La comunidad educativa del CEIP Son Pisà, en Palma, vive desde la semana pasada una situación sin precedentes. La incorporación de un profesor interino con una sentencia firme por acoso a un menor ha desencadenado una huelga de familias que ha llegado a superar el 60% de seguimiento y mantiene todavía a cerca de la mitad del alumnado fuera de las aulas. “El colegio ha dejado de ser un lugar seguro”, asevera Miguel Palou, uno de los progenitores.

La protesta comenzó tras conocerse que el docente, Miquel Roldán, se incorporaría como sustituto en una clase de primaria. El profesor fue sentenciado a un año de cárcel y al pago de 6.000 euros de indemnización por acosar a un exalumno y su presencia ya había desencadenado movilizaciones en otros colegios. La resolución judicial no lo inhabilitó. elDiario.es se ha puesto en contacto con Roldán, quien se remite a las manifestaciones que recientemente hizo públicas en redes sociales, donde defiende su posición y cuestiona el relato que sostiene la protesta. “Mi caso no es mediático por la gravedad de los hechos, sino por la gravedad de los bulos que lo rodean”, asevera.

Mientras el malestar crece entre las familias, la Conselleria de Educación afirma que su margen de actuación es limitado. El titular de este departamento, Antoni Vera, señala que la administración autonómica no puede apartar al docente y que la clave está en el marco legal estatal. El profesor, recuerda, no está inhabilitado, lo que impide tomar medidas disciplinarias o administrativas contra él. “Mis competencias acaban cuando comienza la ley estatal”, espetó el conseller durante el pleno celebrado el pasado martes en el Parlament balear, derivando responsabilidades al Gobierno central, al que urge a modificar la legislación vigente para impedir que casos como este vuelvan a repetirse. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación para confirmar el margen de actuación de las autonomías en este tipo de casos, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

“Ninguna respuesta clara”

En el exterior del colegio, la escena refleja la fractura que atraviesa la comunidad educativa: mochilas que no cruzan la puerta, grupos de familias que se organizan y carteles que recuerdan la ausencia de decenas de alumnos. Es el ambiente que se respira y se respiraba la tarde del pasado martes. Acaba de llevarse a cabo una reunión con la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Esther Balaguer, en la que, lamentan las familias, no obtuvieron “ninguna respuesta clara”. Ante la previsión de que el docente continúe en el centro, decidieron mantener la huelga de forma indefinida.

La participación en el paro, no obstante, empieza a acusar el desgaste de los días. Las dificultades para conciliar han reducido el seguimiento hasta situarlo en torno al 48% en algunas jornadas, aunque el malestar se mantiene intacto. Las familias dan por hecho la continuidad del profesor, quien cubre una baja, y han decidido dar un paso más: llevar el caso al Defensor del Pueblo al considerar que se podrían estar vulnerando los derechos de los menores. Mientras tanto, preparan nuevas acciones de protesta, como una sentada en las inmediaciones del centro, en un pulso que, lejos de apagarse, amenaza con cronificarse.

La huelga en el CEIP Son Pisà no fue inicialmente una convocatoria organizada, sino una reacción inmediata de las familias ante la llegada del docente. “El primer día fue de manera espontánea, por miedo”, explica Palou, vocal de la Asociación de Padres y Madres (Apima) del colegio, en declaraciones a este periódico. Ese temor se tradujo en cifras: al día siguiente de la incorporación del profesor, cerca del 40% del alumnado no acudió a clase en un gesto que anticipaba la magnitud del conflicto.

Miedo y nerviosismo

Marina Covas, también representante de los padres y madres, detalla cómo se produjo ese primer punto de inflexión. “Las familias estaban muy asustadas”, señala. A partir de ahí, la reacción fue rápida: “El mismo miércoles [de la semana pasada] hicimos una reunión con unas 200 familias y se decidió hacer huelga, o sea, no llevar a los niños y niñas a clase”. El seguimiento creció en cuestión de días hasta superar el 60% en un centro con cerca de 500 alumnos. Sin embargo, la protesta convive con dificultades prácticas: “Muchas familias no tienen posibilidad de conciliación. Nos apoyan, pero no la han podido hacer de otra manera”, apunta Marina.

Más allá de las cifras, la percepción de inseguridad se ha convertido en el eje del conflicto. “Al final, las familias tienen miedo. Los niños tienen miedo. Estamos privando a nuestros hijos de su derecho a la educación”, subraya Palou. Ese clima, asegura, hace inviable la normalidad educativa: “¿Cómo puede un maestro ejercer su profesión si los niños están así? Al final, lo que está pasando en nuestro centro es que él [en referencia al docente] genera miedo y nerviosismo, con lo cual se corta el funcionamiento normal del colegio”.

La huelga, de hecho, está generando un fuerte conflicto interno entre las familias. Muchas aseguran sentirse atrapadas entre dos derechos: la seguridad y la educación. “Hagamos lo que hagamos, nos sentimos mal. Si no los traemos, no siguen su proceso educativo. Nuestros hijos se han quedado en medio de un fuego cruzado”. La situación ha tenido consecuencias directas en la vida escolar. Marina explica que actividades previstas, como las de Sant Jordi, fueron suspendidas debido a la baja asistencia. “Los niños tenían mucha ilusión porque había un concierto y un mercadillo”, relata. “Nos cuesta entender que por los derechos laborales de una persona se paralice el funcionamiento de todo un colegio”, reflexiona.

Ante este escenario, las familias han reclamado apoyo institucional, incluyendo asistencia psicológica. Sin embargo, Palou cuestiona la eficacia de estas medidas si no se aborda el origen del problema: “¿Cómo vas a apoyar psicológicamente a los niños con el maestro allí?”. Tanto Palou como Covas insisten en que no pretenden cuestionar la legalidad del caso, sino sus consecuencias. “Entendemos que esta persona tiene sus derechos laborales”, insiste ella.

Las familias reclaman soluciones que eviten el contacto del docente con menores y alertan de que el problema no se limita a este centro. Al tratarse de un profesor interino, éste puede ser destinado a otros centros cuando termine la sustitución actual, algo que inquieta especialmente a las familias: “Esto va a ir rebotando de colegio en colegio”, advierte Palou.

La versión del docente

Roldán, por su parte, publicó esta misma semana un mensaje en Facebook en el que denuncia una campaña de desinformación en su contra: “El problema es que se pretende que la administración actúe en base a esos bulos, algo que obviamente no puede hacer (faltaría más que pudiera), a la vez que se me pide a mí que adapte mis decisiones personales a esos bulos, algo que me resulta repugnantemente ofensivo”. Asimismo, critica tanto a las familias movilizadas como a las instituciones por no haber frenado lo que califica como un “circo”: “Si se hubiese actuado con rigurosidad a principio de curso no estaríamos en esta situación, pero entonces se optó por tolerar el absentismo del alumnado como forma de protesta y señalarme públicamente poniendo en duda mis facultades mentales, sin importar ni el peligroso precedente que se estaba creando ni el daño que se le estaba haciendo a mi imagen pública como docente”, asevera.

Frente al argumento central de las familias -la existencia de un vacío legal que permite a un condenado por acoso seguir dando clase-, el docente ofrece una interpretación completamente distinta: “No se me aplicó ningún tipo de inhabilitación no por un vacío legal, sino porque no se han producido hechos que justifiquen esa medida”, subraya tajante. En esta línea, cuestiona directamente la condena que le fue impuesta, asegurando que los testimonios “nunca presentaron prueba objetiva alguna”.

No es la primera vez que se desencadena una movilización de familias a raíz de la presencia de este docente. A comienzos de curso, su reincorporación en el colegio palmesano Maria Antònia Salvà ya provocó una huelga en la que los padres dejaron de llevar a sus hijos a clase en señal de protesta. Entonces, las familias reclamaban medidas inmediatas para apartarlo del aula ante la alarma generada por su condena en un conflicto que evidenció las dificultades de la administración para dar una rápida respuesta.

Aquel episodio no llegó a resolverse de forma estructural. La Conselleria admitió entonces que “no es fácil” encontrar una solución y trasladó el caso a una comisión paritaria con sindicatos que podía autorizar medidas como un examen médico para valorar si debía ser apartado del contacto con menores. Sin embargo, la falta de una respuesta clara y definitiva dejó el problema latente. Para las familias de Son Pisà, lo ocurrido enel CEIP Maria Antònia Salvà no fue una excepción, sino el precedente de un conflicto que ahora se repite, reforzando la idea de que el sistema carece de herramientas eficaces para evitar que situaciones similares vuelvan a reproducirse.

Els sindicats d'ensenyament STEPV, CCOO i UGT han acordat aquest dimecres, en una reunió telemàtica, iniciar el pròxim 11 de maig una vaga indefinida de docents a la Comunitat Valenciana, així com altres accions reivindicatives que es definiran pròximament, han confirmat fonts sindicals.

La intenció dels sindicats presents a la taula sectorial d'educació és pressionar al Consell perquè s'assega a negociar una millora salarial i de les condicions laborals del professorat de la Comunitat Valenciana, atès que les reunions mantingudes fins ara han estat infructuoses davant la “negativa” del Consell a negociar les seues reivindicacions, segons els sindicats.

L'anunci de vaga indefinida es concretarà aquest dijous en un acord conjunt i unitari de reivindicacions sindicals, i vindrà acompanyada de manifestacions, accions descentralitzades i mobilitzacions de cara a aconseguir el màxim suport possible del professorat, la comunitat educativa i les famílies.

Els convocants asseguren que aquesta mesura suposa un “gran sacrifici” per al professorat però ressalten que està “molt conscienciat” de la necessitat d'aquesta vaga.

Dissabte passat els sindicats van donar a conèixer el resultat d'una enquesta elaborada entre gairebé 10.000 docents, segons el qual la majoria del professorat valencià recolza iniciar aquest 11 de maig una vaga indefinida.

Estava previst que aquest dimecres es convocara una assemblea per prendre una decisió sobre la convocatòria, que finalment ha tingut lloc de forma telemàtica i que ha decidit fixar aquesta data d'inici.

En la citada consulta van participar 9.817 docents de totes les etapes educatives de tota la Comunitat Valenciana, dels quals el 38,05 % va indicar que prefereix que la vaga indefinida comence l'11 de maig i el 23,21 % va triar el 25 de maig.

Així mateix, un 28 % recolzava mantindre la vaga “tots els dies que siga necessari”, seguits dels qui recolzaven que es faça en uns períodes concrets, com un màxim de 5 a 7 dies (el 17 %), un màxim de dues setmanes (14 %) o un màxim de tres o quatre dies (12 %).

L'enquesta reflectia així mateix que el 77 % dels docents consultats estan disposats a recolzar la vaga “en el format que siga”, enfront d'un 22 % que no ho faria, no perquè estiguen en desacord amb la vaga, sinó per qüestions econòmiques, càrregues familiars o el context de final de curs, segons els sindicats docents.

Los sindicatos de enseñanza STEPV, CCOO y UGT han acordado este miércoles, en una reunión telemática, iniciar el próximo 11 de mayo una huelga indefinida de docentes en la Comunitat Valenciana, así como otras acciones reivindicativas que se definirán próximamente, han confirmado fuentes sindicales.

La intención de los sindicatos presentes en la mesa sectorial de educación es presionar al Gobierno valenciano para que se siente a negociar una mejora salarial y de las condiciones laborales del profesorado de la Comunitat Valenciana, dado que las reuniones mantenidas hasta ahora han sido infructuosas ante la “negativa” del Consell a negociar sus reivindicaciones, según los sindicatos.

El anuncio de huelga indefinida se concretará este jueves en un acuerdo conjunto y unitario de reivindicaciones sindicales, y vendrá acompañada de manifestaciones, acciones descentralizadas y movilizaciones de cara a conseguir el mayor respaldo posible del profesorado, la comunidad educativa y las familias.

Los convocantes aseguran que esta medida supone un “gran sacrificio” para el profesorado pero resaltan que está “muy concienciado” de la necesidad de esta huelga.

El pasado sábado los sindicatos dieron a conocer el resultado de una encuesta elaborada entre casi 10.000 docentes, según el cual la mayoría del profesorado valenciano respalda iniciar ese 11 de mayo una huelga indefinida.

Estaba previsto que este miércoles se convocara una asamblea para tomar una decisión sobre la convocatoria, que finalmente ha tenido lugar de forma telemática y que ha decidido fijar esa fecha de inicio.

En la citada consulta participaron 9.817 docentes de todas las etapas educativas de toda la Comunitat Valenciana, de los que el 38,05 % indicó que prefiere que la huelga indefinida empiece el 11 de mayo y el 23,21 % eligió el 25 de mayo.

Asimismo, un 28 % apoyaba mantener la huelga “todos los días que sea necesario”, seguidos de quienes respaldaban que se haga en unos periodos concretos, como un máximo de 5 a 7 días (el 17 %), un máximo de dos semanas (14 %) o un máximo de tres o cuatro días (12 %).

La encuesta reflejaba asimismo que el 77 % de los docentes consultados están dispuestos a apoyar la huelga “en el formato que sea”, frente a un 22 % que no lo haría, no porque estén en desacuerdo con la huelga, sino por cuestiones económicas, cargas familiares o el contexto de final de curso, según los sindicatos docentes.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de la “precariedad” que existe en el ámbito educativo público, con una tasa de temporalidad que alcanza el 32%, con 10.316 interinos e interinas.

“Uno de cada tres docentes en la región es interino, y sólo el 12,2% de ellos cobraron los meses de verano”, ha dado a conocer la central sindical, que ha publicado una encuesta realizada entre marzo y abril dentro de la campaña 'Y el interino, ¿pa' cuándo?', donde un total de 1.326 docentes han participado para mostrar las principales preocupaciones del colectivo.

Según informa CSIF en nota de prensa, la encuesta pone manifiesto que el cobro del verano a partir de 5,5 meses trabajados es una reivindicación “central” para el colectivo: el 88,7% de los docentes lo considera una medida “esencial y prioritaria”. Actualmente, “para cobrar el verano deben trabajar al menos ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio y con nombramientos que deben haberse producido antes del 31 de octubre”, señala la central sindical.

“Lo que nos están diciendo los interinos es que se sienten docentes de segunda categoría, y es así porque realmente son discriminados por la Administración, ya que deben cumplir unas condiciones leoninas”, ha denunciado el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.

No en vano, el 30,2% de los encuestados señala que ha llegado a trabajar más de 8 meses y no ha cobrado el verano; el 24,9% entre 7 y 8 meses y el 32,7% entre 6 y 7 meses. Es decir, el 87,8%, a pesar de haber trabajado más de 5,5 meses no perciben los meses de julio y agosto al haber cumplido estos tiempos con interrupciones. Sólo el 12,2% de los interinos cobró el verano.

“Lo que tiene que hacer Castilla-La Mancha es seguir el modelo de otras comunidades como Andalucía, que contempla el pago completo de julio y agosto a partir de cinco meses y medio y también con cobro proporcional desde el primer día de servicio. Lamentablemente, aquí en la región seguimos sufriendo unos recortes brutales, algo que preocupa evidentemente a los docentes, tal y como se expone en la encuesta”, ha añadido Martínez.

Junto a esta reivindicación, también destaca la implantación de tribunales de oposición en las cinco provincias para evitar desplazamientos. El 62% señala que siempre se ha tenido que desplazar a otras provincias para realizar las oposiciones, con el consecuente gasto económico que conlleva (el 64,9% señala que ha gastado entre 100 y 300 euros y el 24,5% un gasto de entre 300 y 500 euros), además de los problemas de conciliación (el 67,3% advierte que la organización fue compleja y que tuvo que recurrir a familiares y/o cuidadores). Hasta el 83,5% considera que es totalmente necesaria la habilitación de tribunales en todas las especialidades en las cinco provincias.

Asimismo, los docentes interinos también reclaman la exención de tasas para quienes se hayan presentado en los últimos 6 años o en las 3 últimas convocatorias (76,6%). CSIF ya ha logrado la no presentación obligatoria al examen de oposición como requisito para permanecer en la bolsa ordinaria de trabajo, tal y como sucederá en las oposiciones de Maestros de este verano, pero los interinos se verán obligados a pagar las tasas.

Otra de las grandes preocupaciones de los docentes interinos, según CSIF, son las adjudicaciones forzosas en los llamamientos: Hasta el 36,8% de los encuestados se han visto obligados a coger una plaza y el 44,5% revela que lo ha hecho empujado por temor a ser expulsado de la bolsa de trabajo. El 81,2% indica como totalmente necesario que el docente tenga libertad para elegir plaza y que la Administración no imponga destinos forzosos, una reivindicación que apoya CSIF.

Por último, CSIF también ha detectado un problema en la continuidad de las sustituciones durante los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y verano): hasta el 33,7% señala que ha tenido que hacer frente a varias sustituciones justo antes y hasta el 50,2% fue cesado y no llegó a cobrar estos periodos vacacionales.

Una de las reivindicaciones de CSIF, la de la prórroga automática del nombramiento en casos de sustituciones que finalicen en los últimos días lectivos antes de vacaciones es apoyada por el 94,7% de los encuestados.

Una de las regiones con el gasto por alumno más bajo

Según la central sindical, los datos de la encuesta reflejan los recortes que permanecen en la educación pública de Castilla-La Mancha en materia de derechos laborales. Es más, la región se sitúa en el escalón más bajo del gasto por alumno de toda España, con 5.918 euros, por debajo de la media nacional (7.421 euros).

“Los acuerdos firmados en Castilla-La Mancha entre Consejería de Educación y sindicatos afines son pura propaganda, humo que no ha servido para mejorar las condiciones de los docentes”, ha indicado Martínez.

De hecho, el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha pone como ejemplo el proyecto de Ley del Ministerio de Educación, aprobado el pasado 21 de abril en Consejo de Ministros, que reduce el número máximo de alumnos por aula (22 en Primaria y 25 en ESO y fija la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas.

“A pesar de que Castilla-La Mancha tiene las competencias transferidas en la educación no universitaria desde el año 2000 y que ya acumulamos catorce años de recortes en la región, estamos con 25 alumnos en todos los cursos de Primaria salvo en el primer año, y subimos a 30 alumnos en ESO y 32 en Bachillerato. Ha tenido que llegar el Ministerio de Educación para sacar los colores a la Consejería, estamos hablando de que estamos en el furgón de cola y a pesar de ello tratan de vendernos que todo va bien”, concluye el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha.

Por su parte, el presidente de CSIF Educación Toledo, Rubén Gómez, ha incidido en el gasto público por alumno. “Si llevamos la inversión de Castilla-La Mancha a nuestros centros públicos, donde hay 384.667 alumnos, nos estamos encontrando con que el Gobierno regional está dejando de invertir más de 578 millones de euros respecto a la media nacional. Es un dato demoledor. Es increíble, ya ni hablamos de País Vasco, que invierte 12.639 euros por alumno. Estamos en el furgón de cola, y así se entienden mucho mejor todos los recortes que todavía padecemos y los resultados en informes de evaluación, como el PISA, que coloca a Castilla-La Mancha en los últimos puestos”.

“Tenemos centros saturados, infraestructuras tensionadas, profesorado inestable y un sistema que funciona gracias al esfuerzo de quienes están dentro, no por la planificación de quienes deben gestionarlo”, ha concluido.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) confirma la sentencia que saca de las listas a un profesor interino de Enseñanza Secundaria en La Rioja tal y como avanzó El Día de La Rioja. La resolución judicial a la que ha tenido acceso este medio ratifica que el docente incurrió en un “notorio incumplimiento de sus funciones” y en “grave desconsideración” hacia su alumnado, incluyendo un empujón a una de ellas.

Los hechos se remontan al inicio de aquel curso (2022-2023), cuando apenas un mes después de comenzar las clases, la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja inició un expediente disciplinario tras detectar graves irregularidades en la labor del docente. Y es que, tal y como recoge la sentencia, al poco tiempo de comenzar el curso, surgieron conflictos con sus compañeros y el equipo directivo. “En la primera reunión del departamento del 13 de septiembre de 2022 surgieron desavenencias”, cita textualmente. Tras varias incidencias, la Consejería de Educación inició el 20 de octubre de 2022 un expediente disciplinario basado en tres cargos principales. Uno de ellos, tipificado como falta muy grave, el incumplimiento de sus deberes básicos como programar las clases, evaluar correctamente al alumnado, realizar tutorías con las familias y mantener un clima de respeto en el centro.

Un segundo cargo (falta grave) por trato desconsiderado hacia el alumnado durante las clases, “puesto de manifiesto tanto en expresiones concretas como en el modo o forma de dirigirse o responder a los discentes”. Y el tercer cargo (falta grave) hace referencia a un incidente específico donde se le acusa de “haber empujado e insultado a una alumna”.

Expediente abierto por Función Pública de La Rioja

En mayo de 2023, la Dirección General de Función Pública del Gobierno de La Rioja consideró a este docente responsable de “una falta de notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”. Falta tipificada como muy grave y con una sanción de rescisión del nombramiento de interino además de sacarlo de las listas durante cerca de seis años. Por el segundo cargo, desconsideración con al alumnado, la sanción también contempla la rescisión del nombramiento de interino y sacarlo de las listas cerca de tres años. Por el incidente con la alumna, la Dirección General de Función Pública acuerda suspenderle de sus funciones y sueldo hasta final de curso.

El docente interino recurrió y solicitó en los tribunales la anulación de estas sanciones. Y el Juzgado de Primera Instancia decidió reducir las sanciones porque las consideraba excesivas, reconociendo a su vez su existencia. Sin embargo, el profesor interino, no conforme con esta decisión, volvió a recurrir y apeló a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) solicitando la anulación total de las sanciones y la devolución de los sueldos no percibidos. El fallo de la sala ha supuesto un nuevo revés para el docente.

Y es que en este nuevo fallo, uno de los puntos clave es el incidente ocurrido con una alumna. Según el relato de los hechos probado por el tribunal, el profesor empujó e insultó a una estudiante que intentaba salir del aula tras haber desobedecido sus órdenes. Aunque el docente alegó que se trató de un “choque fortuito”, el tribunal se apoya en los testimonios de dos compañeros de clase, del jefe de estudios y de la directora del centro —quien afirmó que el propio profesor le reconoció inicialmente el empujón— para determinar que existió una agresión física, independientemente de que no hubiera intención de causar daño. Además, en la sentencia se recoge que “la versión de la alumna fue corroborado por dos compañeros que presenciaron los hechos y relataron lo sucedido de forma coincidente. Además, después del recreo, la alumna y el profesor se reunieron con el jefe de estudios y la directora del centro. El propio interesado manifestó que hubo un choque fortuito, los que significa que sí hubo contacto entre ambos. Aunque su intención no fuera causar daño a la alumna, es incontrovertido que se produjo una colisión entre ambos, que provocó que la alumna rebotara y que permite encuadrar esta situación como al que se ha declarado probada de empujón”.

Y además, el fallo ratifica la desatención de las funciones docentes porque más allá de este incidente puntual, la justicia confirma una falta muy grave por el incumplimiento de las tareas esenciales de supuesto. En concreto, entregó un documento a las familias con criterios de evaluación que contravenían la normativa LOMLOE, otorgando a un examen un valor superior al permitido. Asimismo reitera la falta de implicación en las tareas de tutoría y reconoce un “grave desorden” en el aula presenciado por el equipo directivo del centro en varias ocasiones.

Las sanciones: fuera de las listas de interinos

Aunque el Tribunal ha ajustado ligeramente la duración de las sanciones propuestas inicialmente por la Administración para cumplir con el principio de proporcionalidad, las consecuencias para el docente son severas. Por la falta muy grave: Rescisión de su nombramiento como interino e imposibilidad de obtener un nuevo contrato en la administración riojana durante tres años y un día. Y por las faltas graves: Rescisión del nombramiento e inhabilitación para nuevos contratos por un periodo de un año, además de la suspensión de funciones durante el tiempo que restaba de curso.

Esta sentencia agota la vía ordinaria y respalda la actuación del Gobierno de La Rioja.

“Estamos radicalmente en contra de esa nueva norma: está creada para que los inspectores de Educación puedan mantenerse en el cargo”. Así de rotunda se ha mostrado este miércoles Conchi López, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria, para valorar la nueva posibilidad de retrasar la jubilación hasta los 70 años para los docentes cántabros.

La medida, anunciada este martes por el Gobierno de Cantabria e incorporada al proyecto de Ley de Medidas de Fiscales y Administrativas, que acompaña a la Ley de Presupuestos de Cantabria para 2026, “favorece a cuatro o cinco inspectores, sobre todo inspectores jefe de Educación”, ha denunciado la líder sindical, que ha alertado del sentido de la norma: “Es cuestionable cambiar una norma solo para favorecer a una minoría”, ha advertido en una rueda de prensa en el sindicato.

Según los cálculos de la secretaria general de la Federación de Enseñanza, “a pie de aula, puede haber 45”, de más de 8.000 docentes en Cantabria, que estén alrededor de los 65 años, “y que puedan decidir continuar” trabajando hasta los 70 años. “No se va a aplicar a muchísima gente”. Y si algún docente quiere ampliar su tiempo en el servicio activo, “depende de que el Servicio de Inspección lo autorice”. 

Mientras el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), consideró este martes que la norma “fortalece la profesión docente”, que era “imposible legalmente” para los docentes de Cantabria, la sindicalista ha cuestionado el efecto “tapón” que va a generar la posibilidad de permanencia ante las nuevas generaciones de docentes que se vayan incorporando a la profesión. “Atiende a un interés particular, pero la gente joven tiene que tener derecho a acceder al mercado de trabajo, pero lo grave de esto es que no es una necesidad general”, ha subrayado.

Actualmente, ha señalado Conchi López, “solo excepcionalmente si alguien no llega (a los 15 años cotizados exigidos para cobrar una pensión contributiva), les dejan ampliar a 67 años”. En su opinión, la medida “es una gotita más de cómo se está gestionando la Consejería de Educación, especialmente en los últimos tres años”.

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha garantizado este jueves que los docentes interinos se incorporarán “un día antes” del comienzo de las actividades lectivas gracias al último acuerdo alcanzado y que, también, garantiza el cobro del verano con 272 días trabajados.

Galiana ha respondido, en el pleno del Parlamento de La Rioja, a una pregunta de la 'popular' Pilar Armendáriz, que ha querido conocer una valoración, del Gobierno riojano, del acuerdo para la mejora de las condiciones del profesorado interino firmado con ANPE y CSIF.

El responsable de Educación ha agradecido a las organizaciones sindicales, “que han sido absolutamente responsables a pesar no haber visto colmadas todas sus aspiraciones”, para llegar a un acuerdo que “beneficia”, ha dicho, “al total del colectivo de interinos”. Ha reconocido que no todas han firmado (en referencia a otros sindicatos como UGT, CCOO, STAR y PIR) pero, ha asegurado, todos han visto que tiene “cosas buenas” y, además, “ha supuesto avance sustancial”.

A través de este acuerdo, se garantiza una organización del curso “con un día de antelación” de forma de “un día justo antes del comienzo de las actividades lectivas” los interinos que no hayan sido llamados en verano “puedan estar ahí presentes”. Ha recordado que incluye doce medidas “con mejoras significativas, como el famoso cobro del verano”.

Ha relatado cómo, hasta la fecha, era necesario que los docentes se incorporaran en septiembre para prorrogar el cobro en julio y agosto, pero ésto “tenia perjuicios que se solventan estableciéndolo a través del número de días”. En concreto, serán necesarios 272 para poder tener la prorroga y, en cuatro años, se bajará a 255.

Ha sumado “otro elemento muy importante” como “la no obligatoriedad de aceptar las jornadas parciales, fundamentalmente en el mes de septiembre. A partir del mes de octubre, hasta final de curso, no serán obligatorios los tercios”. Por tanto, ha concluído, “un importante avance fruto del diálogo, de mucho trabajo de negociación y disposición de las mesas sectoriales y del Gobierno, prueba de su capacidad negociadora, y que aúna responsabilidad y apuesta por la calidad del sistema educativo”.

La Plataforma de Movilización de Interinos e Interinas de Educación de La Rioja ha criticado este miércoles que “la Consejería de Educación de La Rioja lleva 12 años sin realizar ninguna modificación sustancial en la Orden de Interinos” y aseguran no descartar ningún tipo de acción futura “si la negociación no avanza en las líneas propuestas”. “Si es necesario, se convocará una huelga”, advierten.

En la Plataforma señalan que, tras reabrir la negociación en Mesas Sectoriales de Educación que comenzaron el pasado mes de octubre, las reformas propuestas por la Administración demuestran, a su juicio, “poca intención por mejorar las condiciones laborales de los y las interinas de La Rioja”.

Por ello, exigen “jornadas parciales no obligatorias y la eliminación de los tercios de jornada, que nos condenan a vivir de manera precaria, muy por debajo del SMI, es esencial recordar que La Rioja es la única comunidad autónoma en la que los tercios de jornada son obligatorios, y en algunas CCAA ni siquiera existen estos tercios”. “Queremos que la Administración nos escuche: no aceptamos que se nos premie con puntos extra a cambio de vivir en la precariedad”, añaden al respecto.

A ello suman la exigencia de “la continuación del nombramiento en verano a partir de 165 días trabajados, no pedimos nada nuevo, es un derecho que se eliminó en la crisis del 2010 y que exigimos recuperar”, señalando que “en este punto, el trabajo debe ser conjunto entre la Consejería de Educación y la Delegación de Hacienda”.

Apuntan que “hasta ahora, para disponer de la continuación del nombramiento en verano, los interinos e interinas deben incorporarse en el mes de octubre a su puesto de trabajo y estar hasta el 30 de junio sin interrupciones en el contrato”.

La Administración “propone alargar la toma de posesión al 5 de octubre en el curso 2026/2027 y al 10 de octubre en el curso 2027/2028, con una única interrupción del contrato posible de 3 días naturales”, una propuesta, aseguran los interinos, que “nos hace pensar que la Administración no está tomando en serio nuestras reivindicaciones”.

“Debemos cuidar de la calidad de la educación pública de nuestra comunidad y, para ello, también debemos cuidar de sus docentes. Obligados a vivir en la precariedad, en una profesión que parece haber perdido su dignificación, viviendo con la angustia de estar siempre disponibles para la Administración, tan lejos de casa como sea y por sueldos irrisorios”, subrayan.

Actualmente, “las y los docentes interinos ocupan más del 40% de la plantilla de la educación pública no universitaria en La Rioja”, por lo que recalcan que son “un pilar fundamental de la misma”, e insiten en una idea: “Si paramos, el sistema educativo de nuestra comunidad cae”.

El colectivo interino de La Rioja se planta “por la dignidad” de este colectivo. Así, y con el respaldo de las organizaciones sindicales: CCOO, CSIF, STAR, STE-Rioja y UGT han convocado una manifestación mañana sábado 7 de febrero a las 12:00 horas que partirá de la Plaza del Mercado de Logroño y finalizará en la Concha de El Espolón. , por la dignidad de docentes interinos e interinas en La Rioja.

Con esta manfiestación, el colectivo pedirá una orden de interinos “digna, normativa en la que en estos momentos se está trabajando en la Mesa Sectorial de Educación”. A través de una nota de prensa recuerdan que la Consejería de Educación lleva años modifcando la norma con cambios “superficiale”. Cambios que consideran “parches sin una verdadera repercusión sobre el sistema ni sobre las condiciones laborales del personal al que afectaba y que desde la crisis de 2010 sólo había visto crecer su precariedad laboral”.

Por todo ello consdieran que “es el momento de decir basta” y han puesto sobre la mesa lo que consideran “líneas rojas”. Entre ellas la “continuidad del nombramiento en los meses de verano; la eliminación de la precariedad en cuanto a las jornadas parciales; que estas sean de elección obligatoria y que como mínimo se oferten medias jornadas”. Y además, este colectivo aspira a que la normativa en la que se está trabajando “introduzca mejoras de cara a la especificación clara de las características de las plazas ofertadas, incluyendo su duración prevista”. Y es que explican que “ las plazas ofertadas carecen de información adicional, lo que satura a los centros educativos,obligados a atender las consultas de los interinos así como la posibilidad de permanecer en las listas sin necesidad de presentarse a los procesos de oposición”.

Otra de las reivindicaciones es que el profesorado interino tome posesión antes de la incorporación del alumando. “Así se garantizaría una correcta planificación y organización pedagógica” así como modificar el apartado de disponibilidad “para que la penalización por no acudir a un llamamiento afecte únicamente al periodo concreto y no a la totalidad de la puntuación acumulada”.

Este colectivo se siente “esencial” para el funcionamiento del sistema educativo aunque en ocasiones “somos considerados profesionales de segunda categoría. Contamos con formación universitaria, másteres habilitantes y la preparación necesaria para presentarse a oposiciones cada dos años, además de la experiencia adquirida en las aulas, garantizando una educación pública de calidad para la ciudadanía riojana”.

Por tod ello aseguran que no permitirán que “se precaricen aún más los derechos de quienes sotienen las aulas. Nuestro objetivo es garantizar una educación pública de calidad, sin que ello implique renunciar a los derechos laborales de los docentes ni al correcto funcionamiento del Sistema Educativo”.

Comisiones Obreras de La Rioja denuncia la grave situación que atraviesa el sistema educativo público riojano como consecuencia del agotamiento de las listas de interinidad docente y la “inacción de la Administración educativa”, que sigue sin convocar procedimientos extraordinarios para incorporar personal interino y cubrir sustituciones por bajas o nuevas necesidades en los centros.

En la actualidad, más de 50 listas de interinidad se encuentran agotadas, lo que está impidiendo la cobertura de plazas esenciales para el normal funcionamiento de los centros educativos. Entre las especialidades más afectadas se encuentran Mantenimiento de Vehículos, Francés, Latín, Matemáticas, Construcciones Civiles y Edificación, Sistemas Electrónicos, Música o Intervención Sociocomunitaria, entre muchas otras.

Desde CCOO consideran que esta situación “no es coyuntural, sino el resultado de una falta de planificación y previsión por parte de la Administración, que se niega a activar convocatorias extraordinarias a pesar de que el problema es conocido desde hace meses”. Mientras tanto, los centros se ven obligados a reorganizar horarios, agrupar alumnado o dejar sin atender determinadas materias, con el consiguiente perjuicio para la comunidad educativa.

“El mayor daño lo están sufriendo el alumnado y los centros públicos, que ven deteriorada la calidad educativa por la ausencia de profesorado”, señalan desde el sindicato. “No se puede hablar de compromiso con la educación pública mientras se permite que decenas de especialidades se queden sin personal para atender las aulas”.

CCOO subraya que l“a falta de profesorado no solo vulnera el derecho del alumnado a una educación de calidad, sino que también sobrecarga a los equipos docentes y genera desigualdades entre centros, especialmente en enseñanzas como la Formación Profesional y en materias con alta especialización”

Por todo ello, CCOO de La Rioja exige a la Consejería de Educación la convocatoria inmediata de procedimientos extraordinarios de interinidad, ágiles y transparentes, que permitan incorporar a personal cualificado y garantizar la cobertura de todas las necesidades reales del sistema educativo.

“La educación pública no puede seguir funcionando a base de parches ni de improvisación”, concluye el sindicato. “Es responsabilidad de la Administración garantizar los recursos humanos necesarios para que los centros puedan desarrollar su labor con normalidad y calidad”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos han alcanzado un acuerdo en la Mesa Sectorial de Educación mediante el cual se modificará la orden que regula las bolsas de trabajo del personal funcionario docente no universitario. En virtud de este pacto, los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones de enseñanza para mantenerse en la bolsa ordinaria de trabajo.

El acuerdo lo ha dado conocer ANPE, sindicato que junto con UGT firmó hace dos años con el Gobierno regional el acuerdo de mejoras para la educación. Esta medida está incluida en el segundo bloque de ese acuerdo y supone, apunta el sindicato, un avance para cientos de docentes interinos que, por motivos personales, profesionales o sobrevenidos, no pueden o no desean concurrir al proceso selectivo y, aun así, quieren seguir formando parte de las bolsas ordinarias.

Explica asimsimo que gracias a esta medida, la Consejería regulará la no obligación de concurrir a las oposiciones. De este modo, todo aspirante de la bolsa ordinaria que presente la solicitud de participación se mantendrá automáticamente en la bolsa, con independencia de que finalmente se presente o no a las pruebas.

Más seguridad jurídica y equidad

“Esta modificación evita situaciones injustas, elimina trámites innecesarios y aporta seguridad jurídica, simplicidad administrativa y equidad, al no ser necesario realizar desplazamientos, regular ni justificar causas sobrevenidas como enfermedad, accidente, embarazo u otras circunstancias imprevistas”, añade ANPE.

También estaca que esta mejora se suma a un amplio conjunto de avances para el profesorado interino, como la Plataforma de “Adjudicaciones a la carta”, la no caducidad de la nota desde 2010 para la ordenación de las listas de interinidades, la aprobación anual de ofertas de empleo público al 120 % de la tasa de reposición, el cobro del periodo de verano para el profesorado adjudicado en septiembre y octubre hasta final de curso, con compromiso de mejora, y el reconocimiento como tiempo de servicios de las vacaciones devengadas por sustitución.

STAR ha cuatificado que el segundo trimestre del curso escolar ha comenzado con un total de 61 plazas docentes sin cubrir el primer día. Este 8 de enero se ha producido la vuelta a las aulas tras las vacaciones navideñas y, sin embargo, el mismo día se ha producido el primer llamamiento para la cobertura de sustituciones docentes del año 2026. Es decir, como ya denunuciaron los sindicatos, los profesores sustitutos se incorporarán un día después que el alumnado. STAR ha confirmado que el primer día de clases del año faltaban 61 docentes.

De estos, treinta y cinco corresponden con sustituciones de perfil de plazas completas, mientras que las veintiséis plazas restantes son de carácter parcial. Las especialidades más afectadas son las siguientes: Maestros de Primaria, con diez plazas sin cubrir; de Pedagogía Terapéutica, con una falta total de siete plazas; de Audición y Lenguaje, con cinco plazas y, ya en el ámbito de los Profesores de Secundaria, Física y Química, con cuatro huecos en total.

“entendemos que todas las sustituciones ofertadas no corresponden a causas sobrevenidas durante el día de hoy, y que, con una mejor planificación, la falta de profesorado en este primer día podría haber sido muy inferior”, ha señalado el sindicato, que ha crticado que “la falta de previsión y planificación previa han sido las causantes de este inicio con las carencias en cuanto a recursos humanos mencionadas”.

Además, han subrayado que la cobertura de sustituciones y resto de llamamientos del ámbito docente están regulados por la Orden de Interinos, lo que consideran “una norma que necesita un cambio profundo y con urgencia”. “Ya no solo para mejorar esta cobertura de puestos de trabajo, sino para mejorar ante todo las condiciones de los docentes a los que afecta, al personal interino”.

Por ello, ha solicitado la reactivación de la mesa de negociación, “el foro en el que deben introducirse los cambios para que esta situación sobre la falta de personal no vuelva a producirse, así como para poder calendarizar y abordar otras cuestiones que son igual de prioritarias”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el profesorado de Castilla-La Mancha regresa a las aulas tras las vacaciones de Navidad enfrentándose a una “realidad demoledora”. En primer lugar, “problemas estructurales graves sin abordar, recortes de hace 12 años sin revertir y nuevos recortes del Gobierno de Emiliano García-Page”.

El presidente del sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, advierte que “mientras algunos sindicatos firman acuerdos que blanquean recortes y conformismo, los docentes siguen sufriendo el deterioro acumulado y enfrentándose a nuevas agresiones a sus condiciones laborales”.

“El profesorado está desprotegido”

CSIF alerta del “repunte de violencia escolar” en la región confirmado por el propio sindicato. Señalan que “más del 50% del profesorado sufre agresiones verbales, amenazas o faltas de respeto, y el 22% de los conflictos están relacionados con móviles y redes sociales”.

El presidente de la sección de Educación de CSIF, denuncia que “los docentes nos transmiten que van al aula con miedo. La Ley de Autoridad del Profesorado existe en el papel, pero no se aplica como debería. El profesorado está desprotegido”.

Desde el sindicato aportan más datos: la salud mental del profesorado está en “niveles críticos”, ya que “más del 70% presenta síntomas de ansiedad, el 17% está de baja médica y el 11% sufre depresión. Solo el 24% del profesorado mantiene la ilusión por su trabajo, frente al 60% en 2007”, advierte CSIF.

Por todo ello, el sindicato exige un programa regional de prevención del burnout, servicio de atención psicológica gratuito y protocolos de detección precoz.

Expresan que estos no son “los únicos problemas estructurales sin abordar: la desconexión digital, la inclusión sin medios y una asfixiante burocracia son otros de los problemas que siguen sin resolverse después de muchos años”.

Recortes de Cospedal

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios señalan que es “grave” que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, “lleve 11 años gobernando sin revertir mucho de los recortes de la época de María Dolores de Cospedal”.

Apuntan que en la actualidad, el profesorado de Secundaria “sigue con 19, 20 e incluso 21 horas lectivas semanales, cuando el Ministerio propone 18 horas máximas, y comunidades como Madrid, Andalucía o Galicia ya lo han aplicado”. Denuncian que ya han pasado 12 años “del recorte de Cospedal y Page no lo ha reverido”. Juan Luis Martínez asegura que “más horas en el aula significan menos tiempo para preparar clases, atender a las familias, coordinarse con compañeros o formarse”.

Desde CSIF explican que respecto a esto, se suman también “las ratios masificadas y la pérdida de poder adquisitivo: más de un 20% desde 2010 o la temporalidad; Castilla-La Mancha mantiene tasas del 30% de interinidad, muy lejos del 8% de la normativa europea”.

Los “nuevos recortes” del Gobierno de Page

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios apunta que el Gobierno de Page está aplicando “nuevos recorte quirúrgicos en especial en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), la Educación de Adultos y la Formación Profesional”.

Expresan que la Consejería de Educación “ha aumentado las ratios en Educación de Adultos, pasando de grupos con 15 o 18 alumnos a exigir mínimo de hasta 20 y 25 alumnos por grupo”, un fenómeno que también afecta en las EOI, donde “se está produciendo la unificación de niveles diferentes en un mismo grupo con la excusa de optimizar recursos”. Por otro lado, en el caso del profesorado de FP “ha perdido horas específicas de reducción horaria para la gestión de las prácticas en empresas”.

Ante esta situación, CSIF afirma que ha solicitado formalmente a la Consejería de Educación la “convocatoria urgente de mesas técnicas específicas para Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas y Educación de Adultos para abordar estas problemáticas y buscar soluciones”.

El presidente del sector de Educación del sindicato sentencia que “estos nuevos recortes demuestran que el Gobierno de Page sigue la misma política que Cospedal: recortar en educación pública mientras se mira hacia otro lado. Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una comunidad autónoma de segunda en educación pública. Los docentes de Castilla-La Mancha no pueden esperar más”.

El sindicato de profesorado ANPE Rioja ha denunciado que los docentes interinos sustitutos se incorporarán un día después que el alumnado a los centros tras las vacaciones navideñas, por lo tanto, los centros educativos estarán un día sin profesores. La Consejería de Educación ha publicado en la página web en una nota informativa que los docentes interinos que sustituyen las bajas y permisos iniciarán el procedimiento el día 8 de enero por lo que se incorporarán el día 9, un día después que los alumnos.

Para ANPE, “la incorporación de los docentes sustitutos desde el primer día lectivo, al mismo tiempo que el alumnado, es fundamental para garantizar la calidad educativa y la equidad en el sistema”. Y añaden: “Contar con la plantilla del profesorado completa desde el inicio del segundo trimestre permite asegurar la continuidad pedagógica, una adecuada planificación de las clases y una atención inmediata a las necesidades del alumnado, evitando retrasos en el aprendizaje y desajustes organizativos”.

El sindicato también señala que la incorporación de los docentes el día 8 como el alumnado “facilitaría la integración del docente en el centro, la coordinación con el equipo educativo y la creación de un clima de aula estable desde el primer momento”, lo que consideran “aspectos clave para el buen funcionamiento de los centros y para ofrecer a las familias una respuesta educativa eficaz y de calidad desde el primer día”.

El colectivo interino de Educación de La Rioja se ha concentrado esta tarde frente al Palacio de Gobierno regional, con el respaldo de los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, PIR, STAR y STE-Rioja, para exigir la modificación de la Orden de interinos que “perpetúa la inestabilidad y la precariedad” del grupo, según han denunciado. La protesta ha estado encabezada por una pancarta que decía 'Trabajo digno para los y las docentes interinas. ¡Basta de precariedad!. Por la calidad de la educación pública riojana'. El Frente de Estudiantes ha portado otra pancarta en apoyo a las interinas.

Entre lemas como “Galiana escucha, interinos en lucha”; “Si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga, si esto no se apaña, caña, caña, caña”; “La profe luchando también está enseñando”; o “Si, si, si, interinos aquí”, la portavoz del colectivo Julia Sáez ha subrayado las reclamaciones de estos docentes, que suponen ademñas el 46% de la plantilla de Educación, una cifra por encima de la media nacional.

“La Consejería de Educación lleva muchos años instaurada en el inmovilismo, con una orden de interinos que actualmente perpetúa la inestabilidad y la precariedad de nuestro colectivo y queremos realizar no solamente unos cambios concretos, sino una reforma integral de esta orden, porque además fue aprobada en su momento por unanimidad y sin el diálogo y el consenso”, ha apuntado Sáez.

Entre los modificaciones exigen que “no sea obligatorio coger jornadas de un tercio -algo que solo ocurre en La Rioja-, que, como ha dicho, les ”obligan a vivir con salarios por debajo del salario mínimo o a tener que compatibilizar con otros empleos y también está provocando que docentes se vayan a trabajar en otras comunidades donde esto no pasa“.

Además, Sáez ha pedido que no tener que incorporarse el mismo día que el alumnado, porque “esto también hace que no haya ninguna organización docente desde el inicio del curso”, así como conocer la información acerca de la plaza que están ocupando. “Porque empezamos a trabajar en un sitio sin tener información del trabajo que vamos a llevar a cabo”.

Ha indicado que con el apoyo de los sindicatos se está trabajando en la Mesa Sectorial, si bien consideran que la Consejería está proponiendo parches, pero no están haciendo cambios“, ya que lo que reclaman es ”una reforma integral“. La de hoy es la primera de las movilizaciones, que seguirán sin descartar ninguna otra opción.

Los docentes interinos salen a la calle para reclamar “cambios urgentes” en la Orden de Interinos. La concentración será este miércoles 12 de noviembre a las 18.00 horas frente al Palacio de Gobierno. Estos profesionales critican que la Consejería de Educación de La Rioja lleva años realizando “modificaciones superficiales” en la Orden de Interinos, lo que “mantiene a cientos de docentes en una situación de precariedad laboral que repercute directamente en la calidad educativa”.

“Esta normativa ha sido impuesta sin la debida transparencia en su negociación y sin garantizar los derechos laborales y profesionales del personal interino”, considera el colectivo, ante la movilización que cuenta con el respaldo de los sindicatos CCOO, CSIF, PIR, STAR, STE- Rioja y UGT.

Consideran que la orden “supone una amenaza directa contra las condiciones laborales, la estabilidad y la dignidad profesional del colectivo”. Por ello, entre las principales reivindicaciones se incluyen:

• Continuidad de los nombramientos en los meses de verano para el personal docente.

• Jornadas parciales no obligatorias durante todo el curso, con una oferta mínima de media jornada. La Rioja es la única comunidad autónoma que obliga a los interinos a aceptar tercios de jornada, lo que se traduce en ingresos medios de aproximadamente 600/800 euros.

• Especificación clara de las características de las plazas, incluyendo su duración prevista. Actualmente, las plazas ofertadas carecen de información adicional, lo que satura a los centros educativos, obligados a atender las consultas de los interinos.

• Permanencia en las listas sin necesidad de presentarse a procesos de oposición.

• Toma de posesión del profesorado interino antes de la incorporación del alumnado, garantizando una correcta planificación y organización pedagógica.

• Modificación del apartado de disponibilidad, para que la penalización por no acudir a un llamamiento afecte únicamente al periodo concreto y no a la totalidad de la puntuación acumulada.

“El personal interino es esencial para el funcionamiento del sistema educativo, pero continúa siendo tratado como profesional de segunda categoría”, han señalado. Recuerdan que “estos docentes cuentan con formación universitaria, másteres habilitantes y la preparación necesaria para presentarse a oposiciones cada dos años, además de la experiencia adquirida en las aulas, garantizando una educación de calidad para la ciudadanía riojana”.

“No podemos permitir que se precaricen aún más los derechos de quienes sostienen las aulas día a día”, advierten. “Nuestro objetivo es garantizar una educación pública de calidad, sin que ello implique renunciar a los derechos laborales de los docentes ni al correcto funcionamiento de las instituciones educativas”.

La directora general de Personal Docent i Centres Concertats, Joana Maria Cabrer, ha reconegut que es va produir un “error” en la signatura de la resolució definitiva de les adjudicacions de places a professorat interí, però ha assegurat que es van revisar totes les reclamacions.

Així ho ha dit Cabrer aquest dimecres en una compareixença a la Comissió d'Assumptes Generals i Institucionals del Parlament sol·licitada pel PSIB per exposar la seva idoneïtat en el càrrec, que va assumir el passat 15 de juliol.

“Hi ha una descoordinació en els processos administratius de signatura, completament d'acord, es va corregir i el fet que no s'hagi corregit l'annex en aquesta resolució no significa que no s'hagin tingut en compte totes les reclamacions”, ha sostingut.

Davant les crítiques de PSIB i MÉS per Mallorca sobre aquesta qüestió, la directora general ha insistit que totes les reclamacions estan “absolutament revisades” i ha atribuït la signatura de la resolució abans que finalitzés el termini per reclamar a un “error administratiu de coordinació”.

En aquest sentit, ha demanat als grups que “no posin en dubte” aquest procediment perquè “no ajuda”, ja que el sistema “realment ha estat correcte”.

Els diputats de PSIB i MÉS per Mallorca Amanda Fernàndez i Lluís Apesteguia, respectivament, han reclamat explicacions i responsabilitats a Cabrer per aquest procés d'adjudicacions a interins del passat estiu.

Resolució signada dues hores abans

Segons han criticat, la resolució definitiva es va signar dues hores abans que finalitzara el termini de reclamacions. “Aquesta pràctica suposa un menyspreu cap al procediment”, ha dit Apesteguia.

En aquest sentit, la socialista ha preguntat quantes reclamacions hi va haver i per què no es va “tenir en compte” cap. També ha fet un èmfasi en el fet que el Govern presumeix d'un alt percentatge d'adjudicació de places però que en els centres de secundària “es queixen” de la falta de professorat.

D'altra banda, el diputat de Vox Sergio Rodríguez ha reclamat que la Conselleria d'Educació i Universitats exigeixi a alguns centres concertats la seva incorporació al pla pilot de lliure elecció de llengua posat que els col·legis adherits a dit pla no cobreixen la totalitat de les Illes.

Sobre aquesta qüestió, la directora general ha assenyalat que el pla de lliure elecció de llengua és voluntari i que així és com es va pactar. “No tenim intenció d'ampliar res més ara”, ha afirmat.

Igualment, Rodríguez ha insistit que el Govern va signar un acord amb el seu partit perquè en totes les zones educatives de les quatre illes hi hagi almenys un centre on els pares puguin triar l'educació en castellà i català. “Complirà l'acord o es posarà vostè també de perfil?”, ha preguntat.

La directora general s'ha limitat a respondre que els acords es compliran en la mesura que es permeti l'autonomia dels centres. “Però complirem aquests acords, som un Govern de paraula”, ha afegit.

La 'popular' Anabel Curtó ha fet referència a l'acord marc, signat en la passada legislatura, assenyalant que el Govern anterior el va subscriure “sense garantia de dotació pressupostària” per fer-lo efectiu. “Ha estat aquest Govern el que ha posat els recursos damunt la taula”, ha destacat, afegint que això demostra “una manera de treballar diferent”.

No estic aquí per fer carrera política

La directora general ha defensat, a més, la seva idoneïtat en el càrrec, exposant la seva formació acadèmica i carrera professional. “No estic aquí per fer carrera política, sinó per fer la meva feina amb honestedat, amb rigor i respecte per les institucions”, ha assegurat.

Igualment, ha insistit que és idònia per dirigir aquesta Direcció General perquè entén la màquina administrativa i perquè té una visió “clara” de serveis públics. “Crec que la política educativa ha de servir per unir i no dividir”, ha afegit.

Per altra banda, durant la compareixença, i davant les preguntes dels grups parlamentaris, Cabrer ha indicat que el Govern “no té predilecció” per l'escola concertada. Ho ha dit en resposta al diputat ecosobiranista, qui ha criticat que el Govern “destini més recursos” als centres concertats que als públics.

Així mateix, ha detallat que en 2024 es van destinar el 85 per cent dels fons públics a l'escola pública i el 15 per cent a la concertada, i que en comparació amb l'any anterior, ha augmentat el percentatge en la pública més que en la concertada.

També ha reconegut que hi ha una “evident” falta de professorat que, al seu parer, ve determinada per “molts aspectes”. L'objectiu del seu departament, ha dit, és dignificar la tasca docent per fer-la una professió atractiva.

La directora general de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer, ha reconocido que se produjo un “error” en la firma de la resolución definitiva de las adjudicaciones de plazas a profesorado interino, pero ha asegurado que se revisaron todas las reclamaciones.

Así lo ha dicho Cabrer este miércoles en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales del Parlament solicitada por el PSIB para exponer su idoneidad en el cargo, que asumió el pasado 15 de julio.

“Hay una descoordinación en los procesos administrativos de firma, completamente de acuerdo, se corrigió y el hecho que no se haya corregido el anexo en esta resolución no significa que no se hayan tenido en cuenta todas las reclamaciones”, ha sostenido.

Ante las críticas de PSIB y MÉS per Mallorca sobre esta cuestión, la directora general ha insistido en que todas las reclamaciones están “absolutamente revisadas” y ha achacado la firma de la resolución antes de que finalizara el plazo para reclamar a un “error administrativo de coordinación”.

En este sentido, ha pedido a los grupos que “no pongan en duda” este procedimiento porque “no ayuda”, ya que el sistema “realmente ha sido correcto”.

Los diputados de PSIB y MÉS per Mallorca Amanda Fernández y Lluís Apesteguia, respectivamente, han reclamado explicaciones y responsabilidades a Cabrer por este proceso de adjudicaciones a interinos del pasado verano.

Resolución firmada dos horas antes

Según han criticado, la resolución definitiva se firmó dos horas antes de que finalizara el plazo de reclamaciones. “Esta práctica supone un menosprecio hacia el procedimiento”, ha dicho Apesteguia.

En este sentido, la socialista ha preguntado cuántas reclamaciones hubo y por qué no se “tuvo en cuenta” ninguna. También ha hecho hincapié en que el Govern presume de un alto porcentaje de adjudicación de plazas pero que en los centros de secundaria “se quejan” de la falta de profesorado.

De su lado, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha reclamado que la Conselleria de Educación y Universidades exija a algunos centros concertados su incorporación al plan piloto de libre elección de lengua puesto que los colegios adheridos a dicho plan no cubren la totalidad de las Islas.

Sobre esta cuestión, la directora general ha señalado que el plan de libre elección de lengua es voluntario y que así es como se pactó. “No tenemos intención de ampliar nada más ahora”, ha afirmado.

Igualmente, Rodríguez ha insistido en que el Govern firmó un acuerdo con su partido para que en todas las zonas educativas de las cuatro islas haya al menos un centro donde los padres puedan elegir la educación en castellano y catalán. “Cumpliará el acuerdo o se pondrá usted también de perfil”, ha preguntado.

La directora general se ha limitado a responder que los acuerdos se cumplirán en la medida que se permita la autonomía de los centros. “Pero cumpliremos estos acuerdos, somos un Govern de palabra”, ha agregado.

La 'popular' Anabel Curtó ha hecho referencia al acuerdo marco, firmado en la pasada legislatura, señalando que el Govern anterior lo suscribió “sin garantía de dotación presupuestaria” para hacerlo efectivo. “Ha sido este Govern el que ha puesto los recursos encima de la mesa”, ha destacado, agregando que esto demuestra “una manera de trabajar diferente”.

“No estoy aquí para hacer carrera política”

La directora general ha defendido, además, su idoneidad en el cargo, exponiendo su formación académica y carrera profesional. “No estoy aquí para hacer carrera política, sino para hacer mi trabajo con honestidad, con rigor y respeto por las instituciones”, ha asegurado.

Igualmente, ha insistido en que es idónea para dirigir esta Dirección General porque entiende la maquinaria administrativa y porque tiene una visión “clara” de servicios públicos. “Creo que la política educativa tiene que servir para unir y no dividir”, ha añadido.

Por otro lado, durante la comparecencia, y ante las preguntas de los grupos parlamentarios, Cabrer ha indicado que el Govern “no tiene predilección” por la escuela concertada. Lo ha dicho en respuesta al diputado ecosoberanista, quien ha criticado que el Govern “destine más recursos” a los centros concertados que a los públicos.

Asimismo, ha detallado que en 2024 se destinaron el 85 por ciento de los fondos públicos a la escuela pública y el 15 por ciento a la concertada, y que en comparación con el año anterior, ha aumentado el porcentaje en la pública más que en la concertada.

También ha reconocido que hay una “evidente” falta de profesorado que, a su parecer, viene determinada por “muchos aspectos”. El objetivo de su departamento, ha dicho, es dignificar la tarea docentes para hacerla una profesión atractiva.

El colectivo de docentes interinos de La Rioja anuncian movilizaciones si la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja no mejora sus condiciones laborales. Así lo aseguran en una nota de prensa en que recuerdan que “estas mejoras se vienen reclamando desde hace años, pero son ignoradas tanto por la Consejería actual como por los anteriores equipos de gestión educativa”.

Modificación de la orden de interinos

Así, entre las reivindicaciones, este colectivo pide la continuidad de los nombramiento durante los meses de verano para el personal docente; jornadas parciales no obligatorias durante todo el curso, con un mínimo ofertado de media jornada; especificación clara de las características de las plazas ofertadas, incluyendo la duración prevista de las mimas; permanencia en las listas sin necesidad de presentarse a procesos de oposición: toma de posesión del profesorado interino antes de la incorporación del alumnado a los centros, garantizando una correcta planificación y organización pedagógica y modificación del apartado de disponibilidad, de forma que la penalización por no acudir a un llamamiento afecte únicamente al periodo concreto y no al total de la puntuación acumulada. Propuestas, apostillan, que “exigen la modificación de la actual Orden de Interinos, cuya aplicación ”perpetúa la inestabilidad, la precariedad y la falta de transparencia en la gestión de las listas“.

De no cumplirse estas peticiones advierten de movilizaciones que contarán con el respaldo de los sindicatos. “Hemos trabajado conjuntamente en la redacción de una serie de reivindicaciones, que no sólo afectan a los derechos laborales del profesorado interino, sino que también suponen mejoras sustanciales para el sistema público educativo riojano, garantizando una educación pública más estable, planificada y de calidad para el alumnado riojano”.

Y es que, aseguran que “una educación de calidad requiere profesorado estable y condiciones laborales justas y no puede haber excelencia educativa sin una base sólida de profesionales que cuenten con la seguridad y las herramientas necesarias para desarroriojallar su labor con garantías”.

Asimismo afean la “actitud inmovilista” que hasta ahora ha tenido la Consejería de Educación. “La actual situación de inestabilidad y precariedad que padecemos incide negativamente en nuestro desempeño docente, en la planificación pedagógica de los centros y, en última instancia, en el aprendizaje del alumnado riojano”.

Y advierten: “si no se abren vías reales de negociación y se atienden estas reivindicaciones, el colectivo interino, con el apoyo de las organizaciones sindicales, iniciará un calendario de movilizaciones que se está ya perfilando y que se desarrollará en las próximas semanas”. Por lo que hacen un llamamiento a la Consejería para que “escuche y actúe” y al resto de la comunidad educativa y a la sociedad riojana que “respalde unas demandas que buscan dignificar la labor docente y fortalecer el sistema púlibo docente”.

La Comissió Paritària, posada en marxa amb la participació de representants de l'administració i els sindicats, ha decidit aquest dilluns per àmplia majoria que Miquel Roldán, el professor interí condemnat per assetjament a un exalumne a Mallorca, se sotmeti a una revisió mèdica que avaluï la seva disposició a seguir en contacte amb menors.

La decisió ha tirat endavant amb 11 vots a favor, dues abstencions i un vot en contra, tal com han assenyalat a Europa Press fonts presencials.

Amb això, el docent serà citat “aviat” a comparèixer davant l'òrgan de prevenció de riscos laborals de la Conselleria per iniciar l'examen facultatiu. A partir d'aquí, riscos laborals podria derivar el docent a un examen més concret, per exemple psiquiàtric.

La decisió de la paritària i el sotmetiment al reconeixement mèdic obre la porta que el docent, mestre al CEIP Maria Antònia Salvà de Palma, pugui ser finalment apartat del contacte amb menors.

Cal recordar que Roldán va ser condemnat a un any de presó i al pagament de 6.000 euros d'indemnització per assetjar un exalumne. La resolució, però, no va inhabilitar el docent, encara que advocats especialitzats consideren inadequat que el docent continuï exercint, tenint en compte que sempre han de primar l'interès superior del menor, la protecció i la garantia dels seus drets.

Arran de la seva reincorporació, les famílies han deixat de portar els seus fills al centre en senyal de protesta i reclamen mesures immediates per apartar el docent de l'ensenyament.