Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Docente, y ha coincidido con la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. Tras las huelgas educativas en Catalunya y en la Comunitat Valenciana, la situación en este sector sigue muy convulsa, principalmente por los bajos salarios del profesorado y las enormes cargas burocráticas.

En Castilla-La Mancha, la situación no es tan tensa, pero también hay problemas. A la climatización de los centros escolares públicos, que sufren desde hace años temperaturas muy altas al final y al inicio de curso, se unen otros problemas como la reversión de todos recortes educativos que el profesorado sufrió durante el mandato de María Dolores de Cospedal.

Para el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), el panorama no es alentador con motivo de la efeméride que conmemora esta profesión. Por ello, de todas estas cuestiones hablamos con el conquense Fernando Villalba, su portavoz a nivel estatal y también en Castilla-La Mancha.

Se acaban de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre y en el terreno educativo, la última etapa ha estado marcada por las huelgas educativas, sobre todo en Catalunya y Comunitat Valenciana. ¿Qué asuntos pendientes se quedan en el tintero?

Realmente todo. Venimos muy recientemente de los resultados del último informe PISA, que han sido lamentables. Además, estamos en plena implementación de la LOMLOE (la normativa que modifica la anterior Ley Orgánica de Educación) y justo ahora mismo teníamos encima de la mesa del Ministerio de Educación una cuestión muy importante, como son las nuevas oposiciones docentes. Eso afecta a medio millón de personas y estamos en la mitad de la negociación.

¿Quedará todo ello en suspenso?

Bueno, al final la LOMLOE no deja de ser una modificación parcial de la LOE. Incluso la LOMCE anterior, que hizo el gobierno del PP, también era una modificación muy parcial de unos pocos artículos, aunque importantes, de la base que era la LOE. Es decir, ahora mismo estamos en un proceso de adaptación.

¿Y cuáles son las cuestiones más urgentes de esa implementación?

Ya se ha implantado en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Pero todavía no ha cambiado del todo la Selectividad. Y faltan algunos flecos de la Formación Profesional y las Enseñanzas Artísticas. De hecho, justo la semana que viene había una reunión del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que era un cambio importante.

Hay altos cargos del Ministerio de Educación que cuando les preguntan si cambiará el sistema educativo si hay nuevo Gobierno, te dicen que no. Porque las reformas educativas no las hace el gobierno de turno, las hace la Unión Europea

¿Puede haber cambios significativos con otro Gobierno?

Hay altos cargos del Ministerio de Educación, que no son políticos, y que cuando les preguntan si cambiará el sistema educativo si hay nuevo Gobierno, te dicen que no. ¿Por qué? Porque las reformas educativas no las hace el gobierno de turno. Realmente las hace la Unión Europea y la OCDE. La LOMLOE seguirá su curso, obligatoriamente tiene que ser así, es una ley orgánica con un real decreto de implantación que se tiene que llevar a cabo. También nos hemos quedado a medias con las ratios de alumnado por profesor.

En cuanto a las huelgas educativas, ahora con el adelanto electoral, ¿pueden quedar neutralizadas?

No, van a seguir, aunque haya elecciones generales. En Catalunya y en la Comunitat Valenciana es donde menos cobra el profesorado. Los salarios y la pérdida de poder adquisitivo han desgastado mucho al profesorado, les afecta muchísimo. Por eso las huelgas educativas van a seguir y además se van a extender a Madrid y probablemente a Andalucía. Y se unirán a la huelga general cuando se convoque en noviembre.

Bueno, el problema de la vivienda es muy transversal y afecta especialmente a los interinos, ¿no?

Afecta a todos los docentes pero especialmente a los interinos, que son el 30,8 por ciento. No saben cada año dónde van a trabajar a partir de septiembre. Imagínate, tienes una casa y a lo mejor te tienes que ir a 100 o a 200 kilómetros. Eso durante un año en el caso de los que consiguen cubrir una vacante, porque luego hay muchos que están solo cubriendo bajas. Están 15 días o un mes y se van a otro sitio. Eso tiene una relación directa con la inflación, con el precio de la gasolina y con la vivienda.

En Castilla-La Mancha, el curso arrancó con polémica por las altas temperaturas y la falta de climatización en institutos y colegios. Hubo dos sanciones de la Inspección de Trabajo al Gobierno regional por esta cuestión y el STE avisó que estaría vigilante. ¿Temen que la cuestión vuelva a enfriarse por la bajada de temperaturas?

No, la Junta anunció medidas y las tiene que poner marcha. Además, muchos se están animando a denunciar esta situación ante la Inspección de Trabajo, porque todos los servicios de prevención de riesgos laborales no funcionan como deberían. Ya fue una victoria que aprobaran esas sanciones. Y algo muy importante: en el informe, la Inspección dejaba claro que la competencia para instalar climatización es del empleador, es decir, de la Consejería de Educación.

Pero se trata de un plan a largo plazo...

Claro, es que en Castilla-La Mancha hay 1.100 centros educativos, y nos vamos a 1.500 si sumamos los Colegios Rurales Agrupados (CRA). Eso, multiplicado por todas las aulas que hay, no se hace de un día para otro. Pero es importante empezar, tiene que haber voluntad. Creo que en el Gobierno regional están mentalizados.

El STE no forma parte del Acuerdo de Mejora del Sistema Educativo y de las Condiciones Laborales del Profesorado que ANPE, UGT y posteriormente CCOO, firmaron con la Junta de Castilla-La Mancha para la reversión de los recortes en educación. El segundo bloque de este pacto extiende su vigencia hasta el año 2028, que va más allá de las próximas elecciones autonómicas. ¿Cómo valoran este acuerdo?

Nosotros sabemos todo lo que no hemos recuperado en 12 años. Revertir los recortes, en primer lugar, es volver a las 18 horas lectivas con los cupos necesarios. Porque si a un profesor le pones esas horas sin los cupos, al final hace más, entre bajas y guardias. Tampoco se ha recuperado que los interinos puedan cobrar el verano si cubren una vacante de un año completo. En 2010, por ejemplo, no solamente se le pagaba así, sino que se les daba la antigüedad esos dos meses. Ahora, no solo no lo cobran, sino que el concurso de méritos lo quitó Cospedal y Page no lo ha restaurado.

¿No es tanto un problema de dinero sino como de recuperación de derechos?

Es así. El problema es que desde 2012 se han ido perdiendo esos dos meses para los interinos. Si lo multiplicas por todos los años transcurridos, la cifra es enorme. Es igual que la reducción de tres horas lectivas para mayores de 55 años. Eso también estaba vigente en 2010 y no se ha recuperado. Es que, en total, hemos perdido el 24% de poder adquisitivo desde ese año. Si todos estos recortes no se revierten, ¿de qué estamos hablando? De hecho, al propio pacto le cambiaron el nombre: al principio se llamaba “Acuerdo para la Reversión de los Recortes” y como no llegaban, se quedó como “Acuerdo de Mejoras”. Eso lo dice todo.

Han pasado 12 años desde que terminó el Gobierno de Cospedal y estamos a la mitad en cuanto a la reversión de recortes

¿El STE no se unirá, por tanto, a ese acuerdo en lo que queda de legislatura?

No, de ninguna manera. Es lo que hemos acordado en nuestras asambleas. Han pasado 12 años desde que terminó el Gobierno de Cospedal y estamos a la mitad en cuanto a la reversión de recortes.

¿Cuál sería ahora mismo el más necesario por recuperar?

Depende de muchas cosas, pero creo que lo más urgente, lo más justo, por decirlo así, y que además no cuesta dinero es el verano de los interinos. Pero no ha habido manera de convencer a la Junta. Es como la bajada de las ratios, que se ha hecho a coste cero debido a la crisis demográfica y a que ha ido bajando el número de alumnos por abajo. Con el mismo dinero se han bajado las ratios. Que no nos parece mal, pero que no engañen porque no se ha hecho ningún esfuerzo. 

Porque, ¿cómo ha sido la evolución de la inversión pública en educación?

El porcentaje del PIB sigue siendo el mundo. A principios de la democracia aumentó muchísimo, porque antes tan solo del 2%, pero tocó techo en 2009, cuando llegó al 5%, que es el mínimo que marca la LOMLOE, mínimo. Y desde entonces hemos bajado incluso. Ahora estamos en el 4,5%. En todas las comunidades autónomas es igual, porque en realidad la referencia siempre es el PIB estatal.

¿Qué motivos hay para no invertir más en educación?

Van a subir otras partidas. La OCDE lo ha dejado claro. Van a aumentar otras como el gasto en pensiones o en sanidad. En esta organización están los 38 países más ricos del mundo y no queda otra que aumentar esas partidas, por el envejecimiento de la población. Y si se va a invertir por ahí, en educación no se va a hacer. El horizonte es muy claro: hay que mejorar sin más inversión.

¿Y eso es posible?

Es casi imposible porque además tenemos otra cuestión, que es el alumnado con barreras importantes para el aprendizaje. Es un porcentaje del 15,6 por ciento a nivel estatal y ahí son necesarias las políticas inclusión y de diversificación que, en fin, funcionan como funcionan. Ahí, o hay inversión o no se puede hacer nada.

La burocracia a la que debe enfrentarse el profesorado, sobre todo en cuanto a tareas administrativas y a exigencias en materia de digitalización también ha sido una de vuestras críticas. ¿Se ha avanzado algo en este sentido?

Es curioso, porque es una cuestión que se está produciendo en todos los países. Recientemente, se publicó el estudio ‘Panorama de la Educación 2026 (Education at a Glance)’ de la OCDE y alude a este tema, a la burocracia, junto a la escasez de profesorado, el clima escolar, el estrés docente… No es casualidad que se esté produciendo en todo el mundo. Eso ha provocado mucho malestar docente. Las bajas del profesorado en España son el 7 por ciento. Puede parecer mucho, pero la media en los países de la OCDE es del 27 por ciento, veinte puntos más.

Seguramente también se acabará convocando huelga educativa en Castilla-La Mancha

¿Y eso está relacionado directamente con el estrés por la burocracia o existen otras causas?

Es evidente que es una carga, sobre todo en Castilla-La Mancha. Pero también es cierto que nosotros hicimos una encuesta a 27.000 docentes en todo el Estado y le preguntamos cuál era el mayor problema de la educación y sorprendentemente la mayoría señaló que es la falta de implicación de las familias. Eso cuadra además con el último informe PISA.

Precisamente, este último informe ofreció datos dispares en esta comunidad autónoma, aunque eran mejores que en otras comunidades autónomas.

Claro, pero eran mejores porque empeoraron en el resto de regiones, efectivamente, pero que además, y esto es muy polémica, a la hora de hacer las pruebas para PISA se hace el Teaching for Test, es decir, entrenar el PISA. Eso se hizo el año pasado en Castilla-La Mancha: dar al profesorado una formación sobre cómo son las pruebas y la evolución competencial. Es decir, los entrenaron. Y ni aun así, yo creo que los resultados no fueron tan buenos. Castilla-La Mancha simplemente bajó menos. Subió en Ciencias, pero en comprensión lectora sigue igual.

A la luz de estas cuestiones y viendo lo crítico que el STE es con el contexto educativo en Castilla-La Mancha ¿no se prevé huelga educativa en esta comunidad autónoma?

Seguramente se acabará convocando. Razones hay. Ahora mismo, la previsión más cercana es la huelga general por la vivienda prevista para noviembre, y esa tiene una relación directa con los salarios en todas las profesiones y con todo el poder adquisitivo que hemos perdido desde 2010, casi del 22 por ciento. Es cierto que todo viene determinado por el escenario mundial de la guerra de Irán y las políticas de Donald Trump, con la consiguiente subida del petróleo y de la inflación. De cualquier forma, no, no descartamos una huelga educativa en Castilla-La Mancha.

Finalmente, el STE de Castilla-La Mancha celebra elecciones sindicales. ¿Qué plazos y expectativas hay?

Ya ha empezado el proceso electoral y ya se han hecho las mesas coordinadoras, entrando en precampaña electoral. Prácticamente, va a coincidir todo con las elecciones generales. Nuestras expectativas son buenas. Hemos aumentado mucho la afiliación, la gente ha confiado en nosotros los últimos cuatro años. Y buena parte del profesorado se ha dado cuenta de que pacto educativo de otros sindicatos con la Junta es maquillaje y no ha mejorado sus condiciones laborales. Nosotros no queremos fotos con la Administración, queremos soluciones.

En el temario de las oposiciones a docente de Informática todavía aparece el disquete. Lo que no está es la Inteligencia Artificial (IA), el desarrollo de aplicaciones móviles o el análisis de datos. Lo raro sería que estuvieran, dado que los contenidos se aprobaron en 1996. El sector es unánime: hace ya tiempo que urge renovar los procesos selectivos del profesorado. No tanto solo por los contenidos, que también aunque no dejan de ser una cuestión secundaria, como por el modelo en sí mismo.

En mitad del verano el Ministerio de Educación anunció que había creado un grupo de trabajo con los sindicatos para afrontar la tarea y que arrancaría en septiembre, aunque de momento no tiene propuestas concretas. Pero hay mucho escéptico con el departamento que dirige Milagros Tolón: profesorado, opositores y preparadores han visto en los últimos años muchos anuncios de reforma de las oposiciones que han acabado en nada, como recuerda el inspector de Educación Francisco Nortes, y ya no se fían. Los múltiples frentes que tiene abiertos el ministerio y debe cerrar antes de las elecciones solo ahondan en esa idea.

Mucha más unanimidad hay respecto a la idea de que es imprescindible cambiar el procedimiento. “El sistema de acceso a la docencia necesita una reforma profunda”, sostiene José Sande, preparador de opositores con años de experiencia a sus espaldas. “Pero quizá no tan complicada como a veces se plantea”, matiza.

Los expertos consultados y la literatura científica sobre la cuestión, que existe, apuntan a toda clase de problemas con las oposiciones, desde la inequidad en el acceso hasta el efecto que produce una prueba de este tipo de manera natural –el aspirante maximiza su esfuerzo en hacer lo que le piden para aprobar, más que en adquirir las habilidades que demanda la escuela–, pasando por unos temarios desfasados o el propio diseño de la prueba, entre otras cuestiones.

El concurso-oposición de acceso a la profesión docente consta actualmente de tres partes. La primera es la oposición, que a su vez consta de dos pruebas y es donde se produce la gran criba. Las personas candidatas empiezan con una prueba de conocimientos específicos de su especialidad, con un supuesto o caso práctico y después el desarrollo de un tema al azar. Quienes la superen pasan a la segunda prueba, de aptitud pedagógica, también con dos partes. Primero se hace una presentación y defensa de una programación didáctica ante el tribunal y luego una preparación y exposición oral de una unidad didáctica extraída de esa misma programación.

Para algunos, el carácter eliminatorio de estas pruebas “no tiene sentido y menos si ni siquiera tienen que ver con la práctica docente”, según explica Héctor Adsuar, responsable de Escuela Pública de CCOO. Aun así, las personas que superen esas primeras pruebas pasan a la segunda fase, el concurso. Aquí se valora la experiencia y los méritos de los candidatos (formación, premios, etc.) para otorgar las plazas que se ofrecen (aprobar todo el proceso no garantiza una plaza si lo hacen más candidatos de las que hay). Finalmente, quienes han obtenido su plaza empiezan la fase de prácticas en los centros, que también se evalúa (aunque es prácticamente imposible suspender).

¿Un sistema regresivo?

“El primer problema es de equidad”, dispara Sande. “El actual sistema se ha convertido, en cierta medida, en regresivo y está dificultando el ascensor social”. Sande explica que para poder presentarse a las oposiciones de Secundaria y Formación Profesional hay que disponer previamente del Máster de Formación del Profesorado, una formación obligatoria para ser profesor de instituto. “Eso supone, para empezar, dedicar aproximadamente un curso académico antes incluso de poder competir por una plaza. Pero el mayor problema es económico. Cuando yo realicé el antiguo CAP, en 1998, era una formación relativamente breve y barata. Hoy las plazas de las universidades públicas son limitadas y muchos aspirantes terminan recurriendo a universidades privadas, donde el coste puede alcanzar varios miles de euros”.

En concreto, el 25% de los aspirantes a docente cada año salen de cuatro centros privados: Unir, Internacional Valenciana, Internacional Isabel de Castilla y Católica San Antonio. “Estamos exigiendo una inversión económica considerable simplemente para tener derecho a presentarse a una oposición, y eso convierte el acceso a una profesión pública en algo parcialmente condicionado por la capacidad económica previa”, lamenta el formador. Y eso sin entrar en la calidad del máster, que no es un problema propio de las oposiciones pero sí del sistema en su conjunto.

Por eso Sande propone invertir el modelo: eliminar el máster como requisito previo y poner esa formación después de superar el proceso selectivo. “En lugar de formar de manera relativamente superficial a cien aspirantes, podríamos formar extraordinariamente bien a los cinco o diez que realmente van a entrar en las aulas. Ese periodo posterior podría incluir legislación educativa, programación, evaluación, atención a la diversidad, gestión del aula, convivencia, herramientas digitales y, sobre todo, prácticas reales tutorizadas”, pone sobre la mesa otro de los elementos que más se cuestionan del actual sistema: las prácticas son básicamente un trámite. “La lógica sería parecida, salvando las diferencias evidentes, a la del MIR: primero existe una selección y después comienza una formación profesional específica”, cierra Sande.

En el apartado de la equidad, aparecen también las diferencias entre los procesos entre comunidades autónomas. “Una misma especialidad puede tener un examen relativamente accesible en una comunidad y extraordinariamente difícil en otra. Puede convocarse en un territorio y no en el vecino. Para un opositor que lleva dos o tres años estudiando, esa situación genera una enorme inseguridad”, expone el preparador. “Esta heterogeneidad pone en cuestión la coherencia del sistema y alimenta la sensación de arbitrariedad”, coinciden los profesores de la Universidad de Murcia en su estudio. Esas diferencias de criterio aparecen también entre los tribunales de una misma comunidad, añadiendo otra capa de arbitrariedad al sistema.

Qué se busca y qué se pide

Otro de los problemas que presenta el sistema es qué mide, qué les pide a los aspirantes. Qué piensa el Estado que debe ser un buen profesor. Y la docencia ha cambiado mucho en las últimas décadas. “Lo que diariamente se encuentran los docentes en las aulas dista mucho de la realidad de las aulas de hace 25 o 30 años”, sostiene José Francisco Venzalá, presidente del sindicato Anpe. “Si nos ajustamos a la ley, el tipo de modelo de enseñanza que tenemos ahora, basado en las competencias, requiere, quizá, otro tipo de planteamiento”.

El estudio El acceso a la profesión docente al cuerpo de maestros de primaria en España. Un análisis comparado, de la Universidad Villanueva, elabora esta observación de Venzelá. El texto llama la atención sobre el desequilibrio existente entre las competencias formalmente exigidas en las convocatorias —fundamentalmente pedagógicas, didácticas y de conocimiento disciplinar— y aquellas que, desde la investigación educativa y la política internacional, se consideran esenciales para el desempeño docente, como las competencias socioemocionales, la capacidad de liderazgo en el aula o la gestión inclusiva de la diversidad. Esta complejización de las aulas, sin recursos para atenderla, es uno de los principales combustibles de los conflictos docentes que atraviesan el país estos meses.

Y, está estudiado, cuando se pone una prueba para medir algo los aspirantes pondrán toda su dedicación en aquello que se les pide, no necesariamente es lo que necesitarán o le conviene a la profesión, como mostró el estudio El acceso a la función pública docente en la Enseñanza Secundaria: un estudio sobre las estrategias utilizadas por los candidatos/as de la provincia de Gipuzkoa. Esta investigación explica que los aspirantes a docentes priorizaron en su aproximación a la prueba el temario, el supuesto práctico, los criterios de evaluación utilizados en años anteriores, las competencias que podían ser evaluadas y la preparación específica de la exposición oral.

“Este desajuste entre lo que se evalúa y lo que se demanda en la práctica real del aula constituye una de las críticas más recurrentes al actual modelo de oposición”, sostienen José María Rabal Alonso y María González Romero, de la Universidad de Murcia, en Equidad, variables influyentes y competencias evaluadas en las oposiciones docentes en España: una revisión bibliográfica. “En efecto, mientras que la programación didáctica, la unidad didáctica o la exposición oral son pruebas que permiten valorar la competencia técnica del opositor, quedan en un segundo plano aspectos como la empatía, la comunicación interpersonal o la capacidad de generar climas inclusivos y participativos. Tal y como señala la literatura sobre formación docente, estas competencias blandas son determinantes para la eficacia educativa, pero su presencia en los criterios de evaluación es aún marginal”, reflexionan.

Temarios con 30 años

También están los temarios, algunos elaborados hace 30 años, con el epítome del desfase en la especialidad de Informática. Un análisis realizado para este periódico por Ezequiel Jerez Calero, tesorero de la Asociación Andaluza de Profesores de Informática, muestra lo obsoleto del contenido que deben estudiar los opositores a docente de Informática, quizá el ejemplo más evidente del desfase curricular de las pruebas de acceso.

De los 74 temas que contempla el temario oficial, 53 que hablan de hardware, sistemas operativos, programación, bases de datos, ingeniería de software y redes están “desfasados”, mientras falta incluir la Inteligencia artificial y el machine learning, la ciberseguridad como un bloque completo, desarrollo web, cloud computing, desarrollo de aplicaciones móviles, análisis de datos y ética, protección de datos (RGPD) y aspectos legales (de la informática), según desgrana este docente.

La Rioja vuelve al cole con la lista de interinos agotada. Sobre todo “en la especialidad de matemáticas o en las relacionadas directamente con la formación profesional”. Así lo denuncia STAR, sindicato que recuerda han criticado durante años esta situación. “El agotamiento de las listas de interinidad docente en La Rioja es una problemática que se repite año tras año sin que la Consejería le ponga remedio”, insisten. Y este curso en concreto cifran en 28 las especialidades sobre las 113 que se encuentran sin interinos disponibles o están al límite. “Una de las más afectadas es matemáticas, un problema que se repite en La Rioja si no también a nivel nacional y en las siete de las diez especialidades del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional”.

Una situación que para la formación sindical evidencia “una falta de planificación que afecta directamente a la normalidad del inicio de curso y a las condiciones laborales en las que se está produciendo la vuelta a las aulas. Además de ser un problema de calado que puede repercutir sobre todo el año académico”.

Por todo ello, STAR considera “imprescindible” que la Consejería de Educación les permita abordar esta cuestión en la mesa de negociación “para cuanto antes abordar un cambio normativo que llevamos años planteando”. Y es que sugieren un “sistema más ágil que el actual para nutrir las listas de interinos dado que lo que actualmente viene recogido en la normativa no funciona”.

Además, la formación sindical considera que la cobertura de estos puestos a través del “Servicio Riojano de Empleo no respeta los principios fundamentales igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que son las reglas básicas que regulan el acceso y la gestión del empleo público en La Rioja y que deben ser inquebrantables”.

“Recurrir de forma tardía a soluciones improvisadas o parches burocráticos solo contribuye a demorar la incorporación del profesorado a los centros, provocando que el alumnado pierda horas lectivas de forma innecesaria”. E insisten: “la falta crónica de personal no puede esperar y debe abordarse a corto plazo con un cambio normativo que agilice la forma de incorporar personal docente a nuestras listas”.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este lunes la “caótica gestión” de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en los nombramientos de docentes interinos y ha exigido que se cumpla la planificación acordada en la mesa técnica del pasado 28 de agosto.

En un comunicado, la Federación de enseñanza de CCOO recuerda que en ese encuentro resultó aprobado, a propuesta de la propia Consejería, un calendario para la organización de las plazas vacantes y de las sustituciones para todo el curso 2026-2027.

Con lo cual, “resulta especialmente preocupante” que sea la propia administración quien “está incumpliendo lo pactado”.

El sindicato expone que está recibiendo “una avalancha” de quejas y solicitudes de información debido a “la confusión” generada por la Consejería en los nombramientos de estos primeros días de curso.

Como ejemplo, cita que se hayan efectuado, primero, nombramientos hasta diciembre de este año y, dos días después, hasta junio de 2027, de tal manera que desde la Dirección General de Personal “se perjudica a quienes más derechos tienen”.

CCOO exige a la Consejería que aclare si esas plazas ya estaban disponibles cuando se hicieron los primeros nombramientos y pide que “recoloque de manera inmediata a todas esas personas que han visto mermados sus derechos”.

Otra queja del sindicato es que no se actualicen las solicitudes de no disponibilidad, pues se están produciendo nombramientos de personas que la habían formalizado.

Esto provoca que el centro espera a alguien que no se va a incorporar y así se retrasa la llegada de otro docente, lo que perjudica a quienes ya están incorporados, pues se les sobrecarga de trabajo para poder atender correctamente al alumnado.

Por otra parte, CCOO denuncia los “nombramientos fallidos” que se están produciendo, algo que, en un territorio como Canarias, implica una serie de dificultades añadidas como consecuencia de los desplazamientos.

En estos casos, las personas nombradas “se encuentran, al llegar al centro, que esa vacante ya no existe, perdiendo días de nombramiento que no serán repuestos por la administración, además de gastos de traslado, alojamiento y consecuencias en la conciliación de la vida personal y familiar”.

CCOO Canarias demanda que se resuelva de manera inmediata toda esta situación y que la Consejería actúe con “la máxima transparencia” y restituya los derechos de todas y todos los docentes afectados.

“La Consejería debe respetar el orden de las listas y los centros necesitan completar sus plantillas cuanto antes”, subraya la organización sindical, que insiste en que los fallos administrativos “no pueden seguir castigando al profesorado, a los centros y al alumnado”. 

El curso escolar comenzará en Castilla y León el 8 de septiembre con una interinidad en el profesorado muy por encima del 8% marcado por la normativa como límite: un 9,40% en el caso de los Maestros y un 17,81% en el resto de Cuerpos que la consejera de Educación, María Pardo, ha enmarcado en los periodos bienales de oposiciones.

“No hemos podido reducir más porque las oposiciones se convocan cada dos años, pero estamos trabajando en esa línea y en la del diálogo con los sindicatos: a fecha de hoy todos los acuerdos pactados en la mesa sindical están cumplidos”, ha explicado Pardo este viernes en Valladolid durante la presentación del curso escolar 2026/2027 ante la comunidad académica.

Crece más la etapa de 0-3 años

Comenzará prácticamente con el mismo número de alumnos que el curso anterior (348.756) en la de régimen general, apenas un 0,07 menos, con el mayor incremento en el primer ciclo (0-3 años) de Educación Infantil (7,71%), por delante de una FP (2) en línea ascendente durante los últimos años en todos sus ámbitos: Grado Básico, Grado Medio, Grado Superior y Cursos de Especialización.

El segundo ciclo (3-6 años) de Educación Infantil es el que más ha bajado (-3,77%) y en cifras absolutas la mayor concentración de estudiantes (111.298) se encuentra en la etapa de Educación primaria por delante de la ESO (88.274).

Cinco provincias bajan el censo de matrículas respeto al curso precedente: Ávila (-1,72%), Salamanca (-1,61), Zamora (-1,17), Burgos (-0,69) y Palencia (-0,27), mientras destaca Valladolid (1,44) entre las que crecen junto a León (0,4), Soria (0,48) y Segovia (0,20).

Tres de las nueve provincias concentran más de la mitad del alumnado: Valladolid (86.207), León (59.494) y Salamanca (45.549). Si al alumnado de régimen general se le añaden los de régimen especial: idiomas y educación de adultos, el volumen total estimado es de 405.012, un 0,19% más.

Docentes, insuficiente aumento

El conjunto de profesores para esta temporada escolar suma 37.974, 551 más, un 1,51%, insuficiente a juicio de los sindicatos respecto a las elevadas cotas de interinidad, pero significativo en el caso de los maestros (156 más) y de los catedráticos, docentes de ESO y técnicos de FP (330 más).

La consejera, respecto a la interinidad, ha añadido que los procesos selectivos celebrados se han desarrollado con normalidad y elevado la tasa de adjudicación de vacantes: casi un cien por cien en los maestros y un 96,5 en el resto del cuerpos.

Castilla y León, pionera en la gratuidad de 0-3 años, tendrá este año a 23.669 dentro de esa etapa escolar con un ahorro anual para las familias, por alumno y curso, que la consejera ha estimado en 2.000 euros.

Más centros en el medio rural

El medio rural de Castilla y León dispondrá de 269 de los 639 centros educativos que abrirán este curso: el 59% de titularidad pública y el 41 de gestión privada. Valladolid (146), Burgos (103) y León (102) suman más de la mitad de esos 639 centros: el 42,1% en el medio rural y el 57,9 en el urbano.

Dieciocho colegios funcionarán con tres alumnos en Salamanca (5), Ávila (3), Burgos (3), León (3), Segovia (1), Soria (1), Valladolid (1) y Zamora (1); y doce lo harán con cuatro en Zamora (3), León (3), Valladolid (2), Salamanca (2) y Ávila (2).

“Todo está preparado para el inicio de un curso escolar con normalidad, estabilidad y con las máximas garantías, también desde la posición de fortaleza de un sistema educativo de referencia nacional e internacional y que siempre pone el centro a los docentes, familias y alumnos”, ha subrayado la consejera de Educación.

El PSOE ha alertado de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) “encubierto” en la educación pública a la vista de los “alarmantes” datos facilitados por sindicatos, como UGT, que indican que el próximo curso va a comenzar con 176 docentes y 52 aulas menos.

En un comunicado, la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha advertido que su partido “no va a aceptar que se disfrace de reorganización lo que en la práctica supone destruir empleo público y deteriorar la educación pública”.

“Lo que estamos viendo es un ERE encubierto en la educación pública: se eliminan plazas, se cierran aulas y, al mismo tiempo, se endurecen las condiciones de acceso a las vacantes para los interinos, expulsando a docentes que llevan años trabajando en nuestros centros”, ha afirmado.

A su juicio, se trata del “mayor golpe a la educación pública en la historia de Cantabria” y, en este sentido, ha indicado que, una vez más, los hechos demuestran, que el Gobierno liderado por María José Sáenz de Buruaga (PP) “a lo único que se ha dedicado estos tres años es a deteriorar las condiciones en las que se presta la enseñanza pública”.

Quiñones ha advertido de que “cada plaza que se elimina tiene como consecuencia más carga de trabajo para el resto del profesorado en cada centro educativo, menos atención individualizada para el alumnado y más precariedad” para quienes sostienen la educación pública, un servicio que, según ha defendido, es el “mayor instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial”.

Quiñones ha instado al Ejecutivo regional “que dé la cara” y explique a la ciudadanía “las razones por las que están desmantelando la educación pública” y exponga “su modelo educativo sin trampantojos”.

“Si su modelo pasa por recortar la educación pública, como están demostrando, lo mínimo que pueden hacer es decirles a los cántabros cual es su modelo educativo, que pasa por seguir fomentando la educación pública y concertada mientras deteriorar la enseñanza pública”, ha concluido.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales y Fijos de la Administración Pública (PIR) ha expresado este jueves su “profunda preocupación” por el resultado del proceso selectivo del Cuerpo de Maestros en la especialidad de Audición y Lenguaje en La Rioja. Según los resultados publicados, han superado la fase de oposición exactamente 22 personas, el mismo número que las 22 plazas convocadas. Este hecho hace que, como resalta PIR, “la fase de concurso de méritos quede vacía de contenido”.

Como aducen en un comunicado, “la valoración del concurso deja de tener una incidencia real en la adjudicación de las plazas, desnaturalizando el propio sistema de concurso-oposición previsto por la normativa”. PIR considera “imprescindible” que la Consejería de Educación explique públicamente “cómo se ha llegado a este resultado y qué criterios de evaluación se han aplicado para que el número de aspirantes que superan la oposición coincida exactamente con el número de plazas ofertadas”.

“Cualquier circunstancia que pueda generar dudas sobre la eficacia real de alguna de las fases del procedimiento exige una explicación clara por parte de la Administración, tanto por respeto a las personas aspirantes como por la confianza que debe inspirar cualquier proceso selectivo”, añaden.

PIR asegura que ha recibido la queja de personas participantes en este proceso y solicitará formalmente a la Consejería de Educación información detallada sobre el desarrollo de la oposición y los criterios empleados, con el objetivo de comprobar que todas las garantías legales han sido plenamente respetadas

Asimismo, añade que resulta “especialmente preocupante” que esta situación afecte, precisamente, “a quienes durante años han prestado servicio en la enseñanza pública acumulando experiencia y méritos que el propio sistema reconoce a través de la fase de concurso, si esta fase pierde toda capacidad de influir en el resultado final, son estos profesionales quienes soportan el mayor perjuicio”.

En este sentido, se refieren a los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han vuelto a poner el foco en la necesidad de que las administraciones adopten medidas efectivas frente al “abuso de la temporalidad y ofrezcan respuestas reales a quienes llevan años encadenando nombramientos temporales”. “Mientras en Europa se insiste en la obligación de corregir estas situaciones, resulta difícil comprender que se desarrollen procesos selectivos que, en la práctica, reducen al mínimo el valor de la experiencia acumulada por quienes han sostenido durante años el sistema educativo público”, dice el sindicato de interinos de La Rioja, que pide una “reflexión inmediata” por parte de la Administración educativa, que, según creen los interino, “debe garantizar que el sistema de concurso-oposición responda verdaderamente a su finalidad y que los méritos de quienes han dedicado años al servicio de la escuela pública sean valorados de manera efectiva”.

“Ignorar reiteradamente el contexto marcado por la jurisprudencia europea y las exigencias derivadas de la normativa comunitaria solo contribuye a aumentar la sensación de inseguridad jurídica y de desprotección de miles de docentes temporales”, finalizan.

Antonio es profesor interino en Castilla-La Mancha. Con un buen puesto en la bolsa, consiguió una sustitución que empezaba a mitad de septiembre. Fue encadenando bajas (ajenas) durante el curso hasta que, en la última, el docente titular de la plaza, al que sustituía, le anunció que se reincorporaba a trabajar el 25 de junio, pocos días antes de acabar el año académico. Con pequeños parones entre puesto y puesto, estuvo trabajando durante todo el año, excepto esos últimos cinco días, porque en julio el profesorado no trabaja, excepto las direcciones y quienes forman parte de tribunales de oposiciones.

Ana también es interina, pero ejerce en Madrid. En otoño no trabajó y se incorporó a un colegio a principios de diciembre, con el curso bien entrado ya, para cubrir una baja. Ejerció dos trimestres hasta que este 26 de junio quedó dispensada de ir al centro y empezó sus vacaciones.

Antonio trabajó casi nueve meses, pero no cobrará un céntimo en julio ni en agosto; Ana, con su medio año en el instituto, tendrá nómina durante todo el verano.

Es la lotería de la interinidad en la docencia, donde cada comunidad autónoma ha puesto unas normas propias en lo que, hasta 2011, era un derecho consolidado de todo el profesorado, ejerciera donde ejerciera. Hoy el pago del verano depende del Gobierno regional de turno, de cómo de arriba esté cada persona en la lista de aspirantes —la bolsa de interinos— y, por tanto, lo pronto o tarde que pueda coger una plaza, o incluso del movimiento de docentes que haya en esa comunidad autónoma y su sistema de reparto. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, faltan profesores y, más temprano que tarde, un interino acabará teniendo una sustitución que hacer. En la Comunitat Valenciana las listas se mueven poco y es habitual estar varios meses en espera.

Dado que ni siquiera hay cifras oficiales de cuántos interinos tiene el sistema, no se conoce tampoco cuántos están cobrando el verano y cuántos no. Algunos sindicatos calculan que en España los trabajadores temporales suponen un 20% del total, lo que elevaría la cifra por encima de las 100.000 personas. En Castilla-La Mancha, una comunidad que está entre las que ofrece condiciones más duras para acceder al pago del verano, el sindicato CSIF denuncia que solo el 12% de los docentes interinos cobra julio y agosto.

Pérdida de un derecho y recuperación... a medias

“Algunas comunidades continúan discriminando al colectivo interino respecto a los funcionarios de carrera”, sostiene el sindicato UGT, que denuncia año tras año las diferentes situaciones que vive el profesorado desde hace más de una década.

Hasta 2011 lo habitual era que el profesorado interino cobrase el verano íntegro. En ocasiones se ocupaban, incluso, de las recuperaciones de septiembre. Y entonces llegó la crisis de las hipotecas y los recortes en Educación. Empezó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que suprimió una paga extra y congeló salarios y oposiciones, y le siguió con entusiasmo el exministro José Ignacio Wert con el famoso Real Decreto 14/2012, que consagró un retroceso en el sistema educativo que aún hoy colea.

Apoyados en aquella norma, los Gobiernos de las comunidades autónomas dejaron de pagar el verano a los interinos. A partir de ahí, con el paso de los años, cada región dibujó su propio camino y hoy “la situación es muy diversa, dependiendo de la comunidad autónoma y la modalidad de contratación: vacante o sustitución”, desgrana UGT. El Tribunal Supremo falló en 2018 que despedir a interinos “que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, sin pagarles los meses de julio y agosto (...) supone una vulneración del principio de no discriminación”, y prohibió la práctica. Pero el TS solo hablaba del profesorado que ejerciera desde septiembre y durante todo el curso.

Los Gobiernos regionales se aferraron a ese matiz. Se respeta la sentencia del alto tribunal y quien coge una vacante, las plazas que no tienen dueño (si, por ejemplo, un instituto tiene dos docentes de Matemáticas en plantilla, pero por el número de niños matriculados sabe que necesitará al menos otro), cobrará el verano. Para quienes van cubriendo bajas durante el curso la situación es muy variada. Hay regiones que pagan el verano con 5,5 meses trabajados; otras exigen siete o incluso nueve, como Extremadura; algunas, además, estar activo el 30 de junio; las “más sangrantes”, siempre según UGT, son Galicia y Canarias, que lo tienen aprobado pero no presupuestado, de manera que nadie lo cobra.

Todas las casuísticas se pueden consultar en el cuadro al final de este artículo.

Una carrera desde septiembre

Cada principio de curso miles de docentes, decenas de miles quizá —no hay cifras oficiales de interinidad, que algunos sindicatos calculan en un 20%—, comienzan una carrera para llegar a junio con los meses que necesite cumplidos. Quien coge una vacante respira tranquilo. Quienes están más abajo en la bolsa deben esperar.

Ana (nombre ficticio) no sufre mucho, cuenta, porque en Madrid las bolsas se mueven. “Yo ahora tengo una posición relativamente alta y, en mi especialidad al menos, hay bastante rotación”, cuenta. De hecho, no pudo incorporarse hasta mitad de diciembre por cuestiones personales, pero no le preocupaba porque sabía que para final de curso sumaría los meses requeridos para cobrar el verano.

“Al principio, cuando estaba más abajo en la bolsa, lo pasé peor algún año”, explica. Esos años tenía que echar cuentas, calendario en mano, de los días trabajados y los que quedaban de año para ver si llegaba, mirando con ansiedad el día que la Administración te da de alta o baja cuando haces una sustitución. “A veces un día o dos te pueden descolocar todo según cómo caigan”, explica. “Te dan de baja de la sustitución que acabas de terminar un día tarde, lo que te impide optar a una plaza que sale, la Administración cierra las contrataciones porque llega la Navidad —por ejemplo— y de repente un día se convierte en dos semanas y ya no llegas”. Le ha pasado y la diferencia son unos cuantos miles de euros.

Antonio (pide anonimato) no es que esté resignado, pero sabe que no va a cobrar el verano. En Castilla-La Mancha los interinos deben trabajar al menos ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio y con nombramientos que deben haberse producido antes del 31 de octubre, explica. “He estado todo el curso haciendo sustituciones, pero con los periodos de inactividad entre una plaza y otra no llego a los ocho meses y además acabé el día 25, por lo que no llegué hasta el 30 como exigen”, lamenta el agravio comparativo con otros compañeros, tanto suyos en la región como de otras comunidades autónomas. “Los interinos se sienten docentes de segunda categoría, y es así porque realmente son discriminados por la Administración, ya que deben cumplir unas condiciones leoninas”, sostiene el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.

Además, las administraciones siguen apretando, intentando ahorrarse unas nóminas, recuerda UGT. Madrid ha sido condenada hace unas semanas por no pagar el verano a una interina porque no estaba activa el 30 de junio, un requisito que no aparece en el acuerdo que firmaron sindicatos y Gobierno regional en 2018, tal y como le recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la sentencia. Y no es la primera vez. “Deben homologarse las condiciones económico-laborales del profesorado interino con las del resto de docentes funcionarios de carrera”, cierra el sindicato.

La comunidad educativa del CEIP Son Pisà, en Palma, vive desde la semana pasada una situación sin precedentes. La incorporación de un profesor interino con una sentencia firme por acoso a un menor ha desencadenado una huelga de familias que ha llegado a superar el 60% de seguimiento y mantiene todavía a cerca de la mitad del alumnado fuera de las aulas. “El colegio ha dejado de ser un lugar seguro”, asevera Miguel Palou, uno de los progenitores.

La protesta comenzó tras conocerse que el docente, Miquel Roldán, se incorporaría como sustituto en una clase de primaria. El profesor fue sentenciado a un año de cárcel y al pago de 6.000 euros de indemnización por acosar a un exalumno y su presencia ya había desencadenado movilizaciones en otros colegios. La resolución judicial no lo inhabilitó. elDiario.es se ha puesto en contacto con Roldán, quien se remite a las manifestaciones que recientemente hizo públicas en redes sociales, donde defiende su posición y cuestiona el relato que sostiene la protesta. “Mi caso no es mediático por la gravedad de los hechos, sino por la gravedad de los bulos que lo rodean”, asevera.

Mientras el malestar crece entre las familias, la Conselleria de Educación afirma que su margen de actuación es limitado. El titular de este departamento, Antoni Vera, señala que la administración autonómica no puede apartar al docente y que la clave está en el marco legal estatal. El profesor, recuerda, no está inhabilitado, lo que impide tomar medidas disciplinarias o administrativas contra él. “Mis competencias acaban cuando comienza la ley estatal”, espetó el conseller durante el pleno celebrado el pasado martes en el Parlament balear, derivando responsabilidades al Gobierno central, al que urge a modificar la legislación vigente para impedir que casos como este vuelvan a repetirse. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación para confirmar el margen de actuación de las autonomías en este tipo de casos, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

“Ninguna respuesta clara”

En el exterior del colegio, la escena refleja la fractura que atraviesa la comunidad educativa: mochilas que no cruzan la puerta, grupos de familias que se organizan y carteles que recuerdan la ausencia de decenas de alumnos. Es el ambiente que se respira y se respiraba la tarde del pasado martes. Acaba de llevarse a cabo una reunión con la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Esther Balaguer, en la que, lamentan las familias, no obtuvieron “ninguna respuesta clara”. Ante la previsión de que el docente continúe en el centro, decidieron mantener la huelga de forma indefinida.

La participación en el paro, no obstante, empieza a acusar el desgaste de los días. Las dificultades para conciliar han reducido el seguimiento hasta situarlo en torno al 48% en algunas jornadas, aunque el malestar se mantiene intacto. Las familias dan por hecho la continuidad del profesor, quien cubre una baja, y han decidido dar un paso más: llevar el caso al Defensor del Pueblo al considerar que se podrían estar vulnerando los derechos de los menores. Mientras tanto, preparan nuevas acciones de protesta, como una sentada en las inmediaciones del centro, en un pulso que, lejos de apagarse, amenaza con cronificarse.

La huelga en el CEIP Son Pisà no fue inicialmente una convocatoria organizada, sino una reacción inmediata de las familias ante la llegada del docente. “El primer día fue de manera espontánea, por miedo”, explica Palou, vocal de la Asociación de Padres y Madres (Apima) del colegio, en declaraciones a este periódico. Ese temor se tradujo en cifras: al día siguiente de la incorporación del profesor, cerca del 40% del alumnado no acudió a clase en un gesto que anticipaba la magnitud del conflicto.

Miedo y nerviosismo

Marina Covas, también representante de los padres y madres, detalla cómo se produjo ese primer punto de inflexión. “Las familias estaban muy asustadas”, señala. A partir de ahí, la reacción fue rápida: “El mismo miércoles [de la semana pasada] hicimos una reunión con unas 200 familias y se decidió hacer huelga, o sea, no llevar a los niños y niñas a clase”. El seguimiento creció en cuestión de días hasta superar el 60% en un centro con cerca de 500 alumnos. Sin embargo, la protesta convive con dificultades prácticas: “Muchas familias no tienen posibilidad de conciliación. Nos apoyan, pero no la han podido hacer de otra manera”, apunta Marina.

Más allá de las cifras, la percepción de inseguridad se ha convertido en el eje del conflicto. “Al final, las familias tienen miedo. Los niños tienen miedo. Estamos privando a nuestros hijos de su derecho a la educación”, subraya Palou. Ese clima, asegura, hace inviable la normalidad educativa: “¿Cómo puede un maestro ejercer su profesión si los niños están así? Al final, lo que está pasando en nuestro centro es que él [en referencia al docente] genera miedo y nerviosismo, con lo cual se corta el funcionamiento normal del colegio”.

La huelga, de hecho, está generando un fuerte conflicto interno entre las familias. Muchas aseguran sentirse atrapadas entre dos derechos: la seguridad y la educación. “Hagamos lo que hagamos, nos sentimos mal. Si no los traemos, no siguen su proceso educativo. Nuestros hijos se han quedado en medio de un fuego cruzado”. La situación ha tenido consecuencias directas en la vida escolar. Marina explica que actividades previstas, como las de Sant Jordi, fueron suspendidas debido a la baja asistencia. “Los niños tenían mucha ilusión porque había un concierto y un mercadillo”, relata. “Nos cuesta entender que por los derechos laborales de una persona se paralice el funcionamiento de todo un colegio”, reflexiona.

Ante este escenario, las familias han reclamado apoyo institucional, incluyendo asistencia psicológica. Sin embargo, Palou cuestiona la eficacia de estas medidas si no se aborda el origen del problema: “¿Cómo vas a apoyar psicológicamente a los niños con el maestro allí?”. Tanto Palou como Covas insisten en que no pretenden cuestionar la legalidad del caso, sino sus consecuencias. “Entendemos que esta persona tiene sus derechos laborales”, insiste ella.

Las familias reclaman soluciones que eviten el contacto del docente con menores y alertan de que el problema no se limita a este centro. Al tratarse de un profesor interino, éste puede ser destinado a otros centros cuando termine la sustitución actual, algo que inquieta especialmente a las familias: “Esto va a ir rebotando de colegio en colegio”, advierte Palou.

La versión del docente

Roldán, por su parte, publicó esta misma semana un mensaje en Facebook en el que denuncia una campaña de desinformación en su contra: “El problema es que se pretende que la administración actúe en base a esos bulos, algo que obviamente no puede hacer (faltaría más que pudiera), a la vez que se me pide a mí que adapte mis decisiones personales a esos bulos, algo que me resulta repugnantemente ofensivo”. Asimismo, critica tanto a las familias movilizadas como a las instituciones por no haber frenado lo que califica como un “circo”: “Si se hubiese actuado con rigurosidad a principio de curso no estaríamos en esta situación, pero entonces se optó por tolerar el absentismo del alumnado como forma de protesta y señalarme públicamente poniendo en duda mis facultades mentales, sin importar ni el peligroso precedente que se estaba creando ni el daño que se le estaba haciendo a mi imagen pública como docente”, asevera.

Frente al argumento central de las familias -la existencia de un vacío legal que permite a un condenado por acoso seguir dando clase-, el docente ofrece una interpretación completamente distinta: “No se me aplicó ningún tipo de inhabilitación no por un vacío legal, sino porque no se han producido hechos que justifiquen esa medida”, subraya tajante. En esta línea, cuestiona directamente la condena que le fue impuesta, asegurando que los testimonios “nunca presentaron prueba objetiva alguna”.

No es la primera vez que se desencadena una movilización de familias a raíz de la presencia de este docente. A comienzos de curso, su reincorporación en el colegio palmesano Maria Antònia Salvà ya provocó una huelga en la que los padres dejaron de llevar a sus hijos a clase en señal de protesta. Entonces, las familias reclamaban medidas inmediatas para apartarlo del aula ante la alarma generada por su condena en un conflicto que evidenció las dificultades de la administración para dar una rápida respuesta.

Aquel episodio no llegó a resolverse de forma estructural. La Conselleria admitió entonces que “no es fácil” encontrar una solución y trasladó el caso a una comisión paritaria con sindicatos que podía autorizar medidas como un examen médico para valorar si debía ser apartado del contacto con menores. Sin embargo, la falta de una respuesta clara y definitiva dejó el problema latente. Para las familias de Son Pisà, lo ocurrido enel CEIP Maria Antònia Salvà no fue una excepción, sino el precedente de un conflicto que ahora se repite, reforzando la idea de que el sistema carece de herramientas eficaces para evitar que situaciones similares vuelvan a reproducirse.

Els sindicats d'ensenyament STEPV, CCOO i UGT han acordat aquest dimecres, en una reunió telemàtica, iniciar el pròxim 11 de maig una vaga indefinida de docents a la Comunitat Valenciana, així com altres accions reivindicatives que es definiran pròximament, han confirmat fonts sindicals.

La intenció dels sindicats presents a la taula sectorial d'educació és pressionar al Consell perquè s'assega a negociar una millora salarial i de les condicions laborals del professorat de la Comunitat Valenciana, atès que les reunions mantingudes fins ara han estat infructuoses davant la “negativa” del Consell a negociar les seues reivindicacions, segons els sindicats.

L'anunci de vaga indefinida es concretarà aquest dijous en un acord conjunt i unitari de reivindicacions sindicals, i vindrà acompanyada de manifestacions, accions descentralitzades i mobilitzacions de cara a aconseguir el màxim suport possible del professorat, la comunitat educativa i les famílies.

Els convocants asseguren que aquesta mesura suposa un “gran sacrifici” per al professorat però ressalten que està “molt conscienciat” de la necessitat d'aquesta vaga.

Dissabte passat els sindicats van donar a conèixer el resultat d'una enquesta elaborada entre gairebé 10.000 docents, segons el qual la majoria del professorat valencià recolza iniciar aquest 11 de maig una vaga indefinida.

Estava previst que aquest dimecres es convocara una assemblea per prendre una decisió sobre la convocatòria, que finalment ha tingut lloc de forma telemàtica i que ha decidit fixar aquesta data d'inici.

En la citada consulta van participar 9.817 docents de totes les etapes educatives de tota la Comunitat Valenciana, dels quals el 38,05 % va indicar que prefereix que la vaga indefinida comence l'11 de maig i el 23,21 % va triar el 25 de maig.

Així mateix, un 28 % recolzava mantindre la vaga “tots els dies que siga necessari”, seguits dels qui recolzaven que es faça en uns períodes concrets, com un màxim de 5 a 7 dies (el 17 %), un màxim de dues setmanes (14 %) o un màxim de tres o quatre dies (12 %).

L'enquesta reflectia així mateix que el 77 % dels docents consultats estan disposats a recolzar la vaga “en el format que siga”, enfront d'un 22 % que no ho faria, no perquè estiguen en desacord amb la vaga, sinó per qüestions econòmiques, càrregues familiars o el context de final de curs, segons els sindicats docents.

Los sindicatos de enseñanza STEPV, CCOO y UGT han acordado este miércoles, en una reunión telemática, iniciar el próximo 11 de mayo una huelga indefinida de docentes en la Comunitat Valenciana, así como otras acciones reivindicativas que se definirán próximamente, han confirmado fuentes sindicales.

La intención de los sindicatos presentes en la mesa sectorial de educación es presionar al Gobierno valenciano para que se siente a negociar una mejora salarial y de las condiciones laborales del profesorado de la Comunitat Valenciana, dado que las reuniones mantenidas hasta ahora han sido infructuosas ante la “negativa” del Consell a negociar sus reivindicaciones, según los sindicatos.

El anuncio de huelga indefinida se concretará este jueves en un acuerdo conjunto y unitario de reivindicaciones sindicales, y vendrá acompañada de manifestaciones, acciones descentralizadas y movilizaciones de cara a conseguir el mayor respaldo posible del profesorado, la comunidad educativa y las familias.

Los convocantes aseguran que esta medida supone un “gran sacrificio” para el profesorado pero resaltan que está “muy concienciado” de la necesidad de esta huelga.

El pasado sábado los sindicatos dieron a conocer el resultado de una encuesta elaborada entre casi 10.000 docentes, según el cual la mayoría del profesorado valenciano respalda iniciar ese 11 de mayo una huelga indefinida.

Estaba previsto que este miércoles se convocara una asamblea para tomar una decisión sobre la convocatoria, que finalmente ha tenido lugar de forma telemática y que ha decidido fijar esa fecha de inicio.

En la citada consulta participaron 9.817 docentes de todas las etapas educativas de toda la Comunitat Valenciana, de los que el 38,05 % indicó que prefiere que la huelga indefinida empiece el 11 de mayo y el 23,21 % eligió el 25 de mayo.

Asimismo, un 28 % apoyaba mantener la huelga “todos los días que sea necesario”, seguidos de quienes respaldaban que se haga en unos periodos concretos, como un máximo de 5 a 7 días (el 17 %), un máximo de dos semanas (14 %) o un máximo de tres o cuatro días (12 %).

La encuesta reflejaba asimismo que el 77 % de los docentes consultados están dispuestos a apoyar la huelga “en el formato que sea”, frente a un 22 % que no lo haría, no porque estén en desacuerdo con la huelga, sino por cuestiones económicas, cargas familiares o el contexto de final de curso, según los sindicatos docentes.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de la “precariedad” que existe en el ámbito educativo público, con una tasa de temporalidad que alcanza el 32%, con 10.316 interinos e interinas.

“Uno de cada tres docentes en la región es interino, y sólo el 12,2% de ellos cobraron los meses de verano”, ha dado a conocer la central sindical, que ha publicado una encuesta realizada entre marzo y abril dentro de la campaña 'Y el interino, ¿pa' cuándo?', donde un total de 1.326 docentes han participado para mostrar las principales preocupaciones del colectivo.

Según informa CSIF en nota de prensa, la encuesta pone manifiesto que el cobro del verano a partir de 5,5 meses trabajados es una reivindicación “central” para el colectivo: el 88,7% de los docentes lo considera una medida “esencial y prioritaria”. Actualmente, “para cobrar el verano deben trabajar al menos ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio y con nombramientos que deben haberse producido antes del 31 de octubre”, señala la central sindical.

“Lo que nos están diciendo los interinos es que se sienten docentes de segunda categoría, y es así porque realmente son discriminados por la Administración, ya que deben cumplir unas condiciones leoninas”, ha denunciado el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.

No en vano, el 30,2% de los encuestados señala que ha llegado a trabajar más de 8 meses y no ha cobrado el verano; el 24,9% entre 7 y 8 meses y el 32,7% entre 6 y 7 meses. Es decir, el 87,8%, a pesar de haber trabajado más de 5,5 meses no perciben los meses de julio y agosto al haber cumplido estos tiempos con interrupciones. Sólo el 12,2% de los interinos cobró el verano.

“Lo que tiene que hacer Castilla-La Mancha es seguir el modelo de otras comunidades como Andalucía, que contempla el pago completo de julio y agosto a partir de cinco meses y medio y también con cobro proporcional desde el primer día de servicio. Lamentablemente, aquí en la región seguimos sufriendo unos recortes brutales, algo que preocupa evidentemente a los docentes, tal y como se expone en la encuesta”, ha añadido Martínez.

Junto a esta reivindicación, también destaca la implantación de tribunales de oposición en las cinco provincias para evitar desplazamientos. El 62% señala que siempre se ha tenido que desplazar a otras provincias para realizar las oposiciones, con el consecuente gasto económico que conlleva (el 64,9% señala que ha gastado entre 100 y 300 euros y el 24,5% un gasto de entre 300 y 500 euros), además de los problemas de conciliación (el 67,3% advierte que la organización fue compleja y que tuvo que recurrir a familiares y/o cuidadores). Hasta el 83,5% considera que es totalmente necesaria la habilitación de tribunales en todas las especialidades en las cinco provincias.

Asimismo, los docentes interinos también reclaman la exención de tasas para quienes se hayan presentado en los últimos 6 años o en las 3 últimas convocatorias (76,6%). CSIF ya ha logrado la no presentación obligatoria al examen de oposición como requisito para permanecer en la bolsa ordinaria de trabajo, tal y como sucederá en las oposiciones de Maestros de este verano, pero los interinos se verán obligados a pagar las tasas.

Otra de las grandes preocupaciones de los docentes interinos, según CSIF, son las adjudicaciones forzosas en los llamamientos: Hasta el 36,8% de los encuestados se han visto obligados a coger una plaza y el 44,5% revela que lo ha hecho empujado por temor a ser expulsado de la bolsa de trabajo. El 81,2% indica como totalmente necesario que el docente tenga libertad para elegir plaza y que la Administración no imponga destinos forzosos, una reivindicación que apoya CSIF.

Por último, CSIF también ha detectado un problema en la continuidad de las sustituciones durante los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y verano): hasta el 33,7% señala que ha tenido que hacer frente a varias sustituciones justo antes y hasta el 50,2% fue cesado y no llegó a cobrar estos periodos vacacionales.

Una de las reivindicaciones de CSIF, la de la prórroga automática del nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de vacaciones es apoyada por el 94,7% de los encuestados.

Una de las regiones con el gasto por alumno más bajo

Según la central sindical, los datos de la encuesta reflejan los recortes que permanecen en la educación pública de Castilla-La Mancha en materia de derechos laborales. Es más, la región se sitúa en el escalón más bajo del gasto por alumno de toda España, con 5.918 euros, por debajo de la media nacional (7.421 euros).

“Los acuerdos firmados en Castilla-La Mancha entre Consejería de Educación y sindicatos afines son pura propaganda, humo que no ha servido para mejorar las condiciones de los docentes”, ha indicado Martínez.

De hecho, el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha pone como ejemplo el proyecto de Ley del Ministerio de Educación, aprobado el pasado 21 de abril en Consejo de Ministros, que reduce el número máximo de alumnos por aula (22 en Primaria y 25 en ESO y fija la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas.

“A pesar de que Castilla-La Mancha tiene las competencias transferidas en la educación no universitaria desde el año 2000 y que ya acumulamos catorce años de recortes en la región, estamos con 25 alumnos en todos los cursos de Primaria salvo en el primer año, y subimos a 30 alumnos en ESO y 32 en Bachillerato. Ha tenido que llegar el Ministerio de Educación para sacar los colores a la Consejería, estamos hablando de que estamos en el furgón de cola y a pesar de ello tratan de vendernos que todo va bien”, concluye el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha.

Por su parte, el presidente de CSIF Educación Toledo, Rubén Gómez, ha incidido en el gasto público por alumno. “Si llevamos la inversión de Castilla-La Mancha a nuestros centros públicos, donde hay 384.667 alumnos, nos estamos encontrando con que el Gobierno regional está dejando de invertir más de 578 millones de euros respecto a la media nacional. Es un dato demoledor. Es increíble, ya ni hablamos de País Vasco, que invierte 12.639 euros por alumno. Estamos en el furgón de cola, y así se entienden mucho mejor todos los recortes que todavía padecemos y los resultados en informes de evaluación, como el PISA, que coloca a Castilla-La Mancha en los últimos puestos”.

“Tenemos centros saturados, infraestructuras tensionadas, profesorado inestable y un sistema que funciona gracias al esfuerzo de quienes están dentro, no por la planificación de quienes deben gestionarlo”, ha concluido.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) confirma la sentencia que saca de las listas a un profesor interino de Enseñanza Secundaria en La Rioja tal y como avanzó El Día de La Rioja. La resolución judicial a la que ha tenido acceso este medio ratifica que el docente incurrió en un “notorio incumplimiento de sus funciones” y en “grave desconsideración” hacia su alumnado, incluyendo un empujón a una de ellas.

Los hechos se remontan al inicio de aquel curso (2022-2023), cuando apenas un mes después de comenzar las clases, la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja inició un expediente disciplinario tras detectar graves irregularidades en la labor del docente. Y es que, tal y como recoge la sentencia, al poco tiempo de comenzar el curso, surgieron conflictos con sus compañeros y el equipo directivo. “En la primera reunión del departamento del 13 de septiembre de 2022 surgieron desavenencias”, cita textualmente. Tras varias incidencias, la Consejería de Educación inició el 20 de octubre de 2022 un expediente disciplinario basado en tres cargos principales. Uno de ellos, tipificado como falta muy grave, el incumplimiento de sus deberes básicos como programar las clases, evaluar correctamente al alumnado, realizar tutorías con las familias y mantener un clima de respeto en el centro.

Un segundo cargo (falta grave) por trato desconsiderado hacia el alumnado durante las clases, “puesto de manifiesto tanto en expresiones concretas como en el modo o forma de dirigirse o responder a los discentes”. Y el tercer cargo (falta grave) hace referencia a un incidente específico donde se le acusa de “haber empujado e insultado a una alumna”.

Expediente abierto por Función Pública de La Rioja

En mayo de 2023, la Dirección General de Función Pública del Gobierno de La Rioja consideró a este docente responsable de “una falta de notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”. Falta tipificada como muy grave y con una sanción de rescisión del nombramiento de interino además de sacarlo de las listas durante cerca de seis años. Por el segundo cargo, desconsideración con al alumnado, la sanción también contempla la rescisión del nombramiento de interino y sacarlo de las listas cerca de tres años. Por el incidente con la alumna, la Dirección General de Función Pública acuerda suspenderle de sus funciones y sueldo hasta final de curso.

El docente interino recurrió y solicitó en los tribunales la anulación de estas sanciones. Y el Juzgado de Primera Instancia decidió reducir las sanciones porque las consideraba excesivas, reconociendo a su vez su existencia. Sin embargo, el profesor interino, no conforme con esta decisión, volvió a recurrir y apeló a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) solicitando la anulación total de las sanciones y la devolución de los sueldos no percibidos. El fallo de la sala ha supuesto un nuevo revés para el docente.

Y es que en este nuevo fallo, uno de los puntos clave es el incidente ocurrido con una alumna. Según el relato de los hechos probado por el tribunal, el profesor empujó e insultó a una estudiante que intentaba salir del aula tras haber desobedecido sus órdenes. Aunque el docente alegó que se trató de un “choque fortuito”, el tribunal se apoya en los testimonios de dos compañeros de clase, del jefe de estudios y de la directora del centro —quien afirmó que el propio profesor le reconoció inicialmente el empujón— para determinar que existió una agresión física, independientemente de que no hubiera intención de causar daño. Además, en la sentencia se recoge que “la versión de la alumna fue corroborado por dos compañeros que presenciaron los hechos y relataron lo sucedido de forma coincidente. Además, después del recreo, la alumna y el profesor se reunieron con el jefe de estudios y la directora del centro. El propio interesado manifestó que hubo un choque fortuito, los que significa que sí hubo contacto entre ambos. Aunque su intención no fuera causar daño a la alumna, es incontrovertido que se produjo una colisión entre ambos, que provocó que la alumna rebotara y que permite encuadrar esta situación como al que se ha declarado probada de empujón”.

Y además, el fallo ratifica la desatención de las funciones docentes porque más allá de este incidente puntual, la justicia confirma una falta muy grave por el incumplimiento de las tareas esenciales de supuesto. En concreto, entregó un documento a las familias con criterios de evaluación que contravenían la normativa LOMLOE, otorgando a un examen un valor superior al permitido. Asimismo reitera la falta de implicación en las tareas de tutoría y reconoce un “grave desorden” en el aula presenciado por el equipo directivo del centro en varias ocasiones.

Las sanciones: fuera de las listas de interinos

Aunque el Tribunal ha ajustado ligeramente la duración de las sanciones propuestas inicialmente por la Administración para cumplir con el principio de proporcionalidad, las consecuencias para el docente son severas. Por la falta muy grave: Rescisión de su nombramiento como interino e imposibilidad de obtener un nuevo contrato en la administración riojana durante tres años y un día. Y por las faltas graves: Rescisión del nombramiento e inhabilitación para nuevos contratos por un periodo de un año, además de la suspensión de funciones durante el tiempo que restaba de curso.

Esta sentencia agota la vía ordinaria y respalda la actuación del Gobierno de La Rioja.

“Estamos radicalmente en contra de esa nueva norma: está creada para que los inspectores de Educación puedan mantenerse en el cargo”. Así de rotunda se ha mostrado este miércoles Conchi López, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria, para valorar la nueva posibilidad de retrasar la jubilación hasta los 70 años para los docentes cántabros.

La medida, anunciada este martes por el Gobierno de Cantabria e incorporada al proyecto de Ley de Medidas de Fiscales y Administrativas, que acompaña a la Ley de Presupuestos de Cantabria para 2026, “favorece a cuatro o cinco inspectores, sobre todo inspectores jefe de Educación”, ha denunciado la líder sindical, que ha alertado del sentido de la norma: “Es cuestionable cambiar una norma solo para favorecer a una minoría”, ha advertido en una rueda de prensa en el sindicato.

Según los cálculos de la secretaria general de la Federación de Enseñanza, “a pie de aula, puede haber 45”, de más de 8.000 docentes en Cantabria, que estén alrededor de los 65 años, “y que puedan decidir continuar” trabajando hasta los 70 años. “No se va a aplicar a muchísima gente”. Y si algún docente quiere ampliar su tiempo en el servicio activo, “depende de que el Servicio de Inspección lo autorice”. 

Mientras el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), consideró este martes que la norma “fortalece la profesión docente”, que era “imposible legalmente” para los docentes de Cantabria, la sindicalista ha cuestionado el efecto “tapón” que va a generar la posibilidad de permanencia ante las nuevas generaciones de docentes que se vayan incorporando a la profesión. “Atiende a un interés particular, pero la gente joven tiene que tener derecho a acceder al mercado de trabajo, pero lo grave de esto es que no es una necesidad general”, ha subrayado.

Actualmente, ha señalado Conchi López, “solo excepcionalmente si alguien no llega (a los 15 años cotizados exigidos para cobrar una pensión contributiva), les dejan ampliar a 67 años”. En su opinión, la medida “es una gotita más de cómo se está gestionando la Consejería de Educación, especialmente en los últimos tres años”.

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha garantizado este jueves que los docentes interinos se incorporarán “un día antes” del comienzo de las actividades lectivas gracias al último acuerdo alcanzado y que, también, garantiza el cobro del verano con 272 días trabajados.

Galiana ha respondido, en el pleno del Parlamento de La Rioja, a una pregunta de la 'popular' Pilar Armendáriz, que ha querido conocer una valoración, del Gobierno riojano, del acuerdo para la mejora de las condiciones del profesorado interino firmado con ANPE y CSIF.

El responsable de Educación ha agradecido a las organizaciones sindicales, “que han sido absolutamente responsables a pesar no haber visto colmadas todas sus aspiraciones”, para llegar a un acuerdo que “beneficia”, ha dicho, “al total del colectivo de interinos”. Ha reconocido que no todas han firmado (en referencia a otros sindicatos como UGT, CCOO, STAR y PIR) pero, ha asegurado, todos han visto que tiene “cosas buenas” y, además, “ha supuesto avance sustancial”.

A través de este acuerdo, se garantiza una organización del curso “con un día de antelación” de forma de “un día justo antes del comienzo de las actividades lectivas” los interinos que no hayan sido llamados en verano “puedan estar ahí presentes”. Ha recordado que incluye doce medidas “con mejoras significativas, como el famoso cobro del verano”.

Ha relatado cómo, hasta la fecha, era necesario que los docentes se incorporaran en septiembre para prorrogar el cobro en julio y agosto, pero ésto “tenia perjuicios que se solventan estableciéndolo a través del número de días”. En concreto, serán necesarios 272 para poder tener la prorroga y, en cuatro años, se bajará a 255.

Ha sumado “otro elemento muy importante” como “la no obligatoriedad de aceptar las jornadas parciales, fundamentalmente en el mes de septiembre. A partir del mes de octubre, hasta final de curso, no serán obligatorios los tercios”. Por tanto, ha concluído, “un importante avance fruto del diálogo, de mucho trabajo de negociación y disposición de las mesas sectoriales y del Gobierno, prueba de su capacidad negociadora, y que aúna responsabilidad y apuesta por la calidad del sistema educativo”.

La Plataforma de Movilización de Interinos e Interinas de Educación de La Rioja ha criticado este miércoles que “la Consejería de Educación de La Rioja lleva 12 años sin realizar ninguna modificación sustancial en la Orden de Interinos” y aseguran no descartar ningún tipo de acción futura “si la negociación no avanza en las líneas propuestas”. “Si es necesario, se convocará una huelga”, advierten.

En la Plataforma señalan que, tras reabrir la negociación en Mesas Sectoriales de Educación que comenzaron el pasado mes de octubre, las reformas propuestas por la Administración demuestran, a su juicio, “poca intención por mejorar las condiciones laborales de los y las interinas de La Rioja”.

Por ello, exigen “jornadas parciales no obligatorias y la eliminación de los tercios de jornada, que nos condenan a vivir de manera precaria, muy por debajo del SMI, es esencial recordar que La Rioja es la única comunidad autónoma en la que los tercios de jornada son obligatorios, y en algunas CCAA ni siquiera existen estos tercios”. “Queremos que la Administración nos escuche: no aceptamos que se nos premie con puntos extra a cambio de vivir en la precariedad”, añaden al respecto.

A ello suman la exigencia de “la continuación del nombramiento en verano a partir de 165 días trabajados, no pedimos nada nuevo, es un derecho que se eliminó en la crisis del 2010 y que exigimos recuperar”, señalando que “en este punto, el trabajo debe ser conjunto entre la Consejería de Educación y la Delegación de Hacienda”.

Apuntan que “hasta ahora, para disponer de la continuación del nombramiento en verano, los interinos e interinas deben incorporarse en el mes de octubre a su puesto de trabajo y estar hasta el 30 de junio sin interrupciones en el contrato”.

La Administración “propone alargar la toma de posesión al 5 de octubre en el curso 2026/2027 y al 10 de octubre en el curso 2027/2028, con una única interrupción del contrato posible de 3 días naturales”, una propuesta, aseguran los interinos, que “nos hace pensar que la Administración no está tomando en serio nuestras reivindicaciones”.

“Debemos cuidar de la calidad de la educación pública de nuestra comunidad y, para ello, también debemos cuidar de sus docentes. Obligados a vivir en la precariedad, en una profesión que parece haber perdido su dignificación, viviendo con la angustia de estar siempre disponibles para la Administración, tan lejos de casa como sea y por sueldos irrisorios”, subrayan.

Actualmente, “las y los docentes interinos ocupan más del 40% de la plantilla de la educación pública no universitaria en La Rioja”, por lo que recalcan que son “un pilar fundamental de la misma”, e insiten en una idea: “Si paramos, el sistema educativo de nuestra comunidad cae”.

El colectivo interino de La Rioja se planta “por la dignidad” de este colectivo. Así, y con el respaldo de las organizaciones sindicales: CCOO, CSIF, STAR, STE-Rioja y UGT han convocado una manifestación mañana sábado 7 de febrero a las 12:00 horas que partirá de la Plaza del Mercado de Logroño y finalizará en la Concha de El Espolón. , por la dignidad de docentes interinos e interinas en La Rioja.

Con esta manfiestación, el colectivo pedirá una orden de interinos “digna, normativa en la que en estos momentos se está trabajando en la Mesa Sectorial de Educación”. A través de una nota de prensa recuerdan que la Consejería de Educación lleva años modifcando la norma con cambios “superficiale”. Cambios que consideran “parches sin una verdadera repercusión sobre el sistema ni sobre las condiciones laborales del personal al que afectaba y que desde la crisis de 2010 sólo había visto crecer su precariedad laboral”.

Por todo ello consdieran que “es el momento de decir basta” y han puesto sobre la mesa lo que consideran “líneas rojas”. Entre ellas la “continuidad del nombramiento en los meses de verano; la eliminación de la precariedad en cuanto a las jornadas parciales; que estas sean de elección obligatoria y que como mínimo se oferten medias jornadas”. Y además, este colectivo aspira a que la normativa en la que se está trabajando “introduzca mejoras de cara a la especificación clara de las características de las plazas ofertadas, incluyendo su duración prevista”. Y es que explican que “ las plazas ofertadas carecen de información adicional, lo que satura a los centros educativos,obligados a atender las consultas de los interinos así como la posibilidad de permanecer en las listas sin necesidad de presentarse a los procesos de oposición”.

Otra de las reivindicaciones es que el profesorado interino tome posesión antes de la incorporación del alumando. “Así se garantizaría una correcta planificación y organización pedagógica” así como modificar el apartado de disponibilidad “para que la penalización por no acudir a un llamamiento afecte únicamente al periodo concreto y no a la totalidad de la puntuación acumulada”.

Este colectivo se siente “esencial” para el funcionamiento del sistema educativo aunque en ocasiones “somos considerados profesionales de segunda categoría. Contamos con formación universitaria, másteres habilitantes y la preparación necesaria para presentarse a oposiciones cada dos años, además de la experiencia adquirida en las aulas, garantizando una educación pública de calidad para la ciudadanía riojana”.

Por tod ello aseguran que no permitirán que “se precaricen aún más los derechos de quienes sotienen las aulas. Nuestro objetivo es garantizar una educación pública de calidad, sin que ello implique renunciar a los derechos laborales de los docentes ni al correcto funcionamiento del Sistema Educativo”.

Comisiones Obreras de La Rioja denuncia la grave situación que atraviesa el sistema educativo público riojano como consecuencia del agotamiento de las listas de interinidad docente y la “inacción de la Administración educativa”, que sigue sin convocar procedimientos extraordinarios para incorporar personal interino y cubrir sustituciones por bajas o nuevas necesidades en los centros.

En la actualidad, más de 50 listas de interinidad se encuentran agotadas, lo que está impidiendo la cobertura de plazas esenciales para el normal funcionamiento de los centros educativos. Entre las especialidades más afectadas se encuentran Mantenimiento de Vehículos, Francés, Latín, Matemáticas, Construcciones Civiles y Edificación, Sistemas Electrónicos, Música o Intervención Sociocomunitaria, entre muchas otras.

Desde CCOO consideran que esta situación “no es coyuntural, sino el resultado de una falta de planificación y previsión por parte de la Administración, que se niega a activar convocatorias extraordinarias a pesar de que el problema es conocido desde hace meses”. Mientras tanto, los centros se ven obligados a reorganizar horarios, agrupar alumnado o dejar sin atender determinadas materias, con el consiguiente perjuicio para la comunidad educativa.

“El mayor daño lo están sufriendo el alumnado y los centros públicos, que ven deteriorada la calidad educativa por la ausencia de profesorado”, señalan desde el sindicato. “No se puede hablar de compromiso con la educación pública mientras se permite que decenas de especialidades se queden sin personal para atender las aulas”.

CCOO subraya que l“a falta de profesorado no solo vulnera el derecho del alumnado a una educación de calidad, sino que también sobrecarga a los equipos docentes y genera desigualdades entre centros, especialmente en enseñanzas como la Formación Profesional y en materias con alta especialización”

Por todo ello, CCOO de La Rioja exige a la Consejería de Educación la convocatoria inmediata de procedimientos extraordinarios de interinidad, ágiles y transparentes, que permitan incorporar a personal cualificado y garantizar la cobertura de todas las necesidades reales del sistema educativo.

“La educación pública no puede seguir funcionando a base de parches ni de improvisación”, concluye el sindicato. “Es responsabilidad de la Administración garantizar los recursos humanos necesarios para que los centros puedan desarrollar su labor con normalidad y calidad”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos han alcanzado un acuerdo en la Mesa Sectorial de Educación mediante el cual se modificará la orden que regula las bolsas de trabajo del personal funcionario docente no universitario. En virtud de este pacto, los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones de enseñanza para mantenerse en la bolsa ordinaria de trabajo.

El acuerdo lo ha dado conocer ANPE, sindicato que junto con UGT firmó hace dos años con el Gobierno regional el acuerdo de mejoras para la educación. Esta medida está incluida en el segundo bloque de ese acuerdo y supone, apunta el sindicato, un avance para cientos de docentes interinos que, por motivos personales, profesionales o sobrevenidos, no pueden o no desean concurrir al proceso selectivo y, aun así, quieren seguir formando parte de las bolsas ordinarias.

Explica asimsimo que gracias a esta medida, la Consejería regulará la no obligación de concurrir a las oposiciones. De este modo, todo aspirante de la bolsa ordinaria que presente la solicitud de participación se mantendrá automáticamente en la bolsa, con independencia de que finalmente se presente o no a las pruebas.

Más seguridad jurídica y equidad

“Esta modificación evita situaciones injustas, elimina trámites innecesarios y aporta seguridad jurídica, simplicidad administrativa y equidad, al no ser necesario realizar desplazamientos, regular ni justificar causas sobrevenidas como enfermedad, accidente, embarazo u otras circunstancias imprevistas”, añade ANPE.

También estaca que esta mejora se suma a un amplio conjunto de avances para el profesorado interino, como la Plataforma de “Adjudicaciones a la carta”, la no caducidad de la nota desde 2010 para la ordenación de las listas de interinidades, la aprobación anual de ofertas de empleo público al 120 % de la tasa de reposición, el cobro del periodo de verano para el profesorado adjudicado en septiembre y octubre hasta final de curso, con compromiso de mejora, y el reconocimiento como tiempo de servicios de las vacaciones devengadas por sustitución.

STAR ha cuatificado que el segundo trimestre del curso escolar ha comenzado con un total de 61 plazas docentes sin cubrir el primer día. Este 8 de enero se ha producido la vuelta a las aulas tras las vacaciones navideñas y, sin embargo, el mismo día se ha producido el primer llamamiento para la cobertura de sustituciones docentes del año 2026. Es decir, como ya denunuciaron los sindicatos, los profesores sustitutos se incorporarán un día después que el alumnado. STAR ha confirmado que el primer día de clases del año faltaban 61 docentes.

De estos, treinta y cinco corresponden con sustituciones de perfil de plazas completas, mientras que las veintiséis plazas restantes son de carácter parcial. Las especialidades más afectadas son las siguientes: Maestros de Primaria, con diez plazas sin cubrir; de Pedagogía Terapéutica, con una falta total de siete plazas; de Audición y Lenguaje, con cinco plazas y, ya en el ámbito de los Profesores de Secundaria, Física y Química, con cuatro huecos en total.

“entendemos que todas las sustituciones ofertadas no corresponden a causas sobrevenidas durante el día de hoy, y que, con una mejor planificación, la falta de profesorado en este primer día podría haber sido muy inferior”, ha señalado el sindicato, que ha crticado que “la falta de previsión y planificación previa han sido las causantes de este inicio con las carencias en cuanto a recursos humanos mencionadas”.

Además, han subrayado que la cobertura de sustituciones y resto de llamamientos del ámbito docente están regulados por la Orden de Interinos, lo que consideran “una norma que necesita un cambio profundo y con urgencia”. “Ya no solo para mejorar esta cobertura de puestos de trabajo, sino para mejorar ante todo las condiciones de los docentes a los que afecta, al personal interino”.

Por ello, ha solicitado la reactivación de la mesa de negociación, “el foro en el que deben introducirse los cambios para que esta situación sobre la falta de personal no vuelva a producirse, así como para poder calendarizar y abordar otras cuestiones que son igual de prioritarias”.