Alfonso Rueda lleva semanas intentando justificar el voto en contra del Partido Popular en el Congreso al traspaso a Galicia de la autopista AP-9, que va de Ferrol a Tui, en la frontera portuguesa. Este lunes, al término de la reunión semanal de su gabinete, el presidente de la Xunta ha insistido en que no aceptará la competencia sino es a “coste cero” y ha cargado contra el ministro de Hacienda, Arcadi España, por decir que el Gobierno gallego debe usar “su presupuesto, sus recursos y sus políticas” para gestionar la infraestructura. Rueda ha asegurado que incluso si Feijóo llega al Ejecutivo central, él mantendrá su posición al respecto.

PSOE, Sumar y BNG pactaron la ley de transferencia de la AP-9, que salió adelante en el Parlamento español con la oposición de PP y Vox. Se trata de una demanda histórica de la comunidad, cuya Cámara lo había reclamado por unanimidad en varias ocasiones. Alfonso Rueda sostiene, sin embargo, que el texto pactado no respecta esos acuerdos. La izquierda y los nacionalistas defienden que sí. “El ministro deja quedar en mal lugar a los partidos de la oposición, que dicen que viene con lafinanciaciónn asegurada”, dijo Rueda.

Socialistas y BNG remiten en realidad a la Comisión Mixta de Transferencias entre administraciones para acabar de concretar la operación. Es en ese órgano en el que se estudian las condiciones económicas del traspaso. La ley, en todo caso, fija una división de responsabilidades económicas: el Estado asumiría las derivadas de decisiones adoptadas antes de la transferencia y la Xunta, las derivadas de decisiones adoptadas tras la asunción de las competencias.

Fue el Gobierno de José María Aznar el que aprobó una prórroga de la concesión a Audasa de la autopista, que Europa ha declarado ilegal. Las consecuencias de esa ilegalidad todavía no se han hecho públicas. Rueda se comprometió este viernes a seguir demandando el “coste cero” aunque presida el Gobierno central Alberto Núñez Feijóo. “De lo contrario, yo no puedo aceptarla [la competencia]”, concluyó.

Dos personas han resultado heridas este mediodía tras la colisión entre un camión de reparto de gasoil y un coche en la N-232, en Agoncillo.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 12,45 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y la Empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando a su vez a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y Guardia Civil.

Finalmente, los dos heridos han sido trasladados al hospital San Pedro de Logroño.

Las obras de la variante de Logroño volverán a provocar afecciones al tráfico rodado durante las noches de esta semana, obligando al cierre temporal de tramos de la AP-68 entre Logroño y Navarrete. Los trabajos requerirán el desvío de vehículos en dos jornadas clave: el lunes 13 y el jueves 16 de julio.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus trayectos nocturnos con antelación y prestar especial atención a la señalización provisional.

Los cortes se realizarán en horario nocturno para minimizar el impacto en el tráfico diario, distribuyéndose de la siguiente manera:

Durante la noche de este lunes, la afección se concentrará exclusivamente en el sentido Bilbao, en el tramo comprendido entre los peajes de Logroño y Navarrete/Fuenmayor.

El plan de desvío se ejecutará de forma progresiva:

La AP-68 en el tramo Navarrete-Logroño sufrirá un corte a partir de las 22:00 horas de este martes por las obras de la variante de Logroño.

La afección, será entre los peajes de Navarrete/Fuenmayor y Logroño, sentido Zaragoza, desde las 22:00 horas hasta las 6:00 horas del miércoles día 8. Todo el tráfico se desviará por el peaje de Navarrete hacia la A-12 / LO-20, pudiendo reincorporarse a la AP-68, sentido Zaragoza, en el peaje de Logroño.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de consumar la “mayor traición a Galicia” de la historia reciente al votar en contra de la ley de transferencia de la titularidad y de la gestión de la AP-9 en el pleno del Congreso.

En concreto, el pleno de la Cámara baja ha aprobado este jueves la norma, que continuará su tramitación parlamentaria hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central. Solo PP y Vox han votado en contra. Si bien el origen de la ley surge en el Parlamento de Galicia, la polémica reside en que Xunta y el PP se quejan de que el texto pactado por PSOE, Sumar y BNG no respeta la literalidad de la norma que salió consensuada de la Cámara autonómica, por lo que los populares trataron de revertir este asunto a través de enmiendas, que finalmente fueron rechazadas.

En un comunicado difundido a los medios y recogido por Europa Press, Besteiro ha sostenido que la misma formación que privatizó la autopista, que bloqueó durante años su traspaso cuando gobernaba en Madrid, ha quedado este jueves una vez más sola, junto a Vox, para darle la espalda a la ciudadanía gallega.

“Feijóo y Rueda pasarán a la historia por esta traición a Galicia. No hay mayor cinismo en la política gallega. El PP privatizó la AP-9 en el año 2003, prorrogó la concesión en el 200, bloqueó durante años su transferencia cuando tenía dos gallegos al frente del Gobierno y del Congreso --Rajoy y Ana Pastor-- y ahora, cuando casi todo el Parlamento acuerda avanzar, vota en contra”, ha censurado.

El jefe de filas del PSdeG, que ha recordado que Feijóo era conselleiro “cuando hicieron todo ese daño y no dijo ni mu”, ha asegurado que ahora hace los mismo desde Madrid y Rueda desde Galicia y los ha emplazado a dejar de poner trabas a la tramitación legislativa del traspaso.

Besteiro ha insistido en que se llega a un día histórico como el de hoy porque “hay un Gobierno socialista en España, que es el que está haciendo posible el traspaso de la AP-9 y dando pasos decididos hacia su gratuidad”.

“Fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien desbloqueó la ley e implantó bonificaciones de hasta el 75% en las tarifas de la AP-9”, ha recordado para asegurar que si hoy los gallegos siguen “pagando peajes abusivos es por culpa de las decisiones del PP”.

Besteiro ha destacado que cuando el PSOE llegó al gobierno, propuso soluciones, mientras que ha acusado a los populares de “ponerse siempre en los problemas, en la marrullería y en el barro, diciendo una cosa en Galicia y haciendo la contraria en Madrid”, ha criticado.

El secretario xeral ha felicitado a la diputada Patricia Otero y al conjunto de los grupos que hicieron posible este paso que ha calificado de “histórico”. “Hoy es un buen día para Galicia. Un día que el PP eligió no festejar porque lleva décadas formando parte del problema”, ha concluido.

El incendio forestal en Logroño, junto a la autopista y la bodega Marqués de Vargas, ya está extinguido y ha dejado afectadas 7,5 hectáreas, según se ha confirmado hacia las 15.15 horas de este viernes, algo menos de 24 horas después del inicio del fuego.

Durante prácticamente toda la tarde de este jueves, un carril de la AP-68 en el punto kilométrico 135 Logroño y sentido Zaragoza ha quedado cortado por el incendio. Mientras tanto se se ha habilitado un desvío por la salida de Logroño por N-111, LO-20 y N-232 hacia Zaragoza. Sobre las 19.30 horas, se ha abierto la circulación en la AP-68 sentido Zaragoza en pk 135, en Logroño, aunque uno de los dos carriles en sentido Zaragoza (el derecho) ha permanecido cortado para facilitar labores a los recursos intervinientes en el incendio.

Han sido numerosas llamadas las que han alertado del fuego en el monte de La Rad en Logroño, ya que la columna de humo era visible desde muchos puntos de Logroño. Desde el Centro Coordinador se ha movilizado a los bomberos de Logroño, recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje: un helicóptero y CARIF, dos aviones de carga en tierra, dos agentes forestales, un técnico de coordinación , una autobomba con conductor y un retén forestal.

Asimismo, se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo, mantenimiento de carreteras de la AP-68 y Guardia Civil. En estos momentos, los recursos continúan actuando en el lugar y la superficie quemada alcanza las ocho hectáreas de monte bajo, todavía pendiente de conformación oficial.

El viñedo como cortafuegos

Este incendio ha afectado a una zona próxima a los viñedos de la Bodega del Marqués de Vargas. Durante la jornada de hoy viernes, la bodega está evalúando el impacto del fuego en su entorno, y señalan que la rápida respuesta de los servicios de emergencias, la involucración del equipo de bodega y la disposición del viñedo han contribuido muy positivamente al control del incendio en un corto período de tiempo. 

“La parcela más cercana al incendio, que contribuyó a frenar el avance del fuego, había sido labrada y desbrozada cinco días antes, por lo que no había presencia de cubierta vegetal seca en la superficie que favoreciera la propagación de las llamas”, explican desde la bodega, a lo que suman las características propias del viñedo, que en esta época del año presenta un alto contenido en agua y una estructura que evitó el avance del fuego. 

Además, el equipo de Marqués de Vargas señala que desde primer momento prestó su disponibilidad para ayudar a los servicios de emergencias y autoridades, poniendo a su disposición los medios disponibles de la bodega como equipos propios, para llegar a zonas de difícil acceso, y una cuba de 2.000 litros de agua para la carga de las motobombas. 

“Una vez más, los viñedos han demostrado su potencial, no sólo para elaborar vinos de calidad; sino como cortafuegos naturales. Gracias a la limpieza y el mantenimiento preventivo que realizamos de nuestro suelo, el fuego no pudo avanzar. Y, gracias a la labor de los grandísimos profesionales en sus labores de extinción, hemos contribuido a salvar el viñedo, nuestro paisaje y no lamentar daños mayores”, afirma Graciela Palacios, enóloga de Marqués de Vargas.

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a Galicia, que continuará su tramitación parlamentaria hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central. Solo PP y Vox han votado en contra.

El origen de la ley surge del Parlamento de Galicia, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia.

El nuevo texto que surgió tras el acuerdo dio pie a una proposición de ley orgánica, que sigue ahora su tramitación en el Senado hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central.

La polémica reside en que la Xunta de Galicia y el PP se quejan de que esta nueva ley no respeta la literalidad de la norma que salió consensuada del Parlamento de Galicia, por lo que los populares han tratado de revertir este asunto a través de enmiendas, que finalmente han sido rechazadas.

Durante el debate de la ley en el pleno del Congreso, el PSOE, Sumar y el BNG han celebrado la aprobación de esta “reivindicación histórica”, mientras que Vox ha reprochado al PP que, bajo su punto de vista, haya “comprado” el marco de los nacionalistas.

Además, Sumar y BNG han coincidido en reclamar además que la AP-9 puede ser “libre de peajes” para conseguir todas las aspiraciones relativas a esta vía gallega.

¿Qué dice el acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG?

Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley “la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia”.

Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.

También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, “singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria”; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.

Repercusiones económicas

Además, según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer “la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados”.

¿Cuándo asumirá la Xunta los costes?

En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

Finalmente, las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad autónoma no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y “cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga”.

La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado este martes el informe de la ponencia de la ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia, con el único rechazo de PP y Vox, por lo que continúa su tramitación en las Cortes y se eleva al Pleno de la Cámara Baja. El origen de la ley surge de un acuerdo unánime del Parlamento de Galicia, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar y, pese a que los socialistas habían presentado inicialmente enmiendas en otro sentido, incluye la cesión de la gestión y de la titularidad de la vía a la Xunta.

El acuerdo entre las tres formaciones llegó el día anterior a que se reuniera la ponencia para validarlo -paso que dio con el voto en contra de los populares (que alegan que el texto difiere del que salió del Parlamento de Galicia) y de Vox-. Ahora, este martes se ha ratificado la ponencia y se ha aprobado el informe para que la ley de la AP-9 continúe su recorrido parlamentario y se eleve al Pleno.

Durante la sesión de la Comisión de Transportes, PP y Vox han cargado contra el acuerdo alcanzado entre estas formaciones, mientras que BNG y Sumar han ido más allá del traspaso de la AP-9 y han insistido en su reivindicación de eliminar el peaje de la vía. Y es que el nuevo texto que surgió tras el acuerdo dio pie a una proposición de ley orgánica, que fue validada en la ponencia pese al voto en contra de PP y Vox. Es esta norma la que continua su tramitación en las Cortes hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central.

Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley “la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia”. Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Condiciones del traspaso

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista. También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, “singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria”; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.

Repercusiones económicas

Además, según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer “la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados”.

¿Cuándo asumirá la Xunta los costes?

En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”. Finalmente, las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad autónoma no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y “cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga”.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha tildado de “tomadura de pelo” el acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar para articular una ley que permita la transferencia de la AP-9 a Galicia, y ha advertido de que han modificado “de un plumazo” el pacto que salió del Parlamento gallego, al tiempo que ha advertido de que la Xunta no permitirá que Galicia tenga que asumir compromisos económicos “que le corresponden al Gobierno del Estado”.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, antes de participar en un almuerzo coloquio con empresarios en Vigo. La conselleira ha lamentado que este martes, en la ponencia previa a la Comisión de Transportes del Congreso, “se cambió totalmente” la proposición de ley orgánica acordada por unanimidad de las fuerzas parlamentarias gallegas, y ha recordado que la cámara autonómica acordó solicitar la transferencia de la autopista con una serie de condiciones.

Martínez Allegue ha señalado que las enmiendas de BNG, PSOE y Sumar–del que ha cuestionado “qué pinta” en Galicia, donde no tiene representación política en el Parlamento–, han supuesto una modificación “de un plumazo” de la decisión adoptada.

Así, ha señalado que, con esos cambios, ya no es el Estado el que tiene que asumir el 1% de incremento tarifario anual hasta 2037, ni el compromiso de incremento de bonificaciones, o que ha de ser Galicia la que asuma la decisión que salga de la Comisión Europea al respecto de la legalidad de las prórrogas de la concesión. “Algo que es totalmente inusual y se aparta totalmente de lo adoptado por el Parlamento gallego”, ha remarcado.

“Desde luego, desde el Ejecutivo gallego, no permitiremos esta tomadura de pelo (...). Esta Comunidad Autónoma no está dispuesta a afrontar compromisos económicos que le corresponden al Gobierno central”, ha advertido la conselleira.

Al respecto, Martínez Allegue ha apuntado directamente al BNG, y ha señalado que “llama poderosamente la atención” que los nacionalistas hayan “cambiado lo acordado” en el Parlamento gallego y permitan que sea Galicia la que asuma esos compromisos económicos que debe afrontar el Ejecutivo central, y a los que se ha referido advirtiendo de que suman “una cuantificación muy importante”.

“Lo que está haciendo el BNG es una propaganda torticera desde un punto de vista político de una transferencia que, por supuesto, venimos demandando todos los gallegos, pero con unas condiciones económicas que no deben ser asumidas por los gallegos y gallegas”, ha sentenciado.

Política de vivienda

La conselleira hizo estas manifestaciones antes de participar en un almuerzo coloquio con empresarios, en el que ha hecho balance de las políticas de vivienda de la Xunta, y en el que ha hecho un llamamiento a “sumar esfuerzos” para hacer frente a este “desafío”.

Martínez Allegue ha asegurado que la Xunta ya tiene “en marcha” las 4.000 viviendas públicas comprometidas para esta legislatura, de las que en torno a un millar están en Vigo.

Asimismo, ha puesto en valor la reciente aprobación del plan de impulso a la vivienda protegida, con medidas para facilitar el acceso de las familias a las viviendas públicas y para incentivar al sector a construir este tipo de infraestructuras.

Las enmiendas pactadas por PSOE, BNG y Sumar para articular una ley orgánica para transferir la AP-9 a Galicia han salido adelante y han sido aprobadas en la reunión mantenida en el Congreso por la ponencia que trabaja en el texto, que va a continuar su tramitación. Pero lo hará con el voto en contra del PP y de Vox, según informa Europa Press. El resto de los grupos, incluidos Bildu, ERC, PNV y Junts dieron su respaldo a la iniciativa.

El texto acordado incluye la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico, aunque el Gobierno gallego, con el presidente Alfonso Rueda al frente, ya había dejado en el aire el respaldo de los populares al entender que rebaja condiciones económicas y no coincide plenamente con la ley que fue acordada por la unanimidad de todos los grupos con representación en el Parlamento gallego. El pacto incluye también que la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a Audasa -la empresa concesionaria-, las obligaciones con repercusiones económicas derivadas de la aplicación de la concesión en vigor y motivadas por decisiones durante su periodo de competencia.

En cuanto a la Xunta, el acuerdo cerrado determina que asumirá “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

Mientras los impulsores defienden que el pacto es fiel -aunque no idéntico en la redacción- a la ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, el Gobierno gallego y los populares consideran que las variaciones son suficientes para oponerse. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, afirmó que la Xunta no aceptará que se “desvirtúe” el texto unánime que salió en su día de la Cámara autonómica.

El 'no' de populares y de Vox, en todo caso, no ha bastado para evitar que el resto de grupos de la ponencia aprobasen el informe que recoge lo expresado en las enmiendas, de forma que continuará la tramitación, primero en la Comisión de Transportes y luego en el pleno del Congreso -donde al tratarse de una ley orgánica necesitará la mayoría absoluta (176 apoyos) para que resulte aprobada-.

Fuentes de Sumar han explicado que fuera de debate quedarán finalmente las enmiendas sobre mariscadoras y minería que abogaban por incluir en el texto, aun no estando directamente vinculadas con la AP-9 (según han trasladado, el PP se abstuvo y el PSOE votó en contra).

Con respecto a la AP-9, los impulsores del acuerdo confían en que el escenario que se visualizó en la ponencia este martes se mantenga en futuros debates -lo que permitiría que superase las distintas 'pruebas', incluida la aprobación del pleno del Congreso-. Aun así, la norma aún tendría que pasar por el Senado (donde los populares tienen mayoría absoluta) antes de recibir luz verde definitiva.

Concluida la ponencia, el PPdeG emitió un comunicado en el que justifica el voto en contra del partido y exige “que se mantenga el texto acordado por unanimidad” en el Parlamento gallego. “Lo único que se evidencia es el interés de estos grupos de marginar al principal partido de Galicia, que gobierna en la comunidad, tiene mayoría en el Parlamento y es la primera fuerza del Congreso”, señalaron los diputados Celso Delgado, Pedro Puy y Tristana Moraleja.

“El Gobierno debe seguir financiando los compromisos adquiridos, dotando a la Xunta de medios financieros para ampliar las bonificaciones de los peajes en un vial cuya concesión a Audasa finaliza en 2024, salvo que el Tribunal Superior de Justicia de la UE determine lo contrario; y suprimir el incremento tarifario del 1% que se aplica desde 2019”, reclaman los populares

Aseguran que les genera especial preocupación que no figure en el acuerdo la disposición “en la que se obligaba al Gobierno a asumir obligaciones económicas y financieras en el caso de que se declarase la nulidad de las prórrogas mediante las que se acordó la ampliación del periodo concesional”.

Por su lado, socialistas y nacionalistas celebraron el paso adelante y criticaron la postura de PP y Vox, a los que acusan de intentar “reventar el acuerdo”. “Hoy dimos un paso decisivo para que la AP-9 sea, por fin, una autopista gallega”, manifestó la diputada del PSOE en el Congreso Patricia Otero. El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro reivindicó el papel de los socialistas gallegos en lo que ha calificado de avance. Añadió que es incomprensible que el PP se haya opuesto.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, consideró “una nueva traición” a los intereses de Galicia el voto en contra del PP y tachó de “pretextos formales” los argumentos para oponerse. También ha destacado que la propuesta final “respeta el autogobierno gallego”, en la medida en que establece que la concreción de lo recogido en la ley debe producirse en la negociación bilateral en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado.

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, ha dejado en el aire el apoyo de su partido al pacto anunciado entre PSOE, BNG y Sumar para el traspaso de la autopista AP-9 a la comunidad. No ha revelado si tendrá o no su respaldo, a la espera de determinar si los términos del cuardo son los mismos que contenía la iniciativa aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego.

“Ahora vemos que los que la estaban bloqueando [la transferencia] anuncian que está desbloqueada. Veremos si eso es cierto y si está en los términos que acordó el Parlamento”, dijo, en respuesta a preguntas de los periodistas durante su comparecencia tras la reunión semanal de su gabinete. Rueda considera que, para aceptar la propuesta el Gobierno central tiene que seguir financiando los compromisos que ha adquirido estos años y dar medios financieros a Galicia para ampliar bonificaciones. Además, reclamó que se suprima el incremento de la tarifa del 1% anual durante 20 años acordado durante la etapa de Zapatero como presidente, un punto que, según recoge Europa Press, no aparece expresamente en el pacto anunciado este lunes.

Si no aparecen todas las condiciones aprobadas en el Parlamento gallego, el presidente de la Xunta considera que el PP y el resto de grupos que apoyaron el acuerdo autonómico están en la obligación de rechazar el pacto estatal por estar “incompleto”.

Las negociaciones de las últimas semanas en el Congreso de los Diputados han derivado en que PSOE, BNG y Sumar han pactado un texto sobre la ley de la AP-9 que incluye, según los propios partidos, que se transfiera no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a Galicia, en la línea de lo que pide el Parlamento gallego.

Las tres formaciones reivindican su papel en la negociación que ha dado pie a un acuerdo que, en palabras del diputado del BNG, Néstor Rego, constituye “un paso muy importante” porque implica “que se transfiere la titularidad” y “todas las competencias”, según recoge Europa Press. El acuerdo se ha anunciado a las puertas de que este martes se reúna la ponencia llamada a validarlo.

El paso se hará a través de “una enmienda transaccional” que “respeta fundamentalmente”, sostiene Rego, “las propuestas realizadas por el Parlamento de Galicia y que implica la transferencia de la titularidad de la AP-9 y la salvaguarda de que el Estado asume todas las consecuencias, también las económicas, de las decisiones tomadas sobre la vía”. Esto “implica una hipotética finalización de la concesión como consecuencia del expediente abierto por la UE debido a la irregularidad de las prórrogas realizadas”, manifestó.

El PP, aunque no está dentro del acuerdo, ha declarado en anteriores ocasiones que está dispuesto a apoyar un texto que preserve el espíritu de la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia.

La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha adjudicado la ejecución de las obras del tercer carril de la autopista TF-5 entre Guamasa y el aeropuerto del norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la unión temporal de empresas Ferrovial Construcción y Asyota. Los trabajos tienen un presupuesto de 66.401.344 euros y afectarán a 3 kilómetros de vía.

El proyecto, según el ejecutivo de CC y PP, permitirá mejorar la capacidad y la fluidez del tráfico en uno de los puntos más congestionados de la red viaria insular.

La intervención permitirá ampliar de dos a tres carriles este tramo de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, con lo que “se favorecerá una mayor capacidad de absorción del tráfico y unas mejores condiciones de circulación para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía”.

El proyecto contempla, además, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el aeropuerto de Tenerife Norte.

Esta nueva configuración permitirá, señala el Gobierno, separar los tráficos con origen y destino norte y sur, sustituyendo el actual sistema, basado en un único acceso, por una estructura más eficiente con conexiones diferenciadas.

De esta manera, los vehículos procedentes del norte podrán acceder directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace y se evitará continuar hasta San Lázaro, como sucede actualmente.

Esta reorganización, asegura el Gobierno canario, permitirá reducir la carga circulatoria en el tramo más saturado de la TF-5 y contribuirá a mejorar de forma significativa la fluidez general del tráfico. 

Más de 66 millones para 3 kilómetros: “Una tomadura de pelo”

El PSOE de Tenerife ha criticado con dureza el proyecto de este tercer carril pues afectará solo a tres kilómetros de vía, cuando el proyecto anterior presentado por este partido era más extenso, con trabajos desde La Orotava hasta La Laguna. “Nos parece preocupante y una tomadura de pelo”, manifestó Tamara Raya, la secretaria general del PSOE de Tenerife, en una entrevista el pasado mes de abril.

Raya explicó que con el proyecto anterior no se interrumpiría el tráfico en la autopista mientras durasen las obras, pero que con el nuevo “quieren desplazar el eje de la autopista y uno de los carriles que viene sentido Puerto ponerlo sentido Santa Cruz y la carretera general convertirla en un carril de la autopista”.

Por eso, la secretaria general del PSOE pidió entonces explicaciones al Gobierno canario. Además, recordó que no se han ejecutado el 40% de los proyectos de carreteras de la isla mientras el problema de movilidad “se ha agudizado de una manera muy notable”.

Un joven de 21 años resultó herido grave este jueves tras una colisión en la que se vieron implicados tres vehículos en la autopista TF-1, a la altura del municipio de Arico y en sentido sur.

El accidente ocurrió sobre las 05:15 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta informando del choque, en el que también estuvo implicada una furgoneta.

El afectado más grave, un joven de 21 años, presentaba politraumatismos y fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Además, otro hombre de 51 años sufrió policontusiones de carácter leve y fue evacuado al Hospital Parque, mientras que un tercer implicado fue atendido en el lugar con contusiones leves.

En el operativo intervinieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras. La Guardia Civil instruyó las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Para el mercado laboral y el urbanismo de Estados Unidos, el norte de California es sinónimo de idealismo tecnológico. Silicon Valley se ha transformado en el epicentro mundial de la innovación. Empresas ‘startup’, inversores y gigantes tecnológicos como Apple, Google, Meta y Tesla han creado un enorme ecosistema digital con tentáculos globales. Pero para quienes habitan este codiciado suelo, esta utopía tecnológica está generando muchos dolores de cabeza. Algunos visibles, como el exorbitante precio de las viviendas y la expulsión de miles de vecinos, imposibilitados de afrontar el nuevo coste de vida. Y otros más imperceptibles, como el aumento del efecto de isla de calor, fenómeno por el cual las ciudades son más calientes que las zonas verdes cercanas. Ahora, un grupo de científicos ha encontrado un ingrediente extra para esta asfixia: la expansión de la red de autopistas.

En solo cinco años, California ha sumado 885 kilómetros de nuevos carriles para, en parte, satisfacer la llegada masiva de trabajadores de la industria tecnológica. Ante esta inédita expansión vial, tres investigadores del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad de California Santa Cruz se preguntaron si el nuevo asfalto podría estar incrementando el calor urbano.

Seleccionaron once proyectos de ampliación de autovías. Luego, aplicaron un enfoque estadístico novedoso: datos de temperatura superficial terrestre (TST) a través de la herramienta Google Earth Engine y una metrología obtenida mediante teledetección térmica para cuantificar los impactos ambientales de estas carreteras. Este cruce de variables les permitió a Bo Yang, Owen Hussey, Serena Alexander, los tres autores del estudio, estimar la intensidad del efecto de isla de calor urbana un año antes y un año después de la construcción de estas autopistas.

Hallaron un calor urbano “potenciado y exacerbado” por el nuevo uso de los suelos. El modelo utilizado les permitió a los científicos aislar el efecto de las autopistas, manteniendo constantes otros factores (velocidad del viento, el albedo, días nublados, lluvias). En algunos casos, los nuevos caminos elevaron la temperatura en 2º C.

Estos proyectos de carreteras –desde la suma de carriles hasta la instalación de barandillas de seguridad– representaron entre el 70% y el 88% de la creciente disparidad de calor que los investigadores encontraron a través de su análisis. “¿Estos resultados revelan que no debemos construir autopistas?”, pregunta Alexander, experta en política ambiental y desarrollo urbano. Su respuesta es que no, que en muchos casos la expansión vial es necesaria. “Pero tenemos que ser conscientes de estos impactos y mitigarlos”, aclara.

En el estudio, los tres autores resaltan que los resultados obtenidos son “fundamentales en la configuración de futuras decisiones sobre infraestructura de transporte”. “Esta investigación respalda un cambio de paradigma hacia prácticas de desarrollo urbano más sostenibles y ambientalmente responsables”, subrayan.

No basta, dicen estos expertos, con poner la lupa en las vastas extensiones de asfalto y hormigón dentro de las ciudades. Tampoco en cómo los grandes y densamente agrupados edificios dificultan la circulación del aire e intensifican el efecto de isla de calor urbano. “Las autopistas también contribuyen a este fenómeno”, insisten.

Proponen tres medidas para las futuras construcciones: la implantación de zonas verdes a lo largo de las autopistas, la preservación de la vegetación cerca de los corredores de transporte y el uso de materiales reflectantes o permeables en el diseño de infraestructura. “Las autopistas no solo afectan al tráfico o a las emisiones, modifican el clima urbano de forma directa, y eso debería incorporarse a la planificación”, resume Alexander.

España, líder en la construcción de nuevas autovías

Para estos científicos californianos es “muy probable” que en otras regiones y países ocurra lo mismo en caso de extrapolar la investigación. Son varias las investigaciones que sitúan a las principales ciudades españolas en el mapa global del calor urbano. Según el estudio Urban Heat Snapshot realizado en 2023 por la consultora internacional Arup, especializada en desarrollo sostenible, Madrid es una de las grandes urbes del mundo que presenta una mayor diferencia térmica entre el centro urbano y sus alrededores (hasta 8,5 Cº).

Ese mismo año, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) publicó una investigación internacional en The Lancet sobre la estrecha relación entre muertes prematuras y el estrés térmico que genera la sustitución de la superficie natural por hormigón y asfalto. En España, Barcelona es la ciudad con una mayor tasa de muertes prematuras atribuibles al efecto de la isla de calor (con una tasa de 14,82%), seguida de Málaga (12,39%) y Madrid (12,27%):

José Antonio Sobrino es catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València José Antonio y líder de un proyecto europeo que pretende medir el efecto de este fenómeno desde el espacio por medio de productos infrarrojos térmicos (TIR). Este experto lleva años estudiando los impactos térmicos del cemento dentro de los tejidos urbanos. Ninguna de sus investigaciones se ha centrado en “infraestructuras aisladas”, como la de sus colegas californianos.

“Es indudable que los materiales artificiales y las superficies impermeables forman parte del problema asociado a la isla de calor urbana”, dice sobre el impacto de las autopistas. Califica de “interesante” este nuevo enfoque aunque “ambicioso” en sus conclusiones. A su juicio, los incrementos locales de temperatura superficial de una infraestructura y el concepto de isla de calor urbana en términos poblacionales “no necesariamente son equivalentes”.

Lo cierto es que para España –epicentro global de este efecto climático y líder europeo en nueva infraestructura vial– la evidencia obtenida en California no deja de ser “sugerente”. Según datos de Eurostat, España es el país de la Unión Europea con más kilómetros de autovías y autopistas desde 2007 y ya suma casi 16.000 kilómetros después de multiplicar por 2,4 veces su red de vías interurbanas desde 1990.

Según el registro de la oficina estadística de la UE, España tiene un total de 15.929 kilómetros de autovías y autopistas en 2024 por delante de Alemania (13.223 kilómetros) y Francia (11.751). La serie histórica de Eurostat permite dimensionar el crecimiento de la península ibérica. En 1990, España ocupaba el cuarto puesto con 4.693 kilómetros de vías de alta capacidad, por detrás de Alemania (10.854), Francia (6.831) e Italia (6.193). Tres décadas después, lidera la planilla. El 70,5% de los kilómetros que hay ahora se han construido desde entonces.

Pavimentos refrigerantes

Sobre cómo mitigar el impacto que la construcción de carreteras tiene en las islas de calor urbanas, los tres científicos californianos sugieren “crear franjas verdes a lo largo de las autopistas con césped, arbustos y árboles que proporcionen sombra”. Sin embargo, esta solución no es suficiente.

El pavimento refrigerante -también llamado “asfalto frío”- es otra medida que, según los autores de esta investigación, puede ayudar a que los termómetros no se disparen. Un estudio piloto de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) realizado en otro Estado, en Arizona, reveló que el asfalto convencional puede alcanzar temperaturas máximas de 67 °C al mediodía. La utilización de este otro pavimento logró reducir la temperatura de la superficie de las carreteras entre 5 y 8 °C.

Esta tecnología utiliza materiales de pavimentación que reflejan más energía solar y mejoran la evaporación del agua. Se fabrica con mezclas asfálticas con ligantes claros o aditivos especiales, como césped.

Barcelona es una de las primeras ciudades de España en implementar esta solución con una prueba piloto en tres calles de la ciudad. En algunos tramos, la repavimentación se realizó con materiales convencionales. En otros, se colocó el nuevo aglomerado reflectante. “Esta configuración permitirá comparar, de forma directa, las diferencias de temperatura y comportamiento térmico entre los dos materiales y en condiciones reales de uso urbano”, explican desde el ayuntamiento

El nuevo pavimento, desarrollado con el apoyo técnico de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), “tiene la capacidad de reflejar una mayor parte de la radiación solar en comparación con el asfalto convencional, cosa que ayuda a disminuir el calentamiento de la superficie y, por lo tanto, la temperatura ambiental del entorno inmediato”, detallan los técnicos del consistorio. 

La iniciativa, puesta en marcha en junio del año pasado, forma parte de las actuaciones previstas dentro del programa Pla Clima de Barcelona, la hoja de ruta municipal para adaptar la ciudad al cambio climático. Si se confirma que el nuevo pavimento contribuye de manera efectiva a mejorar el confort térmico del espacio público -los resultados de la prueba estarán a finales de año-, se implementará de forma progresiva en otras zonas de la ciudad.

La autopista AP-7 de la Costa del Sol ha alertado de un intento de estafa por SMS, un método conocido por los especialistas como smishing, en el que los ciberdelincuentes simulan ser una entidad legítima con el objetivo de robar información privada o realizar un cargo económico. En este caso, se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Así lo ha reportado la empresa concesionaria en un comunicado, donde detalla que algunos usuarios han recibido un mensaje en sus teléfonos móviles, enviado a través de una cuenta denominada DGTInfo.

En esta comunicación por mensaje SMS aparece el siguiente texto: “Peaje AP-7 no abonado”. También se reporta la marca, el modelo y la matrícula del vehículo. Por último, se detalla la cuantía que el conductor, supuestamente, adeuda. 

Como en este tipo de estafas, los ciberdelincuentes intentan que el afectado tenga poco tiempo para pensar y que pique. Por eso, a continuación, se reclama al afectado el pago en 24 horas, bajo amenaza de una sanción de doscientos euros. Para abonar el dinero, se incluye un enlace abreviado que conduce a la plataforma de pago fraudulenta.

Todo es un engaño, recuerda la compañía Ausol, quien gestiona las dos concesiones de la AP-7 entre Málaga, Marbella y Guadiaro. No hay que prestar atención al mensaje y tampoco hay que acceder al enlace adjunto que aparece en el SMS. 

Nuevo engaño a costa de la DGT

No es la primera vez que los ciberdelincuentes intentan suplantar la identidad de la DGT, un organismo acostumbrado a emitir multas y otro tipo de sanciones cuando se refiere a cuestiones relacionadas con el tráfico. Y utilizan cualquier método a su alcance, tanto el envío de un SMS como de un correo electrónico. En ambos, se reclama el pago de un dinero pendiente. 

Sin embargo, desde Ausol, recuerdan que se trata de fraudes. En el caso de la DGT, la dirección, dependiente del Ministerio del Interior, advierte de que los avisos de sanciones de tráfico no se reciben nunca mediante mensajes de texto ni correos electrónicos, sino que solo se comunican oficialmente por correo postal o a través de la plataforma conocida como Dirección Electrónica Vial (DEV).

El Gobierno de Asturias acudirá a la vía judicial para defender los intereses generales de la ciudadanía ante la situación de “degradación sustancial, sostenida y generalizada” del servicio de la autopista del Huerna, la AP-66 que comunica Asturias con León.

Un deterioro de la infraestructura que viene arrastrando como consecuencia de la ejecución simultánea de obras, las restricciones de capacidad y las limitaciones de velocidad. Una serie de irregularidades a las que se suma, además, que se sigue imponiendo el pago del peaje completo, a pesar de todos estos inconvenientes que sufren los usuarios.

Los requerimientos

El Principado así lo ha anunciado tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes en Oviedo. El Ejecutivo autonómico, que preside el socialista Adrián Barbón, ha acordado dar el paso previo a la vía contencioso-administrativa a través del envío de requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la concesionaria Aucalsa.

El acuerdo se ha difundido además a través de las redes sociales. A continuación reproducimos el post publicado en X.

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha señalado que, en función de la respuesta que ofrezca el Ministerio, se valorará la decisión de acudir a la vía judicial y ha advertido de que Transportes tampoco ha respondido todavía a la revisión de la solicitud de nulidad del decreto que prorrogó el peaje hasta 2050.

El Consejo de Gobierno debatió este asunto tras analizar previamente las actuaciones inspectoras realizadas por la Dirección General de Consumo, cuyo informe ha sido ratificado y ampliado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

La degradación de la autopista

El Principado ha constatado esta situación de degradación de la autopista que, según expone, “afecta de manera grave al funcionamiento del corredor y resulta incompatible con las condiciones exigibles a un servicio público esencial”.

A través de una nota oficial, asegura que los informes elaborados acreditan la concurrencia prolongada de múltiples incidencias a lo largo del trazado que incluyen “reducciones de carril, desvíos provisionales y limitaciones de velocidad en tramos significativos, de modo especial en túneles y zonas de montaña”.

El impacto

Todas estas circunstancias provocan un impacto directo y severo en la capacidad de la vía, los tiempos de recorrido y las condiciones de seguridad, lo que a juicio del gobierno regional configura una situación de deterioro significativo de la infraestructura.

Además, al Principado no le consta que se haya evaluado de manera adecuada el impacto real acumulado de estas afectaciones, “ni desde la perspectiva de las personas usuarias ni desde el punto de vista de la actividad económica, la logística y la cohesión territorial, ámbitos en los que esta infraestructura desempeña una función estratégica esencial”.

Medidas correctoras

El Ejecutivo autonómico sostiene que esta situación no resulta compatible con los estándares ordinarios exigibles a una autopista de peaje y le plantea dudas fundadas sobre la adecuación del régimen tarifario al servicio efectivamente prestado, en relación con el principio de proporcionalidad.

En este contexto, el requerimiento dirigido al ministerio en su condición de Administración concedente exige la adopción inmediata de medidas efectivas para corregir la situación, incluido el restablecimiento de condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario en relación con el nivel real de prestación y la fijación de un calendario cierto, detallado y verificable de finalización de las actuaciones.

Asimismo, desde el Principado se requiere al ministerio que ejerza de manera efectiva sus funciones de supervisión y control sobre la concesión.

Revisión de la planificación

Por su parte, el requerimiento dirigido a Aucalsa reclama la revisión inmediata de la planificación de las obras y actuaciones en curso, con el fin de evitar la actual acumulación de incidencias, así como la adopción de medidas concretas para restablecer niveles adecuados de servicio.

Igualmente, se requiere la remisión de información técnica sobre el calendario, ejecución y plazos de los trabajos, así como una evaluación cuantificada de su impacto sobre la capacidad de la infraestructura y los tiempos de recorrido.

Los derechos de los usuarios

El Gobierno de Asturias subraya que estos requerimientos tienen carácter previo a la vía judicial y constituyen una actuación necesaria para defender el interés general y los derechos de las personas usuarias ante la situación actual de la infraestructura.

No obstante, advierte que en el caso de no obtener una respuesta que considere “adecuada”, interpondrá el correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa competente.

La impugnación de la prórroga

Este procedimiento se circunscribe a las condiciones actuales de prestación del servicio. El Ejecutivo recuerda que esta reclamación se tramita de manera paralela e independiente de las actuaciones ya iniciadas para impugnar la prórroga de la concesión del peaje del Huerna mediante una solicitud formal de revisión de oficio.

“Se trata de vías distintas y compatibles en defensa del interés general y de los derechos de la ciudadanía asturiana”, corrobora el Gobierno de Asturias.

El tráfico en la autopista AP-9 aumentó un 4,7% en 2025 mientras la concesionaria, Audasa, incrementó su beneficio un 11,7%, hasta 100,81 millones de euros, según recoge el informe de auditoría remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado antes de impuestos alcanzó los 134,4 millones (+11,67%).

En un comunicado recogido por Europa Press, Audasa destaca que la AP-9 registró en 2025 una intensidad media diaria de peaje de 24.757 vehículos, un 4,7% más que en el año anterior.

Resalta que las cuentas reflejan una cifra de negocio de 232 millones de euros (un 12,2% más respecto a 2024), de los que 228 millones corresponden a ingresos por peajes y 4 millones a ingresos procedentes de las siete áreas de servicio.

De acuerdo con los datos de la compañía, de los ingresos de peaje de la AP-9, el cliente medio abona un 57,6% y el 42,4% restante está sufragado por las bonificaciones del Gobierno central, los descuentos que financia Autopistas del Atlántico (10,4 millones de euros) y por los peajes en sombra. “En total, de los 228 millones de ingresos por peajes, 97 millones no son pagados por los conductores”, asegura.

La empresa ha realizado en 2025 inversiones por 11,2 millones de euros “tanto en mejora y mantenimiento de la infraestructura como en inversiones medioambientales”, según resalta.

Entre las inversiones de infraestructura destaca las obras de mejora en el firme de la carretera o las modernizaciones de los viaductos de Portas, Solláns, Trasmañó y la renovación de la pasarela de Elviña.

Las inversiones medioambientales incluyen la gestión de la vegetación en el entorno de la autopista con más de 5 kilómetros cuadrados y con 6.700 toneladas de vegetación tratada.

Además, Autopistas del Atlántico reivindica que mantuvo en 2025 su “vínculo con Galicia” a través de su red de proveedores y asegura que destinó 16 millones de euros a compras a empresas locales, que concentran el 79% del total, dentro de un tejido de 628 colaboradores.

La concesionaria de la AP-9 elevó su plantilla hasta los 320 profesionales en los periodos de mayor actividad y superó las 6.200 horas de formación dirigidas a su personal, según sus números. Añade que las mujeres representan el 50% de la plantilla y ocupan el 43% de los puestos directivos y mandos intermedios.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha apostado por reducir la tasa de alcoholemia hasta el 0,0 y rebajar el límite de velocidad que se considera delictivo para conducir, y ha descartado volver a introducir los peajes en la autopista AP-7, una de las vías más saturadas.

En una entrevista con la Agència Catalana de Notícies (ACN), Parlon ha explicado que la mayoría de accidentes son por exceso de velocidad o por consumo de alcohol y drogas, además de la falta de descanso de los vehículos de mercancías.

“La mejor tasa de alcohol es la cero, porque es la que nos evita la accidentalidad”, ha remarcado la consellera, que se ha mostrado “totalmente partidaria” de regularlo después de que el Congreso tumbara, con los votos de PP, Vox, ERC y UPN, la ley para reducir a 0,1 la tasa de alcohol al volante.

Parlon ha destacado que el número de accidentes de tráfico se ha reducido, pero ha insistido en que “no es suficiente”. “Una única víctima mortal es una muy mala noticia por el sistema”, ha concluido.

“Nosotros trabajamos para concienciar a la ciudadanía de que no consuma alcohol ni drogas cuando coge el vehículo. Lo mejor es no consumir”, ha ahondado Parlon, quien ha subrayado que una víctima mortal ya no es solo la persona que pierde la vida, sino el daño que se causa a su familia. Por ello, las últimas campañas de Tráfico recogen testimonios reales de personas que han perdido a un familiar.

En los tres primeros meses del año murieron en las carreteras catalanas interurbanas 22 personas, un 45% menos que en el mismo periodo de 2025. El 59% fueron colectivos vulnerables (nueve motoristas, un ciclista y tres peatones).

La consellera también ha defendido la iniciativa del Gobierno para reducir el límite de velocidad a partir del cual se considera delito conducir. Ha remarcado que es una propuesta que piden asociaciones de familiares de víctimas, y ha argumentado que el exceso de velocidad es “uno de los elementos que hace que los accidentes no solo sean graves, sino que sean mortales”.

“El incremento de la mortalidad en los accidentes viene muy marcado por el exceso de velocidad”, ha agregado Parlon. El Congreso aprobó la semana pasada la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que endurece el castigo por superar los límites máximos de velocidad.

La medida propone reformar el Código Penal para que quienes conduzcan a una velocidad superior en 50 km/h en vías urbanas o en 70 km/h en interurbanas sean castigados con una pena de prisión de tres a seis meses, una multa de seis a doce meses o con trabajos comunitarios de 31 a 90 días. Hasta ahora, para considerarse delito era necesario sobrepasar en 60 km/h en vías urbanas y los 80 km/h en interurbanas la velocidad permitida. También se quiere retirar el carné de conducir por un mínimo de un año y un máximo de cuatro.

De cara al operativo para la Semana Santa, la consellera ha explicado que un dispositivo de más de 1.500 agentes de los Mossos d'Esquadra realizarán distintos controles y darán indicaciones en las vías. Habrá un operativo específico para conductores vulnerables, con controles para reducir la siniestralidad de motoristas, y también están previstos tres medios aéreos que seguirán toda la operación.

La consellera ha remarcado que una parte importante de los accidentes se produce por salidas de vía, y esto habitualmente es fruto de un descuido o del cansancio del conductor porque no ha hecho los descansos necesarios.

En cuanto al caso concreto de la AP-7, una de las vías con mayor accidentalidad y retenciones, Parlon ha recordado que en el futuro se harán obras, se mejorarán las salidas y se construirá un tercer carril entre Hospitalet de l'Infant y Amposta (Tarragona). A su juicio, esto permitirá que la autopista pueda estar “más oxigenada”, especialmente en cuanto a vehículos de mercancías.

“Lo importante es que seamos capaces, aparte de hacer estas mejoras en la infraestructura, de respetar los límites de velocidad y respetar los descansos”, ha remachado. Por ello, ha recordado que se han ido introduciendo diferentes reducciones de velocidad en algunos tramos, como el tramo entre Calafat y Amposta.

La empresa Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), cobró de forma íntegra el peaje a 1,8 millones de conductores, pese a que no presta el servicio adecuado desde que, en noviembre de 2024, se produjo un desprendimiento que mantiene la vía en obras.

Esta es la estimación que baraja la Dirección General de Consumo de Asturias, que calcula que en los 16 meses transcurridos desde que cayó el argayo, la empresa ha llegado a ingresar en sus arcas hasta 29,6 millones de euros.

Sin rapidez, seguridad, ni fluidez

El Gobierno regional asegura que la empresa está percibiendo unos ingresos de forma indebida por circular por una autopista que es la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, sin que ofrezca las condiciones de “rapidez, seguridad y fluidez”.

El argayo cortó parte de la autopista y obligó a crear un bypass provisional en tanto se ejecutan las obras de estabilización del talud, por lo que las obras que se están acometiendo para la modernización de sus túneles obligan a circular a una velocidad mucho menor de lo que permite una autopista.

El requerimiento

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico no se limita a constatar una situación que ha provocado las quejas de miles de conductores y organismos, sino que ha ido más allá.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este miércoles que la Dirección General de Consumo ha remitido un requerimiento formal a Aucalsa, tras constatar las deficiencias en la prestación del servicio en esta infraestructura.

Las futuras actuaciones

En este requerimiento, solicita información detallada a la concesionaria sobre la situación de la autopista, la planificación, la duración de las obras en curso, así como la justificación del cobro íntegro del peaje.

La empresa dispone de plazo hasta el próximo martes, día 31 de marzo, para presentar alegaciones, que serán analizadas posteriormente por el Principado antes de determinar posibles actuaciones.

Las reclamaciones

El consejero ha explicado que la actuación se produce tras la recepción de varias reclamaciones de usuarios, tanto a título individual como colectivo, a través de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), y de la realización de inspecciones por parte del servicio de Consumo en los meses de enero y febrero, que han permitido verificar las afecciones denunciadas.

Entre otras, destacan las limitaciones de velocidad, las retenciones, las obras simultáneas y las deficiencias en la señalización.

Una vía sin condiciones adecuadas

Ovidio Zapico considera que existen indicios de que se podría estar cobrando por un servicio que no se presta en condiciones adecuadas y ha resaltado el hecho de que esta situación irregular se está prolongando en el tiempo, lo que genera un malestar generalizado entre la ciudadanía.

“El Gobierno de Asturias está con las personas usuarias y consumidoras. ¿Quién no se ha indignado al pasar por ahí? Yo creo que es de sentido común y es vergonzoso. ¿Quién no se siente violentado al pagar el peaje en su integridad?”, ha interpelado.

El precedente en Galicia

Zapico ha recordado además que existe un precedente reciente del Tribunal Supremo (TS) en relación con la autopista AP-9, en Galicia, donde se determinó la improcedencia de cobrar íntegramente el peaje durante la ejecución de obras que afectaban a la normal circulación.

“Hay coincidencias evidentes entre ambos casos”, ha admitido el consejero aunque se muestra cauto, a la espera de la respuesta que ofrezca la empresa concesionaria en sus alegaciones.

Las inspecciones técnicas

Por su parte, el director general de Consumo, Faustino Zapico, ha coincidido con el consejero en que desde la concesionaria se está cobrando la totalidad de un servicio que no se está prestando plenamente.

Asimismo, ha detallado que las inspecciones técnicas realizadas han corroborado las reclamaciones recibidas y evidencian que “las condiciones de circulación actuales no se corresponden con las que justifican el pago del peaje”.

Descuentos o devoluciones

Si se confirma que el cobro es indebido, la postura más razonable sería, en su opinión, que se aplicaran descuentos e incluso devoluciones a los usuarios.

A este análisis se ha sumado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, quien ha puesto de manifiesto la falta de información por parte de la concesionaria sobre la planificación de las obras y su duración, así como en la ausencia de medidas para adaptar el coste del peaje a las condiciones reales del servicio.

La motivación

Beatriz González Prieto ha señalado que el requerimiento también busca esclarecer “cuál es la motivación para no minorar la cantidad que se está cobrando”.

La viceconsejera ha recordado que el Gobierno de Asturias actúa dentro de sus competencias para “defender a los consumidores y exigir el cumplimiento de los contratos”, mientras mantiene vigente su reivindicación política para lograr la supresión del peaje del Huerna.