La Policía Canaria ha detenido ya a 30 personas en la denominada operación Currican, que indaga en la supuesta difusión de imágenes de índole sexual entre menores de edad, con registros que se han extendido por nueve municipios de Gran Canaria y que han llegado también a El Hierro.

Según ha detallado este martes la Consejería regional de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad en un comunicado, la Policía Canaria comenzó este lunes un dispositivo bajo la coordinación de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, plaza número tres, y la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Los registros en domicilios se han llevado a cabo en los municipios grancanarios de Las Palmas de Gran Canaria -14-, Arucas -cuatro-, Santa Lucía de Tirajana -tres-, Santa Brígida y Telde -dos en cada uno-, y Teror, Ingenio, Mogán y San Bartolomé de Tirajana -uno en cada uno-, así como otro más en la isla de El Hierro.

Los delitos en los que indaga el antes conocido como Juzgado de Violencia Sobre la Infancia y la Adolescencia, dirigido por el magistrado Tomás Martín, son contra la libertad sexual a menores de 16 años, corrupción de menores y contra la salud pública, y se mantiene el secreto de las actuaciones.

En este operativo policial han participado más de 130 efectivos de la Policía Autonómica de distintas unidades operativas, entre ellas el Subgrupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, la Unidad de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Vigilancia e Inspección, el Grupo de Menores, el Subgrupo de Auxilio Judicial y el Grupo de Guías Caninos.

Además, dada la complejidad del mismo, ha sido necesario movilizar a agentes desde la comisaría insular de Tenerife para brindar apoyo a los desplegados en la de Gran Canaria, ha precisado la Consejería. 

Diecisiete personas han sido detenidas este lunes en Gran Canaria por su posible vinculación con una trama que difundía imágenes de abusos infantiles en la isla en el marco de una operación llevada a cabo por la Policía Canaria y autorizada por el juez de Violencia contra la Infancia.

Según han informado a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, la operación policial continúa en marcha, por lo que no se descartan nuevas detenciones y más registros en domicilios de la isla.

El periódico 'Canarias7' ha adelantado que este operativo se lleva a cabo contra la distribución de imágenes de pornografía infantil, dentro de una red que se dedica, presuntamente, a producir y compartir imágenes de menores de edad en Gran Canaria, si bien se encuentra bajo secreto de sumario.

Durante la operación, se han registrado 17 domicilios en seis municipios de la isla.

Los delitos que se investigan en la causa son: contra la libertad sexual de menores de 16 años, corrupción de menores y tráfico de drogas.

Las actuaciones están coordinadas por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, ahora conocido como Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige el magistrado Tomás Martín.

El Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural perteneciente a la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa de la Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido en el norte de Tenerife a un hombre que se encontraba inhabilitado judicialmente para la tenencia de animales, como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena y un nuevo delito de maltrato animal.

La actuación se activó tras una inspección en una finca donde los agentes localizaron 16 perros vivos en estado de abandono severo, en un entorno de condiciones insalubres extremas. En la parcela se hallaban restos orgánicos y animales diseminados por diferentes puntos del terreno, incluyendo el cadáver de un perro cachorro, un hurón fallecido y restos óseos compatibles con canes.

El escenario presentaba, según la Policía, un deterioro generalizado, con acumulación prolongada de suciedad, heces, estructuras inservibles y zonas de confinamiento sin ventilación ni higiene, lo que evidenciaba una situación mantenida en el tiempo y sin ningún tipo de control sanitario.

Los animales supervivientes mostraban un estado físico muy comprometido, con signos de desnutrición, debilidad y patologías asociadas a la ausencia prolongada de cuidados veterinarios.

Las actuaciones se mantienen bajo investigación para determinar el alcance de los hechos y la posible existencia de otros episodios previos o animales afectados no localizados en el recinto inspeccionado.

La Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias aprobó el pasado 5 de mayo un protocolo de actuación contra el acoso en el entorno laboral de la Policía Autonómica. Poco más de un mes después, ha anulado esta resolución al constatar ''la necesidad de someter dicho protocolo a negociación colectiva previa'' y ''asegurar su máxima eficacia y adecuación'' a las circunstancias específicas y excepcionales del personal del Cuerpo General de la Policía Canaria. ''Lo más llamativo no es la rectificación [...] Lo verdaderamente preocupante es que nadie advirtiera antes un requisito jurídico tan elemental'', ha lamentado en un comunicado el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca).

La propia resolución, firmada el 19 de junio por el director general de Seguridad, David del Pino Franquet, hace referencia a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que serán objeto de negociación las materias en las que así se establezca en la normativa de prevención de riesgos laborales. También cita la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que reconoce en su artículo 34,1 el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la participación y representación en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en su trabajo.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres prevé que para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las administraciones públicas negociarán un protocolo de actuación con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores.

Una ''chapuza anunciada''

En esta línea, el Sepca considera ''difícil'' de comprender cómo una Dirección General con servicios jurídicos, mandos, asesores y responsables administrativos ''pudo tramitar, firmar y publicar un protocolo de esta relevancia sin percatarse de una exigencia legal tan evidente'' y tildan los hechos de ''chapuza anunciada''.

''La consecuencia es tan ridícula como preocupante'', continúan en un comunicado. Desde el sindicato afirman que durante semanas se anunció la existencia de un protocolo contra el acoso laboral y se difundió como ''una herramienta de protección para los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria''. ''Y ahora la propia Administración reconoce que no podía haber sido aprobado de esa manera'', critican.

El Sepca también cuestiona que la Dirección General de Seguridad cree un protocolo específico para la Policía Canaria cuando el Gobierno autonómico ya dispone de un protocolo general frente al acoso laboral. ''No estamos ante un vacío normativo. No falta regulación. No faltan procedimientos. No faltan garantías. Existe ya un protocolo único, consolidado y garantista, diseñado precisamente para asegurar la objetividad, la imparcialidad y la protección de las personas denunciantes frente a posibles presiones jerárquicas o corporativas'', subrayan.

El sindicato de empleados públicos del Archipiélago insiste en que, desde una perspectiva sindical, la preocupación ''es evidente'', y advierten de que un protocolo específico para la Policía Canaria supondría que los ''numerosos casos de acoso laboral que actualmente se tramitan a través de los mecanismos generales de la Administración'', pasarían a gestionarse dentro del propio ámbito de la Dirección General.

''Dicho de forma más clara: donde hoy existe una supervisión externa e independiente respecto de la cadena de mando policial, se pretendía sustituirla por un sistema controlado desde la propia organización afectada por las denuncias'', matizan. ''La experiencia demuestra que denunciar situaciones de acoso dentro de organizaciones fuertemente jerarquizadas ya supone un enorme coste personal y profesional para las víctimas. Pretender además que la investigación quede bajo el paraguas de la misma estructura donde se producen los hechos no contribuye precisamente a generar confianza'', continúan.

Las polémicas oposiciones para el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria entran en la vía penal. Después de seis meses de investigación preprocesal, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha decidido este miércoles enviar el expediente a los juzgados de la capital grancanaria por considerar que se pueden haber cometido los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa por parte del presidente del tribunal calificador y del director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias. 

Los opositores afectados, a su vez denunciantes, han solicitado de inmediato la paralización urgente del procedimiento selectivo y, por consiguiente, la cancelación de la incorporación de los aspirantes, prevista por el Gobierno para el próximo 1 de junio.

Según recoge el Decreto de Fiscalía, existirían indicios de posibles delitos previstos en los artículos 390, 405 y 406 del Código Penal, relacionados con la actuación del entonces presidente del tribunal calificador, Ángel Nichel Acosta Hernández, así como del director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, José Manuel González Afonso. 

La investigación parte de las denuncias formuladas por opositores afectados, quienes pusieron en conocimiento de la Fiscalía que el presidente del tribunal habría impartido formación específica a aspirantes en una academia privada en el barrio de Tamaraceite, que figura a nombre de su mujer, dentro de los cinco años anteriores a la convocatoria oficial, circunstancia expresamente prohibida por las bases reguladoras del proceso selectivo. 

Para demostrarlo, los denunciantes aportaron una grabación de Acosta presuntamente impartiendo las clases y de pagos del importe de las mismas mediante Bizum a su número de teléfono.

El Ministerio Fiscal señala además que la firma de la declaración responsable que presentó para formar parte del tribunal podría constituir un presunto delito de falsedad documental si se acreditara que dicha actividad docente existió efectivamente.

La prevaricación administrativa que señala la Fiscalía en su decreto responsabilizaría al director general de Estudios y Formación por “nombramiento ilegal y aceptación de nombramiento” del presidente del tribunal.

Pese a la gravedad de los hechos investigados y la existencia de actuaciones judiciales y medidas cautelares promovidas por los afectados, la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno canario acordó recientemente la incorporación de 141 aspirantes como funcionarios en prácticas, fijando su toma de posesión para el próximo 1 de junio. 

Ante esta novedad judicial, los afectados solicitaron este miércoles la paralización cautelar inmediata del proceso selectivo, la suspensión de la toma de posesión prevista de los 141 aspirantes, la depuración de todas las responsabilidades administrativas y políticas derivadas de los hechos investigados y la garantía de un procedimiento plenamente transparente, imparcial y ajustado a Derecho. 

En un comunicado remitido a este periódico, consideran que “la continuación del proceso podría provocar consecuencias irreversibles y un grave perjuicio tanto para los opositores perjudicados como para la propia credibilidad institucional de la Policía Canaria”. 

Además, anuncian que continuarán ejerciendo “todas las acciones legales necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos”. Porque “lo que está ocurriendo trasciende unas simples oposiciones. Está en juego la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, en la limpieza del acceso a la función pública y en la credibilidad del sistema”, concluye el comunicado.

Agentes de la Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria han localizado y detenido en Tenerife a un hombre sobre el que pesaba una requisitoria internacional por ciberdelincuencia y estafa, tras una investigación centrada en sus movimientos clandestinos y su entorno de apoyo.

Las pesquisas permitieron constatar que el ahora detenido habría llegado incluso a perjudicar económicamente a personas de su entorno más cercano, estafando presuntamente a un familiar directo por un importe aproximado de 20.000 euros.

El investigado llegó a ocultarse en la zona de Benijos, en la parte alta del término municipal de La Orotava, tratando de mantenerse alejado de cualquier exposición pública. Finalmente, los agentes lograron localizarlo en el municipio de Candelaria, donde presuntamente se refugiaba en el domicilio de un familiar lejano.

Según la investigación, el prófugo adoptaba medidas para dificultar su detección, evitando el uso de documentación personal, registros administrativos o movimientos fácilmente rastreables.

Debido a su presunta vinculación con actividades relacionadas con la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales, apenas abandonaba el domicilio, limitando al máximo sus desplazamientos y extremando las medidas para evitar dejar cualquier tipo de rastro.

Los agentes consideran que esta forma de actuar respondía a una estrategia deliberada para reducir al máximo tanto su huella física como digital mientras permanecía oculto.

La operación culminó con la localización y detención del investigado, procediéndose a su ingreso en prisión y poniendo fin a su evasión de la acción judicial.

Colectivos de opositores y afectados por el proceso selectivo que se sigue en el Cuerpo General de la Policía Canaria han mostrado su “profunda preocupación e indignación” ante la difusión en redes sociales por parte de un presunto sindicato que aparenta estar relacionado con la UGT de información anticipada relativa a la incorporación de 143 aspirantes a la Academia Canaria de Seguridad, “incluso indicando fechas y aspectos organizativos relacionados con uniformidad y tallaje”. Todo ello sin que se hayan resuelto los contenciosos interpuestos ante la Justicia y sin que se haya producido información oficial por parte de la Consejería de Presidencia y Seguridad, que es la competente.

“Los hechos son especialmente graves debido a que este proceso selectivo continúa inmerso en procedimientos judiciales actualmente en trámite ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, ha dicho un portavoz a este periódico. Esos pleitos incluyen la petición de medidas cautelares que no se han resuelto. “En este contexto, resulta absolutamente improcedente que una organización sindical actúe como canal previo de información institucional, adelantando decisiones que oficialmente no han sido notificadas”.

Los afectados señalan “un posible tráfico o filtración de información privilegiada”, así como “la existencia de relaciones impropias entre determinados responsables del proceso y miembros vinculados al citado sindicato”.

La preocupación aumenta para estas personas al conocer, según relatan, que algunos mandos presuntamente relacionados con las irregularidades denunciadas durante el proceso selectivo “mantienen vínculos directos con dicho sindicato y, además, tendrían un interés personal en el resultado del procedimiento, al encontrarse familiares directos —hijos, esposas y otros allegados— entre las personas pendientes de incorporación a la academia”.

De ahí que los afectados exijan a la Administración autonómica “transparencia absoluta, que se investigue cómo ha accedido el sindicato a información que no ha sido comunicada oficialmente, que se depuren responsabilidades en caso de confirmarse filtraciones o trato de favor, que se garantice la imparcialidad y legalidad del proceso selectivo y que se respete escrupulosamente la actuación de los órganos judiciales mientras existan procedimientos abiertos”.

El colectivo de opositores afectados por el último proceso selectivo correspondiente a la convocatoria 2023 de acceso al Cuerpo General de la Policía Canaria ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra esas oposiciones. Al mismo tiempo, el colectivo ha solicitado a la justicia la adopción de medidas cautelares urgentes, “consistentes en la suspensión inmediata del procedimiento selectivo actualmente en curso”, según un comunicado hecho público este martes. 

Los opositores basan esta petición y el correspondiente recurso en “la existencia de graves irregularidades detectadas a lo largo de todo el proceso, que comprometen los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público”. 

El colectivo de afectados ha criticado duramente unas recientes declaraciones públicas del director General de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino Franquet, a varios medios de comunicación en las que ha llegado ha dado por hecha la incorporación de 143 nuevos agentes al Cuerpo General de la Policía Canaria, las plazas que precisamente están en litigio. Por eso, los opositores hacen un llamamiento a los medios de comunicación para que “se esfuerzan por trabajar con información contrastada y veraz, a todos los estamentos políticos y a la sociedad canaria para que aúnan esfuerzos por hacer justicia y de una vez acabar con todas las irregularidades que se están cometiendo de forma reiterada y dolosa en los procesos selectivos de toda Canarias”. 

Los opositores afectados manifiestan su “firme compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los derechos de todos los aspirantes”, y subrayan la necesidad de que “se esclarezcan los hechos denunciados y se depuren las responsabilidades que correspondan”. 

La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias ha respaldado este miércoles el borrador de la futura Ley de Policías, que regulará en un único cuerpo normativo el conjunto del sistema policial del archipiélago, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

De esta forma, supera la actual fragmentación derivada de la coexistencia de la Ley 6/1997 de Coordinación de Policías Locales, y de la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria, cada una de las cuales atiende parcialmente a una sola dimensión del modelo policial canario.

El Gobierno señala que el texto consensuado también plantea un régimen estatutario común (acceso, escalas, formación, derechos, deberes, segunda actividad y régimen disciplinario), aplicable tanto a la Policía Autonómica Canaria como a los cuerpos de Policía Local Canaria, eliminando las asimetrías que hoy existen entre ambos colectivos en estas materias.

Por otro lado, se unifican las escalas y empleos de ambos cuerpos (Superior, Técnica, Ejecutiva, Básica y Facultativa), corrigiendo la dispersión actual derivada de las leyes vigentes, y se establece una identidad corporativa común que incluye el cambio de denominación a Policía Autonómica Canaria y Policía Local Canaria para consolidar la imagen institucional del sistema policial canario.

Respecto a la Policía Autonómica Canaria, el borrador supera la concepción más restringida de la Ley 2/2008 y actualiza su posición competencial como un cuerpo con plenitud funcional dentro del marco constitucional y estatutario.

La Comisión de Coordinación de Policías Locales ha aprobado también la propuesta para homogeneizar los símbolos y uniformidad de las Policías Locales de Canarias. La propuesta refuerza, por primera vez de forma sistemática, el concepto integrado de Policía Canaria (entendida como sistema configurado por la Policía Autonómica Canaria y los Cuerpos de Policía Local de Canarias), dotándola de una imagen visual común, reconocible y coherente.

Así, entre otras medidas, se unifica la tipografía, color y proporciones, sustituyendo la dispersión actual de leyendas, escudos y rotulaciones existentes en los distintos municipios del archipiélago para una presencia policial visualmente coherente en todo el territorio canario que contribuya a la inmediata identificación del agente de la autoridad.

Por su parte, la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, valora que se haya llegado a este consenso: “Agradezco a la FECAM, las organizaciones sindicales más representativas y los jefes y jefas de los Cuerpos de Policía que hayan primado el objetivo de contar con una nueva Ley de Policías de Canarias, aunque hayan tenido que hacer renuncias para alcanzar el acuerdo”.

Y añade que “la elaboración de un anteproyecto de esta envergadura, que afecta simultáneamente a la Administración autonómica, a las administraciones locales, al personal policial y a sus representantes, no admite soluciones unilaterales. En este proceso, el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Seguridad, la FECAM, las organizaciones sindicales más representativas y los jefes y jefas de los Cuerpos de Policía han aportado, debatido, matizado y mejorado el texto desde sus respectivas perspectivas legítimas, pero con el objetivo común de dotarnos de un marco normativo policial moderno, coherente y operativo después de casi 30 años”.

El director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino, destaca que el texto consensuado “refuerza la ordenación general y la coordinación supramunicipal con la creación del Consejo de Policía Canaria y una nueva regulación de la Comisión de Ordenación y Coordinación de los Cuerpos de Policía Local Canaria”.

“El primero se plantea como un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor, integrado por representantes de las Policías de Canarias (Policía Autonómica, Policías Locales y sindicatos), y el segundo, como un órgano de participación consultivo y deliberante, constituido por miembros de distribución paritaria entre el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios”, explica David del Pino.

Según informa el Ejecutivo autonómico, el borrador será remitido ahora a los Servicios Jurídicos del Gobierno para empezar a tramitarse como proyecto de ley.

Agentes de la Policía Autonómica han reducido a un hombre que atacó con un hacha a una ambulancia a la que causó daños cuando se dirigía a auxiliarlo tras amenazar con suicidarse y se atrincheró luego en su casa de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el propio cuerpo.

El personal sanitario que acudió al lugar con la ambulancia solicitó apoyo policial ante la peligrosidad de la situación, pues el hombre llegó a romper una de las ruedas del vehículo con el hacha antes de volver a encerrarse en la vivienda, explica la Policía.

La Policía Canaria explica que, al tener noticias de los hechos, agentes de su Unidad de Seguridad Ciudadana se desplazaron al domicilio e intentaron mediar con el varón, que, en un momento dado, salió de una de las habitaciones empuñando un hacha de grandes dimensiones, manteniendo un comportamiento agresivo y desobedeciendo las órdenes de deponer su actitud.

Los policías, “ante la situación de riesgo y conforme a los protocolos establecidos, hicieron uso de un dispositivo electrónico de control con el objetivo de reducir e inmovilizar al individuo”, siendo necesarias dos descargas debido a su resistencia, añade la nota.

Solo tras una hora de negociación, aproximadamente, se logró que el individuo depusiera su actitud, permitiendo su atención por parte de los servicios sanitarios y su posterior traslado al hospital Doctor Negrín, refiere.

El comunicado especifica que durante la intervención no se registraron daños de gravedad entre los intervinientes, si bien se activaron refuerzos policiales para garantizar la seguridad en la zona.

El cuerpo autonómico recuerda que, ante casos así y con el objetivo de que la ciudadanía tenga herramientas para afrontar estas situaciones, el Ministerio de Sanidad promueve la línea 024 de atención a la conducta suicida, mientras que la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de Canarias cuenta con la página web www.stopsuicidioscanarias.com.

Duro correctivo al Gobierno de Canarias por la gestión de personal en el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC). Una comisión de investigación promovida a raíz de una denuncia por acoso laboral ha concluido evidenciando “la existencia de un conflicto organizativo de alto impacto, manifestado en la pérdida de confianza y el deterioro de la comunicación formal, que ha contribuido a generar un entorno laboral deteriorado, con riesgo psicosocial para las personas afectadas y consecuencias en la cohesión interna del cuerpo”.

La investigación, iniciada en 2024, ha tenido varias fases y no ha sido hasta principios de marzo pasado cuando las conclusiones han sido trasladadas al denunciante y a la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias instándole a aplicar once medidas correctoras que hasta la fecha no se han implementado. Este periódico ha pedido explicaciones a ese departamento por este incumplimiento pero no ha recibido respuesta.

La denuncia fue interpuesta por el comisario principal Luis Santos Jara, exjefe de la Policía Canaria, a raíz de una serie de acontecimientos que desembocaron en su cese, acontecimientos que se iniciaron con la llegada en 2023 de Coalición Canaria y el Partido Popular al Gobierno regional, y el consiguiente nombramiento de David del Pino Franquet como director general de Seguridad dentro de la Consejería de Presidencia, a cuyo frente está Nieves Lady Barreto. 

Santos Jara denunció falta de funciones concretas, exclusión de reuniones y viajes oficiales, y bloqueo de comunicaciones. A su entender, desde la autoridad política se actuaba para desprestigiarle profesionalmente con actitudes de desprecio público y humillación mediante la asignación de tareas que consideraba una “degradación”. Igualmente denunció retrasos en la tramitación de sus solicitudes y la apertura de expedientes disciplinarios en su contra.

Aunque la comisión de investigación, a cuyo frente se puso una experta en la materia, se activó para abordar una denuncia por acoso laboral, se descartó tal calificación por no cumplir con los requisitos jurídicos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial, como por ejemplo, “la existencia de un maltrato verbal y conductual continuado, dirigido a menoscabar la integridad psíquica y la dignidad del trabajador, con la finalidad de aniquilarlo psicológicamente y lograr su exclusión del entorno laboral o su sometimiento, mediante procedimientos ilegales, arbitrarios o contrarios a la dignidad humana”.

Sin embargo, tanto la experta como la comisión de investigación concluyeron que se ha dado “una grave disfunción organizativa y relacional, sostenida en el tiempo, que ha generado un importante impacto psicosocial y que requiere una intervención institucional estructurada, orientada a la mejora del clima laboral, la clarificación de roles y la gestión preventiva de conflictos en el ámbito del mando policial”. 

Todo empezó con la expulsión del comisario principal de la sala del CECOES durante el devastador incendio de Tenerife en 2023 y “su posterior cese encubierto”, recuerda el informe. Y continuó con una serie de medidas organizativas que supusieron el traslado de personal del Cuerpo General de la Policía Canaria que debieron “haber sido comunicadas formalmente a los órganos competentes de la Secretaría General Técnica de la Consejería y al Comité de Seguridad y Salud departamental”. La investigación detectó, efectivamente, que se produjeron “cambios de puestos de trabajo y traslados de personal desde las instalaciones de la comisaría de Añaza a la comisaría de La Esperanza, sin que dichas actuaciones hayan sido informadas ni consultadas previamente al Comité de Seguridad y Salud de esta organización”. 

Se trata de actuaciones que contravinieron la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales “en la que se establece la obligación del empresario, en este caso de la Administración, de informar y consultar al Comité de Seguridad y Salud con carácter previo a la adopción de decisiones que puedan tener repercusiones sobre la seguridad y la salud de las personas trabajadoras”. 

Como algunas de las conductas denunciadas por el comisario Luis Santos Jara están judicializadas, como el nombramiento de su sustituto -Antonio Almenara- al frente del cuerpo, la comisión de investigación no se pronuncia sobre ellas. De hecho, estos días el Gobierno ha informado de que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife no ha tramitado la demanda del comisario principal contra ese nombramiento por no haber agotado previamente la vía administrativa.

Pero la comisión de investigación sí ha impuesto al Gobierno once medidas que no han sido cumplidas todavía. Entre otras, se requiere a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, “que realice una revisión del procedimiento interno aplicable a los expedientes de información reservada y disciplinarios, con el fin de reforzar las garantías procesales de todas las partes implicadas y asegurar que los actos administrativos derivados se notifiquen con la debida diligencia y dentro de los plazos legalmente establecidos, estableciendo mecanismos de revisión y control que garanticen los derechos de las partes”.

Asimismo, se propone que el Gobierno nombre a un mediador externo para que el director general de Seguridad y los jefes de la Policía Canaria puedan entenderse profesionalmente; que se defina exactamente qué funciones y reuniones le corresponden al denunciante para evitar que lo dejen de lado; que se cree un buzón anónimo para que otros empleados puedan denunciar problemas sin miedo; que se obligue a los jefes a realizar cursos sobre liderazgo positivo y resolución de conflictos, y que se convoque oficialmente la plaza de comisario jefe para dar estabilidad al mando de la policía.

Discriminación por razón de sexo, denegación sistemática de medidas de conciliación familiar, acoso, represalias y “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo.

Tres mujeres de la Policía Canaria denunciaron en diciembre ante la Consejería de Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria) “graves vulneraciones” a la ley de igualdad de trato en el seno del cuerpo. Más de dos meses después, una sigue esperando respuesta de la administración y las otras dos han visto cómo las informaciones reservadas que se abrieron para estudiar sus casos se han cerrado sin haber sido citadas a declarar para ofrecer su versión de los hechos, contradecir la de testigos o aportar pruebas. 

Esos tres escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, se presentaron el 19 de diciembre. Todos solicitaban la adopción de medidas cautelares, desde el traslado de unidad hasta la petición de que el actual jefe de la Policía Canaria, Antonio Almenara, se abstuviera de mantener contacto directo u operativo con una de ellas. Ninguna petición ha sido atendida. Las denunciantes solo tuvieron conocimiento de la apertura de esas informaciones reservadas tras su archivo. 

El primer archivo

Ambas resoluciones están firmadas por el director general de Seguridad, David del Pino, un subcomisario en excedencia de la Policía Canaria que, a su vez, está inmerso en un protocolo de acoso laboral (con medidas cautelares activas) tras la denuncia que contra él y la consejera presentó el anterior jefe del cuerpo, el comisario principal Luis Santos Jara. 

La primera resolución del director general, que se basa en un informe de la Unidad de Asuntos Internos, está fechada el 29 de enero y resuelve el escrito presentado por una agente de Santa Cruz de Tenerife que denunció que se le había revocado un ascenso (de policía a oficial) cuando estaba de baja médica. A juicio de esta funcionaria, esa actuación constituye una discriminación por razón de enfermedad, máxime cuando a otros compañeros del cuerpo “se les mantuvo en el puesto” mientras estaban en situación de incapacidad temporal, incluso de larga duración, reza el escrito. 

Esta agente también relató dos episodios de “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo, Almenara. En concreto, dos palmadas en la espalda que le hicieron “perder el equilibrio” de forma momentánea y un agarrón por la espalda para girarla y cambiar su orientación durante unas prácticas de tiro. La agente destaca en su escrito la importancia del contexto en que se produjeron estos hechos: en el marco de una relación jerárquica directa y con un conflicto administrativo previo entre ambos. 

El director de Seguridad desestimó íntegramente sus pretensiones. Por un lado, justificó el contacto físico, señalando que es “costumbre” y un “gesto frecuente” del comisario dar “suaves palmadas” en la espalda al saludar a sus subordinados, por lo que esta conducta “no puede ser considerada acoso hacia una agente en particular”. “(Esas palmadas) nunca son suficientes para desplazar o desequilibrar a una persona ni causarle dolor”, añadía. 

Además, remarca que la denuncia no hace alusión a que “durante el incidente el comisario le hiciese mención a las reclamaciones (en vía administrativa) que ella tuviese pendientes de resolución o, en su caso, denegadas”. Con respecto al episodio en el campo de tiro, el informe de Asuntos Internos alude a tres testigos que negaron los hechos. Uno es el propio jefe. Otro es un subcomisario de la unidad de régimen interior, un órgano que está bajo la dependencia funcional de la jefatura del cuerpo. El tercero es un policía de su unidad.

La agente había solicitado recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad para demostrar la veracidad de lo denunciado. Sin embargo, la Dirección General de Seguridad contestó que la empresa responsable de su custodia había certificado que era “técnicamente imposible recuperar” esas imágenes en las fechas señaladas.

“Enfermedad o falta de disponibilidad”

En cuanto a la revocación del ascenso, el director general sostiene que esa decisión no se adoptó por la enfermedad de la agente, sino por su “falta de aptitud (disponibilidad)”. 

El artículo 39 de la Ley de la Policía Canaria establece la posibilidad de destinar a un funcionario a un puesto superior (en este caso, de policía a oficial) en casos de urgencia y siempre y cuando esa plaza no se haya podido cubrir a través de los procesos selectivos ordinarios. La denunciante fue ascendida por esta vía y relegada de nuevo (volviendo a su anterior puesto) cuando se encontraba de baja laboral. Durante un tiempo se le siguió pagando como oficial, pero después la administración le reclamó las diferencias salariales. 

La Consejería de Seguridad defiende que esa revocación “no penaliza la enfermedad”, sino que “constata la imposibilidad material” de la agente para desempeñar esa tarea por su “falta de disponibilidad”. La resolución sostiene que se trata de un acto reglado y que estaba “obligada a liberar ese puesto para que otro efectivo pueda cubrir la necesidad real”. 

La denunciante advertía de que a otros funcionarios se les había mantenido el puesto estando de baja. Incluso, en algún caso, de larga duración. A juicio de la Dirección General, este argumento “carece de eficacia jurídica”. “El hecho de que, hipotéticamente, no se haya revocado en tiempo y forma otros nombramientos temporales —por error, omisión o diferencias en la duración de la baja— no genera un derecho subjetivo a la interesada para perpetuarse en una situación irregular”, recoge el escrito.

Y añade: “El principio de igualdad no ampara la reivindicación de mantener un beneficio indebido basándose en que otros pudieron haberlo disfrutado incorrectamente”. Para desmentir ese “trato discriminatorio singularizado”, la Consejería de Seguridad alude a otros dos agentes a quienes también revocó esos ascensos. Se da la circunstancia de que uno de esos casos es el de otra de las denunciantes, a la que aún no han contestado. 

La unidad investigadora de esa información reservada es la de Régimen Interior de la Policía Canaria, que depende jerárquicamente del jefe del cuerpo, señalado en la denuncia. La resolución de archivo incluso llega a acusar a la denunciante de “desviar el foco del procedimiento” (la reclamación por el ascenso revocado y sus consecuencias económicas) “mediante la construcción artificiosa de un escenario de acoso discriminatorio”. 

El archivo de esa información reservada, un procedimiento en el que no ha prestado declaración la denunciante, pone fin a la vía administrativa. 

Conciliación familiar

El segundo archivo es más reciente. Fue dictado por el mismo alto cargo el 28 de febrero, también sobre la base de un informe de Asuntos Internos. En este caso, la denunciante tiene su destino en Tenerife, pero ejerce en Gran Canaria en comisión de servicios por conciliación, para atender a sus dos hijos, ambos menores de edad (es familia monoparental). Entre junio y noviembre de 2025, esta funcionaria solicitó hasta en cuatro ocasiones medidas de conciliación y un cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial) para aprovechar su formación en Criminología y Criminalística Forense. 

En uno de esos escritos argumentaba que la implantación de un turno de nueve horas en esa unidad le obligaba a salir a medianoche en la jornada vespertina, un horario incompatible con el cuidado de sus hijos. La administración rechazó su petición alegando que carecía de documentación acreditativa de sus circunstancias familiares, pese a conocer que esas eran las razones por las que estaba en comisión de servicio en Gran Canaria. Lo único que se le ofreció entonces, según cuenta, fue una reducción de jornada (de nueve a ocho horas), con el consecuente perjuicio económico. Esta opción fue rechazada por la funcionaria.  

Para poder atender a los menores, la agente tuvo que solicitar reiterados cambios de turnos a los compañeros, aunque en ocasiones no fue posible, por lo que hubo noches en que sus hijos tuvieron que quedarse “solos y sin la protección debida”. Cuenta, en concreto, el caso de un fin de semana en que le fue negado el cambio de tarde al de mañana “por razones operativas”. La agente remarcaba en su denuncia que esa misma semana a otros compañeros sí les dieron facilidades, incluso para asistir a eventos sociales. 

La jefatura solo estimó parcialmente su última petición de conciliación (la formulada en noviembre). La administración acordó asignarle turnos fijos en horario de mañana en la misma unidad (Seguridad Ciudadana), denegando su traslado a departamentos más acordes con su formación. A pesar de que ese acuerdo está fechado el 2 de diciembre, no se le notificó a la interesada hasta el 24 de febrero, más de dos meses después. 

La agente sostenía en su denuncia que la “asignación sistemática” a los puntos fijos era una “medida de represalia” por sus constantes peticiones de conciliación. La funcionaria explica en su escrito que esta labor consiste en la “vigilancia estática de instalaciones (Presidencia del Gobierno, juzgados…), sin funciones policiales operativas propias” de la Policía Canaria y que es entendida en el seno del cuerpo como “un destino de castigo”, puesto que supone prestar servicio en solitario, “lo que implica aislamiento del resto de compañeros”. Además, incidía en que ello suponía “un absoluto desperdicio” de su cualificación universitaria. 

Violencia de género y “represalias”

También relataba en su denuncia “un antecedente de represalia” por haber comunicado a un superior jerárquico que había sido testigo de un episodio de violencia de género por parte de otro agente del cuerpo. Según apunta la denunciante, la jefatura le reprochó no haber informado de esos hechos a su superior inmediato, sino a otro alto cargo del cuerpo que era, a su vez, mando de un segundo testigo. 

El agente denunciado por violencia machista admitió los hechos y fue condenado, pero, según la denunciante, sigue prestando servicios en la Policía Canaria, aunque sin arma.  

Segundo archivo

La respuesta a la denunciante llegó el 28 de febrero. Y, al igual que en el primer caso, archiva la información reservada y desestima todas sus alegaciones. El director general de Seguridad sostiene que la jefatura de la Policía Canaria ha facilitado “de forma continua y activa” la conciliación de la vida personal y laboral de esta funcionaria, descartando una discriminación por razón de sexo o por responsabilidades familiares. 

La administración defiende que la agente prestó servicio en turno de mañana en la mayoría de las ocasiones; que el hecho de que entre agosto y noviembre prestara algunos servicios en turno de tarde respondió a que “no adjuntó la documentación acreditativa de sus circunstancias familiares”, o que se le aceptaron numerosos cambios horarios y que cuando se le denegó fue porque “la disponibilidad operativa de la unidad era reducida”. 

Con respecto a la asignación de puntos fijos, señala el director general que es más probable en el turno de mañana, por lo que es “una consecuencia estructural y objetiva de la medida de conciliación adoptada”. También niega “cualquier represalia” por “su participación en un procedimiento administrativo en calidad de testigo”, en relación con su testimonio sobre el caso de violencia de género. “No existen ab initio indicios suficientes para deducir responsabilidad disciplinaria por parte de ningún funcionario policial”, concluye la resolución.

Tampoco aprecia discriminación en la denegación del cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial). La resolución señala que hay un procedimiento “objetivo y general” de aplicación a todos los funcionarios, “con independencia de su situación personal”. De hecho, acusa a la trabajadora de intentar “instrumentalizar” una solicitud de conciliación familiar para “eludir” ese procedimiento. 

Para tratar de acreditar ese presunto trato discriminatorio, la agente había aludido al caso de dos policías que sí fueron trasladados a esa unidad de Policía Judicial mediante una instrucción. El Gobierno responde que esa comparación “carece de idoneidad”, puesto que esos traslados se produjeron “antes de la primera solicitud de la interesada”. 

La agente se encuentra de baja desde principios de diciembre como consecuencia de estos hechos, que califica de acoso laboral. 

La Consejería “no facilita información a terceros”

Este periódico envió el pasado 26 de febrero (dos días antes del segundo archivo) un cuestionario a la Consejería de Seguridad con preguntas sobre la denuncia de las tres agentes y las medidas adoptadas a raíz del caso de violencia machista del que fue testigo una de ellas.

En una contestación remitida el pasado viernes, fuentes oficiales de este departamento se han limitado a señalar que, a raíz de los escritos presentados por dos agentes, “ambas por vulneración al derecho a conciliar y una de ellas también por revocación del artículo 39 (puesto temporal de superior empleo) y supuesto contacto físico del jefe del cuerpo”, se han tramitado dos procedimientos internos. 

“Una vez abierta la información reservada, se iniciaron las actuaciones y Asuntos Internos emitió el informe de conclusiones. En las resoluciones se da respuesta detallada, en tiempo y forma, de aquellos hechos denunciados de los que son parte interesada y que, por lo tanto, pueden tener conocimiento”, explican desde el área que lidera Nieves Lady Barreto. 

“Al ser procedimientos internos, desde el Cuerpo ni desde la Dirección General se va a facilitar información sobre los mismos a terceros y menos aún ampliar por esta vía el contenido de las notificaciones ya emitidas”, añade. 

Un masaje y otro ascenso revocado

A pesar de haber presentado su escrito en la misma fecha que las otras dos, hay una tercera agente de Gran Canaria que aún no ha recibido ninguna respuesta de la administración. Esta funcionaria también denunció la revocación del ascenso y un contacto físico no consentido por parte del jefe del cuerpo. Siempre según su versión, el comisario Almenara acudió al lugar donde la policía estaba trabajando de espaldas, se acercó a sus hombros y “comenzó a realizarle un masaje”. Ella “se asustó y se dio la vuelta”, momento en que el jefe “se apartó”. En ese momento estaba presente en la base un subinspector. 

Días después de ese “tocamiento”, el comisario manifestó a la agente que “sentía mucho” la nota que había obtenido en un proceso selectivo de promoción interna, que “se había puesto muy nerviosa” y que eso “era normal” debido a “su situación familiar”. “Este incidente constituye un claro ejemplo de acoso laboral, en el que un superior jerárquico realizó un contacto físico no consentido e inapropiado, aprovechándose de su posición de autoridad (...) La conducta descrita se enmarca en un patrón más amplio de comportamiento discriminatorio y de abuso de poder”, sostiene la agente, que también está de baja. 

A esta funcionaria se le denegó la prórroga del ascenso a oficial (por la vía del artículo 39) a principios de junio del año pasado. En abril había causado baja debido a un accidente laboral durante una actividad formativa del cuerpo, aunque se había reincorporado a finales de mayo. De hecho, el informe del jefe de la Policía Canaria que sirvió de base para la posterior revocación de destino está fechado un día después de su regreso al puesto. 

“El criterio de la baja médica aplicado resulta absolutamente arbitrario, toda vez que otros efectivos del cuerpo se encuentran en situación de baja médica y se ha procedido a la renovación de sus destinos temporales, lo que evidencia una aplicación discriminatoria y no justificada de los criterios de revocación”, señala el escrito, que incide en que el estado de salud y el accidente laboral constituyen “causas protegidas” para los trabajadores. 

La administración no ha comunicado a esta agente ni la apertura de una información reservada, ni la adopción de las medidas cautelares solicitadas ni la ha citado a declarar. 

La Ertzaintza está acogiendo esta semana en la academia de Arkaute, en Vitoria, a una parte de la plantilla de la 'Guanchancha', la Policía autonómica de Canarias creada a su imagen y semejanza, incluso en los uniformes, y que es conocida en las islas por un sobrenombre claramente inspirado en el cuerpo vasco. Según ha informado el Departamento de Seguridad, once agentes de lo que oficialmente se llama Cuerpo General de la Policía Canaria (GGPC), de unos 300 efectivos, están recibiendo formación en técnicas policiales entre el 13 y el 16 de octubre.

En las imágenes oficiales difundidas, se aprecia que la vestimenta de los antidisturbios canarios es prácticamente idéntica a la de sus homólogos vascos. Con los vehículos de la Ertzaintza de fondo, la confusión se alimenta.

La Policía vasca ha dado máximo realce a esta visita y el propio jefe del cuerpo, el superintendente Josu Bujanda, ha hecho las veces de anfitrión. Es más, los Gobiernos vasco y canario llevan meses estrechando lazos en variadas materias, principalmente en la migratoria. PNV y Coalición Canaria, partidos mayoritarios de ambos Ejecutivos, son socios y los presidentes Imanol Pradales y Fernando Clavijo tienen una muy cercana relación.

Pero, ¿por qué se conoce a la institución como 'Guanchancha'? El término procede de la suma de 'guanche' y la castellanización de 'Ertzaintza'. Y en sus orígenes fue una forma despectiva de describir a una institución surgida al calor de los acuerdos del nacionalismo canario con los Gobiernos de España.

Tenía un despliegue y funciones limitadas en un archipiélago en el que el grueso de las competencias son de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Una década y media después de su puesta de largo, en 2010, continúa desplegándose.

“Las jornadas formativas [en Vitoria] consisten en preparar a los agentes de la Policía Autonómica Canaria en diferentes tareas que la Brigada Móvil de la Ertzaintza desarrolla dentro de sus funciones, como son, entre otras, las que realizan las Patrullas de Reacción Inmediata [PRI o Bizkor] o las relacionadas con el control del orden público. Para ello, estos agentes reciben la formación teórica adecuada que, posteriormente, pondrán en práctica en unos ejercicios diseñados específicamente para dar respuesta a diferentes situaciones de alto riesgo”, indican desde la Ertzaintza, que ha mostrado a los policías canarios en situaciones simuladas.

Han pasado 16 años desde que el expresidente de Canarias Paulino Rivero (CC) anunciara la creación de la Policía Canaria, un cuerpo de seguridad que generó polémica en aquellos años marcados por la crisis económica. En 2008 se aprobó la ley que la regula y se estableció que en una primera fase se contaría con 300 agentes hasta llegar a los 1.700 efectivos en 2020. La fotografía real es que, en la actualidad, el cuerpo cuenta con 280 efectivos y con solo dos comisarías, una en cada isla capitalina. Por ello, el Ejecutivo regional (CC-PP) trabaja ahora para desplegarla con comisarías en todas las islas y maneja la previsión de cerrar la legislatura con 800 agentes. 

Esa falta de agentes en todas las islas ha ocasionado problemas como retrasos ocasionales en el traslado de menores migrantes llegados a El Hierro o Lanzarote porque los agentes no pudieron conseguir billetes. Unos hechos que han sido denunciados por la Fiscalía. 

Desde la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias señalan que cuando el nuevo equipo llegó al Gobierno había 192 efectivos, que en los últimos años el cuerpo no había crecido y que su intención es ir abriendo comisarías insulares. Hasta hace poco tiempo, cuando se enviaba a un policía de este cuerpo a otra isla había que pagarles horas extra. Por ello, en la última convocatoria se ha cambiado el lugar de trabajo de los agentes como “las siete islas”, de manera que los efectivos se puedan mover. De esta manera, cada vez que un ayuntamiento lo solicita o por distintas causas los policías tienen que moverse a una isla no capitalina, se hospedan en hoteles que suelen ser pagados por los consistorios. 

La consejera del área, Nieves Lady Barreto, anunció hace unos meses que había publicado ya la orden de ese despliegue. Desde su departamento afirman a este periódico que ya se ha empezado a negociar con los cabildos para llegar a acuerdos para proporcionar locales a esas nuevas comisarías. Explican que, “por seguridad”, hay islas que necesitan más refuerzos y que se comenzará con La Gomera, Lanzarote y La Palma. 

Desde la consejería señalan que el Cabildo de Lanzarote ha hablado con el Ayuntamiento de Arrecife y se va a ceder una comisaría de policía. Así mismo, en La Palma se siguen barajando locales, aunque lo más seguro es que se instale en Los Llanos de Aridane y con el Cabildo de Fuerteventura, aunque no era una de las tres islas prioritarias, ya se cuenta con un convenio. 

Para poder destinar efectivos a esas comisarías, afirman que se está trabajando en incorporar unos 140 nuevos efectivos. Así mismo, hay un convenio en materia de Seguridad para poder cubrir eventos en todas las islas, que es una cuestión que desde la Consejería insisten en que los consistorios lo piden, “piden la presencia de la Policía Canaria”. Este año, además, se han dado situaciones extraordinarias como que en Valle de Gran Rey se pidieran refuerzos de varias semanas por una crisis de seguridad y se pidió un destacamento varias semanas hasta que la situación se recondujo. 

Desde la Consejería de Seguridad creen que no se puede hablar de Policía Canaria si solo está en Tenerife o Gran Canaria. Por eso, se han convocado plazas para nutrir esas comisarías. Cuando se cumpla esa primera etapa de comisarías insulares, el siguiente paso serán las comisarías locales.  “La Policía Canaria puede crecer porque todo el mundo reclama la Policía Canaria, los ayuntamientos la solicitan a la dirección general de seguridad” , indican fuentes de la Consejería. 

Nieves Lady Barreto señaló en abril que “promocionan 81 miembros de la Policía Canaria, 141 plazas que tenemos en fase convocatoria y estamos modificando el catálogo para la 150 del presupuesto de este año. El año que viene, tendremos más de 400 policías de la Policía Canaria cuando en julio del año pasado había 192”. También defendió un nuevo convenio con la FECAM (Federación Canaria de Municipios) para reforzar y coordinar en materia de seguridad, que pasa fundamentalmente, en este caso, por tener más presencia en la calle y dar respuesta, entre todos, a las demandas que han trasladado asociaciones comerciales de Gran Canaria, La Palma y La Gomera, “preocupadas por el índice de robos y de hurtos en los comercios”. 

Además, hace unos meses el Gobierno canario creó un servicio de Inteligencia en la policía autonómica a las órdenes de un cargo político. Se trata de una unidad cuyo objetivo es que “detecte y evalúe nuevos fenómenos que puedan representar un riesgo para la seguridad a medio y largo plazo”. Un servicio que no venía contemplado en la Ley de 2008. 

Entre las funciones que sí se recogen para la Policía Canaria están la de colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias; la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma de Canarias; inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina. 

Según sus competencias, se prestará especial atención a la protección del medio ambiente y velará por el cumplimiento de la legislación de ordenación del turismo de Canarias. Los agentes ejercerán “inspección del transporte terrestre en las vías públicas interurbanas y del transporte marítimo interinsular”, además de “velar por el cumplimiento de la normativa sobre el patrimonio cultural canario evitando su expolio o destrucción”. También deberán “informar, asistir y orientar a los ciudadanos, así como colaborar con las instituciones públicas de protección y tutela de menores”. Además, tendrán que colaborar con las instituciones públicas y privadas de “protección y tutela de los inmigrantes y cualesquiera otras formas de marginación y con los servicios de salvamento marítimo”. 

Para asumir ese mayor despliegue de la Policía Canaria, el Gobierno deberá destinar más presupuesto a este fin en 2025. Sin embargo, todavía no se ha presentado al detalle cuál será la partida de la Consejería y de esta área en concreto. Se prevé que el próximo 5 de noviembre la consejera Nieves Lady Barreto lo presente en el Parlamento. El pasado año, el presupuesto conjunto de seguridad ya creció un 1,44% al pasar de 52,9 millones a 53,7. 

Retrasos en la acogida de menores migrantes 

El Gobierno de Canarias ha delegado en la Policía Canaria la entrega de los menores migrantes a los centros de acogida. Cuando los niños y adolescentes llegan a puerto sin familia, la Policía Nacional se encarga de su identificación y filiación. Después, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno, es competencia del Ejecutivo autonómico “ir a buscarlos”. La falta de billetes y la ausencia del cuerpo policial autonómico en las islas no capitalinas ha provocado retrasos en la entrada de los menores en la red de protección.

La Fiscalía Superior de Canarias cifra en 24 los menores llegados en pateras y cayucos que no recibieron la protección inmediata que exige la ley y que pasaron varios días en dependencias policiales a la espera de entrar en un centro de acogida. En septiembre, dos jóvenes de 17 y 16 años pasaron tres días bajo custodia policial sin que el Gobierno autonómico se hiciera cargo de ellos. Los migrantes fueron rescatados por Salvamento Marítimo al este de Lanzarote, en una neumática con 47 personas a bordo. La saturación de los recursos de la isla obligó a Salvamento a trasladarlos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Fuerteventura, donde permanecieron tres días esperando a que un agente de la Policía Canaria los recogiera. 

Lo mismo sucedió en El Hierro, donde esperaron once menores de entre 13 y 17 años rescatados en dos cayucos diferentes el 20 de septiembre. También en Lanzarote, once menores que llegaron en cuatro pateras diferentes sufrieron retrasos en su protección. Todos estos casos se produjeron a pesar de que la Fiscalía envió comunicaciones a la Dirección General de Protección a la Infancia para advertir de la llegada de estos menores. En declaraciones concedidas a El País, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, aseguró que estos casos se dieron por las dificultades para encontrar billetes de transporte y por la falta de plazas en los recursos de las islas no capitalinas, que obligaba a reubicar a los menores.

La gestión del Gobierno de Canarias sobre la acogida de menores migrantes ha recibido múltiples varapalos por parte de la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), atendiendo a las advertencias de la Fiscalía, suspendió el protocolo impuesto por el Ejecutivo regional, que exigía a los menores pasar por un enjambre de trámites policiales antes de entrar al sistema de acogida. Unos requisitos que, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, podrían vulnerar los derechos fundamentales de los niños migrantes al quedar desprovistos de protección inmediata y en situación de desamparo. Por esta razón, el Tribunal Constitucional ha eliminado todos los apartados que la Fiscalía ha señalado como inductores de un posible delito de abandono.  

A raíz de esta suspensión, la Consejería de Seguridad emitió el 23 de septiembre una directriz a la Policía Canaria. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, establece que dada la suspensión del protocolo territorial deben acogerse al protocolo marco estatal de 2014. Sin embargo, la orden sigue estableciendo una serie de requisitos previos. Antes de la recepción, la Policía Canaria exige a la Policía Nacional la identificación del menor y “obligatoriamente” una foto, datos sobre su edad, nacionalidad, última residencia y la documentación que tenga de su país de origen. 

Según la directriz, la Policía autonómica no puede recibir al menor hasta que Infancia comunique a qué centro debe ser trasladado. Es entonces cuando los agentes autonómicos trasladarán a los menores al recurso indicado confeccionando “un formulario de entrega”. En este punto, el documento subraya que para la acogida de un menor migrante extranjero no acompañado externamente, es decir, en lugares distintos de las comisarías insulares de la policía autonómica canaria, es necesario como requisito previo un oficio de las fiscalías provinciales encomendando a la policía autonómica la recepción y posterior entrega del menor en centro de acogida.

El Gobierno de Canarias ha creado una oficina de Información en la Policía Autonómica que tiene, entre otros, el objetivo de implementar y liderar un servicio propio de inteligencia. Es decir, una unidad que “detecte y evalúe nuevos fenómenos que puedan representar un riesgo para la seguridad a medio y largo plazo”. Ese grupo fue constituido pocos días después de llegar al puesto por el actual director de seguridad del Ejecutivo, David del Pino Franquet, un subcomisario del cuerpo que fue elegido para este cargo político tras el pacto suscrito en 2023 por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) con el apoyo de las agrupaciones Herreña Independiente (AHI) y Socialista Gomera (ASG).

Del Pino adscribió de manera temporal a dos agentes de la Policía Canaria a su Dirección General. Por lo tanto, a sus órdenes y en su centro de trabajo.

La ley de creación de la Policía Canaria, que data de 2008, no contempla esas competencias de información o inteligencia. El artículo 19 limita las funciones del cuerpo autonómico a la vigilancia y protección de personas y dependencias de la comunidad autónoma, a velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes regionales o a las tareas de inspección y “ejecución forzosa”, así como a tareas de seguridad ciudadana.

La norma precisa que las áreas sobre las que debe prestar “especial atención” la Policía Canaria, en virtud de las competencias transferidas a la autonomía, son las vinculadas con el medio ambiente y los recursos naturales, la ordenación del turismo, la inspección del transporte terrestre interurbano y el marítimo interinsular o el patrimonio cultural, además de colaborar con las instituciones en la tutela de menores, de migrantes y en los servicios de salvamento marítimo.

Sin embargo, el director de Seguridad se ampara en la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en 2018 y, en concreto, en su artículo 148, que incluye una referencia genérica a las competencias de Canarias en “el establecimiento de políticas de seguridad”, todo ello “sin perjuicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado” y de lo previsto en la Constitución sobre cuestiones de seguridad pública.

Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil disponen de servicios de inteligencia para la “captación, recepción, tratamiento y desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad pública”. También cuentan con unidades de este tipo cuerpos autonómicos con más historia y con competencias más desarrolladas, como los Mossos D'Esquadra o la Ertzaintza. La policía catalana incluye entre sus funciones la “prevención y neutralización de las situaciones de riesgo para las personas y los bienes”, así como la “investigación criminal, incluidos el crimen organizado y el terrorismo, en los términos que establece la ley”. La policía vasca, por su parte, cuenta con una Oficina Central de Inteligencia encargada de “la recogida, tratamiento y análisis sistemático de la información criminal e incidental, y de las condiciones que contribuyen a su desarrollo”.

“Funciones especiales” de información

Las fuentes consultadas por este periódico señalan que para la creación de este tipo de servicios y la asunción de competencias es necesario un acuerdo con la administración central del que no hay constancia de que se haya producido. Sin embargo, el director canario de Seguridad interpretó esa referencia en el Estatuto al “establecimiento de políticas de seguridad” como un “impulso a las competencias autonómicas” y una justificación para atribuirse, como centro directivo, unas “funciones especiales de información”. Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico. Está fechada el 28 de agosto. Es decir, tan sólo 27 días después de acceder al puesto.

En ese escrito, David del Pino señala que la reforma del Estatuto de Autonomía en ese concreto artículo obliga de manera “urgente” a replantear el modelo operativo de la Policía Canaria con el objetivo de “avanzar en su máximo desarrollo”.

Tan urgente estimaba el alto cargo la necesidad de crear el nuevo grupo de información que lo constituyó de manera provisional, sin esperar a modificar la estructura orgánica de la Policía Canaria, y adscribió “temporalmente” a un inspector y a una policía a su propia Dirección General para realizar estas “funciones especiales”. Estos agentes dejaron, por tanto, sus puestos dependientes de la jefatura de la Policía Canaria (uno de la Unidad de Recursos Operativos y la otra de la Unidad Operativa Móvil) para pasar a depender del centro directivo liderado por David del Pino. La decisión implicó, incluso, un cambio de sede, de la comisaría en la que ejercían, situada en Santa Cruz de Tenerife, a la de la Dirección General, ubicada en el municipio de La Laguna. Según fuentes consultadas por este periódico, aún siguen en estos destinos.

La resolución de agosto atribuía a esa oficina de información catorce funciones. Entre otras, elaborar “estudios, informes técnicos y propuestas de planificación sobre políticas de seguridad a la vista de la evolución de los fenómenos delincuenciales”; liderar e implementar el “plan de inteligencia” de la Policía Canaria; “favorecer las interrelaciones con el mundo académico, universitario y, en general, con cualquier organización dedicada a la investigación y a la generación de conocimiento”; detectar y evaluar “nuevos fenómenos que puedan representar un riesgo para la seguridad a medio y largo plazo”; elaborar documentación “que facilite la toma de decisiones de la Dirección General de Seguridad en relación con las amenazas y riesgos”, o “identificar y planificar las necesidades tecnológicas” de la Policía Autonómica.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Nieves Lady Barreto (CC) no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico. Sin embargo, en un contenido patrocinado publicado esta misma semana en el periódico La Provincia se hace referencia a la labor ejercida por el inspector destinado a esta Oficina de Información. Su puesto, dice ese artículo, consiste en “la captación de información de distintos medios y relacionado con diferentes ámbitos que sea de interés para los asesores políticos y mandos policiales. Se capta dicha información, se analiza, trata y transforma en inteligencia al efecto de que puedan tomar decisiones motivadas en todo aquello que se traslada”.

Este inspector señala en ese mismo medio que su unidad realiza seguimiento en redes sociales o mensajería instantánea “a grupos que puedan causar algún tipo de inestabilidad social en Canarias a los efectos de prevenir y reforzar cualquier tipo de servicio para evitar dichos infortunios”.

Nueva estructura

Además de la adscripción de esos dos agentes a la Dirección General de Seguridad para realizar esas “funciones especiales de información”, la mencionada resolución de agosto del año pasado encomendaba a otros cinco agentes de la Policía Canaria tareas de protección de autoridades, también con atribución temporal. Meses después, en enero de este año, se publicaba en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) otra resolución con la nueva estructura del cuerpo. En ella se incluye, dentro de la unidad de régimen interior, esos dos grupos, la Oficina de Información y la protección de autoridades.

Esa resolución, firmada por el mismo director de Seguridad, señala que “el modelo de servicio debe ser cada vez más preventivo y predictivo, mediante el uso de las tecnologías y procedimientos de trabajo, basados en el flujo de información y de cooperación con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Además, alude a “la asunción sobrevenida de competencias en materia de policía judicial” y, más en concreto, de los casos relacionados con la violencia contra la infancia y la adolescencia, los servicios encomendados por las fiscalías y los juzgados de instrucción y “el aumento de los servicios demandados por la ciudadanía canaria relacionados con hechos delictivos concretos”.

David del Pino precisa en ese escrito que los grupos de información y de protección de autoridades dependen “orgánicamente” del cuerpo general de Policía y “funcionalmente” de “la Dirección General de Seguridad y/o la jefatura del cuerpo”. Según las fuentes consultadas por este periódico, los dos agentes de la Oficina de Información siguen trabajando en la sede y a las órdenes del director general.

Expulsar a un aspirante al cuerpo de la Policía Canaria por llevar tatuajes no es legal si no se prueba que estos quedan visibles cuando se viste el uniforme reglamentario. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reconocido el derecho de uno de los opositores a seguir en el proceso selectivo (que ya finalizó) puesto que no ha quedado probado que el tatuaje se le vea. “El expediente administrativo no prueba ninguna causa de exclusión por razón de las normas de apariencia externa y presentación al servicio. En consecuencia, debe ser estimada la reclamación del recurrente continuando en el proceso selectivo”, reza la sentencia. No obstante, no es un caso aislado, el sindicato Co.bas advierte de que hasta tres personas resultaron expulsadas de estas pruebas por el mismo motivo y recurrieron a los tribunales, que les están dando la razón. Otro de los fallos recientes declara “el derecho del recurrente a ser declarado apto”. 

La prohibición de llevar tatuajes a los agentes del cuerpo policial autonómico se ha convertido en una medida controvertida, que según algunos sindicatos lo aleja de ser una policía moderna. Dos años después de que se convocaran las primeras 52 plazas (en 2008), se publicó el reglamento de este cuerpo autonómico en el que se recoge que “el personal no utilizará pendientes, pulseras, collares o adornos análogos. Tampoco harán uso de maquillajes estridentes ni tatuajes o piercing visibles”. En 2017 llevar un tatuaje fue motivo de sanción a uno de los agentes al considerar que había cometido una falta disciplinaria leve. El afectado recurrió y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife determinó que “el demandante cubre dicho tatuaje con una malla elástica que impide visualizarlo” y, por tanto, “la conducta del demandante no es constitutiva de la falta leve”. Por ello, se estimó su recurso al entender que “la resolución no es ajustada a derecho”. 

El portavoz del sindicato Co.bas Abraham Catalina denuncia que pese a esto, en 2019, una orden interna dio seis meses a los agentes para que borraran sus tatuajes. En concreto, el escrito del comisario instaba a los subcomisarios de las bases de Gran Canaria y Tenerife a que llevaran a cabo la “supervisión del personal a sus órdenes, debiendo informar a esta Jefatura en el plazo improrrogable de un mes del personal del CGPC que luzca tatuajes visibles durante la prestación del servicio aunque desarrollen el servicio generalmente de paisano. En dicho informe se deberá acompañar, en su caso, de justificante o certificado sobre el inicio de sesiones para el borrado del tatuaje, y el tiempo de duración del tratamiento para su total eliminación, el cual no podrá ser superior a seis meses”.

Otras policías

La política sobre tatuajes de este cuerpo contrasta con la tendencia que están llevando a cabo otros. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó en 2019 un cambio en el reglamento de su policía local tras varias sentencias y se eliminó el apartado que hacía referencia a los tatuajes de los agentes, quedando redactado así el artículo que hace referencia a la presentación personal: “No podrán utilizar adornos de tipo personal estridentes o que pongan en peligro su seguridad o la de terceros, así como la utilización de maquillaje que alteren la prevalencia de la uniformidad o desdigan de la corrección en el aspecto. En cualquier caso, deberán de ser de formas y colores discretos”. Asímismo, con respecto a la Guardia Civil el Ministerio de Interior también se ha abierto a flexibilizar el hecho de que haya agentes que lleven tatuajes y ha ordenado retirar el decreto de 2018 que los prohibía. 

En un escrito, el sindicato Co.bas planteó que el derecho a la propia imagen también está reconocido en la Constitución y que existen “dudas de la legalidad de la orden del Comisario Jefe del Cuerpo, de fecha 24 de diciembre, que ordena a través de los subcomisarios a que los y las agentes que tengan tatuaje visible, se hagan intervención médica para retirarlos en seis meses”. Así mismo, pidió dejar sin efecto dicha orden y que se establezca que la “malla” no forma parte de la uniformidad y puede ser utilizada. 

Derecho a volver al proceso selectivo

En una de las sentencias fechadas en julio y a la que ha tenido acceso esta redacción, uno de los aspirantes a una plaza en el cuerpo de la Policía Canaria alega que en pleno proceso y tras haber superado las pruebas con un 7,93 de media, en el momento de realizarse el reconocimiento médico que le otorgaba el puesto 24, es decir, una de las 57 plazas convocadas, fue excluido del mismo por llevar un tatuaje. Según el demandante, “el tatuaje no es visible con el uniforme reglamentario” y añade la sentencia que ha iniciado un tratamiento para eliminarlo. Además, subraya que no se tomó fotografía alguna por el facultativo, no se realizó medición alguna, ni se le pidió que se probara el uniforme para constatar si era o no visible el tatuaje. Por ello, solicitaba que se le declarase apto en la prueba de reconocimiento médico pasando a la siguiente fase del proceso selectivo, “previo nombramiento como funcionario en prácticas con los derechos que le corresponderían de no haber sido declarado no apto por la Inspección Médica” detalla la sentencia. Además, se aportan fotografías de uniformes que tapan los bíceps y ocultan los tatuajes. 

El juez concluye que “no consta en el expediente administrativo acta del reconocimiento efectuado por la Inspección Médica ni fotografías probando que el tatuaje sea visible con el uniforme reglamentario al no haberse comprobado la visibilidad del tatuaje con el uniforme reglamentario”. Además, añade que “no hay discrecionalidad en lo que se puede observar y medir. Es un tema fáctico que ha de ser probado” y que, por tanto, no queda probado ninguna causa de exclusión. Desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, de la que depende este cuerpo, han señalado que acatan las sentencias, pero que estas últimas son recientes y no son firmes aún, por lo que se está estudiando si recurrirlas o no. 

La plantilla de la Policía Canaria aumentará en 57 plazas, según ha publicado este viernes el Boletín Oficial de Canarias (BOC) tras el proceso selectivo celebrado en los pasados meses. Numerosos opositores se quejaron de la vulneración de las bases de la convocatoria, así como del protocolo por el que se rigen las oposiciones de la comunidad autónoma. 

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este viernes una resolución que incluye el listado de las 57 personas seleccionadas para su nombramiento como funcionarios en prácticas y acuerda la apertura del plazo de 20 días hábiles para la presentación de los requisitos exigidos en la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso mediante turno libre al Cuerpo General de la Policía Canaria.

Transcurrido dicho plazo se dictará Resolución por la que se nombrará funcionarios en prácticas a las personas que cumplan los requisitos y que deberán superar el curso selectivo de formación básica impartido por la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Al finalizar, los funcionarios en prácticas que hayan superado el curso selectivo de formación se les adscribirá a un puesto de trabajo para realizar el periodo de prácticas. Completada esta etapa, la Dirección General de Seguridad y Emergencias nombrará a quienes hayan superado la misma como funcionarios de carrera. 

Se trata de las primeras oposiciones de escala básica que realiza el cuerpo desde que se constituyera en el año 2010 con cien agentes. En aquel momento, una parte de la plantilla accedió mediante oposiciones (un proceso que se inició en 2008) y otra parte por concurso de traslado de policías locales, guardias civiles, policía nacional… Posteriormente, se han realizado concursos de traslado de inspectores y oficiales, pero hasta ahora no se había ampliado la plantilla base con oposiciones.

Sobre el método de revisión del examen también se palpa malestar. Hay quien asegura que no se le permitió verlo y que las explicaciones sobre su suspenso no fueron convincentes ya que había criterios dispares. Así mismo, los opositores podían ver perfectamente el código de su examen. Las pruebas físicas tampoco dejaron indiferente, ya que hay personas que la realizaron y que afirman que no fue grabada como sí ha ocurrido en convocatorias anteriores. 

También se palpa malestar con la “pequeña familia” que se aprecia en la policía autonómica. Se trata de un cuerpo muy pequeño, de reciente constitución, por lo que numerosos opositores aseguran que existen lazos familiares o de amistad entre personas que se presentaron a este cuerpo con altos mandos o personas relevantes del mismo. 

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó ayer en sede parlamentaria que los presupuestos para 2020 de su departamento contemplan un aumento de recursos destinado a reforzar el personal del Cuerpo General de la Policía Canaria de forma que se puedan aumentar sus actuaciones.

En lo que va de año se han realizado más de 4.600 servicios, por lo que Pérez defendió que “hace falta” el incremento presupuestario para el próximo ejercicio a fin de que el Cuerpo General de la Policía Canaria cumpla los cometidos que tiene atribuidos por ley.

El número actual de efectivos, 96, que serán 153 tras la incorporación de otros 57 en enero de 2020, resulta “insuficiente”, según ha opinado el consejero.

El próximo año se ejecutará la OPE de 2019, que supondrá la incorporación de otros 69 efectivos y recordó que el objetivo para el final de legislatura, “si es posible”, es llegar al menos a 300.

El consejero llevó a cabo un repaso de las actuaciones realizadas de enero a octubre de este año y explicó que, durante ese periodo de tiempo, la Policía Canaria realizó 142 servicios a solicitud de los ayuntamientos; 2.944 de orden público; 1.295 de la Unidad de Menores y Familia; 221 de Unidad; nueve de vivienda, 13 de sanidad, y 14 con la Inspección de Trabajo, entre otras.

Además, Pérez anunció la intención del Gobierno autonómico de que la Policía Canaria se despliegue en las islas no capitalinas ante la demanda de los cabildos para que esté presente en las mismas, así como ejercer nuevas competencias y reforzar las actuales.

“Y para todo esto, hacen falta más policías”, remató. La Policía Canaria cuenta en 2019 con un presupuesto de 6.012.966 de euros, y para 2020 serán, previsiblemente, 6.817.371 euros, a fin de poder llevar a cabo el crecimiento previsto.

Las oposiciones para formar parte del Cuerpo de la Policía Canaria, un proceso que aún se está celebrando, están levantando muchas suspicacias. Numerosos opositores se quejan de la vulneración de las bases de la convocatoria, así como del protocolo por el que se rigen las oposiciones de la comunidad autónoma. No se permitieron los diez minutos de lectura antes del examen para elegir entre los cinco supuestos planteados, hubo preguntas fuera de temario y se calificó con otro criterio al establecido. Son algunas de las numerosas irregularidades detectadas si se compara con lo previsto en estos documentos. No obstante, muchos tienen miedo de denunciar o quejarse ya que quieren presentarse a otras convocatorias.

Se trata de las primeras oposiciones de escala básica que realiza el cuerpo desde que se constituyera en el año 2010 con cien agentes. En aquel momento, una parte de la plantilla accedió mediante oposiciones (un proceso que se inició en 2008) y otra parte por concurso de traslado de policías locales, guardias civiles, policía nacional… Posteriormente, se han realizado concursos de traslado de inspectores y oficiales, pero hasta ahora no se había ampliado la plantilla base con oposiciones. Con el actual proceso selectivo, el cuerpo pasará a estar formado por 57 agentes más.

Las bases de esta convocatoria fueron publicadas el pasado 8 de noviembre de 2018. Ya se ha realizado el examen tipo test, el supuesto práctico y la prueba física, y es en el segundo paso donde se produjo una mayor criba de aspirantes (de 397 quedaron 134). Según esas bases, la nota del supuesto práctico se obtendría de la media de los tres ejercicios. Sin embargo, numerosas fuentes consultadas afirman haber suspendido por tener mal el primero de los supuestos, por lo que el examinador no siguió corrigiendo. “Queremos saber la nota del resto de los ejercicios”, es el principal de los reclamados.

Las personas suspendidas no conocen su nota

Otra de las irregularidades que se aprecian es que, según el anexo 1 de las bases de las oposiciones, “las puntuaciones otorgada por cada miembro del Tribunal, ejercicio a ejercicio y las totales deberán reflejarse en las correspondientes actas, no bastando que figure simplemente la calificación de ‘no apto”. Sin embargo, como puede comprobarse en las actas publicadas en la web con las notas finales de la parte teórica, los suspensos aparecen como “no aptos”, por lo que los aspirantes a policías no pueden saber si están muy alejados o no del aprobado. Además, entre el listado de notas provisionales de la parte teórica y el definitivo hay personas que habían suspendido y que aprueban con más de un siete tras la revisión. Por ello, creen que el proceso sería más transparente si se cumpliera con las bases y se publicara con la calificación numérica.

Uno de los supuestos prácticos, según fuentes consultadas por esta redacción, versó sobre un delito de agresión sexual, que no entraba en el temario, que se puede consultar en el Boletín Oficial de Canarias. No obstante, otra irregularidad relatada es que no se permitió que los opositores pudieran llevarse el examen a casa. En el tipo test sí se permitió, aseguran varias de las fuentes, pero en el caso de los supuestos prácticos, el ejercicio que mayor controversia está generando, es imposible conseguir una copia.

Sobre el método de revisión del examen también se palpa malestar. Hay quien asegura que no se le permitió verlo y que las explicaciones sobre su suspenso no fueron convincentes ya que había criterios dispares. Así mismo, los opositores podían ver perfectamente el código de su examen en todo momento, sin que se hubiera realizado una apertura de sobre posterior al examen y que permitiera comprobar, una vez corregidos, los exámenes con los DNI de los aspirantes a estas plazas.

Las pruebas físicas tampoco dejaron indiferente, ya que hay personas que la realizaron y que afirman que no fue grabada como sí ha ocurrido en convocatorias anteriores, ya que no existe ninguna prueba para poder reclamar que un determinado ejercicio está bien hecho.

Las quejas van más encaminadas hacia las irregularidades cometidas en relación a las bases de la convocatoria y al protocolo por el que se rigen las oposiciones de la Comunidad Autónoma. No obstante, también se palpa malestar con la “pequeña familia” que se aprecia en la policía autonómica. Se trata de un cuerpo muy pequeño, de reciente constitución, por lo que aseguran que existen lazos familiares o de amistad entre personas que se presentaron a este cuerpo con altos mandos o personas relevantes del mismo. La Ley 40 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas explica en su artículo 23 que “es motivo de recusación de los tribunales la amistad o enemistad con las personas que se presentan y hasta un cuarto de consanguinidad”. No obstante, hasta el momento aún no se han interpuesto recursos sobre ello ni se han impugnado las oposiciones por este motivo.

Preguntada sobre las posibles irregularidades cometidas y sobre si se han contestado a las quejas recibidas, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha transmitido a este periódico que, de momento, prefiere no hacer declaraciones hasta que acabe el proceso selectivo. Las oposiciones se encuentran llegando a su recta final, ya que solo falta por realizarse las pruebas psicológicas y los reconocimientos médicos. La primera de estas pruebas se prevé que se realicen en los próximos días. En el proceso quedan aún 59 personas que resultaron aptas en las pruebas físicas, que consistieron en prueba de salto, flexión de brazos y test de cooper.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón al recurso presentado por uno de los agentes del Cuerpo de la Policía Canaria, Abraham Catalina –representante sindical de co.bas- después de que le fuera retirada la flexibilidad horaria que le permitía llevar a sus hijos al colegio.

Ese derecho le fue concedido en un principio, de modo que entraba a las 9.00 horas de la mañana y salía a las 16.30 horas cumpliendo sus siete horas y media estipuladas y podía, al mismo tiempo, conciliar su vida laboral y familiar unos días determinados.

Pero según Catalina, después de una reunión con la nueva directora general, Nazaret Díaz Santos, en la que, el portavoz sindical, en cumplimiento de esa labor, expresó las quejas que legítimamente podía tener respecto a la dirección del Cuerpo, esa flexibilidad horaria le fue retirada argumentando que era un turno inventado.

Catalina sostiene que la dirección “insinuó que si no lo presentaba por escrito, sólo de forma hablada, me lo concederían” pero el portavoz sindical no consideró esa opción “pues se trataba de un derecho no sólo mío sino de todos mis compañeros y compañeras”, así que recurrió al documento oficial, al que respondieron con una negativa.

Catalina llevó el asunto a los tribunales e inicialmente el Juzgado número 2 emitió una sentencia en la que le reconocía el derecho, pero no le daba la razón, pero ahora, tras el recurso presentado ante el TSJC, Catalina entiende que la sentencia ha sido “histórica en términos de conciliación familiar y de la utilización caprichosa que se hace de cuestiones que son derechos de los trabajadores”. Y es que, el TSJC ha sido contundente al afirmar que, en contra de lo que quería sostener la dirección del Cuerpo, el servicio policial no puede estar en detrimento de la conciliación familiar, y deben buscarse las alternativas posibles, teniendo en cuenta el trabajo de toda la plantilla pero “ofrecer sólo el cambio de turno al de la tarde como alternativa no es conciliar sino conculcar un derecho”.