Las falsificaciones de productos, que suponen el 2,3% del comercio mundial, y la explotación laboral —incluida la infantil— no son fenómenos aislados, sino prácticas que “se refuerzan mutuamente”. Así lo advierte un informe publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

El estudio señala que la producción de bienes falsificados está “estrechamente” ligada al trabajo forzoso, “al trabajo infantil peligroso y a otras violaciones graves de los derechos laborales”. Ambas organizaciones alertan de que estas prácticas prosperan en contextos de gobernanza débil, escasa aplicación del Estado de derecho y elevada vulnerabilidad social.

El mercado de las falsificaciones mueve unos 467.000 millones de dólares al año, según las estimaciones que recoge el documento, y recurre a la explotación para reducir los costes de los traficantes. Los modelos econométricos que emplean los investigadores muestran la correlación entre una menor protección del salario mínimo y niveles más altos de actividad falsificadora. El informe apunta a vínculos significativos entre altos niveles de informalidad laboral y una mayor exposición a la economía ilícita.

Esclavos que cosen logos falsificados

Aunque el estudio no señala a países concretos como responsables directos, sí menciona iniciativas que considera ejemplares, como la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur aprobada en Estados Unidos en 2022, que prohíbe las importaciones vinculadas a la región china de Xinjiang. En esa zona, la ONU acusa desde hace años a Pekín de reprimir a la minoría uigur, de mayoría musulmana.

En informes anteriores, la OCDE y la EUIPO habían identificado a China como uno de los principales focos de producción de falsificaciones, junto a Hong Kong, Turquía, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, estos dos últimos como puntos de tránsito.

Los sectores más afectados son aquellos con mayores márgenes de rentabilidad, como el textil, la ropa y el calzado, donde los grupos criminales recurren a talleres clandestinos para tareas como coser logotipos falsos en prendas y zapatillas. También figuran entre los más vulnerables la electrónica, los productos farmacéuticos, el tabaco, los juguetes y los cosméticos.

El informe se apoya, además, en denuncias de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), que ha documentado casos de menores obligados a colocar logotipos falsificados en ropa y calzado, así como de migrantes introducidos de forma irregular y coaccionados para vender productos falsos en las calles de ciudades del sur de Europa.

Otra ley que se pone cuesta arriba en la UE. Alemania, Francia e Italia han bloqueado la directiva con la que la UE pretendía poner coto a la vulneración de los derechos humanos y el impacto negativo de las grandes multinacionales en terceros países. Berlín, que fue el primer país de los grandes en bajarse del acuerdo alcanzado con la Comisión Europea y la Eurocámara en diciembre, ha arrastrado a París y Roma haciendo, así, imposible la ratificación de la directiva de la diligencia debida (CSDDD, por sus siglas en inglés), que contemplaba multas para las grandes compañías que incumplieran sus obligaciones en relación con el trabajo infantil, la explotación laboral, la contaminación o la deforestación, entre otras.

“Ahora tenemos que considerar el estado de la cuestión y veremos si es posible abordar las preocupaciones presentadas por los Estados miembros, consultando con el Parlamento Europeo”, ha señalado la presidencia belga, que es a la que le corresponde pilotar las negociaciones, a través de la red social X (antes Twitter). El rechazo de esos tres países hace que no haya en el Consejo una mayoría suficiente para ratificar el acuerdo. No es la primera vez que sucede, aunque no es habitual. Recientemente Alemania bloqueó la prohibición de la venta de coches de combustible a partir de 2035 y se tuvo que reabrir la negociación con el Parlamento, aunque se logró un acuerdo con concesiones que no requería rehacer el texto.

La directiva aspiraba a responsabilizar a las grandes empresas del impacto de sus actividades y las de su cadena de suministros en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos con la vista puesta en reducir la explotación de los países en vías de desarrollo. Establecía obligaciones con la intención de acabar con la explotación laboral e infantil, la contaminación, la deforestación, el desperdicio de agua o los daños en los ecosistemas. a través de multas de hasta el 5% del volumen de su negocio.

Las normas aplicación a las compañías de más de 500 empleados con un volumen de negocios mundial superior a 150 millones de euros o a las empresas con más de 250 empleados y un volumen de negocios superior a 40 millones de euros si al menos 20 millones se generan en sectores como la construcción, el textil, la agricultura, incluida la silvicultura y la pesca, la fabricación de alimentos y comercio de materias primas agrícolas, extracción y comercio al por mayor de recursos minerales o fabricación de productos relacionados y construcción.

Para garantizar el cumplimiento de las normas, cada país tendría que designar una autoridad supervisora encargada del control a través de inspecciones e investigaciones a las empresas. El argumento de los liberales alemanes, que son los que han empujado en conta del acuerdo, es que la nueva directiva supondría más cargas burocráticas para el comercio.

El rechazo en el Consejo ha sentado como un jarro de agua fría a las fuerzas progresistas en la Eurocámara y a las organizaciones sociales. “Los Estados miembros han decidido hacer la vista gorda con las personas y el planeta”, lamentan los socialdemócratas en un comunicado en el que reprochan que “los inexplicables bandazos de algunos Estados miembros socavan profundamente la confianza en el papel de algunos gobiernos nacionales en las negociaciones a escala de la UE”.

“Es un día triste para los derechos humanos, el medio ambiente y la competitividad de las empresas europeas”, expresa la vicepresidenta de Los Verdes, Heidi Hautala, que reprocha a los estados miembros que hayan roto el acuerdo en el “último minuto”.

Como la mayoría de casos de trabajo infantil en Estados Unidos, la historia de Jose Velasquez comienza en Latinoamérica. Concretamente, en el estado con mayor índice de pobreza de México, Chiapas, que su madre, guatemalteca, decidió abandonar en busca de un futuro mejor. “Llegué a Carolina del Norte con tan solo diez meses. Mi madre, que no sabía inglés ni estaba escolarizada, se vio abocada a trabajar en el sector agrario. Cuando tenía ocho años, me llevaba a los campos de arándanos para que le ayudara a llenar sus cubos y aprendiera el oficio. Y a los 13 empecé a trabajar por mi cuenta en una plantación de tabaco”, recuerda en una conversación con elDiario.es.

En Estados Unidos, los niños menores de 21 años ―la edad actual de Jose― no pueden comprar tabaco, pero sí trabajar en sus plantaciones de forma legal. Así lo dicta la Ley de Normas Laborales Justas, que fija la edad mínima para el trabajo agrario en 12 años siempre que se realice fuera del horario escolar. Se trata de un estándar más laxo que para el resto de sectores, donde el mínimo está en 16. A pesar de los intentos de lograr una regulación más estricta, la oposición del Partido Republicano y de los grupos de presión agrarios en el Congreso ha impedido acabar con este abuso. Su argumento es que aumentar la edad mínima dañaría a las granjas familiares y dificultaría la enseñanza del oficio a los niños.

Para Jose, además de legal, lo que hacía durante los veranos era completamente normal. “Muchos de los chicos con los que iba a la escuela también trabajaban en la agricultura. Estaba normalizado en nuestra comunidad, era parte de nuestro crecimiento”, asegura. Su familia andaba escasa de dinero, así que decidió ir al campo durante los veranos para ayudarles y así “poder comprar mi material escolar y el de mis hermanos, para que mi mamá no tuviera que preocuparse por eso”.

En los calurosos veranos de Carolina del Norte, con una temperatura que ronda los 35 centígrados con humedad elevada, y cobrando el salario mínimo estatal, de 7,25 dólares la hora, Jose trabajaba de sol a sol, de lunes a sábado, “con la opción de trabajar también los domingos”. “Nuestro día de trabajo dependía del clima. Si era un buen día, con sol, trabajábamos entre 10 y 12 horas. Si llovía, nos íbamos a casa más temprano y lo recuperábamos otro día. Era un trabajo muy repetitivo y las condiciones de trabajo no eran las mejores”, explica.

“Hacía muchísimo calor. Durante el verano, se llegan a máximas de 40 grados y eso dentro del campo se siente todavía más fuerte”, asegura Jose, que la mayoría de días terminaba su jornada “agotado y deshidratado”. Además, su trabajo no contaba con un sistema de fichaje: tenía que llevar él mismo la cuenta de las horas, apuntándolas en una libreta y esperando a que el agricultor, en muchas ocasiones ausente, le pagara por su trabajo.

A las duras condiciones del sector agrario, se le unían las propias de las plantaciones de tabaco: “Mis compañeros y yo sentíamos la intoxicación de la nicotina y los pesticidas. Teníamos náuseas, nos mareaba y nos ponía de mal humor para seguir trabajando”, dice. Y no es para menos: según la Organización Mundial de la Salud, una persona que planta, cultiva y cosecha tabaco puede absorber en tan solo un día tanta nicotina como la que se encuentra en 50 cigarrillos.

El trabajo infantil, en aumento

La explotación de menores migrantes no es ninguna novedad en la primera economía mundial, que se encuentra a la cola de los países ricos en materia de derechos laborales. Más allá de empleos legales como el de Jose, destaca el alarmante incremento de los menores trabajando en violación de la legislación laboral, que según el Departamento de Trabajo (DOL, en inglés) han aumentado un 69% desde al año 2018, y un 36% en el último año. “Es una situación dramática, que se relaciona con el incremento de niños pasando la frontera sin la compañía de sus padres”, señala en una entrevista con este diario Reid Maki, director de la organización Child Labor Coalition.

Tan solo en 2022, llegaron al país unos 130.000 niños migrantes no acompañados, el triple que hace cinco años, y miles de ellos han terminado trabajando en condiciones altamente peligrosas, según destapó una exhaustiva investigación del New York Times. El reportaje salpica a marcas alimentarias de renombre como Cheetos, Ben & Jerry's y Cheerios, los supermercados Walmart, Target y Whole Foods, o las firmas de automoción Ford, General Motors y Hyundai. Y se suman a un seguido investigaciones del DOL, que recientemente descubrió a 305 niños, algunos de diez años, trabajando ilegalmente en franquicias de McDonalds en Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio.

A raíz de la investigación del Times, la Administración Biden reveló los datos de una investigación interna del año pasado, en la que descubrió que 835 empresas estaban empleando a más de 3.800 niños. Paralelamente, otra investigación federal encontró a 102 niños trabajando en 13 instalaciones de Packers Sanitation Services (propiedad del fondo inversor Blackstone), una de las mayores empresas de limpieza de alimentos del país. Como consecuencia de estos hallazgos, Blackstone tuvo que pagar una multa civil de un millón y medio de dólares.

“Estos jóvenes, de entre 13 y 17 años, tenían el turno de noche y trabajaban en condiciones horribles y peligrosas: limpiando las sierras para cortar huesos, manejando productos químicos dañinos y mangueras a presión”, lamenta Maki. “En esas fábricas, había responsables que veían a los niños entrar y salir cada noche, y nunca lo reportaron. Deberían asumir su responsabilidad”.

Las grandes empresas se están beneficiando de la vulnerabilidad de los niños que llegan a Estados Unidos sin nada y dispuestos a aceptar condiciones de miseria para seguir en el país. Es el trabajo que llevan siglos realizando los inmigrantes, pero cada vez son más los niños que realizan peligrosos trabajos en los campos y las fábricas de Norteamérica.

Sin recursos para los menores migrantes

La mayoría de estos niños “llegan al país huyendo de la pobreza y la violencia de los políticos y las bandas endémicas de Centroamérica. Muchos vienen engañados con la promesa de un trabajo digno, pero no imaginan que terminarán trabajando en un entorno tan horrible como una planta empacadora de carne”, explica Maki, que ha dedicado su vida a la protección de los menores contra el trabajo infantil. En EEUU, se encuentran con un sistema migratorio quebrado, incapaz de dar respuesta al aumento de menores migrantes no acompañados.

A los niños que llegan en esta situación se les permite permanecer en el país y son puestos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios humanos, que los entrega lo antes posible a un patrocinador mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. Unas solicitudes que acostumbran a durar años, incluso décadas. “El Gobierno estadounidense intenta que los niños no pasen mucho tiempo detenidos, como ocurría con Trump, porque está demostrado que eso es muy perjudicial para ellos. Pero los procesan con tanta rapidez que en algunos casos los entregan a personas que no tienen las mejores intenciones, se aprovechan de ellos, y así es como terminan con esos malos trabajos”, señala el director de Child Labor Coalition.

Dichos empleos se encuentran, habitualmente, en los estados sureños del país. Es el caso de Alabama, donde el DOL encontró a niños trabajando en cuatro plantas de la cadena de suministro de Hyundai y Kia. Al igual que otros estados sureños, “tiende a ser hostil con los trabajadores, el movimiento sindical y la negociación colectiva, y en general tiene menores protecciones de derechos laborales”, apunta Maki, “no es de extrañar que las grandes empresas terminen instalando ahí sus fábricas”.

El director de la coalición contra el trabajo infantil sostiene que hay que “responsabilizar” y perseguir a las empresas que hacen la vista gorda ante las vulneraciones de derechos humanos. Pero ve un condicionante claro: el Departamento de Trabajo no cuenta con los recursos suficientes, pues “tan solo tiene 800 inspectores para todo el país y está tratando de supervisar a decenas de millones de trabajadores”, lo cual es materialmente imposible.

En su opinión, es “crítico” que el Congreso autorice más dinero para la agencia, pero después de más de una década luchando, no parece una de sus prioridades. De hecho, el número relativo de inspectores por puesto de trabajo se reduce año tras año: en 1938 era 64 veces superior.

Una historia de desigualdad

Jose Velasquez, que trabajó de los 13 a los 18 años en el campo, reconoce, ahora que ha cumplido 21, que tuvo mejor suerte que la mayoría de niños en su situación: “Pude elegir no dedicar el resto de mi vida a la agricultura. Algunos compañeros tuvieron que dejar los estudios porque sus familias pasaban apuros y necesitaban el dinero”. Él pudo cursar un grado universitario en economía, que está terminando, y justo acaba de volver a Carolina del Norte, empujado por su pasado. En la capital del estado, Raleigh, ha comenzado como interino en una organización sin ánimo de lucro, Pueblo, que proporciona recursos a los niños latinos que, como él hace tres años, trabajan en el sector agrícola.

“Quiero trabajar para construir una sociedad justa, que no excluya y deje atrás a nadie”, dice. “La brecha de riqueza está aumentando: los ricos son cada vez más ricos mientras que los pobres se empobrecen, y la clase media ha desaparecido. Esto empuja a muchas familias, especialmente inmigrantes, a que sus hijos tengan que trabajar”. Para combatirlo, tiene claro que es necesario aumentar el mínimo legal de edad para el trabajo agrario, de los 14 a los 16, y movilizar más recursos federales contra la explotación laboral.

Mientras tanto, una nueva ola legislativa impulsada por políticos republicanos amenaza con más retrocesos: en dos años, 14 estados han promulgado o propuesto leyes que reducen la protección del trabajo infantil, ya sea ampliando las horas de trabajo, eliminando las restricciones existentes sobre trabajos peligrosos o reduciendo la edad laboral. La oposición del Partido Republicano, apoyado por grandes corporaciones agrarias, también ha sido responsable de que en las tres décadas que han pasado desde la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada y ratificada por 196 países, Estados Unidos siga sin ratificarla.

En Iowa no puedes tomarte una cerveza legalmente hasta los 21, pero desde hace unos días sí puedes ponerle copas a otro desde los 16. Aún más temprano, a los 14, puedes salir del cole y hacer un turno de noche llevando una motosierra o limpiando un congelador industrial. Eso sí, la nueva ley no te permite trabajar en un local de estriptis. Eso no.

La nueva ley de Iowa es una más entre las muchas que los republicanos están proponiendo en todo Estados Unidos para desmontar la regulación contra la explotación laboral infantil. Una cruzada entre lo ideológico y lo económico que quiere “imprimir en las nuevas generaciones los valores de la dignidad del trabajo” justo ahora que el paro está en mínimos y a las empresas les cuesta encontrar quien haga los trabajos más duros por poco dinero.

En al menos ocho estados, los republicanos han propuesto que se aumenten las horas o los tipos de trabajos que los niños de hasta 14 años tienen permitido hacer, mientras que otros han eliminado el requisito de que tengan que obtener un permiso antes de poder aceptar un empleo o tener la autorización de sus profesores.

Como en tantas otras batallas, los lobbies conservadores justifican las medidas como una cuestión de libertad. El objetivo declarado de los que las impulsan es evitar que las leyes “se inmiscuyan en el deseo de los padres y sus hijos adolescentes de trabajar”.

Para los republicanos, incorporar más niños al mundo laboral trae ventajas: los trabajadores más jóvenes son los que menos se afilian a sindicatos para reclamar mejoras y también los que menos cobran, además de resultar perfectos para empleos no cualificados o que requieran gran resistencia física.

Tradicionalmente, el mercado laboral estadounidense ha solucionado la carencia de trabajadores precarios siempre de la misma manera: trayendo más inmigrantes. Sin embargo el Partido Republicano moderno y su estrategia de cerrar fronteras hace que la “solución” de emplear cada vez más niños sea más atractiva políticamente.

Niños en la oscuridad

El Gobierno de Joe Biden ya ha advertido a Iowa de que las medidas aprobadas pueden violar las leyes nacionales contra el trabajo infantil que vieron la luz en los años 30 para que no se repitieran los abusos de la Gran Depresión. Sin embargo, algunas medidas adoptadas por los republicanos a nivel estatal hacen más difícil aplicar cualquier límite.

En Arkansas, por ejemplo, los republicanos se han limitado a eliminar la obligación legal de notificar que un menor está trabajando y de que el estado verifique su edad. Así, dicen los expertos, es mucho más difícil saber si una determinada empresa solo contrata menores y planificar inspecciones que comprueben si los protege adecuadamente.

Y esas inspecciones son muy necesarias: desde 2018, el número de menores que estaban trabajando sin cumplir los requisitos legales en EEUU ha subido un 69%. Los inspectores encontraron niños de 13 años en la cadena de montaje de una fábrica de coches o limpiando sierras eléctricas en mataderos, algunos trabajaban hasta las 5:00 de la madrugada. En una cadena de McDonald's aparecieron cientos de niños, dos de ellos de 10 años.

Muchos de estos abusos se ceban en los más vulnerables, como menores migrantes, y aquellos que trabajan en el sector agrícola están aún más desprotegidos. La cuantía de las multas es ridícula en comparación con la facturación de las empresas infractoras, pero si sigue esta tendencia de debilitar las leyes, la situación puede empeorar aún más en el futuro.

Una investigación del Departamento de Trabajo de EEUU ha descubierto violaciones de la legislación que regula el trabajo infantil en tres locales de la cadena de hamburguesas McDonald's ubicados en el estado de Kentucky. En uno de los locales han encontrado a dos niños de diez años trabajando sin remuneración y con horarios que a veces llegaban hasta las 2:00 horas de la madrugada.

Las tres franquicias de McDonald's que aparecen en la investigación poseen un total de 62 locales en los estados de Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio. Entre las tres empleaban a 305 niños que trabajaban durante más horas de las permitidas legalmente y desarrollaban tareas prohibidas por la ley para trabajadores de su edad.

Los franquiciados han sido multados con un total de 212.754 dólares [unos 192.550 euros] por las infracciones. Los tres tienen sede en Kentucky y son Bauer Food y Bell Restaurant Group (en Louisville); y Archways Richwood (en Walton). En torno al 93% de los locales de McDonald's en el mundo son gestionados bajo el régimen de franquicia.

La investigación ha descubierto que las franquicias empleaban a jóvenes de 14 y 15 años que dedicaban al trabajo más horas de las permitidas para menores y superaban los límites diarios y semanales, incluidos casos en los que estaban en el trabajo en horario escolar.

La noticia llega justo cuando varios estados de EEUU se están movilizando para flexibilizar las leyes sobre trabajo infantil.

“Estamos registrando un incremento en las violaciones de las leyes federales sobre trabajo infantil, permiten que los menores hagan trabajos o manejen equipos que los ponen en peligro o les hacen trabajar más horas o hasta más tarde de lo que está permitido en la legislación federal”, ha dicho Karen Garnett-Civils, del Departamento de Trabajo de EEUU.

“Los empresarios que contraten a trabajadores jóvenes deben conocer la regulación. Cualquier empresario, padre o trabajador joven que tenga preguntas puede ponerse en contacto con nosotros para que le ayudemos a comprender sus obligaciones y derechos según la ley”, ha añadido.

El último de varios casos

Estas violaciones a la regulación del trabajo infantil son las últimas en una serie de casos relacionados con las franquicias de McDonald's.

En febrero, el Departamento de Trabajo multó a un franquiciado con siete locales de McDonald's en las ciudades de Erie y de Warren (estado de Pensilvania), por permitir que niños de 14 y 15 años trabajasen con jornadas y horarios no permitidos por la legislación federal sobre trabajo infantil.

El franquiciado también fue sancionado por permitir que nueve trabajadores menores de 16 años manejaran las freidoras. Las infracciones tenían que ver con 154 empleados menores de edad y conllevaron una multa de 92.107 dólares [unos 83.360 euros].

En Pensilvania, multaron en diciembre a otro franquiciado de McDonald's, propietario de 13 locales en la zona de Pittsburgh, por violar la legislación laboral con 101 trabajadores menores de edad.

Entre las infracciones figuraba permitir que los niños trabajasen después de las 21:00 horas, que trabajasen más de ocho horas en días lectivos, más de 18 horas en semanas lectivas, y más de tres horas al día y después de las 19:00 de la tarde en días lectivos. Tuvo que pagar 57.332 dólares [unos 51.890 euros] como multa por las infracciones.

En junio del año pasado, multaron con 3.258 dólares [unos 2.948 euros] a un franquiciado de McDonald's en Tennessee por vulnerar la ley asignando a un trabajador de 15 años el uso de una freidora, una tarea peligrosa que no está permitida a menores. El niño sufrió una quemadura al hacerlo.

En una escala en Mali de camino a Libia, Bakary Jammeh abandonó sus planes de subirse a una barca para migrar a Italia. Allí tenía un hermano, pero Jammeh se convenció de que podía cancelar el encuentro y volver en busca de oro.

Jammeh había conocido a un senegalés con el bolsillo lleno de dinero en efectivo y 15 gramos de oro. El hombre era de Kédougou, una región al sudeste de Senegal, donde pueblos con una larga tradición de búsqueda de oro se están transformando poco a en grandes ciudades mineras.

Esta región al borde del río Gambia está repleta de recolectores de oro de distintos puntos de África Occidental. En su mayoría, granjeros que buscan encontrar una pepita de oro para transformar sus vidas. Pueblos como Bantako, donde trabajó Jammeh, ahora son asentamientos incontrolables de miles de personas donde los mercados venden picos, cascos y aguardiente casero junto con objetos de necesidades diarias. 

Pero rara vez se encuentran riquezas, y Jammeh, originario de Gambia, sigue buscando su fortuna 15 años después de haber descendido por primera vez a los pozos cavados en los matorrales despejados de Bantako. La mayoría de los mineros pueden pasar semanas e incluso meses entre pequeños descubrimientos. Y pocos se van. Unas migajas de oro, con las que se pueden costear un par de semanas de comida, los mantienen allí. Rara vez proporciona una salida permanente de la pobreza. 

Cómo funciona

Una vez, la suerte empujó a Jammeh a encontrar 85 gramos de oro, que le regaló directamente a su madre. Él es el “jefe” de uno de los pozos mineros, donde se pasa el día bajo una lona estirada, supervisando la ensayada rutina por la que jóvenes se introducen 15 metros en los pozos para fracturar las rocas que hay debajo. Las trizas de las rocas se colocan en bolsas de arroz reutilizadas, que luego son trasladadas por hombres a través de grandes poleas. 

Cada botín se arroja sobre una pila que se eleva junto al pozo. Las mujeres son las encargadas de triturarlas para formar piezas más pequeñas. Luego, unas máquinas las muelen aún más, facilitando el rastreo de cualquier posible destello de oro. 

Nadie cobra un salario. Una porción de las rocas se entrega al fundador de la mina, a sus asistentes y al jefe del pozo. El resto se divide entre los trabajadores, que lo distribuyen en casa con la esperanza de encontrar algo para vender. 

Compartir recursos

Jammeh dice que la supervivencia depende de la unión del equipo, del grado en que los compañeros se apoyen entre sí y compartan sus recursos. 

“Uno sobrevive con lo que encuentra aquí. Si tienen un buen líder, los trabajadores aquí disfrutarán [de la vida]. Depende de tu corazón. Todos podemos sufrir aquí, sin comida, sin agua, nadie viene a darnos unas monedas para comprar agua, pero podemos sobrevivir si compartimos lo que tenemos en nuestros bolsillos”, dice. 

La minería artesanal creció con rapidez en Kédougou desde principios de los 2000, tras la llegada de compañías de minería industrial con incentivos a la inversión por parte del Gobierno. En su momento era una forma para que la gente consiguiera un suplemento para sus salarios. Pero la subida en los precios del oro llevó a los granjeros en dificultades a buscar basar su sustento en la búsqueda del mineral, en especial aquellos llegados desde el exterior. 

Las minas operan casi constantemente, desde la mañana hasta después de la medianoche, y los trabajadores muchas veces realizan dos turnos por día. Casi no salen de Bantako, y solo se van a sus casas un par de semanas para las festividades religiosas o cuando la lluvia vuelve imposible trabajar. 

“Es muy difícil”

“Aquí no hay solidaridad, es un lugar egoísta”, dice Hawa Cisse, quien llegó al pueblo con su esposo en 2012. “Si tienes dinero, la vida puede ser buena aquí, pero si no, es muy difícil. Lo único que puedes hacer es coger estas piedras y buscar oro, aunque sea poco, para seguir adelante”, asegura.

“Pero la vida también es difícil en casa, así que no quiero volver. Allí no se puede ganar nada. Solo si consigo dinero suficiente, volveré allí para empezar un negocio”, continúa.

El único propósito en Bantako se evidencia en el sonido constante de los picos partiendo rocas y el zumbido de las correas de los motores de las máquinas trituradoras. Los hombres que las manejan se pasan el día en medio de una permanente nube de polvo, en talleres con paredes de chapa donde también guardan barriles de sustancias peligrosas como el mercurio, que se usan para acelerar el proceso de separar el oro. 

Problemas de salud

Según Paulin Maurice Toupane, un investigador basado en Dakar del Instituto de Estudios de Seguridad, en las minas de oro de Kédougou se usan 3,9 toneladas de mercurio por año, lo que contribuye a la deteriorada salud de sus mineros. El mercurio puede causar debilidad muscular y problemas en la vista y la audición. 

Toupane dice que, si bien el oro produce importantes ganancias en la región -4,2 toneladas, por un valor de 86.600 millones de francos CFA, o 111 millones de libras, en 2018-, también contribuye a la deforestación y el daño del suelo, y pone en riesgo la seguridad alimentaria. 

“La comunidad local abandonó la agricultura y la pesca para involucrarse en la minería artesanal, y eso pone en riesgo la seguridad alimentaria”, asegura. “También hay un vínculo con el tráfico de personas y de drogas, y a veces con la violencia”, apunta. Toupane añade que la minería debe estar regulada y recibir mayores inversiones del gobierno. 

Mientras tanto, Jammeh cree que las minas seguirán creciendo, y que llegará más gente de la que salga. Pocos, dice, se dan por satisfechos con lo que encuentran. “¿Pensar que tengo suficiente? No. Podría haberme ido hace mucho tiempo, pero aún necesito más. Tengo 1.000. Necesito 2.000. Tengo 2.000, necesito 4.000. Es la naturaleza humana. Está en nosotros”, dice. 

“Hay mucha gente aquí que tiene suficiente pero no tienen una buena perspectiva, la de irse a su país y construir una casa. Se compran una nueva motocicleta, una botella, se llevan una mujer a casa y disfrutan el dinero. Después se les acaba [el dinero]. Entonces venden la motocicleta y vuelven a empezar”, indica. 

Traducción de Patricio Orellana

República Dominicana es el destino más visitado del Caribe. Cuenta con 1.600 kilómetros de costa y 400 kilómetros de playas, además de montañas, ríos, lagunas y un lago. Según los últimos datos aportados por el Gobierno del país, en junio visitaron el país un total de 644.861 turistas, la cifra más alta de visitantes en ese mes en toda la historia. En el primer trimestre del año, la isla recibió a casi 4 millones de turistas, que ingresaron a la economía alrededor de 4.000 millones de dólares. Rosa Elcarte, representante de Unicef en República Dominicana, es consciente de los beneficios que puede traer el turismo en materia de economía y empleo a la isla, sin embargo, es más consciente aún de sus posibles efectos negativos. “El turismo tiene una parte muy beneficiosa. Lógicamente, genera trabajo a muchísimas personas, pero no todo es piña colada y playas; dentro de ese turismo, hay una gran parte que viene a buscar chicas para tener sexo con ellas a cambio de dinero, y especialmente, buscan a chicas menores de edad”, critica Elcarte, quien se dedica a labores de concienciación y sensibilización sobre los derechos de las niñas y niños del territorio.

Además de un lugar idóneo para el turismo, República Dominicana es un escenario perfecto para rodajes de películas, series y reality shows. Allí se rodaron películas reconocidas mundialmente como 'El Padrino', 'Jurassic Park' o 'Piratas del Caribe' y también tienen lugar programas de televisión españoles como 'La isla de las tentaciones'. Entre las razones por las que los productores y cineastas escogen la isla como escenario de sus producciones, además de sus paisajes paradisíacos, están los incentivos fiscales que ofrece la Ley de Cine aprobada por el Gobierno en 2010. Los rodajes extranjeros que se realizaron a lo largo de 2021 tuvieron un impacto económico de 230 millones de dólares y para este 2022, según ha anunciado el presidente del país, Luis Abinader, se espera que dicha cifra se iguale.

“La isla, por sus características climatológicas y por su belleza, atrae muchísimo a la industria del cine. Hay un mercado de trabajo importante alrededor de los rodajes. Somos conscientes de que este tipo de rodajes pueden traer consigo un tipo de turismo abusivo. Hemos ayudado a Fiscalía a detener a personas que llegaban y trataban de grabar a mujeres y niñas para películas pornográficas. Puede llegar a ser una fracción pequeña del total, pero al ser un turismo tan masivo, son números importantes. Por eso tratamos de concienciar a las personas que viven en comunidades cercanas a las playas sobre estos temas”, sostiene Elcarte.

El turismo tiene una parte muy beneficiosa. Lógicamente, genera trabajo a muchísimas personas, pero no todo es piña colada y playas

Las investigaciones realizadas por Unicef concluyen que el 29% de las víctimas de delitos sexuales reportados en el país son menores de edad y un 45% de los adolescentes asegura conocer a menores de edad que mantienen relaciones sexuales con extranjeros a cambio de dinero. Otra de las cuestiones que preocupan a los organismos internacionales es el alto porcentaje de matrimonio infantil: cuatro de cada diez niñas de República Dominicana se casan antes de cumplir la mayoría de edad y un 10% de estas lo hace antes de los 15 años. En las zonas más empobrecidas estas cifras se duplican.

Esto ocurre, debido a la normalización de la violencia y de los matrimonios o las uniones de niñas con hombres mayores que hay incluso entre las propias familias dominicanas. “La mayoría de las familias pobres esperan que sus hijas se casen con un hombre mayor que les atienda económicamente. Las propias niñas, al cumplir los 15 años son conscientes de ello, y por culpa de la presión social, sufren un cambio de chip que les hace tener la ilusión de que casándose podrán llegar a cambiar de vida. La desigualdad de género está muy marcada y también la sensación de que el cuerpo de la mujer es una mercancía por la que poder llegar a obtener dinero”, explica la representante de Unicef.

Con el objetivo de mejorar esta situación, los programas de Unicef que Rosa Elcarte coordina, apuestan por el fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales de los sistemas de protección de la infancia, tratan de promover reformas e iniciativas legislativas que resulten necesarias para la vigencia de un sistema de protección integral y eficaz, y crean campañas de comunicación, sensibilización y educación para generar cambios en las prácticas culturales que favorecen el machismo y la violencia. También trabajan con las comunidades y el sector privado vinculado al turismo y e impulsan el trabajo intersectorial con las instituciones.

Cuatro de cada diez niñas de República Dominicana se casan antes de cumplir la mayoría de edad y un 10% de estas lo hace antes de los 15 años

Debido a que el suyo es un trabajo de cambios de pautas de comportamiento de una sociedad entera, Elcarte siente que el mayor problema que tienen a la hora de desarrollar su labor es el hecho de que los programas que dirigen “no son lo suficientemente largos”. “Pueden durar un máximo de cuatro años y luego perdemos la financiación. Nuestro trabajo es importante porque tratamos de fortalecer las instituciones públicas, pero el trabajo que realizamos con las comunidades es una carrera de fondo y a los cuatro años puedes conseguir algunas mejoras, pero se les debe dar una continuidad. Necesitamos que los proyectos sean más largos o, que al menos, una vez terminen, se les pueda dar una continuidad para que haya un cambio real en la sociedad de República Dominicana”, concluye.

La de Sara es una historia real, a pesar de que su nombre no lo sea. Como niña nacida en Santa Ana, ciudad de El Salvador, desde pequeña su familia le dijo que no podía estudiar, que su único futuro sería el de quedarse en casa, casarse y formar una familia, al igual que hizo su abuela, su madre y sus hermanas mayores. Sin embargo, ese no era el destino que Sara quería para su vida y, por ello, comenzó a participar en los programas educativos que ofrecía Unicef en su ciudad. “Empezó a participar en uno de los programas para prevenir la violencia y, en especial, la violencia sexual en las escuelas, en el que se trabaja para empoderar a las niñas y para crear nuevas masculinidades con los niños para que puedan tener relaciones no violentas y, así, romper los estereotipos de género. Lo hizo porque no estaba de acuerdo con lo que su familia quería para ella. Se impuso a su familia y dijo que quería seguir estudiando”, explica a este periódico Begoña Arellano, representante de Unicef en el país, quien confiesa que “probablemente” desde pequeña Sara ha sido víctima de violencia.

Más tarde, la joven comprobó que además de estudiar, le apasionaba el mundo del deporte, en concreto, el atletismo. “Es tan buena deportista que es la campeona de su departamento (Estado o región) en un montón de pruebas”, indica Arellano. Gracias a ello, Sara ha ganado una beca para poder seguir estudiando y entrenando en la escuela y ha logrado que su familia le apoye en su sueño. “Al final sus padres le han animado a que siga estudiando y su abuela le ha dicho que se siente muy orgullosa de ella. Si sigue mejorando le darán la oportunidad de ir a la capital o al extranjero a seguir luchando por su sueño”, señala Arellano un par de semanas después de haber escuchado el relato de Sara frente a un grupo de niñas y niños de la escuela de Santa Ana en la que la ONG colabora para inspirarles y motivarles para que sigan estudiando.

“Es una gran satisfacción comprobar que con una pequeña ayuda que hacemos podemos llegar a cambiar la mentalidad de la gente en lo relacionado con la violencia, la violencia sexual, los embarazos adolescentes o las uniones tempranas. Es algo muy cultural y tratamos de romper ese círculo”, detalla Arellano. Su función en la oficina de Unicef en El Salvador se basa en supervisar y coordinar todos los programas de las distintas áreas de salud, higiene, protección de niños y niñas, educación y políticas sociales que tiene la ONG en el país. Según explica, El Salvador es uno de los países con mayor índice de violencia del mundo. La violencia se produce en los hogares y las escuelas, pero también en las comunidades y hasta en las instituciones, y la población más afectada son los menores de edad, que son víctimas de abuso sexual, en el caso de las niñas, pero también de los niños, a los que además las pandillas o maras reclutan privándoles de su libertad.

Es una gran satisfacción comprobar que con una pequeña ayuda que hacemos podemos llegar a cambiar la mentalidad de la gente en lo relacionado con la violencia, la violencia sexual, los embarazos adolescentes o las uniones tempranas

Cerca de 2.000 niños encarcelados por el estado de excepción

Actualmente, El Salvador se encuentra en un estado de excepción desde el pasado 27 de marzo, a raíz del cual han quedado suspendidas las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa. Según las autoridades policiales, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 34.500 supuestos pandilleros. “El Gobierno está tratando de luchar contra las pandillas y es un asunto complejo que ha reformado algunas leyes, como la de justicia penal juvenil”, detalla Arellano. Con los recientes cambios en la ley penal juvenil del país, los niños, niñas y adolescentes que sean condenados por cometer un delito como parte de un grupo delictivo y que tengan entre 12 y 15 años de edad podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión. Los mayores de 16 años podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión. Los cambios legislativos permiten que estos niños, niñas y adolescentes permanezcan detenidos hasta que se dicte sentencia firme y limitan la posibilidad de que sus sentencias sean modificadas o anuladas. Ninguna de estas medidas se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte. “Es una cosa totalmente contraria a todos los estándares de derechos humanos. No sabemos ahora mismo cuántos niños están detenidos, pero según estimaciones puede ser entre 1.500 y 2.000. Estamos trabajando para que se mejoren sus condiciones de internamiento, también para que puedan tener asistencia médica y psicológica dentro de los centros donde están internados, que no cumplen las mínimas condiciones debido a que están totalmente saturados. Son centros en los que antes había 100 o 150 chicos y ahora hay 500”, critica la responsable de Unicef.

Tanto Unicef como otras organizaciones se han posicionado en contra de esta medida y han exigido al Gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, a que revise los cambios en la ley penal juvenil para que los derechos de los menores prevalezcan incluso en estados de excepción. “De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, la detención sólo debe utilizarse como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible. Encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no proporciona un entorno que mejore su desarrollo ni promueve su reintegración como miembro positivo de la sociedad. La detención afecta a su salud y bienestar, y las pruebas demuestran que el encarcelamiento aumenta las posibilidades de que abandonen la escuela y cometa un delito más adelante en su vida, perpetuando así los ciclos de violencia, exclusión y pobreza. Las medidas no privativas de libertad son mucho más rentables que la detención y generan mejores resultados para los propios niños, niñas, adolescentes y la sociedad en general. Todo niño, niña y adolescente debe estar protegido frente a la detención”, indica Unicef en un comunicado hecho público poco después de instaurarse el estado de excepción en el país.

“Las medidas punitivas por sí solas no resolverán la violencia de las pandillas. Los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de violencia tanto por parte de las pandillas como siendo miembros de estas. Pueden ser reclutados y pueden ser utilizados. En los últimos años, El Salvador ha realizado importantes avances para proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizar sus derechos con políticas sociales centradas en la infancia y con inversiones en programas de educación y desarrollo de la primera infancia que han demostrado prevenir la violencia. Se puede ir más allá: trabajar con las comunidades para promover interacciones seguras y positivas que eviten su reclutamiento en las pandillas. Se trata de empoderar a la niñez y adolescencia para crear una cultura de paz”, concluye el documento.

La crisis educativa es palpable y genera una gran brecha en la sociedad. Esto, además de la violencia que hay en el país, hace que haya grandes flujos migratorios, ya que las personas ven en la migración su única oportunidad de subsistir

Escuelas cerradas por la COVID-19 y alta deserción escolar

Con este contexto, sumado a la pandemia, la labor de Arellano y su equipo para que los menores sigan estudiando resulta cada vez más complicada. Según explica, la pandemia ha dejado visible la alta tasa de deserción escolar que hay en el país. Al cerrar las escuelas durante más de un año -a día de hoy aún no es obligatorio asistir al colegio para evitar contagios de coronavirus- muchos menores optaron por dejar de estudiar. Para evitar que esto ocurriera, desde Unicef trabajaron de forma conjunta con el Ministerio de Educación para crear plataformas online, dotar a los menores de ordenadores para que pudieran seguir estudiando desde casa e instruir a profesores para que adquieran habilidades digitales. “La crisis educativa es palpable y genera una gran brecha en la sociedad. Todavía no han vuelto a la escuela cinco días a la semana, porque no es obligatorio. Es una gran pérdida de capital humano en un país en el que su mayor riqueza son las personas, ya que no hay recursos naturales como para vivir de ellos. Esto, además de la violencia que hay en el país, hace que haya grandes flujos migratorios, ya que las personas ven en la migración su única oportunidad de subsistir”, lamenta Arellano.

Las escuelas están abiertas, pero al no haber finalizado la pandemia de la COVID-19 sigue sin ser obligatorio acudir a ellas. Arellano confía en que el próximo curso académico se celebre con “total normalidad”, sin embargo, indica que “se han visto las deficiencias que hay en infraestructuras en un país en el que hay 6 mil escuelas y 900 de ellas no tienen agua ni saneamiento”. “Es muy difícil volver a la escuela y tratar de prevenir la COVID-19 en esas condiciones”, reconoce.

Con el objetivo de mejorar la situación de los menores que han tenido que hacer un parón en sus estudios durante la pandemia, desde Unicef y otras ONG, han creado un sistema para nivelar habilidades en el que los niños se pueden reinsertar en el sistema educativo cursando dos cursos en uno. “Está pensado para aquellos niños y niñas que han dejado la escuela y quieren regresar, para menores migrantes y para desplazados internos que huyen de las maras y pandillas”, señala.

“Son procesos muy largos, porque cambiar la mentalidad y la visión de la gente en temas tan complejos y culturales se tarda mucho tiempo y es muy difícil lograr un resultado”, reconoce Arellano. Para ella, lo más duro de su trabajo es que las cosas no salgan como lo había esperado. “Es muy duro ver que chicos que han participado en estos procesos terminan siendo reclutados por las maras y no tienes éxito en el proyecto. O cuando ves que la gente se ve obligada a salir del país porque no tiene oportunidades aquí cuando lo bueno sería que tuvieran las oportunidades en su país sin tener que salir de él”. Es por ello que, para Arellano y su equipo, historias como la de Sara, cuyo nombre real no se incluye en este artículo para salvaguardar su intimidad, suponen una gran satisfacción, ya que les hacer ser conscientes de que su trabajo, pese a los obstáculos y las adversidades que se encuentran por el camino, puede llegar a transformar vidas.

“A Nike le gusta decir 'Just do it' [Simplemente hazlo]. Bien, ¿qué hacéis vosotros respecto al trabajo esclavo que fabrica vuestras zapatillas, el trabajo esclavo que os hace ricos?”. Esta frase forma parte del discurso difundido este lunes en redes sociales por el jugador de baloncesto de los Boston Celtics, Enes Kanter.

El pívot denuncia así a la compañía de calzado y ropa deportiva, que además es uno de los principales patrocinadores de la NBA, la liga en la que juega Kanter. El pasado lunes, en un partido contra los Charlotte Hornets, el jugador lució unas zapatillas de esa marca decoradas con salpicaduras imitando sangre y con eslóganes políticos: “Esclavos modernos”, “no más excusas”, “libertad para el Tíbet”, “libertad para los uigures”, “libertad para China”.

El jueves 21, el jugador también había lucido estas zapatillas, en encuentro entre los New York Knicks y los Celtics en el que no llegó a saltar a la cancha. Horas después, la multinacional china Tencent, socio de la NBA, dejó de emitir los partidos actuales o archivados de los Celtics en sus plataformas, en aparente respuesta a los comentarios que hizo Kanter, informó EFE la semana pasada.

Según datos de la propia compañía, Nike cuenta con 103 factorías y más de 150.000 trabajadores en China, el 74% de ellos, mujeres. En un comunicado a principios de este año citado por The Washington Post, Nike dijo que estaba trabajando con los proveedores en China “para identificar y evaluar los posibles riesgos de trabajo forzado relacionados con el empleo de uigures, u otras minorías étnicas”. La empresa no ha respondido específicamente a las acusaciones de Kanter.

La minoría uigur en China es de mayoría musulmana, religión que practica el propio Kanter, quien pasa por ser uno de los musulmanes más conocidos de la NBA. En marzo, una fundación australiana denunció a varios fabricantes por manufacturar productos usando trabajadores uigures: “bajo condiciones que sugieren fuertemente el trabajo forzoso”. “Los uigures están trabajando en fábricas que participan en las cadenas de suministro de al menos 82 marcas mundialmente reconocidas”, señalaba ese informe. Varios países, entre otros Estados Unidos y Reino Unido, califican como “genocidio” las políticas de Pekín hacia esta minoría étnica.

“No abordáis la brutalidad policial en China, no hablás de la discriminación contra la comunidad LGBT (en China), no decís una palabra sobre la opresión de las minorías en China”, afirman Kanter en el video, publicado bajo las etiquetas #HypocriteNike y #EndUyghurForcedLabor. 

La denuncia de Enes Kanter apunta ahora a Nike, explícitamente, pero también a otros grandes fabricantes. El jugador, en el vídeo difundido en redes sociales, se ofrece para viajar a China y visitar alguna de esas fábricas junto a un representante de Nike. Además, invita a dos estrellas de la NBA, LeBron James y el retirado Michael Jordan. Ambos cuentan con líneas de moda dentro de Nike y en concreto Jordan presta su apellido a varios modelos de zapatillas entre los más vendidos de la compañía.

“No lo olvides: cada vez que te pones unas zapatillas o vistes una de sus camisetas, tras ellas hay muchas lágrimas, sangre y opresión”, afirma Kanter, y añade: “Nike tiene que ser parte de esto. Basta de hipocresía, basta de esta esclavitud moderna”.

Hoy hay más niños y niñas trabajando en el mundo que hace cuatro años. Uno de cada diez menores, en total 160 millones de niños y niñas a nivel mundial, según el primer estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef, con datos de 2020. Además, este último año de pandemia de coronavirus incluso agudizará el problema, alertan los organismos, vista la situación en muchos países. Las agencias de Naciones Unidas han dado todas las alarmas ante lo que supone el primer retroceso en la reducción del trabajo infantil en el mundo en las dos últimas décadas, momento en el que la OIT comenzó a medir periódicamente su incidencia.

El trabajo infantil no es una cuestión menor. Los niños afrontan riesgos físicos y mentales a corta edad, que condicionan su desarrollo. Está más extendido entre los niños que entre las niñas y tiene una mayor incidencia en las regiones rurales frente a las urbanas. “El trabajo infantil merma la educación de los niños, restringe sus derechos y limita sus oportunidades en el futuro, y da lugar a círculos viciosos intergeneracionales de pobreza y trabajo infantil”, subraya el informe publicado este jueves, poco antes del Día Mundial contra el trabajo infantil, este 12 de junio.

“Las nuevas estimaciones constituyen una llamada de atención. No podemos quedarnos impasibles mientras se pone en riesgo una nueva generación de niños”, señala Guy Ryder, director general de la OIT. “Instamos a los gobiernos y a los bancos internacionales de desarrollo a que den prioridad a las inversiones en programas que permitan a los niños salir de la fuerza de trabajo y regresar a la escuela, así como en programas de protección social que faciliten esa labor a las familias”, reclama Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef.

Los niños trabajan sobre todo en el ámbito familiar, ya sea en el campo o en pequeñas empresas familiares, una situación muy unida a la pobreza y a la falta de oportunidades educativas. No es una imagen que quede tan lejos en España. Las últimas generaciones de ancianos y ancianas, tan resentidas durante la pandemia, recuerdan a las siguientes, a muchos nietos y nietas, cómo era trabajar en el campo para llevar comida a la mesa. Cómo dejaron la escuela en muchos casos sin saber leer y escribir bien, como prueban sus firmas de caligrafía lenta y temblorosa.

Trabajo infantil que no es tan ajeno

La imagen global de aumento del trabajo infantil esconde diferencias territoriales. Los aumentos se concentran en África, que ha pasado de tener 72 millones de menores trabajando en 2016 a 92 millones, así como los Estados Árabes, que han duplicado su número (de 1,2 millones a 2,4 millones de menores), y por último la zona de Europa y Asia Central, que alcanzó los 8,3 millones el año pasado respecto a los 5,5 millones de niños y niñas afectados por el trabajo infantil en 2016.

Otras zonas en cambio han logrado disminuir esta lacra que condiciona las oportunidades de los menores presentes y futuras. Es el caso de Asia y el Pacífico, con 48,7 millones de niños y niñas trabajando respecto a los 62,1 millones de hace cuatro años y América Latina y el Caribe, que han restado algo más de dos millones de menores trabajando, hasta los 8,2 millones en 2020.

Como se desprende de las cifras, los niños de África son los más afectados. “En la actualidad, existen más niños en situación de trabajo infantil en África Subsahariana que en el resto del mundo”, destaca el informe. Allí, casi uno de cada cuatro menores está afectado por esta situación. Un problema que puede parecer lejano, aquí en España, pero que no lo es tanto.

El estudio de la OIT y Unicef advierte de que “más del 70% de los niños en situación de trabajo infantil (112 millones) se dedican a la agricultura”. En un mundo globalizado, donde por ejemplo el chocolate, el café y la fruta que consumimos muchas veces proceden de la otra punta del globo, el trabajo infantil de un menor en una plantación de cacao en Costa de Marfil puede no quedar tan lejos de nuestra cesta de la compra.

“Gran parte de los productos que consumimos habitualmente esconden explotación laboral infantil”, recuerdan a elDiario.es desde la Coordinadora de Comercio Justo, que promociona en estos días productos libres de trabajo infantil, un compromiso de todas las organizaciones productoras de comercio justo. “Las organizaciones de Comercio Justo estamos trabajando en distintas iniciativas de incidencia política para conseguir leyes que obliguen a las empresas multinacionales a garantizar los derechos humanos, entre ellos la ausencia de explotación laboral infantil y la protección del medio ambiente a lo largo de toda la cadena de producción en cualquier parte del mundo”, explican desde la coordinadora española.

79 millones de menores en trabajos peligrosos

El estudio de la OIT y Unicef subraya además que un total de 79 millones de niños, casi la mitad de todos los niños en situación de trabajo infantil, “realizaban trabajos peligrosos que ponían directamente en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral”. Las agencias de Naciones Unidas destacan que el trabajo infantil en las familias “es a menudo peligroso, a pesar de la percepción generalizada de que la familia ofrece un entorno de trabajo más seguro”.

Esta es la imagen actual del trabajo infantil, pero no es una imagen inevitable, como se observa en los países que han avanzando y siguen haciéndolo. Hay recetas que funcionan, como la inversión en educación, en trabajo decente de los adultos y en una mayor seguridad de las cadenas de producción internacionales.

“La eliminación del trabajo infantil es una empresa demasiado grande para que la resuelva una parte por sí sola”, advierte el informe de la OIT y Unicef, que piden que “los países deben aunar esfuerzos en el espíritu del artículo 8 del Convenio 182 de la OIT”, sobre sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, “ratificado universalmente”. Los países, como España, se han comprometido además a ello en numerosos acuerdos internacionales, como la Agenda 2030, que pretende acabar con el trabajo infantil en 2025.

El término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. El trabajo infantil niega a las niñas y niños el derecho a una infancia.

En 2019, la Organización Internacional del Trabajo celebró 100 años promoviendo la justicia social y el trabajo decente y uno de sus objetivos es erradicar el trabajo infantil. Como ya dijo el primer Director de la OIT, Albert Thomas (1919-1932): “La explotación de la infancia constituye el mal más espantoso e insoportable para el alma humana. Una labor seria en materia de legislación social empieza siempre con la protección de la infancia.”

Desde la OIT se lleva haciendo una esfuerzo ingente por erradicar el trabajo infantil ( a través del programa IPEC especialmente) y de hecho se han logrado resultados esperanzadores, disminuyendo el número de niños y niñas que trabajan, especialmente en América y el Caribe, pero hay que ver las repercusiones económicas, sociales y laborales que va a conllevar la pandemia COVID-19 donde los primeros afectados serán los niños, junto con sus familias, sobre todo aquellos que cuentan con menos recursos económicos y donde la COVID-19 haya golpeado más fuerte.

Se estima que ya hay 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, de los cuales 73 millones realizan trabajos peligrosos. (88 millones de niños y 64 millones de niñas).

Un documento conjunto de la OIT y Unicef que se publica hoy examina cómo puede afectar la pandemia al progreso conseguido para lograr la eliminación del trabajo infantil.

Con el confinamiento obligatorio en la mayoría de países, y los establecimientos cerrados, los niños han dejado de acudir a los colegios y ello tendrá efectos a largo plazo en su educación, sobre todo en aquellos que pertenezcan a familias más desfavorecidas.

Por eso los Gobiernos no pueden quedarse atrás. No pueden adoptar medidas coyunturales sino medidas a largo plazo que ayuden a paliar los graves efectos que la pandemia va a causar en aquellos niños que ya se veían abocados a trabajar y aquellos que por la crisis van a tener que hacerlo.

Los Gobiernos del mundo no pueden de ningún modo mirar para otro lado en el tema más sensible que hay: la infancia.

Y por ello es por lo que hay que fijarse en la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que se estableció por la comunidad internacional e insta a tomar medidas inmediatas y eficaces para eliminar el trabajo infantil en todas sus formas de aquí a 2025.

Pero cuando se estableció debemos recordar que no había llegado la pandemia y a buen seguro habrá que revisar los datos. Sin perder la meta. Es más, habrá que poner más empeño en tomar las medidas que sean más eficientes para reducir, para erradicar el trabajo infantil en el mundo.

No olvidemos que las palabras de Francis Blanchard: “El trabajo infantil tiene sus raíces en la pobreza. El desempleo y subempleo, ingresos precarios, bajos niveles de vida e insuficientes oportunidades de educación y de formación, tales son sus causas fundamentales. Los niños trabajan porque están obligados a hacerlo para su propia supervivencia y la de sus familias.” Francis Blanchard, Director General de la OIT (1974−1989), en su memoria para la 69.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1983.

Los gobiernos tienen que trabajar de una vez por todas por reducir la pobreza, la desigualdad, por lograr la justicia social. Es tiempo de actuar ya. Mañana será la excusa. Actuemos juntos en esto. Una vez más, seamos capaces de mirar la Historia, y aprendamos de ella.

Los familiares de menores que han muerto o han quedado gravemente heridos mientras trabajaban en minas de cobalto en la República Democrática del Congo han interpuesto una demanda contra las compañías tecnológicas más importantes del mundo. En esta acción legal, que si prospera sentaría un precedente histórico, alegan que el cobalto que se extrae en estas minas sirve para alimentar teléfonos móviles, ordenadores portátiles y coches eléctricos fabricados por los gigantes tecnológicos.

Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla son algunas de las compañías demandadas. El bufete de abogados especializado en derechos humanos International Rights Advocates ha presentado la demanda ante un tribunal de Washington DC en nombre de 14 padres, madres o menores. En la demanda, se acusa a estas compañías de haber propiciado o instigado estas muertes o lesiones graves.

Según los abogados de las víctimas, los menores que trabajan en las minas de cobalto integran la cadena de suministro de estas compañías. Las familias y los niños lesionados reclaman una indemnización por trabajos forzados y una compensación adicional por enriquecimiento injusto, supervisión negligente y haberles causado intencionalmente un gran daño emocional. Es la primera vez que las empresas tecnológicas se enfrentan a un desafío legal de esta envergadura.

El cobalto es un elemento esencial para alimentar las baterías recargables de litio utilizadas en millones de productos que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla venden anualmente. La insaciable demanda de cobalto, impulsada por el deseo de contar con tecnología portátil barata, se ha triplicado en los últimos cinco años y se espera que se duplique de nuevo a finales de 2020. La RDC, uno de los países más pobres e inestables del mundo, proporciona más del 60% del cobalto utilizado.

La demanda argumenta que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla son colaboradores e instigadores de las compañías mineras que se beneficiaron de la situación de unos niños que fueron forzados a trabajar en condiciones peligrosas; condiciones que les causaron la muerte o lesiones graves. Los demandantes alegan que los menores trabajaban ilegalmente en minas de la compañía minera británica Glencore.

Señalan que el cobalto que se extrae en las minas de esta compañía es vendido a Umicore, un comerciante de productos mineros y de metal con sede en Bruselas, que vende baterías con cobalto a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell. Otros demandantes señalan que los menores trabajaron en minas de Zhejiang Huayou Cobalt, una gran compañía china líder en el sector, que, según la demanda, suministra este material a Apple, Dell, Microsoft y probablemente a otras de las compañías demandadas.

En la acusación, las familias señalan que los menores se vieron obligados a trabajar en el sector minero debido a la extrema pobreza del país. Afirman que se les pagaba tan poco como 2 dólares por una extenuante y peligrosa labor que consistía en excavar rocas de cobalto con utensilios rudimentarios en oscuros túneles subterráneos. Los familiares alegan que algunos de los niños murieron cuando los túneles se derrumbaron y otros se quedaron paralíticos o tendrán lesiones graves el resto de sus vidas como consecuencia de estos accidentes.

Una demandante, identificada con el nombre de Jane Doe 1, afirma que su sobrino se vio obligado a buscar trabajo en las minas de cobalto a muy temprana edad porque la familia no podía seguir pagando la cuota mensual de 6 dólares de la escuela. Según los documentos presentados ante el tribunal, en abril del año pasado el menor trabajaba en una mina gestionada por la Kamoto Copper Company, una subsidiaria de Glencore. Trabajaba en un túnel subterráneo, excavando entre rocas de cobalto, cuando el túnel se desmoronó y fue enterrado vivo. Su familia señala que nunca ha podido recuperar el cuerpo del menor.

Otro niño, identificado como John Doe 1, afirma que empezó a trabajar en las minas a los nueve años. En la demanda se indica que a principios de este año el menor trabajó como mula humana para la empresa minera Kamoto Copper Company, transportando sacos con rocas de cobalto por 0'75 dólares diarios. El niño se cayó en un túnel y algunos de sus compañeros consiguieron salvarlo. Afirma que lo dejaron solo en el suelo del sitio minero hasta que sus padres se enteraron del accidente y lo fueron a buscar. Ahora está paralizado desde el pecho hacia abajo y nunca más volverá a caminar.

Otras familias que han demandado a las compañías afirman que sus hijos murieron cuando un túnel se derrumbó o sufrieron lesiones graves mientras se arrastraban por los túneles o cargaban con mucho peso, como roturas en brazos y piernas, o lesiones en la columna vertebral. También señalan que nunca se les indemnizó por estas muertes o lesiones.

Las acusan de saber que había menores trabajando

Una de las acusaciones clave de la demanda es que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla sabían y tenían conocimientos “detallados” de que el cobalto que utilizaban en sus productos se obtenía a partir del esfuerzo de menores que trabajan en condiciones peligrosas y que, por lo tanto, son cómplices de una violación de los derechos humanos.

En el escrito presentado, las familias argumentan que todas las compañías demandadas cerraron acuerdos comerciales con las compañías mineras que operan en la RDC. También afirman que la contratación masiva e ilegal de menores para que trabajaran en las minas de cobalto les proporcionó un beneficio económico considerable. El cobalto extraído por niños sigue formando parte de la cadena de suministro.

La demanda afirma que Apple, Dell, Microsoft, Google y Tesla tienen los recursos y la autoridad suficiente para supervisar la cadena de suministro de cobalto, así como para establecer unos criterios que garanticen que se cumplen unos estándares que respeten los derechos humanos. Consideran que las muertes y las lesiones de los niños mineros son el resultado de su incapacidad para gestionar correctamente la situación.

Qué dicen las compañías

Un portavoz de Glencore ha indicado que la compañía “toma nota de las alegaciones de la demanda presentada ante un tribunal de Estados Unidos el 15 de diciembre de 2019. Glencore apoya y respeta los derechos humanos conforme a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La producción de cobalto de Glencore en la República Democrática del Congo es un derivado de nuestra producción industrial de cobre. En las operaciones de Glencore en la República Democrática del Congo no se compran o procesan minerales extraídos de forma artesanal. Glencore no tolera ninguna forma de trabajo forzoso o la explotación de menores”.

Por su parte, Apple ha asegurado que “está profundamente comprometida con el suministro responsable de los materiales que forman parte de nuestros productos”. “Hemos liderado la industria estableciendo los estándares más estrictos para nuestros proveedores y estamos trabajando constantemente para elevar el listón para nosotros mismos y para la industria”, prosiguen.

“En 2014, fuimos los primeros en comenzar a localizar en mapas nuestra cadena de suministro de cobalto a nivel de minas y desde 2016, hemos publicado una lista completa de nuestras refinerías de cobalto identificadas cada año, de las cuales el 100% son auditadas por terceros independientes. Si una refinería no puede o no está dispuesta a cumplir con nuestros estándares, será eliminada de nuestra cadena de suministro. Hemos eliminado seis refinerías de cobalto en 2019”, detallan.

También ha respondido Dell, que asevera que “está comprometida con el suministro responsable de minerales, lo que incluye la defensa de los derechos humanos de los trabajadores en cualquier nivel de nuestra cadena de suministro y su tratamiento con dignidad y respeto”.

“Nunca hemos efectuado operaciones a sabiendas utilizando cualquier forma de trabajo involuntario, prácticas de reclutamiento fraudulentas o trabajo infantil. Trabajamos con los proveedores para gestionar sus programas de aprovisionamiento de forma responsable. Cualquier proveedor con denuncias de mala conducta es investigado y, si se detecta esta mala conducta, se le aparta de nuestra cadena de suministro”, indican.

“Estamos investigando estas acusaciones, y hemos informado a la Iniciativa de Minerales Responsables como parte de su mecanismo de quejas”, añaden.

Microsoft no ha contestado a la solicitud de The Guardian, pero un portavoz ha dicho al Daily Telegraph que “si hay un comportamiento cuestionable o una posible violación por parte de uno de nuestros proveedores, investigamos y tomamos medidas”.

The Guardian también ha contactado con Huayou, Google y Tesla, pero no ha recibido respuesta.

Traducido por Emma Reverter

Las hormigas pueden llevar sin mayores problemas cargas de hasta diez veces su propio peso, pero los humanos estamos muy lejos de esa capacidad. Para los adultos, el peso máximo recomendado para colgar a la espalda es el equivalente al 20 % del peso corporal. Para los niños, en cambio, lo más apropiado es que lleven bastante menos.

Sucede que, a menudo, los niños no se quejan, sino que aceptan las indicaciones de sus padres. Debido a eso, en lugar de avisar que la mochila les pesa demasiado, muchas veces lo que hacen es modificar su forma normal de caminar para poder adaptarse a la carga que llevan. Esto puede tener consecuencias muy negativas para su salud. En concreto, puede afectar la biomecánica de la marcha, de acuerdo con expertos de la Universidad de Málaga (UMA) que han publicado hace días una investigación al respecto.

Problemas para el aparato locomotor

Para ello, analizaron los casos de 213 niños y niñas de entre seis y doce años. Realizaron cinco pruebas diferentes, en cada una de las cuales incrementaron el peso de las mochilas, con el fin de analizar los cambios en el modo de andar. Los científicos -miembros del Departamento de Enfermería y Podología de la UMA- tuvieron en cuenta parámetros como la longitud de los pasos de los niños, el balanceo de la marcha y el tiempo durante el cual mantenían en el aire cada pie.

Las conclusiones del trabajo determinaron que el modo de andar se modifica de manera leve a medida que se incorporan kilos a la espalda. Pero a partir de una carga equivalente al 20% del peso corporal, las alteraciones en la marcha se tornaron significativas. Esto puede afectar el aparato locomotor y generar, con el paso del tiempo, lesiones en las caderas, la espalda y los pies, en particular a personas con otros problemas, como pies planos o escoliosis.

Sin embargo, según indicó Javier Páez, autor principal del artículo publicado en la revista especializada Scientific Reports, la mayoría de los niños que participaron del estudio solía “llevar diariamente al colegio más de este 20%, algunos incluso hasta un 35% de su peso corporal, y durante un recorrido superior a 1 kilómetro”.

Consecuencias a largo plazo de las mochilas demasiado pesadas

El estudio de los científicos malagueños no fue, desde luego, el primero al respecto. Ya desde hace varios años existen otros trabajos referidos a los dolores musculares en niños en edad escolar ocasionados por las mochilas, así como también por los largos periodos en que deben permanecer sentados en las aulas. Estos documentos han explicado que, para compensar el peso de la mochila, el niño tiende a inclinarse en la dirección opuesta, es decir, hacia delante. En ocasiones también se ayudan llevando las manos a los hombros para coger las correas.

“Tales desviaciones posturales pueden obstaculizar la capacidad de absorción de choque natural de la columna vertebral y requerir de una mayor actividad muscular por parte del individuo para prevenir caídas”, explica Mario Gómez Rodríguez, licenciado en Educación Física y autor de una revisión de estudios sobre este problema. Todo esto produce sobre todo dos consecuencias negativas: un aumento del esfuerzo sobre la columna vertebral -y por ende, un mayor desgaste, que propicia lesiones futuras- y una colocación de tejidos blandos “en desventaja biomecánica”, que puede derivar en fatiga y lesiones.

En otras palabras, este tipo de esfuerzos excesivos, además de activar otro tipo de musculatura “no preparada para cargar peso”, también genera el riesgo de “desarrollar una estructura muscular asimétrica, lo que reduce la flexibilidad y hará al niño más vulnerable a sufrir problemas musculoesqueléticos en la edad adulta”. Así lo explicó José Santos, exsecretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), organismo que desde 2009 realiza campañas para prevenir el dolor de espalda y lesiones en edades tempranas. En tales campañas, las mochilas de los niños constituyen un tema central.

Cinco consejos para el uso correcto de mochilas por parte de los niños

La Asociación Española de Pediatría (AEP) enumera una serie de consejos para prevenir lesiones causadas por el uso de mochilas en los niños. Son los siguientes:

Procurar que la mochila pese lo menos posible. Esto es, por supuesto, lo más importante. Para la AEP, el peso de la mochila no debe superar “del 10 al 15 % del peso del niño”. El CPFCM es más estricto: recomienda que la mochila no represente más del 10 % del peso corporal del menor. Un niño de 30 kilos de peso, por ejemplo, no debería llevar nunca una mochila que pese más de 3 kilos. El modo más sencillo de reducir esa carga consiste en revisar cada día qué debe llevar el alumno en la mochila, para evitar que cargue con libros y otros materiales que no necesitará. Según una Evaluación de la efectividad de una intervención educativa para disminuir el peso de la mochila en los escolares de 3º y 4º de primaria, realizada por la fisioterapeuta María Isabel Gallardo en 2009, es tan común que los niños lleven en la mochila cosas no hacen falta que esa simple revisión permitiría reducir hasta un kilo en la carga total.

Organizar el contenido, de manera que los objetos más pesados queden situados en la parte inferior de la mochila.

Usar una mochila ligera y adecuada al tamaño del niño. Las correas deben ser anchas y de extensión regulable. De ser posible, tanto las correas como la parte que se apoya sobre la espalda del niño deben ser acolchadas.

Llevar el peso en el centro de la espalda, al nivel de la cintura y pegado al cuerpo. Siempre se deben usar ambas correas, para evitar que solo uno de los hombros se recargue por el esfuerzo.

Tener una musculatura adecuada. Esto excede, está claro, el ámbito del uso de las mochilas, y se relaciona con un aspecto fundamental en relación con los niños: la importancia de que realicen actividad física y no permanezcan demasiado tiempo sentados o frente a pantallas. Lo recomendado por los expertos de la AEP es que los niños y adolescentes realicen un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada, con actividades vigorosas al menos tres veces por semana, para el fortalecimiento óseo y muscular.

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En el día mundial de la lucha contra el Trabajo Infantil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) subraya la “necesidad urgente de establecer políticas aceleradoras para que el ritmo de reducción del trabajo infantil también se acelere”, sostiene Joaquín Nieto, director de la OIT en España. La organización exige a los Gobiernos de los países de Naciones Unidas un compromiso mayor para llegar al objetivo de “erradicación del trabajo infantil en todas sus formas”  fijado para el año 2025, ya que las últimas estimaciones prevén –si todo sigue igual–  una cifra de 121 millones de niños y niñas en esta situación en 2025.

Los últimos estudios sitúan la cifra mundial de trabajo infantil sitúan en 152 millones de niñas y niños entre 5 y 17 años, de los cuales 73 millones llevan a cabo trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud, seguridad, moralidad o incluso su propia vida, constata la OIT. 

Entre los datos, también figura que la mayor parte del trabajo infantil tiene lugar dentro de la unidad familiar. Más de dos tercios del porcentaje total de niños en esta situación son trabajadores familiares auxiliares, mientras que el empleo remunerado y por cuenta propia conforman el 27% y el 4% de la cifra total respectivamente. 

El estudio también se detiene en las cifras de esclavitud moderna de 2016. Alrededor de 4,3 millones de niños menores de 18 años son víctimas de trabajo forzoso, según la OIT. Esto equivale a un 18% del total de víctimas del trabajo forzoso en todo el mundo. Esta estimación incluye 1 millón de niños víctimas de explotación sexual, 3 millones de niños en situación de trabajo forzoso para otras formas de explotación laboral, y 300.000 niños en trabajo forzoso impuesto por las autoridades del Estado, afirma la OIT.

La tendencia en la reducción del trabajo infantil muestra una disminución del 38% del año 2000 al 2016. Por períodos, de 2012 a 2016 la cifra de trabajo infantil se redujo solo un 1%, mientras que en el cuatrienio anterior (2008-2012) disminuyó un 3%. Por tanto, si todo siguiera igual, en 2025 todavía habría 121 millones de niños y niñas “atrapados en una situación de trabajo infantil y 52 millones de ellos en trabajos peligrosos”, constata Nieto.

De esos datos, los expertos deducen que no se conseguirá el objetivo fijado si el ritmo de reducción sigue la tendencia de los últimos años, “incluso el más rápido fijado no sería suficiente”, indica la OIT. Por ello, los estados miembros se han comprometido en la última Conferencia Mundial sobre Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil de Buenos Aires a “acelerar los esfuerzos en esta materia hasta 2025”, mediante acciones “que fortalezcan los marcos jurídicos, alianzas entre países y políticas públicas”.

España mantiene la cooperación internacional

En este contexto, España se compromete a mantener su cooperación internacional en la lucha contra esta materia “a través de la Iniciativa Regional América Latina y Caribe Libre de Trabajo Infantil”, además ratifica el Protocolo de la OIT relativo al Convenio sobre Trabajo Forzoso, un instrumento jurídico vinculante que obliga a los países a adoptar medidas de erradicación de este tipo de trabajos.

Nieto también ha subrayado que “la recuperación social en España no va al mismo ritmo que la recuperación económica”, y aunque aplaude el compromiso del nuevo Gobierno de mantener la cooperación internacional en la lucha contra la pobreza y el trabajo infantil, señala que “queda mucho por hacer en nuestro país, los ingresos que llegan a las familias no son suficientes, por tanto habría que poner el foco en la mejora de los salarios y en la protección social”.

Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014 por su activismo en la erradicación del trabajo infantil, nos contaba la semana pasada en Sevilla una de sus muchas experiencias. Comentaba que, en una visita en Costa de Marfil, tuvo la ocasión de hablar con unos niños y niñas que trabajaban recolectando cacao. Un trabajo penoso en el que permanecían en los campos más de 10 horas al día y que les imposibilitaba acudir a la escuela y tener un espacio para el juego y el esparcimiento. Intentando ganar cierta confianza, les preguntó a algunos de ellos si les gustaba el chocolate. Ninguno de ellos sabía lo que era el chocolate. Ninguno lo había probado nunca.

La realidad del trabajo infantil es esta, niños que fabrican juguetes para nuestros hijos e hijas, que confeccionan la ropa que puede que llevemos puesta en estos momentos, que fabrican ladrillos en condiciones insalubres, niñas que son explotadas en burdeles por cantidades que van desde los 7€ “el servicio” a los 50€, niñas esclavizadas en el trabajo doméstico o aquellos que, como los niños y niñas de Costa de Marfil, trabajan en la agricultura sin tener la oportunidad de ir a la escuela y de disfrutar de una infancia segura y plena. Son 152 millones de niños y niñas. 152 millones de razones, como señalaba Satyarthi, para seguir trabajando y acabar, de una vez, con el trabajo infantil en 2025. Nos conminaba a los que estábamos presentes en la conferencia a que lo tomásemos como algo personal, a considerar a estos niños y niñas como “nuestros niños”, a tomarlo como una exigencia ética que debíamos hacernos si queríamos considerarnos personas… nos decía, “si no lo hacemos nosotros, quién. Si no lo hago yo, quién”. Uno no suele tener la oportunidad de que todo un premio Nobel se dirija a ti con tanta determinación y fuerza.

Satyarthi vino invitado la semana pasada al Foro España – Américas; El rol de la sociedad civil en la erradicación sostenida del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador, que se celebró los días 8 y 9 de noviembre en Sevilla, bajo el auspicio de la Junta de Andalucía y la OIT y que Ayuda en Acción tuvo el privilegio de dinamizar y coorganizar. En estas jornadas, ONG de América Latina y de España que trabajamos en la erradicación del trabajo infantil nos reunimos para consensuar posturas de cara a la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil –IVCMTI, que comienza hoy (14 noviembre) y se prolonga hasta el jueves 16 en Buenos Aires, Argentina.

En una de sus intervenciones en Sevilla, Satyarthi, además de llamar a la movilización y a la acción para luchar por la erradicación del trabajo infantil, también puso en valor todos los avances que se habían hecho desde el año 2000. Se puede lograr, nos decía, y nos lo tenemos que creer. Este fue otro de sus mensajes. En los últimos años se ha logrado reincorporar a las aulas y sacar del trabajo a casi 100 millones de niños y niñas (93 millones), pasando de más de 245 millones a la cifra actual de 152 millones, que son los que, a día de hoy, siguen siendo víctimas del trabajo infantil.

Esta reducción, aunque insuficiente, se ha logrado por el trabajo combinado de Gobiernos, empleadores, sindicatos y agencias internacionales, pero sobre todo, por el empuje de la sociedad civil que, a través de multitud de organizaciones, ha logrado denunciar y poner en la agenda de los medios de comunicación primero, y después en la de los Gobiernos, la erradicación del trabajo infantil como una de las metas que la humanidad debe de conseguir antes de 2030.

La meta 8.7, encuadrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propone “Adoptar las medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y a la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.”

Muchos Gobiernos, sobre todo en América Latina y el Caribe, están consiguiendo logros que pueden replicarse en otras regiones, y la IV Conferencia Mundial que se celebra ahora en Buenos Aires es una ocasión para volver a dar impulso a todas esas políticas y movimientos sociales que están luchando denodadamente para acabar con el trabajo infantil.

Cierro este artículo como comencé, con las palabras de Satyarthi, cuando nos recordaba que ningún logro de ningún tipo se conseguirá sin nuestro esfuerzo, sin nuestro compromiso y sin nuestra determinación. Todos y todas podemos hacer cosas para luchar contra el trabajo infantil; ser unos consumidores más responsables, convertirnos en activistas de distintas causas, ser más exigentes con los compromisos de nuestros representantes políticos… no va a ser sencillo ni fácil… pero “si no lo hago yo, quién”.

Kailash Satyarthi (Vidisha, India, 1954), Premio Nobel de la Paz en 2014 e histórico defensor de los derechos de la infancia, desprende paz y sosiego a pesar de que su tarea no es sencilla: lucha por eliminar el trabajo infantil en todo el mundo. Preso aún de la estadística, sigue la estela de su compatriota Mahatma Gandhi en el compromiso con los más débiles y se muestra optimista y autocrítico a partes iguales. A día de hoy, 152 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil. La mitad de ellos lo hacen en actividades peligrosas que ponen en grave riesgo su salud, seguridad o moralidad.

El pasado miércoles fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Pablo de Olavide como reconocimiento a su trabajo contra la opresión infantil y en favor del derecho de todos los niños y niñas a la educación. Tras participar en el foro El rol de la sociedad civil en la erradicación sostenida del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador que ha tenido lugar en Sevilla, atiende en exclusiva a eldiario.es/andalucía en la Fundación Tres Culturas.

¿Cuándo decidió abanderar la lucha contra el trabajo infantil? ¿Cómo era Kailash Satyarthi de niño?

La primera llama surgió cuando tenía cinco años y medio y fui a la escuela por primera vez. Me encontré en la puerta de la escuela con un chico que trabajaba recogiendo carbón. Él y su padre nos miraban y preguntaban si se les podía dar algún trabajo. Fue extraño porque yo entendía que todos los niños tenían que ir al colegio. Mi profesora me dijo que no era poco habitual que niños de familias pobres tuvieran que apoyar a sus familias. Mi círculo más cercano me dio una respuesta bastante similar, pero cada día lo veía trabajando en duras condiciones y me sentía muy mal.

¿Qué hizo entonces?

Un día le pregunté al padre y me dijo que nunca había pensado en que su hijo tenía que ir a la escuela porque ni su padre ni su abuelo habían ido nunca. Me miró bastante indefenso y me dijo que ellos estaban hechos para trabajar. No pude entenderlo, pero más tarde comprendí que estaba relacionado con el sistema de castas de la India. Fue un incidente que cambió algo dentro de mí y sirvió para darme cuenta de que la gente asumía que las cosas tenían que ser así, pero yo empecé a cuestionarlo. Tuve una infancia normal como niño de clase media pero me puse con gente cercana a recaudar dinero para apoyar a esas familias y que pudieran comprar libros de texto a sus hijos.

Su labor es difícil, más aún en su país. Incluso ha sido víctima de ataques. ¿Cómo es la situación actual de trabajo infantil en la India y cómo lo vive personalmente?

He sido atacado bastantes veces. Dos de mis compañeros fueron asesinados. Según las estadísticas gubernamenatles, en mi país hay 4,2 millones de niños y niñas trabajadores. Datos no oficiales hablan de 30 millones. La mayoría están en el sector agrícola, aproximadamente un 60%, o en el sector de la construcción. La buena noticia es que las cifras han descendido bastante en los últimos 15 ó 20 años. De acuerdo con el censo de la India, en 2011 había unos diez millones de niños trabajando. No es un número correcto porque la cifra absoluta es más alta pero ha habido un descenso muy marcado. India acaba de aprobar una ley sobre trabajo infantil y ha ratificado los dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Esto son estadísticas pero la realidad es que el hecho de que un solo niño esté en peligro significa que el mundo no es seguro.

¿La educación es la solución a este mal global?

La educación es sin duda la herramienta con mayor efecto preventivo, incluso rehabilitador, pero no es la única medida necesaria. Deberíamos contar con leyes estrictas sobre trabajo infantil y que fueran cumplidas junto a normativas aplicables a las empresas para que no se contrate mano de obra infantil. De igual manera es importante que contemos con medios de protección social para proteger a los padres y madres de estos niños y adolescentes. Lo más importante es la mentalidad de la gente, que realmente se interiorice que es necesario respetar la infancia de los niños. Y esa mentalidad debe ser construida a nivel global.

Desde que se celebró en 1997 en Oslo la I Conferencia internacional contra el trabajo infantil, el mundo está comprometido a eliminarlo pero, ¿por qué no se consigue definitivamente?

Desde Oslo, el dato importante con el que me quedo es que el trabajo infantil se ha reducido en 100 millones. Eso se debe a todos los esfuerzos que se han coordinado y articulado en torno a esta situación. De acuerdo con estimaciones globales, existen aún unos 150 millones.

¿Qué piensa que va a traer la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil que empieza el próximo martes en Buenos Aires? ¿Se verán modelos de intervención innovadores?

Durante las últimas conferencias hemos hechos muchas promesas, nos hemos comprometido a distintas cosas. Las promesas de la primera Conferencia se reiteraron en la segunda, y así en la tercera. He participado en todas ellas y, sin embargo, creo que siempre hacemos promesas y creamos nuevas cuando todavía no hemos terminado de cumplir con las primeras.

¿A qué promesas se refiere exactamente y por qué no se han logrado cumplir?

Por ejemplo, hemos hablado ampliamente sobre leyes y su cumplimiento. Algo muy simple. También se ha prometido que se iban a destinar más recursos a la educación y sin embargo la comunidad internacional no lo ha hecho. Prometimos que las empresas no iban a emplear niños pero no lo hemos logrado completamente. Estos niños no votan, es decir, no van a venir a exigirnos que cumplamos lo prometido con sus necesidades y sus derechos. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es honrar los compromisos que hemos asumido. Es la responsabilidad moral de todo político cumplir con esto.

¿Confía, como se pretende, en que se acelere la erradicación sostenida del trabajo infantil en todas sus formas para 2025 y la erradicación del trabajo forzoso para 2030?

Creo que sí, porque la IV Conferencia va a dar un impulso muy fuerte y va a haber un nuevo compromiso. Es un dato, pese a todo, pero no es imposible. Necesitamos mucha más honestidad, honestidad política. En último término es responsabilidad de los políticos y de la comunidad internacional invertir más en nuestra infancia. Eliminar el trabajo infantil es una cuestión de honestidad política. Solamente cuatro días y medio del gasto militar global servirían para garantizar la educación primaria de todos los niños del mundo. Esos son solo 22.000 millones de dólares y, sin embargo, nos gastamos 8,1 billones de dólares en gasto militar. ¿Qué priorizamos, niños o guerras?

Entiendo que las grandes corporaciones también tienen una gran responsabilidad, ¿no cree?

Sí, pero no hay que omitir la responsabilidad del Estado, porque es su labor implementar leyes y hacerlas cumplir para que no haya trabajo infantil. Es una responsabilidad compartida entre toda la sociedad: los padres de los niños, los maestros, la comunidad como un todo, las entidades religiosas, las empresas,... Pero cuando hablamos finalmente de cumplir las leyes y de crear preceptos constitucionales que protejan a los niños, la responsabilidad última recae sobre los estados. No solo se trata de la responsabilidad social corporativa sino del control a esas empresas.

Más de 9,5 millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe han dejado de trabajar en el período 2000 - 2016. ¿En qué sentido la conferencia es una oportunidad para este caso específico?

Entre 2000 y 2012 ha habido un descenso significativo, también en estas zonas, pero la tendencia de reducción en los últimos cuatro años ha sido lenta. El foco se debería poner ahora en los niños a los que es más difícil llegar, a nivel geográfico, cultural, etc, como pudieran ser niños de familias indígenas que viven en lugares más remotos. Es una clave importante la inclusión social y eocnómica para poder avanzar en la erradicación del trabajo infantil en esas zonas. Además, hay que tener en cuenta la vinculación entre trabajo infantil y violencia, porque en los niños sometidos a violencia se ve incrementado el abandono escolar.

Tiene 11 años y vive con su familia en una habitación en el slum de Fasertek, un barrio de chabolas pegado a la zona diplomática de la ciudad de Dhaka, la capital de Bangladesh. Su nombre es Shanta.

Ella asiste regularmente a la escuela Educo desde las 12:30 del mediodía hasta las 15:30 de la tarde. Por la mañana, antes de la escuela y después de desayunar, trabaja durante tres horas rompiendo ladrillos. Y sigue haciéndolo después de la escuela durante dos horas más. Vuelve a casa cuando se pone el sol. Cena y se acuesta. Solo interrumpe esta rutina durante los días lluviosos y los viernes, el día de descanso escolar, cuando, en vez de descansar, trabaja todo el día. Shanta también ayuda a su madrastra con la casa y la cocina y cuida de sus hermanastros.

Su madre se fue y las dejó a ella y a su hermana mayor con su padre, que volvió a casarse. Shanta y su hermana viven con su madrastra y sus dos hermanastros pequeños en una sola habitación sin gas para cocinar y tienen que compartir su baño con otras tres familias. La abuela de Shanta la ayudó a conseguir el trabajo, ya que con los ingresos mensuales del padre llegan a pagar poco más que el alquiler de la habitación.

A pesar de sus condiciones de vida, Shanta no renunciará a su sueño de estudiar y convertirse en una gran doctora. Al contrario, acude sin falta a la escuela de Educo, dedica su escaso tiempo libre a las tareas escolares y se muestra agradecida por poder seguir estudiando a pesar de tener que ayudar económicamente a su familia. “Mi sueño es seguir estudiando para ser médica y así poder servir a la gente pobre de mi comunidad. Educo me ayuda a cumplir mis sueños”.

En Bangladesh, más de 7 millones de niños entre 5 y 17 años se ven obligados a trabajar para poder subsistir y ayudar a sus familias. Desde Educo les ofrecemos acceso a la educación en nuestras escuelas para niños trabajadores. Aquí pueden asistir a clase fuera de su horario laboral y, para recuperar tiempo perdido, cursar en cuatro años las materias que en el sistema educativo formal se dan en cinco. Además de la enseñanza gratuita, les proporcionamos uniformes, libros y el material escolar necesario.

Nasreen Sheikh solo se tomaba un descanso en el taller clandestino de Katmandú para el que trabajaba con solo 11 años. Todas las mañanas, se asomaba unos minutos a observar a los niños que iban al colegio. Entonces se preguntaba por qué no podía llevar sus uniformes y sus zapatos. Por qué, por ser una niña y venir de una familia sin recursos, no podía ir a la escuela como ellos. “Me gustaba observarlos, los veía felices”, recuerda.

Entonces, con ese pensamiento en la cabeza, volvía a la habitación de algo más de un metro cuadrado en la que confeccionaba camisetas durante 12 y 15 horas, dice, por no más de cinco euros al día. En ese habitáculo también comía y dormía. “No teníamos cama. Dormía sobre un montón de camisetas. Tampoco teníamos agua potable para beber ni cocina. Recuerdo respirar en todo momento el humo tóxico”, relata en una conversación con eldiario.es.

Hoy, la joven lidera varios proyectos con un objetivo: que las mujeres nepalíes más empobrecidas tengan unas condiciones laborales dignas que les permitan vivir sin depender de un hombre.

“He visto a mujeres suicidarse por falta de libertad”

Nasreen tiene 25 años. O eso cree. “En mi pueblo no registramos la fecha de los nacimientos ni de las muertes, así que no estoy segura”, dice. Es allí, en su pequeño pueblo, ubicado en la frontera con India, donde la joven empezó a ser desde muy pequeña consciente del “control que se ejercía” sobre las mujeres. “Es una sociedad completamente dominada por los hombres. Antes no había electricidad, ni coches, ni hospitales. Todas las mujeres daban a luz en sus casas”, explica.

“Me acuerdo de mi tío pegando a mi tía si cometía algún fallo. He visto cómo mujeres se han suicidado por no tener libertad”, añade. Nasreen enumera con indignación toda una lista de situaciones machistas de las que ha sido víctima o testigo, pero destaca dos. La primera, no haber podido ir al colegio. “Como nací niña, he recibido siempre un trato diferente”, esgrime. La segunda, el día en que sus padres concertaron el matrimonio de su hermana mayor, cuando esta tenía 12 años.

“Mi hermana luchó mucho. Decía que no quería casarse, que quería estudiar. A los 16 se casó con un desconocido. Tuvo un hijo, después otro. En total, cuatro. Y comenzó a perder poco a poco la confianza en sí misma. Dejó de hablar con la gente. Verla a ella fue muy triste para mí, también fue triste pensar que a mí me iba a ocurrir lo mismo”, sostiene.

Víctima de explotación laboral

Nasreen decidió abandonar su pueblo para visitar a un primo suyo que vivía en Katmandú. En la ciudad vino el cambio de mentalidad. Comenzó a cuestionarse lo que en el mundo rural era visto como “una vergüenza”: mujeres que trabajan, conducen o van al colegio. Entonces, empezó a trabajar en la misma fábrica textil que su primo para poder quedarse a vivir en la capital.

“Aprendí a coser rápidamente y trabajaba muy duro”, recuerda. “Hacía muchas camisetas para bebés y unas faldas preciosas. No sé exactamente adónde iban, creo que casi todas a Reino Unido. Ahora sé la empresa. Lo sé todo. Y es muy difícil verlo. Y triste. Son marcas muy caras, además”, asegura. Nasreen rechaza desvelar el nombre de la compañía. Se hace un silencio y su voz titubea. “No. Me impresiona mucho. Quizás algún día, cuando me sienta más fuerte. Primero quiero entender por qué lo hacen”, sentencia.

Un día, mientras miraba a los niños que iban a la escuela, un perro se le acercó. “Su dueño me dijo que no tuviera miedo. Fue la primera vez sentí que alguien me decía algo así con cariño. Así que le pregunté: 'Por favor, ¿puedes enseñarme?”. Conmovido, a los tres días, según Nasreen, él aceptó convertirse en su profesor. “Me llevó por primera vez a una librería y empezó a enseñarme entre una y tres horas al día”, recuerda. La joven, por aquella época, no sabía leer.

Un proyecto para empoderar a las mujeres pobres

Poco a poco, decidió que no quería volver a trabajar en la fábrica. ¿El punto de inflexión? “Uno de los jefes para los que trabajaba no me pagó. Cogió el dinero y se fue”. Empezó a confeccionar prendas junto a su primo y a venderlas, por su cuenta, a tiendas locales. Cada vez, explica, tenían más trabajo y necesitaban más manos. Fue, sin quererlo, el inicio de su proyecto Local Women's Handicraft.

“Veía a muchas mujeres pidiendo en la calle. Un día, una se me acercó para pedirme dinero. Mi madre solía decirme que pedir es un mal hábito así que le dije 'No puedo darte dinero, pero tengo mucho trabajo. Así que ¿por qué no vienes y trabajas conmigo?'. Comenzó a ganarse la vida, salió de la calle, consiguió ser libre”, relata. “Y yo me di cuenta de que quería trabajar con estas mujeres porque eran muy amables, trabajaban bien, querían cambiar y además, podía contribuir a disminuir la pobreza. Así que empecé a trabajar con una mujer, esa trajo a otra, y a otra y a otra”.

Y así decenas, desde 2008. Ahora tiene 35 compañeras. Aprenden costura, tejido, bordado, fabricación de joyas o patronaje. Y fabrican productos de manera artesanal con materiales naturales y reciclados que se venden en comercio justo. Nasreen se ha planteado la meta de formar a 10.000 mujeres para el año 2020.

Se trata de mujeres de los estratos sociales más bajos en un país aún regido por el sistema de castas. La mayoría, además, no ha recibido educación y algunas son supervivientes de violencia de género. En el taller de Local Women's trabaja Narayni Aryal, de 26 años. Narayni, según Nasreen, sufre epilepsia y está soltera. Su marido la abandonó después de que, tras un ataque epiléptico mientras cocinaba, se le quemara medio cuerpo.

“La conocí cuando estaba ayudando como voluntaria tras el terremoto de Nepal. Su casa se destruyó y pedía para medicinas. Se vino al centro. Aprendió en seis meses, gana 10.000 rupias al mes, todo el mundo la respeta y es independiente”, comenta la activista. “No solo se trata del dinero, se trata de poder tomar decisiones. Es una cuestión de dignidad. No depender de tu padre, tu hermano o tu marido”, añade.

A este proyecto se suma otro para escolarizar a niños que, como ella, son víctimas de explotación laboral y un nuevo centro que está casi finalizado y funcionará con energía solar y biogás. “Me gustaría construirlo en más puntos de Nepal y ayudar a más mujeres y niños”, señala.

“La gente piensa que estoy loca por no querer casarme”

Las críticas a su labor no se han hecho esperar. Las primeras vienen de su familia, que insisten en que debe seguir los mismos pasos que su hermana y contraer matrimonio. “Cuando tenía 18, mi madre, que no entiende por qué hago lo que hago, me dijo que ya no era una niña y que tenía que buscar un buen marido y casarme. Yo le pedí que me diera un par de años para finalizar mis estudios”.

Hace dos años concertaron su matrimonio. Ella tenía 23. “Les dije que no me iba a casar con un hombre que no conozco. Fue muy duro, lloré mucho y al principio no se lo contaba a nadie. Pensaba en ese hombre y solo podía llorar. Estaba muy asustada, ¿cómo me iba a ir a la casa de un hombre al que no conozco?. Me acordaba de mi hermana. El divorcio tampoco es posible”, recuerda.

Nasreem comenzó a contar su situación y recibió el apoyo de sus amigos, clave para negarse al matrimonio impuesto. “Tardé seis meses en decir que no y después tuve que esconderme, literalmente, porque en nuestra cultura todavía sigue habiendo crímenes de honor, es una cuestión de reputación de la familia. Fue muy duro. Cuando lo pienso, me resulta increíble haber escapado de eso”, sostiene. “Mi madre nunca ha besado a mi padre. Eso no es amor. Yo estoy trabajando para que haya más amor en el mundo. Y cuando me case, quiero sentir amor”, confiesa.

Sus padres, a día de hoy, siguen insistiendo en que debe casarse. Es, dicen, su deber como mujer. “La gente piensa que estoy loca, allá donde voy me infravaloran, no quieren que sus hijos me miren”, afirma. A las malas miradas y los comentarios se suma la incomprensión hacia su trabajo. “En Nepal solo el 0,1% de las mujeres son emprendedoras. Si caminas por Katmandú, casi todas las tiendas las llevan hombres. Hay mucho estigma y más si eres una mujer soltera y del mundo rural”, explica. “Piensan que es una locura. Además, están los problemas financieros y la falta de educación de las mujeres con las que trabajo, que muchas veces es un impedimento”, prosigue.

Pero, pese a todo, Nasreen no se amedrenta. Apunta a las estrellas. En sentido figurado, pero también en el literal. Quiere estudiar Astronomía. La pasión le viene desde que era pequeña, cuando observaba el cielo estrellado con la misma admiración que a los niños que podían ir a la escuela. Y promete que seguirá con su lucha. “Cada día, ser mujer en Nepal es un desafío. Cada nuevo paso, es una gran puerta que tengo que atravesar. Pero también hay muchas mujeres que logran cambiar sus vidas y me hacen creer que aquello por lo que lucho es real. Me dan esperanza y fuerza. La vida es muy corta y todo el mundo tiene derecho a vivirla. Y si oprimes a una mujer, oprimes a todas”, concluye.

Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio) exigimos a los gobiernos que cumplan con sus obligaciones y compromisos para eliminar el fenómeno del trabajo infantil. Según nuestra codirectora de Programas de Educo, Yukiko Yamada, “en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay 168 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años víctimas de esta lacra. Ante esta realidad, la comunidad internacional y la sociedad civil deberían reaccionar contundentemente. De hecho, los líderes mundiales se han comprometido a acabar con el trabajo infantil en 2025, dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debemos exigirles que cumplan con lo prometido”.

Nuestra ONG lleva a cabo alrededor del mundo diversos programas educativos con el objetivo de erradicar el trabajo infantil. En este sentido, Yamada asegura que “el trabajo infantil debería estar prohibido en todo el mundo. Sin embargo, la situación es compleja y no basta con prohibirlo porque, sin otras medidas adicionales, el problema no se soluciona. Sabemos, por nuestra experiencia y porque así lo dicen organizaciones como la OIT, que la educación es la mejor solución para la lucha contra esta problemática”.

Uno de estos proyectos lo realizamos en Bangladesh, un país en el que casi 8 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años se ven obligados a trabajar a cambio de sueldo ínfimo para subsistir y ayudar a sus familias. Como consecuencia, no pueden ir a la escuela, lo que perpetúa el círculo de pobreza en el que viven. En los slums (barrios marginales) de la ciudad de Dhaka, Educo ha puesto en marcha 5 escuelas para niños trabajadores (working children schools), donde pueden estudiar y formarse gratuitamente.

Cada año asisten a estas escuelas alrededor de 1.000 niños y niñas. Van a clase por las tardes, fuera de su horario laboral, y pueden estudiar la primaria en cuatro años, en vez de los cinco del sistema educativo formal. Un factor clave del éxito de esta propuesta es la implicación de las familias y de los empleadores de estos pequeños, que facilitan su asistencia a clase y asumen la importancia de destinar una parte del día a sus estudios.

Yukiko Yamada asegura que “el proyecto está teniendo un impacto tan significativo que, conforme avanza el curso, aproximadamente el 40% de estos niños y niñas acaban dejando el trabajo para concentrarse en sus estudios”.

Este lunes se celebró el Día mundial contra el trabajo infantil. Desde la I Conferencia Internacional celebrada en Oslo en 1997 y a partir de los esfuerzos articulados desde la OIT se han experimentado importantes avances en la lucha contra el trabajo infantil. Durante los últimos 20 años más de 78 millones de niños y niñas han dejado de trabajar a nivel global. Sin embargo, las cifras aún distan mucho de la consecución de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que persigue “asegurar la prohibición de la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldado, y de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

Se considera trabajo infantil toda actividad de producción económica que realizan los niños y niñas por debajo de la edad mínima legal establecida para trabajar (el Convenio 138 de la OIT fija la edad límite de admisión al empleo en los 14 años) o que, estando por encima de esta edad, se desarrolla bajo condiciones de peligrosidad que ponen en riesgo la salud, la seguridad y el desarrollo emocional y moral del niño o la niña.

A nivel mundial, hay 168 millones de niños y niñas en situación de trabajo infantilhay 168 millones de niños y niñas en situación de trabajo infantil, 85 millones bajo formas de trabajo peligroso entre las que se encuentran las denominadas peores formas de trabajo infantil: venta y trata de niños y niñas, trabajo bajo servidumbre por deudas, empleo en prostitución, pornografía, explotación sexual y otras actividades ilícitas con fines delictivos.

En todos los casos, se trata de una violación grave de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes que tiene lugar durante los primeros años de la vida de una persona, se produce en entornos de violencia y dominación, y afecta de forma muy grave a su desarrollo y su bienestar. Tiene como consecuencia directa el abandono escolar prematuro y con ello la baja cualificación profesional y peores oportunidades para acceder a un trabajo decente en la edad adulta, lo cual, a su vez, contribuye a perpetuar la pobreza.

Se trata por lo tanto de un fenómeno complejo que debe ser abordado desde una perspectiva multicausal y con un claro enfoque de Derechos Humanos. Corresponde por tanto a los Estados acabar con esta lacra a partir de la implementación de políticas públicas inclusivas y el establecimiento de marcos normativos garantistas que permitan a todos los niños, niñas y adolescentes el disfrute y ejercicio pleno del derecho a la educación, la salud y la protección frente a toda forma de violencia, prestando una especial atención a aquellos colectivos en situación e mayor vulnerabilidad (niñas, niños y niñas indígenas y afrodescendientes, infancia migrante).

Además, ha de promoverse la implementación de planes y programas de inserción laboral para adolescentes y jóvenes que garanticen de manera sostenida un trabajo decente y eliminen de una vez por todas el síndrome de la generación perdida, generación perdidacon una mirada especial a las cadenas de valor, el trabajo doméstico de las niñas y el trabajo en la agricultura.

Desde Ayuda en Acción, contribuimos a la meta 8.7. de los ODS con nuestra campaña Sácalos del Mercado, que lucha contra la trata de mujeres y niñas en NepalSácalos del Mercado, considerada como forma contemporánea de esclavitud. Desde 2015 hemos contribuido a que más de 100 niñas, mujeres y adolescentes sean rescatadas de las redes de explotación sexual y prostitución forzosa y han sido restituidas en sus derechos. Además, hemos contribuido con nuestras acciones de prevención a que más de 7.000 no caigan en las manos de las mafias y organizaciones criminales.

En este sentido, la OIT, la Agencia Andaluza de Cooperación (AACID), Ayuda en Acción, la CAONGD, Universidades de Sevilla, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil en América Latina y el Caribe, así como el Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de Brasil, hemos compartido la semana pasada una mesa de trabajo como espacio preparatorio para la celebración del Foro Sociedad Civil para la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil en América Latina y Caribe que tendrá lugar el próximo mes de octubre en Sevilla.

Este Foro se articula en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, un instrumento de cooperación intergubernamental conformado por 27 países de América, además de organizaciones empresariales y de trabajadores, que cuenta con el apoyo de la OIT. El objetivo de este encuentro es articular un trabajo conjunto y alcanzar un posicionamiento común entre organizaciones de la sociedad civil de España y de América que pueda influir en la IV Conferencia Internacional por la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil que tendrá lugar en Argentina los días 14 a 16 de noviembre.