La imagen de Raúl López, el creador del imperio Monbus, uno de los principales operadores de transporte por carretera en España, quedó empañada hace casi una década por una cascada de problemas judiciales. Desde entonces, sus habituales fotos con políticos se redujeron prácticamente a los que pasaban por el palco del Obradoiro, el club de baloncesto que preside desde 2010. Tras su salto de las páginas deportivas a la crónica de tribunales, en los despachos se dejaron de contestar sus llamadas por miedo, admitían algunos dirigentes, a que el teléfono estuviese pinchado y pudiesen acabar, ellos también, en algún sumario. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ruido mediático se ha ido aplacando y las actividades del primer empresario del transporte de pasajeros por carretera habían salido del foco... hasta que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificada por el Supremo, sobre su acuerdo con Alsa para repartirse el mercado mientras la Xunta miraba para otro lado, ha devuelto a la actualidad sus conexiones con el gobierno gallego.

No consta si esta vez estuvieron regadas con Vega Sicilia, aquel vino para gourmets que mandaba por lotes a Núñez Feijóo, su vicepresidente Alfonso Rueda, el exministro socialista José Blanco o quien fue portavoz del PP en el Senado, Xosé Manuel Barreiro. Obsequios valorados en miles de euros que la justicia consideró “regalos navideños” frutos de la “cortesía”.

Hasta este varapalo del Supremo, a Raúl López le gustaba cultivar el perfil de hombre hecho a sí mismo. En su biografía abundan episodios que alimentan esa leyenda. La del niño de aldea que mamó el negocio del transporte en casa cuando su padre empezó a mover viajeros por las carreteras lucenses en una camioneta tras la Guerra Civil. Hoy, aquella pequeña empresa familiar, Monbus, controla aproximadamente el 60% de las rutas por carretera en España con más de 2.000 autobuses y una facturación que supera holgadamente los 100 millones de euros.

Pero su conglomerado, que se extiende por varios países y gestiona palacios de congresos, servicios municipales y centenares de líneas de transporte escolar, se ve ahora amenazado por los sumarios de corrupción en los que aparece implicado López, detenido en Sanxenxo (Pontevedra) en marzo de 2016 con 60.000 euros en fajos de billetes, supuesto dinero negro que iba a entregar a una familia de hoteleros de las Rías Baixas.

Hasta entonces, durante las últimas décadas todo fue sobre ruedas para el imperio Monbus: fusiones, compras de compañías nacionales y extranjeras, a menudo apadrinado por instituciones públicas... Y cajas de ahorros dispuestas a soltar dinero fácil, hasta el punto de acompañar a la sociedad en algunas aventuras como accionistas.

En 2001 adquirió la gallega Castromil; en 2008 pagó 61 millones por La Hispano Igualadina, una de las firmas con más solera del sector. La expansión hacia Europa había arrancado años antes cuando adquirió la alemana Deustsche Touring y un holding de 32 sociedades agrupadas en Eurolines. Aquellos años nadie tosía a López, que siempre presumió de buenas compañías: alternó indistintamente con dirigentes del PSOE y del PP.

El fraguismo lo apadrinó como un empresario amigo hasta que el PP perdió las elecciones en Galicia y se acercó a José Blanco, lucense como él, que llegó a ministro de Fomento. López hizo migas después con Alberto Núñez Feijóo cuando este se convirtió en presidente de la Xunta. Durante su mandato, alcaldes de ayuntamientos afectados por servicios de autobús que consideraban deficientes se quejaban amargamente del poco éxito de sus gestiones ante el gobierno gallego. “Manda más Raúl que el conselleiro”.

A medida que aumentaba su cuenta de resultados, sus relaciones políticas y económicas con partidos de distinto color y el respaldo de las cajas de ahorros, el empresario empezó a preocuparse también por el reconocimiento social. Invirtió en un club de baloncesto, el Breogán de Lugo, del que se hizo presidente para llevarlo a la máxima categoría. En 2010, cansado de intentarlo, saltó a la dirección de su club rival, el Obradoiro de Santiago, en uno de los pocos traspasos de presidentes que se recuerdan en el deporte español. Y logró también colocarse a propuesta del PP como representante de la Universidad de Santiago en el Consello Económico e Social, un órgano consultivo del Gobierno gallego.

Así iba construyendo su mito el rey de los autobuses hasta que sus llamadas telefónicas se cruzaron con las de algunos políticos gallegos que estaban siendo investigados por corrupción en la trama Pokemon, una red de sobornos para lograr adjudicaciones públicas con ramificaciones en Galicia, Catalunya, Asturias y Cantabria. El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) puso la lupa en 2014 sobre un contrato de tres suministros de autobuses con cargo a fondos europeos en el Ayuntamiento de Santiago por más de 400.000 euros a una empresa que el SVA vinculaba con Raúl López: Talleres La Campiña.

Los pinchazos telefónicos captaron a un concejal del PP, encarcelado meses después, preguntando a López qué criterios debía incluir en el pliego del concurso. Los investigadores sospecharon de esa adjudicación: las otras dos ofertas fueron rechazadas porque sus vehículos “no cumplían con la altura mínima o el radio de giro”. Agentes del SVA vieron en eso otro “indicio de un concurso hecho a medida de uno de los ofertantes, adaptándolo a las características de su producto”, según escribieron en un informe remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, convertida ya entonces en látigo contra la corrupción.

De Lara y el SVA volvieron a cruzarse en la vida de Raúl López el 18 de marzo de 2015. Los agentes lo arrestaron ese día mientras entregaba 60.000 euros en un restaurante de lujo de Sanxenxo a una familia de hoteleros de la joya turística de las Rías Baixas. Permaneció detenido más de 72 horas y tras pagar 20.000 euros de fianza para evitar la prisión el empresario de los dos mil autobuses aseguró a la prensa: “Pudo haber alguna irregularidad administrativa, pero ya está aclarada”.

Ese fue el inicio de la llamada Operación Cóndor, que dejó otros diez detenidos. A López se le investiga por su relación con delitos fiscales y contables, blanqueo, falsedad, tráfico de influencias y cohecho. La policía sospechaba que se repartía con empresarios locales dinero negro que salía de las excursiones turísticas de jubilados. Ahora mismo, el sumario que pone fin a la instrucción de esta macrocausa está paralizado, pendiente de un recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo.

Regalos y pagos a cargos del Ejército

Las escuchas destaparon mucho más: presuntos sobornos a cargos del Ejército para obtener concesiones del Ministerio de Defensa para trasladar a la brigada de paracaidistas del Ejército de Tierra. Fue el propio yerno de Raúl López, Rafael Casqueiro, según el sumario, el que se encargó de gestionar el regalo del servicio de autobuses para la boda de la hija del jefe de Estado Mayor de la BriPac, el teniente coronel Luis Cortés, con el defensa internacional y hoy primer capitán del Real Madrid, Nacho Fernández. Cuando la jueza preguntó si tenía algo que ver con las concesiones del transporte, un cargo del Ejército que medió en la operación aseguró que Monbus no cobró nada por el transporte, ya que le interesaba “hacer publicidad” de sus autobuses en el evento.

Los investigadores sospechan que López también intentó sobornar con medio millón de euros al presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, antes de hacerse con los traslados de los equipos durante el Mundial de Baloncesto que se celebró en Madrid en 2014. Y que Monbus tuvo acceso a las ofertas de sus competidoras en este concurso para mejorarlas y asegurarse la concesión en un consorcio donde también estaban Alsa y Globalia.

El contrato para pasear a la Orquesta Sinfónica de Galicia también está en entredicho, como la forma en que Gerardo Díaz Ferrán le fue traspasando sociedades y concesiones cuando el monopoly del presidente de la patronal empezaba a desmoronarse, antes de acabar en prisión.

En uno de sus contratos privados, López y Díaz Ferrán falsearon la compraventa de la sociedad Autobuses Urbanos de Lugo para que las concesiones a esta empresa no fuesen impugnadas. Aunque en las escrituras públicas se establecía que Díaz Ferrán traspasaba a López el 49% de las acciones, el contrato privado aclaraba que en realidad le estaba vendiendo su mitad en la Unión Temporal de Empresas (UTE). El 1% que simulaba mantener el presidente de la patronal era para evitar que el Ayuntamiento de Santiago revisase la concesión del transporte urbano, tal y como estaba obligado a hacer si la UTE que optó a la concesión se deshacía.

Tras casi ocho años de silencio, ha sido otra sentencia la que ha vinculado la actividad ilícita de Monbus con el consentimiento de la Xunta. La decisión del Tribunal Supremo de no aceptar los recursos de los afectados ha convertido en firme la sentencia del TSXG que obligaba a la Comisión Galega da Competencia a abrir expediente sancionador tanto a esta empresa como a Alsa por “repartirse el mercado”. Ambas firmas concurrieron juntas a los lotes más jugosos del concurso autonómico de transporte de viajeros por carretera. En el resto, no se enfrentaban: donde competía una, no se presentaba la otra. Competencia, un órgano formado por tres antiguos cargos populares puestos a dedo por el gobierno gallego, había archivado la denuncia de un competidor sin siquiera pararse a comprobar lo que allí se decía. Mientras la oposición centra sus dardos en la “connivencia” de la Xunta –el BNG quiere que la conselleira dé explicaciones en el Parlamento– Monbus ya ha anunciado que pedirá amparo ante el Constitucional.

La lentitud con la que avanzan algunas de las causas por corrupción abiertas en los últimos años en Galicia está propiciando que, al tiempo que se mantienen las sospechas sobre numerosas empresas implicadas en ellas, esas mismas firmas estén viendo aumentadas sus cifras de negocio precisamente en las administraciones cuyos contratos están siendo investigados. La presunción de inocencia no sólo permite que esas empresas puedan presentarse a concursos que supuestamente intentaron orientar hacia sus intereses sino que, mientras no se convocan esos concursos, en ocasiones demorados precisamente por las investigaciones penales abiertas, esas mismas firmas siguen viéndose beneficiadas de prórrogas otorgadas de manera unilateral por administraciones de todo color político.

En un repaso a las principales investigaciones por corrupción abiertas en Galicia en los últimos años se encuentran casos de todo tipo, pero en todos ellos la reacción de las administraciones, al margen de su ámbito territorial y partido gobernante, cuando se les pregunta por qué contratan con esas empresas es la misma: “Es legal”. Pero hay incluso un caso en el que no sólo la contratación de la empresa investigada es legal sino que, a pesar del intento político por no hacerlo, es la propia justicia la que obliga.

La Justicia obliga a adjudicar a una empresa clave en el caso Pokémon

El caso Pokémon, iniciado en 2012 por la jueza de Lugo Pilar de Lara y ramificado en múltiples causas aún en investigación, despertó dudas sobre la manera en que determinadas empresas agasajaban políticos a cambio de presuntas decisiones administrativas beneficiosas para sus intereses. La empresa que los investigadores consideran como el centro de ese caso es el grupo Vendex, un conglomerado de servicios del que forma parte Doal. A pesar de las sospechas que recaen sobre ella y la imputación de sus directivos, la justicia obligó al Ayuntamiento de Santiago, en el que también se investigan las operaciones de esa firma, a adjudicarle a Doal el servicio de la grúa municipal.

Fue en 2012 cuando el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, resolvió un concurso que había lanzado el gobierno local anterior encabezado por el PSdeG y adjudicó el servicio de la grúa a otra empresa, Setex Aparki. Sin embargo, Doal recurrió ante la justicia aquella adjudicación argumentando que esa otra empresa había incumplido una de las condiciones del concurso público y que el recinto que había ofrecido para almacenar los coches retirados no alcanzaba por unos pocos metros el mínimo exigido en el pliego de condiciones de la licitación. Para cuando la justicia le dio la razón, Doal ya estaba implicada en el caso Pokémon y la ciudad la gobernaba Compostela Aberta. Una formación que había ganado las elecciones con un discurso que ponía el foco en las relaciones entre el PP y esas empresas investigadas y que en su programa prometía remunicipalizar ese servicio de la grúa que ahora la justicia le obliga a entregar a una empresa investigada por corrupción.

El Gobierno local actual asegura que sigue adelante con su plan de remunicipalización, pero lamenta que las decisiones judiciales sobre el caso están demorándolo. Entre ellas, la de trasladar al juzgado de Lugo el expediente administrativo de esa adjudicación incautado en los registros del caso Pokémon realizados en su momento en el Ayuntamiento de Santiago, lo que dejó a la administración sin documentos que necesitaba.

Santiago prorroga a Monbus

En los concursos públicos las administraciones no tienen capacidad para vetar a empresas mientras no recaiga sobre ellas una condena firme. En esos concursos las valoraciones de las diferentes ofertas que se presentan corren por cuenta de funcionarios, no de políticos. Pero cuando el plazo de esos contratos va finalizando sí hay responsabilidad política en la incapacidad de las administraciones, criticada en numerosas ocasiones por el Tribunal de Cuentas o su homólogo gallego, el Consello de Contas, para convocar nuevos concursos que renueven el servicio y evitar así que mientras lo sigan prestando con prórrogas las anteriores adjudicatarias.

Sin salir de Santiago se puede analizar el caso de otro grupo empresarial investigado por la justicia que sigue viendo ampliado su negocio a través de prórrogas. En Compostela la totalidad de las acciones de la concesionaria del servicio de transporte urbano en autobús fueron adquiridas en secreto en 2010 por el empresario lucense Raúl López, propietario del grupo Monbus, al expresidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, justo antes de la quiebra de su grupo. Empresas de López gestionan también otras instalaciones municipales y lo siguen haciendo a pesar de que en los últimos años se ha visto envuelto en casos como el citado Pokémon o Cóndor, que lo atañe directamente, y que afectaron de lleno a anteriores gestores municipales.

La concesión del bus urbano finalizaba a finales de 2016, pero más de un año después la concesionaria de Raúl López sigue prestando el servicio porque el gobierno local no ha sido capaz de resolver aún un nuevo concurso público. La prórroga es legal, pero ya no es un deber impuesto por una decisión judicial sino derivada de que el gobierno local aún no convocó un nuevo concurso y el servicio no puede dejar de prestarse. Fuentes del gobierno local argumentan que la reestructuración global de las líneas que quieren realizar está detrás de sus dificultades para ultimar ese nuevo concurso, lo que obliga a mantener la prórroga. Pero cuando al fin se resuelva ese nuevo concurso, nada impide que alguna empresa de Raúl López, investigado pero no condenado, lo vuelva a ganar por resultar la mejor puntuada, al igual que el grupo Monbus viene de copar el máximo de contratos posible en un reciente concurso de la Xunta para gestionar varias líneas interurbanas.

Pontevedra prorroga a Aquagest

En Pontevedra la situación es similar con Aquagest, la concesionaria del agua en numerosos ayuntamientos. En esa ciudad se llevó el contrato en 1997, en el último gobierno popular, por un período de 20 años que finalizó en febrero del año pasado. Los investigadores del caso Pokémon creen que directivos de la empresa intentaban obtener tratos de favor por parte del actual gobierno local del BNG y orientar en su beneficio el nuevo concurso que se tenía que convocar para renovar el servicio. A pesar de que la concesión finalizaba el pasado febrero, el gobierno local de Pontevedra, que al contrario que otros de izquierda no se plantea remunicipalizar el servicio, tampoco fue capaz de convocar un nuevo concurso hasta ahora, de manera que Aquagest, ahora renombrada como Viaqua, sigue prestando el servicio a través de una prórroga.

El PSOE local alerta de que durante esta prórroga la empresa seguiría cobrando una compensación por las obras que realizó durante los 20 años del contrato original que ya no le correspondería por estar ya pagada por completo durante ese período, algo que el Gobierno local se limita a negar: “El Ayuntamiento de Pontevedra se ajusta a la legalidad en todos sus contratos y prórrogas. Es lo único que tiene que decir”.

Esa prórroga, en Pontevedra como en otras administraciones, al margen del color político, es vista por la oposición como una muestra de la incapacidad del gobierno de resolver a tiempo un nuevo concurso público. En el caso de Pontevedra a ese nuevo concurso, pendiente de adjudicación y uno de los mayores del año en Galicia, con 120 millones en juego, se presentaron diez ofertas, varias de ellas de empresas implicadas en casos de corrupción en toda España. Entre ellas opta a volverse a llevar el contrato la propia Viaqua que supuestamente había intentado orientarlo hacia sus intereses, lo que hace que fuentes socialistas, que admiten que la firma está bien colocada porque es la candidata que mejor conoce cómo funciona el servicio, alerten de la inseguridad jurídica que podría suponer si en el futuro el caso Pokémon establece algún tipo de responsabilidad de la empresa. Pero eso es una hipótesis de futuro, porque nada impide a una empresa, si no está condenada, presentarse a un concurso y ganarlo si resulta la mejor valorada por la mesa de contratación -en la que legalmente deben mandar los técnicos, no los políticos-, o si cumple los requisitos legales en el caso de otros procedimientos. Un veto político supondría una prevaricación.

La Xunta adjudicó a la familia Charlín

Esa argumentación, la de que no adjudicar un contrato a quien tiene derecho a él, por muy sospechoso que sea, supondría un delito de prevaricación, es la que ofreció la Xunta para explicar una concesión otorgada en 2016 a María Teresa Charlín Pomares, hija del narcotraficante Manuel Charlín. Su imputación, junto al resto del clan familiar, por blanquear dinero, no impidió que Portos de Galicia le otorgase la concesión que solicitó para legalizar unas tuberías en terreno portuario autonómico en Vilanova de Arousa que venían sirviendo a un cocedero de marisco de la familia.

Según Portos de Galicia, la solicitud de concesión fue presentada en 2009 y el propio ente público admitió que su tramitación avanzó de manera especialmente lenta, destacando que en ella se le requirió documentación complementaria. Pero la solicitante no desistió y la Xunta tuvo que acabar adjudicándole lo solicitado siete años después porque tenía derecho y lo contrario supondría una prevaricación.

Archivo de la adjudicación ilegal de la Xunta a Inaer

Por otra parte, tampoco es tan fácil demostrar la existencia de un delito de prevaricación en una contratación. Así lo acaba de evidenciar el reciente archivo por parte del juez instructor de la investigación abierta contra varios altos cargos de la Xunta por adjudicar de manera ilegal el servicio de helicópteros de lucha contra incendios a la empresa Inaer. El propio juez admitió que la empresa operó para la Xunta sin contrato, pero matizó que “para conformar el delito de prevaricación no es suficiente con constatar una mera ilegalidad sino que es preciso demostrar además, por lo menos indiciariamente, que tal infracción normativa fue consciente, deliberada y buscada”. Inaer operó para la Xunta de manera ilegal, pero no se pudo demostrar la prevaricación.

La investigación, que tuvo imputado al máximo responsable autonómico de la política forestal, fue abierta en 2013 y no impidió que diversos departamentos de la Xunta, incluida la propia Consellería de Medio Rural, siguiesen adjudicando a Inaer a gran mayoría de sus contratos de helicópteros, como también hizo en su momento la Xunta gobernada por PSdeG y BNG. Y no sólo a través de concursos públicos en los que la suya resultó la oferta mejor valorada, sino también a través de procedimientos a dedo. Y eso a pesar de que, al margen del ámbito penal, en el ámbito administrativo el Consello de Contas había advertido de que la Xunta podía estar malgastando dinero con sus adjudicaciones a Inaer, que cada año recibe cerca de 20 millones de euros de los diversos contratos que le viene adjudicando el Gobierno gallego. A pesar del archivo del caso gallego, Inaer sigue implicada en otras comunidades en el denominado cártel del fuego por supuesto reparto de contratos con otras empresas.

Fomento sigue adjudicando a empresas que se repartieron contratos

No sólo a nivel local y autonómico las administraciones siguen contratando en Galicia con empresas implicadas en investigaciones por corrupción. En 2013 la Fiscalía abrió una investigación por adjudicaciones a dedo de la demarcación de carreteras del Ministerio de Fomento en Ourense. En los procedimientos de contratación negociados, la Administración invita de manera discrecional a varias empresas a que le formulen ofertas para realizar una determinada obra o servicio, pero esas firmas no pueden pertenecer a los mismos grupos empresariales. Eso no ocurrió en Ourense, donde empresas relacionadas entre sí coparon numerosos de esos procedimientos negociados, haciendo así que no hubiese una competencia real entre las candidatas. Fomento abrió una investigación interna, al margen de la penal que sigue su curso, que no impidió que el propio ministerio siga invitando a procedimientos similares de adjudicación a dedo para obras en Ourense a algunas de aquellas empresas que consideraba que la habían engañado, como Extraco.

Imagen de marca

A pesar de que sigan aumentando sus cifras de negocio a través de prórrogas de contratos o ganando los nuevos concursos a los que se presentan, las empresas implicadas en investigaciones por corrupción son conscientes del daño que esas causas les hacen. Sus estrategias para paliarlo son múltiples. Aquagest, por ejemplo, propiedad de Aguas de Barcelona (Agbar), a su vez controlada por la francesa Suez, cambió de nombre. Hoy se llama Viaqua e intenta distanciar su imagen de marca de los hechos investigados en la Pokémon.

Algo similar sucede con Inaer, empresa de origen español surgida de la fusión de otras dos preexistentes que fue adquirida por la británica Babcock y que desde hace un año cambió su denominación a Babcock Mission Critical Services España. Varias fuentes internas señalan que la política empresarial de la nueva propietaria de la vieja Inaer es muy distinta a la de cuando estaba en manos españolas y está alejándose de anteriores comportamientos. Eso sí, varias fuentes del sector destacan que sigue beneficiándose de la posición dominante en el mercado que había conseguido Inaer en el pasado.

En 2008, el gobierno de Cartagena aprobó fuera del orden del día una propuesta de la que gestiona el agua en Cartagena, Aquagest -ahora Hidrogea- y del concejal de Hacienda José Cabezos, para invertir unos 12,5 millones de euros en infraestructuras para los años 2009 y 2010. Cuatro meses después, la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro y sus concejales , Agustín Guillén y María Ángeles Palacios, todos ellos del PP, viajaron a Nueva York con los gastos pagados por la mencionada Aquagest.

Así lo publicaba el pasado viernes el diario La Verdad, que constata que desde 2005 hasta 2012 hasta cinco ediles populares disfrutaron de estos viajes pagados a cambio de decisiones en el gobierno de Cartagena que beneficiarían a la empresa.

El informe de Vigilancias Aduaneras en Galicia exponía la semana pasada: “Por parte de empresas del grupo Agbar -ahora grupo Suez-, entre ellas la que actualmente se denomina Hidrogea, se abonan una serie de viajes, teniendo constancia por la factura que la empresa al menos corre con los gastos de transporte y alojamiento de viajes a Nueva York, Atenas, Múnich, Palma de Mallorca, Málaga, Madrid y Barcelona”.

La consejera portavoz del gobierno regional, Noelia Arroyo, dice que desconoce en profundidad la información que habla sobre el pago de viajes y pide respeto a la actuación judicial. Que Barreiro decida dar o no un paso atrás es, según ha dicho, “una decisión personal”.

Con esta, ya son dos los casos de presunta corrupción en los que está implicada la senadora y exalcaldesa de Cartagena, ya que actualmente aparece como investigada en la 'operación Púnica', también de corrupción política.

Castejón pretende bajar un 10% el recibo

Las irregularidades mostradas en el contrato de Cartagena con la empresa de aguas han provocado que la alcaldesa de la localidad Ana Belén Castejón intente aprovechar la polémica  para acercar posturas para abaratar ya el recibo. El consistorio de la ciudad había aprobado en 2004 la ampliación del contrato con Hidrogea de 2025 hasta 2042.

Para el portavoz de Ciudadanos Manuel Pagín esto significa un nuevo escándalo político y considera que el PP debería exigir la dimisión como senadora de Pilar Barreiro. Por su parte, Pilar Marcos de 'Cartagena Si Se Puede' considera “imprescindible la anulación de la ampliación del contrato con Hidrogea hasta 2042”.

Según fuentes municipales, un informe técnico de la Concejalía respalda la exigencia de reducir el importe un 15% -9 euros cada dos meses-. Los funcionarios apuntan a que los costes del servicio se sitúan en algo más de 38 millones de euros y no en los 45 que calcula la concesionaria. La empresa, por su parte, ofrece un 1%: 2 euros por recibo y 12 al año.

En mayo de 2012 había 23.849 personas inscritas en las oficinas de empleo del municipio de A Coruña, casi un 20% más que un año antes, cuando el PP logró su histórica mayoría absoluta con Carlos Negreira al frente. Mientras, la afiliación a la Seguridad Social no dejaba de bajar, con una media de unas 85.000 personas afiliadas que un año después eran apenas 82.000 y en 2014, poco más de 80.000 como cifra media. Este es el contexto en el que, según la investigación de la Operación Pokémon, el Ayuntamiento de A Coruña se convirtió en una “agencia de colocación” en la que, dice la jueza Pilar de Lara, los puestos de trabajo no se asignaban de forma “reglamentaria” y con criterios de “igualdad, mérito y competencia”, sino que pesaba más la afinidad con el PP y la posibilidad de tener acceso directo a cargos del gobierno municipal.

Según los últimos informes de Vigilancia Aduanera incorporados al sumario del caso, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, la supuesta red de enchufes de cargos populares se desarrolló desde su acceso al Ayuntamiento en 2011 y se ve “refrendada” por los correos electrónicos intervenidos en el “volcado informático” realizado por los agentes en el Pazo de María Pita en diciembre de 2013. Esos correos sitúan al teniente de alcalde, Julio Flores, como receptor de currículums y peticiones de recomendaciones de, al menos, una cuarentena de personas. El número dos de Negreira redirigiría, a su vez, esas solicitudes de enchufes hacia el grupo Véndex, conglomerado de empresas que la investigación sitúa en el centro de la trama.

De las indagaciones de Vigilancia Aduanera se desprende que el responsable de Véndex en Galicia, José María Tutor, colaboraría activamente en este “presunto tráfico de influencias” atendiendo las “recomendaciones de Julio Flores” dentro de su “propósito de colocar personas recomendadas por personal de la máxima representatividad del Ayuntamiento” como contrapartida para conseguir concesiones municipales. Una de las concesiones señaladas es el “contrato de servicios integrales de limpieza, conserjería y mantenimiento del centro sociocultural Ágora” donde, destaca Tutor en una de las conversaciones telefónicas grabadas, “las personas que están trabajando son todas de la nueva corporación”. Por este motivo, dicen los investigadores, “lo más importante” para lograr la concesión “no es el contenido de los pliegos, sino que el personal (...) es de la nueva gente del gobierno municipal de A Coruña”.

Intercambio de currículos y agradecimientos

Los correos electrónicos intervenidos son todo un retrato de múltiples casos de personas afectadas por la crisis que, como muchas otras, sufren problemas para hacerle frente a pagos cotidianos o para mantener sus viviendas, o padecen la presión del fin de las prestaciones por desempleo. La diferencia fundamental con respecto al resto de la población es la posibilidad de acceder a un empleo vinculado al Ayuntamiento desde fuera de los canales comunes. De este modo, por ejemplo, Flores le pide la Tutor que “le busque algo” a una persona que le pidió un puesto de trabajo. Tutor, por su parte, le indica al teniente de alcalde que “necesita” un “diplomado en turismo para sustituir a los que están en el stand que está al pie de la Torre de Hércules” y que “mire si tiene alguien en la lista” que responda a ese perfil. Lo mismo hace, poco después, para cubrir puestos de personal de limpieza para dos instalaciones municipales.

Los correos retratan, al tiempo, las reacciones de agradecimiento de las personas presuntamente enchufadas. “Querido Julio. Quiero expresarte toda mi gratitud y cariño. Me has ayudado, quizás cuando más lo necesitaba en mi vida. Como nadie lo ha hecho nunca. Todo este tiempo me ha servido para reafirmarme como persona”, indica un trabajador que atribuye a la mediación del político su trabajo en los servicios de las playas y en los grupos de emergencias. “Querido Julio, esta mañana (...)confirmaron a mi hija (...) en la alcaldía. Quiero pues transmitirte mi profundo sentimiento de reconocimiento por todas las molestias que en este terreno determinastes. Si en algún momento, he molestado, pido disculpas por ello los hijos forman parte especial en la vida de los padres”, dice un funcionario municipal tras confirmar la colocación de su hija.

De este volcado informático los agentes también extraen la presunta intermediación en los enchufes de otros miembros del PP, como las ediles Begoña Freire, Rosa Gallego y Mariel Padín, o el ex conselleiro de Educación y candidato del PP en Ourense, Jesús Vázquez. Además, es posible observar también cómo algunas personas echaban mano de Flores tanto para intentar la consecución de un puesto de trabajo como para salvar otro tipo de trámites: “Como sé que eres una persona que siempre estás atenta a cualquier oportunidad, te envío el currículum de una persona por si surge alguna opción”, indica uno de los correos. “Te agradecería si puedes hacer algo sobre lo de mi hijo para las Becas USABecas USA”, le dice el padre de un alumno de un colegio privado de la ciudad.

“Estoy muy extrañado de que aparezca mi nombre en esa lista”. El ex conselleiro de Educación y candidato del PP a la alcaldía de Ourense, Jesús Vázquez, respondía de este modo el pasado jueves al ser cuestionado por los medios sobre el auto en el que la jueza Pilar de Lara, instructora de la Operación Pokémon, lo incluye en la investigación de la presunta trama de enchufes del Ayuntamiento de A Coruña. Además de esa extrañeza Vázquez subraya especialmente que nunca ha tenido relación alguna con el grupo Véndex, empresa ubicada en la centro de la investigación, ni con la cuarentena de personas investigadas. Documentación incluida en el sumario muestra que la causa de que Vázquez sea investigado se encuentra en los correos electrónicos intervenidos al teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores (PP), imputado en el caso.

Como relató este diario, De Lara da por “refrendada” la existencia de una red de enchufes en el consistorio coruñés, ya que el contenido de las escuchas telefónicas practicadas por Vigilancia Aduanera se ve certificado por el volcado informático que ordenó hacer en el Ayuntamiento, dice. Dentro de la información recabada por la magistrada están los correos electrónicos intercambiados por el ex conselleiro con el teniente de alcalde, los cuales han sido incluidos en un informe a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, y en el que se muestra que Vázquez intermedió, supuestamente, para que la hija de un afín al PP fuera contratada por una concesionaria del Ayuntamiento de A Coruña.

El intercambio de mails comienza a finales de mayo de 2012, cuando Vázquez recibe un correo con el asunto “Ayuda” en el que el hombre que lo escribe dice: “Hola conselleiro, a ver si cuando tengas un momento me haces un pequeño favor”. El remitente indica que “El Ayuntamiento del Coruña (o sea de los nuestros) ha sacado a concurso el salvamento y socorrismo de las playas para el verano, y a ver si puedes hablar con alguien (concejal o quien sea) para que la empresa que obtuvo el concurso (que como todas cogen a los socorristas a dedo) cogan a [Nombre de la persona recomendada], que el año pasado ya fue socorrista en Coruña con la empresa de turno”. En su despedida el contacto de quien entonces era conselleiro deja claro que, a su juicio, la militancia política tendría que primar a la hora de lograr el puesto. “Solo faltaba que entren todos los amigos de ZP y nosotros nos quedemos fuera. Moitas gracias”.

Siempre según los correos intervenidos el 1 de junio el conselleiro le hizo llegar la petición a la concejal del PP de A Coruña Carmen Hervada, cuyas funciones están adscritas al departamento de la Alcaldía, esto es, de Carlos Negreira. Hervada, a su vez, se lo reenvió a Julio Flores el día 4. Casi al mismo tiempo, Vázquez utiliza su correo electrónico de la Xunta para, con el asunto “Petición de un gran favor”, poner más énfasis en la solicitud. “Querido Julio, Carmen Hervada te pasó un tema mío. Es un favor que te pido”. De ese correo se extrae que el solicitante del 'enchufe' pide ese puesto para su hija: “El padre es muy amigo nuestro y un gran defensor nuestro. El año pasado su hija ya estuvo de socorrista en vuestras playas”, señala.

Ese mismo día, el 4 de junio, Flores le dice al conselleiro que necesita “con urgencia un teléfono de contacto de la chica”. Una semana después, el día 11, es Jesús Vázquez quien se dirige de nuevo al teniente de alcalde desde su correo de la Xunta: “Querido Julio no te me olvides del favor que te pedí. Te lo agradecería muchísímo”. Un poco después Flores le escribe a su secretaria: “Como va este tema y los otros?”. “Esta tarde van hacer aún una prueba teorica a los mismos de ayer, que son los que no tenían en Fessga [Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia] ninguna referencia ni constancia de titulación... Y después ya nos los comunican”, respondió.

Efectivamente, en esa jornada terminaron de celebrarse las pruebas de selección y el día 12 la FESSGA hizo público el listado de 32 personas admitidas, entre las que se encontraba la recomendada por mediación del conselleiro. Esta entidad es ahora una de las que la jueza De Lara viene de pedir datos para comprobar oficialmente que gestionan servicios de la Administración Pública.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de A Coruña, Julio Flores (PP), intentó impedir que se certificara el acoso laboral al testigo protegido de la operación Pokémon. Los abogados del número dos del gobierno local presentaron un recurso de apelación contra una providencia de enero con el cual intentaban que no se llevara a cabo la diligencia pericial de reconocimiento médico-forense para determinar si dicho testigo había sufrido una situación de mobbing o acoso laboral.

Los abogados del testigo pidieron la impugnación y nulidad del recurso de apelación presentado por Julio Flores, al entender que el intento de sus abogados de que se incluya también el historial clínico del testigo no tiene sentido, según las diligencias previas a las que ha tenido acceso este diario. Interpretan que es una maniobra para intentar anular las posibles pruebas del acoso laboral sufrido, basándose solo en el hecho de que el testigo ya había padecido anteriormente baja laboral, lo que supondría entender que estos antecedentes implican que el trabajador no puede sufrir una situación de mobbing.

La jueza que lleva el caso Pokémon, Pilar de Lara, aclara que se admitió indebidamente el recurso de Julio Flores y da de plazo a los abogados de Flores para que interpongan otro recurso de reforma en el plazo de tres días e “insten a lo que a su derecho convenga sobre una posible nulidad de la providencia” impulsada por los representantes del teniente de alcalde de A Coruña.

En todo caso, la magistrada ya había aclarado en un auto de casi 50 páginas del pasado 9 de enero que le otorgó a este trabajador, cuyo testimonio es “esencial” en la presunta trama corrupta, la condición de testigo protegido para frenar el “acoso” que viene sufriendo por, asegura, colaborar con la Justicia.

Ya en el otoño de 2012, dos semanas después del estallido de la Operación Pokémon, este trabajador del Acuario de A Coruña se dirigió a la Policía Nacional para “denunciar las irregularidades” que había detectado en las contrataciones del organismo, dependiente del Ayuntamiento coruñés. No obstante, no le “recogieron la oportuna denuncia” ni “se puso en conocimiento” del juzgado de Lugo que instruye el caso, según advirtió De Lara.

Aquel infructuoso acercamiento a la Policía fue solo el primer episodio de los avatares sufridos por el trabajador, quien se vio obligado a coger la baja en su puesto de trabajo en febrero del pasado año por la “situación de acorralamiento laboral que venía sufriendo por causa de oponerse a prácticas que consideraba ilícitas”. “No cabe duda”, dice la jueza en el auto, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, “de que la situación de acoso laboral” está en “íntima relación” con su denuncia de prácticas irregulares en el Ayuntamiento coruñés y “vinculada a la trama urdida por el Grupo Véndex para, en connivencia con diversos funcionarios públicos y autoridades políticas de A Coruña, conseguir la adjudicación” de contratos del Acuario. “Según obra en la causa”, quien ahora es testigo protegido “parecía ser un importante obstáculo” para los supuestos líderes de la trama.

Una detención extraña y polémica

El trabajador “se opuso a las pretensiones de ilícita adjudicación del concurso de mantenimiento biológico” del Acuario a una filial de Véndex, tras lo que “fue objeto de una campaña de persecución y acoso” y de “represalias” de sus “superiores jerárquicos”, actitudes que continuaron incluso tras su baja, cuando “aparecieron forzados varios armarios de su despacho” en el propio Acuario. Ese incidente motivó que De Lara enviara a la Policía Nacional al despacho para investigar un posible delito de “obstrucción a la Justicia”. Pero, “extrañamente”, ya había estado allí “interfiriendo en la investigación” la Policía Local, “dependiente directamente del alcalde y, más concretamente, del teniente de alcalde”, Julio Flores, “imputado en la causa, entre otras cosas”, según recuerda la jueza, por las “manipulaciones presuntamente urdidas” junto al responsable de Véndex en Galicia, José María Tutor, para “tratar de beneficiar a la empresa” con contratos del propio Acuario.

Lo más grave vendría más tarde. El suceso que llevó al trabajador a solicitar la protección judicial fue la detención que sufrió en Ferrol a finales de octubre, cuando, tras bajar del autobús en una parada equivocada, le pidió a una conductora si lo podía acercar a su destino. Desde el cuerpo policial ferrolano se detallaron lo que la jueza define como un “cúmulo de infortunios”, tales como el supuesto “fallo del sistema de grabación de llamadas” que impide conocer las palabras de la conductora que informó de la presencia del trabajador en la vía pública o la “pérdida del parte de asistencia médica” de la que fue objeto tras ser detenido, toda vez que, a pesar de tener un brazo escayolado y una pierna lesionada, fue esposado.

Las “notables y flagrantes divergencias” en las sucesivas “narraciones” policiales se suman, según la jueza, al “dato relevante” de que “el actual jefe de la Policía Local de Ferrol (...) fuera hasta 2013 inspector principal de A Coruña bajo el mando del teniente de alcalde, Julio Flores”, y que además este mando policial “figura en las listas de Véndex como receptor de regalos”.

A todo esto se suma, asimismo, la “filtración” de la detención desde Ferrol al periódico La Voz de Galicia, cuya exposición de los hechos lleva a De Lara a “entender que existe una especie de conjura para perjudicar al testigo, publicando información inveraz para desprestigiarlo públicamente y desacreditar tanto su testimonio como el resultado de la instrucción, aprovechando casualmente o no” el “lamentable incidente” de la detención.

En el último auto, en el que se implica al alcalde Carlos Negreira en lo que la jueza denomina la “agencia de colocación” de “enchufes” del Ayuntamiento, la magistrada advierte de las “conexiones” de los correos intercambiados por el delegado de La Voz en A Coruña con Julio Flores y el “episodio” de la “detención en circunstancias ciertamente anómalas” del testigo por parte de la Policía Local de Ferrol. Y alerta del “denunciado ensañamiento periodístico producido con la difusión de información falaz por La Voz de Galicia”, cuyo delegado en A Coruña “sería la persona que habría conseguido que se le filtrara el atestado policial llevado de la Policía Nacional de Ferrol” sobre dicha detención, además de haber encomendado a su subordinado la redacción del artículo sobre lo acontecido“.

El testigo clave fue puesto en libertad sin figurar en el Libro de Detenidos y los agentes implicados llegaron a emplear la cuenta oficial de Twitter de la Policía Local de Ferrol para colgar material supuestamente requisado al trabajador del Acuario, junto a frases poco afortunadas.

Pleno. Hasta finales del pasado enero la única edil del PP de Santiago electa directamente en las municipales de 2011 que permanece en el Gobierno local, Reyes Leis, era también la única de aquel equipo original, presidido por Gerardo Conde Roa, que se libraba de los problemas con la Justicia. Pero la condición de la actual responsable de Turismo de la capital gallega acaba de cambiar. La titular del juzgado de instrucción número 1 de Santiago, Ana López-Suevos, en su condición de sustituta de la responsable del número 2, cita a Leis como imputada por un presunto delito de tráfico de influencias por, supuestamente, intentar aprovecharse de su cargo de concejala para que le fuera retirada una multa.

La presunta conducta delictiva se produjo en junio de 2012. El teléfono del entonces edil de Seguridad y responsable de Tráfico del Ayuntamiento, Albino Vázquez, estaba intervenido por orden de la jueza Pilar de Lara, instructora del caso Pokémon. Esta intervención les permitió a los agentes de Vigilancia Aduanera interceptar también el mensaje de texto en el que Reyes informaba a su compañero de que le habían puesto “una multa de la ORA” mientras se encontraba acudiendo a un “acto”. “¿Se puede hacer algo?”, preguntaba.

De Lara remitió esta parte de las intervenciones desde Lugo hasta Compostela, donde la jueza instructora detectó una presunta conducta delictiva. Así las cosas, López-Suevos le reclama ahora al Ayuntamiento el expediente correspondiente a la multa de Reyes Leis para conocer si, efectivamente, le fue retirada gracias a su ruego a Albino Vázquez, imputado en la Pokémon y ahora también en este caso.

Todos en los tribunales

La decisión de la jueza añade definitivamente el nombre de Leis a los de todos sus compañeros en aquel primero Gobierno, que en diferentes momentos tuvieron ya que rendir cuentas ante los tribunales. El primero fue el propio Conde Roa, quien además de ser objeto de una imputación en la Pokémon fue condenado por fraude fiscal en su empresa constructora, causa que motivó su salida de la Alcaldía. La número dos de aquella lista, Paula Prado, tuvo que abandonar la portavocía del PP al conocerse que era investigada también en la Pokémon, caso por el que acabó imputada pero no en Lugo, sino en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dado el aforo que implica su cargo de diputada.

Tras Leis, tercera en la lista electoral, estaba el también ex alcalde Ángel Currás, sobre quien pesa una imputación en la Pokémon, lo que también le acontece al mencionado Albino Vázquez, número 8, y a Adrián Varela, número 13. Los siete restantes fueron los ediles condenados en junio de 2014 a nueve años de inhabilitación por, según la sentencia, prevaricar con la decisión de pagar con fondos públicos la defensa de Varela en el propio caso Pokémon.

Herencia para Hernández

En este contexto, y apenas tres meses después de la salida de Currás, el ahora alcalde compostelano, Agustín Hernández, afronta una coyuntura en la cual una de las escasas personas de su gobierno que tiene el referéndum de las urnas vuelve a tener sobre sí la lupa de la Justicia como consecuencia del caso que condicionó la vida municipal capitalina desde, prácticamente, el inicio del mandato. Sucede, además, después de que Leis mostrara públicamente su disposición a integrarse en las listas del PP en las elecciones de mayo.

Así las cosas, más allá de la propia resolución del caso, solo falta saber cuál será la actitud del Gobierno local y del PP compostelano ante esta nueva imputación y, muy especialmente, hacia la jueza que la decidió, toda vez que es la misma magistrada que instruyó el caso de los ediles inhabilitados. Durante aquella instrucción los conservadores santiagueses acusaron directamente a López-Suevos de ejercer sobre ellos una “persecución política”.

Feijóo se esfuerza en desligar al actual alcalde

Este pleno de imputaciones llegó este jueves a la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, en la que el presidente del Gobierno y del PPdeG fue instado a pronunciarse al respecto. Mientras, en el Pazo de Raxoi, el alcalde aseguraba que la acusación de presunto tráfico de influencias no es un caso de “corrupción” e incluso advertía de que la imputación no afectará a su decisión de incluir o no la Leyes en las listas de mayo, Feijóo se centraba en desligar a Agustín Hernández de los períodos de Gobierno de Conde Roa y Ángel Currás, al que sustituyó.

Aunque el propio Hernández formó parte de la candidatura electoral del PP en 2011 Feijóo subraya que “la anterior etapa está zanjada con el nuevo alcalde” y “las cuestiones anteriores a la toma de posesión del alcalde no afectan al alcalde”. A pesar de a la evidencia de que todo el gobierno local elegido hace menos de cuatro años acabó ante los tribunales, el titular de la Xunta se afana en dar por cerrada esa etapa propiciada por su propio partido. “El actual alcalde es el responsable de la corporación y lo que ocurrió antes del actual alcalde de Santiago desde el punto de vista de la normalidad del gobierno forma parte del pasado”, zanja.

El pasado diciembre la jueza instructora del caso Pokémon, Pilar de Lara, extendía a 24 miembros del PP ourensano su investigación sobre presunta financiación irregular del partido, iniciada a raíz de las declaraciones de su ex gerente, Emilio Pascual. Como informó este diario, la magistrada y los investigadores del caso sospechaban que, “para no superar el límite legal establecido”, los populares de Ourense habrían promovido la facturación de gastos electorales “a nombre de diversas personas jurídicas” y “de diferentes personas que ostentan cargos dentro del PP”. Parte del dinero, acrecentaba, procedían supuestamente de donaciones al partido realizadas al margen de los canales legales. Apenas dos meses después, De Lara ve “refrendadas” sus sospechas y amplía un poco más la investigación.

Segundo consta en un auto dictado el pasado martes y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, las “afirmaciones realizadas” por el ex gerente respecto a este “procedimiento de recaudación de dinero y de emisión de facturas falsas” se han visto “refrendadas por la documentación” aportada por las diferentes empresas investigadas, la cual ya ha sido “analizada” por el Servicio de Vigilancia Aduanera. De esos documentos, dice la jueza, “se desprendería que, tal y como señaló el señor Pascual [el ex gerente] los gastos electorales del PP (fundamentalmente aquellos relacionados con la publicidad), a fin de no superar el límite legal”, fueron facturados a nombres diferentes del propio partido.

Ese mecanismo, dice De Lara, tiene que ser “investigado”, porque “a través de este procedimiento se podría estar burlando la legislación electoral y de financiación de partidos políticos, además de implicar un presunto delito de falsedad documental”. “Según afirmó la testigo”, quien realmente pagaba era “el propio partido, generalmente en efectivo” y esos pagos “no se reflejaban en la contabilidad oficial, porque el dinero procedía de donaciones ilícitamente recibidas”.

“Facturación correlativa” a nombre de los candidatos

Las primeras facturas de las que De Lara sospecha están datadas en el año 2005, cuando “se efectúa una facturación correlativa” desde la empresa de publicidad Pla&Nos a nombre de varios dirigentes del PP, tales como Amparo González, actual directora general de Familia, “por 4.176 euros”, José Manuel Baltar, “por importe de 4.060 euros”, Miguel Santalices, ahora vicepresidente del Parlamento, “por importe de 4.292 euros”, el subdelegado del Gobierno central en Ourense, Roberto Castro, “por importe de 3.944 euros”, el ex diputado y actual secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, “por 4.408 euros” y María Luis Valladares, por 4.120,32 euros. “Esta facturación se realiza el mismo día”, el 28 de diciembre de 2005, y el pago “se produce igualmente el mismo día”, el 2 de febrero de 2006, “sin que conste la forma de pago”, lo que “parece indicar un pago en efectivo”.

En 2007, en el marco de las elecciones municipales, la investigación detecta una nueva “facturación correlativa”, en este caso a nombre de hasta catorce dirigentes y candidatos del PP, entre los que se encuentra Jose Luis Baltar, el ex alcalde de Ourense y diputado Enrique Novoa, la actual diputada Marta Rodríguez-Vispo o la ahora gerente del hospital ourensano, Eloína Núñez, y varios ediles, entre otros. Toda la facturación “está emitida en la misma fecha, 28 de mayo de 2007, y por idéntico importe”. Como en el anterior caso, “la facturación emitida a nombre de personas físicas, todos ellos candidatos del PP, fue abonada en efectivo en la misma fecha”. “Es significativo -añade- que el importe de las facturas (...) no supere los 3.000 euros, cantidad a partir de la cual se estaría obligado” a presentar documentación adicional en Hacienda.

“Idéntico sistema” a partir de 2011

Como en el auto de diciembre, la magistrada considera, a la luz de los datos aportados en el informe de Aduanas, que “a partir del año 2011 se há podido seguir con idéntico sistema”, aunque “utilizando a otras empresas para encubrir supuestos gastos del PP”. En este caso, “las informaciones recibidas señalan que en el año 2011” otra empresa, Nacher Publicidad, “emitió facturas presumiblemente por gastos de publicidad en campaña electoral” a nombre del diputado en el Congreso Guillermo Collarte “por importe de 12.443,10 euros” y del secretario general del partido en la provincia y actual portavoz municipal, Rosendo Fernández, “por 9.584,55 euros”. En este sentido, el gerente de la empresa “manifiesta que los trabajos realizados eran encargados por el propio candidato, a cuyo nombre se emitía la factura, de forma verbal, y los pagos eran realizados por los mismos”. Igual que en los demás casos, “las facturas fueron emitidas en la misma fecha”, el 31 de diciembre de 2011, “pero en ambos casos constan pagadas mediante entregas a cuenta desde el mes de febrero”, en el caso de Fernández, “o desde el mes de abril, en relación com Collarte”.

En este contexto, la documentación entregada por la agencia publicitaria a los investigadores incluye “facturación a nombre del PP”, si bien al contrastarla con la “información obtenida en la Agencia Tributaria”, consta “más facturación emitida al PP y, lo que es más importante, existen divergencias”, toda vez que “en 2010 el PP no declara la relación comercial con Nacher Publicidad” pero la empresa “sí la declara, por importe de 8.129,57 euros”. En 2011 “mientras Nacher Publicidad declara una facturación de 25.210,97 euros, el PP incrementa esta cantidad hasta los 41.115 euros”.

Mientras el propio partido mantiene que demandará a su ex gerente porque, asegura, su testimonio no se corresponde con la verdad, la jueza considera que la documentación que ya maneja apunta a la “autenticidad de las facturas y documentos facilitados por Emilio Pascual, que según afirma se obtuvieron de la propia sede del PP ourensano”. Así, y dadas las sospechas por las incoherencias detectadas en las contabilidades del partido y de las empresas investigadas, De Lara se dispone a “proseguir con las investigaciones de presuntos delitos de falseamiento de cuentas, apropiación indebida y, en su caso, soborno y tráfico de influencias”. Por este motivo reclama que dos medios de comunicación de la capital provincial y la referida Nacher informen de las facturas emitidas a nombre del PP, de empresas del grupo Véndex y de los miembros del PP Jackeline Elizabeth Fernández, Carmen Leyte, Francisco José Fernández y Ana Belén Vázquez, todos ellos miembros del PP ourensano.

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, comienza a despejar su horizonte judicial a cuatro meses de unas elecciones autonómicas en las que se enfrentará a una reválida personal y política. El también presidente del Partido Popular en la región está pendiente de la decisión definitiva del Tribunal Supremo sobre un supuesto cohecho cometido por él y por su consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Javier Rodríguez Argüeso.

A falta de esa resolución, que podría suponer la imputación de ambos en plena campaña electoral, Diego y Argüeso recibieron ayer una noticia que allana el camino: La Fiscalía del Tribunal Supremo rechaza, en un escrito remitido a la Sala de lo Penal de este órgano, abrir causa contra el líder del PP en Cantabria y uno de sus hombres de confianza por una estancia en un balneario de Asturias en agosto de 2010, que fue pagada por Aquagest, empresa investigada en el caso 'Pokemon', en contra de la primera versión pública sostenida por el presidente de Cantabria.

A juicio del ministerio público, a pesar de que los hechos denunciados revisten el carácter de un “delito de cohecho pasivo”, habrían prescrito, por lo que no procede abrir causa judicial al aforado.

El Supremo pidió informe a la Fiscalía el pasado día 18 de tras recibir la exposición razonada elevada por la juez Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, contra el presidente de Cantabria y el consejero de Obras Públicas y Vivienda.

Según relata el fiscal, la sociedad Aquagest, dedicada a la promoción y gerencia de servicios de abastecimiento de agua con fines domésticos, agrícolas o industriales, y con importantes intereses en Cantabria, Asturias y otras comunidades autónomas, “reservó y pagó” la estancia en el Hotel Caldas de Villa Termal situado en Asturias entre los días 13 a 16 de agosto a ambos cargos públicos que ostentaban entonces la condición de diputados de la Asamblea cántabra.

El pago realizado por la empresa, adjudicataria de la concesión de aguas de varios municipios cántabros, ascendió a 627,96 euros en el caso de Diego y a 546,99 euros en el caso de Rodríguez Argüeso.

El fiscal, en su informe de fecha 27 de enero, considera competente al Tribunal Supremo para conocer la causa, ya que se trata de diputados autonómicos investigados por unos hechos presuntamente delictivos cometidos en Asturias, por lo tanto fuera del territorio de Cantabria.

Afirma que el regalo de esta estancia en un hotel de lujo no fue efectuado como respuesta a un acto concreto de sus respectivos cargos dentro de sus específicas competencias sino que se debió, en todo caso, “a la generalidad de los actos propios de su función, entre los que se encontraban el control al Gobierno, que sí tiene competencias

específicas en materia que pudieran afectar a los intereses de la sociedad“.

Delitos prescritos

Agrega que, de acreditarse el regalo, el fin no podría ser otro que “captar su favor y predisponer sus ánimos a favor del donante en el ejercicio de sus funciones”. La Fiscalía, que califica los hechos como constitutivos de un delito de cohecho pasivo impropio o “cohecho de facilitación”, apunta, no obstante que el Código Penal vigente en el momento de los hechos establece para un plazo de prescripción de tres años.

“El plazo ya ha transcurrido con exceso, sin que se haya incoado hasta la fecha diligencia alguna para su persecución, por lo que el fiscal solicita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el archivo de la causa”, concluye.

Versiones contradictorias

Este escrito de la Fiscalía llega después de que el presidente de Cantabria haya ofrecido varias versiones contradictorias a lo largo de todo el proceso. Cuando saltó la noticia, desde el entorno de Ignacio Diego se afirmó con rotundidad que el jefe del Ejecutivo autonómico “se paga sus facturas”. El propio líder del PP en la comunidad autónoma defendió esta tesis, aunque siempre se ha mostrado esquivo con la prensa a la hora de abordar el asunto.

Posteriormente, y después de que se hiciera público un informe policial en el que se demostraba que el pago de las estancias de Ignacio Diego y Francisco Javier Rodríguez Argüeso había corrido a cargo del empresario Henry Laiño, directivo de Aquagest e imputado en la Operación 'Pokémon' -una trama corrupta con epicentro en Galicia y Asturias que conseguía contratos públicos a cambios de favores y regalos-, el presidente regional acudió al Parlamento a dar una nueva versión de los hechos.

En sede parlamentaria, Diego sostuvo en esta ocasión que él mismo realizó la reserva y que si no pagó la factura fue porque Laiño -al que se encontró “casualmente” en el hotel y con el que mantuvo una “breve” conversación- no le permitió que lo hiciese.

Para apoyar sus argumentos, mostró en la tribuna de la Cámara regional los documentos que, en su opinión, demostraban el procedimiento. De nuevo, un informe policial desmintió esta posibilidad y mantuvo que la reserva también fue realizada por Aquagest, que solicitó a los responsables del balneario que otorgaran un trato VIP a los políticos cántabros.

Desconocimiento absoluto

A preguntas de los periodistas antes del pleno del Parlamento, el presidente de Cantabria ha defendido este lunes que no puede valorar el escrito que la Fiscalía del Supremo ha remitido a la Sala de lo Penal de este órgano porque no lo conoce. “Lo desconozco en absoluto porque, una vez más, a mí no me ha llegado nada”, ha dicho el también presidente del PP cántabro.

Aunque desconoce el escrito, Diego sí ha indicado que le consta que han salido informaciones al respecto por “comentarios de compañeros”, que le han llamado para decírselo. “A mí todo esto cuando empezó me encontró trabajando y el día que termine, me seguirá encontrando trabajando”, ha apostillado.

En las últimas semanas se había puesto en cuestión la presencia de Ignacio Diego como cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas. Su posible imputación daba armas a la oposición y limitaba el mensaje de regeneración que pretende transmitir el PP. Este informe de la Fiscalía da un espaldarazo decisivo a su candidatura, que podría ser refrendada en las próximas semanas por la dirección nacional de su partido.

El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si procede abrir causa contra el portavoz del PP en el Senado y presidente de la formación en Lugo, José Manuel Barreiro, sobre quien la jueza instructora de la Operación Pokémon había remitido una exposición razonada en la que pedía que se le investigase sobre supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

   Fuentes del Supremo han confirmado a Europa Press que, tras recibir la exposición razonada de la jueza, el paso que se ha dado es solicitar a la Fiscalía que informe si procede abrir causa contra Barreiro. Por su parte, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha indicado que la sala de admisión, además de pedir el informe de la Fiscalía, ha designado ponente al magistrado Antonio del Moral García.

   La jueza Pilar de Lara había solicitado al fiscal de Lugo un informe sobre la conveniencia de elevar las investigaciones al Supremo, a lo que el Ministerio Público había dado, el pasado mes de julio, su consentimiento.

   En la exposición razonada en la que la jueza del caso Pokémon pidió al Supremo que investigase a Barreiro señalaba las “pruebas indiciarias” que, a su juicio, daban a entender que el senador popular “recibió 5.000 euros” de la empresa Vendex, por lo que habría incurrido en cohecho, y exponía los argumentos en relación a un segundo delito de tráfico de influencias.

   En un escrito con fecha de 10 de octubre, De Lara aludía a un informe de finales de septiembre presentado por el Servicio de Vigilancia Aduanera sobre la supuesta influencia de Barreiro en la contratación de una persona en la empresa Doal, filial de Vendex y concesionaria de la ORA.

   Asimismo, la jueza asumía las conclusiones de los investigadores, que aluden a una conversación entre el responsable de Doal, Javier Reguera, y el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, en la que el primero le pediría a su jefe que trasladase al popular que su petición de contrato se había materializado para que “acallase” las críticas del grupo municipal popular a la gestión de la ORA. Aduanas ratifica que dichas críticas, efectivamente, “cesaron”.

“Indicios bastantes” de cohecho

Igualmente, remarcaba que de los informes de Aduanas, las conversaciones, el análisis de documentación y, sobre todo, las “contradicciones” en declaraciones de testigos se infieren “indicios bastantes” para considerar que Barreiro pudo haber cometido cohecho y haber recibido dinero de responsables de Vendex, matriz de la 'Pokémon'.

   Además, subrayaba que en la documentación solicitada al PP no constan los 5.000 euros que supuestamente Vendex entregó a Barreiro ni tampoco se da por “efectuado” el pago en ninguna de las cuentas bancarias examinadas por Vigilancia Aduanera, “lo que revelaría que se podría haber realizado (al senador popular) a título particular”.

   En su exposición motivada remitida a la Sala de lo Penal del Supremo De Lara recordaba la condición de aforado de Barreiro, como senador, y que es presidente del PP de Lugo desde el año 2002, y se reafirmaba en que, de las distintas diligencias realizadas en el marco de la 'Pokémon', se infieren “indicios bastantes” para considerar que pudo haber cometido cohecho y tráfico de influencias. El apodo utilizado para designar a Barreiro en la trama del caso Pokémon era 'El Chino' o 'El Oriental'.

Entre las muchas horas de escuchas telefónicas incluidas en el sumario del caso Pokémon no todas ellas ofrecen información directamente ligada a la presunta trama corrupta. Bien al contrario, de las conversaciones derivan múltiples hilos sobre la vida interna de los partidos, de maniobras políticas e incluso de conflictos personales que después tuvieron repercusiones en la vida pública. Entre los asuntos que derivan colateralmente de la investigación que instruye la jueza Pilar de Lara está uno que provocó todo un terremoto político en Galicia, las fotografías de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. Las imágenes, tomadas en 1995, fueron publicadas por el periódico El País en marzo de 2013 y la magistrada quiere saber si proceden de una investigación policial o judicial.

Según un auto dictado el pasado 11 de agosto a cuyo contenido ha tenido acceso este diario la jueza tomó esta decisión tras interrogar, en calidad de testigo, al abogado Luciano Prado, hermano de la ex portavoz del PPdeG, Paula Prado. Según consta en la parte del sumario sobre la que ya no pesa el secreto Luciano Prado le confirmó la existencia de las fotos a quien acababa de ser destituido como jefe de gabinete de la Alcaldía de Santiago, Ángel Espadas. “Había fotos, que las vi”, le decía en abril de 2012 Prado a Espadas, en una conversación en la que asegura que la cúpula del PPdeG e incluso representantes del PSdeG conocían que las imágenes estaban circulando. Su publicación antes de las elecciones, vaticinaban, podría llegar a provocar que los conservadores “perdieran la Xunta”.

Ante de estas grabaciones De Lara interrogó a Luciano Prado el pasado 29 de julio -en el interrogatorio participó como abogado el ex alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, representándose a sí mismo en el caso, en el que está imputado- y, “a la vista de la manifestación prestada” y de dicha conversación telefónica, “en la que revela ver ese mismo día” las fotografía, la magistrada cree necesario “determinar si se ha podido cometer o no un delito de revelación de secretos y, en su caso, acordar la incoación de diligencias previas y la inhibición al órgano jurisdiccional competente”.

En este contexto la instructora le encomienda a Vigilancia Aduanera que “informe” sobre “el origen de las fotografías del señor Núñez Feijóo con Marcial Dorado que fueron publicadas en un medio de comunicación” y “si tales fotografías fueron incautadas en alguna investigación policial o judicial”. “Si las mismas formaban parte de algún expediente o atestado policial” los agentes deberán especificar de qué caso se trata. Los investigadores tendrán que recopilar toda esta información y emitir “informe extenso y detallado” para “determinar si se pudo cometer o no algún delito de revelación de secretos u otra clase de infracción”.

Los investigadores del caso Pokemon, un caso de corrupción que afecta a contratas municipales en Galicia, vinculan al portavoz del PP en el Senado con el cobro de sobornos de la empresa Vendex. El Servicio de Vigilancia Aduanera señala que José Manuel Barreiro cobró preguntamente 5.000 euros en mayo de 2011 de esa compañía para que el partido redujera su oposición a la contrata de los parquímetros en Lugo.

El informe de Vigilancia Aduanera, que depende de la Agencia Tributaria, apunta a que el también presidente del PP de Lugo cobró el 20 de mayo de 2011 -poco antes de las elecciones municipales- 5.000 euros de la empresa Vendex. Los investigadores consideran que ese pago buscaba reducir la oposición del PP a la adjudicación del servicio de ORA a esa firma, según La Voz de Galicia.

Ese mismo medio apunta a que los investigadores plantean a la jueza del caso Pokemon la imputación de José Manuel Barreiro, que al ser senador goza de aforamiento, por lo que la jueza Pilar de Lara debería inhibirse en favor del Tribunal Supremo.

Sin influencia en la decisión desde la oposición

José Manuel Barreiro ha reconocido que el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, fue a verle “en alguna ocasión” para expresarle quejas pero ha negado “rotundamente” haber cobrado “ninguna cantidad” de las empresas de la trama corrupta. “Es falso que esa empresa o cualquier otra me haya dado ningún tipo de cantidad”, ha expresado Barreiro en Los Desayunos de TVE.

El portavoz del PP en el Senado, que se queja de “indefensión” y ha anunciado acciones legales contra quienes “manchen” su honor, ha intentado restar veracidad a la explicación de los investigadores sobre el presunto soborno al señalar que él, como concejal, no podía “influir en la decisión sobre la concesión desde la oposición”.

Barreiro ha expresado que ese soborno es “consecuencia supuestamente” de un intento de Vendex para que el PP “bajara la crítica sobre esa concesión”. El dirigente popular ha asegurado que “la postura del PP ha sido siempre la misma”. “No ha habido ningún tipo de cambio de actitud”, ha sentenciado.

La instrucción del caso Pokemon lleva ya más de un centenar de imputados de PP, PSOE y BNG. Un auto emitido por la jueza del juzgado número 1 de Lugo apunta a la posible financiación irregular de esos tres partidos y les ha requerido los ejercicios contables correspondientes a las elecciones municipales de 2011, así como la información remitida al Tribunal de Cuentas de los meses de mayo y junio de ese año, según El País.

La jueza ha solicitado también las cuentas de esos tres partidos en A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol, Santiago, Ribeira y Boqueixón, y también a Terra Galega en Arteixo, así como las contratas municipales de varios ayuntamientos gallegos.

Dentro de un año, faltarán menos de tres meses para las elecciones municipales. Será la primera gran prueba en las urnas de los ayuntamientos gallegos tras el estallido de la operación Pokémon, la presunta trama que, con origen en Lugo, ha llevado a la jueza Pilar de Lara a llevar a cabo una investigación sobre casos de supuesta corrupción que ya se extiende por quince ayuntamientos, once de ellos gallegos. La larguísima instrucción, con un sumario que supera los cincuenta tomos, preocupa especialmente en Galicia a los dos grandes partidos políticos, PP y PSdeG, toda vez que toca de lleno a sus principales plazas municipales: Lugo, A Coruña, Ourense y Santiago.

La madeja de la Pokémon comienza a ser desenredada a partir de la declaración como testigo de José Luis Álvarez, un corredor de seguros residente en Asturias que es socio de Cechalva, empresa que optó a la concesión del servicio de grúa en la capital lucense y a la que también está vinculado Javier Reguera, funcionario del Ayuntamiento lugués que según el sumario “no podía figurar” como copropietario de la compañía por estar al servicio de esta Administración municipal. Reguera, a su vez, tenía una “excelente relación” con Francisco Fernández Liñares, ex concejal lucense y antiguo presidente de la Confederación *Hidrográfica delMiño-Sil (*CHMS).

La implantación de Cechalva en Lugo, su “falseamiento de cuentas”, su “doble contabilidad” y, sobre todo, sus presuntos “sobornos” a políticos locales, son el germen de una operación que se extiende por Galicia a causa de la relación de Reguera con Doal (empresa propiedad del grupo Véndex) y de la llegada de Liñares a la CHMS, con sede en Ourense. Los enlaces de Véndex con Aquagest a través de, entre outros, su responsable en Compostela, José Luis Míguez, llevan la investigación a la capital gallega, a Ourense y a otros ayuntamientos de menor dimensión como Boqueixón y O Carballiño. Posteriormente, llegaría también a A Coruña con la rama denominada Pikachu.

Las primeras detenciones, practicadas apenas un mes antes de las elecciones autonómicas de octubre de 2012, precipitaron las primeras repercusiones políticas del caso, como fueton las dimisiones de los alcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez, y de Boqueixón, Adolfo Gacio, así como del concejal santiagués Albino Vázquez Aldrey. Además de la marcha de Vázquez Aldrey en Santiago, el atribulado gobierno municipal, en aquel momento en pleno estado de recomposición tras la caída en desgracia del ex alcalde Gerardo Conde Roa, permaneció impasible a los avatares de la operación a pesar de la imputación del propio alcalde, Ángel Currás, llegando al punto de tener bajo la lupa de la Justicia a 10 de los 13 miembros del equipo de Gobierno.

En A Coruña las personas imputadas son doce, entre ellas el número dos del gabinete del alcalde Carlos Negreira, Julio Flores, quien llegó a asegurar que no reconoce su voz en las conversaciones telefónicas intervenidas por orden de la jueza. El mapa de la Pokémon se completa con cuatro municipios más: el asturiano de Cangas de Narcea y los catalanes de Sant Hilari, Figueres y Sabadell.

Envío de dinero de Véndex, intervenido por Vigilancia Aduanera

Condicionamiento de las listas municipales

Este es el contexto en el que las fuerzas polítícas gallegas tendrán que afrontar la confección de las candidaturas municipales, con todas las miradas puestas en PP y PSdeG –el BNG también tuvo un edil presuntamente implicado, el ourensano Fernando Varela, que dimitió nada más ser imputado–. La situación más compleja para la formación de Alberto Núñez Feijóo está aparentemente en Compostela, toda vez que la gestión del caso realizada en el consistorio tiene a más de la mitad del gobierno local a un paso del banquillo de los acusados. Feijóo, que este miércoles llegó a deslizar dudas sobre la manera de proceder de la Justicia, tendrá que hilvanar una lista en la que se da por seguro que no estará a la cabeza el imputado Currás y que estará condicionada por la posibilidad de tener que intervenir directamente el Ayuntamiento si se abre juicio oral contra los ediles del equipo de gobierno.

Aunque con menos ruido que en Compostela, el caso políticamente más comprometido para el presidente de la Xunta es el de A Coruña. Las posibles irregularidades en contratos públicos como los del Aquarium Finisterrae y los enchufes que se le atribuyen a Flores complican la situación en la capital de la provincia en la que se asienta buena parte del poder de Feijóo en el seno del PP y en la corporación que preside uno de sus pilares políticos, Negreira.

Por parte del PSdeG, la principal patata caliente parece ser Ourense, donde como en Compostela a los casos de presunta corrupción se une la profundísima división en el seno del gobierno local. El alcalde, Agustín Fernández, deja entrever su apuesta por concurrir a los comicios, si bien podría verse abocado a una batalla por el cartel electoral con el ex secretario general del partido, Pachi Vázquez. Mientras tanto, en Lugo la principal incógnita es si Xosé López Orozco intentará repetir por quinta vez –ante la jueza declaró que este es su último mandato– y si José Ramón Gómez Besteiro asume el posible coste político de que lo haga.

Tanto Feijóo como Besteiro ya han admitido públicamente que la Operación Pokémon va a condicionar la elaboración de las listas. “Podemos admitir errores, pero no delitos”, afirma el líder socialista, mientras apuesta por la celeridad en la resolución del caso. Por su parte, Feijóo asegura que promoverá la destitución de los cargos públicos a los que se les impongan medidas cautelares. Sea como fuere, lo cierto es que los juzgados volverán a marcar, unas elecciones más, el ritmo de la política gallega.

A los presuntos líderes de una de las ramas de la Pokémon no les salían las cuentas. Si el sumario de la causa instruída por la jueza Pilar de Lara fuera una novela, una de las tramas más recurrentes sería el empecinamiento de los responsables de la empresa Aquagest por renovar la concesión del servicio de aguas de Compostela, una prórroga que no acababa de llegar a pesar de la eliminación de obstáculos –como las personas titulares de la secretaría y de la intervención municipal en el Ayuntamiento– y que se complicó con la definitiva caída en desgracia de Gerardo Conde Roa. Además de para lograr esa renovación, proceso en el que intentaban utilizar todas sus influencias, la presión tenía otro objetivo fundamental, según la investigación: incrementar la recaudación del recibo del agua.

Según consta en los informes de Vigilancia Aduanera incluidos en la parte del sumario sobre la que ya no pesa el secreto, uno de los directivos compostelanos de Aquagest, José Luis Míguez, expresa en una llamada telefónica su contrariedad por la reticencia del Ayuntamiento a aplicar un incremento en la factura equivalente a la subida del IPC. Así, en una conversación con un hombre identificado como Luis “le pregunta si en su contrato tienen la revisión automática de las tarifas por la subida del IPC”. “Luis le dice que sí, pero que en 2011 la interventora se lo cargó por el morro, ellos reclamaron y se lo van a pagar”.

En este contexto, Míguez “se interesa por la forma de la reclamación” mientras sigue “quejándose por el maltrato que le está dando el Ayuntamiento”, que le “devolvió las facturas del incremento del IPC” a pesar del “compromiso del anterior alcalde”, Gerardo Conde Roa. Dado que todo parecía indicar que no iba a haber incremento de la recaudación, Míguez le transmite a Luis lo que ya le había advertido a algunos miembros del Gobierno municipal: que como no hay más dinero, “a partir de ahora no van a participar en nada”, aunque en los últimos años “participaron en muchas cosas y gracias a Aquagest hay un equipo en la ciudad que está en la ACB”, en referencia al Obradoiro. “Míguez –recoge otro informe– los amenazó [al Ayuntamiento] con meter una factura de 200.000 euros de subida de las tarifas que no está aprobado” y por eso “están dejando de poner dinero para actos cívicos relacionados con el Ayuntamiento como hacían antes”. Según Míguez “al final la pelota va a ascender a un millón de euros”.

“Desvío de fondos” para equipos deportivos y fiestas

La financiación de equipos deportivos compostelanos a través de empresas de la presunta trama es, precisamente, otra de las líneas de investigación de la jueza. Se trata de un aspecto que indaga después de que los investigadores incluyeran como hechos “destacados” en sus informes la “entrega de dinero por parte de la empresa Aquagest al Obradoiro” pero no por altruismo o por amor al deporte, sino “para conseguir la prórroga del contrato” con el Ayuntamiento. “Míguez –detalla un informe– reconoce” esa entrega de dinero, que se concretaría en un “desvío evidente de fondos a otros fines que no son los del contrato que tiene Aquagest”.

“Se realizan aportaciones de dinero por Aquagest para empresas sugeridas por autoridades de Santiago”, algunas de ellas “muy relevantes por su cuantía”, relata Vigilancia Aduanera antes de destacar que la compañía de aguas “le entregó 60.000 euros al Obradoiro como acuerdo para renovar la concesión en Santiago”, entrega que se produciría “a iniciativa de Ángel Espadas”, apodado Puñales, para “pagar nóminas y jugadores”. Por su parte, el concejal de Deportes, Adrián Varela, “pide 70.000 euros para el equipo Lobelle de fútbol sala”. En otro punto de la investigación, Vigilancia Aduanera interviene una conversación en la que Míguez le explica a otro dirigente de la empresa, Casimiro González, que “acaba de estar con el concejal de Agua y Saneamiento, al que le había rehabilitado las oficinas por 32.000 por la cara” y le dijo “que la empresa ya no puede aportar más, que ya puso 180.000 euros para las fiestas y para el Obradoiro”.

Preguntas de la jueza a Adrián Varela

Las aportaciones a los equipos de la ciudad, las contrapartidas por ellas y la influencia del Ayuntamiento en el proceso fueron una parte fundamental del interrogatorio de la jueza al edil Adrián Varela, imputado en el caso. Ante la pregunta de si Aquagest “entregó dinero al Ayuntamiento”, Varela asegura que la empresa aportó “60.000 euros” pero “directamente” al club. Él solo admite que “el club se reúne conmigo”, porque “conmigo se reúne hasta el apuntador”, para explicarle que “necesitan dinero”. “Intentas buscar fórmulas, siempre dentro de la legalidad, para ayudar a entidades deportivas”. En todo caso, afirma, “yo no participé en la gestión” porque “fue Gerardo quien llevó el tema”. No obstante, la sospecha de la magistrada es que ese dinero se entregó como “anticipo por la renovación del servicio de aguas”.

De Lara duda de que el Ayuntamiento no influyera en estas ayudas al club y también de que este recibiera solo los 60.000 euros de Aquagest. Y lo hace porque los investigadores le advierten que “se estaría entregando dinero desde el Ayuntamiento al club de baloncesto Obradoiro y, para que no quede constancia de este hecho, se estaría realizando a través de facturas, por lo que podemos deducir que se trataría de facturas ficticias que pagaría Xade”, una sociedad mixta en la que participa el Ayuntamiento, y por “un montante de, cuando menos, 200.000 euros”. En una grabación telefónica Varela “admite que lo autorizó él” y “espera que no se entere la prensa”. En conversaciones posteriores, el propio Varela y Espadas admiten que “se hizo por detrás, con facturas”.

Con estos datos sobre la mesa, la jueza le pregunta al concejal “qué quiere decir que eso se hizo por detrás, a través de facturas” y él mantiene que la financiación se realizó “en concepto de patrocinios” por importe de “50.000 o 60.000 euros”. “¿Y 200.000?”, repregunta la jueza. “Sí, puede ser”, admite el edil, que tras explicar la composición accionarial de Xade en ella participa el– Ayuntamiento minoritariamente y empresas propiedad del presidente del Obradoiro– detalla los motivos por los que no quería que los hechos llegaran a oídos de los medios de comunicación: “porque políticamente estamos vendiendo que vamos a colaborar con los clubs de base”. En cualquier caso, resalta, “no son 200.000 euros del Ayuntamiento”, sino “de la sociedad, de los que el 33% son del Ayuntamiento”.

Los más de cincuenta tomos de la Operación Pokémon sobre los cuales ya no pesa el secreto sumarial incluyen una cantidad de hechos y sospechas difíciles de abarcar. Entre presuntos amaños de contratos, supuestas prevaricaciones o seguimientos a dinero de origen y destino dudosos se encuentran pequeños actos que, muy probablemente, no lleguen a tener relevancia penal ninguna pero permiten trazar un retrato descarnado de un modo de hacer política. Se trata de hechos de escasa dimensión si son comparados con las piezas centrales de la presunta trama pero que, a pesar de su escaso volumen, constituyen una manera de acceder o de relacionarse en el ámbito de las instituciones públicas que le resulta ajena al común de la ciudadanía. Una de las personas que incurrió en esta manera de actuar es, según la investigación, la portavoz del PP y diputada Paula Prado, que solo tuvo que comparecer en el caso en calidad de testigo.

En la segunda parte del sumario que ya no es secreta y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, se recoge un informe en el que Vigilancia Aduanera advierte un “trato de favor” por parte de la empresa Aquagest, concesionaria del servicio municipal de aguas de Santiago, cuando la parlamentaria aún era también miembro del Gobierno municipal. A través de las llamadas telefónicas del responsable de la compañía en la ciudad, José Luis Míguez, intervenidas por orden de la jueza Pilar de Lara, los investigadores averiguan que “Paula Prado solicitó” que le “sea restablecido” el suministro de agua a “una vecina suya”, a la que Aquagest “se lo había cortado por realizar una toma desde la que robaba” tal suministro.

“La señora estaba robando el agua antes del contador” con “impago de los consumos realizados”, dice el informe, y el propio Míguez “reconoce que la señora estaba robando el agua antes del contador”. En este contexto, al día siguiente de las elecciones autonómicas de 2012, Míguez le traslada a Prado la enhorabuena por la victoria del PP y esta “le solicita reunirse” y “quedan para verse” en un local hostelero próximo a la sede del ayuntamiento “sin concretar el tema por teléfono”. No obstante, relatan los investigadores, el propio Míguez “nos informará del tema de la conversación” a través de otra llamada a una persona llamada Marta, a la que “Míguez le dice que estuvo con Paula Prado, que Paula le estaba contando sus problemas referidos a una vecina que le pidió un favor”.

Esa misma tarde, “una vez restablecido el suministro a quien robaba el suministro de agua”, Míguez llama a Prado. “Puede llamar a la señora esa y decirle que mañana la llaman arreglándole el problema”, le anuncia, aunque también le aclara que “si hubo algún problema fue porque la señora estaba robando el agua antes del contador” en un “bajo que no estaba dado de alta”. “Si coges el agua antes del contador no te pasa por el contador y no cuenta”, afirma. “Eso tuvo que ser por error, me extraña”, replica la popular. “Bueno, si quieres te cuento todos los amigos tuyos y míos que cogen el agua antes del contador”, abunda Míguez, antes de reiterar que “ya lo tiene todo arreglado” y que a la interesada ya le van “a dar el papel que necesite, la licencia de primera ocupación”. “Tenga usted muy buena tarde, señora parlamentaria”, se despidió.

Un día más tarde, siempre según este informe, es la propia Paula Prado quien, “agradecida”, le confirma a Míguez “que el tema ese ya está arreglado, y que muchas gracias”. “Paula le dice que la acaban de llamar ahora para decirle que ya está todo en orden” y el responsable de Aquagest “reconoce que a día de hoy en las obras tienen que cambiar las acometidas y que deberían exigirle cambiar la acometida, pero que no se lo exigieron”. “Un millón de gracias, eh”. “Muchísimas veces”, responde Míguez, quien agradece que Prado “hiciera feliz a su madre” con la entrega de un “objeto”.

Enésimo terremoto político en Galicia a cuenta de la operación Pokémon. Este jueves amaneció con la noticia de que la jueza de Lugo Pilar de Lara acababa de iniciar una nueva fase de la operación Pokémon, denominada Manga, ordenando nove detenciones, cuatro de ellas en territorio gallego, otras tantas en Catalunya y una más en Asturias, así como diversos registros, el más llamativo en la casa del ex alcalde de la capital de Galicia, Gerardo Conde Roa, quien abandonó el cargo apenas nueve meses después de acceder a él la causa de su imputación por presunto fraude fiscal -no pagó el IVA que le habían acercado los clientes de su constructora para abonar deudas propias-.

Ejecutadas a través del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) -empleado por De Lara como cuerpo policial-, las nuevas actuaciones judiciales implicaron una detención que viene a desestabilizar aun más al gobierno local de Compostela, agitado desde hace meses por un cóctel de imputaciones judiciales y enfrentamientos internos del PP local. El edil de Seguridad de la ciudad, Albino Vázquez fue detenido por el SVA igual que Ángel Espadas, antiguo jefe de gabinete del ex alcalde Conde Roa, apartado de las listas de los conservadores en 2011 por ser sorprendido al volante de su coche dormido y bajo los efectos del alcohol.

La nómina de personas detenidas en Galicia se completa, según las informaciones del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo, con Jesús Fuentes, “asesor cultural y organizador de eventos” considerado en la ciudad como próximo al PP y bajo cuya responsabilidad estuvo el caótico concierto que Bruce Springsteen ofreció en Compostela en el año 2009, y con José Luis Míguez, gerente compostelano de la empresa Aquagest. Por la vertiente catalana del operativo han sido detenidos el alcalde de Sant Hilari Sacalm, Robert Fauria (CiU), el responsable de Servicios a la Ciudadanía del Consell Comarcal de La Selva y el administrador y el apoderado de la empresa GRS. En Asturias el detenido es Joaquín Fernández, propietario de una empresa de consultoría e ingeniería y miembro del PP.

Las últimas previsiones del juzgado señalan que los nueve detenidos comenzarán a pasar a la disposición de la jueza a partir de las nueve de la mañana del viernes, comenzando por las personas detenidas en Galicia y terminando por las de Catalunya. Aunque por el momento no son conocidos “los cargos que se imputan a cada uno de ellos”, desde los juzgados lucenses señalan que “en casi todos los casos los delitos serían los mismos: soborno, tráfico de influencias, revelación de secretos o uso de información privilegiada y prevaricación -en el caso de los funcionarios públicos-. ”Alguno“ de ellos además es investigado por ”falsedad documental y blanqueo de capitales“.

Feijóo: “Lo que pasa en Santiago no es normal”

Casi al mismo tiempo que lo SVA salía con cajas de documentos de la casa de Conde Roa y hacía lo propio en los departamentos de contratación, tráfico e informática y en la secretaría del Ayuntamiento de Santiago a Alberto Núñez Feijóo le tocaba comparecer ante la prensa tras la reunión semanal del Consello da Xunta. Visiblemente contrariado por los acontecimientos y en un contexto en el que el presidente de la Xunta está intentando desligarse de las diversas sombras de corrupción que le afectan a su partido, Feijóo dejaba caer que en este caso no tendrá tanta condescendencia como tras la imputación del alcalde santiagués, Ángel Currás, en la propia operación Pokémon. “Lo que está aconteciendo en Santiago no es normal”, reiteró hasta en cuatro ocasiones el jefe del Ejecutivo.

Feijóo, que asegura que fue informado “de que puede haber actuaciones en otra ciudad de Galicia” por el mismo caso, afirma estar “muy atento” para “tomar las medidas que proceda” con sus compañeros de filas en Santiago. Ahora toca que se realicen las “declaraciones”, la Justicia “estará actuando y serán necesarias explicaciones y disculpas”, porque “lo que está ocurriendo a ningún ciudadano de Compostela ni de Galicia le parece normal”. “Lo que le puedo asegurar es que entiendo que tiene que haber explicaciones amplias y disculpas concretas”, reiteró, cuando fue cuestionado sobre si este caso le “repugna” de igual manera que los apaños contables de Luis Bárcenas, tal y como aseguró en la reciente sesión de control del Parlamento.

Esta nueva ola de detenciones y registros se produce en un momento en que el número de personas presuntamente implicadas y llamadas a declarar en calidad de imputadas supera ya la treintena en el caso. El último en añadirse la esta lista fue el alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes (PP), pero en la misma relación están sus homólogos de Santiago, Ángel Currás (PP) y Lugo, Xosé Clemente López Orozco (PSdeG). El propio caso Pokémon les costó ya el cargo a otros dos regidores, los de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG) y Boqueixón, Adolfo Gacio (PP) y dio lugar a la dimisión de un concejal del BNG en Ourense.