Estos últimos días de febrero y primeros de marzo, gran parte del mundo celebra el Carnaval, y en España son cientos sino miles las localidades que también lo festejan. Las más conocidas son las fiestas de Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, pero a lo largo del territorio se dan diferentes celebraciones con una larga tradición y algunos con historias de lo más originales.

El Carnaval de Badajoz: pirotecnia y murgas

Uno de los más conocidos más allá de Cádiz o las Canarias, es el Carnaval de Badajoz, una fiesta que involucra a gran parte de la población y que se viene celebrando desde hace siglos, a pesar de que no fue documentado hasta el XIX. Las murgas son las grandes protagonistas, participando en un concurso anterior a los días grandes en el teatro López de Ayala, cuyos ganadores actúan por bares y después en el entierro de la sardina. Otro de los actos destacados es la ruta de artefactos, en el que carrozas disfrazadas disparan flashes.

Carnaval de Águilas, Murcia: fiesta de interés internacional

Uno de los Carnavales que tiene el honor de haber sido considerado de interés internacional es el de la localidad murciana de Águilas, donde se juntan eventos como regatas o un festival de bandas. Lo más peculiar es que se diferencia un Carnaval de día, en el que los protagonistas son los niños, y un Carnaval de noche, en el que lo son los adultos, así como se da caso un concurso de trajes de papel, que son cuidadosamente expuestos para apreciar su artesanía.

El triángulo mágico del Carnaval en Galicia en Ourense

En Galicia se encuentran algunos de los carnavales más tradicionales y antiguos de España y de Europa, con varias poblaciones de la región de Ourense que merecen una visita, como es el caso del llamado ‘triángulo mágico’ formado por Xinzo de Limia, Laza y Verín. El de Limia es considerado uno de los más largos, al darse durante cinco domingos, y con unos personajes llamados pantallas que vigilan que todos estén disfrazados.

En Verín toman protagonismo los llamados cigarróns con un peculiar baile y desfile, pero donde realmente se llena de originalidad es en Laza, donde sucede uno de los carnavales más originales del mundo, donde se dan guerras de harina y tierra, y también una lluvia de hormigas gigantes vivas y que se mezclan con vinagre para aumentar su agresividad.

Vinarós: un Carnaval mediterráneo de música y color

En la localidad al norte de la provincia de Castellón, Vinarós, se da uno de los carnavales más destacados de la costa mediterránea, que junta mar con la tradición musical y de pirotecnia que caracteriza las fiestas valencianas. Todo ello con desfiles llenos de color con sus trajes, con una duración de 15 días en los que la gastronomía también juega un papel fundamental.

Santoña, Cantabria: un Carnaval marinero con un singular ‘juicio’

Si hablamos de localidades costeras y carnavales es inevitable pensar en Santoña, Cantabria, donde tiene lugar una de las festividades con un toque más marinero. Un Carnaval en el que las celebraciones tienen temática del mar y son de interés turístico nacional, y que comenzó con origen aristocrático para acabar dando protagonismo a las murgas y al famoso ‘Juicio en el fondo del mar’.

En este, se interpreta el juicio ficticio a un besugo por el secuestro de una sirena, todo bajo la mirada de Neptuno, rey del mar, y el veredicto de un pez espada. El besugo es finalmente absuelto en la ceremonia, pero fallece de amor al ser rechazado por la sirena, siendo posteriormente enterrado.

Las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento por la Guardia Civil sobre el hallazgo del cadáver de una mujer en las escaleras de un edificio en un polígono industrial de Torrevieja apuntan a “una posible muerte accidental”.

Así lo ha informado la Guardia Civil en un comunicado emitido a primera hora de esta tarde, donde concreta que la mujer fallecida, natural de Marruecos, tenía 39 años.

“De las inmediatas investigaciones llevadas a cabo por el equipo de la Policía judicial de la Guardia Civil de Torrevieja, respecto de la mujer hallada fallecida esta mañana en esta localidad, al parecer ha sido debido a una posible muerte accidental”, indica la Benemérita.

No obstante, la investigación queda pendiente de los resultados de la autopsia que se le practicará al cuerpo, añade.

El suceso ha tenido lugar esta mañana en el polígono industrial Casagrande, a las afueras de la población alicantina de Torrevieja, en una zona donde se concentran algunos locales de ocio, cuando una persona ha encontrado muerta a la mujer en las escaleras del edificio Avenidas, en la calle Cáritas.

Una profesora de un instituto de Vinaròs defendió ante sus alumnos que los independentistas catalanes están protagonizando actos violentos, que el clima creado obliga a muchos catalanes a abandonar Catalunya y que hay “un montón de familias divididas por el tema que no se hablan”.

La profesora de plástica de tercero de ESO del instituto Leopoldo Querol, de Vinarós, replica a una de sus alumnas, que intenta argumentar que tanto se exceden los independentistas como los que llenan de banderas españolas Madrid, que a los no independentistas les hacen bullying o incluso “los despiden”. Y añade: “Eso está pasando ahora. ¿Y eso a dónde lleva? A una reacción contraria de la leche... Si a estos los dejas..., en el momento en que pillen un arma...”.

El audio de la intervención de la profesora, publicado en la cuenta de orientación independentista @CNICatalunya, ha llevado a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana a ordenar a la inspección que se persone en el centro el lunes e informe sobre el asunto.

La playa del Fortí de Vinaròs (Castellón) se ha convertido desde este martes y hasta el próximo 11 de marzo en un simulado cementerio en memoria de las 739 víctimas de la violencia de género registradas en España entre 2007 y el año pasado, dos de ellas, vecinas de esta ciudad. Se trata de una 'performance' formada por cruces que se ha colocado en la arena del extremo sur de la principal playa del municipio en recuerdo a las víctimas de violencia machista.

La iniciativa ha surgido del recientemente formado colectivo Femme Força Vinaròs, que lucha por dignificar a las mujeres, con la colaboración de otras entidades vinarocenses y que han estado trabajando en el proyecto a lo largo de varios meses.

Esta instalación artística tiene un total de 739 cruces, blancas por su parte delantera y marrón por la trasera, ya que son de cartón, una por cada víctima. La playa vista desde el puerto se asemeja a una gigantesca sábana blanca que impacta visualmente a cualquiera que se acerca al paseo marítimo.

Una comisión de mantenimiento vigila la instalación para levantar aquellas cruces que se caen -ya que están clavadas a la arena- o se rompen, al tratarse de una instalación efímera y estar realizada con materiales como papel y cartón, muy sensibles al viento y la lluvia. Además, se cuenta con la colaboración ciudadana para cuidarla y así llegar lo más íntegra posible hasta el 11 de marzo.

Flores y velas

El Ayuntamiento de Vinaròs ha llevado a cabo las gestiones de los permisos con la Agencia Valenciana de Turismo y Costas para no tener problemas por ocupación del espacio. Quien quiera puede acercarse a dejar sus impresiones en un libro que hay en la misma playa o llevar flores o velas en memoria de las víctimas.

La manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer, que partirá este jueves a las 19.00 horas desde el Ayuntamiento de Vinaròs, pasará por la playa para detenerse en esta instalación y allí se leerán unas palabras en recuerdo de las víctimas. La manifestación concluirá después en el punto de partida, con los manifiestos finales.

Femme Força de Vinaròs quiere dar visibilidad a las víctimas de la violencia machista en España en esta última década. Cada cruz tiene nombre y apellidos, lugar donde fue asesinada y a manos de quién, normalmente sus parejas o exparejas.

Lara Doménech, representante de la asociación Femme Força y máxima responsable de la iniciativa, ha destacado a Europa Press el impacto conseguido por esta idea. También ha explicado que para hacerla, han recopilado datos de diferentes asociaciones, y especialmente de la Plataforma Cordobesa contra la violencia de género, “que lleva desde el año 1999 el recuento de las mujeres asesinadas”, y los han recogido de una década, desde 2007, “porque creímos que esto era ya representativo”. “Decidimos ponerlas todas juntas en un espacio abierto como la playa para que se viera en su totalidad”, ha añadido.

Comenzó en noviembre

Esta obra fue comenzada el pasado noviembre cuando los participantes empezaron a recopilar materiales y elaborar las cruces.

Femme Força Vinaròs ha agradecido la ayuda a gente anónima, alumnos de la escuela de arte y otras asociaciones como 'Mi mano es tu apoyo' que también se han sumado a la iniciativa y que este miércoles, como cada primer miércoles de mes, celebró una concentración contra la violencia de género frente al Ayuntamiento de Vinaròs. El alcalde Enric Pla y los concejales de la corporación han dado apoyo a esta iniciativa y estuvieron presentes durante el momento de inaugurarla.

Este jueves al mediodía, en la Plaza Parroquial, representantes de Mi mano es tu apoyo y Femme Força Vinaros han leído el manifiesto municipal para conmemorar el 8 de marzo, Día de la Mujer. La corporación municipal se ha sumado a este acto en el que se han repartido lazos morados y ramos de flores.

El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat la indemnització de 1.350,7 milions per a les empreses promotores (entre elles ACS) del projecte de magatzem de gas de Castor que fixava el decret llei de mesures del sistema gasista que el Govern va aprovar en 2014, en considerar-la inconstitucional. El Govern havia descartat demanar la devolució de la milionària indemnització, ja cobrada.

En la seua sentència, el TC estima parcialment els recursos presentats pel Parlament, el govern català i el grup del PSC en el Congrés i acorda declarar “inconstitucionals i nuls” els articles del decret que establien una indemnització per la suspensió de l'activitat del magatzem, situat enfront de les costes de Castelló, després dels xicotets sismes registrats en la zona.

El Constitucional considera que no concorria una “situació d'extraordinària i urgent necessitat” que justificara aprovar un decret llei per a “atribuir noves obligacions de pagament al sistema gasista”.

El Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va adjudicar Escal UGS, controlada per la constructora ACS (66%), la concessió d'explotació del fallit emmagatzematge subterrani de gas natural Castor. El decret incloïa una polèmica clàusula, inèdita en aquest tipus d'instal·lacions i avalada pel Tribunal Suprem a l'octubre de 2013, que indicava que en cas d'extinció de la concessió, l'adjudicatària tindria dret a rebre una compensació pel “valor de residual de les instal·lacions”, àdhuc en cas de “dol o negligència imputable a l'empresa concessionària”. Aqueix és l'origen de la multimilionària indemnització (1.350 milions d'euros) que va cobrar l'adjudicatària després de renunciar al fallit magatzem a la fi de 2014.

Un home ha matat aquest divendres la seua exparella en el municipi castellonenc de Vinaròs. Després de disparar-li, s'ha suïcidat.

Tant la dona com l'home, de 35 i 40 anys, vivien a Alemanya i tenien la seua segona residència en la localitat castellonenca. Fonts oficials assenyalen que la veu d'alarma l'haurien donat els familiars de la parella.

Es tracta del tercer cas de violència masclista en poc més de dues setmanes que s'ha produït en la Comunitat Valenciana després dels fets ocorreguts a Elda on va ser assassinada una altra jove i Alzira, on un home va matar la seua filla. En el cas d'Elda, la dona havia presentat quatre denúncies contra el seu agressor abans, l'última va suposar l'arrest de l'agressor, però va acabar sent posat en llibertat.

En el que va d'any, 44 dones han sigut assassinades per les seues parelles o exparelles, segons les estadístiques oficials del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que comptabilitza també a 23 menors orfes. Aquest dissabte, 25 de novembre, se celebra el dia contra la violència masclista, que demanarà internacionalment la fi de tots els tipus de violència sobre les dones.

Un hombre ha asesinado este viernes a su expareja en el municipio castellonense de Vinaròs. Tras dispararla, se ha suicidado.

Tanto la mujer como el hombre, de 35 y 40 años, vivían en Alemania y tenían su segunda residencia en la localidad castellonense. Fuentes oficiales señalan que la voz de alarma la habrían dado los familiares de la pareja. Las primeras hipótesis apuntaban a que la mujer podría estar embarazada porque en el piso de la víctima había una cuna.

Se trata del tercer caso mortal de violencia machista en poco más de dos semanas que se ha producido en la Comunitat Valenciana después de los hechos ocurridos en Elda donde fue asesinada otra joven y en Alzira, donde un hombre degolló a su hija, según ha testificado, por venganza hacia su madre. En ese caso, la mujer había presentado cuatro denuncias contra su agresor antes, la última supuso el arresto del agresor, pero acabó siendo puesto en libertad.

En lo que va de año, 44 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que contabiliza también a 23 menores huérfanos. Este sábado se celebra el día contra la violencia machista, que pedirá internacionalmente el fin de todos los tipos de violencia sobre las mujeres.

Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno, ha declarado pocas horas después del asesinato que la casa en la que se encontraba la víctima, llamada Catarina, estaba al lado de otro inmueble en el que habitaban sus padres. El presunto asesino era su expareja sentimental y viajó a Vinaròs desde Alemania, según explicó el delegado.

La muerte se produjo por un disparo que el hombre habría efectuado desde la entrada de la casa. Después se suicidó en ese mismo punto de la vivienda. Acerca del posible embarazo de la mujer asesinada del que se habló en un primer momento, Moragues ha explicado que “es un tema muy delicado, muy íntimo y personal, y hay que esperar un resultado de la autopsia”.

Fuentes conocedoras del caso explican que la primera sospecha sobre el hipotético estado de gestación partió de los servicios médicos de emergencia que vieron el cadáver. Según publica el diario Mediterráneo, la familia desmintió que Catarina estuviera encinta y atribuyeron la confusión a la existencia de una cuna en el inmueble, que era de alquiler.

Agents del Servei Informació de la Guàrdia Civil han detingut aquest divendres a Vinaròs a una persona, de 24 anys, d'origen marroquí i resident a Espanya, per la seua relació amb la compra i trasllat d'explosius de la cèl·lula terrorista responsable dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) el passat 17 i 18 d'agost.

El detingut mantenia una estreta relació amb varis dels terroristes participants en els atemptats de Barcelona i Cambrils, especialment, amb Abdelbaki Es Satty, dinamitzador de la cèl·lula terrorista, segons ha informat el Ministeri de l'Interior.

La recerca, que manté oberta la Guàrdia Civil, està permetent reconstruir l'activitat logística de la cèl·lula, que s'estén a les setmanes prèvies als atemptats. Segons Interior, la magnitud dels preparatius trobats després de l'explosió de l'habitatge que els terroristes disposaven a Alcanar (Tarragona), ha requerit una ingent activitat d'apilament de substàncies.

En aquesta labor de recol·lecció de precursors i altres elements, diversos membres de la cèl·lula van comptar amb el suport de l'avui detingut, que, almenys, va facilitar la seua documentació personal amb la qual es van realitzar compres de peròxid d'hidrogen, una substància fonamental per a la confecció de l'explosiu TATP, també conegut com a 'mare de Satan'.

Segons la Guàrdia Civil, el detingut també va posar a la disposició dels terroristes mitjans de locomoció amb els quals es va realitzar part del transport d'aquestes substàncies explosives.

Les múltiples línies de recerca obertes per la Guàrdia Civil després dels atemptats s'han centrat en la reconstrucció de les vinculacions de la cèl·lula terrorista amb altres elements, tant a nivell nacional com a internacional, amb la finalitat última d'identificar a tots aquells individus que pogueren haver col·laborat en les diferents fases de direcció i preparació de les activitats terroristes d'aquesta cèl·lula.

Des del 26 de juny de 2015, data en el qual el Ministeri de l'Interior va elevar a 4 el Nivell d'Alerta Antiterrorista (NAA), les Forces i Cossos de Seguretat han detingut a 201 terroristes yihadistes en operacions realitzades a Espanya i en l'exterior i a un total de 246 des de principis de 2015.

El Ministeri de l'Interior recorda que, a través de la iniciativa 'STOP radicalismes', els ciutadans poden alertar de forma confidencial i segura sobre possibles casos de radicalització en el seu entorn.

Agentes del Servicio Información de la Guardia Civil han detenido este viernes en Vinaròs a una persona, de 24 años, de origen marroquí y residente en España, por su relación con la compra y traslado de explosivos de la célula terrorista responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) el pasado 17 y 18 de agosto.

El detenido mantenía una estrecha relación con varios de los terroristas participantes en los atentados de Barcelona y Cambrils, especialmente, con Abdelbaki Es Satty, dinamizador de la célula terrorista, según ha informado el Ministerio del Interior.

La investigación, que mantiene abierta la Guardia Civil, está permitiendo reconstruir la actividad logística de la célula, que se extiende a las semanas previas a los atentados. Según Interior, la magnitud de los preparativos hallados tras la explosión de la vivienda que los terroristas disponían en Alcanar (Tarragona), ha requerido una ingente actividad de acopio de sustancias.

En esta labor de recolección de precursores y otros elementos, varios miembros de la célula contaron con el apoyo del hoy detenido, que, al menos, facilitó su documentación personal con la que se realizaron compras de peróxido de hidrógeno, una sustancia fundamental para la confección del explosivo TATP, también conocido como 'madre de Satán'.

Según la Guardia Civil, el detenido también puso a disposición de los terroristas medios de locomoción con los que se realizó parte del transporte de estas sustancias explosivas.

Las múltiples líneas de investigación abiertas por la Guardia Civil tras los atentados se han centrado en la reconstrucción de las vinculaciones de la célula terrorista con otros elementos, tanto a nivel nacional como internacional, con la finalidad última de identificar a todos aquellos individuos que pudieran haber colaborado en las diferentes fases de dirección y preparación de las actividades terroristas de esta célula.

Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a 201 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 246 desde principios de 2015.

El Ministerio del Interior recuerda que, a través de la iniciativa 'STOP radicalismos', los ciudadanos pueden alertar de forma confidencial y segura sobre posibles casos de radicalización en su entorno.

Los responsables de la Fundación Catalana Síndrome de Down han denunciado ante los Mossos d'Esquadra a un hotel de Vinarós (Castellón) porque negó el alojamiento a un grupo de personas con síndrome de Down.

Según la denuncia, el Hotel Roca de Vinarós canceló el pasado 13 de abril la reserva que había realizado un grupo de personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales que participan en el Servicio de Tiempo Libre 'Conecta' de la Fundación Catalana Síndrome de Down.

Una portavoz de la fundación ha explicado a Efe que la fundación ha decidido presentar la denuncia ante la policía autonómica porque considera el hecho “una vulneración de los derechos humanos y una clara discriminación hacia las personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales”.

En un comunicado conjunto, la fundación y la agencia de viajes a través de la que la fundación contrató el hotel han denunciado que cuando el grupo intentó hacer el check-in en el Hotel Roca Vinarós se les comunicó que no había reserva alguna a su nombre y que no había habitaciones disponibles.

Según la fundación, la empleada del hotel se negó a comprobar el documento de check-in “e ignoró el número de reserva o cualquier solicitud de una explicación, llegando incluso a denegar el acceso a una hoja de reclamaciones”.

“No había alojamiento disponible”

La empleada que atendió al grupo ha asegurado en una conversación telefónica con Efe que “en ningún caso es una discriminación, sino que no había alojamiento disponible” y ha afirmado que “trató al grupo correctamente” y que fue a ella a quien gritaron y trataron mal.

“Quizá ellos querían tener más atención, pero en aquel momento tenía mucho trabajo. Fueron ellos los que me gritaron, yo sólo les iba pidiendo perdón por no poderles alojar”, ha detallado.

“Fue un momento en que estaba yo sola atendiendo a otras personas y les pedí disculpas porque no habían habitaciones disponibles, que era lo único que podía hacer. Aquí no discriminamos a nadie, porque hemos tenido a otras personas discapacitadas sin ningún problema. Si hubiéramos tenido habitaciones se las hubiéramos dado”, ha añadido.

La versión de la fundación es que la reserva estaba hecha desde el 28 de febrero, gestionada por Viajes Travelfast, especialistas en Turismo Accesible, “pero en el Hotel Roca, sin más explicaciones, se les indicó que no podían hacer nada más por ellos”.

Por ser “minusválidos”

Según la fundación, la agencia contactó con el operador turístico para saber cuál había sido el problema y éste les comentó que la noche anterior, la del 12 de abril, la dirección del hotel envió un correo electrónico en el que comunicaba la cancelación de la reserva por ser los clientes “minusválidos”.

“Este acto es ilegal y discriminatorio y no es motivo de cancelación de una reserva de hotel. Se avisó al hotel del error que estaban cometiendo, pero no se obtuvo ninguna respuesta, ni vía correo electrónico ni por teléfono”, ha asegurado la fundación.

La agencia de viajes y el operador ofrecieron una alternativa, el Gran Hotel Las Fuentes en Alcocéber (Castellón), asumiendo los gastos derivados de la cancelación unilateral por parte del hotel, por lo que finalmente los jóvenes pudieron disfrutar de las vacaciones que ellos mismos habían organizado, “aunque tuvieron que cambiar sus planes debido a la decisión del hotel”.

Los responsables de la fundación han explicado que hasta hoy “ni la agencia de viajes ni la Fundación, y sobre todo los clientes que iban a pasar sus vacaciones, han recibido por parte del hotel una disculpa ni respuesta”.

La Agencia de Viajes Travelfast y la Fundación Catalana Síndrome de Down han lamentado este hecho, que consideran “un caso claro de discriminación y que vulnera además la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Inspección de la Agència Valenciana de Turisme

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha pedido máxima contundencia sobre este caso y ha calificado lo sucedido de “grave acto de discriminación que no debe permitirse en la Comunitat Valenciana”.

Colomer ha mostrado públicamente su preocupación y ha avanzado que “desde la Agència Valenciana del Turisme (AVT) ya se ha enviado rápidamente a un inspector a verificar todos los extremos de esta noticia y, en base a su informe, se actuará con la máxima responsabilidad y se decidirá si es pertinente o no iniciar un proceso sancionador”.

Así, el secretario autonómico ha informado que, desde el primer conocimiento de lo sucedido, la premisa ha sido “actuar con la máxima celeridad e iniciar diligencias para abrir un expediente informativo ante un posible caso de grave discriminación”.

Para Francesc Colomer “es una cuestión de un código ético de comportamiento, de entender el turismo como un disfrute para todos y un derecho universal”. Al tiempo que ha hecho hincapié en que “nuestro compromiso va a seguir siendo garantizar la no discriminación de nadie”. “El turismo accesible e inclusivo es una divisa, una bandera y una identidad del modelo turístico al que aspiramos”, ha añadido.

Asimismo, Colomer ha informado que ha trasladado su preocupación a la Fundación Catalana de Síndrome de Down y ha asegurado que ya les ha comunicado las medidas que desde su departamento se están tomando.

L’Associació d’Afectats per la Plataforma Castor (Aplaca) sol·licita al Jutjat d’Instrucció número 4 de Vinaròs que els investigats per presumptes irregularitats relacionades amb la tramitació de la concessió de l’explotació del magatzem subterrani de gas depositen una fiança de 1.000 milions d’euros. La quantitat tan desorbitant respon a l’estimació d’indemnització per a cada un dels residents de la zona on se senten i es pateixen els sismes des del 2013. L’àrea d’influència comprén les localitats de Benicarló, Ulldecona, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita i Vinaròs, amb una població total de 86.284 habitants, a cada un dels quals li pertocarien 12.000 euros, d’acord amb els càlculs del mateix col·lectiu, constituït el març i que s’ha personat en la causa penal.

Segons la reclamació presentada el 29 de juny, les empreses Escal UGS SL (entitat concessionària del projecte), ACS Actividades de Construcción y Servicios SA (soci al 66,67% d’Escal), Castor Limited Partnership o CLP (soci al 33,33% de l’entitat concessionària) i Dundee Energy Limited (propietària del 73,7% de Castor Limited Partnership), així com també el Govern espanyol, hauran d’aportar a parts iguals el multimilionari depòsit al jutjat, ja que han de respondre de manera solidària.

Des d’Aplaca hi ha la sospita que Escal UGS, que hauria de fer front a hipotètiques indemnitzacions en el supòsit d’una sentència condemnatòria, acabarà declarant-se insolvent a conseqüència d’un buit patrimonial. Així, l’associació ha constatat un canvi recent de domicili social de l’empresa i, a més, ha desaparegut la pàgina web.

Els advocats del col·lectiu preveuen que la sol·licitud presentada davant del Jutjat de Vinaròs s’admetrà a tràmit abans de l’agost. Una altra cosa ben distinta serà que l’instructor de la causa accepte la reclamació.

En l’escrit formulat per Aplaca es fa referència a la recent sentència del Tribunal Suprem de 8 d’abril de 2016 (Sala Civil, secció primera, ROJ 1420/2016), en el cas de l’afonament a Itàlia del vaixell Costa Concordia. En aquell procediment, una associació de víctimes va demandar en nom dels seus adherents els responsables de l’afonament, i va reclamar per a alguns indemnitzacions per danys corporals i per a tots una compensació per perjudici moral.

El president del consell d’administració de la concessionària del projecte Castor, Escal UGS, Recaredo del Potro, ha negat aquest dilluns la relació entre l’activitat d’injecció de gas i els moviments sísmics que es van produir a la Comunitat Valenciana, i ha apuntat que la sismicitat va ser “natural” i que només es va tractar d’una “coincidència en el temps”.

Així s’ha manifestat Del Potro en la seua declaració com imputat en el Jutjat d’Instrucció número 4 de Vinaròs (Castelló) en la causa oberta per preteses irregularitats en la tramitació de la concessió d’explotació de Castor, segons ha informat l’advocat de l’Associació Nacional Arca Ibèrica, que exerceix d’acusació popular, Jorge Casal.

Segons ha explicat el lletrat als mitjans de comunicació, “com era d’esperar, Recaredo del Potro ha eludit qualsevol tipus de responsabilitat de l’empresa i ha dit que des d’un primer moment Escal va fer els estudis de sismologia que se li van requerir de manera exhaustiva i aprofitant les dades que havien adquirit amb anterioritat dels estudis de l’empresa que havia explotat al seu dia la instal·lació petrolífera”.

“Sí que ha reconegut que aquests estudis es van centrar exclusivament en l’entorn de la falla d’Amposta, i ha dit que no podien tenir coneixement de l’existència d’altres falles”, ha destacat Casal, que “fins i tot ha negat que la pretesa falla Castor existisca i que els moviments sísmics estigueren relacionats amb l’activitat d’injecció de gas”.

Així mateix, l’imputat ha assenyalat que l’aportació de la injecció de gas a l’energia que despleguen els sismes és d’una mil·lèsima part, per tant, “una incidència mínima”.

No hi havia risc

També ha declarat Del Potro que, sobre els moviments, hi havia un coneixement “perfecte” pel Ministeri i de la Xarxa Nacional d’Alerta Sísmica, “els quals estaven perfectament informats del que passava i, fins i tot, el director d’aquesta última entitat els va manifestar que, per la magnitud i la intensitat dels sismes, no hi havia el més mínim risc per a la seguretat de les persones”.

Ha dit que la intensitat dels sismes és tres, que exclou qualsevol risc per a persones i béns i, en definitiva, que la intensitat dels sismes en la zona de Vinaròs és equivalent a les vibracions que experimenta la façana d’una casa quan passa un camió per davant“, ha afegit el lletrat.

El representant d’Escal també ha manifestat que les úniques mesures que es van adoptar quan van començar a registrar-se els sismes va ser el seguiment d’aquests i la comunicació al Ministeri i a la Xarxa Nacional d’Alerta Sísmica, i ha dit que en cap moment va parar l’activitat, “ja que el 16 de setembre deixa de fer-se la injecció senzillament perquè es va acabar el gas i havia finalitzat l’activitat programada, però no perquè voluntàriament ho decidiren ni reberen cap instrucció respecte d’això”, ha indicat l’advocat d’Arca Ibèrica.

D’altra banda, segons el lletrat, uns dels suggeriments que va fer l’Observatori de l’Ebre quan va informar l’empresa de l’existència de moviments sísmics és que paralitzara l’activitat o reduïra el cabal d’injecció als límits per davall dels quals no s’havia produït cap moviment sísmic, a la qual cosa l’empresa “manifesta que va reduir el cabal d’injecció fins i tot abans, encara que l’informe de l’Institut Geològic i Miner (IGME) diu que no es va reduir el cabal d’injecció, sinó que fins i tot es va augmentar, però Del Potro diu que es confon cabal amb volum d’injecció”.

Els informes de l’IGME, en “entredit”

Així mateix, Recaredo del Potro ha posat en “entredit” els informes de l’IGME sobre unes falles que fins al moment eren desconegudes, “perquè diu que són dades interpretables”. Respecte a la falla Castor, ha destacat que tant per les dimensions que té com per la velocitat de desplaçament “no és susceptible de generar cap tipus de risc”, segons Casal.

Finalment, l’imputat entén que, segons els estudis que ha fet l’empresa, la sismicitat que es va produir en la zona va ser “natural” i que només es tracta d’una “coincidència en el temps” amb la injecció de gas.

El lletrat ha afirmat que no el convencen els arguments esgrimits pel representant d’Escal, “perquè hi ha contradiccions clares entre el que manifesta i el que diuen els tècnics de l’IGME, que han declarat que hi havia una relació directa entre la injecció de gas i els moviments sísmics”.

Concentració

Un grup format per una vintena d’integrants de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia s’ha concentrat a les portes dels jutjats per protestar en contra del projecte Castor i han protagonitzat una sonora xiulada quan Recaredo del Potro se n’anava després de d’haver prestat declaració i sense voler atendre els mitjans de comunicació. El col·lectiu ha perseguit l’imputat per uns quants carrers mentre li cridaven ‘no volem’.

La Plataforma ha anunciat que presentarà una denúncia davant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per demanar “la suspensió dels efectes perjudicials pels danys que suposarà l’entrada en vigor de la repercussió tarifària que imposa el Reial decret d’indemnització a favor del projecte i d’Escal”.

Aquest dimarts declararà com imputat José Luis Martínez Dalmau, conseller delegat d’Escal UGS.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha defendido este martes la decisión del Ejecutivo de “hibernar la instalación” del proyecto Castor, que se controlará de forma “exhaustiva”, mientras se realizan los estudios geográficos y geológicos para despejar dudas de que pueda ser causa de terremotos.

Moragues ha añadido que se está revisando la resolución de la concesión para el almacén de gas Castor, la exigencia de reclamaciones y “todas las aristas de esta instalación tan sensible y compleja”, con el objetivo prioritario de “preservar la seguridad de los vecinos de las costas de Castellón”.

Según se conocía este lunes, Enagás Transporte SAU se encargará de realizar los estudios necesarios que determinarán la decisión definitiva sobre el futuro del almacén de gas, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), y se procederá a su desmantelamiento cuando puedan existir riesgos.

Así lo ha asegurado el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la diputada de CiU Lourdes Ciurò el 16 de junio, publicada el pasado día 5 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Aeropuerto de Castellón

Por otra parte, Moragues, preguntado por la inyección de 12 millones de euros al aeropuerto de Castellón dos meses antes de las elecciones por parte del Gobierno valenciano del que formaba parte como conseller de Hacienda, según una información que hoy publica el diario Levante-EMV, lo ha justificado como “una ampliación de capital que se hizo en muchas empresas del sector público”.

Y ha añadido que este ingreso tenía con finalidad pagar toda la deuda a los proveedores contraída en años anteriores, “atender compromisos y obligaciones” y pagar los gastos de mantenimiento y conservación del aeropuerto para “regularizar” así su situación.

El exconseller ha destacado que en la anterior legislatura la Comunitat Valenciana “se situó a la cabeza de la reestructuración económica del sector público empresarial y fundacional”, con un ahorro de 3.264 millones de euros, y ha pedido al actual Consell que continúe con esta reestructuración.

Cuatro entidades industriales y empresariales han presentado una denuncia ante la Comisión Europea (CE) en contra del pago de los 1.350 millones de euros de indemnización por el almacén Castor porque, a su juicio, “altera la competitividad” y es “discriminatoria”.

El presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad, junto con los dirigentes del Consejo Intertextil Español, Alejandro Laquidain, y del Centro Metalúrgico, Carles Garriga; así como la abogada y coordinadora del equipo jurídico, Asun Cirera, han explicado este viernes en rueda de prensa el contenido de la denuncia presentada.

Abad ha señalado que se sienten legitimados para interponer esta demanda “por la legislación y por todo el tejido empresarial de Cataluña y España”, y ha añadido que “las ayudas de Estado representan una alteración a la competitividad” y “no deberían ser admitidas”.

Los impulsores de la iniciativa creen que se cumplen todas las condiciones para que la demanda prospere en Bruselas, ya que la indemnización por el almacén Castor constituye una ventaja, es una medida selectiva, afecta a la competencia y no es compatible con el Mercado Único, entre otros factores.

En este sentido, Asun Cirera ha comentado que “es cierto que el pago de la indemnización se hace a través de Enagás”, pero porque “lo ordena el Estado en base a una norma jurídica”. Además, ha añadido la abogada, “recibir 1.300 millones mejora la posición financiera de cualquier empresa, indudablemente”.

“El refuerzo económico coloca a Escal UGS -la concesionaria del almacén de gas, participada por ACS en un 66,67 %- en posición de fuerza”, ha subrayado Cirera, que ha recordado que “se trata de una empresa con un 80 % de comercio exterior y con una presencia importante en Europa”.

La experta ha agregado que a veces “hay determinadas medidas que se pueden tomar si el interés es prioritario”, pero que en este caso “no hay ningún motivo que lo justifique”.

El presidente del Centro Metalúrgico, Carles Garriga, ha advertido además que si la denuncia no prospera y la indemnización se hace efectiva, ello repercutirá en un aumento del 4,5 % de la factura del gas para los consumidores españoles.

Estas cuatro entidades empresariales comunicaron ayer al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, la interposición de la denuncia.

En julio del pasado año, Escal UGS presentó un escrito de renuncia a la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, proyecto paralizado por el Ministerio de Industria en septiembre de 2013 tras los seísmos detectados frente a la costa de Tarragona y Castellón.

En octubre de 2014, el Gobierno aceptó en un real decreto-ley la renuncia a la concesión y fijó una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.

El juez de instrucción de Vinaròs encargado del caso Castor ha abierto una causa, en la que ha imputado a 18 personas, tras la denuncia presentada por la Fiscalía, contra el almacén de gas por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la Fiscalía dirige sus acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS.

Cese de actividad

Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta.

El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una “relación directa” entre la actividad de la planta Castor y los movimientos.

“Celeridad y precipitación”

El diputado de EU en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, ha valorado muy positivamente las 18 imputaciones, “se viene a dar la razón a todos los colectivos y entidades sociales que se han posicionado durante años en contra de esta plataforma y que sobre todo han contestado de forma contundente todas las tramitaciones que se han realizado”.

Sixto insiste en que les viene a dar la razón en la “celeridad y precipitación con la que el Gobierno ha indemnizado a la empresa Escal-UGS cuando parece que, con esta apertura de causa, queda más que manifiesto que esa indemnización ha sido muy apresurada”, denuncia el diputado.

Así, añadía que “se tendría que haber dejado que la justicia continuara su camino para investigar todo lo que se ha producido y en última instancia haber determinado si la empresa se merecía aquella indemnización o ha actuado de una forma tan negligente que no está justificado en ningún caso la enorme cantidad de dinero con la cual se le ha indemnizado”.

Las precipitaciones llegaron a los 200 litros por metro cuadrado en Morella, donde se sitúa el nacimiento del río Cèrvol

Los vecinos del río Cèrvol, situado al norte de Castellón, han podido ver como su caudal ha pasado de estar seco a desbordarse en cuestión de segundos. La causa han sido las intensas lluvias de este pasado fin de semana, así cabe destacar que el río Cérvol nace en la localidad de Morella donde las precipitaciones este fin de semana han llevado a un registro de 200 litros por metro cuadrado, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET); además las precipitaciones han superado los 150 litros en diversas localidades cercanas al paso del río.

El río, de cerca de 60 quilómetros de longitud, recogió un intenso caudal a lo largo de su camino hasta ofrecer la espectacular imagen cerca de su desembocadura en la localidad costera de Vinaròs. El agua llega a superar el vial conocido como 'la Pasera', desbordando así el lecho del río impidiendo el agua el tránsito de los vehículos sobre su superficie.

El vídeo ha sido subido a la red social Youtube por el colectivo Nanos i Gegants de Vinaròs.

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) también relaciona los seísmos registrados los pasados meses de septiembre y octubre en el entorno del almacén de gas Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), con la inyección de gas en dicha planta, como hizo el Instituto Geográfico.

Así lo concluye el estudio realizado por el IGME a petición del Ministerio de Industria, con fecha 20 de diciembre de 2013, que ha dado a conocer este jueves el diputado de Izquierda Unida por Valencia en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto.

El pasado 12 de mayo el diputado también difundió el informe del Instituto Geográfico Nacional sobre este asunto, que concluía igualmente que hay una “relación directa” entre los más de 400 seísmos que se produjeron en el norte de Castellón y sur de Tarragona con la inyección de gas.

Según el Instituto Geológico y Minero, los seísmos registrados en el entorno del almacén coincidieron con un incremento del volumen de gas inyectado, así como con el aumento del ratio de volumen inyectado por día, y recomienda, dadas las características de la sismicidad generada y la presencia de fallas importantes en la zona, susceptibles de generar sismos de cierta magnitud, realizar estudios complementarios

El informe distingue dos grupos de seísmos: los inducidos (de baja magnitud) fueron coetáneos con las actividades de inyección de gas colchón entre el 2 y el 17 de septiembre, y la sismicidad disparada (algunos de magnitud más elevada, entre 3,5 y 4,2 grados), que se registró tras esas actividades, en respuesta al cambio de condiciones en alguna de las fallas del entorno del almacén.

El estudio acompaña una serie de anexos que pueden servir para la toma de decisiones futuras, según señala, en los que afirma que no se ha verificado una investigación completa del almacén en cuanto a aptitud de la estructura Castor para soportar los riesgos geomecánicos y fugas en la inyección “más allá de la vecindad de la falla de Amposta”.

Interacción de fallas

Respecto a la sismicidad disparada, es probablemente consecuencia de la interacción entre el movimiento de pequeñas fallas de dirección noroeste-sureste y una falla mayor de dirección noreste-suroeste, la falla Castor, desconocida hasta el momento y que parece ser el límite oriental del almacén subterráneo.

Según el Instituto, la magnitud máxima que podría alcanzar el terremoto de mayor tamaño asociado a la falla Castor se estima en 4,8 grados, y señala que la falla de Amposta Oriental -que sella el almacén por el oeste- “no parece haber jugado ningún papel” en la sismicidad detectada hasta el momento.

En condiciones naturales, añade, la falla de Amposta es potencialmente susceptible de generar terremotos de magnitud hasta 5,9, por lo que son “necesarios” estudios de mayor detalle para evaluar la peligrosidad sísmica.

Red de microsismicidad

Recomienda una red de microsismicidad para monitorizar la evolución presente y futura, realizar un estudio de peligrosidad sísmica, establecer un protocolo de actuaciones, realizar “la revisión crítica” de los estudios realizados hasta la fecha en sondeos y revisar el modelo dinámico del almacén de acuerdo con un modelo 3D actualizado.

El IGME, que recoge casos de almacenes de gas con sismicidad inducida, creó un grupo de trabajo para elaborar el informe formado por una docena de expertos en diferentes disciplinas, coordinado por Julián García Mayordomo y supervisado por el director del departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica, Juan José Durán Valsero.

El Ministerio ordenó el 26 de septiembre del año pasado la paralización de la actividad de inyección del almacén, de la empresa Escal, tras los terremotos registrados y sentidos en las poblaciones costeras de la zona.

El almacén aprovecha una antigua trampa petrolífera explotada por la empresa Shell en la década de los setenta y ochenta, situada a unos 20 kilómetros de la costa.

Sixto ha destacado que este informe “incide de manera más clara” en la falta de informes y de rigor de los estudios previos de la empresa, y por ello pide al Gobierno que depure las responsabilidades de la compañía. A su juicio, el informe del IGME es “la excusa definitiva” para que no continúe la explotación del almacén de gas Castor.

Un nuevo seísmo de magnitud 1,8 en la escala de Richter se registró el lunes en el Golfo de Valencia, concretamente en el entorno de la plataforma Castor, según el Instituto Geográfico Nacional. La actividad de la plataforma está parada tras registrarse terremotos en la zona en 2013.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, aseguró el pasado miércoles que los trabajos de la plataforma Castor frente a las costas de Vinaròs (Castellón) no se reanudarán mientras los informes, que debe emitir el Ministerio de Fomento, garanticen que no se repetirán los movimientos sísmicos que afectaron a la costa castellonense.

Después, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, subrayó que si no hay un informe de los expertos que diga “categóricamente” que reanudar la actividad en el almacén de gas no tendrá ningún riesgo para la población, no se inyectará más gas.

Con paralización, petición de indemnización

Mientras, la sociedad promotora del almacenamiento subterráneo, Escal, tiene el derecho a revertir la infraestructura a las autoridades españolas hasta junio de 2033 al valor pendiente de amortizar, según recuerda el socio canadiense de ACS en el proyecto, Dundee Energy.

En su presentación de resultados anuales, Dundee se ratifica en los principios suscritos con el Gobierno español en 2008 y avalados en octubre del año pasado por el Tribunal Supremo, según los cuales los promotores de Castor tienen derecho a recibir una indemnización por el valor residual del activo, incluso en caso de negligencia o dolo por parte de la empresa.

Esta garantía había sido denunciada por el actual Ejecutivo al considerar que va en contra del “devenir normal” de este tipo de autorizaciones. De hecho, Castor es el único de los tres grandes almacenamientos de gas de España con esta claúsula.

La Sección sindical de CCOO en el Hospital de Vinaròs ha denunciado que se el servicio de lavandería reparte prendas sucias, húmedas, arrugadas, en cantidad insuficiente y de mala calidad “que no cumplen con las condiciones mínimas exigibles para un servicio sanitario”.

Ante esta situación, el sindicato exige que se recupere la gestión pública del servicio para garantizar su calidad sin depender de terceros, es decir, “de la empresa adjudicataria que, además, no cumple con las condiciones establecidas por contrato”.

Así, denuncian que cada vez la ropa, sábanas, batas, pijamas, etc., “escasean más en este centro hospitalario, y no sólo eso, sino que los que hay, llegan tarde al destino, sucios, húmedos y arrugados”, al tiempo que añaden que la plantilla no puede trabajar en estas condiciones.

Desde esta Comisiones Obreras se defiende que no se puede permitir que elementos tan imprescindibles para una adecuada atención sanitaria, y directamente relacionados con la higiene, “estén en detrimento y se desprecien tanto por parte de la adjudicataria como por parte de la dirección del hospital”.

En este sentido, a pesar de que desde CCOO se le ha solicitado a la dirección que ponga freno a la situación, ésta “se muestra pasiva y es incapaz de hacer que la concesionaria cumpla las bases de la adjudicación, tampoco le aplica las cláusulas de reducción de pagos i/o penalizaciones por el incumplimiento del contrato”.

Una vez más, añadem desde el sindicato, la dirección muestra su “falta de neutralidad, porque cuando se trata de dar una cobertura de calidad al sistema sanitario público, se aplican recortes a trabajadores y usuarios, sin embargo cuando se trata de aplicar las cláusulas de reducción a una empresa que incumple, no ven la opción y ponen trabas”. Para trabajadores y usuarios “no hay dinero, pero para la empresa adjudicataria, sobra. Así demuestran la falsedad del 'no hay dinero', pues en realidad no hay dinero para lo que no se quiere”.

A juicio de Comisiones Obreras, privatizar “siempre sale caro. Así lo demuestran la experiencia (telefonía y electricidad exponencialmente más caros que cuando eran públicos) y multitud de estudios, como el reciente de la Sindicatura de Comptes en el que se afirma que la privatización de las resonancias magnéticas le ha costado a la sanidad pública un 137% más por la vía de la gestión privada que si ésta hubiera sido pública. Se han dilapidado así 186 millones de euros”.

Las declaraciones de Florentino Pérez, presidente de ACS, acerca del futuro de Castor, quien afirmó que tras solucionarse los problemas del almacén subterráneo de Castor la infraestructura podría entrar en funcionamiento este 2014, han encontrado respuesta en el vicepresidente del Consell, José Císcar, quien ha asegurado que la Generalitat “sólo dará conformidad” a la apertura de la planta ubicada frente a la costa de Castellón cuando exista la “certeza absoluta” de que no van a producirse más movimientos sísmicos.

El Consell “no varía su posición” sobre el almacén del Castor, que “no retomará su actividad si no existen garantías del 120 por ciento” de que no habrá más problemas frente a Vinaròs, tras la comunicación de ACS. Asimismo, Císcar se ha mostrado convencido de que el ministerio de Industria mantendrá la misma postura, “salvo una certeza absoluta de que no hay más riesgo, no va a considerar que retome la actividad”.

En relación a los estudios entregados por la empresa responsable de la planta -que cuenta con el rechazo de vecinos y colectivos-, el vicepresidente ha señalado que “habría que preguntar al Ministerio, que es quien los solicitó”.