Los hechos se suceden con tal vértigo en Europa y España que quizá a muchos les haya pasado desapercibido un acontecimiento estremecedor, un viaje tenebroso al corazón de las tinieblas, que está teniendo lugar en estos precisos momentos en el otro lado del Atlántico, en Colombia. Me refiero a la audiencia de los ‘falsos positivos’ que se desarrolla en la JEP (siglas de Jurisdicción Especial para la Paz), un tribunal especial creado en 2016 en el marco del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la mayor guerrilla de entonces en el país, las FARC.

‘Falsos positivos’ es el nombre con que se conocen miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por el Ejército colombiano para exhibir ante la opinión pública resultados alentadores en la lucha contra la guerrilla y obtener a cambio licencias, condecoraciones y ascensos. Las víctimas, en su mayoría jóvenes estudiantes o desempleados, eran secuestradas o atraídas a otras regiones con falsas promesas de empleo, tras lo cual eran asesinadas en algún paraje debidamente seleccionado y presentadas ante los medios como insurgentes muertos en combate. Para conseguir el efecto deseado se les ataviaba como guerrilleros y se les acomodaba entre sus manos inertes un fusil para hacer más verosímil la escena. En algunas ocasiones los verdugos no tenían suficientes precauciones y calzaban a sus víctimas las botas al revés, lo que avivó la sospecha de que se trataba de un montaje.

Esta práctica macabra se remonta a finales de los años 80, pero alcanzó su paroxismo bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y su denominada “seguridad democrática”, estrategia que le granjeó al presidente la admiración de los círculos del establishment europeo y de grandes grupos mediáticos. Según la JEP, entre 2002 y 2008 se produjeron 6.402 casos de ‘falsos positivos’, cifra que se ha convertido en un icono en los eslóganes de protesta contra una de las etapas más polémicas de la historia reciente del país suramericano. El supuesto éxito de la seguridad uribista se asentó, según las denuncias de sus detractores, sobre una estrategia de terror y montones de cadáveres de inocentes.

Este miércoles, Colombia asistió sobrecogida al comienzo del juicio por el ‘caso 03’, como identifica la JEP el capítulo de los ‘falsos positivos’. Sentados en el escenario de un teatro en Ocaña, una pequeña ciudad del noreste del país que fue escenario de muchos de los crímenes, un general retirado, otros nueve militares y un civil contaron su versión de lo ocurrido ante centeneras de familiares de sus víctimas, en un acto que fue transmitido en directo por el canal de la JEP. “Quiero hoy que el mundo sepa que eran campesinos, que yo, como miembro de la fuerza pública, asesiné cobardemente, les arrebaté la ilusión a sus hijos, les desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno”, dijo el excabo Néstor Guillermo Gutiérrez en una de las intervenciones más conmovedoras. En otro momento del acto, el general retirado Paulino Coronado dijo: “Quiero expresarles que siento un gran remordimiento que me lacera el alma. Sé que afectamos a familias enteras, padres, madres, hijos, nietos. Les dejamos un gran vacío”. Pese a las enfáticas declaraciones de culpabilidad y arrepentimiento de los procesados, los familiares de los fallecidos, que vestían camisetas negras con la leyenda “¿Quién dio la orden?”, exigieron que las confesiones lleguen “al fondo”, puesto que no han bastado para establecer cómo se concibió y organizó desde instancias más altas esta política de ejecuciones.

LA JEP administra la justicia transicional para los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado, y su objetivo es ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas. Quienes hacen una confesión completa y veraz de sus crímenes se benefician de penas alternativas de entre cuatro y ocho años en prisión domiciliaria o de prestación de servicios a la comunidad. El uribismo ha convertido a la JEP en uno de los principales blancos de sus ataques, con el argumento de que es un tribunal que sigue consignas políticas de izquierdas. La realidad es que los testimonios recabados por el tribunal, en especial los de exintegrantes de la fuerza pública, están haciendo añicos la narrativa oficial que presentaba la presidencia de Uribe como una de las épocas más gloriosas y doradas en la historia colombiana.

Las primeras audiencias de los ‘falsos positivos’ están coincidiendo en el tiempo con un clima político de polarización extrema en el país por la inminencia de las elecciones presidenciales (la primera vuelta es el 29 de mayo), en las que el candidato de izquierdas Gustavo Petro se perfila como ganador, y por el curso -inimaginable hasta hace poco tiempo- que está tomando la situación procesal de Uribe. El mismo día en que comenzaba la audiencia en Ocaña, una jueza en Bogotá rechazó la petición de la Fiscalía de precluir un proceso contra el expresidente por presunto soborno de testigos, dentro de una causa más amplia por supuesta responsabilidad en unas masacres cometidas por paramilitares en 1997 en Antioquia, cuando Uribe era gobernador de ese departamento. La decisión judicial supone un duro revés para el hombre que ha dominado la escena política colombiana en los últimos 20 años.

Hace algún tiempo leí una confesión de un paramilitar colombiano que contaba que, cuando asesinaban a sospechosos de colaborar con la guerrilla, debían asegurarse de que los cadáveres se hundieran cuando los arrojaban al río para que no quedara rastro de ellos porque “los muertos hacen mucha bulla”. Ahí están para corroborarlo los miles de ‘falsos positivos’, interpelándonos con su grito para que no olvidemos nunca las dimensiones que puede alcanzar el horror.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha elevado a 6.402 las víctimas de “falsos positivos”, como se conocen en Colombia a los asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate entre 2002 y 2008.

“La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, estableció este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal.

Los “falsos positivos”, el Caso 3 de la JEP y uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de “falsos positivos” que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que han sido condenados sólo algunos soldados o suboficiales.

La JEP reconoce que la cifra anunciada hoy difiere de los datos de instituciones como la Fiscalía y señaló que “las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas”, periodo que coincide con la presidencia de Álvaro Uribe.

La JEP encontró que sólo entre esos años se registró el 78% del total de la victimización histórica, crímenes que se redujeron “drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009”.

Regiones priorizadas

La JEP anunció además que priorizó seis zonas del país en las que se cometieron la mayor cantidad de estos crímenes. En Antioquia (noroeste) ocurrió el 25% de los casos y en esa zona la IV Brigada del Ejército Nacional podría ser la responsable del 73% de las muertes.

En la región del Caribe la JEP identificó el 7,3% de los casos y tendrá prioridad la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del departamento del Cesar y el sur de La Guajira “que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 'La Popa'”.

En el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, la mayor cantidad de víctimas se dio en la región del Catatumbo y la Segunda División se encuentra dentro de las cuatro del Ejército Nacional responsables de cerca del 60% de los casos.

Según la JEP, en el Huila (sur), “la Quinta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracterizó por un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso”.

Los casos de Casanare (este), donde la Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto, la JEP determinó que entre 2002 y 2008 la tasa de víctimas fue la más alta en toda Colombia, con casi 12 por 100.000 habitantes.

Finalmente, en el departamento de Meta (centro) el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla Pantano de Vargas” presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2005.

Fenómeno macabro

La JEP abrió el Caso 3 después de recibir numerosos informes de fuentes como la Fiscalía General que había determinado que este macabro fenómeno aumentó de manera sustancial a partir del año 2002, tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008 e involucró, presuntamente, a integrantes de las Fuerzas Armadas con posiciones de mando y altos rangos que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos.

Las víctimas de “falsos positivos” fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se repitió en zonas urbanas, en personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores irregulares, personas sin hogar e incluso con diversidad funcional.

Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso, han testificado el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército; el general retirado Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; así como 51 soldados; 38 suboficiales; 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes); 10 oficiales con rango de Mayor, y siete con rango de coronel.

Gracias a estas diligencias, la JEP ha podido recuperar los cuerpos de 71 personas que presuntamente habrían sido presentados de manera ilegítima como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.

El 17 de febrero de 2020 la Jurisdicción entregó a sus familiares el cuerpo de Edison Lezcano Hurtado, un joven de 23 años, el primero en ser identificado de los restos exhumados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia). Lezcano Hurtado, a quien sus familiares buscaron durante 18 años, era un agricultor y padre de tres hijos cuando fue asesinado por miembros del Ejército.

Además, el pasado 10 de noviembre los restos de otras cuatro víctimas del conflicto armado, entre ellos dos menores de edad, fueron entregados por la JEP a sus familiares en una ceremonia solemne.

Si en el día de ayer la Región de Murcia alcanzaba su récord de hospitalizados (640), hoy se ha vuelto a superar con creces, pues ya son 672 hospitalizados en total en el territorio autonómico, 32 más que el jueves. De todos ellos, 103 se encuentran en cuidados intensivos, cifra que cada vez se acerca más al máximo de la comunidad: 120 camas de UCI. El portavoz del Comité de Seguimiento, Jaime Pérez, reiteró en la rueda de prensa del viernes 15 la posibilidad de la Región de aumentar a 500 camas UCI en un plan de contingencia, y, además, la suspensión durante quince días de todas las consultas externas en los hospitales.

Lamentablemente, se ha registrado la cifra más alta de fallecidos desde el inicio de la tercera ola: con once nuevos fallecimientos, 5 hombres y 6 mujeres, se alcanzan ya, por tanto, los 813 fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia.

El total de positivos detectados por Salud en el día de ayer es de 1.815, en aproximadamente unas 10.000 pruebas, lo que mantiene la tasa de positividad por encima del 17%. Las personas afectadas actualmente por coronavirus en la Región son 14.779, y se han realizado hasta el momento 678.090 test de PCR y antígenos y 87.307 pruebas rápidas de anticuerpos.

De los 1.815 nuevos casos, 650 corresponden al municipio de Murcia, 181 a Cartagena, 143 a Yecla, 97 a Molina de Segura, 85 a Mula, 71 a Caravaca de la Cruz, 50 a Cieza, 39 a Fortuna, 34 a Alcantarilla, 33 a Lorca, 33 a San Pedro del Pinatar, 32 a Moratalla, 30 a Jumilla, 25 a La Unión, 24 a Las Torres de Cotillas, 23 a Alguazas, 23 a Torre Pacheco, 21 a Archena, 19 a San Javier, 17 a Abarán, 17 a Ceutí, 16 a Alhama de Murcia, 12 a Cehegín, 12 a Lorquí, 12 a Mazarrón, 11 a Los Alcázares, 11 a Blanca, 10 a Bullas, 9 a Pliego, 8 a Santomera, 6 a Águilas, y 6 a Puerto Lumbreras. El resto están repartidos entre diversas localidades.

Es mediodía y el sol pega con fuerza. Delante se sienta César (nombre ficticio), un exmilitar colombiano que fue condenado a 40 años de prisión por delitos cometidos durante el conflicto armado entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Mientras bebe un refresco sin bajar la mirada, asegura que se considera una víctima más de la guerra que se extendió en Colombia por más de medio siglo. Tras siete años de cárcel, ahora se encuentra en libertad tras acceder a colaborar con la justicia, pero su futuro aún está en juego.

Enfundado en una camisa blanca impoluta, que sujeta una tez morena y sus ojos oscuros, admite que “hubo cosas que las Fuerzas Armadas hicieron mal” y que no son justificables, pero también insiste en que “muchas veces se ha querido decir que el Ejército era una banda criminal que llegaba y mataba a los civiles, y eso no es cierto”, dice a eldiario.es.

César fue detenido en 2011 por su participación en tres casos de “falsos positivos”, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por el Ejército para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Por esos asesinatos de (falsos) guerrilleros los militares conseguían recompensas en forma de dinero o ascensos. Este fin de semana se ha hecho público el hallazgo de una fosa común en un cementerio a 200 kilómetros de Medellín con 50 posibles víctimas del que es uno de los peores capítulos del conflicto colombiano.

No es muy habitual que un exmilitar involucrado en estos delitos conceda una entrevista y 'César' lo hace bajo la condición de no revelar su verdadera identidad.

Una de las ejecuciones extrajudiciales por las que fue condenado ocurrió en 2004 en el departamento de Antioquia, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Según señala la investigación, varios militares abordaron a un hombre cuando estaban patrullando y lo mataron, haciéndolo después pasar como un insurgente muerto en combate. Por su rango, César era el encargado de supervisar a esos militares.

Él sostiene una versión diferente a la que se señala en la investigación. “Íbamos patrullando en una zona en conflicto y unos días antes uno de mis soldados requisó el bolso a un civil y este sacó una pistola y lo mató de un disparo en la cabeza. Días después encontramos a otro civil con un arma y varios kilos de coca, la situación se salió de control y los soldados lo mataron por la rabia”, sostiene. Defiende que fue una situación enmarcada dentro del conflicto armado y deja claro que él no ordenó matar a ese hombre, pero asume la responsabilidad porque estaba al mando en ese momento.

Al ser cuestionado por los otros dos casos en los que estuvo involucrado, guarda silencio.

Aunque ya no lleve uniforme, en su forma de hablar y en sus gestos aún queda un poso castrense en la selección de sus palabras y el tono. Con solo 16 años dejó su ciudad natal, al norte de Colombia, y se trasladó a Bogotá para iniciar su formación en el Ejército. Allí estudiaría instrucción, liderazgo y cómo librar una guerra de guerrillas. César cumplía órdenes y aprendía a matar como cualquier otro militar.

Ascendió rápido y, con menos de 20 años, empezó a formar soldados. “Era un niño jugando a la guerra”, dice ahora que sobrepasa la treintena. Llegó a alcanzar un rango intermedio y define sus años de servicio como una carrera “brillante”.

Los miembros de las fuerzas armadas implicados en los “falsos positivos” reclutaban a jóvenes con falsas promesas de trabajo para después trasladarlos a otras zonas, asesinarlos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Ese modus operandi del Ejército quedó demostrado en 2008 en uno de los casos de esta práctica más sonados del conflicto armado, cuando desaparecieron 19 jóvenes del municipio de Soacha y sus madres comenzaron a buscarlos sin descanso.

El Ejército colombiano se ganó una fama sanguinaria en las zonas rurales donde no llegaba Estado pero sí los militares, lugares que dominaban desplegando toda su fuerza y generando un fuerte rechazo entre la población.

César asegura que el hecho de que la Fiscalía de Colombia u otros cuerpos de investigación no pudieran realizar en muchas ocasiones levantamientos de cadáveres de los caídos en combate se debía a que se encontraban en zonas de difícil acceso como cumbres en montañas o la densa selva. “Son procedimientos que sí se hicieron mal, pero no era culpa de los militares”, argumenta.

Durante el Gobierno del presidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010) la orden estuvo clara desde el principio: había que terminar con los grupos guerrilleros del país hasta que no quedara ni un solo insurgente. Para ello el entonces mandatario desarrolló la denominada “política de seguridad democrática”, una cuestionada iniciativa que incluyó, entre otras medidas, el fortalecimiento del Ejército y la creación de una red de informantes civiles, que pretendían acabar tanto con los insurgentes como con otros grupos ilegales en Colombia. Sin embargo, la realidad fue que los “falsos positivos” se convirtieron en una práctica sistemática.

En concreto, fue la directiva gubernamental 029 de 2005 la que reglamentaba el pago de recompensas al Ejército por cada guerrillero detenido o abatido en combate, lo que propició las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes.

“Un militar no se adapta igual que un civil”

César fue condenado a 40 años de cárcel por los tres casos de “falsos positivos” en los que participó, pero solo cumplió siete entre rejas. Su condena se vio reducida al obtener el beneficio de libertad transitoria, condicional y anticipada en octubre de 2017, gracias a que se acogió a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), el tribunal creado en el marco del acuerdo de paz que juzga a los actores del conflicto armado, ya sean militares o exguerrilleros, a cambio de que estos cuenten la verdad de lo ocurrido. De hecho, una de las razones por las que César no quiere revelar su verdadera identidad es porque está a la espera de declarar ante ese tribunal.

Asegura que ese tiempo le sirvió para reflexionar y cree que tomó las decisiones correctas, aunque si hubiera tenido más experiencia y un mayor control de la situación, admite ahora, sus acciones habrían sido diferentes. Ya no hay vuelta atrás.

“La detención fue muy dura, me intenté suicidar. Fue un choque muy bravo porque tuve una carrera perfecta. Pasé de ser un héroe a un bandido detenido en la cárcel. Tenía que dar explicaciones, sentí que defraudaba a un ejército, a una nación y fue difícil enfrentar esa situación, pero pude superarlo a través de mi familia y de Dios, sanando muchas cosas en mi corazón y en mi mente”, cuenta tras su paso por la cárcel.

César ha tenido más recursos que otros militares para afrontar una mejor reinserción, pero asegura que otros soldados no tienen la misma suerte y que necesitarían programas de resocialización “al igual que los guerrilleros”.

“Hay compañeros que están sin trabajo. ¿Dónde van a terminar ellos si lo que saben es matar? ¿Otra vez abasteciendo el conflicto en Colombia? Un militar no se adapta de la misma manera que un civil, han pasado toda su vida en el ejército; debería haber una adaptación psicológica y social, y no la hay”, sostiene.

Justicia militar vs. justicia civil

La justicia penal militar consideró que los tres casos de “falsos positivos” en los que estaba involucrado César fueron homicidios en circunstancias de combate, por lo que no fue condenado. Sin embargo, esos casos pasaron después a la justicia ordinaria, con el objetivo de que hubiera una investigación independiente e imparcial, y fue ahí donde lo condenaron a 40 años de cárcel.

Ese traslado de casos de falsos positivos se produjo después de que en noviembre de 2007 el entonces ministro de Defensa del Gobierno de Uribe, Juan Manuel Santos, ordenara que todo hecho dudoso de estas características debía salir de la jurisdicción militar para ser analizado por la justicia ordinaria, algo que no gustó al Ejército.

El ministro había seguido las recomendaciones de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura. Pero hubo otros factores por los que Santos se vio obligado a tomar medidas para intentar combatir los “falsos positivos”: en 2004 y 2005 la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ya había alertado sobre las ejecuciones extrajudiciales del Ejército colombiano, a lo que se sumó el gran escándalo de las víctimas de Soacha.

Como parte de esas medidas para frenar los crímenes dentro del Ejército, Santos también decidió en 2007 premiar más las capturas y las desmovilizaciones que los muertos en combate, al tiempo que emitió una directiva que obligaba a que el levantamiento de cadáveres fuera realizado exclusivamente por fiscales, tal y como informó el portal La Silla VacíaLa Silla Vacía. Asimismo, destituyó a 27 militares, entre ellos generales y coroneles.

César describe a Uribe como “la persona que más daño ha hecho al Ejército” por haber tomado decisiones como congelar sus sueldos, y cree que la justicia ordinaria no debería encargarse de juzgar a los militares, pues “no tiene la capacidad técnica ni los conocimientos para poder entender realmente su situación en el campo de combate y en el conflicto”.

“Un fiscal o un juez considerará absurdo que un soldado gaste con una ametralladora 300 cartuchos del calibre 7,62 en menos de media hora, cuando no saben que una ráfaga de 100 cartuchos te dura entre unos 10 o 15 segundos”, pone como ejemplo mientras da pequeños golpes en la mesa reafirmando su postura.

Ocho millones de víctimas

En noviembre de 2016 Colombia firmó la paz con la guerrilla de las FARC tras 52 años de un conflicto que involucró a grupos rebeldes, paramilitares, agentes del Estado y narcotraficantes. Unos 7.000 guerrilleros entregaron entonces sus armas para regresar a la vida civil y las FARC se convirtió en un partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Sin embargo, la implementación del acuerdo de paz ha atravesado numerosas dificultades en estos tres últimos años. Mientras la población de zonas rurales sigue esperando las mejoras en infraestructura prometidas por el Gobierno y oportunidades de futuro, más de 500 activistas y líderes sociales y más de 100 excombatientes han sido asesinados en el país tras el acuerdo, según estimaciones de distintos organismos. Además, la restitución de tierras y la reparación de las víctimas continúan siendo una asignatura pendiente.

La guerra dejó ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados y fueron las fuerzas militares las principales responsables de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Los datos de la Fiscalía indican que de los más de 5.600 procesados por “falsos positivos”, la gran mayoría eran soldados, suboficiales y oficiales, mientras que los civiles fueron 133.

En ese sentido, César recuerda que “el colombiano es el único ejército en el mundo donde solo los oficiales subalternos están respondiendo por lo que pasó, porque en otros países serían los generales, el presidente y el ministro de Defensa” quienes también estarían siendo investigados.

De acuerdo a esos mismos datos de la Fiscalía, los “falsos positivos” dejaron 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, en su mayoría campesinos y personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, los casos aumentaron notablemente en el periodo comprendido entre 2002 y 2008, bajo el mandato de Uribe. Por su parte, organizaciones sociales aseguran que las víctimas fueron muchas más y que incluso podrían ascender hasta las 10.000.

La frágil paz colombiana

Lejos de que haya sanado la profunda herida que dejaron los “falsos positivos” en Colombia, el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales se revivió en Colombia el pasado mes de mayo, cuando el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje que reveló cómo el Ejército colombiano daba nuevas órdenes a sus comandantes para que duplicaran la cantidad de miembros de grupos armados organizados que matan, exactamente tal y como ocurrió años atrás.

Además, a principios de noviembre el ministro colombiano de Defensa, Guillermo Botero, se vio obligado a renunciar a su cargo tras ser acusado de ocultar la muerte de varios menores en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC, hecho que generó una gran indignación en el país.

La frágil paz colombiana también vivió uno de sus peores momentos a finales del pasado mes de agosto, cuando Iván Márquez, exlíder de la guerrilla de las FARC, y otros excombatientes anunciaron a través de un vídeo su intención de volver a la lucha armada al considerar que el Gobierno colombiano no había cumplido con el acuerdo de paz, si bien esta amenaza no significa el fin del proceso.

César incluso resta importancia al anuncio de Márquez al tratarse de un disidente prófugo de la Justicia acusado de narcotráfico, al igual que ocurre con otros excomandantes de la guerrilla. “Están inculpados en un proceso de narcotráfico y no han encontrado otra alternativa. Para mí son un grupo de narcotraficantes que deciden coger las armas para seguir traficando; son una veintena de hombres amenazando con fusiles a una nación y creo que no hay que prestarle demasiada atención”, concluye el exmilitar, confiando en que el acuerdo de paz pueda seguir adelante para que Colombia comience una nueva etapa alejada de la violencia.

Precisamente en estas últimas semanas la implementación del Acuerdo de Paz se ha convertido en uno de los principales reclamos de la sociedad colombiana, que desde el pasado 21 de noviembre se ha movilizado de forma multitudinaria en diferentes puntos del país para protestar contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque.

Ahora habrá que ver si el Gobierno está dispuesto a escuchar y atender los reclamos de la población o si Colombia continúa movilizándose, al igual que ocurre en otros países de la región, para reclamar, en definitiva, una mayor igualdad y una mejor democracia.

El hallazgo en un cementerio del noroeste de Colombia de fosas en las que se cree están enterrados al menos medio centenar de víctimas de ejecuciones extrajudiciales abre en el país un nuevo capítulo del horror conocido como “falsos positivos”, como se conoce al asesinato de civiles por parte del Ejército que se presentaron como muertos en combate. 

La investigación en el cementerio Las Mercedes, del municipio de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, capital del departamento de Antioquia, está a cargo de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que ha detallado que allí se encontraron restos de posibles víctimas de esas ejecuciones, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano por su crueldad.

“Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate ('falsos positivos')”, ha afirmado la JEP en un comunicado, en el que señaló que la exhumación de los cadáveres comenzó el pasado lunes.

Según este tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, los trabajos en el cementerio de Dabeiba dejan hasta el momento “la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos”.

“Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad”, ha explicado la JEP.

Nuevo capítulo

Este hallazgo vuelve a poner sobre la mesa los “falsos positivos”, un escabrosa política aplicada por miembros del Ejército colombiano desde la década de los 90 y que consistía en “reclutar” civiles con promesas de falsos trabajos para conducirlos a lugares distintos a los de su residencia, donde posteriormente eran ejecutados.

Una vez perpetrado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.

El escándalo de los “falsos positivos” ya había vuelto a ser objeto de controversia en el país en mayo pasado cuando un artículo publicado en el diario The New York Times reveló la existencia de una directriz en el Ejército colombiano orientada a revivir las ejecuciones de civiles que esa institución se vio obligada a retirar.

La investigación en el cementerio de Dabeiba, localidad que da acceso a la estratégica región agroindustrial de Urabá, donde hasta antes de la firma de la paz fueron muy activos varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC, saca a la luz el que puede ser el mayor caso de “falsos positivos”.

Las fosas en Dabeiba tienen la particularidad de que se encuentran en un cementerio situado dentro del perímetro urbano, a diferencia de otros casos similares en los que los cadáveres han sido encontrados en zonas despobladas, generalmente en las montañas.

Las excavaciones y exhumaciones en Dabeiba son parte de una de las investigaciones que lleva a cabo la JEP para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Como parte de este proceso, ese tribunal ha decretado “medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia”.

“Estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria”, señala la JEP, que ha dicho que “hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas”, cuya identificación estará a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal.

El tribunal explica que en la investigación que se lleva a cabo en Dabeiba se busca “encontrar la verdad plena sobre la desaparición forzada, en el cual se viene trabajando con otras medidas” como parte del “Caso 03” de la JEP, relacionado con “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Ese proceso incluye medidas cautelares en 17 lugares “donde se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado” en Colombia.

En la investigación ha sido fundamental el testimonio de un exintegrante del Ejército que “indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, una información que fue contrastada con un conjunto de pruebas, afirmó el tribunal.

Según medios locales, un exsoldado del Ejército que acompañó a la JEP a la exhumación detalló que superiores suyos le ordenaron disparar con una ametralladora en la cabeza de los fallecidos para que estos no pudieran ser identificados.

Cerca de 5.000 casos

Hasta el momento la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de “falsos positivos” que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y que implican a unos 1.500 militares, aunque solo se ha condenado por ellos a soldados o suboficiales, no a oficiales de alto rango. Como parte de esta investigación la JEP ha acreditado cerca de 400 víctimas, ha recibido 17 informes de diferentes organizaciones y 160 exmiembros de la fuerza pública han dado su versión de los hechos.

Los “falsos positivos”, condenados de manera reiterada por organismos internacionales como Human Rights Watch, salieron a la luz hace más de una década después de que varios jóvenes, algunos de ellos con discapacidad, aparecieron muertos en las afueras de Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander (noreste).

Este caso, que causó conmoción en Colombia en 2008, se convirtió en el más reconocido de las ejecuciones extrajudiciales pues al menos 15 de las víctimas sepultadas como guerrilleros en Ocaña procedían de Soacha, municipio vecino de Bogotá.

Para exigir justicia por el asesinato de sus hijos, esposos o hermanos nació el colectivo Madres de Soacha, cuyos miembros acudieron a una audiencia en la JEP el pasado 17 de octubre para dar su versión de lo sucedido.

Ese día cuestionaron las versiones dadas por militares que en la década pasada integraron la Brigada Móvil No. 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, con sede en Ocaña, puerta de entrada a la convulsa región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

El terror y el escándalo de los falsos positivos persiguen todavía hoy a Colombia, un país que dosifica la información que señala directamente al Gobierno, a cuyos mandos se sienta Iván Duque, protegido del expresidente Álvaro Uribe.

En el año 2008 se destapó el escándalo de los falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros del Ejército colombiano. Durante los años más duros del enfrentamiento con la guerrilla, altos mandos de las fuerzas armadas recibieron bonificaciones y ascensos dependiendo de la cantidad de guerrilleros muertos que podían adjudicarse. Para cumplir con ese cupo que pedía el Gobierno se organizó un sistema de 'producción de cadáveres' que se basaba en asesinar a civiles, sobre todo campesinos.

El modus operandi, según las investigaciones de las organizaciones humanitarias, era muy simple: engañaban a jóvenes aislados (bien por falta de recursos o por discapacidades intelectuales) ofreciéndoles algún trabajo, les llevaban lejos de su ciudad de origen, los mataban a sangre fría y les disfrazaban con ropas de combate.

Quedaron documentados casos en los que aparecieron muertos hombres con discapacidad que de ninguna manera habrían podido disparar un arma, personas zurdas con un arma asida a su mano derecha o cuerpos con disparos de bala cuyas heridas no coincidían con los desgarros esféricos de la ropa.

Se cree que, entre los años 2002 y 2009, más de 3.000 civiles inocentes fueron ejecutados de manera extrajudicial en Colombia. Algunas fuentes, tal y como recuerda el periodista colombiano y director de informativos de Univisión Daniel Coronell en una entrevista en eldiario.es, dicen que las muertes en aquellos años superan las 10.000. Muchos de estos asesinatos se produjeron en connivencia con el brazo paramilitar.

La semana pasada, la columna que Coronell firmaba desde hace 14 años en la revista colombiana de investigación Semana fue cancelada. El periodista utilizó su espacio de opinión para criticar duramente a la revista por no publicar una información que manejaba desde febrero y que, finalmente, vio la luz gracias a the New York Times.

“La columna lo que dice es por qué Colombia tuvo que esperar al New York Times, que lo publicó en la primera página de su edición de domingo, para conocer una noticia tan grave para Colombia que Semana conocía desde tres meses antes”, explica Coronell.

El periodista colombiano considera que pudo haber tres razones: la falta de “diligencia en el proceso de verificación”, “un error de criterio” o la posibilidad de que Semana privilegiase “su relación con el Gobierno sobre la obligación que tiene de informar a sus lectores”. Poco después, Coronell fue apartado del semanario.

La información destapada por el rotativo estadounidense lleva a pensar que en Colombia, de nuevo, se dan las condiciones necesarias para que reaparezcan las ejecuciones extrajudiciales. Según lo publicado, existen documentos en el Ejército colombiano que indican que a los comandantes se les ha ordenado aumentar los resultados en cuanto a capturas y bajas de miembros de grupos guerrilleros. Una orden similar fue la que abocó al país al horror de los falsos positivos en los primeros compases de los 2000.

Esta no es la primera vez que Coronell resulta señalado en Colombia. El periodista, que ha sido especialmente crítico con el aparato de Uribe y con los líderes paramilitares, tiene hoy causas abiertas con el expresidente y tuvo que exiliarse a EEUU en 2005 por amenazas de muerte en forma de llamadas telefónicas y por el envío de coronas fúnebres a su persona.

Una directiva con regusto a falsos positivos

La columna de Coronell se titulaba La explicación pendiente. “Evidentemente había unas explicaciones pendientes por parte de Semana y esas explicaciones eran necesarias tanto hacia el interior del equipo periodístico como hacia afuera, hacia los lectores que tenían derecho a saber qué era lo que había pasado, qué era lo que había llevado a la revista a no publicar esta denuncia tan grave para Colombia”.

Lo que está sucediendo ahora mismo en Colombia, explica Coronell, es que “se está impulsando una política de evaluar resultados, por body count o conteo de cadáveres, y hace unos años esto fue lo que condujo a los falsos positivos”. Durante la entrevista, el periodista insiste en que Colombia es un país que sabe perfectamente las “consecuencias que podía tener”. Unos días después de la publicación del New York Times, el Ejército anunció que revocaría la polémica directiva.

“Lo que me sorprende es que ellos [el Gobierno] supieron por Semana, con mucha anticipación, que eso estaba pasado y no se preocuparon por tomar correctivos cuando lo supieron sino cuando se volvió un problema de tipo reputacional”, añade.

Aunque hayan pasado los años y se hayan sucedido diferentes presidentes, los dedos siguen apuntando a Uribe: “En general, [Iván Duque] es una persona amable, pero hasta cierto punto, aunque parezca increíble, es una figura irrelevante en el panorama nacional porque todo el mundo sabe que el verdadero dueño del poder es otro y las noticias se articulan más alrededor de Uribe”.

Cuando todavía siguen impunes la mayoría de los casos de falsos positivos en los momentos de mayor degradación del conflicto, Colombia se asoma de nuevo a las consecuencias macabras de las políticas que premian al mayor número de bajas.

Omar Eduardo Rojas Bolaños hace duras acusaciones contra personalidades y responsables de la policía, el ejército y del Gobierno colombiano en su investigación Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010, realizada en colaboración con la Universidad de Santo Tomás. Durante la última década, este excoronel de la policía y sociólogo se ha dedicado a investigar los llamados “falsos positivos”, una práctica de asesinato a sangre fría de personas inocentes para hacerlas pasar por guerrilleros y mostrar así que se estaba ganando la guerra contra las FARC. De paso por Berlín invitado por Die Linke, charló con eldiario.es y asegura que ha tenido que renunciar a su trabajo seguro y que no podrá volver a su país por las amenazas de muerte que ha recibido. No quiere desvelar dónde establecerá su residencia por cuestiones de seguridad.

¿Porqué ese nombre de “falsos positivos” y no asesinatos extrajudiciales?

Es un concepto inventado por los propios militares para que cuando se dieran a conocer no fuera tan duro en la conciencia de la sociedad. Es diferente decir “es un crimen” a decir que es “un falso positivo”. Las personas que he entrevistado, que han sido verdugos, víctimas y testigos me fueron contando que es un concepto acuñado por los propios militares para reducir la magnitud del problema.

Usted explica en su investigación que los crímenes eran encubiertos cambiando incluso documentos oficiales.

No hay ningún falso positivo que se diera por azar, sino que todos los casos obedecen a una estrategia estatal para llegar y evidenciar que se estaba ganado la guerra contra las FARC. Antes de cada falso positivo se reunían en una sala de crisis el comandante de logística, el administrativo, el comandante de brigada, el de división, el de inteligencia, además de otros y planeaban dónde iban a dar el golpe, pero también de dónde iban a sacar el 'insumo'. O sea, las personas que iban a ser asesinadas.

No podían ser de la misma región para que la comunidad no se diera cuenta. Ellos procuraban por eso ir y secuestrar a las personas en comunidades lejanas, transportarlas allí, asesinarlas, vestirles de militares y adecuarles propaganda subversiva, armamento, etc. con el propósito de que si llegase a haber una investigación judicial determinaran que esos muchachos habían muerto por enfrentarse al ejército.

Suena como una operación propagandística macabra. ¿De cuántos casos estamos hablando?

El Gobierno de Uribe reconoció 44. Cuando comenzamos la investigación pensábamos que así era, sin embargo, nos encontramos que la Fiscalía está investigando cerca de 3.700 casos. Pero el Observatorio Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos tiene referenciados 5.700. Otras ONGs hablan de 6.000. Sin embargo, teniendo en cuenta la información que nos han proporcionado los propios verdugos, hemos llegado a contar 10.000 falsos positivos, ya que se recoge en documentos oficiales como por ejemplo el parte de guerra de la presidencia que se dio en 2010, en el que aseguraban que eran más de 19.600 subversivos muertos en combate.

Cuatro años más tarde hablaban solamente de 15.000 fallecidos. Además, el antiguo procurador estaba investigando más de 1.200 casos, pero de la noche a la mañana también pasó a investigar solo 400 casos. Además, por otro lado, están saliendo casos que ni la Fiscalía ni las ONGs tenían previsto a raíz de la autoinculpación de varios verdugos. Hicimos una triangulación comparando lo que había salido en los medios de comunicación, las sentencias judiciales, escuchamos grabaciones, además de entrevistar a víctimas, victimarios, etc.

Usted asegura en su libro que la justicia, a pesar del elevado número, investiga los casos de forma aislada pero no como un entramado. ¿Porqué cree que es así?

Porque el Gobierno colombiano de la época y que nuevamente asumió de nuevo este 7 de agosto, han manipulado la información y no están reconociendo el caso, no se dan cuenta de que fue sistemático. Nosotros hemos encontrado evidencias palpables donde mostramos que había una aritculación dentro de la misma unidad militar pero también una coordinación con otras unidades militares.

Además había coordinaciones entre todas las fuerzas militares: ejército, armada, fuerza aérea, policía... La fuerza aérea no ha sido investigada aún, pero también prestaba sus aviones para transportar a la gente. La armada también. Es decir, que no hay el interés suficiente en investigarlo.

La pena de muerte en Colombia no existe y resulta chocante que se presenten asesinatos, incluso cuando se trate de guerrilleros, como algo positivo.

La pena de muerte no existe formalmente en Colombia, sin embargo, cuando llega el Gobierno de la seguridad democrática le impone a las fuerzas militares una especie de pena de muerte, ya que a través de órdenes directas o indirectas aparece la que hoy es vicepresidenta de la república, Marta Lucía Ramírez al Ministerio de Defensa en 2002. Ella aseguró cuando llegó a los comandantes que a partir de ese momento se les iba a evaluar en función de los resultados. Esos resultados se traducían en el número de terroristas asesinados.

Cuando llega Álvaro Uribe las FARC se habían posicionado en las principales vías del país. Uribe da la orden de que se deben ocupar las principales vías del país y las cabeceras municipales. La guerrilla se da cuenta de la estrategia del Estado y del armamento que estaban comprando para enfrentarse y la guerrilla se va entonces a zonas rurales donde el ejército no podía perseguirles. Sin embargo, les estaban exigiendo al ejército y a las fuerzas del estado cuerpos. No había donde porque la guerrilla se había ido. Ante la ausencia de cuerpos se tenían que inventar dónde vamos a conseguir los muertos.

Reclutaban muchachos donde les ofrecían mejores puestos, secuestraban a personas, hubo una alianza macabra entre los paramilitares y el ejército que está comprobada. En esa alianza los paramilitares le entregaban posibles víctimas al ejército, que los asesinaba. Además de esa alianza quedó que ellos entregaban paramilitares indisciplinados a las fuerzas militares para que los asesinaran como castigo ejemplar. También conseguían a las víctimas a través de retenes militares legales. Por ejemplo, pasaba un autobús y veían qué personas estaban más mal vestidas y luego esos aparecían como asesinados en campo de batalla.

¿En las negociaciones entre las FARC y el Gobierno esto tuvo alguna repercusión?

Los falsos positivos no se tocaron en la Habana, pero lo desconozco. Si hacemos memoria se dijo que todo se podía negociar menos la doctrina militar y cuando llegamos y hablamos de doctrina militar hablamos de falsos positivos porque en el concepto de guerra de cuarta generación, la guerra sucia y psicológica está encuadrada en este contexto.

¿Es un problema conocido en Colombia?

Por supuesto, ya hace diez años que se conoció el primer caso de falsos positivos. Anteriormente esto también se daba, pero se llamaban ejecuciones extrajudiciales y desde el 2002 hasta ahora también se han presentado casos, pero no se les llama así, sino “errores militares”. Ahora no se dan de manera sistemática, pero hay casos aislados.

También hay varios militares que han declarado: coroneles, mayores, capitanes... que han declarado la existencia de los falsos positivos. Todos lo reconocen menos los generales. El general Montoya, que fue quien llegó y exigía a los comandantes cuando estaba al frente del ejército, que quería que se hicieran los falsos positivos. Hay muchos coroneles que aseguran que solo estaban obedeciendo órdenes.

Usted reclama una disculpa pública.

Efectivamente el ejército, la presidencia y el Ministerio de Defensa Nacional tienen que salir a la luz pública y pedir disculpas y perdón a toda la sociedad colombiana por los falsos positivos. Todas las condecoraciones y medallas que les fueron otorgadas a los militares por esos asesinatos tienen que ser devueltas. A unos les daban un millón de pesos a otros 300.000 por asesinar a los muchachos.

Se creó un título especial para sacar de ahí para los falsos positivos porque para los falsos positivos se necesitan recursos. ¿Cómo voy a transportar estas personas de un sitio a otro? Se necesita transporte, gasolina, uniformes, armas... son muchos gastos. Uribe no lo reconoce, pero él como jefe supremo de las fuerzas armadas tiene una responsabilidad en tanto que jefe de las fuerzas armadas, tanto de mando como política. El primer falso positivo salió en 2008 con los jóvenes de Soacha.

¿Qué caso es ese?

Los jóvenes de Soacha fueron como 18 muchachos de un municipio cercano a Bogotá que se llama así, Soacha. Esos muchachos fueron secuestrados en ese municipio y llevados al departamento de Santander, donde fueron asesinados. La opinión pública se enteró de los falsos positivos con ese caso. Pero en 2002 el 24 de octubre salió el primer caso de gran impacto en el cual el coronel Mejía, protegido por Uribe, agarró a cuatro muchachos del ELN, los asesinó y agarró a catorce personas más de la zona y los asesinó a todos juntos. Y Mejía aseguró que él respondía a órdenes del presidente.

¿Cree que puede ser una solución que sea un tribunal extranjero quien juzgue estos casos?

Para mí como excoronel de las fuerzas armadas de Colombia, que me tocó vivir la guerra durante tres décadas y sé qué es eso, considero que la Corte Penal Internacional es la que debe juzgar a los militares y a los no militares que crearon la estrategia de los falsos positivos porque en Colombia hay immpunidad. En Colombia se les protege. La sociedad lo sabía, pero se callaba y decía, sí, se le está ganando la guerra a la guerrilla, miren...

Es una mentalidad fascista, paramilitar, dentro de las fuerzas de seguridad de Colombia, que llega a las familias también. Es por eso que recurro al concepto de Hanna Arendt, para encontrar un paralelismo entre los verdugos del holocausto y de los falsos positivos colombianos. El punto de encuentro fue constatar que los familiares de los verdugos aseguran que sus familiares son los mejores hijos, padres y esposos.

El testimonio de Luz Marina Bernal no tiene desperdicio. Es una de las llamadas 'madres de Soacha', un municipio de Bogotá (Colombia) desde donde unas cuantas mujeres se empecinaron en investigar la misteriosa desaparición de sus hijos. La verdad no podía ser más terrible: con la falsa promesa de una vida mejor, los asesinaron y los hacieron pasar por guerrilleros muertos para engrosar el casillero de bajas legales de combate del Ejército. Son los denominados 'falsos positivos'.

Fue en septiembre de 2008 cuando salió a la luz uno de los escándalos más sonados dentro del conflicto colombiano. Esta semana se conocía precisamente la condena a un coronel, un capitán, dos suboficiales y 18 soldados por las ejecuciones extrajudiciales de cinco de aquellos jóvenes desaparecidos de un día para otro. Al hijo de Luz Marina Bernal, un joven de 26 años de educación especial, le acusaron de ser el jefe de una organización narcoterrorista. Le asesinaron cuatro días después de llevárselo de su casa, de su pequeño pueblo al sur de la capital. Aún faltan muchos casos por resolverse. “Mientras yo hable, mi hijo estará vivo, estará en la memoria de todo el mundo. Yo parí a mi hijo, pero mi hijo me parió para una lucha, para toda la lucha de un país”, dice esta madre.

Lleva años siendo defensora incansable de los Derechos Humanos, una labor que le ha valido haber estado postulada recientemente al premio Nobel de la Paz junto a otras cuatro víctimas. Premio Constructores de Paz 2012, hace unos meses participó en los diálogos de Paz en La Habana y respaldó, junto a 101 víctimas, el acuerdo alcanzado el 12 de noviembre. Atiende en Sevilla a eldiario.es Andalucía horas antes del segundo acuerdo de paz firmado por Santos y Timochenko. Ella quiere seguir visibilizando la dimensión de la impunidad en Colombia en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación.

¿Qué son los 'falsos positivos'?

El asesinato de jóvenes inocentes que no tenían inclinación política ni eran militantes de ningún grupo insurgente. Es un sistema que venía ocurriendo con gente indígena, afrocampesina, raizal, pero que posteriormente se amplió a ciudades, municipios o o barrios desafavorecidos donde, lamentablemente, el Gobierno colombiano no es generador de oportunidades ni de estudio ni de trabajo ni de techo digno para las familias.

Estos chicos fueron desaparecidos y llevados a 18 horas de su casa con el propósito de asesinarlos, vestirlos de guerrilleros y presentarlos como bajas legales en combate. Es vergonzoso porque son hechos cometidos por miembros armados del Estado colombiano como el Ejército nacional.

¿Cón funcionaba ese sistema? ¿Los militares recibían alguna recompensa por presentar estas bajas?

El 17 de noviembre de 2005, el entonces presidente Álvaro Uribe creó la Directiva Ministerial 029 que invitaba a los militares a que presentaran grandes resultados de bajas en combate con la guerrilla. Los jóvenes fueron llevados por el Ejército con el pretexto de darles un buen empleo, de ganar un buen dinero y ellos confiaron en esas personas. Se los llevaron y los asesinaron. Era una mentira y les hacían creer que les iban a dar cartas de felicitaciones, medallas, ascensos...

¿Qué pasó en concreto con su hijo?

Se lo llevaron el 8 de enero de 2008 a las 13:30 de la tarde y lo asesinaron cuatro días después. Tenía 26 años pero era un niño en un cuerpo grande. Recibía educación especial. Nunca pudo aprender a leer ni escribir ni a identificar el valor del dinero. Fue llevado hasta Ocaña Norte de Santander y fue asesinado por la Brigada Móvil número 15, donde le señalaron de ser el jefe de una organización de narcoterrorismo. Aquello fue parte de los grandes resultados que presentaron en ocho años el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y del ministerio de Juan Manuel Santos (2006-2009), nuestro actual presidente, en esa época.

A mi hijo le colocaron un arma de 9mm en su mano derecha pero el tenía una discapacidad en su brazo y pierna derecha. ¿Cómo iba a manipular un arma si mi hijo toda la vida fue zurdo? Después de matarlos, los vestían con uniformes nuevos. Yo les preguntaba ¿por dónde entraron las balas? Cometían una serie de arbitraridades, porque ellos mismos hacían los levantamientos y no pasaba nada, hasta que las madres de Soacha señalaron al Ejército como los asesinos de sus hijos.

¿Cómo se beneficiaban de esas “bajas”?

Nuestro país tiene el Plan Colombia, donde todos los países del mundo inyectan dinero para acabar con el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla. Álvaro Uribe extraditó a sus principales cabezas en Estados Unidos. Para él presentar más resultados, le empezó a pagar a los militares para que esos resultados fueran cada día mayores y empezaron a matar gente inocente que no tenía absolutamente nada que ver ni con partidos ni sindicatos ni nada. Lo que les afanaba era presentar grandes resultados para recibir grandes beneficios.

¿De cuántos jóvenes estamos hablando en todo el país?

Después de trascender el caso Soacha se empezó a hacer una investigación ardua, entre 1980 y 2012, y se vio que en los gobiernos de Betancourt, Pastrana, Samper o Gaviria tambien hubo falsos positivos, pero fueron 45, 75, 120, algo así, pero no con la misma masividad que en el gobierno de Uribe, con más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales a lo largo y ancho del país. En el campo incluso no les importaba la edad: hubo personas con 65 ó 70 años que fueron victimas de falsos positivos. También de regiones completamente olvidades del Estado colombiano, en un país totalmente militarizado donde la gente campesina es manipulable. Además de eso, hay siete bases americanas con impunidad diplomática que así ellos violen y vulneren los derechos humanos en Colombia no se pueden juzgar allí aunque estén prostituyendo a las niñas de cuatro a catorce años que están filmando para vídeos de pornografía, y eso también es lo que ha afectado en cierta forma el proceso en Colombia.

Tenemos una guerra de más de 60 años que ha generado mucho daño a muchas familias. Estamos hablando de ocho millones de víctimas en el país de grupos insurgentes, paramilitares, guerrilla y, sobre todo, las fuerzas estatales, los miembros armados del Estado colombiano, la Policía, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Caballería,...que se supone que son los que juran proteger y salvaguardar la vida del ciudadano colombiano.

¿Qué resultados se han obtenido de las investigaciones de los 'falsos positivos'?

De los gobiernos anteriores, como el desconocimiento de lo que estaba pasando era total, no se dijo nada y hubo exterminio total a familias completas porque el Ejército los amenazaba y los eliminaban para que no hablaran. Para poder descubrir toda esta política sistemática que viene ocurriendo en todo el país, a partir de 2007 empezaron a desaparecer jóvenes en Soacha. Se los llevaban de acuerdo a lo que necesitara el Ejército (de dos en dos, de tres en tres, etc.) porque creyeron que llevándoselos a 20 horas de sus casas, las madres no íbamos a reclamar porque no tenemos recursos.

La mayoría son madres cabeza de hogar y pensaron que nunca buscaríamos a nuestros hijos porque no teníamos cómo. Pero el caso Soacha se convirtió en emblemático porque destapó una olla podrida dentro del Estado colombiano, de las cúpulas militares, y este sistema ocurre en todo el país. Las madres de Soacha logramos encontrar a nuestros hijos en diferentes partes del país, porque nos dimos cuenta de que nuestros hijos fueron abatidos en un supuesto combate y que los hicieron pasar por guerrilleros.

¿Cuántas condenas ha habido por todo ello?

Dentro del caso Soacha, en 2012 condenaron a ocho militares en la ciudad de Bucaramanga. El segundo caso condenado fue el caso de mi hijo, Fair Leonardo Porras Bernal. Fue algo histórico porque fue el primer caso condenado de falso positivo a 54 años de cárcel y reconocido como crimen de lesa humanidad. Los otros casos han sufrido procesos dilatorios. Los militares no quieren asistir a las audiencias y mucho menos ahora en el proceso de paz porque dicen que es un desgaste ir a un juzgado. Prefieren entrar por la justicia transicional que los va a cubrir y condenar a cinco años a ser condenados por la justicia ordinaria a más de 50 años.

Usted fue nominada al Premio Nobel de la Paz de este año, concedido finalmente al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. ¿Cómo ha vivido este proceso?Juan Manuel Santos

La postulación nos cogió de sorpresa. Las víctimas tuvimos que pelear dos años, desde 2012, para que nuestra voz se escuchara y fuéramos tenidas en cuenta en la negociación, que al principio sólo era un proceso entre el Gobierno de Colombia y las FARC. ¿Cómo se iba a hacer un proceso de paz si no estaba la voz de las ocho millones de víctimas en Colombia? Me hubiese gustado que los ocho millones de víctimas pudieran haber llegado a La Habana, pero fue imposible y eligieron 60 personas para cinco delegaciones. Yo representé a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Para la postulacion, además de Santos y Timochenko, eligieron a cinco víctimas (José Antequera por el genocidio de la Unión Patriótica; Constanza Turbai como única superviviente de su familia asesinada; Ginel Bedoya, periodista, secuestrada y violada, que representó a las mujeres agredidas sexualmente en Colombia; y Leiner Palacios, que representó a las víctimas de la masacre de Bojayá).

¿Qué le parece que se premiara a su presidente?

Eramos siete personas las postuladas pero, al haber perdido el plebiscito y haber ganado el “no”, lo premiaron solamente a él. Creo que el Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos es una forma de presionarle para que sus acuerdos con las FARC lleguen a un feliz término e iniciar un proceso de paz largo y duradero.

¿Confía ahora en ello con el nuevo acuerdo de paz?

Bueno, yo sé que Juan Manuel Santos es uno de los responsables de tantos jóvenes desaparecidos y asesinados en el país. Como ministro de Defensa tuvo una responsabilidad muy grande, pero creo que su estrategia en su gobierno ha sido que creía que las FARC le iban a pedir indulto y amnistía, para él y para sus hombres. El error que cometió fue haber firmado el acuerdo de La Habana y hacer después el plebiscito. Fue el error más grande que él pudo haber cometido. Primero debió haber sido el plebiscito y después la firma de los acuerdos. Creo que nunca debió poner un plebiscito para que personas que no conocen realmente el proceso y que no fueron afectadas por una guerra absurda tomaran la decisión.

Ahora, en esta segunda vuelta, puede haber un feliz término. Preferimos unos malos acuerdos pero que haya realmente un proceso de paz por el daño causado en 60 años y el exterminio total. Para nosotros es muy triste ver, a pesar de la presión que hemos hecho, que no hay un reconocimiento pleno y amplio de parte del Estado y de las cúpulas militares por haber cometido los falsos positivos. No están plenamente visibilizados dentro de los acuerdos, pero tenemos que empezar por algo.

Su lucha no le sale gratis, porque ha recibido amenazas, ¿verdad?

Las amenazas empezaron en 2009 muy fuertes. Hay una madre a la que asesinaron un segundo hijo por investigar quién se llevó a su hermano. A mí me han perseguido, y a mi hijo mayor, que tiene 35 años. Las amenazas me obligaron a sacar a mis hjos de mi casa. Una ruptura total de un núcleo familiar. Me dijeron que la muerte de mi hijo iba a ser en vano y que me tenía que callar, pero ellos decidieron protegerse y apoyarme. Se fueron de la casa y me pidieron que no desistiera. Es una oportunidad que la vida me ha dado. A pesar de las amenazas, la persecución, el seguimiento, ni la Fiscalía ni el Ministerio han jugado un papel fundamental en la protección de las madres de Soacha.

¿Merece la pena esta lucha hasta el final?

Hemos visibilizado el caso a nivel nacional e internacional, y hemos dejado constancia en La Haya y en muchos países donde hemos advertido la responsabilidad del Estado colombiano si a alguna madre de Soacha o de otro lugar le ocurre algo parecido. No somos víctimas de la insurgencia sino de crímenes de Estado directamente. La lucha no ha sido fácil, pero como madres tenemos la fortaleza y ese amor que nos queda de ellos para seguir luchando, no solamente por nosotras sino por miles de madres, hermanas, esposas, hijas, que están sufriendo este problema en todo el país y que por miedo, por amenazas o porque no encuentran la forma de cómo hacerlo. Mínimanente hacemos una denuncia de lo que está ocurriendo en todo el país.

A su hijo no se lo devolverá nadie pero ¿cuándo sentirá que su lucha ha acabado?

Lo que nosotros esperamos es saber la verdad, que haya una reparación integral para todas las víctimas que han sufrido esta violación a los derechos humanos, que haya una garantía de no repetición y que haya justicia social. En el caso de mi hijo ya se condenaron los hechos y se tiene que utilizar como precedente en todos los casos, pero la lucha de nosotros, la lucha mía, continuará hasta que tenga el último aliento de mi vida. Ese día dejaré de luchar. El día que yo me calle será porque ya no tenga fuerzas. Mientras yo hable, mi hijo estará vivo, estará en la memoria de todo el mundo. Yo parí a mi hijo, pero mi hijo me parió para una lucha, para toda la lucha de un país.

El pasado jueves Luz Edilia consiguió empezar a pasar página. Su mente pudo descansar tras conocer la sentencia que condena a 22 militares que participaron en el reclutamiento y asesinato de su hijo junto a otros dos jóvenes en 2008, algunos de los llamados “falsos positivos”. Está tranquila pero su lucha no acabará hasta que todas las madres de los ejecutados extrajudicialmente logren la calma que trae la justicia. 

En septiembre de 2008 salió a la luz uno de los escándalos más sonados dentro del conflicto colombiano, a partir de la desaparición de 19 jóvenes de Soacha, un municipio al sur de Bogotá. Los chicos fueron engañados con falsas promesas de trabajo para acabar siendo asesinados por miembros del Ejército colombiano y presentados como guerrilleros “dados de baja” en combate. 

Las madres de estos 19 jóvenes, conocidas como las Madres de Soacha, han estado luchando desde entonces para alcanzar la justicia pero, a día de hoy, sólo ha habido fallo condenatorio en seis de los 19 casos, los últimos el pasado jueves. El juzgado ha condenado a 22 militares, entre ellos un coronel ya sentenciado por otro caso de ejecución extrajudicial, un capitán, dos suboficiales y 18 soldados.

El 23 de marzo se conocerán los detalles del auto, en el que se especificarán las penas que deberán cumplir cada uno de ellos por los delitos de “desaparición forzada en circunstancias de agravación, homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir agravado con la finalidad de desaparición y falsedad ideológica en documento público”, según la Fiscalía.

“La verdad es que ni mis compañeras ni yo esperábamos el fallo por la dilatación que ha habido con este proceso”, admite Luz Edilia, madre de Jader Andrés Palacio, desaparecido el 23 de agosto de 2008. “Cuando me enteré de lo que le había pasado a mi hijo, fui a la Fiscalía a poner la denuncia porque ya se había descubierto que los estaban matando y enterrando en Ocaña” (Departamento de Norte de Santander), recuerda. Efectivamente, dos días después fue reportado como “caído en combate” y enterrado en una fosa común de la que lo sacó su hermano Diomar con sus propias manos dos semanas después.

En 2010, 17 militares implicados en la muerte de su hijo y otros cuatro jóvenes quedaron en libertad por vencimiento de términos y el 4 de octubre la audiencia fue aplazada por enfermedad de uno de los abogados de los militares. Luz Edilia asegura que, aunque el caso de su hijo ya tenga sentencia, va a seguir luchando junto al resto de madres con las que no se ha hecho justicia: “Hay que seguir adelante, porque hay varias que nunca han denunciado por miedo, hay que dar bulla”.

La CPI recopila nuevos posibles 'falsos positivos'

Los 19 jóvenes ejecutados extrajudicialmente fueron la punta del iceberg de una “práctica sistemática en todo el país cuyos picos se sitúan entre los años 2002 y 2008, pero que no ha cesado”, reconoce Carolina Daza, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Esta semana también se ha conocido el informe de actividad de 2016 de la Corte Penal Internacional que determina que continúan recopilando posibles nuevos casos. Durante este año “la Fiscalía continuó recibiendo información sobre presuntos crímenes, incluyendo homicidios y desapariciones forzadas conocidos como casos de 'falsos positivos'”, reza el documento. 

A lo largo del informe, la Fiscalía admite avances en la justicia colombiana respecto al fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales y asegura que hasta julio de 2016 la Fiscalía estaba investigando 2.241 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas, con un total de 4.190 víctimas.

De todos ellos, según el documento de la CPI, hay 817 sentencias condenatorias contra 961 miembros de las fuerzas armadas entre los que se encuentran “dos coroneles, dos tenientes coroneles, doce mayores, ocho capitanes y veintinueve tenientes”. El resto de los condenados son soldados rasos. “Lo que nos muestra este informe es que hace falta mucho camino para garantizar la justicia, la verdad de los hechos y por supuesto reparar a las víctimas”, señala Daza.

Quien aún sigue esperando a que se haga justicia es Blanca Monroy, madre de Julián Oviedo, cuyo proceso aún está en la fase de juicio oral por las continuas dilaciones por parte de los abogados de los militares. Julián se fue un 2 de marzo del 2008 engañado con una oferta de trabajo y nunca volvió.

Las que aún esperan justicia

“Al día siguiente a las cinco de la tarde yo sentí que él me llamó, empecé a buscarlo y salí a la calle, pero ahí no había nadie. En ese momento mi hijo ya estaba muerto, lo habían matado entre las dos y las tres del lunes 3 de marzo”. Pero ella no se enteró hasta seis meses después, tras haber estado vagando por hospitales, comisarías de policía, Medicina Legal y Fiscalía, donde llegaron a decirle que su hijo estaba “rumbeando, de fiesta con los amigos”.

“Una vecina me dijo que había escuchado rumores de que los chicos que estaban desapareciendo en Soacha estaban apareciendo muertos en Ocaña”, cuenta Blanca y otra vecina le confirmó que su hijo estaba entre ellos. Ninguna institución se puso en contacto con ella después de haber estado peregrinando por todos los organismos judiciales durante seis meses.

“Al día siguiente fui a Medicina Legal donde me dijeron que tenían un NN (persona en condición de no identificación) del mes de marzo pero que no tenían foto, que volviera el día siguiente”, recuerda Blanca. “Cuando regresé, sentí una punzada muy fuerte en el corazón y una mujer me dijo que en esas condiciones no me podía mostrar la foto de mi hijo”.

Lo primero que vio Blanca en la foto que le enseñaron fue el tatuaje de la balanza de libra que Julián tenía, el mismo que hoy lleva ella en su brazo izquierdo.

Luz Edilia y Blanca se reúnen los jueves en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá donde, junto con otras víctimas del conflicto participan en el Costurero de la Memoria, también llamado Kilómetros de Vida y Memoria. El proyecto consiste en, a través de la costura, reconstruir el tejido social y mostrar el largo camino que han tenido que vivir las víctimas que plasman en las telas sus vivencias o las de sus familiares asesinados.

Blanca no ha cosido la historia de Julián porque le duele demasiado, pero sí la de sus hermanos, uno asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otro desaparecido a manos de los paramilitares. Ahora está cosiendo una falda rosa con diferentes animales. “Este no es tanto de la memoria, pero le hace a una sentirse tranquila, porque al final con tanta memoria uno se vuelve loco”, apunta. 

Implicaciones del nuevo acuerdo de paz

Con la llegada del nuevo acuerdo de paz con las FARC, los militares investigados por ejecuciones extrajudiciales podrían acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz y ver reducida su condena si colaboran con la verdad plena y la reparación a las víctimas.

“Desde algunas organizaciones de Derechos Humanos, planteamos que casos como el de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales estén fuera de esta jurisdicción en tanto que implica un marco de guerra donde hay unas partes reconocidas”, señala Carolina Daza. Según asegura, en este caso “montó toda una pantomima para decir que hay un combate donde no lo hubo”, añade.

La práctica de las ejecuciones extrajudiciales se basó en el reclutamiento de jóvenes de barrios marginales, mendigos o drogadictos; para posteriormente asesinarlos y presentarlos como guerrilleros caídos en combate. De esta manera, aumentaban los índices de “productividad” de las diferentes brigadas y los uniformados eran premiados con dinero o vacaciones.

Daza asegura que “no todos los actores del conflicto son los mismos ni tienen la misma responsabilidad”. La abogada entiende que mientras la guerrilla y los paramilitares son grupos ilegales, los militares “son los encargados de garantizar que nuestros derechos humanos se materialicen y tiene mayor grado de reproche un acto cometido por alguien de la fuerza pública, por la naturaleza de la función que ejerce”, asegura.

Luz Edilia ya puede decir que su caso está entre los resueltos, Blanca, por su parte, asegura que seguirá luchando y tejiendo para el Costurero de la Memoria. Por lo pronto, el día 4 de diciembre se reunirán en la Plaza de Bolívar de Bogotá para envolver el Palacio de Justicia con sus telas impregnadas de memoria. 

Alfamir Castillo Bermúdez, afrodescendiente colombiana, defensora de los derechos humanos ha ofrecido este viernes una conferencia en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma bajo el título ‘El peligro de exigir justicia en Colombia’ que ha sido organizada por el grupo local de Amnistía Internacional. Está mujer amenazada de muerte por demandar justicia para su hijo “asesinado a manos del ejército colombiano”, según ha denunciado.

Esta mujer reside en Jaén desde el pasado mes de mayo acogida en el programa de Amnistía Internacional para defensores de los derechos humanos amenazados de muerte. Natural del Valle del Cauca, es miembro de la organización Mujeres Corteras de Caña, que pertenece al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Ha sufrido numerosas intimidaciones y amenazas de muerte.

Alfamir ha impartido charlas en diversos institutos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato orientadas a difundir entre el alumnado la problemática de los ‘falsos positivos’ en Colombia, que ha sufrido en primera persona con su hijo, acusado falsamente de pertenecer a la guerrilla colombiana y asesinado. Ha tenido un papel muy activo en la denuncia de estos hechos, por lo que se ha visto obligada a acogerse al programa de protección de Amnistía Internacional.

La defensora de los derechos humanos ofrece este viernes, a las 19.30 horas, una conferencia en la Casa Salazar de la capital organizada por Amnistía Internacional.

Alfamir Castillo Bermúdez, afrodescendiente colombiana, defensora de los derechos humanos, ofrece una conferencia este viernes, a las 19.30 horas, en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma, con el título ‘El peligro de exigir justicia en Colombia’. Está amenazada de muerte por demandar justicia para su hijo “asesinado a manos del ejército colombiano”, según informa el grupo local de Amnistía Internacional, que ha organizado su visita a La Palma.

Esta mujer reside en Jaén desde el pasado mes de mayo acogida en el programa de Amnistía Internacional para defensores de los derechos humanos amenazados de muerte. Alfamir, natural del Valle del Cauca, es miembro de la organización Mujeres Corteras de Caña, que pertenece al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Ha sufrido numerosas intimidaciones y amenazas de muerte.

Alfamir está impartiendo charlas en diversos institutos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato orientada a difundir entre el alumnado la problemática de los ‘falsos positivos’ en Colombia, que ha sufrido en primera persona con su hijo, acusado falsamente de pertenecer a la guerrilla colombiana y asesinado. Ha tenido un papel muy activo en la denuncia de estos hechos, por lo que se ha visto obligada a acogerse al programa de protección de Amnistía Internacional.

El 16 de septiembre de 2008, Luz Marina Bernal recibió una llamada. Una voz le decía que ya podía ir a identificar unas fotos de un cadáver, posiblemente su hijo, en Ocaña.

—¿En Ocaña? —Luz Marina necesitaba confirmar la información.

Ocaña está a casi 700 kilómetros de Soacha, una población de 700.000 habitantes en la periferia de Bogota. Se tarda 12 horas en llegar. ¿Cómo podía ser que hubiera acabado tan lejos? Fair Leonardo Porras Bernal tenía una discapacidad y, aunque su apariencia era la de un apuesto chico de 27 años, “por dentro era un niño de nueve”, recuerda su madre. No había aprendido a leer ni a escribir, no conocía el valor del dinero.

Meses atrás, cuando su hijo desapareció, la Fiscalía no aceptó la denuncia, así que Bernal inició un peregrinaje por cárceles, hospitales, albergues y morgues. Su hijo trabajaba en la construcción y hacía recados a los vecinos. En el barrio todo el mundo lo echó de menos. Era “amable e ingenuo”, describe su madre. Cuando fue a recoger su cadáver a Ocaña, la conversación con el fiscal no podía ser más inverosímil.

—Su hijo era el jefe de una organización narcoterrorista. Portaba un arma en la mano derecha.

—¿Cómo un muchacho con una discapacidad del 53% va a mandar a un grupo de hombres narcoterroristas? Además, ¡mi hijo era zurdo! —le espetó al fiscal.

Un negocio bien lucrativo

Bernal se dio cuenta de que su caso no era el único. Tenía constancia de que al menos otros 16 muchachos habían desaparecido en similares circunstancias entre diciembre de 2007 y agosto de 2008. Cuando a otra vecina de Soacha, María Ubilerma Sanabria López, le dijeron que habían encontrado a su hijo Jaime Estiven Valencia también en Ocaña, Bernal se ofreció a acompañarla.

“Lo sacaron de la fosa. Dios quiera que nunca le suceda en la vida una cosa tan horrible”, explica desgarrada Sanabria. Su hijo tenía 16 años, quería ser veterinario y que a su madre no le faltara de nada. También quería ser músico. El oído le venía de familia. Sanabria entona las primeras estrofas de un corrido que ha compuesto y que resume su historia.

Señoras y señores, vengo a contarles la historia de los muchachos de Soacha

que fueran asesinados en el año 2008

en el mandato de Uribe y su ley de democracia

Los llevaron para Ocaña con propuestas de trabajo.

Lo que ellos nunca supieron,

que fueron víctimas de Estado,

siendo ministro de Defensa el hoy en día presidente Santos.

El Gobierno los llamó los falsos positivos.

Como los muertos ya no hablan,

fue un negocio bien lucrativo.

Las Madres de Soacha habían destapado uno de los más macabros escándalos de la historia reciente de Colombia, los llamados “falsos positivos”. Como advirtió Philip Alston, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, los casos de jóvenes secuestrados por el Ejército en Soacha eran “simplemente la punta del iceberg”.

¿Cuántas de las 3.084 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2009 fueron “falsos positivos”? La Fiscalía estudia más de 1.700 casos, pero el total se desconoce. Gracias a los informes de Alston y de organizaciones de derechos humanos, lo que sí se conoce bien es la manera en la que se perpetraban los asesinatos.

Los muchachos eran engañados por personas vestidas de civil, a menudo con promesas de trabajo. “Con los 200.000 pesos [86 euros] que me dieron por llevarlo a Ocaña le pagué una deuda a un prestamista –explicaba el secuestrador de Fair Leonardo–. El único requisito es que no fueran mujeres ni viejos”. Cuando los jóvenes desaparecían, las familias acudían a presentar la denuncia, pero la Administración les negaba asistencia.

En marzo de 2008, Ana Delina Páez enseñó la foto de su hijo Eduardo Garzón Páez, de 32 años, a los funcionarios, que contestaron entre risas: “Con esa pinta, ese man está con alguna vieja”. Eduardo siempre iba muy “pintoso”, recuerda Ana Delina. Con apoyo de un alto funcionario de Soacha y la ONU, las familias empezaron a indagar por su cuenta.

Las investigaciones acabaron confirmando que muchos de los asesinatos fueron llevados a cabo por la Brigada Móvil nº 15 y el Batallón de Infantería nº 41 del Ejército.

Para escenificar que se había producido un combate y que los muertos eran guerrilleros o paramilitares, a los cadáveres se les quitaba cualquier identificación y se les vestía con ropa de camuflaje. A veces la puesta en escena era tan burda que, misteriosamente, las balas no habían agujereado la tela o el uniforme estaba puesto encima de la ropa de calle. Junto a los cuerpos, armas ya inservibles. En las manos de los supuestos combatientes, ni rastro de pólvora, porque sencillamente no habían disparado.

Según denuncia un informe de la organización pro derechos Fedes, “para dar visos de legalidad”, se falsificaron multitud de documentos, informes de inteligencia y actas de operaciones, “todo un aparato en función del encubrimiento de estos crímenes en contra de la población civil”. Pero ¿para qué?

“La guerra se mide en litros de sangre”

Uno de los militares implicados en las desapariciones contaba cómo la presión por conseguir “positivos” en combate se elevó a partir de 2002, cuando Uribe llegó a la presidencia: «Nos dijo mi coronel Ramírez: '[...] la guerra se mide en litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente'“.

Unos años más tarde, dos leyes impulsadas por el que fuera ministro de Defensa Camilo Ospina y puestas en práctica por su sucesor, el actual presidente Juan Manuel Santos, recogían ascensos, pagos en metálico y vacaciones como premio por las bajas obtenidas. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos, el fenómeno de los falsos positivos estuvo tan extendido que se puede concluir que estaba apoyado por los más altos mandos del Ejército.

Ni Álvaro Uribe ni Juan Manuel Santos recibieron a las Madres de Soacha. Las tacharon de “mamás chillonas” que no admitían que sus hijos pudieran ser delincuentes: “No hay muerto malo ni hijo feo”, les decían. Los juicios que habían interpuesto las familias se postergaban una y otra vez. En enero de 2010, 46 militares quedaban libres por vencimiento de términos. Para festejarlo, el Ejército organizó una fiesta para los encausados y sus familias.

“No hay hijo feo, pero tampoco crimen perfecto”

Desde el principio, las familias de los desaparecidos sufrieron amenazas. Y no sólo amenazas. John Nilson Gómez fue arrojado por un puente cuando intentaba esclarecer la muerte de su hermano. Sobrevivió de milagro, pero fue asesinado poco después.

Pero no contaban con su “berraquera” –su valentía, su tozudez–, mantiene María Ubilerma Sanabria. “No hay muerto malo, ni hijo feo; pero tampoco crimen perfecto”, replicaban las Madres en uno de los encuentros que organizaron para recordar a sus hijos. Con apoyo de colectivos colombianos, como la Ruta Pacífica de las Mujeres, e internacionales, como Mujeres de Negro o las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Soacha siguieron adelante con los juicios.

La primera condena llegó en julio de 2011. Fue en el caso de Ana Delina Páez, por su hijo Eduardo, y de Kelly Joana Ruiz, por su esposo Daniel Andrés Pesca. En el proceso, ocho exmilitares fueron condenados a penas de entre 28 y 55 años de prisión. “Dios bendiga a ese fiscal y a esa juez, porque se dio justicia –dice Páez mirando por la ventana–. Falta conseguir a los grandes. ¿Cómo comenzó esto y por qué? Si hubieran sido uno, dos, tres, pero ¡es que son miles!”.

Dos años después, el Tribunal Superior de Cundinamarca condenó a seis militares involucrados en el asesinato de Fair Leonardo a penas de entre 53 y 54 años de prisión. También, en un gran avance para la lucha de las Madres de Soacha, lo calificó de crimen de lesa humanidad.

La sentencia reconocía la naturaleza sistemática y generalizada de las ejecuciones, así como su carácter discriminatorio, ya que todas las víctimas eran jóvenes humildes. Para la abogada Gloria Silva, representante de Bernal, se trata de un fallo “histórico” porque abre la posibilidad de que el resto de los casos sean considerados de igual manera.

Como consecuencia del escándalo de los falsos positivos, 27 altos mandos fueron destituidos. Según explica la abogada, se trata sólo del principio: este fallo permite “llegar hasta quienes promovieron esa estrategia”. Con una sonrisa llena de berraquera, María Ubilerma Sanabria llega a las últimas estrofas de la canción:

Y que quede comprobado que a todos estos desgraciados ¡este corrido se les ha terminado!

Grabación sobre el terreno: María Ubilerma canta el corrido que narra el escándalo de los 'falsos positivos'.