La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, y ante el Instituto de las Mujeres estatal, a la empresa Kiabi.

El motivo, es la grabación de un baile coreográfico de carácter público, protagonizado por trabajadoras de la tienda que la firma tiene en Albacete, durante la jornada laboral y con el uniforme de la empresa. Dicha grabación se realizó ante clientes y visitantes del centro comercial con un fin publicitario.

Tal y como se explica en la denuncia “en este caso no concurre ningún consentimiento libre, específico, informado e inequívoco por parte de las trabajadoras afectadas” y que pudiera amparar jurídicamente la conducta empresarial denunciada.

“La captación de su imagen, su utilización con fines comerciales y su difusión masiva, configuran una intromisión ilegítima en su derecho fundamental a la propia imagen y un tratamiento ilícito de datos personales”, señala el sindicato que lo ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

El propio secretario general del sindicato Pepe Álvarez señala en una publicación en la red social X que “la dignidad de las trabajadoras no está en venta, no se compra y por supuesto no se puede exhibir como una mercancía”.

Desde su perspectiva, los hechos descritos podrían, en determinadas circunstancias, considerarse un presunto delito contra la integridad moral, y discriminación laboral por razón de sexo por lo que pudieran ser, dice UGT, “constitutivos de infracción penal”.

Cree que la empresa ha comeido “una infracción muy grave por vulneración de la dignidad de las trabajadoras, por discriminación por razón de sexo; y posible infracción en materia de riesgos laborales al incumplir la obligación de evaluar y eliminar los riesgos psicosociales derivados de la práctica denunciada”.

Reclama una multa a la Inspección de Trabajo

El sindicato solicita a la Inspección de Trabajo la imposición de multa en su grado máximo por cada una de las infracciones muy graves, que se requiera a la empresa para que cese de inmediato en la práctica denunciada y en cualquier otra de similar naturaleza.

También pide que la empresa retire el video de todos los canales de difusión, y que adopte un protocolo de actuación preventivo que garantice el respeto efectivo de la dignidad, la igualdad de trato y los derechos fundamentales de todas las personas trabajadoras.

“Esto es vergonzoso y lo decimos alto y claro, desde UGT no vamos a dar un paso atrás. Basta ya de mercadear con nuestros derechos, nuestra imagen no está en venta para conseguir un like o una campaña de marketing”.

Este medio ha contactado con la cadena de ropa francesa para conocer su versión y, de momento, ha declinado realizar comentarios.

“Es la constatación de un cabreo considerable, que quiero expresar”. Así ha cargado el líder de UGT, Pepe Álvarez, contra los retrasos del Gobierno en el cumplimiento de varios acuerdos con los sindicatos. En especial, con la aprobación del decreto para endurecer el registro de jornada, que ha denunciado que está “parado” dentro del Ejecutivo de coalición. Por ello, ha urgido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que desbloquee la norma. “No es posible que continúe en un cajón”, ha sostenido. En cambio, en el Ministerio de Trabajo niegan que haya ningún retraso o bloqueo.

El secretario general de UGT ha dado este jueves su habitual rueda de prensa de comienzo de año, en la que ha comenzado alertando de las vulneraciones de derechos humanos y de la legalidad internacional en las actuaciones del presidente de EEUU, Donald Trump. Álvarez ha condenado el “secuestro” de Maduro y ha denunciado que tanto los EEUU de Trump como la Rusia de Putin “se han puesto de acuerdo para que los países de su entorno tengan que estar bajo su dominio, su capricho”.

Ante esta situación, Pepe Álvarez ha pedido “más Europa” y más “autonomía estratégica”, para lo que ha reclamado que se refuerce la industria en múltiples sectores, como el energético, pero también “la defensa”. El líder sindical ha afirmado que, aunque “seguro que genera una cierta polémica”, considera que “Europa tiene que reforzarse desde el punto de vista de la defensa para avanzar a Estados que puedan hacer frente a los retos y a las eventuales agresiones que se puedan producir”, en referencia tanto a EEUU como a Rusia.

Trabajo niega el retraso

Entre los asuntos prioritarios en la política laboral nacional, Pepe Álvarez ha advertido al Gobierno de que el decreto que endurece el registro de la jornada laboral es “una cuestión absolutamente prioritaria”. 

El dirigente sindical ha sostenido que el Gobierno no le informa sobre “dónde está parado” el decreto, pero ha sostenido que ha leído en la prensa que “está en el cajón de Economía” y que el Ministerio de Carlos Cuerpo “no lo ha negado”. “Apelo hoy al presidente del Gobierno para que pongamos rigor a un tema que es muy importante para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”, ha insistido Álvarez. Fuentes de Economía indican a este medio que ya entregaron su informe sobre la norma. “No está, por tanto, en nuestro cajón”, indican.

En el Ministerio de Trabajo niegan la demora y además recuerdan que la competencia para aprobar el decreto es del departamento de Yolanda Díaz, no de Economía. “El procedimiento lleva su tiempo”, sostienen, “no consideramos que haya un retraso, ni mucho menos un bloqueo”.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, afirmó hace unos días que el registro de la jornada laboral “es una prioridad absoluta del Ministerio”, aunque no aportó ningún horizonte concreto sobre su aprobación. En Trabajo insisten en que es complejo situar una fecha, por lo que prefieren no hacerlo.

Tres meses después de la aprobación de su tramitación urgente, fuentes de Trabajo indican que la norma ya recibió los informes de los ministerios y otros que estaban pendientes, como el de la Agencia de Protección de Datos, “en diciembre”. “Ahora estamos pendientes de remitir el texto al Consejo de Estado para que emita su valoración”, añaden en el Ministerio.

“En cuanto tengamos estos informes, intentaremos llevarlo a la mayor brevedad al Consejo de Ministros”, indicó el 'número dos' de Yolanda Díaz el lunes.

Pendientes el salario mínimo y la compensación de pluses

De manera similar ha urgido a que el Gobierno apruebe a la mayor brevedad el decreto para que las empresas no puedan compensar las subidas del salario mínimo a través de pluses, que según ha afirmado ya está prácticamente pactado con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Este se comprometió el año pasado con CCOO y UGT a sacar esta norma adelante y Álvarez ha advertido que “pasen los días no es posible eternamente”.

Si es posible, Pepe Álvarez ha reclamado que el Gobierno apruebe el decreto a la vez que la subida del salario mínimo para 2026, que Trabajo ha propuesto que sea del 3,1%, sin pagar IRPF. El secretario general de UGT ha apoyado este incremento, que mantiene el poder adquisitivo de los sueldos más bajos, aunque ha reconocido que no ha cumplido con su reclamación del 7,5% de aumento y que el salario mínimo comience a tributar.

Además, el líder de UGT ha destacado que debe reforzarse la negociación colectiva y que en los próximos días presentará junto a CCOO las prioridades de los sindicatos para el nuevo AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), que ha caducado al terminar 2025 y que debe servir de guía para la negociación de los convenios colectivos en todo el país. Una negociación clave para el aumento de los salarios, entre otras muchas cuestiones, pero que las patronales no parecen querer abordar en un clima más distante de los sindicatos por sus acuerdos bipartitos con el Gobierno.

UGT de Euskadi alarga su crisis. Seis meses después de que se suspendiera el congreso del sindicato en el que se iba a sustituir a Raúl Arza como secretario general, la central sigue gobernada por una gestora y sin fecha fijada para un nuevo cónclave. Los estatutos del sindicato señalan que las comisiones gestoras que se elijan o se nombren para sustituir transitoriamente a una comisión Eeecutiva “tendrán limitada su actuación a un periodo máximo de cuatro meses, hasta la celebración del congreso extraordinario u ordinario”. Esto significa que el caso de Euskadi es lo suficientemente complejo como para haber superado esa previsión.

Es una posibilidad que se recoge en la normativa. “A criterio de la comisión ejecutiva del ámbito superior cuando las circunstancias lo requieran, de forma fundamentada y de manera excepcional, se podrá prolongar su actuación”. Es decir, un plazo excepcional para situaciones excepcionales, como las que vive el cuarto sindicato vasco, sumido en una crisis sin precedentes.

El próximo martes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, participará en Ermua en una reunión con delegados del sindicato en Euskadi dentro de los encuentros que está manteniendo el líder del sindicato en diferentes delegaciones como “arranque de curso”. De hecho, desde el sindicato señalan que al día siguiente Álvarez participa en otra asamblea de delegados en La Rioja, y por lo tanto, desligan la visita a Euskadi de la situación excepcional en la que vive la central vasca. Aunque el tema del congreso esté sobre la mesa de las conversaciones entre el líder de UGT y los delegados vascos, fuentes del sindicato señalan que el tema está “muy verde”, y que hoy por hoy “no se dan las condiciones” para celebrar el congreso. Esto hace que, por pronto que se pusieran en marcha la maquinaria, “lo que sería toda una sorpresa”, matizan, será muy difícil ya poder celebrarlo antes de final de año y lo más probable es que se arrastre hasta bien entrado 2026.

Tampoco se ha celebrado el congreso de la FICA, la Federación de Industria, Construcciones y Afines, que está también gobernada por una gestora y sigue hoy por hoy sin fecha congresual. Es precisamente la federación de la que partieron las impugnaciones que llevaron a suspender el congreso que estaba previsto en el mes de marzo pasado para elegir nuevo secretario general. El criterio habitual sería que el congreso de esta federación fuera previo a la cita para elegir al secretario general, aunque no está claro si se realizará así.

El único congreso de una federación que ha llevado a cabo UGT en Euskadi desde que estalló la crisis ha sido el de la Federación de Servicios Públicos, que el pasado 12 de junio reeligió a Arantza Agote como secretaria general en su tercer mandato. Se da la casualidad de que en la ejecutiva elegida tiene la presidencia el exsecretario general del sindicato, Raúl Arza.

UGT suspendió su congreso que estaba previsto para los días 13 y 14 de marzo, apenas unas horas antes de que arrancara, en medio de un absoluto caos interno para consensuar la candidatura de la persona que sustituiría a Raúl Arza. El sindicato llegaba a las puertas de la reunión sin anunciar quién presidiría la candidatura o si habría más de una, y finalmente optó por la cancelación, tras impugnarse el nombramiento de varios delegados.

Aunque en principio Raúl Arza mostró su disposición a seguir al frente del sindicato hasta que se pudiera conseguir un consenso, desde Madrid, Pepe Álvarez cortó esta pretensión colando al frente de la gestora al secretario de Organización confederal de la UGT, Andrés Orta Pérez, y apartando a un lado a Arza. A partir de este momento, empezó a sonar con fuerza el nombre de Xuria Arza, su hermana, entonces secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Diversidad, como posible candidata, pero en el último momento decidió dar un paso atrás y no optar a la elección.

Eso provocó que empezaran a surgir diferentes alternativas, y entre los nombres que se postularon figuraron Juanma González, de la Federación de Servicios Públicos y concejal socialista en Getxo; Pedro Marquina, de FESMC que agrupa los Servicios Privados, la Movilidad y el Consumo; y José María Rojo, de la Federación de Industria, Construcción y Afines.

Tras la suspensión del congreso, Pepe Álvarez puso al frente de la gestora que gobierna el sindicato desde entonces al secretario de Organización confederal de la UGT, Andrés Orta Pérez. Junto a él dirigen el día a día del sindicato José Manuel López Conde 'Tximi', como vicepresidente, y como vocales Esther Merino Ruiz, que se encarga de Administración y servicios; Tomás Rodero Briongos, que se ocupará de Organización, Elecciones sindicales y afiliación; Daniel González Taboada, encargado de Política sindical; Arantxa Niño Núñez en Igualdad, Formación y Territorial de Álava: Ismael Manzanal Recio en Salud Laboral; Alberto Elosua Alvarado en Territorial de Bizkaia e Idoya Arrieta Arregui en la Territorial de Gipuzkoa. Salvo el presidente, el resto de integrantes son miembros de UGT-Euskadi y algunos eran miembros de la ejecutiva saliente como Daniel González, Tomás Rodero, Arantxa Niño o Idoya Arrieta.

“No damos nada por perdido”. Así responde el líder de UGT, Pepe Álvarez, al primer examen parlamentario que afronta la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media la semana que viene y que puede tumbar la ley estrella del Ministerio de Trabajo a través de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Junts y Vox. El dirigente sindical, en contacto con Junts, pide a la formación catalana que permita el debate parlamentario de la norma. “No nos gustaría que se diera una patada al Gobierno en el culo de los trabajadores y trabajadoras de Catalunya”, ha afirmado en una rueda de prensa esta mañana.

“Cuando hay un tema de estas características, creo que al menos no se debe negar el debate”, ha demandado Álvarez, que ha recordado que la reducción de la jornada laboral es una materia con un amplio respaldo social, en todos los partidos políticos, según las encuestas.

Si el miércoles PP, Vox y Junts se alían para tumbar la legislación, sin abordar el contenido de la norma a través del trámite de enmiendas, “será un secuestro de la voluntad de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este país”, ha valorado el líder de UGT. Además, ha advertido de que, en tal escenario, “este tema les va a perseguir” electoralmente.

La incógnita sobre Junts

Fuentes del sindicato reconocen que la votación del próximo miércoles está muy complicada, pero recuerdan que también lo han estado otras en las que al final Junts ha preferido mantener abiertos ciertos debates para poder negociar con el Ejecutivo.

No tumbar la ley el miércoles no significa su aprobación, ha recordado Pepe Álvarez, sino simplemente permitir su debate de enmiendas, en las que la formación catalana podría incorporar cambios y ayudas a las pequeñas empresas, la materia que más les ha preocupado hasta el momento.

“No podemos dar por sentado que el resultado va a ser uno u otro”, ha insistido Álvarez sobre la votación del próximo miércoles. El sindicato además está en conversaciones con CCOO para fijar una postura conjunta ante esta votación, ha indicado Álvarez.

En el peor de los escenarios, en el que la legislación fuera devuelta al Gobierno, el secretario general de UGT ha tomado la palabra a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que en verano afirmó que intentarían aprobar la reducción de la jornada laboral aunque fuera “a la segunda o a la tercera”. “Yo añado a la cuarta si es necesario”, ha rematado Álvarez.

Registro horario y despido

El secretario general de UGT ha reclamado en cualquier caso al Gobierno que regule por su cuenta el refuerzo del registro de jornada, una advertencia que lanzó la vicepresidenta Yolanda Díaz a los empresarios hace meses. Álvarez ha reclamado que el Ejecutivo apruebe este reglamento a través de un real decreto, que no requiere del respaldo parlamentario.

Por otro lado, respecto al despido improcedente, el sindicato espera que el Tribunal Constitucional corrija al Tribunal Supremo, que rechazó aumentar las indemnizaciones como concluyó el Comité Europeo de Derechos Sociales en dos resoluciones sobre España. El dirigente de UGT ha explicado que el sindicato “está acompañando” al trabajador que perdió en el Supremo y a su abogada en su recurso al Constitucional, ya que no podía personarse por su cuenta. “No teníamos otra forma para hacerlo, teníamos que esperar a otro caso”, ha explicado Álvarez.

De cara a los próximos meses, UGT está negociando con CCOO también una postura unitaria de cara a la renovación del Acuerdo sobre Empleo y Negociación colectiva (AENC) con los empresarios, en el que los sindicatos deberán poner sobre la mesa su propuesta de subida salarial en los convenios colectivos para los próximos años.

Álvarez no ha dado detalles al respecto, pero sí ha adelantado que su organización quiere introducir los problemas del alto coste de la vivienda en esta negociación. El sindicalista considera que es un problema que perjudica al poder adquisitivo de los trabajadores, pero también a las empresas, por “falta de mano de obra”, especialmente en las zonas más tensionadas donde los precios son más altos.

UGT Euskadi seguirá gobernada por una gestora al menos hasta otoño. Fuentes del sindicato han señalado que hasta entonces no se prevé que pueda celebrarse el congreso que tuvo que suspenderse in extremis en el mes de marzo, por ausencia de candidato de consenso y por la impugnación de algunos de los delegados elegidos para asistir al mismo. De hecho, la federación en la que se produjeron las impugnaciones, la FICA, está también gobernada por la gestora y sin fecha congresual.

Antes de fijar la fecha al Congreso de UGT-Euskadi es necesario que estén “solucionados los problemas en la FICA”, según señalan las citadas fuentes, y se celebre el Congreso de esta federación, algo para lo que hasta ahora no hay fecha prevista. Esto ya supone una dificultad para que se avance en los trabajos para que se lleve a cabo el encuentro en el que se elegirá al nuevo líder de sindicato con garantías de que no habrá más problemas. Teniendo en cuenta que ya se está en junio y los meses de verano están descartados, en principio, se mira ya al otoño como la primera fecha posible. Eso si todo va bien y se consiguen cerrar las discrepancias en el seno del sindicato. Sí se celebrará el 12 de junio el Congreso de la Federación de Servicios Públicos con Arantza Agote presentándose a la reelección. Una federación en la que parece que hay normalidad dentro del conflicto interno que mantiene el sindicato.

Desde UGT Euskadi minimizan la importancia de que sea una gestora nombrada por la central en Madrid la que esté al frente del sindicato vasco, y señalan que en el día a día no están teniendo ningún problema de funcionamiento. Al frente, Pepe Álvarez ha colocado al secretario de Organización confederal de la UGT, Andrés Orta Pérez. Junto a él dirigen el día a día del sindicato José Manuel López Conde 'Tximi', como vicepresidente, y como vocales Esther Merino Ruiz, que se encarga de Administración y servicios; Tomás Rodero Briongos, que se ocupará de Organización, Elecciones sindicales y afiliación; Daniel González Taboada, encargado de Política sindical; Arantxa Niño Núñez en Igualdad, Formación y Territorial de Álava: Ismael Manzanal Recio en Salud Laboral; Alberto Elosua Alvarado en Territorial de Bizkaia e Idoya Arrieta Arregui en la Territorial de Gipuzkoa. Salvo el presidente, el resto de integrantes son miembros de UGT-Euskadi y algunos eran miembros de la Ejecutiva saliente como Daniel González, Tomás Rodero, Arantxa Niño o Idoya Arrieta.

UGT suspendió su congreso que estaba previsto para los días 13 y 14 de marzo, apenas unas horas antes de que arrancara, en medio de un absoluto caos interno para consensuar la candidatura de la persona que sustituiría a Raúl Arza. El sindicato llegaba a las puertas de la reunión sin anunciar quién presidiría la candidatura o si habría más de una, y finalmente optó por la cancelación, tras impugnarse el nombramiento de varios delegados. Aunque en principio Raúl Arza mostró su disposición a seguir al frente del sindicato hasta que se pudiera conseguir un consenso, desde Madrid, Pepe Álvarez cortó esta pretensión colando al frente de la gestora al secretario de Organización confederal de la UGT, Andrés Orta Pérez y apartando a un lado a Arza.

Lo cierto es que las relaciones del anterior secretario general con el equipo de Pepe Álvarez no eran las mejores, según algunas fuentes, y que incluso desde Madrid se cerró la posibilidad de que Arza optara a un nuevo mandato. A partir de ahí empezó a sonar con fuerza el nombre de Xuria Arza, su hermana, entonces secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Diversidad, como posible candidata, pero en el último momento decidió dar un paso atrás y no optar a la elección. Eso provocó que se abriera la caja de los truenos y que empezaran a surgir diferentes alternativas, entre los que se postularon Juanma González, de la Federación de Servicios Públicos y concejal socialista en Getxo; Pedro Marquina, de FESMC que agrupa los Servicios Privados, la Movilidad y el Consumo; y José María Rojo, de la Federación de Industria, Construcción y Afines.

Este Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) siente que es más transversal que nunca, que alcanza a toda la población. “Les incumbe siempre, pero este toca de lleno a casi todos los colectivos que durante años hemos ido conquistando parcelas de libertad, de igualdad”, sostiene el secretario general de UGT. Donald Trump y “su Internacional del Odio” amenazan no solo nuestra economía y trabajo, sino nuestro modelo de gobernanza, el famoso Estado del Bienestar europeo, asegura. “Quieren cambiar nuestra sociedad”, advierte.

El líder sindical abordar en esta entrevista cómo enfocan las centrales mayoritarias de trabajadores el día grande del movimiento obrero, con una mirada internacional “e ideológica”, pero también aterrizando en algunas medidas laborales de máxima actualidad, como la ley de reducción de la jornada laboral. “Los parlamentarios tienen que empezar a asumir la presión de la calle”, afirma.

Este Primero de Mayo, los sindicatos CCOO y UGT han primado una mirada más internacional. ¿Por qué?

Internacionalista e ideológica. No se entendería que dejáramos de situar en el centro del Primero de Mayo lo que ocurre en el mundo, que seguramente desde la Segunda Guerra Mundial nunca había afectado tanto en términos económicos, no bélicos todavía, al conjunto del planeta. Hay que situar a la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas que este Primero de Mayo les incumbe. Les incumbe siempre, pero este toca de lleno a casi todos los colectivos que durante años hemos ido conquistando parcelas de libertad, de igualdad. Contra todo eso va la guerra ideológica de Trump y de su Internacional del odio. No solo quieren la política arancelaria, que es la parte visual. En realidad, lo que quieren es cambiar nuestra sociedad. 

En nuestra casa también está ocurriendo con la falta de financiación de las universidades públicas y ese intento de dejarlas morir por inanición. Por eso, este Primero de Mayo tienen una cita las personas migrantes, las mujeres y los hombres que crean en la igualdad, en el Estado del Bienestar, que quieran que sus hijos tengan igualdad de oportunidades, los jóvenes que estén buscando futuro, que quieran trabajar con derechos o tener acceso a una vivienda, y por supuesto, los colectivos LGTBI, que seguramente piensan que algunas de las conquistas históricas son irreversibles y no hay nada que sea irreversible.

En UGT mencionan mucho esa “internacional del odio”, cuyo discurso replica en España sobre todo Vox, pero también se extiende a otras formaciones de derechas contra lo ‘woke’. ¿Temen que ese discurso cale en España? ¿Que pueda convencer a población precaria cuando les dicen que sus problemas radican en la llegada de migrantes o en las medidas de igualdad en detrimento de otras políticas?

Justo hacemos estas movilizaciones en España, en torno a unas 50 en todo el país, porque no queremos que cale. Si no hacemos nada, los riesgos existen. No creo que nuestra sociedad sea tan diferente de la francesa, donde ha calado con una cierta profundidad, ni de la italiana, por ejemplo. 

Es un intento de hacer pedagogía. Sé que hay muchos agricultores que están molestos porque las políticas medioambientalistas les han hecho mella, y seguramente que la implementación de algunas de ellas se han hecho sin tener demasiado en cuenta los problemas del medio rural. Pero hay cuestiones imprescindibles, el cambio climático lo es, nuestra relación con el medio ambiente tiene que cambiar, aunque algunas veces nos genere inconvenientes. El bien es superior al inconveniente.

Además, insiste en que estos discursos luego van acompañados de políticas que no benefician precisamente a los colectivos desfavorecidos. 

Hay que decir claramente que en Estados Unidos los servicios sanitarios mínimos que tenían las clases populares se están desmontando. Hemos visto a investigadores explicar que la investigación en relación con algunas enfermedades cancerígenas ya se ha parado y otras se van a parar. En Argentina hemos visto cómo personas se mueren porque estaban recibiendo un tratamiento médico que con la llegada de Milei se lo ha suspendido. 

Ha llegado la hora de que se ponga todo esto blanco sobre negro. Y la gente, mientras pueda, decidirá con su voto. Y digo mientras pueda, porque esta Internacional del Odio también cuestiona el derecho del voto universal. Por tanto, puede que haya personas que digan ‘vamos a probar estos a ver qué hacen’ y su pretensión es justamente que no tengan derecho a volver a probar otra cosa, que no puedan volverse atrás.

Sobre la guerra arancelaria impulsada desde EEUU, ¿qué perciben en los centros de trabajo? ¿Hay preocupación?

La primera percepción fue de gran preocupación. Después, como cada 24 horas no se sabe muy bien qué es lo que dice (Trump), en estos momentos hay preocupación, pero con una cierta expectativa de ‘a ver qué pasa’. La globalización es una realidad y, por tanto, las cosas que pasan en EEUU y en China nos afectan. Por eso es tan importante que reforcemos la Unión Europea, que tiene que ser un paraguas para los europeos, pero por extensión también para el mundo civilizado. 

Hay países muy importantes como Canadá, como los países asiáticos, algunos del continente africano, con los que Europa puede y debe iniciar ese proceso de política internacional común. No va a ser fácil porque en la Unión Europea hay muchas voces, porque también está dentro la Internacional del Odio, pero yo soy bastante optimista.

¿Por qué es optimista? ¿Cree que esto puede convertirse en una oportunidad para Europa?

Oportunidad, seguro. Europa solo ha avanzado cuando ha tenido complicaciones. No hay ningún otro momento de nuestra historia que hayamos dado un pasito si no es como consecuencia de una pandemia, de la agresión de Rusia a Ucrania... Ahora yo creo que no va a ser diferente. Y me provoca optimismo la manera tan zafia, tan obscena, del gobierno americano al plantear sus políticas. Porque creo que hay muchos europeos, incluso votantes de Vox o de Marine Le Pen en Francia o de Meloni en Italia, que están pensando que esto ya no es ninguna broma. Aquí hay gente que levanta la mano y hace el saludo fascista, gente que no tiene rubor en plantearse elementos claramente del movimiento nazi. 

Creo que en el resultado de las elecciones alemanas, que no se han analizado mucho, la aparición de Elon Musk no les ayudó mucho [al partido de extrema derecha AfD], sino todo lo contrario. O por ejemplo es curioso el rechazo que vemos al coche Tesla, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. También tengo esperanza de que haya un cierto rebote dentro de Estados Unidos, que es una democracia que tiene algunas ventajas, muchos equilibrios, incluido el judicial.

Este sería un gran momento para que la Comisión Europea propusiera un impuesto para la defensa. Y que alemanes, daneses, italianos, por citar algunos, pudiéramos discutir que en este momento histórico vamos a dedicar unos recursos comunes para este tema

Dentro de la respuesta europea, también es protagonista el gasto en defensa. ¿Cómo valora el aumento anunciado por el presidente Pedro Sánchez al 2% del PIB este año? ¿Ve factible que esa gran cantidad de dinero, 10.500 millones, no afecte ni merme políticas sociales?

Primero, me gustaría hacer un comentario en relación con la defensa y la Unión Europea. Si queremos vertebrar la Unión Europea necesitamos una política de defensa común y eso también incluye el desarrollo de la industria de la defensa. Esta política que desde la Segunda Guerra Mundial se viene desarrollando de que el bloque de la OTAN y algunos países más solo tenemos un proveedor, o casi, que se llama Estados Unidos, se tiene que acabar. Porque la autonomía también pasa por que Europa fabrique sus propios aviones y tenga su propia tecnología. Eso generará actividad económica, investigadora y es una de las de las cuestiones que creo que ayudará a vertebrar la Unión Europea. 

El norte siempre ha visto Europa solo a ratos y ahora es una gran ocasión para que tengan una cierta cura de humildad, porque sus fronteras son las que efectivamente tienen más cerca las dificultades de defensa. Creo que no tenemos que actuar como ellos han hecho en algún momento, sino que tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que asumir que en estos momentos son las del norte, pero mañana pueden ser las del sur. Aunque no estoy diciendo que solo haya que vertebrar la UE con la defensa, hay muchas otras políticas para ello, como la fiscalidad o la medicina, como vimos tan necesaria en la pandemia. 

Este sería un gran momento para que la Comisión Europea propusiera un impuesto para la defensa. Que alemanes, daneses, italianos, franceses, belgas y holandeses, por citar algunos, pudiéramos discutir que en este momento histórico vamos a dedicar unos recursos comunes para la defensa en el conjunto de la Unión Europea. Creo que eso nos concienciaría más, nos situaría en el momento en el que estamos.

¿Y volviendo al aumento del gasto en España?

Volviendo a España, quiero ver exactamente dónde van los 10.000 millones de euros. Yo, por ejemplo, soy de los que digo claramente que el ejército español está mal pagado. Pero en este contexto, con una debilidad parlamentaria del gobierno y un fraccionamiento absolutamente brutal, a mí me hubiera gustado mucho más que el presidente del Gobierno hubiera convocado una mesa con las organizaciones sindicales y las organizaciones patronales, y en paralelo una con las fuerzas políticas que quieren participar en este proceso porque efectivamente piensan que el tema de la defensa es un tema crucial. 

También hay que reconocer que esto da lugar a una demagogia absolutamente injustificada. Como que obedecemos órdenes de Trump. No, es todo lo contrario. Si hay un gobierno en la Unión Europea que ha plantado más cara a las políticas de Trump es el español.

En los últimos días hemos visto nuevas crisis dentro de la coalición. ¿Creen que el gasto en defensa puede originar una crisis definitiva en el Gobierno?

Los partidos políticos que han formado parte y que forman parte del actual gobierno deberían de ser plenamente conscientes de que, más allá de puntuales cabreos, algunos seguramente justificados, hay un balance de cinco años que es extraordinariamente positivo. Y eso le corresponde a Podemos, a Sumar, a Izquierda Unida y a todos los partidos que han formado la coalición de gobierno. También en buena parte a Esquerra Republicana, a Bildu o al PNV.

Es fácil ante una situación como la que estamos viviendo, con un movimiento pacifista que va a aparecer en toda Europa sin ningún lugar a dudas, y que será muy respetable y respetado, pensar que ahí hay una fracción desde el punto de vista electoral que hay que explotar. Es una tentación. 

Yo, humildemente, pienso en Comisiones Obreras y la UGT. Somos dos sindicatos y ¿pensamos igual? No siempre, porque somos dos organizaciones sindicales, nos presentamos a elecciones y competimos, pero intentamos preservar un bien superior, que es la unidad de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y la gente nos lo agradece. Ahí están los datos, los trabajadores de este país votan en las elecciones sindicales y en el último proceso electoral Comisiones Obreras y la UGT hemos avanzado más porcentualmente que el resto de sindicatos

No aprobar la tramitación es pegar una bofetada a más del 66% de la población de este país que quiere que se reduzca la jornada

El Consejo de Ministros va a aprobar finalmente el próximo martes en segunda vuelta la ley para la reducción de la jornada labora. ¿Qué perspectivas tienen de la tramitación parlamentaria?

Nosotros no podemos esperar más. La legislatura avanza y ya va a ser complejo que se apruebe en 2026. Queremos que los parlamentarios empiecen a asumir la presión de la calle. Que sepan que en este Primero de Mayo también les vamos a decir claro y alto que esto va a ser como una maldición bíblica. Que los vamos a perseguir, en el mejor sentido de la palabra, pero que van a tener que responder, los vamos a interpelar. Y seguramente que hay muchas mujeres que trabajan de cajeras en los supermercados, muchos camareros y muchos trabajadores de la seguridad privada que van a decidir su voto también en función de eso.

No hay razones para que no se lleve la jornada a las 37 horas y media a la semana, y menos para que no se debata en el Congreso de los Diputados. Porque no hablamos de que se apruebe, hablamos de que se tramite. No aprobar la tramitación es pegar una bofetada a más del 66% de la población de este país que quiere que se reduzca la jornada. Entraremos en el trámite parlamentario, veremos las discusiones y creo que hay un campo de negociación con la CEOE que se tiene que volver a abrir.

Hay varias resoluciones europeas en contra de la indemnización por despido en España. ¿Hacia dónde deben ir los cambios en opinión de UGT?

Nosotros seguramente en los próximos días vamos a pedir al Comité de Derechos Sociales de Europa que ejecute nuestra resolución. Ha pasado un año y nos parece lo razonable. Hemos estado sin emperrarnos mucho en la mesa hasta ahora porque queríamos ver qué decían los tribunales. Hay que decir que hay una parte muy importante de los jueces, prácticamente todos, que están considerando las razones del Comité de Derechos Sociales, la Carta Social Europea, y empezamos a tener múltiples sentencias que sitúan que el despido no puede estar tasado solo por unos días de indemnización al año.

¿Qué queremos? Sería muy bueno que podamos clarificar este tema con la patronal en el diálogo social, con un cambio legislativo para que los jueces tengan algunos caminos situados. Nuestra posición es que hay que restaurar los salarios de tramitación, que en estos momentos impiden que incluso haya gente que presente demanda, porque es tan largo y cuesta dinero, que ni siquiera lo hacen. Y también creemos que el derecho de readmisión en el despido debe ser del trabajador y no de la empresa. 

La siniestralidad laboral ha empeorado, con un aumento de las muertes de trabajadores en el último año. ¿Qué medidas son indispensables para reducir los fallecimientos en el trabajo de cara a la ley que se negocia con el Ministerio de Trabajo?

Hay una primera que ha quedado muy patente en el accidente de la mina en Asturias que es el control. Si la Administración da una autorización para que se haga un trabajo, tiene que controlar que así se hace. Nosotros tenemos un problema muy serio que es el peso de los sindicatos en el control de la seguridad y salud en el trabajo. Nuestros delegados de prevención viven gracias al esfuerzo que hacemos desde los sindicatos para formarlos, para darles recursos, y eso no tendrían por qué hacerlo las organizaciones sindicales, debería ser el propio Estado. Creo que la ley tiene que dotar de delegados sectoriales y territoriales, que tengan poder, es decir, competencias para entrar en las empresas. 

Hay que acabar con la impunidad. Las empresas saben, sobre todo las pequeñas y las medianas que no tienen representación sindical, donde se producen la inmensa mayoría de los accidentes de trabajo, que no es muy fácil que les toque una inspección. Eso debe cambiar. Y luego la ley tiene un capítulo absolutamente imprescindible con las enfermedades mentales, que han irrumpido en las relaciones laborales con una gran virulencia y la legislación en esa materia casi es cero. 

El secretario general de UGT Galicia, Pepe Álvarez, considera que “el debate que existe en Galicia en estos momentos” sobre la instalación de una planta de Altri “es justo” y “es razonable”. “No podemos pensar que proyectos industriales de dudosa calidad medioambiental sean el futuro ni de Galicia ni de ninguna comunidad de nuestro país”, ha afirmado a preguntas de la prensa sobre la postura de UGT sobre Altri.

Álvarez ha explicado que “el medio ambiente es un elemento clave en el siglo XXI” y “las decisiones en materia de medio ambiente no pueden estar vinculadas exclusivamente a la creación de empleo, sino que hay que situar algunos otros elementos”.

La instalación de la multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei (Lugo) está pendiente actualmente de que la Xunta emita informe medioambiental favorable.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, clausurará este próximo sábado, 15 de febrero, el 15 Congreso Regional del sindicato en Cantabria, en el que Mariano Carmona optará a su tercer y último mandato. Por el momento, la candidatura de Carmona es la única que concurre al cónclave del sindicato, en el que participarán 201 delegados en representación de los más de 19.700 afiliados de UGT en Cantabria, aunque el plazo para la presentación de candidatura estará abierto hasta las 11.30 horas del sábado.

El propio Carmona, que es secretario general de UGT Cantabria desde 2016 cuando sucedió a María Jesús Cedrún, ha presentado este martes los detalles del Congreso Regional en una rueda de prensa junto al secretario de Organización del sindicato, Santos Ortiz. El Congreso se celebrará en el Hotel Santemar de Santander y se desarrollará durante toda la jornada del viernes, 14 de febrero, y la mañana del sábado, día 15, bajo el lema 'Más y mejor sindicato' y contará con la participación de los delegados de las tres federaciones sindicales y de las comarcas.

En el cónclave se trabajará en clave interna en los informes de gestión y balance de los últimos cuatro años tanto de la Ejecutiva Regional liderada por Carmona como del Comité Regional y también se debatirán enmiendas y se trabajará sobre los estatutos y la normativa propia del sindicato. La elección de los nuevos órganos regionales, la Comisión Ejecutiva Regional y la Comisión de Control Económico, tendrá lugar el sábado previamente a la clausura del Congreso, que será a las 14.00 horas y en la que estará el líder confederal, Pepe Álvarez.

En su comparecencia, Carmona ha asegurado que afronta este Congreso en el que concurre a la reelección con “presión adicional” al ser presencial, ya que ha recordado que el anterior se tuvo que hacer de forma telemática por la pandemia del COVID, por lo que “no deja de ser casi nuestro primer congreso físico y eso siempre te mete una presión adicional”. Ha señalado que quiere seguir trabajando para que UGT “sea, que ya lo es, el primer referente para los trabajadores de esta región”. “Me gustaría que al acabar el mandato, que va a ser el último, cuando alguien necesite a un sindicato lo primero que se le venga a la cabeza sea UGT”, ha concluido.

Balance

El líder sindical hecho balance de los últimos cuatro años y de los acuerdos alcanzados tanto a nivel estatal como regional para mejorar el mercado laboral, destacando el “hito histórico y para sacar pecho” de la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Carmona ha reivindicado que se ha conseguido “prácticamente duplicar” el SMI, desde los 655 a los 1.184, aunque cree que hay que seguir avanzando por ese “buen camino” porque con esa cantidad “se vive muy mal” y más cuando su repercusión se ha visto afectada por la inflación.

También ha destacado el acuerdo para garantizar el sistema público de pensiones y su revalorización y ha advertido de que en los próximos años “vamos a ver cómo tiene ataques permanentes, porque hay muchos grupos de interés, fondos de inversión y grupos políticos que están deseando que el sistema público de pensiones no funcione” y hay que hacerles frente.

A nivel estatal también ha puesto en valor desde las medidas impulsadas en la pandemia para proteger a trabajadores y empresas hasta el quinto acuerdo de negociación colectiva, y ha ensalzado el “hito” que ha supuesto la estimación por el Comité Europeo de Derechos Social de la reclamación del sindicato para que se valoren las causas del despido improcedente “por el daño que realmente causan, no por cifras”.

En Cantabria, Carmona ha destacado que, durante su segundo mandato, se creó en la comunidad el Consejo de Diálogo Social que se utiliza “con más o menos éxitos” pero que es un foro permanente de diálogo con el Gobierno regional “que corresponda en cada momento”.

A nivel sindical, ha indicado que se han creado las áreas de LGTBi, Mujer y Medio Ambiente, esta última de forma “pionera” y que supone contar con un órgano “casi consultivo o asesor”, que elabora informes y puede ser “capaz de influir en las decisiones políticas”, algo que en este área es importante dadas las corrientes “negacionistas” del cambio climático.

También ha puesto en valor el apoyo del sindicato al Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), que ha apostado por “preparar para el futuro” y las mediaciones intrajudiciales. “Hay que adaptar el organismo a las nuevas necesidades y es nuestro interés que así sea”, ha dicho.

Por otro lado, ha señalado que el sindicato ha sido “pionero” con la creación de un nuevo departamento que, dentro del de salud laboral, se centra en atender los riesgos psicosociales que son la “gran pata olvidada de la prevención de riesgos” y que es “una de las pandemias del siglo XXI en el mundo del trabajo” debido a los actuales “ritmos” laborales, las nuevas tecnologías o “la famosa productividad mal utilizada” y que están “metiendo a mucha gente en un bucle que es difícil”.

Entre otros asuntos regionales de esta última etapa, ha destacado que se ha potenciado la asesoría jurídica de UGT, que tiene “muy buenos números” con seis abogados que llevan más de 200 juicios cada uno al año, con una media del 50% ganados y un 25% aproximadamente de conciliaciones.

Además, se ha afrontado la renovación progresiva de las diferentes sedes del sindicato, tanto la central de Santander como las del resto de la región, para adaptarlas al siglo XXI tanto a nivel de imagen como de medios técnicos. En esta línea, ha asegurado que quiere seguir trabajando en los próximos cuatro años porque es “muy importante mantener y adaptar los edificios y locales a las nuevas necesidades del sindicato” en lo que se refiere a la atención o a la organización de cursos.

Repartir la riqueza y menos jornada laboral

También ha considerado que hay que empezar a pensar en “repartir la riqueza que se está generando en este país a través de la negociación de los convenios colectivos” y, para ello, hay que mejorar la calidad de la negociación con las empresas. Igualmente, se ha referido a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, algo que “tanto molesta a algunos empresarios” pero que ha avisado que “les va a molestar todavía más” porque UGT no se va a conformar con esa bajada sino que “vamos a seguir pidiendo que se baje todavía más”.

A nivel regional, ha incidido en que hay que afrontar el asunto de la siniestralidad laboral con la conformación de algún órgano en el que estén representados el Gobierno, el ICASST, el Servicio Cántabro de Empleo, la Inspección de Trabajo, los sindicatos y los empresarios porque las cifras en Cantabria son “inasumibles” tanto en accidentes laborales, como en enfermedades profesionales y, por supuesto, en accidentes mortales.

También, tanto en Cantabria como a nivel nacional, el sindicato va quiere que los gobiernos trabajen con los sindicatos en adecuar la orientación laboral a las necesidades del mercado de trabajo porque “estamos permanentemente observando como algunos empresarios dicen que quieren traer trabajadores de otros países” cuando aquí hay “mucha gente desempleada”. Además, ha asegurado que UGT va a “meterse de lleno” en un asunto que se ha convertido en un problema de la ciudadanía como es el acceso a la vivienda.

Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han instado este domingo al Gobierno a incluir en los Presupuestos Generales del Estado una agenda social que incluya, entre otros asuntos, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y el compromiso de que el salario mínimo interprofesional (SMI) no cotice por IRPF.

Ambos sindicatos han convocado diversas concentraciones por toda España tras el voto en contra de PP, Vox y Junts al decreto ómnibus que incluía el alza de las pensiones, la extensión de la bonificación del transporte público o las ayudas por la DANA de Valencia.

Finalmente los sindicatos mayoritarios han optado por mantener la protesta a pesar de que el Gobierno ha vuelto a aprobar las medidas sociales en un nuevo decreto.

En la celebrada en Madrid, a la que han acudido algo más de un centenar de asistentes, Sordo y Álvarez han afeado la distancia que separa las preocupaciones de los ciudadanos de los intereses de los parlamentarios.

El secretario general de UGT ha aclarado que los sindicatos están en la calle “para reivindicar que el Parlamento no secuestre los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”, ya que, en su opinión, el Congreso de los Diputados “incumple leyes aprobadas”, como es la revalorización de las pensiones.

Por eso, las organizaciones sindicales “van a ir más allá” del decreto ómnibus, que no se ha negociado con ellos y no cubre “ni de lejos” las necesidades de los ciudadanos

Entre otras exigencias, los sindicatos van a exigir que el SMI quede exento de IRPF, así como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, una “reivindicación permanente” que, si no obtiene respuesta por parte del Gobierno, abocará a nuevas manifestaciones, ha asegurado Pepe Álvarez.

Desde CCOO, Unai Sordo ha destacado que la concentración cuenta con el apoyo de organizaciones de todo tipo y de toda España, después de un par de semanas en las que “ha estado en peligro un decreto ley” que renueva el escudo social.

Durante estos días se han vivido unos “juegos de pactismo” muy preocupantes, que muestran que a la ciudadanía la separación de intereses de las mayorías sociales y los de los políticos, ha denunciado.

“Queremos que el Gobierno ponga en marcha una agenda social”, ha agregado, porque en España “hay mucha precariedad” y los sindicatos deben estar “muy atentos y vigilantes” de lo que se hace en el Congreso.

Los sindicatos deben “fiscalizar” al legislativo, que tiene que ser “valiente”, máxime cuando se ha visto que existe una alternativa “de derecha y de extrema derecha” que pone en peligro las conquistas de los trabajadores.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que lo Partido Popular con la subida de las pensiones “es del Club de la Comedia”. “Dice que está de acuerdo, pero que va a votar en contra; no estoy de acuerdo, pero voy a votar a favor”, ha dicho el líder de UGT en la apertura del Congreso Regional del sindicato de La Rioja.

“Hay mucha gente que padece por su pensión, ya que 25 euros para un pensionista al mes que tiene una pensión mínima no es ninguna tontería, porque le ayuda a poder llegar a final de mes”, ha añadido, para a continuación, indicar que “cuando hay temas tan esenciales que forman parte de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, la política tiene que olvidarse de los intereses de partido y pensar en los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas”.

Por ello, Álvarez ha considerado que el Partido Popular “se ha equivocado no apoyando el aumento de las pensiones, porque pone dudas entre los pensionistas y los jubilados, así como si está por este sistema o no está por este sistema”. “Aquí ha habido por parte del Congreso de los Diputados un secuestro de derechos que es absolutamente intolerable en democracia y que va mucho más allá de la responsabilidad de los partidos, que también tiene responsabilidades personales”, ha reseñado.

Ha indicado que “los diputados no los elegimos solo para que hagan caso de lo que deciden las direcciones de los partidos, también para que piensen en sus electores que son los que finalmente los llevan al Congreso”. En este punto, el líder de UGT ha recordado que, con Mariano Rajoy, al frente del Gobierno central, “se hizo aquella reforma de las pensiones que hubiera supuesto que durante los últimos cinco años en vez de subir las pensiones un 26 por ciento como han subido, hubieran subido sólo un 1,25 por ciento que era el máximo que preveía aquella reforma que subirían las pensiones”.

“Por tanto -ha añadido el líder de UGT- este antecedente al que no ha renunciado la actual dirección del Partido Popular abre dudas razonables entre los pensionistas, los jubilados, los ciudadanos de nuestro país”.

Ha lamentado también que el PP “también está con esta idea de que hay que subir las pensiones y que están dispuestos a votar a favor de la subida de las pensiones; sólo de las pensiones; algo que supone dejar la Seguridad Social en medio camino, ya que junto con la subida de las pensiones hay una subida de las cotizaciones que es la que tiene que garantizar los recursos necesarios para poder pagar las pensiones”.

Para Álvarez es “preocupante la idea que hace tiempo ronda de intentar dividir a los nietos con sus abuelos; a los abuelos con sus nietos, como si alguien pensara, con dos dedos de frente, que si no suben las pensiones van a subir los salarios de los jóvenes”. “Los salarios de los jóvenes suben si somos capaces de movilizarnos en las empresas, si tenemos convenios dignos o si, como hemos hecho antes de ayer, llegamos a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional”, ha añadido.

Subida del Salario Mínimo Interprofesional

En este sentido, el secretario general de UGT ha indicado que la subida “va en una línea correcta, adecuada, que nos tiene que llevar a ese 60% del salario medio que estaría en los 1.300 euros y que, por tanto, este camino es un camino que tenemos que continuar subiendo, porque la subida del salario mínimo interprofesional beneficia a los trabajadores en general y, particularmente, a las trabajadoras”.

El salario mínimo interprofesional “se ha convertido en el instrumento fundamental para acabar con la desigualdad entre mujeres y hombres”, ha añadido. De hecho, las subidas del salario mínimo interprofesional “han ido, fundamentalmente, a bajar la brecha entre mujeres y hombres”.

Además, para Álvarez “no hay ninguna razón para que el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España, por lo tanto, eleve la cifra mínima exenta de cotización a la Seguridad Social, es decir, unos 16.574 euros. No obstante, el líder de UGT ha señalado que ”si el Gobierno no lo hace“ no renuncian a pedir a los partidos de la oposición q”ue presente una iniciativa legislativa en el Parlamento“.

Por otra parte, en sus declaraciones se ha referido también al “reto importante de la reducción del tiempo de trabajo a las 37 horas y media, que es una de las aspiraciones de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y que nosotros esperamos que el Consejo de Ministros apruebe”. A partir de ahí, esperan que “se abra ese proceso de tramitación parlamentaria que nos lleve a que el BOE publique lo que será un momento de haber ganado una batalla para que la jornada laboral en nuestro país masiva queda establecida en 37 horas y media”.

Las manifestaciones del 2 de febrero se mantienen

Con estos asuntos, para Álvarez el Congreso regional de La Rioja se desarrolla “en un momento especialmente importante para la sociedad española, ya que hemos estado viendo hasta qué punto la política a veces parece más antipolítica que política”.

“Estos giros de guión en los que se cuestionan la subida de las pensiones; se cuestiona el escudo social o la recaudación necesaria para pagar las pensiones o el escudo social; creemos que no es lo que necesita el país, creemos que no es lo que anima a los ciudadanos y a las ciudadanas a creer en la política, a pensar que la política es el camino para defender sus problemas, pero en todo caso es lo que tenemos”, ha añadido.

Ante ello, Álvarez ha apuntado que los sindicatos han decidido mantener las movilizaciones el día 2 de febrero, porque les parece que es “fundamental que la ciudadanía se manifieste”; manifieste a los dirigentes políticos “la necesidad de que cuando es sí es sí y cuando es no es no, que no hay ninguna necesidad de ir cambiando en función de la oportunidad o del oportunismo”. Por ello, el líder de UGT ha reclamado a los grupos políticos que “sean conscientes de que estamos en un parlamento fragmentado y por tanto que es necesario negociar y acordar”.

‘Asturias gana’ será el lema del 34º Congreso de la FSA-PSOE que se celebra los próximos días 17, 18 y 19 de enero en el Centro Niemeyer de Avilés. Una cita de la que saldrá tanto la nueva Comisión Ejecutiva Autonómica como el documento político que servirá como referencia para el socialismo asturiano en los próximos años, y en el que Adrián Barbón, único candidato, revalidará su cargo como secretario general de los y las socialistas asturianos, por tercera vez consecutiva.

El cónclave autonómico arrancará, oficialmente, el viernes a las 18 horas con la presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón.

Durante todo el fin de semana se celebrarán distintos actos en abierto, incluyendo un diálogo entre Adrián Barbón y José Luis Rodríguez Zapatero sobre los retos del proyecto socialista y dos mesas redondas tituladas ‘Asturias, modelo turístico sostenible y de calidad’ y ‘El pensamiento político de las socialistas, una mirada desde la historia’. Asimismo, en el canal de YouTube de la FSA-PSOE se emitirá en directo un videopodcast con toda la actualidad del congreso.

La coordinadora del congreso y secretaria de Organización de la FSA/PSOE, Rita Camblor, destaca que el lema responde a una realidad, y es que “gracias al impulso de las políticas socialistas, Asturias gana en todos los ámbitos: en crecimiento económico y creación de empleo de calidad, en fortalecimiento del estado de bienestar, en movilidad sostenible o en nuevos derechos libertades”.

Camblor destaca la importancia de una cita de la que saldrán los equipos y las ideas que actualizarán y modernizarán el proyecto socialista, adaptándolo a los nuevos retos y desafíos de la sociedad, para seguir construyendo “una Asturias mejor, más moderna, más fuerte y competitiva, con un modelo económico más sostenible y digital y con más igualdad, solidaridad y justicia social”.

El acto de clausura será el domingo y contará con las intervenciones de Adrián Barbón y del secretario general de la UGT, Pepe Álvarez.

Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) acaba de ser reelegido secretario general de UGT para su tercer y último mandato. El líder sindical afronta en el corto plazo varios acuerdos muy relevantes para las relaciones laborales: la reducción de la jornada de trabajo y un nuevo aumento del salario mínimo. Además, en el Congreso Confederal de UGT situó sobre la mesa un debate que puede ser controvertido: que el Estado pague más a los sindicatos por su labor.

El Ministerio de Trabajo ha afirmado que cerrará un acuerdo inminente con los sindicatos sobre la ley para reducir la jornada laboral. ¿Qué queda por cerrar y cuándo cree que se podrá sellar este texto? ¿La próxima semana?

Está abierta la audiencia pública y no veo ningún problema para que vaya con un acuerdo con los sindicatos. Si vamos a una modificación legislativa a pelo, sin un acuerdo previo con la patronal, lo que se ha hablado en la mesa, se queda la mesa y no tiene que estar en la proposición de ley. Porque, si no, en la tramitación parlamentaria con toda seguridad habrá que hacer concesiones. 

Nos lo insinuó el PNV, en la medida en que nos ha dicho que ellos preferirían votar una reforma pactada con la CEOE. Por tanto, sería de inocentes pensar que lo que salga del Consejo de Ministros va a ser lo que se publique en el Boletín Oficial del Estado. 

El presidente Pedro Sánchez pidió a los empresarios que se sentaran a negociar en el Congreso de UGT, cuando ya se había oficializado su ‘no’ a la última propuesta de Trabajo. Y usted, que había pedido al Gobierno que legislara “a pelo” sin la patronal, afirmó un día después que había “oportunidades” de acordar con la patronal. ¿Moncloa quiere que se amplíe la negociación del diálogo social? ¿Se lo ha pedido?

No, no estoy pensando ni en Moncloa ni en lo que quiera el presidente. Las negociaciones en la mesa en el ámbito del Gobierno se han acabado y nosotros no vamos a entrar en una negociación con la CEOE otra vez, a volver al día de la marmota. La CEOE hay una cosa que no ha hecho: decir que, con condiciones, acepta las 37 horas y media. Si no dice eso, ¿para qué vamos a negociar? 

Mi llamamiento tiene que ver con que creo que, para poder tener una mayoría en el Congreso de los Diputados, necesitamos que los grupos parlamentarios que mantienen una posición más tibia vean que, si no hay acuerdo, es porque la CEOE no ha querido. Esa es la única intención. 

Por otra parte, he oído al presidente del Gobierno en la clausura del Congreso del PSOE que iban a tirar para adelante con la reducción del tiempo de trabajo. Creo que por parte del Gobierno no tiene que haber ninguna duda, a la CEOE se le ha dado tiempo suficiente. Continúa habiendo margen para la negociación en el marco del Parlamento.

¿A qué se refiere con el margen de negociación? ¿A las 37 horas y media o a las medidas complementarias, como el refuerzo del control horario y endurecer las sanciones a las empresas por los incumplimientos?

Sobre el registro de jornada, en la CEOE siempre han dicho que quieren que se haga porque es un elemento que ayudaría a impedir la competencia desleal, según Antonio Garamendi. Si no quieren amparar delincuentes, nadie debería oponerse. 

Creo que el control horario tiene que avanzar paralelamente a la reducción del tiempo de trabajo. No hace falta que vaya al Congreso de los Diputados. Es una decisión que toma el Ejecutivo, puede hacer un real decreto. Exigimos al Ministerio de Trabajo que lo haga de manera inmediata. Que nos lo explique, lo conozcamos nosotros y la CEOE, y que lo haga. 

Entonces, ¿en qué puede haber “concesiones” en el Parlamento? 

No soy muy partidario de explicitarlo, porque si ya lo saben, casi se lo concedes antes de ir a la mesa. Pero es evidente que en el tiempo de aplicación de las 37 horas y media habría un margen y en que se cierre el cómputo de horas anuales de una manera o de otra, también. 

Y no creo mucho en las subvenciones. Porque en este marco de las subvenciones hay una perversión permanente cuando se apela a la pequeña empresa. Hay pequeñas empresas que están en un convenio colectivo de ámbito sectorial que ya tienen las 37 horas y media y no pasa nada. No es un problema del tamaño de la empresa. 

Aquí la cuestión es que, donde hay sindicatos y hay capacidad de reivindicación, son los sectores que más se acercan a las 37 horas y media. Y donde no hay sindicatos, donde no hay organización de los trabajadores, estamos en las 40 horas. Esa es la disyuntiva que hay. 

Luego queda un paso fundamental: que la ley tenga los apoyos parlamentarios para que sea aprobada. ¿Cree que Junts va a apoyar esta regulación? Durante lo que llevamos de legislatura ha sido muy difícil pactar con esta formación. 

Francamente, sí. De hecho, estoy convencido de que no pasará mucho tiempo antes de que nos veamos con Junts, con su máximo responsable, que es el president Puigdemont. 

¿A los sindicatos se refiere?

Yo con toda seguridad, sí. No sé cuánto tiempo tardaré, no tengo la fecha cerrada, pero sí. Es verdad que tengo una relación con el president Puigdemont. No muy grande, porque coincidí muy poco tiempo de secretario general de la UGT de Catalunya con él como president, pero sí que la he tenido con la gente de Junts. Con el president del Parlament de Catalunya, con Josep Rull, también con Jordi Turull... que los conozco mucho más porque han estado en los gobiernos de Pujol. 

Nosotros les vamos a explicar de qué se trata y yo estoy convencido de que nos van a escuchar y espero que a entender. Espero que podamos, como ha pasado a través de la historia siempre, tener puntos de coincidencia. 

En Catalunya, cerca del 70% de las personas trabajadoras se van a ver afectadas directamente por la reducción del tiempo de trabajo. Unas en media hora, otras en diez minutos,... de diferente manera. Pero este es un tema que nadie debe banalizar, tiene una gran importancia. La reducción del tiempo de trabajo es una medida que a medio plazo, y quizás también corto, nos va a hacer mejores como país desde el punto de vista productivo, económico y del bienestar social.

Estamos a final de año, se ha vuelto a abrir la mesa de expertos y expertas sobre el salario mínimo, para valorar cuál es el 60% del salario medio. ¿Qué espera UGT de la subida de este año?

Sobre la mesa de expertos, el Ministerio de Trabajo es libre de hacer lo que quiera, pero el 60% del salario medio ya está establecido. Hay tres organismos oficiales de solvencia que lo vienen determinando, por lo que tampoco entiendo que tengamos que ir a otro. A no ser que lo que se quiera es rebajarlo.

¿Qué tres organismos?

La Seguridad Social, la Agencia Tributaria y Eurostat, y los tres están bastante alineados. No son exactos, pero se parecen bastante. Por tanto, ¿cuál es el 60% del salario medio en España? Tenemos el dato de 2022, pero ya nos permite avanzar. Es de 1.293 euros al mes. 

Sobre esto tenemos otra cuestión ante la que siempre hay la callada por respuesta. La Carta Social Europea habla del 60% del “salario neto” y hay quien interpreta que es después de IRPF y de los descuentos personales. Desde nuestro punto de vista, cuando se habla de neto en la Carta Social Europea, seguramente se está pensando lo que ocurre en la mayoría de países europeos: que los impuestos van a cargo de cada uno y no hay descuentos, sino que el neto es el bruto. Sobre esto, todo el mundo debería decir lo que piensa. No callarse y, después, si cae, cae. 

Sobre este año, convendría ir a un aumento de entre el 5% y el 6%. Más cerca del 6%. 

Con un incremento del 6% se llegaría a un salario mínimo de 1.202 euros al mes. ¿Por qué propone ese 6%?

Porque entre el 5% y el 6% es la subida del salario medio. No de los convenios, sino de la masa salarial del país. 

Quien puso las cifras sobre la mesa fue Comisiones Obreras, fue Unai [Sordo], y no tengo mucho interés en que los dos sindicatos no vayamos al unísono en este tema. Quizá podríamos haber tirado un poco más alto, pero está bien. 

¿Puede haber un acuerdo con los empresarios para subir el salario mínimo este año?

Creo que no, las expectativas no son buenas. No hay acuerdo en casi nada.

Tras tantos pactos alcanzados, ¿por qué cree que ahora mismo no hay acuerdo en “casi nada” con la patronal?

Por efecto de la situación política, la vorágine en la que estamos, que no propicia los acuerdos. Creo que la CEOE se deja mucho influenciar por esta situación. Luego también llevamos unos años largos con  una subida del salario mínimo interprofesional de un cierto nivel y los sectores que están en cuadros más afectados por el SMI tienen mucho más peso en CEOE del que deberían de tener, en mi opinión. 

Ya lo veremos, nos reuniremos en las diligencias previas que tenemos que pasar. Si el Gobierno quiere firmar, no hay mucho más de lo que hay encima de la mesa, no hay mucho margen de negociación. Vamos a ver qué ocurre, ya quedan días. 

Sobre el clima político, agradeció en el Congreso de UGT a Alberto Núñez Feijóo el “compromiso” del PP para apoyar el último acuerdo de pensiones. ¿Ese compromiso así, se lo oficializó Feijóo? ¿Qué les han dicho?

Estuve reunido con el señor Feijóo y le hablé del tema, porque me parece que un acuerdo entre la CEOE y los sindicatos, con temas tan importantes para el país como renovar el contrato relevo o medidas en la jubilación activa para el colectivo de autónomos, entre otras, es algo que se tiene que aprobar. No tiene interés que entremos en estas dinámicas del Parlamento de que no se apruebe, que llegue el 1 de enero y el contrato relevo haya desaparecido, etc. 

Y la verdad es que el señor Feijóo lo miró, pidió la carta que le habíamos enviado, habló con el responsable de Economía, que también estaba en la reunión… Y dijo: “Vamos a verlo. En todo caso, que no vaya acompañado de nada más”. ¿Eso es un sí o un no? No lo sé, yo lo he dado por un sí. Cuando alguien dice “que vaya solo”... Yo le dije al Gobierno que no lo metiera en un decreto escoba, para no tener que penar. 

He hablado con presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular que me han dicho que efectivamente el acuerdo de pensiones es fundamental en sus territorios

En el PP no confirman el voto a favor por el momento. 

No hemos vuelto a hablar del tema, alguien me ha dicho que ahora dicen que no… Allá ellos, que hagan lo que quieran, pero nosotros lo vamos a decir: esto es un problema para los trabajadores, es un problema de país. 

La política tiene que ser útil. Sus señorías están para ser útiles a los ciudadanos, no a sus partidos. De verdad que no podría entender que un acuerdo firmado por sindicatos y patronales, que tiene una importancia vital en algunas partes del territorio, no se apruebe. Yo he hablado con presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular que me han dicho que efectivamente para ellos es fundamental. 

Esta semana Glovo ha anunciado el cambio al modelo laboral de sus riders. Es un conflicto laboral que lleva muchos años, en el que UGT tuvo un papel muy importante en la batalla judicial. ¿Cuál cree que ha sido la pieza fundamental para este cambio finalmente? ¿El hecho de perseguir penalmente a su fundador?

Lo que me parece relevante es esta declaración de Glovo, y yo la verdad es que se lo agradezco, porque es verdad que llevamos mucho tiempo en un debate con este tema. Glovo es una multinacional que en todos los países de la Unión Europea no está funcionando con la misma legislación que en España. Y creo que finalmente han llegado a la conclusión de que tienen que acoplarse a la legislación española y, por tanto, tienen que cumplir con la ley. En ese sentido, yo se lo agradezco.

Todo el mundo sabe qué es lo que ha hecho en este proceso, pero ahora prefiero poner lo positivo que decir ‘qué buenos hemos sido’. El objetivo era que los riders tengan contratos laborales, que rompamos con esta práctica de autónomos y, sobre todo, con la subcontratación cuentas, que no se da solo en Glovo, por la que se subarriendan las licencias y eso cae en cascada, con personas incluso que no tienen papeles, que no están de alta en la Seguridad Social y que, si tienen un accidente, no están cubiertas.

Creo que también hay que visualizar de manera clara que Glovo tiene en España el Centro de Investigación y Desarrollo para el conjunto de la empresa a nivel internacional. Estamos hablando de, entre Barcelona y Madrid, en torno a seguramente 1.800 personas trabajando, una parte importantísima ingenieras, que son quienes diseñan el software del grupo. Por tanto, creo nos interesa consolidar una empresa que respete la legislación, si es que la respeta como han dicho, y que podamos tener una cierta normalidad, para que continúe siendo ese motor desde el punto de vista tecnológico. Lo digo como lo pienso. Para mí es una gran noticia.

El Tribunal Supremo se va a pronunciar este mes sobre si procede o no una indemnización adicional en los despidos improcedentes. UGT denunció a España ante Europa por el coste del despido, con una resolución que dice que no cumplimos con la Carta Social Europea. ¿Qué espera de la sentencia del Supremo? ¿Será el detonante para la reforma del despido que hasta el momento ha dividido al Gobierno de coalición?

El Supremo hace muy pocos días unificó doctrina aplicando un convenio de la OIT respecto a la audiencia previa en los despidos disciplinarios. Creo que debe de ser el indicador de por dónde va a ir la sentencia. Si no es así, para mí sería difícil de entender por qué la Carta Social Europea, desde el punto de vista de la ordenación jurídica en España, tiene un valor parecido al que pueden tener los convenios de la OIT. 

Creemos que esto nos dará margen para que el Gobierno finalmente decida convocar a las partes para ver si somos capaces de legislar a tenor de la resolución del Comité Europeo de Derechos Social. Lo que dice, que no podemos obviar, es que un empresario en España, cuando despide porque quiere, no puede saber cuánto le va a costar el despido del trabajador o la trabajadora. Es lo que nosotros queremos. Lo que hay que hacer es no despedir, no pagar más, sino que no se despida si no hay razones objetivas para ello. 

Sobre esto de la vida política, qué parte del gobierno está a favor y cuál no está… El que quiera saberlo solo tiene que ver cuál es la oposición frontal que hizo el Gobierno a nuestra demanda en Europa.

A UGT nos tocan unos 6,1 millones de euros de subvención y solo la elaboración de los planes de igualdad nos cuesta al sindicato más de 15 millones de euros

Acaba de volver a ser elegido para liderar UGT por otros cuatro años y una de las cuestiones que ha situado como fundamental es la necesidad de una Ley institucional que pague a sindicatos por su labor. ¿A qué se refiere? ¿Qué se debe pagar y cuánto? 

En España, por razones inexplicables, hay una parte muy importante de la población –me quedo en muy importante, aunque creo que es mayoritaria– que tiene la percepción de que las organizaciones sindicales somos entes subvencionados. La realidad pura y dura es que hay una subvención estatal publicada en el BOE de 17 millones de euros a los sindicatos, que se reparte proporcionalmente según el número de representantes. Por tanto, los sindicatos minoritarios están igual de subvencionados que los mayoritarios en función de si tienen más o menos delegados.

De los 17 millones, a la UGT nos tocan unos 6,1 millones de euros y resulta que solo la elaboración de los planes de igualdad nos cuesta al sindicato más de 15 millones de euros. Los planes de igualdad no son solo para los afiliados, son para todos los trabajadores y todas las trabajadoras y la ley dice que nosotros tenemos que asistir a los planes de igualdad. 

Hay unos 6.000 convenios colectivos en España, que la UGT está presente seguramente en el 99%. No lo hemos calculado, pero vamos a calcular cuánto nos cuestan los convenios colectivos. ¿Y los planes LGTBI? ¿Y la negociación del sistema de pensiones con el Estado? ¿Todo eso lo pagan con 6,1 millones de euros cuando en realidad solo los planes de igualdad son 15 millones? No. Por tanto, no se trata de que nadie subvencione nada. Se trata de que nos paguen lo que las leyes nos obligan a hacer a los sindicatos mayoritarios. Esa es la factura que queremos que el Gobierno pague. 

¿Hay ejemplos a nivel internacional que puedan servir de referencia? 

No hay ningún país en el entorno europeo donde las organizaciones sindicales tengan una legislación tan antiafiliación. Porque ¿para qué vas a estar afiliada si sabes que tu convenio lo vas a tener igual? ¿Si sabes que tu plan de igualdad lo vas a tener igual? ¿Si sabes en las pensiones que el aumento lo vas a cobrar igual?

Quien carga con el coste de las relaciones laborales en nuestro país son los afiliados a los sindicatos. Entonces, tenemos que dar la vuelta a esa especie de leyenda urbana, que yo creo que por error de las direcciones de los sindicatos se ha instalado en la sociedad, y que nos lleva a que encuentres a alguna persona que se te encara a la calle y te dice: “A usted le pago yo”. ¿Pero usted qué se ha creído que me paga? A mí me pagan mis afiliados.

¿En Europa cómo funciona? En Francia, que es el país donde dicen que los sindicatos son más autónomos del mundo, tienen una subvención estatal del 0,7% del salario de todo el país, que se reparte el 50% a las patronales y el 50% a las organizaciones sindicales en función de su representación. ¿A alguien se le ocurre pensar esa cantidad del 0,7% cuánto es en España? Miles de millones para los sindicatos, respecto a una partida de 17 que tenemos en España. 

En Bélgica, el seguro de desempleo lo solicitas a través del sindicato y lo cobras el mismo mes. Vas a la Administración a solicitar el desempleo y son seis meses. Pues el sindicato es evidente que tiene a la gente afiliada porque le presta un servicio de unas características determinadas. Por poner algún otro ejemplo, en Alemania, el que no está afiliado al sindicato no cobra el convenio colectivo.

Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) ha sido reelegido este miércoles como líder del sindicato UGT para un tercer y último mandato, siendo el único candidato para el cargo de secretario general, con casi el 80% de votos a favor. Con el lema 'Más y mejor sindicato', Álvarez ha defendido seguir avanzando en nuevos derechos, como la reducción de jornada de trabajo, y ha reivindicado que se apruebe una mayor retribución de los sindicatos por parte del Estado por su labor de agentes sociales.

UGT cierra este miércoles su 44 Congreso Confederal, que se ha celebrado por tercera vez en sus más de 130 años de historia en Barcelona, ciudad que vio nacer al sindicato. Antes de dirigir la organización a nivel estatal (desde 2016), cuando tomó el relevo de Cándido Méndez, Pepe Álvarez fue líder del sindicato en Catalunya, donde fraguó su carrera desde el sector del metal.

Este será el tercer y último mandato de Pepe Álvarez al frente de UGT, hasta 2028, durante cuatro años más en los que ha defendido la necesidad de “Más y mejor sindicato”, el lema de este congreso confederal. “Más sindicatos son más derechos. Más sindicato es más democracia. Más sindicato es rebajar la jornada de trabajo. Más sindicato es poner el pie a la extrema derecho, es la libertad con mayúscula”, ha afirmado el reelegido líder del sindicato.

El Congreso Confederal celebrado estos días es el órgano supremo de UGT a nivel estatal, del que ha surgido una nueva dirección (Comisión Ejecutiva), que ha renovado varios de sus cargos y que ha obtenido un respaldo del 79,44% de los votos. Estas jornadas de proceso interno han tenido como objetivos marcar las líneas generales de la política del sindicato, analizar la gestión de los órganos confederales hasta el momento y también establecer sus normas de funcionamiento y retos para el futuro, entre otras.

En estos tres días de congreso, han asistido multitud de representantes del mundo político, sindical, empresarial e institucional. Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la más polémica intervención y asistencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a su homólogo en CCOO, Unai Sordo, o el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, entre otros.

Hacia nuevos derechos: reducir la jornada

Álvarez ha subrayado la dirección del sindicato en los últimos años, especialmente en el último mandato en el que ha subrayado el gran avance de derechos laborales clave. Por ejemplo, el gran aumento del salario mínimo interprofesional, la aprobación de la reforma laboral y de pensiones, pactadas en el diálogo social, así como la Ley Rider y toda la gestión laboral de la pandemia, en la que los sindicatos fueron un engranaje clave al proponer y negociar los ERTE.

El líder de UGT ha lanzado la mirada al futuro para reivindicar la necesidad de seguir avanzando en nuevos derechos para los trabajadores y trabajadoras. En el horizonte se sitúa principalmente uno, la reducción de la jornada de trabajo, que para Pepe Álvarez debe ir más lejos de las 37 horas y media que pretende aprobar el Gobierno de coalición.

Pese a que hace unas semanas el líder de UGT urgía al Gobierno a reducir la jornada “sin hacer concesiones” a la patronal, por su negativa a pactar la medida, este miércoles Pepe Álvarez ha afirmado que todavía existe “la oportunidad” de un acuerdo con la CEOE. Ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a los empresarios se sentaran a negociar, pese a que el Ministerio de Trabajo ya ha dado por cerrada esta mesa de diálogo tras el 'no' de la CEOE.

“Quiero decir que tenemos la oportunidad de hacerlo [reducir la jornada], negociado y acordado con las organizaciones patronales. Depende en buena parte de ellos. Depende si quieren y aceptan este avance absolutamente imprescindible”, ha afirmado Pepe Álvarez este miércoles.

El sindicato está además centrando sus esfuerzos en impulsar una reforma legal del despido y de las horas extraordinarias, para lo que ya inició en el pasado mandato una estrategia de denuncias a nivel internacional contra España, a través del Comité Europeo de Derechos Sociales. Este miércoles, justo ha habido novedades que respaldan al sindicato, con una petición del Consejo de Europa a España para que reforme la indemnización por despido.

Pagar la labor de los sindicatos

Otra de las reivindicaciones que Pepe Álvarez ha llevado a primera línea en este Congreso Confederal ha sido la petición de una mayor retribución de los sindicatos por parte del Estado. Más allá de las actuales subvenciones públicas, Álvarez ha reclamado que el Estado pague por el papel que realizan las organizaciones de trabajadores mayoritarias como agentes sociales. “Ser sindicalista cuesta dinero a los propios sindicalistas”, ha afirmado Álvarez.

Por ejemplo, al negociar y pactar los planes de igualdad en las empresas, los convenios colectivos, así como otras regulaciones laborales que luego se transforman en derechos para el conjunto de la población trabajadora. En otros países, recordó Álvarez, las condiciones que pactan los sindicatos solo benefician a sus afiliados, pero en España se extienden a todos los asalariados de la empresa o sector en cuestión.

Pepe Álvarez también ha insistido en la necesidad de abordar uno de los principales problemas de la ciudadanía en la actualidad, el acceso a la vivienda, así como seguir avanzando en las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), mejorar las condiciones de los becarios, y seguir dando pasos en favor de la igualdad de género, entre otras reivindicaciones.

En rueda de prensa, el vicesecretario general de Organización, Rafael Espartero, defendió que “el sindicato debe crecer en número y debe crecer en calidad, debe afrontar los nuevos tiempos, debe de enfrentarse a una nueva forma de producir que tiene que ver con el teletrabajo”.

Pedro Sánchez ha dejado claro este martes que, pese a la tormenta política, judicial y mediática en la que está él mismo y su Gobierno, el presidente no puede estar más lejos de una actitud derrotista. Muy al contrario, Sánchez ha desempolvado su retórica más combativa y ha acusado a la derecha de haber convertido “los bulos y las mentiras en su único programa político”.

Un programa de bulos del que Sánchez ha dicho que ya derrotó en 2023. “Y volveremos a derrotarlo en 2027”, ha prometido en su intervención los delegados sindicales congregados en el Congreso confederal de UGT que se celebra estos días en Barcelona.

El mismo día que el Tribunal Supremo ha extendido al PSOE y el propio Gobierno la investigación por la presunta filtración de los correos electrónicos entre la Fiscalía y la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Sánchez ha cargado contra los “ataques en el ámbito político y personal” que sufre él mismo, pero también, ha dicho, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

“Los ataques personales que sufrimos tienen como objetivo hacernos desistir y que pensemos que esta batalla no tiene alternativa a la resignación”, ha dicho Sánchez, que a continuación ha agradecido a todas las personas que le dicen “aguanta, Pedro”. Por eso ha asegurado que, aunque reciba ataques, mantendrá el timón de su política los tres años de legislatura que le quedan por delante. “Tres años y los que vienen”, ha añadido, dando muestras de que tirar la toalla es lo último en lo que está pensando.

Un guiño a su público, Sánchez ha asegurado sentirse orgulloso tan orgulloso de ser un afiliado a UGT como de presidir un ejecutivo progresista que está demostrando que “es posible frenar la ola reaccionaria con gobiernos en coalición y en minoría parlamentaria”.

Ante un público de afiliados de UGT que este lunes recibió con distancia a Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha enarbolado un discurso de claro corte social, en el que ha contrastado las políticas económicas y laborales de su Gobierno con las de la derecha.

“A lo largo de nuestra historia hemos sufrido muchas crisis”, ha indicado, poniendo como ejemplo la crisis económica de 2008, la pandemia de la COVID o la Dana de València. “Crisis hay muchas”, ha proseguido, “pero formas de responderla solo hay dos: por la izquierda o por la derecha”.

Con ese pie, Sánchez ha dado crédito a la perspectiva social de su Gobierno a la hora de afrontar retos inesperados, que además ha asegurado que es una fórmula avalada por los datos. “Se tardaron más de 10 años después de la crisis financiera en volver a tener los niveles de PIB del año 2008. En cambio, tras la pandemia, con una respuesta progresista, se recuperó en solo dos años tanto PIB como empleo”, ha ejemplificado.

“Negacionistas por omisión” en València

Sánchez ha dedicado buena parte de su discurso a comparar las respuestas dadas por su Gobierno a las crisis con las respuestas que da el PP. En este ámbito, uno de los temas en los que se ha enfocado es el desastre de València, que le ha permitido cargar contra el Consell de Carlos Mazón, al que ha calificado sin citarlo de “negacionista del cambio climático”.

“La gran lección de València es que hay un peligro más grave que la emergencia climática, y son los Gobierno negacionistas que por acción u omisión niegan la emergencia climática”, ha indicado Sánchez, que además ha insistido en que el Gobierno acompañará a los vecinos de la zona hasta el final.

“Quiero trasladar a los ciudadanos de València que cuando se vayan los focos y las cámaras, cosa que es normal, el Gobierno del Estado seguirá con ellos, en la reconstrucción delas ciudades y en el relanzamiento de su economía”, ha prometido.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha agradecido este lunes ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su “compromiso” de apoyar la última reforma de pensiones. elDiario.es publicó en octubre esta decisión del Partido Popular, aunque más tarde en la dirección del partido matizaron con que no existía una “respuesta categórica” a la posición final del partido.

El dirigente sindical ha tenido unas palabras para el líder del PP, sentado en primera fila entre los asistentes al 44 Congreso Confederal de la UGT, en el que se prevé que Pepe Álvarez sea revalidado como líder del sindicato para un tercer y último mandato. “Quiero agradecerle al PP que más allá de otras cuestiones en relación con esta materia se haya comprometido con que efectivamente le va a dar soporte al último acuerdo en pensiones”, ha afirmado Álvarez.

El último acuerdo sobre pensiones, firmado hace en septiembre por Pedro Sánchez y los agentes sociales en la Moncloa, incluye varias medidas que incentivan la compatibilidad de la pensión con el trabajo, como el adelanto del acceso a la jubilación parcial, reconoce más derechos a los contratos de los relevistas y fomenta el retraso voluntario del retiro, a través de un aumento de los incentivos a la jubilación demorada, entre otras medidas.

elDiario.es ha vuelto a preguntar al Partido Popular sobre este apoyo a la última reforma de pensiones, pero la formación no ha querido confirmarlo ni desmentirlo.

En octubre, tras las reuniones de Feijóo con los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, fuentes de la dirección del PP explicaron que el partido pretendía apoyar la última reforma de la jubilación pactada entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios en el diálogo social si el texto “llega limpio”. Es decir, sin modificaciones.

Clave para el contrato relevo

Pepe Álvarez ha agradecido al líder del PP este “compromiso” de apoyo a este último acuerdo sobre pensiones y ha recordado que la regulación es muy importante para el sindicato. Por varios motivos, pero especialmente ha destacado las condiciones que fija para “el contrato relevo” y la jubilación parcial, que dan seguridad jurídica a esta fórmula en la industria manufacturera, que tiene unas condiciones más ventajosas que caducan el próximo 31 de diciembre.

Por ello, el líder del PP ha urgido al Gobierno de coalición a que apruebe ya una ley con el acuerdo social sobre pensiones para que pueda ser sometido a la votación del Congreso de los Diputados y figure ya por fin en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Alberto Núñez Feijóo, que ha intervenido en el Congreso Confederal del sindicato para hablar de su ley de conciliación, no se ha referido a esta futura votación en su discurso. “Renuevo mi compromiso con el crecimiento de las pensiones, y añado que creo que los españoles carecen de información suficiente sobre su futuro. Y a mí me preocupa. No cabe el error, como diría Serrat: A los viejos se les aparta después de habernos servido bien”, ha afirmado sobre la materia.

En este sentido, Pepe Álvarez ha pedido no azuzar el miedo sobre el futuro de las pensiones, que ha sostenido que beneficia a los planes privados. El líder de UGT ha defendido el futuro y la sostenibilidad del sistema público, así como su revalorización según el IPC, gracias a las reformas acometidas con el Gobierno de coalición, tras negociarse en el diálogo social.

La asistencia de Feijóo al congreso interno de UGT ha dejado otra escena llamativa, con la interpelación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la postura del PP ante la reducción de jornada. “¿Vais a hacer lo mismo con la jornada laboral que con la reforma laboral?”, le ha interrogado Díaz desde el escenario, arropada por los aplausos del público.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lanzado este viernes en Logroño un “aviso” a la CEOE para recordarle que “tiene la oportunidad de cerrar el acuerdo de la reducción de la jornada laboral” con la última propuesta que lanzará el Gobierno el próximo lunes. Si no “tal y como ha dicho el Gobierno, tirarán por la vía parlamentaria para reducir el tiempo de trabajo y le exigiremos al Ejecutivo que lo haga sin ninguna concesión”, ha avanzado. Pepe Álvarez ha estado en Logroño para participar en una asamblea con delegados y delegadas regionales.

“A la CEOE se le acaba el tiempo”, ha advertido. El Gobierno ha indicado que este próximo lunes hará una última propuesta “y que, a partir de ahí, si hay acuerdo bien y si no, la semana que viene cerrará el proceso de negociaciones y entrará vía parlamentaria”. Ante ello -indica- “esperaremos a ver la propuesta para dar nuestra opinión pero si la CEOE no va a estar en el acuerdo, la propuesta del Gobierno al Parlamento debe ser estrictamente la reducción a 37,5 horas. No tiene sentido llevar otra propuesta”.

“La CEOE sabe que puede llegar a un acuerdo y cerrarlo y que pase por el Parlamento y si no que se abra con todas las consecuencias. El ultimátum del Gobierno es correcto y acorde con ya casi un año y medio de negociaciones en los que no hemos podido avanzar”, ha añadido.

En una comparecencia con los medios de comunicación, el secretario general de UGT ha querido referirse al compromiso del sindicato “de trasladar a la ciudadanía” la opinión sobre la reducción de la jornada laboral. “Estamos haciendo asambleas en las ccaa y continuamos este proceso de explicación de por qué tenemos que ir a una reducción del tiempo de trabajo que es muy sencillo de explicar: Hace más de 40 años que no se toca la jornada máxima en España y es razón más que suficiente”.

“Con menos horas de trabajo se produce más y se pueden dar más servicios”. Ante ello -expresa- “no hemos oído ni un solo argumento que hable en contra de esta reducción con un mínimo de solidez. Solo vemos argumentos de los de siempre, de los mismos que cuando subimos el SMI, de aquella parte del empresariado del país que no quiere actualizarse o quiere ganar más con menos esfuerzo”.

Por tanto - ha afirmado- “no hay excusas, estamos haciendo los deberes y nos reuniremos también con las fuerzas políticas representadas en el Congreso para realizar un debate con argumentos y que nos expliquen claramente a los trabajadores y trabajadoras por dónde van”. “Si hay ese debate, vamos a ganar la batalla”. Con ello, explica, “nos reuniremos con los partidos políticos para que respondan a sus electores y no frente a sus cuitas con otras formaciones”.

La promesa de la reducción de la jornada laboral desde 2024 enfrenta una apretada cuenta atrás. Entrados en septiembre, la negociación del diálogo social entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales mayoritarias afronta “una postura de bloqueo” por parte de los empresarios, denuncian CCOO y UGT, que están ya preparando las movilizaciones anunciadas para el 26 de septiembre. Aunque los sindicatos van más allá: avisan al propio Gobierno y a los partidos políticos para que aprueben la medida. Si no, “a ver cómo se lo explican a la gente”, sostienen.

El mensaje lo han repetido este miércoles los secretarios generales de ambos sindicatos, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), antes de una reunión con delegados sindicales de la Comunidad de Madrid para alentar las protestas contra la patronal. Sordo ha destacado que “no hay encuesta” que no recoja un amplio apoyo a la medida por parte de los ciudadanos “voten a quien voten”.

Los líderes sindicales apuntan de momento en esta “primera fase” de movilización a los empresarios, para intentar un acuerdo a tres bandas en el diálogo social. Pero si no se logra el pacto, algo que temen cada vez más, en CCOO y UGT recuerdan al Gobierno que debe sacar adelante su compromiso. Y avisan ya al Ejecutivo y los partidos políticos de que presionarán para que así sea.

Contexto parlamentario muy complejo

La advertencia a las formaciones políticas llega pronto, ya que no ha terminado la negociación siquiera y no hay un texto o votación sobre la mesa, pero en un contexto clave. Ayer, Junts tumbó en el Congreso la ley del sindicato de inquilinas para regular el alquiler de temporada y este miércoles el presidente del Gobierno ha firmado con los agentes sociales un acuerdo de pensiones que rechazan varios de sus socios de investidura.

Los líderes sindicales han defendido el acuerdo de pensiones y han advertido a las formaciones políticas progresistas que se oponen al pacto (ERC, EH Bildu y BNG) de que tumbarían mejoras para los trabajadores en materias como la jubilación parcial y el contrato relevo, cuyas condiciones actuales caducan el 1 de enero. “A mí me cuesta entender que las formaciones de algunas Comunidades Autónomas que se van a ver muy afectadas por el contrato relevo no lo voten”, ha afirmado el líder de UGT, destacando Navarra y Catalunya, por ejemplo.

“Quiero recordar qué pasó con la reforma laboral”, ha destacado Álvarez, que a punto estuvo de decaer sin el apoyo de estas fuerzas progresistas. “España no puede ser rehén de las diferencias políticas que hay en nuestro país. El Congreso no puede secuestrar los derechos de las personas”, ha añadido el líder de UGT. Unai Sordo ha coincidido y avisado de que “parece que la política va de narrativa”, pero “cuidado con las cosas del comer y con cómo se explica esto a la gente”.

La negociación para la reducción de la jornada laboral salta de la mesa del diálogo social a las calles. UGT y Comisiones Obreras han anunciado este miércoles la convocatoria de protestas frente a las sedes de la patronal en todas las capitales de provincias para el próximo 26 de septiembre, a las 11.30 horas. Los sindicatos cumplen así la advertencia que lanzaron en julio, cuando avisaron tanto al Gobierno como a la CEOE, que las conversaciones habían entrado “en bucle”.

A través de un comunicado conjunto, los sindicatos mayoritarios han hecho un “llamamiento a las organizaciones empresariales a apostar por un acuerdo para llevar a cabo esta reducción de jornada (semanal máxima)” de las 40 a las 37,5 horas y media en 2025. “Esta medida favorecerá una mejor conciliación corresponsable entre la vida laboral, social, personal y familiar y contribuirá a la creación y reparto del empleo en nuestro país” y “servirá para mantener y crear más empleo de calidad”, indican.

El objetivo principal de estas movilizaciones es “sensibilizar”, ha señalado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “Los partidos políticos, los grupos parlamentarios, tienen que saber que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere vivir mejor, reducir el tiempo de trabajo y que, además, eso redundará en una mejora desde el punto de vista de la eficacia económica y la creación de empleo”, ha dicho.

“En las últimas reuniones, la negociación para reducir la jornada legal de trabajo está bloqueada. Hemos entrado en bucle”, ha lamentado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha indicado que las movilizaciones pretenden “desbloquear la situación en las mesas”. El del próximo día 26 será “el primer hito”, pero no el único. “No vamos a cejar en el empeño de que la reducción del tiempo legal de trabajo, que ya hemos conseguido en muchos convenios colectivos llegue al Boletín Oficial del Estado”, ha advertido.

Por el momento, los sindicatos han comenzado ya ofrecer información en los centros de trabajo. “Sobre todo en los de aquellas personas que más beneficiadas se verían”, ha dicho Sordo. En total, la medida reduciría el tiempo legal de trabajo de unos 13 millones de personas.

Los sindicatos ya habían indicado este lunes, al término de la última reunión con Trabajo y empresarios, que mantenían su intención de movilizarse a lo largo de este mes. “La patronal sigue negando el objetivo” y “se muestra en una total indefinición sobre la posibilidad de negociar aquellas medidas que se están poniendo sobre la mesa y que tienen un mismo objetivo, que se incorporen a la reducción de jornada y a la negociación”, llegó a verbalizar el secretario confederal de Estudios y Formación Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez.

En esa reunión, el Ministerio que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz puso sobre la mesa varias medidas para tratar de atraer a los empresarios al acuerdo. En concreto, ofreció bonificaciones a las contrataciones derivadas de la reducción de la jornada y un plan de acompañamiento para aquellas empresas de menos de 10 empleados, que suponen según los datos del Ejecutivo el 90% del total.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la dirección del parque temático Puy du Fou con sede en Toledo, que “abra una mesa de negociación en la que se aborden cuestiones fundamentales para los trabajadores y las trabajadoras” del parque tras detectar “abusos” en las condiciones laborales.

Álvarez ha participado en un encuentro con delegadas y delegados del sindicato del parque temático Puy du Fou, en Toledo, y ha sido recibido por la dirección de la empresa.

En el encuentro se ha puesto de manifiesto la necesidad de que la actividad del parque de ocio se desarrolle “dentro de la legalidad vigente y respetando los derechos de las personas trabajadoras desde el punto de vista de sus condiciones y de seguridad”, ha explicado. A juicio del sindicato “algunas de ellas son susceptibles de mejora”, como las relacionadas con la prevención de los riesgos laborales, entre las que figuran el vestuario, los medios de transporte y los planes ante las altas temperaturas.

En la lista de cuestiones a tratar en la negociación también se encuentra la contratación. Para Álvarez, en Puy du Fou “se está cometiendo, sin ningún lugar a dudas, un abuso de la parcialidad por lo que hace referencia a la autorización de los contratos fijos discontinuos y a las jornadas de trabajo irregulares”. En esta línea, Álvarez ha llamado a debatir con la empresa cuestiones relacionadas con el control horario del tiempo de trabajo y el teletrabajo para el personal de oficina. 

Para Álvarez, la visita de este miércoles al parque, “tiene voluntad e interés de que Puy du Fou sea una empresa moderna, actual, que negocia y dialoga con las trabajadoras y trabajadores, con el comité de empresa y con nuestro sindicato”, ha enfatizado. Por ello, el secretario general de UGT considera que una mesa de negociación “sería el marco más adecuado para poder abordar la problemática amplia que tiene este parque”. 

ElDiarioclm.es se ha dirigido a la empresa para conocer su versión, sin que haya sido posible recabar su opinión hasta el momento.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tiene la “impresión” de que el Ministerio de trabajo se está utilizando “para fines políticos”. “Lo digo con claridad, a veces se está utilizando para otro tipo de campañas, diferentes de lo que es sentarnos en la mesa” de negociación, ha afirmado en una entrevista en El País, publicada este lunes. Unas declaraciones que han dejado “perplejo” al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que las ha tildado de “excéntricas”. “Estaría bueno que los gobiernos no hicieran política. Entonces, ¿para qué están?”, ha planteado a la salida de un encuentro con el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo.

En términos similares se ha pronunciado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo hace política, ¿y qué va a hacer?”, ha dicho para afear que “lo peor es que la CEOE haga política partidista, porque política hacemos todos”. “Que (Yolanda Díaz) defienda los postulados a través de los que se presentó a las elecciones y hoy está en el Gobierno es digno, ético y recomendable, porque así se recuperarán los sentimientos de adhesión a la política que, por no cumplir las promesas, se pierden”, ha defendido Álvarez.

Sordo, por su parte, ha apuntado que “los que niegan la política y dicen que hacer según qué cosa es política y lo que ellos defienden es ley natural, son la antesala del fundamentalismo”. “Como no creo que el señor Garamendi sea un fundamentalista, creo que lo mejor que puede hacer es dejarse de declaraciones a veces un tanto excéntricas y que nos apuremos todos en la mesa de negociación” para “llegar a un acuerdo sobre una necesidad básica, que es reducir la jornada legal de trabajo, que lleva en 40 horas semanales desde el año 1983”.

Sobre esa medida, recogida en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar, que contempla su entrada en vigor en 2025, el secretario general de Comisiones ha afirmado que es política. “¿Reducir la jornada laboral a 37,5 horas es política? Sí. ¿Mantenerla en 40 horas semanales es hacer política? También. Subir el salario mínimo interprofesional un 54% es hacer política? Sí, política económica. ¿Mantenerlo en 700 euros es hacer política? Sí, política económica. Aquí la cuestión es qué da mejores resultados”, ha insistido.

“Lo cierto es que la política de reducir la temporalidad, de aumentar el salario mínimo interprofesional y de intervenir el mercado de trabajo a través de los ERTE, socializando 3,5 millones de puestos de trabajo, ha dado muchos mejores resultados que otra política que se dio hace doce años y que consistió en reducir los salarios, precarizar los empleos, facilitar los despidos y que nos generó un paro brutal y tardar 10 años en recuperar el nivel de producción de bienes y servicios que tenía nuestro país”, ha defendido Sordo, que ha insistido: “Todo es política, la cuestión es cómo se orienta la política”.