La escena se repite: anuncio solemne, promesa de transformación, fotografía institucional y, meses después, renuncia. El Ayuntamiento de Huesca, gobernado desde 2023 por el PP, ha desistido de los 2,6 millones de euros de fondos europeos concedidos para la rehabilitación estructural del Casino y la creación de un Museo de Historia Contemporánea en su semisótano, a los que se suman casi 400.000 más para la adecuación de entornos escolares. Tres millones de euros en total. La subvención, financiada al 100% por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU), no exigía aportación municipal; solo gestión y ejecución en plazo.

El gobierno local del PP, encabezado por la alcaldesa Lorena Orduna, ha justificado la renuncia por la “falta de tiempo” para ejecutar y justificar las obras antes del 31 de marzo. Argumenta que Huesca dispuso de “un año menos” que otros beneficiarios porque la concesión definitiva no llegó hasta noviembre de 2024, tras una primera denegación por falta de presupuesto. Se pidió una ampliación en julio del pasado año y el ministerio la rechazó alegando que requeriría una modificación normativa.

La oposición socialista sostiene otra tesis: la pérdida era evitable y responde a una deficiente planificación. “Este fondo venía concedido al cien por cien. El ayuntamiento no tenía que poner ni un céntimo”, recuerda el concejal Fernando García. La portavoz del grupo, Silvia Salazar, va más allá y habla de “construcción del relato” para desplazar la responsabilidad. Según el PSOE, el ministerio propuso parcelar actuaciones para salvar parte del proyecto y no hubo respuesta.

El PP replica que cuando accedió al gobierno no existían los proyectos técnicos necesarios, solo una memoria inicial presentada en campaña por el anterior ejecutivo socialista. El concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, defiende que el actual equipo “ha trabajado duro” para redactar el proyecto museístico y el de eficiencia energética, ya entregados. Forzar la ejecución, sostiene, podría acarrear reintegros y penalizaciones.

Pero el resultado es incontestable. El Casino pierde 2,6 millones europeos y el Ayuntamiento de Huesca deberá devolver 1,3 millones ya ingresados, más intereses. En los presupuestos de 2026 no figura partida para ejecutar la obra. El PP asegura que seguirá adelante con fondos propios o con el 2% cultural solicitado al Ministerio de Vivienda. Sin consignación concreta ni calendario, la promesa queda en el aire.

La polémica no es solo contable. El Casino, inaugurado en 1904, es uno de los símbolos patrimoniales de Huesca. El proyecto aspiraba a convertirlo en un polo cultural y turístico. “¿Cuál es la estrategia turística? ¿Conformarse con una fachada?”, pregunta el PSOE. La alcaldesa afirma que el proyecto “se hará con fondos europeos o sin ellos”, pero admite que los plazos eran inviables. La gestión ha oscilado entre la épica de la “primera piedra” y la prudencia presupuestaria.

Entornos escolares: 387.000 euros menos y un SUV eléctrico

La renuncia del Casino no es un caso aislado. Hace unas semanas se confirmó la devolución de 387.000 euros destinados a pacificar entornos escolares dentro del proyecto de Zona de Bajas Emisiones. El objetivo era implantar zonas ‘kiss and go’ y mejorar la seguridad en itinerarios escolares antes del 31 de diciembre del pasado año. El Ayuntamiento de Huesca alegó “cuestiones técnicas sobrevenidas” y falta de necesidad inmediata.

Orduna restó importancia asegurando que “eso no es perderlos, simplemente se han desechado”. Pero la oposición lo interpreta de otro modo, como dinero recibido que habrá que devolver. El edil socialista, Fernando García habla de “incapacidad de gestión”. Salazar contrapone el ahorro en seguridad escolar con el gasto de 50.000 euros en un SUV eléctrico para la alcaldesa. El mensaje político es claro: prioridades invertidas.

La Zona de Bajas Emisiones ha sido otro frente, ya que el PP modificó el planteamiento socialista, descartó ampliar restricciones al 60% del casco urbano y eliminó el control por etiquetas ambientales. “Esto no es Madrid”, ha repetido la alcaldesa.

Perpetuo Socorro: 890.000 euros en disputa

En el barrio del Perpetuo Socorro, la batalla se libra en 890.000 euros recuperados de fondos europeos para la reurbanización del paseo Ramón y Cajal. El PSOE propuso destinarlos a la fase IV para licitar cuanto antes las obras. Solo Vox apoyó la moción. El concejal no adscrito Antonio Laborda votó en contra y el PP rechazó que la oposición “mande” en el destino de los fondos.

La Coordinadora de Asociaciones del barrio expresó su malestar: la entrada y salida a la ciudad, dicen, es “una boca de lobo” por la falta de iluminación desde el puente del Isuela. Reclaman que se piense en las personas y no en equilibrios políticos. El gobierno municipal asegura que la fase IV está en licitación de proyecto y que se ejecutará “cuando llegue el momento oportuno” con recursos disponibles.

El concurso para redactar el proyecto básico de las fases IV, V y VI, 35.695 euros y cinco meses de plazo, está paralizado por un recurso de reposición. El calendario se dilata mientras el debate político se enquista. La concejala de fondos europeos, María José Cuello, reivindica la recuperación del dinero y rechaza la moción socialista. Rosa Gerbás (PSOE) acusa al PP de apoyarse en el tránsfuga para evitar que la alcaldesa use su voto de calidad.

El 91% ejecutado… ¿y el 9% perdido?

Orduna presume de haber ejecutado el 91% de los 16,8 millones heredados: 30 kilómetros de vías ciclables (1,5 millones), dos aparcamientos disuasorios junto a la Ciudad Deportiva y los Juzgados (1,3 millones) y la reforma de la Oficina de Turismo (124.000 euros). La cifra, presentada como aval de “gestión eficaz”, convive con casi tres millones en riesgo o ya perdidos entre Casino y entornos escolares.

El PSOE sostiene que el PP “no ha captado ni un solo euro nuevo” en su mandato. La alcaldesa replica que recibió una “marabunta” sin anteproyectos y que ha tenido que rediseñarlo todo. El patrón se repite en el frustrado Centro de Emergencias y Seguridad Ciudadana, que debía albergar nuevas sedes de Bomberos y Policía Local. A 48 horas de unas elecciones autonómicas, el PP anunció que desechaba el proyecto por “inejecutable” tras una auditoría externa. Meses antes, la alcaldesa había colocado una primera piedra simbólica junto al presidente aragonés Jorge Azcón y el presidente provincial Isaac Claver.

El proyecto había sido aprobado por unanimidad en pleno, incluidos concejales del PP hoy responsables de Urbanismo y Seguridad. El PSOE denuncia que cada vez que un proyecto se trunca, el gobierno local culpa al anterior ejecutivo pese a llevar casi tres años al frente. En el presupuesto actual solo hay 1.000 euros consignados. La pregunta es directa: ¿se hará o no?

La gestión de los fondos europeos en Huesca se ha convertido en un campo de batalla político permanente. El PP invoca prudencia financiera y responsabilidad institucional para evitar reintegros; el PSOE habla de oportunidades perdidas, falta de planificación y prioridades discutibles. Entre ambos discursos quedan edificios modernistas sin rehabilitar, entornos escolares sin pacificar y barrios que esperan luz y asfalto.

El gobierno municipal insiste en que los proyectos “se harán”. Pero los presupuestos de 2026 no los respaldan con partidas específicas. El PP defiende que ha ejecutado la mayor parte del paquete heredado y que no arriesgará sanciones por precipitación.

El pleno del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado definitivamente este miércoles el presupuesto municipal para 2026, con el voto favorable del PP y el rechazo de PSOE y Vox, registrándose un empate que se ha resuelto con el voto de calidad de la alcaldesa, Lorena Orduna. Las cuentas ascienden a 65,6 millones de euros.

El presupuesto ha salido adelante en una sesión plenaria extraordinaria en la que se han abordado asuntos de relevancia en el ámbito del personal municipal y la hacienda.

Por un lado, se ha dado luz verde la aprobación inicial de las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Huesca, a propuesta de los jefes de Servicio.

Se trata de la primera de varias modificaciones que se elevarán a lo largo de 2026, ya que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en el proceso de valoración de los puestos de trabajo, lo que implicará ajustes progresivos de la RPT durante este ejercicio.

Fundamentalmente, aborda mejoras laborales para las plantillas de Bomberos y Policía Local. En el primer caso, además, se trata de mejoras que fueron pactadas en la Mesa de Negociación de Funcionarios con un acuerdo firmado por los sindicatos CSIF, CSL y CGT.

Este acuerdo, incorporado a la Relación de Puestos de Trabajo de este año, ha sido sometido a votación en pleno y ha salido adelante tras registrarse un empate en la votación, resolviéndose mediante el voto de calidad de la alcaldesa, conforme a lo previsto en la normativa de régimen local. El Grupo Socialista y Vox han votado en contra.

Desde el equipo de gobierno se ha expresado de nuevo el compromiso de mantener la línea de diálogo con los representantes de los empleados públicos municipales de este mandato y seguir atendiendo las demandas de la plantilla.

Por otro lado, se han inadmitido las reclamaciones presentadas al Presupuesto General Municipal al no fundamentarse en las causas previstas en el artículo 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En lo relativo a las cuentas, el equipo del gobierno ha sostenido que refuerzan los servicios públicos municipales, el ámbito social y la ejecución de proyectos estratégicos de ciudad, e incluyen 7,4 millones de euros en inversiones para la mejora del espacio urbano, la movilidad y el mantenimiento de infraestructuras, así como actuaciones en equipamientos municipales y ayudas a la rehabilitación de las viviendas de Santa Clara.

El comité de Empresa del Ayuntamiento de Huesca, integrado por UGT, CCOO y CGT, ha afirmado este miércoles que su paciencia “se ha agotado” tras tres años de “promesas incumplidas” y ha anunciado posibles movilizaciones. A su vez, los sindicatos han exigido al equipo de gobierno del PP que cumpla sus promesas de una nueva valoración de puestos de trabajo y de compensar la pérdida del complemento de antigüedad. “El tiempo de las buenas palabras se ha terminado”, han remarcado, después de “tres años de incumplimientos y de postureo negociador”.

El comité de empresa ha denunciado públicamente la “situación de parálisis” y de “falta de respeto institucional” en la que se encuentran las negociaciones laborales, tras tres años de “promesas incumplidas”.

En este punto, los representantes de los trabajadores han lamentado que en el presupuesto de 2026 no hay aportación económica para la valoración de puestos de trabajo que, por otra parte, no ha comenzado, que la pérdida del complemento de antigüedad sigue sin resolverse y que el talante es “inexistente”

Han sostenido que lo que se vendió como voluntad de dialogo ha resultado ser “una estrategia de dilación para desactivar la lucha obrera y ganar tiempo” y han avisado de que no van a permitir que “se siga faltando al respeto en mesas de negociación” que “sólo sirven para que el equipo de gobierno finja un carácter negociador mientras vacía de contenido sus derechos e incumple legislación laboral en distintos aspectos”.

“Si no te gusta, nos denuncias”

En este punto, Juan Atienza, miembro del comité de empresa por CC.OO, ha asegurado que todos los avances se han logrado en proceso judicial o a través de la inspección de trabajo. “La actitud de este Ayuntamiento es que, si no te gusta lo que hago, nos denuncias y nosotros no es que tengamos esa voluntad de denuncia, sino que intentamos defender los derechos de los trabajadores que para eso estamos”, ha explicado.

Por su parte, Iván Pérez, de CGT, ha insistido en que sus peticiones se ajustan al convenio colectivo y a la normativa y ha manifestado que “todo lo que se negocia no es capricho, son aplicaciones de directivas europeas o aplicaciones de legislación laboral, tiempos de descanso, acuerdos sobre formación de trabajadores, lo que se habla en estas mesas es para aplicar legislación laboral”. Pérez también ha ensalzado la “buena voluntad” y “disposición” de los trabajadores de la plantilla municipal para sacar adelante los distintos actos que viene programando el equipo de gobierno.

Desde UGT, Antonio Larraz ha indicado que el actual equipo de gobierno acumula más denuncias que en toda la legislatura anterior. “En alguna ocasión se ha dicho que con este equipo de gobierno no había denuncias en inspección de trabajo y este equipo de gobierno igual tiene más denuncias que el anterior y con el anterior tuvimos muchos problemas”, ha aseverado.

“Voluntad de diálogo” del Gobierno

Por su parte, el equipo de gobierno ha manifestado que el proceso de valoración de puestos de trabajo está en marcha, cuenta con un contrato en vigor y se encuentra en su recta final, con el objetivo de que la propuesta técnica esté disponible en el mes de marzo para iniciar la negociación con la representación de los trabajadores.

Desde el inicio del actual mandato municipal, en junio de 2023, el Ayuntamiento de Huesca ha celebrado un total de 51 mesas de negociación a lo largo de 30 meses, “reflejo de la voluntad de diálogo permanente del equipo de gobierno y del intenso trabajo desarrollado”.

La presentación de los presupuestos municipales de Huesca para 2026 ha vuelto a dejar al descubierto la fragilidad política del Ayuntamiento y la dificultad para construir mayorías estables en un mandato marcado por la aritmética y por un contexto autonómico cada vez más determinante. A pocas semanas de las elecciones aragonesas del 8 de febrero, el consistorio oscense encara el próximo ejercicio con las cuentas de 65,5 millones de euros aprobadas, pero también con un clima de tensión política que condiciona las perspectivas de gobierno en el año previo a unas nuevas elecciones municipales.

El equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por la alcaldesa Lorena Orduna, ha logrado sacar adelante el presupuesto gracias de nuevo al apoyo del concejal no adscrito Antonio Laborda, exintegrante de Vox. Su voto ha sido decisivo en la comisión de Hacienda y apunta a serlo también en el pleno del próximo 7 de enero, repitiendo así el esquema que ya permitió aprobar las cuentas de 2025. PSOE y Vox votaron en contra, consolidando un escenario en el que el PP gobierna en minoría y depende de un solo edil para sostener las principales decisiones económicas del mandato.

Desde el equipo de gobierno se defiende que el presupuesto para 2026 “garantiza la estabilidad financiera del Ayuntamiento y permite desarrollar las líneas estratégicas anunciadas desde el inicio de la legislatura”. Entre ellas, destacan el mantenimiento del gasto en servicios públicos, inversiones urbanas y la eliminación de la plusvalía municipal, una medida fiscal que el PP presenta como un alivio para las familias y que ha sido subrayada como uno de los ejes del próximo ejercicio. El discurso del gobierno municipal insiste en que Huesca necesita certidumbre y que la aprobación de las cuentas evita una prórroga presupuestaria que limitaría la acción municipal.

Sin embargo, la oposición cuestiona tanto el contenido del presupuesto como el método empleado para aprobarlo. El PSOE ha criticado la falta de diálogo real durante la negociación y sostiene que el equipo de gobierno no ha incorporado propuestas de calado planteadas por los socialistas, más allá de ajustes menores. Los concejales del grupo municipal socialista denuncian que el PP gobierna “de espaldas” a la oposición y que la aprobación de las cuentas responde más a una estrategia de supervivencia política que a un proyecto compartido de ciudad.

Vox, por su parte, ha endurecido su discurso contra el gobierno municipal tras la salida de Antonio Laborda de su grupo. La formación considera que el PP ha optado por una vía “cómoda” al apoyarse en un concejal tránsfuga en lugar de negociar un acuerdo político estable. Desde Vox se insiste en que el presupuesto no refleja sus prioridades y se acusa al equipo de gobierno de falta de rumbo y de utilizar a Laborda como sostén puntual para evitar concesiones programáticas.

La figura del concejal no adscrito se ha convertido así en el eje de la gobernabilidad municipal. Antonio Laborda justifica su apoyo en la necesidad de evitar bloqueos y garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento, un argumento que el PP hace suyo cuando se le reprocha la dependencia de un solo voto. Para la oposición, en cambio, esta situación evidencia una debilidad estructural: cualquier desacuerdo o cambio de posición del edil puede comprometer decisiones clave, desde modificaciones presupuestarias hasta proyectos estratégicos.

Este equilibrio inestable se produce, además, en un momento de máxima tensión política en Aragón. El adelanto electoral tras el bloqueo presupuestario en las Cortes ha trasladado la confrontación autonómica al ámbito local. En Huesca, como en otros municipios, las posiciones se han endurecido y cada votación relevante se interpreta también en clave de campaña. El PP busca proyectar una imagen de gestión y estabilidad frente al PSOE, que se presenta como alternativa de gobierno tanto en Aragón como en la capital oscense, mientras Vox trata de marcar perfil propio tras su ruptura interna en el Ayuntamiento.

Las elecciones del 8 de febrero añaden incertidumbre a las perspectivas de 2026. Un cambio en el Gobierno de Aragón podría alterar las relaciones institucionales y la llegada de inversiones, mientras que una continuidad del actual escenario mantendría la tensión entre bloques. En este contexto, el Ayuntamiento de Huesca aparece como una administración que funciona, pero con márgenes políticos muy estrechos y sin una mayoría clara que permita planificar a medio plazo con comodidad.

A nivel local, los presupuestos aprobados permiten afrontar el próximo ejercicio sin sobresaltos inmediatos, pero no despejan las dudas sobre la capacidad del gobierno municipal para impulsar proyectos de mayor alcance o afrontar debates de fondo, como el modelo de ciudad, la política de vivienda o el desarrollo económico. La oposición seguirá ejerciendo presión desde el pleno, consciente de que cualquier fisura en el apoyo de Laborda puede abrir una crisis política.

Así, Huesca entra en 2026 con las cuentas en orden, pero con un Ayuntamiento condicionado por una mayoría frágil y por un clima político marcado por la confrontación autonómica. La estabilidad presupuestaria contrasta con la inestabilidad política, en un equilibrio que dependerá tanto de los resultados del 8F como de la capacidad -hasta ahora limitada- de los grupos municipales para superar el bloqueo y construir acuerdos más amplios.

Las asociaciones vecinales de Huesca habían preparado para el pasado sábado una movilización inédita en la ciudad, concebida como la primera acción conjunta de los barrios desde hace años para denunciar el estado general de la ciudad y la falta de respuesta del Ayuntamiento ante problemas cotidianos que, según afirman, se agravan con el paso del tiempo. Aunque la concentración quedó suspendida por el desalojo urgente de 200 vecinos en la plaza Santa Clara tras detectarse el riesgo de derrumbe de cuatro de sus edificios, una emergencia prioritaria, las razones que habían impulsado la protesta continúan plenamente vigentes y han cristalizado en un manifiesto que las asociaciones consideran un punto de partida para un ciclo largo de reivindicaciones.

La iniciativa agrupaba a las ocho asociaciones vecinales de Huesca -Perpetuo Socorro, Casco Antiguo, Santo Domingo y San Martín, San José, María Auxiliadora, Santiago, San Lorenzo y La Encarnación- y a varias plataformas ciudadanas: la Plataforma para la Defensa del Patrimonio, Árboles Vivos y Ecologistas en Acción. El frente era amplio y transversal, y pretendía poner sobre la mesa un diagnóstico común: la sensación de que la ciudad se ha ido deteriorando en ámbitos urbanos, patrimoniales, ambientales y de servicios, mientras los mecanismos de participación permanecen estancados.

La convocatoria insistía en la necesidad de “un Ayuntamiento mediador, negociador y que sepa atender las necesidades de la sociedad”, una frase que resume, según los colectivos, el espíritu de la movilización. Los propios convocantes subrayaban que “la participación ciudadana se ha quedado en una mera intención; la administración local está muy lejos de la ciudadanía y la calidad de vida se deteriora ante la falta de atención de los servicios públicos”.

El malestar había crecido de forma sostenida durante los últimos meses, con episodios que han ido sumándose hasta generar un clima de desgaste evidente. El cierre prolongado de la biblioteca Ramón J. Sender en el Perpetuo Socorro, clausurada desde hace dos años por el mal estado de la cubierta y con una licitación que volvió a quedar desierta hace apenas unos días, se ha convertido en el símbolo más visible de esa inacción. Los vecinos lo expresaron con contundencia: “este es un espacio que es público, que es responsabilidad del Ayuntamiento de Huesca de tenerlo activo. Que quede desierto… es ya ‘la razón de la sin razón’”.

A ello se suman controversias recientes asociadas a las actuaciones sobre el arbolado urbano, especialmente en la zona de Martínez de Velasco, donde la tala y la poda intensiva provocaron protestas vecinales. Árboles Vivos Huesca denunció que “el Ayuntamiento ha rebajado en un 87% la propuesta inicial de protección de ejemplares singulares en tan solo 12 años”. El descontento se extiende a la gestión de equipamientos y espacios públicos. En el barrio del Casco Antiguo, por ejemplo, las obras del Círculo Católico permanecen paralizadas, mientras el estado de calles como Lanuza o Sebastián Martín-Retortillo acumula quejas desde hace años.

En La Encarnación, la falta de mantenimiento y la ausencia de un proyecto claro para la zona han alimentado un sentimiento de abandono. Desde la Asociación de Vecinos del barrio de San José señalaron que “otra de las quejas vecinales pasa por el estado de nuestras calles y aceras, está deteriorado” y añadieron que “hay vecinos que nos piden que se mejore el parque, cuando llueve, cuando hace viento, se puede mejorar y también su iluminación porque vemos que es necesario acometer el alumbrado”. En varios barrios, las sedes vecinales reclaman reformas que llevan años pendientes. La Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago denuncia que “el local presenta diversas deficiencias, entre ellas filtraciones… se trata de un problema que se arrastra desde hace años y del que la comunidad vecinal es plenamente consciente”.

En el plano patrimonial, el antiguo Seminario y su prolongado deterioro han sido uno de los elementos más citados por las plataformas convocantes. La Plataforma para la Defensa del Patrimonio afirmó que “la inacción municipal, las trabas técnicas y la falta de voluntad política del equipo de gobierno paralizan cualquier acción conducente a la recuperación y aprovechamiento de la imponente construcción histórica”.

La decisión del Ayuntamiento de ofrecer el edificio a Paradores Nacionales como vía para desencallar la situación ha generado división: mientras algunos ven la fórmula como una oportunidad, otros la interpretan como un intento de “declinar responsabilidades” y “sacar el problema de encima”. También el proceso de venta del estadio de la SD Huesca, rebautizado ya como El Alcoraz by Amazon, ha sido incorporado a la crítica general por parte de las asociaciones, que consideran que el Ayuntamiento ha demostrado mayor capacidad negociadora en este ámbito que en los asuntos que afectan directamente a la vida diaria de los barrios.

Las tensiones se intensificaron en los días previos a la concentración, cuando el Ayuntamiento convocó a las asociaciones a una reunión previa al consejo ciudadano. Seis entidades decidieron no asistir y acusaron al gobierno municipal de improvisación y de intentar desactivar la protesta de última hora. Dos sí acudieron, aunque posteriormente varias plataformas denunciaron que ni siquiera fueron invitadas, como Árboles Vivos y Ecologistas en Acción.

En este contexto Javier Moreno, presidente de la asociación de vecinos de María Auxiliadora, afirma que “la sociedad, con estas quejas, va más por delante de la administración… hay una sociedad que, en realidad, es más comprometida, más responsable, está más sensibilizada… con temas como por ejemplo, el medio ambiente”. Otra declaración destacaba: “No se trataba solo una arbitrariedad institucional sino una verdadera falta de respeto y evidencia de anormalidad democrática, en un intento de desmovilización in extremis y de división de los colectivos ciudadanos”.

La movilización suspendida concentraba también el descontento generado por la “externalización” de la planificación municipal y el encargo de consultoras privadas para el Plan Estratégico 2026-2030 y estudios culturales, dejando de lado diagnósticos realizados por los propios colectivos. Los vecinos denunciaban que esta dinámica “amplía la distancia entre administración y ciudadanía y duplica trabajos ya realizados”.

Pero más allá de la protesta, las asociaciones han presentado una lista detallada de diecisiete actuaciones prioritarias que exigen que se incorporen al presupuesto municipal de 2026. Entre ellas destacan la reparación inmediata de la biblioteca Ramón J. Sender; el estudio y la intervención urgente en la cubierta del Seminario; la puesta en uso del edificio municipal de Vitalia en San José; la reapertura del centro de salud del Perpetuo Socorro; la reorganización de las plazas de San Félix y San Voto; la finalización del parque San Martín; la restauración ecológica del río Isuela y la Acequia Mayor; la redacción de un Plan Director del Arbolado; la recuperación del cauce natural en varios tramos verdes; la mejora de las infraestructuras básicas del parque Miguel Servet; y la reparación de sedes vecinales en barrios como Santiago o María Auxiliadora. Para los colectivos, estos puntos no son una lista de deseos, sino “mínimos imprescindibles” para que la ciudad deje atrás una etapa de parálisis.

El descontento vecinal también ha sido amplificado por la difusión de fotografías que muestran el deterioro cotidiano: bancos rotos, aceras levantadas, alumbrado dañado, jardinería descuidada, fuentes que no funcionan o carriles bici con problemas de mantenimiento. Algunas voces remarcan que “aquí no hay ningún tema político; hay mucha variedad de personas de diferentes sensibilidades y pasaría igual si estuviera el PSOE en el gobierno”.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Lorena Orduna ha respondido que muchos de los problemas señalados no se originan en el actual equipo de gobierno, sino que vienen de anteriores legislaturas. También ha defendido que la elaboración y ejecución de proyectos requiere plazos largos y que existen limitaciones administrativas que no pueden acortarse. Asegura que las reuniones con los representantes vecinales han sido frecuentes y que se ha respondido a todas sus preguntas, negando así la acusación de falta de diálogo. También ha reivindicado su labor al frente del plan de emergencias derivado del riesgo de derrumbe en Santa Clara: “Ser alcaldesa es estar con tus vecinos en todo momento. Sobre todo en las situaciones más graves”, escribió el domingo en sus redes sociales.

Pese a la suspensión de la concentración, las asociaciones insisten en que la movilización continúa viva y en que el trabajo de denuncia y propuesta no se detiene. Para los colectivos, “esta movilización es una suma de enfados de los barrios con el Ayuntamiento”, un reflejo de que el malestar es amplio, sostenido y transversal.

La intención ahora es mantener la presión, reclamar la incorporación de sus demandas al presupuesto municipal de 2026 y, cuando sea posible, retomar la convocatoria para visibilizar públicamente el malestar ciudadano. Las asociaciones consideran que la crisis abierta por el desalojo en Santa Clara no hace sino reforzar su diagnóstico: una ciudad con problemas acumulados que requieren planificación, inversión y atención continuada. Su hoja de ruta a medio plazo implica mantener la coordinación entre barrios, reforzar el trabajo conjunto con plataformas ciudadanas y seguir documentando y denunciando las situaciones de abandono.

Cuatro bloques de viviendas de la plaza de San Clara de la ciudad de Huesca, donde residen unas 200 personas, va a ser desalojados por riesgo de colapso de los edificios. El Ayuntamiento ha tomado esta decisión a raíz del informe de un arquitecto, según el cual uno de los inmuebles tiene los pilares “tremendamente dañados”, tal y como ha señalado la alcaldesa, Lorena Orduna.

En concreto, los bloques que van a tener que ser evacuados corresponden a los números 1, 2, 3 y 4 de la mencionada plaza, en los que hay 77 pisos ocupados. El Consistorio ha coordinado el desalojo con las comunidades de propietarios y un sistema ordenado para que los vecinos puedan retirar enseres básicos. A la vez, los servicios sociales y el área de Desarrollo han activado medidas de realojo provisional de aquellos vecinos que no tengan alternativa habitacional.

A partir de las 14:30 horas, Bomberos, Policía Local y Cruz Roja irán acompañando de manera escalonada a los residentes para que puedan recoger sus enseres de forma ordenada. El equipo de gobierno oscense ha activado el nivel 1 de emergencia y el CECOPAL para coordinar estas tareas. Va a instalar un puesto de mando avanzado en la misma plaza de Santa Clara para coordinar el proceso y atender a los vecinos.

El problema radica en la pérdida de estabilidad de los pilares que sustentan la estructura, por un proceso de carbonatación de la armadura del hormigón. Los edificios datan de los años 1964 y 1965 y pasaron la correspondiente ITE. El problema se ha detectado de manera reciente a raíz de unos trabajos en un local de la planta baja del número 4. Los técnicos han determinado que la mayoría de los pilares de la planta baja están afectados.

Según ha explicado la regidora, ha sido gracias a que la comunidad de vecinos de número 4 había contratado “unos ensayos en los pilares” cuando se ha detectado el problema, localizado por un arquitecto. “La gran mayoría están afectados. Se ha evidenciado una degradación estructural del hormigón y el hierro interior”, ha manifestado Orduna.

La alcaldesa ha destacado que el Área de Acción Social “ya ha habilitado alojamiento para esta noche para todos los que necesiten dormir fuera de sus viviendas”. También se han reservado “espacios del Ayuntamiento para que puedan dejar sus enseres”. Al mismo tiempo, “se está localizando locales comerciales vacíos para que los comercios afectados se puedan trasladar lo antes posible”.

Los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento y de Secretaría han procedido al proceso administrativo que ordena el desalojo a partir del informe del arquitecto de la propiedad.

La Policía Local, junto con los servicios sociales, se encargarán de comunicar el desalojo de manera formal. Los vecinos ya han sido informados por sus comunidades.

Los comerciantes de Huesca temían la posibilidad de que la campaña navideña corriera peligro por la celebración esas mismas fechas de una feria outlet en el Palacio de Congresos. Organizada por una empresa andaluza, Brunite Pinares SL, estaba prevista los días 12, 13 y 14 de diciembre, un periodo en el que los negocios locales pueden llegar a facturar el “20% o 30% de todo el año”, según estimaciones del sector. Sin embargo, todo apunta a que el Ayuntamiento del PP va a dar marcha atrás y contempla la suspensión del evento en el que iban a tomar parte vendedores llegados de otras ciudades como “la solución más probable”.

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca, Susana Lacostena, había recogido este malestar y entabló negociaciones con el Ayuntamiento para tratar de “frenar” esta iniciativa. Algo que los propios comerciantes preguntados por elDiario.es consideraban “complicado”. El gerente de la asociación, José Perié, reiteró que “somos conscientes de que preocupa mucho” la decisión de que se celebrará en el Palacio de Congresos una feria auspiciada por la alcaldesa, Lorena Orduna, y la concejala del Área de Turismo, Fiestas, Comercio y Hostelería, Nuria Mur.

La polémica se trasladó el miércoles al consejo de administración del Palacio de Congresos, del que forman parte los partidos políticos con representación en el consistorio: PP, PSOE y Vox. Allí se explicó que no podía anularse la feria porque el contrato con la empresa promotora se firmó en mayo. Sin embargo, los comerciantes consultados aseguran que solo tuvo noticia del evento la semana pasada y que, cuando contactaron con la alcaldesa, esta “fue dilatando el plazo para dar una respuesta”.

El Ayuntamiento había ofrecido a los comercios locales participar en la feria con un descuento de entre el 30% y el 50% en el coste de los ‘stands’. Para estas mismas fuentes, la propuesta era “un insulto”. “Ya organizamos nuestra propia feria 'outlet' en febrero o marzo, cuando toca, y sin cobrar por el espacio. Pretender que cerremos nuestras tiendas o dupliquemos personal en plena Navidad para ir allí es absurdo”, señala uno de los comerciantes consultados.

Fuentes del Ayuntamiento precisan que la decisión de celebrar esta feria 'outlet' se había adelante con el voto favorable de PP, PSOE y Vox. Sin embargo, la formación de extrema derecha volvió a evidenciar este jueves sus diferencias con los populares y fue la primera en denunciar la situación de manera pública.

El concejal de Vox José Luis Rubió consideró la cesión del Palacio de Congresos una “nueva agresión” al comercio oscense. A su juicio, el Ayuntamiento demostraba así “incapacidad de gestión, desconexión total con la realidad y desprecio hacia quienes generan empleo y mantienen viva la economía local”.

Rubió criticó que un espacio público “estratégico” se pusiera a disposición de una empresa foránea “para competir con el pequeño comercio de Huesca en el momento de mayor facturación del año”. Señaló además la “falta de comunicación” con la Asociación de Comerciantes y con el propio área municipal de Desarrollo, que tampoco habría tenido constancia previa de la actividad.

La propuesta de crear una línea ferroviaria de cercanías entre Zaragoza y Huesca ha chocado con un muro en el Ministerio de Transportes. Mientras la capital oscense ha mostrado una unidad política, económica y social sin fisuras para exigir su implantación “aunque no sea rentable”, el ministro Óscar Puente ha dejado claro en el Congreso de los Diputados que el informe de viabilidad elaborado por los técnicos es negativo y que, por tanto, el Gobierno no puede acometer un proyecto sin base económica ni demanda suficiente.

El choque de argumentos es frontal. Por un lado, el Ayuntamiento de Huesca, la Cámara de Comercio, las organizaciones empresariales y la plataforma ciudadana Huesca Suena defienden que el tren debe considerarse una obligación de servicio público (OSP), financiada con fondos estatales, porque su utilidad va más allá de los balances financieros: conecta personas, reduce emisiones, vertebra el territorio y mejora la competitividad provincial. Por el otro, el Ministerio sostiene que el estudio de viabilidad no deja margen: la demanda potencial es muy baja, los costes de explotación son elevados y la infraestructura existente no permite un servicio competitivo sin inversiones que no se justifican por el número de viajeros previsto.

El ministro Puente explicó ante el Congreso que el estudio de viabilidad elaborado por Ineco y la Dirección General del Sector Ferroviario ha sido rotundamente negativo. Según el análisis, la única línea de cercanías operativa en Aragón, la C-1 de Zaragoza (entre Miraflores y Casetas), apenas alcanza un 7,6% de aprovechamiento, lo que la convierte en “la menos utilizada de España”. En ese contexto, argumentó, “no se justifica ampliar la red ni construir nuevas líneas cuando la demanda actual es tan baja”.

La Ley del Sector Ferroviario obliga a que cualquier nueva infraestructura o servicio ferroviario de cercanías cuente con un informe de viabilidad favorable. Solo en los casos “excepcionales”, cuando los resultados se aproximan a ese umbral, puede el Gobierno asumir la inversión. “Lamento decir que en este caso el estudio es negativo. Yo no soy el autor, son los técnicos quienes lo elaboran, y no puedo saltarme los informes para tomar una decisión política”, dijo Puente.

Entre los argumentos del Ministerio figuran la escasa densidad poblacional del eje Huesca–Zaragoza, el bajo potencial de viajeros diarios y los costes asociados a la explotación y mantenimiento de la línea. Los técnicos advierten además de limitaciones estructurales: el tramo Huesca-Tardienta es de vía única, con tráfico compartido entre trenes AVE, mercancías y regionales, lo que reduciría la capacidad para aumentar frecuencias sin grandes inversiones.

El resultado es que, según los cálculos ministeriales, los ingresos por billetes cubrirían solo una fracción mínima del coste, generando un déficit estructural que el Estado debería asumir indefinidamente. En términos de política ferroviaria, el Gobierno prioriza otras áreas metropolitanas con una base demográfica y una demanda consolidada, donde los servicios de cercanías actúan como ejes de transporte diario.

El anuncio de Puente cayó en Huesca como un jarro de agua fría. En menos de dos semanas, la alcaldesa Lorena Orduna (PP) reunió en el Ayuntamiento a más de cuarenta representantes de entidades políticas, empresariales, sociales y deportivas para escenificar un frente común. Todos coincidieron en reivindicar el tren de cercanías “aunque no sea rentable” y en exigir al Ministerio que valore criterios de rentabilidad social y ambiental, no solo económica.

Orduna defendió que la conexión con Zaragoza “no es un capricho, sino una necesidad” y reclamó que el servicio se declare Obligación de Servicio Público, para ser financiado con los Presupuestos Generales del Estado. “Queremos saber qué criterios objetivos se han valorado y si se han tenido en cuenta todas las alternativas posibles”, señaló, anunciando una hoja de ruta que incluye solicitar una reunión directa con Puente, un viaje simbólico en tren regional a Zaragoza y una manifestación ciudadana pacífica en las vías del tren.

“Lideraremos nosotros, pero os necesitamos a todos para conseguir un servicio de tren digno, moderno y eficiente”, declaró la alcaldesa. Su primer teniente de alcalde, Ricardo Oliván, resumió el espíritu del encuentro: “Este es el primer paso para que el estudio de viabilidad sea viable”.

En el acto participaron voces del ámbito económico y profesional que cuestionaron los criterios del Ministerio. El presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Rodríguez, sostuvo que el debate “no debe centrarse en la rentabilidad económica, sino en la movilidad del siglo XXI”. El ingeniero Rafael López Guarga, exjefe de la Demarcación de Carreteras del Estado, insinuó que en este tipo de estudios “las conclusiones dependen del peso que se dé a cada parámetro”.

Desde la plataforma ciudadana Huesca Suena, Carlos Nasarre, Javier Larruga y Miguel Ángel Otín defendieron que el informe ministerial utiliza datos desactualizados de 2015 y que la propuesta debería centrarse en un tren de proximidad, no en un modelo de cercanías idéntico al de las grandes áreas metropolitanas. La organización, que lleva desde 2022 impulsando campañas de apoyo al ferrocarril, ha lanzado un Manifiesto por el Tren de Proximidad Huesca–Zaragoza para recoger adhesiones y firmas antes del 11 de noviembre, cuando prevé presentarlo ante las administraciones.

Los colegios profesionales también plantearon criterios alternativos. El arquitecto técnico Sergio Aznar propuso crear un grupo de trabajo técnico permanente, mientras el ingeniero Miguel Estaún admitió que “esto no va a ser rentable nunca, así que no nos empeñemos tanto en el informe, sino en defender la vertebración, la demografía y la sostenibilidad”.

La reunión evidenció una cohesión poco habitual entre sectores tradicionalmente distantes. Desde la hostelería, Carmelo Bosque subrayó que el tren permitiría atraer visitantes de Zaragoza, y el presidente del CB Peñas, Fernando Lascorz, se ofreció a que el club sea un “altavoz nacional” de la reivindicación. También asistieron representantes de la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca Hoya de Huesca, la Universidad de Zaragoza y sindicatos como CC OO y UGT.

Zaragoza se suma al rechazo

La decisión ministerial ha unido también a las dos capitales aragonesas. Las alcaldesas de Zaragoza, Natalia Chueca, y de Huesca, Lorena Orduna, emitieron una declaración conjunta en la que califican la negativa del Gobierno como “un nuevo golpe a la vertebración territorial de Aragón” y un “desprecio” a las aspiraciones de sus ciudadanos.

Ambas recordaron que la A-23 soporta decenas de miles de desplazamientos diarios y que entre ambas ciudades se contabilizan unos 5.000 vehículos diarios y cerca de 3.000 personas que viajan por motivos laborales. “Zaragoza y Huesca no pueden resignarse a ser la única gran área metropolitana de España sin un sistema de cercanías operativo”, afirmaron.

Las regidoras cuestionaron además que el bajo aprovechamiento de la línea C-1 sirva como excusa, cuando el propio Ministerio “mantiene un servicio insuficiente, con frecuencias escasas y trenes antiguos”. En su opinión, mejorar el servicio es la condición necesaria para que aumente la demanda, no al contrario.

La disputa llega después de que, en abril de 2024, la comisión de Transportes del Congreso aprobara una proposición no de ley presentada por Sumar Aragón, con el apoyo de PSOE, PP, ERC, Bildu y BNG, que instaba al Ejecutivo a mejorar las frecuencias y horarios de la línea C-1 y estudiar nuevas conexiones de cercanías hacia Huesca, Calatayud y Cariñena.

En diciembre, las Cortes de Aragón también respaldaron por unanimidad una propuesta similar para priorizar la creación de la línea Huesca–Zaragoza. A pesar de ese consenso político, el Ministerio se ha reafirmado en su negativa, lo que ha provocado frustración incluso entre los diputados aragoneses del PSOE y Sumar.

El parlamentario de CHA en la coalición Sumar, Jorge Pueyo, fue quien trasladó la pregunta a Puente en el Congreso. “Las cercanías de Zaragoza no funcionan porque su diseño es limitado e inútil”, replicó, recordando que la Cámara de Comercio avaló el proyecto y que la autovía A-23 soporta más de 34.000 vehículos diarios. “Está traicionando el trabajo que han hecho sus compañeros de partido en Aragón”, le reprochó.

Puente respondió que no puede “tomar decisiones al margen de los informes” y recordó que el Gobierno sigue invirtiendo en infraestructuras aragonesas, como la reciente finalización de la A-22 entre Huesca y Lérida.

El informe de la Cámara de Comercio

La posición del Ministerio contrasta con el informe elaborado en 2022 por la Cámara de Comercio de Huesca, que proponía una red de cercanías Zaragoza–Huesca basada en criterios de movilidad sostenible. El estudio identificaba una intensidad media diaria superior a 15.000 vehículos en todos los tramos de la A-23, con picos de hasta 40.000 en la entrada a Zaragoza, y concluía que existía una alta potencialidad de sustitución del coche por el tren.

El documento planteaba un sistema escalonado: en el corto plazo, la incorporación de trenes eléctricos bitensión para reducir tiempos y aumentar frecuencias; a medio plazo, la introducción de trenes de hidrógeno, y en el largo plazo, la integración con la red tranviaria zaragozana mediante un tren-tram. También proponía la creación de un apartadero en Vicién para mejorar la capacidad del tramo Huesca-Tardienta y una campaña de sensibilización para fomentar el uso del tren.

La Cámara subrayaba que, aunque el servicio no fuera rentable económicamente, debía ser evaluado por su rentabilidad social, ambiental y territorial, al conectar dos capitales separadas por apenas 75 kilómetros y con un flujo creciente de desplazamientos diarios.

La operación urbanística para levantar vivienda protegida de alquiler social en Harineras, en Huesca capital, llegará a las Cortes de Aragón. El PSOE ha anunciado que ha registrado sendas solicitudes de comparecencia del presidente Azcón y del consejero de Fomento, Octavio López, para dar cuenta de los pliegos de este proyecto, que ha requerido una corrección de errores por parte del Gobierno del PP en la capital para que sea viable encarecer las rentas por encima de los 800 euros al mes.

Los socialistas consideran “necesario que ambos aclaren la gestión de suelo público para la construcción de viviendas y, más en concreto, si un solar cedido para vivienda protegida por el Ayuntamiento de Huesca en esta zona de la capital altoaragonesa no va a ser destinado a tal fin sino a la construcción de viviendas que permitirían el lucro del empresario que resulte adjudicatario”. Inicialmente eran 71 pisos, pero los pliegos los elevan hasta 90.

Lorena Canales, diputada socialista en las Cortes de Aragón, cree que “ante el grave problema que hay en la comunidad en materia de vivienda, y más en concreto en la ciudad de Huesca, el Ejecutivo autonómico no puede jugar a la especulación urbanística”. Y explica que, “con la corrección de errores del acuerdo de cesión que aprobó este viernes el Ayuntamiento de Huesca, con la oposición del PSOE, las viviendas no tendrán un precio de 7 euros el metro cuadrado como marca la normativa, sino que podrían superar los 11 euros el metro cuadrado”. La iniciativa salió adelante con el voto a favor del PP y de un concejal tránsfuga, mientras que socialistas y Vox la rechazaron.

Haciendo un paralelismo, el Grupo Socialista en las Cortes de Aragón explica que una vivienda protegida de 70 metros de las que aún no se han adjudicado en La Merced (también en Huesca), de 2 habitaciones, salón y cocina tendría un precio de 452 euros al mes, y con la licitación que ya ha puesto en marcha el Gobierno de Aragón en Harineras, un piso de las mismas características tendrá una renta mensual de más 800 euros, casi el doble. “No vamos a aceptar que el Señor Azcón especule con el Patrimonio Municipal que es de todos los oscenses, son terrenos del Ayuntamiento de Huesca y su destino debe servir para el interés general no para que se haga negocio con ellos”, asevera Canales.

Y recuerda que la cesión del citado solar fue aceptada en 2024 por el Gobierno de Aragón mediante un decreto en el que se indicaba expresamente el destino a vivienda protegida y la condición de reversión si se incumplía el uso. “Algo que ya está ocurriendo, pues en junio de este año, el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial aprobó una orden para sacar a concurso público la explotación del solar dándole una nueva orientación, permitiendo, literalmente obtener rentabilidad económica mediante la explotación de las viviendas a la empresa adjudicataria

Hasta la vivienda protegida de renta social puede resultar inalcanzable para los bolsillos más comunes. El Ejecutivo aragonés, con el respaldo del equipo de gobierno del PP en Huesca, va a disparar el precio de los alquileres para el proyecto de VPA que levantará en Harineras con fondos europeos, y para el que ha optado por un modelo de explotación privada. Este viernes, los concejales populares y un tránsfuga de Vox han amparado la operación al corregir un acuerdo plenario de mayo de 2024: con el cambio, los precios de los alquileres pueden pasar de 525 euros a unos 843 euros sin garaje. El PSOE y la extrema derecha han votado en contra y han sido muy duros con la iniciativa.

El Gobierno de Jorge Azcón necesitaba esta corrección porque lo aprobado hace casi año y medio por el pleno oscense, para la cesión gratuita del solar –valorado en 2,3 millones de euros– del Ayuntamiento, no concordaba con lo proyectado por el Departamento de Fomento y Vivienda. Así, el PP ha llevado de urgencia un cambio fundamental: de un “destino a vivienda protegida” en las 71 viviendas de Harineras se pasa a otro destino: “La construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública”.

El modelo por el que ha optado el Ejecutivo autonómico, tal y como consta en los pliegos –aprobados el pasado mes de junio–, es una concesión demanial por 75 años a través de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. Es el mismo que eligió para las promociones del Picarral y la avenida de Cataluña en Zaragoza capital, con unos alquileres que se elevarán a 11,25 euros por metro cuadrado más otros 6 euros por m² para las plazas de garaje. En total, más de 900 euros al mes para un piso de 75 m². Es cierto que el Gobierno de Aragón recoge la posibilidad de subvencionar parte de esta renta, pero el beneficio para la promotora llega íntegro.

Frente a esto, la promoción de 88 viviendas que impulsa el Ministerio de Vivienda en La Merced, también en Huesca capital, a través de Suelo y Vivienda de Aragón, tienen un precio máximo de 7 euros por metro –casi un 40% menos– y 4,2 euros en el caso de los garajes. Así, solo en las viviendas de más de 90 metros el precio del alquiler supera los 600 euros al mes.

Por otro lado, el pliego recoge un aumento en el número de viviendas previstas: de las 71 que constan en el asiento registral del solar, de 750 metros cuadrados, se pasará a 90, lo cual supondrá un beneficio extra para el promotor que resulte adjudicatario.

El concejal del PSOE Fernando Sarasa ha sido muy duro con el equipo de gobierno, al que ha acusado de impulsar una propuesta “improcedente, arbitraria y desleal”.

Son terrenos del Ayuntamiento de Huesca y su destino debe servir para el interés general, no para hacer negocio con ellos

Fernando Sarasa — Concejal del PSOE

“Improcedente”, ha dicho, porque el pleno de 30 de mayo de 2024 “aprobó de forma unánime la cesión de la parcela al Ejecutivo autonómico para destinarla a la construcción de vivienda protegida”. Y, sin embargo, “el Gobierno de Azcón ha optado” por la concesión demanial. Es “arbitraria”, ha afirmado a continuación, “porque no responde a una necesidad técnica o jurídica, no hay un expediente, solo una propuesta sin firmar”. “Es una decisión política para atar el acuerdo plenario a la operación especulativa a 75 años impulsada por el Gobierno de Aragón”, ha criticado. Y ha puesto cifras al aumento del alquiler que se va a registrar con el modelo elegido.

Y es “desleal” porque el Gobierno oscense “no ha informado de este pliego en la comisión de Urbanismo”. “Va en contra de la voluntad de este pleno, no vamos a aceptar que Azcón especule con el patrimonio municipal de todos los oscenses. Son terrenos del Ayuntamiento de Huesca y su destino debe servir para el interés general, no para hacer negocio con ellos”, ha zanjado, antes de indicar que había puesto la documentación en manos de los servicios jurídicos. “La responsable de este acuerdo plenario será usted, alcaldesa, al proponerlo sin amparo técnico ni informe jurídico. Y también todos los que lo voten a favor o se abstengan”, ha retado.

“Especulación subvencionada”

Por su parte, el representante de Vox, José Luis Rubió, ha negado que el acuerdo suponga “un simple ajuste técnico”, sino que supone “un cambio de fondo que altera el sentido” de una cesión gratuita del Ayuntamiento al Gobierno de Aragón “con un destino muy claro: construir vivienda protegida para los oscenses”. “Ahora se nos pide que cambiemos a una fórmula difusa. Traducido: que donde antes el suelo era para Huesca y se garantizaba vivienda protegida de verdad, ahora se abre la puerta a que se use para cualquier invento jurídico, incluso para ceder los 75 años a una empresa privada en concesión”, ha señalado, y ha precisado: “Hay una trampa semántica para legalizar a posteriori el pliego del Gobierno de Aragón y evitar una posible reversión del terreno”.

“Desde Vox lo decimos alto y claro: no vamos a bendecir que se manipule una decisión municipal para encubrir una operación que convierte un solar público en un negocio de alquiler a 75 años. Eso no es política de vivienda, es especulación subvencionada con dinero público. Huesca necesita vivienda asequible, pero no que el PP en el Ayto y en el Gobierno de Aragón se tapen mutuamente las vergüenzas para que cuadre el discurso”, ha continuado.

Una fórmula “tasada por ley”

El PP, sin embargo, ha lamentado estas críticas y ha recordado que la tipología de vivienda por la que se ha optado “está tasada por la ley, es una colaboración público-privada. Aquí no se está inventando ningún artilugio ni ningún sistema extraño”, ha apuntado el popular Iván Rodríguez. Ha enfatizado que se trata, de hecho, de una modalidad “muy eficiente”, ya que “los recursos de la administración” no tienen que dedicarse “ni a la compra del suelo ni a la construcción de los edificios”. “Los recursos públicos se utilizan para subvencionar a los alquileres, ayudando a las familias en el coste”, ha recordado. “Han perdido un poco el norte”, ha acusado a la oposición.

Finalmente, el edil tránsfuga –cuyo voto es imprescindible para que las iniciativas del PP vean la luz– ha anunciado un 'sí' de manera escueta: “S amplía el número de viviendas al que puede ir destinado”.

Los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza perderán más de 1,5 millones de euros al año en ingresos con sendas iniciativas propuestas por el PP en los gobiernos municipales, en un capítulo más de la batalla de los populares contra los impuestos. Por un lado, el Consistorio altoaragonés lo eliminará de las ordenanzas fiscales; por el otro, la capital aragonés bonificará en un 95% la venta de segundas viviendas, lo que supone prácticamente su desaparición en este campo.

Primero fue el equipo de gobierno del PP en Huesca el que, días atrás, anunció tras la Comisión de Hacienda que en las ordenanzas de 2026 iba a eliminar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la plusvalía municipal, de aprobarse su propuesta. El Ayuntamiento recauda en torno a 400.000 euros anuales.

El concejal responsable del área de Hacienda, Ricardo Oliván, explicó que esta eliminación se aplicará a “operaciones que sean consecuencia de una venta, una herencia, donación o permuta que incluya terrenos exclusivamente o vinculados a viviendas, por el incremento del valor del terreno”. Una decisión que se ha tomado, aseguró, para “atender una demanda ciudadana por seguir avanzando en la rebaja fiscal y por la complejidad que supone en su gestión”.

Se trata de un impuesto cuya recaudación, según el concejal, ha ido descendiendo con el paso de los años debido a la aplicación de normativas estatales, excepto en los dos años de pandemia, que vio como aumentaba, debido a los fallecimientos y herencias. “En el Covid se produjo un aumento prácticamente del cien por cien a consecuencia de los numerosos fallecimientos y las consiguientes operaciones de herencias, y se pasó de recaudar unos 700.000 euros a 1.200.000 euros”, ha señalado.

La idea del Gobierno del PP en Huesca es que la merma de 400.000 euros anuales la compense el Gobierno de Aragón con proyectos en negociación, y que en todo caso son independientes de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento, como la peatonalización de calles y la reurbanización del Isuela y con la optimización de recursos.

Tras esta noticia, Verdes Equo planteó destinar íntegramente los ingresos derivados de la plusvalía municipal en Huesca a la construcción de vivienda pública de alquiler asequible. La formación verde recuerda que para este año el presupuesto municipal prevé 511.000 euros de ingresos por plusvalía, lo que en cuatro años supondría más de dos millones de euros. “Se trata de un impacto económico muy relevante, que bien gestionado podría traducirse en viviendas para jóvenes, familias vulnerables o personas mayores con dificultades de acceso al mercado libre”, señalan desde Verdes Equo Huesca.

Concesión a Vox en Zaragoza

Mientras, en Zaragoza, el consejero de Presidencia, el popular Ángel Lorén, y la concejal de Vox Eva Torres anunciaron un acuerdo para ampliar hasta el 95%, el máximo que permite la normativa estatal, la bonificación de la plusvalía en caso de transmisiones por fallecimiento de segundas viviendas, garajes y trasteros, siempre que el valor catastral no supere los 200.000 euros. En el resto de los inmuebles se aplicará el 65% con el mismo límite catastral.

La medida, que supone llevar a delante una proposición normativa de Vox, se extiende a los pactos sucesorios de presentes, una figura del Derecho Foral Aragonés, similar a la donación, pero que a diferencia de esta no es revocable. Se trata de una transmisión inmediata de bienes de forma contractual y no solo por testamento.

La merma anual de ingresos estimada supera los 1,1 millones de euros y se suma a la reducción aprobada hace unos meses del impuesto de plusvalía para transmisiones 'mortis causa' de inmuebles distintos a la vivienda habitual.

Lorén afirmó en el anuncio de esta iniciativa que, desde que el Gobierno de la ciudad llega a un acuerdo en los presupuestos, “han ido disminuyendo permanentemente los impuestos”, y por lo tanto también los ingresos. Con esta medida, valoró, se contribuye al “bienestar de los zaragozanos” y “va directamente a bonificar a las clases medias, que son las más perjudicadas, sin duda alguna, por las medidas del Gobierno de España”.

La concejal del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha incidido en que este acuerdo con el PP se ciñe a los ingresos del proyecto de presupuesto del próximo año y ha dejado claro que para Vox el impuesto de la plusvalía, “que es voluntario y no es obligatorio de aplicación en los ayuntamientos, es injusto porque grava nuevamente a los contribuyentes que durante su vida han tenido que estar soportando otros impuestos sobre esos inmuebles, como el impuesto de bienes inmuebles”.

Ha comentado que el impuesto de la plusvalía es el que genera más litigiosidad en todos los ayuntamientos, incluido el de Zaragoza para apostillar que con este acuerdo Vox “cumple con sus votantes y sigue utilizando su influencia para rebajar impuestos”.

El mapa cultural del Alto Aragón se partió en dos el día que el Ayuntamiento de Huesca decidió suprimir el festival Periferias, una cita que durante más de dos décadas había sido un referente nacional de la experimentación artística y el pensamiento contemporáneo. Lo hizo el PP, a instancias de Vox, que condicionó su apoyo al presupuesto municipal de 2024 a la eliminación de un evento al que había tachado de “nido de culturetas progres subvencionados”. De sus cenizas han brotado dos propuestas antagónicas: Extrarradios, auspiciado por el Ministerio de Cultura y los ayuntamientos socialistas de Ayerbe y Almudévar, y Spin, la apuesta del consistorio oscense por mantener viva -aunque en versión domesticada- la marca cultural del otoño.

Ambos festivales comparten origen, presupuesto similar y calendario próximo, pero representan visiones del mundo opuestas. Mientras Extrarradios reivindica la cultura como derecho y territorio de disidencia, Spin se presenta como un producto de entretenimiento ciudadano, pensado para todos los públicos y libre de aristas ideológicas.

El festival Extrarradios se celebrará este año entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre, repartido entre Ayerbe y Almudévar, dos municipios de apenas unos miles de habitantes que se convierten por unos días en epicentro de la creación contemporánea. Bajo la dirección de Luis Lles, programador histórico de Periferias, la cita reivindica el retorno de la cultura a los márgenes y la posibilidad de que el mundo rural sea algo más que un decorado melancólico.

El cartel de esta segunda edición, obra del ilustrador Bernardo Vergara, condensa el espíritu del festival: un alienígena con boina se saluda con una anciana con gorra moderna. “Los usos tradicionales y las nuevas ruralidades se reconocen y se saludan”, resume el autor. En esa imagen se sintetiza el propósito de Extrarradios: mirar al campo no como un lugar atrasado ni como un refugio bucólico, sino como un espacio en transformación donde conviven quienes se quedaron, quienes vuelven y quienes llegan buscando sentido.

El programa traduce esa tensión en una mezcla de música, artes escénicas, cine, cómic y debate. En los conciertos destacan Las Sanguijuelas del Guadiana, tres amigos que regresaron a su “Siberia extremeña” natal y convirtieron la experiencia del retorno en un fenómeno musical, o propuestas como Trucs, que explora la musicalidad de los cencerros pirenaicos. La C.O.S.A., una caravana-estudio de grabación que recogerá sonidos y voces de los vecinos para incorporarlos al concierto, materializa la idea de cultura como proceso compartido.

Extrarradios también proyectará películas como Lo que queda de ti, de Gala Gracia, sobre una joven que regresa de Nueva York a un pueblo del Pirineo, o el documental Habitar la nada, centrado en los pueblos de colonización. El cómic Barbecho, del turolense David Sancho, y la fábula teatral de Los Titiriteros de Binéfar sobre el último habitante de una aldea completan un retrato poliédrico de la llamada España vaciada.

Las mesas redondas sobre “Cultura y nuevas ruralidades” o “Cruces y colonos” servirán de foro para reflexionar sobre la despoblación y las tensiones entre los habitantes de los pueblos y quienes llegan desde la ciudad. En ese sentido, Extrarradios no se limita a llevar espectáculos a lo rural: hace del propio territorio su tema central.

El festival cuenta con un presupuesto de 96.000 euros, de los que el 70% procede del Ministerio de Cultura. El resto lo aportan los consistorios anfitriones y la taquilla. En su primera edición, en 2024, reunió a 4.000 asistentes. “Queríamos ofrecer derechos culturales a todos y lo hemos conseguido”, afirmó Lles. Para los alcaldes Antonio Biescas (Ayerbe) y Sofía Avellanas (Almudévar), el proyecto demuestra que los pequeños municipios pueden ser agentes culturales, no solo receptores de políticas de compensación.

El ministro Ernest Urtasun lo definió como “un gran encuentro por la libertad y contra la censura”. No es un gesto retórico: Extrarradios nació, explícitamente, como respuesta política a la cancelación de Periferias. Y en su espíritu late la convicción de que la cultura puede -y debe- ser incómoda.

Cultura sin conflicto

A 35 kilómetros de Ayerbe, la capital oscense presentaba casi al mismo tiempo su propio heredero del vacío: el Spin Festival, que se celebrará del 23 al 26 de octubre. Bajo la marca de la “cultura para todos”, el Ayuntamiento de Huesca busca convertirlo en un evento de masas, con 15.000 asistentes en su anterior edición y una programación “abierta a todas las generaciones”.

El cartel de este año, Lady Spin, diseñado por los hermanos Fratelli Moca, apuesta por el brillo digital y el movimiento óptico, con una estética que la concejala de Cultura, Sonia Latre, definió como “fresca, juvenil y moderna”. La descripción parece deliberadamente alejada de cualquier carga ideológica: el festival se concibe como un escaparate “de convivencia y dinamismo”, en palabras de la alcaldesa Lorena Orduna, que subraya su vocación de “espacio compartido”.

Con un presupuesto de 142.000 euros, financiado en su mayoría por el consistorio y la Diputación -ambos gobernados por el PP-, en el apartado musical, el festival contará con dos noches de conciertos que se celebrarán en la plaza General Alsina, un nuevo escenario con el que se pretende reforzar la presencia del Spin Festival en el espacio urbano y en la vida cultural del centro histórico de la ciudad. El viernes 24 de octubre contará con las actuaciones de la artista local Lassi 0 y de Las Ninyas del Corro, uno de los dúos más potentes de la escena hip hop actual.

Al día siguiente será el turno para los oscenses Dedito Finger y para Los Punsetes, banda de referencia del indie nacional. Entre las actividades programadas destacan el evento gamer los días 25 y 26; un vermú musical; un tardeo; dos pasacalles; una instalación fija; los mencionados conciertos y una programación de artes escénicas abierta a diferentes públicos.

Periferias había logrado articular durante 23 años una red de pensamiento y experimentación que situaba a la ciudad en el mapa cultural español. Su cancelación, por exigencia de Vox, no solo supuso un golpe simbólico, sino que evidenció hasta qué punto la cultura puede ser campo de batalla ideológica.

La tala de varios plataneros ha destapado en Huesca un conflicto que va mucho más allá de unas obras de urbanización. En apenas unos días, el temor vecinal a perder un cedro catalogado como singular se transformó en un movimiento ciudadano que denuncia un modelo de ciudad “cementista”, reclama más transparencia en la gestión municipal y exige una protección real del arbolado urbano. La brecha entre el Ayuntamiento y una parte de la ciudadanía ha quedado abierta: mientras el Gobierno local defiende que el polígono de Harineras es el mayor desarrollo urbanístico de este siglo en la ciudad –con más de 1.300 viviendas y 420 nuevos árboles–, la oposición y la plataforma recién nacida Árboles Vivos Huesca hablan de “arboricidio” y de un urbanismo obsoleto.

El desencadenante llegó a finales de agosto, cuando más de 300 personas se concentraron en la avenida de Martínez de Velasco para frenar la tala de dos plataneros de gran porte en el entorno de la futura rotonda de Harineras. La protesta, convocada por la Asociación de Vecinos del barrio de La Encarnación, derivó en un corte de tráfico, momentos de tensión con la Policía Nacional y escenas de resistencia vecinal tras la detención de una mujer. Entre gritos de “¡No a la tala!” y peticiones de dimisión a la alcaldesa Lorena Orduna (PP), la ciudad vivió un episodio inédito de movilización ambiental.

La situación se agravó cuando una mujer abofeteó a un inspector jefe de la Policía Nacional de paisano y fue detenida, lo que provocó escenas de resistencia vecinal para impedir su traslado a la comisaría. Minutos antes, otro hombre había saltado el cordón policial para agarrarse a la eslinga de la máquina que trataba de abatir uno de los árboles. La tensión solo se calmó a primera hora de la tarde, después de que los operarios concluyeran la tala de la parte superior de los ejemplares.

Ese mismo día, la alcaldesa Orduna y los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, José Miguel Veintemilla e Iván Rodríguez, se acercaron al lugar para reunirse con la Asociación de Vecinos de la Encarnación, convocante de la protesta. Confirmaron que el cedro singular y otros 16 árboles de la zona se salvarían, pero anunciaron que las obras de urbanización obligarían a talar otros 18 plataneros en la acera derecha de Martínez de Velasco. En total, serían 20 ejemplares menos en la avenida.

El Ayuntamiento trató de reforzar este mensaje en un comunicado en redes sociales publicado a la misma hora de la concentración. En él defendía la construcción de la “glorieta gigante” como una mejora de movilidad y seguridad, y recordaba que la urbanización de Harineras contempla la plantación de 421 nuevos árboles. Orduna añadió: “Huesca avanza y está dando un paso más tanto en movilidad como en vivienda, ya que el polígono de Harineras albergará más de 1.300 pisos”.

La indignación vecinal y el nacimiento de ‘Árboles Vivos Huesca’

Para los vecinos, la información llegó tarde y mal. Inmaculada Campodarbe, secretaria de la asociación de vecinos de La Encarnación, lamentó que tenían “miedo, ya que había marcas en el suelo que amenazaban al cedro y los demás árboles. Nos dijeron que solo se talaban dos plataneros, pero no nos aclararon nada más”.

A las críticas vecinales se sumaron voces técnicas como la de Ángel Lezcano, arquitecto técnico y miembro de Ecologistas en Acción, que señaló “irregularidades” en la modificación del plan de Harineras aprobada en 2021, con una rotonda que pasó de 25 a 50 metros de diámetro “sin justificación técnica”.

De este caldo de cultivo nació la plataforma ciudadana ‘Árboles Vivos Huesca’, que aglutina asociaciones, colectivos y vecinos. En su manifiesto denuncian un modelo urbanístico “obsoleto” que sacrifica patrimonio natural en favor del cemento y exigen una planificación “creada por y para la ciudadanía, que mitigue el cambio climático y priorice a las personas frente a los vehículos”.

En los días siguientes, las máquinas continuaron con las talas en la zona. En total, 30 ejemplares de gran porte fueron derribados: 10 en la calle José Gil Cávez y 20 en Martínez de Velasco, incluidos los dos plataneros del epicentro de la protesta.

La respuesta ciudadana no se hizo esperar. El 28 de agosto, la plataforma celebró una primera acción simbólica decorando árboles y vallas con mensajes como “Están talando nuestro futuro”. Dos días después, el 30 de agosto, más de un centenar de personas se concentraron en el Jardín de la Fuente del Ibón, convertido en epicentro de la protesta, para escuchar un manifiesto de Mamen Carmena: “Los plataneros eliminados eran los verdaderos pulmones de Huesca. Frente a ellos, la nueva rotonda no puede ofrecernos nada”.

En esa cita se reclamó una ordenanza municipal de protección del arbolado, mayor transparencia en los proyectos urbanísticos y un modelo de ciudad con más zonas verdes y movilidad sostenible. La protesta volvió a contar con un fuerte despliegue policial, aunque sin incidentes.

El 3 de septiembre, la plataforma convocó una nueva marcha que recorrió Martínez de Velasco hasta la plaza de Navarra con lemas como “Menos hormigón, más vegetación” o “Nos han mentido”. Varias mujeres vestidas de rojo protagonizaron una performance contra las “políticas cementistas”. El manifiesto leído en la plaza denunció que “cada árbol talado es una herida en nuestra historia” y reivindicó una ciudad donde se pueda caminar a la sombra en veranos de 40 grados.

La oposición acusa de “arboricidio”

Las formaciones políticas de la oposición han encontrado en esta polémica un filón para cuestionar al gobierno local. Chunta exigió a Orduna “paralizar inmediatamente un arboricidio llevado a cabo con ocultación y manipulación de datos”. Cambiar Huesca-IU criticó que “en plena emergencia climática, se insista en eliminar árboles maduros que proporcionan sombra y absorben dióxido de carbono”. Verdes Equo denunció “torpeza y mala gestión” y una falta de información clara a los vecinos.

La alcaldesa, por su parte, ha contraatacado subrayando que el proyecto de urbanización de Harineras fue aprobado en abril de 2023 por unanimidad de todos los partidos: PP, PSOE, Ciudadanos, Vox y la entonces coalición Con Huesca Podemos Equo. “Nos asombra tremendamente que ahora lideren estas manifestaciones cuando ya se sabía qué arbolado se iba a mantener y cuál no”, declaró.

El Ayuntamiento insiste en que el proyecto de Harineras es el desarrollo urbanístico más importante de la ciudad en este siglo, con una inversión de más de 14 millones, la construcción de 1.300 viviendas –70 de ellas de protección oficial– y 420 nuevos árboles. “Las reacciones son injustas y desproporcionadas”, sostiene el gobierno municipal, que acusa a la izquierda de incoherencia y oportunismo.

Además, recuerda que los plataneros afectados figuraban en la ordenanza de arbolado como ejemplares “pendientes de valoración o mejora en entorno” y que, al tratarse de un proyecto de interés general, podían ser talados legalmente.

La respuesta institucional: un nuevo catálogo de árboles singulares

Con los ecos de la polémica todavía presentes, el Ayuntamiento ha anunciado que trabaja en reactivar y ampliar el Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares, una herramienta que quedó paralizada en 2016. El área de Medio Ambiente prepara un nuevo informe técnico con propuestas de ejemplares a proteger, la creación de un comité de catalogación y su integración en proyectos escolares y turísticos.

El consistorio recuerda que Huesca cuenta con más de 19.000 árboles de 200 especies y 26,78 metros cuadrados de zona verde por habitante, lo que la sitúa entre las ciudades más verdes de España. “La activación del catálogo permitirá garantizar la protección de los árboles singulares y confirmar a Huesca como referente en gestión sostenible”, afirman.

La tala de plataneros en Harineras ha dejado al descubierto una brecha entre el Ayuntamiento y parte de la ciudadanía oscense. Lo que comenzó como un temor por un cedro singular se ha transformado en un movimiento amplio y apartidista que reclama un cambio de rumbo en la política urbanística. Mientras el gobierno local defiende que se trata de un proyecto clave para la vivienda y la movilidad, la plataforma ciudadana y la oposición hablan de “arboricidio” y “urbanismo obsoleto”.

Con nuevas movilizaciones en el horizonte y el catálogo de árboles singulares en proceso de ampliación, la “guerra verde” de Huesca marca el inicio de un curso político en el que la alcaldesa Lorena Orduna tendrá que gestionar no solo la urbanización de Harineras, sino también la creciente desconfianza de una parte de los vecinos hacia sus decisiones medioambientales.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Huesca considera que “Lorena Orduna se ha quedado sin excusas para acometer las obras de mejora de la biblioteca Ramón J. Sender”. El PSOE ha explicado esta mañana a los miembros de la Coordinadora de Asociaciones del Perpetuo Socorro la propuesta que el grupo llevará al próximo pleno: “Dijimos que buscaríamos de dónde sacar el dinero y hemos hecho nuestro trabajo. Ahora es cuestión de voluntad política”.

Son declaraciones de la concejal Rosa Gerbás, quien asegura que “no es cuestión de falta de recursos, ni de autorizaciones de remanentes, es cuestión de priorizar los gastos”. Para este grupo municipal, en este momento “es más importante reparar y reabrir la biblioteca que comprar un vehículo nuevo para alcaldía”. “El coche puede esperar, los usuarios de la biblioteca ya se han cansado de hacerlo”, sentencian los socialistas.

La propuesta que hace el grupo del PSOE es detraer los 40.000 euros de la partida destinada a la compra de ese coche para Alcaldía y destinarlos a incrementar la de inversiones en edificios generales. “Hay disponibles algo más de 165.000 euros y el proyecto de reparación de la biblioteca tiene un presupuesto de poco más de 200.000 euros. Con nuestra propuesta, Lorena Orduna tendría el dinero suficiente para acometer la obra”, explican.

El PSOE ha vuelto a reclamar a la alcaldesa “que cumpla los acuerdos plenarios, está obligada a ello aunque no le gusten. Es precisamente lo que ocurrió el 30 de abril de este año: a propuesta de nuestro grupo, todos menos el PP votamos a favor de priorizar esta obra y licitarla sin demoras para ponerla en funcionamiento coincidiendo con el inicio del curso escolar este mes de septiembre. Preferimos pensar que la señora Orduna demuestra poca diligencia, la alternativa es sectarismo en las actuaciones”

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca considera que la reapertura de la biblioteca municipal Ramón J. Sender “debería ser un asunto prioritario no solo para el equipo de gobierno, sino para la ciudad en su conjunto tras casi año y medio cerrada” y recuerda que un acuerdo plenario impulsado por el PSOE obligaba al consistorio a realizar los trabajos necesarios para abrir sus puertas coincidiendo con el inicio del curso escolar.

“Dadas las fechas en las que estamos, nos encontramos ante un nuevo incumplimiento de la alcaldesa”, señala la concejal socialista Rosa Gerbás, quien considera que “hacer oposición a Pedro Sánchez culpándole del cierre prolongado de una biblioteca municipal lo dice todo del gobierno de la señora Orduna y del Partido Popular. La alcaldesa tiene que dejar de buscar culpables a su nefasta gestión, está en sus manos resolver este problema pero no parece que tenga muchas ganas”, ha lamentado.

Los socialistas recuerdan que el consistorio oscense “tiene en su presupuesto recursos propios más que suficientes para acometer las reparaciones necesarias. No estamos hablando de un obra millonaria, sino de una reparación de poco más de 200.000 euros. No es cuestión de dinero, sino de voluntad política y de prioridades”.

“Es cuestión de revisar partida por partida y ver de dónde se puede sacar el dinero”, continúa Gerbás, “a fecha de hoy, existen partidas en el presupuesto de inversiones que todavía no se han ejecutado y que a estas alturas del año difícilmente se gastaran” y añade que “de nada sirve tener mucho presupuesto para luego no ejecutarlo y acabar el año con 10 millones sobrantes”.

Por ello, el grupo municipal socialista ya ha solicitado un estado de ejecución del presupuesto “para hacer nosotros esa revisión y decirle a la señora Orduna de dónde puede sacar el dinero. Es un trabajo que debería hacer el equipo de gobierno, pero está visto que la alcaldesa no tiene mucho interés en ello”.

Entre las posibles partidas de las que sacar una parte para las obras necesarias para la reapertura de la biblioteca Ramón J. Sender, Rosa Gerbás pone como ejemplo “los 40.000 euros presupuestados para la compra de un coche nuevo para la alcaldesa, los más de 3 millones reservados para el Centro de Emergencias cuyas obras están paralizadas, o los 150.000 euros para la escalera de la Muralla que todavía no se iniciado”.

Resolver este asunto, apunta, “es cuestión de prioridad, y la señora Orduna tiene las suyas: un coche nuevo, el solar de Zarandia o el gasto en publicidad, que se ha disparado este mandato. Si lo que quiere la alcaldesa es hacer oposición al Gobierno Central y a Pedro Sanchez, lo que debería hacer es marchar a Madrid y, si no, que se preocupe de buscar soluciones a los problemas de la ciudad de la que es alcaldesa”, ha planteado para finalizar.

Los centenarios árboles de la antigua Fuente del Ibón, en la confluencia de las avenidas Juan XXIII y Martínez de Velasco, se han convertido en el centro de una batalla ciudadana en Huesca. La construcción de una gran rotonda prevista en el marco del plan urbanístico de las Harineras -donde está proyectada la edificación de unas 1.300 viviendas- amenaza con hacer desaparecer este espacio verde y su arbolado. Vecinos y colectivos ecologistas hablan sin rodeos de “arboricidio”. Temen que la tala de varios ejemplares monumentales, hasta doce de ellos, sea la antesala de un modelo de ciudad que crece a costa de sacrificar su patrimonio natural.

La asociación Amigos del jardín antigua Fuente del Ibón ha lanzado una campaña en Change.org que supera ya las 1.800 firmas en el momento de redacción de este artículo. Y unos 500 vecinos se manifestaron este lunes coincidiendo con el inicio de la tala. Una protesta que dejó una persona detenida y escenas de tensión entre los manifestantes, que cortaron a su paso el tránsito por la avenida de Martínez de Velasco, y las fuerzas de seguridad entre peticiones de dimisión a la alcaldesa, Lorena Orduna (PP).

Se denuncia el “peligro inminente” de desaparición de este conjunto ajardinado, un espacio que los impulsores consideran parte de la memoria colectiva de la ciudad. “Esta área verde no debe ser destruida ya que no solo forma parte de la historia del paisaje urbano de Huesca, sino que, dada su envergadura, aporta importantes beneficios ecosistémicos a los oscenses”, señalan.

El manifiesto insiste en los servicios ambientales que prestan estos árboles: sombra y frescor en las olas de calor cada vez más frecuentes, generación de oxígeno, absorción de dióxido de carbono y partículas contaminantes, reducción de ruidos y humedad ambiental. “Cada uno de estos gigantes árboles es un aliado invaluable que debería ser considerado dentro del nuevo diseño urbano y no despreciado, como parece”, denuncian.

En la petición reclaman un rediseño de la rotonda “funcional y proporcionada” que incorpore el arbolado existente como infraestructura verde, en lugar de arrasarlo. “Firma la petición para detener la deforestación de este jardín y que, lejos de desaparecer, sirva de bienvenida y vínculo entre los barrios de la Encarnación, San José y los nuevos vecinos de las Harineras. Todavía estamos a tiempo de parar el arboricidio”, concluyen.

La Asociación de Vecinos de La Encarnación se ha sumado a la protesta. Su presidente, Juan Palacio, se queja de la falta de información y transparencia. “Exigimos que se informe a la ciudadanía de forma clara de las modificaciones que se realizan en la ciudad”, asegura. Palacio sostiene que se ha actuado con una “política de hechos consumados” y recuerda la dificultad de sustituir ejemplares de gran porte: “Son árboles que están sanos. Y no estamos para talar árboles de 100 años. Lo complicado no es hacer una rotonda, lo complicado es conseguir árboles de esa longevidad”.

El dirigente vecinal reconoce la necesidad de mejorar el tráfico en la zona, pero lamenta que las decisiones se tomen sin contar con la opinión de quienes viven alrededor. “Son planes importantes y que nos influyen”, dice.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento de Huesca argumentan que el proyecto ha seguido los cauces administrativos habituales. Aseguran que estuvo en exposición pública y no recibió alegaciones. Según el consistorio, la rotonda supondrá la tala de dos de los siete ejemplares de gran porte de Martínez de Velasco.

Fuentes municipales han matizado que de la hilera de siete grandes plataneros de Martínez de Velasco solo se verán afectados los dos de en medio por la rotonda y el nuevo colector que se va a construir. Por tanto, se salvarían los otros cinco: tres a la izquierda y los dos situados más a la derecha, que quedarán integrados en la citada rotonda.

Así las cosas, el resto de árboles de esta zona conocida como Fuente del Ibón, entre los que hay ejemplares de magnolia, ciruelo, olivo, cedro, enebro o tilo, quedarían a salvo. El Ayuntamiento quiere aplacar de esta forma las críticas que habían surgido entre los vecinos de la zona y muchos ciudadanos oscenses ante el riesgo de perder esta emblemática zona ajardinada.

El pasado miércoles, el equipo de gobierno del PP publicó un comunicado recordando que este año se han plantado 491 nuevos árboles en distintos puntos de Huesca y que con 26,78 metros cuadrados por habitante, la ciudad está a la cabeza de la clasificación nacional en superficie de zonas verdes. Para la campaña del próximo año, se prevé plantar unas 200 nuevas unidades, más las que se deriven de las obras, como el aparcamiento de Ramón y Cajal, que contempla 12 árboles, o el de calle Zaragoza, con 100. Actualmente, la capital altoaragonesa supera los 19.000 árboles de más de 200 especies diferentes.

Sin embargo, los vecinos no se fían. La información llega “con cuentagotas”, dicen, y nadie tiene claro el alcance real de las afecciones. Para los colectivos críticos, el Ayuntamiento debería dar explicaciones más detalladas y ofrecer alternativas antes de iniciar unas obras que consideran irreversibles.

Rechazo ecologista

La polémica ha llegado también a los colectivos verdes. Verdes Equo Huesca ha expresado su “total rechazo” a la destrucción de arbolado urbano en el marco del desarrollo de Harineras. En un comunicado, recuerdan la reciente tala de todos los ejemplares de la calle José Gil Cávez y denuncian un patrón: “Los ejemplares talados estaban en buen estado de salud y contribuían de forma esencial a la calidad ambiental y al bienestar en pleno centro de Huesca”.

Para su portavoz, Silvia Mellado, la decisión municipal es “absolutamente inaceptable y anacrónica”. “En pleno contexto de emergencia climática y pérdida de biodiversidad, el Ayuntamiento de Huesca sigue aprobando desarrollos urbanísticos que implican la destrucción del arbolado urbano maduro, sin informar previamente a la ciudadanía y sin establecer mecanismos de compensación ni alternativas que preserven su valor ecológico y social”, critica.

La formación ecologista reclama un plan de protección “inmediata” del arbolado restante y exige un plan de reforestación ambicioso, con garantías de mantenimiento. “Los árboles en la ciudad no son un elemento decorativo: son infraestructuras verdes imprescindibles que ayudan a reducir las temperaturas, purifican el aire, amortiguan el ruido y generan espacios más habitables y saludables. Su destrucción es un grave retroceso para una ciudad que debe adaptarse al cambio climático, no agravarlo”, advierte Mellado.

El fondo del debate no es solo una rotonda. La discusión enfrenta dos visiones de ciudad: la expansión urbanística y la movilidad frente a la preservación del entorno natural urbano. “Somos conscientes de que se trata de un cruce de caminos importante. También nos sentimos orgullosos de que la ciudad prospere y crezca. Sin embargo, no debemos tolerar que se haga a expensas de su patrimonio ambiental”, sostienen los vecinos movilizados.

Quienes se oponen al proyecto lo ven como un símbolo de un urbanismo “del pasado”, ajeno a las estrategias de adaptación al cambio climático. “Lejos de un modelo de ciudad del siglo XXI lo que va a producirse en este enclave es un retroceso en términos de calidad de vida a todos los niveles”, advierte el manifiesto.

En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a los árboles de la antigua Fuente del Ibón. Muchos vecinos evocan recuerdos de infancia, fiestas de San Lorenzo o paseos de verano a la sombra de estos ejemplares. “Estimados oscenses, todos conocemos los árboles a los que nos referimos. Nos han visto crecer y bailar en San Lorenzo durante décadas y ahora los vamos a cortar. No tengamos miedo y levantemos nuestras voces para protegerlos, porque una vez perdidos, no podrán ser reemplazados en varias generaciones”, señala el texto de la campaña.

El inicio de las obras no ha frenado la movilización. Los vecinos insisten en que todavía hay margen para modificar el proyecto. “Todavía estamos a tiempo de parar el arboricidio”, repiten como un mantra en redes y reuniones.

El Ayuntamiento de Huesca ha optado por adelantar la quema de fuegos artificiales y la traca final de las fiestas de San Lorenzo debido a la activación de la alerta roja plus por riesgo de incendios forestales, que comenzará a las 00.00 de este sábado.

Así, el tradicional espectáculo pirotécnico que cierra las fiestas laurentinas se adelantará quince minutos, arrancando a las 23.45 horas en la plaza de Navarra, manteniendo su ubicación habitual.

Desde el consistorio han señalado que la medida cumple con la normativa del Gobierno de Aragón y han asegurado que, al tratarse de un núcleo urbano con refuerzo de los bomberos, “no existe riesgo para la población”.

Alerta rojo-plus

Los Departamentos de Hacienda, Interior y Administración Pública y Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón han declarado la situación de alerta rojo-plus en todo el territorio de la Comunidad Autónoma ante el riesgo extremo de incendios forestales que existe en las tres provincias aragonesas. Esta declaración estará en vigor desde las 0.00 horas de este sábado, 16 de agosto --medianoche de este viernes 15 de agosto-- y, en principio, se prolongará hasta las 00.00 horas del martes, 19 de agosto.

La declaración de la alerta rojo-plus supone varias prohibiciones como encender fuego en todo tipo de espacios abiertos; la quema de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda y restos selvícolas, quedando suspendida cualquier autorización concedida para el uso del fuego en espacios abiertos; y encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello.

También queda prohibida la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas. Asimismo, no se pueden hacer las labores de cosecha y cualquier otra de carácter agrícola que precise maquinaria.

Otras prohibiciones son la utilización de ahumadores en la apicultura en el medio natural; arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio; y la celebración de espectáculos pirotécnicos.

Además se suspende la autorización de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, así como cualquier evento que pueda generar situaciones que favorezcan el inicio de un incendio forestal.

Por otro lado, se limita el acceso mediante vehículos a motor a las masas forestales de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión, salvo el acceso a la propiedad, desarrollo de actividades profesionales, acceso a los entornos urbanos, y actuaciones de emergencia o interés general.

La Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón insta a toda la ciudadanía a extremar las medidas de precaución en todas sus actividades al aire libre, especialmente en zonas que puedan ser susceptibles de afecciones por incendios forestales.

Las instrucciones y recomendaciones se difundirán a través de las redes sociales y la web del Gobierno de Aragón, que se recomienda consultar ante cualquier actividad o desplazamiento.

Así mismo, se insta a seguir las indicaciones de Protección Civil y se pide la colaboración con las autoridades ante las medidas preventivas o las actuaciones que se dicten para evitar la declaración o propagación de fuegos.

Este viernes, a partir de las 11 de la mañana, la plaza de toros de Huesca acogerá por primera vez en su historia una misa, justo antes del inicio oficial de la Feria Taurina La Albahaca y las Fiestas de San Lorenzo. La iniciativa está promovida por Tauroemoción, empresa adjudicataria de la gestión de la plaza, de titularidad municipal.

Hasta ahora, nunca se había celebrado un acto religioso dentro de la plaza de toros de Huesca. Tradicionalmente, las Fiestas de San Lorenzo, han incluido en sus programas misas y procesiones, pero siempre en iglesias y espacios abiertos de la ciudad, nunca en la plaza de toros.

El acceso será libre y se podrá entrar por el patio de cuadrillas.

Ocho meses después de la concesión de 2,6 millones de euros en fondos europeos para la rehabilitación del Casino de Huesca, las obras siguen sin haberse licitado. Así lo ha advertido la Subdelegación del Gobierno, que recuerda que la resolución para los 89 proyectos seleccionados —entre ellos, el del Casino oscense— se publicó el 22 de noviembre de 2024.

Según fuentes de Subdelegación, gran parte de los beneficiarios han avanzado en los trámites e incluso han iniciado las obras. Sin embargo, no ha sido así en el caso de Huesca, tal y como ha reconocido el propio Ayuntamiento en una rueda de prensa. El teniente de Alcalde, Ricardo Oliván, atribuye el retraso a “la falta de proyecto” previa por parte del anterior ayuntamiento, en manos del PSOE, y expone que se solicitó en mayo de 2023 y “hasta que se obtuvo la resolución pasó un año y medio, en el que sin tener ninguna garantía no se hizo nada al no contar con estos recursos”.

El Ayuntamiento asegura que la concesión de estas ayudas europeas fueron el 30 de diciembre de 2024, aunque en sus redes sociales publicaron el 22 de noviembre que “El Casino de #Huesca recibe para su restauración una subvención de 2.634.113 euros de los Fondos Europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

José Carlos Campo, el subdelegado de Gobierno de Huesca, ha asegurado que “los hechos son muy claros” y ha recordado que las adjudicaciones salieron el 22 de noviembre “para los 89 proyectos. Ha reconocido que para esta convocatoria ha habido menos tiempo que para otras, ”pero para los 89 proyectos y muchos de ellos están avanzados ya“.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Turismo indican que, según la reunión mantenida con el Ayuntamiento de Huesca el pasado 4 de julio, la información transmitida por el Ayuntamiento fue que el proyecto del Casino de Huesca carece todavía de proyecto, puesto se están licitando dos proyectos de redacción de obra, cuya entrega está prevista para octubre de 2025. Posteriormente, se solicitará la aprobación de la Dirección General de Patrimonio Cultural y las autorizaciones correspondientes para iniciar la licitación de la ejecución de obra. Asimismo, se constató que el proyecto carece de cronograma definido. En estas condiciones, la Secretaría de Estado recomendó al Ayuntamiento dividir en fases y lotes el proyecto, para ejecutar el máximo posible del proyecto con financiación europea, y acometer con otros fondos aquellas fases o lotes que no alcancen el plazo que fija lo normativa europea.

Desde el Consistorio se defiende que el margen para ejecutar la obra es más estrecho que en otros municipios. La alcaldesa, Lorena Orduna (PP), asegura que mientras otros ayuntamientos han dispuesto de cerca de tres años, Huesca cuenta con apenas uno y cuatro meses para completar los trabajos antes de marzo de 2026, fecha límite fijada por el Ministerio de Industria y Turismo. “Técnicamente no da tiempo”, ha señalado, y ha pedido una prórroga o la posibilidad de dividir la actuación en fases.

La intervención, incluida en el programa estatal de mejora del patrimonio histórico con uso turístico, contempla dos líneas principales: una actuación sobre la eficiencia energética, conservación y puesta en valor del edificio, y una segunda fase centrada en la musealización de la planta baja. La primera parte tiene un presupuesto estimado de 1,2 millones y la segunda, de 1,45 millones.

Fuentes de la Subdelegación subrayan que el Gobierno central ha ofrecido apoyo técnico al Ayuntamiento para facilitar la ejecución del proyecto. También en Huesca, ese mismo 22 de noviembre se publicó la resolución del Palacio de Valdeolivos de Fonz, a cargo del Gobierno de Aragón, que en febrero licitó las obras y están allí en marcha.

La alcaldesa de Huesca insiste en que el Ayuntamiento “partía de cero”, ya que no existía un anteproyecto cuando se confirmó la concesión de la ayuda. También ha reiterado que la situación del fondo ha sido comunicada en comisiones y órganos colegiados, y forma parte de un total de 13 proyectos europeos que están en marcha actualmente en la ciudad. “Queremos ejecutar esta intervención con los fondos asignados, y si no es posible, se buscarán otras vías de financiación”, ha afirmado Orduna.

Por su parte, Oliván ha defendido que la gestión municipal ha seguido los plazos habituales para este tipo de intervenciones. Según ha explicado, el proyecto fue presentado inicialmente como una propuesta sin desarrollo técnico durante la pasada legislatura y no se empezó a trabajar sobre él hasta que la resolución fue firme. Uno de los bloques del proyecto, el relativo al museo, estaría próximo a completarse, mientras que el segundo ha sufrido demoras debido a un recurso administrativo.

Oliván ha pedido el respaldo de los grupos de la oposición en aquellas cuestiones que dependen del Gobierno central, y ha insistido en la necesidad de contar con una prórroga para poder ejecutar la actuación “en igualdad de condiciones” que el resto de municipios seleccionados. Desde el Ayuntamiento confían en que se pueda llegar a un acuerdo con el Ministerio que permita salvar la inversión. Sin embargo, el plazo de ejecución de los fondos europeos acaba en junio 2026 para toda Europa.

En cuanto a la petición de mediación, Campo expone que no es posible ya que “son unos plazos prefijados que no se pueden modificar porque es una normativa europea”. Esta convocatoria en concreto tiene como plazo máximo de ejecución marzo de 2026, se podría prorrogar tres meses más, hasta junio, que es el límite que establece la UE. Sin emgargo, esto podría acarrear un riesgo de incumplimiento adicional.

El 53º Festival Internacional de Cine de Huesca contará con un total de 76 cortometrajes a concurso, producciones que representan a 34 países y que pelearán por alzarse con uno de los tres Premios Danzante, calificadores para los Premios Oscar de Hollywwod. Una sección oficial donde España es el país más representado con 23 producciones, por detrás quedan Francia con 15, Bélgica con cinco y Argentina y México con cuatro: “El Festival cuenta con un altísimo prestigio internacional, se puede ver en las cifras de inscripción que este año han alcanzado cuotas de récord”, expone Estela Rasal, directora del certamen.

En un año donde se han registrado máximos históricos en el proceso de preselección con más de 2.000 cortometrajes recibidos de 101 países, la sección oficial quedará compuesto por 31 de estos en el concurso iberoamericano, 30 en el internacional y 15 en el documental. Uno de los pilares artísticos de la cita oscense es su vocación y potencial como rampa de lanzamiento de los cineastas del futuro, algo muy presente en este 2025 con un notable incremento de óperas primas respecto del año pasado, pasando de 30 a 37 para esta 53º edición. Casi la mitad de los trabajos que se verán en pantalla son el debut o segundo trabajo de sus autores.

Importante igualmente el dato total de directoras a concurso, con un total de 28 mujeres. Una cifra que en la competición internacional y la documental sube de forma importante hasta alcanzar unas cuotas destacadas, en el primer caso son 14 directoras de 30 obras, mientras que en el segundo son 6 de 15. “Las voces femeninas se están abriendo paso por derecho propio en el mundo audiovisual, esto es un hecho importante que enriquece el discurso, la perspectiva y que nos acerca a un mundo más justo e igualitario”, afirma Rasal.

La heterogeneidad de temáticas y géneros es una de las características principales de la selección, “el drama y la comedia está muy compensado, hay historias sobre familia, religión, adolescencia, también alguna obra de temática ‘queer’ e incluso aparece algún biopic. Estas tendencias son un reflejo de la sociedad, a lo largo de los años vamos viendo su evolución en paralelo al mundo en el que vivimos”, explica la directora de la cita decana del cine en Aragón.

Rumbo a los Oscar

El prestigio internacional de la cita oscense está avalado por sus más de 50 años de historia, en este sentido desde hace dos décadas The Academy en Hollywood lo reconoce como preselección para los premios Oscar. Este aval ha sido renovado en este 2025 y tan solo seis citas cinematográficas en toda España cuentan con este privilegio que supone un reclamo global innegable. Además, el HIFF reparte más de 24.000 euros en premios a través de su palmarés, donde también el público tiene un papel decisivo al votar al ganador del Premio del Público patrocinado por Aragón TV.

Los cortometrajes a concurso se verán en el centenario Teatro Olimpia de la capital del Alto Aragón, dos sesiones diarias gratuitas en pantalla grande con una proyección bajo los mayores estándares de calidad. Cineastas de todo el mundo acuden cada edición hasta Huesca para presentar unas obras sobre las que descansan años de trabajo en equipo e ilusiones de futuro, producciones para las que la capital del Alto Aragón puede suponer el primer paso de una fructífera carrera o el espaldarazo definitivo para su asalto en el circuito de festivales.

El Festival Internacional de Cine de Huesca cuenta como patrocinadores principales con Ministerio de Cultura, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca Ayuntamiento de Huesca y Fundación Anselmo Pie; con los patrocinios de Obra Social “la Caixa”, Tu provincia Huesca la Magia, Comarca Hoya de Huesca, Renfe y el Instituto Aragonés de la Mujer; y el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE).