Agentes de la Policía Autonómica auxiliaron durante la mañana del pasado sábado a una turista desorientada y presentaba síntomas de deshidratación, localizada mientras realizaba una ruta a pie en el municipio grancanario de Tejeda.

Según señala el Gobierno canario en una nota , los agentes prestaron una primera atención a la mujer, que no portaba documentación ni teléfono móvil.

Una vez comprobado su estado, realizaron las gestiones necesarias para determinar su identidad y averiguar el establecimiento en el que se alojaba, a donde fue trasladada en condiciones de seguridad.

Con motivo de este incidente, el Cuerpo General de la Policía Canaria recuerda la importancia de adoptar medidas básicas de prevención antes de realizar rutas de senderismo o excursiones en entornos naturales.

Entre ellas, informar a familiares y amigos del itinerario y tiempo estimado; llevar documentación y un teléfono móvil con la batería cargada.

También recuerda que hay que portar el equipamiento adecuado, lo que incluye agua para todo el recorrido, protección solar y calzado adaptado a las características del terreno.

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido en el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, a un hombre que tenía una requisitoria judicial en vigor.

La detención se produjo después de que los agentes del Grupo de Denuncias e Investigación (GDI) de la Policía Canaria realizaran varias pesquisas para localizar al individuo, del que se tenía conocimiento que podía encontrarse en esta zona de la capital grancanaria.

El arrestado cuenta con un amplio historial de antecedentes policiales y judiciales relacionados con distintos delitos. Entre ellos figuran lesiones, violencia doméstica y de género, hurto, amenazas, falsificación de documento público, robo con fuerza, escarnio de creencias religiosas, usurpación de estado civil, estafa y atentado contra agentes de la autoridad.

La investigación permitió localizar al reclamado en la vía pública

Los agentes del GDI iniciaron distintas labores de comprobación con el objetivo de determinar los movimientos y el posible paradero del hombre. Estas actuaciones permitieron finalmente localizarlo en la vía pública, en el barrio de Schamann.

Una vez identificado y comprobada la vigencia de la requisitoria judicial, se procedió a su detención.

Tras su arresto, los policías autonómicos realizaron las diligencias correspondientes antes de poner al detenido a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con el procedimiento establecido.

La actuación se enmarca en las labores de investigación y localización de personas reclamadas por la Justicia que desarrolla la Policía Canaria en el ámbito de sus competencias.

La Policía Canaria detuvo durante la madrugada del 15 de agosto a un hombre que huyó de un control de vehículos en Antigua (Fuerteventura) cuando circulaba en un coche robado. Durante la persecución, el conductor realizó varias maniobras de riesgo, chocó contra una mediana y embistió a un vehículo policial antes de terminar impactando contra una parada de guaguas en Costa Antigua.

Según ha informado la Policía Canaria, los hechos comenzaron cuando agentes de la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) dieron el alto al conductor mediante señales acústicas y luminosas en una zona de ocio del municipio. El hombre hizo caso omiso a las indicaciones y emprendió la huida por la carretera FV-2 a gran velocidad.

Al seguimiento se incorporaron varias patrullas de la Policía Canaria y una de la Guardia Civil. Durante la huida, el conductor realizó diversos adelantamientos y maniobras que pusieron en grave riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía, además de desatender de forma reiterada las señales policiales para que detuviera la marcha.

En el transcurso de la persecución, el vehículo colisionó contra una mediana y posteriormente embistió a uno de los coches patrulla, que sufrió daños materiales. Finalmente, tras perder de nuevo el control, terminó chocando contra una parada de guaguas situada en Costa Antigua.

Una vez inmovilizado el vehículo, el conductor intentó continuar la marcha y ofreció resistencia activa a los agentes, que finalmente lograron reducirlo y detenerlo.

El coche había sido sustraído

Las gestiones realizadas posteriormente permitieron comprobar que el vehículo utilizado figuraba como sustraído y pertenecía a una empresa de alquiler. Los agentes realizaron las correspondientes actuaciones con el titular del contrato.

El detenido fue trasladado a un centro sanitario para ser reconocido y, posteriormente, continuar con las diligencias policiales.

Al hombre se le atribuye presuntamente la comisión de delitos de desobediencia, atentado contra agente de la autoridad, contra la seguridad vial, hurto de uso de vehículo y daños.

Además, la Policía Canaria investiga su posible relación con otros hechos delictivos cometidos durante esa misma jornada. Esta circunstancia se encuentra todavía en fase de investigación y esclarecimiento.

Han pasado veinte años, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué ocurrió con Sara Morales? La adolescente de 14 años desapareció la tarde del 30 de julio de 2006 en Las Palmas de Gran Canaria después de salir de su casa para reunirse con un amigo en el centro comercial La Ballena. Pero nunca llegó a su destino y desde entonces nadie ha vuelto a verla.

Dos décadas después, la investigación continúa abierta. La Policía Nacional mantiene activo el caso como una desaparición de larga duración y sigue comprobando cualquier información que pueda ayudar a resolver uno de los mayores misterios de la historia reciente de Canarias.

La última tarde de Sara Morales

Aquella tarde de domingo, Sara Morales salió de su vivienda, ubicada en la calle Ingeniero Ramírez Doreste (Escaleritas, Las Palmas de Gran Canaria). El reloj marcaba quince minutos después de las cuatro.

Vestía una camiseta amarilla, una falda vaquera, deportivas plateadas y sus gafas. También llevaba las llaves de casa, un teléfono móvil sin saldo y apenas cincuenta céntimos.

Había quedado a las cinco de la tarde con un amigo de su misma edad en el centro comercial La Ballena para ir al cine. Era un trayecto de apenas veinte minutos, pero nunca llegó al lugar del encuentro.

Cuando el joven comprobó que Sara no aparecía, intentó localizarla sin éxito. Primero llamó a su móvil. Sin respuesta. Después avisó a la familia. Esa misma noche se desataría una búsqueda incansable que mantiene a sus padres aún en vilo.

El principal problema fue que en 2006 los protocolos policiales en España solían requerir una espera de 24 a 48 horas antes de considerar la desaparición de un adolescente como de alto riesgo, asumiendo inicialmente que podía tratarse de una fuga voluntaria. La familia, encabezada por su madre, Nieves Hernández, quien se convertiría en un símbolo incansable de la lucha por los desaparecidos, denunció que este protocolo hizo que se perdiera un tiempo vital durante las primeras horas.

La tragedia de Sara, unida a la de Yéremi Vargas, fue fundamental para que años después se cambiaran estos protocolos y se crearan los actuales sistemas de alerta inmediata para menores.

Hoy en día, las autoridades recalcan que las primeras horas (especialmente las primeras 8 horas) son vitales y decisivas para el éxito de la investigación. Cuanto antes se avise, antes se pueden recoger pruebas, buscar testigos y, en caso de peligro, actuar a tiempo

Un recorrido sin respuestas

Tras la denuncia, los investigadores reconstruyeron el itinerario que debía seguir desde Escaleritas hasta La Ballena. La ruta a pie implicaba pasar por zonas menos transitadas y algunos descampados en los aledaños de la avenida de Escaleritas y la bajada hacia el centro comercial. Los investigadores siempre han mantenido la hipótesis de que fue en uno de estos tramos solitarios o atajos donde alguien la abordó y la obligó a subir a un vehículo.

Se revisaron las escasas cámaras de seguridad existentes en la zona en 2006 y se intentó localizar a posibles testigos, pero el calor de una tarde de finales de julio complicó la investigación. Apenas había personas en la calle y nadie pudo confirmar haber visto a Sara durante el trayecto.

La Policía también realizó un amplio puerta a puerta por viviendas y comercios para intentar encontrar alguna pista, mientras los carteles con la fotografía de la menor comenzaron a aparecer por toda Gran Canaria.

Una investigación que movilizó todos los recursos

Durante los primeros meses se desplegó uno de los mayores dispositivos de búsqueda realizados en Canarias.

Se inspeccionaron descampados, barrancos, pozos y zonas costeras con apoyo de distintas unidades policiales e incluso del Ejército. Estas labores incluyeron operaciones de enorme complejidad técnica en las que el GEO (Grupo Especial de Operaciones) de la Policía Nacional tuvo que descender a pozos y simas de gran profundidad -algunos de más de 30 metros, llenos de escombros y agua- en zonas como Tenoya o Jinámar, utilizando cámaras subacuáticas y retirando toneladas de basura en busca de sus restos.

También se analizaron vehículos sospechosos, se tomaron muestras de ADN y se investigaron decenas de avisos ciudadanos.

Como ocurre en muchos casos de gran repercusión, llegaron llamadas de supuestos testigos, informaciones falsas e incluso la intervención de videntes, pero ninguna aportó una prueba concluyente sobre el paradero de la adolescente.

La principal línea de investigación

Con el paso de los años, una de las hipótesis que más atención recibió fue la posible relación entre la desaparición de Sara y un agresor sexual conocido como el violador de la furgoneta blanca, detenido en 2008 tras cometer numerosas agresiones sexuales en Gran Canaria. Este individuo, identificado como Miguel Ángel M. R., acaparó gran parte de las pesquisas.

Los investigadores estudiaron esa posibilidad, registraron vehículos y propiedades vinculadas al sospechoso e intentaron averiguar si podía estar relacionado con la desaparición. Destacó especialmente el rastreo exhaustivo que la policía científica hizo con georradares y perros especializados en una finca de su propiedad ubicada en Santa Lucía de Tirajana.

Sin embargo, nunca se encontraron pruebas suficientes para vincularlo con el caso de Sara Morales y esa línea terminó sin resultados concluyentes.

También se investigó a otras personas que pudieron resultar de interés durante la instrucción, aunque ninguna de esas pesquisas permitió esclarecer lo sucedido.

El sospechoso, posteriormente encarcelado, se suicidó tres meses después. Antes de ahorcarse, envió una carta a los padres de Sara donde confesó que no había tenido “nada que ver en la desaparición y muerte de Sara, que sigan investigando”.

Un caso que nunca se ha cerrado

A diferencia de otros expedientes, la desaparición de Sara Morales sigue oficialmente abierta.

Actualmente permanece en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que continúa revisando cualquier información nueva que pueda surgir.

Además, el caso figura como desaparición de larga duración dentro del plan estratégico 2026-2029 del Ministerio del Interior, destinado a impulsar investigaciones que permanecen sin resolver desde hace años.

La última línea de investigación relevante se abrió en 2016, aunque tampoco permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

2026, veinte años después

Si el tiempo hubiera seguido su curso, Sara Morales tendría hoy 34 años.

Su desaparición marcó a toda una generación de canarios y se convirtió en uno de los casos más conocidos de personas desaparecidas en España, junto al de Yéremi Vargas, ocurrido menos de un año después también en Gran Canaria. Su madre, Nieves, junto al resto de su familia, nunca ha dejado de exigir respuestas, organizando concentraciones y peleando para que el caso de su hija no caiga en el olvido institucional.

Dos décadas más tarde, la imagen de aquella adolescente sigue siendo símbolo de una pregunta que permanece sin respuesta.

Qué ocurrió entre el momento en que salió de su casa y el lugar al que nunca llegó continúa siendo un misterio que la investigación policial aún trata de resolver.

La Policía Canaria ha detenido este miércoles a una persona en el marco de una operación que investiga un supuesto delito contra la libertad sexual de menores, que continúa abierta y cuyas actuaciones han sido declaradas secretas.

En un comunicado, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario ha explicado que la detención, en el marco de la operación denominada Panmesh, se ha llevado a cabo en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde los agentes del Grupo de Denuncias e Investigación practicaron una entrada y registro previamente autorizada por la autoridad judicial.

Como resultado de las actuaciones practicadas, se procedió a la detención de una persona presuntamente relacionada con los hechos investigados y a la instrucción de las correspondientes diligencias policiales y judiciales.

Asimismo, la consejería señala que la investigación continúa abierta, y que las actuaciones judiciales han sido declaradas secretas con el fin de preservar el adecuado desarrollo de la investigación y proteger especialmente la identidad, la intimidad y los derechos de las personas menores de edad afectadas.

La Policía Autonómica ha detectado 27 infracciones durante tres jornadas de inspección del transporte de mercancías por carretera desarrolladas en distintos puntos de la red viaria de Tenerife, en las que ha inmovilizado a cuatro camiones por llevar más carga de la permitida.

Así lo ha informado el Gobierno regional en una nota, donde detalla que la inspección la ha llevado a cabo el Grupo de Transporte de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa de la Policía Autonómica en colaboración con el Servicio de Inspección del Transporte del Cabildo insular.

Del total de infracciones detectadas, 12 correspondieron a la carencia de autorización de transporte, tres estuvieron relacionadas con incumplimientos en materia de tacógrafo y otras 12 se debieron al exceso de peso de los vehículos. En el caso de los cuatro camiones inmovilizados, los conductores tuvieron que descargar el exceso de mercancía antes de poder continuar la marcha.

Estos dispositivos forman parte del Plan Anual de Inspección del Transporte por Carretera en Canarias y tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, reforzar la seguridad vial, proteger los derechos laborales de los conductores y favorecer una competencia leal entre las empresas del sector.

Durante las inspecciones, los agentes especializados verificaron la documentación obligatoria, las autorizaciones administrativas y el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso mediante la lectura de los registros del tacógrafo, de acuerdo con la Ley 13/2007, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Asimismo, el Ejecutivo ha explicado que, cuando existían indicios de sobrecarga, los vehículos fueron pesados mediante una báscula portátil pesa-ejes instalada en los propios controles.

Este sistema permite comprobar con precisión la masa real del vehículo y detectar posibles excesos sobre la Masa Máxima Autorizada, una infracción que compromete la seguridad vial y acelera el deterioro de las carreteras

La Policía Canaria ha detenido ya a 30 personas en la denominada operación Currican, que indaga en la supuesta difusión de imágenes de índole sexual entre menores de edad, con registros que se han extendido por nueve municipios de Gran Canaria y que han llegado también a El Hierro.

Según ha detallado este martes la Consejería regional de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad en un comunicado, la Policía Canaria comenzó este lunes un dispositivo bajo la coordinación de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, plaza número tres, y la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Los registros en domicilios se han llevado a cabo en los municipios grancanarios de Las Palmas de Gran Canaria -14-, Arucas -cuatro-, Santa Lucía de Tirajana -tres-, Santa Brígida y Telde -dos en cada uno-, y Teror, Ingenio, Mogán y San Bartolomé de Tirajana -uno en cada uno-, así como otro más en la isla de El Hierro.

Los delitos en los que indaga el antes conocido como Juzgado de Violencia Sobre la Infancia y la Adolescencia, dirigido por el magistrado Tomás Martín, son contra la libertad sexual a menores de 16 años, corrupción de menores y contra la salud pública, y se mantiene el secreto de las actuaciones.

En este operativo policial han participado más de 130 efectivos de la Policía Autonómica de distintas unidades operativas, entre ellas el Subgrupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, la Unidad de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Vigilancia e Inspección, el Grupo de Menores, el Subgrupo de Auxilio Judicial y el Grupo de Guías Caninos.

Además, dada la complejidad del mismo, ha sido necesario movilizar a agentes desde la comisaría insular de Tenerife para brindar apoyo a los desplegados en la de Gran Canaria, ha precisado la Consejería. 

Diecisiete personas han sido detenidas este lunes en Gran Canaria por su posible vinculación con una trama que difundía imágenes de abusos infantiles en la isla en el marco de una operación llevada a cabo por la Policía Canaria y autorizada por el juez de Violencia contra la Infancia.

Según han informado a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, la operación policial continúa en marcha, por lo que no se descartan nuevas detenciones y más registros en domicilios de la isla.

El periódico 'Canarias7' ha adelantado que este operativo se lleva a cabo contra la distribución de imágenes de pornografía infantil, dentro de una red que se dedica, presuntamente, a producir y compartir imágenes de menores de edad en Gran Canaria, si bien se encuentra bajo secreto de sumario.

Durante la operación, se han registrado 17 domicilios en seis municipios de la isla.

Los delitos que se investigan en la causa son: contra la libertad sexual de menores de 16 años, corrupción de menores y tráfico de drogas.

Las actuaciones están coordinadas por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, ahora conocido como Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige el magistrado Tomás Martín.

El Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural perteneciente a la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa de la Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido en el norte de Tenerife a un hombre que se encontraba inhabilitado judicialmente para la tenencia de animales, como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena y un nuevo delito de maltrato animal.

La actuación se activó tras una inspección en una finca donde los agentes localizaron 16 perros vivos en estado de abandono severo, en un entorno de condiciones insalubres extremas. En la parcela se hallaban restos orgánicos y animales diseminados por diferentes puntos del terreno, incluyendo el cadáver de un perro cachorro, un hurón fallecido y restos óseos compatibles con canes.

El escenario presentaba, según la Policía, un deterioro generalizado, con acumulación prolongada de suciedad, heces, estructuras inservibles y zonas de confinamiento sin ventilación ni higiene, lo que evidenciaba una situación mantenida en el tiempo y sin ningún tipo de control sanitario.

Los animales supervivientes mostraban un estado físico muy comprometido, con signos de desnutrición, debilidad y patologías asociadas a la ausencia prolongada de cuidados veterinarios.

Las actuaciones se mantienen bajo investigación para determinar el alcance de los hechos y la posible existencia de otros episodios previos o animales afectados no localizados en el recinto inspeccionado.

La Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias aprobó el pasado 5 de mayo un protocolo de actuación contra el acoso en el entorno laboral de la Policía Autonómica. Poco más de un mes después, ha anulado esta resolución al constatar ''la necesidad de someter dicho protocolo a negociación colectiva previa'' y ''asegurar su máxima eficacia y adecuación'' a las circunstancias específicas y excepcionales del personal del Cuerpo General de la Policía Canaria. ''Lo más llamativo no es la rectificación [...] Lo verdaderamente preocupante es que nadie advirtiera antes un requisito jurídico tan elemental'', ha lamentado en un comunicado el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca).

La propia resolución, firmada el 19 de junio por el director general de Seguridad, David del Pino Franquet, hace referencia a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que serán objeto de negociación las materias en las que así se establezca en la normativa de prevención de riesgos laborales. También cita la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que reconoce en su artículo 34,1 el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la participación y representación en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en su trabajo.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres prevé que para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las administraciones públicas negociarán un protocolo de actuación con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores.

Una ''chapuza anunciada''

En esta línea, el Sepca considera ''difícil'' de comprender cómo una Dirección General con servicios jurídicos, mandos, asesores y responsables administrativos ''pudo tramitar, firmar y publicar un protocolo de esta relevancia sin percatarse de una exigencia legal tan evidente'' y tildan los hechos de ''chapuza anunciada''.

''La consecuencia es tan ridícula como preocupante'', continúan en un comunicado. Desde el sindicato afirman que durante semanas se anunció la existencia de un protocolo contra el acoso laboral y se difundió como ''una herramienta de protección para los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria''. ''Y ahora la propia Administración reconoce que no podía haber sido aprobado de esa manera'', critican.

El Sepca también cuestiona que la Dirección General de Seguridad cree un protocolo específico para la Policía Canaria cuando el Gobierno autonómico ya dispone de un protocolo general frente al acoso laboral. ''No estamos ante un vacío normativo. No falta regulación. No faltan procedimientos. No faltan garantías. Existe ya un protocolo único, consolidado y garantista, diseñado precisamente para asegurar la objetividad, la imparcialidad y la protección de las personas denunciantes frente a posibles presiones jerárquicas o corporativas'', subrayan.

El sindicato de empleados públicos del Archipiélago insiste en que, desde una perspectiva sindical, la preocupación ''es evidente'', y advierten de que un protocolo específico para la Policía Canaria supondría que los ''numerosos casos de acoso laboral que actualmente se tramitan a través de los mecanismos generales de la Administración'', pasarían a gestionarse dentro del propio ámbito de la Dirección General.

''Dicho de forma más clara: donde hoy existe una supervisión externa e independiente respecto de la cadena de mando policial, se pretendía sustituirla por un sistema controlado desde la propia organización afectada por las denuncias'', matizan. ''La experiencia demuestra que denunciar situaciones de acoso dentro de organizaciones fuertemente jerarquizadas ya supone un enorme coste personal y profesional para las víctimas. Pretender además que la investigación quede bajo el paraguas de la misma estructura donde se producen los hechos no contribuye precisamente a generar confianza'', continúan.

Las polémicas oposiciones para el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria entran en la vía penal. Después de seis meses de investigación preprocesal, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha decidido este miércoles enviar el expediente a los juzgados de la capital grancanaria por considerar que se pueden haber cometido los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa por parte del presidente del tribunal calificador y del director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias. 

Los opositores afectados, a su vez denunciantes, han solicitado de inmediato la paralización urgente del procedimiento selectivo y, por consiguiente, la cancelación de la incorporación de los aspirantes, prevista por el Gobierno para el próximo 1 de junio.

Según recoge el Decreto de Fiscalía, existirían indicios de posibles delitos previstos en los artículos 390, 405 y 406 del Código Penal, relacionados con la actuación del entonces presidente del tribunal calificador, Ángel Nichel Acosta Hernández, así como del director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, José Manuel González Afonso. 

La investigación parte de las denuncias formuladas por opositores afectados, quienes pusieron en conocimiento de la Fiscalía que el presidente del tribunal habría impartido formación específica a aspirantes en una academia privada en el barrio de Tamaraceite, que figura a nombre de su mujer, dentro de los cinco años anteriores a la convocatoria oficial, circunstancia expresamente prohibida por las bases reguladoras del proceso selectivo. 

Para demostrarlo, los denunciantes aportaron una grabación de Acosta presuntamente impartiendo las clases y de pagos del importe de las mismas mediante Bizum a su número de teléfono.

El Ministerio Fiscal señala además que la firma de la declaración responsable que presentó para formar parte del tribunal podría constituir un presunto delito de falsedad documental si se acreditara que dicha actividad docente existió efectivamente.

La prevaricación administrativa que señala la Fiscalía en su decreto responsabilizaría al director general de Estudios y Formación por “nombramiento ilegal y aceptación de nombramiento” del presidente del tribunal.

Pese a la gravedad de los hechos investigados y la existencia de actuaciones judiciales y medidas cautelares promovidas por los afectados, la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno canario acordó recientemente la incorporación de 141 aspirantes como funcionarios en prácticas, fijando su toma de posesión para el próximo 1 de junio. 

Ante esta novedad judicial, los afectados solicitaron este miércoles la paralización cautelar inmediata del proceso selectivo, la suspensión de la toma de posesión prevista de los 141 aspirantes, la depuración de todas las responsabilidades administrativas y políticas derivadas de los hechos investigados y la garantía de un procedimiento plenamente transparente, imparcial y ajustado a Derecho. 

En un comunicado remitido a este periódico, consideran que “la continuación del proceso podría provocar consecuencias irreversibles y un grave perjuicio tanto para los opositores perjudicados como para la propia credibilidad institucional de la Policía Canaria”. 

Además, anuncian que continuarán ejerciendo “todas las acciones legales necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos”. Porque “lo que está ocurriendo trasciende unas simples oposiciones. Está en juego la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, en la limpieza del acceso a la función pública y en la credibilidad del sistema”, concluye el comunicado.

Agentes de la Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria han localizado y detenido en Tenerife a un hombre sobre el que pesaba una requisitoria internacional por ciberdelincuencia y estafa, tras una investigación centrada en sus movimientos clandestinos y su entorno de apoyo.

Las pesquisas permitieron constatar que el ahora detenido habría llegado incluso a perjudicar económicamente a personas de su entorno más cercano, estafando presuntamente a un familiar directo por un importe aproximado de 20.000 euros.

El investigado llegó a ocultarse en la zona de Benijos, en la parte alta del término municipal de La Orotava, tratando de mantenerse alejado de cualquier exposición pública. Finalmente, los agentes lograron localizarlo en el municipio de Candelaria, donde presuntamente se refugiaba en el domicilio de un familiar lejano.

Según la investigación, el prófugo adoptaba medidas para dificultar su detección, evitando el uso de documentación personal, registros administrativos o movimientos fácilmente rastreables.

Debido a su presunta vinculación con actividades relacionadas con la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales, apenas abandonaba el domicilio, limitando al máximo sus desplazamientos y extremando las medidas para evitar dejar cualquier tipo de rastro.

Los agentes consideran que esta forma de actuar respondía a una estrategia deliberada para reducir al máximo tanto su huella física como digital mientras permanecía oculto.

La operación culminó con la localización y detención del investigado, procediéndose a su ingreso en prisión y poniendo fin a su evasión de la acción judicial.

Colectivos de opositores y afectados por el proceso selectivo que se sigue en el Cuerpo General de la Policía Canaria han mostrado su “profunda preocupación e indignación” ante la difusión en redes sociales por parte de un presunto sindicato que aparenta estar relacionado con la UGT de información anticipada relativa a la incorporación de 143 aspirantes a la Academia Canaria de Seguridad, “incluso indicando fechas y aspectos organizativos relacionados con uniformidad y tallaje”. Todo ello sin que se hayan resuelto los contenciosos interpuestos ante la Justicia y sin que se haya producido información oficial por parte de la Consejería de Presidencia y Seguridad, que es la competente.

“Los hechos son especialmente graves debido a que este proceso selectivo continúa inmerso en procedimientos judiciales actualmente en trámite ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, ha dicho un portavoz a este periódico. Esos pleitos incluyen la petición de medidas cautelares que no se han resuelto. “En este contexto, resulta absolutamente improcedente que una organización sindical actúe como canal previo de información institucional, adelantando decisiones que oficialmente no han sido notificadas”.

Los afectados señalan “un posible tráfico o filtración de información privilegiada”, así como “la existencia de relaciones impropias entre determinados responsables del proceso y miembros vinculados al citado sindicato”.

La preocupación aumenta para estas personas al conocer, según relatan, que algunos mandos presuntamente relacionados con las irregularidades denunciadas durante el proceso selectivo “mantienen vínculos directos con dicho sindicato y, además, tendrían un interés personal en el resultado del procedimiento, al encontrarse familiares directos —hijos, esposas y otros allegados— entre las personas pendientes de incorporación a la academia”.

De ahí que los afectados exijan a la Administración autonómica “transparencia absoluta, que se investigue cómo ha accedido el sindicato a información que no ha sido comunicada oficialmente, que se depuren responsabilidades en caso de confirmarse filtraciones o trato de favor, que se garantice la imparcialidad y legalidad del proceso selectivo y que se respete escrupulosamente la actuación de los órganos judiciales mientras existan procedimientos abiertos”.

El colectivo de opositores afectados por el último proceso selectivo correspondiente a la convocatoria 2023 de acceso al Cuerpo General de la Policía Canaria ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra esas oposiciones. Al mismo tiempo, el colectivo ha solicitado a la justicia la adopción de medidas cautelares urgentes, “consistentes en la suspensión inmediata del procedimiento selectivo actualmente en curso”, según un comunicado hecho público este martes. 

Los opositores basan esta petición y el correspondiente recurso en “la existencia de graves irregularidades detectadas a lo largo de todo el proceso, que comprometen los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público”. 

El colectivo de afectados ha criticado duramente unas recientes declaraciones públicas del director General de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino Franquet, a varios medios de comunicación en las que ha llegado ha dado por hecha la incorporación de 143 nuevos agentes al Cuerpo General de la Policía Canaria, las plazas que precisamente están en litigio. Por eso, los opositores hacen un llamamiento a los medios de comunicación para que “se esfuerzan por trabajar con información contrastada y veraz, a todos los estamentos políticos y a la sociedad canaria para que aúnan esfuerzos por hacer justicia y de una vez acabar con todas las irregularidades que se están cometiendo de forma reiterada y dolosa en los procesos selectivos de toda Canarias”. 

Los opositores afectados manifiestan su “firme compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los derechos de todos los aspirantes”, y subrayan la necesidad de que “se esclarezcan los hechos denunciados y se depuren las responsabilidades que correspondan”. 

La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias ha respaldado este miércoles el borrador de la futura Ley de Policías, que regulará en un único cuerpo normativo el conjunto del sistema policial del archipiélago, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

De esta forma, supera la actual fragmentación derivada de la coexistencia de la Ley 6/1997 de Coordinación de Policías Locales, y de la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria, cada una de las cuales atiende parcialmente a una sola dimensión del modelo policial canario.

El Gobierno señala que el texto consensuado también plantea un régimen estatutario común (acceso, escalas, formación, derechos, deberes, segunda actividad y régimen disciplinario), aplicable tanto a la Policía Autonómica Canaria como a los cuerpos de Policía Local Canaria, eliminando las asimetrías que hoy existen entre ambos colectivos en estas materias.

Por otro lado, se unifican las escalas y empleos de ambos cuerpos (Superior, Técnica, Ejecutiva, Básica y Facultativa), corrigiendo la dispersión actual derivada de las leyes vigentes, y se establece una identidad corporativa común que incluye el cambio de denominación a Policía Autonómica Canaria y Policía Local Canaria para consolidar la imagen institucional del sistema policial canario.

Respecto a la Policía Autonómica Canaria, el borrador supera la concepción más restringida de la Ley 2/2008 y actualiza su posición competencial como un cuerpo con plenitud funcional dentro del marco constitucional y estatutario.

La Comisión de Coordinación de Policías Locales ha aprobado también la propuesta para homogeneizar los símbolos y uniformidad de las Policías Locales de Canarias. La propuesta refuerza, por primera vez de forma sistemática, el concepto integrado de Policía Canaria (entendida como sistema configurado por la Policía Autonómica Canaria y los Cuerpos de Policía Local de Canarias), dotándola de una imagen visual común, reconocible y coherente.

Así, entre otras medidas, se unifica la tipografía, color y proporciones, sustituyendo la dispersión actual de leyendas, escudos y rotulaciones existentes en los distintos municipios del archipiélago para una presencia policial visualmente coherente en todo el territorio canario que contribuya a la inmediata identificación del agente de la autoridad.

Por su parte, la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, valora que se haya llegado a este consenso: “Agradezco a la FECAM, las organizaciones sindicales más representativas y los jefes y jefas de los Cuerpos de Policía que hayan primado el objetivo de contar con una nueva Ley de Policías de Canarias, aunque hayan tenido que hacer renuncias para alcanzar el acuerdo”.

Y añade que “la elaboración de un anteproyecto de esta envergadura, que afecta simultáneamente a la Administración autonómica, a las administraciones locales, al personal policial y a sus representantes, no admite soluciones unilaterales. En este proceso, el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Seguridad, la FECAM, las organizaciones sindicales más representativas y los jefes y jefas de los Cuerpos de Policía han aportado, debatido, matizado y mejorado el texto desde sus respectivas perspectivas legítimas, pero con el objetivo común de dotarnos de un marco normativo policial moderno, coherente y operativo después de casi 30 años”.

El director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino, destaca que el texto consensuado “refuerza la ordenación general y la coordinación supramunicipal con la creación del Consejo de Policía Canaria y una nueva regulación de la Comisión de Ordenación y Coordinación de los Cuerpos de Policía Local Canaria”.

“El primero se plantea como un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor, integrado por representantes de las Policías de Canarias (Policía Autonómica, Policías Locales y sindicatos), y el segundo, como un órgano de participación consultivo y deliberante, constituido por miembros de distribución paritaria entre el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios”, explica David del Pino.

Según informa el Ejecutivo autonómico, el borrador será remitido ahora a los Servicios Jurídicos del Gobierno para empezar a tramitarse como proyecto de ley.

Agentes de la Policía Autonómica han reducido a un hombre que atacó con un hacha a una ambulancia a la que causó daños cuando se dirigía a auxiliarlo tras amenazar con suicidarse y se atrincheró luego en su casa de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el propio cuerpo.

El personal sanitario que acudió al lugar con la ambulancia solicitó apoyo policial ante la peligrosidad de la situación, pues el hombre llegó a romper una de las ruedas del vehículo con el hacha antes de volver a encerrarse en la vivienda, explica la Policía.

La Policía Canaria explica que, al tener noticias de los hechos, agentes de su Unidad de Seguridad Ciudadana se desplazaron al domicilio e intentaron mediar con el varón, que, en un momento dado, salió de una de las habitaciones empuñando un hacha de grandes dimensiones, manteniendo un comportamiento agresivo y desobedeciendo las órdenes de deponer su actitud.

Los policías, “ante la situación de riesgo y conforme a los protocolos establecidos, hicieron uso de un dispositivo electrónico de control con el objetivo de reducir e inmovilizar al individuo”, siendo necesarias dos descargas debido a su resistencia, añade la nota.

Solo tras una hora de negociación, aproximadamente, se logró que el individuo depusiera su actitud, permitiendo su atención por parte de los servicios sanitarios y su posterior traslado al hospital Doctor Negrín, refiere.

El comunicado especifica que durante la intervención no se registraron daños de gravedad entre los intervinientes, si bien se activaron refuerzos policiales para garantizar la seguridad en la zona.

El cuerpo autonómico recuerda que, ante casos así y con el objetivo de que la ciudadanía tenga herramientas para afrontar estas situaciones, el Ministerio de Sanidad promueve la línea 024 de atención a la conducta suicida, mientras que la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de Canarias cuenta con la página web www.stopsuicidioscanarias.com.

Duro correctivo al Gobierno de Canarias por la gestión de personal en el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC). Una comisión de investigación promovida a raíz de una denuncia por acoso laboral ha concluido evidenciando “la existencia de un conflicto organizativo de alto impacto, manifestado en la pérdida de confianza y el deterioro de la comunicación formal, que ha contribuido a generar un entorno laboral deteriorado, con riesgo psicosocial para las personas afectadas y consecuencias en la cohesión interna del cuerpo”.

La investigación, iniciada en 2024, ha tenido varias fases y no ha sido hasta principios de marzo pasado cuando las conclusiones han sido trasladadas al denunciante y a la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias instándole a aplicar once medidas correctoras que hasta la fecha no se han implementado. Este periódico ha pedido explicaciones a ese departamento por este incumplimiento pero no ha recibido respuesta.

La denuncia fue interpuesta por el comisario principal Luis Santos Jara, exjefe de la Policía Canaria, a raíz de una serie de acontecimientos que desembocaron en su cese, acontecimientos que se iniciaron con la llegada en 2023 de Coalición Canaria y el Partido Popular al Gobierno regional, y el consiguiente nombramiento de David del Pino Franquet como director general de Seguridad dentro de la Consejería de Presidencia, a cuyo frente está Nieves Lady Barreto. 

Santos Jara denunció falta de funciones concretas, exclusión de reuniones y viajes oficiales, y bloqueo de comunicaciones. A su entender, desde la autoridad política se actuaba para desprestigiarle profesionalmente con actitudes de desprecio público y humillación mediante la asignación de tareas que consideraba una “degradación”. Igualmente denunció retrasos en la tramitación de sus solicitudes y la apertura de expedientes disciplinarios en su contra.

Aunque la comisión de investigación, a cuyo frente se puso una experta en la materia, se activó para abordar una denuncia por acoso laboral, se descartó tal calificación por no cumplir con los requisitos jurídicos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial, como por ejemplo, “la existencia de un maltrato verbal y conductual continuado, dirigido a menoscabar la integridad psíquica y la dignidad del trabajador, con la finalidad de aniquilarlo psicológicamente y lograr su exclusión del entorno laboral o su sometimiento, mediante procedimientos ilegales, arbitrarios o contrarios a la dignidad humana”.

Sin embargo, tanto la experta como la comisión de investigación concluyeron que se ha dado “una grave disfunción organizativa y relacional, sostenida en el tiempo, que ha generado un importante impacto psicosocial y que requiere una intervención institucional estructurada, orientada a la mejora del clima laboral, la clarificación de roles y la gestión preventiva de conflictos en el ámbito del mando policial”. 

Todo empezó con la expulsión del comisario principal de la sala del CECOES durante el devastador incendio de Tenerife en 2023 y “su posterior cese encubierto”, recuerda el informe. Y continuó con una serie de medidas organizativas que supusieron el traslado de personal del Cuerpo General de la Policía Canaria que debieron “haber sido comunicadas formalmente a los órganos competentes de la Secretaría General Técnica de la Consejería y al Comité de Seguridad y Salud departamental”. La investigación detectó, efectivamente, que se produjeron “cambios de puestos de trabajo y traslados de personal desde las instalaciones de la comisaría de Añaza a la comisaría de La Esperanza, sin que dichas actuaciones hayan sido informadas ni consultadas previamente al Comité de Seguridad y Salud de esta organización”. 

Se trata de actuaciones que contravinieron la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales “en la que se establece la obligación del empresario, en este caso de la Administración, de informar y consultar al Comité de Seguridad y Salud con carácter previo a la adopción de decisiones que puedan tener repercusiones sobre la seguridad y la salud de las personas trabajadoras”. 

Como algunas de las conductas denunciadas por el comisario Luis Santos Jara están judicializadas, como el nombramiento de su sustituto -Antonio Almenara- al frente del cuerpo, la comisión de investigación no se pronuncia sobre ellas. De hecho, estos días el Gobierno ha informado de que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife no ha tramitado la demanda del comisario principal contra ese nombramiento por no haber agotado previamente la vía administrativa.

Pero la comisión de investigación sí ha impuesto al Gobierno once medidas que no han sido cumplidas todavía. Entre otras, se requiere a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, “que realice una revisión del procedimiento interno aplicable a los expedientes de información reservada y disciplinarios, con el fin de reforzar las garantías procesales de todas las partes implicadas y asegurar que los actos administrativos derivados se notifiquen con la debida diligencia y dentro de los plazos legalmente establecidos, estableciendo mecanismos de revisión y control que garanticen los derechos de las partes”.

Asimismo, se propone que el Gobierno nombre a un mediador externo para que el director general de Seguridad y los jefes de la Policía Canaria puedan entenderse profesionalmente; que se defina exactamente qué funciones y reuniones le corresponden al denunciante para evitar que lo dejen de lado; que se cree un buzón anónimo para que otros empleados puedan denunciar problemas sin miedo; que se obligue a los jefes a realizar cursos sobre liderazgo positivo y resolución de conflictos, y que se convoque oficialmente la plaza de comisario jefe para dar estabilidad al mando de la policía.

Discriminación por razón de sexo, denegación sistemática de medidas de conciliación familiar, acoso, represalias y “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo.

Tres mujeres de la Policía Canaria denunciaron en diciembre ante la Consejería de Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria) “graves vulneraciones” a la ley de igualdad de trato en el seno del cuerpo. Más de dos meses después, una sigue esperando respuesta de la administración y las otras dos han visto cómo las informaciones reservadas que se abrieron para estudiar sus casos se han cerrado sin haber sido citadas a declarar para ofrecer su versión de los hechos, contradecir la de testigos o aportar pruebas. 

Esos tres escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, se presentaron el 19 de diciembre. Todos solicitaban la adopción de medidas cautelares, desde el traslado de unidad hasta la petición de que el actual jefe de la Policía Canaria, Antonio Almenara, se abstuviera de mantener contacto directo u operativo con una de ellas. Ninguna petición ha sido atendida. Las denunciantes solo tuvieron conocimiento de la apertura de esas informaciones reservadas tras su archivo. 

El primer archivo

Ambas resoluciones están firmadas por el director general de Seguridad, David del Pino, un subcomisario en excedencia de la Policía Canaria que, a su vez, está inmerso en un protocolo de acoso laboral (con medidas cautelares activas) tras la denuncia que contra él y la consejera presentó el anterior jefe del cuerpo, el comisario principal Luis Santos Jara. 

La primera resolución del director general, que se basa en un informe de la Unidad de Asuntos Internos, está fechada el 29 de enero y resuelve el escrito presentado por una agente de Santa Cruz de Tenerife que denunció que se le había revocado un ascenso (de policía a oficial) cuando estaba de baja médica. A juicio de esta funcionaria, esa actuación constituye una discriminación por razón de enfermedad, máxime cuando a otros compañeros del cuerpo “se les mantuvo en el puesto” mientras estaban en situación de incapacidad temporal, incluso de larga duración, reza el escrito. 

Esta agente también relató dos episodios de “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo, Almenara. En concreto, dos palmadas en la espalda que le hicieron “perder el equilibrio” de forma momentánea y un agarrón por la espalda para girarla y cambiar su orientación durante unas prácticas de tiro. La agente destaca en su escrito la importancia del contexto en que se produjeron estos hechos: en el marco de una relación jerárquica directa y con un conflicto administrativo previo entre ambos. 

El director de Seguridad desestimó íntegramente sus pretensiones. Por un lado, justificó el contacto físico, señalando que es “costumbre” y un “gesto frecuente” del comisario dar “suaves palmadas” en la espalda al saludar a sus subordinados, por lo que esta conducta “no puede ser considerada acoso hacia una agente en particular”. “(Esas palmadas) nunca son suficientes para desplazar o desequilibrar a una persona ni causarle dolor”, añadía. 

Además, remarca que la denuncia no hace alusión a que “durante el incidente el comisario le hiciese mención a las reclamaciones (en vía administrativa) que ella tuviese pendientes de resolución o, en su caso, denegadas”. Con respecto al episodio en el campo de tiro, el informe de Asuntos Internos alude a tres testigos que negaron los hechos. Uno es el propio jefe. Otro es un subcomisario de la unidad de régimen interior, un órgano que está bajo la dependencia funcional de la jefatura del cuerpo. El tercero es un policía de su unidad.

La agente había solicitado recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad para demostrar la veracidad de lo denunciado. Sin embargo, la Dirección General de Seguridad contestó que la empresa responsable de su custodia había certificado que era “técnicamente imposible recuperar” esas imágenes en las fechas señaladas.

“Enfermedad o falta de disponibilidad”

En cuanto a la revocación del ascenso, el director general sostiene que esa decisión no se adoptó por la enfermedad de la agente, sino por su “falta de aptitud (disponibilidad)”. 

El artículo 39 de la Ley de la Policía Canaria establece la posibilidad de destinar a un funcionario a un puesto superior (en este caso, de policía a oficial) en casos de urgencia y siempre y cuando esa plaza no se haya podido cubrir a través de los procesos selectivos ordinarios. La denunciante fue ascendida por esta vía y relegada de nuevo (volviendo a su anterior puesto) cuando se encontraba de baja laboral. Durante un tiempo se le siguió pagando como oficial, pero después la administración le reclamó las diferencias salariales. 

La Consejería de Seguridad defiende que esa revocación “no penaliza la enfermedad”, sino que “constata la imposibilidad material” de la agente para desempeñar esa tarea por su “falta de disponibilidad”. La resolución sostiene que se trata de un acto reglado y que estaba “obligada a liberar ese puesto para que otro efectivo pueda cubrir la necesidad real”. 

La denunciante advertía de que a otros funcionarios se les había mantenido el puesto estando de baja. Incluso, en algún caso, de larga duración. A juicio de la Dirección General, este argumento “carece de eficacia jurídica”. “El hecho de que, hipotéticamente, no se haya revocado en tiempo y forma otros nombramientos temporales —por error, omisión o diferencias en la duración de la baja— no genera un derecho subjetivo a la interesada para perpetuarse en una situación irregular”, recoge el escrito.

Y añade: “El principio de igualdad no ampara la reivindicación de mantener un beneficio indebido basándose en que otros pudieron haberlo disfrutado incorrectamente”. Para desmentir ese “trato discriminatorio singularizado”, la Consejería de Seguridad alude a otros dos agentes a quienes también revocó esos ascensos. Se da la circunstancia de que uno de esos casos es el de otra de las denunciantes, a la que aún no han contestado. 

La unidad investigadora de esa información reservada es la de Régimen Interior de la Policía Canaria, que depende jerárquicamente del jefe del cuerpo, señalado en la denuncia. La resolución de archivo incluso llega a acusar a la denunciante de “desviar el foco del procedimiento” (la reclamación por el ascenso revocado y sus consecuencias económicas) “mediante la construcción artificiosa de un escenario de acoso discriminatorio”. 

El archivo de esa información reservada, un procedimiento en el que no ha prestado declaración la denunciante, pone fin a la vía administrativa. 

Conciliación familiar

El segundo archivo es más reciente. Fue dictado por el mismo alto cargo el 28 de febrero, también sobre la base de un informe de Asuntos Internos. En este caso, la denunciante tiene su destino en Tenerife, pero ejerce en Gran Canaria en comisión de servicios por conciliación, para atender a sus dos hijos, ambos menores de edad (es familia monoparental). Entre junio y noviembre de 2025, esta funcionaria solicitó hasta en cuatro ocasiones medidas de conciliación y un cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial) para aprovechar su formación en Criminología y Criminalística Forense. 

En uno de esos escritos argumentaba que la implantación de un turno de nueve horas en esa unidad le obligaba a salir a medianoche en la jornada vespertina, un horario incompatible con el cuidado de sus hijos. La administración rechazó su petición alegando que carecía de documentación acreditativa de sus circunstancias familiares, pese a conocer que esas eran las razones por las que estaba en comisión de servicio en Gran Canaria. Lo único que se le ofreció entonces, según cuenta, fue una reducción de jornada (de nueve a ocho horas), con el consecuente perjuicio económico. Esta opción fue rechazada por la funcionaria.  

Para poder atender a los menores, la agente tuvo que solicitar reiterados cambios de turnos a los compañeros, aunque en ocasiones no fue posible, por lo que hubo noches en que sus hijos tuvieron que quedarse “solos y sin la protección debida”. Cuenta, en concreto, el caso de un fin de semana en que le fue negado el cambio de tarde al de mañana “por razones operativas”. La agente remarcaba en su denuncia que esa misma semana a otros compañeros sí les dieron facilidades, incluso para asistir a eventos sociales. 

La jefatura solo estimó parcialmente su última petición de conciliación (la formulada en noviembre). La administración acordó asignarle turnos fijos en horario de mañana en la misma unidad (Seguridad Ciudadana), denegando su traslado a departamentos más acordes con su formación. A pesar de que ese acuerdo está fechado el 2 de diciembre, no se le notificó a la interesada hasta el 24 de febrero, más de dos meses después. 

La agente sostenía en su denuncia que la “asignación sistemática” a los puntos fijos era una “medida de represalia” por sus constantes peticiones de conciliación. La funcionaria explica en su escrito que esta labor consiste en la “vigilancia estática de instalaciones (Presidencia del Gobierno, juzgados…), sin funciones policiales operativas propias” de la Policía Canaria y que es entendida en el seno del cuerpo como “un destino de castigo”, puesto que supone prestar servicio en solitario, “lo que implica aislamiento del resto de compañeros”. Además, incidía en que ello suponía “un absoluto desperdicio” de su cualificación universitaria. 

Violencia de género y “represalias”

También relataba en su denuncia “un antecedente de represalia” por haber comunicado a un superior jerárquico que había sido testigo de un episodio de violencia de género por parte de otro agente del cuerpo. Según apunta la denunciante, la jefatura le reprochó no haber informado de esos hechos a su superior inmediato, sino a otro alto cargo del cuerpo que era, a su vez, mando de un segundo testigo. 

El agente denunciado por violencia machista admitió los hechos y fue condenado, pero, según la denunciante, sigue prestando servicios en la Policía Canaria, aunque sin arma.  

Segundo archivo

La respuesta a la denunciante llegó el 28 de febrero. Y, al igual que en el primer caso, archiva la información reservada y desestima todas sus alegaciones. El director general de Seguridad sostiene que la jefatura de la Policía Canaria ha facilitado “de forma continua y activa” la conciliación de la vida personal y laboral de esta funcionaria, descartando una discriminación por razón de sexo o por responsabilidades familiares. 

La administración defiende que la agente prestó servicio en turno de mañana en la mayoría de las ocasiones; que el hecho de que entre agosto y noviembre prestara algunos servicios en turno de tarde respondió a que “no adjuntó la documentación acreditativa de sus circunstancias familiares”, o que se le aceptaron numerosos cambios horarios y que cuando se le denegó fue porque “la disponibilidad operativa de la unidad era reducida”. 

Con respecto a la asignación de puntos fijos, señala el director general que es más probable en el turno de mañana, por lo que es “una consecuencia estructural y objetiva de la medida de conciliación adoptada”. También niega “cualquier represalia” por “su participación en un procedimiento administrativo en calidad de testigo”, en relación con su testimonio sobre el caso de violencia de género. “No existen ab initio indicios suficientes para deducir responsabilidad disciplinaria por parte de ningún funcionario policial”, concluye la resolución.

Tampoco aprecia discriminación en la denegación del cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial). La resolución señala que hay un procedimiento “objetivo y general” de aplicación a todos los funcionarios, “con independencia de su situación personal”. De hecho, acusa a la trabajadora de intentar “instrumentalizar” una solicitud de conciliación familiar para “eludir” ese procedimiento. 

Para tratar de acreditar ese presunto trato discriminatorio, la agente había aludido al caso de dos policías que sí fueron trasladados a esa unidad de Policía Judicial mediante una instrucción. El Gobierno responde que esa comparación “carece de idoneidad”, puesto que esos traslados se produjeron “antes de la primera solicitud de la interesada”. 

La agente se encuentra de baja desde principios de diciembre como consecuencia de estos hechos, que califica de acoso laboral. 

La Consejería “no facilita información a terceros”

Este periódico envió el pasado 26 de febrero (dos días antes del segundo archivo) un cuestionario a la Consejería de Seguridad con preguntas sobre la denuncia de las tres agentes y las medidas adoptadas a raíz del caso de violencia machista del que fue testigo una de ellas.

En una contestación remitida el pasado viernes, fuentes oficiales de este departamento se han limitado a señalar que, a raíz de los escritos presentados por dos agentes, “ambas por vulneración al derecho a conciliar y una de ellas también por revocación del artículo 39 (puesto temporal de superior empleo) y supuesto contacto físico del jefe del cuerpo”, se han tramitado dos procedimientos internos. 

“Una vez abierta la información reservada, se iniciaron las actuaciones y Asuntos Internos emitió el informe de conclusiones. En las resoluciones se da respuesta detallada, en tiempo y forma, de aquellos hechos denunciados de los que son parte interesada y que, por lo tanto, pueden tener conocimiento”, explican desde el área que lidera Nieves Lady Barreto. 

“Al ser procedimientos internos, desde el Cuerpo ni desde la Dirección General se va a facilitar información sobre los mismos a terceros y menos aún ampliar por esta vía el contenido de las notificaciones ya emitidas”, añade. 

Un masaje y otro ascenso revocado

A pesar de haber presentado su escrito en la misma fecha que las otras dos, hay una tercera agente de Gran Canaria que aún no ha recibido ninguna respuesta de la administración. Esta funcionaria también denunció la revocación del ascenso y un contacto físico no consentido por parte del jefe del cuerpo. Siempre según su versión, el comisario Almenara acudió al lugar donde la policía estaba trabajando de espaldas, se acercó a sus hombros y “comenzó a realizarle un masaje”. Ella “se asustó y se dio la vuelta”, momento en que el jefe “se apartó”. En ese momento estaba presente en la base un subinspector. 

Días después de ese “tocamiento”, el comisario manifestó a la agente que “sentía mucho” la nota que había obtenido en un proceso selectivo de promoción interna, que “se había puesto muy nerviosa” y que eso “era normal” debido a “su situación familiar”. “Este incidente constituye un claro ejemplo de acoso laboral, en el que un superior jerárquico realizó un contacto físico no consentido e inapropiado, aprovechándose de su posición de autoridad (...) La conducta descrita se enmarca en un patrón más amplio de comportamiento discriminatorio y de abuso de poder”, sostiene la agente, que también está de baja. 

A esta funcionaria se le denegó la prórroga del ascenso a oficial (por la vía del artículo 39) a principios de junio del año pasado. En abril había causado baja debido a un accidente laboral durante una actividad formativa del cuerpo, aunque se había reincorporado a finales de mayo. De hecho, el informe del jefe de la Policía Canaria que sirvió de base para la posterior revocación de destino está fechado un día después de su regreso al puesto. 

“El criterio de la baja médica aplicado resulta absolutamente arbitrario, toda vez que otros efectivos del cuerpo se encuentran en situación de baja médica y se ha procedido a la renovación de sus destinos temporales, lo que evidencia una aplicación discriminatoria y no justificada de los criterios de revocación”, señala el escrito, que incide en que el estado de salud y el accidente laboral constituyen “causas protegidas” para los trabajadores. 

La administración no ha comunicado a esta agente ni la apertura de una información reservada, ni la adopción de las medidas cautelares solicitadas ni la ha citado a declarar. 

La Ertzaintza está acogiendo esta semana en la academia de Arkaute, en Vitoria, a una parte de la plantilla de la 'Guanchancha', la Policía autonómica de Canarias creada a su imagen y semejanza, incluso en los uniformes, y que es conocida en las islas por un sobrenombre claramente inspirado en el cuerpo vasco. Según ha informado el Departamento de Seguridad, once agentes de lo que oficialmente se llama Cuerpo General de la Policía Canaria (GGPC), de unos 300 efectivos, están recibiendo formación en técnicas policiales entre el 13 y el 16 de octubre.

En las imágenes oficiales difundidas, se aprecia que la vestimenta de los antidisturbios canarios es prácticamente idéntica a la de sus homólogos vascos. Con los vehículos de la Ertzaintza de fondo, la confusión se alimenta.

La Policía vasca ha dado máximo realce a esta visita y el propio jefe del cuerpo, el superintendente Josu Bujanda, ha hecho las veces de anfitrión. Es más, los Gobiernos vasco y canario llevan meses estrechando lazos en variadas materias, principalmente en la migratoria. PNV y Coalición Canaria, partidos mayoritarios de ambos Ejecutivos, son socios y los presidentes Imanol Pradales y Fernando Clavijo tienen una muy cercana relación.

Pero, ¿por qué se conoce a la institución como 'Guanchancha'? El término procede de la suma de 'guanche' y la castellanización de 'Ertzaintza'. Y en sus orígenes fue una forma despectiva de describir a una institución surgida al calor de los acuerdos del nacionalismo canario con los Gobiernos de España.

Tenía un despliegue y funciones limitadas en un archipiélago en el que el grueso de las competencias son de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Una década y media después de su puesta de largo, en 2010, continúa desplegándose.

“Las jornadas formativas [en Vitoria] consisten en preparar a los agentes de la Policía Autonómica Canaria en diferentes tareas que la Brigada Móvil de la Ertzaintza desarrolla dentro de sus funciones, como son, entre otras, las que realizan las Patrullas de Reacción Inmediata [PRI o Bizkor] o las relacionadas con el control del orden público. Para ello, estos agentes reciben la formación teórica adecuada que, posteriormente, pondrán en práctica en unos ejercicios diseñados específicamente para dar respuesta a diferentes situaciones de alto riesgo”, indican desde la Ertzaintza, que ha mostrado a los policías canarios en situaciones simuladas.

Han pasado 16 años desde que el expresidente de Canarias Paulino Rivero (CC) anunciara la creación de la Policía Canaria, un cuerpo de seguridad que generó polémica en aquellos años marcados por la crisis económica. En 2008 se aprobó la ley que la regula y se estableció que en una primera fase se contaría con 300 agentes hasta llegar a los 1.700 efectivos en 2020. La fotografía real es que, en la actualidad, el cuerpo cuenta con 280 efectivos y con solo dos comisarías, una en cada isla capitalina. Por ello, el Ejecutivo regional (CC-PP) trabaja ahora para desplegarla con comisarías en todas las islas y maneja la previsión de cerrar la legislatura con 800 agentes. 

Esa falta de agentes en todas las islas ha ocasionado problemas como retrasos ocasionales en el traslado de menores migrantes llegados a El Hierro o Lanzarote porque los agentes no pudieron conseguir billetes. Unos hechos que han sido denunciados por la Fiscalía. 

Desde la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias señalan que cuando el nuevo equipo llegó al Gobierno había 192 efectivos, que en los últimos años el cuerpo no había crecido y que su intención es ir abriendo comisarías insulares. Hasta hace poco tiempo, cuando se enviaba a un policía de este cuerpo a otra isla había que pagarles horas extra. Por ello, en la última convocatoria se ha cambiado el lugar de trabajo de los agentes como “las siete islas”, de manera que los efectivos se puedan mover. De esta manera, cada vez que un ayuntamiento lo solicita o por distintas causas los policías tienen que moverse a una isla no capitalina, se hospedan en hoteles que suelen ser pagados por los consistorios. 

La consejera del área, Nieves Lady Barreto, anunció hace unos meses que había publicado ya la orden de ese despliegue. Desde su departamento afirman a este periódico que ya se ha empezado a negociar con los cabildos para llegar a acuerdos para proporcionar locales a esas nuevas comisarías. Explican que, “por seguridad”, hay islas que necesitan más refuerzos y que se comenzará con La Gomera, Lanzarote y La Palma. 

Desde la consejería señalan que el Cabildo de Lanzarote ha hablado con el Ayuntamiento de Arrecife y se va a ceder una comisaría de policía. Así mismo, en La Palma se siguen barajando locales, aunque lo más seguro es que se instale en Los Llanos de Aridane y con el Cabildo de Fuerteventura, aunque no era una de las tres islas prioritarias, ya se cuenta con un convenio. 

Para poder destinar efectivos a esas comisarías, afirman que se está trabajando en incorporar unos 140 nuevos efectivos. Así mismo, hay un convenio en materia de Seguridad para poder cubrir eventos en todas las islas, que es una cuestión que desde la Consejería insisten en que los consistorios lo piden, “piden la presencia de la Policía Canaria”. Este año, además, se han dado situaciones extraordinarias como que en Valle de Gran Rey se pidieran refuerzos de varias semanas por una crisis de seguridad y se pidió un destacamento varias semanas hasta que la situación se recondujo. 

Desde la Consejería de Seguridad creen que no se puede hablar de Policía Canaria si solo está en Tenerife o Gran Canaria. Por eso, se han convocado plazas para nutrir esas comisarías. Cuando se cumpla esa primera etapa de comisarías insulares, el siguiente paso serán las comisarías locales.  “La Policía Canaria puede crecer porque todo el mundo reclama la Policía Canaria, los ayuntamientos la solicitan a la dirección general de seguridad” , indican fuentes de la Consejería. 

Nieves Lady Barreto señaló en abril que “promocionan 81 miembros de la Policía Canaria, 141 plazas que tenemos en fase convocatoria y estamos modificando el catálogo para la 150 del presupuesto de este año. El año que viene, tendremos más de 400 policías de la Policía Canaria cuando en julio del año pasado había 192”. También defendió un nuevo convenio con la FECAM (Federación Canaria de Municipios) para reforzar y coordinar en materia de seguridad, que pasa fundamentalmente, en este caso, por tener más presencia en la calle y dar respuesta, entre todos, a las demandas que han trasladado asociaciones comerciales de Gran Canaria, La Palma y La Gomera, “preocupadas por el índice de robos y de hurtos en los comercios”. 

Además, hace unos meses el Gobierno canario creó un servicio de Inteligencia en la policía autonómica a las órdenes de un cargo político. Se trata de una unidad cuyo objetivo es que “detecte y evalúe nuevos fenómenos que puedan representar un riesgo para la seguridad a medio y largo plazo”. Un servicio que no venía contemplado en la Ley de 2008. 

Entre las funciones que sí se recogen para la Policía Canaria están la de colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias; la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma de Canarias; inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina. 

Según sus competencias, se prestará especial atención a la protección del medio ambiente y velará por el cumplimiento de la legislación de ordenación del turismo de Canarias. Los agentes ejercerán “inspección del transporte terrestre en las vías públicas interurbanas y del transporte marítimo interinsular”, además de “velar por el cumplimiento de la normativa sobre el patrimonio cultural canario evitando su expolio o destrucción”. También deberán “informar, asistir y orientar a los ciudadanos, así como colaborar con las instituciones públicas de protección y tutela de menores”. Además, tendrán que colaborar con las instituciones públicas y privadas de “protección y tutela de los inmigrantes y cualesquiera otras formas de marginación y con los servicios de salvamento marítimo”. 

Para asumir ese mayor despliegue de la Policía Canaria, el Gobierno deberá destinar más presupuesto a este fin en 2025. Sin embargo, todavía no se ha presentado al detalle cuál será la partida de la Consejería y de esta área en concreto. Se prevé que el próximo 5 de noviembre la consejera Nieves Lady Barreto lo presente en el Parlamento. El pasado año, el presupuesto conjunto de seguridad ya creció un 1,44% al pasar de 52,9 millones a 53,7. 

Retrasos en la acogida de menores migrantes 

El Gobierno de Canarias ha delegado en la Policía Canaria la entrega de los menores migrantes a los centros de acogida. Cuando los niños y adolescentes llegan a puerto sin familia, la Policía Nacional se encarga de su identificación y filiación. Después, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno, es competencia del Ejecutivo autonómico “ir a buscarlos”. La falta de billetes y la ausencia del cuerpo policial autonómico en las islas no capitalinas ha provocado retrasos en la entrada de los menores en la red de protección.

La Fiscalía Superior de Canarias cifra en 24 los menores llegados en pateras y cayucos que no recibieron la protección inmediata que exige la ley y que pasaron varios días en dependencias policiales a la espera de entrar en un centro de acogida. En septiembre, dos jóvenes de 17 y 16 años pasaron tres días bajo custodia policial sin que el Gobierno autonómico se hiciera cargo de ellos. Los migrantes fueron rescatados por Salvamento Marítimo al este de Lanzarote, en una neumática con 47 personas a bordo. La saturación de los recursos de la isla obligó a Salvamento a trasladarlos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Fuerteventura, donde permanecieron tres días esperando a que un agente de la Policía Canaria los recogiera. 

Lo mismo sucedió en El Hierro, donde esperaron once menores de entre 13 y 17 años rescatados en dos cayucos diferentes el 20 de septiembre. También en Lanzarote, once menores que llegaron en cuatro pateras diferentes sufrieron retrasos en su protección. Todos estos casos se produjeron a pesar de que la Fiscalía envió comunicaciones a la Dirección General de Protección a la Infancia para advertir de la llegada de estos menores. En declaraciones concedidas a El País, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, aseguró que estos casos se dieron por las dificultades para encontrar billetes de transporte y por la falta de plazas en los recursos de las islas no capitalinas, que obligaba a reubicar a los menores.

La gestión del Gobierno de Canarias sobre la acogida de menores migrantes ha recibido múltiples varapalos por parte de la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), atendiendo a las advertencias de la Fiscalía, suspendió el protocolo impuesto por el Ejecutivo regional, que exigía a los menores pasar por un enjambre de trámites policiales antes de entrar al sistema de acogida. Unos requisitos que, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, podrían vulnerar los derechos fundamentales de los niños migrantes al quedar desprovistos de protección inmediata y en situación de desamparo. Por esta razón, el Tribunal Constitucional ha eliminado todos los apartados que la Fiscalía ha señalado como inductores de un posible delito de abandono.  

A raíz de esta suspensión, la Consejería de Seguridad emitió el 23 de septiembre una directriz a la Policía Canaria. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, establece que dada la suspensión del protocolo territorial deben acogerse al protocolo marco estatal de 2014. Sin embargo, la orden sigue estableciendo una serie de requisitos previos. Antes de la recepción, la Policía Canaria exige a la Policía Nacional la identificación del menor y “obligatoriamente” una foto, datos sobre su edad, nacionalidad, última residencia y la documentación que tenga de su país de origen. 

Según la directriz, la Policía autonómica no puede recibir al menor hasta que Infancia comunique a qué centro debe ser trasladado. Es entonces cuando los agentes autonómicos trasladarán a los menores al recurso indicado confeccionando “un formulario de entrega”. En este punto, el documento subraya que para la acogida de un menor migrante extranjero no acompañado externamente, es decir, en lugares distintos de las comisarías insulares de la policía autonómica canaria, es necesario como requisito previo un oficio de las fiscalías provinciales encomendando a la policía autonómica la recepción y posterior entrega del menor en centro de acogida.