El juez del caso Cursach, Miguel Florit, pidió el registro de un año de llamadas de la delegación de la Agencia EFE en Baleares y de las comunicaciones y la ubicación del teléfono móvil de una redactora con el propósito de identificar las fuentes de una información relativa a la investigación judicial.

El mismo día en que la Policía se lo solicitó, el 17 de octubre pasado, el magistrado dictó un auto en el que requería a las compañías telefónicas que le facilitasen los listados de llamadas de la delegación y del móvil de la informadora, con el argumento de que “todavía no está identificado el autor o autores de la filtración” de un informe sobre la situación fiscal de las empresas de Bartolomé Cursach, el empresario al que investigaba por presunta corrupción.

“Precisamente se persigue con estas medidas averiguar su identidad”, sostiene el juez en una resolución en la que también requiere los listados de llamadas de los dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press a los que el pasado 11 de diciembre ordenó requisar sus teléfonos.

El magistrado solicita el registro de llamadas de la oficina de EFE en Palma y del móvil de la periodista de los doce meses precedentes, un periodo mayor que el que reclama en el caso de sus compañeros de Diario de Mallorca y Europa Press y de las comunicaciones de la delegación de esta última empresa.

En este mismo auto, se ordena a EFE la “entrega inmediata” a los dos agentes que llevaban la investigación en la causa sobre presunta revelación de secreto del informe sobre el que la agencia, como otros medios de Mallorca, había publicado una noticia el 5 de julio. Los agentes ejecutaron la orden ese mismo día, en que se llevaron de EFE una copia digital del informe, cuya fuente la agencia no desveló.

En los razonamientos jurídicos del auto, el juez Florit alude a que la Ley de Protección de Datos ampara la cesión de información personal como los contactos telefónicos a la justicia y a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la interceptación de comunicaciones, aunque no hace ninguna referencia al derecho secreto profesional de los periodistas.

“Es necesario acceder a los datos solicitados por la Policía para poder investigar los hechos, consistente en la aparición en prensa de noticias confidenciales acerca de la apertura de un procedimiento judicial, procedimiento en el que se había decretado el secreto de las actuaciones, con traslado a la prensa de determinados archivos confidenciales”, justifica el instructor.

La actuación del juez Florit en esta causa está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a raíz de la querella por presunta prevaricación presentada contra el magistrado por los dos periodistas a quienes se requisaron los teléfonos móviles y por Europa Press y Diario de Mallorca. EFE ha anunciado este martes que se sumará a esta acción judicial.

Tras la incautación de los teléfonos, el juez ordenó, el 18 de diciembre, la detención de dos policías que, como miembros de la unidad de Blanqueo de la Jefatura Superior de Palma, habían participado en la investigación del caso Cursach.

En este procedimiento, que han instruido dos jueces antes que Florit, se investiga una presunta trama de corrupción en torno al que fuera el magnate del ocio nocturno de Mallorca en la que estarían implicados policías, funcionarios y políticos.

El juez que instruye el caso Cursach, Miguel Florit, ha denegado la personación en la causa de revelación de secretos a Europa Press y el Diario de Mallorca, así como a los periodistas a los que se incautaron teléfonos móviles y ordenadores, al tiempo que ha asegurado que la entrega de todo este material a la Policía se hizo de forma “voluntaria” y “sin protesta alguna” por parte de los afectados.

Además, reconoce que él mismo, en una resolución del 21 de diciembre, dejó sin efecto la resolución del 11 de diciembre por la que ordenada la requisa de los teléfonos móviles de los dos periodistas.

En un auto fechado este jueves, el juez asegura que los periodistas “acordaron la entrega voluntaria de los dispositivos de almacenamiento de información sin manifestar protesta alguna”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma asegura que en las diligencias practicadas en la pieza abierta por revelación de secretos “no se ha producido ningún decomiso”, sino que lo que ocurrió fue una “intervención de efectos o instrumentos relacionados con el delito, efectos que se hallaban en poder de terceros (los periodistas) que no son investigados en la causa”.

En este sentido, insiste en que, al no ser ni los periodistas afectados ni los medios para los que trabajan “perjudicados ni ofendidos por el delito que aquí se investiga, ni responsables civiles y no consta que ejerciten o pretendan ejercitar la acusación popular o particular, no pueden tener la consideración de parte en este procedimiento”.

Contra este auto cabe tanto recurso de reforma ante el propio Juzgado como de apelación ante la Audiencia Provincial.

Europa Press sostiene que no hubo entrega voluntaria

En el caso de Europa Press, el pasado día 11 de diciembre tres agentes de la Policía Nacional y una funcionaria judicial se presentaron en la sede de la Delegación de Baleares, en Palma de Mallorca, con una orden judicial y tras pedir a la delegada que abandonara su propio despacho, se quedaron con la periodista Blanca Pou, encargada de la información de tribunales, quien ha seguido durante meses el conocido como caso Cursach.

Los policías exigieron a la periodista toda la documentación relacionada con el caso que estuviera en su poder. Blanca Pou se negó a entregarla, apeló reiteradamente a su derecho profesional a no revelar las fuentes y pidió contactar con los servicios jurídicos de Europa Press. Los policías le negaron esta posibilidad y amparándose en el mandato judicial, se llevaron el teléfono personal de la periodista, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel.

Europa Press insiste en que su periodista Blanca Pou no entregó voluntariamente el material que se le exigía y que en todo momento expresó su rechazo a la medida, así como su deseo de recibir asistencia jurídica.

El juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, ha ordenado la devolución del material incautado a los periodistas de Europa Press y 'Diario de Mallorca', Blanca Pou y Francisco Mestre, así como en la delegación de Baleares de la agencia de noticias.

No obstante, los periodistas han solicitado que se les cite para la devolución de los objetos -dos teléfonos móviles y dos ordenadores corporativos- y se les notifique en debida forma la resolución para su devolución.

En el escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, también se pide que se les informe por escrito sobre “el lugar o lugares” donde han estado los dispositivos, “las personas que han tenido acceso a los mismos” y sobre la “realización o no” de cualquier “apertura, examen, inspección, registro, copia o manipulación” de los mismos.

Asimismo, piden que en el caso de que se hayan extraído, copiado o examinados datos, se les informe por escrito acerca de qué datos han sido y en qué lugar se han almacenado.

Querella ante el TSJ de Baleares

Europa Press y Diario de Mallorca, junto a los dos periodistas afectados han presentado una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra Florit que fue quien ordenó la incautación de teléfonos móviles de estos profesionales, en el marco de una investigación relacionada con el caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.

La querella considera que el auto de Florit constituye “un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia” y que se ha producido una conculcación del secreto profesional del periodista “disparatada e insólita”.

La Fiscalía ha precisado este miércoles que los teléfonos móviles y dispositivos incautados el pasado 11 de diciembre a una periodista de Europa Press Baleares “siguen bajo custodia judicial” y que los archivos almacenados aún no han sido analizados. Añade el Ministerio Público que la detención este martes de dos policías en el marco de la investigación de un delito continuado de revelación de secretos no tienen relación alguna con estas intervenciones.

La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un comunicado en el que asegura que la detención del exjefe del grupo Blanqueo de Capitales de Baleares de la Policía Nacional y de otro agente “se han llevado a cabo con carácter previo a la eventual apertura de los teléfonos y dispositivos” a una periodista de Europa Press y otro del Diario de Mallorca.

En este sentido, explica que “aquella intervención de teléfonos no tuvo por objeto localizar o descubrir las fuentes de información supuestamente en poder de los periodistas”, sino “que ya eran conocidas por otras vías de investigación”. Es más, indica que las detenciones demuestran el “aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito”.

La investigación continúa bajo secreto, recuerda la Fiscalía. Además, hace hincapié en que “en caso de ser necesario” el acceso al contenido que almacenan los dispositivos electrónicos intervenidos se hará en “un momento posterior” y siempre cuando se ponga previamente “en conocimiento de las personas afectadas”.

Documentación y equipos corporativos y personales

El pasado martes, 11 de diciembre, agentes de la Policía Nacional se personaron en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del 'caso Cursach'. Se llevaron un teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos. Asimismo, también requisaron el móvil personal a un periodista de Diario de Mallorca.

Por estos hechos, ambos medios de comunicación y los dos periodistas afectados han presentado una querella contra el juez instructor del 'caso Cursach', Miguel Florit, que ordenó la incautación de teléfonos móviles a dos periodistas de estos medios con el objetivo de determinar el origen de una filtración. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) la ha admitido a trámite, por lo que investigará si el magistrado ha incurrido en un delito de prevaricación.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha admitido a trámite la querella que presentaron Europa Press y Diario de Mallorca contra el juez Miguel Florit, titular del juzgado de Instrucción número 12 de Palma, encargado de la investigación del caso Cursach. Los medios de comunicación y los dos periodistas a quienes la Policía les retiró los teléfonos móviles acusan al juez de los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolavilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho profesional del periodista.

El TSJIB ha designado a la instructora Felisa María Vidal Mercadal, a quien por turno le ha correspondido, y quien se encargará de las actuaciones. Los magistrados han decretado que la investigación se haga bajo secreto de sumario.

Por otro lado, este lunes, Europa Press decidió recurrir ante la Audiencia Provincial el auto por el que se incautó de un teléfono móvil personal de una trabajadora y de dos ordenadores corporativos de la agencia de noticias. La defensa pidió que se dejara sin efecto la instrucción de Miguel Florit y que se acordara “la inmediata devolución” de los materiales decomisados.

Actuación policial

La querella contra Miguel Florit se produce después del auto del juez en el que autorizaba a la Policía a requistar materiales de periodistas de Europa Press y de Diario de Mallorca por supuestas filtraciones periodísticas del caso Cursach, que investiga las prácticas del todopoderoso empresario de la noche mallorquina, quien se habría servido del favor de políticos y de policías locales para amedrantar a la competencia y mantener su emporio empresarial.

Las actuaciones policiales contra los periodistas, ampliamente criticadas por las asociaciones profesionales, se produjeron el pasado martes. Los agentes requisaron un teléfono de un periodista de Diario de Mallorca, otro dispositivo móvil de una periodista de Europa Press y dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel de la delegación en Baleares de la agencia de noticias.

La información que ha motivado esta investigación la publicó Europa Press el pasado 5 de julio y apuntaba a un presunto blanqueo de dinero del Grupo Cursach. El juez Miguel Florit investiga un delito de descubrimiento de secretos a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert –mano derecha del empresario y exdirector general del grupo Cursach– y el Ministerio Fiscal.

La Policía Nacional paró en la mañana del martes al periodista del Diario de Mallorca Kiko Mestre para requisarle su teléfono personal. Por la tarde acudió a la sede de Europa Press en Baleares para hacer lo mismo con otra periodista. También se llevaron varios ordenadores de la redacción. Los agentes esgrimieron una orden judicial del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma que, a instancias del empresario Bartolomé Cursach -acusado de casi una veintena de delitos, todos muy graves- ha pedido que se investigue la publicación de ciertas informaciones sobre su caso.

La actuación de los agentes, a instancias del juez, ha provocado la reacción inmediata de asociaciones de periodistas y de plataformas en defensa de la libertad de prensa. La fiscal general del Estado, María José Segarra, se ha visto obligada a salir al paso de las críticas porque la Fiscalía de Baleares apoyó esa intervención de la Policía. Ha afirmado que tanto jueces como fiscales velan por la libertad de prensa, pero ha entendido que este asunto provoque “inquietud”.

La investigación no es contra los periodistas, sino contra quien les filtró la información, pero amenaza su trabajo sobre un caso en el que su principal acusado tenía en nómina a policías, periodistas y testigos. El sumario describe una Mallorca que más bien parece Sicilia, con un todopoderoso magnate de la noche que contaba con la protección de buena parte de la policía local, que compraba a políticos, con dinero o prostitutas, y en el que testigos protegidos han descrito sobornos, chantajes y palizas.

Manuel Penalva, el primer juez del caso —que, como el fiscal, solicitaron permiso de armas por las amenazas— y que acabó apartado tras una maniobra de Cursach, lo resumió en un escrito: “Nunca he vivido tal situación de acoso hacia investigadores y testigos”. En ese ambiente se desarrolla el trabajo de los dos periodistas a los que los agentes requisaron los teléfonos.

Mestre lo explicó a eldiario.es. No todos los medios de la isla publican los avances de la investigación contra Cursach —“Ha gastado mucho dinero en publicidad (...) y otros medios claramente se han posicionado a su favor”— y los periodistas que lo hacen se enfrentan a las amenazas del entorno del empresario. Ahora, las fuentes que se atreven hablar tendrán un incentivo más para no hacerlo.

“Nadie en España va a querer hablar con un periodista”

“El problema del secreto profesional es que el de un periodista protege a todos los periodistas, y a las fuentes”, dice Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional. En su opinión, lo ocurrido este martes atenta claramente contra el artículo 20 de la Constitución, que protege el secreto profesional y el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

“Ese artículo, cuando habla del secreto profesional, dice que hay que proteger las fuentes. Es un derecho frente a los jueces, no es como el secreto de las comunicaciones, es un derecho que un juez no puede saltarse, no te puede obligar a decir quiénes son tus fuentes”, sostiene Urías, que pone al mismo nivel preguntar a un periodista por el origen de su información que quitarle el teléfono para comprobarlo directamente.

Este profesor, exletrado del Tribunal Constitucional, cree que los periodistas debían haberse negado a entregar el móvil. “La orden judicial es inconstitucional, la negativa a entregar el teléfono no puede ser sancionada como no puede ser sancionada la negativa a contestar quiénes son tus fuentes si te lo dice un juez”, apunta. Una vez que ya han entregado sus teléfonos —aunque se negaron a dar las contraseñas— asegura que deberían reclamar con ese argumento, el de que la orden es inconstitucional.

En su opinión, que el derecho a proteger a las fuentes no se haya desarrollado por una ley —como dice la Constitución que debería haberse hecho— no supone un problema a la hora de protegerlo: “Eso no hace falta ni es un problema, los derechos de la Constitución no necesitan una ley, es una perspectiva absurda”. Señala que el derecho lo recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero que tampoco esta puede recoger la enorme pluralidad de supuestos a los que afecta el secreto profesional de los periodistas.

“Tendrían que reclamar ya, no solo por ellos, por el resto de periodistas, porque esto genera una desconfianza en las fuentes. A partir de mañana nadie en España va a querer hablar con un periodista”, lamenta.

Derechos fundamentales, pero no ilimitados

La opinión de Urías no es unánime entre los juristas. “Los derechos fundamentales también tienen límites, no son absolutos, pueden ser restringidos por una resolución judicial”, opina un juez decano de una ciudad española con más de 20 años de experiencia que prefiere mantenerse en el anonimato. Ha tenido que lidiar en ocasiones con situaciones como la que afecta a los periodistas de Baleares: perseguir al autor de un delito a partir de una información periodística.

Este magistrado pone el acento en un aspecto muy importante: que ese derecho a proteger a las fuentes no se haya desarrollado en una ley. El hecho de que la Constitución apele a regularlo con una ley “está planteando que habrá de ejercerse por unos cauces y con unos requisitos, es decir, con una serie de límites”. Si no existe esa ley todavía, dice, es en parte por la oposición que han mostrado siempre los periodistas por miedo a que una norma lo “encorsete”.

“Las fuentes hay que protegerlas frente a los propios jueces, pero no siempre y en todos los casos. Se me ocurre que si a un periodista la información se la facilita el autor del delito, no creo yo que ese derecho permita el encubrimiento de ese delito”, sostiene, y añade que en este caso no se investiga a los periodistas, sino el delito que pudiera haber cometido un funcionario al transmitirles los datos del caso.

Este juez —que incide en que en España “no existe tradición de respeto al secreto de sumario”— insiste en que no conoce todos los detalles del caso. Por ejemplo, si el juez ha agotado todas las vías para conocer el origen de la filtración. Este magistrado cree que requisar los teléfonos es una medida que debe tomarse solo cuando ya no queda otra opción. Pero eso sí, en su opinión, que “un juez de lo penal con una resolución motivada crea necesario limitar ese derecho no implica que quede vacío de contenido”.

El juez investiga la filtración desde hace meses

La Policía, por orden del juez, ya había intentado conocer el origen de la filtración hace unos meses. La noticia que ha desatado esa investigación, en concreto en el caso de Europa Press, se publicó a principios de julio. Era un informe policial, de los que circulan por todas las redacciones y se publican habitualmente en los medios. En este caso se trataba de un documento de Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional se acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016.

Unas semanas después de esa información, agentes de la Policía Nacional se presentaron en la sede de Europa Press en Baleares. Lo recuerda Antonia López, la delegada de la agencia de noticias. Aquel día los policías llegaron con tono conciliador, hablaron con la periodista, preguntaron por la fuente —ella se negó a dar cualquier dato— y por “el funcionamiento de la agencia”. Quedaron en que la llamarían para que ratificara su versión.

No volvieron a dar señales hasta el viernes pasado. Avisaron a la periodista de que iba a tener que declarar por escrito, como ya le habían dicho en agosto. Cuando este martes se presentaron en la sede de la agencia todos pensaron que era para eso, para tomarle declaración. Pero no. Le dieron la orden judicial, pidieron reunirse con ella a solas y le dijeron que le requisaban el teléfono, explica López.

“Se llevaron dos torres de ordenadores, un pendrive y toda la documentación que vieron. Pidieron documentación del caso Cursach en general, no solo referente al informe de agosto”, relata. Mientras, ellos mostraron su oposición y advirtieron de que así era imposible proteger a sus fuentes, sobre todo en un caso tan complejo. Insiste en que han informado de todo sobre la investigación a Cursach: cuando le atribuían delitos y cuando le archivaban acusaciones.

Discrepancias en la Fiscalía

Europa Press se va a querellar este jueves contra el juez que ordenó la incautación de material en su sede de Baleares y Diario de Mallorca ya ha anunciado que hará lo mismo. La delegada de Europa Press en Baleares muestra su sorpresa con que la Fiscalía apoyase esa medida.

En concreto, fue el fiscal Joan Carrau quien avaló que el juez de instrucción 12 de Palma, Miguel Florit, a instancias del abogado de Cursach, ordenase que se requisasen los móviles de los periodistas. Esa decisión ha provocado tensiones dentro de la Fiscalía. El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, se ha apresurado hoy a decir que cuando conoció la decisión de Carrau advirtió de que era “delicado” incautar teléfonos de periodistas, según recoge la agencia Efe.

Barceló ha insistido en que “este asunto lo ha llevado y lo lleva” la Fiscalía Anticorrupción: “No he participado en absoluto en la deliberación porque no me corresponde a mí”. “Lo que dije es 'cuidado', que este es un tema delicado precisamente porque está en juego el secreto profesional de los periodistas”, ha añadido.

El asunto ha llegado al Consejo Fiscal, el máximo órgano asesor de la Fiscalía. A este órgano y a la propia fiscal general del Estado ha llegado una carta firmada por cientos de periodistas pidiéndole que dé marcha atrás y se oponga a esa investigación instigada por Cursach. “Se trata de un hecho gravísimo que carece de precedentes”, dice esa misiva. El Consejo Fiscal, sin embargo, ha rechazado pronunciarse porque podrían inferir en la investigación en curso.

Una ley que amenaza “el periodismo de investigación”

El ministerio público insistió ayer en que no se trataba de una investigación contra los periodistas, sino que se persigue un delito de revelación de secretos por parte de quien filtró esa información. Pero lo cierto es que los dos periodistas están en el centro de las pesquisas, en un caso que no es una excepción. En los últimos años varios informadores han afrontado procesos judiciales en los que se ponía en peligro la protección de sus fuentes y se enfrentaban incluso a penas de cárcel.

El ejemplo más reciente es el caso Máster. Cristina Cifuentes presentó una querella contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la autora de las informaciones, Raquel Ejerique. Con el apoyo de la Fiscalía, que aunque no ve delito en la publicación de esas noticias sí que apoya conocer el origen. Ambos continúan aún imputados en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid por un delito de descubrimiento de secretos. Cifuentes pide para ellos hasta cinco años de cárcel.

Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, su portavoz Yolanda Quintana pone el foco en este asunto. “En España tenemos un problema legislativo muy grave cuando tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal son una amenaza para el periodismo de investigación y la protección de las fuentes, al criminalizar denunciantes, las filtraciones y los medios que las publican”, indica.

Quintana señala que la reforma que hizo el PP de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “facilita el acceso a los dispositivos de los informadores, pudiendo vulnerar el derecho constitucional al secreto profesional”. “Estos registros son un ataque al periodismo de investigación y al derecho de información de la ciudadanía”, añade.

Quiero felicitar desde aquí al magistrado Miguel Florit. Es absolutamente necesario. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha encontrado la piedra filosofal. Acaba de descubrir él solito la solución a las zozobras de todos los sesudos juristas que son y han sido en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, por no mencionar al resto de su homónimos. Él solito, oiga. Miren que he asistido a seminarios y programas del formación, incluso del CGPJ, respecto a la situación en la que queda el secreto decretado de un sumario cuando colisiona con la protección constitucional de las fuentes de un periodista, miren que he oído propuestas. No hacía falta. El instructor mallorquín tenía la clave: saltarse la protección constitucional y campar a sus anchas. ¿Pero cómo no se le ocurrió esto antes a nadie?

En realidad es como el que descubre la pólvora mojada. ¿Necesitas saber quién ha filtrado un dato secreto a un periodista? Pues incautas e intervienes los teléfonos, ordenadores y dispositivos del periodista. La existencia del artículo 20 de la Constitución y la protección expresa, reforzada y manifiesta que realiza del secreto de las fuentes y del derecho del periodista a salvaguardarlas no es obstáculo. Si lo llegan a pensar antes los canelos de los altos tribunales no estaríamos dónde estamos. Una pena que no consultaran con Florit.

Mi ironía sí pretende ser sangrante. Es una alerta, un grito, una demanda de reacción porque la actuación unilateral, prepotente y anticonstitucional de un juez de Instrucción no sólo vulnera los derechos de dos compañeros de Diario de Mallorca y de Europa Press sino que pone en riesgo los derechos de todos los periodistas y, por ende, de todos los ciudadanos de este país.  El juez de instrucción ha entrado como un elefante en una cacharrería en un derecho que es un derecho absoluto y no ponderable. El derecho al secreto profesional del periodista, y su expresa protección constitucional, no es un derecho sometido a ponderación judicial porque precisamente su objeto es proteger al periodista de la inmisión de los poderes del Estado en su labor.

El constituyente quiso preservar la tarea de control de la prensa y el derecho a la información de los ciudadanos en una democracia, hasta el punto de preservarla del controlador. Si el derecho al secreto de las fuentes por parte del periodista fuera un secreto que dependiera de la ponderación del juez respecto a la importancia o relevancia de su objetivo, sería un derecho inexistente. Hay que entender que si de algo protege este derecho es de la inmisión del poder judicial y del resto del poderes del Estado. Esta protección pretende que las fuentes, las personas conocedoras de asuntos que interesan al ciudadano y de relevancia informativa y pública, puedan hacer llegar a los periodistas las denuncias que estimen convenientes. No se trata de ponderar si el interés del juez por su investigación pesa más que la protección del periodista. Eso es tanto como anularla.

Está claro que un juez no puede obligar a un periodista a testificar en juicio o en instrucción sobre cuáles son sus fuentes. Si no puede obligarle, ¿puede tomar por su mano los dispositivos en los que éstas quedan al descubierto? No. No. Mil veces no. Esta es una cuestión que amenaza a todos los periodistas y a todos los ciudadanos. La defensa de la protección constitucional ha de ser cerrada y firme. Todos estamos llamados a hacerla. Si un juez puede forzar el conocimiento de la fuente que le dio a un periodista la información, se acabó la investigación periodística y se acabó la función de la prensa como controladora de los poderes del Estado.

¿Quiere esto decir que el juez Florit no puede investigar quién ha violado el secreto decretado de sumario? Evidentemente, no. El juez tiene obligación de investigarlo y debe hacerlo de forma constitucional pero, claro, eso tiene otras implicaciones. A un sumario declarado secreto tienen acceso el propio juez, el o los fiscales, el secretario judicial y algún funcionario. Ellos tienen deber de secreto y sobre ellos pesa el delito de revelación de secretos.

¿Ha ordenado Florit la incautación e investigación de los móviles y dispositivos de estos funcionarios? No. Pues esa es la vía y el camino obligado, que no comporta vulneración constitucional alguna. ¿Lo hará? ¿Ordenará a la policía investigar los dispositivos electrónicos de sus compañeros? Ya hemos visto que ha optado por la vía fácil pero también por la senda vedada. Lo mismo sucedió en el Caso Lezo con la filtración de la “magistrada amiga” sobre las escuchas telefónicas a Ignacio González. ¿Ordenó el instructor la incautación y violación de los dispositivos de los magistrados, fiscales, lajs (Letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios) y funcionarios que hubieran podido revelar ese secreto? Ya saben que no.

Florit ha encontrado la vía fácil pero prohibida y no sabemos si lo ha hecho por ignorancia inexcusable o por pura prevaricación. En realidad, no quedan más opciones. No es un caso aislado. Ahí sigue la anómala e incomprensible imputación por revelación de secretos del director de este medio, Ignacio Escolar, y de Raquel Ejerique. ¡A por ellos! parece que ha gritado alguien.

No van a por nosotros, o no sólo, van a por el derecho a la información del ciudadano y a sembrar el miedo entre los profesionales para que no osemos levantarle la voz al poder. ¡Compañeros periodistas, van a por todos! ¡Ciudadanos todos, van a arrebataros un derecho irrenunciable! Ser constitucionalista es también defender esto.

Turquía, sin puente aéreo.

La Agencia Europa Press presentará mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares una querella contra el juez que ordenó el pasado martes la entrada de agentes de la Policía Nacional en la sede de su Delegación en Baleares, en Palma, para proceder a la intervención del teléfono móvil de la periodista, ordenadores de la agencia y diversa documentación en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.

La querella se presentará por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores.

En el caso de Europa Press, tres agentes de policía y una secretaria judicial se presentaron el pasado martes en la sede de Europa Press Baleares y exigieron a la periodista que cubre la información de tribunales que entregase cualquier documentación relacionada con la cobertura informativa del llamado caso Cursach.

La periodista se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes de información y pidió contactar con los servicios jurídicos de la Agencia. Los agentes le negaron esa posibilidad y se incautaron de su teléfono personal, dos ordenadores personales y diversa documentación.

Más de 200 periodistas, de diferentes medios de comunicación y partes del Estado, han firmado un manifiesto contra la operación policial de este martes en Diario de Mallorca y en Europa Press, en cuyas redacciones se presentaron agentes de la Policía Nacional para requisar material por la publicación de informaciones sobre el caso de Bartolomé Cursach, el todopoderoso empresario de la noche mallorquina. Los periodistas han entregado la carta a la fiscala general del Estado, María José Sagarra.

En la misiva, los periodistas aseguran que están “alarmados” por la actuación de la Policía, que entró en la sede de Europa Press –se llevó dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel– y del Diario de Mallorca –de donde no se llevaron nada–. Además, los agentes se incautaron de los teléfonos personales de una periodista de Europa Press y de otro del Diario de Mallorca que han cubierto el caso Cursach.

“Es un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna”, recuerdan los periodistas en su escrito.

“Nos parece una actuación impropia de una Fiscalía defensora de la legalidad”, añaden, ya que la Fiscalía dijo apoyar “la resolución judicial que acuerda la intervención del teléfono de periodistas”. De hecho, la actuación policial de este martes fue ordenada por el juez Miguel Florit a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert –mano derecha del empresario y exdirector general del grupo Cursach– y el Ministerio Fiscal.

Los periodistas consideran que la actuación de la policía “sume en la más absoluta indefensión a periodistas que ven lesionados sus derechos constitucionales, sin poder hacerlos valer en una causa en la que no son parte”. Cabe recordar que, aunque Diario de Mallorca y Europa Press se hayan visto envueltos en el caso Cursach, los periodistas de estos medios de comunicación no están siendo investigados.

Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos. El origen de la investigación es una noticia publicada por Europa Press Baleares en la que se afirma que, en un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, se acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016.

“Lamentamos que una fiscal general que accedió al cargo con promesas de transparencia y de defensa de la información se convierta en la primera responsable del Ministerio Público que respalda una intromisión intolerable e inédita en los derechos fundamentales que garantiza el artículo 20”, comentan. “Le pedimos encarecidamente que reflexione sobre esta crítica situación y confiamos en que se esté a tiempo de rectificar”, concluyen.

“El mundo está al revés”

Kiko Mestre, el periodista del Diario de Mallorca a quien la Policía le quitó el teléfono este martes, también critica la actuación de los agentes: “El mundo está al revés, la justicia se dedica a investigar quién filtra las noticias”. Para Mestre, el problema va más allá de su caso: “Hoy he sido yo a quien le han retirado el teléfono, pero mañana será otro. La información que yo tengo en el teléfono, profesional y personal, está descontrolada. Con esta intervención policial damos el mensaje a una fuente que esté interesada en hablar con un periodista de que se lo piense dos veces. Hasta ahora, parecía que estábamos protegidos por el secreto profesional”.

Diferentes asociaciones de periodistas, como la Asociación de la Prensa de Madrid, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Federación de Sindicatos de Periodistas, el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears y la Associació de Periodistes de les Illes han denunciado el proceder de la Policía. A ellas se ha unido, por ejemplo, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), quien recuerda que los investigados no tienen que entregar contraseñas y que “el derecho al secreto profesional y al silencio es irrenunciable para todo periodista y un pilar de la libertad de prensa”.

La Fiscalia defiende su actuación

Bartomeu Barceló, fiscal jefe de Baleares, ha declarado este miércoles, en una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, que no considera un precedente peligroso que Miquel Florit, el juez instructor del caso Cursach, haya requisado documentación a los periodistas del Diario de Mallorca y Europa Press.

“Se trata de investigar unos hechos que están bajo secreto sumarial, de hacer comprobaciones, no de investigar fuentes”, ha dicho Barceló, que también ha manifestado que no es una medida desproporcionada, que está hecha con “conocimiento de causa” y que “tiene que respetarse”.

La actuación policial también ha sido defendida por la fiscal general del Estado, María José Segarra, que ha afirmado, en declaraciones recogidas por Europa Press en la inauguración del V Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, que “la Fiscalía y los jueces clarísimamente velamos por la libertad de expresión y por supuesto por el secreto de las fuentes. Nuestra intención desde luego no es vulnerarlo”.

“Hemos publicado un montón de noticias, pero a raíz de realizar una entrevista en exclusiva a una testigo clave del caso Cursach, empezaron las amenazas y las advertencias”. Habla Kiko Mestre, periodista del Diario de Mallorca a quien la Policía Nacional ha requisado su teléfono en el marco de una investigación por las informaciones periodísticas del caso Cursach, Bartolomé, el todopoderoso empresario de la noche mallorquina acusado de más de una docena de delitos. El sumario que lo investiga describe cómo fue capaz de corromper una isla entera, sobre todo a policías y políticos, para garantizar el monopolio de su imperio empresarial. La lista de delitos que se le imputan es interminable: extorsión, cohecho, falsedad documental, uso de documentos falsos en un proceso, información privilegiada, amenazas, tráfico de influencias, coacciones, blanqueo, delito fiscal, contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores, asociación ilícita/pertenencia a organización criminal, corrupción de menores y homicidio.

Mestre, reputado periodista mallorquín, lamenta que tanto a él como a una compañera de Europa Press les hayan requisado los teléfonos móviles. “El mundo está al revés, la justicia se dedica a investigar quién filtra las noticias”, lamenta Mestre. La Policía ha entrado este martes en la redacción del Diario de Mallorca y de Europa Press Baleares para requisarles material relacionado con la cobertura periodística del caso. Los agentes, que tenían una orden judicial, no se han llevado nada de la redacción de Diario de Mallorca, pero han requisado dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel de Europa Press.

Para Mestre, el problema va más allá de su caso: “Hoy he sido yo a quien le han retirado el teléfono, pero mañana será otro. La información que yo tengo en el teléfono, profesional y personal, está descontrolada. Con esta intervención policial, damos el mensaje a una fuente que esté interesada en hablar con un periodista de que se lo piense dos veces. Hasta ahora, parecía que estábamos protegidos por el secreto profesional”. Las asociaciones de periodistas españolas y baleares -FAPE, el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears y la Associació de Periodistes de les Illes Baleares- también han mostrado su preocupación por este ataque contra la libertad de prensa.

Periodistas comprados por Cursach

Este veterano periodista cuenta que Cursach ha financiado, a través de la publicidad, a “muchos medios de comunicación” de las islas. “Ha gastado mucho dinero en publicidad, de manera interesada y lógica, y otros medios claramente se han posicionado a su favor”, comenta. “Yo duermo tranquilo, a lo mejor otros no”, añade. Cursach, dueño de importantes discotecas –Pachá, Tito's y BCM–, hoteles y gimnasios –como Megasport–, ha sido una importante fuente de financiación de los medios de comunicación isleños.

La influencia de Cursach quedó patente en un auto en el que el antiguo juez instructor del caso, Manuel Penalva, apartado finalmente por falta de imparcialidad, relató cómo el entorno de Cursach estaba interesado en comprar a periodistas para salir ileso del proceso judicial. En una de las conversaciones intervenidas, Cursach comentó a un interlocutor que “hay que pagar a unos cuantos periodistas” para que publiquen noticias. “Tienes que coger a dos o tres periodistas y darles 1.000, 1.500 o 2.000 euros cada mes”, dijo Cursach. Según Penalva, en la causa hay más referencias de testigos que denuncian que el empresario mallorquín y los suyos usaban “un determinado medio de comunicación” para defender sus intereses.

En aquel auto, Penalva relató que todas las actividades impulsadas por Cursach y sus compinches –considerados por el juez como “organización criminal”– formaban parte de una “campaña coordinada, con la finalidad de desviar la atención de los graves hechos y crímenes investigados, que en esta fase procesal, donde la inspección prácticamente ha concluido, parecen sólida e indiciariamente probados”.

Ataques personales en las redes sociales

Mestre sufrió una de esas campañas del entorno de Cursach: uno de los abogados del empresario le amenazó en las redes sociales por estar disconforme con las noticias que publicaba. Tras pedirle una rectificación y advertirle sobre futuras querellas, el letrado lo avisó de que existía una supuesta grabación en la que la testigo clave, aquella que entrevistó en exclusiva Mestre, alude al redactor: “Ah, y la madame (la testigo clave) también habla de ti en la grabación”.

El periodista reconoce que ha sufrido acoso, especialmente a través de las redes sociales, por parte de trabajadores de Cursach. Distintos mensajes se refieren al Diario de Mallorca como “Diario del Juez”, por su supuesto alineamiento con las tesis de Manuel Penalva, quien antes de ser apartado recibió el amparo del Consejo General del Poder Judicial por el hostigamiento que sufría del entorno de Cursach. La amenaza llegó al punto de tener que ser autorizado por la Guardia Civil para llevar una pistola encima.

“A mí particularmente me ponen en duda y me atacan, pero esto no es nada nuevo”, comenta el periodista. “En su momento, organizaron manifestaciones en la calle contra el juez y el fiscal del caso”, recuerda. Muchos de los testigos protegidos también han denunciado en sede judicial que han sufrido agresiones e intimidaciones por parte de personas cercanas al empresario. Penalva llegó a decir que “nunca” había vivido “tal situación de acoso hacia investigadores y testigos”.

Uno de los testigos que ha estado en el punto de mira ha sido la madame de un burdel clave en la investigación, a quien Mestre entrevistó. Para él, sus contactos con ella entran dentro de las prácticas habituales del periodismo: “He hablado muchas veces con la mujer. Pero no todos los periodistas tenían acceso a ella. Yo le hice la entrevista porque tenía mucho interés periodístico. Tardé mucho en convencerla. Después, la entrevistaron otros medios nacionales”.

Publicaciones delicadas para Cursach

Europa Press Baleares y Diario de Mallorca, los dos medios a los que la policía ha acudido este martes a incautar material informático y de comunicaciones, han publicado muchas noticias delicadas sobre Cursach. De hecho, la información que motivó la investigación la publicó Europa Press el pasado 5 de julio. En ella se afirma que en un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional se acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016.

Diario de Mallorca ha destapado numerosas informaciones que afectan a la Policía Local de Palma: policías que extorsionan a la competencia de Cursach pidiéndoles dinero para no cerrarles los locales; manipulación de las oposiciones en el cuerpo para favorecer a los policías cercanos al PP; control de la Policía por parte del antiguo expresidente del PP de Palma; policías trabajando como porteros y encargados de seguridad de los locales de Cursach; agentes participando en orgías con prostitutas y drogas que supuestamente pagaba el empresario; y un sinfín de publicaciones que han irritado a una parte del cuerpo policial y a las personas afines al empresario.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma está investigando un posible delito de descubrimiento de secretos a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert -mano derecha del empresario y exdirector general del grupo Cursach- y el ministerio fiscal. Mestre, sin embargo, recuerda que “el 99'99% de las investigaciones periodísticas nacen de una filtración”. “Yo nunca criticaría que hayan filtrado una noticia a otro periódico, aunque me diese rabia”, añade.

Bartolomé Cursach está actualmente en libertad, después de haber estado en prisión desde marzo de 2017 hasta abril de 2018. Consiguió reunir en cinco horas el millón de euros de fianza que le impuso el juez.

La Policía Nacional ha entrado este martes en la sede de Europa Press Baleares y de Diario de Mallorca para requisar material en el marco de una investigación por las informaciones periodísticas del caso Cursach. En esa causa se investiga a Bartolomé Cursach, magnate de la noche mallorquina acusado de más de 16 delitos, dentro de un sumario refleja que tenía en nómina a policías para que hiciesen la vida imposible a la competencia y que manejaba a políticos y cargos públicos para mantener sus negocios e influencia en la isla.

Además, según han informado fuentes de Diario de Mallorca a eldiario.es, los agentes también han requisado un teléfono a un periodista de ese periódico esta mañana, por orden judicial. Los agentes han entrado en la redacción de este periódico, quien ha informado, en su cuenta de Twitter, que la Policía se ha marchado tras comunicarle que voluntariamente no se entregaría ningún material.

En el caso de Europa Press, la agencia de noticias ha aclarado que los agentes han “requisado documentación y equipos corporativos y personales con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística que avanzó en primicia Europa Press Baleares”.

Europa Press asegura que tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción con la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre la información relacionada con el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa.

La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes, según la agencia, le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, los policías se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración.

Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert -mano derecha del empresario y exdirector general del grupo Cursach- y el Ministerio Fiscal. Según han informado los funcionarios policiales, Europa Press no está siendo investigada.

Desde la Fiscalía aseguran que apoyan “la resolución judicial que acuerda la intervención del teléfono de periodistas”. Desde las asociaciones de periodistas (como la FAPE, el SPIB o la APIB) han mostrado su rechazo a la intervención policial.

Por su parte, la FAPE ha lanzado un comunicado en el que “rechazan tajantemente” esta incautación, subrayando que “vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero”. Por tanto, esta federación ha exigido “la devolución del material incautado y la aclaración de los hechos, sobre todo cuando Europa Press no está sometida a investigación alguna en este caso”.

Origen de la operación

La información que ha motivado esta investigación la publicó Europa Press el pasado 5 de julio. En ella se afirma que en un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional se acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016.

Según ese informe, las empresas de Cursach cometieron ese fraude no declarando los beneficios reales de sus empresas y mediante la contratación irregular de parte de sus trabajadores -con lo que se evitaba el pago de impuestos y cargas sociales que corresponderían-.

El caso Cursach

El sumario del caso Cursach relata la caída de un famoso empresario de la noche mallorquina, dueño de importantes discotecas –Pachá, Tito's y BCM–, hoteles y gimnasios –como Megasport. Los investigadores sospechan que, desde 1985, habría pagado a agentes para que friesen a multas e inspecciones a cualquiera que quisiera montar un local en su zona de influencia.

Los agentes que ayudaban al empresario hicieron carrera con él: algunos acabaron como altos directivos de sus empresas, otros simultaneaban ambas tareas, y otros montaron sus propios negocios. Además, los policías, según el testimonio presentado por algunos testigos, habrían disfrutado de fiestas en los locales de Cursach,con prostitutas, alcohol y drogas incluidas.

La trama de corrupción también involucró a la cúpula del PP balear –de hecho, la testigo clave situó a José María Rodríguez y al diputado Álvaro Gijón en las orgías que Cursach organizaba. A raíz de esta causa han caído Rodríguez, Gijón y la responsable de Organización, Sandra Fernández. El empresario nunca disimuló sus contactos con la alta política balear. Hasta el punto de que el entonces president Jaume Matas se entrenaba en uno de sus gimnasios.

Cursach estuvo encarcelado desde marzo de 2017 hasta abril de 2018. Consiguió salir después de reunir en cinco horas el millón de euros que le exigía como fianza la Audiencia Provincial. La lista de delitos que se le atribuyen es interminable: extorsión, cohecho, falsedad documental, uso de documentos falsos en un proceso, información privilegiada, amenazas, tráfico de influencias, coacciones, blanqueo, delito fiscal, contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores, asociación ilícita/pertenencia a organización criminal, corrupción de menores y homicidio.

La relación de Cursach con Diario de Mallorca, uno de los medios de comunicación intervenidos, ha sido tortuosa: un abogado del empresario –que además de ser letrado, es boxeador– amenazó a un periodista del periódico por estar disconforme con las noticias que publicaba. Tras pedirle una rectificación y advertirle sobre futuras querellas, el abogado le avisó a través de las redes sociales de que existe una supuesta grabación en la que una testigo alude al redactor: “Ah, y la madame también habla de ti en la grabación” (en referencia a una testigo clave del caso).