El Servicio de Deportes del Cabildo Insular de La Palma, que dirige Raúl Camacho, pone en marcha un servicio de cita previa para todos aquellos deportistas y aficionados que quieran continuar su entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Miraflores. Con la puesta en marcha de la plataforma online www.reservasdeportivas.lapalma.es se pretende garantizar la seguridad de todos los usuarios que acudan al centro gracias a la oferta de un sistema de turnos individualizado.

Raúl Camacho afirma que “con el fin de mantener el debido control y evitar la propagación del coronavirus, se ha dispuesto este servicio de citas previas que permitirá la realización de prácticas deportivas con total seguridad”. el consejero añade que “desde el Área de Deportes, apelamos a la responsabilidad colectiva para mantener para el buen estado de las instalaciones y la seguridad del centro, que ya está habilitado para el uso público y que se somete a un estricto protocolo regular de desinfección”.

Desde la dirección de la Ciudad Deportiva de Miraflores se explica que cada usuario podrá reservar su plaza durante un turno de una hora y habrá un aforo máximo de dos personas por sala, siempre acompañadas por el responsable de dicho espacio, en horario de 15:00 a 21:00 horas. Al hacer su reserva recibirán un mail o SMS de confirmación. Este servicio está disponible a través de la página www.reservasdeportivas.lapalma.es o mediante la app corporativa del Cabildo.

Cabe recordar que el Cabildo de La Palma, en un esfuerzo transversal y con la implicación directa del Área de Innovación, ha realizado un esfuerzo por ofrecer el mejor servicio y atención a toda la población, poniendo a disposición de la ciudadanía un servicio de citas previas que abarca prácticamente la totalidad de departamentos de la Administración insular. Dicho sistema es accesible a través de http://citaprevia.lapalma.es/, a través de la app oficial del Cabildo o a través de la centralita, en el teléfono 922 42 31 00.

La Consejería de Deportes del Cabildo de La Palma reabre las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Miraflores a partir de este martes 19 de mayo. El consejero responsable del área, Raúl Camacho, apela a la responsabilidad de quienes utilicen la infraestructura insular de forma que hagan un buen uso de la misma, en los horarios establecidos y atendiendo a las medidas de seguridad establecidas para prevenir la propagación del coronavirus.

“El uso de Miraflores solo estará disponible para personas autorizadas y que hayan pedido cita previa para acceder al recinto, de forma que se pueda controlar el número de personas que se encuentran de forma simultánea en la Ciudad Deportiva y evitar las aglomeraciones”, indica el consejero.

“Entendemos que encontrándonos en la fase 1 de la desescalada y, atendiendo a todas las medidas de seguridad y precaución, es importante reabrir esta instalación que permitirá a deportistas y a personas aficionadas al deporte retomar su actividad física y sus entrenamientos, que se han visto mermados debido al confinamiento al que hemos estado sometidos en el último mes”, añade Raúl Camacho.

La Ciudad Deportiva permanecerá abierta en horario de 8:30 a 21:00 horas. En el caso de las pistas de pádel y tenis, el horario será de 9:00 a 21:00 horas. Las personas que deseen acceder a las instalaciones deberán presentar un documento acreditativo de identidad.

El Servicio de Deportes informa de que las reservas para las pistas de tenis y pádel se realizará a través del Servicio de Atención Telefónica del Cabildo, como de costumbre. Por su parte, la cita previa para acceder a la pista de atletismo se hará mediante el teléfono 922 42 31 00 o a través del correo servicio.deportes@cablapalma.es.

Desde el Cabildo se espera que quienes usen las instalaciones mantengan en todo momento unas pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar posibles contagios. Dichas recomendaciones atienden a mantener la distancia de seguridad de dos metros entre las personas, llevar mascarilla, restringir la circulación al mínimo de personas posibles tanto en pasillos como en los servicios.

Algunas de las medidas que se pondrán en marcha para garantizar la máxima seguridad de las personas que accedan a las instalaciones pasan por habilitar un único punto de entrada y salida, además de marcar indicaciones de separación para evitar aglomeraciones en la entrada.

No estará permitido el uso de espacios no autorizados ni prolongar el horario previsto de uso de la instalación. Los productos desinfectantes estarán disponibles en el recinto. Los vestuarios permanecerán cerrados y las fuentes de agua, precintadas.

Los entrenamientos deberán realizarse de forma individual y queda prohibido el contacto físico o la proximidad. Se debe evitar caminar o correr detrás de otra persona, siendo el mínimo admisible de separación de 10 metros. Quienes utilicen material para desarrollar sus entrenamientos deberán desinfectarlos antes de irse.

En relación al uso de las pistas de tenis y pádel, el Servicio de Deportes indica que solo podrán jugar dos personas a la vez, quedando prohibido el cambio de lado. Las personas que jueguen deberán desinfectarse las manos cada 15 minutos. Se recomienda, además, utilizar bolsas nuevas y no compartir agua ni toallas. En la mano no dominante se aconseja el uso de guantes de látex y el uso únicamente de la pala.

La Federación Canaria de Béisbol y Sóftbol prosigue su actividad por todo el archipiélago. Recientemente en la isla de la Palma participó en el evento ‘Miraflores Divierte’, acción organizada por el servicio de deportes del Cabildo Insular, donde alrededor de 40 niños y niñas con edades comprendidas entre los 8 y 9 años practicaron béisbol, entre otros deportes.

Los monitores de esta actividad, el vicepresidente de la Federación Canaria, José Sánchez y el coach de apoyo, Luigi Dalisio formaron en esta entretenida jornada celebrada en el Complejo Deportivo Miraflores a los estudiantes del Colegio Miranda de Breña Alta. Dividido el espacio en diferentes estaciones deportivas, los estudiantes rotaron por cada una de ellas para, de forma dinámica, practicar todo tipo de deporte. Para muchos de ellos fue su primera experiencia con un bate y guante de béisbol. Una primera toma de contacto, donde primó la diversión y el ejercicio físico.

Esta actividad es un complemento a la promoción deportiva que se lleva a cabo desde el 1 de octubre al 31 de mayo con el ayuntamiento de Los Sauces. Además, la Federación Canaria de Béisbol y Sóftbol ya trabaja en el proyecto “Aprende el béisbol” que se desarrollará con el Cabildo de La Palma, y que busca en esta primera fase la implicación de todos los colegios de la isla para impulsar este deporte como actividad complementaria en 2020.

La Federación Canaria de Béisbol y Sóftbol está satisfecha ante la respuesta de La Palma ante este deporte, así como la predisposición de las instituciones públicas para que todos las actividades deportivas estén visibilizadas y tengan cabida.

El Cabildo de La Palma abrirá al público la piscina de Miraflores a partir de este jueves, 18 de julio, de lunes a viernes, excepto días festivos, hasta que finalice el mes de agosto. Los interesados deberán solicitar en el Servicio de Deportes un pase de acceso a las instalaciones, se informa en nota de prensa.

La piscina ha permanecido cerrada al público por no disponer de recursos propios y no haber prosperado en los últimos meses el expediente de contratación del servicio de socorrismo. “Ante la situación que nos hemos encontrado, hemos hecho lo posible para cubrir, al menos de manera mínima, el servicio de socorrismo a lo largo de este mes y medio, que es el de mayor demanda”, explica la consejera de Deportes, Susa Armas. “Por la vía de urgencia, y dentro de los márgenes presupuestarios permitidos, el Servicio de Deportes del Cabildo cubrirá el servicio de socorrismo durante parte del mes de julio y el mes de agosto completo, para no dejar a los usuarios sin piscina justo en la época del año en la que hay mayor afluencia”, añade. Esta medida permite, además, asegurar las actividades acuáticas que se desarrollan en la piscina dentro del Campus Urbano que el Cabildo lleva a cabo cada verano.

El Cabildo de La Palma ha iniciado ya con los centros escolares de la isla los trámites para la inscripción en el programa lúdico deportivo Miraflores Divierte con el objeto de ponerlo en marcha el 1 de octubre y prolongarlo durante todo el curso escolar hasta el 15 de junio. “Hasta ahora, las actividades del programa se han puesto en marcha en febrero y cubrían poco más de 5 meses. Adelantando las gestiones con los centros escolares, con los que ya nos hemos puesto en contacto, conseguiremos empezar el 1 de octubre y cubrir todo el curso, dando cabida a más niñas y niños”, explica la consejera de Deportes, Susa Armas.

Esta iniciativa que lleva a cabo actividades lúdico deportivas con niñas y niños de 1º de Primaria a 4º de la ESO, entre los 6 y los 15 años, en la Ciudad Deportiva de Miraflores, con 100 alumnos como máximo en cada jornada.

“Las actividades se llevan a cabo un día a la semana en horario de mañana y cuentan con la colaboración del profesorado de los distintos centros que participan. El objetivo es que niñas y niños disfruten de una jornada distinta descubriendo modalidades deportivas, desarrollando actividades acuáticas y conociendo juegos tradicionales y autóctonos de Canarias en unas instalaciones singulares, como lo son las de la Ciudad Deportiva de Miraflores”, indica la consejera.

El proyecto, que comenzó a desarrollarse en 2016 con la participación de nueve centros de la isla contó el pasado curso 2018-2019 con la colaboración de 14 centros educativos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife avaló este viernes por unanimidad la propuesta del área de Urbanismo de suspender cautelarmente las licencias de obras que se puedan solicitar sobre inmuebles no recogidos en el actual catálogo municipal de protección pero que sean susceptibles de contener valores patrimoniales a juicio del Cabildo Insular de Tenerife.

El concejal de Urbanismo en Santa Cruz, Carlos Tarife, anunció al pleno, según informa el Ayuntamiento en una nota, su disposición a activar esa suspensión provisional a partir del mes de enero de 2019, mientras se tramita la realización del nuevo catálogo de inmuebles protegidos en el marco del proceso de elaboración del futuro Plan General de Ordenación (PGO) de la capital tinerfeña.

Carlos Tarife, que cifró el volumen de inmuebles afectados por la inminente suspensión en más de medio millar, explicó al pleno que esta medida cautelar es plenamente legal y atiende a la capacidad potestativa del Ayuntamiento de proceder a la suspensión por plazo de un año, en tanto se revisa y elabora un nuevo catálogo.

Además, el responsable de la Gerencia de Urbanismo adelantó que en este proceso el Ayuntamiento abrirá un espacio de diálogo constante con el área de Patrimonio Histórico de la Corporación insular y atenderá con interés las indicaciones que al respecto evacue el recién creado Consejo Municipal de Patrimonio de Santa Cruz.

Tarife comentó a su vez que el Ayuntamiento entretanto formulará el debido recurso contra la sentencia judicial recientemente emitida por la Audiencia Provincial respecto a la interpretación correcta del artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, que faculta a las corporaciones insulares a paralizar licencias concedidas por los ayuntamientos según la legalidad del planeamiento urbanístico en vigor.

El concejal consideró ante el pleno que es relevante no solo para Santa Cruz sino para el conjunto de los municipios canarios conocer con precisión cómo y en qué condiciones técnicas y con qué fundamentación pueden activar los cabildos esa prerrogativa que permite suspender una licencia legalmente concedida.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, ambos de CC, confiaron este miércoles en que la reordenación del barrio de Miraflores sea el “último desencuentro” técnico entre ambas administraciones públicas en relación con la protección del patrimonio histórico.

Ambos dirigentes se han expresado así­ en relación a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife que avala la decisión del Cabildo de suspender el derribo de la vivienda ubicada en el número 23 de la calle de Puerta Canseco, inmueble finalmente demolida para albergar un nuevo edificio de viviendas.

Alonso ha valorado que el juzgado haya dado la razón al Cabildo, con lo que se llega al “punto final” del proceso, al tiempo que ha resaltado que en los últimos meses se han ido buscado “puntos en común” entre ambas instituciones.

El presidente insular ha comentado que, más allá de “lo protegido” que hay en los planes del casco, en la ciudad hay otros valores patrimoniales “que conservar”, por lo que ha apelado a “mejorar” el catálogo de bienes inmuebles de la ciudad, que el Cabildo propone incrementar hasta en 500 edificaciones más.

“Es un trabajo que tiene que hacer poco a poco el Ayuntamiento. Lo de Miraflores es puntual, importante y tení­amos la razón, y ahora tratamos que el Ayuntamiento mejore el conocimiento de sus elementos patrimoniales para preservarlos”, ha destacado Carlos Alonso.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha afirmado que con el Cabildo se está trabajando “muy bien” y “llegando a consensos” en varios ámbitos, y ha limitado aquellas diferencias a criterios técnicos. Resaltó que el Ayuntamiento “siempre” ha defendido la postura de la Gerencia de Urbanismo que gestiona el PP, con Zaida González y Carlos Tarife. “Y lo vamos a seguir haciendo así, pues es nuestra obligación. Son los funcionarios los que marcan el criterio”, ha apuntado.

Sobre las críticas de la oposición municipal, ha comentado que “obvia” que el Ayuntamiento es la administración pública que “más invierte” en la ciudad en patrimonio, “más que todos los ayuntamientos de la isla juntos, y eso que no tenemos las competencias”.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife -y además le impone las costas- contra la suspensión cautelar, ordenada por el Cabildo, del derribo del edificio antiguo situado en el número 23 de la calle de Puerta Canseco, en el barrio de Miraflores.

Sostiene el juez que la consejera insular de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa (PSOE), actuó conforme a derecho con esa medida, pues contaba con informes técnicos que “avalan la existencia de valores dignos de protección”.

Este es uno de los seis inmuebles  que los funcionarios de Patrimonio Histórico  de la Administración insular proponen desde hace más de una década salvar de la piqueta en el antiguo barrio de Miraflores, de los que tres ya han sido demolidos (incluyendo el que motivó este litigio) y para otros tres, también en el patíbulo, el Gobierno municipal ha aceptado negociar con los promotores para preservarlos tras comprobar que el Cabildo podía llevar el asunto a los tribunales.

La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), no entra en el fondo del asunto, es decir, si el inmueble tenía valores patrimoniales o no, pues indica que no era el objeto del recurso.

Sí determina el fallo judicial que la consejera obró de forma correcta al intentar salvar el referido inmueble 23, y además tumba la pretensión del Ayuntamiento de que este caso fuera extensivo a otros futuros por igual motivo, de modo que el Cabildo no pudiera ordenar a partir de ahora la suspensión cautelar de más demoliciones en la capital tinerfeña en supuestos similares. Y son nada menos que 500 los inmuebles que los funcionarios del Cabildo defienden proteger desde hace más de una década en la capital, sin que el Ayuntamiento los haya catalogado.

En este sentido, el juez recuerda que la consejera se limitó a usar la potestad que le da el artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias para “evitar la destrucción o deterioro de los bienes integrantes del patrimonio histórico, incluso en aquellos casos en que no estén formalmente declarados de interés cultural o inventariados”.

El juzgado da por verificado que fue legal la decisión de la consejera de parar el derribo en el nº 23 de Puerta Canseco, pues, en palabras del magistrado, “es lo cierto que existen diversos informes (mencionados en el escrito de contestación a la demanda y obrantes en el expediente administrativo remitido a este juzgado) que avalan la existencia (al menos provisional e indiciaria) de tales valores dignos de protección”.

Como consecuencia, “la emisión por técnicos cualificados de informes en los que se pone de manifiesto, de forma decididamente motivada, la existencia de valores dignos de tutela es fundamento suficiente para acordar la suspensión de la licencia de demolición en su día concedida por la recurrente”.

El hecho de que el Ayuntamiento aportara al juzgado informes en sentido contrario, es decir, que el inmueble no tenía valores, “no hace contraria a derecho la resolución objeto del recurso, pues aún queda que por la Administración competente se tramite el correspondiente procedimiento formal y se declare la concurrencia de tales valores de protección”, expone la sentencia.

En todo caso, el Ayuntamiento acabó derribando el inmueble nº 23 de Puerta Canseco, pues la suspensión cautelar por el Cabildo tiene una duración limitada en el tiempo, y para ello el Gobierno municipal aportó un informe encargado a la Fundación Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) que también ha dado el visto bueno a demoler los restantes cinco edificios con valor histórico y artístico para el Cabildo.

Se trata de unos informes que los funcionarios insulares han desacreditado por entender que se utilizan argumentos “falsos” con el único fin de posibilitar los derribos, para construir la nueva urbanización residencial en estas manzanas.

El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, ya ha dicho a La Opinón de Tenerife que el Ayuntamiento recurrirá esa sentencia.

La Ciudad Deportiva de Miraflores, que gestiona la Consejería de Deportes del Cabildo en Santa Cruz de La Palma, acogerá los entrenamientos de siete atletas españoles internacionales. Las recién remodeladas pistas de atletismo de este lugar verán pasar a este grupo de destacados atletas, entre los que destaca el corredor Bruno Hortelano, informan en nota de prensa.

Según explica la consejera de Deportes de la institución insular, Ascensión Rodríguez, “con este encuentro de atletas de élite en La Palma, desde el Cabildo queremos promocionar nuestra isla como emplazamiento ideal para entrenamientos, especialmente durante esta época del año donde en el resto de Europa las temperaturas son más frías, mientras que aquí disfrutamos de unas condiciones climáticas más óptimas para la práctica deportiva”.

Entre el 7 y el 14 de diciembre pasarán por la Ciudad Deportiva de Miraflores Bruno Hortelano, campeón de Europa de 200 metros lisos; el palmero Samuel García, bronce europeo en 4x400 metros lisos; Cristina Lara, campeona de Europa sub23 en 4x100 metros lisos; Cristina Jordán, campeona europea de cross; Miguel Ángel López, campeón del Mundo y de Europa en 20 kilómetros marcha; Eusebio Cáceres, campeón de Europa sub23 en salto de longitud; y el palmero Carlos Pérez, bronce en el Campeonato de Europa de salto de longitud.

Todos ellos se preparan para formar parte del grupo de deportistas que representen a España en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020.

La Consejería de Deportes del Cabildo también ha preparado un encuentro especial, que tendrá lugar el día 11, entre los referidos atletas y los jóvenes de las escuelas y clubes de atletismo de la isla, así como los niños y niñas que practican esta modalidad en la Promoción Deportiva. “Creemos que contar con estos súper deportistas en La Palma también tiene que ser un aliciente para que la cantera de jóvenes atletas de nuestra isla siga desarrollando sus entrenamientos y ejercicios con el máximo ímpetu e ilusión en busca de nuevos triunfos deportivos”, concluye la consejera Ascensión Rodríguez.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zaida González, y el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, asistieron este viernes al comienzo de las obras de demolición de la edificación amarilla ubicada en la calle Miraflores, que representaba hasta ahora, debido a su estado de abandono, un foco de insalubridad y una amenaza para la seguridad de viandantes y bienes próximos.

Zaida González afirmó que este derribo “es el mejor símbolo de la política emprendida por el municipio para regenerar la trama urbana de la capital y recuperar y regenerar espacios públicos muy deteriorados desde hace años”, informó Europa Press.

“Primero actuamos en Puerta Canseco, ahora en el edificio amarillo de Miraflores y seguiremos adelante con paso firme para recuperar, restaurar y ofrecer dignidad a un entorno público enclavado en el corazón de la ciudad. No hay marcha atrás. Nos hemos propuesto que el actual entorno de la calle Miraflores sea un recuerdo y emprenda un nuevo futuro urbanístico del que todos podamos sentirnos satisfechos”, dijo.

Carlos Tarife, por su parte, informó de que las obras de demolición del edificio, que ocupa toda una manzana entre las calles Miraflores y la prolongación de Ramón y Cajal, se prolongarán durante tres semanas como máximo, mientras que la limpieza integral del solar se completará en dos o tres meses.

“El derribo va a modificar el entorno tal y como lo conocemos hoy, devolviendo al lugar la dignidad perdida después de años de abandono y mejorando el atractivo de Santa Cruz en una localización céntrica, en la que coexisten bienes de indudable valor patrimonial como el teatro Guimerá, el mercado o el espacio TEA, por citar algunos”, comentó Tarife.

Para Tarife, “no era lógico que un edificio permaneciese ahí en esas condiciones, generando un enorme impacto visual por sus dimensiones, por su estado ruinoso y por el riesgo para la seguridad pública”, afirmó el concejal del Partido Popular.

El concejal dijo que, a diferencia de otros inmuebles de la zona, este edificio “ni se encuentra en el catálogo de inmuebles protegidos ni siquiera el Cabildo considera que tenga valor patrimonial, lo que sin duda ha facilitado el proceso de demolición”.

El coordinador de seguridad de la empresa promotora (Daltre), Cecilio Hernández, indicó que, una vez completadas las obras y retirados los escombros, la cota interior del solar quedará situada a nivel del rasante de la acera en la calle de prolongación de Ramón y Cajal y los cortes del terreno debidamente consolidados, asegurando la estabilidad del viario público en la calle Miraflores.

La Consejería de Deportes del Cabildo de La Palma ha comenzado los trabajos de repavimentación y mejora de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva insular de Miraflores, en Santa Cruz de La Palma, que garantizan una nueva vida útil de diez años a esta instalación, se informa en nota de prensa.

Las tareas han sido adjudicadas para su realización por un valor de 191.312 euros y está previsto que se prolonguen durante 45 días aproximadamente. Ya se han realizado tareas previas de fijación de la jaula de lanzamientos y de instalación técnica previa para la futura instalación de vídeo finish. A partir de ahora comenzará la instalación de un nuevo material sintético en la pista, con mayor calidad que su predecesor, en tanto que se espera que pueda dar servicio durante, al menos, una década.

La consejera de Deportes del Cabildo de La Palma, Ascensión Rodríguez, asegura que “esta es una actuación muy esperada y que tenía un carácter prioritario para hacer de Miraflores un complejo deportivo más completo; además supone el pistoletazo de salida para otras acciones con las que el Cabildo mejorará los servicios y funcionalidad de las instalaciones como son la reforma de la cafetería o la dotación de material para el gimnasio y sala de musculación”.

El Cabildo de Tenerife lo sigue teniendo muy claro, meridianamente claro: los edificios históricos para los que el Ayuntamiento de Santa Cruz ya ha autorizado su derribo en el barrio de Miraflores, y los que pretende avalar en adelante en la misma manzana, “tienen valor patrimonial” y debían y deben “ser protegidos”, los que siguen en pie.

La conclusión técnica de la Unidad de Patrimonio de la Corporación insular no puede ser más nítida, y lo es tanto que, en un documento al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, incluso ese órgano oficial subraya que el informe de la Fundación CICOP (el Ayuntamiento necesita acreditar con trabajos técnicos que los inmuebles derribados carecen de los valores que les atribuyen los funcionarios del Cabildo) que se utilizó para dar vía libre a los tres derribos de inmuebles en la calle de Puerta Canseco (de marzo de este año y los edificios situados en los números 23, 27 y 29) emplea “criterios erróneos, ajenos al concepto de patrimonio histórico”, y por ello la conclusión que en él se alcanza “es inaceptable”.

De esta manera se remata el documento de análisis que la Unidad de Patrimonio realiza sobre el primer dosier de la Fundación CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio), el que sirvió a la Gerencia Municipal de Urbanismo, del PP, para seguir adelante con las demoliciones en Puerta Canseco, con foto posterior incluida de estos políticos locales tras convertir ese espacio en un solar.

Ahora, la Gerencia de Urbanismo lo mismo está queriendo hacer para avalar otras tres demoliciones pendientes en aquel barrio santacrucero, para lo que ya cuenta con otro informe del CICOP que da pie a esos derribos, con argumentos calcados a los del trabajo anterior.

En el informe de la Unidad de Patrimonio que evalúa el primer dosier de la Fundación CICOP (este con fecha de 16 de marzo) acerca de la operación inmobiliaria en Miraflores, se afirma, nada más empezar el relato, que los tres inmuebles ya desaparecidos en la calle de Puerta Canseco “debieron ser protegidos” porque eran “merecedores” de conservación.

Además, se sostiene que en su día tuvieron que ser incluidos en el catálogo municipal con esa misma intención, algo que no se hizo en el Plan General de Ordenación (PGO) aprobado en 2013 y hoy en vigor, pese a este ser tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (decisión recurrida ante el Supremo).

El análisis pormenorizado que hace la Unidad de Patrimonio sobre el trabajo del CICOP es muy crítico y se puede decir que no deja títere con cabeza. De entrada, señala que “no se puede estar de acuerdo con la conclusión del informe del CICOP [el sí a las demoliciones en Puerta Canseco, las de los números 23, 27 y 29]”, principalmente “porque no es cierta la afirmación [recogida en ese documento] de que los inmuebles carecen de valores patrimoniales según la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias”.

Los funcionarios del Cabildo llegan incluso a afirmar que es “rotundamente falsa” la tesis del CICOP según la cual “el patrimonio de carácter popular, vinculado a barrios o ámbitos con esta cualidad histórica, solo posea un valor de conjunto y no individual”. “Esta forma de entender el patrimonio, además de ser profundamente elitista, parcial y sesgada, supone un desprecio para aquellos bienes históricos vinculados a grupos sociales más desfavorecidos, cuyo protagonismo en la historia de la isla y de la ciudad fue tan importante, al menos, como el de las élites”, sostiene el Servicio Insular de Patrimonio Histórico.

Documento para la defensa en el contencioso-administrativo

El mismo documento oficial del Cabildo, que también viene a desmontar los criterios del CICOP en su segundo informe [el ya presentado a la Gerencia Municipal de Urbanismo para autorizar los otros tres derribos pendientes en la misma manzana] y que será la aportación técnica clave en la defensa del Cabildo dentro del contencioso-administrativo que le interpuso el Ayuntamiento (aún abierto), incide en que el trabajo que firman integrantes de la Fundación CICOP tiene “errores de valoración” y es “manifiestamente inaceptable, ya que parte de ”criterios erróneos que dejan en el aire y sin fundamento la conclusión a la que se llega“.

Patrimonio del Cabildo refuerza en su contraanálisis “la necesidad de proteger los tres inmuebles [ya en el suelo] como ejemplos de interés en el contexto del patrimonio arquitectónico urbano de la ciudad de Santa Cruz”.

Como remate o síntesis final, a modo de resumen muy escueto, no se duda en afirmar que el informe del CICOP sobre los tres inmuebles ahora inexistentes en Puerta Canseco se apoyó en “criterios erróneos, ajenos al concepto de patrimonio histórico, y con una conclusión que es inaceptable”.

El segundo informe de la Fundación CICOP, del mismo tenor, es el que ahora sirve de aval a la Gerencia Municipal de Urbanismo, que se los encargó, para tirar al suelo los tres edificios amenazados y con “valor patrimonial indudable”, según el Cabildo de Tenerife. Están ubicados en el mismo barrio de Miraflores.

Se trata de tres construcciones, y una de ellas fue la primera sede de CajaCanarias; otro es la llamada Casa Clavijo, un ejemplo de modernismo destacado entre los edificios históricos más sobresalientes de Santa Cruz por el catedrático de Historia del Arte Alberto Darias. Así lo dejó escrito en un voluminoso libro editado por el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2004. En todos los casos, los proyectos arquitectónicos fueron concebidos por destacados profesionales en la materia en la isla, entre otros Antonio Pintor y Domingo Pisaca.

En estos momentos, el Ayuntamiento de Santa Cruz, tras una iniciativa del alcalde José Manuel Bermúdez, ha abierto una negociación con los promotores de los futuros edificios en la zona, con el objeto de al menos ver la posibilidad de mantener las fachadas de las estructuras antiguas aún en pie. Con las de Puerta Canseco, ya nada se puede hacer.

Por ahora, poco se ha decidido acerca de esto, aunque sí se conoce la voluntad del PP de seguir adelante con las demoliciones, lo que en este caso también respalda el segundo informe del CICOP, tan denostado por la Unidad de Patrimonio del Cabildo de Tenerife como el primero, aunque esto último de poco haya servido. No se sabe qué pasará con la segunda tanda.

Un viraje en toda regla. De negar cualquier esperanza de salvación para inmuebles históricos a negociar con los promotores que se salven las fachadas. Es el sorprendente giro que ha dado el Gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife (CC-PP) desde hace pocos días, tras estar enfrentado abiertamente al Cabildo (CC-PSOE) por seis inmuebles que para el Servicio Insular de Patrimonio Histórico, desde 2006,  merecen conservarse. De ellos, tres ya han sido demolidos y otros tres quedan en pie, en el antiguo barrio de Miraflores.

Esta reivindicación la ha abanderado la asociación Nuestro Patrimonio (de la que se han hecho eco varios grupos de la oposición municipal) y cuya petición al Cabildo desencadenó que se paralizara de forma cautelar en diciembre pasado un derribo, si bien la demolición se llevó a cabo (junto a otros dos inmuebles) con un informe encargado a posteriori por el Ayuntamiento al CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio), fundación internacional con sede en La Laguna que le dio un polémico aval para dar la puntilla a los inmuebles.

Esta misma fundación, en nuevos informes, también ha dado el visto bueno para que se derriben los últimos edificios en pie, lo que ahora se pretende negociar para salvarlos parcialmente.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), acompañado de la primera teniente de alcalde, Zaida González (PP); del octavo teniente de alcalde, Juan José Martínez (CC), y del concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), recibieron este viernes  en el Ayuntamiento a propietarios de los inmuebles situados en el entorno de la calle Miraflores para valorar conjuntamente la búsqueda de una solución que conjugue la conservación y la necesaria regeneración urbanística de esa zona céntrica de la capital.

El Gobierno municipal informa de que, “desde el reconocimiento de los derechos que asisten a los propietarios de los inmuebles de solicitar la correspondiente licencia de obra y su consiguiente puesta en marcha, Bermúdez abogó por el cauce del diálogo con los propietarios como fórmula para analizar conjuntamente posibles alternativas que compatibilicen las distintas posturas”.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, comunicó la posibilidad de estudiar la elaboración de un programa de actuación sobre el medio urbano (PAMU), en el que tendría cabida la recuperación de fachadas de los inmuebles, siempre y cuando los propietarios lo compartan y estén de acuerdo.

En el encuentro, de carácter preliminar, se acordó por ambas partes mantener una nueva reunión en septiembre para concretar las diferentes alternativas.

Los informes de los funcionarios de Patrimonio Histórico del Cabildo son concluyentes, y datan de 2006 y 2007, y 2010, cuando ya propusieron al Ayuntamiento proteger 550  inmuebles, de los cuales los redactores de la anterior revisión del Plan General de Ordenación (Palerm, Tabares de Nava y Senante) solo dieron un grado de protección a una veintena, lo que ha permitido que se hayan derribado ya varias decenas, a pesar de que, para salir del trance, admitieron que eran “susceptibles de futura catalogación”.

Eran los tiempos de Miguel Zerolo como alcalde, y este millar de edificios valorados por el Cabildo permaneció en el olvido hasta que el año pasado la asociación Nuestro Patrimonio aireó este asunto, pues los técnicos del Cabildo no han cambiado de parecer y el Ayuntamiento carece aún de justificación técnica que contradiga a los funcionarios insulares (en el caso de los inmuebles de Miraflores, hay que recordar que el Gobierno municipal ha tenido que encargar informes externos a expertos en patrimonio, con los trabajos de la urbanización ya en marcha).

Lo que aún pueden salvarse son tres edificios. Uno de ellos es la Casa Clavijo, en la calle de Miraflores, de estilo modernista y obra del arquitecto Antonio Pintor en 1927, sobre la que los técnicos del Cabildo han dicho que, “de forma taxativa, debiera estar catalogado, por su magnífica fachada”.

Otro es una construcción de tres plantas en la calle Juan Padrón esquina con Carmen Monteverde, obra también del  arquitecto citado anteriormente, construida en 1908. El promotor de este inmueble fue Enrique Pérez Soto, “una destacada personalidad santacrucera que vivió entre 1854 y 1925 y fue cofundador de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife. Cedió el bajo de esta gran vivienda para que fuera la primera oficina de CajaCanarias, que se crea oficialmente el 13 de abril de 1910. También proponen catalogar un edificio situado entre las calles Juan Padrón y Miraflores, proyectado en 1951 por el arquitecto Domingo Pisaca y Burgada.

Será casualidad o no, pero el día en que el portavoz municipal de Sí Se Puede y abogado experto en derecho urbanístico y medioambiental, Pedro Fernández Arcila, advirtió al Gobierno municipal de que podían cometer un delito si autorizan esas demoliciones, el alcalde anunció su intención de negociar con los promotores para salvar las fachadas en cuestión.

Este viernes ha comenzado esa negociación, para alegría de los defensores del patrimonio histórico, que cada día son más en la capital tinerfeña, como se puede observar en las redes sociales.

'No es no'. Este lema que popularizó Pedro Sánchez para no apoyar a Mariano Rajoy parece ser ahora el que sigue el PP al frente de la gestión urbanística y del patrimonio histórico de Santa Cruz de Tenerife. Mientras el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), se enroca en el 'no es no' a  salvar edificaciones en el antiguo barrio de Miraflores, que el Cabildo pide salvar de los derribos, así como asociaciones ciudadanas y expertos en Historia del Arte, el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC) ha preferido el  'no pero tal vez', al anunciar que va a negociar con los promotores indultar al menos las fachadas más valiosas, para integrarlas en la nueva urbanización prevista.

Y aunque el símil con el lema sanchista pueda parecer que lleva el asunto al mero terreno de la política, la realidad es que la política en el caso de Miraflores influye, y mucho: el PP cogobierna con CC en la capital, mientras que CC hace lo propio con el PSOE en el Cabildo (donde los socialistas son los que gestionan el área de Patrimonio Histórico).

Lo cierto es que el giro dado por Bermúdez (que en meses pasados incluso había tachado de “fundamentalistas” a los técnicos del CabIldo) lo ha apartado de la línea dura de su socio. El alcalde chicharrero ha podido ver las orejas al lobo con Miraflores: sabe que hay una creciente presión social sobre la improcedencia de tirar varios edificios con valores “indudables” para los técnicos del Cabildo y su consejera, y sabe también que desde la oposición están mirando con lupa su actuación, y, en especial, el portavoz de Sí Se Puede, el abogado Pedro Fernández Arcila, curtido ya en causas penales y contenciosos en materia urbanística, quien este jueves le leyó la cartilla, advirtiéndole por escrito, y públicamente, que puede incurrir en delito si autoriza demoler estas edificaciones.

Zonas oscuras de un PGO de Zerolo

El gobierno municipal de CC y PP no ha parado de justificar que los inmuebles que el Cabildo propone preservar no fueron catalogados en la última revisión del Plan General de Ordenación y que prevaricar sería precisamente no dar licencias. Pero Arcila ha rebuscado en los insondables fondos de un planeamiento gestado en la época de Miguel Zerolo como alcalde y ha entrevisto puntos oscuros en el expediente que persitido hasta el día de hoy. El más clamoroso: que los redactores de ese plan nunca rechazaron realmente que esos edificios hoy en el patíbulo tuvieran, ni otros 500 inmuebles a los que el Cabildo desde 2006 propone dar un grado de protección el servicio de Patrimonio HIstórico del Cabildo. Antes bien, el equipo que elaboró ese Plan General (Palerm, Tavares de Nava y Senante) los incluyeron en un tomo titulado Relación de Inmuebles susceptibles de futura catalogación, y tras un tirón de orejas de la Cotmac al considerar que esa era una mera declaración de intenciones sin valor jurídico, el tomo desapareció y nada más se supo de esa “futura catalogación”, sino que se dieron luego licencias para derribar (ya van varias decenas de esas 500 construcciones catalogables).

El contraste es evidente: al principio de esta polémica por Miraflores, hace un semestre, el alcalde santacrucero decía: “Los técnicos de Patrimonio Histórico del Cabildo lo que van a conseguir con esos informes tan fundamentalistas es paralizar la inversión privada en la ciudad”. Ahora, y pese a que tiene informes de la fundación CICOP a favor de las demoliciones, la realidad es que, con presión en las redes sociales y la sombra de una denuncia penal insinuada por Sí Se Puede, Bermúdez admite ahora que buscará un “camino intermedio” antes de cualquier demolición que permita salvaguardar parte de los elementos que tengan valor desde la perspectiva del patrimonio histórico. Es decir, empieza a dar la razón a los defensores de esta causa, sin por ello rechazar que se den licencias de obras, alegando los derechos adquiridos.

En cambio, el PP, al frente del área de Urbanismo, no ha cambiado su discurso ni un ápice. Esta misma semana, la consejera de Patrimonio HIstórico, la socialista Josefa Mesa, dejó claro que no va a avalar desde el Cabildo licencias municipales para demoler obras que para los funcionarios del Cabildo son de incuestionable valor patrimonial (véase la ecléctica y con empaque casa Pérez Soto, primera sede de CajaCanarias; la modernista Casa Clavijo, ambas del arquitecto Antonio Pintor y Ocete, o una edificación diseñada por Domingo Pisaca). La respuesta del concejal popular de Urbanismo no se hizo esperar: “Por supuesto que concederemos a los propietarios de estos edificios las licencias de derribo y de construcción de obra nueva. Cuando hay una solicitud de permisos que cuenta con los informes técnicos y jurídicos favorables no podemos negarnos a otorgarlos, pues estaríamos prevaricando”, manifestó en La Opinión de Tenerife. Es decir, el PP se mantiene inflexible y nunca se ha expresado públicamente en favor, al menos, de negociar con los promotores esa solución “intermedia” que ahora lidera el alcalde.

El PP se enorgullece ante los derribos

Tal es así que el PP ha hecho lo que Bermúdez ha evitado hasta ahora: hacerse  y divulgar una foto de sus concejales delante de las palas y los escombros de edificaciones ya demolidas en la manzana de Miraflores, presumiendo de haber desbloqueado el avance de las excavadoras. Y lo hicieron justo ante los restos demolidos de los edificios que para los funcionarios del Cabildo y activistas a favor del patrimonio histórico debieron conservarse.

Cierto que el Ayuntamiento (ahí no hay fisuras entre CC y PP) mantiene en los tribunales un litigio contra la decisión del Cabildo en diciembre pasado de parar cautelarmente el inicio de los derribos en la calle de Puerta Canseco, dentro del barrio de Miraflores. El Cabildo usó la potestad que le permite la Ley de Patrimonio HIstórico de Canarias: suspender una demolición de forma cautelar; pero la misma ley permite -y así ocurrió- que el Ayuntamiento levante  en un mes la suspensión y continúen los derribos, aportando un informe técnico que acredite que no tienen valor los inmuebles. Y así fue. Y los tres edificaciones históricas desaparecieron. 

La fundación CICOP, clave para los derribos

Hasta ahí todo bien, si no fuera porque el Cabildo venía pidiendo proteger esos inmuebles desde el año 2006, en varios informes, y porque el Ayuntamiento encargó el contrainforme, al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) -fundación internacional con sede en La Laguna- ya con la licencia dada y las palas tirando la construcción antigua. El CICOP dio el ok pero con unos argumentos que el jefe del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo ha llegado a tachar de “infumables”. Y además entre los firmantes del CICOP, Juan Manuel Palerm, el mismo arquitecto que redactó el PGO y consideró estos inmuebles “susceptibles de futura catalogación” hace menos de una década. Esta fundación tiene un convenio con el Ayuntamiento, y ha hecho este año informes para demoler los seis edificios históricos que el Cabildo defiende (solo tres quedan ya en pie).

El PSOE también pasó por Urbanismo

Este viernes ha intervenido también en esta controversia el portavoz municipal del PSOE, José Ángel Martín, quien rechaza que la Gerencia Municipal de Urbanismo plantee nuevos derribos enMiraflores. A juicio  de quien fuera en el anterior mandato  precisamente responsable de Urbanismo (en el pacto CC-PSOE), “el valor arquitectónico de estos edificios es incuestionable y lo que debería hacer el equipo de gobierno es potenciar su rehabilitación y conservación” Cabe recordar que entre 2001 y 2015, Martín fue quien tramitó la aprobación final del PGO, y no se atendió entonces a la petición del Cabildo con respecto  a los 500 inmuebles catalogables.

El caso es que hasta uno de los referentes en Historia del Arte en Canarias, el catedrático universitario jubilado Alberto Darias Príncipe -que incluyó la Casa Clavijo entre las construcciones más destacadas de la ciudad, en un libro que publicó el propio Ayuntamiento en 2004-  ha salido a la palestra para denunciar el “disparate” de estos derribos en Miraflores y para mostrar que siente “vergüenza” por esta masacre arquitectónica. Quien lo afirma era además el encargado de hacer el catálogo de inmuebles protegidos en ese Plan General de Ordenación, pero confiesa ahora en El Día que renunció a esta labor porque el equipo redactor,  Palerm, Tabares de Nava y Senante (dos arquitectos y un jurista) “solo querían una firma que avalara” todo. 

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha apelado este viernes a “buscar un camino” para poder mantener “lo que se puede salvar” de los inmuebles que se van a demoler en la zona de Miraflores.

En declaraciones a los periodistas, ha señalado que las viviendas “no están en ningún plan especial de conjunto histórico ni tampoco están catalogadas en el Plan General como históricas”, por lo que espera llegar a un acuerdo intermedio donde también se pueda “dar una salida” a los propietarios de las casas, “que también tienen sus derechos”.

En principio, la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife va a dar vía libre a las demoliciones al contar con los informes favorables del Cicop --Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio--, medida a la que se opone el Cabildo.

La demolición de edificios históricos en el antiguo barrio de Miraflores, en la capital tinerfeña, han desatado una tremenda polémica entre el Cabildo, que las quiere preservar, y el Ayuntamiento, que ya anunciado, valiéndose de informes solicitados a una fundación internacional, el CICOP, que va a dar licencia para demoler los tres últimos edificios que quedan en pie de los seis que han motivado esta controversia. El Cabildo no está solo en esta batalla, pues el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna Alberto Darias Príncipe, ya jubilado, ha salido a la palestra porque dice sentir “vergüenza” y ha tachado de “disparate” los derribos y la Asociación Nuestro Patrimonio -que fue la que puso este asunto en la opinión pública desde el pasado año- ha reclamado a ambas administraciones públicas “un esfuerzo” para salvar varias fachadas “con valores patrimoniales indudables”.

Las declaraciones de Darias, publicadas por El Día son significativas porque es uno de los máximos referentes en Canarias en su disciplina, y tal vez el mayor conocedor del patrimonio histórico chicharrero, autor de un voluminoso libro que editó el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, en 2004, durante la etapa de Miguel Zerolo como alcalde (CC), sobre la arquitectura histórica más valiosa de la ciudad, y en el que incluyó de forma destacada la llamada Casa Clavijo, una construcción modernista obra del arquitecto Antonio Pintor y Ocete, una de las que ahora el Centro Internacional del Patrimonio (CICOP) quiere tirar.

Pero no solo por esta razón, el historiador del Arte, ya jubilado de la ULL, ha confesado que en la década pasada los redactores del Plan General de Ordenación (PGO) Palerm, Tabares de Nava y Senante contactaron con él para que elaborara el listado de edificios que conservar, pero apuntó que las desavenencias con ellos no tardaron en aflorar y finalmente optó por renunciar, al sospechar “que más que a un experto lo que necesitaban era una firma para avalar futuras actuaciones”.

Y se da la circunstancia de que el propio Juan Manuel Palerm, uno de los arquitectos redactores del PGO, es el que firma los informes del CICOP sobre Miraflores dando la puntilla a estos inmuebles, cuando en su día determinó que eran “susceptibles de futura catalogación”, pero se negó a incluirlos en el catálogo hace una década sin motivar su decisión caso por caso, pues se limitó a argüir que la competencia es del Ayuntamiento y no tenía por qué asumir los informes del Cabildo.

Rechaza Darias el argumento de que las casas deben ser demolidas por ser “viejas” y apunta que precisamente esa es la estrategia seguida en los cascos históricos de El Toscal y el Antiguo Santa Cruz. “Primero se deja que se caigan a pedazos y luego dicen que ya no queda otro remedio que derribar los edificios porque se encuentran en muy mal estado. Es una auténtica vergüenza”, subraya. Sin embargo, los tres inmuebles que ahora el CICOP ha avalado demoler no están declarados en ruina, e incluso están ocupados por prostíbulos.

El veterano especialista en Historia del Arte dedicó a la Casa Clavijo dos páginas en su extenso libro “Ciudad, Arquitectura y Memoria Histórica. 1500-1981”, que le publicó el Ayuntamiento santacrucero y prologó el concejal de Cultura de entonces, Bruno Piqué (CC), quien justificó esta publicación por la conmemoración del segundo centenario de Santa Cruz de Tenerife como municipio independiente y “para acabar con el tópico de la escasez de obras monumentales en la antigua capital de Canarias y dar a conocer la valía artística de los diferentes periodos de la construcción” de la ciudad.

En ese libro, Darias subrayó que “con esta obra Pintor demuestra su capacidad de renovación en uno de los momentos más brillantes de su carrera, la década que transcurre entre 1900 y 1910. Además aquí se plasma el reto de trabajar con lenguajes no habituales en él, como son los historicismos y el modernismo, ambos conjuntados”.

El catedrático de la ULL ya jubilado elogió además hace años esta construcción en una ponencia que presentó en el I Congreso Internacional coupDefouet sobre Art Nouveau-Modernismo, celebrado en Barcelona.

Lo mismo han dejado patente en sus informes los funcionarios del Cabildo al advertir, sobre este inmueble, que “de forma taxativa, debiera estar catalogado, por su magnífica fachada”. Y así con los otros dos que el CICOP ha condenado ahora al derribo (ya lo hizo esta fundación con otros tres demolidos este año), entre ellos una imponente construcción de tres plantas en la calle Juan Padrón esquina con Carmen Monteverde, obra también del arquitecto citado anteriormente, construida en 1908. El promotor del edificio fue Enrique Pérez Soto, “una destacada personalidad santacrucera, que vivió entre 1854 y 1925 y fue cofundador de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife. Cedió el bajo de esta gran vivienda para que fuera la primera oficina de CajaCanarias, que se crea oficialmente el 13 de abril de 1910. Curiosamente, una promoción de viviendas en construcción anexa, del mismo promotor que construirá la urbanización prevista sobre las hoy viviendas históricas, está financiada por La Caixa, propietaria de CajaCanarias.

Aunque con aparente menor interés que los otras dos, los técnicos del Cabildo también proponen catalogar un edificio situado entre las calles Juan Padrón y MIraflores, proyectado en 1951 por el arquitecto Domingo Pisaca y Burgada.

El patrimonio de los últimos dos siglos, destruido

La destrucción del patrimonio histórico en la capital tinerfeña es de tal calado que este experto estima que se ha derribado ya una cuarta parte de los inmuebles del siglo XIX y XX que, a juicio de este historiador del arte, deberían haber sido celosamente conservados. Y de lo que subsiste, según ha puesto de relieve la asociación Nuestro Patrimonio, más de la mitad de los catalogados en el conjunto hIstórico de El Toscal está en regular o mal estado de conservación, algunos en ruinas, y en el otro casco histórico, el Antiguo Santa Cruz, la mitad está descuidado y deshabitado o sin uso. Por si esto no fuera poco, son más de 500 los inmuebles que el servicio de Patrimonio HIstórico del Cabildo de Tenerife viene pidiendo desde 2006 al Ayuntamiento darles un grado de protección, de los que varias decenas ya han desaparecido para construir nuevas viviendas.

Guerra entre Cabildo y Ayuntamiento

La realidad es que mientras desde el Cabildo, la consejera de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa (PSOE) ha dejado claro que los informes del CICOP le resultan incompletos por falta de valoración histórica de las viviendas que se quiere echar abajo, y que en esas condiciones no avalará más derribos, e incluso se planteará su suspensión cautelar, desde el Ayuntamiento el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, ha sacado pecho, como si de una mera guerra política se tratara, y ha anunciado que dará las licencias sí o sí, diga lo que diga el Cabildo.

Tarife ha manifestado en La Opinión de Tenerife que si la consejera insular paraliza las obras -como ya hiciera con otro inmueble en el mismo barrio hace unos meses y por igual motivo- “dejaríamos pasar los 30 días y las levantaríamos, tal y como establece la ley”. Y es que, en efecto, la Ley de Patrimonio HIstórico de Canarias (por cierto, en trámite de reforma parlamentaria) da a los cabildos la potestad de parar unas obras de demolición pero a la vez le otorga al Ayuntamiento el poder de reanudarlas en ese plazo acreditando con un informe que no tiene valor histórico o artístico lo que se derriba.

El edil añadió que “nosotros tenemos un Plan General que no protege esos inmuebles, no tendríamos por qué pedir esos informes, se han solicitado precisamente para, de alguna manera, cumplir con el acuerdo alcanzado con el Cabildo [ a raíz de la anterior paralización de derribos], y somos escrupulosos”, añadió el concejal del PP.

La realidad es que a finales de junio pasado, en MírameTV Tarife tachó de “disparate”, “surrealista” y “asombroso” que si en la anterior revisión del PGO el Cabildo propuso en un informe técnico proteger más de 500 inmuebles, en ese momento el Ayuntamiento “no hiciera nada, sin revisar el catálogo de protección, y se quedó con los brazos cruzados”.

Pero la solución adoptada por el Ayuntamiento, ha generado críticas, hasta el punto de que los propios técnicos del Cabildo y la consejera han restado rigor a los informes del CICOP. Este martes, el jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo no pudo contenerse y en Facebook y se preguntó: “¿De verdad que pueden existir arquitectos que afirmen que la Casa Clavijo, en Miraflores, y la Casa Pérez Soto, en Juan Padrón, son viviendas de tres al cuarto o que están en estado ruinoso y que ya sólo valen para carne de piqueta?”.

La no catalogación de estos edificios de Miraflores y otros 500 pasó sin pena ni gloria hace años, cuando se aprobó el anterior PGO, hasta que el pasado año la Asociación Nuestro Patrimonio aireó los informes del Cabildo y, tras el anuncio del Ayuntamiento de que iban a derribarse todos los edificios antiguos de Miraflores, pidió a la institución insular un informe actualizado sobre qué inmuebles aún merecían preservarse. Y en agosto de 2017 lo emitieron los funcionarios, concluyendo que seis edificios debían protegerse (como mínimo las fachadas).

La Asociación Ciudadana Salvar las Viviendas

Este jueves, esta asociación reclamó por enésima vez al Ayuntamiento y al Cabildo que “los esfuerzos y las gestiones necesarias para que las fachadas valiosas desde la perspectiva del patrimonio histórico puedan quedar integradas en el nuevo proyecto de manzana previsto en MIraflores, de modo que sigan formando parte de nuestra historia y paisaje urbano”. Para ello, pide que “se congenien los valores patrimoniales, las mejores soluciones que para ello se propongan en los estudios técnicos oportunos, los derechos de la propiedad privada y la necesaria modernización urbanística del antiguo barrio de Miraflores”.

Para la asociación, “esta es una oportunidad para que la Administración Pública participe en una intervención ejemplarizante de transformación urbana , que permita realzar nuestra identidad, historia y autoestima cultural, dado que la arquitectura de la ciudad ha bebido a lo largo del tiempo de las influencias y tendencias internacionales”.

Un asunto que se hunde en la época de Zerolo

En el largo recorrido que tuvo el Plan General nacido en la época de Zerolo, hubo un episodio todavía no aclarado de forma suficiente: la Cotmac, en su ponencia técnica de junio de 2011, entre sus reparos puso suprimir el tomo de “inmuebles susceptibles de futura catalogación” porque se trataba de una mera declaración de intenciones y no una categoría jurídica. Y el Ayuntamiento, ya en la época de Bermúdez (accedió al cargo justo en junio de ese año), así lo hizo: desapareció el tomo pero los inmuebles no dejaron por ello de ser en la realidad “susceptibles de futura catalogación”, ni ningún informe técnico municipal examinó uno por uno para contradecir al Cabildo, ni tampoco se hizo la “futura” revisión del Catálogo de Patrimonio Histórico.

El alcalde santacrucero, que antes de ser regidor santacrucero fue consejero de Planificación y Turismo del propio Cabildo, ha hecho valer en esta polémica que el Cabildo (o sea, el gobierno insular del que él mismo formaba parte) no recurrió por este motivo el Plan General, sino que le dio el visto bueno, pero las fuentes consultadas por este diario indicaron que hubo un acuerdo no escrito para que no se demorara más la ya larga tramitación del plan, con el compromiso de que se haría una revisión del catálogo de edificios protegidos en años posteriores. Nunca se ha hecho.

Tras las denuncias públicas de la asociación Nuestro Patrimonio, en junio de 2017 el pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad que cuando se cree de nuevo el Consejo Municipal de Patrimonio HIstórico (el anterior lo creó en 2009 el concejal Alfonso Soriano Benítez de Lugo y llevaba una década casi reunirse) se amplíe el listado de edificios protegidos partiendo de los 500 que desde hace una década propone catalogar, osea, preservar en todo o en parte, el Cabildo. Pero los tres derribados en Miraflores este año ya no se beneficiarán de ese indulto, y el mismo camino parecen seguir los tres que aún quedan en pie.

La Asociación Nuestro Patrimonio reclama un “esfuerzo” al Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz para poder “salvar” los inmuebles históricos en la zona de Miraflores e integrarlos en el nuevo entramado urbano.

En un comunicado, piden que este proceso debe hacerse “congeniando” los valores patrimoniales con los derechos de los propietarios y la “necesaria” modernización urbanística del barrio, remarcando que la reordenación es una “oportunidad” para que las administraciones hagan una “intervención ejemplarizante” que realce que la “autoestima cultural” de la ciudad.

Pese a los informes del Cicop que avalan la demolición de tres inmuebles, la asociación esgrime que tanto el servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo como catedráticos de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna (ULL) defienden sus “indudables valores arquitectónicos”.

La consejera de Patrimonio Histórico en el Cabildo de Tenerife, Josefa Mesa (PSOE), a preguntas del grupo Podemos realizadas en la última comisión plenaria sobre nuevos derribos de edificios con valor patrimonial en el barrio capitalino de Miraflores, indicó por escrito que la Corporación insular adoptará todas las medidas jurídicas que le permite la legislación vigente, entre las que se encuentra la aplicación del artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, justo el que regula la adopción de medidas cautelares como la paralización del derribo de los inmuebles por parte del Cabildo insular.

Así lo asegura el partido Podemos en un comunicado remitido a los medios de comunicación este jueves, en el que se afirma que el Cabildo se plantea paralizar el derribo de esos tres nuevos inmuebles a la vista de sus contundentes valores históricos y artísticos, e incluso, si fuera necesario, recurrir judicialmente la decisión que pueda adoptar la Corporación local en sentido contrario.

Los edificios con amenaza de derribo por parte del Ayuntamiento son la llamada casa Clavijo, obra del arquitecto Antonio Pintor y Ocete en 1908; un segundo edifico que está en la calle Juan Padrón, esquina con la calle Carmen Monteverde del año 1908, y un tercer edificio diseñado en 1951 por el arquitecto Domingo Pisaca y Burgada.

Para la consejera insular de Podemos Paqui Rivero, es una buena noticia que la Corporación insular “se plantee medidas más contundentes ante la pésima gestión del patrimonio histórico que hace el Ayuntamiento de Santa Cruz, con el Partido Popular a la cabeza y con la connivencia necesaria de Coalición Canaria”.

Rivero recuerda que fueron 550 los inmuebles propuestos para su protección como patrimonio histórico en la capital tinerfeña por parte del Cabildo, edificios sobre los que ni un solo informe técnico del Ayuntamiento contradijo el de la Corporación insular, salvo el último y muy discutible trabajo del CICOP, encargado cuando el Cabildo paralizó un derribo en la calle de Puerta Canseco.

En una reciente entrevista en televisión, el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife (PP), pese a este partido “haber celebrado los recientes derribos en Miraflores, junto a otros responsables políticos de Santa Cruz”, afirmó que es “un disparate surrealista y asombroso” que si, en la anterior revisión del Plan General de Ordenación el Cabildo propuso en un informe técnico proteger más de 500 inmuebles como patrimonio, en ese momento el Ayuntamiento “no hiciera nada, sin revisar el catálogo de protección, y se quedara con los brazos cruzados”.

Por todo ello, Paqui Rivero afirma “que Coalición Canaria y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz tienen una responsabilidad compartida en estos atentados al patrimonio, perpetrados en el pasado y que se alargan en el tiempo. Ahora intentarán revisar dicho catálogo con un Consejo Municipal de Patrimonio Histórico creado a la medida de CC y PP, con mayoría de miembros integrantes del propio Gobierno municipal y con una composición que ha sido cuestionada por la Asociación Nuestro Patrimonio de Santa Cruz”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consideró este lunes que las obras en curso en los inmuebles de la calle Puerta Canseco (con tres edificios demolidos que el Cabildo consideraba que se debían proteger, al menos en parte), en el barrio de Miraflores, y la reapertura de esa vía al tráfico, tras procederse a la destrucción de esas tres estructuras antiguas, “abren la puerta, definitivamente, a la regeneración de zonas con inmuebles degradados por el paso del tiempo en la capital tinerfeña”, indicó la primera teniente de alcalde en Santa Cruz (PP), Zaida González.

Zaida González, que giró una visita a la calle Puerta Canseco junto al tercer teniente de alcalde y concejal del distrito Centro-Ifara, José Carlos Acha, y al concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, tuvo la ocasión de departir con vecinos y comerciantes de la zona, que “le expresaron su satisfacción por la marcha de las obras y por la reapertura del tráfico”, se afirma en una nota.

La primera teniente de alcalde, que estimó en unos 10 días el plazo para la finalización de las obras de demolición, señaló que “desde el Ayuntamiento seguiremos cumpliendo con el acuerdo adoptado con el Cabildo de solicitar un informe previo de valores patrimoniales de cualquiera de los inmuebles que suscitan dudas a la Corporación insular y cuyos propietarios soliciten licencia de obras”.

El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, restó importancia a la controversia entre ambas administraciones públicas, “que no va más allá de una diferencia de interpretaciones entre el Ayuntamiento y el Cabildo”.

Tarife reafirmó que, mientras la Justicia no resuelva el contencioso iniciado por la diferencia en las interpretaciones de la Ley canaria de Patrimonio, el Ayuntamiento mantendrá en todos sus términos el acuerdo con el Cabildo.

Además, el concejal de Urbanismo agregó que en el proceso en curso para la elaboración del nuevo Plan General está prevista la actualización del catálogo de inmuebles que merecen la consideración de patrimonio histórico y, como consecuencia, en esa fase del proyecto serán analizados los supuestos valores de los 550 inmuebles que apunta el Cabildo insular que los tiene.

La Asociación Nuestro Patrimonio, con domicilio social en la capital tinerfeña, lamentó este viernes que para algunos cargos públicos (en alusión, entre otros, a políticos del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz y en el Cabildo de Tenerife) el hecho de que se proponga la ampliación de la protección del patrimonio histórico en el municipio sea una ofensa.

La misma entidad reclamó que se sustituya “el enfrentamiento institucional y político actual sobre este particular (tras la polémica de los derribos de tres edificios en el barrio de Miraflores) por la búsqueda de soluciones que impidan la destrucción de inmuebles con valores históricos y artísticos”.

Tal y como se recoge en una nota de Nuestro Patrimonio, “ante la escalada de acusaciones entre cargos públicos del Cabildo y el Ayuntamiento a cuenta de una causa tan noble como es querer proteger mejor el patrimonio histórico de Santa Cruz de Tenerife”, la asociación “hace un llamamiento para que no continúe el enfrentamiento entre administraciones públicas y políticos sobre la necesidad de ampliar el catálogo de edificaciones con grado de protección como patrimonio histórico en la capital tinerfeña”.

La misma organización recordó que “los responsables públicos están obligados por la Ley de Patrimonio Histórico a coordinar sus actuaciones, colaborando para el mejor desarrollo y ejecución de sus respectivas funciones”. Por ello, se añade en el comunicado, “deben centrar sus energías en promover vías de cooperación, de asesoramiento mutuo y de búsqueda de soluciones legales, no solo catalogaciones sino otras de carácter urbanístico o económico que faciliten la preservación y rehabilitación de inmuebles con valores históricos y artísticos sin protección legal a día de hoy”.

La asociación además considera que “proponer de forma argumentada la ampliación del patrimonio histórico, ya sea por iniciativa de servicios públicos competentes en la materia (como el de Patrimonio Histórico del Cabildo) o por asociaciones ciudadanas, no debe ser tratado por parte de instituciones o cargos públicos como una ofensa para una ciudad, sino como una causa de interés general y motivo de orgullo colectivo, pues rehabilitar el patrimonio histórico constituye además un factor de creación de empleo y de riqueza en todo el mundo, y no un obstáculo para el desarrollo económico”.

Desde hace más de un año, explica la asociación, esta entidad “ha venido recordando que, durante la tramitación de la anterior revisión del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife, el servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife emitió varios informes, uno en 2006 y otro en 2010, en los que propuso la catalogación de más de 500 inmuebles hoy desprotegidos, advirtiendo dichos funcionarios insulares de un 'riesgo de merma considerable del patrimonio histórico municipal y una posible pérdida para la isla y para el archipiélago”.

Los redactores del PGO incluyeron esas más de 500 edificaciones en un nuevo tomo del PGO como “susceptibles de futura catalogación”, en previsión de una nueva revisión del catálogo municipal, la cual “nunca se ha llevado a cabo”, y reconocieron que, entre tanto, las administraciones competentes podían aplicar el artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico, que permite la suspensión cautelar de demoliciones.

Antes de la aprobación definitiva del PGO, la Cotmac indicó que tal categoría (la de “susceptible de catalogar”) no existe, con lo que el procedimiento correcto es catalogarlos o no. La solución adoptada por el Ayuntamiento fue eliminar ese tomo del Plan General, sin que a día de la fecha se haya hecho la prevista revisión del catálogo que descartara o confirmara tales valores patrimoniales.

También conviene puntualizar que la paralización cautelar de obras de demolición de inmuebles, estén o no declarados legalmente como patrimonio histórico, es una facultad reconocida a los cabildos en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, en su artículo 48, y solo puede durar un mes, plazo en el cual el Ayuntamiento puede dejar sin efecto la medida y permitir reanudar las obras, acreditando que el edificio no tiene valores que proteger, detalla la misma nota de Nuestro Patrimonio.

En junio de 2017, esta asociación, a través de su portavoz, intervino en el pleno del Ayuntamiento en defensa de una moción, finalmente aprobada por unanimidad, en la que la Corporación asumía que debe revisarse el catálogo de protección teniendo en cuenta los informes del Cabildo que proponen catalogar más de 500 inmuebles, entre ellos varios en el barrio de Miraflores, de los que tres acaban de demolerse.

En dicho acuerdo plenario, “aún no cumplido por el Gobierno municipal”, se insta a que se pronuncie sobre estos 500 inmuebles el futuro Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, a cuyo reglamento “hemos presentado alegaciones planteando una composición alternativa a la prevista, para garantizar mejor la independencia, pluralidad, competencia y representatividad de este órgano en su función asesora del Ayuntamiento, y que en él haya representantes de asociaciones ciudadanas dedicadas a la defensa y divulgación del patrimonio cultural santacrucero”, se expone en el comunicado de prensa.