Acabar con la “injusticia” e “ilegalidad” del cobro íntegro de la tarifa del peaje en la autopista del Huerna (AP-66) -pese a tener buena parte del trazado en obras- está en el trasfondo del debate público sobre esta polémica actuación. Mientras aumentan a diario las discrepancias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el Principado de Asturias que hace frente común con la Unión de Consumidores, partidos políticos, patronal del transporte y conductores “cabreados” a favor de su retirada, la Fiscalía de Asturias ha empezado a mover ficha. Desde las instancias judiciales ha comenzado una investigación oficial para dirimir sobre la legalidad o ilegalidad de este pago.

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia interpuesta por el portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el Peaje del Huerna, el exdiputado de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias, Daniel Ripa.

En esta denuncia, reclama que se aplique la doctrina fijada por el Tribunal Supremo (TS) para la autopista del Atlántico (AP-9) en noviembre de 2025.

Daniel Ripa ha confirmado este martes a elDiario.es Asturias la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía asturiana, que ha requerido nueva documentación para realizar nuevas investigaciones.

El procedimiento se inició el 3 de noviembre de 2025, con comunicaciones a las Fiscalías de Asturias y León, así como a la Fiscalía General del Estado, horas después de que la justicia declarara ilegal el cobro íntegro del peaje en la autopista AP-9 durante el período de obras. Ripa recalca que la concesionaria gallega y asturiana de estas autopistas forman parte del mismo grupo empresarial.

Ampliar la documentación

Apenas once días después, la Fiscalía General del Estado derivó el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que, a su vez, lo envió a la Fiscalía de León. Tras examinar el expediente, ésta declaró la competencia de la Fiscalía asturiana.

“El pasado mes de enero se aportó nueva documentación a la Fiscalía sobre las retenciones y congestiones que se registraban en la AP-66 y que eran reconocidas por la Dirección General de Tráfico”, resalta el portavoz de la plataforma.

Daniel Ripa se muestra satisfecho por este requerimiento de documentación para ampliar la investigación sobre la legalidad o ilegalidad del cobro íntegro del peaje.

Obras y retenciones

“Es una excelente noticia para quienes queremos acabar con este peaje ilegal. Cuando se conoció la sentencia sobre las obras de la AP-9 en Galicia, desde la Plataforma contra el Peaje del Huerna entendimos que había que actuar inmediatamente. En menos de 48 horas, en noviembre de 2025, trasladamos a las Fiscalías de Asturias, León y del Tribunal Supremo esa sentencia, junto a la documentación acreditativa de las obras realizadas en la AP-66, las retenciones e incremento del tiempo de viaje, así como la vinculación entre la concesionaria en Galicia (Audasa) y en Asturias (Aucalsa), ambas del grupo In Itínere”, señala.

La sentencia sobre la AP-9 gallega exigía a Audasa cesar esta práctica de inmediato e indemnizar a los conductores. Sin embargo, en Asturias, casi un año después, se ha seguido cobrando el peaje íntegro por una autopista en obras.

Reclamar el dinero

“Toda Asturias está ilusionada con la posibilidad de que la Fiscalía de nuestro territorio lidere esa defensa de los derechos de los conductores, ante una autopista que lleva dos años de obras. Primero fue el argayo en noviembre de 2024, luego obras en los túneles a partir del verano de 2025, recientemente desprendimientos en el túnel del Negrón. En todas estas ocasiones -añade- se ha aumentado el tiempo de viaje, pero, en vez de reducir su precio, lo que vemos es que el Huerna sigue aumentando su coste cada 1 de enero”.

Daniel Ripa advierte a los conductores que deben guardar todos los tiquets para poder reclamar su devolución y confía en que la justicia europea obligue a suprimir el peaje y con ello se proceda al reintegro de todas las cuantías económicas que han sido cobradas “indebidamente”.

“El camino de insumisión a la legalidad de Aucalsa y el Ministerio de Transportes es una huida hacia adelante que cada vez tiene menos salidas”, resume el portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el Peaje.

Los técnicos han evaluado la situación derivada del corte al tráfico de la autopista del Huerna (AP-66) tras el desprendimiento de una loseta en uno de los tubos de El Negrón por el que se circulaba, ya que el otro estaba cortado por obras. La Delegación del Gobierno ha confirmado a elDiario.es Asturias que, una vez analizada, van a “abordar un refuerzo para que pueda estar despejado hacia el final de semana de cara a la operación retorno”.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se había anunciado que varios expertos se iban a trasladar este lunes para comprobar in situ la zona afectada y determinar las posibles actuaciones a acometer para su resolución.

La recomendación

El cierre de la autopista obligó a establecer desvíos por la carretera N-630 a través del puerto de Pajares y se aconsejó a los conductores que estuvieran en todo momento pendientes de las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia desplegados.

La autopista AP-66 se reabrió el pasado fin de semana. La incidencia afectó al punto kilométrico 85 de la principal vía de comunicación por carretera entre Asturias y León.

El cobro íntegro, pese a las obras

La autopista asturleonesa presenta ya varias dificultades de circulación en su trazado por un argayo ocurrido en 2024 y cuyas obras siguen limitando un tramo a las que se suman las obras que el Ministerio de Transportes ejecuta de mejora en varios de los túneles.

Una situación que ha provocado las quejas de los conductores y de los políticos asturianos, ya que a pesar de las incomodidades que provoca no se ha rebajado ni un euro el cobro de la utilización del peaje.

Un incendio en la AP-68 en el término municipal de Haro está obligando a desviar el tráfico por el peaje de Zambrana. Según informa el Gobierno de La Rioja el fuego está controlado y, hasta el momento, ha arrasado 0,97 hectáreas. Hasta el lugar del fuego se han desplegado los bomberos del CEIS de Nájera y Haro.

Incialmente, Medio Natural ha movilizado al helicóptero Mike Sierra con cuadrilla helitransportada que se han retirado sobre las 21:00 horas. En la zona continúan dos agentes forestales, agentes de la Guardia Civil, bomberos de Miranda y personal de mantenimiento de la AP-68. En cuanto a las afecciones al tráfico, se ha desviado por el peaje anterior (Zambrana) hasta el punto kilométrico 80.

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El servicio de Mantenimineto de la autopista AP-68 informa ha informado a SOS Rioja que con motivo de las obras de la Variante de Logroño para el derribo del paso elevado de la N-111 sobre la AP-68, se producirán cortes nocturnos de tráfico durante las noches del 24 al 25, del 25 al 26, del 26 al 27 y del 27 al 28 de agosto, entre las 22:00 y las 06:00 horas.

En los cortes en sentido Zaragoza, el tráfico será desviado por el peaje de Navarrete hacia la A-12/LO-20, pudiendo reincorporarse a la AP-68, sentido Zaragoza, en el peaje de Logroño.

En los cortes en sentido Bilbao, el tráfico será desviado por el peaje de Logroño hacia la LO-20, pudiendo reincorporarse a la AP-68, sentido Bilbao, en el peaje de Navarrete/Fuenmayor.

La autopista del Huerna, la AP-66 entre Campomanes y León, vuelve a convertirse en uno de los principales campos de batalla política en Asturias en el arranque del nuevo curso y a pocos meses de las próximas elecciones autonómicas. La infraestructura que protagonizó buena parte de la confrontación política durante el curso anterior regresa al primer plano después de que un desprendimiento en uno de los túneles del Negrón este fin de semana obligara a cortar durante varias horas la principal conexión por carretera entre Asturias y la Meseta.

La incidencia se produjo durante la noche del viernes al sábado. La autopista permaneció cerrada desde pasadas las 22.00 horas y el tráfico tuvo que ser desviado por la N-630, a través del puerto de Pajares. El desprendimiento no provocó daños personales y la circulación pudo recuperarse posteriormente utilizando la segunda boca del túnel, en la que se realizan trabajos de mantenimiento.

El episodio ha servido para reactivar una discusión que va mucho más allá del estado de conservación de la carretera. El peaje, las obras que afectan a buena parte de su recorrido, la responsabilidad del Ministerio de Transportes y la capacidad del Gobierno asturiano para conseguir cambios en Madrid vuelven a situarse en el centro de los discursos de los principales partidos.

Barbón: “Esa carretera no está en condiciones”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechó este sábado su presencia en el Descenso Folclórico del Nalón, en Laviana, para vincular directamente el desprendimiento con la batalla que mantiene su Ejecutivo contra el peaje. “Esa carretera no está en condiciones”, aseguró.

Barbón sostuvo que la nueva incidencia da “la razón al Gobierno de Asturias” porque, a su juicio, la autopista no está prestando actualmente el servicio por el que los conductores pagan. El presidente calificó de “injusticia absoluta” que se mantenga íntegramente el cobro y aseguró que el Ejecutivo autonómico continuará luchando “con todas las fuerzas” contra esta situación.

La disputa ha ido escalando durante los últimos meses desde las declaraciones políticas hasta los procedimientos administrativos y judiciales. A finales de julio, el Gobierno asturiano autorizó la tramitación de una sanción de 1,1 millones de euros contra Aucalsa, concesionaria de la autopista.

El expediente contempla una propuesta de multa de un millón de euros por una infracción considerada “muy grave” en materia de consumo al cobrar íntegramente el peaje pese a no poder ofrecer el servicio en toda la extensión de la autopista. A ella se añaden otros 100.000 euros por una infracción “grave” relacionada con la señalización de unas obras que afectan a casi el 40% del recorrido. El Ministerio de Transportes se ha personado en el procedimiento en una maniobra que los socios del PSOE en el Gobierno asturiano, IU-Convocatoria por Asturies, han calificado de “política, al lado de la empresa Aucalsa: tomamos nota”. La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto señaló que “Parece que se han personado para defender intereses particulares tratando al Gobierno de Asturias como una Administración sin competencias. Esto no es aceptable ni permisible”.

La batalla por la prórroga hasta 2050

Pero el principal frente abierto continúa siendo la propia existencia del peaje. El Gobierno de Asturias ha anunciado que acudirá al Tribunal Supremo para intentar anular la prórroga aprobada en el año 2000 por el Gobierno de Aznar, que prolongó la concesión desde 2021, cuando inicialmente debía finalizar, hasta 2050.

No será el único recurso. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las patronales del transporte del Principado también han anunciado que recurrirán ante el Supremo.

El Principado pretende abrir además una segunda vía en Europa. El Ejecutivo autonómico enviará una comunicación a la Comisión Europea para reclamar que agilice el procedimiento relacionado con las prórrogas de las concesiones de la AP-66 y la AP-9 gallega y que el asunto pueda resolverse lo antes posible en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La combinación del deterioro de la infraestructura, las obras y el mantenimiento del peaje garantiza así que el Huerna vuelva a ocupar buena parte de la agenda política del nuevo curso, como ya ocurrió durante el anterior, pero esta vez con la proximidad de las urnas como telón de fondo.

El PP habla de una “falsa guerra pactada”

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha aprovechado también el desprendimiento para cargar tanto contra el Gobierno central como contra el autonómico. Para el dirigente popular, lo ocurrido es consecuencia de una “descoordinación absoluta y una falta de previsión por parte del Ministerio”.

“Creo que solo se puede resumir en la palabra vergüenza lo que está ocurriendo”, afirmó Queipo durante su asistencia a la Fiesta del Asturcón, desde donde cuestionó la actuación de Barbón y le reclamó que acuda a Madrid para presionar al Ministerio de Transportes y a La Moncloa.

El líder del PP asturiano va un paso más allá y considera que la confrontación pública entre el Principado y el Gobierno de España forma parte de una estrategia compartida. Queipo habla de una “falsa guerra pactada” entre ambas administraciones para reducir el desgaste político mientras los usuarios siguen sufriendo las incidencias.

El PP amplía además sus críticas al conjunto de las infraestructuras asturianas y reclama avances en proyectos pendientes como la autovía del Suroccidente, el enlace de Robledo, los accesos occidentales a El Musel, la Ronda Norte de Oviedo y las actuaciones en la red de Cercanías.

Vox acusa a Barbón de “incapacidad”

Vox también sitúa sus críticas en los dos niveles de gobierno. Su portavoz parlamentaria, Carolina López, ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de “castigar” a Asturias y ha reprochado a Barbón su “incapacidad” para conseguir soluciones para una infraestructura que considera estratégica.

López califica de “inadmisible” que los asturianos continúen pagando por circular por una autopista afectada por sucesivas incidencias y acusa al Gobierno central y al Principado de intercambiar reproches sin resolver el problema. La dirigente de Vox ha resumido esa confrontación asegurando que mientras ambos ejecutivos se “tiran piedras”, las “pedradas” terminan recibiéndolas los asturianos.

Con las elecciones cada vez más próximas, la autopista del Huerna se perfila de nuevo como uno de los asuntos que marcarán el debate político asturiano.

El 35% de los conductores sometidos a pruebas de detección de drogas en las carreteras de Euskadi entre enero y mayo de este año dieron positivo. La cifra supone una ligera reducción respecto al mismo periodo de 2025, cuando la tasa de positividad alcanzó el 35,7%, según los datos del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco facilitados a Europa Press.

En total, la Ertzaintza realizó 2.809 pruebas durante los primeros cinco meses del año, de las que 982 dieron positivo en sustancias psicotrópicas. El año pasado, en el mismo periodo, se realizaron 2.166 controles y se detectaron 775 positivos.

El Departamento de Seguridad explica que el elevado porcentaje de positivos responde al propio funcionamiento de estos controles. Las pruebas de saliva para detectar drogas no se realizan de manera indiscriminada, sino a conductores que previamente han dado positivo en alcoholemia o que presentan síntomas que levantan sospechas sobre encontrarse bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.

La tasa más elevada se encuentra entre los conductores que habían cometido previamente alguna infracción de tráfico. En este grupo, el 78,7% de las pruebas resultaron positivas: de los 277 controles realizados, 218 confirmaron el consumo de drogas y solo 57 de ellos dieron negativo.

Le siguen los controles realizados a personas implicadas en accidentes de tráfico, con una tasa de positividad del 35,7%. En este caso, la Ertzaintza realizó en total 193 pruebas, de las que 69 dieron positivo. Por otra parte, también agregan que ocho infraccionados se negaron a someterse al control.

Por su parte, los controles preventivos registraron una tasa de positivos del 29,7%. De las 2.339 pruebas realizadas, 695 dieron positivo y 1.643 fueron negativas. En este caso, solo una persona se negó a colaborar.

Para intentar reducir estas conductas de riesgo al volante, la Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, refuerza los controles durante determinados periodos del año, especialmente en verano y algunos momentos de primavera. Entre estas campañas se encuentra la realizada entre el 27 de abril y el 3 de mayo, además de los controles programados durante junio, julio y varios fines de semana de agosto. Sin embargo, el refuerzo de los controles no se ha traducido, al menos por ahora, en una reducción significativa de los positivos: los datos apenas han variado respecto al mismo periodo del año anterior.

Este refuerzo periódico forma parte del Calendario de Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte, que contempla para este año un total de 33 campañas preventivas. El programa fue presentado en febrero por la directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri, junto a las policías locales. En aquel momento, Olabarri defendió que el objetivo de estas campañas era “preventivo y pedagógico”, ya que “cumplir las normas salva vidas”, alejándose de cualquier finalidad de “carácter recaudatorio” o “sancionador”.

La autopista AP-66 León-Campones entre Asturias y la provincia leonesa ha sido reabierta esta mañana de sábado tras un corte la pasada noche debido debido a varios desprendimientos registrados en el interior del túnel del Negrón, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León. La incidencia afectó al punto kilométrico 85 de la principal vía de comunicación por carretera entre Asturias y León.

Actualmente de los dos tubos del túnel del Negrón uno se encuentra inutilizadado para el tráfico por obras de mejora que ejecuta el Ministerio de Transportes y el que se usa es donde se han producido los desprendimientos. A primera hora de esta mañana se ha reabierto el tráfico.

Como consecuencia del cierre de la autopista durante la pasada noche se establecieron desvíos por la carretera N-630 a través del puerto de Pajares. Ante esta situación, se recomienda a los conductores evitar la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia desplegados.

La autopista asturleonesa presenta ya varias dificultades de circulación en su trazado por un argayón ocurrido en 2024 y cuyas obras siguen limitando un tramo y las obras que el Ministerio de Transportes ejecuta de mejora en varios de los túneles. Esto ha generado una polémica política por la decisión del Gobierno de Asturias de sancionar a la gestora de la autopista, Aucalsa, por cobrar todo el importe del recorrido pese a los recurrentes problemas de circulación.

El Govern estudiará si recupera o no los peajes en la AP-7 en el marco del plan de choque para mejorar la movilidad y reducir la siniestralidad en esta autopista. El debate “está abierto”, ha afirmado la consellera de Interior, Núria Parlon, en una entrevista con la agencia EFE.

La consellera ha avanzado que, previsiblemente, este otoño se creará un grupo de trabajo interno en el Govern para analizar diferentes estrategias encaminadas a paliar la congestión y el elevado número de accidentes en esta vía, entre ellas, la posible recuperación de los peajes en la AP-7, que se levantaron el 31 de agosto de 2021.

En este grupo de trabajo participarán las conselleries que tienen competencias en la materia y que trabajan en la mejora de esta autopista troncal de Catalunya, ha concretado Parlon. “Estoy convencida de que durante el otoño llevaremos a cabo este grupo de trabajo en el cual se remarcarán estrategias”, ha afirmado la consellera.

Desde que se retiraran los peajes, el tráfico en la autopista que cruza Catalunya de norte a sur ha aumentado sustancialmente, en especial el de camiones, lo que ha generado más atascos y accidentes.

La saturación de la vía ha ido en paralelo a la preocupación por la siniestralidad de los transportes pesados, lo que llevó al Servei Català de Trànsit a aplicar restricciones de velocidad y circulación a camiones de más de 7,5 toneladas en los tramos más conflictivos de Tarragona.

El pasado 1 de julio, el president de la Generalitat, Salvador Illa, llamó a los grupos parlamentarios a hacer una “reflexión colectiva” sobre la apuesta hecha en su día por retirar los peajes en la AP-7: “Quizás nos equivocamos cuando, alegremente, todos pedimos que 'fuera peajes'”, afirmó durante su comparecencia en la cámara catalana.

El Ayuntamiento de Irún ha conseguido que el Gobierno vasco acepte aplicar de forma inmediata una nueva medida de tráfico tras unas semanas en disputa. El acuerdo ha llegado tras la reunión celebrada este jueves entre la alcaldesa Cristina Laborda y la directora de Tráfico del Gobierno vasco, Estíbaliz Olabarri. El Ejecutivo autonómico ha aceptado finalmente la segunda propuesta planteada por el Consistorio para modificar el dispositivo de seguridad viaria.

La solución acordada consiste en establecer dos nuevos controles y filtrados de tráfico a cargo de la Ertzaintza en la carretera GI-2134, dentro del término municipal de Oiartzun. El primer punto se situará en la GI-2164, en el cruce con Pikogarate Bidea, en dirección al Castillo Inglés. Su objetivo será evitar que los vehículos utilicen esta ruta para esquivar las retenciones de la AP-8 y entrar en Irún.

El segundo control se instalará en la rotonda de Gurutze para impedir el paso del tráfico internacional hacia el barrio de Olaberria. Con esta medida, el tráfico exterior será canalizado hacia un único punto de entrada en Ventas, donde la Policía Local de Irún podrá gestionar el flujo de vehículos de forma centralizada.

El problema circulatorio se ha intensificado con la fase de retorno de la Operación Paso del Estrecho (OPE), un dispositivo coordinado por el Ministerio del Interior que canaliza el regreso de miles de viajeros desde el norte de África y que se mantendrá hasta el 15 de septiembre. La coincidencia de estos desplazamientos con otros retornos vacacionales provocó el pasado 13 de agosto retenciones de hasta 13 kilómetros en la AP-8 en dirección a Baiona.

Ante la congestión de la autopista, algunos conductores utilizan los navegadores GPS para buscar rutas alternativas por el centro urbano y los caminos rurales de Irún. Hasta ahora, el Gobierno vasco defendía que la principal solución para aliviar la situación en la muga pasaba porque las autoridades francesas adoptaran medidas para evitar las colas en sus propios peajes.

Sin embargo, Laborda ha insistido en que el inicio de la Operación Retorno ha supuesto “mucho” para los irundarras, especialmente por las molestias ocasionadas el pasado jueves. “Teníamos claro que aquello no podía volver a suceder. No es de recibo que un ciudadano no pueda acudir al hospital o regresar a su casa”, ha señalado.

El Gobierno vasco rechazó inicialmente la propuesta de establecer controles en Oiartzun al considerar que podía ser “más perjudicial que beneficiosa”. El departamento de Seguridad argumentó que realizar un filtrado en salidas rápidas como las de la GI-20 y la AP-8 no era factible ni seguro. Según explicó, un cribado en estas vías podría generar retenciones difíciles de gestionar, lo que pondría en peligro tanto a los agentes de la Ertzaintza como a los usuarios. Además, recordó que la salida afectada es un punto de tránsito de camiones y una vía de movilidad esencial para los vecinos de Errenteria, Lezo y Oiartzun. Ante esta negativa inicial, Laborda advirtió de que no aceptaría “un no por respuesta” y exigió soluciones inmediatas. Finalmente han llegado a un acuerdo este jueves, aunque la alcaldesa ha señalado que “hay que ser cautos” y ver “qué efectos tiene” la medida anunciada.

Laborda ha denunciado haber trabajado bajo una “durísima soledad institucional” y ha criticado la postura del Ejecutivo autonómico: “Aquí no puede haber ciudadanos de primera y de segunda”, ha dicho. Por ello, ha reclamado que el Gobierno vasco “ejerza el liderazgo que le corresponde en materia de tráfico y específicamente en la Operación Retorno” para garantizar los servicios básicos de los vecinos.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha personado como “parte y persona interesada” en el expediente sancionador abierto por el Principado contra Aucalsa por mantener sus tarifas pese a las obras que dificultan el tráfico en la autopista León-Asturias, AP-66, llamada del Huerna.

Tras esta decisión, la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, gestionada por Izquierda Unida (IU), socios del PSOE en el Gobierno regional, ha mostrado su sorpresa por una medida que evidencia, a su juicio, una falta de coordinación entre administraciones. Una nueva vía de tensión interna entre los socios.

Según el Gobierno asturiano, pero por boca de IU, no está claro si con esta decisión el Ministerio pretende “rescatar a los asturianos” o a la empresa que gestiona la autopista, al tiempo que ha advertido de la paradoja de que Transportes pueda acabar protegiendo a la concesionaria, resalta Efe.

El Servicio de Consumo estudiará la solicitud para determinar su procedencia y viabilidad legal antes de adoptar una decisión, que, según ha precisado la viceconsejera, se basará en criterios técnicos y estará ajustada a derecho.

El Gobierno asturiano autorizó a finales de julio la tramitación de una multa de 1,1 millones de euros a Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), por una presunta infracción “muy grave” en materia de consumo, por cobrar todo el peaje sin prestar el servicio en toda su extensión, y por otra “grave” por una deficiente señalización de las obras.

Por la mala señalización de los trabajos, que afectan a casi un 40 por ciento del recorrido, y no informar a los conductores de esa situación antes de coger la autopista, se plantea una multa de cien mil euros, mientras que por no ofrecer el servicio que debería darse se baraja otra de un millón de euros, cantidades que suponen la mayor sanción planteada hasta ahora en materia de consumo en Asturias.

El Principado ha anuncio además un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la decisión adoptada en el año 2000, por el úlimo Gobierno de José María Aznar, de prorrogar hasta 2050 el peaje de la autopista León-Asturias y mantiene también abierta la puerta para llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Euskadi será una 'isla' a partir del próximo otoño, pero de peajes. A partir del mes de octubre, los conductores que usen la autopista vasco-aragonesa, la AP-68, que une Bilbao con Zaragoza, sólo pagarán peaje si discurren por los tramos vascos de Álava y Bizkaia, en total 77,5 kilómetros. La vía será gratis en el resto de las comunidades que atraviesa, es decir, en Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla y León.

No sucederá en Euskadi porque así lo han decidido las diputaciones forales de Álava y Bizkaia. Esta vía, actualmente la más cara de España -cuesta más de 39 euros viajar de Bilbao a Zaragoza-, pasará a manos públicas el 11 de octubre al finalizar la concesión a la empresa AVASA (Abertis). En el caso de Euskadi, la gestión la asumirá las sociedades forales Interbiak (Bizkaia) y Arabat (Álava), pero las diputaciones consideran que deben seguir siendo vías de peaje para garantizar la entrada de recursos para su mantenimiento y el de otras carreteras. Eso sí, será más barata que ahora.

Una vez se materialice el paso a manos públicas, Álava ha decidido reducir el coste del peaje en un 70% para los turismos y un 50% para los de más volumen. En Bizkaia, el descuento sobre la tarifa actual será del 20%. Eso supone, por ejemplo, que el trayecto entre Bilbao y Vitoria para los turismos pasará de 6,85 euros a 4,20 euros, de los que 3,30 euros corresponden al tramo vizcaíno y 0,90 euros al alavés. Eso sí, habrá descuentos para los usuarios habituales de las vías como contraprestación al mantenimiento de los peajes.

Desde la Diputación de Bizkaia mantienen la necesidad del cobro para contribuir al mantenimiento de la infraestructura y también para garantizar que no haya una derivación excesiva de tráfico de la carretera ordinaria a la autopista. En lo que se refiere al mantenimiento, se ha sacado a licitación ya el servicio de conservación, mantenimiento y explotación del tramo vizcaíno de la AP-68. Es un contrato que tendrá una duración de cinco años y un presupuesto de 81 millones de euros.

El diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, del PNV, recordaba que hay necesidades que deben atenderse de manera inmediata desde el momento en el que se materialice el fin de la concesión y el paso a manos vascas y será necesaria “una inversión importante para adaptarla a los estándares de la red foral de Bizkaia y a la normativa vigente en cuanto a diferentes aspectos de seguridad”. De hecho, el pliego de licitación contempla una inversión de 15 millones de euros durante los próximos cinco años, de los que 12,5 millones se destinarán a la mejora y conservación de taludes, firmes y pavimentos, estructuras, sistemas de contención, señalización, sistemas inteligentes de transporte (ITS), instalaciones eléctricas y otros elementos de la infraestructura.

Los 2,5 millones restantes se invertirán en proyectos de innovación orientados a reforzar la sostenibilidad, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora de la experiencia y atención a las personas usuarias. En total, el coste anual del mantenimiento de la nueva infraestructura está cuantificado en 12 millones de euros anuales, que hay que unir al resto de las carreteras. Según la Diputación de Bizkaia, se invierte en mantener la red viaria alrededor de 130 millones al año, mientras que con los peajes las arcas forales vizcaínas ingresan 90 millones al año.

El mismo argumento es el que esgrime la Diputación de Álava para mantener el peaje vigente: “mantener y modernizar la vía” de este tramao y del resto de las carreteras del territorio. La Diputación alavesa recuerda que destina al mantenimiento de los 1.455 kilómetros de la red foral de carreteras una media anual de 12 millones de euros y, según los estudios realizados, sólo el mantenimiento de los 168 kilómetros de vías de alta capacidad va a exigir cada año una inversión mínima de 16 millones de euros. Además, el Plan Integral de Carreteras de Álava 2016-2027 prevé una inversión anual en mejoras de 32 millones de euros. “El objetivo final del sistema de pago por uso es garantizar a la ciudadanía alavesa una Red Foral de Carreteras de calidad, moderna y segura de acuerdo a los estándares europeos”, señalan en el equipo del diputado Jon Nogales, del PSE-EE.

Además, recuerdan que Álava es un nodo de comunicaciones entre el norte de la península y Europa, y “la inmensa mayoría del tráfico de las vías de alta capacidad del territorio es tráfico de paso”. “Así, en el caso concreto de la autopista AP-68, el 90% del tráfico de vehículos ligeros es tráfico ‘no alavés’ (este porcentaje es mayor en el caso de vehículos pesados) y los usuarios alaveses representan, por lo tanto, sólo el 10%. El sistema de pago por uso hace que el tráfico de paso contribuya también al sostenimiento de la red en línea con el criterio europeo de ‘quien deteriora y contamina paga’”, indican.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha liberado más de 1.000 kilómetros de autopistas de peaje desde 2018 al finalizar sus contratos de concesión. Aunque lo cierto es que el debate en Europa es si hay que ir hacia un modelo de pago por uso para la red de alta capacidad, en línea con lo decidido ya en Euskadi, lo cierto es que los peajes se van quedando sólo actualmente en suelo vasco. En las carreteras vascas se paga peaje, además de en los tramos vascos de la AP 68, en la AP-8, entre Bilbao e Irún, la AP-1, de Vitoria a Eibar y, además, en la Supersur y los túneles de Artxanda en Bizkaia. También en el puente colgante entre Portugalete y Getxo.

El PP gallego ha respaldado desde 2016 los intentos de que de la autopista do Atlántico, la AP-9, se transfiera a Galicia. Lo hace, al menos, en el Parlamento autonómico. Y, desde entonces, son innumerables las ocasiones en las que la formación política ha reclamado la infraestructura que recorre el territorio desde Ferrol hasta Tui, en la frontera con Portugal, y vertebra el área económicamente más pujante de la comunidad. Pese a las insistentes reivindicaciones, cuando el pasado 23 de julio salió adelante definitivamente en el Congreso la ley para transferir la vía a Galicia, lo hizo con los votos en contra del PP (y de Vox).

El rechazo no se concreta solo en el 'no' en la Cámara Baja. La Xunta ha emprendido también una maniobra que los grupos de la oposición en el Parlamento gallego leen como un intento de dilatar el proceso y enredarlo. El anuncio lo hizo el presidente autonómico, Alfonso Rueda, el 3 de agosto, en el último Consello –la reunión semanal de su gabinete– antes del parón estival: pide una comisión bilateral con el Gobierno central para “solventar las diferencias con la ley orgánica”, que está ya publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y que remite, para concretar el traspaso de la titularidad y las competencias sobre la autopista, a un acuerdo al que Estado y Comunidad Autónoma deben llegar en la comisión mixta de transferencias. La Xunta no quiere afrontar aún esa comisión y ha optado por pedir una reunión sobre un texto ya aprobado, en lugar de arrancar la negociación para concretar la transferencia.

Esas “diferencias con la ley orgánica” de las que habla Rueda se centran en los 4.000 millones de euros que la Xunta sostiene que podría tener que asumir para el rescate de la concesión de la AP-9, en el caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirme que la prórroga aprobada por el Gobierno de Aznar –sin concurso público– fue ilegal. El Gobierno y el PP gallegos repiten una y otra vez que esta posibilidad queda abierta con la redacción de la ley aprobada y que esta se aparta del acuerdo unánime del Parlamento gallego, que recoge una mención explícita a que deben darse garantías financieras y jurídicas para que la Xunta no tenga que hacer desembolsos si se da ese escenario.

Enfrente, PSOE, BNG y Sumar –las formaciones que pactaron el texto que luego recibió luz verde con mayoría absoluta en el pleno del Congreso– los acusan de estar mintiendo y se remiten a la propia ley aprobada, que consideran que deja claro que la Xunta no tendrá que asumir compromisos que no se deriven de su propia gestión. Lo que dice exactamente la ley es que “las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la transferencia recaerán sobre la Administración General del Estado”.

Lo recoge así el punto tercero del artículo 1, en el que la ley indica que la Administración General del Estado “conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor” que se deriven de modificaciones hechas en los largos años en los que ha tenido la competencia.

El siguiente punto abunda en cómo se reparten las responsabilidades económicas entre cada administración: “La Comunidad Autónoma asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico-financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

En cualquier caso, la ley indica que tiene que ser la comisión mixta de transferencias la que entre en el detalle de “las condiciones y límites para la transmisión de competencias”. Ese es el órgano previsto para que Gobierno central y Xunta negocien y lleguen a un acuerdo sobre los términos del traspaso, que luego deben quedar plasmados en un real decreto.

Con esta redacción, Rueda se ha enrocado en asegurar que han desaparecido las garantías económicas y financieras que sí se incluyen en el acuerdo unánime del Parlamento gallego y en calificar de “estafa” la ley aprobada. Tanto el BNG como el PSdeG atribuyen la postura no a la literalidad del texto, sino a la obediencia del presidente gallego a las directrices del PP estatal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, le espetó la líder nacionalista, Ana Pontón, en un debate en julio en la Cámara autonómica. El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, añadió que el presidente de la Xunta no gobierna pensando en Galicia “sino en lo que le dictan en Madrid” y en el “nuevo susurrador en el oído de Rueda”, que es la extrema derecha. Vox fue el único partido que se unió al PP en el voto en contra de la ley de transferencia.

Tras la negativa, la petición de la comisión bilateral

Entre los intentos del PP gallego de justificar su rechazo a una ley que permite una transferencia que llevan una década reclamando, Rueda lanzó su petición de que se reúna la comisión bilateral como paso previo a la comisión mixta de transferencias. La diputada del PSOE en el Congreso Patricia Otero lo calificó de maniobra dilatoria que pretende retrasar la comisión mixta: “La Xunta debe dejarse de excusas y ponerse a negociar porque las condiciones están claras en la ley”.

El BNG también lo interpreta como un intento de “enredar” que se traduce en un “boicot a la transferencia”. Luís Bará, viceportavoz segundo del BNG en el Parlamento de Galicia, acusa a Rueda de hacer “un ejercicio de filibusterismo” y le reclama que negocie el traspaso de la autopista, que es una demanda histórica a la que el propio PP gallego dio su respaldo en los últimos años. La ley orgánica, insiste, deja claro que es en la comisión mixta en la que hay que negociar. “Rueda tiene que decidir si va a colaborar para hacer efectiva la transferencia o si va a seguir poniendo palos en las ruedas, como ha hecho el PP en los últimos 10 años”, añade.

Las contradicciones en el PP

El telón de fondo de esta batalla en torno a la transferencia de la AP-9 es una contradicción entre lo que el PP ha votado en Galicia y las decisiones que ha tomado desde Madrid. En diciembre de 2024, la número dos del partido en la comunidad, Paula Prado, se lamentaba en el Parlamento, en uno de los debates para pedir el traspaso de la autopista, de que el asunto se iba a llevar por cuarta vez al Congreso porque “el PSOE y sus socios llevan años bloqueando su tramitación en Madrid”. No mencionó que, en realidad, fue su propio partido en que impidió que prosperase la iniciativa en tres ocasiones, vetando incluso que llegase a debatirse.

En 2017, el entonces ministro de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna, dijo en una visita a Galicia que los problemas para el traspaso de la AP-9 eran de carácter técnico y económico. En julio de 2017, solo un par de meses antes del referéndum del 1 de octubre en Catalunya, se remitió a “las tensiones territoriales” para rechazar la posibilidad y dio como argumento que emprender ese proceso “conllevaría muchos otros, hasta llegar a un desmantelamiento de las infraestructuras del Estado”.

Tras varios intentos –dos de ellos, con Pedro Sánchez en el Gobierno, que tampoco prosperaron: en una ocasión decayó al convocar elecciones y, en la otra, se quedó estancada tras varias peticiones de prórroga–, la ley actual es lo más lejos que ha llegado la reivindicación de que la AP-9 pase a ser una competencia gallega.

Por delante queda todavía todo el proceso negociador entre Xunta y Gobierno central y las consecuencias del expediente abierto por Bruselas a España por la prórroga de la concesión que otorgó Aznar y que la dejó en manos de Audasa hasta 2048. En julio de 2025 se conoció el dictamen que consideraba que se incumplieron las normas. Entonces, la Comisión Europea reclamó que se tomasen “las medidas necesarias” para corregir las irregularidades y avisó de que, de no solucionarse, el asunto acabaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo ha solicitado a la Comisión Europea el dictamen en el que considera ilegal la prórroga de la concesión de la autopista gallega AP-9 concedida por el gobierno de José María Aznar para analizar si el Gobierno central debe anularla.

En su auto, citado por Europa Press, el Supremo explica que la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) interpuso recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado a finales de 2025 por el que se inadmitió a trámite su solicitud de revisión de oficio de las prórrogas de la concesión.

En dicho recurso, la asociación solicitaba una copia del dictamen motivado por la Comisión Europea en el procedimiento de infracción iniciado contra España precisamente por esa prórroga.

Pese a reconocer el Supremo que los dictámenes de la Comisión “no tienen el efecto jurídico directo de anular los actos objeto del procedimiento”, considera que “ello no implica que dicho dictamen no sea relevante, pudiendo ser tomado en consideración como un elemento más que sirva para apreciar si existieron infracciones de las normas de la Unión Europea que pueden determinar la nulidad de pleno derecho de las normas revisión de oficio se solicita”.

Sin embargo, tal y como avanzó 'praza.gal', en mayo el Supremo admitió la negativa del Gobierno a facilitar el dictamen europeo con el argumento de que no formaría parte del expediente de revisión propiamente dicho. No obstante, ahora el Tribunal sí acepta la vía emplea por la asociación para poder conocer el contenido de dicho documento.

“Ahora bien, la apreciación de si concurren o no las excepciones que determinarían la imposibilidad de remitir dicho documento para incorporarlo a este proceso, corresponde realizarlas a la Comisión Europea y no a este Tribunal, por lo que procede remitir oficio a la Comisión Europea para que valore si procede o no remitir el Dictamen motivado que se solicita como medio de prueba”, añade el Supremo en su auto.

Todo ello después de que Bruselas considerase que las prórrogas de la AP-9 vulneraron las reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas.

Alfonso Rueda insiste en su rechazo a la ley que, aprobada en el Congreso con el voto de todos los partidos excepto los de PP y Vox, abre la puerta a una reclamación política de décadas en Galicia: el traspaso de la titularidad de la Autopista del Atlántico, la AP-9. Según la tesis del presidente de la Xunta, la norma ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, diluye los compromisos económicos del Estado, algo que la izquierda niega. En todo caso, y tras apoyar el voto en contra de su partido, Rueda pide ahora una “comisión bilateral” con el Gobierno central para “solventar las diferencias con la ley orgánica”.

El presidente explicó su solicitud tras acordarla en la última reunión semanal de su gabinete antes del parón de agosto. “Es un paso previo a la reunión de la comisión mixta de transferencias”, aseguró. Es a esta a la que ha remitido el Ejecutivo de Pedro Sánchez para concretar las condiciones del traspaso. Rueda volvió a repetir que el texto legislativo del Congreso hace desaparecer las garantías económicas que sí incluía el acuerdo unánime -PSdeG, BNG y PP- del Parlamento de Galicia.

Su artículo número 2 dice literalmente que “el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia deberá tener en cuenta la transferencia de los medios materiales y presupuestarios necesarios y la suscripción de los instrumentos jurídicos de desarrollo que prevea el citado Acuerdo”. La norma añade que “las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la transferencia recaerán sobre la Administración General del Estado”, incluidas las derivadas de aplicar la concesión en vigor debido a modificaciones realizadas durante los largos años en los que el Estado mantuvo la titularidad.

La prórroga de la concesión que el gabinete de José María Aznar otorgó hasta 2048 fue declarada ilegal por la Comisión Europea. De confirmarlo el Tribunal de Justicia de la UE, el contrato sería nulo y habría que compensar a Audasa, la concesionaria. Este es uno de los puntos conflictivos del traspaso.

Permisos de trabajo

La Xunta de Galicia también negocia con el Gobierno central la transferencia de los permisos de trabajo. Rueda aseguró este lunes que confía en cerrar un acuerdo en septiembre. De hacerlo, sería la segunda competencia pedida transferida a Galicia desde que, en 2009, el PP de Feijóo asumió el poder autonómico.

Autopistas del Atlántico (Audasa), concesionaria de la AP-9, ganó 45,93 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un 3,05% más respecto al mismo periodo del año anterior, según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía afirma que registró en el primer semestre de 2026 un total de 61 millones de viajes y que el tráfico medio de la autopista contabiliza 26.833 vehículos de intensidad media diaria, un 3,15% más que en el mismo periodo de 2025.

Las cuentas hasta junio presentan una facturación de 108 millones de euros(+0,86%) y un beneficio neto de 45,9 millones (+3,1%). Del volumen de negocio, 106 millones corresponden a peajes y el resto a ingresos por áreas de servicio, según señala la empresa. También indica que el 81% de los conductores han abonado su servicio con el sistema de telepeaje, frente al 4,2% que han optado por el pago en efectivo.

Jabalíes

Autopistas del Atlántico reivindica “importantes inversiones” en seguridad y servicios, como la implantación de barreras inteligentes diseñadas para prevenir el acceso de fauna a la calzada. El sistema inició su despliegue con la protección de cinco enlaces (A Barcala, Cuatro Caminos entrada y salida, Guísamo y Santa Marta), donde, según apunta la empresa, no se han detectado intrusiones desde la activación de las barreras.

El proyecto ha ido acompañado del reforzamiento de vallados y vigilancia por cámaras en puntos críticos de paso de fauna y forma parte de una línea de trabajo orientada a anticipar riesgos, incorporar soluciones innovadoras y seguir mejorando la seguridad de cada trayecto.

Los primeros resultados registran una reducción del 60% en accidentes con daños personales por irrupción de jabalí en calzada, con respecto al primer semestre del año anterior, de acuerdo con su información.

Tal y como había pedido la plataforma Errespetatu Andoain, el PSE-EE de Andoain se ha posicionado y ha votado favorablemente a las alegaciones municipales contra el proyecto del denominado 'lazo' de Bazkardo. Considera que la infraestructura planteada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, donde comparte Gobierno con el PNV, no responde a las necesidades del municipio y condiciona negativamente el debate sobre una solución integral. El portavoz socialista, Aritz Alkain, ha defendido que la propuesta foral “no sirve, no es suficiente ni responde de manera adecuada” a la problemática de ruido y contaminación que sufre la localidad.

Esta decisión se ha producido tras un último pleno municipal marcado por la tensión y los reproches directos de la plataforma Errespetatu Andoain hacia los representantes políticos. Durante aquella sesión, una ciudadana calificó de “cínico” a Alkain, recriminando a los socialistas un supuesto silencio frente a la Diputación en encuentros previos. Ante estas acusaciones, Alkain exigió respeto y subrayó que su grupo siempre ha escuchado a los vecinos, una postura que el partido ha querido visibilizar ahora mediante su respaldo explícito a las alegaciones del Ayuntamiento, de EH Bildu.

El PSE-EE fundamenta su voto favorable en que la filosofía de las alegaciones coincide con su defensa histórica de una variante actualizada como la mejor opción para el municipio. Según el grupo socialista, el proyecto del lazo perpetúa la presencia de una infraestructura de alta capacidad en el núcleo urbano, impidiendo la transformación necesaria para Andoain. La formación sostiene que, mientras la autovía mantenga su trazado actual, cualquier medida para reducir el impacto acústico y atmosférico tendrá resultados insuficientes.

A pesar del apoyo al fondo del documento, los socialistas criticaron la “pésima gestión” de EH Bildu durante este proceso. Alkain reprochó a la coalición abertzale haber externalizado la redacción de las alegaciones cuando ya había transcurrido más de la mitad del plazo de exposición pública. El portavoz socialista ha denunciado una falta de voluntad para “buscar el consenso político” y ha exigido una estrategia compartida que no se realice “de espaldas al resto de grupos municipales” en un asunto de trascendencia estratégica.

El partido aprovecha para recordar que esta postura de rechazo es coherente con sus posicionamientos públicos de octubre de 2025 y marzo de 2026, así como con las alegaciones que ya presentaron en el año 2022. Alkain ha concluido que su compromiso seguirá siendo la búsqueda de una solución que aleje las afecciones del tráfico del casco urbano y favorezca la cohesión social.

Un accident múltiple, en el qual s'han vist implicats sis vehicles, i que ha tingut lloc al quilòmetre 2 de l'autopista MA-20 ha deixat aquest divendres 11 persones ferides, de les quals sis han requerit assistència sanitària.

Segons ha informat el SAMU061, dels 11 ferits, cinc són molt lleus -no han requerit assistència-, quatre són lleus i hi ha dos menys greus. Fins al lloc de l'accident s'han traslladat quatre unitats de suport vital avançat, dues de suport vital bàsic, un vehicle de logística i un cap de guàrdia. Les ambulàncies han dut els ferits al Juaneda Hospital Miramar.

En concret, en l'accident s'han vist implicats tres cotxes, dos camions petits i una furgoneta.

Un accidente múltiple, en el que se han visto implicados seis vehículos, y que ha tenido lugar en el kilómetro 2 de la autopista MA-20 ha dejado este viernes 11 personas heridas, de las cuales seis han requerido asistencia sanitaria.

Según ha informado el SAMU061, de los 11 heridos, cinco son muy leves -no han requerido asistencia-, cuatro son leves y hay dos menos graves. Hasta el lugar del accidente se han trasladado cuatro unidades de soporte vital avanzado, dos de soporte vital básico, un vehículo de logística y un jefe de guardia. Las ambulancias han llevado a los heridos al Juaneda Hospital Miramar.

En concreto, en el accidente se han visto implicados tres coches, dos camiones pequeños y una furgoneta.

El Gobierno de Asturias ha cifrado en 1,1 millones de euros la cuantía económica con la que va a proponer sancionar a Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna, por su negativa a rebajar el coste del peaje pese a las obras, el deterioro de la infraestructura y la falta de información a los usuarios.

No es una novedad que los usuarios de esta autopista siguen sufriendo con impotencia las consecuencias de la falta de mantenimiento de la autopista, mientras sus responsables miran hacia otro lado empecinados en mantener íntegro el cobro del peaje.

Abocados a la sanción

Ni las reclamaciones de las asociaciones de consumidores, ni las peticiones del Gobierno asturiano han hecho mella para que se planteen siquiera la revisión de las tarifas, pero la paciencia de unos y otros tiene límite y se agota.

Ante esta situación, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha puesto sobre la mesa la vía de la sanción para penalizar la actuación de la concesionaria.

Las inspecciones

Ovidio Zapico ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación acompañado del director general de Consumo, Faustino Zapico, y la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto para anunciar que el próximo lunes, día 27, elevará al Consejo de Gobierno la propuesta para iniciar un procedimiento sancionador contra Aucalsa.

La propuesta se realiza por la presunta comisión de infracciones en materia de consumo al mantener el cobro íntegro del peaje del Huerna pese al grave deterioro de las condiciones del servicio y no facilitar a las personas usuarias información suficiente sobre el alcance de las obras y las restricciones antes de acceder a la autopista (AP-66).

Zapico ha explicado que esta decisión culmina “meses de trabajo” de la Dirección General de Consumo y de la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos, que se concretan en las inspecciones realizadas sobre el terreno y los sucesivos requerimientos a la concesionaria.

“Es una auténtica vergüenza”

“Llevamos muchos meses inspeccionando una situación que convierte demasiadas veces la autopista del Huerna en una auténtica ratonera para los asturianos y asturianas. Es la principal vía de comunicación con la Meseta y sigue funcionando en unas condiciones que son una auténtica vergüenza”, ha calificado el consejero.

La propuesta plantea una sanción de 1.100.000 euros, de los que el grueso de la partida -un millón de euros- responde a su responsabilidad en una infracción muy grave por mantener el cobro íntegro del peaje pese al deterioro continuado de las condiciones del servicio.

Los abusos

Los cien mil euros restantes se corresponderían con una infracción grave al considerar que la información facilitada a las personas usuarias sobre las obras y las restricciones no permite decidir con conocimiento de causa si utilizar la autopista o una vía alternativa.

El titular de Derechos Ciudadanos reconoce que se están produciendo abusos ya que “se están cobrando más de 16 euros por una autopista que, en el mejor de los casos, funciona como una carretera de un solo carril. Entendemos que se están vulnerando los derechos de las personas consumidoras y usuarias”, ha añadido.

La mayor sanción

Ovidio Zapico ha defendido que la propuesta responde a una cuestión de justicia con las personas usuarias y ha subrayado que se trata de la mayor sanción impulsada por la Dirección General de Consumo: “Lo hacemos con el convencimiento de que es de justicia social poner límites a los agravios que esta concesionaria ejerce sistemáticamente contra los asturianos y asturianas”.

El consejero ha reiterado, además, que la solución definitiva pasa por la desaparición del peaje del Huerna, que ha vuelto a calificar de “injusto e ilegal”.

“El peaje no debería cobrarse”

Además, ha insistido en que la propuesta sancionadora no altera la posición del Gobierno de Asturias sobre el futuro de la AP-66 y ha manifestado que, mientras continúen las obras y las graves afecciones a la circulación, el peaje no debería cobrarse.

“En la situación en la que está hoy la autopista del Huerna, las barreras de los peajes de Villablino y La Magdalena tienen que estar levantadas. No entiendo otro escenario que no sea ese: libre circulación mientras persistan las obras, los atascos, las caravanas y la congestión de la calzada”, ha dicho.

“Lo deseable hubiera sido un acuerdo”

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha destacado que el Gobierno de Asturias ha actuado con Aucalsa como lo hace con cualquier empresa que incumple la normativa de consumo y ha recordado que antes de llegar a esta propuesta se realizaron varios requerimientos para intentar corregir la situación.

La viceconsejera ha señalado que el expediente se ha tramitado respetando todos los plazos legales y la existencia de actuaciones en la Fiscalía no impedía continuar el procedimiento administrativo.

En su opinión, “lo deseable habría sido alcanzar un acuerdo que evitara llegar a este punto, pero la empresa no aceptó los requerimientos formulados por la Dirección General de Consumo”.

La propuesta se elevará al Consejo de Gobierno

El director general de Consumo, Faustino Zapico, ha explicado que el expediente se apoya en las inspecciones realizadas durante los últimos meses, así como en el análisis de las reclamaciones presentadas por usuarios y asociaciones de consumidores.

Una vez que la propuesta de sanción sea analizada y aprobada por el Consejo de Gobierno, el siguiente paso será notificar el acuerdo a Aucalsa para el caso de que opte por presentar alegaciones.

Si la concesionaria decide alegar, la Administración regional examinaría sus argumentaciones antes de adoptar una resolución firme que, en su caso, pondría fin al procedimiento en vía administrativa. Si la empresa no estuviera conforme con la decisión, podrá recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, considera que el Gobierno central debería encargarse de que la autopista A-68 sea gratuita en todos sus tramos: “Lo que no puede ser es que alguien diga el mantenimiento lo hace el Estado, pero cobramos nosotros”.

El próximo 11 de noviembre finalizará la concesión de la autopista A-68 entre Zaragoza y Bilbao. No obstante, seguirá siendo de pago en el tramo del País Vasco, dado que esta comunidad seguirá cobrando un peaje, y, por tanto, circular por la A-68 no será gratis en todo el recorrido.

Preguntado por los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo riojano ha recordado que no valora “nunca decisiones de otras administraciones ni otras personas”.

“Lo que sí valoro”, ha añadido, “es que una carretera de competencia estatal, una vez que se libera, debería ser gratuita para todos los ciudadanos”, dado que hay que “facilitar la comunicación terrestre”.

Capellán, tras considerar que La Rioja ha hecho sus deberes, ha entendido que “lo que no puede ser es que alguien diga el mantenimiento lo hace el Estado, pero cobramos nosotros”. “Yo creo que cuando hay Estado toma decisiones el Estado y no cada territorio”, ha visto.

A su juicio: “Si en un eje transversal fundamental en la comunicación terrestre, como la A-68, que vertebra desde el País Vasco a Aragón, estamos pensando en prestar servicio a los ciudadanos y a las empresas, y ha dejado de tener un peaje, debería ser totalmente gratuita y libre para todos los ciudadanos”.

Para Capellán, es “lo que tenían que hacer los responsables de las infraestructuras de este país”.