Discriminación por razón de sexo, denegación sistemática de medidas de conciliación familiar, acoso, represalias y “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo.

Tres mujeres de la Policía Canaria denunciaron en diciembre ante la Consejería de Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria) “graves vulneraciones” a la ley de igualdad de trato en el seno del cuerpo. Más de dos meses después, una sigue esperando respuesta de la administración y las otras dos han visto cómo las informaciones reservadas que se abrieron para estudiar sus casos se han cerrado sin haber sido citadas a declarar para ofrecer su versión de los hechos, contradecir la de testigos o aportar pruebas. 

Esos tres escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, se presentaron el 19 de diciembre. Todos solicitaban la adopción de medidas cautelares, desde el traslado de unidad hasta la petición de que el actual jefe de la Policía Canaria, Antonio Almenara, se abstuviera de mantener contacto directo u operativo con una de ellas. Ninguna petición ha sido atendida. Las denunciantes solo tuvieron conocimiento de la apertura de esas informaciones reservadas tras su archivo. 

El primer archivo

Ambas resoluciones están firmadas por el director general de Seguridad, David del Pino, un subcomisario en excedencia de la Policía Canaria que, a su vez, está inmerso en un protocolo de acoso laboral (con medidas cautelares activas) tras la denuncia que contra él y la consejera presentó el anterior jefe del cuerpo, el comisario principal Luis Santos Jara. 

La primera resolución del director general, que se basa en un informe de la Unidad de Asuntos Internos, está fechada el 29 de enero y resuelve el escrito presentado por una agente de Santa Cruz de Tenerife que denunció que se le había revocado un ascenso (de policía a oficial) cuando estaba de baja médica. A juicio de esta funcionaria, esa actuación constituye una discriminación por razón de enfermedad, máxime cuando a otros compañeros del cuerpo “se les mantuvo en el puesto” mientras estaban en situación de incapacidad temporal, incluso de larga duración, reza el escrito. 

Esta agente también relató dos episodios de “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo, Almenara. En concreto, dos palmadas en la espalda que le hicieron “perder el equilibrio” de forma momentánea y un agarrón por la espalda para girarla y cambiar su orientación durante unas prácticas de tiro. La agente destaca en su escrito la importancia del contexto en que se produjeron estos hechos: en el marco de una relación jerárquica directa y con un conflicto administrativo previo entre ambos. 

El director de Seguridad desestimó íntegramente sus pretensiones. Por un lado, justificó el contacto físico, señalando que es “costumbre” y un “gesto frecuente” del comisario dar “suaves palmadas” en la espalda al saludar a sus subordinados, por lo que esta conducta “no puede ser considerada acoso hacia una agente en particular”. “(Esas palmadas) nunca son suficientes para desplazar o desequilibrar a una persona ni causarle dolor”, añadía. 

Además, remarca que la denuncia no hace alusión a que “durante el incidente el comisario le hiciese mención a las reclamaciones (en vía administrativa) que ella tuviese pendientes de resolución o, en su caso, denegadas”. Con respecto al episodio en el campo de tiro, el informe de Asuntos Internos alude a tres testigos que negaron los hechos. Uno es el propio jefe. Otro es un subcomisario de la unidad de régimen interior, un órgano que está bajo la dependencia funcional de la jefatura del cuerpo. El tercero es un policía de su unidad.

La agente había solicitado recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad para demostrar la veracidad de lo denunciado. Sin embargo, la Dirección General de Seguridad contestó que la empresa responsable de su custodia había certificado que era “técnicamente imposible recuperar” esas imágenes en las fechas señaladas.

“Enfermedad o falta de disponibilidad”

En cuanto a la revocación del ascenso, el director general sostiene que esa decisión no se adoptó por la enfermedad de la agente, sino por su “falta de aptitud (disponibilidad)”. 

El artículo 39 de la Ley de la Policía Canaria establece la posibilidad de destinar a un funcionario a un puesto superior (en este caso, de policía a oficial) en casos de urgencia y siempre y cuando esa plaza no se haya podido cubrir a través de los procesos selectivos ordinarios. La denunciante fue ascendida por esta vía y relegada de nuevo (volviendo a su anterior puesto) cuando se encontraba de baja laboral. Durante un tiempo se le siguió pagando como oficial, pero después la administración le reclamó las diferencias salariales. 

La Consejería de Seguridad defiende que esa revocación “no penaliza la enfermedad”, sino que “constata la imposibilidad material” de la agente para desempeñar esa tarea por su “falta de disponibilidad”. La resolución sostiene que se trata de un acto reglado y que estaba “obligada a liberar ese puesto para que otro efectivo pueda cubrir la necesidad real”. 

La denunciante advertía de que a otros funcionarios se les había mantenido el puesto estando de baja. Incluso, en algún caso, de larga duración. A juicio de la Dirección General, este argumento “carece de eficacia jurídica”. “El hecho de que, hipotéticamente, no se haya revocado en tiempo y forma otros nombramientos temporales —por error, omisión o diferencias en la duración de la baja— no genera un derecho subjetivo a la interesada para perpetuarse en una situación irregular”, recoge el escrito.

Y añade: “El principio de igualdad no ampara la reivindicación de mantener un beneficio indebido basándose en que otros pudieron haberlo disfrutado incorrectamente”. Para desmentir ese “trato discriminatorio singularizado”, la Consejería de Seguridad alude a otros dos agentes a quienes también revocó esos ascensos. Se da la circunstancia de que uno de esos casos es el de otra de las denunciantes, a la que aún no han contestado. 

La unidad investigadora de esa información reservada es la de Régimen Interior de la Policía Canaria, que depende jerárquicamente del jefe del cuerpo, señalado en la denuncia. La resolución de archivo incluso llega a acusar a la denunciante de “desviar el foco del procedimiento” (la reclamación por el ascenso revocado y sus consecuencias económicas) “mediante la construcción artificiosa de un escenario de acoso discriminatorio”. 

El archivo de esa información reservada, un procedimiento en el que no ha prestado declaración la denunciante, pone fin a la vía administrativa. 

Conciliación familiar

El segundo archivo es más reciente. Fue dictado por el mismo alto cargo el 28 de febrero, también sobre la base de un informe de Asuntos Internos. En este caso, la denunciante tiene su destino en Tenerife, pero ejerce en Gran Canaria en comisión de servicios por conciliación, para atender a sus dos hijos, ambos menores de edad (es familia monoparental). Entre junio y noviembre de 2025, esta funcionaria solicitó hasta en cuatro ocasiones medidas de conciliación y un cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial) para aprovechar su formación en Criminología y Criminalística Forense. 

En uno de esos escritos argumentaba que la implantación de un turno de nueve horas en esa unidad le obligaba a salir a medianoche en la jornada vespertina, un horario incompatible con el cuidado de sus hijos. La administración rechazó su petición alegando que carecía de documentación acreditativa de sus circunstancias familiares, pese a conocer que esas eran las razones por las que estaba en comisión de servicio en Gran Canaria. Lo único que se le ofreció entonces, según cuenta, fue una reducción de jornada (de nueve a ocho horas), con el consecuente perjuicio económico. Esta opción fue rechazada por la funcionaria.  

Para poder atender a los menores, la agente tuvo que solicitar reiterados cambios de turnos a los compañeros, aunque en ocasiones no fue posible, por lo que hubo noches en que sus hijos tuvieron que quedarse “solos y sin la protección debida”. Cuenta, en concreto, el caso de un fin de semana en que le fue negado el cambio de tarde al de mañana “por razones operativas”. La agente remarcaba en su denuncia que esa misma semana a otros compañeros sí les dieron facilidades, incluso para asistir a eventos sociales. 

La jefatura solo estimó parcialmente su última petición de conciliación (la formulada en noviembre). La administración acordó asignarle turnos fijos en horario de mañana en la misma unidad (Seguridad Ciudadana), denegando su traslado a departamentos más acordes con su formación. A pesar de que ese acuerdo está fechado el 2 de diciembre, no se le notificó a la interesada hasta el 24 de febrero, más de dos meses después. 

La agente sostenía en su denuncia que la “asignación sistemática” a los puntos fijos era una “medida de represalia” por sus constantes peticiones de conciliación. La funcionaria explica en su escrito que esta labor consiste en la “vigilancia estática de instalaciones (Presidencia del Gobierno, juzgados…), sin funciones policiales operativas propias” de la Policía Canaria y que es entendida en el seno del cuerpo como “un destino de castigo”, puesto que supone prestar servicio en solitario, “lo que implica aislamiento del resto de compañeros”. Además, incidía en que ello suponía “un absoluto desperdicio” de su cualificación universitaria. 

Violencia de género y “represalias”

También relataba en su denuncia “un antecedente de represalia” por haber comunicado a un superior jerárquico que había sido testigo de un episodio de violencia de género por parte de otro agente del cuerpo. Según apunta la denunciante, la jefatura le reprochó no haber informado de esos hechos a su superior inmediato, sino a otro alto cargo del cuerpo que era, a su vez, mando de un segundo testigo. 

El agente denunciado por violencia machista admitió los hechos y fue condenado, pero, según la denunciante, sigue prestando servicios en la Policía Canaria, aunque sin arma.  

Segundo archivo

La respuesta a la denunciante llegó el 28 de febrero. Y, al igual que en el primer caso, archiva la información reservada y desestima todas sus alegaciones. El director general de Seguridad sostiene que la jefatura de la Policía Canaria ha facilitado “de forma continua y activa” la conciliación de la vida personal y laboral de esta funcionaria, descartando una discriminación por razón de sexo o por responsabilidades familiares. 

La administración defiende que la agente prestó servicio en turno de mañana en la mayoría de las ocasiones; que el hecho de que entre agosto y noviembre prestara algunos servicios en turno de tarde respondió a que “no adjuntó la documentación acreditativa de sus circunstancias familiares”, o que se le aceptaron numerosos cambios horarios y que cuando se le denegó fue porque “la disponibilidad operativa de la unidad era reducida”. 

Con respecto a la asignación de puntos fijos, señala el director general que es más probable en el turno de mañana, por lo que es “una consecuencia estructural y objetiva de la medida de conciliación adoptada”. También niega “cualquier represalia” por “su participación en un procedimiento administrativo en calidad de testigo”, en relación con su testimonio sobre el caso de violencia de género. “No existen ab initio indicios suficientes para deducir responsabilidad disciplinaria por parte de ningún funcionario policial”, concluye la resolución.

Tampoco aprecia discriminación en la denegación del cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial). La resolución señala que hay un procedimiento “objetivo y general” de aplicación a todos los funcionarios, “con independencia de su situación personal”. De hecho, acusa a la trabajadora de intentar “instrumentalizar” una solicitud de conciliación familiar para “eludir” ese procedimiento. 

Para tratar de acreditar ese presunto trato discriminatorio, la agente había aludido al caso de dos policías que sí fueron trasladados a esa unidad de Policía Judicial mediante una instrucción. El Gobierno responde que esa comparación “carece de idoneidad”, puesto que esos traslados se produjeron “antes de la primera solicitud de la interesada”. 

La agente se encuentra de baja desde principios de diciembre como consecuencia de estos hechos, que califica de acoso laboral. 

La Consejería “no facilita información a terceros”

Este periódico envió el pasado 26 de febrero (dos días antes del segundo archivo) un cuestionario a la Consejería de Seguridad con preguntas sobre la denuncia de las tres agentes y las medidas adoptadas a raíz del caso de violencia machista del que fue testigo una de ellas.

En una contestación remitida el pasado viernes, fuentes oficiales de este departamento se han limitado a señalar que, a raíz de los escritos presentados por dos agentes, “ambas por vulneración al derecho a conciliar y una de ellas también por revocación del artículo 39 (puesto temporal de superior empleo) y supuesto contacto físico del jefe del cuerpo”, se han tramitado dos procedimientos internos. 

“Una vez abierta la información reservada, se iniciaron las actuaciones y Asuntos Internos emitió el informe de conclusiones. En las resoluciones se da respuesta detallada, en tiempo y forma, de aquellos hechos denunciados de los que son parte interesada y que, por lo tanto, pueden tener conocimiento”, explican desde el área que lidera Nieves Lady Barreto. 

“Al ser procedimientos internos, desde el Cuerpo ni desde la Dirección General se va a facilitar información sobre los mismos a terceros y menos aún ampliar por esta vía el contenido de las notificaciones ya emitidas”, añade. 

Un masaje y otro ascenso revocado

A pesar de haber presentado su escrito en la misma fecha que las otras dos, hay una tercera agente de Gran Canaria que aún no ha recibido ninguna respuesta de la administración. Esta funcionaria también denunció la revocación del ascenso y un contacto físico no consentido por parte del jefe del cuerpo. Siempre según su versión, el comisario Almenara acudió al lugar donde la policía estaba trabajando de espaldas, se acercó a sus hombros y “comenzó a realizarle un masaje”. Ella “se asustó y se dio la vuelta”, momento en que el jefe “se apartó”. En ese momento estaba presente en la base un subinspector. 

Días después de ese “tocamiento”, el comisario manifestó a la agente que “sentía mucho” la nota que había obtenido en un proceso selectivo de promoción interna, que “se había puesto muy nerviosa” y que eso “era normal” debido a “su situación familiar”. “Este incidente constituye un claro ejemplo de acoso laboral, en el que un superior jerárquico realizó un contacto físico no consentido e inapropiado, aprovechándose de su posición de autoridad (...) La conducta descrita se enmarca en un patrón más amplio de comportamiento discriminatorio y de abuso de poder”, sostiene la agente, que también está de baja. 

A esta funcionaria se le denegó la prórroga del ascenso a oficial (por la vía del artículo 39) a principios de junio del año pasado. En abril había causado baja debido a un accidente laboral durante una actividad formativa del cuerpo, aunque se había reincorporado a finales de mayo. De hecho, el informe del jefe de la Policía Canaria que sirvió de base para la posterior revocación de destino está fechado un día después de su regreso al puesto. 

“El criterio de la baja médica aplicado resulta absolutamente arbitrario, toda vez que otros efectivos del cuerpo se encuentran en situación de baja médica y se ha procedido a la renovación de sus destinos temporales, lo que evidencia una aplicación discriminatoria y no justificada de los criterios de revocación”, señala el escrito, que incide en que el estado de salud y el accidente laboral constituyen “causas protegidas” para los trabajadores. 

La administración no ha comunicado a esta agente ni la apertura de una información reservada, ni la adopción de las medidas cautelares solicitadas ni la ha citado a declarar. 

La Ertzaintza está acogiendo esta semana en la academia de Arkaute, en Vitoria, a una parte de la plantilla de la 'Guanchancha', la Policía autonómica de Canarias creada a su imagen y semejanza, incluso en los uniformes, y que es conocida en las islas por un sobrenombre claramente inspirado en el cuerpo vasco. Según ha informado el Departamento de Seguridad, once agentes de lo que oficialmente se llama Cuerpo General de la Policía Canaria (GGPC), de unos 300 efectivos, están recibiendo formación en técnicas policiales entre el 13 y el 16 de octubre.

En las imágenes oficiales difundidas, se aprecia que la vestimenta de los antidisturbios canarios es prácticamente idéntica a la de sus homólogos vascos. Con los vehículos de la Ertzaintza de fondo, la confusión se alimenta.

La Policía vasca ha dado máximo realce a esta visita y el propio jefe del cuerpo, el superintendente Josu Bujanda, ha hecho las veces de anfitrión. Es más, los Gobiernos vasco y canario llevan meses estrechando lazos en variadas materias, principalmente en la migratoria. PNV y Coalición Canaria, partidos mayoritarios de ambos Ejecutivos, son socios y los presidentes Imanol Pradales y Fernando Clavijo tienen una muy cercana relación.

Pero, ¿por qué se conoce a la institución como 'Guanchancha'? El término procede de la suma de 'guanche' y la castellanización de 'Ertzaintza'. Y en sus orígenes fue una forma despectiva de describir a una institución surgida al calor de los acuerdos del nacionalismo canario con los Gobiernos de España.

Tenía un despliegue y funciones limitadas en un archipiélago en el que el grueso de las competencias son de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Una década y media después de su puesta de largo, en 2010, continúa desplegándose.

“Las jornadas formativas [en Vitoria] consisten en preparar a los agentes de la Policía Autonómica Canaria en diferentes tareas que la Brigada Móvil de la Ertzaintza desarrolla dentro de sus funciones, como son, entre otras, las que realizan las Patrullas de Reacción Inmediata [PRI o Bizkor] o las relacionadas con el control del orden público. Para ello, estos agentes reciben la formación teórica adecuada que, posteriormente, pondrán en práctica en unos ejercicios diseñados específicamente para dar respuesta a diferentes situaciones de alto riesgo”, indican desde la Ertzaintza, que ha mostrado a los policías canarios en situaciones simuladas.

Han pasado 16 años desde que el expresidente de Canarias Paulino Rivero (CC) anunciara la creación de la Policía Canaria, un cuerpo de seguridad que generó polémica en aquellos años marcados por la crisis económica. En 2008 se aprobó la ley que la regula y se estableció que en una primera fase se contaría con 300 agentes hasta llegar a los 1.700 efectivos en 2020. La fotografía real es que, en la actualidad, el cuerpo cuenta con 280 efectivos y con solo dos comisarías, una en cada isla capitalina. Por ello, el Ejecutivo regional (CC-PP) trabaja ahora para desplegarla con comisarías en todas las islas y maneja la previsión de cerrar la legislatura con 800 agentes. 

Esa falta de agentes en todas las islas ha ocasionado problemas como retrasos ocasionales en el traslado de menores migrantes llegados a El Hierro o Lanzarote porque los agentes no pudieron conseguir billetes. Unos hechos que han sido denunciados por la Fiscalía. 

Desde la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias señalan que cuando el nuevo equipo llegó al Gobierno había 192 efectivos, que en los últimos años el cuerpo no había crecido y que su intención es ir abriendo comisarías insulares. Hasta hace poco tiempo, cuando se enviaba a un policía de este cuerpo a otra isla había que pagarles horas extra. Por ello, en la última convocatoria se ha cambiado el lugar de trabajo de los agentes como “las siete islas”, de manera que los efectivos se puedan mover. De esta manera, cada vez que un ayuntamiento lo solicita o por distintas causas los policías tienen que moverse a una isla no capitalina, se hospedan en hoteles que suelen ser pagados por los consistorios. 

La consejera del área, Nieves Lady Barreto, anunció hace unos meses que había publicado ya la orden de ese despliegue. Desde su departamento afirman a este periódico que ya se ha empezado a negociar con los cabildos para llegar a acuerdos para proporcionar locales a esas nuevas comisarías. Explican que, “por seguridad”, hay islas que necesitan más refuerzos y que se comenzará con La Gomera, Lanzarote y La Palma. 

Desde la consejería señalan que el Cabildo de Lanzarote ha hablado con el Ayuntamiento de Arrecife y se va a ceder una comisaría de policía. Así mismo, en La Palma se siguen barajando locales, aunque lo más seguro es que se instale en Los Llanos de Aridane y con el Cabildo de Fuerteventura, aunque no era una de las tres islas prioritarias, ya se cuenta con un convenio. 

Para poder destinar efectivos a esas comisarías, afirman que se está trabajando en incorporar unos 140 nuevos efectivos. Así mismo, hay un convenio en materia de Seguridad para poder cubrir eventos en todas las islas, que es una cuestión que desde la Consejería insisten en que los consistorios lo piden, “piden la presencia de la Policía Canaria”. Este año, además, se han dado situaciones extraordinarias como que en Valle de Gran Rey se pidieran refuerzos de varias semanas por una crisis de seguridad y se pidió un destacamento varias semanas hasta que la situación se recondujo. 

Desde la Consejería de Seguridad creen que no se puede hablar de Policía Canaria si solo está en Tenerife o Gran Canaria. Por eso, se han convocado plazas para nutrir esas comisarías. Cuando se cumpla esa primera etapa de comisarías insulares, el siguiente paso serán las comisarías locales.  “La Policía Canaria puede crecer porque todo el mundo reclama la Policía Canaria, los ayuntamientos la solicitan a la dirección general de seguridad” , indican fuentes de la Consejería. 

Nieves Lady Barreto señaló en abril que “promocionan 81 miembros de la Policía Canaria, 141 plazas que tenemos en fase convocatoria y estamos modificando el catálogo para la 150 del presupuesto de este año. El año que viene, tendremos más de 400 policías de la Policía Canaria cuando en julio del año pasado había 192”. También defendió un nuevo convenio con la FECAM (Federación Canaria de Municipios) para reforzar y coordinar en materia de seguridad, que pasa fundamentalmente, en este caso, por tener más presencia en la calle y dar respuesta, entre todos, a las demandas que han trasladado asociaciones comerciales de Gran Canaria, La Palma y La Gomera, “preocupadas por el índice de robos y de hurtos en los comercios”. 

Además, hace unos meses el Gobierno canario creó un servicio de Inteligencia en la policía autonómica a las órdenes de un cargo político. Se trata de una unidad cuyo objetivo es que “detecte y evalúe nuevos fenómenos que puedan representar un riesgo para la seguridad a medio y largo plazo”. Un servicio que no venía contemplado en la Ley de 2008. 

Entre las funciones que sí se recogen para la Policía Canaria están la de colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias; la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma de Canarias; inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina. 

Según sus competencias, se prestará especial atención a la protección del medio ambiente y velará por el cumplimiento de la legislación de ordenación del turismo de Canarias. Los agentes ejercerán “inspección del transporte terrestre en las vías públicas interurbanas y del transporte marítimo interinsular”, además de “velar por el cumplimiento de la normativa sobre el patrimonio cultural canario evitando su expolio o destrucción”. También deberán “informar, asistir y orientar a los ciudadanos, así como colaborar con las instituciones públicas de protección y tutela de menores”. Además, tendrán que colaborar con las instituciones públicas y privadas de “protección y tutela de los inmigrantes y cualesquiera otras formas de marginación y con los servicios de salvamento marítimo”. 

Para asumir ese mayor despliegue de la Policía Canaria, el Gobierno deberá destinar más presupuesto a este fin en 2025. Sin embargo, todavía no se ha presentado al detalle cuál será la partida de la Consejería y de esta área en concreto. Se prevé que el próximo 5 de noviembre la consejera Nieves Lady Barreto lo presente en el Parlamento. El pasado año, el presupuesto conjunto de seguridad ya creció un 1,44% al pasar de 52,9 millones a 53,7. 

Retrasos en la acogida de menores migrantes 

El Gobierno de Canarias ha delegado en la Policía Canaria la entrega de los menores migrantes a los centros de acogida. Cuando los niños y adolescentes llegan a puerto sin familia, la Policía Nacional se encarga de su identificación y filiación. Después, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno, es competencia del Ejecutivo autonómico “ir a buscarlos”. La falta de billetes y la ausencia del cuerpo policial autonómico en las islas no capitalinas ha provocado retrasos en la entrada de los menores en la red de protección.

La Fiscalía Superior de Canarias cifra en 24 los menores llegados en pateras y cayucos que no recibieron la protección inmediata que exige la ley y que pasaron varios días en dependencias policiales a la espera de entrar en un centro de acogida. En septiembre, dos jóvenes de 17 y 16 años pasaron tres días bajo custodia policial sin que el Gobierno autonómico se hiciera cargo de ellos. Los migrantes fueron rescatados por Salvamento Marítimo al este de Lanzarote, en una neumática con 47 personas a bordo. La saturación de los recursos de la isla obligó a Salvamento a trasladarlos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Fuerteventura, donde permanecieron tres días esperando a que un agente de la Policía Canaria los recogiera. 

Lo mismo sucedió en El Hierro, donde esperaron once menores de entre 13 y 17 años rescatados en dos cayucos diferentes el 20 de septiembre. También en Lanzarote, once menores que llegaron en cuatro pateras diferentes sufrieron retrasos en su protección. Todos estos casos se produjeron a pesar de que la Fiscalía envió comunicaciones a la Dirección General de Protección a la Infancia para advertir de la llegada de estos menores. En declaraciones concedidas a El País, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, aseguró que estos casos se dieron por las dificultades para encontrar billetes de transporte y por la falta de plazas en los recursos de las islas no capitalinas, que obligaba a reubicar a los menores.

La gestión del Gobierno de Canarias sobre la acogida de menores migrantes ha recibido múltiples varapalos por parte de la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), atendiendo a las advertencias de la Fiscalía, suspendió el protocolo impuesto por el Ejecutivo regional, que exigía a los menores pasar por un enjambre de trámites policiales antes de entrar al sistema de acogida. Unos requisitos que, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, podrían vulnerar los derechos fundamentales de los niños migrantes al quedar desprovistos de protección inmediata y en situación de desamparo. Por esta razón, el Tribunal Constitucional ha eliminado todos los apartados que la Fiscalía ha señalado como inductores de un posible delito de abandono.  

A raíz de esta suspensión, la Consejería de Seguridad emitió el 23 de septiembre una directriz a la Policía Canaria. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, establece que dada la suspensión del protocolo territorial deben acogerse al protocolo marco estatal de 2014. Sin embargo, la orden sigue estableciendo una serie de requisitos previos. Antes de la recepción, la Policía Canaria exige a la Policía Nacional la identificación del menor y “obligatoriamente” una foto, datos sobre su edad, nacionalidad, última residencia y la documentación que tenga de su país de origen. 

Según la directriz, la Policía autonómica no puede recibir al menor hasta que Infancia comunique a qué centro debe ser trasladado. Es entonces cuando los agentes autonómicos trasladarán a los menores al recurso indicado confeccionando “un formulario de entrega”. En este punto, el documento subraya que para la acogida de un menor migrante extranjero no acompañado externamente, es decir, en lugares distintos de las comisarías insulares de la policía autonómica canaria, es necesario como requisito previo un oficio de las fiscalías provinciales encomendando a la policía autonómica la recepción y posterior entrega del menor en centro de acogida.

El Gobierno de Canarias ha creado una oficina de Información en la Policía Autonómica que tiene, entre otros, el objetivo de implementar y liderar un servicio propio de inteligencia. Es decir, una unidad que “detecte y evalúe nuevos fenómenos que puedan representar un riesgo para la seguridad a medio y largo plazo”. Ese grupo fue constituido pocos días después de llegar al puesto por el actual director de seguridad del Ejecutivo, David del Pino Franquet, un subcomisario del cuerpo que fue elegido para este cargo político tras el pacto suscrito en 2023 por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) con el apoyo de las agrupaciones Herreña Independiente (AHI) y Socialista Gomera (ASG).

Del Pino adscribió de manera temporal a dos agentes de la Policía Canaria a su Dirección General. Por lo tanto, a sus órdenes y en su centro de trabajo.

La ley de creación de la Policía Canaria, que data de 2008, no contempla esas competencias de información o inteligencia. El artículo 19 limita las funciones del cuerpo autonómico a la vigilancia y protección de personas y dependencias de la comunidad autónoma, a velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes regionales o a las tareas de inspección y “ejecución forzosa”, así como a tareas de seguridad ciudadana.

La norma precisa que las áreas sobre las que debe prestar “especial atención” la Policía Canaria, en virtud de las competencias transferidas a la autonomía, son las vinculadas con el medio ambiente y los recursos naturales, la ordenación del turismo, la inspección del transporte terrestre interurbano y el marítimo interinsular o el patrimonio cultural, además de colaborar con las instituciones en la tutela de menores, de migrantes y en los servicios de salvamento marítimo.

Sin embargo, el director de Seguridad se ampara en la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en 2018 y, en concreto, en su artículo 148, que incluye una referencia genérica a las competencias de Canarias en “el establecimiento de políticas de seguridad”, todo ello “sin perjuicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado” y de lo previsto en la Constitución sobre cuestiones de seguridad pública.

Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil disponen de servicios de inteligencia para la “captación, recepción, tratamiento y desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad pública”. También cuentan con unidades de este tipo cuerpos autonómicos con más historia y con competencias más desarrolladas, como los Mossos D'Esquadra o la Ertzaintza. La policía catalana incluye entre sus funciones la “prevención y neutralización de las situaciones de riesgo para las personas y los bienes”, así como la “investigación criminal, incluidos el crimen organizado y el terrorismo, en los términos que establece la ley”. La policía vasca, por su parte, cuenta con una Oficina Central de Inteligencia encargada de “la recogida, tratamiento y análisis sistemático de la información criminal e incidental, y de las condiciones que contribuyen a su desarrollo”.

“Funciones especiales” de información

Las fuentes consultadas por este periódico señalan que para la creación de este tipo de servicios y la asunción de competencias es necesario un acuerdo con la administración central del que no hay constancia de que se haya producido. Sin embargo, el director canario de Seguridad interpretó esa referencia en el Estatuto al “establecimiento de políticas de seguridad” como un “impulso a las competencias autonómicas” y una justificación para atribuirse, como centro directivo, unas “funciones especiales de información”. Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico. Está fechada el 28 de agosto. Es decir, tan sólo 27 días después de acceder al puesto.

En ese escrito, David del Pino señala que la reforma del Estatuto de Autonomía en ese concreto artículo obliga de manera “urgente” a replantear el modelo operativo de la Policía Canaria con el objetivo de “avanzar en su máximo desarrollo”.

Tan urgente estimaba el alto cargo la necesidad de crear el nuevo grupo de información que lo constituyó de manera provisional, sin esperar a modificar la estructura orgánica de la Policía Canaria, y adscribió “temporalmente” a un inspector y a una policía a su propia Dirección General para realizar estas “funciones especiales”. Estos agentes dejaron, por tanto, sus puestos dependientes de la jefatura de la Policía Canaria (uno de la Unidad de Recursos Operativos y la otra de la Unidad Operativa Móvil) para pasar a depender del centro directivo liderado por David del Pino. La decisión implicó, incluso, un cambio de sede, de la comisaría en la que ejercían, situada en Santa Cruz de Tenerife, a la de la Dirección General, ubicada en el municipio de La Laguna. Según fuentes consultadas por este periódico, aún siguen en estos destinos.

La resolución de agosto atribuía a esa oficina de información catorce funciones. Entre otras, elaborar “estudios, informes técnicos y propuestas de planificación sobre políticas de seguridad a la vista de la evolución de los fenómenos delincuenciales”; liderar e implementar el “plan de inteligencia” de la Policía Canaria; “favorecer las interrelaciones con el mundo académico, universitario y, en general, con cualquier organización dedicada a la investigación y a la generación de conocimiento”; detectar y evaluar “nuevos fenómenos que puedan representar un riesgo para la seguridad a medio y largo plazo”; elaborar documentación “que facilite la toma de decisiones de la Dirección General de Seguridad en relación con las amenazas y riesgos”, o “identificar y planificar las necesidades tecnológicas” de la Policía Autonómica.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Nieves Lady Barreto (CC) no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico. Sin embargo, en un contenido patrocinado publicado esta misma semana en el periódico La Provincia se hace referencia a la labor ejercida por el inspector destinado a esta Oficina de Información. Su puesto, dice ese artículo, consiste en “la captación de información de distintos medios y relacionado con diferentes ámbitos que sea de interés para los asesores políticos y mandos policiales. Se capta dicha información, se analiza, trata y transforma en inteligencia al efecto de que puedan tomar decisiones motivadas en todo aquello que se traslada”.

Este inspector señala en ese mismo medio que su unidad realiza seguimiento en redes sociales o mensajería instantánea “a grupos que puedan causar algún tipo de inestabilidad social en Canarias a los efectos de prevenir y reforzar cualquier tipo de servicio para evitar dichos infortunios”.

Nueva estructura

Además de la adscripción de esos dos agentes a la Dirección General de Seguridad para realizar esas “funciones especiales de información”, la mencionada resolución de agosto del año pasado encomendaba a otros cinco agentes de la Policía Canaria tareas de protección de autoridades, también con atribución temporal. Meses después, en enero de este año, se publicaba en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) otra resolución con la nueva estructura del cuerpo. En ella se incluye, dentro de la unidad de régimen interior, esos dos grupos, la Oficina de Información y la protección de autoridades.

Esa resolución, firmada por el mismo director de Seguridad, señala que “el modelo de servicio debe ser cada vez más preventivo y predictivo, mediante el uso de las tecnologías y procedimientos de trabajo, basados en el flujo de información y de cooperación con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Además, alude a “la asunción sobrevenida de competencias en materia de policía judicial” y, más en concreto, de los casos relacionados con la violencia contra la infancia y la adolescencia, los servicios encomendados por las fiscalías y los juzgados de instrucción y “el aumento de los servicios demandados por la ciudadanía canaria relacionados con hechos delictivos concretos”.

David del Pino precisa en ese escrito que los grupos de información y de protección de autoridades dependen “orgánicamente” del cuerpo general de Policía y “funcionalmente” de “la Dirección General de Seguridad y/o la jefatura del cuerpo”. Según las fuentes consultadas por este periódico, los dos agentes de la Oficina de Información siguen trabajando en la sede y a las órdenes del director general.

Expulsar a un aspirante al cuerpo de la Policía Canaria por llevar tatuajes no es legal si no se prueba que estos quedan visibles cuando se viste el uniforme reglamentario. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reconocido el derecho de uno de los opositores a seguir en el proceso selectivo (que ya finalizó) puesto que no ha quedado probado que el tatuaje se le vea. “El expediente administrativo no prueba ninguna causa de exclusión por razón de las normas de apariencia externa y presentación al servicio. En consecuencia, debe ser estimada la reclamación del recurrente continuando en el proceso selectivo”, reza la sentencia. No obstante, no es un caso aislado, el sindicato Co.bas advierte de que hasta tres personas resultaron expulsadas de estas pruebas por el mismo motivo y recurrieron a los tribunales, que les están dando la razón. Otro de los fallos recientes declara “el derecho del recurrente a ser declarado apto”. 

La prohibición de llevar tatuajes a los agentes del cuerpo policial autonómico se ha convertido en una medida controvertida, que según algunos sindicatos lo aleja de ser una policía moderna. Dos años después de que se convocaran las primeras 52 plazas (en 2008), se publicó el reglamento de este cuerpo autonómico en el que se recoge que “el personal no utilizará pendientes, pulseras, collares o adornos análogos. Tampoco harán uso de maquillajes estridentes ni tatuajes o piercing visibles”. En 2017 llevar un tatuaje fue motivo de sanción a uno de los agentes al considerar que había cometido una falta disciplinaria leve. El afectado recurrió y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife determinó que “el demandante cubre dicho tatuaje con una malla elástica que impide visualizarlo” y, por tanto, “la conducta del demandante no es constitutiva de la falta leve”. Por ello, se estimó su recurso al entender que “la resolución no es ajustada a derecho”. 

El portavoz del sindicato Co.bas Abraham Catalina denuncia que pese a esto, en 2019, una orden interna dio seis meses a los agentes para que borraran sus tatuajes. En concreto, el escrito del comisario instaba a los subcomisarios de las bases de Gran Canaria y Tenerife a que llevaran a cabo la “supervisión del personal a sus órdenes, debiendo informar a esta Jefatura en el plazo improrrogable de un mes del personal del CGPC que luzca tatuajes visibles durante la prestación del servicio aunque desarrollen el servicio generalmente de paisano. En dicho informe se deberá acompañar, en su caso, de justificante o certificado sobre el inicio de sesiones para el borrado del tatuaje, y el tiempo de duración del tratamiento para su total eliminación, el cual no podrá ser superior a seis meses”.

Otras policías

La política sobre tatuajes de este cuerpo contrasta con la tendencia que están llevando a cabo otros. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó en 2019 un cambio en el reglamento de su policía local tras varias sentencias y se eliminó el apartado que hacía referencia a los tatuajes de los agentes, quedando redactado así el artículo que hace referencia a la presentación personal: “No podrán utilizar adornos de tipo personal estridentes o que pongan en peligro su seguridad o la de terceros, así como la utilización de maquillaje que alteren la prevalencia de la uniformidad o desdigan de la corrección en el aspecto. En cualquier caso, deberán de ser de formas y colores discretos”. Asímismo, con respecto a la Guardia Civil el Ministerio de Interior también se ha abierto a flexibilizar el hecho de que haya agentes que lleven tatuajes y ha ordenado retirar el decreto de 2018 que los prohibía. 

En un escrito, el sindicato Co.bas planteó que el derecho a la propia imagen también está reconocido en la Constitución y que existen “dudas de la legalidad de la orden del Comisario Jefe del Cuerpo, de fecha 24 de diciembre, que ordena a través de los subcomisarios a que los y las agentes que tengan tatuaje visible, se hagan intervención médica para retirarlos en seis meses”. Así mismo, pidió dejar sin efecto dicha orden y que se establezca que la “malla” no forma parte de la uniformidad y puede ser utilizada. 

Derecho a volver al proceso selectivo

En una de las sentencias fechadas en julio y a la que ha tenido acceso esta redacción, uno de los aspirantes a una plaza en el cuerpo de la Policía Canaria alega que en pleno proceso y tras haber superado las pruebas con un 7,93 de media, en el momento de realizarse el reconocimiento médico que le otorgaba el puesto 24, es decir, una de las 57 plazas convocadas, fue excluido del mismo por llevar un tatuaje. Según el demandante, “el tatuaje no es visible con el uniforme reglamentario” y añade la sentencia que ha iniciado un tratamiento para eliminarlo. Además, subraya que no se tomó fotografía alguna por el facultativo, no se realizó medición alguna, ni se le pidió que se probara el uniforme para constatar si era o no visible el tatuaje. Por ello, solicitaba que se le declarase apto en la prueba de reconocimiento médico pasando a la siguiente fase del proceso selectivo, “previo nombramiento como funcionario en prácticas con los derechos que le corresponderían de no haber sido declarado no apto por la Inspección Médica” detalla la sentencia. Además, se aportan fotografías de uniformes que tapan los bíceps y ocultan los tatuajes. 

El juez concluye que “no consta en el expediente administrativo acta del reconocimiento efectuado por la Inspección Médica ni fotografías probando que el tatuaje sea visible con el uniforme reglamentario al no haberse comprobado la visibilidad del tatuaje con el uniforme reglamentario”. Además, añade que “no hay discrecionalidad en lo que se puede observar y medir. Es un tema fáctico que ha de ser probado” y que, por tanto, no queda probado ninguna causa de exclusión. Desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, de la que depende este cuerpo, han señalado que acatan las sentencias, pero que estas últimas son recientes y no son firmes aún, por lo que se está estudiando si recurrirlas o no. 

La plantilla de la Policía Canaria aumentará en 57 plazas, según ha publicado este viernes el Boletín Oficial de Canarias (BOC) tras el proceso selectivo celebrado en los pasados meses. Numerosos opositores se quejaron de la vulneración de las bases de la convocatoria, así como del protocolo por el que se rigen las oposiciones de la comunidad autónoma. 

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este viernes una resolución que incluye el listado de las 57 personas seleccionadas para su nombramiento como funcionarios en prácticas y acuerda la apertura del plazo de 20 días hábiles para la presentación de los requisitos exigidos en la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso mediante turno libre al Cuerpo General de la Policía Canaria.

Transcurrido dicho plazo se dictará Resolución por la que se nombrará funcionarios en prácticas a las personas que cumplan los requisitos y que deberán superar el curso selectivo de formación básica impartido por la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Al finalizar, los funcionarios en prácticas que hayan superado el curso selectivo de formación se les adscribirá a un puesto de trabajo para realizar el periodo de prácticas. Completada esta etapa, la Dirección General de Seguridad y Emergencias nombrará a quienes hayan superado la misma como funcionarios de carrera. 

Se trata de las primeras oposiciones de escala básica que realiza el cuerpo desde que se constituyera en el año 2010 con cien agentes. En aquel momento, una parte de la plantilla accedió mediante oposiciones (un proceso que se inició en 2008) y otra parte por concurso de traslado de policías locales, guardias civiles, policía nacional… Posteriormente, se han realizado concursos de traslado de inspectores y oficiales, pero hasta ahora no se había ampliado la plantilla base con oposiciones.

Sobre el método de revisión del examen también se palpa malestar. Hay quien asegura que no se le permitió verlo y que las explicaciones sobre su suspenso no fueron convincentes ya que había criterios dispares. Así mismo, los opositores podían ver perfectamente el código de su examen. Las pruebas físicas tampoco dejaron indiferente, ya que hay personas que la realizaron y que afirman que no fue grabada como sí ha ocurrido en convocatorias anteriores. 

También se palpa malestar con la “pequeña familia” que se aprecia en la policía autonómica. Se trata de un cuerpo muy pequeño, de reciente constitución, por lo que numerosos opositores aseguran que existen lazos familiares o de amistad entre personas que se presentaron a este cuerpo con altos mandos o personas relevantes del mismo. 

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó ayer en sede parlamentaria que los presupuestos para 2020 de su departamento contemplan un aumento de recursos destinado a reforzar el personal del Cuerpo General de la Policía Canaria de forma que se puedan aumentar sus actuaciones.

En lo que va de año se han realizado más de 4.600 servicios, por lo que Pérez defendió que “hace falta” el incremento presupuestario para el próximo ejercicio a fin de que el Cuerpo General de la Policía Canaria cumpla los cometidos que tiene atribuidos por ley.

El número actual de efectivos, 96, que serán 153 tras la incorporación de otros 57 en enero de 2020, resulta “insuficiente”, según ha opinado el consejero.

El próximo año se ejecutará la OPE de 2019, que supondrá la incorporación de otros 69 efectivos y recordó que el objetivo para el final de legislatura, “si es posible”, es llegar al menos a 300.

El consejero llevó a cabo un repaso de las actuaciones realizadas de enero a octubre de este año y explicó que, durante ese periodo de tiempo, la Policía Canaria realizó 142 servicios a solicitud de los ayuntamientos; 2.944 de orden público; 1.295 de la Unidad de Menores y Familia; 221 de Unidad; nueve de vivienda, 13 de sanidad, y 14 con la Inspección de Trabajo, entre otras.

Además, Pérez anunció la intención del Gobierno autonómico de que la Policía Canaria se despliegue en las islas no capitalinas ante la demanda de los cabildos para que esté presente en las mismas, así como ejercer nuevas competencias y reforzar las actuales.

“Y para todo esto, hacen falta más policías”, remató. La Policía Canaria cuenta en 2019 con un presupuesto de 6.012.966 de euros, y para 2020 serán, previsiblemente, 6.817.371 euros, a fin de poder llevar a cabo el crecimiento previsto.

Las oposiciones para formar parte del Cuerpo de la Policía Canaria, un proceso que aún se está celebrando, están levantando muchas suspicacias. Numerosos opositores se quejan de la vulneración de las bases de la convocatoria, así como del protocolo por el que se rigen las oposiciones de la comunidad autónoma. No se permitieron los diez minutos de lectura antes del examen para elegir entre los cinco supuestos planteados, hubo preguntas fuera de temario y se calificó con otro criterio al establecido. Son algunas de las numerosas irregularidades detectadas si se compara con lo previsto en estos documentos. No obstante, muchos tienen miedo de denunciar o quejarse ya que quieren presentarse a otras convocatorias.

Se trata de las primeras oposiciones de escala básica que realiza el cuerpo desde que se constituyera en el año 2010 con cien agentes. En aquel momento, una parte de la plantilla accedió mediante oposiciones (un proceso que se inició en 2008) y otra parte por concurso de traslado de policías locales, guardias civiles, policía nacional… Posteriormente, se han realizado concursos de traslado de inspectores y oficiales, pero hasta ahora no se había ampliado la plantilla base con oposiciones. Con el actual proceso selectivo, el cuerpo pasará a estar formado por 57 agentes más.

Las bases de esta convocatoria fueron publicadas el pasado 8 de noviembre de 2018. Ya se ha realizado el examen tipo test, el supuesto práctico y la prueba física, y es en el segundo paso donde se produjo una mayor criba de aspirantes (de 397 quedaron 134). Según esas bases, la nota del supuesto práctico se obtendría de la media de los tres ejercicios. Sin embargo, numerosas fuentes consultadas afirman haber suspendido por tener mal el primero de los supuestos, por lo que el examinador no siguió corrigiendo. “Queremos saber la nota del resto de los ejercicios”, es el principal de los reclamados.

Las personas suspendidas no conocen su nota

Otra de las irregularidades que se aprecian es que, según el anexo 1 de las bases de las oposiciones, “las puntuaciones otorgada por cada miembro del Tribunal, ejercicio a ejercicio y las totales deberán reflejarse en las correspondientes actas, no bastando que figure simplemente la calificación de ‘no apto”. Sin embargo, como puede comprobarse en las actas publicadas en la web con las notas finales de la parte teórica, los suspensos aparecen como “no aptos”, por lo que los aspirantes a policías no pueden saber si están muy alejados o no del aprobado. Además, entre el listado de notas provisionales de la parte teórica y el definitivo hay personas que habían suspendido y que aprueban con más de un siete tras la revisión. Por ello, creen que el proceso sería más transparente si se cumpliera con las bases y se publicara con la calificación numérica.

Uno de los supuestos prácticos, según fuentes consultadas por esta redacción, versó sobre un delito de agresión sexual, que no entraba en el temario, que se puede consultar en el Boletín Oficial de Canarias. No obstante, otra irregularidad relatada es que no se permitió que los opositores pudieran llevarse el examen a casa. En el tipo test sí se permitió, aseguran varias de las fuentes, pero en el caso de los supuestos prácticos, el ejercicio que mayor controversia está generando, es imposible conseguir una copia.

Sobre el método de revisión del examen también se palpa malestar. Hay quien asegura que no se le permitió verlo y que las explicaciones sobre su suspenso no fueron convincentes ya que había criterios dispares. Así mismo, los opositores podían ver perfectamente el código de su examen en todo momento, sin que se hubiera realizado una apertura de sobre posterior al examen y que permitiera comprobar, una vez corregidos, los exámenes con los DNI de los aspirantes a estas plazas.

Las pruebas físicas tampoco dejaron indiferente, ya que hay personas que la realizaron y que afirman que no fue grabada como sí ha ocurrido en convocatorias anteriores, ya que no existe ninguna prueba para poder reclamar que un determinado ejercicio está bien hecho.

Las quejas van más encaminadas hacia las irregularidades cometidas en relación a las bases de la convocatoria y al protocolo por el que se rigen las oposiciones de la Comunidad Autónoma. No obstante, también se palpa malestar con la “pequeña familia” que se aprecia en la policía autonómica. Se trata de un cuerpo muy pequeño, de reciente constitución, por lo que aseguran que existen lazos familiares o de amistad entre personas que se presentaron a este cuerpo con altos mandos o personas relevantes del mismo. La Ley 40 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas explica en su artículo 23 que “es motivo de recusación de los tribunales la amistad o enemistad con las personas que se presentan y hasta un cuarto de consanguinidad”. No obstante, hasta el momento aún no se han interpuesto recursos sobre ello ni se han impugnado las oposiciones por este motivo.

Preguntada sobre las posibles irregularidades cometidas y sobre si se han contestado a las quejas recibidas, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha transmitido a este periódico que, de momento, prefiere no hacer declaraciones hasta que acabe el proceso selectivo. Las oposiciones se encuentran llegando a su recta final, ya que solo falta por realizarse las pruebas psicológicas y los reconocimientos médicos. La primera de estas pruebas se prevé que se realicen en los próximos días. En el proceso quedan aún 59 personas que resultaron aptas en las pruebas físicas, que consistieron en prueba de salto, flexión de brazos y test de cooper.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón al recurso presentado por uno de los agentes del Cuerpo de la Policía Canaria, Abraham Catalina –representante sindical de co.bas- después de que le fuera retirada la flexibilidad horaria que le permitía llevar a sus hijos al colegio.

Ese derecho le fue concedido en un principio, de modo que entraba a las 9.00 horas de la mañana y salía a las 16.30 horas cumpliendo sus siete horas y media estipuladas y podía, al mismo tiempo, conciliar su vida laboral y familiar unos días determinados.

Pero según Catalina, después de una reunión con la nueva directora general, Nazaret Díaz Santos, en la que, el portavoz sindical, en cumplimiento de esa labor, expresó las quejas que legítimamente podía tener respecto a la dirección del Cuerpo, esa flexibilidad horaria le fue retirada argumentando que era un turno inventado.

Catalina sostiene que la dirección “insinuó que si no lo presentaba por escrito, sólo de forma hablada, me lo concederían” pero el portavoz sindical no consideró esa opción “pues se trataba de un derecho no sólo mío sino de todos mis compañeros y compañeras”, así que recurrió al documento oficial, al que respondieron con una negativa.

Catalina llevó el asunto a los tribunales e inicialmente el Juzgado número 2 emitió una sentencia en la que le reconocía el derecho, pero no le daba la razón, pero ahora, tras el recurso presentado ante el TSJC, Catalina entiende que la sentencia ha sido “histórica en términos de conciliación familiar y de la utilización caprichosa que se hace de cuestiones que son derechos de los trabajadores”. Y es que, el TSJC ha sido contundente al afirmar que, en contra de lo que quería sostener la dirección del Cuerpo, el servicio policial no puede estar en detrimento de la conciliación familiar, y deben buscarse las alternativas posibles, teniendo en cuenta el trabajo de toda la plantilla pero “ofrecer sólo el cambio de turno al de la tarde como alternativa no es conciliar sino conculcar un derecho”.

Todos los agentes que componen la Unidad Operativa de Menores y Familia del Cuerpo de la Policía Canaria han presentado hoy por escrito su baja como forma de protesta ante unas condiciones de trabajo “bochornosas y desiguales respecto a las demás unidades” por parte de la Jefatura.

Según explica el portavoz de co.bas Canarias, Abraham Catalina, la Unidad de Menores, creada en 2011, viene sufriendo estos “desagravios” desde el inicio, y se trata de cuestiones “que afectan también a la calidad del servicio”, como es el hecho de estar trabajando con una flota de coches de más de 20 años de antigüedad. “Los vehículos tienen que ser camuflados, para causar el mínimo impacto en el menor tal y como recoge la ley, y nos han dado los coches que el Gobierno de Canarias ya tenía casi para desguace”, asegura.

Eso ha provocado numerosos episodios como “quedarnos sin frenos durante el servicio, que explote el turbo y el vehículo esté a punto de prenderse fuego o que se salga una rueda en marcha”; situaciones que han denunciado por escrito en cada ocasión “porque en esos vehículos trasladamos a los menores y en muchos casos a su familia, y la responsabilidad civil si no hemos dado parte del estado del coche en caso de accidente sería para los agentes”.

Además denuncian que tampoco reciben –como sí lo hacen las demás unidades- formación física, a pesar de que su trabajo, según explica Catalina, implica correr muchas veces detrás de los menores o forcejear con ellos, ya que se dan frecuentes situaciones violentas.

Y aunque les obligan a vestir de paisano siempre por el hecho de estar trabajando con menores, y a hacerlo además “de forma decorosa” cuando tienen que estar en sede judicial, el Cuerpo tampoco les costea la vestimenta, como ocurre en otras policías autonómicas o incluso municipales, critican.

El último desagravio se ha producido con el servicio de las Elecciones Generales para las que no contaron con esta Unidad en “igualdad de condiciones”. A los agentes de las demás unidades les han ofrecido la opción de cubrir el trabajo de ese día y les contabiliza dentro de sus 37,5 horas semanales, reciben además a cambio un día libre, el pago de la dieta y la compensación por trabajar un domingo recogida en la Ley de Presupuestos. Sin embargo, no es así para los agentes de la Unidad de Menores. Ellos, si quisieran trabajar esta jornada, tendrían que hacerlo añadiéndola a sus horas semanales, es decir, en su tiempo libre –y pueden ser hasta 12 o 14 horas de trabajo ese día- y solo recibirían el pago de la compensación.

“Nuestra Unidad trabaja de forma coordinada con los Juzgados de Menores 1 y 2 y con la sección de Menores de la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife y esta última nos ha felicitado en numerosas ocasiones”, explica Catalina. “Ha trasladado incluso la petición de que no cambien a los agentes que la componemos actualmente porque alaban nuestro saber estar y el trato que dispensamos a los menores, porque aunque haya medidas judiciales, debe estar orientado a la reeducación, no es una simple intervención policial”, asegura.

“Solo esperamos que desde la Jefatura recapaciten, valoren nuestro trabajo y nos proporciones las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo con dignidad y eficacia”, ha concluido.

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) cuenta con casi un millón más de fondos para este año respecto al anterior, cuando sumaba 5,1 millones de euros. En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, aprobados en diciembre, se incluyeron 6.012.966 millones de euros para un cuerpo que ha incrementado en 34 su número de plazas, pasando de 63 a 97 agentes, dos de ellos en comisión de servicio, a fecha 31 de diciembre de 2018.

Son cifras de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, que ha respondido a una solicitud de información de este periódico a través del Comisionado de Transparencia sobre las peculiaridades de un cuerpo creado en 2008 durante el mandato de Paulino Rivero (Coalición Canaria). La contestación se produce después de que el órgano reprendiese al Ejecutivo regional por no suministrar la información alegando que la divulgación de tales datos afectaba a la seguridad y protocolos de actuación.

En el desglose de la memoria presupuestaria de 2019, el Ejecutivo regional destina 4.939.083 de euros a gastos de personal, aumentando en 400.000 euros respecto a año pasado; para lo que denomina “gastos corrientes” también experimenta un incremento considerable, pasando de 425.000 a 714.683 euros, entre los que destaca “suministros” (400.000 euros) o “indemnizaciones por razón del servicio” (200.000 euros).

Y refleja un último apartado para “gastos de inversión” que asciende a casi 400.000 euros (por los 250.000 de 2018), para el “proyecto de galería de tiro” en el que invierte 170.000 euros, y cuya construcción ya se contemplaba en las cuentas de 2018 con 100.000 euros; cerca de 90.000 euros los destina para el “equipamiento” y otros 100.000 euros para la adecuación de los edificios de comisaría, la de Las Palmas de Gran Canaria -ubicada en el Polígono Las Torres (Las Palmas de Gran Canaria)- y la de Santa Cruz de Tenerife, en la Avenida Principal de Azaña.

En diciembre de 2018 la consejera de Política Territorial dio la bienvenida a 32 nuevos agentes, más dos inspectores, un subinspector y un comisario, en un acto en el que informó sobre una convocatoria que abrió el 20 de noviembre del año pasado. En ese proceso se pretendían cubrir 57 plazas de agentes de la Escala Básica del Cuerpo General de la Policía Canaria. Para ello, levantaron las restricciones para entrar en este cuerpo policial a portadores del VIH, celíacos, diabéticos afectados por psoriasis y bajaron cinco centímetros la altura mínima exigida, pasando de 1,65 a 1,60 metros para los hombres y las mujeres.

El plazo de presentación de solicitudes para la participación en las pruebas selectivas concluyó el 4 de enero, después de ampliarse el 19 de diciembre en 10 días hábiles. El Ejecutivo regional se había marcado como objetivo finalizar 2018 con 150 agentes, pero, como informó a este periódico, cerró 31 de diciembre con 97 plazas. Cabe recordar además que dos de ellas son en comisión de servicio, que los que solo se les permite ocupar dicha plaza durante un tiempo máximo de dos años. 

El Ejecutivo regional ha remitido a la Ley 2/2008 al reclamarle que especificara las funciones del cuerpo. Así, en la norma el catalogo de tareas que debe desempeñar la policía autonómica es muy amplia. Desde “vigilar y proteger personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma de Canarias” a “proteger el medio ambiente” o “colaborar con las instituciones públicas de protección y tutela de menores”. También tiene como mandato trabajar “en coordinación con la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía en la vigilancia del litoral” o “el control de explosivos y de material pirotécnico” o “el control de la inmigración irregular”. Para llevarlas a cabo, mantiene los mismos grupos y unidades que en 2018.

En cuanto al número de vehículos que tiene la policía canaria para desempeñar su actividad, este año aumentan a 53, respecto a los 50 del año 2016, una cifra que hizo pública el propio cuerpo en su cuenta de Twitter después de que se denegara la información que este periódico solicitó al Portal de Transparencia. De esta manera, y en comparación a dicho año, el cuerpo mantiene el mismo número de motocicletas: doce; cuenta con dos furgones menos (11); y aumenta el número de turismos (de 22 a 25) y de todoterrenos (de 3 a 5).

También cabe destacar que la policía canaria no cuenta con una unidad canina, pero ha obtenido la cesión de tres perros, dos en la base de Las Palmas de Gran Canaria y otro en Santa Cruz de Tenerife, para “los ejercicios de adiestramiento y uso en el servicio de seguridad ciudadana”. El gasto en este apartado asciende a 944 euros.

La Audiencia de Las Palmas ha reducido la pena de cárcel impuesta a Carmelo Sosa, ex subinspector de la Policía Autonómica de Canarias, por la comisión de sendos delitos de acoso laboral y lesiones psíquicas a dos agentes del cuerpo. La sección segunda del tribunal provincial ha estimado en parte el recurso presentado por el polémico ex alto mando, hoy jubilado por incapacidad permanente, y le ha rebajado la condena que le impuso el Juzgado de lo Penal 5 de la capital grancanaria en diez meses, hasta los tres años y medio.

Sosa ya fue condenado en firme por el Tribunal Supremo en octubre de 2017 a cuatro años de cárcel por un delito de falsedad documental y una falta de lesiones en el denominado caso Ladrillo, al demostrarse probado que, durante la celebración de los carnavales de 2013 en Las Palmas de Gran Canaria, agredió en el cuello a un subordinado para endosarle un delito a un hombre que había sido detenido durante la fase final de las murgas.

Fue a raíz de ese episodio y de su declaración durante la fase de instrucción de ese procedimiento penal cuando se agravó el trato “humillante, ofensivo, despreciativo y discriminatorio” que dispensaba Sosa a uno de los agentes desde 2010. Según el relato de hechos probados, el subinspector le decía que no merecía ser policía, que solo servía “para estar rodeado de putas y maricones”, le quitaba la palabra en las reuniones de equipo y en los vestuarios, le asignaba los servicios peor considerados por su “falta de dinamismo y soledad” o le denegaba cambios de turno. Esta “continua, sistemática y deliberada conducta de hostigamiento” provocó un trastorno ansioso-depresivo en la víctima que se volvió crónico y acabó en una incapacidad permanente total para el desempeño de su trabajo.

Las vejaciones al segundo denunciante comenzaron cuando declaró en su contra en la instrucción del caso Ladrillo. A partir de ese momento, Sosa se refería al agente en público como “operativo”,“chiflao”, “flipao” o “militroncho”, en alusión a su pasado en el Ejército. El subinspector también informaba de ausencias de este funcionario al servicio que no eran tales con la única intención de propiciar la apertura de expedientes disciplinarios, le exigía cumplir órdenes “injustificadas o innecesarias” y le negaba permisos, sustituciones y el cómputo de horas trabajo. Esta segunda víctima de mobbing también sufrió un trastorno ansioso-depresivo, aunque, a diferencia de su compañero, acabó recibiendo el alta.

En relación con la sentencia impugnada, la Audiencia de Las Palmas solo introduce una modificación en el relato de hechos probados, al suprimir el párrafo que atribuía a Carmelo Sosa la orden de denegar una licencia por estudios a uno de los agentes. En la vista oral celebrada en noviembre de 2017, el comisario de la Policía Canaria, Luis Santos Jara, que defendió la actuación de Sosa en caso Ladrillo, asumió la responsabilidad de esa decisión, que justificó en la ausencia de efectivos en el cuerpo autonómico. Esta modificación sirve al tribunal para reducir en dos meses la pena impuesta al primero de los denunciantes.

La sentencia, que tiene a la magistrada Pilar Verástegui de ponente en una Sala que completan la presidenta de la sección, Pilar Parejo, y Mónica Herreras, diferencia este primer caso, con una situación de acoso que se prolongó durante tres años, del segundo, que limita al periodo comprendido entre febrero y septiembre de 2013 y para el que, por tanto, reduce las penas del año y medio de cárcel por mobbing al año y de los ocho meses por lesiones psíquicas a los seis.

La Sala rechaza el resto de argumentos esgrimidos por la defensa de Carmelo Sosa en su recurso de apelación. El ex subinspector alegaba que se trataba de “incidentes aislados” dentro de un “clima laboral tenso” y sometido a una estructura jerarquizada y daba a entender en su escrito que llamar a un subordinado “operativo, flipao, chiflao o militroncho” no reviste gravedad o no es desagradable y que quitarle la palabra a un agente o minusvalorarlo debe considerarse simplemente como “un estricto y abusivo” ejercicio de poder, pero no una humillación grave.

Sosa sostenía en su recurso que durante este procedimiento penal no se ha tenido en cuenta que los denunciantes “son funcionarios de carrera, con formación académica alta, ambos con estudios superiores y miembros de un sindicato policial”, que la acción judicial se interpuso cuatro años después de sucedidos los hechos y que no existía ninguna grabación que lo acreditase ni reclamaciones previas. A estos argumentos añadía otros vinculados a aspectos formales, como el retraso en el acceso a la grabación íntegra de la vista oral, lo que entendía una incongruencia entre los hechos probados y el objeto de la acusación o que “nunca fuera imputado por un delito de lesiones”.

La Audiencia desestima todos estos motivos de apelación y recuerda que el subinspector conocía durante la instrucción las lesiones psíquicas que padecían los dos agentes, que las declaraciones realizadas por los afectados no solo fueron sólidas, sin contradicciones, sino reforzadas por las de otros testigos y por informes periciales psicológicos “que no dejan lugar a dudas” de los trastornos y las causas que los originan. Son, a juicio de las tres magistradas, “actos que se extendieron a lo largo del tiempo” dando lugar a “un clima de evidente tensión y hostilidad que generó efectos en la salud” de los agentes y un menoscabo grave a su integridad moral.

La sentencia confirma el resto de extremos de la resolución del Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria, es decir, las indemnizaciones de 56.505,85 y 13.000 euros a cada uno de los funcionarios por los días de incapacitación y las secuelas. Además confirma la condena de la Comunidad Autónoma de Canarias como responsable civil subsidiaria.

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias ha convocado 57 nuevas plazas de acceso a la escala básica del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Las orden de la Dirección General de Seguridad y Emergencias con las bases de la convocatoria ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

La convocatoria de 50 de estas plazas responde al mandato parlamentario contenido en la Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, y las 7 plazas restantes corresponden a la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2016 (Decreto 152/2016).

El Cuerpo General de la Policía Canaria fue creado por ley en 2008 en el marco de las competencias autonómicas recogidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía y en la Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias de 2007.

En 2010, se aprobó mediante decreto su reglamento de organización y funcionamiento, estableciendo que su ámbito territorial abarca toda la Comunidad Autónoma y ese mismo año inició su actividad estableciendo dos bases policiales, una en Tenerife y otra en Gran Canaria.

La previsión inicial del despliegue contemplaba un total de 300 efectivos, pero la situación de crisis económica provocó que, mediante acuerdo del Gobierno de Canarias de 30 de septiembre de 2008, se modificara tal previsión reduciéndola a 100 efectivos.

En la actualidad prestan servicio 104 efectivos y se están tramitando diferentes procedimientos de promisión interna (a oficial y subinspector), así como un concurso de acceso a 3 plazas de oficial.

En 2017, el Cuerpo General de la Policía Canaria realizó un total de 9.632 servicios e intervenciones (5.280 servicios y 4.352 intervenciones), entre los que destaca especialmente el apoyo en materia de seguridad ciudadana a los diferentes municipios, que el año pasado supuso 520 servicios en eventos o grandes concentraciones.

Los nuevos efectivos dan respuesta a la necesidad de incrementar la plantilla del Cuerpo General para poder seguir cumpliendo de manera eficaz los requerimientos que se realizan por los diferentes departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Administración de Justicia y de los diferentes ayuntamientos de Canarias.

El objetivo del Gobierno de Canarias es el progresivo incremento de efectivos para poder tener presencia permanente en todas las islas del Archipiélago.

Igualmente, se considera prioritario asumir plenamente las funciones en materia de menores y dotar de más miembros tanto al Grupo de Investigación, dada la relevancia de actuaciones en materia de droga y requisitoriados, como al Grupo Fiscal para la lucha contra el fraude.

81.527,71 euros. Eso es lo que costará este 2018 cada uno de los agentes que conforman en la actualidad el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), creado hace una década durante el mandato de Paulino Rivero (Coalición Canaria) con la Ley 2/008, de 28 de mayo del Cuerpo General de la Policía Canaria. Cuando la policía autonómica de las Islas salió por primera vez a la calle en el año 2010, la primera promoción fue de 100 miembros y el objetivo era que para el año 2013 se alcanzaran los 1.700 agentes. Hoy en día, ocho años después de su nacimiento, apenas cuenta con 63 agentes a pesar de tener un presupuesto general para este ejercicio de 5,1 millones de euros. De este total, 4,4 millones corresponden a los fondos destinados al pago de todo el personal; 425.000 euros a los gastos corrientes en bienes y servicios; y los 250.000 euros restantes a inversiones reales, entre las que están previstas 100.000 euros para la adecuación de la Comisaría de Gran Canaria, 100.000 euros para la construcción de una galería de tiro, y otros 50.000 euros para “otros activos materiales”.

Según las cifras que maneja este periódico, en Tenerife hay cerca de una treintena de policías de la escala básica, mientras que en Gran Canaria hay 21 con este rango. En esta cifra se incluyen a los agentes de cuerpos municipales que están en comisión de servicio, a los que solo se les permite ocupar la misma plaza durante un tiempo máximo de dos años. A ellos hay que añadir los distintos mandos con los que cuenta el cuerpo: en Gran Canaria hay dos policías que hacen funciones de oficial, cuatro oficiales y un comisario, mientras que en Tenerife hay cuatro oficiales, un subinspector, un inspector, un subcomisario y el comisario jefe del cuerpo. La suma da los 63 agentes, por lo que hay 37 plazas sin cubrir a pesar de que el Ejecutivo autonómico cuenta en el presupuesto con este centenar de agentes y quiere aumentar a lo largo de este año la plantilla con 50 nuevos agentes, aunque para llegar a las 150 plazas necesitaría realizar 87 nuevas contrataciones.

Las funciones que debería ejercer el cuerpo son muy variadas, pero como reconocen fuentes consultadas por este periódico, la falta de personal y medios materiales hace imposible que puedan realizarlas todas. Así, en la ley original de 2008 se indica entre las ocupaciones principales que los agentes deben vigilar y proteger personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus entes instrumentales, así como proteger el medio ambiente y los recursos naturales, velar por el cumplimiento de la legislación de ordenación del turismo de Canarias, ejercer la inspección del transporte terrestre en las vías públicas interurbanas y la del transporte marítimo interinsular, velar por el cumplimiento de la normativa sobre el patrimonio cultural canario evitando su expolio o destrucción o colaborar con las instituciones públicas de protección y tutela de menores, así como colaborar con los servicios de salvamento marítimo.

Para todas estas actividades la Policía Canaria cuenta con seis grupos operativos: el Grupo de Menores y Familia (GRUMEF), el Grupo de Respuesta Operativa (GROPE), el Grupo de Medio Ambiente (GRUMA), el Grupo de Custodia y Seguridad (GRUCSE), el Grupo de Información-Investigación a la Seguridad Ciudadana (GIAS) y el Grupo de Custodia y Protección de Personalidades (funciones de escolta, entre otros, al presidente del Gobierno). A estos hay que sumarles la unidad y grupo de apoyo, encargados de la parte administrativa. De todos estos grupos, según la última memoria hecha pública (2016), el GROPE fue el que más intervenciones realizó, con el 46% del total, seguido del GRUMA con el 33%, el GRUMEF con el 11% y el GIAS con el 9%. Acudiendo a la sala de prensa, de las 10 notas publicadas este 2018, siete de ellas corresponden a la detención de menores fugados de centros de menores o que eran requeridos por la Justicia, otra de las notas es de la investigación por un delito contra la seguridad vial, otra de una intervención de madera de cedro canario, especie amenazada y vulnerable, y la última la publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos para acceder a la escala básica de la Policía Canaria.

En esta misma memoria el CGPC señala los eventos más destacados en los que actuó. La mayoría son ferias, romerías, conciertos y otras fiestas como carnavales, así como las elecciones generales de 2016.

Vehículos heredados

Este periódico solicitó el listado de los vehículos con los que cuenta el cuerpo a través del Portal de Transparencia, pero la respuesta fue denegada alegando que la divulgación de tales datos “puede implicar un riesgo para la seguridad pública al ser una información que afecta a la seguridad y protocolos de actuación”. Sin embargo, en la cuenta de Twitter la Policía Canaria hizo públicos estos datos. En total hay 23 vehículos en Gran Canaria y 27 en Tenerife. De estos 50, dos son todoterrenos patrulla, un todoterreno camuflado, nueve turismos de patrulla, 11 turismos camuflados, siete furgones patrulla, tres furgones camuflados y 12 motocicletas. Si todos los agentes trabajaran en el mismo turno casi habría un vehículo por persona.

Una de las reivindicaciones sindicales más repetidas se refiera a que los medios materiales son escasos y, además, se reutilizan de otras áreas y Consejerías del Gobierno, por lo que no tienen las condiciones mínimas para emplearse como vehículo policial. Así, por ejemplo, uno de los vehículos reutilizados como camuflado data del año 1993 y proviene de la Dirección General de Pesca; también se emplea una pick-up que se heredó de otra Consejería en la que se gastaron fondos para pintarla y serigrafiarla con los colores del cuerpo pero que, sin embargo, apenas se puede emplear más que en exposiciones.

Esta escasez de medios choca con el ambicioso documento colgado en la web del Gobierno de Canarias en el que se muestra cómo deben ser los vehículos y medios aéreos y acuáticos empleados por el cuerpo. Ni rastro hay de los todoterrenos de gran capacidad, helicópteros, quads, camiones y las embarcaciones y patrulleras que se anunciaron en su día y aparecen reflejados en internet, ello a pesar de que entre las funciones de la policía está colaborar en los servicios marítimos.

La falta de medios físicos se une a la de medios personales. Por ejemplo, a principios de este mes de abril las consejerías de Políticas Sociales y la de Seguridad, de la que depende el CGPC, firmaron un acuerdo para que los agentes presten apoyo en tareas de control, seguimiento e inspección en centros residenciales para personas dependientes, personas mayores y con discapacidad. En el caso de Gran Canaria, los 21 agentes tendrán estas funciones para los 21 municipios, a lo que hay que añadir las tareas que ya prestaban. Así mismo, a pesar de tratarse de un cuerpo que ejerce sus funciones en todo el Archipiélago, tan solo cuenta con dos bases, una comisaría en el barrio de Las Torres en la capital grancanaria y otra en Añaza en la isla de Tenerife. Por tanto, para cualquier actuación en cualquier otra isla tiene que desplazar sus medios materiales y personales.

El Grupo Operativo Fiscal de la Policía Autonómica ha decomisado 4.300 objetos falsificados entre 2016 y 2017 valorados en 1 millón de euros, en coordinación con la Agencia Tributaria Canaria y la colaboración de otros grupos del Cuerpo General de la Policía Canaria.

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad especifica en un comunicado que el número de intervenciones realizadas en materia de fraude fiscal durante 2016 y 2017 en Canarias se elevó a 58, si bien en ese periodo también se realizaron 44 investigaciones, 20 identificaciones, 66 asistencias a municipios canarios, 19 servicios de grupos y una incautación.

Además de estas actuaciones se han hecho 445 inspecciones por parte de la Agencia Tributaria Canaria, así como otras 21 inspecciones.

Atendiendo a que el Gobierno canario tiene como meta la lucha contra el fraude fiscal, junto a estas actuaciones el Grupo Operativo Fiscal de la Policía Canaria ha tramitado 75 partes, informes y atestados y cuatro notificaciones.

Entre las funciones asignadas a Grupo Operativo Fiscal se encuentran, además de las señaladas para el Cuerpo General de la Policía Canaria, las de asistir a la Administración Tributaria Canaria y, sobre todo, la lucha contra el fraude fiscal.

Entre ellas están realizar actuaciones de investigación sobre actividades o conductas denunciadas en materia tributaria; inspeccionar la actividad en zonas turísticas y puertos, susceptibles de infracción penal o administrativa, en materia tributaria; colaborar en la inspección para el control de vehículos a efectos de la devolución parcial de impuesto sobre combustible, así como colaborar en la inspección de actividades acogidas al régimen simplificado del IGIC.

A estas funciones se añaden las tareas de colaboración en la inspección del control en los establecimientos autorizados del impuesto sobre las labores del tabaco; la localización de bienes patrimoniales de deudores en ejecutiva; la comprobación de domicilios fiscales y locales afectos declarados en el modelo 400; así como protección en actuaciones conjuntas al personal de la Agencia Tributaria Canaria que realiza inspecciones, entre otras.

La antaño cuestionada políticamente Policía Canaria ha sido respaldada este martes por todos los grupos parlamentarios, que sin excepciones han demandado que este Cuerpo se dote con un mayor número de efectivos para que pueda acometer con “eficacia y eficiencia” los servicios que tiene asumidos por Ley.

Y es que la infradotación del Cuerpo policial autonómico es notoria: solo 84 efectivos (41 en la zona occidental y 42 en la oriental, más el Comisario Jefe), que el año 2016 llevaron a cabo “9.200 intervenciones y 2000 servicios de los 14.000 solicitados por los ayuntamientos”.

Una carencia de medios humanos que es aún más acentuada si se compara con los 3.500 efectivos con que cuentan las policías locales en el Archipiélago o si se detalla que, de todos las intervenciones realizadas por la Policía Canaria, “4.000 están relacionadas con menores y 880 con el absentismo escolar”.

Consolidar el cuerpo

“Necesitamos más efectivos para la demanda de trabajo que se solicita, no se pueden atender más porque no hay medios”, aseguró la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, antes de anunciar su intención de “agilizar la autorización de Función Pública para nuevas incorporaciones y llegar a 104 plazas” este mismo año.

Barreto insistió en que “hace falta crecer, cuando se ideó, la Policía Canaria era de 300 miembros, en 2008 se redujo a 100 y nos está costando años llegara esa cifra”. “O crecemos o no podemos asumir más funciones, porque los agentes no asumen más de lo que pueden, lo ideal es tener más personas para desarrollar todas las solicitudes para, como ellos mismos piden, consolidar el Cuerpo”, remachó.

La diputada Gladys Acuña (NC), que fue la solicitante de la comparecencia, pidió la renovación de la Ley de Cooperación de Policías Locales de Canarias para que “poner en valor el recurso de la Policía Canaria para que repercuta por igual en todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma”.

Renovar la Ley de Cooperación

Y es que a la escasez de efectivos hay que sumar los problemas derivados de la cooperación solicitada por los ayuntamientos junto a los Cuerpos y Fuerzas del Estado, cuya “escasez” crónica en Canarias supone que, como aseguró el diputado del Grupo Mixto (ASG) Jesús Ramos Chinea, “a algunos ayuntamientos les cueste hasta organizar una simple Procesión” en Semana Santa.

Por ello, y como Acuña, el portavoz del Mixto demandó “una norma actualizada acorde con la realidad actual” en materia cooperación, pues “la seguridad es primordial como reclamo de destino turístico”.

Una modificación, en palabras de Acuña, en la que participen los sindicatos policiales y los “responsables de administrar el dinero público” porque también debe clarificar la dotación económica, pues “de nada sirve la buena voluntad sin ficha financiera y todos nos tenemos que mojar”.

“Mañana hay convocada una reunión del grupo de trabajo para modificar la Ley de Cooperación de las Policías Locales. No es un tema sencillo, queremos consenso, aunque no satisfaga a todas las partes, para que sea efectivo y lo asuman ayuntamientos y policías locales para antes de que finalice el último trimestre del año”, aseguró la consejera.

Sobrecarga

Por su parte, Natividad Arnáiz, de Podemos, pidió un “estudio de carga de trabajo para que el mismo sea eficiente” y evitar “una sobrecarga” en los escasos agentes. “Una vez que el Cuerpo existe debe estar dotado de medios humanos y materiales no solo por necesidades de los servicios sino por su propia seguridad”, remachó.

Para Arnáiz, la infradotación provoca que“haya unidades que ni siquiera pueden salir de su base”, toda vez que “si existen unas diez, muchas no pueden ser operativas,porque no salen las cuentas, y nos tememos que solo sirven para la foto”.

La socialista Nayra Alemán mostró su “preocupación por las plazas vacantes que no se dotan desde hace más de cinco años” y la conservadora Luz Reverón instó a “que se haga efectivo el convenio de colaboración” y se lleve a cabo un “estudio comparativo de la normativa de otros cuerpos y fuerzas de seguridad” , a la vez que “tener en cuenta los servicios para planificar las tareas” que deben acometer los 84 efectivos de la Policía Canaria.

“Es la primera vez que oigo hablar bien de la Policía Canaria a quienes no son de CC ni el PNC, y me alegra, aseguró el nacionalista Juan Manuel García Ramos, quien también demandó ”activar los instrumentos para la eficacia y eficiencia de un Cuerpo que debe estar arraigado y profesionalizado“.

Por último, recordó que también “hay 600 vacantes estructurales en los cuerpos del Estado”, por lo que consideró que “puede ser el momento idónea para recuperar lo que fue la idea primera de la Policía Canaria y pudiera tener hasta 1.700 miembros.

Como se recordará la Policía Autonómica participa en vigilancia de centros educativos, prevención del absentismo escolar, apoya a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en casos de emergencias, búsquedas de desaparecidos, actúa en vertidos de residuos, custodia y vigilancia de edificios oficiales y hace labores de asistencia a la Administración Tributaria Canaria contra el fraude fiscal e inspección de puerto, entre otras funciones.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al subinspector del Cuerpo General de la Policía Canaria Carmelo Sosa a nueve meses de prisión y 18 meses de privación del carnet de conducir por un delito contra la seguridad vial, consistente en negarse a someterse a una prueba de detección de alcohol en aire espirado.

Sosa ya fue condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas el pasado mes de septiembre a cuatro años de cárcel por un delito por un delito de falsedad en documento oficial y una falta de lesiones enmarcados en el denominado caso Ladrillo, que estalló la Base de Gran Canaria. El caso lo destaparon dos agentes, que acusaron a Sosa de agredir en el cuello a un subordinado, para posteriormente endosarle el delito a una persona que había sido detenida durante la final de la fase de murgas de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria de hace tres años.

La división generada entre los mandos y sus subordinados evidenció tensiones internas, por las que se creó una comisión de investigación que alertó de “un conflicto de convivencia, tan complejo como global”, en la sede de la isla redonda. El Gobierno regional confirma que, de momento, Sosa sigue formando parte del Cuerpo, pero se encuentra de baja.

Según se desprende de la sentencia, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, el juez considera probado que sobre las 17.00 horas del pasado 15 de marzo, Sosa invadió un carril en sentido contrario, cuando conducía por el municipio grancanario de Santa Brígida.

Una maniobra que fue detectada por un dispositivo de la Policía Local, que procedió a parar su vehículo. Sin embargo, el acusado omitió el requerimiento y tuvo que ser seguido por el coche de Policía, que utilizó señales acústicas y luminosas, hasta que finalmente paró el coche.

En ese momento “los agentes actuantes apreciaron que el acusado presentaba ciertos signos de impregnación alcohólica, tales como habla pastosa, fuerte olor a alcohol y deambulación inestable”. Motivo por el que le sometieron a la prueba de impregnación mediante un eliómetro de muestreo, obteniendo un resultado de 0,75 mgs. de alcohol por litro de aire espirado, una cifra que triplica el valor máximo permitido.

Posteriormente, los policías trasladaron a Sosa a la Jefatura de Santa Brígida para hacerle la misma prueba, esta vez con un eliómetro de precisión, de marca y modelo debidamente homologado. En esta ocasión, el acusado se rechazó someterse a la prueba, a pesar de conocer las consecuencias legales de su negativa alegando que “no lo haría hasta que estuviera presente su abogado”.

El letrado no llegó a las dependencias policiales hasta las 20.00 horas, momento en que Sosa solicitó soplar, pero el instructor de las diligencias no se lo permitió.

Sobre este aspecto, el magistrado sostiene que “a nadie se le escapa que la prueba de alcoholemia, para ser fiable, debe realizarse lo más cerca posible en el tiempo del acto de conducción, y que si se lleva a cabo con tres horas de dilación, no reflejará fielmente el posible estado de intoxicación etílica que tenía el conductor cuándo fue interceptado por los agentes de Policía. Por otra parte, no existe derecho alguno del detenido a exigir la presencia e intervención del letrado en la práctica de esta prueba”.

Durante su comparecencia, Sosa afirmó que “había tomado una cerveza, durante la comida” y que se paró cuando se percató de la presencia de los policías. El aparato de muestreo, dijo, mostró un resultado de 0,45 mg/l. Respecto a la invasión del carril contrario, explicó que había intentado evitar el guardia muerto de la calzada.

La Fiscalía calificó los hechos como constitutivos de dos delitos contra la seguridad vial y solicitó que impusiera al acusado penas de dos años y seis meses de privación del carnet de conducir y 10 meses de prisión. La defensa, por su parte, interesó la libre absolución.

El juez eximió a Sosa de haber cometido un delito contra la seguridad vial, porque consideró que haber invadido puntualmente el carril contrario de circulación, para rebasar una banda reductora de velocidad, no se trata de “una infracción excesivamente grave o que pusiera en peligro a otros conductores”.

“Por otra parte, aunque el acusado desprendía olor a alcohol y tenía el habla pastosa y repetitiva, tampoco mostraba una acusada descoordinación motora”, apostilló en base a las declaraciones contrapuestas de los policías que lo detuvieron.

La tasa reflejada en la primera muestra, explicó, no puede considerarse acreditada, puesto que no se realizó con los requisitos reglamentarios exigibles en un juicio. La sentencia no es firme y contra la misma cabe la interposición de un recurso de apelación.

El colectivo Sin Identidad ha presentado a las consejerías de Políticas Sociales, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias una propuesta para tramitar en el Parlamento regional la primera proposición de ley de niños robados en España.

El documento, que se ha registrado este martes en la Cámara, comprende, entre otras cosas, la creación de una unidad especial dentro de la Policía Canaria para “investigar la desaparición forzada infantil y compraventa de seres humanos en Canarias”.

Esta unidad dependerá directamente del Jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria y podrá efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal.

Para realizar su labor, la unidad tendrá acceso directo a los archivos de organismos públicos y privados de Canarias, y podrá solicitar informaciones, testimonios y documentos de la época de la dictadura franquista.

Asimismo, la futura ley contemplará la creación de la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad (COCADI) que funcionará adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, del Gobierno de Canarias, y tendrá hilo directo con la unidad de la Policía Canaria.

Entre sus funciones se encontraría, por ejemplo, dar cumplimiento a la 'Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños', e impulsar de “modo activo” y hacer “seguimiento” de los trabajos de búsqueda de hijos e hijas víctimas de desaparición forzada infantil y compraventa en Canarias.

La comisión estará conformada de forma paritaria entre las asociaciones de afectados y las administraciones públicas.

Así, estará representado el Diputado del Común, representantes de las consejerías de Presidencia y Políticas Sociales, Delegación del Gobierno, cabildos de Tenerife y Gran Canaria, y seis miembros del colectivo Sin Identidad de las dos islas centrales.

Fuentes cercanas al colectivo han señalado que en las próximas semanas se reunirán con los seis grupos parlamentarios -Nacionalista, Socialista, Popular, Podemos, Nuevas Canarias y Agrupación Socialista Gomera- para recabar apoyos, pero por ahora, los primeros contactos han tenido una “buenísima respuesta”.

Ya en el pasado mes de mayo, el Parlamento canario aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley en la que se reconocía el robo de bebés como crimen de lesa humanidad, y posteriormente también se obtuvo el apoyo de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria.

La Guardia Civil ha investigado a dos personas de 21 y 25 años de edad como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial, al entablar una competición de velocidad con dos vehículos en la GC-1 que grabó un agente de la Policía Canaria.

El pasado 23 de septiembre, este agente, que había terminado su jornada de trabajo y se dirigía a su domicilio, grabó a dos vehículos que conducían paralelamente en la GC-1, entre los kilómetros 23 y 24, donde frenaban hasta velocidades anormalmente reducidas para el límite legal establecido (120 kilómetros por hora, al ser una autopista), y luego iniciaban una aceleración fuera de rigor, poniendo en peligro al resto de usuarios de la vía.

En el vídeo se apreciaba cómo el agente, al igual que otros vehículos que circulaban en esos momentos, tenía que frenar para no colisionar con los dos vehículos conducidos por los infractores, según ha informado este viernes en un comunicado el instituto armado.

Los investigados cometieron dos delitos: crear un obstáculo en la vía -puesto que casi pararon en ella-, y conducir de forma temeraria, ya que, acto seguido aceleraban rápidamente para comenzar una competición entre ellos de velocidad.

Realizadas las gestiones policiales, solo uno de los conductores resultó ser el titular del vehículo, siendo el conductor del segundo coche un familiar del propietario.

El pasado día 25 los investigados por supuestos delitos contra la seguridad vial quedaron a disposición de un juzgado de guardia de Telde.

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará a lo largo de esta semana, los días 23, 24 y 26 de mayo, al subinspector de la Policía Canaria Carmelo Sosa y tres agentes de este cuerpo policial que presuntamente falsearon las diligencias practicadas a un detenido para imputarle un delito de atentado a la autoridad en los carnavales de 2013 en Las Palmas de Gran Canaria.

Las vistas tendrán lugar durante tres jornadas que comenzarán a las 09.45 horas y estaba previsto que estuviera presidido por el juez Salvador Alba, quien finalmente ha decidido no acudir al mismo, siendo sustituido por el magistrado Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide penas de entre cuatro y seis años de cárcel para Sosa y los tres agentes, a los que consideran como presuntos autores de un delito de falsedad documental. Además, también acusa a dos de los policías de un delito contra los derechos individuales y al subinspector de una falta de lesiones.

El origen del caso Ladrillo data de febrero de 2013, cuando el policía H.L. acusó a su superior de haberle hecho una serie de heridas en el cuello para atribuirle posteriormente la agresión a un detenido y justificar así, supuestamente, una actuación errónea. Este hecho originó que la Guardia Civil iniciara una investigación en la que llegaron a desaparecer pruebas.

La detención de un hombre durante la última jornada de la competición oficial de murgas de la capital grancanaria, tras recibir el aviso de que podría estar traficando con drogas fue el detonante del caso. Al parecer, los agentes encontraron que el detenido portaba una pequeña bolsa con un contenido sin identificar (posteriormente se comprobó que no era cocaína), no llevaba su documentación y ofreció presuntamente resistencia al ser trasladado a las dependencias policiales. El escrito de la Fiscalía señala que esta persona se alteró y fue reducida por varios policías, y que cuando fue trasladado al Hospital Doctor Negrín para ser asistido, el subinspector Sosa ordenó que se le condujera a la base de la Policía Canaria de Las Torres y que él se haría cargo de las diligencias junto a otro de los imputados.

Una vez allí la víctima pidió el habeas corpus al considerar que había sido detenido injustamente. Sin embargo, le fue denegado y terminó pasando más de un día en el calabozo, debido a que supuestamente el escrito de la detención no se correspondía con la realidad y recogía una agresión que nunca cometió y que pudo ser inducida por el superior en Las Palmas a posteriori, para justificar una actuación errónea.

Poco tiempo después, H.L. y una serie de compañeros denunciaron ante el Juzgado que el responsable de las marcas de su cuello había sido Carmelo Sosa., no el detenido, tras lo que se inició la investigación por parte de la Guardia Civil. Durante el tiempo en que duró las diligencias previas, varios sindicatos de la Policía Canaria denunciaron en diversas ocasiones un empeoramiento en sus condiciones laborales, lo que ha derivado en que las bajas registradas sean considerables. Además, el inspector R.M. comunicó su decisión de abandonar el Cuerpo.

En el escrito de acusación se indica que en la elaboración del atestado no tomaron parte los agentes que intervinieron y que se detalló que el detenido se abalanzó sobre un policía al que agarró por el cuello y cayó al suelo, y que dos de los acusados lo firmaron pese a conocer que no fueron esos los hechos que sucedieron.

Estos dos acusados, sin embargo, cuando presentaron al detenido en el juzgado de guardia junto con el atestado, pusieron en conocimiento de la Fiscalía y del juzgado que las diligencias no se ajustaban a lo sucedido, por lo que en ambos concurre como atenuante la confesión. Para estos dos policías, a los que la Fiscalía considera como presuntos autores de un delito de falsedad, se solicita la pena de cuatro años de prisión, una multa y la inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de tres años.

El Ministerio Público pide que se imponga una pena de seis años de cárcel al subinspector y al agente que actuó como secretario en la instrucción de las diligencias por el delito de falsedad documental cometido por funcionario, y que se les inhabilite por ese tiempo para empleo o cargo público. Además, solicita para ambos una multa y la inhabilitación por otros tres años por el delito contra los derechos individuales y al subinspector, por la falta de lesiones, otra multa.