La USTEC, CGT, la Intersindical, COS, CNT y la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) han abierto una consulta al personal educativo para saber si estarían dispuestos a iniciar una nueva ronda de huelgas durante la campaña electoral y en qué formato.

La encuesta plantea tres cuestiones: si la persona está dispuesta a hacer huelga, si participaría en una movilización de toda la comunidad educativa de la pública, y qué propuesta de huelga considera más adecuada. Entre las opciones están un sólo día de paro; dos, siendo uno de ellos sólo de ámbito territorial; tres, siendo uno territorial y dos en toda Catalunya; y cuatro, dos territoriales y dos catalanes.

La consulta, que estará activa hasta el viernes 23 de octubre a las 12h, se plantea como una “continuación” de las jornadas de huelga de inicio de curso. Los sindicatos han constatado que se sumarán al paro general del próximo 11 de noviembre, pero aseguran que eso no quita que quieran abrir un nuevo calendario de huelgas sectoriales aprovechando la campaña electoral.

Con todo, han instado al Govern a volver a abrir una negociación “real” para “blindar la educación pública”. La USTEC ha alertado de que si no hay avances, seguirá convocando huelgas y, además, se plantean trabajar por un paro educativo a nivel estatal.

Las entidades y asambleas de la comunidad educativa valenciana han impulsado una propuesta conjunta de hoja de ruta para mantener la presión sobre la Conselleria de Educación y exigir la reapertura efectiva de las negociaciones. El calendario planteado, que será sometido a votación del profesorado y del personal de atención educativa y de administración entre el 19 y el 23 de octubre, combina jornadas de huelga general, movilizaciones descentralizadas y una campaña continuada de protesta bautizada como el “Novembre Verd”.

La iniciativa nace de las aportaciones del conjunto de colectivos tras las movilizaciones de final del pasado curso y busca dotar al sector de una respuesta coordinada ante la falta de acuerdos concretos con la administración autonómica. El objetivo principal de estas movilizaciones radica en “mantener la presión sobre la Conselleria de Educació, exigir la reanudación efectiva de les negociaciones y avanzar en las reivindicaciones de la comunitat educativa”.

El calendario de grandes movilizaciones contempla como primera cita clave la jornada de huelga general del próximo 11 de noviembre, que contará con un bloque específico enfocado en la enseñanza pública. Asimismo, la estrategia prevé la celebración de manifestaciones en las capitales de provincia el sábado 12 de diciembre.

De cara al inicio del segundo trimestre, el proceso de consulta ofrece dos opciones alternativas para secundar huelgas sectoriales por provincias: una primera horquilla fijada para los días 19 de enero en Alicante, 20 de enero en Valencia y 21 de enero en Castellón; y una segunda alternativa los días 2, 3 y 4 de febrero. Con ello se busca consolidar una escalada progresiva del conflicto en función de la respuesta del departamento que dirige Carmen Ortí.

El “Novembre Verd” y la presión en los centros

Como eje vertebrador de la protesta a corto plazo, el plan establece el inicio del 'Novembre Verd', una ronda continuada de concentraciones que tendrán lugar tanto en horario matinal como vespertino frente a la sede de la Conselleria en València, las direcciones territoriales de Alicante y Castelló, y otros puntos. Estas movilizaciones pretenden facilitar la participación de familias, alumnado y profesorado por medio de turnos rotatorios de hora y media de duración.

En el ámbito de los centros educativos, la hoja de ruta fomenta los denominados “dijous combatius”, el uso diario de prendas reivindicativas, la remisión masiva de escritos de queja y el cumplimiento estricto del horario laboral con la suspensión de actividades voluntarias. Además, se promoverán acciones comarcales y locales —como bicicletades, marchas y actos culturales— en colaboración con otros servicios públicos y movimientos sociales.

Para validar la estrategia, los convocantes han habilitado un sistema de votación telemática idéntico al empleado en los procesos anteriores del pasado mes de junio. El formulario permitirá al personal docente posicionarse sobre el documento global, elegir las fechas de los paros previstos para el segundo trimestre y determinar el grado de participación semanal en las concentraciones del 'Novembre Verd', garantizando que cualquier modificación sustancial responda a una decisión colectiva y verificable.

El sindicato independiente de educación ANPE Cantabria ha reclamado a la Consejería de Educación información clara, completa y accesible sobre los procesos selectivos del cuerpo de Maestros/as y ha exigido que se garantice la máxima transparencia y previsibilidad para todas las personas que estén preparando su participación en las próximas oposiciones.

Desde ANPE dicen haber solicitado la semana pasada una reunión con la Consejería de Educación con el objetivo de abordar de manera directa las cuestiones que afectan a los próximos procesos selectivos y al desarrollo del actual, así como trasladar las dudas y preocupaciones de los docentes. “A día de hoy, no hemos recibido respuesta ni se ha fijado fecha para dicha reunión”, ha señalado el sindicato en un comunicado.

“Consideramos que quienes están preparando un proceso selectivo necesitan disponer con suficiente antelación de información sobre aspectos fundamentales como la previsión de convocatoria, las especialidades que se ofertarán, el número de plazas, el calendario y demás cuestiones relacionadas con el desarrollo del proceso”, han incidido.

En cuanto al actual proceso selectivo, ANPE ha explicado que la Consejería de Educación ha anunciado ahora la publicación, a través de consulta individualizada en el portal docente Puntal, del calendario provisional de actuaciones de los tribunales, disponible en la pestaña 'Documentos', filtrando por especialidad y tribunal. Desde el sindicato “valoran” que se facilite esta información, pero consideran insuficiente que cuestiones de interés general relacionadas con un proceso selectivo se publiquen “únicamente mediante consulta individualizada”.

Por ello, ANPE ha exigido que toda la información relativa a las oposiciones (listados, baremos, calendarios, resoluciones y cualquier otra documentación de interés) se publique en abierto, “de manera que pueda ser consultada por cualquier persona, sin necesidad de acceder mediante una consulta individualizada”.

El sindicat recuerda que esta ha sido la forma habitual de publicar la información de los procesos selectivos en Cantabria y continúa siendo la práctica en la gran mayoría de las comunidades autónomas. “No entendemos, por tanto, que se limite ahora el acceso público a una información que afecta a todas las personas aspirantes y que debe estar presidida por los principios de publicidad, transparencia e igualdad”, han subrayado.

Asimismo, el sindicato denuncia que las personas que participan en el actual proceso han estado más de tres meses sin recibir información relevante sobre el desarrollo de la oposición, entre ella la publicación de los resultados y los siguientes pasos del procedimiento. “La incertidumbre que genera la falta de información completa y accesible resulta especialmente preocupante para los aspirantes, que llevan meses realizando un importante esfuerzo personal, profesional y económico para preparar unas oposiciones”, han recalcado.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha expressat el seu ferm rebuig a les mesures introduïdes en la llei d'acompanyament als pressupostos pel Govern de la Generalitat de Pérez Llorca, que compta amb el suport parlamentari de Vox, pel que fa a convertir la Inspecció Educativa en “policia educativa” en les aules. El portaveu de l'organització, Marc Candela, ha criticat la implantació del que defineix com una “policia ideològica” en el sistema educatiu autonòmic. Segons explica, esta norma “intenta continuar desprestigiant i criminalitzant el professorat perquè es suposa que no tenim una altra faena a fer que adoctrinar”.

En relació amb el discurs que atribueix biaix ideològic als docents, Candela ha tirat d'ironia per a assenyalar la contradicció dels arguments polítics: “L'assignatura de religió no adoctrina, el professorat sí”. Això no obstant, el representant sindical ha advertit sobre les conseqüències operatives que aquest tipus de legislació pot provocar en el dia a dia dels centres. “El perill d'aquesta norma és que deixem de fer les activitats i les accions que solem fer en els centres educatius. No podem permetre eixa autocensura”, ha emfatitzat.

Davant d'aquestes restriccions, l'STEPV defén la vigència del marc legislatiu general per a mantindre la impartició de continguts transversals i ètics en les aules. “Hem de continuar fent accions per a promocionar la nostra llengua, per a promocionar la igualtat, el feminisme, parlar del col·lectiu LGTBI, dels drets humans, de les guerres, de Palestina, que és el que al final pretenen evitar”, ha asseverat Candela. El portaveu ha instat la comunitat educativa a no frenar la seua activitat “per por de ser reprimits” i ha recordat la cobertura legal existent: “No podem permetre que aquest Govern que tenim de PP i Vox -que no forma part del Consell- ens impose el que podem fer i el que no, perquè ens avala la llei educativa. No permetem l'autocensura i continuem treballant en difondre valors, drets humans i la llengua entre l'alumnat”.

Rebuig a les sancions a docents

A més, el sindicat ha fet públic el malestar del professorat per les sancions incoades per la Delegació del Govern a diversos docents i a un alumne a conseqüència de les mobilitzacions de la passada vaga educativa. El mateix Candela ha reconegut que ha rebut una multa per la seua participació en una concentració enfront de la qual ja ha presentat les al·legacions corresponents, en argumentar que l'acte “era una roda de premsa” i que “no existeix el motiu pel qual m'han denunciat”.

El portaveu de l'STEPV ha expressat que no està preocupat per la seua multa en particular, sinó per les que han rebut altres docents, “a qui estem assessorant i ajudant a presentar al·legacions”. En aquest sentit, ha qualificat l'actuació policial com un atac coordinat. “Tot açò ho emmarquem en una campanya de repressió contra el professorat, en aquest cas per part de la Policia Nacional, que no anar a tolerar”, ha afirmat.

La central sindical preveu sol·licitar formalment a la Delegació del Govern l'anul·lació de tots els expedients sancionadors oberts. “Anem a demanar-li que retire les multes, perquè no tenen cap sentit”, ha insistit Candela, qui ha remarcat a més que “l'únic incident que es va produir va ser la empenta a una companya jubilada per part d'un agent de policia”.

Calendari de protestes a l'inici del curs

Davant d'aquesta situació, l'organització sindical ja treballa en la reactivació del conflicte educatiu de cara a l'arrencada de l'any acadèmic. Candela ha anunciat que les protestes continuaran el mes que ve amb marxes simultànies a València, Castelló de la Plana i Alacant el 12 de setembre: “Cal reactivar les mobilitzacions i incorporar aquestes qüestions de les quals acabem de parlar a la plataforma reivindicativa”. L'STEPV considera fonamental mantindre la unitat de la comunitat educativa davant de les administracions per a garantir els drets laborals i els projectes pedagògics. “Cal mantindre la pressió al Govern autonòmic”, ha conclòs.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha expresado su firme rechazo a las medidas introducidas en la ley de acompañamiento a los presupuestos por el Gobierno de la Generalitat de Pérez Llorca, que cuenta con el apoyo parlamentario de Vox, al respecto de convertir a la Inspección Educativa en “policía educativa” en las aulas. El portavoz de la organización, Marc Candela, ha criticado la implantación de lo que define como una “policía ideológica” en el sistema educativo autonómico. A su juicio, esta norma “intenta continuar desprestigiando y criminalizando al profesorado porque se supone que no tenemos otra faena que hacer que adoctrinar”.

En relación con el discurso que atribuye sesgo ideológico a los docentes, Candela ha tirado de ironía para señalar la contradicción de los argumentos políticos: “La asignatura de religión no adoctrina, el profesorado sí”. No obstante, el representante sindical ha advertido sobre las consecuencias operativas que este tipo de legislación puede provocar en el día a día de los centros. “El peligro de esta norma es que dejemos de hacer las actividades y las acciones que solemos hacer en los centros educativos. No podemos permitir esa autocensura”, ha enfatizado.

Frente a estas restricciones, STEPV defiende la vigencia del marco legislativo general para mantener la impartición de contenidos transversales y éticos en las aulas. “Debemos continuar haciendo acciones para promocionar nuestra lengua, para promocionar la igualdad, el feminismo, hablar del colectivo LGTBI, de los derechos humanos, de las guerras, de Palestina, que es lo que al final pretenden evitar”, ha aseverado Candela. El portavoz ha instado a la comunidad educativa a no frenar su actividad “por miedo a ser reprimidos” y ha recordado la cobertura legal existente: “No podemos permitir que este Gobierno que tenemos de PP y Vox -que no forma parte del Consell- nos imponga lo que podemos hacer y lo que no, porque nos avala la ley educativa. No permitamos la autocensura y continuemos trabajando en difundir valores, derechos humanos y la lengua entre el alumnado”.

Rechazo a las sanciones a docentes

Además, el sindicato ha hecho público el malestar del profesorado por las sanciones administrativas impuestas por la Delegación del Gobierno a varios docentes y a un alumno a raíz de las movilizaciones de la pasada huelga educativa. El propio Candela ha reconocido que ha recibido una multa por su participación en una concentración frente a la que ya ha presentado las correspondientes alegaciones, al argumentar que el acto “era una rueda de prensa” y que “no existe el motivo por el que me han denunciado”.

El portavoz de STEPV ha expresado que mo le preocupa su multa en particular, sino las que han recibido otros docentes, “a quienes estamos asesorando y ayudando a presentar alegaciones”. En este sentido, ha calificado la actuación policial como un ataque coordinado. “Todo esto lo enmarcamos en una campaña de represión contra el profesorado, en este caso por parte de la Policía Nacional, que no vamos a tolerar”, ha afirmado.

La central sindical prevé solicitar formalmente a la Delegación del Gobierno la anulación de todos los expedientes sancionadores abiertos. “Vamos a pedirle que retire las multas, porque no tienen ningún sentido”, ha insistido Candela, quien ha remarcado además que “el único incidente que se produjo fue el empujón a una compañera jubilada por parte de un agente de policía”.

Calendario de protestas al inicio del curso

Ante esta situación, la organización sindical ya trabaja en la reactivación del conflicto educativo de cara al arranque del año académico. Candela ha anunciado que las protestas continuarán el próximo mes con marchas simultáneas en València, Castellón y Alicante el 12 de septiembre: “Hay que reactivar las movilizaciones e incorporar estas cuestiones de las que acabamos de hablar a la plataforma reivindicativa”. STEPV considera fundamental mantener la unidad de la comunidad educativa ante las administraciones para garantizar los derechos laborales y los proyectos pedagógicos. “Hay que mantener la presión al Gobierno autonómico”, ha concluido.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales y Fijos de la Administración Pública (PIR) ha expresado este jueves su “profunda preocupación” por el resultado del proceso selectivo del Cuerpo de Maestros en la especialidad de Audición y Lenguaje en La Rioja. Según los resultados publicados, han superado la fase de oposición exactamente 22 personas, el mismo número que las 22 plazas convocadas. Este hecho hace que, como resalta PIR, “la fase de concurso de méritos quede vacía de contenido”.

Como aducen en un comunicado, “la valoración del concurso deja de tener una incidencia real en la adjudicación de las plazas, desnaturalizando el propio sistema de concurso-oposición previsto por la normativa”. PIR considera “imprescindible” que la Consejería de Educación explique públicamente “cómo se ha llegado a este resultado y qué criterios de evaluación se han aplicado para que el número de aspirantes que superan la oposición coincida exactamente con el número de plazas ofertadas”.

“Cualquier circunstancia que pueda generar dudas sobre la eficacia real de alguna de las fases del procedimiento exige una explicación clara por parte de la Administración, tanto por respeto a las personas aspirantes como por la confianza que debe inspirar cualquier proceso selectivo”, añaden.

PIR asegura que ha recibido la queja de personas participantes en este proceso y solicitará formalmente a la Consejería de Educación información detallada sobre el desarrollo de la oposición y los criterios empleados, con el objetivo de comprobar que todas las garantías legales han sido plenamente respetadas

Asimismo, añade que resulta “especialmente preocupante” que esta situación afecte, precisamente, “a quienes durante años han prestado servicio en la enseñanza pública acumulando experiencia y méritos que el propio sistema reconoce a través de la fase de concurso, si esta fase pierde toda capacidad de influir en el resultado final, son estos profesionales quienes soportan el mayor perjuicio”.

En este sentido, se refieren a los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han vuelto a poner el foco en la necesidad de que las administraciones adopten medidas efectivas frente al “abuso de la temporalidad y ofrezcan respuestas reales a quienes llevan años encadenando nombramientos temporales”. “Mientras en Europa se insiste en la obligación de corregir estas situaciones, resulta difícil comprender que se desarrollen procesos selectivos que, en la práctica, reducen al mínimo el valor de la experiencia acumulada por quienes han sostenido durante años el sistema educativo público”, dice el sindicato de interinos de La Rioja, que pide una “reflexión inmediata” por parte de la Administración educativa, que, según creen los interino, “debe garantizar que el sistema de concurso-oposición responda verdaderamente a su finalidad y que los méritos de quienes han dedicado años al servicio de la escuela pública sean valorados de manera efectiva”.

“Ignorar reiteradamente el contexto marcado por la jurisprudencia europea y las exigencias derivadas de la normativa comunitaria solo contribuye a aumentar la sensación de inseguridad jurídica y de desprotección de miles de docentes temporales”, finalizan.

Vox no només vol colar la 'prioritat nacional' per a aprovar els pressupostos de la Generalitat Valenciana. Entre les esmenes presentades als comptes autonòmics de Pérez Llorca, la formació ultra exigeix l'“estricte compliment” de la neutralitat política i social a les aules de la Comunitat Valenciana.

Així, la iniciativa planteja l'addició d'un nou apartat als deures del personal docent recollits en el Decret 193/2025 de convivència en el sistema educatiu, i introdueix una secció específica davall el títol 'Pla de Convivència' que busca “blindar l'activitat escolar davant posicionaments partidistes o dogmàtics”.

D'acord amb el document presentat a les Corts Valencianes, al qual ha tingut accés elDiario.es, “els directius, els docents i el consell escolar del centre educatiu han de vetlar per la seua neutralitat ideològica”.

Aquesta obligació afectarà de manera integral el disseny, l'aprovació, la impartició i el control dels continguts educatius, així com la programació d'activitats i l'elecció dels llibres de text i altres materials didàctics. Vox pretén que s'actue “evitant qualsevol forma d'adoctrinament ideològic”.

A més, la proposta estén aquesta responsabilitat als agents externs a la comunitat escolar. L'esmena estableix que el professorat i els equips directius “també són responsables dels continguts que puguen impartir persones i col·lectius externs al centre”. Aquesta mesura obligarà a un control previ de les conferències, els tallers o les xarrades complementàries que organitzen persones o entitats externes en les instal·lacions públiques.

Reforç de la Inspecció Educativa

Aquesta proposta complementa una altra esmena presentada per Vox orientada a facultar la Inspecció d'Educació perquè actue de manera prioritària quan existisquen indicis de vulneració de drets. En aquests casos, els inspectors mantindran la competència de “vetlar per la seguretat, el benestar o els drets fonamentals de l'alumnat” mitjançant visites i entrevistes d'urgència als centres escolars.

El redactat manté que aquestes tasques de control es desenvoluparan sota els principis d'“objectivitat, proporcionalitat i contradicció” i salvaguardant la “presumpció de correcció en l'actuació dels professionals de l'educació”.

Vox no solo quiere colar la 'prioridad nacional' para aprobar los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Entre las enmiendas presentadas a las cuentas autonómicas de Pérez Llorca, la formación ultra exige el “estricto cumplimiento” de la neutralidad política y social en las aulas de la Comunitat Valenciana.

Así, la iniciativa plantea la adición de un nuevo apartado a los deberes del personal docente recogidos en el Decreto 193/2025 de convivencia en el sistema educativo, e introduce una sección específica bajo el título 'Plan de Convivencia' que busca “blindar la actividad escolar frente a posicionamientos partidistas o dogmáticos”.

De acuerdo con el documento presentado en las Corts Valencianes al que ha tenido acceso elDiario.es, “los directivos, los docentes y el consejo escolar del centro educativo deben velar por su neutralidad ideológica”.

Esta obligación afectará de manera integral al diseño, aprobación, impartición y control de los contenidos educativos, así como a la programación de actividades y la elección de los libros de texto y otros materiales didácticos. Vox pretende que se actúe “evitando cualquier forma de adoctrinamiento ideológico”.

Además, la propuesta extiende esta responsabilidad hacia los agentes de fuera de la comunidad escolar. La enmienda establece que el profesorado y los equipos directivos “también son responsables de los contenidos que puedan impartir personas y colectivos externos al centro”. Esta medida obligará a un control previo de las conferencias, talleres o charlas complementarias que organicen asociaciones extraescolares en las instalaciones públicas.

Refuerzo de la Inspección Educativa

Esta propuesta complementa otra enmienda presentada por Vox orientada a facultar a la Inspección de Educación para que actúe de manera prioritaria cuando existan indicios de vulneración de derechos. En esos casos, los inspectores mantendrán la competencia de “velar por la seguridad, bienestar o derechos fundamentales del alumnado” mediante visitas y entrevistas de urgencia en los centros escolares.

El redactado mantiene que estas labores de control se desarrollarán bajo los principios de “objetividad, proporcionalidad, contradicción” y salvaguardando la “presunción de corrección en la actuación de los profesionales de la educación”.

La asfixiante ola de calor que afecta a la Región de Murcia este mes de junio de 2026 ha desatado una oleada de protestas en los centros educativos públicos de la comunidad, donde familias, sindicatos y docentes han denunciado el sobrecalentamiento crítico de las aulas por falta de ventilación e infraestructuras insuficientes. Como medida inmediata de presión antes de que concluya el curso, la Federación de AMPAS ha anunciado que trasladará formalmente todas las mediciones de temperatura registradas a la Inspección de Trabajo y al Defensor del Pueblo. Asimismo, el colectivo ha avanzado que ya trabaja en la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para obligar a la Asamblea Regional a dotar presupuestariamente un plan definitivo, argumentando que si el Ejecutivo autonómico no prioriza económicamente estas obras es debido a una desatención institucional hacia la protección y el cuidado de los escolares.

La semana pasada se produjeron concentraciones y protestas con batucadas a las puertas de colegios como el CEIP de Rincón de Seca (Murcia), el CEIP Zapata de Torreagüera o en el municipio de Las Torres de Cotillas. Según han denunciado las organizaciones agrupadas en la campaña “Escuela de Calor”, las temperaturas en el interior de las clases han superado de forma generalizada el umbral legal de los 27 grados, obligando a los centros a improvisar medidas de emergencia como el uso de ventiladores domésticos o la reducción de la jornada lectiva ante lo que consideran un riesgo inminente para la salud de los menores y los docentes en esta recta final del curso.

Para fundamentar estas quejas con datos científicos, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana (STERM) ha desplegado un sistema de monitorización independiente mediante termómetros inteligentes en tiempo real en alrededor de una veintena de centros públicos. Al detallar el funcionamiento del rastreo, Andrés Martínez ha señalado que han hecho uso de termómetros inteligentes que, conectados de forma permanente a una red wifi, envían cada hora los datos a la aplicación, que se vuelcan directamente en la página web, de modo que en 24 horas ya está disponible el mapa de calor con las temperaturas reales registradas en cada momento.

A través de esta herramienta, Martínez ha dicho que el 100% de las clases analizadas han superado de forma sistemática el límite legal de 27 grados en la franja horaria de 09:00 a 14:00 horas. Las métricas de la organización sindical desvelan picos térmicos críticos en plena jornada lectiva, destacando los 34,2 °C registrados en el IES Marqués de los Vélez el pasado 2 de junio a las 13:45 horas, o los 33,9 °C detectados en el IES Santa Lucía el 28 de mayo a las 14:10 horas. En cuanto a las medias sostenidas, el portavoz advierte de que las situaciones más graves se localizan en el CEIP Nuestra Señora de la Encarnación, con una media de 29,81 °C, seguido del propio IES Marqués de los Vélez (29,29 °C), el CEIP Don José Marín (28,89 °C) y el CEIP Virgen de la Fuensanta (28,75 °C).

Esta realidad matemática se traduce en un escenario de vulnerabilidad física para los estudiantes de la comunidad. Al ser consultados sobre la experiencia de los menores en las clases, representantes de la Federación de AMPAS de la Región de Murcia (FAPA-RM) han alertado de que las temperaturas están superando los 30 grados, recordando que los menores son mucho más vulnerables y sufren estrés térmico con temperaturas que la ley no permite superar, ante lo que consideran una situación insostenible.

“Todos los edificios públicos están adaptados climatizadamente en estas fechas, pero los centros donde están los menores no los protegemos”, recriminan desde la FAPA-RM. El colectivo denuncia la desigualdad respecto a otras dependencias regionales y lamenta que las soluciones provisionales recaigan sobre los trabajadores de las escuelas, ya que no puede quedar todo en manos de los equipos directivos, que tienen mucha limitación: si no hay espacio y hay mucho calor, poco pueden hacer. Debido a estas carencias, muchos centros recurren a protocolos de emergencia que obligan a las familias a aportar sus propios medios, explicando la federación que en los centros ha habido protocolos en los que se ha pedido a las familias que lleven ventiladores o pulverizadores, o se intenta reubicar a los alumnos, con lo difícil que resulta eso en algunos casos.

“Está demostrado científicamente que el rendimiento escolar baja cuando suben las temperaturas”, sostienen desde la FAPA-RM, alertando de que esta crisis afecta tanto a la salud como a la calidad educativa en una Región donde ya abunda el fracaso y el abandono escolar.

La organización critica que la única respuesta de la Consejería sea acortar las clases, advirtiendo de que esta medida es solo un añadido más en la bajada de la calidad educativa. Esta situación se alinea con el análisis global que hace la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en su “Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025”, donde sitúa la fractura entre comunidades autónomas en gasto por alumno y el abandono escolar como parte de los grandes problemas estructurales del país.

El sindicato señala que el sistema educativo ha crecido en volumen pero no en calidad debido a una inversión ineficaz, donde la inflación se ha comido el gasto de los últimos 15 años. Según denuncia CSIF, el abuso de medidas provisionales y la falta de estabilidad e inversión real terminan repercutiendo directamente en la calidad de la enseñanza y cronificando el fracaso escolar. El impacto de este modelo es especialmente evidente en la Región de Murcia: el informe revela que la comunidad gasta 7.228 € por alumno, situándose por debajo de la media nacional (7.421 €). Asimismo, CSIF califica la situación del territorio como de fragilidad educativo-laboral “Muy alta”, vinculada a una tasa de desempleo del 11,06% y a un 44,13% de la población que no ha completado la segunda etapa de educación secundaria.

El problema afecta de forma directa a la salud laboral del personal de los centros. Desde el punto de vista de la prevención de riesgos, Andrés Martínez, portavoz de STERM, ha advertido de que el cansancio físico y psicológico ya es evidente entre el profesorado, alertando del riesgo de que se produzca algún golpe de calor en colectivos vulnerables como docentes embarazadas o mayores con problemas de salud. El cooportavoz ha criticado la “extrema lentitud” de la Consejería a la hora de resolver las solicitudes de adaptación del puesto de trabajo por motivos médicos.

Según ha denunciado, la administración está recurriendo al “parche” de instalar aparatos de aire acondicionado de forma aislada, únicamente en aquellas aulas donde la condición médica de un profesor o de un alumno lo hace estrictamente imprescindible, en lugar de solucionar la situación de la clase de forma global: “De todos los funcionarios públicos, los docentes son los únicos que carecen de condiciones térmicas adecuadas en sus puestos de trabajo”.Asimismo, el representante sindical ha subrayado un sentimiento de “abandono” y una clara “diferencia de trato” al comparar sus centros con los hospitales.

Ante lo que consideran una inacción institucional, la indignación social ha dado paso a un frente común integrado por la FAPA-RM, FEMAE, el Sindicato de Estudiantes, CCOO, STERM y UGT. “Exigimos que sea un Plan de Infraestructuras y Climatización plurianual y consensuado, con una proyección a mayor plazo e inversión suficiente en renovación de los centros públicos”, ha reclamado Martínez, que ha advertido de que hay centros que quieren financiar los aires acondicionados, pero que las instalaciones eléctricas no se lo permiten.

El portavoz ha exigido dotación presupuestaria suficiente para revisar y actualizar las instalaciones eléctricas de los centros antiguos, así como la colocación de sistemas centralizados, ventanas aislantes y la sustitución de las cubiertas de amianto que todavía persisten en la Región. Al evaluar las medidas provisionales de la administración, el portavoz de STERM ha dicho que la Consejería aplaza de manera sistemática las reuniones que exigen los equipos directivos, exigiendo una calendarización de las actuaciones más urgentes: considera que la medida de poder cortar las clases por el calor es un parche que no puede convertirse en la única medida.

El curso escolar apura sus últimos días entre claustros, evaluaciones y despedidas, pero este año la recta final ha venido acompañada de una tensa incertidumbre en los pasillos de muchos colegios e institutos riojanos: hasta hace poco, muchos centros no sabían quién ocuparía los cargos del equipo directivo el próximo mes de septiembre. De las 44 vacantes directivas que salían a concurso para el próximo curso en La Rioja, prácticamente la mitad —21 centros públicos— se quedaron desiertas tras los plazos ordinarios. Mientras la Dirección General de Gestión Educativa admite la necesidad de un plan estratégico para “dignificar” el cargo con mejoras salariales y menos burocracia, muchos directores salientes confiesan el agotamiento de su función donde la labor administrativa devora, cada vez más, el tiempo de la verdadera labor docente.

En concreto, de los 100 centros públicos de La Rioja, ese año salieron como vacantes los equipos directivos de 44 de ellos, de los que en 12 solicitaron renovación y en 11 se presentó un equipo docente de forma voluntaria. Así, al concluir la fase ordinaria, ampliada este año hasta el 31 de enero, 21 de los 100 centros educativos públicos de La Rioja se quedaron sin director o directora para el próximo curso. Esta falta de candidatos voluntarios ha obligado a la Inspección Educativa a activar el artículo 12 de la orden reguladora para nombrar, de forma extraordinaria y por un periodo máximo de un año, a docentes que asuman las riendas. Así, en estos 21 centros ha sido la Inspección, tras entrevistarse con los docentes, quien ha asignado a directores que faltaban y, según Educación, tienen ya todas las propuestas.

“Es una situación muy similar a todos los años”, asegura Luis Manuel Herce, el director general de Gestión Educativa de La Rioja, que subraya que “los nombramientos extraordinarios que se han puesto en marcha están regulados también en la norma”. En concreto, en el plazo ordinario, los docentes que quieren optar al cargo deben presentarse de forma voluntaria con un equipo completo —que incluya jefe/a de estudios y secretario/a— y defender un proyecto con sus líneas de trabajo, objetivos pedagógicos y modelo de gestión para el centro. Además, han de tener una antigüedad mínima de cinco años como funcionarios de carrera en la docencia pública (en la misma etapa educativa), contar con destino definitivo en La Rioja y haber superado la formación específica para directores. Por su parte, en el plazo extraordinario, la Inspección Educativa puede elegir a alguien que cumpla tres requisitos: ser funcionario de carrera, estar en activo y tener destino definitivo en La Rioja.

Hay tantas labores burocráticas que muchos directores no tienen tiempo ni de dar clase

“Cada vez conlleva más carga burocrática, más papeleo y cuestiones administrativas, problemas de convivencia o con las familias, en los que a veces no nos sentimos muy respaldados... cada vez hay más problemas que solucionar”, resume las principales quejas de los directores educativos una maestra que deja este año su centro y el cargo tras más de una década en diferentes cargos directivos. Prefiere no dar su nombre porque asegura que, pese a todo ello, su balance es positivo, pero no conoce que no es la valoración generalizada de otros compañeros. “Esta labor que podía ser algo bonito, llevar al colegio en una línea metodológica que te guste y, a veces, no tienes suficiente tiempo porque hay tantas cuestiones burocráticas”, reivindica, aludiendo a que hay colegios en los que incluso los miembros del equipo directivo no les queda tiempo para dar clase.

Otras de las reclamaciones de los directores es el “insuficiente” complemento salarial. Estos pluses se determinan según el tamaño de los centros, número de alumnado y los diferentes servicios con los que cuenta y varían en los centros de Infantil y Primaria entre los 689,40 euros de un director de un centro de Categoría A a los 203 euros de uno de Categoría E. No obstante, según puntualiza el director general, la mayoría en La Rioja son B o C, donde el complemento es de 624,07 y 451,61, respectivamente. En este caso, en un centro de Categoría B, el jefe de estudios percibe un complemento de 225,41 y el secretario de 224,41 euros y en C, ambos puestos cobran pluses mensuales de 218,16 euros. Por otro lado, los institutos también se dividen por categorías, en los que la mayoría son la A y los directores reciben complementos de 831,30 euros mensuales y los jefes de estudios y secretarios, 370,08 euros.

Educación plantea medidas de refuerzo de la función directiva

Ante este escenario, desde la Consejería de Educación se abren a mover ficha. Aunque el director general recalca que la situación es “muy similar a la de otros años” en este sentido, sí asegura que el Gobierno de La Rioja está “muy comprometido” con este asunto y define como “línea prioritaria o actuación estratégica” el impulso de medidas de “reconocimiento profesional” no solo hacia los directores, sino a todos los equipos directivos. “Hay una reivindicación laboral que entendemos y creemos en ella, que se merecen un mayor reconocimiento profesional y unas mejores condiciones y hay una razón educativa: creemos que la dirección escolar influye directamente en el funcionamiento de los centros educativos y en los resultados del alumnado. Estamos en ello”, explica Herce, que espera llegar a un acuerdo con los sindicatos en la mesa sectorial de Educación sobre “medidas de dignificación y refuerzo de la función directiva”. En concreto, alude a “reducir carga burocrática, aumentar los complementos específicos económicos, dotar de mayor formación y medidas para fortalecer la dirección de los centros públicos de La Rioja”.

Además del exceso de carga burocrática, esta directora de un colegio pequeño, quien está a punto de dejar el puesto, coincide en que estas cantidades “no compensan” el trabajo que requiere. No obstante, insiste en que ejercer esta responsabilidad también conlleva una parte de vocación, que podría perderse si el plus es muy grande y “el cargo se acaba asumiendo por el dinero”. Así, aboga por el equilibrio: “Quizás dar más puntos para el concurso de traslados o que tuvieran algún reconocimiento haría que la gente lo escogiese más”. Tras muchos años ejerciendo como directora, ha cambiado su percepción: “Antes pensaba que todo el mundo tendría que pasar por aquí, pero igual todas las personas no tienen cualidades, hay que ser muy empático con los compañeros, estar muy presente, saber tratar con las familias”.

Estar en el equipo directivo te ayuda a crecer como persona y como profesional

“Hay que estar preparado, pero sí tendría que haber más rotación para dar aire fresco”, defiende esta maestra, que precisamente por eso ella hace “un cambio de vida”, dice en referencia a su cambio de centro educativo. “Me voy porque creo que tiene que entrar otra persona, que lo hará igual o mejor que yo”. A pesar de todas las dificultades que ha visto crecer a lo largo de los años, lamenta que cada vez haya menos personas dispuestas a asumir esta responsabilidad. “Creo que estar en el equipo directivo te ayuda a crecer como persona y como profesional, vives muchas experiencias muy bonitas, aunque sí que es verdad que a veces hay situaciones que no son tan agradables”, explica.

El reto ahora está sobre la mesa de la Administración. Mientras la Consejería de Educación busca la fórmula para un problema que amenaza con cronificarse cada final de curso, los directores reclaman medidas eficaces para que asumir las riendas de un centro sea, como defiende esta maestra tras su experiencia, una experiencia que ayude a crecer y mejorar las escuelas y no un peaje que termine por desgastar.

El próximo sábado son las oposiciones del Cuerpo de Maestros. Y a menos de una semana de las pruebas, el sindicato CSIF en La Rioja ha denunciado públicamente una serie “incidencias” que exige se subsanen. Así, desde la formación sindical hablan de incidencias y “desajustes organizativos que están afectando a los aspirantes” por lo que exigen una actuación “inmediata” de la administración para “reducir la incertidumbre y el estrés”.

Y entre esos “desajustes” aseguran que se han producido “llamativas modificaciones en Pedagogía Terapéutica (PT) porque se ha alterado el orden habitual de las pruebas y el supuesto práctico en el primer ejercicio se realizará por delante del tema escrito al revés que en el resto de especialidades”.

También piden una aclaración “urgente” en relación a los horarios publicados para las citaciones de la especialidad de Audición y Lenguaje (AL): “la publicación actual resulta confusa y está generando inseguridad entre las personas inscritas”. Y además denuncian la falta de previsión porque el baremo definitivo de méritos se ha publicado junto antes de las fiestas por el Día de La Rioja y San Bernabé. “Al coincidir con días no lectivos y de cierre administrativo, los interinos no han podido contactar con la Consejería y resolver las dudas o incidencias”. Incidencias entre las que se señalan que “la Administración está desestimando méritos ya validados como correctos en convocatorias anteriores” por lo que piden “una revisión detallada para evitar perjuicios los profesionales”.

Por otro lado, la publicación de la habilitación para las listas de interinos acumula un retraso de casi dos meses sobre el calendario previsto. Demora que “mantiene en vilo a un gran número de maestros que, a pocos días del examen, todavía desconocen cuál será su situación y disponibilidad de cara a las contrataciones del próximo curso escolar”.

Por todo ello, CSIF exige de manera inmediata a la Consejería de Educación que “deje de generar más nerviosismo e incertidumbre en los opositores y que soluciones estos asuntos de manera prioritaria en los días que restan hasta el sábado 20 de junio”. Y advierten de que se mantendrán vigilantes durante este proceso selectivo para garantizar los derechos de todos los opositores riojanos.

El passat 11 de maig va començar la vaga indefinida d'educació a la Comunitat Valenciana, uns aturs convocats originalment per STEPV, CCOO, UGT i CSIF —organització que es va desmarcar a les dues setmanes— i que es van perllongar durant un mes. Les tres centrals majoritàries, que fins a aquest dijous van mantindre la convocatòria, van decidir suspendre les protestes en resposta al mandat de la majoria dels més de 30.000 docents que van participar en l'última consulta impulsada per STEPV, CCOO, UGT i la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV). D'aquesta manera, a partir d'aquest divendres, la vaga queda suspesa —però no desconvocada—, per la qual cosa les organitzacions sindicals es guarden la carta de reprendre les mobilitzacions al setembre, coincidint amb l'inici de curs, si les negociacions amb el departament que dirigeix Carmen Ortí no avancen.

L'últim capítol fins ara es va viure aquest mateix dijous, quan el Govern valencià va veure com els sindicats docents li tombaven sis de les set propostes pendents d'acord. CSIF i ANPE van signar fa més de dues setmanes el pacte retributiu, que preveu una pujada de 200 euros fins a gener de 2028 en tres trams i vinculada a l'IPC. Així mateix, totes les plataformes, a excepció d'ANPE, van rubricar el plantejament referit a la reducció de la càrrega burocràtica i administrativa. No obstant això, el consens encara queda lluny en qüestions com les plantilles, les infraestructures, les ràtios, la Formació Professional (FP), la inclusió o el valencià.

Tan sols la proposta sobre el valencià va comptar amb el suport d'una de les organitzacions, CSIF, mentre que la resta dels blocs va rebre el rebuig unànime dels representants del professorat. Així, els sindicats van criticar que el calendari de reducció de ràtios s'allargue excessivament en el temps i no atenga les unitats específiques (UECO) ni els conservatoris. En matèria de plantilles, van denunciar la falta de compromisos clars per a revertir retallades o agilitzar substitucions; en inclusió, van censurar l'escassetat de recursos estables i l'absència de la figura de la infermera escolar; i, respecte a les infraestructures, van afirmar que el document no dona una resposta urgent als problemes del dia a dia, especialment als centres afectats per la dana o als que arrosseguen l'ús de barracon, alhora que van lamentar l'absència d'un pla director de climatització.

Cinc setmanes de pressió als carrers

Les protestes van començar fa cinc setmanes amb un seguiment massiu dels aturs, amb jornades en què es va superar el 45 % de suport per part del professorat. A més, els carrers de València van acollir una desena de manifestacions, algunes amb més de 30.000 participants; concentracions multitudinàries a l'entorn del Palau de la Generalitat, les Corts Valencianes o la seu de la Conselleria, a l'avinguda de Campanar; i diverses accions de protesta que van incloure marxes, talls de vies, classes al carrer i una acampada docent ubicada a la plaça de la Mare de Déu de la capital valenciana. Durant el conflicte també es va produir la dimissió en bloc dels equips directius de més d'un centenar de centres educatius valencians.

En aquest període, tots els documents presentats per la Conselleria d'Educació van ser rebutjats majoritàriament pel professorat. STEPV, CCOO, UGT i la CADPV van fer tres consultes als docents, que van comptar amb una participació superior als 30.000 mestres i professors —sobre un cens d'al voltant de 78.000 funcionaris—. L'únic punt en què es va validar la signatura va ser el de la reducció de la càrrega burocràtica, mentre que la resta d'ofertes van resultar àmpliament rebutjades. No obstant això, el professorat, esgotat després de 32 dies de mobilitzacions —amb una penalització salarial d'entre 170 i 190 euros per cada dia de vaga, en un context en què prop del 50 % dels participants en la consulta van reconéixer haver secundat més de deu jornades d'atur—, va decidir fer un parèntesi.

Tal com explicaven els portaveus sindicals en finalitzar l'última reunió de la mesa de negociació i la manifestació d'aquest dijous, el professorat “ha suspés” la Conselleria d'Educació i, malgrat la suspensió de la vaga, està disposat a continuar negociant i lluitant, així com a reprendre les mobilitzacions “com i quan considerem” per a aconseguir “un acord digne i just per a tots”.

Amb aquest panorama, ambdues parts es veuen abocades a continuar les negociacions per a intentar acostar posicions, aquesta vegada sense la pressió de milers de persones al carrer ni amb els col·legis i instituts a mig gas. No obstant això, sobre el cap de la consellera Ortí i del secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, penja l'espasa de Dàmocles d'un possible reinici de la vaga a partir de setembre.

El pasado 11 de mayo comenzó la huelga indefinida de educación en la Comunitat Valenciana, unos paros convocados originalmente por STEPV, CCOO, UGT y CSIF —organización que se desmarcó a las dos semanas— y que se prolongaron durante un mes. Las tres centrales mayoritarias, que hasta este jueves mantuvieron la convocatoria, decidieron suspender las protestas en respuesta al mandato de la mayoría de los más de 30.000 docentes que participaron en la última consulta impulsada por STEPV, CCOO, UGT y la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV). De este modo, a partir de este viernes, la huelga queda pausada —que no desconvocada—, por lo que las organizaciones sindicales se guardan la carta de retomar las movilizaciones en septiembre, coincidiendo con el inicio de curso, si las negociaciones con el departamento que dirige Carmen Ortí no avanzan.

El último capítulo hasta la fecha se vivió este mismo jueves, cuando el Gobierno valenciano vio cómo los sindicatos docentes le tumbaban seis de las siete propuestas pendientes de acuerdo. CSIF y ANPE firmaron hace más de dos semanas el pacto retributivo, que contempla una subida de 200 euros hasta enero de 2028 en tres tramos y vinculada al IPC. Asimismo, todas las plataformas, a excepción de ANPE, rubricaron el planteamiento referido a la reducción de la carga burocrática y administrativa. Sin embargo, el consenso sigue lejano en cuestiones como plantillas, infraestructuras, ratios, Formación Profesional (FP), inclusión o valenciano.

Tan solo la propuesta del valenciano contó con el respaldo de una de las organizaciones, CSIF, mientras que el resto de los bloques recibió el rechazo unánime de los representantes del profesorado. Así, los sindicatos criticaron que el calendario de bajada de ratios se alargue excesivamente en el tiempo y no atienda a las unidades específicas (UECO) o a los conservatorios. En materia de plantillas, denunciaron la falta de compromisos claros para revertir recortes o agilizar sustituciones; en inclusión, censuraron la escasez de recursos estables y la ausencia de la figura de la enfermera escolar; y respecto a las infraestructuras, afirmaron que el documento no da respuesta urgente a los problemas del día a día, especialmente en los centros afectados por la dana o en aquellos que arrastran el uso de barracones, al tiempo que lamentaron la ausencia de un plan director de climatización.

Cinco semanas de presión en las calles

Las protestas comenzaron hace cinco semanas con un seguimiento masivo de los paros, con jornadas en las que se superó el 45% de respaldo por parte del profesorado. Además, las calles de València acogieron una decena de manifestaciones, algunas de ellas con más de 30.000 participantes; concentraciones multitudinarias en el entorno del Palau de la Generalitat, las Corts Valencianes o la sede de la conselleria, en la avenida de Campanar; y diversas acciones de protesta que incluyeron marchas, cortes de vías, clases en plena calle y una acampada docente ubicada en la plaza de la Virgen de la capital valenciana. Durante el conflicto también se produjo la dimisión en bloque de los equipos directivos de más de un centenar de centros educativos valencianos.

En este periodo, todos los documentos presentados por la Conselleria de Educación fueron rechazados mayoritariamente por el profesorado. STEPV, CCOO, UGT y la CADPV realizaron tres consultas a los docentes, que contaron con una participación superior a los 30.000 maestros y profesores —sobre un censo de alrededor de 78.000 funcionarios—. El único punto en el que se validó la firma fue el de la reducción de la carga burocrática, mientras que el resto de las ofertas resultaron ampliamente rechazadas. Sin embargo, el profesorado, agotado tras 32 días de movilizaciones —con una penalización salarial de entre 170 y 190 euros por cada día de huelga, en un contexto donde cerca del 50% de los participantes en la consulta reconocieron haber secundado más de diez jornadas de paro—, decidió hacer un paréntesis.

Tal y como explicaban los portavoces sindicales al finalizar la última reunión de la mesa de negociación y la manifestación de este jueves, el profesorado “ha suspendido” a la Conselleria de Educación y, a pesar de la suspensión, están dispuestos a seguir negociando y luchando, ya retomar las movilizaciones “como y cuando consideremos” para conseguir “un acuerdo digno y justo para todos”.

Con este panorama, ambas partes se ven abocadas a seguir con las negociaciones para intentar acercar posturas, esta vez sin la presión de miles de personas en la calle ni los colegios e institutos a medio gas. No obstante, sobre la cabeza de la consellera Ortí y del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, pende la espada de Damocles de un posible reinicio de la huelga a partir de septiembre.

La decimotercera mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes (STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE) se celebró este jueves en un contexto clave. La reunión tuvo lugar tras la reciente decisión de las centrales mayoritarias (STEPV, CCOO y UGT) de suspender, a partir de este viernes, la huelga indefinida que comenzó el pasado 11 de mayo, una medida que coincidió con el acuerdo de los organizadores de la acampada docente en València para levantar el asentamiento. Sin embargo, el encuentro concluyó con el rechazo mayoritario de los representantes de los trabajadores a seis de las siete propuestas que quedaban pendientes, una vez que ya se había rubricado el pacto salarial entre el Gobierno valenciano, CSIF y ANPE. Pese a que la consellera de Educación, Carmen Ortí, defendió los avances logrados tras semanas de conflicto, la realidad de las firmas refleja que el consenso global está lejos de alcanzarse.

De los ocho bloques que componían la propuesta de la Generalitat Valenciana, el departamento de Campanar solo logró un respaldo amplio en materia de simplificación burocrática, bloque que firmaron todos las organizaciones a excepción de ANPE. En cambio, las materias más sensibles y estructurales —como plantillas, ratios, infraestructuras, inclusión y Formación Profesional— se cerraron sin la firma de ningún sindicato.

La negociación se saldó con un apoyo muy desigual y atomizado entre las cinco organizaciones sindicales de la mesa. En la cuestión de la simplificación burocrática se registró un consenso mayoritario; de hecho, este fue el único punto que recabó un apoyo casi unánime gracias al aval de CCOO, STEPV, UGT y CSIF. Por su parte, ANPE se desmarcó de este bloque con el fin de exigir un calendario concreto de implantación de Personal de Administración y Servicios (PAS).

En el asunto de las retribuciones y condiciones laborales, CSIF reivindicó el pacto alcanzado con la conselleria y destacó la subida de 200 euros mensuales en el complemento autonómico, así como la incorporación de seis días de libre disposición y el derecho a la desconexión digital. Por el contrario, STEPV, CCOO y UGT rechazaron el texto e insistieron en la reapertura de la negociación. Según argumentaron, la propuesta actual no permite que los docentes recuperen el poder adquisitivo, deja fuera el pago del verano al personal interino y no garantiza la vinculación de los salarios al IPC.

CSIF fue el único sindicato que firmó el apartado del valenciano y valoró de forma positiva la catalogación del Diploma de Maestro. Mientras tanto, organizaciones como STEPV, CCOO y UGT rechazaron de plano el documento y criticaron que se relegue la lengua a un papel “residual” o “subordinado”. Además, recordaron el voto en contra del 84% del profesorado en las consultas desarrolladas en las últimas horas.

Rechazo sindical unánime

Las cinco organizaciones sindicales calificaron de “insuficiente” la propuesta de reducción de ratios y ampliación de plantillas. Entre otras cuestiones, criticaron la falta de concreción para el primer ciclo de Infantil, la exclusión de los centros de educación especial y los excesivos plazos de aplicación del calendario.

Respecto a las infraestructuras y la Formación Profesional (FP), los representantes del profesorado lamentaron la falta de concreción y de presupuestos detallados para los centros afectados por la dana o que todavía presentan barracones. En FP, rechazaron que la vuelta a las 30 horas de semipresencialidad se postergue hasta el curso 2030/2031. Asimismo, en el bloque de inclusión, denunciaron la escasez de recursos y la ausencia de figuras clave en las aulas, como la enfermera escolar o planes eficaces de salud mental para el profesorado.

Gestión del conflicto y pasos futuros

Durante la jornada, los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) recordaron que la presión de las movilizaciones fue la herramienta definitiva para forzar las mejoras del texto. Bajo esta premisa, instaron a la conselleria a evitar presiones o represalias contra los centenares de miembros de equipos directivos que presentaron su dimisión en las últimas semanas. A este respecto, Ortí aseguró que la administración mantiene contactos con los afectados para “acompañarles” y avanzó que el próximo lunes se celebrará una reunión territorial específica para abordar este asunto.

Pese a dar por cerrados los puntos que ya cuentan con firma, la consellera invitó a los sindicatos ausentes a adherirse a posteriori a los acuerdos retributivos. Además, emplazó el resto de materias encalladas a futuras mesas sectoriales con las distintas direcciones generales de la conselleria, que se reanudarán la próxima semana.

La negociación ha coincidido nuevamente con una concentración de docentes a las puertas de la conselleria, en la avenidad de Campanar de València, desde donde ha partido una nueva manifestación. Este jueves es el último día de huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana, ya que este viernes quedan suspendidos los paros con la advertencia de que el conflicto no está resuelto y las movilizaciones podrían retomarse en septiembre si no avanzan los acuerdos.

La conselleria no se siente amenazada por la huelga

Ortí ha señalado tras la reunión que el primer acuerdo que sale de las últimas reuniones puede parecer “insignificante” pero “importa mucho” para que empiecen a cambiar las condiciones reales del trabajo docente, y es, ha añadido, “el primero de muchos que tenemos previstos”.

La titular de Educación ha reconocido que los docentes están “desbordados” pero hoy es “un día importante para el profesorado y toda la comunidad educativa”. La conselleria, ha dicho, no se siente amenazada por ninguna convocatoria de huelga y cuando hay dificultades pone “a todos los equipos a trabajar”.

“La movilización continuará hasta que consigamos esas mejoras que merece el sistema educativo y nuestro alumnado”, ha proclamado el portavoz de STEPV, Marc Candela, que ha señalado que este viernes ya no hay huelga de docentes.

Desde CCOO, Xelo Valls ha apuntado que la huelga se puede reactivar en cualquier momento y “seguimos en la lucha -ha remarcado- porque hay margen para negociar”, en alusión a los Presupuestos de la Generalitat de 2027, mientras que Maite Tarazona (UGT) ha resaltado que la huelga ha logrado avances en los documentos de partida. 

Aquest dimecres hem vist un gir de guió en el conflicte educatiu valencià, que ha complit el primer mes de vaga indefinida. El professorat de l'ensenyament públic no universitari ha rebutjat de manera contundent l'última proposta d'“acord global” presentada per la Conselleria d'Educació el passat 9 de juny. En una consulta massiva organitzada pels sindicats STEPV, CCOO i UGT, juntament amb la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADCV), un contundent 87 % dels docents ha votat “no” a la signatura del document definitiu presentat pel departament que dirigeix la consellera Carmen Ortí.

No obstant això, l'enorme desgast després de cinc setmanes d'aturades indefinides ha portat la comunitat educativa a una espècie de replegament tàctic: el 67 % del professorat ha considerat adequat interrompre o desconvocar la vaga en aquest tram final de curs, davant d'un 33 % que advocava per mantindre-la de manera immediata.

L'escrutini definitiu, tancat a les 20.00 hores d'aquest dimecres amb una participació de 30.238 respostes computades, dibuixa una radiografia d'un profund malestar entre els mestres i professors valencians. El rebuig a l'oferta de l'administració és pràcticament total, especialment en els blocs que van originar el conflicte.

La qüestió salarial i la relativa a les condicions laborals és la que més indignació desperta: un 90 % dels docents rebutja l'acord parcial en matèria salarial, considerant insuficient el redactat de la Conselleria. Per altra banda, el 84 % dels participants en la consulta s'oposa a signar el bloc lingüístic, en ple clima de protestes contra l'aplicació de la Llei de Llibertat Educativa. I el 78 % dels docents que han votat ha rebutjat les condicions de contractació i el model del “Pla +Mestre”.

Pel que fa a les ràtios i la inclusió, els dos blocs han rebut un 70 % de vots en contra, invalidant els calendaris de reducció de ràtios presentats pel departament de Campanar.

L'únic punt de l'acord global que se salva del càstig de les bases és el bloc de simplificació burocràtica, que ha sigut avalat internament per un rotund 82 % dels professors, que veuen amb bons ulls l'ús de la tecnologia i la intel·ligència artificial per a alleujar les tasques administratives de les secretaries.

“Suspensió estratègica”: la vaga es congela de cara a setembre

Tot i el rebuig frontal a les propostes de la Conselleria d'Educació, la realitat del calendari escolar i el sacrifici econòmic acumulat han pesat en la decisió sobre el futur de les mobilitzacions. Dels 26.217 docents que van tombar el text, la gran majoria (17.633 treballadors) ha optat per frenar l'aturada indefinida abans de les vacances d'estiu.

Dins d'aquest bloc majoritari, l'opció triada de manera massiva (71 %) ha sigut la de “suspendre temporalment la vaga” sota un plantejament estratègic. Aquesta fórmula jurídica i sindical permet congelar l'aturada de manera temporal per a donar un respir a les plantilles, mantenint la capacitat de reprendre la vaga indefinida en qualsevol moment del pròxim curs i sense necessitat d'emetre un nou preavís legal a l'administració. El 29 % restant preferia donar per tancat aquest cicle per a dissenyar altres models de protesta al setembre.

Per la seua banda, el 33 % que desitjava mantindre les protestes de manera activa preferia, en la seua immensa majoria (90 %), un format de vaga indefinida amb mobilitzacions intermitents i puntuals segons es decidira en cada assemblea territorial.

Alt seguiment de les accions de protesta

Les dades de la consulta revelen l'alt seguiment de la protesta. Encara que un 3 % dels votants va declarar no haver secundat cap aturada (i un 5 % es trobava de baixa), el gruix de la comunitat educativa valenciana ha suportat un dur cost econòmic: milers de docents declaren haver secundat entre 5 i 15 dies de vaga legal, destacant un reducte de més de 800 professors a la Comunitat Valenciana que ha mantingut l'aturada durant 23 dies laborables.

El resultat de la ratificació situa ara la pilota a la teulada de la Conselleria d'Educació. Els sindicats i les assemblees acudixen a les pròximes meses de negociació amb el suport de més de 26.000 signatures que exigixen millores substancials en els salaris, el blindatge de les línies en valencià i un augment real de les plantilles. La treva estival, segons advertixen des dels comités de vaga, és només temporal: el professorat avisa que el pròxim curs escolar arrancarà en peu de guerra si el Consell no rectifica les seues propostes.

Tal com han confirmat els tres sindicats que mantenen la convocatòria de vaga, la suspensió de la vaga serà efectiva a partir del divendres 12 de juny.

Este miércoles hemos visto un giro de guion en el conflicto educativo valenciano, que ha cumplido el primer mes de huelga indefinida. El profesorado de la enseñanza pública no universitaria ha rechazado de forma contundente la última propuesta de “acuerdo global” presentada por la Conselleria de Educación el pasado 9 de junio. En una consulta masiva organizada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, junto a la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADCV), un contundente 87% de los docentes ha votado “No” a la firma del documento definitivo presentado por el departamento que dirige la consellera Carmen Ortí.

Sin embargo, el enorme desgaste tras cinco semanas de paros indefinidos ha llevado a la comunidad educativa a una especie de repliegue táctico: el 67% del profesorado ha considerado adecuado interrumpir o desconvocar la huelga en este tramo final de curso, frente a un 33% que abogaba por mantenerla de forma inmediata.

El escrutinio definitivo, cerrado a las 20:00 horas de este miércoles con una participación de 30.238 respuestas computadas, dibuja una radiografía de profundo malestar entre los maestros y profesores valencianos. El rechazo a la oferta de la administración es prácticamente total, especialmente en los bloques que originaron el conflicto.

La cuestión salarial y la referida a las condiciones laborales es la que más indignación despierta: un 90% de los docentes rechaza el acuerdo parcial en materia salarial, considerando insuficiente el redactado de la conselleria. Por otra parte, el 84% de los participantes en la consulta se opone a firmar el bloque lingüístico, en pleno clima de protestas contra la aplicación de la Ley de Libertad Educativa. Y el 78% de los docentes que han votado ha rechazado las condiciones de contratación y el modelo del “Pla +Mestre”.

Respecto a los ratios y la inclusión, ambos bloques han recibido un 70% de votos en contra, invalidando los calendarios de descenso de ratios presentados por el departamento de Campanar.

El único punto del acuerdo global que se salva del castigo de las bases es el bloque de simplificación burocrática, que ha sido avalado de forma interna por un rotundo 82% de los profesores, quienes ven con buenos ojos el uso de tecnología e inteligencia artificial para aliviar las labores administrativas de las secretarías.

“Suspensión estratégica”: la huelga se congela de cara a septiembre

Pese al rechazo frontal a las propuestas de la Conselleria de Educación, la realidad del calendario escolar y el sacrificio económico acumulado han pesado en la decisión sobre el futuro de las movilizaciones. De los 26.217 docentes que tumbaron el texto, la gran mayoría (17.633 trabajadores) ha optado por frenar el paro indefinido antes de las vacaciones de verano.

Dentro de este bloque mayoritario, la opción elegida de manera masiva (71%) ha sido la de “suspender temporalmente la huelga” bajo un diseño estratégico. Esta fórmula jurídica y sindical permite congelar el paro de manera temporal para dar un respiro a las plantillas, manteniendo la capacidad de retomar la huelga indefinida en cualquier momento del próximo curso y sin necesidad de emitir un nuevo preaviso legal a la administración. El 29% restante prefería dar por cerrado este ciclo para diseñar otros modelos de protesta en septiembre.

Por su parte, el 33% que deseaba mantener las protestas de forma activa prefería, en su inmensa mayoría (90%), un formato de huelga indefinida con movilizaciones intermitentes y puntuales según se decidiera en cada asamblea territorial.

Alto seguimiento de las acciones de protesta

Los datos de la consulta revelan el alto seguimiento de la protesta. Aunque un 3% de los votantes declaró no haber secundado ningún paro (y un 5% se encontraba de baja), el grueso de la comunidad educativa valenciana ha soportado un duro peaje económico: miles de docentes declaran haber secundado entre 5 y 15 días de huelga legal, destacando un reducto de más de 800 profesores en la Comunitat Valenciana que ha mantenido el paro durante 23 días laborables.

El resultado de la ratificación sitúa ahora la pelota en el tejado de la Conselleria de Educación. Los sindicatos y las asambleas acuden a las próximas mesas de negociación con el respaldo de más de 26.000 firmas que exigen mejoras sustanciales en los salarios, el blindaje de las líneas en valenciano y un aumento real de las plantillas. La tregua estival, según advierten desde los comités de huelga, es solo temporal: el profesorado avisa de que el próximo curso escolar arrancará en pie de guerra si el Consell no rectifica sus propuestas.

Tal y como han confirmado los tres sindicatos que mantienen la convocatoria de la huelga, la suspensión de los paros será efectiva a partir del viernes 12 de junio.

Los responsables de los sindicatos mayoritarios de docentes valencianos, el STEPV, CCOO y UGT, se han inclinado este miércoles por suspender y no desconvocar la huelga indefinida que lleva cinco semanas en marcha y seguir negociando, aunque serán sus afiliados los que finalmente decidan qué hacen.

Tras reunirse con el ministro Pablo Bustinduy, han señalado ante los medios que sus afiliados tienen hasta las 20 horas de este miércoles para participar en la consulta sobre el último documento de la Conselleria de Educación para intentar acabar con la huelga y sobre la continuidad o no de la movilización. Hasta las 15:15 horas han votado casi 14.700 docentes.

No se acaba la negociación por acabar el curso

El responsable de Acción sindical de STEPV, Marc Candela, ha indicado que acudirán a la mesa negociadora de este jueves con los resultados de la consulta, y en los puntos del documento en que el profesorado no esté de acuerdo, que cree que “serán unos cuantos”, habrá que intentar “retomar la negociación” y “mejorar sustancialmente” el texto.

Candela ha indicado que la Conselleria ha aceptado algunas sugerencias de los sindicatos pero no se han reflejado como querían en el último documento, pues por ejemplo pedían recuperar las 30 horas semipresenciales en los ciclos formativos para el próximo curso, y se ha incluido que se hará en cuatro cursos.

Además, ha dicho que “sigue estancado” el punto del valenciano y el tema retributivo, porque no se ha modificado su redacción para aclarar el alcance de la actualización al IPC, sino que les han enviado “un cuadro propagandístico de cómo quedará la nómina en 2028”, y en ratios y en plantillas “se ha avanzado”, pero habría que hacerlo más.

Candela ha explicado que desconvocar la huelga implica que si se quiere reanudar hay que convocarla de nuevo, comunicarla con diez días de antelación y volver legalizarla, mientras suspenderla supone que temporalmente se paraliza y si la quieren reactivar pueden hacerlo “al día siguiente”, por lo que cree que tiene “más beneficios”.

Aunque el curso finaliza la próxima semana, ha defendido que “el curso puede terminar cuando quiera y la negociación no tiene por qué cerrarse”, pues en julio es cuando más negociaciones hacen con la Conselleria, para las adjudicaciones o las instrucciones de inicio de curso, de forma que “no se acaba la negociación porque termine el curso”.

La lucha continuará

La secretaria de Educación de CCOO PV, Xelo Valls, ha indicado que en la duodécima mesa negociadora trasladarán el sentir del profesorado expresado en la consulta, y ha asegurado que, haya suspensión o haya desconvocatoria de la huelga indefinida, “la lucha continuará cuando comience de nuevo la gente a estar en las aulas de forma activa”.

La suspensión “es una manera de hacer presión, porque está latente, está como en hibernación la convocatoria de huelga y en el momento en que se quiera volver a ella solo hay que hacer una comunicación de que se levanta la suspensión”, ha indicado Valls, quien ha coincidido en que está “acostumbrados a negociar en julio muchas cuestiones” del normal funcionamiento de la Conselleria.

La responsable de Educación de UGT-PV, Maite Tarazona, ha indicado que irán a la mesa sectorial de este jueves con los resultados de la consulta pero no saben si la Conselleria pedirá firmar o no apartados del documento, porque no se les ha informado a qué van a esa reunión.

Tarazona ha indicado que las movilizaciones han permitido introducir mejoras en las ofertas iniciales de Educación, pero el profesorado tiene que valorar si lo conseguido “es suficiente o insuficiente”, y por eso la consulta les permitirá saber “si es suficiente o piensan que todavía no lo es”.

Por otra parte, este jueves se he desplegado desde lo alto de la torre del Miguelete de València una pancarta con la frase 'De nord a sud, docents en lluita', y en Alicante se ha celebrado una nueva manifestación por la escuela pública con el lema 'L'educació és futur'.

El passat 7 de maig, quatre dies abans que començara la vaga indefinida en l'educació pública valenciana no universitària, es va produir la primera reunió de la mesa de negociació entre la Conselleria d'Educació, encapçalada per la consellera Carmen Ortí i el secretari autonòmic Daniel McEvoy, i els representants dels docents —els sindicats STEPV, CCOO, UGT, CSIF i ANPE— en la qual es va parlar de xifres per primera vegada. D'aquella reunió va eixir una primera proposta que el professorat va considerar “insultant”, en la qual l'Administració autonòmica no contemplava la qüestió retributiva i es remetia a la seua primera oferta d'increment salarial de 75 euros, que s'aplicaria a partir de l'1 de gener.

El 19 de maig, el departament de Campanar va presentar un document en la mesa de negociació que els sindicats també van rebutjar. Aquella proposta d'acord va ser sotmesa a consulta per les organitzacions majoritàries —STEPV, CCOO i UGT—, una votació en què van participar més de 41.000 docents i que va rebutjar de manera aclaparadora l'oferta de la conselleria. Ara, el professorat valencià ha de decidir sobre l'últim escrit de l'Administració autonòmica abans de comunicar a Educació si rubrica o no el pacte. Analitzem les diferències entre aquell esborrany i l'actual proposta d'acord.

En la proposta d'“acord global” d'Ortí i McEvoy, que en un primer moment es van negar a plantejar perquè “no hi ha diners”, es reflecteix una profunda evolució, fruit de cinc setmanes de pressió del col·lectiu docent amb nombroses i massives mobilitzacions. Així, la conselleria ha passat d'un redactat ple d'intencions i “estudis de viabilitat” a un compromís normatiu i pressupostari de 3.338,26 milions d'euros a desenvolupar durant el període 2026-2031.

Ràtios i planificació plurianual

El canvi més radical s'observa en la qüestió de les ràtios, ja que la proposta inicial no tenia horitzó temporal i les deixava en mans del que dictara el Ministeri d'Educació. Ara, però, es fixen xifres concretes i terminis que s'avancen a la planificació estatal.

D'aquesta manera, a Infantil i Primària, l'esborrany inicial proposava una ràtio de 22 alumnes només per al curs 2027/2028 i congelava la resta. La proposta final estableix una retallada estructural i progressiva del 12% i fixa el límit estricte en 22 alumnes per aula en tot el tram fins al curs 2029/2030 de manera generalitzada.

A Secundària i Batxillerat, el text inicial es rentava les mans remetent-se al criteri que dictara reglamentàriament el ministeri, mentre que ara s'estableix una reducció del 17% a l'ESO (fins als 25 alumnes) i del 20% a Batxillerat (28 alumnes per aula), una mesura completament calendaritzada any rere any fins al curs 2030/2031.

Per la seua banda, a la Formació Professional (FP) i les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), inicialment només es contemplava una mesa tècnica per abordar els desdoblaments. L'últim acord introdueix una retallada del 17% en FP (15 alumnes en Grau Bàsic i 25 en Grau Mitjà i Superior) i del 10% a les EOI (màxim 20 alumnes per aula en tots els idiomes i nivells).

Plantilles docents

En matèria de plantilles s'observa un plantejament tècnic i pressupostari. L'esborrany inicial proposava un polèmic 'Pla de substitució anticipada' a Primària (assignar un mestre extra al centre perquè assumira internament les baixes, obligant el col·legi a reorganitzar-se de manera autònoma davant una segona baixa). En el document final, este model desapareix per complet i és substituït pel 'Pla +Mestre', dotat amb 469,12 milions d'euros.

A més, l'acord final quantifica un increment estructural de 7.742 docents en quatre anys, que es concreta en 5.000 noves contractacions directes, l'estabilització de 10.000 places (amb el 50% reservat expressament a la inclusió) i 2.742 mestres específics vinculats per llei al sosteniment de la reducció de les ràtios.

De la mateixa manera, davant les crítiques sindicals, la conselleria substitueix el pla d'autoorganització interna per un compromís informàtic auditable: reduir el temps mitjà de substitució externa de 10 dies a un màxim de 8 dies de mitjana a partir de setembre de 2026..

Retribucions

Tot i que la quantia nominal de la pujada salarial lineal es manté en 200 euros mensuals en el complement específic —tal com recollia la primera proposta sotmesa a votació del professorat—, les condicions tecnicoadministratives han canviat substancialment per oferir més garanties. La proposta retributiva va ser signada per CSIF i ANPE, mentre que STEPV, CCOO i UGT insisteixen a reobrir-la per renegociar-la.

L'esborrany inicial fragmentava els pagaments fixos (75 euros el 2026, 75 euros el 2027 i 50 euros el 2028) de manera lineal. L'Acord Global introdueix un desemborsament acumulat de 802,3 milions d'euros i vincula formalment els increments salarials a l'evolució de l'IPC, blindant el poder adquisitiu davant la inflació. També s'hi afegeix una partida extraordinària i independent de 658 milions d'euros destinada exclusivament a la gratuïtat del tram de 0 a 3 anys i a la millora de les ràtios associades.

Infraestructures educatives

Pel que fa a les infraestructures, el Govern autonòmic ha passat d'un redactat d'intencions enfocat en el Pla Edificant tradicional a un desglossament pressupostari plurianual quantificat en 1.409,7 milions d'euros, gestionat sota un nou Pla Director.

Concretament, es crea el 'Pla EduClima', una partida blindada de 140 milions d'euros (amb un ritme d'execució de 32 milions el 2026 i 36 milions anuals entre 2027 i 2029) per garantir la climatització del 100% de les aules. Així mateix, es dota amb 40 milions d'euros (10 milions anuals) una línia de subvencions directes als ajuntaments per a reformes energètiques en col·legis i centres d'educació especial, eliminant les traves derivades de la delegació de competències de l'Edificant original.

La proposta definitiva també incorpora de manera explícita dos milions d'euros extraordinaris dins del pla tèrmic per a les zones afectades per la dana, a més d'obligar la conselleria a aportar un annex tècnic detallat amb les memòries de reconstrucció. Finalment, el nou text introdueix una obligació prioritària en matèria d'inversió: tots els plans d'inversió directa han d'exigir per escrit l'eliminació total dels barracons.

Inclusió educativa i salut mental

La primera proposta es limitava a vincular les places de Pedagogia Terapèutica (PT) i Audició i Llenguatge (AL) a la matrícula corrent, mentre que el text consolidat estableix mínims estructurals inamovibles.

Per exemple, el primer esborrany parlava de manera vaga d'obrir 150 aules al llarg de tota la legislatura, mentre que la darrera versió concreta la creació immediata d'almenys 36 aules UECO per al curs 2026/2027, cosa que comporta la contractació automàtica de 108 professionals d'inclusió. A més, es limita per llei la ràtio d'estes aules a un màxim de huit alumnes.

Es garanteix el manteniment d'un mínim de 187 places de Pedagogia Terapèutica per al pròxim curs i es fixa la conversió de places en estructurals si la necessitat es prolonga durant tres cursos consecutius. En quatre cursos, tots els centres d'Infantil i Primària rebran entre 0,5 i 1,5 docents addicionals de Pedagogia Terapèutica i especialistes en Audició i Llenguatge, segons el seu volum d'unitats.

Pel que fa a la salut mental, es passa del desenvolupament normatiu del pla 'Conviure' a una mesura executiva compartida amb la Conselleria de Sanitat: el reforç de psicòlegs generals sanitaris en les unitats de detecció precoç i un estudi específic sobre la salut mental del professorat a les zones afectades per la dana.

Simplificació burocràtica

En aquest bloc, les 20 mesures s'han dotat de terminis jurídics concrets (tramitació per decret del Consell en un termini màxim de sis mesos) i s'hi introdueix tecnologia avançada. Per exemple, s'afegeix l'ús d'eines d'intel·ligència artificial (IA) per a la generació automàtica de documents dels centres i de sistemes de traducció automàtica bidireccional valencià-castellà per alleugerir les tasques de secretaria.

Finalment, es concreta de manera nítida la regulació del treball presencial fora del centre durant el mes de juliol. Els docents només tindran l'obligació d'acudir físicament a les reunions de coordinació o als claustres indispensables, blindant la resta del temps per a tasques no lectives telemàtiques. Així mateix, es reconeix explícitament el dret a la desconnexió digital i la reducció d'hores lectives per als majors de 55 anys.

El pasado 7 de mayo, cuatro días antes de que diera comienzo la huelga indefinida en la educación pública valenciana no universitaria, se produjo la primera reunión de la mesa de negociación entre la Conselleria de Educación, encabezada por la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy, y los representantes de los docentes —los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE— en la que se habló de cifras. De aquella reunión salió una primera propuesta que el profesorado consideró “insultante”, en la que la Administración autonómica no contemplaba la cuestión retributiva y se remitía a su primera oferta de incremento salarial de 75 euros a aplicar a partir del 1 de enero.

El 19 de mayo, el departamento de Campanar presentó un documento en la mesa de negociación que los sindicatos también rechazaron. Aquella propuesta de acuerdo fue sometida a consulta por las organizaciones mayoritarias —STEPV, CCOO y UGT—; una votación en la que participaron más de 41.000 docentes que rechazaron de forma abrumadora la oferta de la conselleria. Ahora, el profesorado valenciano debe decidir sobre el último escrito de la Administración autonómica antes de comunicarle a Educación si rubrican o no el pacto. Analizamos las diferencias entre aquel borrador y la actual propuesta de acuerdo.

En la propuesta de “acuerdo global” de Ortí y McEvoy, que en un primer momento se negaron a plantear porque “no hay dinero”, se refleja una profunda evolución, fruto de cinco semanas de presión del colectivo docente con numerosas y masivas movilizaciones. Así, la conselleria ha pasado de un redactado lleno de intenciones y “estudios de viabilidad” a un compromiso normativo y presupuestario (3.338,26 millones de euros) a desarrollar en el periodo 2026-2031.

Ratios y planificación plurianual

El cambio más radical se observa en la cuestión de las ratios, ya que la propuesta inicial carecía de un horizonte temporal y las dejaba en manos de lo que dictara el Ministerio de Educación. Ahora, sin embargo, se fijan cifras concretas y plazos que se adelantan a la planificación estatal.

De este modo, en Infantil y Primaria, el borrador inicial proponía una ratio de 22 alumnos solo para el curso 2027/2028 y congelaba el resto. La propuesta final establece un recorte estructural y progresivo del 12%, y fija el límite estricto en 22 alumnos por aula en todo el tramo hasta el curso 2029/2030 de manera generalizada.

En Secundaria y Bachillerato, el texto inicial se lavaba las manos remitiendo al criterio que dictara reglamentariamente el ministerio, mientras que ahora se estipula una bajada del 17% en la ESO (hasta los 25 alumnos) y del 20% en Bachillerato (28 alumnos por aula), una oferta completamente calendarizada año a año hasta el curso 2030/2031.

Por su parte, en la Formación Profesional (FP) y Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), inicialmente solo se contemplaba una mesa técnica vacía para desdobles. El último acuerdo introduce un recorte del 17% en FP (15 alumnos en Grado Básico y 25 en Medio y Superior) y del 10% en las EOI (máximo 20 alumnos por aula en todos los idiomas y niveles).

Plantillas docentes

En materia de plantillas se observa un planteamiento técnico y presupuestario. El borrador inicial proponía un polémico 'Plan de sustitución anticipada' en Primaria (asignar un maestro extra al centro para que asumiera internamente las bajas, obligando al colegio a reorganizarse de forma autónoma ante una segunda baja). En el documento final, este modelo desaparece por completo y es sustituido por el 'Pla +Mestre', dotado con 469,12 millones de euros.

Además, el acuerdo final cuantifica un incremento estructural de 7.742 docentes en cuatro años, que se divide en 5.000 nuevas contrataciones directas, la estabilización de 10.000 plazas (con el 50% reservado expresamente para la inclusión) y 2.742 maestros específicos vinculados por ley a sostener el descenso de las ratios.

De igual modo, ante las críticas sindicales, la conselleria sustituye el plan de autoorganización interna por un compromiso informático auditable: reducir el tiempo medio de sustitución externa de 10 días a un máximo de 8 días de media a partir de septiembre de 2026.

Retribuciones

Aunque la cuantía nominal de la subida salarial lineal se mantiene en 200 euros mensuales en el complemento específico —tal y como recogía la primera propuesta sometida a votación del profesorado—, las condiciones técnico-jurídicas han cambiado drásticamente para ofrecer más garantías. La propuesta retributiva fue firmada por CSIF y ANPE, mientras que STEPV, CCOO y UGT insisten en reabrirla para renegociarla.

El borrador inicial fragmentaba los pagos fijos (75 euros en 2026, 75 en 2027 y 50 en 2028) de manera plana. El Acuerdo Global introduce un desembolso acumulado de 802,3 millones de euros y vincula formalmente los incrementos salariales a la evolución del IPC, blindando el poder adquisitivo frente a la inflación. También se añade una partida extra e independiente de 658 millones de euros destinada exclusivamente a la gratuidad del tramo de 0 a 3 años y a la mejora de sus ratios asociadas.

Infraestructuras educativas

Acerca de las infraestructuras, el Gobierno autonómico ha pasado de un redactado de intenciones enfocado en el Plan Edificant tradicional a un desglose presupuestario plurianual cuantificado en 1.409,7 millones de euros, gestionado bajo un nuevo Plan Director.

Concretamente, se crea el 'Pla EduClima', una partida blindada de 140 millones de euros (con un ritmo de ejecución de 32 millones en 2026 y 36 millones anuales entre 2027 y 2029) para garantizar la climatización del 100% de las aulas. Asimismo, se dota con 40 millones de euros (10 millones anuales) una línea de subvención directa a ayuntamientos para reformas energéticas en colegios y centros de educación especial, eliminando las trabas de la delegación de competencias del Edificant original.

La propuesta definitiva también incorpora de manera explícita 2 millones de euros extraordinarios dentro del plan térmico para las zonas afectadas por la DANA, además de obligar a la conselleria a aportar un anexo técnico detallado con memorias de reconstrucción. Por último, el nuevo texto introduce una obligación contractual prioritaria: todos los planes de inversión directa deben exigir por escrito la eliminación total de los barracones.

Inclusión educativa y salud mental

La primera propuesta se limitaba a ligar las plazas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) a la matrícula corriente, mientras que el texto consolidado establece mínimos estructurales inamovibles.

Por ejemplo, el primer borrador hablaba vagamente de abrir 150 aulas en toda la legislatura, mientras que la última versión concreta la creación inmediata de al menos 36 aulas UECO para el curso 2026/2027, lo que conlleva la contratación automática de 108 profesionales de inclusión. Además, se limita por ley la ratio de estas aulas a un máximo de ocho alumnos.

Se garantiza el mantenimiento de un suelo de 187 plazas de Pedagogía Terapéutica para el próximo curso y se fija la conversión de plazas en estructurales si la necesidad se prolonga durante tres años consecutivos. En cuatro cursos, todos los centros de Infantil y Primaria recibirán entre 0,5 y 1,5 docentes extra de Pedagogía Terapéutica y especialistas en Audición y Lenguaje, según su volumen de unidades.

Respecto a la salud mental, se pasa del desarrollo normativo del plan 'Conviure' a una medida ejecutiva compartida con la Conselleria de Sanidad: el refuerzo de psicólogos generales sanitarios en las unidades de detección precoz y un estudio específico de la salud mental del profesorado en las zonas afectadas por la dana.

Simplificación burocrática

En este bloque, las 20 medidas se han dotado de plazos jurídicos concretos (tramitación por decreto del Consell en un plazo máximo de seis meses) y se introduce tecnología avanzada. Por ejemplo, se añade el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para la generación automática de documentos del centro y sistemas de traducción automática bidireccional valenciano-castellano para aligerar las labores de secretaría.

Por último, se concreta de forma nítida la regulación del trabajo presencial fuera del centro durante el mes de julio. Los docentes solo tendrán la obligación de acudir físicamente a las reuniones de coordinación o claustros indispensables, blindando el resto del tiempo para tareas no lectivas telemáticas. Asimismo, se reconoce explícitamente el derecho a la desconexión digital y la reducción de horas lectivas para mayores de 55 años.

Alrededor de las 13 horas, la Conselleria de Educación remitía a los sindicatos docentes presentes en la mesa de negociación -STEPV, CCOO, UGT, CSIF y UGT- su última propuesta para intentar resolver el conflicto laboral en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana. El documento del Gobierno valenciano detalla una inversión plurianual que aseguran que alcanzará los 3.338,26 millones de euros entre los ejercicios de 2026 y 2031. Esta inyección presupuestaria se desplegará de forma progresiva comenzando con 661,27 millones este mismo año y articula un plan estratégico centrado en la modernización de infraestructuras, la ampliación estructural de las plantillas docentes, un “drástico” recorte de las ratios de alumnado y una mejora en las condiciones salariales del profesorado valenciano.

Esta nueva propuesta llega cuando los docentes valencianos llevan cinco semanas de huelga indefinida -veintidós jornadas de paros- y después de la maratoniana reunión del lunes, de casi doce horas de duración -recesos incluidos-, en la que se produjeron algunos avances, según reconocían ambas partes.

En el escrito de Educación, el capítulo de personal representa uno de los pilares del acuerdo a través del denominado “Pla +Mestre”, presupuestado en 469,12 millones de euros. El Consell se compromete a realizar 5.000 nuevas contrataciones fijas para reforzar las plantillas y la inclusión educativa, además de la estabilización de 10.000 plazas —con un mínimo del 50 % reservado a la atención inclusiva— y la adscripción de otros 2.742 docentes específicos para acometer el descenso de ratios. Este incremento de personal permitirá reducir el número de alumnos por aula de cara al curso 2030/2031: Infantil y Primaria bajarán un 12 % (hasta 22 alumnos); Educación Secundaria Obligatoria disminuirá un 17 % (25 alumnos); y Bachillerato se reducirá un 20 % (28 alumnos). La Formación Profesional y las Escuelas Oficiales de Idiomas también registrarán recortes de ratio de hasta el 17 % y el 10 % respectivamente, fijando además un límite máximo de 8 alumnos en las aulas de unidades específicas en centros ordinarios (UECO).

Por lo que respecta a las infraestructuras, la dotación económica se eleva hasta los 1.409,7 millones de euros. Entre las principales novedades destaca la creación del “Pla EduClima”, una partida de 140 millones de euros —que incluye una línea específica de 2 millones para la zona afectada por la dana— destinada a garantizar la climatización del 100 % de las aulas del territorio. Asimismo, la Generalitat blindará y reforzará el Plan Edificant con 829,7 millones entre 2026 y 2029, a los que se sumarán 400 millones de inversión directa autonómica y los 40 millones del “Pla Recol·le” para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en centros de propiedad municipal (CEIP y CEE). Toda la planificación constructiva tendrá como prioridad contractual la erradicación definitiva de las aulas prefabricadas.

La propuesta también aborda el conflicto retributivo mediante un desembolso acumulado de 802,3 millones de euros para financiar una subida salarial lineal de 200 euros mensuales por docente, cuyos incrementos futuros quedarán vinculados formalmente a la evolución del IPC. Paralelamente, Educación destinará 658 millones de euros a garantizar la gratuidad total del tramo de 0 a 3 años y a la mejora de sus ratios correspondientes. Dentro del apartado social y laboral, el borrador recoge una flexibilización de las condiciones de trabajo, blindando el derecho a la desconexión digital, reduciendo la jornada lectiva para los mayores de 55 años y permitiendo el trabajo no presencial fuera del centro durante el mes de julio, limitando la presencialidad exclusivamente a las reuniones y tareas de coordinación indispensables.

Finalmente, el documento técnico contiene un paquete de 20 medidas de simplificación burocrática orientadas a aliviar la carga administrativa del profesorado, las cuales se tramitarán mediante un decreto del Consell en un plazo máximo de seis meses tras la firma del acuerdo. Entre estas iniciativas destaca la implantación del Expediente Digital del Docente (EDEN) para el curso 2026/2027, la automatización de oficio de recursos extraordinarios y evaluaciones diagnósticas virtuales, y la introducción de herramientas de inteligencia artificial para la traducción automática de documentos entre el valenciano y el castellano. El texto también contempla la asunción de competencias en materia de Personal de Administración y Servicios (PAS), permitiendo la incorporación progresiva de auxiliares administrativos para agilizar el funcionamiento diario de las escuelas e institutos valencianos.