en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Castro sobre este asunto (el texto del anuncio del BOC y el del convenio aprobado inicialmente), la formación ecologista de Cantabria ha presentado en el Consistorio de este municipio ocho alegaciones.

En ellas, solicitan que se acuerde “la no aprobación de este convenio urbanístico por ser contrario a derecho y por no tener como objetivo el interés público que se contempla con el modificado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”, alteración necesaria para la recalificación del suelo.  

En el escrito de 23 páginas se detallan una retahíla de argumentos a través de los que Equo se ampara para instar al Ayuntamiento a no seguir adelante con ello. En primer lugar, señala que la Memoria Justificativa incorporada en el convenio incluye “valoraciones y hechos falsos”.

“Es falso afirmar”, tal como se dice en esta Memoria, que la transformación de la parcela en uso comercial “disminuye los perjuicios y aumenta la calidad del entorno”. “No se acompaña al convenio ningún estudio ni informe ambiental que pueda ratificar tal afirmación, y es irresponsable” enunciarlo, denuncia el partido ecologista.

Además, prosigue destacando que “tampoco es admisible” afirmar que “aumenta la calidad del entorno” cuando lo que “sí es constatable es que se va a producir un aumento de la edificabilidad, del suelo construido ocupado y de la volumetría, todo ello en detrimento de la calidad ambiental del entorno”. 

Asimismo, detalla que “la implantación del Centro Comercial provocará un impacto negativo en el medio ambiente, la movilidad y la calidad de vida en Castro Urdiales”, ya que, entre otros motivos, su ubicación “perjudicará la movilidad del tráfico”, en una zona “estratégica” en la comunicación del municipio. 

Así pues, Equo sostiene que la redacción de la Memoria no presenta “motivación técnica ni jurídica”. “No se aclaran los motivos y causas de interés público que justifiquen este convenio”, detalla. “Recoge las pretensiones del promotor, y el Ayuntamiento las hace suyas sin ningún tipo de informe técnico que lo sustente”, recalca.

“No es una redacción hecha desde la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, pues tales afirmaciones no se corroboran documentalmente con los correspondientes estudios o informes realizados por personal especializado”, apostillan en el texto.

Por otra parte, desde Equo reprochan que “no se incluya en la documentación información imprescindible para entender el contenido del convenio que debe ser sometida a información pública”.“No se incorpora el Documento Ambiental que presenta la propiedad, ni tampoco el Proyecto de Modificado del PGOU, ni un triste plano de cómo va a quedar el centro comercial, ni plantas, ni perfiles, ni pasarelas, ni distribución de usos”, exponen. “La ciudadanía tiene que hacer un ejercicio de imaginación inusitado para entender de qué va este convenio”, subrayan.

En cuanto a la cesión al Ayuntamiento de 950 metros cuadrados de un espacio bajo cubierta para uso deportivo, cuestiona que “no hay un informe técnico que afirme sus condiciones en cuanto a altura y habitabilidad para la práctica del deporte, ni tampoco se valora si tal cesión es acorde al 10% del aprovechamiento al que está obligado el promotor en operaciones de recalificación urbanística”.

El documento señala que “tampoco se identifica a las personas que suscriben el convenio, cuyos nombres y apellidos aparecen tachados”, hecho que para Equo “redunda en la falta de transparencia que rodea a este convenio, no solo en su publicación, sino también en el proceso de negociación”.

Así pues, la formación ecologista denuncia que “se incumple” el art. 259.4 de la ley 2/2001 de Suelo de Cantabria que establece que “la negociación, celebración y cumplimiento de los convenios urbanísticos se rigen por los principios de transparencia y publicidad”.

“Conflicto de interés”

“Un concejal no debe firmar un convenio urbanístico con el Ayuntamiento del que forma parte, sea cual sea la calificación jurídica del mismo”, sostiene el escrito. “Ni Jesús Gutiérrez Castro ni su hermano podrían contratar con el Consistorio de Castro Urdiales el Convenio Urbanístico en la medida de que es un contrato administrativo especial”, apunta.

La prohibición de contratar con la Administración a la que pertenecen los cargos electivos es “coherente con la regulación en materia de incompatibilidades de los cargos” de la administración local, con el objetivo de “poner límites a los posibles conflictos de interés” en el desempeño del ejercicio del cargo. 

“No debiera haber duda alguna de que se produce tal conflicto en la medida de que el concejal dueño de la fábrica de anchoas tiene interés económico, directo y personal en la recalificación objeto de este convenio, y en su condición de concejal está comprometiendo la imparcialidad e independencia del Pleno de la Corporación de la que forma parte”, sentencia Equo. 

En este sentido, en el documento se expone que “no consta en el expediente un informe jurídico sobre la compatibilidad o no del concejal Jesús Gutiérrez, ni tampoco consta que se hayan elevado consultas a la Junta Consultiva de Contratación o al órgano consultivo que proceda, cuestión que no debiera haberse soslayado, y que puede ser causa de nulidad del convenio”. Es por ello que la formación ecologista, en este escrito de alegaciones, reclama al alcalde que lo solicite. 

“Beneficio empresarial”

“El Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y Conservas Lolín es contrario al interés público porque lo que realmente se persigue es un beneficio empresarial”, manifiesta Equo.

En este sentido, aclara que los beneficios empresariales “no deben estar reñidos con la transformación urbanística de un municipio, aunque este proceso sea consecuencia de un convenio urbanístico”, por lo que “no es eso lo que se cuestiona”. 

El traslado de la fábrica de Lolín al polígono industrial de Vallegón es una necesidad “sobrevenida, no planificada, y de carácter privado, que proviene de determinados intereses empresariales”. “Primero surge una necesidad empresarial (el traslado de la fábrica y venta del solar que ocupa a un grupo empresarial), y a continuación, tal necesidad adquiere la forma de convenio urbanístico y posterior modificado del Plan General”, explica este partido.

No hay estudio de necesidades comerciales para la ciudad, ni plan de reforma interior, ni estudio estratégico para la transformación urbana de Brazomar, nada que se le parezca.

Quien presenta el plan de traslado de la fábrica, la futura instalación comercial y el contenido del convenio urbanístico a la opinión pública “no es el Ayuntamiento- ni el alcalde, ni el concejal de Urbanismo- sino el promotor del convenio, Jesús Gutiérrez, dueño de la empresa y concejal del Ayuntamiento de Castro Urdiales”.

Equo afirma que el promotor “puede tener la iniciativa”, pero recalca que en este caso “se trasluce que tiene la dirección de todo el proceso, y el Ayuntamiento es un mero receptor pasivo que debe tramitar el modificado del Plan General”.

Así pues, el urbanismo, “tal como muestra este convenio deja de ser una función pública para convertirse en una mera transacción en la que el promotor pone las condiciones porque en el fondo él es el principal y único interesado”, ratifica el escrito.

“Si el Ayuntamiento persiguiera realmente el interés público no debería recurrir al convenio urbanístico con un particular”, asegura. “Bastaba con una reordenación del área, lo que le hubiera permitido obtener los cambios de uso, la mejora de las dotaciones por la vía de cesiones legales y aprovechamientos, y siempre con la participación de los particulares, propietarios, y participación ciudadana”, expone. 

“El Convenio Lolín es nulo por contravenir el Plan General y las normas de aplicación directa de la ley 2/2001 de la ley del Suelo de Cantabria”, denuncia Equo. La modificación del PGOU es “la plasmación de un nuevo Centro Comercial con unas alineaciones y una edificabilidad a la carta”, manifiesta la formación. 

“Apropiación de suelo municipal”

El convenio urbanístico, tal y como se puede apreciar en el documento de alegaciones, se pacta sobre el espacio de la Fábrica de Anchoas, que “se ha apropiado de suelo de propiedad municipal y de cesiones de espacio peatonal que no fueron respetadas”. 

La memoria del borrador del proyecto de modificación del PGOU número 23, elaborado por el estudio de ingeniería DIRSUR- misma empresa que forma el equipo redactor del PGOU aprobado en junio de 1997- establece que “se han apreciado inexactitudes en la parcela de la fábrica de Lolín”, detallando que “la cartografía de los años 80 es bastante inexacta”.

Para Equo esta apreciación es “incomprensible” ya que “nada tiene que ver la cartografía del PGOU, con la medición de la parcela de la propiedad”. “Si las alineaciones no coinciden, no se debe a errores cartográficos, sino a que no se han cumplido por parte de la propiedad” y a que “tampoco se controlaron en su momento por parte del Ayuntamiento”. 

“Desde mayo de 1996 hasta la actualidad se ha producido un agrandamiento de la propiedad de la Fábrica de Anchoas”, asegura el texto. En concreto, Notna S. L. y DIRSUR señala que, “según una medición topográfica reciente”, la superficie de la parcela de 6.178 metros cuadrados, respecto a los 5.666 que recoge el Registro de la Propiedad de la finca y los 5.343 de la cartografía presentada en 1996 en la petición de la licencia de obras.

Todos ellos, datos reflejados en el escrito de alegaciones y, como consecuencia de ello, Equo se cuestiona “cómo es posible que algo tan objetivo como la superficie que mide una finca sea tan controvertido, así como cuál es su superficie real”. 

Así, esta formación hace hincapié en que “no hay un misterioso agrandamiento por error de la parcela de Lolín, sino una deliberada apropiación de suelo público que debieron ser viales públicos o zona peatonal y ahora engrosan la propiedad de la fábrica”.

Ante esta situación, reclama que “se detenga cualquier procedimiento de aprobar este convenio que estaría encubriendo una apropiación indebida de suelo de propiedad municipal” y solicita que “se ordene la apertura de un expediente de investigación y recuperación de oficio de los espacios públicos presuntamente usurpados”. 

Juantxu Bazán, uno de los fundadores del partido municipal CastroVerde (CV) de Castro Urdiales, analiza la situación política que vive el municipio tras la reciente decisión de esta formación de romper su pacto de gobierno con el PSOE, su socio al frente de este Ayuntamiento desde las elecciones municipales de 2015. Asimismo, se muestra crítico con la actuación en estos dos años de legislatura, tanto del hasta hace una semana equipo de gobierno, como del propio partido del que se dio de baja hace más de un mes.

Denuncia el “abandono del ideario verde, la marca de CV en sus inicios” y califica de “pésima noticia” la ruptura del acuerdo, ya que pone a Castro en un escenario de “incertidumbre, sin mayoría estable, de gobernabilidad incierta y de dudosa legitimidad democrática”.

“El gobierno del Ayuntamiento queda a merced del PRC, y lo siento mucho, pero no puedo desviar mi análisis de que hay un convenio urbanístico por medio que afecta a intereses personales del portavoz regionalista, Jesús Gutiérrez”, recalca Bazán, en referencia a la posible recalificación del terreno de la fábrica de Lolín, de la que el propio concejal es propietario.

¿Qué valoración le merece la decisión de CastroVerde de romper el pacto de Gobierno con el PSOE?la decisión de CastroVerde de romper el pacto de Gobierno con el PSOE

Romper un pacto es la consecuencia de un gobierno municipal que fracasa, por lo tanto, es una pésima noticia que nos coloca en un escenario de incertidumbre, sin mayoría estable, de gobernabilidad incierta, y de dudosa legitimidad democrática. Sé que lo que digo es muy fuerte, pero no se concibe que un alcalde y un equipo de gobierno alcancen el poder gracias a la suma de dos partidos, con un apoyo electoral del 45% (algo que a mí siempre me pareció insuficiente), y que siga adelante con un apoyo de solo el 30% del electorado, prescindiendo de los concejales del PSOE, el partido que fue considerado entonces por CastroVerde como “el mejor compañero de viaje”. ¿Y quién va a ser ahora el compañero de viaje de CastroVerde? Pues, paradojas de la vida, ahora resulta que quien tiene en sus manos la gobernabilidad del Ayuntamiento es Jesús Gutiérrez y el PRC que, con sus cuatro concejales, va a manejar el Ayuntamiento a su criterio.

Habla de fracaso del gobierno municipal. ¿Cuáles han sido los principales errores que a su juicio ha cometido el partido y el hasta ahora equipo de Gobierno, integrado por ambos grupos?

Fracaso de gobierno municipal y fracaso de los dos partidos que lo sostenían, CastroVerde y el PSOE local. Es difícil hacer un diagnóstico sin conocer toda la casuística, y sin saber cómo han sido las relaciones dentro del gobierno. Cuando se construye un pacto entre diferentes es previsible que haya discrepancias, por lo que un buen pacto debe contemplar un buen procedimiento para resolver conflictos, y es ahí donde los partidos, CV y PSOE, han sido ineficaces. CastroVerde, tras la ascensión al poder municipal, queda muy debilitado como partido, casi angustiado por las tareas de gobierno de un Ayuntamiento muy complicado, muy desorganizado, que tiene que afrontar problemas muy graves y de urgencia social.

Toda la energía de CastroVerde se traslada al Ayuntamiento con los cargos electos, y el partido queda inerme, sin capacidad para afrontar las tareas de partido, y sin capacidad para alimentar las tareas de gobierno. Y el PSOE local, gobernado por una gestora, tampoco ayuda a esas tareas de gobierno y, cuando ha habido discrepancias, en vez de sembrar paz ha alentado discordia. Todo esto en un contexto en el que las desavenencias se airean en los medios de comunicación, con lo que se transmite a la ciudadanía una imagen de descontrol y de desencuentro, de que no hay un equipo de gobierno. Lo que hay es un gobierno sin equipo, de yuxtaposición de concejalías, cada uno con su área de gestión, en la que no ha habido una auténtica cooperación entre el PSOE y CV. Y si no hay cooperación, ni liderazgo, ni mediación, al final surge la desconfianza, el enfrentamiento y la ruptura.

Ha hecho especial hincapié en su blog en los problemas urbanísticos, destacando el depósito de agua en el monte Cueto y la recalificación del terreno de la fábrica de Lolín. ¿Cuál cree que debería ser el procedimiento a seguir en ambos casos?en su blog

En las cuestiones urbanísticas, como en todas las que tengan relevancia, lo que se echa en falta es la participación ciudadana. Al equipo de gobierno le ha debido dar un ataque de amnesia y aquello que fue seña de identidad de CastroVerde, la participación ciudadana y el trabajo con los movimientos sociales, ha caído en el olvido.

La decisión de aprobar la construcción del depósito de aguas en el monte Cueto permite la consolidación de 600.000 metros cuadrados de suelos urbanizables en la zona de la Loma y Santullán de Castro Urdiales, que son resultado de la especulación urbanística que vivió nuestro municipio en la década del 2000. Esto se hace con la sana intención de solucionar el problema de abastecimiento de agua de los vecinos de una de las urbanizaciones pero se comete el error, desde mi punto de vista, de pretender solucionar un problema puntual trasladando el modelo de crecimiento urbanístico del pasado sin plantearse otro tipo de alternativas.

En cuanto a la decisión de aprobar la recalificación de la parcela de la fábrica de Lolín, en la que curiosamente es dueño el concejal Jesús Gutiérrez, portavoz del grupo municipal del PRC, es resultado de la convicción, para mí bastante retorcida, de que el Urbanismo es un negocio entre partes, el dueño y el Ayuntamiento. Tal y como reclamábamos cuando CastroVerde estaba en la oposición, es imprescindible abordar dos cuestiones de suma importancia: primero, abrir un proceso de participación ciudadana y elaborar un plan estratégico para definir el futuro que queremos con nuestro municipio, y segundo, proceder a la Revisión del Plan General. Tanto en un caso como en otro la reunión de expertos y ciudadanos debe ser la fuente de inspiración en la toma de decisiones.

Menciona a Jesús Gutiérrez y el convenio y recalificación de la fábrica de Lolín con la que ha sido muy beligerante. ¿Cree que CastroVerde apoyará esa recalificación?

El equipo de gobierno ya ha aprobado inicialmente el convenio urbanístico, y CastroVerde como partido no se va a oponer a lo que hayan decidido sus concejales. Peor aún, CastroVerde ha hecho suyo un discurso en que el traslado de la fábrica de Lolín, y la recalificación de la parcela para transformarla en un centro comercial se presenta como una oportunidad que favorece el interés general, porque quita a una fábrica del casco urbano y crea puestos de trabajo. En mi blog explico que esto es una falacia que es necesario desmontar. Hay que dejar claro cuál es la secuencia de este negocio, en la que, primero, el propietario Jesús Gutiérrez, acuerda con un grupo comercial la venta de la fábrica y su posterior traslado a un polígono industrial, pero que, para que el negocio sea viable y rentable, hay que recalificar el solar que deja la fábrica de 'industrial' a 'comercial'.

Aquí es donde viene la segunda parte, la de formalizar un convenio urbanístico en el que el Ayuntamiento se compromete a modificar el Plan General. Vamos a ver, esto es un negocio para revalorizar un suelo, y a esto lo hemos llamado siempre 'especulación urbanística', por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con el interés general? Si lo que se pretende es mantener los puestos de trabajo, que dejen la fábrica donde está. Si lo que se pretende es quitar las fábricas del casco urbano, de acuerdo, vamos a hacerlo, pero con todas, no solo con la de Lolín, a través de la revisión del Plan General y con una propuesta de regeneración de la zona de Brazomar.

Por otro lado, el hecho de que yo haya denunciado que la fábrica se apropió de suelo público, y que se hayan metido aprovechamientos urbanísticos por encima de lo que permite el Plan General, o la más que discutible posición en la que una de las partes sea dueño de la fábrica y al mismo tiempo concejal del Ayuntamiento, no parece que haya provocado ninguna reflexión ni en CastroVerde ni en el equipo de gobierno.

¿Es conocedor de más casos, tanto en las bases del partido como entre sus votantes, de descontento y decepción por las políticas llevadas a cabo por CastroVerde y su forma de gobernar?

Hay que decir que entrar a gobernar un Ayuntamiento como el de Castro es tremendamente difícil, y lo más probable es equivocarse teniendo en cuenta que arrastramos unos déficits de recursos y de servicios y unas carencias organizativas que hacen que sea complicado. Han sido muy llamativos casos como el de la OCA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento) en el que 16 trabajadores tuvieron que irse a la calle por no renovar el contrato a tiempo, o el de varias trabajadoras de la Residencia Municipal a las que se retuvo el pago de su nómina durante dos meses, cuestión que finalmente desató las hostilidades entre los concejales del PSOE y el alcalde, y que han dado al traste con el pacto de gobierno.

En ningún caso debe entenderse que han sido decisiones arbitrarias pero la población ha apreciado falta de diligencia. Hay que recordar que CastroVerde entra en el Ayuntamiento con el propósito de hacerlo eficiente, y hasta ahora la población no parece percibirlo. El hecho de que en dos años no se haya aprobado el presupuesto municipal es un indicador de mala gestión, este es un dato objetivo. Sin embargo, también hay que reconocer que ha habido actuaciones muy acertadas que han activado la obra pública y que han ido por el camino de racionalizar la gestión de los servicios municipales. Son algunos pequeños pasos que han sido enturbiados por los grandes titulares en los que los detractores de CastroVerde aprovechan para pedir cabezas.

En cuanto a las decepciones de la militancia, es muy significativo que en el asunto del contrato del CastroBus, también muy controvertido y sobre el que pende la incertidumbre de su continuidad, muchas de las personas que apoyaron y votaron a CastroVerde en Sámano ahora se estén manifestando en la calle contra las decisiones del equipo de gobierno protestando por el recorte de la línea regular a las núcleos rurales más alejados. La militancia de CastroVerde en Sámano se ha ido del partido. Vuelvo a insistir en lo mismo, el equipo de gobierno y CV pueden errar o no en sus decisiones, pero lo que ha creado el desconcierto y la desilusión, es que se esté cultivando un estilo de gobierno en el que no se cuenta con los vecinos.

¿Diría que CastroVerde ha traicionado su ideario político? Si es así, ¿cuáles diría que han sido las causas, después de haber llevado a cabo una oposición tan férrea en la pasada legislatura y tras la ilusión suscitada con los buenos resultados obtenidos en las elecciones municipales de 2015?

No, yo no hablaría de traición, eso quizás sea muy fuerte. No ha habido traición porque el cambio de orientación de las políticas de CastroVerde ha sido apoyado por el propio partido, a mi pesar. Lo que sí ha habido es un abandono del ideario verde, que es la marca del partido en sus inicios, hacia posiciones más posibilistas, propias de un partido independiente y localista en el que la ecología brilla por su ausencia. De hecho, CastroVerde rompe las relaciones hace tres años con Equo, el partido verde que fue su referencia en sus comienzos. Así que cuando CV se presenta en las elecciones de 2015 ya ha soltado todo el “lastre verde” y presenta un programa electoral que no tiene nada que ver con el de 2011. Finalmente gana las elecciones, lo que indica una estrategia acertada para alcanzar el poder, pero quizás desacertada en cuanto que se pierde el relato que le dio la credibilidad de ser un partido diferente a los tradicionales. Lo más difícil en política es administrar el éxito, y con CastroVerde en el poder, y la enorme ilusión que se despertó, al final se ha producido un divorcio inexplicable entre la formación política y la ciudadanía, porque no se han cultivado los procesos de participación ciudadana que se prometieron en el programa electoral.

Finalmente, ¿considera que es posible que funcione un gobierno en solitario de CastroVerde? ¿Qué se puede esperar para los dos años de legislatura que restan? ¿Ve factible una moción de censura impulsada por alguno de los grupos de la oposición?

No, no lo creo, ojalá me equivoque pero no creo que un gobierno en solitario vaya a funcionar mejor que lo acontecido hasta ahora. Lo más probable es que el PSOE haga una oposición contundente, y la del PP va a ser sin duda despiadada. Tampoco creo que haya moción de censura para echar a CastroVerde de la alcaldía porque nadie va a querer asumir la responsabilidad de gobernar un Ayuntamiento en las condiciones de crisis municipal que atravesamos. Por lo tanto, el gobierno del Ayuntamiento queda a merced del PRC, y lo siento mucho, pero no puedo desviar mi análisis de que hay un convenio urbanístico por medio que afecta a intereses personales del portavoz regionalista. Espero, sinceramente, que CastroVerde no caiga en la tentación de hacer un intercambio de favores porque hay argumentos jurídicos como para rechazar ese convenio urbanístico. En breve presentaremos con EQUO Cantabria escrito de alegaciones para demostrarlo.

En los dos años que vienen, la situación es de difícil equilibrio para CastroVerde, pero también es muy negativa para el conjunto de la ciudadanía por lo que habría que hacer algo. ¿El qué? Francamente, no lo sé. Lo único que se me ocurre es apelar a la responsabilidad de todos los partidos y recomponer una nueva mayoría aunque eso signifique que alguien se tenga que ir para casa. Sé que es pedir demasiado, sobre todo cuando la cultura política que vivimos es otra: la de la competitividad y la del enfrentamiento. Cuando CastroVerde ya ha tomado la decisión unilateral de romper el pacto, es muy difícil que se abra paso la reflexión, la consulta y la cooperación.